El proyecto establece que los combustibles líquidos sean mezclados por el biodiesel en un 12,5%. Luego de entrada en vigencia la ley propone que el mínimo sea de 15% y, a partir de los 30 meses sea de un 20%.
La Ley 27.640 de Biocombustibles en Argentina fue sancionada un 16 de julio de 2021 estableciendo un “Marco Regulatorio” con una vigencia hasta diciembre de 2030. Sin embargo, desde la reglamentación de la norma legisladores de distintos sectores políticos han reclamado por modificaciones al texto e incluso por una nueva ley. Uno de ellos es el diputado nacional y titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) quien presentó su propio proyecto para impulsar un Régimen de producción, comercialización y usos sustentable de Biodiesel.
Días atrás, el candidato a renovar su banca había planteado en una reunión con productores agropecuarios que se debían tomar las “decisiones políticas correctas para cambiar la Ley de Biocombustibles” porque se necesita “una revolución del Biodiesel”. Con críticas a la norma vigente impulsada por el kirchnerismo porque “va en contra de una virtuosa política ambiental”, había adelantado que presentaría su propio proyecto de ley, y así fue.
La iniciativa que presentó en Diputados propone un Régimen de Impulso a la Producción, Comercialización y Uso Sustentable de Biodiésel para el Cuidado del Ambiente y el Desarrollo Productivo en el territorio de la Nación Argentina.
Entre los objetivos plantea potenciar el efecto benéfico para el ambiente derivado de la producción y uso de los biocombustibles; reducir la huella de carbono de la Argentina; diversificar la matriz energética nacional y la oferta y la demanda de combustibles; impulsar la sustitución de importaciones de combustibles, entre otros.
Además, propone que solo podrán producir biocombustibles las plantas habilitadas por la Autoridad de Aplicación que cumplan con los requerimientos que establezca en cuanto a higiene y seguridad industrial, así como también la calidad y producción sustentable.
En lo que respecta al marco regulatorio, “Topo” Rodríguez establece que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oíl que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la Autoridad de Aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla, con la especie de biocombustible denominada “biodiésel”, medido sobre la cantidad total del producto final, en un porcentaje mínimo de 12,5%, en adelante “B12,5”.
Así, agrega que “a partir de la puesta en vigencia de la presente ley; en un mínimo de 15% en adelante ‘B15’, a partir del primer año completo de vigencia de la presente ley; y en un mínimo de 20%, en adelante ‘B20’, a partir de los treinta (30) meses completos de vigencia de la presente ley”.
También aclara que quedan exceptuadas de las condiciones establecidas el gasoil o combustible fósil para uso marítimo, o de aviación, o para usos en zonas específicas como la antártica “que requieran calidades o disposiciones distintas”.
A su vez, plantea una actualización desde la publicación de la presente ley “el uso de B100 o mezclas alternativas superiores al corte obligatorio B20 en flotas vehiculares de los estados provinciales y municipales, flotas vehiculares pesadas (camiones), trenes y tractores y flotas cautivas (autobuses urbanos de pasajeros o colectivos) en aquellas provincias o municipios que así lo establezcan”. Asimismo, autoriza el autoconsumo de biodiésel definido como el consumo propio por parte de personas humanas o jurídicas derivado de la propia producción de biocombustibles.
En tanto, estima que la Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar los porcentajes de mezcla obligatoria establecidos en el artículo 5 de la presente ley cuando lo considere conveniente para un mejor desarrollo de los objetivos de este régimen, como por ejemplo para sustituir importaciones de combustibles fósiles o cumplir con las metas de descarbonización de la economía.
“Establécese que todo volumen de biodiésel comercializado tendrá un precio fijado por el libre juego de la oferta y la demanda, sin restricciones”, señala.
3026-D-2023Una de las iniciativas eleva el corte mínimo obligatorio de biodiesel en gasoil al 12% debiendo ser incrementado un punto porcentual por año hasta alcanzar el 18%. El otro proyecto solicita al Poder Ejecutivo que fije los precios de los biocombustibles.
El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó dos proyectos en el Congreso Nacional, uno para subir el corte mínimo obligatorio de biocombustibles en gasoil y naftas y, por otro lado, otro en el que solicita al Poder Ejecutivo que fije precios de biocombustibles a los efectos de dar previsibilidad a los sectores productivos.
La iniciativa que busca ser ley prevé elevar el corte mínimo obligatorio de biodiesel en gasoil al 12% debiendo ser incrementado un punto porcentual por año hasta alcanzar el 18%, y en el caso del corte del bioetanol el porcentaje mínimo parte del 15% para alcanzar el 22% en el 2030.
Al respecto el legislador remarcó que “este proyecto recoge la propuesta que presenté oportunamente durante mi mandato como senador nacional y busca emparejar la política de biocombustibles argentina a la del país vecino Brasil, referente de este mercado a nivel mundial”, y destacó: “La capacidad productiva de nuestro país en materia de biodiesel refleja un enorme potencial para sustituir importaciones de gasoil que se traduce en más empleo argentino y menor utilización de dólares. La provincia de Santa Fe es protagonista en el sector, concentrando el 80% de la producción de biodiesel”.
Por su parte, el segundo proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional la determinación de la fórmula de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles, tal como lo manda el art. 14 de la ley de biocombustibles pendiente de reglamentación tras 2 años de su sanción por parte del Congreso Nacional.
La metodología de cálculo a determinar deberá contemplar toda la estructura de costos del sector garantizando una rentabilidad razonable y considerar los demás costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción, incluyendo, pero no limitado al precio de insumos tanto importados como nacionales y los costos financieros.
Al anuncio formulado por las nuevas autoridades del Ministerio de Economía le salió al cruce el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que pidió avanzar “ya” con la nueva norma.
La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, anunció este miércoles la decisión de prorrogar el plazo de vigencia del corte del 12,5% en el biodiesel, como reclamaba el sector agropecuario.
El tema fue abordado en el encuentro que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo con la cúpula de Coninagro, que agrupa a los cooperativistas agrarios. Según el secretario del área, Juan José Bahillo, dijo que surgió como fruto de uno de los primeros acuerdos celebrados con la Mesa de Enlace.
La medida apunta a seguir reduciendo las importaciones de gasoil.
El anuncio fue difundido en las redes por la secretaria Royón, quien tuiteó: “Estamos convencidos que debemos apostar a los biocombustibles que nos permiten un ahorro de divisas. Es por eso que hemos decidido, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y la Secretaría de Agricultura prorrogar el corte al 12,5% de biodiesel”.
Quien le contestó fue el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, quien sugirió aprovechar “ese sincero convencimiento” para avanzar “ya mismo en una nueva Ley de Biocombustibles, porque la ley vigente va exactamente en contra del mayor uso de combustlbes de origen vegetal”.
“Topo” Rodríguez recordó que los proyectos ya están presentados y le pidió a Flavia Royón que “no esperen un día más”.
Así lo indicó la portavoz de la Presidencia, quien además anticipó que saldrá un decreto con la nueva segmentación de tarifas de los servicios públicos. En el Congreso sigue sin constituirse la Bicameral de Trámite Legislativo.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció este jueves en conferencia de prensa que se emitirá un decreto de necesidad y urgencia de ampliación presupuestaria. “Esto debimos hacerlo porque la oposición, la fuerza de Juntos por el Cambio, rechazó el Presupuesto” 2022, recordó y resaltó que “por primera vez en la historia” se dio ese hecho.
La funcionaria dijo que con ese DNU, que deberá ser tratado por la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso -aún sin constituir-, “esto se está enmendando”. “En el decreto se fija la nueva distribución de egresos e ingresos”, señaló y expresó que “mantiene las pautas anuales que veníamos trabajando”.
En ese sentido, aseguró que hay “sostenimiento del gasto social” y medidas “para que sigamos en la senda del crecimiento y redistribución de los ingresos”. Al evitar dar cifras macroeconómicas que se proyectan, como por ejemplo de inflación, Cerruti indicó: “Se mantienen las metas acordadas en el programa con el FMI”.
Luego informó que este jueves se publicara en el Boletín Oficial otro decreto, sobre segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas “en tres escalas”.
Aquellos ciudadanos que tengan ingresos por tres veces y media encima del costo de la canasta básica -así como también tres propiedades o tres autos-, alrededor de un 10%, pagarán la tarifa plena sin subsidios.
Para personas en situación de vulnerabilidad -familias de menores ingresos, que reciben prestaciones sociales-, se mantendrá la tarifa social y el aumento no podrá ser mayor al 40% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.
En un sector intermedio ingresarán los usuarios no encuadrados en las otras dos categorías, para quienes el aumento no podrá ser mayor al 80% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.
Cerruti explicó “no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% aproximadamente de la población en el resto del año”.
Además, adelantó que ante los fuertes reclamos se ampliará el corte de biodiesel para el gasoil, ante la escasez de combustible.
Se trata del diputado Marcelo Casaretto quien solicitó a la Secretaría de Energía que incremente los porcentajes de biocombustibles para “abastecer la creciente demanda de gasoil”.
En medio de una fuerte crisis de desabastecimiento de combustibles que impacta a varias provincias de la Argentina, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos) solicitó a la Secretaría de Energía que aumente los porcentajes del corte de biodiesel.
A través de las redes sociales, el legislador oficialista remarcó que “se debe aumentar el corte de biodiesel” con el fin de “abastecer la mayor demanda del sector”. En ese sentido, informó que solicitó que la Secretaría de Energía aumente el porcentaje de biocombustibles en la mezcla con combustibles fósiles para “el abastecimiento del incremento de la demanda de diésel”.
“Tal como está previsto en el artículo 8° de la Ley 27.640 ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’. La solicitud de aumento del 5% hasta el 10% o el 15% ha sido formulada por la Cámara de Biocombustibles, la Cámara Aceitera, las entidades agropecuarias y el Consejo Agroindustrial”, sumó en otro tuit.
Y cerró: “No me parece apropiado establecer cuál sería el porcentaje de corte, que deberá establecer la Autoridad de Aplicación. Por eso solicité que la Secretaría de Energía, proceda a aumentar el %, al menos en forma temporal, para abastecer la creciente demanda de gasoil”.
“Estamos atravesando un período de escasez producto de un contexto energético internacional muy complejo que impacta directamente en nuestro mercado interno”, afirmó el senador santafesino.
El senador nacional Marcelo Lewandowski (FdT – Santa Fe), propone elevar el porcentaje de corte actual del biodiesel para enfrentar la actual situación de faltante en algunas provincias del país.
“Estamos atravesando un período de escasez producto de un contexto energético internacional muy complejo que impacta directamente en nuestro mercado interno. Frente a esto propongo que se evalúe la posibilidad de ampliar los porcentajes de corte de los combustibles fósiles con un recurso que ya está disponible y al alcance”, afirmó.
En ese sentido Lewandowski recordó que se han realizado varias reuniones con empresas, con las cámaras del sector de biocombustibles y con las autoridades de la Secretaría de Energía para trabajar en propuestas y encontrar soluciones concretas.
“Hoy hay 33 plantas productoras distribuidas en diferentes provincias de nuestro país, 16 de las mismas se encuentran en la provincia de Santa Fe y concentran cerca del 82 por ciento de la capacidad instalada nacional. Santa Fe es la principal provincia productora del aceite de soja utilizado para realizar el corte del biodiesel y actualmente tiene capacidad productiva instalada para aumentar su oferta en el corto plazo”, sostuvo.
En tanto, aseguró que “tenemos la capacidad productiva instalada, tenemos la mano de obra, tenemos los insumos disponibles, tenemos que avanzar para solucionar el faltante”.
“Hoy la industria de los biocombustibles tiene una gran cantidad de ventajas. Ahorra divisas, genera nuevos empleos genuinos y calificados, apoya el desarrollo de las economías regionales, potencia el movimiento de nuestros puertos, al ser una producción más sustentable y menos contaminante disminuye el impacto ambiental”, enumeró el legislador.
Por último, sostuvo que “según las proyecciones de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), un millón de toneladas de biocombustibles agregadas al mercado interno permitiría ahorrar U$S 1.450 millones en importaciones de un millón de toneladas de gasoil”.
Diputados oficialistas santafesinos se reunieron con funcionarios nacionales para impulsar esa medida que promovería una industria clave en la economía de su provincia.
Los diputados nacionales por Santa Fe Roberto Mirabella, Marcos Cleri y Magalí Mastaler mantuvieron dos encuentros en Buenos Aires junto con el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, para impulsar el reemplazo del gasoil importado por biodiésel santafesino en la generación de energía eléctrica, en un contexto marcado por el aumento de los precios internacionales.
En las reuniones de los legisladores oficialistas, mantenidas en la sede de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), también estuvieron presentes Marcelo Cassin, de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) junto a otros funcionarios de la subsecretaría y empresarios del sector. Los asistentes dialogaron sobre la necesidad de sustituir los combustibles fósiles por biodiésel producido por pymes de Santa Fe y otras energías renovables.
“Es importante impulsar la producción de biodiésel en la provincia de Santa Fe, que es líder en Argentina en este tema. Mantuvimos una reunión con la secretaría de Energía de la Nación y Cammesa para que se pueda sustituir el gasoil importado que se utiliza en los motores que producen energía eléctrica en nuestra provincia por biodiésel de pequeñas y medianas empresas santafesinas, que hoy tienen capacidad ociosa”, remarcó Mirabella, y apuntó: “Esto es clave, porque generaría un aumento en la producción, en la demanda de trabajo y en la inversión en nuestra provincia”.
“Sustituir importaciones implica que la Argentina recaude más impuestos, que genere empleo, que genere inversión, eso es lo que queremos para nuestra provincia. Santa Fe es líder en biodiésel a partir del aceite de soja y hoy hay muchas empresas que podrían estar produciendo y sustituyendo gasoil importado para la generación de energía eléctrica”, completó el rafaelino.
“Estos encuentros son muy importantes porque nuestra provincia está avanzando en un programa de energías renovables junto a la EPE y las cámaras productoras de biocombustibles. Estamos trabajando para sustituir en un 100% el gasoil que se utiliza en la generación de energía por biocombustible, producido en 12 plantas santafesinas”, agregó Marcos Cleri.
Por su parte, Federico Basualdo señaló: “Apuntamos a lograr el reemplazo de la generación contaminante por fuentes renovables de energía, provistas localmente en cada región del país, generando trabajo local y energía más barata y limpia”. Desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica trabajan para conformar mercados eléctricos regionales a partir de fuentes limpias, lo cual no sólo diversifica la matriz energética y reemplaza la generación contaminante, sino que también reduce costos por mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, dado que la energía se consume en el mismo lugar en el que se produce.
Es importante destacar que la producción de biocombustibles es de gran importancia para la economía santafesina. Según datos oficiales, esta agroindustria genera más de seis mil puestos de trabajo en toda la provincia, donde se concentra la mayor capacidad de producción de biodiésel de soja de todo el país.
Junto a los legisladores y funcionarios, también estuvieron presentes el asesor de la Secretaría de Energía, Iván Bronstein; el gerente general de Cammesa, Sebastián Bonetto y los empresarios Hilarión del Olmo y Federico Pucciarello, integrantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) y de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), organismos que representan a Pymes productoras de biodiésel.
Los radicales Ximena García y Mario Barletta buscan que se suba el corte obligatorio, que en la ley votada el año pasado se había bajado a la mitad.
Los diputados nacionales Ximena García y Mario Barletta (UCR-Santa Fe) proponen aumentar el corte de biodiesel al gasoil para reducir los costos de importación de combustibles y así paliar la crisis de precios internacionales y faltante de gasoil.
Mediante dos iniciativas, los legisladores piden aumentar el corte de biodiesel al gasoil del 5% al 13%, la producción máxima disponible con la que hoy cuenta el país. Equivaldría a unas 600.000 toneladas de gasoil aproximadamente, el 45% de las importaciones estimadas que se necesitarán para lo que resta del año, según datos de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
“Argentina y la provincia de Santa Fe poseen una enorme capacidad de generación de biodiesel, cuya industria hoy tiene más del 50% de su capacidad ociosa, debido a la reducción drástica de los cortes de biodiesel y bioetanol al gasoil y la nafta, respectivamente, que se aprobaron el año pasado por una discutida ley del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, cuestionada por gran parte de la industria e integrantes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal”, recordó García sobre la discutida Ley de Biocombustibles.
Por su parte, Barletta consideró que “es necesario que el Gobierno aumente los cortes de biodiesel para transformar esta crisis en una oportunidad económica, social y ambiental. “Con la implementación de esta propuesta, sustituiríamos la importación de combustible con un producto nacional que reduce emisiones, y sería una transición hacia energías más limpias”, añadió.
La norma, sancionada el pasado 16 de julio en el Senado, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El Gobierno promulgó la Ley 27.640, que establece el nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que está presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras.
El nuevo régimen “tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo”, indica.
La ley se sancionó el pasado 16 de julio en el Senado, con 43 votos positivos, 19 negativos y 0 abstenciones. Este miércoles fue publicada en el Boletín Oficial.
Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiésel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.
Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.
En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.
El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.
La norma también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.
Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.
En la ley se señala que “el abastecimiento de las cantidades de biodiésel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales”.
Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.
En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiésel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.
Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.
Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.
Otro capítulo de la ley dispone que “de manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.
También se prevé la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.
Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.
Los detalles de la norma que se sancionó en la Cámara alta por 43 votos a favor y 19 en contra.
La ley propicia la creación de un “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que está presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras.
El nuevo régimen “tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo”, indica.
Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiésel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiésel, que actualmente se encontraba en 10% gracias a distintas resoluciones que el Ejecutivo había dictado desde el 2006 -año que se sancionó la Ley 26.093, ahora derogada-.
Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.
En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual a como figuraba en la vieja ley.
El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.
La norma también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.
Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.
En la ley se señala que “el abastecimiento de las cantidades de biodiésel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales”.
Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.
En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiésel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.
Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.
Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.
Otro capítulo de la ley dispone que “de manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.
También se prevé la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.
Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.
Tras un largo derrotero, se sancionó en la madrugada de este viernes el proyecto impulsado por Máximo Kirchner en Diputados. La votación resultó con 43 votos positivos, 19 negativos y 0 abstenciones.
Por Melisa Jofré
Tras un largo derrotero, que incluyó que la Cámara de Diputados archivara una media sanción votada por unanimidad en el Senado el año pasado, se convirtió en ley este viernes por la madrugada el nuevo régimen de biocombustibles, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2030.
La norma, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, mantiene el corte obligatorio de bioetanol de 12% para las naftas -en 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz-, es decir, no lo aumenta; y reduce a 5% (actualmente estaba en 10%) el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil.
En la sesión de la Cámara alta, la ley obtuvo 43 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Salió con el apoyo del Frente de Todos y los aliados Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck. Mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron.
Tal como sucedió en Diputados, un puñado de legisladores de la principal bancada opositora, representantes de provincias azucareras, votaron positivamente: fueron la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR); y los jujeños Mario Fiad (UCR) y Silvia Giacoppo (UCR).
Otro dato no menor fue que los pampeanos oficialistas Norma Durango y Daniel Lovera se abstuvieron en el artículo 8 -referido a los cortes-, que se votó por separado.
El debate
Miembro informante del oficialismo, el sanjuanino Rubén Uñac recordó que el Senado votó el año pasado la prórroga de la Ley 26.093, pero la Cámara de Diputados consideró “la necesidad de una reforma más profunda”.
Al destacar el régimen creado durante la presidencia de Néstor Kirchner, el legislador del Frente de Todos señaló que en estos años “se crearon nuevas empresas, miles de puestos de trabajos, 54 plantas industriales distribuidas en 10 provincias argentinas” y hubo inversiones “por más de tres mil millones de dólares”. “La creación del régimen fue una decisión más que acertada”, ponderó.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles expresó que “el escenario actual ya no es el mismo” y “resultaba necesario establecer un marco regulatorio que permita la previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector”. Y defendió el “rol preponderante” que tendrá la Secretaría de Energía, porque “es fundamental y necesario para garantizar el cumplimiento del régimen con el acompañamiento del Estado”.
En contraposición, la radical Pamela Verasay criticó la “penosa y precaria presentación” que hizo el secretario de Energía, Darío Martínez, en comisión, donde no se habló “de un solo número”. Entonces, mencionó que los biocombustibles han alcanzado “el 4% dentro de la matriz energética” y “en los últimos tres años han generado -en promedio- exportaciones o ingresos de divisas por más de mil millones de dólares”.
Aún “sabiendo que el mundo va hacia la descarbonización, sabiendo de los compromisos que ha asumido el propio presidente Alberto Fernández sobre la reducción de emisión de gases ante la comunidad internacional”, apuntó la mendocina, “no hubo ningún tipo de informe ambiental que justificara esta decisión”.
También, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles rechazó la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Energía, que “a su antojo va a poder fijar los cortes, regular precios”, entre otras funciones. Además, opinó que “no cabe dudas que esta ley es un salvataje más para YPF”.
Desde el propio oficialismo, el pampeano Daniel Lovera se manifestó en contra de la reducción del corte de biodiésel y pronosticó que en su provincia “seguramente se va a trasladar en una merma de la capacidad productiva” y “provocará una reducción de trabajo de pampeanos”. Por eso, anunció su abstención y la de su par Norma Durango. Además pidió que el Poder Ejecutivo “convoque a las provincias productoras a trabajar en la reglamentación de la ley”.
Otro oficialista que advirtió por el impacto de la ley fue el santafesino Roberto Mirabella, quien resaltó que su provincia tiene “el 80% de la capacidad de producción de biodiésel”, aunque “hay una parte importante de esa industria que está ociosa”.
“Para mi provincia tiene un impacto importante si se cae la producción de biodiésel”, alertó y estimó que “si se reduce el corte podríamos tener pérdida de 400 millones de dólares en la industria del biodiésel y 360 en la industria aceitera de soja; además de caer la recaudación tributaria, que lo estiman en 13 millones de dólares”.
En otro tramo, el legislador del Frente de Todos subrayó que “en el mundo, el presidente de Estados Unidos está convocando a impulsar las energías renovables y los biocombustibles. Alemania en los 30 años que ha impulsado la bioeconomía está vendiendo tecnología al mundo. Inglaterra determinó que en el 2030 no va a haber más autos con combustible fósil. Tenemos que mirar qué está pasando en el mundo, porque el mundo va hacia la bioeconomía”.
Con todo, Mirabella reveló que cree en la palabra del secretario de Energía, quien “se comprometió a debatir y formular en conjunto la reglamentación”, y que en esa instancia él propondrá “un fondo compensador”. “No es la ley que más me gusta, pero es la ley posible”, agregó.
Por su parte, la otra senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, hizo una defensa enfática del proyecto y remarcó que la norma anterior -la cual se había votado el año pasado su prórroga por cuatro años- “establecía claramente cuál era el porcentaje de corte, porque parece que lo único que discutimos es el porcentaje de corte”, y el de biodiésel era del 5%, “el mismo porcentaje que insertamos ahora”.
Con cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri, dijo que durante esa gestión “dieron el porcentaje de corte pero congelaron el precio y casi destruyen a toda la industria de biocombustibles”. Y destacó que en esta iniciativa “se establecen los cupos con un tope, de 50 mil toneladas” que servirá para garantizar la distribución y redistribución “entre las PyMEs” de su provincia “para que puedan seguir abiertas”. “Estamos buscando nuevamente un proceso de equilibrio”, añadió.
Fuertemente en contra de la ley, la cordobesa Laura Rodríguez Machado aseguró su provincia será una de las que “más se verá afectada con la sanción de esta ley”. “Córdoba va a estar de luto”, lamentó y continuó diciendo que hay provincias a las que esta norma “las liquida, les pone un cerrojo, casi les pone una bandera de remate”.
Al preguntarse “qué estaría pensando Néstor Kirchner” al ver “echar por la borda la ley que él generó”, la calificó como “demencial” y “antifederal” porque plantea “beneficio para algunas (provincias) y entierro para otras”, una decisión que se corresponde a “un gobierno autoritario”. En su discurso, la macrista le recomendó al pueblo que “en las elecciones de medio término” recuerden “quiénes levantaron la mano contra los intereses de las provincias que representan”.
Muy enojada con la Cámara baja, la radical Silvia Elías de Pérez enfatizó que “es una barbaridad lo que ha hecho la Cámara de Diputados, inconstitucional lo que ha hecho” al no tomar en cuenta “la media sanción que este Senado ha aprobado por unanimidad”, y, a su entender, “era mucho más beneficioso para el sector”.
Pese a remarcar “las cosas malas que tiene la ley”, en representación de una provincia azucarera, la tucumana justificó su voto a favor: “Porque amo mi provincia, porque defiendo mi provincia, porque para mi provincia el bioetanol es indispensable. Y gracias a Dios, en esta ley queda salvaguardado”.
A su turno, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, afirmó que la ley “es un claro retroceso” y presenta “contradicciones”, como por ejemplo en lo que “todos los funcionarios de Gobierno repiten constantemente de descarbonizar nuestra economía”.
“Esto más que previsibilidad es un monumento a la discrecionalidad depositada en el secretario de Energía”, observó la macrista, que consideró a la norma como “resultado del feroz lobby de las petroleras” y “de un Gobierno que dice una cosa y hace otra”.
La bonaerense señaló que la ley “viola el principio de progresividad” previsto en el artículo 4 de la Ley de Ambiente, “el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú”, e “impide que cumplamos nuestros compromisos internacionales” en materia ambiental.
Desde Juntos por el Cambio, el jujeño Mario Fiad argumentó su voto positivo, pero aseveró que “el régimen que estamos tratando hoy es totalmente insuficiente” y “un aumento del bioetanol permitiría un mayor beneficio para los productores” de su provincia. “La reglamentación de una ley no es para arreglar lo que no se hizo bien en todo el tratamiento, o para acercar posiciones diferentes”, advirtió el radical.
En respuesta a Rodríguez Machado, el cordobés oficialista Carlos Caserio le retrucó que lamentablemente “no se puso de luto cuando (Juan José) Aranguren nos cobró las tarifas con 3.000% de aumento”. En lo que respecta a la norma, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que “hoy tenemos dos inconvenientes: precio y corte”, pero desde que asumió Martínez “no se dejó de configurar un precio racional para que el sector empezara a crecer”.
“No va a haber ninguna baja en el corte porque así quedamos de acuerdo con el Gobierno nacional y con el secretario de Energía”, prometió el legislador, en referencia al bioetanol a base de maíz. Y ahondó: “En la reglamentación, en la cual se está trabajando con el sector productivo, vamos a poner una decisión que permita que si en algún momento el commodity se extiende en el precio, vamos a tener el mismo precio. Por lo tanto, nunca vamos a bajar de ese 6%”. “El problema del bioetanol de maíz está solucionado”, completó.
En el final del debate, que se extendió por cuatro horas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, analizó que “el cuello de botella de Argentina tiene que ver con la matriz energética”. Para el formoseño, esta ley “es la afectación del horizonte de previsibilidad de un país” y “una mala señal para las inversiones, no para algunas provincias”. “No veo un mensaje hacia el electorado de estas provincias”, siguió.
“Todo el mundo sabe que es una mala ley”, expresó el opositor, que opinó que “hay un sector del Gobierno que está convencido de que la única herramienta que se tiene para contener el alza del precio de los combustibles es una reducción del corte de los biocombustibles”. Sobre ello, afirmó que “se equivocan”, “están perdidos” y “no entienden nada”.
Entonces, detalló que desde diciembre de 2019 los combustibles aumentaron “en 17 oportunidades” y “hoy llenar un tanque sale 60% más que hace un año”. “¿Le van a echar la culpa a los biocombustibles?”, se preguntó, para sumar que “en todo el 2020 no se publicó ni se actualizó el precio de los biocombustibles”. “Hoy el Gobierno opera para un grupo pequeño: para las petroleras y para las corporaciones o cerealeras que se van a quedar con el negocio de las PyMEs que no tienen espalda”, denunció.
Por último, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, enfatizó que el Gobierno “tiene muy claro el tema estratégico” y, en esa línea, considera que “gobernar es dar trabajo” y “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. El formoseño cuestionó la afectación de la economía durante la gestión de Macri y, por otra parte, recordó que la Ley 26.093 “fue muy buena” y “fue una promoción extraordinaria, hubo una inversión importante y generación de empleo”.
Al argumentar que la ley contiene los mismos porcentajes de corte obligatorio que contemplaba la anterior, el oficialista justificó que la Secretaría de Energía pueda reducir los números en casos extraordinarios, porque “hay que arreglar el desastre que esta gente dejó”. “Nosotros vamos a respetar el trabajo de los argentinos, pero también tenemos que respetar el concepto de la integralidad de la economía”, resumió.
En una votación particular, el oficialismo consiguió aprobar la iniciativa que ahora deberá tratarse en el Senado. Rechazo del grueso de la oposición, pero apoyo de un puñado de diputados de Juntos por el Cambio de provincias azucareras.
Por Melisa Jofré
El oficialismo en la Cámara baja se alzó con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, en una votación que resultó con 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, luego de un largo debate que se extendió por más de seis horas.
Al Frente de Todos lo acompañaron los aliados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque Acción Federal, y la neuquina Alma Sapag. Pero también votaron a favor la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos.
En tanto, votaron en contra Juntos por el Cambio, el grueso del Interbloque Federal, y los diputados de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer.
Las abstenciones fueron de los macristas Julio Sahad y Héctor “Tito” Stefani.
El dato más saliente de la jornada es que votaron positivamente un puñado de diputados de la principal bancada opositora: se trata de los tucumanos Domingo Amaya (Pro), José Cano (UCR) y Lidia Ascárate (UCR); y los jujeños Osmar Monaldi (Pro), Gabriela Burgos (UCR) y Jorge Rizzotti (UCR), representantes de provincias productoras de bioetanol a base de caña de azúcar. Y se sumaron también los sanjuaninos Eduardo Cáceres (Pro) y Marcelo Orrego (Producción y Trabajo).
Ahora, la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner -y desarrollada por el santafesino Marcos Cleri- deberá ser tratada en el Senado, donde el año pasado se votó por unanimidad una prórroga de la actual Ley 26.093 por cuatro años más, propuesta que el Frente de Todos en Diputados desoyó.
De acuerdo con el texto votado, se establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y se fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-.
El proyecto había tenido dictamen de comisiones en mayo pasado, pero recién se votó este jueves, a 11 días de que caduque la prórroga por dos meses de la Ley 26.093, que el Poder Ejecutivo determinó por decreto.
Los defensores de la iniciativa aseguraron que la nueva ley beneficiará a las PyMEs y ayudará a controlar el precio de los combustibles. Por el contrario, quienes se opusieron pronosticaron la pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas, criticaron las facultades que tendrá la autoridad de aplicación y alertaron por un retroceso en materia ambiental.
Un debate marcado por los intereses de cada provincia
Miembro informante del oficialismo, abrió el debate el mendocino Omar Félix, que afirmó que el proyecto se elaboró “teniendo en cuenta la protección y cuidado del medioambiente”, al tiempo que busca “dar previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica” al sector.
El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles argumentó que desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006 “el escenario ha variado” y en la actualidad “conviven grandes empresas junto a PyMEs” en “provincias con realidades diferentes”.
Por ello, el diputado del Frente de Todos defendió que se establezca “un marco legal que contemple las diversidades, permita que la actividad sea constante, procure la rentabilidad del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como a los mercados financieros”.
En defensa del rol de la Secretaría de Energía, que asume varias facultades, Félix sostuvo que es necesario “que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que se eviten futuras posiciones dominantes”.
Además, el legislador subrayó que el corte obligatorio para el biodiésel “se conserva el mismo porcentaje” del 5%, previsto en la actual ley, y “en el caso del bioetanol es del 12%” distribuido en 6% para la caña de azúcar y en otro 6% para el maíz. Mientras que la Secretaría de Energía -hoy a cargo de Darío Martínez- intervendrá “excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos” y las reducciones de los porcentajes serán “temporarias”, señaló.
Muy dura, la radical Jimena Latorre aseveró que el proyecto es de “cortoplacismo y mediocridad” y “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó la mendocina, que agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.
Para la diputada de Juntos por el Cambio esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”. También, negó que haya habido consenso con la industria y rechazó las funciones que tendrá la autoridad de aplicación, “que es de las que le gustan al oficialismo, con superpoderes”, cuestionó.
La legisladora advirtió que será el Estado el que decida “quién contrata, a qué precio, por qué cupo, y cierra las posibilidades a la inversión”. “Es una ley que fomenta la corrupción”, opinó.
Desde Córdoba, el oficialista Eduardo Fernández expresó que se trata de “una muy buena ley” que “sí otorga estabilidad fiscal, incentivos impositivos” y el “acompañamiento del Estado al desarrollo del sector”.
El diputado se refirió a los argumentos de sus comprovincianos de otros bloques que se oponen, “y nos dicen que si no legislamos como piden dos o tres empresas vendrán todos los males del mundo”. “Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, añadió y rechazó “echarle la culpa a este proyecto de ser anticordobés”.
En contra del proyecto, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez subrayó que esta iniciativa “significa resquebrajar el sistema de producción de biocombustibles en Argentina, donde paradójicamente la ley divide lo que no estaba dividido ni en la realidad, ni en el Senado. Este proyecto es el que rivaliza regionalmente y artificialmente, incentiva la división y la competencia entre regiones”.
“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.
Además, lamentó el “silencio” del gobierno bonaerense y acusó que el gobernador Axel Kicillof y su equipo productivo “han decidido hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera”, porque es en Buenos Aires donde “se refina, se procesa y se comercializa un importante volumen del petróleo que se genera en el país”.
Representante de una provincia petrolera, la neuquina Alma Sapag reconoció el “aporte del biodiésel y el bioetanol”, pero enfatizó que “la realidad es dinámica” y “la aparición en el horizonte productivo con la creación de Vaca Muerta” trajo un incremento en la producción de “reservas hidrocarburíferas en Argentina”.
“El cambio a fuentes de energía renovables y limpias será gradual”, observó y agregó que, según expertos, “los combustibles fósiles necesariamente nos acompañarán algunas décadas por delante”. En ese sentido, salió al cruce de los argumentos ambientales: “Argentina sólo representa el 0,5% de las emisiones totales de carbono”. La legisladora del Movimiento Popular Neuquino sumó que “nos debemos hacia el futuro un encuentro de todos los sectores”.
Uno de los diputados de Juntos por el Cambio a favor de la ley, el tucumano Domingo Amaya -que incluso firmó el proyecto cuando se presentó- aseguró que “se trata de un tema muy importante y con mucho interés para mi provincia”, donde “el bioetanol representa el 30% de los ingresos brutos del sector” y “absorbe el 25% de la producción de azúcar”.
“Sin esta ley la industria azucarera estaría hundida, no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región”, resaltó el legislador del bloque Pro, que recordó lo que sufrió Tucumán bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía con “el cierre del 11 ingenios”, lo que provocó “el exilio de 250 mil tucumanos”.
A su turno, el santafesino Luis Contigiani dijo que como exministro de Producción “he tenido un compromiso estratégico con este sector y desde ese lugar debo decir, casi lamentando, que no voy a acompañar esta ley. Y lo digo más allá de que considero algunos términos positivos y otros no”.
Para el legislador del Frente Progresista Cívico y Social, la iniciativa “se inscribe dentro de una visión general que recorta espacio para los biocombustibles”. “No puedo convalidar un recorte del 50% en el corte obligatorio para el biodiésel”, enfatizó, como tampoco “que s recorte en el etanol en base al maíz”. Y afirmó no haber encontrado “ningún argumento sólido y técnico de por qué no podíamos haber mantenido el 10% en biodiésel y el 12% de bioetanol, incluso llevarlo al 15%”.
Fundamentando su voto a favor, el jujeño radical Jorge Rizzotti manifestó que la ley “seguramente no es la ideal, pero es la posible, la probable y la que mi provincia necesita”. “En la provincia de Jujuy necesitamos garantizarle a nuestros ingenios el crecimiento y desarrollo”, señaló el legislador, que explicó que actualmente “hay una tendencia en la disminución del consumo de azúcar, y donde es una alternativa la producción de bioetanol”.
En la recta final de debate, la radical Brenda Austin remarcó que la industria de los biocombustibles “contribuyó a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero”, por eso “lo más grave (del proyecto) tiene que ver con el retroceso en materia ambiental”. “Argentina asumió compromisos cuando suscribió el Acuerdo de París”, apuntó la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
También, la cordobesa afirmó que se viola el principio de progresividad, y criticó al Gobierno por tener “una estrategia contradictoria” en esta cuestión. “Tómense en serio que hablar de ambientalismo, de desarrollo sostenible, es pensar en la matriz de desarrollo productivo de la Argentina, no en el ambientalismo de cotillón”, lanzó y completó: “De no hacerlo no podrán decir que son ambientalistas y kirchneristas, porque lo que están votando y haciendo es dar una vuelta de página en la historia argentina para ir para atrás”.
En nombre del bloque Córdoba Federal, el diputado Carlos Gutiérrez confesó: “No he podido dejar de preguntarme si habrá querido Néstor Kirchner impulsar esta ley para que después de 15 años de vigencia exitosa se dejara sin efecto”.
“Está claro que las promociones deben terminar algún día, pero deben terminar cuando el sector tiene la capacidad suficiente para desarrollarse en el mercado y no dejarlo a merced del lobby petrolero”, aseveró el legislador, que asintió que era necesario revisar la ley “pero no de esta forma; se pierde la oportunidad para discutir en serio la matriz energética toda”.
Por el interbloque Juntos por el Cambio cerró el cordobés Diego Mestre, quien lamentó que la iniciativa “va a contramano del mundo” sobre el uso de los biocombustibles, y mencionó lo que ha pasado en “Brasil que ha venido aumentando progresivamente el porcentaje de corte llevándolo al 27,5%”, Paraguay al 25% o Indonesia que lo tiene en el 30%.
En su discurso rechazó además la “discrecionalidad” que tendrá la autoridad de aplicación, y consideró que al secretario de Energía “le quieren dar la lapicera para que fije el precio, el cupo y el corte, eso es absolutamente inadmisible para nosotros”. Para el radical, esta propuesta “es una puñalada al sector productivo, a los trabajadores, que van a perder sus puestos de trabajo, a las economías regionales”.
“El Frente de Todos lo que propone es el cierre de plantas”, acusó Mestre, y enfatizó que “se ha cedido ante el lobby petrolero” y esta iniciativa “va a provocar una crisis ambiental en el mediano y largo plazo” y “va a traer menos inversión”.
Por último, el oficialista Marcos Cleri, que trabajó en la redacción del proyecto de ley, destacó que en la sesión se haya ponderado la ley impulsada por el expresidente Néstor Kirchner y repasó varios logros del sector, entre ellos que “logramos ser el primer país en el mundo en materia de exportación de biocombustibles”.
El santafesino expresó que debe existir una “sinergia positiva entre el sector privado y el Estado” y “la mirada de la transición energética tiene que ir en un sendero” donde “se logren los equilibrios justos y armónicos para poder armonizar los precios de los insumos, con el usuario, el consumidor que carga la nafta, el productor, y la logística, el transporte”.
Según el diputado kirchnerista, el proyecto va en línea con ese “equilibrio” y “potencia el espíritu de la Ley 26.093”. “Hablamos con el sector empresario, nos reunimos con los legisladores de cada provincia, compatibilizamos con la mirada del Poder Ejecutivo, revisamos la legislación vigente, la que estaba por vencer y también los compromisos internacionales de Argentina en materia ambiental”, enumeró.
Entonces, defendió que se trata de “un proyecto cien por ciento para un modelo argentino, donde se garantice el empleo, las PyMEs, la producción y la capacidad instalada de los biocombustibles”. “Nuestro proyecto es lo que las cámaras han pedido, porque no querían prórroga, porque la prórroga no les daba previsibilidad. Querían una nueva ley”.
Los detalles de la iniciativa impulsada por el oficialismo que fue aprobada por la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca crear un “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que esta presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras.
El nuevo régimen “tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo”, indica.
Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiésel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiésel, que actualmente está en 10%.
El argumento del oficialismo cuando se critica la reducción del porcentaje es que en la actual ley figura un 5%, pero al 10% se llegó a través de diferentes resoluciones del Ejecutivo desde 2006 en adelante.
Además, en la iniciativa se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.
En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.
El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.
El proyecto también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.
Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.
En la iniciativa se señala que “el abastecimiento de las cantidades de biodiésel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales”.
Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.
En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiésel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.
Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.
Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.
Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.
También se prevé la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.
Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.
Será uno de los temas incluidos en la sesión de este jueves. Habrá que mirar con atención la votación, dado que algunos legisladores de Juntos por el Cambio acompañaron el dictamen del oficialismo.
A pocos días de que caduque la prórroga de la Ley 26.093, que actualmente regula el régimen de los biocombustibles y que el Gobierno nacional extendió hasta el 12 de julio por decreto, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados se encamina a dar media sanción a un proyecto de ley que establece un nuevo marco y no aumenta los cortes obligatorios de biodiesel -en gasoil- y de bioetanol -en naftas-.
Si bien el oficialismo y la oposición acordaron sesionar esta semana con temas de “consenso”, la inclusión de esta iniciativa se trata de uno de esos puntos en los que se espera un áspero debate y varios votos en contra.
Cabe recordar que en marzo, ante la intención del Frente de Todos de echar por tierra la prórroga de la ley actual hasta 2024 como había votado el Senado por unanimidad el año pasado, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se unieron para pedir una sesión y tratar el tema. Sin embargo, no lograron quórum.
Para la sesión de este jueves, la bancada que conduce Máximo Kirchner tendría asegurados los números para aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara alta, donde habrá que ver qué trámite le espera, dado que en algunos senadores del propio oficialismo no cayó nada bien esta nueva propuesta.
Pero habrá que ver la votación con suma atención, ya que además de tener el apoyo de aliados como el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo o la neuquina Alma Sapag, habría legisladores de Juntos por el Cambio que acompañarían con su voto el proyecto, si se tiene en cuenta que suscribieron el dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos.
Se trata de los tucumanos José Cano (UCR) -firmó en disidencia parcial- y Domingo Amaya (Pro), y de los jujeños Jorge Rizzotti (UCR) y Osmar Monaldi (Pro).
La iniciativa apunta a crear un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que esta presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras. El nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.
Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiesel, que actualmente está en 10%.
El argumento del oficialismo cuando se critica la reducción del porcentaje es que en la actual ley figura un 5%, pero al 10% se llegó a través de diferentes resoluciones del Ejecutivo desde 2006 en adelante.
Además, en la iniciativa se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.
En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.
En este sentido, otro cuestionamiento tiene que ver con lo ambiental: al no elevarse los porcentajes de corte obligatorio, quienes se oponen a la ley señalan que se va en contramano del mundo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.
El proyecto también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.
Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.
El secretario de Energía se presentó ante un plenario de comisiones de Diputados. Desde Juntos por el Cambio apuntaron a la visión energética del Gobierno a largo plazo. El debate continuará en los próximos días.
El secretario de Energía, Darío Martínez, defendió este jueves ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción de los biocombustibles, pero la oposición mantuvo sus críticas y el debate continuará en los próximos días.
Martínez expuso en una reunión virtual de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Omar “Chafi” Félix y Carlos Heller, respectivamente.
El funcionario habló de “un muy buen proyecto” que “le da previsibilidad a una actividad que la necesita”, y consideró que “en un esquema de transición energética, los biocombustibles son una actividad importante”.
“Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector; su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos; la protección de las pymes y empresas no integradas; y el resguardo del bolsillo de los consumidores, en un proceso de fomento positivo de la actividad, también impulsando la sustitución de importaciones de combustibles líquidos”, explicó.
Al repasar el proyecto artículo por artículo, Martínez confirmó que el corte de biodiesel, a pesar de las críticas de las cámaras empresarias, se bajará al 5% -actualmente es del 10%-, aunque “puede ser aumentado si las condiciones de mercado o la demanda lo aconsejan”.
También detalló que se prevé “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”, para lo cual se otorga la facultad de disminuir “hasta el 3%, para amortiguar el impacto”.
Ese mecanismo, indicó, se aplicará en forma similar para el bioetanol de maíz, cuyo corte se mantendrá en el 12% -igual que en la actualidad-, con un nivel del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz.
Por otra parte, Martínez destacó la protección a las pymes y empresas no integradas, que “serán las abastecedoras con un cupo máximo de 50.000 toneladas”, y agregó que “se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.
En tanto, “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas”.
Otros aspectos del proyecto son la creación de un comité de seguimiento con carácter federal y la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que “puede significar un sendero virtuoso para la actividad”, destacó el secretario de Energía.
“El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo del sector de biocombustibles, asociándolo de manera virtuosa al desarrollo nacional”, afirmó Martínez, al señalar que el contexto actual es diferente al de 2006, cuando se sancionó la ley original que ahora se intenta modificar.
Al aportar cifras, precisó que participan activamente en el sector de los biocombustibles más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias argentinas, que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.
Las provincias dedicadas al biodiesel son Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, mientras que el bioetanol involucra a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y San Luis, puntualizó el funcionario.
“El impacto en las economías regionales es muy importante”, aseguró, y por otra parte destacó que “de las 28 empresas que producen biodiesel dentro del régimen de promoción, 25 son pymes”.
Asimismo, detalló que anualmente las empresas dentro del régimen de promoción produjeron un total de 1,2 millones de toneladas en 2017; 1,1 millones en 2018; la misma cantidad en 2019; y 0,5 millones en 2020, producto de la parálisis de la actividad por la pandemia.
Los radicales Fabio Quetglas, Jimena Latorre y José Cano abrieron la ronda de preguntas con fuertes críticas al proyecto. “¿Cuál es la lectura de la Secretaría sobre la transición energética en marcha? Si no sabemos hacia dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, advirtió Quetglas.
Latorre coincidió en preguntar “cuál es el plan energético en el que se enmarca este proyecto”. “Si seguimos en esta política de parche sobre parche, no vamos a poder tener una política de mediano y largo plazo”, dijo, y tildó a la propuesta del oficialismo de “retrógrada”.
A su vez, Cano recordó que la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una “mirada estratégica de hacia dónde quería ir la Argentina, daba una hoja de ruta”, pero también mostró dudas sobre la visión hacia adelante. “¿Cómo imagina a la Argentina en 2030 en materia energética?”, insistió, al señalar que si ese año la participación del etanol de caña de azúcar sigue siendo del 6%, “no da una proyección de futuro”.
Martínez respondió que “hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono”, y añadió que “los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética”, porque “nuestra matriz es en base a gas”.
Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que “necesitamos más información para definir un nuevo régimen para poder evaluar esta política pública y tener un diagnóstico completo”. “Para evaluar los escenarios futuros tenemos que contar con datos”, insistió.
Desde el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschenberger y el puntano Carlos Ponce pidieron atender más explícitamente en la ley el tema de la distancia al puerto. “En la fijación del precio es necesario el reconocimiento de los costos de transporte” porque eso “afecta la igualdad de oportunidades”, dijo Rauschenberger.
Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos reconoció que para su provincia “y para el norte azucarero, todo lo que pidió el sector se ha cumplido”. “No podemos debatir quién gana o quién pierde porque estamos en un año electoral. Tenemos que buscar los equilibrios necesarios para garantizar inversiones”, enfatizó, y confesó su temor de que el tema se termine judicializando.
Hacia el final, el santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) subrayó que “la baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior”.
Al inicio del plenario de comisiones, el diputado mendocino Omar De Marchi (Pro) consideró “improcedente” el decreto de prórroga de la ley vigente (el 322/21), publicado el último lunes en el Boletín Oficial.
Según recordó De Marchi, la Ley 26.093 “fue sancionada el 12 de mayo de 2006 y le dada una vigencia de 15 años, por lo tanto vencía el 11 de mayo de 2021, pero le daba una posibilidad al Ejecutivo de tomar una fecha alternativa para la vigencia de 15 años, a partir del primer día del cuarto año de entrada en vigencia, o sea el 1ro de enero de 2010”.
“De tomar esta segunda fecha, la ley debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. La ley no da opciones intermedias para sancionar prórrogas”, dijo el legislador.
“Hasta el momento ninguno se ha acercado a hablar con nosotros”, se limitó a decir el diputado mendocino, consultado sobre si dará quórum el próximo jueves.
El jefe del interbloque de diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, puso en duda el acompañamiento de su bancada a la sesión especial convocada por la oposición para este jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.
Se trata del pedido que unificaron Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, presididos por Mario Negri y Eduardo “Bali” Bucca, para tratar el proyecto proveniente del Senado, que extiende beneficios impositivos para más de medio centenar de plantas productoras de biodiesel y bioetanol en todo el país.
“Mario Negri, Cristian Ritondo y ‘Bali’ Bucca tendrán que acercarse, conversar, plantearnos cuáles son sus intereses, y nosotros en consecuencia vamos a obrar. Hasta el momento ninguno se ha acercado a hablar con nosotros”, se limitó a decir Ramón en diálogo con Diputados TV.
Las dos principales bancadas de la oposición reúnen, con asistencia perfecta, 126 diputados, quedando a tan solo tres del quórum, por lo que la postura de Unidad Federal para el Desarrollo, que tiene seis integrantes, será clave.
De todos modos, el proyecto de ley requiere del voto de los dos tercios de los presentes para ser aprobado ya que no cuenta con dictamen de comisión.
Ramón sostuvo que hay “intereses económicos muy fuertes” en torno al tema: “Uno tiene que ver con la industria del petróleo, y el otro, con aquellos que siembran soja, caña de azúcar, y están intentando incorporarse a los combustibles de manera más amigable con el medioambiente”.
“El segundo tema es la caja de recaudación de los gobernadores de las provincias que gestan el petróleo o los biocombustibles, y en ese sentido hay fundamentalmente dos gobernadores que lo están empujando -el de Córdoba y el de Tucumán-, y gobernadores que pertenecen a la zona de producción petrolera, que en mi provincia genera, si no es el primero, el segundo origen de ingresos”, describió.
Y agregó: “Más allá de las consideraciones ambientales, de que necesitamos tener cada vez más energías limpias -sobre todo las que se consumen en gran cantidad, como los vehículos-, también hay un tema de hegemonía de provincias centrales como Córdoba, las llamadas “ricas”, que van a tener aún más hegemonía porque los ingresos que reporta este combustible son muy grandes”.
