Un proyecto de ley para derogar el  Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobado por el Presidente Milei para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto lleva el número 0011-P-2025 y lo firma el exdiputado nacional (2019-2023) Alejandro “Topo” Rodríguez, en su carácter de ciudadano particular, profesor universitario y director del Instituto Consenso Federal.

El proyecto cuenta con cuatro artículos, siendo el primero el que dice: “Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial con fecha 11 de marzo

de 2025, que aprueba las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, así como toda norma ampliatoria y/o complementaria del referido DNU.

La iniciativa “deja sin efecto y declara nula de nulidad absoluta e insanable todo acto previo, administrativo o jurídico, resultante del DNU” en cuestión.

En los fundamentos, “Topo” Rodríguez habla de un procedimiento de “profunda gravedad institucional, empeorado por el engaño evidente del titular del Poder Ejecutivo Nacional, quien públicamente y en diferentes ámbitos anunció que haría exactamente lo contrario”. Se refiere a que, por ejemplo, Javier Milei anunció el 1° de marzo que le pediría al Congreso apoyar este nuevo acuerdo con el FMI. Y ante la consulta popular de Luis Majul en La Nación+, refiriéndose a la necesidad de enviar un proyecto de ley para avalar el acuerdo con el FMI, el presidente aseguró que “las reglas del juego son las reglas del juego. Yo juego en la cancha que existe” y agregó que enviaría el programa al Congreso. Para el autor del proyecto, no hablaba de un DNU, y enfatizó que el artículo 2 de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública se establece que todo acuerdo “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación”.

El diputado nacional (MC) Alejandro “Topo” Rodríguez advirtió que el próximo gobierno democrático de la Argentina tendrá que desconocer los compromisos que el presidente Javier Milei adquiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así las cosas, se lo hizo saber a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, a través de una carta que le envió anticipándoselo.

“No se trata, en esta instancia, de poner en discusión el contenido del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el organismo internacional. Eso seguirá siendo objeto del debate democrático”, aclaró Rodríguez, que precisó que “corresponde adelantar que cualquier negociación que se complete sin respetar los procedimientos establecidos por la ley, serán plenamente ilegítimos”.

Sucede que el Gobierno de Milei confirma que avanzará en un nuevo acuerdo, al margen de la legislación nacional vigente. En ese sentido señaló que “la Ley 27.612, que no ha sido modificada ni derogada, obliga a que el acuerdo sea avalado por una ley del Congreso de la Nación ‘que lo apruebe expresamente’. Milei no quiere hacerlo”.

A continuación, publicamos la versión textual de la nota a la que accedió parlamentario.com, enviada a Georgieva por correo electrónico, como así también a Gita Gopinat (subdirectora Gerente del FMI) y a la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo internacional:

Provincia de Buenos Aires, 9 de marzo de 2025.-

Sra.

Directora Gerente

Fondo Monetario Internacional

Kristalina Georgieva

Las autoridades de la República Argentina anunciaron públicamente que en el corto plazo se concretará "un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" y que ese "acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central".

Cualquier compromiso que el gobierno del Presidente Javier Milei adquiera con el Fondo Monetario, debe ser legítimo y legal.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo también adelantó que pretende usar un Decreto de Necesidad y Urgencia para autorizar la operación, un mecanismo que resultaría abiertamente contrario a la legalidad vigente en Argentina. Además, sería ilegítimo.

La Ley 27.612, que tiene plena vigencia, obliga a que un eventual acuerdo con el FMI sea avalado por una ley del Congreso de la Nación.

Las inmunidades y privilegios previstos en el Artículo IX del Convenio Constitutivo del FMI, se aplican al personal de ese organismo, pero no alcanzan a las autoridades políticas de los países miembros.

En tal sentido, es importante que usted, los funcionarios del staff y los integrantes del Directorio sepan que las próximas autoridades democráticas de la Nación Argentina desconocerán y denunciarán cualquier acuerdo adoptado de manera ilegal e ilegítima.

Atentamente.

Alejandro "Topo" Rodríguez

Director

Instituto Consenso Federal

En medio del escándalo por la estafa con la cripto $LIBRA, que involucra directa y seriamente al presidente de la Nación, un dispositivo de poder libertario -encabezado por el asesor Santiago Caputo- ya puso en marcha el plan de emergencia para evitar que la Justicia avance sobre Javier Milei.

El objetivo es construir un escudo que blinde al jefe libertario o que, como mínimo, demore casi eternamente su comparecencia ante los tribunales.

Al otro día del hecho que ya es un escándalo histórico, la Casa Rosada hizo viralizar el argumento que será una piedra angular para la defensa: “un tuit no es delito”.

La cara visible de esa particular interpretación es el abogado Jorge Grispo, que en las últimas horas inundó los medios con la invitación a tratar todo como un mero debate sobre los límites de la comunicación institucional del presidente.

Ese debate, afirma Grispo, “debe darse en el ámbito de la política, no en los tribunales penales”.

Pero el plan también incluye que Milei aparezca con una “fuerte iniciativa por someterse a investigaciones”; no comenzando por la Justicia, sino por el propio Gobierno que él conduce.

En ese marco, ya se comunicó que “el presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”.

Sin embargo, en su información de presentación institucional, la OA destaca:

- “No estamos obligados a intervenir en todos los hechos que puedan constituir un acto de corrupción, porque esa es una actividad propia de la Justicia en el ámbito penal”.

- “Tampoco imponemos sanciones penales. Esa es una actividad de los fiscales y los jueces”.

No conformes con la maniobra distractora, desde el Poder Ejecutivo también anunciaron que “el presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.

Nada más idéntico a una autocracia. El titular del Poder Ejecutivo usurpa competencias del Poder Judicial, se investiga a sí mismo y, para hacerlo, usa estructuras estatales que están atadas a su propia decisión.

No hacen falta más evidencias. Ya está en ejecución; es un plan de emergencia que camina hacia la impunidad.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El Gobierno del presidente Javier Milei ha dejado trascender que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de eventual nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

No está claro que el oficialismo vaya a lograr el apoyo en ambas cámaras para aprobarlo.

En cualquier caso, es imprescindible que el proyecto de ley vaya acompañado de un documento del Fondo Monetario Internacional, en el que el propio organismo explique y asegure las medidas que adoptará en caso de que el Gobierno nacional pretenda usar, parcial o totalmente, los recursos recibidos para financiar la fuga de capitales, como dramáticamente se hizo en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Luis “Toto” Caputo fue ministro de Hacienda y Presidente del Banco Central.

De hecho, Toto Caputo, junto al actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Pablo Quirno (actual secretario de Finanzas) anunciaron en junio de 2018 que los 50.000 millones de dólares autorizados por el FMI para el gobierno de Macri eran “precautorios”.

Los mismos que hoy conducen la política económica del Gobierno de Milei decían, hace siete años, que al financiamiento del FMI, “si lo necesitás lo podés usar, pero si recuperamos el acceso al mercado a buenas tasas, mejor guardarlo”.

La historia ya es conocida. Violando el artículo VI del Convenio

Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, recursos generales del organismo se destinaron a financiar salidas considerables y continuas de capitales. Eso es fuga.

El propio Macri lo reconoció con elocuente y natural sencillez: “la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir” (noviembre de 2021, declaraciones a la cadena televisiva CNN en Español).

Por ese motivo, si efectivamente el presidente Javier Milei envía al Congreso un proyecto de ley para autorizar un nuevo acuerdo con el FMI, el Poder Legislativo deberá incluir en el texto dos cuestiones:

Primero: que se anexe al proyecto de ley un documento ad-hoc del Fondo Monetario Internacional para el caso argentino, que detalle -de manera riegurosa- los mecanismos ex ante y las operaciones de seguimiento, durante el proceso, que se aplicarán para garantizar que no se viole el Artículo VI del Convenio Constitutivo del organismo. Las evaluaciones ex post del FMI siempre han llegado tarde y nunca frenaron la fuga de capitales. Eso lo saben de sobra tanto el Directorio como el staff del Fondo.

Segundo: el Congreso de la Nación tendrá acceso permanente a la información resultante de las operaciones de seguimiento, a través de las Comisiones que a tal efecto defina y con la asistencia técnica de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Sí, el Congreso de la Nación puede evitar una nueva fuga de capitales. Debe hacerlo. Y es muy simple.

Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El ex diputado nacional, peronista de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, presentó un pedido de Juicio Político para remover al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por su declarada decisión de eliminar el 'femicidio' del Código Penal.

Rodríguez se presentó en el trámite en su calidad de particular, como "ciudadano argentino y profesor universitario", y argumentó que el titular de la cartera de Justicia “argumentó falsamente de que hoy se le está otorgando un privilegio a las mujeres en detrimento de los varones, cuando en realidad se sanciona especialmente a quien mata a una mujer por el hecho de ser mujer".

"Cúneo Libarona debe ser removido de su cargo. La decisión del Ministro implica un ataque a las mujeres y constituye, en sí misma, un fundamento contundente de 'mal desempeño en el ejercicio de sus funciones', en los términos que fija el artículo 53 de la Constitución Nacional, como causal para someter a Juicio Político a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional", sostiene la presentación, que ya lleva el número de Expediente 0141-P-2024 en el trámite de la Cámara de Diputados.

LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DEL PEDIDO

Entre los principales fundamentos que avalan el pedido de Juicio Político, presentado ante las autoridades de la Cámara de Diputados y dirigido al presidente de ese cuerpo, Martín Menem, se destacan los siguientes:

"Cuando el Ministro de Justicia anuncia que van 'a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino, porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional', lo que de manera siniestra se pretende instalar es que el femicidio constituye la acción de quitarle la vida 'a una mujer', cuando en realidad se trata de algo muy distinto: quitarle la vida a una persona precisamente por 'ser mujer'", argumenta Rodríguez en su presentación.

"Matar a mujeres por ser mujeres es la máxima expresión de la violencia machista, una realidad que el Ministro de Justicia niega, de manera imperdonable", afirma el escrito.

Y agrega: "La evidencia lleva a pensar que al Ministro no le importa que el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su informe del año 2023, haya señalado que 'entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, se registraron 322 víctimas de femicidio confirmadas' en Argentina, y que la misma oficina, en su último informe parcial, detectó 147 víctimas de femicidio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024".

"El Juicio Político se solicita porque el Ministro quiere cambiar el Código Penal para perjudicar a las mujeres, con el falso argumento de que hoy están siendo privilegiadas. Esa decisión, por parte de un altísimo funcionario público, genera un grave peligro social", expresa "Topo" Rodríguez.

Alejandro "Topo" Rodríguez, exdiputado nacional

Y continúa: "Es clarísimo lo que establece el Código Penal: se impondrá reclusión perpetua, o prisión perpetua, al que matare a una mujer cuando en el hecho mediare violencia de género. Por lo tanto, el Código Penal vigente no viola la igualdad ante ley, sino que pretende proteger a la mujer en un país en el que, entre otras razones, se mata por cuestiones de género".

El escrito también señala que "la posición del Ministro se contrapone con los lineamientos conceptuales y la experiencia práctica del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Ese Registro dependiente de la Corte -agrega Rodríguez en su presentación- adhiere al concepto que proviene de la Declaración sobre el Femicidio, aprobada en la IV Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI), de 2008, y lo entiende como 'La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión'. Dicho concepto fue actualizado en 2018, incorporando la noción del 'hombre que mate o participe en la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer'", planteó.

LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá expedirse sobre el pedido para remover de su cargo a Cúneo Libarona, se constituyó el 10 de abril de 2024 y está presidida por la diputada oficialista Marcela Pagano, la vicepresidenta primera es Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica; y Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria, es el vicepresidente segundo.

Además, integran esa comisión, entre otros: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Ana Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Hugo Yasky y Guillermo Snopek (todos ellos del bloque Unión por la Patria); Fernando Carbajal, radical del bloque Democracia para Siempre; Oscar Zago, del MID; Lisandro Almirón y Nicolás Emma, de La Libertad Avanza; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; así como Juan Brügge y Emilio Monzó, del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto.

Para avanzar en el trámite, la comisión comienza su trabajo con una etapa de "análisis previo" y, luego, continúa con un "proceso informativo". Según establece su reglamento interno, la comisión puede convocar "a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad".

En esa instancia, podría citar al propio ministro Cúneo Libarona, al ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez y a testigos o representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan elementos para aportar. Posteriormente, en su "etapa resolutiva", la Comisión emite su dictamen definitivo.

Si se encontraran motivos fundados para avanzar con el Juicio Político, el trámite se elevará a la Cámara de Diputados para tratar la acusación. De aprobarse en esa instancia, deberá remitirse al Senado para su tratamiento final.

El ajustazo que prepara el presidente Javier Milei para 2025 está fuera de cualquier lógica presupuestaria.

El pretendido “superávit” de 2024, que agravó el déficit social argentino y deterioró la infraestructura federal, implicó prorrogar el Presupuesto 2023 y aumentar impuestos, para luego podar el gasto en jubilaciones y pensiones, prácticamente eliminar las obras públicas nacionales, bajar las transferencias a las universidades nacionales y, virtualmente, amputar las transferencias a las provincias.

Lo que viene para 2025 es todavía más dañino. Por eso el presidente y su ministro de Economía no quieren asumir ese debate en el Congreso.

Tan extremo es el plan presupuestario libertario, que la única vía para sostenerlo fue una decisión del Ejecutivo. Mediante el Decreto 1131/2024, publicado el 30 de diciembre pasado en el Boletín Oficial, quedó prorrogado -por segundo año consecutivo- el Presupuesto de dos años atrás.

Para 2025, regirá formalmente el Presupuesto 2023, con las modificaciones incorporadas por el Ejecutivo en 2024, vía decreto o decisiones administrativas.

En estas circunstancias, según analiza la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en su reciente “Informe sobre la distribución del Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2025”:

✔ “Los Gastos Totales de la Administración Nacional previstos para el ejercicio 2025 ascienden a 94,57 billones”. Eso supone “una reducción de 1,51 billones de pesos en comparación con el cierre del ejercicio 2024”.

Pero además, el Ejecutivo lleva el punto de partida del gasto anual a un piso inferior, en más de 21 billones de pesos, al que propuso ante el Congreso cuando envió el autodescartado proyecto de Presupuesto 2025.

En efecto, según la ASAP:

✔ “Si se considera el total de gastos contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que era de 115,92 billones de pesos, la diferencia (negativa) es de 21,35 billones”.

Está claro por qué Milei no quiere discutir el Presupuesto en el Congreso. Es porque se enamoró del modelo autocrático en el ejercicio de la Presidencia.

Mientras tanto, una parte del radicalismo lo aclama, un puñado de peronistas se cuelgan de sus medias y en Estados Unidos acaban de premiarlo como “Titán de la Reforma Económica” y “Campeón de la Libertad Económica”.

¿No tiene derecho a creer que en Argentina esa “gloria” dura para siempre?

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

En 2014, mediante la Ley de Presupuesto 2015, se prorrogó por 10 años la vigencia del Fondo Nacional de Turismo.

Ese Fondo recibe financiamiento por distintas vías. Una de ellas es "el 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos al exterior; y los fluviales al exterior, conforme lo determine la reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional".

La vigencia del Fondo venció el 5 de enero de 2025.

Si la intención del Gobierno libertario era prorrogarlo, debió haberse incluido en la nueva Ley de Presupuesto, que el presidente Javier Milei decidió no tener por segundo año consecutivo.

O, en todo caso, enviar un proyecto de ley específico para ser aprobado en el Congreso.

En lugar de buscar una ley, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 4/2025 (publicado el 6 de enero en el Boletín Oficial) Milei y todos sus ministros prorrogaron el Fondo del Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027.

Ese DNU es groseramente inconstitucional, porque el Fondo contiene el tributo del 5% sobre el precio de los pasajes, cuando la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo legislar por DNU en materia tributaria.

En efecto, el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional autoriza el uso de DNU cuando "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos".

El régimen libertario argentino empieza este año del mismo modo que terminó el anterior: con sesgo autocrático y fisura en la institucionalidad republicana.

Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Desde la recuperación de la democracia en 1983, nunca antes un presidente había decidido no tener Presupuesto propio durante dos años consecutivos.

Javier Milei termina su primer año de gobierno sentado sobre la vieja ley de Presupuesto del año pasado, a la que tuvo que añadirle nueve actualizaciones presupuestarias aprobadas mediante un decreto de necesidad y urgencia y ocho decisiones administrativas.

Eso le permitió ejecutar -en 2024- un ajuste presupuestario no menor a los 35.000 millones de dólares.

Ahora, el Poder Ejecutivo ha decidido no tratar el proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso. Ante este escenario, la Ley de Administración Financiera es muy clara: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior” (artículo 27, Ley 24.156).

¿Cuál es el Presupuesto vigente en 2024? El de 2023, con más las nueve actualizaciones.

Las implicancias de volver a tener un Presupuesto prorrogado son contundentes:

✔El Gobierno contará con recaudación actualizada por la inflación, pero con gastos a “costos viejos”. Eso conduce al ajuste automático de todas las partidas, sin tener que decidirlo explícitamente.

✔Las provincias no tendrán ni una sola nueva obra pública nacional presupuestada en sus territorios.

✔Trece provincias (que no han transferido sus sistemas previsionales a la ANSeS) seguirán sin contar mensualmente con un adelanto de recursos a cuenta del déficit anual de sus cajas jubilatorias.

✔Los gobernadores tendrán que pedirle al Poder Ejecutivo, caso a caso, la aprobación de actualizaciones presupuestarias para afrontar gastos nuevos en sus provincias. En un año electoral, se trata de un recurso político crítico en favor del gobierno.

✔Las retenciones a las exportaciones del campo se congelan en un nivel muy alto para un tipo de cambio atrasado: 33% para el poroto de soja; 12% para trigo y maíz; 31% en aceite y harina de soja.

En consecuencia, la anormalidad institucional que significa no volver a contar con un Presupuesto aprobado por el Congreso, es una jugada planeada por el gobierno nacional para seguir acumulando poder, sostener un alto nivel de discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos y profundizar el ajuste.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El presidente Javier Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, pusieron en marcha un Plan Combo para coronar el primer año de gestión.

La idea combina condimentos de autobloqueo institucional con autocracia.

Asentados en el analgésico macroeconómico que monitorea Toto Caputo y en la dispersión política opositora, el dúo del poder trabaja para re-prorrogar el Presupuesto 2023 (con las nueve modificaciones presupuestarias ya incorporadas en 2024) y designar por decreto jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos cometidos requieren una condición: que el Congreso de la Nación entre en receso. Y en eso andan.

Este jueves debería haber funcionado la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

A último momento, el funcionario libertario se excusó “por problemas de agenda” y la reunión se canceló sin fecha, “hasta nuevo aviso”. La Comisión de Presupuesto lleva catorce días sin reunirse por el proyecto de Presupuesto 2025.

El proyecto de Presupuesto ingresó al Congreso a mediados de septiembre. Dos meses después, avanzó en carreta, apenas unos pocos metros y sin discusiones de fondo.

El Ejecutivo quiere llegar al fin del año legislativo, que cierra el 30 de noviembre y podría estirarse hasta el 10 de diciembre por una “prórroga de ordinarias”, sin avances significativos en el tratamiento del Presupuesto Nacional.

Sería la excusa perfecta para aplicar el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, a partir del 1 de enero de 2025. El texto legal no deja dudas: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”.

Para designar jueces de la Corte por decreto, el Gobierno ya echó a rodar los fundamentos: “ya lo hizo Macri”, o “no es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes y demore sus fallos”.

Y lo más importante: la designación de los jueces “en comisión” y por decreto, “es una alternativa que se ha usado en período de receso del Congreso”.

Por todos esos motivos, el Plan Combo, que apunta a fisurar la institucionalidad republicana, exige que diputados y senadores no sean convocados a sesiones extraordinarias durante el verano. Que terminen a principios de diciembre y vuelvan recién en marzo.

Ese sería el momento para actuar. En las fiestas de fin de año y a principios de 2025.

Es la misma fórmula que hace unos días reveló el filósofo mayor del cinismo libertario, cuando explicó el ajuste brutal: “Nosotros, en primer lugar teníamos claro que, por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto” (Javier Milei dixit).

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El Gobierno del presidente Javier Milei fracasó en su intento de privatizar el Banco de la Nación Argentina (BNA). El Congreso y la Asociación Bancaria jugaron un rol decisivo en la defensa del carácter estatal del Banco.

Sin embargo, mientras planean insistir con la privatización en el mediano plazo, los libertarios ya le quitaron al BNA el manejo de los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales en todo el país (mediante el Decreto 70/2023) y han debilitado su potestad para el pago de haberes al personal de las jurisdicciones y entidades de la administración pública nacional (Decreto 747/2024).

Ahora, cuando los libertarios comienzan a pelearse internamente por las futuras candidaturas en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo eligió ensayar lanzamientos simbólicos desde La Matanza.

Es por política, no por otra cosa, que el diputado nacional José Luis Espert fue a destruir fajas y sellos municipales a territorio matancero, lo que configura un delito que no han de amparar sus fueros.

Lo significativo es que, a pocas horas de ese evento político, el Banco Nación fue obligado a anunciar el cierre de una de sus sucursales en La Matanza.

El BNA tiene 739 sucursales en todo el país, operando en muchas provincias que no cuentan con banca estatal propia.

Sin embargo, por una razón estrictamente política, ahora el Banco se expone a perder clientes y resignar cuentas en una de las pocas provincias que sigue contando con banca pública, que además es vigorosa y muy competitiva frente a la banca privada.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ya triplica (y un poco más) al Nación en cantidad de cuentas corrientes (1.084.205 y 300.901 cuentas, respectivamente).

El Provincia cuenta con 408 sucursales, sólo en territorio bonaerense. Eso equivale al 55% de las filiales que el Nación tiene en todo el país.

Mientras que el Nación tiene 2.793 cajeros automáticos en todo el país, el Provincia cuenta con casi 2.000 sólo en la provincia de Buenos Aires, lo que equivale al 72% de los cajeros del BNA en toda la Argentina.

La decisión de cerrar sucursales del Nación en la provincia de Buenos Aires, sólo significará pérdida de cuentas, operaciones y clientes para el BNA. ¿Será que están buscando eso?

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El Gobierno del presidente Javier Milei se está pasando de la raya. Enamorado de su fanático “ajuste brutal” y alentado por la irresponsabilidad de Santiago Caputo, el líder libertario elige transitar por los senderos de la abierta ilegalidad.

La amenaza de no acatar las decisiones del Congreso, provoca una fisura en la institucionalidad republicana y cuestiona la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.

Desde el Poder Ejecutivo juran que no cumplirán con la Ley de Financiamiento Universitario ante un eventual rechazo al veto por parte del Congreso.

Hacen trascender a los medios que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Sin embargo, lo que el Gobierno no dice es que ninguno de los gastos que la administración nacional ejecuta en 2024, estuvo efectivamente previsto en el Presupuesto General, ya que el Poder Ejecutivo decidió no formular un presupuesto para el presente ejercicio anual, sino prorrogar el de 2023 para este año.

Es por esa misma razón que la administración nacional permanentemente actualiza, amplía y reasigna partidas a través de decretos, resoluciones y decisiones administrativas durante 2024.

En este contexto, es indudable que le corresponde al Poder Ejecutivo asignar los fondos para adecuarse a las nuevas exigencias del Financiamiento Universitario.

La misma Ley 24.156 de Administración Financiera establece, en su artículo 27, inciso c) que, en caso de estar en vigencia el Presupuesto del año anterior, es el Poder Ejecutivo quien “incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”.

No acatar un eventual rechazo al veto presidencial por parte del Congreso, significaría romper la legalidad y violar la institucionalidad vigente.

La sociedad argentina no lo merece.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El presidente Javier Milei anunció que irá al Congreso a presentar el Presupuesto 2025: “Próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación Argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero”, prometió confiado.

Sin embargo, es poco probable que asista.

Hay que tener claro que el presidente no podrá formular su discurso en el escenario que la Casa Rosada planea.

Pretenden que Milei hable en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa, constituida por la suma de diputados y senadores; pero eso no podrá ser.

La Asamblea Legislativa no se reúne cuando a un presidente se le antoja hacer su acto político, sino que se convoca en las siguientes circunstancias:

- Cuando debe decidir sobre eventuales renuncias del presidente de la Nación y/o del vicepresidente.

- Cuando elige al funcionario que asumirá la Presidencia de la Nación, en caso de acefalía.

- Cuando se inicia el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, los días 1 de marzo de cada año.

- Cuando proclama al binomio presidencial electo, siempre antes de la fecha de asunción.

- Cuando se le toma juramento a la fórmula presidencial electa.

La alternativa que le queda al presidente es asistir a una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que ahora preside su reamigado José Luis Espert.

En la reunión de la comisión pueden participar, “con voz y voto”, 49 diputados, pero todos los demás tienen “voz”. Es decir que los 257 diputados están habilitados para hablar.

Si Milei y los suyos creen que los adversarios políticos no van a hacer uso de la palabra, que no van a criticar o no van a responder a las típicas agresiones presidenciales, están equivocados.

A esta altura, hay que resaltar que el presidente no domina los conocimientos básicos sobre formulación, ejecución y evaluación presupuestaria. No está obligado a saber, pero la realidad es que no podría responder con solvencia un planteo técnico al respecto.

En ese marco, difícilmente se “someta” a la dinámica de una reunión de comisión, que tiene sus propias reglas; y no es precisamente el Poder Ejecutivo quien pueda cambiarlas.

Le queda una alternativa. El presidente puede brindar una “conferencia” sobre el Presupuesto, usando algunos de los salones de la Cámara de Diputados o el propio recinto, con público propio: senadores y diputados, propios y aliados, funcionarios del Ejecutivo, fanáticos y otros invitados.

Ciertamente, sería una forma de cumplir con su anuncio de “ir al Congreso”. Al edificio.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El presidente Javier Milei volvió a catalogar de “ratas” a los diputados y senadores, porque aprobaron un razonable incremento de haberes jubilatorios.

También dijo que son un “conjunto de degenerados fiscales, manga de delincuentes, impresentables y analfabetos”.

Hasta hace ocho meses, el actual presidente fue diputado.

No creo que los legisladores sean ratas, pero si lo fueran, durante su paso por la banca Milei era la rata más haragana, irresponsable e insensible del todo el Congreso.

No participaba del debate en comisiones, aunque estaba plenamente habilitado para hacerlo.

Se iba de las sesiones apenas se hacía un poco tarde y directamente no votaba las leyes. Sólo en sus primeros 10 meses en el cargo, registró 58% de ausencia en las votaciones.

Gracias a su ausencia, una madrugada se terminó aprobando una tasa aeroportuaria. A partir de ese día, se asustó un poco por las críticas y decidió quedarse hasta tarde.

Pero una de esas noches en las que no se fue a dormir terminó votando en contra de que los jubilados dejen de hacer el trámite de “fe de vida” para cobrar sus haberes. También rechazó la propuesta de declarar día de duelo nacional el 18 de julio, para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA.

La actual vicepresidenta Victoria Villarruel lo acompañó en esos dos votos.

Ahí también se asustó por las críticas, entonces mandó una carta -cuatro días después- pidiendo cambiar su decisión de “negativa” a “positiva”.

Obviamente, no se hizo lugar a ese extemporáneo deseo. Aceptarlo hubiese significado consagrar la inseguridad jurídica, ya que las leyes jamás quedarían aprobadas ni rechazadas si a cada diputado se le permitiera -con total liviandad- cambiar su voto en cualquier momento posterior a la sesión.

Es probable que muchos legisladores hagan silencio ante los ataques de Milei. No se trata de críticas políticas; son agresiones que siembran violencia.

Éste es un Gobierno violento, pendenciero y amenazador. No hay que arrugar.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Desde el 1 de enero de 2024, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Toto Caputo están cobrando el Impuesto PAIS sin que una ley los autorice.

Si alguien se animara a formular una presentación razonable y si se actuara con razonabilidad, a principios del año próximo la administración libertaria debería devolver casi 10.000 millones de dólares de recaudación irregular.

PAIS se impuso por ley en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, pero la administración libertaria será la más beneficiada y ya es la que más provecho le está sacando, no sólo porque aumentó sideralmente sus alícuotas, incrementó sustancialmente su multiplicador (el tipo de cambio) y extendió su alcance a operaciones que originalmente no alcanzaba.

El libertario Milei es el más agraciado porque, aunque él y su gobierno no lo admitan en público, está cobrando el Impuesto PAIS sin una sólida base normativa que le permita hacerlo. En rigor, el tributo perdió vigencia el 31 de diciembre de 2023.

Consciente de esa endeblez, el Ejecutivo libertario intentó discretamente dotar de sustento legal al impuesto por la vía del Congreso, en el marco de la Ley Bases, pero fracasó. Lo raro es que nadie registró seriamente la frustrada maniobra.

El origen de todo se remonta al artículo 35 de la Ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019. Allí se establece que el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) tiene “carácter de emergencia, por el término de cinco (5) períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia” de esa ley.

Un período fiscal comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Tiene sentido que el gobierno anterior haya fijado los cinco períodos de vigencia, dado que los nueve días de diciembre de 2019, contados desde la fecha de oficialización de la norma, caen dentro del primer período fiscal; y los otros cuatro períodos van desde el primer hasta el último día de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Esos son los cinco “períodos fiscales”. En realidad, ya fueron.

Así, el impuesto cobraba vigencia a pocos días de iniciar un nuevo gobierno y dejaba de tenerla unos días después de finalizado el mandato.

Esa fue la convicción con que los legisladores votaron el impuesto.

No sólo tiene lógica, sino que también exhibe robustez legal al encuadrarse bajo las pautas del Artículo 10 de la Ley Nro. 24.156 de Administración Financiera, vigente para el sector público nacional desde hace más de 30 años, que establece: “El ejercicio financiero del sector público nacional, comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año”.

Sin embargo, con fecha 6 de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Impuestos emitió un dictamen interpretando que la vigencia del Impuesto PAIS se extendía por un año más, al considerar que la expresión “períodos fiscales” se refiere a “años”.

Basada en ese particular punto de vista, aquella repartición pública dictaminó que “la aplicación del Impuesto PAIS se extiende desde el 23/12/2019 hasta el 22/12/2024, ambas fechas inclusive”.

El gobierno libertario no estaba dispuesto a descansar en la precariedad de semejante dictamen, por eso en la versión original de la Ley Bases, venía incluido el artículo 180 con un texto inequívocamente destinado a remediar brutalmente la fragilidad interpretativa vigente.

El referido artículo, transcripto aquí completo, señala: “Se aclara que el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) establecido por el artículo 35 de la Ley Nro. 27.541 se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024, inclusive” (una réplica del dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos).

Insólitamente, o no tanto, el texto comienza con la expresión “se aclara”, lo que revela que la vigencia del tributo para 2024 no está clara, de ninguna manera. Ese artículo jamás se aprobó.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

A lo largo de esta semana el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez se enfrascó en una fuerte pelea nada menos que con el asesor presidencial Santiago Caputo. En el fragor de esa pelea, la supuesta cuenta en X del hombre clave del Gobierno fue clausurada.

Todo comenzó el lunes, cuando el exlegislador peronista alertó con que Santiago Caputo “anda armado”, pues él mismo había dicho en las redes que portaba una Glock 45. “Eventualmente debería informar si cuenta con permiso de portación, señaló el director del Instituto Consenso Federal. La discusión terminó cuando desde la cuenta @SnakeDocLives, que se le adjudica al joven Caputo, el susodicho le dedicó al Topo, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso ‘Bioeconomía’ a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca” una foto con un arsenal de armas, lo que le costó que le suspendieran la cuenta en la madrugada del martes. “Mientras Caputo tuiteaba, se publicó en el Boletín Oficial el DNU 656/2024, por el cual Javier Milei le asigna a la SIDE 100.000 millones de pesos para gastos reservados”, denunció Rodríguez, que responsabilizó luego al presidente Milei por si “las acciones desplegadas en redes sociales se ejecutan físicamente”.

El miércoles Topo Rodríguez radicó una denuncia por amenazas a intimidación, con el fin de “frenar las acciones pendencieras del Gobierno de Milei, que con el uso de un aparato paraestatal, o con la acción de protofuncionarios que pretenden eludir su responsabilidad de servidores públicos salen a apretar a través de las redes sociales y alientan la violencia física o la acción directa contra opositores políticos”.

Llegado el jueves, alertó que “más de 500 los posteos” fueron dedicados a desacreditar su denuncia. “Pero no sólo intentan desmerecer. También agreden, discriminan y amenazan de muerte explícitamente”, señaló y puso como ejemplo el posteo del usuario Nahuel Orona. “Primero me pregunta si soy mogólico, luego qué problema tengo y, finalmente, si quiero terminar con una bala en la cabeza”, denunció.

Finalmente el jueves advirtió que “durante más de 10 horas aplicaron una catarata interminable de posteos con más de 500 cuentas troll, pero terminaron ocultados y bloqueados uno por uno. Ahora, enojados, comienzan esta descabellada campaña de difamación con mentiras alevosas: dicen que trabajé en la SIDE varios años y que estoy en contacto con espías”.

“Ridículos y mentirosos. Si no fueran peligrosos darían risa. Pero hay que tomar estas amenazas y operaciones muy en serio. El máximo responsable de todo esto es el presidente Javier Milei, a quien responsabilizo plenamente por las consecuencias”.

Topo Rodríguez concluyó con un llamado al Congreso para que “rechace el decreto de necesidad y urgencia 656/2024 mediante el cual se autoasignan 100.000 millones de pesos de fondos reservados, sin control, para hacer daño”. Todo indica que esta historia continuará.

Está confirmado; el Gobierno de Javier Milei está pasando por la licuadora política.

Cumplirá sus primeros seis meses de gestión sin haber aprobado una ley en el Congreso y se desdibuja su futuro.

Arrancó pretendiendo refundar la Nación con la original Ley Bases. Hoy discute la décima versión disminuida y desflecada del proyecto inicial, que sigue siendo un engendro invotable, difícil de aprobar.

Si fuera por Milei, tiraría a la basura el proyecto de Ley Bases, pero grandes empresarios exigen que se apruebe la norma porque allí se incrustan, desubicados, dos proyectos de ley en sí mismos: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un eventual nuevo Régimen de Hidrocarburos.

Sin nada que anunciar en Córdoba, el presidente sacó de la galera una novedad de bajo vuelo y difícil de cumplir. Dijo que luego de firmar el Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley Bases y el Paquete Fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo, integrado por un representante del gobierno nacional, un representante de las provincias, uno por la Cámara de Diputados, otro por el Senado, un sindicalista y un empresario.

El Consejo trabajará en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Por ejemplo: una nueva Ley Previsional que incorpore un subsistema de jubilaciones privado, como las AFJP, e incluya un aumento de las edades jubilatorias para mujeres y varones.

No puede aprobar las leyes. No pudo concretar el Pacto de Mayo. Pero anuncia la etapa que vendría después de hacer lo que no puede.

La licuadora política los está desdibujando sin remedio.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Unos 10.000 millones de dólares. Esa es la cifra que la AFIP podría llegar a recaudar este año sólo con el Impuesto PAIS, el tributo al que Javier Milei y Toto Caputo se aferran como una verdadera tabla de salvación.

PAIS se impuso por ley en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, pero la administración libertaria será la más beneficiada y ya es la que más provecho le está sacando, no sólo porque aumentó sideralmente sus alícuotas, incrementó sustancialmente su multiplicador (el tipo de cambio) y extendió su alcance a operaciones que originalmente no alcanzaba.

El libertario Milei es el más agraciado porque, aunque él y su gobierno no lo admitan en público, está cobrando el Impuesto PAIS sin una sólida base normativa que le permita hacerlo. En rigor, el tributo perdió vigencia el 31 de diciembre de 2023.

Consciente de esa endeblez, el Ejecutivo libertario intentó discretamente dotar de sustento legal al impuesto por la vía del Congreso, en el marco de la Ley Bases, pero fracasó. Lo raro es que nadie registró seriamente la frustrada maniobra.

El origen de todo se remonta al artículo 35 de la Ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019. Allí se establece que el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) tiene “carácter de emergencia, por el término de cinco (5) períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia” de esa ley.

Un período fiscal comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Tiene sentido que el gobierno anterior haya fijado los cinco períodos de vigencia, dado que los nueve días de diciembre de 2019, contados desde la fecha de oficialización de la norma, caen dentro del primer período fiscal; y los otros cuatro períodos van desde el primer hasta el último día de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Esos son los cinco “períodos fiscales”. En realidad, ya fueron.

Así, el impuesto cobraba vigencia a pocos días de iniciar un nuevo gobierno y dejaba de tenerla unos días después de finalizado el mandato.

Esa fue la convicción con que los legisladores votaron el impuesto.

No sólo tiene lógica, sino que también exhibe robustez legal al encuadrarse bajo las pautas del Artículo 10 de la Ley Nro. 24.156 de Administración Financiera, vigente para el sector público nacional desde hace más de 30 años, que establece: “El ejercicio financiero del sector público nacional, comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año”.

Sin embargo, con fecha 6 de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Impuestos emitió un dictamen interpretando que la vigencia del Impuesto PAIS se extendía por un año más, al considerar que la expresión “períodos fiscales” se refiere a “años”.

Basada en ese particular punto de vista, aquella repartición pública dictaminó que “la aplicación del Impuesto PAIS se extiende desde el 23/12/2019 hasta el 22/12/2024, ambas fechas inclusive”.

Se nota que el gobierno libertario no estaba dispuesto a descansar en la precariedad de semejante dictamen y quiso darle rango legal a la extensión del plazo para recaudar el impuesto.

Por ese motivo, cuando en la madrugada del 24 de enero de este año se aprobó, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el primer dictamen de mayoría de la original Ley Bases, allí venía incluido el artículo 180 con un texto inequívocamente destinado a remediar brutalmente la fragilidad interpretativa vigente.

El referido artículo, transcripto aquí completo, señala: “Se aclara que el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) establecido por el artículo 35 de la Ley Nro. 27.541 se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024, inclusive” (una réplica del dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos).

Insólitamente, o no tanto, el texto comienza con la expresión “se aclara”, lo que revela que la vigencia del tributo para 2024 no está clara, de ninguna manera.

Lo importante es que ese artículo nunca se aprobó en las sesiones de la Cámara de  Diputados y, de hecho, ya no forma parte del texto de la ley, que pasó al Senado con media sanción de la Cámara baja.

Lo llamativo es que ese incidente institucional pasó de largo, sin pena ni gloria.

Ahora, el gobierno de Milei va por más: pretende seguir cobrando el Impuesto PAIS en 2025, razón por la cual ya decidió incluirlo en el proyecto de Ley de Presupuesto que enviará en septiembre al Congreso.

Si avanzara la tentación de incluir allí una extraña cláusula para otorgarle legalidad retroactiva a la abierta ilegalidad del impuesto PAIS durante 2024, sería tan grande el escándalo como la desconfianza que alimentaría.

No hay vuelta que darle. En algún momento tendrán que devolver a los contribuyentes hasta el último peso, actualizado, de lo que están cobrando por un impuesto que desde el primer día de este año ya no es legal.

Flor de lío, además, ya que el pretendido superávit fiscal está sostenido por el crecimiento exponencial en la recaudación de un tributo abiertamente ilegal.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Las sucesivas ampliaciones y reasignaciones presupuestarias aplicadas por el Gobierno nacional tienen sólo tres ganadores: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Servicio de la Deuda Pública.

Salvo la Cancillería, todos los ministerios siguen brutalmente ajustados. La cartera de Salud sufre “el ajuste después del ajuste”; y Capital Humano se “descapitaliza” aceleradamente.

Está claro que la administración presupuestaria no constituye un instrumento neutro. Es una herramienta esencial de política pública al servicio de una estrategia.

En diciembre del año pasado, el presidente Javier Milei congeló gastos de la administración nacional prorrogando, para 2024, el mismo Presupuesto de 2023. Lo hizo mediante el Decreto 88/2023, publicado el 27 de diciembre.

Siempre en el marco de un severo ajuste, en los meses sucesivos la administración se vio forzada a conceder varias ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. La última se aprobó mediante la Decisión Administrativa 284/2024, publicada el 9 de mayo en el Boletín Oficial.

Tomando como fuente un cuadro de datos publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, basado -a su vez- en indicadores del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), puede concluirse que:

- Sólo uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional tuvo, en lo que va del año, actualizaciones presupuestarias por encima de una inflación acumulada que al cerrar el mes de marzo fue de 51,5% y cuando se conozca el IPC de abril estaría superando el 60%. Se trata del Ministerio de Relaciones Exteriores, que había comenzado el año con un crédito presupuestario de 188.315 millones de pesos pero, con las sucesivas ampliaciones aprobadas, creció 86% en cuatro meses, llegando a 350.670 millones de pesos en mayo.

- Por fuera del Poder Ejecutivo, Milei se ocupó de que los recursos asignados al Poder Judicial, que crecieron 71% entre enero y mayo, también le ganaran a la inflación, al pasar de los 530.348 millones iniciales a los actuales 907.545 millones de pesos.

- El tercer ítem que más creció porcentualmente en la asignación presupuestaria fue el destinado al Servicio de la Deuda Pública, que aumentó 60%, empatando virtualmente con la evolución general de los precios de la economía. Había iniciado el año con 4,5 billones de pesos (equivalentes a unos 5.026 millones de dólares) y en mayo ya tiene asignados 7,2 billones de pesos (aproximadamente 8.042 millones de dólares).

En cambio, los recursos presupuestarios destinados al Ministerio de Salud ya perdieron 50 puntos porcentuales contra la inflación, en la medida que las actualizaciones de fondos para esa cartera sólo ascienden al 11%. En el caso del Ministerio de Capital Humano (que incluye todas las áreas de política social y de trabajo), la pérdida hasta mayo fue de no menos de 22 puntos porcentuales contra la inflación acumulada.

Las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias hablan por ellas mismas. Revelan lo que Milei y Toto Caputo callan; o iluminan la verdad cuando las sombras quieren taparla.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Ahora está confirmado. El presidente Javier Milei no tiene como prioridad aprobar, en 2024, leyes que le permitan avanzar en reformas importantes.

En todo caso, enviar proyectos de leyes para que sean rechazados será su forma de “hacer política”.

El Gobierno cuenta con dos super instrumentos normativos en vigencia, verdaderos soportes de su gestión: el MegaDNU 70/2023 y el Decreto 88/2023.

Con el primero se autoasignó superpoderes sin necesidad de pasar por el Congreso; con el segundo reprogramó el Presupuesto 2023 para este año, garantizando así un ajuste-licuadora no inferior a los 35.000 millones de dólares en todo el ejercicio anual.

La hoja de ruta libertaria es la siguiente:

- Bajar la inflación.

- Recomponer y sostener reservas, más allá de las compras diarias del BCRA, apuntalando al agro, el petróleo, gas y minería. Son los sectores dinámicos para el modelo libertario, junto con las finanzas.

- Conseguir 15.000 millones de dólares para abrir el cepo: 5.000 de fondos de inversión, 5.000 del FMI y 5.000 de un puñado de países que comercian con Argentina.

- Milei asegura que, en la medida que Argentina está muy descapitalizada, en esta etapa puede haber crecimiento económico sin que el Congreso apruebe importantes reformas.

Lo que el oficialismo no dice es que cada uno de sus “logros” supone más costo social.

El modelo económico libertario descansa sobre cimientos de desigualdad social, que el peronismo no resolvió en el pasado reciente, y una tendencia irreversible a la desindustrialización.

No es extraño que un procesos económico con atraso cambiario se mantenga en el tiempo (la Convertibilidad duró una década), pero sus secuelas son nefastas.

La oposición puede terminar como mera espectadora de la película; o armando comisiones anónimas en congresos partidarios; o simplemente especulando.

Sería sano institucionalmente que una coalición amplia rechace pronto el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Eso obligará al Ejecutivo a buscar consensos antes que a imponer.

A mediano plazo, no hay forma de ganarle a Milei con lo malo conocido. Sólo un amplio frente social, con fuerte anclaje popular, nuevos liderazgos y renovación de ideas puede competirle seriamente a la hegemonía libertaria.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

“Pacto de Mayo” es el nombre de una nueva alianza política y electoral. Su núcleo duro reuniría a La Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza; Mauricio Macri junto con Patricia Bullrich y casi todo el Pro; un sector del radicalismo y algunas fuerzas provinciales.

En lo inmediato, esa nueva alianza trabajará para evitar que el Congreso deje sin efecto el DNU 70/2023 y que se pueda aprobar una versión retocada, pero versión al fin, de la ley ómnibus.

Milei pudo llegar a esta situación porque:

- Prorrogó para este año el Presupuesto 2023, garantizándose -sin ruido y con la oposición de unos pocos que lo denunciamos- un ajuste de no menos de 35.000 millones de dólares.

- Aumentó brutalmente la alícuota y la recaudación del Impuesto PAIS, todo para la Nación y nada para las provincias.

- Desfinanció ilegalmente a las provincias cortando el FONID, el fondo de compensación para el transporte y todas las transferencias no automáticas.

- Ajustó a los jubilados y a la clase media trabajadora mediante dos técnicas de las que obscenamente se jacta: la licuadora y la motosierra; a lo que se sumaron la devaluación, el naftazo, los tarifazos y las quitas de subsidios, la reducción brutal de la inversión social y la eliminación de la obra pública, entre otras medidas.

- Amenazó con eliminar todos los Fondos Fiduciarios del Sector Público Nacional, cosa que no puede hacer, según lo hemos planteado reiteradamente en informes del Instituto Consenso Federal @instituto_cf

- Hizo anunciar que anularía la creación de nuevas universidades nacionales; algo que tampoco puede hacer.

- Tiene enfrente una oposición sin liderazgo y cuyo último gobierno decepcionó.

Dos días antes de que Milei convocara al “Pacto de Mayo”, desde el Instituto Consenso Federal advertimos: “Cuidado con el Plan Canje”.

Lo planteamos porque después de reunirse con el Ministro del Interior de Milei, un gobernador en funciones se descolgó con la propuesta de aceptar algunos recursos para las provincias a cambio de seguir entregándole la suma del poder público a Milei.

El camino ya se inició. Milei arma ahora una coalición que se transformará en nueva fuerza política electoral para las elecciones de 2025.

Nace el Mileimacrismo y varios ya hacen fila para sumarse.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

- NO vieron que, en un régimen democrático, es imposible imponer un proyecto para “Refundar la Nación” con propuestas extremas, si sólo se cuenta con el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados.

- NO vieron que en la madrugada del 24 de enero, se forzó la aprobación de un dictamen de mayoría con 55 firmas, pero el 61% de ellas (34) suscribió “en disidencia”. Hasta quienes apoyaban, manifestaban sus desacuerdos en más de 200 artículos.

- NO vieron que firmar un dictamen en blanco, para reescribirlo después en un infinito y borgiano proceso que nunca se materializó en un texto final, le quitó rigor al debate, lo vació de credibilidad y destruyó la confianza en los acuerdos parciales, que se esfumaban conforme transcurrían las horas.

- NO vieron que era momento de sentarse a encontrar el camino para coparticipar un porcentaje del impuesto que el propio gobierno aumentó apenas asumió, cuya recaudación interanual creció 1252%, todo para el Gobierno central y nada para las provincias.

- NO vieron que en lugar de debatir un nuevo modelo de Estado y un cambio en las relaciones Estado-Sociedad, con sus correspondientes instrumentos, pretendieron imponer una mera liquidación de 40 empresas públicas para obtener dólares frescos rápidamente.

- NO vieron que en el Congreso no existía una mayoritaria disposición a entregar livianamente facultades legislativas en los términos específicos que el gobierno pretendía.

Desde el Instituto Consenso Federal lo fuimos viendo, hace más de un mes. Por eso lo comunicamos por escrito cada día, todos los días, sin excepción.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

La semana próxima continuará el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso, ahora con una novedad que le agregará tensión a la puja de intereses.

Sucede que, en medio de la discusión parlamentaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha revelado datos que le sumarán una enorme presión a la disputa política desatada en torno al Impuesto PAIS.

Un informe oficial del organismo recaudador, informa que ese tributo recaudó 469.199 millones de pesos durante enero de este año.

Eso significa que ya recauda más que, por ejemplo, el mismísimo Impuesto al Cheque (463.278 millones de pesos).

Pero además, y aquí el dato de estratégica relevancia política, el PAIS aumentó su recaudación interanual en 1252,6% (comparación entre enero de 2024 y el mismo mes de 2023).

No hay tributo que haya elevado más su recaudación interanual que el Impuesto PAIS. La recaudación del IVA aumentó 291%, la de Ganancias 117%, la del Impuesto al Cheque 197%.

De hecho, el crecimiento de lo producido por el Impuesto PAIS significa un salto que está más de cinco veces por encima de la evolución promedio de la recaudación general (de todos los impuestos), que aumentó 239,8%.

Tamaña subida se explica por el aumento de alícuotas aplicado por Javier Milei y Toto Caputo en diciembre pasado, llevándolas de 7,5% a 17,5%; junto con el salto significativo del factor multiplicador de ese impuesto, que es el valor del dólar oficial, cuya devaluación lo llevó de menos de 400 a más de 800 pesos.

En este contexto, cobra destacada relevancia la discusión parlamentaria de los próximos días, ya que el gobierno propone un cambio en la distribución de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que hoy se reparte así:

- El 42% se destina a la ANSeS y 28% al PAMI (total 70%).

- El 9% se asigna al financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

- El 19,5% se destina a Obras de Infraestructura Económica, mientras que el 1,5% restante financia actividades de fomento del turismo nacional.

Esa es la nueva distribución que impuso el Decreto 184/2020, dos meses después de aprobada la Ley 27.541 que originó el Impuesto PAIS.

Así, en la distribución de enero de 2024 ($469.199 millones) de acuerdo a la norma vigente, los destinos y montos son los siguientes:

- La ANSeS más el PAMI reciben 328.439 millones de pesos.

- Para el financiamiento de obras de vivienda social, a cargo del FISU, se destinan 42.228 millones de pesos.

- Van 91.494 millones de pesos a Obras de Infraestructura Económica y 7.038 millones a financiar el fomento del turismo nacional.

Sin embargo, la propuesta que Milei y Caputo pretenden incorporar mediante el artículo 179 del proyecto de Ley Ómnibus, establece que el 100% de lo recaudado por PAIS se destine a la ANSeS y al PAMI, que antes sólo recibían el 70%.

De aprobarse la iniciativa oficial, el financiamiento para obras de vivienda social del FISU, con fondos del Impuesto PAIS, caería a “cero pesos”, al igual que las obras de infraestructura económica y el fomento del turismo.

En este contexto, la discusión que se avecina por el destino de la recaudación del Impuesto PAIS, tendrá a estos actores con sus correspondientes objetivos:

- El Gobierno Nacional: pretende conservar el manejo del 100% de los recursos para el gobierno central, concentrados ahora sólo en ANSeS y PAMI. Cuenta con el impulso del FMI para hacerlo. Tiene una discreta fuerza legislativa propia, pero suma aliados en la votación.

- Gobernadores de distintos signos políticos: pretenden que se copartícipe el 30% de lo recaudado por el Impuesto PAIS. Cuentan con una base de diputados y senadores nacionales con importante incidencia, que pueden incidir en el resultado final de cualquier votación.

- Movimientos Sociales: se plantarán frente a la amenaza real de que Milei y eventuales aliados desfinancien los programas de vivienda social en todo el país. Cuentan con algunos legisladores propios y una cantidad importante de aliados, además de su clásica capacidad de movilización popular.

El funcionamiento de las instituciones democráticas tiene siempre un sentido social y las decisiones públicas generan consecuencias que afectan intereses en disputa. Por eso, lo que se viene no es una simple discusión parlamentaria.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director Instituto Consenso Federal

El presidente Javier Milei no le dijo la verdad completa al Wall Street Journal cuando declaró que “no hay Plan B”.

En la práctica, el mandatario argentino ya cerró la primera etapa de su gobierno y comenzó la segunda. El Plan B ya está en marcha.

Después de aceptar que el Congreso no aprobará la megambiciosa “Ley Ómnibus”, el presidente hizo que “Toto” Caputo simulara liviandad e indiferencia ante la eliminación del “paquete fiscal”.

No se sabe si Milei efectivamente está exultante, como dicen, convencido de que ha sido un triunfo y no una derrota legislativa; pero ya mandó su mensaje a las provincias sin ambigüedades: “se van a tener que ajustar sí o sí, porque no van a recibir ni un peso más por fuera de lo que les corresponde por la coparticipación”.

Efectivamente, la nueva etapa del Gobierno argentino se basa en el modelo del “Federalismo Inverso”, donde el Gobierno central se fortalece y las provincias se debilitan.

Ya en diciembre, Milei se ocupó de sentar las bases para la etapa que ahora comienza, cuando aumentó brutalmente el Impuesto PAÍS del 7,5% al 17,5%. Es toda recaudación para las arcas nacionales, porque ese tributo no se coparticipa. Nada para las provincias.

Hay que reparar que en 2023 la recaudación del impuesto PAÍS creció sostenidamente, mes a mes, llegando a duplicar los ingresos por retenciones en algunos períodos.

Pero además, en un movimiento silencioso que pasó casi enteramente desapercibido, al terminar el año pasado el nuevo gobierno decidió ajustar al menos 35.000 millones de dólares del Presupuesto Nacional, con el sencillo pase mágico de prorrogar la Ley de Presupuesto 2023.

Así funcionará lo que en las últimas horas Milei denominó “la licuadora”: recauda impuestos con precios nuevos y gasta de un presupuesto con precios viejos.

Con esa base de menos gastos y más ingresos para el Gobierno central, el presidente avanza en el plan para secar a las provincias, convencido de que el gasto de los gobiernos subnacionales es lo que engendra el déficit fiscal global.

Ese plan contra las provincias incluye una serie de decisiones que ya comenzaron con la definición oficial de no compensar a las jurisdicciones provinciales por la merma en la recaudación del impuesto a las ganancias, a consecuencia de la eliminación de ese tributo sobre el salario de los trabajadores.

Es una pérdida de aproximadamente 1,7 billones anuales, que podría compensarse con la coparticipación del 30% del impuesto al cheque; o con sólo un tercio del incremento previsto en la recaudación del impuesto PAÍS, luego del significativo aumento de su alícuota. Pero la decisión es no entregar ni un centavo de eso.

Además, a partir del 1 de febrero las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos provinciales para pagar salarios o cubrir déficit.

Desde hace varios años se viene autorizando esa operatoria, pero la última prórroga aprobada por el Banco Central en enero de 2023 (Comunicación “A” 7674) no será renovada.

Ya no habrá más obra pública financiada por el gobierno central en las provincias. Pero, si hasta hace unas horas se mantenía la alternativa de que los gobiernos provinciales pudieran recurrir a fondos de organismos internacionales para avanzar con nuevas obras de infraestructura, ahora esa posibilidad también se cortará.

Más aún, el Gobierno nacional asegura que tomará esos créditos para contribuir a que las cuentas nacionales alcancen el equilibrio fiscal.

También se prevé limitar todas las transferencias destinadas a compensar y equilibrar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales, las que oportunamente no se armonizaron con el sistema nacional de la ANSeS.

Por otra parte, está decidido no agilizar la formulación, aprobación y ejecución de nuevos proyectos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que financia obras en todas las provincias, pero por fuera de los recursos del Presupuesto Nacional.

Para desalentar mecanismos de financiamiento autónomo, no se rescatarán las cuasimonedas emitidas por las provincias, además de que no se aceptarán esos bonos como medio de pago para cancelar impuestos nacionales.

Si se cumple la promesa presidencial de no enviar a las provincias ni un solo peso más de lo que corresponde por las transferencias automáticas de la Coparticipación, ingresarán en zona de riesgo las transferencias no automáticas. Entre ellas, los denominados ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que constituyen el 1% de la masa coparticipable.

Pero hay otras transferencias de ese tipo (no automáticas) que son más sensibles y socialmente delicadas. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, por ejemplo. Se trata de recursos que cada mes se usan para pagar un refuerzo salarial a los docentes de todo el país.

¿También van a cortar o limitar ese Fondo de Incentivo Docente? Sería un atentado a la paz social, perpetrado desde el poder central.

No resulta nada extraño, entonces, que lo que habría escuchado el exministro Ferraro en una reciente reunión de gabinete sea totalmente cierto. Parece que Milei quiere dejarlos sin plata y fundirlos a todos.

También va tomando volumen y peso real la frase jamás oficializada: “si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias",

¿Qué harán ahora los gobernadores de todos los signos políticos? ¿Van a facilitarle la aprobación de los retazos sueltos de eso que alguna vez fue la Ley Ómnibus?

Parece que algunos necesitan ir mirando encuestas de imagen para calcular el ritmo y el contenido sus posicionamientos.

Deberían saber que tienen enfrente a un gobierno central que ya decidió cortarles la cabeza ¿Y todavía están pensado aprobarle alguna delegación de facultades en el Congreso?

En el fondo, el discípulo Milei recupera la filosofía de uno de sus principales padrinos, quien predica hasta el hartazgo que el “pecado fiscal” argentino comienza y termina en las provincias.

Ellas, sostiene eternamente el padrino, siempre son las responsables del déficit fiscal y fueron las culpables de la crisis argentina en 2001. Un año inolvidable, por cierto.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló que su gobierno acepta el apoyo militar ofrecido por Argentina.

En las últimas horas, Noboa sostuvo:

“Hemos aceptado el apoyo de Argentina; hemos aceptado el apoyo de Estados Unidos”.

“Necesitamos apoyo militar, en fuerza de soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento”.

Lo delicado y peligroso de esta situación es que nadie, por iniciativa propia, puede garantizarle ayuda militar argentina al presidente del país hermano.

Ni siquiera puede hacerlo, por sí solo, el presidente de la Nación Javier Milei en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

¿Qué autoridad argentina le ofreció ayuda militar a Ecuador? ¿En qué términos lo decidió, qué compromisos asumió y a qué autoridad ecuatoriana se lo comunicó?

Si no hay respuesta a estas preguntas, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, debería volver a hablar de inmediato con su colega, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, para que sepa que al presidente Noboa no lo han informado correctamente sobre el supuesto apoyo militar argentino. Deben decirle la verdad.

Deberían hacerlo de inmediato porque el hombre ya está aceptando públicamente la ayuda militar argentina y está pidiendo soldados, inteligencia, artillería y equipamiento.

Como militar, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Xavier Julián Isaac, debe aclarar si él ofreció esa ayuda militar a Ecuador.

Si lo hizo, actuó por fuera de sus responsabilidades y competencias, en un asunto que involucra la seguridad nacional sobre el que no puede decidir por sí solo ni, menos aún, comprometer a la Nación.

Si no lo hizo, seguramente sabrá quién fue.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Con el proyecto de Ley Ómnibus, el gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger exige que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria.

En principio, esa delegación de facultades sería por dos años, pero la propia ley prevé que se extienda por dos ejercicios anuales más, hasta completar el mandato presidencial en 2027.

Pero lo que está pasando desapercibido es que Milei ya diseñó un sistema para reemplazar al Congreso.

Quiere que los nuevos funcionarios de su gobierno, antes de emitir las normas de alto impacto social que adopten en reemplazo de las funciones del Poder Legislativo, las “sometan” a la opinión ciudadana a través de un portal digital estatal, próximo a crearse.

De aprobarse la propuesta, Milei ejecutará un fujimorazo digital a través de un mecanismo que ellos mismos denominan “instancia de participación ciudadana”; pero que será un mero portal web.

Sería un verdadero golpe institucional, ya que el Congreso pretende ser reemplazado por un funcionario individual que adopta normas bajo el maquillaje “democrático” de una supuesta “participación ciudadana” por la vía digital. Los diputados y senadores elegidos por el pueblo, sobran.

En efecto, en el artículo 12, inciso C, del proyecto de Ley Ómnibus se estipula lo siguiente:

“Previo a la emisión de una norma de alcance general con alto impacto ciudadano, la autoridad competente podrá, a través de un portal digital, publicar la propuesta de norma a emitirse y abrir una instancia de participación ciudadana para recibir comentarios sobre la misma”.

Si la Ley Ómnibus se aprueba en estos términos, un funcionario a cargo de la política previsional podrá decidir, por ejemplo, subir en cinco años la edad jubilatoria y que se termine el sistema de reparto para que vuelvan las AFJP.

La justificación “democrática” de tamaña decisión será que antes de emitir la norma que cambia el sistema jubilatorio de millones de argentinos, el gobierno “abrió una instancia de participación ciudadana para recibir comentarios” sobre esa iniciativa, tal como se establece en la ley. El Congreso no tendría ninguna participación.

Medidas similares podrían adoptarse en materia tarifaria para aumentar el precio de la luz, el gas, el agua y el transporte; o para tomar más deuda externa simplemente recibiendo comentarios a través del portal digital; y, tal vez, para multiplicar el gasto en Defensa y Seguridad, aprobando compras millonarias de armamento en el exterior del país sin que el Congreso se inmiscuya, como ya lo planean los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Mientras transcurren días claves para la definición del gabinete que acompañará el gobierno del presidente electo Javier Milei, lo mismo ocurre puertas adentro del Congreso de la Nación para la designación de la Presidencia de la Cámara de Diputados, un cargo vital a la hora de tender puentes de consenso para llevar adelante las propuestas de Milei.

Durante la semana se barajaron diversos nombres que aspiran a ese puesto prevaleciendo los del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y el del schiarettista y exministro del Interior y Transportes Florencio Randazzo, cuyo nombramiento era sostenido como señal hacia el peronismo, pero también como “una muestra de autoridad” de parte del presidente electo que lo diferenciara de Mauricio Macri y no lo hiciera aparecer tan dependiente del exmandatario. Está claro que el expresidente ha sugerido el nombre del diputado de su partido.

Pese a que fuentes cercanas al diputado de Identidad Bonaerense consultadas por parlamentario.com insisten en aclarar que todavía no hay nada definido, el tiempo que transcurre sobre esa definición opera en su favor. Y en la tarde de este viernes una foto alimentó de alguna manera las especulaciones a su favor.

Fue el diputado liberal Ricardo Bussi quien compartió una foto en su red social “X” en donde contó que se reunió con Randazzo, al que sin vueltas refirió como “quizás, futuro presidente de la Cámara baja”, y agregó que evaluaron “la composición de la Cámara y las posibilidades ciertas de contar con el apoyo de Diputados de fuera de nuestro espacio político”. Señaló además que “serán importantes los consensos y los acuerdos para garantizar que cada promesa de campaña de Javier se cumpla a rajatabla”.

La referencia de Bussi generó la inmediata reacción del bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, quien esta semana dejó el interbloque Federal que presidía y que compartía justamente con Randazzo y los diputados schiarettistas y los socialistas. Junto a Graciela Camaño, con quien también se había pronunciado para el balotaje a favor de Sergio Massa, formó el bloque Consenso Federal.

“Aquí Ricardo Bussi anuncia que construye con Florencio Randazzo los consensos y acuerdos que requiere la Argentina. Nunca más atinada nuestra renuncia al Interbloque Federal, junto con Graciela Camaño”, publicó en redes.

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal – Buenos Aires), quien cumplirá su mandato este 10 de diciembre -mismo día de la asunción del presidente electo Javier Milei-, anunció que el nuevo gobierno “empieza con un brutal ajuste del 150%”.

Entrevistado en DTV, el jefe del bloque Federal explicó que “no intentará aprobar una ley de Presupuesto para 2024, sino que prorrogará la de 2023”. “Así, ejecutará de inmediato un primer ajuste de 150% global. Luego profundizará el ajuste por partidas mediante decisiones administrativas”, amplió.

Del mismo modo, afirmó que esa prórroga del Presupuesto 2023 “congela el gasto público y va a eliminar las partidas de obras públicas y jubilaciones y pensiones”.

La Ley de Leyes empezó a debatirse en Diputados el 25 de octubre tras el primer puesto de Sergio Massa en las elecciones generales. Sin embargo, el resultado del balotaje cambió todo y aun no hay confirmaciones respecto a la composición del Presupuesto 2024.

En medio de la campaña electoral, los diferentes bloques habían acordado no avanzar con la ley hasta no saber quién iba a ser el nuevo presidente de la Nación.

Por otro lado, aseveró que “debe haber una voluntad explicita para que haya consenso”, pero advirtió que “no es lo que están haciendo el presidente electo y su socio Mauricio Macri”.

“Me parece que Macri le está metiendo en la agenda pública el tema de la represión y eso es rapiña política. Le sugiero al presidente electo que no se deje rapiñar por Macri”, indicó el Topo Rodríguez.

También, se refirió a la posible privatización de YPF y amplió que “no está obligado a dar razones, pero no dio una sola razón y sería malo que se equivoque en los procedimientos porque no se puede hacer por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”.

Así las cosas, el diputado afirmó que “Milei es el extremo del extremo de materia política en el mundo”, y agregó que “él propone medidas extremas que requieren un máximo consenso en el Congreso”.

Para cerrar, el “Topo” Rodríguez aclaró que “nos fuimos del interbloque porque no queremos quedar pegados con Milei”. “Vamos a ser una oposición férrea, responsable, lúcida y democrática frente al gobierno de Milei”, cerró.

Los diputados nacionales bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño renunciaron este miércoles al interbloque Federal y al bloque Identidad Bonaerense. Ambos diputados nacionales conforman, a partir de ahora, el bloque Consenso Federal, según confirmaron este miércoles.

De esta manera, el Topo Rodríguez deja también la presidencia del interbloque Federal, que nuclea a los bloques Córdoba Federal, Socialista e Identidad Bonaerense.

En la nota a través de la cual informaron a la presidencia de la Cámara baja su decisión, señalan que Camaño será la presidenta del nuevo bloque, donde no estará Florencio Randazzo, el tercer miembro de Identidad Bonaerense, que ahora pasa a ser un bloque unipersonal.

La decisión de estos legisladores tiene relación ineludible con lo sucedido en estas elecciones elecciones. Ambos habían anunciado su voto en favor de Sergio Massa en el balotaje, mientras que sus pares cordobeses, que responden al gobernador Juan Schiaretti, si bien no se habían pronunciado a favor de Javier Milei, mantuvieron sus críticas hacia el candidato de Unión por la Patria.

En el caso de Randazzo, su nombre ha circulado entre los que se barajan para presidir la Cámara baja a partir de la asunción del nuevo gobierno, no descartándoselo tampoco para otras funciones. Al respecto, el exministro del Interior y Transportes se ha mantenido en silencio.

El titular del interbloque Federal y diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) cuestionó a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, porque: “No afloja su actitud provocadora en plena veda”, luego de que la libertaria se quejara por las pintadas en su contra en su lugar de votación.

En el jardín de infantes N° 916 se habían realizado pintadas este fin de semana reclamando por los 30 mil argentinos desaparecidos durante la dictadura. A la hora de ir a votar Villarruel se encontró con una protesta de organismos de derechos humanos en su contra.

“En el medio de un jardín de infantes, hacer pintadas de los 30 mil es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Más desubicados no pueden estar”, criticó la candidata ante los medios.

A través de las redes, el diputado bonaerense le contestó: “No afloja en su actitud provocadora y negacionista, aún en plena veda y en medio de la jornada electoral”.

Luego de la denuncia de Javier Milei, sobre que durante el debate presidencial los invitados de Sergio Massa se pusieron a toser mientras él exponía en el cierre, el diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez desmintió que haya sido así.

"Soy de los que estuve del lado que Milei indica. Lo digo con todo respeto, es público y notorio que yo no voy a votar por Milei, pero no es cierto, bajo ningún punto de vista, lo que él menciona", sostuvo el jefe del interbloque Federal en la Cámara baja.

Para el bonaerense, "es probable que él haya escuchado cosas, que haya tenido sensaciones que no estuvieron presentes allí, porque me niego a creer que él quiera mentir. Evidentemente ha escuchado cosas, ha registrado sonidos de personas, que no existieron bajo ningún punto de vista".

"Sí hubo una especie de explosión de euforia cuando terminó el debate y aplaudimos, pero no es cierto lo que está diciendo Milei. Nadie tosió del lado de los invitados del candidato Massa", insistió el legislador en declaraciones a FM Nacional Rock.

En se sentido, negó "rotundamente" lo dicho por el líder de La Libertad Avanza y reiteró: "Nadie tosió, nadie hizo ruido, nadie interrumpió bajo ningún punto de vista, no es cierto eso".

"No creo que Milei tenga la intención de mentir, evidentemente es una persona que está escuchando cosas que no suceden, que está construyendo realidades que no existen, desde ese punto de vista me preocupa más. Nadie hizo nada en contra del candidato Milei", completó.

El diputado nacional y titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, se refirió al proyecto que presentó junto a la diputada Natalia de la Sota en el que solicita al FMI que investigue el destino del préstamo otorgado en 2018 durante la gestión de Mauricioo Macri y consideró que “si se comprueba que hubo fuga de capitales, se fortalecería posición argentina ante FMI”.

En declaraciones radiales consideró que “un informe conclusivo de la oficina de evaluación independiente del FMI que determine alguna irregularidad respecto del modo y la finalidad en que se usaron los fondos le daría a la Argentina una fortaleza en una eventual renegociación con el organismo”.

El diputado agregó que una novedad de estas características "fortalecería la posición negociadora frente al FMI", y destacó que la oficina de evaluación independiente "funciona con mucha autonomía respecto al directorio y a la gerencia general".

"Nunca se avanzó en determinar si los recursos que el FMI puso para Argentina fueron a parar a la denominada fuga de capitales. Si así fuese, estaría incumpliendo las cláusulas de funcionamiento del propio organismo. Si se comprobase, sería una novedad significativa que va a requerir volver a conversar con el FMI sobre los compromisos", remarcó.

En esa misma línea, Rodríguez recordó que ya había presentado en marzo de 2022 un proyecto de resolución con el objetivo de que la oficina de Evaluación Independiente del FMI investigue si parte del préstamo pedido por Macri fue utilizado para "financiar la fuga de capitales".

Según explicó el diputado, el proyecto fue renovado y actualizado con datos y la firma de Natalia de la Sota ya que estaba pronto a vencer la “validez parlamentaria en los próximos días”.

“Renovamos ese pedido, pero incluimos más elementos en particular un informe del Banco Central de la República Argentina y un informe de la Auditoría General de la Nación. El objetivo es que efectivamente el propio FMI a través de la oficina de evolución independiente lleve adelante una investigación profunda para determinar en qué medida una parte de los recursos prestados a la Argentina durante la época de Macri podrían eventualmente haberse destinado a financiar lo que se denomina la formación de activos externos o fuga de capitales”, explayó.

El bonaerense recordó que “Macri dijo que parte de la plata se usó para salvar a los bancos, lo dijo en una entrevista en un medio mundial. Lo dijo hace casi 2 años de que la plata que nos dio el Fondo se la dieron a los bancos comerciales extranjeros que querían irse del país”.

En tanto, aclaró: “Hay que manejarse con sumo rigor por eso nosotros hemos aportado informes de la auditoría, del BCRA. Es muy importante que se haga esa evaluación para saber si los fondos se dieron violando los propios estatutos del FMI”.

“Nosotros no estamos impulsando ni una denuncia judicial, ni el inicio de una instancia legal, sino pidiéndole al Fondo que es el que prestó que los mecanismos de auditoría internos funcionen y si eventualmente se determinara que sucedió algo de lo que nosotros tenemos como hipótesis evidentemente habrá que sentarse con el FMI a renegociar los compromisos, replantear la deuda y hacerlo sobre las bases de eventuales conclusiones del propio organismo”, detalló.

Y cerró: “No estamos proponiendo nada original. Es algo que el propio Fondo lo ha tratado en el directorio, aunque no prosperó. Si a fin de mes comenzara a hacer su trabajo la oficina de evaluación independiente, sería un paso significativo".

Los diputados nacionales Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota presentaron un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI investigue si parte de los 44.500 millones de dólares recibidos por Argentina en el marco del Acuerdo Stand By 2018 se usó para financiar la fuga de capitales.

Los legisladores utilizan como punto de partida de su reclamo informes oficiales de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central referidos a la formación de activos externos y/o fuga de capitales. A partir de ello requiere al Poder Ejecutivo instruir al director ejecutivo alterno por los países del FMI para que solicite ante ese organismo extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar “aspectos opacos” del Acuerdo Stand By de 2018 otorgado a la Argentina.

Con ese objetivo requieren específicamente que el PEN -a través de su representante- exija formalmente la urgente intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) para que se investigue y evalúe la medida en que recursos generales del FMI prestados a la Argentina, en el marco del préstamo de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, incluyendo en el análisis otras cuestiones que resulten relevantes para el conocimiento del organismo y del gobierno argentino, permitiendo obtener lecciones de política pública.

El referido artículo VI del Convenio Consultivo puntualiza que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.

El proyecto refiere el informe de la AGN que señala que “durante el período auditado (2016-2019) se exacerbó la salida de capitales, en consonancia con la relajación de los controles existentes en los años anteriores a la firma del Acuerdo Stand By (ASB). La salida de capitales observada en el período auditado puede considerarse significativa ya que alcanza el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019), además de registrar valores por encima de la tendencia”.

Por otra parte, en un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se señala que, a lo largo del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, “la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada ‘fuga de

Capitales’) se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aun durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones”.

La candidata y “vocera autorizada” de La Libertad Avanza Diana Mondino, propuso poner en marcha un “mercado de órganos”, que puede ser “una especie de cadena de favores, por llamarlo de una manera, para explicarlo más lindo”, aclaró la economista muy cercana a Javier Milei.

Ante las críticas recibidas, Mondino posteó una defensa desde su cuenta de la red X (ex Twitter), señalando: “No tergiversen mis palabras para infundir miedo. ¿Queremos continuar con tanta decadencia, o cambiamos hacia un modelo de libertad? Sólo con mentiras pueden proteger sus privilegios. Viven a costa de nuestros impuestos. El único miedo que deberíamos tener es seguir con Massa”.

Una de las respuestas a la candidata libertaria provino del diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, hombre del peronismo no kirchnerista. Rodríguez replicó: “Creo que se entendió perfectamente tu propuesta de ‘mercado de órganos’ o ‘cadena de favores’. Se trata de una idea que ignora olímpicamente la vigencia de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (N° 27.447) y no registra el funcionamiento del INCUCAI”.

Hay que recordar que la denominada “Ley Justina” (Nro. 27.447) a la que se refirió el Topo Rodríguez, fue aprobada en 2018 y, entre otros aspectos, convierte a todas las personas mayores de 18 años en donantes de órganos, a menos que expresamente se opongan. La iniciativa se conoció como “Ley Justina" en memoria de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que en noviembre de 2017 falleció en Buenos Aires mientras aguardaba el trasplante de un corazón.

Por su parte, el INCUCAI es el “Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante”. Se trata del organismo encargado de impulsar, normalizar, coordinar y fiscalizar las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país.

El jefe del interbloque Federal en la Cámara de Diputados, Alejandro “Topo” Rodríguez, volvió a afirmar este jueves que su espacio tomó una postura de cara al balotaje y anunció que “vamos a votar a Sergio Massa”.

“Hace dos meses con Natalia de la Sota acordamos que, si Juan Schiaretti no iba a segunda vuelta, no íbamos a ser neutrales ni indiferentes y no queremos el modelo de Patricia Bullrich, ni el de Javier Milei y te digo que tampoco quiero el de Mauricio Macri”, explicó.

Entrevistado por Radio 10, el diputado de Identidad Bonaerense se mostró calmo y expresó que “tenemos un nuevo balotaje y hay que tomarse con mucha calma lo que queda de acá al 19”.

Al ser consultado por sus diferencias con el espacio de Javier Milei, señaló que “los valores que representa no son los que la sociedad argentina merece”. “Tengo memoria y lo recuerdo diciendo que admira a Margaret Tatcher porque decidió ir a la guerra y la ganó”.

“Tampoco comparto sus propuestas de apertura comercial unilateral indiscriminada y con eso, en seis meses de importaciones desmedidas funden nuestras pymes”, remarcó el “Topo” Rodríguez. Para terminar, manifestó que “es hora de que el peronismo recupere el amor por la producción de los pequeños y medianos productores”, y le recomendó a Massa que “hay que escuchar mas que imponer”.

Compañeros en el interbloque Federal, el titular del mismo, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, y la cordobesa schiarettista Natalia de la Sota, hace rato que vienen jugando en yunta. Sin ir más lejos, votaron en sintonía las dos veces que se trató el tema alquileres en la Cámara baja. Ahora se pronunciaron respecto de la segunda vuelta presidencial.

El legislador de Identidad Bonaerense expresó a través de su cuenta en la red social X: “Hace ya dos meses adelantamos que, de haber segunda vuelta, no seríamos neutrales ni indiferentes. En un balotaje no hay tercera posición. Votamos a Sergio Massa”.

Por su parte, la diputada cordobesa también fue en el mismo sentido: “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”.

A través de las redes sociales, dos diputados del interbloque Federal ponderaron la elección del candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez felicitó al gobernador cordobés “por la excelente elección en defensa del federalismo, la producción y el trabajo”. Pero también expresó “un reconocimiento al candidato ganador de esta primera vuelta electoral, Sergio Massa”.

Asimismo Rodríguez destacó la convocatoria del candidato de UP a “un gobierno de unión nacional y su apelación a la paz”.

Por su parte, la diputada Natalia de la Sota felicitó también al gobernador Schiaretti “por la excelente elección en defensa del interior productivo. Saludo también a Sergio Massa, primero en estas elecciones generales. Valoro su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta Argentina agrietada”, destacó.

Luego de que el INDEC informara que los precios aumentaron un 12,7% en septiembre y acumulan un 103,2% anual, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, salió a celebrar que la inflación está disminuyendo y le salió al cruce el diputado nacional y titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

Rubinstein, secretario de Política Económica, consideró para su evaluación el ritmo de precios de las últimas cuatro semanas, de acuerdo a la última actualización del relevamiento semanal que implementó Economía tras la disparada. El nuevo índice fue publicado este jueves, coincidentemente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

“Se consolida baja del ritmo mensual de inflación, desde valores del orden del 15% en agosto al 7,5%, considerando las últimas 4 semanas”, escribió en su red social.

De la vereda de enfrente, el bonaerense le salió al cruce: “Lo de Rubinstein no es un tuit, es una mojada de oreja a toda la sociedad argentina, especialmente a los más humildes y a toda la clase media trabajadora”, y lo calificó de “provocador e irresponsable”.

En la antesala del dictamen y el posterior tratamiento en el recinto del proyecto que busca modificar el impuesto a las Ganancias presentado por el ministro/candidato Sergio Massa, el interbloque Federal -clave para toda sesión de la Cámara baja- muestra a priori posturas contrapuestas. Según pudo saber parlamentario.com, al menos tres de sus ocho miembros están dispuestos a dar quórum y votar a favor. Lo cual es clave para los planes del oficialismo, que convocó este viernes a sesionar el martes que viene.

Las luces de alarma para el Frente de Todos las encendió el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quien afirmó en declaraciones a los medios que su espacio votará en contra porque “se está llevando por delante la autonomía de las provincias”, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable.

La decisión del bloque va en línea con lo que ha manifestado el gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, en sus redes: “Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo, pero es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”, expresó.

Sin embargo esta postura no involucra ni siquiera a todos los cordobeses. En rigor, solo votarán en contra el mencionado Gutiérrez y su comprovinciano Ignacio García Aresca, quien a su vez es integrante de la Comisión de Presupuesto.

La tercera componente de ese espacio, Natalia de la Sota, dará quórum y votará a favor. Lo adelantó este viernes a un medio de su provincia, donde precisó que su postura “es clara”. Para ella, “el salario de un trabajador en relación de dependencia no es ganancia”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Identidad Bonaerense y del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, “ninguna duda en votar a favor de quitarle impuestos al salario de los trabajadores”. Su compañera de bancada Graciela Camaño también acompañará esa postura: dará quórum y votará a favor de la eliminación del impuesto a la cuarta categoría.

En cambio el tercer integrante de Identidad Bonaerense, Florencio Randazzo, piensa votar en contra del proyecto.

A su vez, el bloque socialista compuesto por Mónica Fein y Enrique Estévez emitió un comunicado que abrió muchas dudas. Es que calificaron el proyecto como “un oportunismo político con fines electorales”, y plantearon que “más que seguir anunciando parches, el Gobierno debe sentarse a discutir seriamente sobre el impuesto”. Sin embargo esta postura que pareciera opuesta al proyecto no anticipa un voto en contra. Si bien no aclararon qué harán, allegados a ese espacio aclararon que no votarán en contra. No confirmaron sin embargo si lo harán a favor -lo que infiere una posible abstención-, ni tampoco si darán quórum. Eso sí: propusieron una serie de ítems a sumar al debate tales como que los jueces paguen ganancias, beneficios para las provincias y trabajadores autónomos, entre otros, lo que deja abierta las puertas a una eventual postura favorable. Si se accede a alguno de sus requerimientos.

Una comitiva legislativa acompañó este lunes al ministro de Economía y candidato presidencial de UP, Sergio Massa, en su viaje a Brasilia, donde se entrevistó con el presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Integraron la comitiva los diputados Natalia de la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez, del interbloque Federal, y los diputados de Unión por la Patria Eduardo Valdés y Tanya Bertoldi.

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Valdés celebró los acuerdos alcanzados en el viaje. “Gran orgullo de acompañar a Sergio Massa en su encuentro con Lula y Fernando Haddad”, señaló el diputado porteño, que destacó que “Argentina y Brasil están unidos por la historia y por el futuro. El acuerdo alcanzado en materia de exportaciones es una gran noticia para nuestras economías y un ladrillo más en la construcción de una hermandad indisoluble”.

Por su parte, Alejandro "Topo" Rodríguez expresó en sus redes sociales: “Honrados de participar, en representación del Interbloque Federal, del encuentro entre la delegación de Argentina y el presidente de la hermana República Federativa de Brasil, Lula Da Silva. La hermandad y la integración de nuestros pueblos sigue siendo el camino para lograr el crecimiento con justicia social”.

Durante el encuentro con el presidente de Brasil, la diputada cordobesa Natalia de la Sota entregó a Luiz Inácio Lula da Silva la autobiografía de su padre, José Manuel de la Sota, titulada "Quiero y puedo". El exgobernador de Córdoba fue embajador en Brasil entre 1990 a 1993.

A su vez, la diputada nacional neuquina Tanya Bertoldi obsequió a "Janja" Rosángela Da Silva, primera dama brasileña, un prendedor artístico con la imagen de Eva Perón.

Los diputados nacionales del interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota forman parte de la comitiva oficial que el Gobierno nacional envió a Brasil, encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa. De la Sota integra el “Grupo Parlamentario de Amistad con la República Federativa de Brasil”, cuerpo institucional de la propia Cámara baja.

Los legisladores participarán este lunes y martes de distintas actividades. Entre otras, se destaca el encuentro de autoridades luego del acuerdo alcanzado por el bloque BRICS para la incorporación de distintos países a partir de 2024, entre ellos la Argentina. También, habrá reuniones vinculadas a la apertura de nuevos mercados agrícolas para la exportación y la consolidación de nuevas líneas de crédito del Banco de Brasil y financiación del BNDES para el comercio bilateral.

De la Sota y Rodríguez recibieron la invitación este fin de semana de parte de las autoridades de la Cámara de Diputados. Se tuvo en cuenta, según lo apuntado, el hecho que el exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, fue embajador en Brasil entre los años 1990 y 1992 y desde entonces y hasta su fallecimiento en 2018 entabló una estrecha amistad con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Convertido en centro de atención de la política argentina, llamó la atención en la sesión del miércoles pasado sobre alquileres el voto de Javier Milei y sus compañeras de interbloque, negativo igual que el oficialismo y la izquierda. Pero no fue el único dato saliente: también votaron en contra dos integrantes del interbloque Federal: su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez, y la cordobesa Natalia de la Sota.

En este caso, según pudo saber parlamentario.com, fue por disidencias respecto del texto del dictamen de minoría finalmente aprobado. Por un lado, los diputados del interbloque Federal cuestionaban la periodicidad para los reajustes: rechazaban que el mínimo de tiempo fuera 4 meses y pedían 6. Pero había otro tema más determinante.

Recordemos las modificaciones que se hicieron en pleno recinto. Una fue en este párrafo: “En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único  y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”. Ahí se eliminó la parte donde se establecía una periodicidad de “entre tres (por intervalos de 3 y 12 meses”.

El otro párrafo modificado dice: “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Para los diputados del interbloque Federal, en lugar de decir “pudiendo aplicar”, tenía que decir “debiendo aplicar”. Porque de lo contrario, quedando como el texto quedó, el texto no establece taxativamente ningún índice de actualización. Ni una combinación de índices, ni nada que se le parezca.

Según pudo saber parlamentario.com, los diputados reclamaron cambiar la palabra y no se lo aceptaron. Por eso votaron en contra.

Fuentes legislativas aclararon que deliberadamente se dejó la palabra “pudiendo”, de modo tal de dejar al libre albedrío cómo será el mecanismo de actualización.

La Ley 27.640 de Biocombustibles en Argentina fue sancionada un 16 de julio de 2021 estableciendo un “Marco Regulatorio” con una vigencia hasta diciembre de 2030. Sin embargo, desde la reglamentación de la norma legisladores de distintos sectores políticos han reclamado por modificaciones al texto e incluso por una nueva ley. Uno de ellos es el diputado nacional y titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) quien presentó su propio proyecto para impulsar un Régimen de producción, comercialización y usos sustentable de Biodiesel.

Días atrás, el candidato a renovar su banca había planteado en una reunión con productores agropecuarios que se debían tomar las “decisiones políticas correctas para cambiar la Ley de Biocombustibles” porque se necesita “una revolución del Biodiesel”. Con críticas a la norma vigente impulsada por el kirchnerismo porque “va en contra de una virtuosa política ambiental”, había adelantado que presentaría su propio proyecto de ley, y así fue.

La iniciativa que presentó en Diputados propone un Régimen de Impulso a la Producción, Comercialización y Uso Sustentable de Biodiésel para el Cuidado del Ambiente y el Desarrollo Productivo en el territorio de la Nación Argentina.

Entre los objetivos plantea potenciar el efecto benéfico para el ambiente derivado de la producción y uso de los biocombustibles; reducir la huella de carbono de la Argentina; diversificar la matriz energética nacional y la oferta y la demanda de combustibles; impulsar la sustitución de importaciones de combustibles, entre otros.

Además, propone que solo podrán producir biocombustibles las plantas habilitadas por la Autoridad de Aplicación que cumplan con los requerimientos que establezca en cuanto a higiene y seguridad industrial, así como también la calidad y producción sustentable.

En lo que respecta al marco regulatorio, “Topo” Rodríguez establece que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oíl que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la Autoridad de Aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla, con la especie de biocombustible denominada “biodiésel”, medido sobre la cantidad total del producto final, en un porcentaje mínimo de 12,5%, en adelante “B12,5”.

Así, agrega que “a partir de la puesta en vigencia de la presente ley; en un mínimo de 15% en adelante ‘B15’, a partir del primer año completo de vigencia de la presente ley; y en un mínimo de 20%, en adelante ‘B20’, a partir de los treinta (30) meses completos de vigencia de la presente ley”.

También aclara que quedan exceptuadas de las condiciones establecidas el gasoil o combustible fósil para uso marítimo, o de aviación, o para usos en zonas específicas como la antártica “que requieran calidades o disposiciones distintas”.

A su vez, plantea una actualización desde la publicación de la presente ley “el uso de B100 o mezclas alternativas superiores al corte obligatorio B20 en flotas vehiculares de los estados provinciales y municipales, flotas vehiculares pesadas (camiones), trenes y tractores y flotas cautivas (autobuses urbanos de pasajeros o colectivos) en aquellas provincias o municipios que así lo establezcan”. Asimismo, autoriza el autoconsumo de biodiésel definido como el consumo propio por parte de personas humanas o jurídicas derivado de la propia producción de biocombustibles.

En tanto, estima que la Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar los porcentajes de mezcla obligatoria establecidos en el artículo 5 de la presente ley cuando lo considere conveniente para un mejor desarrollo de los objetivos de este régimen, como por ejemplo para sustituir importaciones de combustibles fósiles o cumplir con las metas de descarbonización de la economía.

“Establécese que todo volumen de biodiésel comercializado tendrá un precio fijado por el libre juego de la oferta y la demanda, sin restricciones”, señala.

Desde el miércoles de la semana pasada, arrancó una veda electoral que tiene que ver con la inauguración de obras. Específicamente se prohíbe toda medida oficial que pueda inducir la captación del voto por esa vía: léase inauguración o anuncio de obras. La medida alcanza todos los ejecutivos, nacional, provincial o municipal.

Para el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, esto está siendo trasgredido. “Con la excusa de que no va a inaugurar obras, sino sólo a ‘recorrer obras’ o a ‘visitar’ esas obras, el ministro de Obras Públicas de la Nación está violando el Código Nacional Electoral, que en su artículo 64 quater no sólo prohíbe la inauguración de obras 25 días antes de la elección, sino que también prohíbe expresamente ‘el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten’”, detalló el legislador del interbloque Federal de la Cámara baja.

Puntualmente esto dice el artículo de la Ley 19.945 del Código Electoral Nacional en su artículo 64 quater: Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.

Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten.

El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis previsto en el presente Código.

Katopodis en la mira

“El Gobierno nacional viola el Código Nacional Electoral”, insistió “Topo” Rodríguez, que alertó que “en plena campaña, el ministro Gabriel Katopodis viola el artículo 64 quater de la Ley 19.945. Salvo que la web oficial de la Municipalidad de Bolívar mienta”, dijo, y publicó en sus redes sociales un posteo del municipio de Bolívar relacionado con una visita del ministro de Obras Públicas de la Nación a esa localidad.

“En el Palacio Municipal se concretó la firma de dos convenios, uno para la construcción del Nodo de Tratamiento de RSU Bolívar, con anexo de oficinas, depósitos y sanitarios para la clasificación y tratamiento de residuos sólidos urbanos”, detalla la información, que respecto del segundo convenio añade que “permitirá continuar con las obras de pavimento urbano, hormigón y cordón cuneta con mejorado. En esta oportunidad, se ejecutarán obras de pavimento de hormigón en 14 cuadras y 4 boca calles, ubicadas en los barrios Melitona, Las Manzanitas, Anteo Gasparri, Vivanco, Villa Diamante y Los Zorzales”. El acta agrega detales sobre obras de mejorado en varios barrios de Bolívar.

Ante esto, el diputado nacional de Identidad Bonaerense advirtió sobre la importancia de que “el kirchnerismo, que cuenta con recursos monumentales del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires y de los municipios, nos permita competir limpiamente. No hagas trampa Gabriel Katopodis”.

El diputado nacional y presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), sostuvo que “la provincia de Buenos Aires debe comprometerse con una verdadera revolución en la producción de biodiésel”, y planteó que se deben tomar “las decisiones políticas correctas” para “cambiar la Ley de Biocombustibles vigente” porque “necesitamos una revolución del biodiésel”.

La propuesta fue lanzada en el marco de una intensa actividad desplegada en municipios del norte de la provincia de Buenos Aires, que incluye Ramallo, San Nicolás y Pergamino, luego de un encuentro que legislador tuvo con pequeños y medianos productores agropecuarios nucleados en Bases Federadas, que se llevó a cabo en Pergamino, en la sede local de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Así, dos años después de la aprobación de la Ley 27.640 impulsada por el oficialismo para el sector de biocombustibles, Rodríguez apuntó que “esa ley del kirchnerismo va en contra de una virtuosa política ambiental y sólo sirve para asegurarle sobre ganancias a algún amigo del poder que produce Biodiésel en la provincia de Buenos Aires, ineficiente, sin competencia. Eso hay que pulverizarlo con buenas políticas y una nueva ley”.

“Por ese motivo, ahora estamos trabajando en una propuesta que suba a 10% el corte en Biodiésel pero que, a la vez, incluya más oferentes y eventuales condiciones de atomización para alentar la competencia en algunos tramos. Para eso hay que cambiar la ley 27.640 o ir a un nuevo ordenamiento”, adelantó el diputado de Identidad Bonaerense.

“Topo” Rodríguez es actualmente candidato a renovar su banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en la lista que lleva al actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como candidato a presidente de la Nación y a Florencio Randazzo como vicepresidente, bajo el lema “Hacemos por nuestro País”.

De hecho, Rodríguez destacó la política de biocombustibles implementada por Schiaretti en la provincia de Córdoba, al definirla como “un ejemplo para todo el país, que no sólo lidera la producción de bioetanol de maíz, sino que se ha propuesto popularizar el uso de biocombustibles dando impulso al denominado quinto surtidor”.

La producción de biocombustibles (biodiésel y bioetanol) es una “alternativa virtuosa” para el campo y muy positiva para el país, ya que permite agregar valor generando nuevos empleos de calidad, con arraigo; también produce ingreso de divisas a la economía nacional y ayuda a cuidar el ambiente, por la disminución de gases de efecto invernadero.

No obstante, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina está registrando en los últimos tres años una producción media anual de biodiésel menor al promedio anual de la década pasada (2010-2019), que se ubicaba en torno a los 2,3 millones de toneladas anuales.

Sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón presentaron esta semana en la Casa de Gobierno un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández, solicitándole una audiencia para reclamarle en persona la pronta reglamentación de la ley de expropiación del sitio donde funcionaba el boliche, para convertirlo en un sitio de memoria de esa tragedia.

Ya hubo pedidos similares entregados a diputados y senadores que impulsaron en su momento el proyecto con vertido en ley el pasado 27 de octubre de 2022.

La misma nota fue dirigida a las titulares de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, y del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, como así también al ministro de Cultura, Tristán Bauer, en cuya órbita funciona la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Se hizo eco del reclamo este martes el diputado de izquierda Nicolás del Caño, quien reclamó al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, saber porqué no se procedió a la expropiación, tal cual se dispuso por ley.

En otro orden, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez recordó a su turno que casi un año atrás el Congreso aprobó la ampliación de zonas frías para el descuento al consumo de gas domiciliario. “La implementación del componente del gas domiciliario ha avanzado con eficacia, y muchos que no tenían ese descuento hoy lo reciben”, reconoció el diputado de Identidad Bonaerense, pero advirtió a continuación que “desde hace dos años no se implementa el descuento en garrafas. Ese déficit de implementación provoca una profunda injusticia social, porque es mucho más caro el gas en garrafas”.

Aclaró el legislador que “la aplicación no es una responsabilidad estricta de la Nación, sino compartida con las jurisdicciones provinciales”, pero pidió entonces que “se hagan los esfuerzos de coordinación para que de inmediato se aplique el descuento para el consumo domiciliario de gas, porque además de constituir una enorme injusticia social, se está incumpliendo una ley de la Nación”.

La respuesta del jefe de ministros para ambos temas fue la misma: “Me comprometo a trabajar en el tema”, dijo sobre la expropiación de Cromañón, dando a entender que recién se enteraba del tema. “Lo mismo que en el descuento en garrafas”, concluyó Rossi.

En el Salón de las Provincias del Senado de la Nación, se llevó adelante este jueves la ceremonia de apertura de la IV Reunión de la Comisión Bicameral Interparlamentaria Argentino-Mexicana, encabezada por la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio, los diputados por la provincia de Buenos Aires Alejandro "Topo" Rodríguez y Carlos Selva; y sus pares mexicanos, la senadora Beatriz Paredes Rangel, el diputado Carlos Puente Salas y el senador Héctor Vasconcelos.

Di Tullio, quien preside la Bicameral, dio la bienvenida a los parlamentarios mexicanos, agradeciéndoles “eternamente” por haber brindado asilo a miles de argentinos y argentinas durante la última dictadura cívico eclesiástica militar.

“Tenemos una profunda amistad entre nuestros pueblos. Esta historia de amistad y solidaridad es muy importante para nosotros y nosotras, los argentinos y argentinas. En el año 1976 sufrimos una de las dictaduras más sangrientas, que duró 6 años y fue una noche muy oscura para la Argentina. Yo soy hija de la generación que fue diezmada, torturada y perseguida, a la que sus bebés les fueron secuestrados y todavía seguimos buscándolos, donde los centros clandestinos de detención fueron lugares de mucha crueldad, sufrimiento, violaciones y torturas. Nosotros sentimos una gratitud eterna con México porque fue la casa donde nuestros padres pudieron ir a refugiarse para salvar su vida. Yo tengo una enorme gratitud con el pueblo mexicano. Gracias eternas a ustedes”, expresó Di Tullio.

La delegación mexicana está compuesta por 13 representantes parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas que integran el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Encabezada por la senadora Paredes Rangel, también integran la comitiva el mencionado senador Vasconcelos, la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva y el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena),  el senador Juan Antonio Martín del Campo, la diputada Noemí Luna Ayala y el diputado José Salvador Tovar Vargas (PAN), la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum y la senadora Elvia Marcela Mora Arellano (PES), el diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Elizabeth Pérez Valdez (PRD) y la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT).

Este viernes comenzarán las mesas de trabajo, que incluyen el tratamiento de temas en común para ambas naciones, como el fortalecimiento del comercio bilateral, la cooperación en la educación universitaria, la cooperación y el intercambio de buenas prácticas en ciencias, tecnologías e innovación, y el rol de las mujeres en la actividad política y en el mundo del trabajo.

La Comisión Bicameral Interparlamentaria Argentino-Mexicana se realiza dentro del marco de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos en 2007, aprobado por la Ley 26.381 de 2008, con el objetivo de profundizar la cooperación económica, social, cultural y científica entre ambos países.

Los diputados nacionales y miembros del interbloque Federal Florencio Randazzo, Alejandro "Topo" Rodríguez y Carlos Gutiérrez, y elsecretario general del Partido Socialista de Argentina, Jorge Illa, acompañaron al gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, en su visita a la ciudad de Mar del Plata en donde firmó un convenio de promoción turística entre Córdoba y la ciudad bonaerense, junto al intendente local Guillermo Montenegro.

Tras la firma del acuerdo turístico, Schiaretti se refirió al escenario nacional y electoral, y sostuvo la necesidad de generar “un gobierno de coalición” que aplique un programa de gobierno que deje atrás la grieta y alcance “los acuerdos mínimos para que Argentina pueda dejar largos años de decadencia”.

“Si podemos establecer ese programa con otras fuerzas políticas que no sean de nuestro espacio, estamos dispuestos a competir en una Paso con las fuerzas políticas que estén de acuerdo en este esquema de producción y trabajo, no a la grieta, y de allí poder hacer el gobierno de coalición que permita dejar largos años de decadencia”, dijo el gobernador cordobés, y añadió: “Depende de los argentinos de cómo nos organicemos, que dejemos atrás la grieta, que pongamos adelante la cultura del trabajo y de la producción, que Argentina va a comenzar a salir rápidamente.”

Promoción turística

El mandatario cordobés señaló que los dos principales destinos turísticos de Argentina son Mar del Plata (municipio de General Pueyrredón) y Córdoba, por eso la firma de este convenio para “la promoción de ambos destinos para potenciarnos”. Cabe señalar que Córdoba cuenta con más de 160 mil trabajadores en la industria del turismo.

Schiaretti destacó que “precisamos que haya más federalismo en los vuelos. Dos vuelos semanales son muy pocos para conectar estos dos destinos”. Al respecto, el gobernador puso como ejemplo que Córdoba cuenta con un Hub aéreo con conexiones a Europa, Caribe, Brasil, Chile, entre otros.

Reunión con referentes académicos

Schiaretti también mantuvo un encuentro con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti e integrantes de su equipo de gestión.

Al arribar a la sede de la mencionada casa de altos estudios, el gobernador dijo: “La universidad nacional es central, yo soy hijo de la universidad nacional. Para mí es parte irrenunciable de la Argentina. Para quien nació en un hogar humilde como yo, lo que le permitió ser parte de la clase media es haber podido ir a la universidad nacional que me dio un título. Por eso es clave la educación pública.”

Impulso pesquero

Aprovechando su presencia en Mar del Plata, Schiaretti visitará el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A, ubicado en el puerto de Mar del Plata.

El gobernador Schiaretti en el marco de la defensa de la producción, ha destacado la necesidad de que Argentina explote el complejo pesquero, que puede ser un generador de ingreso de divisas ante la falta de dólares genuinos.

Los diputados del interbloque Federal Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), y la socialista Mónica Fein presentaron el proyecto de Seguro Multirriesgo Agropecuario.

La iniciativa impulsa la creación de un Seguro Multirriesgo Agropecuario como instrumento de protección y reaseguro a los productores y a la actividad agroganadera frente a eventuales daños y perjuicios producidos por factores climáticos o sanitarios.

También contempla una amplia y múltiple cobertura de siniestros derivados de viento, helada, granizo, exceso de lluvia e inundación, altas temperaturas y sequía, así como factores de origen biológico.

Con el objetivo de hacerlo accesible al productor, una parte de los costos del nuevo seguro se financiará mediante el Fondo Multirriesgo Agropecuario, integrado anualmente con el 10% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación del Complejo Soja y con partidas del Presupuesto Nacional.

El proyecto contempla que, a medida que disminuyan las retenciones, se vayan aumentando en forma proporcional las partidas del Presupuesto Nacional, hasta llegar a “retenciones cero” y 100% de financiamiento presupuestario.

Así mismo, incorpora como incentivo la deducción del 50% de los gastos de cobertura del Impuesto a las Ganancias.

Luego de conocerse el duro informe que auditores oficialistas aprobaron sobre el crédito con el FMI tomado durante la gestión de Mauricio Macri, la vicepresidenta Cristina Kirchner compartió este jueves en sus redes las conclusiones del mismo, calificando de “escandaloso” lo que hicieron con el crédito.

En ese marco, el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez recordó que hace más de un año presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo instruyera al representante ante el FMI a los efectos de exigir la intervención de la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo, pero ese pedido no fue atendido.

El proyecto de resolución presentado hace un año pedía al Gobierno exigir al Fondo Monetario Internacional una investigación exhaustiva con el propósito de establecer si una parte de los 45.000 millones de dólares entregados a la Argentina, en el marco del préstamo Stand By 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, terminó financiando la salida de capitales financieros de nuestro país.

Topo Rodríguez planteaba la intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para determinar, mediante una investigación, si una parte de “los recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se destinaron a financiar salidas considerables o continuas de capitales”, lo que en ese caso significaría, dijo, “haber usado parte de ese préstamo para sostener la salida de capitales especulativos que habían llegado al país principalmente entre 2016 y 2017”.

En su parte resolutiva, el proyecto impulsado por el diputado nacional de Identidad Bonaerense requería solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que instruyera al director ejecutivo por los países del Conosur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) ante el Fondo Monetario Internacional, con el propósito de iniciar una investigación que permitiera “evaluar la medida en que recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, incluyendo en el análisis otras cuestiones que resulten relevantes para el conocimiento del organismo y del gobierno argentino, permitiendo obtener lecciones de política pública”.

No fue un fallido; pareció más un deseo oculto el del diputado nacional José Luis Gioja respecto del Tribunal Superior, que en la última semana sumó nuevos elementos para que el oficialismo la tenga muy en la mira, al decidir la suspensión de los comicios en Tucumán y San Juan.

Al opinar sobre la misma, el exgobernador sanjuanino sugirió durante una entrevista por TV: “Ampliemos la Corte… y a ver un decreto de necesidad y urgencia y después le buscamos la forma”.

Semejante comentario mereció la inmediata reacción del diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, que le contestó en las redes sociales: “Aparentemente quieren ampliar la Corte Suprema mediante un decreto del Poder Ejecutivo… ‘y después le buscamos la forma’. No lo vamos a permitir”.

Una batalla cultural que pareciera que Javier Milei viene ganando, o al menos le viene dando buen rédito, es la de la dolarización. Si bien algunas encuestas muestran que la idea no prevalece de manera mayoritaria en la sociedad, al menos la idea ha prendido. Y tiene publicistas y detractores.

Entre las voces críticas se encuentra la del diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del interbloque Federal, que en una nota muy detallada explica las características bien distintas de los países de la región que han adoptado la dolarización como sistema monetario y alerta con lo que podría suceder en nuestro medio.

Muy cercano al exministro de Economía Roberto Lavagna, Rodríguez remarca dos cosas de quienes han adoptado ese sistema en América Latina: que esa alternativa ha sido una extraordinaria excepción, al punto tal de haberla adoptado solo tres países y que el eje común de esas tres naciones es contar con sistemas de gobierno “unitario”.

En una nota publicada en Infobae, el jefe del bloque Identidad Bonaerense recuerda que el primer país latinoamericano en adoptar la dolarización fue Panamá, en 1904, un año después de haberse independizado de Colombia, y vincula esa decisión con los intereses comerciales que revolucionarían el comercio marítimo a través de lo que sería el Canal de Panamá. “De esa manera, uno de los tres países de América Latina que adoptó el dólar estadounidense como moneda, lo hizo en el contexto de una estrategia comercial y geopolítica, no en el marco de una crisis, hace ya 120 años”, recuerda “Topo” Rodríguez.

En 2001 siguió ese camino El Salvador. Y no fue en el marco de una crisis, sino por intereses comerciales “y la intención de buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos”.

Llegamos al tercer caso, que es el único que optó por la dolarización en un contexto de “crisis profunda”. Ecuador, en enero de 2001, bajo la presidencia de Jamil Mahuad, que pocos días después se vería obligado a dejar el poder, recuerda el autor de la nota, que hace hincapié luego en un detalle no menor: que los tres “son países unitarios”.

“En los tres casos, las autoridades de los estados subnacionales, que equivalen a las provincias en el federalismo argentino, son designadas y conducidas por el poder central. Se trata de funcionarios delegados del Poder Ejecutivo Nacional”, aclara “Topo” Rodríguez, que lo diferencia de nuestro país, “que adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal en el primer artículo de la Constitución Nacional”.

En ese marco, Rodríguez destaca que “existe una multiplicidad de casos en los que se requieren acuerdos explícitos entre los distintos niveles jurisdiccionales para que las decisiones adoptadas sean legítimas”.

Alineado con la precandidatura presidencial del gobernador cordobés Juan Schiaretti, Alejandro Rodríguez refiere también “la imperiosa necesidad de coordinación entre Nación y provincias, especialmente en lo que concierne a la implementación de políticas. A ello contribuye una variedad de consejos federales y órganos ad-hoc por áreas, que reúnen a funcionarios del gobierno central y de las provincias”.

En rigor, continúa el diputado, “las diferencias entre los sistemas unitarios y los federales, a la hora de adoptar e implementar políticas, son tan profundas que ni siquiera los expertos terminan de dar cuenta completa de ellas”.

Es así que el federalismo argentino, la moneda y el manejo de la deuda exterior son potestad exclusiva de la Nación, “lo que haría presumir que si un gobierno se embarcara en una política de dolarización no habría margen para que, desde las provincias, surjan interferencias o solapamientos de ningún tipo. Sin embargo, la dinámica realidad institucional argentina puede comportarse de un modo distinto a las presunciones que de ella se tienen”, aclara.

Ahí es donde surge una serie de advertencias que Rodríguez hace notar. Recuerda que sobre el final de la Convertibilidad -años 2000 y 2001-, “llegaron a circular legalmente en Argentina más de una decena de cuasimonedas emitidas por los estados provinciales, que se multiplicaron en la medida que se mantenían las rigideces e insuficiencias de la política económica vigente”.

Esos bonos surgieron para pagarle a proveedores, pero terminaron siendo utilizados para los salarios del personal del Estado y los jubilados, hasta terminar sirviendo para todo tipo de transacciones, como si fueran moneda nacional. Cita el caso de los patacones, lanzados por la provincia de Buenos Aires, que llegaron a cotizar 1 a 1 con el peso y hasta servían para comprar dólares en el mercado informal.

Concluida la Convertibilidad y cuando se normalizó la situación económica, hacia el final de la gestión de Eduardo Duhalde y con Lavagna al frente de la Economía, el crecimiento económico rozaba el 9% anual, la producción y el empleo aumentaban exponencialmente y la inflación estaba seriamente controlada, mientras la soja todavía cotizaba a menos de la mitad de lo que llegó a valer durante las presidencias de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri”, destaca “Topo” Rodríguez, quien recuerda que “al iniciar el proceso de canje por pesos de todas las cuasimonedas circulantes, el propio Lavagna -junto al secretario de Hacienda Jorge Sarghini- anunciaba la vigencia plena de la moneda nacional destacando que la ‘reunificación monetaria significará que quienes cobran salarios y jubilaciones en las administraciones provinciales podrán hacerlo en una moneda de circulación única y, sin duda, eso tendrá un efecto positivo sobre las economías provinciales’”.

“En esa época, también andaban dando vueltas los promotores de la dolarización. Viudos de la Convertibilidad, financistas empedernidos o académicos voluntariosos pero siempre extraviados, varios de ellos combinaban la receta dolarizadora con la desaparición de los bancos en el país, dando paso a una banca off shore”, advierte Rodríguez en su nota, en la que también recuerda que “hubo quienes llegaron a considerar la propuesta de establecer en el país un gobierno de tecnócratas extranjeros que asumieran directamente el manejo de áreas críticas como el control del gasto público, la administración impositiva y tributaria, y la emisión. Luego de un período de ‘intervención’, los ‘cráneos’ nos pondrían a merced de una asistencia de organismos internacionales, pero con la garantía de haber realizado ellos ‘el trabajo previo’”.

Ante la llegada de una nueva ola dolarizadora, el jefe del interbloque Federal concluye que países como Panamá, Ecuador y El Salvador no pueden compararse con el nuestro, donde con la vigencia del federalismo las provincias son gobernadas por autoridades elegidas por el voto popular y que en ocasiones toman decisiones distintas o contrapuestas al gobierno central.

Y sobre todo recuerda que muchas provincias reaccionaron ante el corset de la Convertibilidad emitiendo bonos provinciales. “No sea cosa -concluye- que yendo por lana terminemos esquilados. Van por la dolarización, pueden resucitar el Patacón”.

Integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez presentará en las próximas horas una solicitud de nulidad de lo actuado en el expediente 6905D2022, en lo referente a la causa de Coparticipación.

Así pudo saberlo este viernes parlamentario.com, al tomar conocimiento de la presentación en la cual intervino también otra integrante del bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, junto a su equipo jurídico que asiste al interbloque Federal que preside Rodríguez.

La presentación se basa en el artículo 109 de la Constitución, que establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Para Topo Rodríguez, lo expresado el miércoles pasado por Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa constituyó una “intromisión indebida del presidente de la Nación en el proceso en curso”.

El legislador se refiere puntualmente a la causa sobre la Coparticipación Federal, donde la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sentencia que el mandatario cuestionó con dureza.

Fue un largo pasaje del mensaje presidencial el que le dedicó a ese fallo. Entre otras cosas, el presidente expresó: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación aseguró, mediante cautelar, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. La ley lo dice, no lo digo yo… Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo con las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado nacional… ¡Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado nacional, como lo dice la Constitución Nacional! ¡La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio!¡No tiene derechos sobre esos recursos! ¡Debe recibirlos del Estado nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba! ¡Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República!”.

Y agregó: “¡La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible! ¡Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación federal, causando un severo daño en las cuentas públicas del Estado nacional!”.

Para Topo Rodríguez, el presidente “se inmiscuye en el trámite y pretende condicionar el resultado” del proceso de juicio político. Sostiene que el primer mandatario no puede usar las atribuciones que le da el cargo y, con su accionar, “pretende influir en el resultado del proceso”.

Cabe recordar que el 16 de febrero pasado, este diputado solicitó ante la Comisión de Juicio Político la comparencia del presidente de la Nación como testigo, cosa que el Frente de Todos rechazó. Rodríguez insiste desde entonces en que la participación presidencial en este proceso es total, pues fue quien lo anunció en su mensaje del 1° de enero, luego convocó a gobernadores para apoyarlo y eso se plasmó en un documento, y luego recibió a Carolina Gaillard y Germán Martínez en Olivos en vísperas del inicio del juicio.

Frente a eso, sostiene, “ahora no puede venir a interferir desde el Estado” en este proceso.

En su discurso durante el debate del plan de pago de deuda previsional, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, hizo foco en la desigualdad en el mercado laboral entre mujeres y hombres, al tiempo que reclamó que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico”.

“La situación de las mujeres no solo en el mercado laboral, sino en la estructura social Argentina, es un aspecto de profundo análisis”, señaló el bonaerense, quien apuntó que “especialmente las mujeres más humildes, las de los niveles socio-económicos bajos y muy bajos, son las que más soportan sobre sus hombros la carga del trabajo doméstico no remunerado, en comparación con los hombres pero también con sus pares mujeres de los niveles medios”. 

En esta línea, el legislador indicó que “las mujeres dedican el doble del tiempo a ese trabajo doméstico no remunerado que los hombres; y también hay una discriminación en el acceso al propio mercado laboral, incluso cuando en promedio las mujeres tienen mayor calificación en cuanto al nivel educativo alcanzado”. 

Rodríguez agregó que “cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación más las mujeres que los hombres” y comparó: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. 

Yendo al “impacto de las políticas de los últimos gobiernos”, el diputado detalló que durante el gobierno de Cambiemos “el trabajo asalariado sin descuento jubilatorio aumentó”. “Tomando los datos del primer trimestre de cada año, creció de 33,4% en 2016 a 33,9% en 2018 y 35% en 2019”. 

“En el actual gobierno, en 2020 creció a una posición más alta que en el gobierno anterior, fue de 35,8%”, dijo y cuestionó al oficialismo: “¿Qué dice el supuesto gobierno peronista de hoy? Que estamos soportando sobre el mercado laboral y sobre el régimen previsional los efectos de la pandemia. No es cierto”. 

A continuación, expresó que “cada vez que nos alejamos más de la pandemia, más crece el trabajo asalariado sin descuento jubilatorio”, alcanzando casi el 38% este año. 

Luego de recordar que iba a acompañar el proyecto, “Topo” advirtió que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico, que es a tener un trabajo remunerado con aporte jubilatorio”. 

Tal como había adelantado el fin de semana pasado parlamentario.com, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez no participó este jueves de la quinta reunión organizada por la Comisión de Juicio Político que ha sentado en el banquillo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“Las arbitrariedades impuestas por el Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, constituyen una señal de alerta que no vamos a ignorar”, explicó el diputado de Identidad Bonaerense al argumentar su actitud.

Aclaró de todos modos que “seguiremos en detalle todo el proceso en tiempo real y desde el Congreso. Estaremos presentes en la sala de la comisión cuando resulte necesario adoptar decisiones y nos vamos a seguir plantando en contra de esta embestida política que sólo busca paralizar la Justicia”, señaló el legislador opositor, en línea con lo también expresado por Juntos por el Cambio, que este jueves se retiró a poco de iniciarse la reunión, pero dejó en la sala de reunión a varios diputados para controlar que se cuidaran las garantías.

Cabe recordar que el presidente del interbloque Federal es uno de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político y votó en contra de la admisibilidad de todos los expedientes presentados en la comisión para remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y participó de las cuatro primeras reuniones de la comisión.

Sin embargo, la semana pasada el “Topo” lanzó una advertencia pública: “Habrá que evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de la Comisión”.

Sucede que al comenzar el tercer encuentro de la comisión, el jueves 9 de febrero, para tratar el informe de admisibilidad en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno y la resolución asociada a dicho informe, Topo Rodríguez solicitó una reprogramación de fecha o, en su defecto, un cuarto intermedio de algunas horas con el propósito de leer y analizar en detalle la documentación que el oficialismo puso a disposición apenas 48 minutos antes del inicio de la reunión.

La propuesta fue rechazada de plano por los representantes del Frente de Todos, a juicio de Rodríguez “sin fundamentos”, quitando así para él toda posibilidad de tomar conocimiento detallado de la información a considerar.

Posteriormente, en la reunión del jueves 16 de febrero, Rodríguez propuso citar al presidente de la Nación como testigo, dado que se trata del impulsor público del intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Sin fundamento alguno, la propuesta fue rechazada por el kirchnerismo, que ni siquiera accedió a la posibilidad -contemplada en el reglamento de la Comisión- de que el primer mandatario nacional declare por escrito sin concurrir personalmente al Congreso”, planteó Topo Rodríguez, que terminó de resolver ahí regular su participación en estas reuniones.

En la previa del inicio del debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, mucha agua corrió bajo el puente. Y en el seno de la principal oposición se analizó la posibilidad de no participar del mismo, con el argumento de “no convalidar” dicho proceso. Al final, se adoptó la decisión de asistir, sin dar nunca quórum, para no dejarle la centralidad al Frente de Todos.

Más allá de los integrantes del FdT y de JxC, la Comisión de Juicio Político se completa con la presencia del diputado de Identidad Bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, que evalúa por estos días mantener su presencia en esas reuniones.

En efecto, el titular del interbloque Federal manifestó el viernes pasado que evaluará “si tiene sentido seguir participando en la comisión”.

El legislador quedó muy molesto tras la última reunión del jueves pasado, la tercera de este proceso contra la Corte Suprema. En ese encuentro propuso que se citara al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como testigo, teniendo en cuenta que él es precisamente el impulsor de este juicio político que se está tramitando.

En efecto, así lo hizo público el propio mandatario en su mensaje del 1 de enero de este año. Fernández pidió luego el apoyo de algunos gobernadores, aunque no terminó presentando él el texto del pedido de juicio político. Por el contrario, instruyó a diputados del oficialismo para lleva adelante el pedido de enjuiciamiento con los argumentos que él venía dando. Sin embargo, el kirchnerismo rechazó de plano la comparencia del presidente como testigo en la comisión.

A través de sus redes sociales, “Topo” Rodríguez recordó también que “la semana pasada pedí que se reprogramara la reunión de la comisión, o que al menos se abriera un cuarto intermedio de horas, porque nos llevaron a considerar un extenso informe de admisibilidad y a votar una resolución, entregando copias de ambos sólo 48 minutos antes de iniciar la reunión de la comisión”.

Remarcó Rodríguez que “el pedido respetaba abiertamente la letra y el espíritu del reglamento interno de la Comisión; pero el kirchnerismo rechazó la propuesta”.

Así las cosas, el diputado del interbloque Federal dejó picando la siguiente sentencia: “Habrá que evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa comisión”.

El jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, salió al cruce del jefe de asesores de la Presidencia de la Nación, Antonio Aracre, quien se preguntó si no habría que "buscar un nuevo impuesto" hasta "tanto crezcamos".

"No,@tonyaracre. El Congreso no aprobará ningún nuevo impuesto", sentenció el legislador bonaerense en su cuenta de Twitter y consideró que, en cambio, habría que pensar en "desgravar a las PyMEs aprobando un régimen especial de capitalización para incentivar la inversión en bienes de capital".

En ese sentido, Rodríguez recordó que todavía tiene vigencia un proyecto suyo que propone llevar a cero el impuesto a las Ganancias, por un plazo de tres años, para las MiPyMEs que reinviertan sus utilidades en bienes de capital.

"Y qué opinás de gravar la renta inesperada por pandemia y/o guerra a grandes empresas?", le contestó el funcionario en referencia al proyecto de ley que nunca avanzó en el Congreso por falta de votos.

En los fundamentos de su iniciativa, el diputado de Identidad Bonaerense señaló que las MiPyMEs "constituyen el corazón del entramado productivo nacional en los distintos sectores de la actividad económica: la industria, la agroindustria, la economía del conocimiento, la construcción, el comercio y los servicios".

Pero a pesar de su importancia, "no son el centro de la política económica, que sigue priorizando la dimensión financiera; tampoco son la prioridad para el sistema financiero, que prefiere prestarle al Estado. Y en materia impositiva, nunca han sido tratadas como el motor de crecimiento del país, sino como meros agentes de contribución".

Además, recordó que el proyecto se inspiró en uno que "elaborara, en el año 2005, el entonces ministro de Economía y Producción de la Nación, Dr. Roberto Lavagna, junto a su equipo ministerial".

Durante una entrevista para el diario La Nación, Aracre sostuvo: "Si vos pensás que hay un derecho que es inapelable, que lo tenés que dar, porque no le podés negar la salud o la jubilación a un determinado grupo de personas, entonces la discusión no es si la puedo pagar o no, sino cómo financio ese derecho. Y a veces no queda otra que hacerlo a través de un impuesto. Eso no quiere decir que no se pueda eficientizar el gasto y cortar aquellas cosas que no sean productivas o necesarias, pero convengamos que también hay un límite en eso".

En tanto, este lunes, el exCEO de la compañía Syngenta habló en sus redes de "redistribuir" los ingresos. "Sería más simpático pedir bajarlos. Pero sería también más irresponsable", dijo sobre los impuestos y añadió: " Hasta tanto crezcamos lo suficiente y podamos aliviar la carga fiscal, debemos redistribuir los ingresos concentrados a través de los impuestos, como hacen las sociedades socialmente más evolucionadas del mundo".

Otro de los diputados que criticó los dichos del funcionario fue el jefe de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, que sostuvo: "No, y no vamos a dejar que suceda en el Congreso". "Salvo que @JMilei se ausente como con la tasa aeroportuaria", sumó, en alusión al artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que el oficialismo logró aprobar por un voto.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade salió a pegarle duramente al grupo Clarín a través de un video subido a su sitio de YouTube. Fue por la tapa del viernes de ese diario, en el que la foto principal correspondía a un desencajado Tailhade.

Pero en ese marco el diputado camporista también volvió a pegarle al diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, al que ya había criticado por C5N. Por esa razón el “Topo” le contestó durante la reunión de la comisión, diciéndole: “No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos Tailhade”.

El viernes, Tailhade no lo mencionó puntualmente, pero lanzó: “El dueño del circo (por Héctor Magnetto) mandó a un monito a que me nombre”.

Este sábado Rodríguez salió a contestarle a través de su cuenta de Twitter: “Parece que en el kirchnerismo se están imponiendo los cultores de un arte menor, que es el arte del forreo. Humillar lisa y llanamente al adversario político. Eligen esa coartada antes que abrir una discusión política de fondo, esencial en democracia”.

El diputado nacional y presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), cuestionó el anuncio que hizo Alberto Fernández sobre el pedido de juicio político que impulsa hacia la Corte Suprema: “Somete a la Argentina al ´zarandeo´ institucional permanente", y calificó dicha medida como “un motor de desconfianza”.

Consultado en Radio Rivadavia por el pedido de juicio político impulsado por el presidente de la Nación hacia el titular de la Corte, que podría llegar a obtener dictamen en la Comisión de Juicio Político en Diputados siendo que el oficialismo tiene mayoría, el bonaerense expresó: “Lo primero que hay que resaltar es que, así como hubo una baja productividad en la Cámara baja, esta es la otra cara de la misma moneda. Es esta idea del zarandeo institucional permanente, la confrontación permanente”.

“Aunque el presidente de la Nación, afortunadamente, no tiene las probabilidades de hacer aprobar ese juicio político en el Congreso, lamentablemente se sigue sometiendo a la Argentina al zarandeo institucional permanente”, reiteró.

A su vez, criticó que el jefe de Estado lo hace “sin fundamentos” porque “cuando uno repasa los fundamentos que expone el presidente de la Nación, como por ejemplo que el Poder Judicial se entrometa en las decisiones del Congreso Nacional, yo me pregunto ¿es el presidente de la Nación quien va a tutelar al Congreso de la Nación?”.

“Es una opinión respetable, pero lo que expresa no es la posición institucional adoptada por el Congreso, eso ayuda muy poco a la división de poderes. Él pretende decidir por el Poder Legislativo”, denunció Rodríguez.

En esa línea, agregó: “Cuando él dice que debe promover acciones porque hay una innecesaria medida cautelar por el planteo de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que con la información de conocimiento público lo que uno sabe es que el proceso se va a llevar adelante. Cada una de las partes presentó su postura y decisiones ante la justicia y todos tuvimos la información la semana pasada, que el propio Poder Ejecutivo estaba analizando pagar con tal o cual bono para cumplir con un fallo”.

“Por lo tanto, la verdad que el presidente sabe que no va a tener un resultado favorable el intento del juicio político, pero somete al país en el zarandeo y es muy malo para la sociedad en su conjunto”, disparó.

Al ser consultado si detrás de esta maniobra del mandatario, se encuentra la vicepresidenta de la Nación, el titular del interbloque Federal expresó: “Es un facilismo echarle la culpa al otro, de ninguna manera es mi análisis. El presidente de la Nación es plenamente responsable, la Constitución y las leyes penales le dan una enorme capacidad de iniciativa. Yo no voy a suscribir la idea de que el presidente es un inocente que está presionado, es responsable de las decisiones que toma y es responsable de lo que decide. Alguien podrá tener una visión distinta y yo lo respeto”.

“Nuestro interbloque es de 8 integrantes y de ningún modo nos hemos puesto a analizar ninguna posición respecto a este tema. Este tema, en primer lugar, tiene que pasar por la Comisión de Juicio Político”, remarcó y detalló: “Yo formo parte de la misma y el oficialismo necesita el 66% de la Cámara después y tiene menos del 46% y necesita el 66% de la Cámara de Senadores después y tiene menos del 49%”, por lo que precisó que “es posible, pero altísimamente improbable que esto se apruebe”.

“Por eso yo me pregunto ¿por qué el presidente se pega un tiro en el pie frente a una objetiva situación? donde se ha cumplido con las metas del FMI, parece moderarse el ritmo de la inflación”, se preguntó y opinó que “un Gobierno ocupado en voltear al presidente de la Corte es motor de desconfianza, rompe la confianza a nivel internacional”.

El bonaerense cuestionó que “el presidente se pone a instalar nuevamente la confrontación institucional”, cuando el país desde el año pasado, que hubo una inflación de un 100%, “hace 3 o 4 meses cuando el Gobierno nacional decidió entregarle el timón de la economía a Sergio Massa, el ritmo de la crisis se detuvo y necesitando rectificar este desastroso rumbo económico”.

“No hay ningún margen para que el presidente consiga nada de ningún diputado en el tema del juicio político que no sea el rechazo, tanto en Diputados como en el Senado”, ratificó y cerró, respecto a que el 2022 fue el año legislativo con menos leyes sancionadas: “Tienen que dejar de amenazarse y terminar a las trompadas como pasó el 1ro de diciembre las dos grandes coaliciones que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y ponernos a trabajar de cara a la sociedad, es muy sencillo”.

Argentina inicia el año 2023 con una mala novedad: el presidente de la Nación intenta remover al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así como se han venido acumulando pedidos de Juicio Político al presidente Alberto Fernández, sin fundamentos sólidos y por pura especulación política, en este caso sucede algo similar.

Los fundamentos con que el presidente de la Nación amenaza con juicio político al presidente de la Corte carecen de rigor. Son estos dos:

1. “Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”.

2. “Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.

El argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en las decisiones del Congreso de la Nación, sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del presidente, pero no es la posición institucional adoptada por el Congreso de la Nación.

Poco ayuda a la verdadera división de poderes que el Ejecutivo pretenda tutelar al Legislativo y decidir por éste.

Con respecto a la medida cautelar en relación a los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de público conocimiento que las partes han planteado sus posiciones ante la Justicia, que el proceso aún está en marcha y que el propio gobierno nacional hizo trascender que adoptaría medidas específicas para, llegado el caso, ejecutar la medida contenida en el fallo de la Corte.

Todo ello, se contrapone con una supuesta “crisis del sistema federal”. Si un desafío sigue vigente es, precisamente, renovar la obsoleta ley de Coparticipación y marchar hacia un modelo más justo, en el que la Nación ceda parte de los recursos que hoy no coparticipa para mejorar la distribución de la renta federal en favor de las provincias.

El Gobierno comienza 2023 trastabillando. Habrá que obligarlo, democráticamente y de manera respetuosa, a que encuentre el mejor sendero en este año corto, complejo y decisivo.

Alejandro “Topo” Rodríguez

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para reasignar recursos de modo de poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal. Ante ello, desde el interbloque Federal salieron a cruzarlo haciéndole una propuesta para incluir la moratoria previsional en la misma medida.

“Si el presidente Alberto Fernández envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2023, entre esos cambios debería incluir los que le permitan cumplir con la moratoria previsional que promueve el oficialismo”, advirtió por su cuenta de Twitter Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, que recordó que eso “ya lo pedimos hace casi un mes, pero ni bola”.

Recordemos que durante el debate en comisión del proyecto de ley por el cual se crea el plan de pago de deuda previsional, que quedó sin ser tratado en la Cámara baja, los federales propusieron una disidencia parcial en relación a esa iniciativa, que es la que quieren que se apruebe en ese caso.

Con la firma del propio “Topo” Rodríguez, en esa oportunidad plantearon “considerar que las estimaciones sobre el eventual impacto fiscal de esta medida varían del 0,2823% del PBI hasta el 0,48% del PBI, en este último caso acumulado al segundo año de implementación, según distintas fuentes consultadas. En consecuencia, corresponde que se informe cuáles son las finalidades, funciones y partidas presupuestarias a eliminar o reestructurar, con el propósito de afrontar el impacto fiscal del Plan de Pago de Deuda Previsional”.

“Todo ello, en virtud de que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023, no contempla el financiamiento del impacto fiscal resultante de la implementación del Plan de Pago de Deuda Previsional que se propone aprobar”, recordó Rodríguez, a propósito de lo que ahora plantea el presidente al señalar que está imposibilitado por el Presupuesto de cumplir con lo que la Corte reclama sobre la coparticipación federal.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), ratificó su opinión respecto al fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables y exigió al Gobierno nacional “cumplir el fallo de la Corte y distribuir más recursos nacionales”.

Entrevistado por CNN Radio, el diputado bonaerense aseguró que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe cumplirse”, luego de que el Gobierno Nacional dejara trascender su negativa a acatar la decisión judicial que restituye fondos de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Consultado sobre los dichos del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, quien afirmó que “el fallo es una inmundicia”, el titular del interbloque Federal ratificó que “los fallos deben ser cumplidos”.

El diputado del bloque Identidad bonaerense agregó que, si bien en el pasado “Macri les pegó un manotazo a los fondos nacionales para darle recursos por encima de lo que correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después tuvo que corregirlo”; por eso ahora “no corresponde instalar la política de los manotazos con los recursos coparticipables”.

Sobre la situación de los recursos bonaerenses, Rodríguez afirmó que “la Provincia de Buenos Aires, por justicia distributiva, necesita recibir un porcentaje más alto de la renta federal, pero eso no se logra yendo a pedirle permanentemente al gobierno nacional”, en una crítica directa a Kicillof.

En ese marco, propuso “encontrar un instrumento legal mediante el cual la Nación resigne recursos en función de equiparar al resto de las provincias”, y ejemplificó: “La Nación podría -por una década- distribuir entre las provincias una proporción de los tributos que hoy recauda y no coparticipa”, y consideró que “eso podría formar parte de un nuevo Pacto Fiscal Federal”.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), opinó este jueves sobre el fallo de la Corte Suprema que le devolvió fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires afirmando que “la sentencia debe ser respetada, pero se debe trabajar en una nueva ley de coparticipación”.

Además, sostuvo que no corresponde instalar “la política de los manotazos a los fondos coparticipables”, en alusión a la quita de fondos entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, según quien gobierne. “El expresidente Mauricio Macri, en su momento, benefició de más al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y cuando asumió Alberto Fernández, lo hizo con la provincia de Axel Kicillof”.

Entrevistado en CNN Radio, eEl “Topo” agregó: “Axel Kicillof no debe exigir fondos a Nación, sino trabajar en una nueva ley de coparticipación”. Del mismo modo, afirmó que, tanto Ciudad y provincia, “deben tener más fondos, a través de una ley, de la renta federal”.

“Hay que respetar la sentencia, pero de aquí para adelante, hay que trabajar en una nueva ley de coparticipación”, consideró Rodríguez. A su vez, planteó que “Nación podría, por un tiempo, coparticipar impuestos que no coparticipa”.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) encabezará una reunión del Interbloque Federal el próximo lunes en la inauguración de un local partidario en San Martín para empezar a definir las candidaturas con miras a las elecciones presidenciales del 2023.

El acto de "Tercera Posición" será a las 19 y contará con la presencia del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, los diputados nacionales, Florencio Randazzo, Alejandro "Topo" Rodríguez, Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, Mónica Fein y Enrique Estevez. También el candidato a intendente de San martín, Germán Pavone, además de dirigentes del socialismo santafesino y del peronismo disidente.

Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey presentaron el año pasado el partido "Tercera Posición" en Salta y convocaron a sumarse a los “desencantados” con el gobierno y la oposición. "Necesitamos más fortaleza y actores involucrados con la política. Gente comprometida que lleva adelante un proyecto de país. La sociedad tiene que advertir que no se puede seguir votando emergentes políticos de las encuestas", señaló Camaño.

El partido Tercera Posición, liderado por Camaño, comenzó a organizar su trabajo político en la provincia de Buenos Aires en el año 2020 con dirigentes de la Primera Sección Electoral quienes se convocaron para pensar políticas vinculadas a la Seguridad, el Trabajo, la Educación y la Salud.

Tras la “tormenta” del jueves pasado en el recinto, las relaciones entre el oficialismo y la principal oposición quedaron detonadas. Dicho así en palabras de propios y extraños. Una situación que conspira para que la Cámara baja pueda volver a sesionar, situación que complica sobre todo al oficialismo, cuyo Gobierno reclama una serie de leyes de manera perentoria: antes de fin de año necesita sí o sí que salgan y para eso hacen falta paños fríos que alguien ponga en estos días de modo tal de recomponer lo que se pueda recomponer y volver a abrir las puertas del recinto.

Ya no “en discordia”, pero terceros al fin, los bloques del medio tienen especial relevancia en este laberinto en el que el oficialismo y la principal oposición se encuentran. Sobre todo el más numeroso, el interbloque Federal, cuyo presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez, advierte que “la Cámara de Diputados no puede ser una rueda de auxilio al servicio de las disputas que fabrica la grieta. Por eso tiene que preservar su propia dinámica”.

Consultado por parlamentario.com, el jefe de ese interbloque clave considera “imprescindible retomar el diálogo, disolver los ánimos de riña y construir una agenda que nos permita tener algunas sesiones antes de fin de año”.

Rodríguez reconoció haber dialogado con varios presidentes de bloques y contó: “No encuentro rechazos a la idea de recuperar una agenda de trabajo. La realidad es que no existen obstáculos objetivos para hacerlo”.

Según pudo reconstruir este medio entre los principales actores de cada sector, en esos diálogos no se avanzó más allá de la necesidad de “ir construyendo las condiciones para tener una agenda que permita acordar unos temas de acá a fin de año”. Puntualmente, “Topo” Rodríguez no encontró rechazos en ningún caso, pero admite que las partes están inmersas en un clima tenso que ha planteado “una situación muy particular”.

“Mi obligación es seguir manteniendo la racionalidad y la lógica de funcionamiento dentro de la Cámara”, advierte el diputado de Identidad Bonaerense. Y agrega: “Ellos tendrán temas sobre los cuales manifestar su preocupación; eso no me incumbe. Ahora tengo la sensación de que si nosotros nos entregamos a la lógica de la política por fuera de la Cámara de Diputados, la convertimos en variable de ajuste de lo que vaya pasando por fuera. Entonces, tenemos que preservar una mínima autonomía que nos dé la posibilidad de sesionar”.

La realidad es que los “bloques del medio” vivieron como sorpresivo lo sucedido el jueves. En el caso del interbloque Federal, tenían la convicción de que se iban a encontrar los mecanismos para llevar adelante ambas sesiones. En el caso de la segunda, ellos contribuyeron al quórum: fueron cinco los diputados de ese espacio que aportaron miembros para poder arrancar la sesión. Estuvieron sentados los cordobeses Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, y “Topo” Rodríguez. Pero cuando vieron que la situación se desmadraba, se corrieron de las bancas a la espera de que se serenara la situación y se impusiera el orden, tales las palabras del jefe de esa bancada.

La sesión finalmente se cayó por falta de quórum.

¿Está dispuesto ese interbloque a aportar el número necesario para reunir el quórum en próximas sesiones de este mes de diciembre, si es que el FdT y JxC no se ponen de acuerdo? Rodríguez habla de “agotar primero todas las instancias como para reconstruir un clima de trabajo colectivo que nos permita tener a todos algunas sesiones de acá a fin de año. Después veremos, pero yo no quiero empezar por pensar el peor de los escenarios: que no hay condiciones para que todos nos sentemos”.

Por eso solo trabaja en función de ese escenario: reconstruir la dinámica colectiva de trabajo. “Luego cada uno tendrá sus propias decisiones parlamentarias, pero yo no quiero pensar en un escenario donde fracasemos”, enfatizó Rodríguez ante parlamentario.com.

El Gobierno tiene especial premura en el proyecto de ley de blanqueo anunciado este lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien incluso pidió públicamente a la conducción de la Cámara baja para apurar el tratamiento del tema que necesita tener aprobado antes del 30 de diciembre. Al respecto, el jefe del interbloque Federal aclaró que “no tenemos ni siquiera un renglón de eso, no lo hemos leído”. Así las cosas, de antemano “tampoco podemos decir que no lo vamos a tratar, porque no lo conocemos, más allá de los anuncios”.

Desde el día posterior al jueves negro, ambas partes de la grieta se han cruzado con pedidos de expulsiones de diputados. El oficialismo la reclama contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, por un gesto que tuvo hacia la bancada FdT, y desde JxC piden lo mismo, entre otros, para Rodolfo Tailhade, por su exabrupto durante la conferencia de prensa posterior a la sesión preparatoria frustrada. Rodríguez atribuye esas actitudes a “una reacción caliente después de los hechos que todavía están frescos”.

“En las próximas horas, esas iniciativas deberían pasar a segundo plano y trabajar de manera constructiva, positiva. Son el fruto de reacciones en caliente, tienen su justificación en eso, y en los próximos días deberían dejar de tener prioridad y pasar a una agenda positiva”, planteó el legislador bonaerense, para quien “todos se están dejando arrastrar por una lógica que se retroalimenta, y nadie se pone al hombro la necesidad, aunque parezca hoy desubicada y ridícula, de levantar la bandera de que empecemos a conversar y encontrar una salida”.

Admite el legislador que, de un lado y del otro, algunos puedan no atreverse a plantear alternativas superadoras precisamente por temor a sus propios frentes internos, pero está convencido de que “hay que encontrar diálogo” y desde su plano equidistante él se manifiesta dispuesto a buscar acercar posiciones.

En conferencia de prensa desde el Salón Pasos Perdidos, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, expresó que desde su espacio están “hartos de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sigan judicializando la política”. 

Mientras su bancada decidió no dar quórum en la sesión preparatoria de elección de autoridades, empantanada por la decisión de Cecilia Moreau de suspender las designaciones en el Consejo de la Magistratura, lo que desencadenó la furia de JxC, Rodríguez consideró que “el trabajo del Congreso tiene que centrarse en los grandes temas que hoy angustian y preocupan a la sociedad argentina” y “deben aprobarse las leyes que nosotros hemos propuesto para mejorar la inversión productiva y crear trabajo productivo en Argentina”. 

“Instamos a que los dos grandes bloques atiendan, por ejemplo, nuestra propuesta de ley PyMEs y cero impuesto a las Ganancias para quienes inviertan en bienes de capital y generen empleo. Hemos insistido en más de una oportunidad en que hay que darle respuesta al federalismo productivo con una nueva Ley de Biocombustibles”, mencionó sobre los proyectos de su interbloque. 

El diputado dijo además que “siempre hemos planteado límites a las arbitrariedades institucionales de todo tipo”, como por ejemplo haber frenado “el intento de expropiación de Vicentin”. Y aseguró: “No va a avanzar en esta Cámara de Diputados ningún proyecto que tienda a toquetear antojadizamente la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia”. 

“Nos encontramos frente a circunstancias como las de hoy que no nos van a frenar y vamos a seguir insistiendo en nuestros proyectos”, reiteró.

Posteriormente, el legislador sostuvo: “Estamos hartos, estamos saturados, de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sigan judicializando la política, tirándose con discusiones y con riñas, en lugar de hacer, de este tipo de circunstancias, un mero trámite para dedicarnos a los temas profundos”. 

“Los llamamos con mucha humildad y respeto a que dejen la riña, que encuentren los mecanismos para construir una solución y que nos dediquemos hoy mismo, dentro de un rato, a los grandes temas”, concluyó haciendo alusión indirecta a la otra sesión convocada para este jueves. 

El presidente del bloque de diputados Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, y el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, participaron este miércoles al mediodía de una reunión con autoridades de la Sociedad Rural Argentina en el porteño barrio de Palermo.

Tras el encuentro, Gutiérrez comentó: "Hemos repasado todos los temas que hacen a la producción y a la vida institucional del país", y agregó: “Coincidimos en la necesidad de avanzar, por encima de las pertenencias partidarias e institucionales, en la conformación de una agenda que nos lleve a un acuerdo nacional que incluya los temas principales para que Argentina tenga una salida consensuada, seria y con permanencia en el tiempo".

Participaron del encuentro los integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina, el presidente Nicolás Pino, el vicepresidente Marcos Pereda, el vicepresidente segundo Raúl Etchebehere, la secretaria Eloísa Frederking, el secretario Carlos Gregorio Odriozola y el tesorero Fabián Papini.

Sobre el final de la reunión de la Comisión de Seguridad Interior que se celebró el jueves pasado para dar dictamen al proyecto de Alcohol Cero, el jefe del interbloque Federal de la Cámara baja, Alejandro “Topo” Rodríguez, pidió que ese tema sea tratado en la próxima sesión de la Cámara baja. Pero no solo eso: que eso suceda esta misma semana. La propuesta recibió el respaldo del correntino Manuel Aguirre, en nombre de Juntos por el Cambio.

Mucho se había especulado con las sesiones que restarían en la Cámara de Diputados para este período ordinario. Se habló de que la del miércoles 9 de noviembre podía ser la última; se especuló con que incluyera un cuarto intermedio y se desdoblara así en dos sesiones, y hasta se advirtió sobre la posibilidad de que todas las semanas hasta fin de mes hubiera sesiones.

La decisión del presidente de prorrogar el período ordinario para todo el mes de diciembre descomprimió la presión que podía darse sobre un final de ordinarias a lo largo de noviembre, no obstante lo cual se especula con que esta misma semana vuelva a reunirse el pleno de la Cámara baja.

Según pudo saber parlamentario.com, los diputados recibieron la comunicación de que estén atentos a estar en Buenos Aires este miércoles ante la posibilidad de que vaya a sesionarse. No habría que descartar tampoco que la eventual sesión se desarrolle al día siguiente, o sea el jueves.

Tal posibilidad cobró fuerza al irse poblando la semana de comisiones agendadas. El martes hay cinco previstas: Deportes, la Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para las 14; y una hora después las reuniones de Defensa y de Educación.

Pero para el miércoles, ya hay también anunciadas nada menos que seis reuniones de comisión más. Este miércoles tan poblado de trabajo en comisión arrancará a las 10, con Asuntos Cooperativos; seguirá media hora después, con Intereses Marítimos para dictaminar el proyecto que crea el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca, y a las 11 se reunirá la Comisión de Cultura.

Tranquilamente esas tres reuniones podrían mantenerse en caso de que haya una sesión especial el miércoles. Pero para después han sido convocadas también la de Peticiones, Poderes y Reglamento al mediodía; Justicia a las 14 y Finanzas a las 15, nada menos que para tratar el tema de los créditos hipotecarios UVA.

Todo lo cual hace pensar que, o bien no habrá sesión esta semana; que se hará el jueves, o bien que en definitiva se decida confirmarla para el miércoles, lo cual cuesta imaginar por la manera como se ha decidido ir poblando de actividades el miércoles.

En caso de sesionar el miércoles Diputados, coincidiría la reunión con la de la Cámara de Senadores, que se apresta a convertir en ley ese día el Presupuesto Nacional 2023.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó las elecciones PASO, a pesar de las distintas voces dentro del propio oficialismo que presionan para que no se hagan el año que viene, pero además consideró que en el Congreso "hay otros temas prioritarios". Y mencionó -únicamente- el proyecto de renta inesperada, que nunca fue tratado ni siquiera en comisiones ante la falta de apoyo que encuentra en la oposición.

Por eso, el jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, salió al cruce de la funcionaria, al señalar que la comparación con otros países no era semejante, ya que la iniciativa enviada por el Gobierno en junio pasado tiene algunas diferencias.

"NADA QUE VER EUROPA CON ARGENTINA. Italia, Gran Bretaña y España gravaron ganancias de muy grandes empresas, de un sector específico, estrechamente vinculadas a la guerra. Argentina: pretenden gravar a medianas empresas, de varios sectores, sin vínculo alguno con la guerra", escribió en su Twitter el legislador.

En conferencia de prensa, Cerruti pidió por la aprobación del proyecto y señaló que esta medida "está dando muy buenos resultados en otros países, como en Italia, Gran Bretaña, España. Está en discusión en Alemania y Portugal".

"Es un tema que el presidente habla con los líderes internacionales", dijo la portavoz y agregó: "Necesitamos que se apruebe el proyecto porque esto significa mayores ingresos para el Estado que van a poder ser redistribuidos para políticas que muchos sectores están reclamando".

Por José Angel Di Mauro

La amplia sonrisa del ministro de Economía -presente en el recinto de una Cámara que hasta hace menos de tres meses presidía- graficaba de manera genuina su satisfacción tras la aprobación del proyecto de Presupuesto 2023. Tras sobreactuar ante la Comisión de Presupuesto el 28 de septiembre pasado su decepción por no haber podido hacer aprobar como presidente de Diputados la ley de leyes el año pasado, ahora podía sentirse redimido. Más allá del lógico beneplácito tras la votación en general, la magnitud de su sonrisa era proporcional al número de votos: 180 a favor.

El mismo había presenciado -y contribuido como diputado- al elevado número de votos con el que Mauricio Macri consiguió aprobar el primer presupuesto que envió al Parlamento, el de 2017 (el anterior lo había hecho aprobar Cristina Kirchner cuando no se sabía quién la sucedería). Fueron 177, récord hasta entonces. Massa pasó ese número, de ahí su satisfacción. Pero lo cierto es que en los últimos 20 años no hay una marca que supere los 180 votos positivos que obtuvo este presupuesto, producto de arduas negociaciones, una inédita disposición a ceder en algunas cosas y concesiones puntuales. No por nada Massa estuvo al frente de esa Cámara más de dos años y medio: conoce a todos y sabe dónde operar para tener resultados.

El oficialismo perdió algunas de las votaciones durante la discusión en particular, sí, pero la más sonora no era un tema que hubiera impulsado el Palacio de Hacienda. El pago de Ganancias por parte del Poder Judicial formaba parte de la guerra personal del kirchnerismo con la Justicia y no le quitaba el sueño a Massa. Era más bien una pelota enjabonada que se le tiraba a la oposición para incomodarla. Quedó claro de entrada, cuando en la previa de la sesión trascendió que el artículo 100 del proyecto no tenía garantizado el número para su aprobación. Cuando le preguntaron al presidente del bloque FdT si lo iban a eliminar, Germán Martínez lo descartó: que se vea cómo vota cada uno, contestó.

No fue el caso del artículo sobre retenciones, que sí lo retiraron para evitar un traspié que además exhibiera cómo se pronunciaba cada diputado.

La aprobación en general estuvo siempre garantizada. La realidad y antecedentes indican que difícilmente la oposición de turno busque “voltearle” a un gobierno el Presupuesto. Justamente un repaso de estos debates en las últimas dos décadas lo demuestra en las cifras, y prueba de ello es el resultado de la votación del Presupuesto 2004: 90 votos afirmativos y 74 negativos. Un resultado extremadamente escueto, producto de la llamativa ausencia de buena parte de los diputados de la oposición que evitaron así hacer caer el que sería el primer presupuesto de Néstor Kirchner.

La verdad sea dicha, la oposición en general no buscó nunca el rechazo que sufrió el Presupuesto 2022; solo que no estaba dispuesta a convalidar los datos de un proyecto que el ministro Martín Guzmán había defendido apenas cuatro días antes y el oficialismo se resistía a modificar durante su tratamiento exprés. El rechazo inédito desde el retorno de la democracia fue producto de la decisión de quien ya cavilaba por entonces dar un portazo en el bloque oficialista, como en efecto sucedería un mes más tarde.

Los 180 votos positivos incluyeron al radicalismo en sus dos vertientes, de ahí semejante caudal afirmativo. Efecto adicional del debate: la principal oposición terminó dividiendo el voto: los radicales apoyaron, el Pro se abstuvo y la Coalición Cívica votó en contra, por citar a los socios mayoritarios de JxC.

El debate en particular también dejó consecuencias incómodas, con ausencias llamativas. Las de Javier Milei, su compañera de bloque y Carolina Piparo, que ya aparece decididamente alineada con el líder de La Libertad Avanza y distanciada de José Luis Espert, quien no le perdona que se haya retirado ni bien concluyó la votación en general. Detalles que difícilmente horaden la base electoral de Milei, pero lo exponen -de mínima- como un candidato presidencial sin la más mínima solidez parlamentaria. Pero en el caso de la principal oposición hubo también ausencias como la de Margarita Stolbizer, que argumentó cansancio por haber decidido no quedarse en la votación en particular (inaceptable en alguien de su experiencia); o el cordobés Gustavo Santos, tan ponderado siempre por Macri, pero ausente en una sesión clave por estar de viaje por un cargo que terminará aceptando en el exterior y lo obligará a dejar su banca.

El Presupuesto que el Senado convertirá en ley en la segunda semana de noviembre tiene algunas perlitas, como los 47.000 millones de pesos que recibirá La Rioja en compensación por el punto de Coparticipación perdido en el año 1989. Una “reparación” con aroma electoral: La Rioja es una de las provincias que renuevan el año que viene senadores. Allí el Frente de Todos se impuso con amplitud en 2021 -una elección en la que perdió más de lo que ganó-, pero consolidar una victoria este año le significará al actual oficialismo quedarse con los dos senadores por la mayoría. Reafirmará así lo que en la práctica hoy sucede, pues la senadora Clara Vega, que llegó por Juntos por el Cambio, juega hoy para el oficialismo.

Más de uno le reprochó a la principal oposición no haberse asegurado garantías respecto de las PASO a cambio de la luz verde que le dio al Presupuesto. Lo cierto es que tal posibilidad nunca existió y así es que nadie se sorprendió de que, al día siguiente de la media sanción, aliados del oficialismo presentaran un proyecto para derogar las elecciones primarias. El rionegrino Luis Di Giacomo no hizo más que concretar lo que anticipó que haría. Y en los argumentos constitucionales de su iniciativa tiene la picardía de incluir letra de Pablo Tonelli, impulsor en 2019 de un proyecto similar, luego de que la estruendosa caída de Macri en las PASO anticipó su salida cuatro meses antes del recambio presidencial, con las graves consecuencias recordadas.

Es por eso que algunos oficialistas alineados con el presidente en su decisión de no eliminar las primarias sugieren como alternativa acortar los tiempos con las generales. Posibilidad que encuentra cierto beneplácito en la oposición, aunque lo más probable es que no estén dispuestos a abrir la caja de pandora. ¿Qué debería entenderse por acortar los tiempos? Por ejemplo, la sugerencia del diputado Eduardo Valdés, tan cercano al presidente (y a Cristina), que aboga por mantener las PASO, pero haciéndolas el primer domingo de octubre. Ya bastante le cuesta a Juntos por el Cambio esperar hasta agosto para dirimir liderazgos, como para extender aún más los tiempos.

Atento a ello, un opositor que no es de Juntos por el Cambio sino el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, reaccionó este sábado así: “Irresponsables, ahora también intentan toquetear las fechas electorales; postergar las elecciones sin otro fundamento que ‘ganar tiempo’ a favor del Gobierno. Dejen de sembrar desconfianza. El Congreso no lo aprobará”.

¿Y los números para derogarlas están? Si el oficialismo se alinea, sí, pues Milei aportaría los votos restantes. Pero en el Frente de Todos los que han expuesto sus reparos son al menos 8 diputados, y sin ellos no hay derogación. Además, conspiran los tiempos para que pueda aprobarse el proyecto. Por reglamento, las comisiones tienen tiempo para dictaminar hasta el 20 de noviembre: si hasta entonces la oposición logra frenar la eventual embestida, se le haría muy difícil al kirchnerismo alterar el calendario electoral. El presidente podría extender el período ordinario al mes de diciembre por decreto, o pedir el tratamiento del tema en extraordinarias, pero ha dicho que no está en su voluntad avanzar contra las PASO. Se verá hasta dónde resiste las presiones internas.

Como no hay ninguna norma que impida modificar las reglas electorales en un año de elecciones, el oficialismo podría renovar su embestida en marzo. Tendría tiempo hasta mayo, pues en junio se cierran las listas. La pelea puede ser de larga duración.

La eliminación de las PASO representaría el punto final para las aspiraciones presidenciales de continuar. Y Alberto Fernández necesita mantener viva esa esperanza, no porque él mismo crea en ella, sino al menos para mantener su vigencia el máximo tiempo posible, y no transformarse en “pato rengo” prematuramente.

Es casi la misma aspiración que mantiene el expresidente Macri, con su sobreexposición, en la que prevalecería el deseo de retener el liderazgo que entiende merece hasta la elección del candidato presidencial -e incidir en ella-, por sobre el interés real por presentarse él mismo. Sabe que lo que viene es muy difícil y es consciente de los rechazos que su figura conserva.

Como sea, su endurecimiento ha alterado el clima interno en la principal oposición, donde las tensiones amenazan una estabilidad que la eventual desaparición de las PASO y la consiguiente eliminación del corset electoral que eso implica podrían generar divisiones que ilusionan a un oficialismo que no quiere darse por vencido y cuya capacidad de resiliencia no puede ser puesta en duda.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, adelantó este martes el apoyo al proyecto del Presupuesto 2023 en la sesión especial de la Cámara de Diputados, y aclaró que el Gobierno se quedó el año pasado sin presupuesto por responsabilidad propia.

Reconoció del mismo que “se trató en tiempo y forma, de manera responsable”, y señaló que acompañarán, en general, lo establecido en el proyecto de ley del Presupuesto 2023”, pero planteó dos observaciones: una para saber “porqué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades para fijar retenciones”, y la segunda es que cree que “hay una cuestión institucional con algún motivo extrapresupuestario para distraer los esfuerzos con lo que trabajaron en el presupuesto nacional”.

Respecto a las cuestiones del Presupuesto que generan diferencias, sostuvo que “hay partidas que se escriben con la izquierda, pero se ejecutan con la derecha”, con relación a que lo consideró como “un presupuesto que no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía inflacionaria”.

Por otro lado, se mostró positivo porque afirmó que “sesionar para aprobar un presupuesto a mediados de octubre es inédito, a diferencia de años anteriores que se atrasó por diferentes cuestiones”, explicó “Topo” Rodríguez, quien además remarcó que “buscarán insistir en que la Argentina debe invertir y generar empleo”.

Además, responsabilizó al Poder Ejecutivo por “no haber tenido presupuesto durante el 2022”, y remarcó que, en diciembre del 2019, el Gobierno decidió “no tener rumbo, ni impronta presupuestaria, al reutilizar el proyecto que había dejado la gestión saliente”.

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, anunció este miércoles la decisión de prorrogar el plazo de vigencia del corte del 12,5% en el biodiesel, como reclamaba el sector agropecuario.

El tema fue abordado en el encuentro que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo con la cúpula de Coninagro, que agrupa a los cooperativistas agrarios. Según el secretario del área, Juan José Bahillo, dijo que surgió como fruto de uno de los primeros acuerdos celebrados con la Mesa de Enlace.

La medida apunta a seguir reduciendo las importaciones de gasoil.

El anuncio fue difundido en las redes por la secretaria Royón, quien tuiteó: “Estamos convencidos que debemos apostar a los biocombustibles que nos permiten un ahorro de divisas. Es por eso que hemos decidido, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y la Secretaría de Agricultura prorrogar el corte al 12,5% de biodiesel”.

Quien le contestó fue el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, quien sugirió aprovechar “ese sincero convencimiento” para avanzar “ya mismo en una nueva Ley de Biocombustibles, porque la ley vigente va exactamente en contra del mayor uso de combustlbes de origen vegetal”.

“Topo” Rodríguez recordó que los proyectos ya están presentados y le pidió a Flavia Royón que “no esperen un día más”.

Ante las versiones circulantes respecto de una inminente resolución ministerial que contradeciría los anuncios hechos por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ante los propios legisladores, un grupo de diputados emitió este domingo un comunicado en el que reclaman la implementación de una nueva ley de Semillas. 

“Argentina debe tener una Ley de Semillas que resguarde los intereses de toda la cadena: obtentores, multiplicadores y productores. La tecnología se debe impulsar y reconocer. Para ello, la única autoridad competente para legislar en esta materia es el Congreso de la Nación”, expresó este domingo el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile. 

El comunicado suscripto además por diputados como Alejandro “Topo” Rodríguez, José Luis Espert, Carlos Gutiérrez y Ricardo López Murphy, exige que “cualquier decisión sustantiva relativa al uso de semillas y a los necesarios incentivos para el desarrollo de conocimiento aplicado a la producción, se adopte en el marco de una nueva ley de Semillas debatida y aprobada por el Congreso de la Nación”.

“No es sano que el Gobierno nacional alimente trascendidos y brinde información privilegiada a intermediarios interesados sobre una supuesta resolución ministerial para aplicar una retención global del 1,5%, cuando el compromiso explícito del ministro de Agricultura de la Nación, en un reciente encuentro de trabajo con la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, fue que trabajaríamos juntos para tener una ley de Semillas actualizada a las necesidades del campo”, agrega el comunicado.

Al respecto se indica que “la inversión en I+D debe ser reconocida y constituye una de las garantías para el desarrollo sostenido de una producción sostenido de una producción con calidad”.

El comunicado concluye señalando que “las decisiones al respecto deben adoptarse a través de un diálogo amplio con todos los sectores, sin exclusiones de ningún tipo”, precisando que el resultado de esa construcción conjunta, “con rigor profesional y criterio productivo, debe plasmarse en una ley del Congreso de la Nación”.

Acompañan los diputados Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Claudio Poggi, Carlos Zapata, Ignacion García Aresca, Jorge Vara, Gabriela Brouwer de Coning, Roberto Sánchez, José Núñez, Martín Maquieyra, Paula Omodeo, Victoria Borrego, Pablo Cervi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Juan Carlos Polini, todos ellos pertenecientes a distintos bloques parlamentarios y diversas fuerzas políticas de la oposición.

Entre tantas figuras del oficialismo que salieron a respaldar al Gobierno ante las “maniobras de desestabilización” denunciadas por el bloque oficialista de la Cámara baja estuvo el gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien salió a apoyar su respaldo a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, rechazando “profundamente la actitud golpista y antidemocrática” de algunos sectores a los que atribuyó “intereses mezquinos” y la intención de “desestabilizar”.

A través de Twitter, el gobernador Quintela escribió: “Quiero expresar mi fuerte apoyo a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que están haciendo el mejor esfuerzo para todas y todos los argentinos; y rechazo profundamente la actitud golpista y antidemocrática de muchos sectores que con intereses mezquinos buscan desestabilizar nuestro país”.

Quintela señaló a “grupos organizados del poder económico, del Poder Judicial y también de los medios de comunicación que no hacen más que transmitir incertidumbre al pueblo, siempre comandados por quienes buscan, ni más ni menos, el hundimiento del país”. Consideró además “lamentable” como es que “muchos siguen especulando en algunos sectores de la economía sin mirar al lado, sin importarles el otro o la otra, sin tener un mínimo de sentido de la solidaridad”.

“Otros, a través de un medio de comunicación, replican el mismo mensaje siempre con el discurso de la desunión, el odio y el ‘sálvese quien pueda’”, agregó.

Le salió al cruce el diputado nacional de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, quien por la misma vía le expresó: “Gobernador, en los últimos 10 meses ustedes arrugaron mal cuando, desde el propio seno del FdT, le gritaron al presidente que era ‘un okupa sin votos ni legitimidad’, ‘el que trajo al borracho que se lo lleve’, ‘estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles’. Seriedad”.

La senadora nacional Juliana Di Tullio salió este viernes a reclamar la aplicación de las leyes de Abastecimiento, de Emergencia Económica y de Emergencia Alimentaria, pero la polémica que estalló no fue por eso, sino por la imagen que posteó: una filmación captada por un dron donde se veían cientos de silobolsas al costado de una ruta.

Fue una forma de respaldar los dichos del presidente Alberto Fernández que este viernes en un acto le apuntó a los productores sojeros que “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana de la Cámara alta recibió innumerables mensajes de respuesta: algunos de apoyo, otros muy críticos. “Dejen de amenazar, si un día el campo no les siembra más, se les termina el gobierno”, por ejemplo, o este: “Estimada Di Tullio. Le faltó poner expropiación, como el modelo de Venezuela que están intentando implementar”.

Otros aclaratorios, que le informaban que lo que mostraba como soja guardada era en realidad “la materia prima de una planta industrializadora de girasol”. “No se puede ser tan bruto y después pretender legislar”, le espetó alguien.

“Uno ve silobolsas al lado de la ruta 2 en Lezama y arman toda una película sobre eso. No se fijan que al lado está Seda SA que produce aceite de girasol”, le dijo un tuitero que la invitó a ir a Google Earth para ver que “los silobolsas están ahí desde hace décadas”.

En la polémica intervino el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, que le indicó a Di Tullio: “En las imágenes, el girasol -ya vendido- se acopia para ingresar a una planta de fabricación de aceite y alimentos para mascotas. El pericarpio (cáscara), se aprovecha como fuente de energía para el mismo proceso productivo. Es en la provincia de Buenos Aires. Agregado de valor”, a lo que Di Tullio respondió: “Si la intención es dar información sobre la imagen, gracias por la precisión que por supuesto desconocía, pero usted sabe que ese tipo de imagen se ve en toda la pampa húmeda. Tómelo ilustrativamente y le agradezco la info”.

Nobleza obliga, la senadora aclaró sobre su posteo que “la imagen de dron utilizada en mi tuit anterior es de una aceitera de Lezama y no corresponde a la retención de granos para especulación. Hecha la aclaración, tómesela como mera ilustración. Ahora discutamos cómo se combate la especulación de pocos en desmedro de un país entero”.

Luego publicó una fotografía con silobolsas que estaba efectivamente corroborada, con el siguiente texto: “Señores y señoras; esta Imagen es ilustrativa de la retención de granos en nuestro país por parte de productores agropecuarios que fue confirmada x la cámara de exportadores de cereales, Ciara-CEC”.

Más tarde Di Tullio posteó una nota de Clarín referida a una oferta de los productores sojeros para liquidar a cambio de una baja de retenciones, planteando con ironía: “Naaa, no están especulando”.

Y hablando de Clarín, que habló de su “insólito error”, la senadora también le dedicó el siguiente tuit:  

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), y su par el diputado y presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, le enviaron una carta al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pidiendo que se considere al Congreso para cualquier decisión que se vaya a tomar en cuanto a semillas.

Esta semana, desde la cartera agrícola se comentó a la industria semillera una propuesta para que se avance en un canon para el uso propio gratuito que hacen los productores que se guardan parte de la cosecha, como en soja o trigo, para utilizar en la siguiente campaña como semilla.

“Hace dos días, desde la propia sede del Ministerio que usted conduce y previo a un encuentro con autoridades de esa cartera, el representante de una importante empresa trasnacional de semillas adelantó públicamente que era inminente 'el anuncio más importante y disruptivo de los últimos 20 años para el futuro del agro en la Argentina'; pero oficialmente no se han formalizado detalles al respecto”, expresaron en el texto.

Además, remarcaron la importancia que “el Congreso, los productores argentinos y la opinión pública en general cuenten con la misma información que el gobierno nacional pone a disposición de representantes de empresas en temas de interés común”, porque “no es sano alimentar trascendidos extraoficiales de intermediarios interesados con información privilegiada”.

“También es importante conocer si existieron otros actores previamente convocados del sector público y del sector privado, y si han participado del diálogo los obtentores de material genético de economías regionales, como las legumbres y el maní, por ejemplo”, agregaron en otro tramo de la carta.

En otra parte, insistieron: “Permítanos sugerirle, además, que cualquier decisión sustantiva vinculada con el uso de semillas y el reconocimiento de propiedad intelectual, se adopte en el marco de un diálogo amplio, abierto a la participación de todos los sectores y con fuerte consenso, sin omitir la aprobación de una ley por parte del Congreso de la Nación”.

Para los diputados, “está claro que Argentina necesita una legislación actualizada a las necesidades del campo de hoy, que reconozca logros tecnológicos y asegure, con transparencia, los mecanismos y derechos de todos los actores involucrados”.

“Avanzar en un camino contrario, aplicando nuevas retenciones o cánones, sin el respaldo de una ley, sólo contribuirá a profundizar la desconfianza y podría convertirse en una fuente de indeseados conflictos”, señalaron.

En diálogo con LA NACION, Gutiérrez apuntó sobre lo que trascendió: “Se habla concretamente de que esa disrupción no sería otra cosa que un aumento de algún punto en las retenciones a los efectos que desde allí se pueda solventar globalmente este tema de los derechos intelectuales. Nosotros lo que estamos pidiéndole al ministro que esclarezca esta situación. No es bueno que trasciendan este tipo de operaciones de parte de una multinacional sin que exista una manifestación clara al respecto del Ministerio de Agricultura”.

En ese marco, pidió que sean contemplados “los numerosos actores que intervienen en el complejo semillero, desarrollos en manos de las universidades nacionales, del INTA, ligado a los productores”.

También remarcó: “Le estamos diciendo al ministro que esto debe pasar definitivamente por el Congreso y se deben lograr los mayores acuerdos de consensos posibles si es que queremos tener, de una vez por todas, un marco de previsibilidad sustentado en una ley que realmente sea lo más equilibrada y lo más justa posible respecto de todos los actores”.

Por su parte, Topo Rodríguez sostuvo que “cualquier decisión que se tome en materia de semillas debe ser formalmente incluida en una nueva ley que se debata y apruebe en el Congreso de la Nación. Eso es lo que le estamos pidiendo al ministro Domínguez”.

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez afirmó que “la decisión del Gobierno de plantear un revalúo inmobiliario en todo el país para aumentar la presión tributaria en bienes personales, no es un buen camino, y además es lo que le encanta al Fondo Monetario Internacional, que goza cuando un ministro o un gobierno proponen elevar la presión impositiva; pero no es lo que la clase media en la Argentina necesita”.

En diálogo por Diputados TV, el diputado bonaerense habló respecto de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, donde señaló que “es muy profesional, con sólidos conocimientos del sector público, cosa que no es menor en la Argentina de hoy”.

Además, el presidente del interbloque Federal agregó que “no hay que ser injustos y pedirle a un ministro o ministra que solucione el desastre político que se autoinfligió este Gobierno, porque el principal problema no es la confrontación entre la coalición oficialista y una oposición muy dura, sino el quiebre, la ruptura, el conflicto irreparable en la coalición de gobierno que traba la toma de decisiones, hasta limitar al propio presidente de la Nación la capacidad de redefinir su gabinete”.

“El Estado nacional les ha garantizado a los bancos que compren bonos del Tesoro que, si ante una situación de crisis necesitan vender, no perderán, y a su vez pueden acceder a la compra de dólar futuro, lo cual es similar a lo que hacía el gobierno anterior con la bicicleta financiera”, advirtió el legislador.

Rodríguez concluyó entonces que “si la decisión del Gobierno es asegurar que los bancos no pierdan, también deberá asegurar algún mecanismo para que quienes trabajan o perciben jubilaciones no pierdan capacidad de compra en sus ingresos”.

Luego que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunciara este jueves que saldrá por DNU una ampliación presupuestaria, el jefe del interbloque Federal en Diputados, Alejandro "Topo" Rodríguez, le salió al cruce.

Es que durante su habitual conferencia de prensa, la funcionaria recordó que el Gobierno no cuenta con un Presupuesto porque la oposición lo rechazó en diciembre pasado, siendo un hecho que se registra "por primera vez en la historia".

A través de su Twitter, el legislador bonaerense escribió: "Se olvida @gabicerru que el Frente de Todos hizo todo lo posible para no tener Presupuesto". Y, por el contrario, le recordó el acompañamiento que sí tuvo el oficialismo en el caso del refinanciamiento de la deuda con el FMI.

"Cuando hubo que evitar un incumplimiento de Argentina con FMI otorgamos el aval legislativo que muchos propios le negaron", agregó, en referencia a los diputados de La Cámpora que se opusieron al proyecto.

En el mismo mensaje, le enrostró que cuando funcionarios kirchneristas del propio Gobierno "humillan al presidente con mote de 'Okupa' y 'Borracho', no dice ni mú!!".

Entre 2006 y 2021, Argentina tuvo una muy buena Ley de Biocombustibles. Iniciada con Néstor Kirchner, se mantuvo vigente durante 15 años como política de estado, con excelentes resultados.

El año pasado, cuando el Frente de Todos intentaba imponer una nueva ley de Biocombustibles, bajando los porcentajes de mezcla de Biodiesel y de Bioetanol, advertimos públicamente que se trataba de un enorme error.

Planteamos que esa nueva ley iría en contra del federalismo productivo, del trabajo, del agregado de valor y del cuidado del ambiente.

También agravaría la situación macroeconómica, ya que al bajar la proporción de biocombustibles a mezclar con el gasoil y las naftas, aumentarían las necesidades de importación de combustibles, lo que exigiría mayor uso de dólares para sostener esas compras en el mercado externo.

Advertíamos que Argentina ya importaba 2,5 millones de metros cúbicos de gasoil y 500.000 metros cúbicos de nafta, por lo tanto, era imprudente forzar una mayor importación de combustibles.

Un año después, se demuestra que Argentina erró el camino. Es hora de corregir; sin demoras. Urgente.

Durante la sesión de este miércoles, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, recordó que desde la oposición ya se le había planteado el año pasado al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, las intenciones de dar la discusión por la boleta única de papel, en ocasión de la negociación por la postergación de las elecciones.

Al recordar a Roberto Lavagna, quien fue candidato presidencial en 2007, y en esa ocasión realizó “una presentación ante la Cámara Nacional Electoral junto a otras seis fuerzas políticas más por el robo de boletas en muchos puntos de la Argentina”, el legislador negó la postura del oficialismo -planteada por Hernán Pérez Araujo- de que se los trajo al debate “de las narices”.

Así, recordó que a “Wado” de Pedro le habían planteado “verbalmente y por escrito la necesidad de discutir la boleta única de papel, y nos dijo que no se podía porque no había tiempo y era un año electoral. Bueno, estamos a mitad de un año no electoral, y no teníamos ni noticias de que fuesen a cumplir con la palabra de tratar un tema que debe ser discutido en un año no electoral”.

“Menos mal que nos definimos rápidamente” por el emplazamiento, resaltó el bonaerense y cuestionó que “nos mandó a decir (a través de la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco) que estábamos tratando problemas inexistentes y que proponíamos soluciones mágicas”. “Menos mal que no nos quedamos a esperar que viniera a dialogar con nosotros el tema, porque se iba a pasar el año”, insistió.

Rodríguez manifestó que “llama la atención que el presidente y la vicepresidenta de la Nación se hayan abocado explícitamente de dar la señal de que este no es un tema importante, y se han expedido clara y contundentemente en contra”.

“Y si algo faltaba, el jefe de Gabinete no ha descartado vetar esta ley si eventualmente se aprobara”, se quejó.

En el cierre, preguntó: “¿Qué extraña variante posmoderna de la filosofía política ha atrapado a las fuerzas políticas populares para negarse a un avance democrático, de esta naturaleza, a favor de los ciudadanos?”.

Diputados nacionales del Interbloque Federal y la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), se reunieron con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Tras el encuentro, los legisladores manifestaron su coincidencia en que la salida de la profunda crisis del país debe darse “por fuera de la grieta”, con “calidad institucional y apuntando a combatir la inflación, generar empleo y apuntalar la producción con criterio federal”. 

En ese sentido, el titular del Interbloque, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló: “Hemos dialogado sobre temas que hacen a nuestra agenda legislativa, ya que el Interbloque Federal junto a la senadora Vigo, expresa una fuerza parlamentaria que está por fuera de la grieta. Hemos venido trabajando en temas que apuntan a fortalecer el federalismo productivo, garantizar la calidad institucional, la creación de trabajo en el sector privado de la Argentina, y en defender los derechos de las personas, el derecho al equilibrio ambiental. Argentina necesita fortalecer este tipo de enfoques en la política en el Congreso de la Nación”.  

Agregó: “No somos indiferentes a lo que pasa en otras materias en la coyuntura política, pero tenemos especial compromiso con el futuro del país. Necesitamos un debate de más calidad, federalismo productivo con equilibrio fiscal y justicia social. En ese sentido coincidimos esta mañana con el gobernador Schiaretti”.  

Entre los temas que enfatizó Rodríguez figura la necesidad de que “el resto de las fuerzas políticas apoyen la boleta única de papel en este año no electoral. Tengo la sensación de que Cambiemos no está convencido de trabajar en esto. Hago un llamado a todas las partes que forman Juntos por el Cambio a que trabajemos seria y rápidamente en apoyarlo, y si hay algún sector de la política que no quiera apoyarlo que lo haga público”.  

Por su parte, el diputado bonaerense Florencio Randazzo, coincidió en que “la grieta aleja a los argentinos de buscar soluciones a temas como la inflación, en un mundo que ha resuelto el problema, ya que los países de la región tienen inflación nula similar a la que Argentina tiene por mes.”  

“Coincidimos con el gobernador Schiaretti en que hay que ponerse fuera de la grieta. Nos parece que las posiciones de intransigencia de un lado y del otro están condenando a una Argentina con cada vez menos posibilidad de construir futuro. Creemos que tenemos una enorme responsabilidad de construir un espacio diferente, con sentido común, con racionalidad, con respeto y dialogo con el resto de los actores de la política”. Y agregó: “Argentina se merece tener dirigentes de otra valía, de otra honorabilidad y otra visión sobre lo que hay que hacer. No es un tiempo de hablar de elecciones, sí es el tiempo de hablar sobre cómo derrotamos la inflación, de cómo entendemos la política productiva, de bajar las retenciones paulatinamente a cuenta de ganancias para que se coparticipen en una Argentina que en términos teóricos es federal pero que en la práctica termina siendo unitaria”.  

“Aspiramos a que este espacio crezca y que pueda tener como agenda estas cuestiones tan importantes para las personas comunes, cómo generamos expectativas para aquel que produce sienta que hay un gobierno que lo acompaña y fundamentalmente tiene que ver con la gestión. Córdoba tiene una gran síntesis de todo esto. No hay mejor forma de honrar la política que gestionar, resolver los problemas que tiene la gente todos los días y, sin embargo, el gobierno nacional actual carece de gestión”.  

En este marco, y ante la consulta de la prensa, el cordobés Carlos Gutiérrez se mostró confiado en que se apruebe el proyecto de baja gradual de retenciones. “El Congreso, por decisión del voto de la gente, quedó con un empate de debilidades. Esto significa que todos aquellos diputados que en el discurso han manifestado y manifiestan su clara adhesión a esta medida, la apoyen. Nosotros estamos dispuestos a discutir el proyecto del bloque, incluso, a sumarnos a un proyecto superador; pero si hay legisladores que de cara al 2023 relativizan la importancia de esto, estamos ante otro escenario de incoherencia. Y este tema hace al desarrollo productivo”.  

Por su parte, tras el encuentro, la diputada Natalia de la Sota enfatizó que “está muy presente nuestro gran sentido de federalismo y la necesidad de seguir trabajando en los temas federales. Vamos a recorrer las provincias -tanto Córdoba, Santa Fe como Buenos Aires- lo importante es trabajar juntos en cuestiones legislativas que son de urgencia y que tiene que ver con el trabajo, con la producción, con el crecimiento económico”. 

En la misma línea que sus pares, la socialista santafesina Mónica Fein, dijo que “si hay un gobierno que se ha olvidados del federalismo es el gobierno actual. Lo decimos en términos productivos: como el biocombustible, en materia de transporte, de reparto de recursos. Como Interbloque tenemos una agenda para exigir federalismo -en primer lugar- y profundizarlo. Como Interbloque generamos acuerdos con mucho respeto y diálogo para poner en agenda temas como -por ejemplo- la boleta única, entre otros. Somos un ejemplo de lo que el país necesita: la diversidad, pero generando acuerdos fundamentales para salir adelante. Creo que Córdoba lo está haciendo. Le agradezco al gobernador Schiaretti que nos dejó con muchas expectativas para el futuro. Hoy Argentina necesita expectativa para el futuro”. 

Por su parte, consultada sobre la propuesta de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que comenzaría a discutirse en el Senado la semana próxima, Vigo indicó que la única manera en que se avance en proyectos de esta envergadura que tienen que ver con la institucionalidad de Argentina, “es sin dudas a través del consenso. Y lo que yo veo es que no hay ninguna intención de consensuar nada. No se desprende que se busque una solución que se ocupe de los temas centrales como la institucionalidad de la que se desprenden lo otros temas. El Interbloque Federal en Diputados y en mi caso, en el Senado, trabajamos en propuestas comunes para colaborar en recuperar la institucionalidad. Pero esos proyectos tienen que surgir del consenso, por fuera del negocio de la grieta, como señaló Randazzo”.  

En el encuentro con el Gobernador Schiaretti estuvieron: los diputados de Córdoba Federal (que responden al schiarettismo) Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca; la socialista santafesina Mónica Fein; los peronistas bonaerenses Alejandro Gutiérrez y Florencio Randazzo; y la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal).