Y continuó afirmando que benefició “a las grandes empresas petroleras y retroceder en el reemplazo de combustibles fósiles por energías verdes”.

El senador de Juntos y titular de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, Andrés de Leo, crítico las políticas del gobierno con relación a los biocombustibles que “desalentaron su producción, y ahora debemos recurrir a ellos por el desabastecimiento internacional de gasoil”.

“La Ley que aprobó en Gobierno en su momento, autoría de Máximo Kirchner, redujo el porcentaje de corte, del 10 al 5 por ciento. Hoy quedó claro que esa decisión lo único que hizo fue perjudicar a los pequeños y medianos productores de energía y las fuentes de trabajo del sector y como contraposición, benefició a las grandes empresas productoras de combustibles fósiles”, dijo el legislador.

“En su momento, también el gobernador de la provincia de Buenos Aires había dicho que quería que la Provincia fuera una provincia petrolera, sin embargo, desatendió la situación de los pequeños productores de energías verdes y renovables” agregó.

Al respecto, De Leo señaló que “en nuestro país producen biocombustible treinta y cinco (35) empresas. El sesenta y nueve por ciento (69%) de ellas son PyMEs, que concentran el veintidós por ciento (22%) del total de la capacidad de producción. De esas PyMEs que producen biocombustibles, diez (10) están radicadas en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, Junín y Bahía Blanca”.

“Hoy –continuó-, en el contexto de crisis y falta de gasoil para la producción, el Gobierno tuvo que recurrir, tarde y mal, a aumentar el corte de biocombustibles a los combustibles tradicionales, incluso por encima del 5 por ciento que marca la Ley actual”.

Una propuesta para la Provincia

En 2020 el senador De Leo fue autor de un proyecto de Ley para declarar de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles, y la creación de un Consejo Consultivo Asesor.

La iniciativa busca promover e impulsar la producción sustentable de biocombustibles, elaborar un plan de acción para reemplazar los combustibles fósiles, y fomentar la investigación científica en el tema.

Para ello, el proyecto de ley prevé que el Estado bonaerense incentive la inversión desarrollando acciones que propicien el marco para la inversión en producción y consumo de biocombustibles; con líneas de crédito especialmente diseñadas para la producción y consumo de biocombustible en el territorio provincial; con beneficios impositivos; y diseñando e implementando un plan de migración en el consumo de combustible de los vehículos oficiales, al igual que las empresas del Estado y las empresas de transporte.

“El objetivo central es generar políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento, en cuanto a producción y consumo, de biocombustibles en la Provincia, que contribuya al crecimiento económico.  Lo pensamos en 2020, y hoy el contexto internacional nos da la razón, el camino del futuro del autoabastecimiento es con los biocombustibles”, finalizó De Leo.

Ante la situación de emergencia en la provisión de combustibles, la diputada nacional por Córdoba Gabriela Brouwer de Koning presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que disponga el cumplimiento del art. 8 de la Ley 27.640 ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, y eleve el porcentaje obligatorio de biodiesel en los combustibles líquidos como el gasoil con el objetivo de conseguir una mayor disponibilidad de uno de los insumos más importantes para el campo. 

En el proyecto de resolución, la diputada del bloque Evolución Radical plantea que el Poder Ejecutivo debe promover el aumento del cupo de biodiésel al mayor porcentaje que las normas técnicas permitan. De esa manera habría mayor disponibilidad de combustible y ahorro de divisas ante la consecuente baja en la importación de dicho insumo, que esto produciría. “Esta posibilidad, está disponible y prevista en la legislación vigente, para poder brindar soluciones ya mismo a los sectores afectados, sin perjuicio de que haya que buscar soluciones a largo plazo, siendo necesario discutir una nueva ley de biocombustibles”, expresó Brouwer de Koning al respecto. 

Cabe destacar que casi el 30% del combustible en Argentina lo consume el sector agropecuario y que un 20% de la demanda de gasoil se cubre con importaciones. Incluso si las refinerías de Ensenada y Dock Sud trabajaran al 100% de su capacidad, la dependencia externa de gasoil continuaría siendo crítica, como consecuencia de la guerra en Ucrania.  

En este sentido, la diputada nacional expresó “Córdoba es uno de los pilares agroindustriales de la Argentina. Y es por ello que vamos a encargarnos de que, a nuestro campo, no le falte éste ni ningún otro insumo para la producción”, dijo. 

“El desabastecimiento de combustibles es algo inconcebible en nuestro país, ya que golpea directamente al campo y a todos los sectores productivos en su conjunto. Un campo que no cosecha, es un país que no crece”, finalizó la legisladora de Evolución. 

El senador oficialista Marcelo Lewandowski se refirió este miércoles a la Ley de Biocombustibles y aseguró que en la reglamentación se deben “corregir las asimetrías”, al tiempo de reconocer que trajo ciertos obstáculos a las empresas del sector en Santa Fe.

“La Ley de Biocombustibles sancionada el año pasado dejó en dificultades a las empresas del sector. Hay 39 plantas en toda la República Argentina y 21 están instaladas en Santa Fe. En la reglamentación se deben corregir las asimetrías, pero hasta ahora no ha ocurrido”, escribió en su Twitter el legislador cercano al gobernador Omar Perotti.

En esa línea, resaltó que “la escasez mundial de gasoil presenta una gran oportunidad para el biodiésel en la sustitución de importaciones, en el ahorro de divisas, fomentando el desarrollo industrial nacional y protegiendo las fuentes de trabajo de los argentinos”.

La escasez mundial de gasoil presenta una gran oportunidad para el Biodiesel en la sustitución de importaciones, en el ahorro de divisas, fomentando el desarrollo industrial nacional y protegiendo las fuentes de trabajo de los argentinos. #Biodiesel #Carbio @CEPREBARG

— Marcelo Lewandowski (@marcelewan) March 30, 2022

Tras destacar una media sanción que había salido por unanimidad del Senado, el oficialismo en la Cámara de Diputados impulsó el año pasado, a instancias de Máximo Kirchner, una nueva Ley de Biocombustibles.

La norma conservó el corte obligatorio de bioetanol en 12% para las naftas -en 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz-, es decir, no lo subió respecto a la norma anterior; y redujo del 10% al 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil.

Los senadores nacionales por Santa Fe, Roberto Mirabella, María de los Ángeles Sacnun, el diputado nacional, Marcos Cleri y el senador provincial, recientemente electo senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, mantuvieron una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez y  representantes de las cámaras del sector de biocombustibles  durante la cual analizaron la situación actual del sector de los biocombustibles y trabajaron en la reglamentación de la Ley de Biocombustibles.

Luego del encuentro Mirabella expresó: “Fue una muy buena reunión de trabajo, la primera fue en agosto, después se fueron sucediendo diferentes reuniones bilaterales para fijar el precio, el cupo y para la futura reglamentación de la ley. Vamos a seguir teniendo próximas actividades para tener una previsibilidad en la regulación de las actividades de biocombustibles y del biodiesel en particular”.

“Se habló de la realidad del sector, de los costos que hoy tienen las empresas, de los cupos para trabajar dentro del mercado interno y en el corte del mercado interno”, detalló.

En ese mismo sentido, Lewandowski calificó como “muy positivo” el encuentro con el secretario Martínez para establecer el marco regulatorio de la ley y aseguró que “indudablemente el sector está preocupado y necesitamos resolver una problemática urgente que hace a un sector que es importante en Santa Fe, que tiene mucha mano de obra y que el biocombustible ha significado un paso importante en la provincia dado que el 80% la producción de biodiesel se produce en Santa Fe por ende debemos estar atentos y trabajando mancomunadamente con el sector para lograr las mayores ventajas posibles”.

En tanto, Cleri manifestó: “Fue una reunión de trabajo muy importante entre las cámaras del sector, el secretario de energía y los legisladores nacionales. Es claro el protagonismo fundamental que tienen los biocombustibles en la provincia de Santa Fe y en la transición energética de la matriz productiva de la energía de la Argentina”.

Al respecto indicó que continuaron trabajando “para poder potenciar en la reglamentación las virtudes de la nueva ley de biocombustibles atendiendo el cuidado del trabajo, la búsqueda de mayor producción y por supuesto un horizonte de previsibilidad tan necesario para poder seguir trabajando, produciendo, generando valor agregado en una provincia protagonista tan importante como la provincia de Santa Fe para poner Argentina de pie”.

Por último, Sacnun resaltó que “es fundamental que preservemos y cuidemos esta industria que nos ha permitido generar puestos de trabajo en pueblos donde nunca antes hubiera existido quizás una industria. Debemos seguir apostando a industrializar la ruralidad y a que se siga desarrollando este sector que impacta favorablemente en la generación de empleo y en el desarrollo de la provincia de Santa Fe”.

Los diputados del bloque Córdoba Federal presentaron un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Biocombustibles (N°27.640), sancionada el pasado 16 de julio, y la cual votaron en contra cuando se trató en la Cámara baja. El texto lleva también la firma de Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del Interbloque Federal.

Los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti señalaron que “este sector dinámico no sólo contribuye a la conformación de una matriz energética sustentable”, sino que “también puede aportar al reequilibrio de la balanza comercial y la provisión de divisas al país”.

“Pero además, la importancia de los biocombustibles radica en la posibilidad de articular cadenas de valor que conecten a nuestro sector primario con el complejo industrial: más empleo, desarrollo de las economías regionales y diversificación de la canasta de bienes exportables”, expresaron en la cuenta de Twitter de la bancada.

Asimismo, en los fundamentos de la iniciativa afirmaron que esta propuesta “es compatible con las necesidades que en materia ambiental, salud, economía e inclusión social tiene nuestro país”.

Entre los cambios que impulsa el proyecto, en lo referido a las funciones de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, los cordobeses buscan incorporar que deberá “coordinar esfuerzos con el Ministerio de Agricultura, y organismos afines, para facilitar políticas que permitan la provisión sostenida de insumos para la producción de biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria”.

En cuanto al corte obligatorio de 12% de bioetanol en naftas se agrega al articulado que “dicho porcentaje nominal mínimo podrá ser elevado por la autoridad de aplicación cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas”.

Además, la iniciativa busca eliminar que el volumen obligatorio del 6% del bioetanol a base de maíz se pueda reducir a 3% si así lo considera la autoridad de aplicación. Y, en una nueva redacción, apuntar a establecer que “las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de maíz y superar el porcentaje de corte establecido”.

En otro artículo que se busca modificar, los cordobeses proponen que se añada que “los estados provinciales podrán establecer los requisitos y condiciones para la producción, distribución y comercialización de biodiésel y bioetanol para autoconsumo o mercado voluntario exclusivamente en estado puro -B100 y E100- o en mezclas iguales o superiores al 85%”.

También que “la autoridad de aplicación creará dentro de los dos años de vigencia de la presente ley, programas específicos para desarrollar el uso mandatorio de biogas y/o biometano, biojet u otros biocombustibles a definir”.

“Para garantizar la utilización de diversas mezclas y porcentajes, se autoriza la fabricación, importación y comercialización de vehículos de combustible flexible y de dispositivos o kits de conversión que permitan la utilización de biocombustibles mezclados con combustibles fósiles en porcentajes superiores a los establecidos en forma obligatoria. La autoridad de aplicación establecerá los respectivos requisitos de homologación y condiciones de seguridad y demás requerimientos aplicables. En ausencia de reglamentación por la autoridad de aplicación nacional, los estados provinciales podrán establecer dichos requisitos y condiciones”, agrega el texto.

El Gobierno promulgó la Ley 27.640, que establece el nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que está presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras.

El nuevo régimen “tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo”, indica.

La ley se sancionó el pasado 16 de julio en el Senado, con 43 votos positivos, 19 negativos y 0 abstenciones. Este miércoles fue publicada en el Boletín Oficial.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiésel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.

Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.

El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

La norma también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.

Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.

En la ley se señala que “el abastecimiento de las cantidades de biodiésel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales”.

Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.

En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiésel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.

Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.

Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.

Otro capítulo de la ley dispone que “de manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.

También se prevé la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.

Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.

Los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal le enviaron una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, con el objeto de solicitar que previo a la reglamentación de la ley marco regulatorio de Biocombustibles, recientemente sancionada, se consulte a todos los sectores “afectados por la norma, a fin de poder conocer, evaluar y mitigar el impacto negativo del nuevo régimen en nuestras provincias”.

“Tal como lo hicimos saber en el exiguo debate en el Senado de la Nación, esta ley resulta un retroceso en una política pública que llevaba ya más de 15 años de vigencia y cuya modificación no ha contado con el amplio consenso político que, en pos de mayor previsibilidad y estabilidad hubiera requerido”, dice la misiva.

Y continúa: “Este nuevo marco regulatorio de la actividad, además de modificar las condiciones en que se hicieron grandes inversiones en nuestras provincias, confiere una discrecionalidad riesgosa al Poder Ejecutivo para reducir aún más los porcentajes de corte de los combustibles, sumando así mayor imprevisión y arbitrariedad, todo lo contrario, a lo que necesita cualquier sector de la economía para desarrollarse”.

Los senadores consideraron que “esta severa afectación de las inversiones existentes en nuestras provincias, pone en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos y de calidad, con el consecuente impacto social que su eliminación va a acarrear en diversos pueblos de nuestro interior”.

“Párrafo aparte merece el retroceso que esta ley implica en materia de política ambiental, que contradice los compromisos de reducir los niveles de emisión de carbono, asumidos incluso por el propio presidente de la Nación (Alberto Fernández) en la última ‘Cumbre de Líderes sobre el Clima’ de abril pasado”, apuntan.

Entre las críticas, señalaron que “esta nueva ley nace con un vicio en el debido proceso constitucional de formación y sanción de las leyes, vulnerando así el sistema de bicameralidad expresamente previsto por los artículos 44, 78 y 81 de nuestra Constitución Nacional, toda vez que en materia de biocombustibles esta Cámara había sancionado por unanimidad con 70 votos afirmativos la orden del día 374/2020 que disponía la prórroga del régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2024”.

También los senadores de Juntos por el Cambio sostuvieron que “la Cámara de Diputados debió haber considerado dicho proyecto en su calidad de cámara revisora y no haber sancionado un proyecto nuevo como cámara de origen”.

“A fin de mitigar este escenario de enorme imprevisibilidad para el sector con inversiones en nuestras provincias, requerimos que de manera urgente se convoque a todos los afectados y se los consulte previamente a dictar cualquier reglamentación en la materia, con el objeto de cuidar y proteger las inversiones realizadas y los empleos generados por esta industria vinculada al agro que ya llevaba 15 años de desarrollo”, concluye la carta.

Los senadores firmantes son María Alejandra Vucasovich, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Víctor Zimmermann, Pamela Verasay, Alfredo de Angeli, Pablo Blanco, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Stela Olalla, Luis Naidenoff, Clara Vega, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Romero, Julio Cobos, Ernesto Martínez y Esteban Bullrich.

La ley propicia la creación de un “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que está presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras.

El nuevo régimen “tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo”, indica.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiésel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiésel, que actualmente se encontraba en 10% gracias a distintas resoluciones que el Ejecutivo había dictado desde el 2006 -año que se sancionó la Ley 26.093, ahora derogada-.

Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual a como figuraba en la vieja ley.

El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

La norma también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.

Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.

En la ley se señala que “el abastecimiento de las cantidades de biodiésel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales”.

Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.

En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiésel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.

Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.

Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.

Otro capítulo de la ley dispone que “de manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.

También se prevé la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.

Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.

Por Melisa Jofré

Tras un largo derrotero, que incluyó que la Cámara de Diputados archivara una media sanción votada por unanimidad en el Senado el año pasado, se convirtió en ley este viernes por la madrugada el nuevo régimen de biocombustibles, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2030.

La norma, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, mantiene el corte obligatorio de bioetanol de 12% para las naftas -en 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz-, es decir, no lo aumenta; y reduce a 5% (actualmente estaba en 10%) el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil.

En la sesión de la Cámara alta, la ley obtuvo 43 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Salió con el apoyo del Frente de Todos y los aliados Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck. Mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron.

Tal como sucedió en Diputados, un puñado de legisladores de la principal bancada opositora, representantes de provincias azucareras, votaron positivamente: fueron la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR); y los jujeños Mario Fiad (UCR) y Silvia Giacoppo (UCR).

Otro dato no menor fue que los pampeanos oficialistas Norma Durango y Daniel Lovera se abstuvieron en el artículo 8 -referido a los cortes-, que se votó por separado.

El debate

Miembro informante del oficialismo, el sanjuanino Rubén Uñac recordó que el Senado votó el año pasado la prórroga de la Ley 26.093, pero la Cámara de Diputados consideró “la necesidad de una reforma más profunda”.

Al destacar el régimen creado durante la presidencia de Néstor Kirchner, el legislador del Frente de Todos señaló que en estos años “se crearon nuevas empresas, miles de puestos de trabajos, 54 plantas industriales distribuidas en 10 provincias argentinas” y hubo inversiones “por más de tres mil millones de dólares”. “La creación del régimen fue una decisión más que acertada”, ponderó.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles expresó que “el escenario actual ya no es el mismo” y “resultaba necesario establecer un marco regulatorio que permita la previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector”. Y defendió el “rol preponderante” que tendrá la Secretaría de Energía, porque “es fundamental y necesario para garantizar el cumplimiento del régimen con el acompañamiento del Estado”.

En contraposición, la radical Pamela Verasay criticó la “penosa y precaria presentación” que hizo el secretario de Energía, Darío Martínez, en comisión, donde no se habló “de un solo número”. Entonces, mencionó que los biocombustibles han alcanzado “el 4% dentro de la matriz energética” y “en los últimos tres años han generado -en promedio- exportaciones o ingresos de divisas por más de mil millones de dólares”.

Aún “sabiendo que el mundo va hacia la descarbonización, sabiendo de los compromisos que ha asumido el propio presidente Alberto Fernández sobre la reducción de emisión de gases ante la comunidad internacional”, apuntó la mendocina, “no hubo ningún tipo de informe ambiental que justificara esta decisión”.

También, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles rechazó la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Energía, que “a su antojo va a poder fijar los cortes, regular precios”, entre otras funciones. Además, opinó que “no cabe dudas que esta ley es un salvataje más para YPF”.

Desde el propio oficialismo, el pampeano Daniel Lovera se manifestó en contra de la reducción del corte de biodiésel y pronosticó que en su provincia “seguramente se va a trasladar en una merma de la capacidad productiva” y “provocará una reducción de trabajo de pampeanos”. Por eso, anunció su abstención y la de su par Norma Durango. Además pidió que el Poder Ejecutivo “convoque a las provincias productoras a trabajar en la reglamentación de la ley”.

Otro oficialista que advirtió por el impacto de la ley fue el santafesino Roberto Mirabella, quien resaltó que su provincia tiene “el 80% de la capacidad de producción de biodiésel”, aunque “hay una parte importante de esa industria que está ociosa”.

“Para mi provincia tiene un impacto importante si se cae la producción de biodiésel”, alertó y estimó que “si se reduce el corte podríamos tener pérdida de 400 millones de dólares en la industria del biodiésel y 360 en la industria aceitera de soja; además de caer la recaudación tributaria, que lo estiman en 13 millones de dólares”.

En otro tramo, el legislador del Frente de Todos subrayó que “en el mundo, el presidente de Estados Unidos está convocando a impulsar las energías renovables y los biocombustibles. Alemania en los 30 años que ha impulsado la bioeconomía está vendiendo tecnología al mundo. Inglaterra determinó que en el 2030 no va a haber más autos con combustible fósil. Tenemos que mirar qué está pasando en el mundo, porque el mundo va hacia la bioeconomía”.

Con todo, Mirabella reveló que cree en la palabra del secretario de Energía, quien “se comprometió a debatir y formular en conjunto la reglamentación”, y que en esa instancia él propondrá “un fondo compensador”. “No es la ley que más me gusta, pero es la ley posible”, agregó.

Por su parte, la otra senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, hizo una defensa enfática del proyecto y remarcó que la norma anterior -la cual se había votado el año pasado su prórroga por cuatro años- “establecía claramente cuál era el porcentaje de corte, porque parece que lo único que discutimos es el porcentaje de corte”, y el de biodiésel era del 5%, “el mismo porcentaje que insertamos ahora”.

Con cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri, dijo que durante esa gestión “dieron el porcentaje de corte pero congelaron el precio y casi destruyen a toda la industria de biocombustibles”. Y destacó que en esta iniciativa “se establecen los cupos con un tope, de 50 mil toneladas” que servirá para garantizar la distribución y redistribución “entre las PyMEs” de su provincia “para que puedan seguir abiertas”. “Estamos buscando nuevamente un proceso de equilibrio”, añadió.

Fuertemente en contra de la ley, la cordobesa Laura Rodríguez Machado aseguró su provincia será una de las que “más se verá afectada con la sanción de esta ley”. “Córdoba va a estar de luto”, lamentó y continuó diciendo que hay provincias a las que esta norma “las liquida, les pone un cerrojo, casi les pone una bandera de remate”.

Al preguntarse “qué estaría pensando Néstor Kirchner” al ver “echar por la borda la ley que él generó”, la calificó como “demencial” y “antifederal” porque plantea “beneficio para algunas (provincias) y entierro para otras”, una decisión que se corresponde a “un gobierno autoritario”. En su discurso, la macrista le recomendó al pueblo que “en las elecciones de medio término” recuerden “quiénes levantaron la mano contra los intereses de las provincias que representan”.

Muy enojada con la Cámara baja, la radical Silvia Elías de Pérez enfatizó que “es una barbaridad lo que ha hecho la Cámara de Diputados, inconstitucional lo que ha hecho” al no tomar en cuenta “la media sanción que este Senado ha aprobado por unanimidad”, y, a su entender, “era mucho más beneficioso para el sector”.

Pese a remarcar “las cosas malas que tiene la ley”, en representación de una provincia azucarera, la tucumana justificó su voto a favor: “Porque amo mi provincia, porque defiendo mi provincia, porque para mi provincia el bioetanol es indispensable. Y gracias a Dios, en esta ley queda salvaguardado”.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, afirmó que la ley “es un claro retroceso” y presenta “contradicciones”, como por ejemplo en lo que “todos los funcionarios de Gobierno repiten constantemente de descarbonizar nuestra economía”.

“Esto más que previsibilidad es un monumento a la discrecionalidad depositada en el secretario de Energía”, observó la macrista, que consideró a la norma como “resultado del feroz lobby de las petroleras” y “de un Gobierno que dice una cosa y hace otra”.

La bonaerense señaló que la ley “viola el principio de progresividad” previsto en el artículo 4 de la Ley de Ambiente, “el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú”, e “impide que cumplamos nuestros compromisos internacionales” en materia ambiental.

Desde Juntos por el Cambio, el jujeño Mario Fiad argumentó su voto positivo, pero aseveró que “el régimen que estamos tratando hoy es totalmente insuficiente” y “un aumento del bioetanol permitiría un mayor beneficio para los productores” de su provincia. “La reglamentación de una ley no es para arreglar lo que no se hizo bien en todo el tratamiento, o para acercar posiciones diferentes”, advirtió el radical.

En respuesta a Rodríguez Machado, el cordobés oficialista Carlos Caserio le retrucó que lamentablemente “no se puso de luto cuando (Juan José) Aranguren nos cobró las tarifas con 3.000% de aumento”. En lo que respecta a la norma, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que “hoy tenemos dos inconvenientes: precio y corte”, pero desde que asumió Martínez “no se dejó de configurar un precio racional para que el sector empezara a crecer”.

“No va a haber ninguna baja en el corte porque así quedamos de acuerdo con el Gobierno nacional y con el secretario de Energía”, prometió el legislador, en referencia al bioetanol a base de maíz. Y ahondó: “En la reglamentación, en la cual se está trabajando con el sector productivo, vamos a poner una decisión que permita que si en algún momento el commodity se extiende en el precio, vamos a tener el mismo precio. Por lo tanto, nunca vamos a bajar de ese 6%”. “El problema del bioetanol de maíz está solucionado”, completó.

En el final del debate, que se extendió por cuatro horas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, analizó que “el cuello de botella de Argentina tiene que ver con la matriz energética”. Para el formoseño, esta ley “es la afectación del horizonte de previsibilidad de un país” y “una mala señal para las inversiones, no para algunas provincias”. “No veo un mensaje hacia el electorado de estas provincias”, siguió.

“Todo el mundo sabe que es una mala ley”, expresó el opositor, que opinó que “hay un sector del Gobierno que está convencido de que la única herramienta que se tiene para contener el alza del precio de los combustibles es una reducción del corte de los biocombustibles”. Sobre ello, afirmó que “se equivocan”, “están perdidos” y “no entienden nada”.

Entonces, detalló que desde diciembre de 2019 los combustibles aumentaron “en 17 oportunidades” y “hoy llenar un tanque sale 60% más que hace un año”. “¿Le van a echar la culpa a los biocombustibles?”, se preguntó, para sumar que “en todo el 2020 no se publicó ni se actualizó el precio de los biocombustibles”. “Hoy el Gobierno opera para un grupo pequeño: para las petroleras y para las corporaciones o cerealeras que se van a quedar con el negocio de las PyMEs que no tienen espalda”, denunció.

Por último, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, enfatizó que el Gobierno “tiene muy claro el tema estratégico” y, en esa línea, considera que “gobernar es dar trabajo” y “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. El formoseño cuestionó la afectación de la economía durante la gestión de Macri y, por otra parte, recordó que la Ley 26.093 “fue muy buena” y “fue una promoción extraordinaria, hubo una inversión importante y generación de empleo”.

Al argumentar que la ley contiene los mismos porcentajes de corte obligatorio que contemplaba la anterior, el oficialista justificó que la Secretaría de Energía pueda reducir los números en casos extraordinarios, porque “hay que arreglar el desastre que esta gente dejó”. “Nosotros vamos a respetar el trabajo de los argentinos, pero también tenemos que respetar el concepto de la integralidad de la economía”, resumió.

Varios platos fuertes tendrá la sesión del Senado de este jueves, convocada para las 14, y que se prevé será la última que realizará en la previa del receso invernal y la campaña electoral.

La Cámara alta, presidida por Cristina Kirchner, volverá a reunirse en el recinto luego de tres semanas y tratará un conjunto de temas destacados.

Con el apoyo de la oposición, el oficialismo avanzará en la sanción del proyecto sobre “Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, por el cual se elimina el pago del retroactivo para los monotributistas, que no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante de lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la Ley 27.618.

La iniciativa también fija que en julio se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.

Entre otros puntos, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, y un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.

En conjunto a este tema, se votará una iniciativa que modifica el impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales con el objetivo de “incentivar el ahorro en pesos”.

Otro proyecto destacado, que se encamina a convertirse en ley, se trata de la nueva ley de biocombustibles, un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados. Se trata de una nueva iniciativa y no de la prórroga de la Ley 26.093, que precisamente el Senado había aprobado el año pasado por unanimidad.

La iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz.

En casi su totalidad -pues habrá que prestar atención al voto de los senadores opositores de Jujuy y Tucumán-, Juntos por el Cambio rechaza la reducción de los porcentajes de cortes obligatorios, pese a los argumentos del oficialismo de que son los mismos valores que contiene la ley actual, y también las facultades que tendrá la Secretaría de Energía.

El temario incluye el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, y también del cáñamo. Con aval del oficialismo y la oposición -excepto el rionegrino Alberto Weretilneck-, la propuesta obtuvo dictamen favorable en comisiones y sufrió una serie de modificaciones en su redacción original, entre ellas la incorporación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.

Tal cual ocurre siempre, el Senado, con mayoría del Frente de Todos, ratificará una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Alberto Fernández, entre los que se encuentra el 431/21 que modificó la Ley de Vacunas contra el Covid-19, con el objetivo de firmar contratos con laboratorios que producen vacunas pediátricas.

El temario se completa con un proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas desde el 1ro. de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022; una iniciativa que crea un Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros; y otra sobre transferencia de un inmueble a la provincia de Catamarca.

En un trámite veloz, el Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva ley de biocombustibles, a la que la Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada. Con todo, y atento a sugerencias surgidas desde todos los bloques, incluso del oficialismo, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, estableció un compromiso.

Lo hizo a propósito de observaciones hechas por ejemplo por el oficialista santafesino Roberto Mirabella, y expresó en ese sentido que “vamos a firmar el despacho, pero con la visión de que si existen aportes que podamos hacer, o en el caso de la propuesta que hizo el senador (Carlos) Caserio de un compromiso que se pueda tomar en el tema de la reglamentación” se atenderán esas cuestiones. “Vamos a firmar el dictamen, pero vamos a buscar en este tiempo el aporte necesario para ser justos en este esquema de la producción que la República Argentina necesita y de la generación de empleo que necesitan los estados provinciales. Y más después de esta crisis que estamos teniendo, en la que lo que más cayó fue el empleo”, agregó el senador formoseño.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña de azúcar y otro 6% para el maíz.

La reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Rubén Uñac y Carlos Caserio -respectivamente-, contó este miércoles con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien defendió el proyecto, asegurando que contempla aspectos similares a la actual Ley 26.093.

En el arranque de la reunión, la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro), reclamó que el tema no pase por su comisión. En un sentido similar, el entrerriano Alfredo De Angeli (Pro) observó la falta de intervención de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, el legislador propuso convocar a expositores, pero Uñac dejó clara la postura del oficialismo de avanzar con el dictamen este mismo miércoles.

“En unos días más nos quedamos sin marco regulatorio, la premura con la que estamos tratando el proyecto es por esas razones”, señaló el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, en alusión a que el próximo 12 de julio vence la prórroga de la ley que el Poder Ejecutivo dispuso por decreto.

Al consultar a Martínez, De Angeli afirmó que con esta ley “se va a resentir la producción de maíz” y “va a haber menos bioetanol y mucha menos producción de maíz para alimento animal”, cuando esta materia prima “está en casi todas las provincias argentinas”. “¿Usted cree que va en contra o va a favor de la producción de maíz?”, le preguntó.

El secretario de Energía argumentó que el proyecto “mantiene el mismo corte que tenemos hoy, con lo cual no debería resentirse la producción”, por el contrario opinó que “sí creo que ha habido problemas cuando no tuvimos herramientas”.

Y al momento de la repregunta, De Angeli le planteó si él será quien “decida si aumenta o baja el corte”. “La autoridad de aplicación va definiendo el esquema permanentemente, hoy es así el esquema actual”, sostuvo el funcionario, que insistió con que “hemos utilizado como base el 12% que tiene hoy el bioetanol”.

Además, justificó: “Nos parece importante tener una diferenciación entre maíz y azúcar, porque no evolucionan de la misma manera, quizás el azúcar es más constante, y el maíz tiene vaivenes”.

A su turno, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) recordó que el Senado, por unanimidad, había decidido el año pasado prorrogar la actual ley y la Cámara de Diputados “una vez más desoyó, dejó de lado, ni siquiera tomó en cuenta la decisión que se había tomado”. “Lo que se necesitaba era una discusión profunda”, resaltó la radical.

La tucumana, que reconoció que “la caña de azúcar está salvaguardada” (cabe recordar que en Diputados los legisladores tucumanos de JxC votaron a favor), rechazó que la ley deje “en discrecionalidad de la autoridad de aplicación, sea quien fuere” la decisión de aumentar o bajar los cortes. “Hay un retroceso”, sostuvo y le preguntó sobre “el cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero que tendría el país”.

Respecto a que “la autoridad de aplicación define el corte y precio es tal cual está en el régimen actual, tal cual está en lo que votaron ustedes en la prórroga”, argumentó Martínez, y “en cuanto a las emisiones, como es el mismo corte, no deberíamos tener ninguna diferenciación”, dijo.

Con fuertes críticas, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) aseveró que “esta ley no tiene consenso de todos los actores. Yo represento a una provincia que se va a ver tremendamente afectada por esta ley. En mi provincia no tiene el consenso”.

La macrista cuestionó la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Energía, al establecer la autorización “sin decir cuál es el criterio, de bajar solamente a quienes producen biocombustibles en base al maíz”.

“El campo en su conjunto ha recibido fuerte embate del kirchnerismo en todos los proyectos que presenta”, reclamó y consultó a Martínez “si hay previstos hacer aprietes a las empresas que presentaron cautelares”, algo que el funcionario rechazó al responder.

También muy dura, la radical Pamela Verasay (UCR) criticó que en la exposición de Martínez “no se ha escuchado el costo fiscal, el impacto en la balanza comercial” y “no se aportó un solo número al debate” ni tampoco “cuál es el sustento técnico” de la propuesta.

Mientras que la bonaerense Gladys González le replicó: “Esto es un retroceso en todos los aspectos que usted mencionó como positivos; no alcanzo a ver qué es lo positivo de esta norma”. “Es mentira que no estamos reduciendo, hoy el corte del biodiésel es del 10%, no es del 5%”, enfatizó, y consideró que al no subir los porcentajes de corte “vamos a quedar afuera del mundo” porque “el mundo está descarbonizando”.

En la reunión, recogió el guante por los dichos de Rodríguez Machado -aunque sin nombrarla- la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT), quien pidió que a la política de biocombustibles “la quitemos, la saquemos de la campaña electoral”. Y dijo que sobre la supuesta “posición en contra del campo” del peronismo “de ninguna manera puedo permitir que esto pase como una afirmación alegre”.

Por el contrario, la legisladora kirchnerista manifestó que es una afirmación “refutable, tanto desde el punto de vista conceptual como de los datos concretos”. “A los sectores productivos de nuestro país siempre le ha ido mejor con nosotros que con la oposición”, remarcó y apuntó contra “los campeones de la industrialización del país” que “se llevaron puestos en cuatro años 230 mil puesto de trabajo, 24.537 PyMEs y ni que hablar del poder adquisitivo de los salarios”.

Martínez insistió que el proyecto contiene similitudes con la actual ley

En su exposición inicial, el secretario de Energía recordó que la Ley 26.093 “fue empujada e iniciada por un expresidente (Néstor Kirchner) que venía de ser gobernador de una provincia petrolera. Sin embargo entendía ese diversidad que tiene nuestra matriz energética y la potencialidad de poder avanzar y generar energía y puestos de trabajo en nuestro país”.

“Ese sigue siendo el espíritu de este proceso: transición energética, generar recursos, cuidar y generar puestos de trabajo”, afirmó sobre el proyecto que en la Cámara baja impulsó Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista.

Para el funcionario, “era importante volver a tener un régimen que establezca un plazo que le dé un horizonte a los inversores, los trabajadores, las regiones y el sistema en general”.

“Estoy muy contento con el trabajo que se hizo en Diputados”, reveló y apuntó que “el vaivén de los precios hacía que, en algunos casos, (los productores) tenían corte pero no tenían precio, entonces las plantas no estaban trabajando”.

Y defendió que el actual esquema de precios fue lo que “les permitió a todos reactivar la actividad”. “Hoy los niveles de corte y precio han sido solicitados y consensuados por los sectores, para buscar la posibilidad de que hoy las plantas estén en plena producción”, agregó.

Martínez además insistió, en varios pasajes de su exposición, que los porcentajes de cortes son “los que tenía la ley” y consideró que esta norma permitirá que “las plantas sigan funcionando, se sigan modernizando y se mantengan los puestos de trabajo”.

Minuto de silencio por Reutemann

Minutos después de las 14, al conocerse la noticia del fallecimiento del senador santafesino Carlos Reutemann, el presidente del bloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, intervino en la reunión para pedir un minuto de silencio “en homenaje a esta gran persona que ha trabajado con nosotros”, al que todos los presentes en la reunión virtual se sumaron.

Más tarde, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) homenajeó al “Lole”, quien “fue dos veces gobernador de mi provincia, de la provincia de Santa Fe” entre 1991 y 1995, y de nuevo entre 1999 y 2003, y “fue electo senador nacional en cuatro oportunidades”. “Ocupaba una banca por el peronismo federal. Había sido electo por Cambiemos. Más allá de estar sosteniendo otro ideario político, no puedo menos que hacer un homenaje a quien fue electo por el pueblo santafesino en tantas oportunidades”, completó.

Por Melisa Jofré

El oficialismo en la Cámara baja se alzó con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, en una votación que resultó con 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, luego de un largo debate que se extendió por más de seis horas.

Al Frente de Todos lo acompañaron los aliados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque Acción Federal, y la neuquina Alma Sapag. Pero también votaron a favor la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos.

En tanto, votaron en contra Juntos por el Cambio, el grueso del Interbloque Federal, y los diputados de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer.

Las abstenciones fueron de los macristas Julio Sahad y Héctor “Tito” Stefani.

El dato más saliente de la jornada es que votaron positivamente un puñado de diputados de la principal bancada opositora: se trata de los tucumanos Domingo Amaya (Pro), José Cano (UCR) y Lidia Ascárate (UCR); y los jujeños Osmar Monaldi (Pro), Gabriela Burgos (UCR) y Jorge Rizzotti (UCR), representantes de provincias productoras de bioetanol a base de caña de azúcar. Y se sumaron también los sanjuaninos Eduardo Cáceres (Pro) y Marcelo Orrego (Producción y Trabajo).

Ahora, la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner -y desarrollada por el santafesino Marcos Cleri- deberá ser tratada en el Senado, donde el año pasado se votó por unanimidad una prórroga de la actual Ley 26.093 por cuatro años más, propuesta que el Frente de Todos en Diputados desoyó.

De acuerdo con el texto votado, se establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y se fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-.

El proyecto había tenido dictamen de comisiones en mayo pasado, pero recién se votó este jueves, a 11 días de que caduque la prórroga por dos meses de la Ley 26.093, que el Poder Ejecutivo determinó por decreto.

Los defensores de la iniciativa aseguraron que la nueva ley beneficiará a las PyMEs y ayudará a controlar el precio de los combustibles. Por el contrario, quienes se opusieron pronosticaron la pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas, criticaron las facultades que tendrá la autoridad de aplicación y alertaron por un retroceso en materia ambiental.

Un debate marcado por los intereses de cada provincia

Miembro informante del oficialismo, abrió el debate el mendocino Omar Félix, que afirmó que el proyecto se elaboró “teniendo en cuenta la protección y cuidado del medioambiente”, al tiempo que busca “dar previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica” al sector.

El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles argumentó que desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006 “el escenario ha variado” y en la actualidad “conviven grandes empresas junto a PyMEs” en “provincias con realidades diferentes”.

Por ello, el diputado del Frente de Todos defendió que se establezca “un marco legal que contemple las diversidades, permita que la actividad sea constante, procure la rentabilidad del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como a los mercados financieros”.

En defensa del rol de la Secretaría de Energía, que asume varias facultades, Félix sostuvo que es necesario “que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que se eviten futuras posiciones dominantes”.

Además, el legislador subrayó que el corte obligatorio para el biodiésel “se conserva el mismo porcentaje” del 5%, previsto en la actual ley, y “en el caso del bioetanol es del 12%” distribuido en 6% para la caña de azúcar y en otro 6% para el maíz. Mientras que la Secretaría de Energía -hoy a cargo de Darío Martínez- intervendrá “excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos” y las reducciones de los porcentajes serán “temporarias”, señaló.

Muy dura, la radical Jimena Latorre aseveró que el proyecto es de “cortoplacismo y mediocridad” y “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó la mendocina, que agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.

Para la diputada de Juntos por el Cambio esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”. También, negó que haya habido consenso con la industria y rechazó las funciones que tendrá la autoridad de aplicación, “que es de las que le gustan al oficialismo, con superpoderes”, cuestionó.

La legisladora advirtió que será el Estado el que decida “quién contrata, a qué precio, por qué cupo, y cierra las posibilidades a la inversión”. “Es una ley que fomenta la corrupción”, opinó.

Desde Córdoba, el oficialista Eduardo Fernández expresó que se trata de “una muy buena ley” que “sí otorga estabilidad fiscal, incentivos impositivos” y el “acompañamiento del Estado al desarrollo del sector”.

El diputado se refirió a los argumentos de sus comprovincianos de otros bloques que se oponen, “y nos dicen que si no legislamos como piden dos o tres empresas vendrán todos los males del mundo”. “Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, añadió y rechazó “echarle la culpa a este proyecto de ser anticordobés”.

En contra del proyecto, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez subrayó que esta iniciativa “significa resquebrajar el sistema de producción de biocombustibles en Argentina, donde paradójicamente la ley divide lo que no estaba dividido ni en la realidad, ni en el Senado. Este proyecto es el que rivaliza regionalmente y artificialmente, incentiva la división y la competencia entre regiones”.

“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.

Además, lamentó el “silencio” del gobierno bonaerense y acusó que el gobernador Axel Kicillof y su equipo productivo “han decidido hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera”, porque es en Buenos Aires donde “se refina, se procesa y se comercializa un importante volumen del petróleo que se genera en el país”.

Representante de una provincia petrolera, la neuquina Alma Sapag reconoció el “aporte del biodiésel y el bioetanol”, pero enfatizó que “la realidad es dinámica” y “la aparición en el horizonte productivo con la creación de Vaca Muerta” trajo un incremento en la producción de “reservas hidrocarburíferas en Argentina”.

“El cambio a fuentes de energía renovables y limpias será gradual”, observó y agregó que, según expertos, “los combustibles fósiles necesariamente nos acompañarán algunas décadas por delante”. En ese sentido, salió al cruce de los argumentos ambientales: “Argentina sólo representa el 0,5% de las emisiones totales de carbono”. La legisladora del Movimiento Popular Neuquino sumó que “nos debemos hacia el futuro un encuentro de todos los sectores”.

Uno de los diputados de Juntos por el Cambio a favor de la ley, el tucumano Domingo Amaya -que incluso firmó el proyecto cuando se presentó- aseguró que “se trata de un tema muy importante y con mucho interés para mi provincia”, donde “el bioetanol representa el 30% de los ingresos brutos del sector” y “absorbe el 25% de la producción de azúcar”.

“Sin esta ley la industria azucarera estaría hundida, no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región”, resaltó el legislador del bloque Pro, que recordó lo que sufrió Tucumán bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía con “el cierre del 11 ingenios”, lo que provocó “el exilio de 250 mil tucumanos”.

A su turno, el santafesino Luis Contigiani dijo que como exministro de Producción “he tenido un compromiso estratégico con este sector y desde ese lugar debo decir, casi lamentando, que no voy a acompañar esta ley. Y lo digo más allá de que considero algunos términos positivos y otros no”.

Para el legislador del Frente Progresista Cívico y Social, la iniciativa “se inscribe dentro de una visión general que recorta espacio para los biocombustibles”. “No puedo convalidar un recorte del 50% en el corte obligatorio para el biodiésel”, enfatizó, como tampoco “que s recorte en el etanol en base al maíz”. Y afirmó no haber encontrado “ningún argumento sólido y técnico de por qué no podíamos haber mantenido el 10% en biodiésel y el 12% de bioetanol, incluso llevarlo al 15%”.

Fundamentando su voto a favor, el jujeño radical Jorge Rizzotti manifestó que la ley “seguramente no es la ideal, pero es la posible, la probable y la que mi provincia necesita”. “En la provincia de Jujuy necesitamos garantizarle a nuestros ingenios el crecimiento y desarrollo”, señaló el legislador, que explicó que actualmente “hay una tendencia en la disminución del consumo de azúcar, y donde es una alternativa la producción de bioetanol”.

En la recta final de debate, la radical Brenda Austin remarcó que la industria de los biocombustibles “contribuyó a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero”, por eso “lo más grave (del proyecto) tiene que ver con el retroceso en materia ambiental”. “Argentina asumió compromisos cuando suscribió el Acuerdo de París”, apuntó la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

También, la cordobesa afirmó que se viola el principio de progresividad, y criticó al Gobierno por tener “una estrategia contradictoria” en esta cuestión. “Tómense en serio que hablar de ambientalismo, de desarrollo sostenible, es pensar en la matriz de desarrollo productivo de la Argentina, no en el ambientalismo de cotillón”, lanzó y completó: “De no hacerlo no podrán decir que son ambientalistas y kirchneristas, porque lo que están votando y haciendo es dar una vuelta de página en la historia argentina para ir para atrás”.

En nombre del bloque Córdoba Federal, el diputado Carlos Gutiérrez confesó: “No he podido dejar de preguntarme si habrá querido Néstor Kirchner impulsar esta ley para que después de 15 años de vigencia exitosa se dejara sin efecto”.

“Está claro que las promociones deben terminar algún día, pero deben terminar cuando el sector tiene la capacidad suficiente para desarrollarse en el mercado y no dejarlo a merced del lobby petrolero”, aseveró el legislador, que asintió que era necesario revisar la ley “pero no de esta forma; se pierde la oportunidad para discutir en serio la matriz energética toda”.

Por el interbloque Juntos por el Cambio cerró el cordobés Diego Mestre, quien lamentó que la iniciativa “va a contramano del mundo” sobre el uso de los biocombustibles, y mencionó lo que ha pasado en “Brasil que ha venido aumentando progresivamente el porcentaje de corte llevándolo al 27,5%”, Paraguay al 25% o Indonesia que lo tiene en el 30%.

En su discurso rechazó además la “discrecionalidad” que tendrá la autoridad de aplicación, y consideró que al secretario de Energía “le quieren dar la lapicera para que fije el precio, el cupo y el corte, eso es absolutamente inadmisible para nosotros”. Para el radical, esta propuesta “es una puñalada al sector productivo, a los trabajadores, que van a perder sus puestos de trabajo, a las economías regionales”.

“El Frente de Todos lo que propone es el cierre de plantas”, acusó Mestre, y enfatizó que “se ha cedido ante el lobby petrolero” y esta iniciativa “va a provocar una crisis ambiental en el mediano y largo plazo” y “va a traer menos inversión”.

Por último, el oficialista Marcos Cleri, que trabajó en la redacción del proyecto de ley, destacó que en la sesión se haya ponderado la ley impulsada por el expresidente Néstor Kirchner y repasó varios logros del sector, entre ellos que “logramos ser el primer país en el mundo en materia de exportación de biocombustibles”.

El santafesino expresó que debe existir una “sinergia positiva entre el sector privado y el Estado” y “la mirada de la transición energética tiene que ir en un sendero” donde “se logren los equilibrios justos y armónicos para poder armonizar los precios de los insumos, con el usuario, el consumidor que carga la nafta, el productor, y la logística, el transporte”.

Según el diputado kirchnerista, el proyecto va en línea con ese “equilibrio” y “potencia el espíritu de la Ley 26.093”. “Hablamos con el sector empresario, nos reunimos con los legisladores de cada provincia, compatibilizamos con la mirada del Poder Ejecutivo, revisamos la legislación vigente, la que estaba por vencer y también los compromisos internacionales de Argentina en materia ambiental”, enumeró.

Entonces, defendió que se trata de “un proyecto cien por ciento para un modelo argentino, donde se garantice el empleo, las PyMEs, la producción y la capacidad instalada de los biocombustibles”. “Nuestro proyecto es lo que las cámaras han pedido, porque no querían prórroga, porque la prórroga no les daba previsibilidad. Querían una nueva ley”.

En su intervención en el debate por la nueva ley de Biocombustibles, la diputada por Tucumán Beatriz Ávila advirtió la importancia del proyecto para el desarrollo de la matriz productiva nacional, al tiempo que denunció “una fuerte embestida de las petroleras” para que el proyecto no avance. 

“Cuando en el 2006 se sancionó la norma de Biocombustibles, el país atravesaba un contexto local e internacional sumamente dificultoso. En ese momento se asistía a una caída del petróleo y el gas que nos obligaba a recurrir a las importaciones, y por el otro lado crecían los precios internacionales de los hidrocarburos. Por eso el objetivo de esta ley era reducir la dependencia de los combustibles fósiles”, comenzó su alocución la legisladora. 

Y continuó: “El impacto de esta norma ha sido considerable, no solamente ha logrado su objetivo, también ha generado un enorme crecimiento de las economías regionales, como ha sucedido en la provincia que represento, la provincia de Tucumán”. 

En este sentido, señaló que lo que se ha logrado con la Ley de Biocombustibles “es diversificar la matriz energética en nuestro país. Hay una tendencia mundial a imponer restricciones a los combustibles fósiles en favor de los biocombustibles”. 

Por otro lado, Ávila señaló que “desde que se sancionó en el Senado, hasta el día de hoy, el sector ha sufrida una gran incertidumbre porque no se sabía porque no lo tratábamos en la Cámara de Diputados. Debo advertir que hubo un lobby muy fuerte, una embestida muy fuerte de las petroleras en contra de la Ley de biocombustibles, y creo que hoy vamos a saldar en parte esta deuda con este sector”. 

Y concluyó: “Como representante de los tucumanos voy a votar de forma positiva, porque siempre voy a estar a favor de la industria, de los trabajadores, y del pueblo de Tucumán”. 

Fuerte arranque tuvo el debate de la nueva ley de biocombustibles en la Cámara de Diputados, que tuvo como segunda oradora a la radical mendocina Jimena Latorre, quien cargó fuerte contra el Gobierno y un oficialista salió a rechazar sus palabras.

La legisladora opositora cuestionó el proyecto impulsado por el Frente de Todos, al considerarlo “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó y agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.

Para Latorre esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”.

Tras la intervención de Latorre, el oficialista Germán Martínez consideró “irrespetuoso” que “nos dijeron que este es un proyecto que fomenta la corrupción, el capitalismo K y a los empresarios amigos”. “No es la forma que tenemos para comenzar un debate de estas características”, manifestó y calificó al supuesto de la mendocina como “absolutamente desubicado y además merecería otro tipo de acción que se estipula dentro del reglamento”.

Por eso, el santafesino pidió “dar este debate con argumentos, sin chicanas ni agresiones de esas características” y completó: “Le ofrezco si quiere mi teléfono para ver efectivamente si tengo algún tipo de teléfono o llamado de un supuesto empresario amigo, y que me diga si ella puede decir lo mismo de los empresarios de su provincia”.

“La diputada que hizo uso de la palabra está ejerciendo, como puede ejercer cualquier diputado, diputada de esta cámara, una opinión el marco de lo que se da en este recinto y de los fueros colectivos que tenemos. Pareciera ser que a alagunas sectores del oficialismo les molesta la opinión que podemos dar en el seno del cumplimiento de nuestra labor”, se metió en el cruce el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Por su parte, Latorre le respondió a Martínez que “los diputados tenemos inmunidad de opinión; que muchos crean que esto está relacionado con fueros que muchos utilizan como impunidad no significa que sea lo mismo, nosotros lo utilizamos como lo que es”.

“Con respeto, con solvencia técnica y datos objetivos fundé mi dictamen y opinión”, defendió y apuntó: “Sin lugar a duda yo, como muchos otros representantes de mi interbloque, dialogamos con el sector privado, que es muy distinto a hacer negocios y a la corrupción”.

La Cámara de Diputados arrancó a las 17.45 de este jueves el debate de la nueva ley de biocombustibles, impulsada por el Frente de Todos, que buscará darle media sanción y girarla al Senado. La lista de oradores es extensa y la votación se prevé cerca de la medianoche.

Entre los principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y se fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-.

Miembro informante del oficialismo, abrió el debate el mendocino Omar Félix, que afirmó que el proyecto se elaboró “teniendo en cuenta la protección y cuidado del medioambiente”, al tiempo que busca “dar previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica” al sector.

El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles argumentó que desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006 “el escenario ha variado” y en la actualidad “conviven grandes empresas junto a PyMEs” en “provincias con realidades diferentes”.

Por ello, el diputado del Frente de Todos defendió que se establezca “un marco legal que contemple las diversidades, permita que la actividad sea constante, procure la rentabilidad del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como a los mercados financieros”.

En defensa del rol de la Secretaría de Energía, que asume varias facultades, Félix sostuvo que es necesario “que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que se eviten futuras posiciones dominantes”.

Además, el legislador subrayó que el corte obligatorio para el biodiésel “se conserva el mismo porcentaje” del 5%, previsto en la actual ley, y “en el caso del bioetanol es del 12%” distribuido en 6% para la caña de azúcar y en otro 6% para el maíz. Mientras que la Secretaría de Energía -hoy a cargo de Darío Martínez- intervendrá “excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos” y las reducciones de los porcentajes serán “temporarias”, señaló.

Muy dura, la radical Jimena Latorre aseveró que el proyecto es de “cortoplacismo y mediocridad” y “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó la mendocina, que agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.

Para la diputada de Juntos por el Cambio esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”. También, negó que haya habido consenso con la industria y rechazó las funciones que tendrá la autoridad de aplicación, “que es de las que le gustan al oficialismo, con superpoderes”, cuestionó.

La legisladora advirtió que será el Estado el que decida “quién contrata, a qué precio, por qué cupo, y cierra las posibilidades a la inversión”. “Es una ley que fomenta la corrupción”, opinó.

Desde Córdoba, el oficialista Eduardo Fernández expresó que se trata de “una muy buena ley” que “sí otorga estabilidad fiscal, incentivos impositivos” y el “acompañamiento del Estado al desarrollo del sector”.

El diputado se refirió a los argumentos de sus comprovincianos de otros bloques que se oponen, “y nos dicen que si no legislamos como piden dos o tres empresas vendrán todos los males del mundo”. “Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, añadió y rechazó “echarle la culpa a este proyecto de ser anticordobés”.

En contra del proyecto, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez subrayó que esta iniciativa “significa resquebrajar el sistema de producción de biocombustibles en Argentina, donde paradójicamente la ley divide lo que no estaba dividido ni en la realidad, ni en el Senado. Este proyecto es el que rivaliza regionalmente y artificialmente, incentiva la división y la competencia entre regiones”.

“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.

Además, lamentó el “silencio” del gobierno bonaerense y acusó que el gobernador Axel Kicillof y su equipo productivo “han decidido hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera”, porque es en Buenos Aires donde “se refina, se procesa y se comercializa un importante volumen del petróleo que se genera en el país”.

Representante de una provincia petrolera, la neuquina Alma Sapag reconoció el “aporte del biodiésel y el bioetanol”, pero enfatizó que “la realidad es dinámica” y “la aparición en el horizonte productivo con la creación de Vaca Muerta” trajo un incremento en la producción de “reservas hidrocarburíferas en Argentina”.

“El cambio a fuentes de energía renovables y limpias será gradual”, observó y agregó que, según expertos, “los combustibles fósiles necesariamente nos acompañarán algunas décadas por delante”. En ese sentido, salió al cruce de los argumentos ambientales: “Argentina sólo representa el 0,5% de las emisiones totales de carbono”. La legisladora del Movimiento Popular Neuquino sumó que “nos debemos hacia el futuro un encuentro de todos los sectores”.

NOTICIA EN DESARROLLO

La iniciativa busca crear un “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que esta presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras.

El nuevo régimen “tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo”, indica.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiésel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiésel, que actualmente está en 10%.

El argumento del oficialismo cuando se critica la reducción del porcentaje es que en la actual ley figura un 5%, pero al 10% se llegó a través de diferentes resoluciones del Ejecutivo desde 2006 en adelante.

Además, en la iniciativa se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.

El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

El proyecto también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.

Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.

En la iniciativa se señala que “el abastecimiento de las cantidades de biodiésel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales”.

Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.

En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiésel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.

Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.

Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.

Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.

También se prevé la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.

Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.

A pocos días de que caduque la prórroga de la Ley 26.093, que actualmente regula el régimen de los biocombustibles y que el Gobierno nacional extendió hasta el 12 de julio por decreto, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados se encamina a dar media sanción a un proyecto de ley que establece un nuevo marco y no aumenta los cortes obligatorios de biodiesel -en gasoil- y de bioetanol -en naftas-.

Si bien el oficialismo y la oposición acordaron sesionar esta semana con temas de “consenso”, la inclusión de esta iniciativa se trata de uno de esos puntos en los que se espera un áspero debate y varios votos en contra.

Cabe recordar que en marzo, ante la intención del Frente de Todos de echar por tierra la prórroga de la ley actual hasta 2024 como había votado el Senado por unanimidad el año pasado, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se unieron para pedir una sesión y tratar el tema. Sin embargo, no lograron quórum.

Para la sesión de este jueves, la bancada que conduce Máximo Kirchner tendría asegurados los números para aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara alta, donde habrá que ver qué trámite le espera, dado que en algunos senadores del propio oficialismo no cayó nada bien esta nueva propuesta.

Pero habrá que ver la votación con suma atención, ya que además de tener el apoyo de aliados como el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo o la neuquina Alma Sapag, habría legisladores de Juntos por el Cambio que acompañarían con su voto el proyecto, si se tiene en cuenta que suscribieron el dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos.

Se trata de los tucumanos José Cano (UCR) -firmó en disidencia parcial- y Domingo Amaya (Pro), y de los jujeños Jorge Rizzotti (UCR) y Osmar Monaldi (Pro).

El kirchnerismo busca castigar a la industria de los #Biocombustibles. El jueves quiere sancionar una ley que rebaja la participación de los biocombustibles en los combustibles líquidos. En Córdoba peligrarán casi 5.000 empleos en 19 fábricas de biocombustibles y 4 de bioetanol.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 29, 2021

La iniciativa apunta a crear un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”, industria que esta presente en 10 provincias argentinas a lo largo de 54 plantas productoras. El nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiesel, que actualmente está en 10%.

El argumento del oficialismo cuando se critica la reducción del porcentaje es que en la actual ley figura un 5%, pero al 10% se llegó a través de diferentes resoluciones del Ejecutivo desde 2006 en adelante.

Además, en la iniciativa se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.

En este sentido, otro cuestionamiento tiene que ver con lo ambiental: al no elevarse los porcentajes de corte obligatorio, quienes se oponen a la ley señalan que se va en contramano del mundo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El texto indica que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

El proyecto también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.

Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.

A raíz de los aislamientos preventivos a los que se vieron obligados a cumplir varios referentes de la Cámara baja, se corrió en Diputados el esquema previsto para sesionar esta semana: en lugar de miércoles y jueves, los legisladores trabajarán en el recinto el jueves y viernes de esta semana.

El viernes pasado por la noche se conoció el caso positivo del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien había compartido reuniones presenciales con autoridades de Juntos por el Cambio y también del Frente de Todos, incluido el presidente del cuerpo, Sergio Massa.

Sin embargo, la sesión se mantendrá en pie y los diputados deberán, como indica el protocolo, someterse a los hisopados previos para poder participar de manera presencial. Aquellos exceptuados continuarán con su participación de manera remota, como hasta ahora.

El temario se prevé que contendrá proyectos de consenso, pero los “grandes temas” serán la reforma del monotributo, la nueva Ley Ovina -que no fue tratada en comisiones, pero hay acuerdo para su aprobación-, la creación de una bicameral de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y la nueva ley de biocombustibles impulsada por el Frente de Todos.

Oficialismo y oposición habían acordado días atrás realizar “sesiones de consenso” y no avanzar con temas ásperos como la ley de “Emergencia Covid” -para la cual el Frente de Todos no reunió los votos-, o mucho menos la reforma del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, el próximo jueves 8 de julio asistirá a brindar su informe de gestión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien concurrió a la Cámara de Diputados una sola vez, hace casi un año atrás. Dos días antes, el martes 6, se realizaría una nueva reunión con representantes de laboratorios que proveen vacunas contra el Covid.

El secretario de Energía, Darío Martínez, defendió este jueves ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción de los biocombustibles, pero la oposición mantuvo sus críticas y el debate continuará en los próximos días.

Martínez expuso en una reunión virtual de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Omar “Chafi” Félix y Carlos Heller, respectivamente.

El funcionario habló de “un muy buen proyecto” que “le da previsibilidad a una actividad que la necesita”, y consideró que “en un esquema de transición energética, los biocombustibles son una actividad importante”.

“Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector; su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos; la protección de las pymes y empresas no integradas; y el resguardo del bolsillo de los consumidores, en un proceso de fomento positivo de la actividad, también impulsando la sustitución de importaciones de combustibles líquidos”, explicó.

Al repasar el proyecto artículo por artículo, Martínez confirmó que el corte de biodiesel, a pesar de las críticas de las cámaras empresarias, se bajará al 5% -actualmente es del 10%-, aunque “puede ser aumentado si las condiciones de mercado o la demanda lo aconsejan”.

También detalló que se prevé “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”, para lo cual se otorga la facultad de disminuir “hasta el 3%, para amortiguar el impacto”.

Ese mecanismo, indicó, se aplicará en forma similar para el bioetanol de maíz, cuyo corte se mantendrá en el 12% -igual que en la actualidad-, con un nivel del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz.

Por otra parte, Martínez destacó la protección a las pymes y empresas no integradas, que “serán las abastecedoras con un cupo máximo de 50.000 toneladas”, y agregó que “se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.

En tanto, “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas”.

Otros aspectos del proyecto son la creación de un comité de seguimiento con carácter federal y la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que “puede significar un sendero virtuoso para la actividad”, destacó el secretario de Energía.

“El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo del sector de biocombustibles, asociándolo de manera virtuosa al desarrollo nacional”, afirmó Martínez, al señalar que el contexto actual es diferente al de 2006, cuando se sancionó la ley original que ahora se intenta modificar.

Al aportar cifras, precisó que participan activamente en el sector de los biocombustibles más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias argentinas, que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.

Las provincias dedicadas al biodiesel son Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, mientras que el bioetanol involucra a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y San Luis, puntualizó el funcionario.

“El impacto en las economías regionales es muy importante”, aseguró, y por otra parte destacó que “de las 28 empresas que producen biodiesel dentro del régimen de promoción, 25 son pymes”.

Asimismo, detalló que anualmente las empresas dentro del régimen de promoción produjeron un total de 1,2 millones de toneladas en 2017; 1,1 millones en 2018; la misma cantidad en 2019; y 0,5 millones en 2020, producto de la parálisis de la actividad por la pandemia.

La oposición, con dudas

Los radicales Fabio Quetglas, Jimena Latorre y José Cano abrieron la ronda de preguntas con fuertes críticas al proyecto. “¿Cuál es la lectura de la Secretaría sobre la transición energética en marcha? Si no sabemos hacia dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, advirtió Quetglas.

Latorre coincidió en preguntar “cuál es el plan energético en el que se enmarca este proyecto”. “Si seguimos en esta política de parche sobre parche, no vamos a poder tener una política de mediano y largo plazo”, dijo, y tildó a la propuesta del oficialismo de “retrógrada”.

A su vez, Cano recordó que la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una “mirada estratégica de hacia dónde quería ir la Argentina, daba una hoja de ruta”, pero también mostró dudas sobre la visión hacia adelante. “¿Cómo imagina a la Argentina en 2030 en materia energética?”, insistió, al señalar que si ese año la participación del etanol de caña de azúcar sigue siendo del 6%, “no da una proyección de futuro”.

Martínez respondió que “hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono”, y añadió que “los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética”, porque “nuestra matriz es en base a gas”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que “necesitamos más información para definir un nuevo régimen para poder evaluar esta política pública y tener un diagnóstico completo”. “Para evaluar los escenarios futuros tenemos que contar con datos”, insistió.

Desde el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschenberger y el puntano Carlos Ponce pidieron atender más explícitamente en la ley el tema de la distancia al puerto. “En la fijación del precio es necesario el reconocimiento de los costos de transporte” porque eso “afecta la igualdad de oportunidades”, dijo Rauschenberger.

Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos reconoció que para su provincia “y para el norte azucarero, todo lo que pidió el sector se ha cumplido”. “No podemos debatir quién gana o quién pierde porque estamos en un año electoral. Tenemos que buscar los equilibrios necesarios para garantizar inversiones”, enfatizó, y confesó su temor de que el tema se termine judicializando.

Hacia el final, el santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) subrayó que “la baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior”.

La vigencia de la ley

Al inicio del plenario de comisiones, el diputado mendocino Omar De Marchi (Pro) consideró “improcedente” el decreto de prórroga de la ley vigente (el 322/21), publicado el último lunes en el Boletín Oficial.

Según recordó De Marchi, la Ley 26.093 “fue sancionada el 12 de mayo de 2006 y le dada una vigencia de 15 años, por lo tanto vencía el 11 de mayo de 2021, pero le daba una posibilidad al Ejecutivo de tomar una fecha alternativa para la vigencia de 15 años, a partir del primer día del cuarto año de entrada en vigencia, o sea el 1ro de enero de 2010”.

“De tomar esta segunda fecha, la ley debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. La ley no da opciones intermedias para sancionar prórrogas”, dijo el legislador.

Luego de que el Poder Ejecutivo prorrogara por dos meses el Régimen de Promoción de los Biocombustibles -que vencía este miércoles-, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto presentado por el oficialismo, con Omar “Chafi” Félix y Marcos Cleri a la cabeza.

La discusión continuará este jueves a las 15 en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que contará con la participación del secretario de Energía, Darío Martínez.

El oficialismo busca consensos para avanzar con el nuevo régimen, que fue duramente criticado por representantes de las cámaras empresarias que asistieron semanas atrás a la Comisión de Energía.

Es que la iniciativa del Frente de Todos rebaja el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 10% al 5%, lo que consideran un retroceso respecto de la ley vigente. En el caso del bioetanol, se mantiene el corte actual del 12%.

El nuevo régimen tendría una vigencia hasta 2030 con posibilidad de prórroga. Prohíbe que las empresas petroleras sean a la vez productoras de hidrocarburos, y busca fomentar la producción nacional para la sustitución de importaciones.

Ante la incertidumbre que prevalecía en más de medio centenar de plantas productoras de hidrocarburos en todo el país por el vencimiento de la Ley 26.093, el Ejecutivo la prorrogó por 60 días a través del decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional prorrogó la vigencia de la actual Ley de Biocombustibles, que vence el miércoles próximo 12 de mayo, para contar con tiempo para continuar con el debate de un nuevo marco regulatorio para el sector.

A través del decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se estableció la extensión del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles -Ley 26.093-, hasta el 12 de julio de 2021 o “hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”.

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo mencionó que “cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’ en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”.

El proyecto en referencia es el impulsado por diputados del Frente de Todos, que decidieron debatir un nuevo régimen, en lugar de aprobar la prórroga de la Ley 26.093 hasta 2024, una iniciativa que había sido aprobada por unanimidad en el Senado en octubre pasado.

“Con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo de este modo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente, se considera necesario extender el plazo originalmente previsto hasta el 12 de julio de 2021”, agregan los argumentos del decreto.

La semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, había anticipado que la prórroga saldría por decreto y sostuvo que “hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege a las PyMEs”.

La Ley actual establece para el gasoil el corte mínimo obligatorio con biodiesel en un 5%, aunque de acuerdo a distintas resoluciones ese porcentaje ha ido aumentando hacia un 10% a lo largo de los años. Sin embargo, el proyecto del oficialismo lo lleva del 10% actual al 5%, un punto que fue fuertemente criticado por los expositores del sector que asistieron a la reunión informativa de la Comisión de Energía.

Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, el corte mínimo obligatorio con bioetanol se mantiene en 12%. Otro aspecto rechazado, ya que no se propicia tampoco el aumento de este porcentaje, teniendo en cuenta la cuestión ambiental.

Sobre este punto, el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

Actualmente, la industria se extiende a lo largo de 54 plantas productoras en 10 provincias del país.

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que el Poder Ejecutivo prorrogará, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Régimen de Promoción de los Biocombustibles, para que el Frente de Todos pueda buscar consensos en la Cámara de Diputados en torno a una nueva ley.

La norma actual vence el próximo 12 de mayo y tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo reclamaban una prórroga para evitar un vacío legal en el sector, representado por más de medio centenar de plantas productoras en todo el país.

“Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen en el Poder Legislativo”, informó Martínez, según reprodujo Perfil.

El funcionario sostuvo que “la transición energética es lo que se viene y Argentina va en ese camino. Mientras se discute el nuevo régimen en Diputados y Senadores, vamos a prorrogar el régimen”.

Lea también: Rodríguez Saá y diputados puntanos piden prorrogar por seis meses la ley de biocombustibles

Sobre este aspecto, el diputado tucumano Pablo Yedlin confirmó que el DNU tendrá un alcance de 60 días, manteniendo los actuales niveles de corte en la nafta (12% de bioetanol) y el gasoil (10% de biodiesel).

En su visita a Tucumán, Martínez destacó que “es importante para la región y para el país hablar sobre la prórroga del Régimen de Biocombustibles y sobre la nueva ley, donde el corte con bioetanol con caña de azúcar queda todo incluido para llevar tranquilidad a esos puestos de trabajo”.

“La verdad es que ahí también trabajamos la transición energética, también intentamos ser más amigables con el medio ambiente”, expresó el secretario del área.

En octubre del año pasado, el Senado había aprobado la prórroga de la ley vigente hasta 2024, pero en Diputados el oficialismo presentó otro proyecto con nuevos parámetros y ahora buscan acuerdos con la oposición y las cámaras empresarias, que formularon críticas.

La diputada radical Jimena Latorre, junto a otros representantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, le solicitaron a su presidente, Omar “Chafi” Félix, que el proyecto del oficialismo para regular la producción y comercialización de biocombustibles también tenga giro a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Si bien la responsabilidad de los giros a comisiones recae en la Presidencia de la Cámara -a través del secretario parlamentario-,  Latorre formuló el reclamo ante Félix y también lo extendió al titular de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso. Es que el proyecto encabezado por Félix y el santafesino Marcos Cleri tiene giro a Energía y Combustibles y a Presupuesto y Hacienda.

“La regulación y el desarrollo de biocombustibles requiere del análisis de la cuestión ambiental involucrada, entendiendo fundamental su vinculación con el cambio climático y los objetivos comprometidos por Argentina en el acuerdo de París, resultando esencial también su vinculación con el desarrollo de tecnologías de avanzada que permitan incrementar la producción y mejorar su calidad, promoviendo el desarrollo de biocombustibles de segunda generación con la finalidad de hacerlos competitivos en un mercado sustentable”, argumentó Latorre.

La legisladora agregó que “resulta primordial la definición y prevención de los impactos ambientales generados en los campos de cultivo y su vinculación a las políticas alimentarias de la Nación, que ameritan una planificación territorial y sustentable estratégica en la materia”.

El pedido fue acompañado por los diputados Ximena García, Juan Manuel López, Facundo Suárez Lastra y Martín Berhongaray.

Latorre además reiteró su rechazo a la iniciativa del Frente de Todos, al sostener que “tira por la borda 15 años de fomento al sector y desconoce los avances técnicos y científicos que permitirían intensificar el uso de combustibles biológicos e incorporar otros que aún no se utilizan, además de ignorar por completo la problemática del cambio climático y todos los acuerdos y tratados internacionales relevantes en materia ambiental suscriptos por nuestro país”.

Un reclamo de legisladores puntanos sacó a la luz las diferencias existentes dentro del Frente de Todos por la ley de biocombustibles. El senador Adolfo Rodríguez Saá le pidió al jefe de su bloque, José Mayans, que impulse una prórroga del régimen actual por seis meses ante el inminente vencimiento de la norma actual, el próximo 12 de mayo.

Rodríguez Saá -que esta semana mantuvo un encuentro virtual con autoridades de la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada- le envió una nota a Mayans y los diputados Victoria Rosso y Karim Alume Sbodio, de San Luis, se alinearon a esa postura, tras una videoconferencia realizada este jueves.

El pasado 30 de octubre, el Senado aprobó la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles hasta 2024, pero en Diputados el oficialismo presentó otro proyecto, encabezado por Omar “Chafi” Félix -presidente de la Comisión de Energía- y el santafesino Marcos Cleri.

Sin embargo, la iniciativa recibió críticas de las cámaras empresarias porque -entre otros aspectos- reduce a la mitad el corte obligatorio de biodiesel, y ante la falta de acuerdos políticos con la oposición y la demora en la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto para poder dictaminar, el debate quedó paralizado.

“Esta demora conlleva una gran angustia e incertidumbre a los sectores involucrados al mencionado régimen, y en particular a los productores de biocombustibles que han confiado y apostado al crecimiento de nuestro país”, planteó Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, en la misiva dirigida a Mayans.

Por eso, le solicitó “que tramite ante quien corresponda una prórroga de al menos seis meses, para encontrar los consensos necesarios para el dictado de una nueva ley que beneficie al pueblo argentino”.

En el Zoom que mantuvo con sus pares puntanos, Rodríguez Saá insistió en tener un plazo que permita discutir una nueva ley que “no beneficie a ninguna corporación”, sino a los productores argentinos.

Consideró además que “se debería aumentar el corte” de biodiesel, pero “no disminuirlo”, para así “lograr el autoabastecimiento de combustibles en el país”.

El senador también señaló que “hay que cumplir con el Acuerdo de París, por lo que lo más lógico sería que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ambiente y no la Secretaría de Energía, que está más cerca de los intereses petroleros”.

El senador del Frente de Todos Adolfo Rodríguez Saá, que preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, se comprometió a “buscar consensos dentro del Senado de la Nación” para que la nueva ley de biocombustibles “sea lo más beneficiosa posible para el sector”.

En ese sentido, afirmó que trabajará para “defender la producción de biodiesel y bioetanol”, a tan solo ocho días del vencimiento del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

El legislador por San Luis se expresó de este modo durante una reunión virtual que mantuvo con la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada (CAPBA), donde destacó que el sector de los biocombustibles es “la tendencia en el mundo”.

El encuentro se produjo en momentos decisivos para la nueva ley, ya que en la Cámara de Diputados el bloque oficialista presentó un proyecto que se encuentra trabado por falta de acuerdos políticos y el rechazo cerrado de las cámaras empresarias.

Rodríguez Saá remarcó que el fomento de los biocombustibles tiene que ver con “cuidar el ambiente” y en ese sentido pidió cambiar la autoridad de aplicación de la ley, al sostener que  “no puede ser” que esa responsabilidad recaiga en la Secretaría de Energía en lugar del Ministerio de Ambiente.

Asimismo, pidió contemplar que “la sustitución de importaciones sea clara y que también se respeten los pactos internacionales como el Acuerdo de París”.

Rodríguez Saá se expresó en estos términos durante la videoconferencia con Axel Boerr y Eric Bazarian, presidente y vicepresidente de CAPBA, entidad que solicitó la reunión para dialogar sobre la “urgente situación” que atraviesa el sector por el inminente vencimiento de la ley y la falta de acuerdos para un nuevo régimen.

Los representantes de CAPBA le manifestaron al titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería que la prioridad del sector es “que no se reduzca el corte del 10% actual” del biodiesel al 5%, como propone el oficialismo.

En ese sentido, advirtieron que esa reforma “es objetivamente inaplicable” y que “está demostrado que con un corte inferior al 9,3% habrá plantas que necesariamente cerrarán”.

Respecto a la autoridad de aplicación, indicaron que Secretaría de Energía -que depende del Ministerio de Economía- también es la responsable de la producción petrolera en el país, lo cual hace que “los intereses” de las petroleras “prosperen sobre los de los productores de biocombustibles”.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) encabezó un pedido de informe al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, para que brinden información detallada y en forma urgente sobre la gestión en materia energética ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Los funcionarios deberán informar sobre el impacto fiscal estimado por el aumento considerable de subsidios y el progreso de la Revisión Tarifaria de Transición para lo que resta del año 2021. Esto, luego que el ENRE, por indicación de la Secretaría, autorizara el incremento del 9% de las tarifas y aprobara los valores tarifarios para las distribuidoras Edenor y Edesur, muy por debajo de la pauta inflacionaria presupuestada para 2021 y que había sido la expresa indicación del ministro de Economía Martín Guzmán.

“Ante la actual crisis energética que atraviesa el país, los funcionarios lejos de brindar seguridad y transparencia en las decisiones del área, son noticia en la prensa por aparentes disputas de poder”, fundamentó la diputada Latorre en su pedido y agregó: “Algunos se quejan de ‘funcionarios que no funcionan’, nosotros exigimos que los funcionarios den explicaciones y rindan cuentas a la ciudadanía. Y que funcione la institucionalidad de una cartera, y no que la tercera línea le dé instrucciones a la primera y que la recomendación técnica la dé el Poder Ejecutivo en lugar del ente técnico”.

A su vez, el pedido de informes exige a los funcionarios explicitar su posición respecto del próximo vencimiento de la Ley de Biocombustibles, como así también del proyecto de prórroga que cuenta con la media sanción del Senado y brindar detalles técnicos y fundamentos respecto del proyecto de ley presentado recientemente por el oficialismo.  

“El nuevo proyecto presentado por el oficialismo no sólo desconoce la iniciativa de prórroga que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores a instancia del propio oficialismo; sino que desconoce y da por tierra un régimen de promoción iniciado en el gobierno de Néstor Kirchner con una propuesta liderada por su hijo que resulta un retroceso en la transición de la matriz energética y en los compromisos medio ambientales que ha asumido nuestro país”, sentenció la mendocina.

La legisladora opositora concluyó que “el Jefe de Gabinete debe tener serias dificultades de gestión ya que hay una clara descoordinación en los objetivos de las distintas políticas que ejecuta este Gobierno, mientras Guzmán pretende reducir el déficit fiscal para, entre otras cosas renegociar con el FMI, los funcionarios y legisladores que responden al ala dura del kirchnerismo aumentan subsidios por encima de la recaudación e incumplen compromisos internacionales”.

Acompañan este pedido de informe los diputados Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace, Juan Manuel Lopez, Brenda Austin, Ximena Gacia, Luis Petri, Claudia Najul, Diego Mestre, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Victor Hugo Romero, Facundo Suarez Lastra y Fabio Quetglas.

Diputados de JxC pedimos explicaciones por la gestión de @dariomartinezpj y Federico Basualdo.
Los funcionarios lejos de brindar seguridad y transparencia en las decisiones del área, son noticia en la prensa por disputas de poder.
Sigue ⬇️ 1/4 pic.twitter.com/jV4ijCronD

— Jimena Latorre 💜🧡💚 (@JimehLatorre) May 3, 2021

Por Melisa Jofré

En la primera reunión informativa para debatir el proyecto sobre biocombustibles impulsado por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, más de una docena de representantes del sector expresaron su rechazo a la propuesta y reclamaron que, en cambio, se avance con la prórroga de la Ley 26.093, que vence el próximo 12 de mayo y cuya extensión por cuatro años había aprobado el Senado por unanimidad.

Durante el encuentro de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el mendocino Omar Félix (FdT), los expositores cuestionaron puntualmente que la iniciativa lleva a 5% el corte con biodiesel para el gasoil, cuando actualmente se encuentra en 10%. Sobre esto, advirtieron por el posible cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo.

También, varios de los invitados pusieron el acento en el retroceso que significaría en materia ambiental la rebaja de los porcentajes, al tiempo que tampoco los aumenta, ya que en lo que respecta a las naftas, el texto mantiene en 12% el corte con bioetanol.

El primer expositor fue José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), quien habló en representación de productores de bioetanol a base de maíz. “Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir demorando ninguna decisión, porque en el medio hay empresas y gente que ha seguido trabajando”, alertó.

Porta remarcó que “lo que no podemos dar es ningún paso para atrás” y, por eso, “no se debiera bajar el corte bajo ningún punto de vista”. Además, pidió que “no se puedan importar naftas” y subrayó, respecto al precio, que “no sirve tener un corte fantástico ni un modelo fantástico si después el precio es totalmente antieconómico, como sucedió en los últimos años”. Finalmente, llamó a “encontrar soluciones y no generar más enfrentamientos”.

A continuación, Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), se manifestó a favor del proyecto al asegurar que “mantiene el espíritu de la ley original que fue un motor para nuestro desarrollo”. Destacó que la iniciativa brinda “la previsibilidad a 14 años”, apunta a “ayudar al cambio climático, con la reducción de emisión de CO2” e invierte “en las economías regionales”.

No obstante, señaló que “el corte del 5% para el biosiesel, que se traduce en un cupo máximo mensual de 50 mil toneladas para todas las plantas”, previsto en el proyecto, “afectará a las plantas actuales con capacidad ociosa sobre costos y dificultad para mantener en este escenario el total de las fuentes laborales”.

“El corte debería mantenerse en el nivel actual del 10%”, reclamó Bojanich, y agregó: “Debido a que nuestro componente principal es la soja y que su cotización es muy volátil, el proyecto incluye la alternativa de reducir el corte, compensando el precio por esa subexplotación de la planta, pero esta solución no sería sostenible en el tiempo”.

También por CEPREB, Alejandro Abad recordó que la Ley 26.093 “fue muy exitosa en sus objetivos” y “sería lamentable a esta altura volver para atrás y destruir un camino andado”. “Un nuevo régimen debe como mínima conservar lo realizado y pensar en general aún más crecimiento y desarrollo”, dijo.

Abad advirtió que la baja del corte del 5% para el biodiesel -con la posibilidad de reducirlo hasta el 3%- afectará a las plantas “más chicas, más débiles y más lejos del puerto”, al enfatizar que este punto determinará “nuestra subsistencia o no”. “En la práctica aquellas plantas con 15 a 20 mil toneladas desaparecerán”, plantas en Buenos Aires y Entre Ríos, apuntó y completó que “no podemos avanzar con una ley que elimine las empresas que la ley creó”.

A su turno, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), consideró que “sería bueno una prórroga (de la Ley 26.093) que permita el debate de todos los proyectos”. A favor de la iniciativa del cordobés Carlos Gutiérrez, el expositor opinó sobre el proyecto oficialista: “No es es el mejor. Por un lado, rebaja los cortes, y en nuestro criterio esa no es la mejor estrategia por varios motivos, pero el más importante de ellos es el impacto ambiental”. En este sentido, alertó que “se va en el sentido contrario de lo que está sucediendo en el mundo”.

Otro de los expositores que objetó el proyecto fue Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien expresó que “la ley es inviable y desembocaría en el cierre de empresas”. “Anular la ley es avalar el incremento de emisiones contaminantes, es avalar la afectación de la salud de todos los argentinos, y es avalar la violación de las leyes de mayor jerarquía jurídica como la Constitución Nacional o la ratificación del Acuerdo de París”, sostuvo.

En representación del grupo de exsecretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña evaluó que “no están dadas las circunstancias en este momento para tratar una nueva ley”, sino que “debe prorrogarse la ley anterior por un plazo corto, un año o 18 meses, y en ese período poder entrar a debatir un proyecto con consensos, análisis y fundamentos claros respecto a lo que es la transición energética que ha planteado el Acuerdo de París, y que han ratificado el presidente (Joe) Biden y Alberto Fernández hace pocos días”.

“Desde que empezó la gestión del presidente Alberto Fernández hemos recorrido ministerios y secretarías para iniciar una ronda de diálogo y trabajo en pos de una ley de biocombustibles superadora de la 26.093. Resultó una tarea vana, no encontramos una fuerza política armónica para avanzar en ese objetivo, a pesar de nuestras advertencias sobre el poco tiempo que quedaba para debatir en forma serena y racional una nueva normativa”, comenzó Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz).

Asimismo, reprochó que se acercó al Gobierno un anteproyecto consensuado por el sector, pero “lamentablemente el oficialismo lo ignoró”. Y manifestó que esta “propuesta de ajuste implica un enorme retroceso para toda la Argentina. En esta Argentina devastada por el Covid, no podemos permitirnos que avance un proyecto de inspiración petrolera para que cierren fábricas, aumente el desempleo y perdamos salud y sustentabilidad. Esto es lo que va a suceder si avanza este proyecto que es inconsulto”.

Claudio Molina, de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, lamentó que “el Poder Ejecutivo nos ha llevado a una negociación que es con un cuchillo en el abdomen. No hay tiempo suficiente para una negociación profunda como Argentina se merece”.

“Con las facultades que se le están otorgando a la autoridad de aplicación, evidentemente estamos muy lejos de superar la legislación vigente y que haya seguridad jurídica y previsibilidad. Es arbitrariedad pura”, resaltó, al tiempo que afirmó que “traba la entrada de nuevos productores de biocombustibles” y pronosticó la judicialización de una eventual ley de este tipo.

Desde CONINAGRO, Paulo Ares solicitó “la prórroga urgente de la ley y abrir un debate maduro de una ley que tiene muchísima importancia para el país en los próximos 15, 20 años”. A su entender, también deben participar de la discusión “la Comisión de Agricultura y la Comisión de Ambiente”. Durante su intervención, Ares remarcó que “el corte no puede ser regresivo, debe ser progresivo, porque así lo exigen los acuerdos internacionales”, mientras que se deben “incluir cortes diferenciales por provincias”.

Para Manuel Ron, presidente de Bioetanol Río Cuarto S.A., la iniciativa “está lejos del espíritu de la Ley 26.093. La imprevisibilidad y el alto grado de discrecionalidad en el ente regulador, generan una inseguridad jurídica que hace inviable nuevas inversiones”. “Confiamos que el Congreso no avalará una suba de emisión de gases de efecto invernadero, una reducción del empleo y el no agregado de valor del maíz”, añadió.

El único orador que defendió el proyecto fue Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), quien habló hacia el tramo final. Para el expositor, la prórroga de la Ley 26.093 “es la destrucción de las PyMEs de Santa Fe”. “Ya estamos parados hace cuatro meses. Las PyMEs no tienen la espalda para poder soportar un mes más”, señaló.

“Nosotros tenemos que garantizar la continuidad de las PyMEs”, insistió y, en ese sentido, consideró que la iniciativa oficialista “da previsibilidad, nos da el espacio de construir desde adentro y no desde afuera tirando piedras”. A su vez, admitió que “hay cosas a trabajar con la autoridad de aplicación”, pero valoró la creación de una comisión compuesta con todas las voces para articular con la Secretaría de Energía.

Apoyado en gráficos, Pucciarello apuntó que la Ley 26.093 “siempre hablaba del 5% del corte obligatorio y con los años hemos construido un aumento de corte que ha llegado al 10%”, pero “ninguna PyME del país, todas a máxima capacidad, jamás entregamos un 10% del corte”. Por eso, llamó a no “criticar por criticar sin los datos numéricos y sin el sincericidio que la industria tiene que tener”.

Durante la reunión también expusieron Erik Bazarian, por Corporación América; Leandro Luqui, representante de siete PyMEs productoras de biodiesel; Juan Ignacio Facciano, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); Víctor Accastello, de Asociación de Cooperativas Argentinas; y Jorge Feijoó, del Centro Azucarero Argentino (CAA).

Tras las exposiciones, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, confesó estar “bastante preocupado” por las palabras de los invitados, y consultó al presidente de la comisión por “cómo sigue el cronograma” ya que hay “muy pocas certezas”. “La improvisación que veníamos viendo de octubre a esta parte evidentemente tenía un motivo, que es la nueva política que se quieren establecer con este proyecto”.

Omar Félix le respondió que una nueva reunión dependería de la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, mediante el acuerdo de los bloques, “para poder llamar a una comisión a dictaminar”. “Lo vamos a definir en el transcurso del día o mañana”, dijo, sobre cómo continuará la discusión.

Entonces, López consultó si “la propuesta definitiva del oficialismo es este proyecto o si hay un margen de pensar en otra cosa”, como la prórroga votada por el Senado. “La propuesta del oficialismo es esta, pero estamos abiertos a discutir alternativas”, contestó el oficialista.

Por su parte, el macrista Omar De Marchi, vice de la comisión, anticipó que Juntos por el Cambio considera que “no están dadas las condiciones para dictaminar y que esto requiere un mayor debate”.

Enfática, la diputada Graciela Camaño sostuvo: “Nosotros lo que tenemos en tratamiento es una media sanción del Senado, señor presidente, y lo que le voy a pedir al oficialismo es que se abstenga al reglamento, porque no podemos estar tirándonos medias sanciones entre el Senado y la Cámara de Diputados”. “Nosotros en este momento, en el tema biocombustibles, somos cámara revisora, no somos cámara de origen”, agregó.

Para la legisladora de Consenso Federal, “todo lo que se haga se tiene que hacer sobre la base de la media sanción”, por eso hay que “devolverle al Senado un proyecto que esté vinculado a esa media sanción y no otro proyecto”.

En la misma línea, la radical Jimena Latorre resaltó que la iniciativa del Frente de Todos “no es una modificación a la media sanción que vino del Senado, por lo tanto necesita un debate amplio y consciente”.

En tanto, el jefe de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, reclamó la presencia de los ministros Juan Cabandié (Ambiente) y Luis Basterra (Agricultura), porque “es importante que no trabajemos en el vacío y conocer la opinión completa y sincera del Poder Ejecutivo”.

“Vamos a cursar las invitaciones pertinentes a esos ministros que usted ha mencionado”, le prometió Félix y cerró: “Es un tema que seguiremos debatiendo y en los próximos días veremos cómo seguimos con el diálogo”.

Más de una docena de expositores invitados participan este miércoles de la reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde se debate el proyecto presentado por el oficialismo sobre una nueva ley de biocombustibles.

De acuerdo a la iniciativa, el nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la Ley 26.093, la cual se buscaba prorrogar mediante una media sanción del Senado votada por unanimidad en octubre pasado, pero frenada por el propio Frente de Todos en Diputados.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiesel, que actualmente está en 10%.

Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.

Sobre este punto, el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

Las voces del sector

El primer expositor fue José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), quien habló en representación de productores de bioetanol a base de maíz. “Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir demorando ninguna decisión, porque en el medio hay empresas y gente que ha seguido trabajando”, alertó.

Porta remarcó que “lo que no podemos dar es ningún paso para atrás” y, por eso, “no se debiera bajar el corte bajo ningún punto de vista”. Además, pidió que “no se puedan importar naftas” y subrayó, respecto al precio, que “no sirve tener un corte fantástico ni un modelo fantástico si después el precio es totalmente antieconómico, como sucedió en los últimos años”. Finalmente, llamó a “encontrar soluciones y no generar más enfrentamientos”.

A continuación, Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), se manifestó a favor del proyecto al asegurar que “mantiene el espíritu de la ley original que fue un motor para nuestro desarrollo”. Destacó que la iniciativa brinda “la previsibilidad a 14 años”, apunta a “ayudar al cambio climático, con la reducción de emisión de CO2” e invierte “en las economías regionales”.

No obstante, señaló que “el corte del 5% para el biosiesel, que se traduce en un cupo máximo mensual de 50 mil toneladas para todas las plantas”, previsto en el proyecto, “afectará a las plantas actuales con capacidad ociosa sobre costos y dificultad para mantener en este escenario el total de las fuentes laborales”.

“El corte debería mantenerse en el nivel actual del 10%”, reclamó Bojanich, y agregó: “Debido a que nuestro componente principal es la soja y que su cotización es muy volátil, el proyecto incluye la alternativa de reducir el corte, compensando el precio por esa subexplotación de la planta, pero esta solución no sería sostenible en el tiempo”.

También por CEPREB, Alejandro Abad recordó que la Ley 26.093 “fue muy exitosa en sus objetivos” y “sería lamentable a esta altura volver para atrás y destruir un camino andado”. “Un nuevo régimen debe como mínima conservar lo realizado y pensar en general aún más crecimiento y desarrollo”, dijo.

Abad advirtió que la baja del corte del 5% para el biodiesel -con la posibilidad de reducirlo hasta el 3%- afectará a las plantas “más chicas, más débiles y más lejos del puerto”, al enfatizar que este punto determinará “nuestra subsistencia o no”. “En la práctica aquellas plantas con 15 a 20 mil toneladas desaparecerán”, plantas en Buenos Aires y Entre Ríos, apuntó y completó que “no podemos avanzar con una ley que elimine las empresas que la ley creó”.

A su turno, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), consideró que “sería bueno una prórroga (de la Ley 26.093) que permita el debate de todos los proyectos”. A favor de la iniciativa del cordobés Carlos Gutiérrez, el expositor opinó sobre el proyecto oficialista: “No es es el mejor. Por un lado, rebaja los cortes, y en nuestro criterio esa no es la mejor estrategia por varios motivos, pero el más importante de ellos es el impacto ambiental”. En este sentido, alertó que “se va en el sentido contrario de lo que está sucediendo en el mundo”.

Otro de los expositores que objetó el proyecto fue Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien expresó que “la ley es inviable y desembocaría en el cierre de empresas”. “Anular la ley es avalar el incremento de emisiones contaminantes, es avalar la afectación de la salud de todos los argentinos, y es avalar la violación de las leyes de mayor jerarquía jurídica como la Constitución Nacional o la ratificación del Acuerdo de París”, sostuvo.

En representación del grupo de exsecretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña evaluó que “no están dadas las circunstancias en este momento para tratar una nueva ley”, sino que “debe prorrogarse la ley anterior por un plazo corto, un año o 18 meses, y en ese período poder entrar a debatir un proyecto con consensos, análisis y fundamentos claros respecto a lo que es la transición energética que ha planteado el Acuerdo de París, y que han ratificado el presidente (Joe) Biden y Alberto Fernández hace pocos días”.

“Desde que empezó la gestión del presidente Alberto Fernández hemos recorrido ministerios y secretarías para iniciar una ronda de diálogo y trabajo en pos de una ley de biocombustibles superadora de la 26.093. Resultó una tarea vana, no encontramos una fuerza política armónica para avanzar en ese objetivo, a pesar de nuestras advertencias sobre el poco tiempo que quedaba para debatir en forma serena y racional una nueva normativa”, comenzó Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz).

NOTICIA EN DESARROLLO

La diputada nacional Beatriz Ávila participó de un encuentro con el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, junto a los legisladores provinciales Raúl Albarracín y Raúl Pellegrini, en el que se analizó la situación de la Ley de Biocombustible, y el proyecto de creación del Instituto Nacional de Azúcar y el Alcohol (INAA). 

Respecto a la Ley de Biocombustibles, Albarracín advirtió la “situación de zozobra” de la actividad azucarera provincial, por la posibilidad de que la ley pierda vigencia, y sostuvo que “es una necesidad imperiosa que obtengamos la prórroga, para que nuestra industria pueda seguir vigente y no solamente que tengamos que mendigar año de vigencia, sino que tengamos una ley perdurable en el tiempo y garantice una utilidad razonable para los productores y el sector industrial y también para que el corte en el combustible con el tiempo se vaya aumentado”. 

Durante el encuentro también se abordó el tema de la creación del Instituto Nacional de la Azúcar y el Alcohol, proyecto de la diputada nacional Beatriz Ávila, que indicó: “Así como lo tiene la yerba mate o como lo tiene el vino en beneficio de promover la actividad entre todos los productores y los industriales, porque planteamos que, si este instituto hubiera estado en vigencia, otra sería la realidad del sector”, explicó Ávila. 

A su vez, Albarracín señaló que “necesitamos contar con el apoyo necesario de los factores involucrados donde esto se pueda plasmar en una Ley concreta. Para la protección del desarrollo de las economías regionales”. 

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, presidida por el mendocino Omar Félix, comenzará este miércoles, a partir de las 10, con el tratamiento del proyecto oficialista sobre una nueva ley de biocombustibles, presentado la semana pasada.

El encuentro, que será de forma virtual, contará con la participación de representantes de cámaras de biocombustibles. Esta industria se extiende a lo largo de 54 plantas productoras en 10 provincias del país.

La iniciativa apunta a crear un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”.

De acuerdo al proyecto, el nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la Ley 26.093, la cual se buscaba prorrogar mediante una media sanción del Senado votada por unanimidad en octubre pasado, pero frenada por el propio Frente de Todos en Diputados.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiesel, que actualmente está en 10%.

Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.

Sobre este punto, el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

El proyecto también señala que del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.

Entre otros puntos, se establece que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.

El listado de expositores

• José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO)

• Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB)

• Alejandro Abad, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB)

• Luis Zubizarreta o Víctor Castro, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO)

• Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA)

• Jorge Lapeña, del grupo  de exsecretarios de Energía de la Nación

• Hugo Eurnekian, de la Corporación América

• Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz)

• Leandro Luqui, representante de siete pymes productoras de biodiesel

• Claudio Molina, de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

• Representante de CONINAGRO a confirmar

• Manuel Ron o Patricia Richieri, de Bioetanol Río Cuarto S.A.

• Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER)

• Jorge Feijoó, del Centro Azucarero Argentino (CAA)

El diputado nacional Omar Félix (Frente de Todos-Mendoza), presidente de la Comisión de Energía, adelantó que la semana próxima comenzará el debate sobre la Ley de Biocombustibles en la Cámara baja. Según mencionó, luego de una ronda de consultas en la Comisión de Energía seguiría un plenario con Presupuesto y Hacienda para firmar dictamen.

Acerca del debate, aseguró que “pensamos hacerlo durante esta semana. En principio la idea es poder tener una ronda de consultas con los sectores interesados, cámaras y demás y posteriormente durante la misma semana en otra convocatoria a la comisión ya poder emitir dictamen. Tal vez que sea en forma conjunta con Presupuesto y Hacienda dada las urgencias que tenemos y lo acotado de los tiempos. Pero esto también va a requerir una serie de acuerdos necesarios”..

“Se ha buscado tener el mayor consenso posible, creo que en este sentido se ha hecho un gran trabajo y se ha logrado un gran acuerdo sobre todo a partir de los objetivos y también de las urgencias porque tenemos un tiempo límite que es el 12 de mayo”, agregó Félix en diálogo con Diputados TV.

El legislador oficialista explicó que la Ley de Biocombustibles tiene dos grandes objetivos. El primero, “tiene que ver con el interés general, con el bien de todos los argentinos” afirmó, ya que “en un contexto de alto valor de los commodities que son insumos básicos para los biocombustibles y que generan aumentos en el producto final, o sea en el combustible en surtidor. Lo que se trata es de ponerle un equilibrio porque sino impacta en el bolsillo de todos los argentinos”.

“El otro gran objetivo es mantener la actividad de las empresas que hoy se dedican a los biocombustibles, que puedan tener la rentabilidad necesaria para sostener los puestos de trabajo, para seguir funcionando, para estar en actividad y que esto que también es un elemento importante desde el medioambiente pueda seguir en desarrollo”, determinó el presidente de la Comisión de Energía.

El diputado insistió una vez más en el consenso que intentaron tener entre todas las partes,  las diferentes cámaras, los productores de maíz, de azúcar. Espera que ese mismo acuerdo se replique cuando la ley se vote en el Senado: “Hemos estado en contacto con muchos senadores y es visto también de esta manera”.

Sobre la importancia de la ley, el legislador mendocino expresó que en la actualidad las diferencias entre el tipo de combustible y la materia prima son “sustanciales”. El bioetanol de caña de azúcar es una materia prima que “no tiene el impacto de valores que tiene la soja o el maíz, que además cotizan en dólares”. Por eso, “Esta nueva ley contempla herramientas que le permiten al organismo de aplicación poder regular cortes y precios para que no sufra impacto en el producto final de la cadena”.

Diputados del Frente de Todos presentaron finalmente este jueves en la Cámara baja el proyecto de ley sobre un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”.

De acuerdo a la iniciativa, el nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la Ley 26.093.

En el proyecto se aclara que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, actualmente en manos del neuquino Darío Martínez.

El proyecto define como biocombustible “al bioetanol y al biodiesel que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación, y que se produzcan en plantas instaladas en la República Argentina a partir de materias primas nacionales cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos”.

Asimismo, indica que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil -conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.

No obstante, la autoridad de aplicación “podrá elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal de 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras”.

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En el caso de “todo combustible líquido clasificado como nafta”, deberá “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.

En otro de los artículos del texto, se establece que “el abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiesel y/o de sus insumos principales”.

Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.

El abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible, bajo los siguientes parámetros:

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un porcentaje nominal de 6% de la mezcla mínima obligatoria. En caso de escasez general y comprobada, la autoridad de aplicación podrá reducir transitoriamente el porcentaje; o, por el contrario, elevarlo cuando considere conveniente. Las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar y superar el porcentaje de corte establecido, en función de las particularidades técnicas de sus respectivas plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejen en el precio final, del costo de los sustitutos, y del ahorro de divisas, hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición fisicoquímico del producto final.

El bioetanol elaborado a base de maíz tendrá un porcentaje nominal de 6% de la mezcla mínima obligatoria. La Secretaría de Energía podrá elevar el referido porcentaje nominal cuando lo considere conveniente, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, y/o ante situaciones de escasez de bioetanol a base de maíz por parte de las empresas elaboradoras autorizadas.

Del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.

Por otra parte, el proyecto faculta a la autoridad de aplicación a arbitrar “los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiesel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.

Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.

Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.

Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiesel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.

También se dispone la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.

Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.

La diputada nacional Brenda Austin visitó, junto a sus pares radicales de la provincia de Córdoba, la fábrica de etanol a base de maíz Bio 4, en Río Cuarto, donde volvió a reclamar al Gobierno nacional que impulse el tratamiento “urgente” de la prórroga de la Ley de Biocombustibles. La legisladora advirtió que “está en riesgo” este sector productivo, que genera miles de puestos de trabajo y ayuda a diversificar la matriz energética en el país. 

“Hoy reafirmamos nuestra convicción de que la industria de los biocombustibles en la Argentina y en especial para Córdoba representa una valiosa fuente de generación de empleo y de desarrollo de las economías regionales, pero también del equilibrio que debe haber con el cuidado del ambiente. Estamos muy preocupados por la falta de certezas que está dando el gobierno nacional respecto a la continuidad de esta política. Faltan 20 días y el sector está en riesgo. Le estamos pidiendo al oficialismo el tratamiento urgente de la ley”, remarcó Austin tras una recorrida por la planta. 

En este sentido, pidió “poner por encima los intereses de los sectores productivos de la provincia, que son en definitiva los intereses de la gente”, e insistió en que “la idea de que quien produce está en contra de la sociedad es un esquema que solamente nos lleva a un retroceso como país”. 

“Queremos que se apruebe la prórroga y luego, por supuesto, sentarnos con todos los actores a discutir nuevamente una estrategia para potenciar al sector. Entendemos que es clave avanzar con políticas públicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contar con un marco normativo claro para desarrollar estrategias energéticas renovables y menos nocivas para el ambiente, a la vez que se garantice la seguridad jurídica”, apuntó Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. 

Al visitar también durante la jornada la sede de la Sociedad Rural local, donde se reunió con autoridades, Austin advirtió que “el mundo entero va camino a aumentar los cortes de biocombustibles para tratar de cumplir con las metas de reducción de las emisiones de carbono” y que, “si prospera alguna de las iniciativas que impulsa el oficialismo, la Argentina sería el primer país que iría en la dirección contraria, apostando a los combustibles fósiles y no a diversificar la matriz energética”. 

En la planta Bio 4, donde se elabora etanol combustible a partir del maíz, Austin realizó una recorrida acompañada por sus pares Soledad Carrizo, Diego Mestre y Hugo Romero, los legisladores Antonio Rins y Juan Jure, el intendente de Bell Ville Carlos Briner y el electo presidente del Comité Provincia, Marcos Carasso. Luego la comitiva se trasladó al Comité Departamental de la UCR, donde se reunió con el presidente electo Gonzalo Lozada, su vice José Luis Beltramone, el dirigente Gabriel Abrile, el concejal Marcos Curletto y el Intendente Vicuña Mackenna, Roberto Casari. 

“Es nuestra responsabilidad fortalecer los vasos comunicantes con la sociedad y tomar decisiones intergeneracionales, con los jóvenes. El radicalismo tiene un lugar que ocupar para superar la grieta y, para ello, hay que sumar gente en cada rincón de Córdoba, dejando de lado los intereses personales por los intereses colectivos, que son los de la sociedad. Ese es nuestro desafío”, remarcó allí. 

La diputada nacional Brenda Austin visitó, junto a sus pares radicales de la provincia de Córdoba, la fábrica de etanol a base de maíz Bio 4, en Río Cuarto, donde volvió a reclamar al Gobierno nacional que impulse el tratamiento “urgente” de la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tras advertir que “está en riesgo” este sector productivo que genera miles de puestos de trabajo y ayuda a diversificar la matriz energética en el país.

“Hoy reafirmamos nuestra convicción de que la industria de los biocombustibles en la Argentina, y en especial para Córdoba, representa una valiosa fuente de generación de empleo y de desarrollo de las economías regionales, pero también del equilibrio que debe haber con el cuidado del ambiente”, señaló.

La radical sostuvo: “Estamos muy preocupados por la falta de certezas que está dando el Gobierno nacional respecto a la continuidad de esta política. Faltan 20 días y el sector está en riesgo. Le estamos pidiendo al oficialismo el tratamiento urgente de la ley”.

En este sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio pidió “poner por encima los intereses de los sectores productivos de la provincia, que son en definitiva los intereses de la gente”, e insistió en que “la idea de que quien produce está en contra de la sociedad es un esquema que solamente nos lleva a un retroceso como país”.

“Queremos que se apruebe la prórroga y luego, por supuesto, sentarnos con todos los actores a discutir nuevamente una estrategia para potenciar al sector”, resaltó, en referencia al proyecto aprobado por unanimidad en el Senado, pero que está trabado en la Cámara baja, luego que el oficialismo anunciara su intención de tratar una iniciativa alternativa.

La vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en Diputados subrayó: “Entendemos que es clave avanzar con políticas públicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contar con un marco normativo claro para desarrollar estrategias energéticas renovables y menos nocivas para el ambiente, a la vez que se garantice la seguridad jurídica”.

Al visitar también durante la jornada la sede de la Sociedad Rural local, donde se reunió con autoridades, Austin advirtió que “el mundo entero va camino a aumentar los cortes de biocombustibles para tratar de cumplir con las metas de reducción de las emisiones de carbono” y que, “si prospera alguna de las iniciativas que impulsa el oficialismo, la Argentina sería el primer país que iría en la dirección contraria, apostando a los combustibles fósiles y no a diversificar la matriz energética”.

En la planta Bio 4, donde se elabora etanol combustible a partir del maíz, la diputada realizó una recorrida acompañada por sus pares Soledad Carrizo, Diego Mestre y Hugo Romero; los legisladores provinciales Antonio Rins y Juan Jure; el intendente de Bell Ville, Carlos Briner; y el electo presidente del Comité Provincia, Marcos Carasso.

Luego la comitiva se trasladó al Comité Departamental de la UCR, donde se reunió con el presidente electo Gonzalo Lozada, su vice José Luis Beltramone, el dirigente Gabriel Abrile, el concejal Marcos Curletto y el intendente de Vicuña Mackenna, Roberto Casari.

“Es nuestra responsabilidad fortalecer los vasos comunicantes con la sociedad y tomar decisiones intergeneracionales, con los jóvenes. El radicalismo tiene un lugar que ocupar para superar la grieta y, para ello, hay que sumar gente en cada rincón de Córdoba, dejando de lado los intereses personales por los intereses colectivos, que son los de la sociedad. Ese es nuestro desafío”, expresó Austin durante el encuentro.

El diputado cordobés Mario Negri, presidente del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, alertó que en menos de un mes vence la Ley de Biocombustibles y acusó al kirchnerismo de seguir “frenando su prórroga y sin presentar una propuesta alternativa para el sector, pese a las promesas hechas hace varias semanas”.

“El 12 de mayo, en solo 29 días, vence la Ley de Biocombustibles que está vigente desde 2006. El Senado aprobó por unanimidad una prórroga, pero en Diputados el oficialismo aliado a un gran lobby petrolero la frenaron”, señaló el radical.

Para el legislador, “están atentando contra la economía de diez provincias y contra los tratados sobre el Cambio Climático que firmó Argentina, que promueven las energías alternativas y la disminución de los combustibles fósiles”.

Además, mencionó que “el 25 de marzo pedimos una sesión y no nos dieron quórum. Prometieron una nueva ley que no apareció. Mientras tanto, tienen en vilo a Córdoba, donde hay 19 plantas de biocombustibles y 4 de bioetanol“.

“Es muy difícil entender a un Gobierno que en el Senado prorroga una ley de Néstor Kirchner y en Diputados los seguidores del expresidente deciden frenarla sin ofrecer alternativas a una industria que creció gracias a la ley de 2006”, cerró.

Más de 30 legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas que representan a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se reunieron este lunes, de manera virtual, con integrantes de las casi 70 entidades que conforman el Foro Empresario de la Región Centro Argentina, y coincidieron en la necesidad de prorrogar el Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que vencerá exactamente en un mes, el próximo 12 de mayo.

Los diputados y senadores se mostraron dispuestos a discutir un nuevo marco normativo que regule los biocombustibles a futuro, pero consideraron necesaria la extensión del régimen actual para que “se pueda desarrollar un debate con tiempo, en profundidad y con la participación del sector privado”, según se indicó en un comunicado.

En Argentina hay más de 50 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en 10 provincias, y “corren riesgo de desaparecer si no se prorroga la ley actual”, insistieron tanto empresarios como legisladores.

Participaron de la reunión virtual, por la provincia de Córdoba, los diputados de Juntos por el Cambio Brenda Austin, Soledad Carrizo, Luis Juez, Diego Mestre, Víctor Hugo Romero, Soher El Sukaria y Adriana Ruarte; y por el bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.

Por Entre Ríos, en tanto, estuvieron Atilio Benedetti (UCR), Jorge Lacoste (UCR) y Alicia Fregonese (Pro).

En representación de Santa Fe, desde Juntos por el Cambio asistieron Federico Angelini, Ximena García, Carolina Castets, Gonzalo Del Cerro, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Juan Martín; también Enrique Estévez (Socialista); Luis Contigiani (Frente Progresista); y hasta un oficialista, Esteban Bogdanich.

Además, fueron parte del encuentro los senadores Edgardo Kueider (Frente de Todos), Alfredo De Angeli (Pro), Stella Maris Olalla (UCR), Laura Rodríguez Machado (Pro) y Roberto Mirabella (Frente de Todos).

En nombre de las entidades empresarias de las tres provincias de la Región Centro, Daniel Nassini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR); Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba); y Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), plantearon que la producción de biodiesel derivado de la soja y de bioetanol de maíz y de caña de azúcar “fueron casos de éxito que permitieron posicionar a nuestro país como líder en la materia en el plano internacional y constituyen un modelo en políticas de agregación de valor”.

En ese sentido, alertaron que la discontinuidad de la referida ley “no sólo generará un enorme daño a las economías de las provincias productoras, con pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que echará por tierra inversiones por miles de millones de dólares realizadas en los últimos 15 años”.

En la misma línea, durante el diálogo que se extendió por 90 minutos, ratificaron que el corte obligatorio establecido en la Ley 26.093 de naftas y gasoil con biocombustibles implica “una innegable contribución a la sostenibilidad ambiental, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global”, que es uno de los objetivos asumidos por los gobiernos.

MÁS DE 30 LEGISLADORES NACIONALES Y CASI 70 ENTIDADES EMPRESARIAS DE LA REGIÓN CENTRO COINCIDIERON EN APOYAR LA PRÓRROGA DE LA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES pic.twitter.com/aBqruuq3Gv

— CARSFE – (@CARSFEprensa) April 12, 2021

También hicieron hincapié en que “la reactivación de la economía nacional incrementará la demanda de combustibles fósiles, lo que muy posiblemente obligará a incrementar las importaciones con la consecuente salida de divisas. Los biocombustibles, por el contrario, permitirán que el país se independice, aunque sea parcialmente, de los combustibles fósiles; y esa menor dependencia se traducirá en un ahorro de divisas”.

Por todo ello, faltando exactamente un mes para la caducidad del régimen, las entidades nucleadas en el Foro Empresario de la Región Centro solicitaron a los diputados presentes que “motoricen las acciones necesarias para que se prorrogue la vigencia de la norma y se mantengan los niveles de cortes actuales, lo que dará tiempo suficiente para debatir con seriedad si se debe hacer alguna modificación a futuro”.

El proyecto para extender la vigencia de la norma actual fue aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado, pero el oficialismo frenó su tratamiento en Diputados. El jueves 25 de marzo la oposición convocó a una sesión especial para tratar el tema, pero no consiguió el quórum, y si bien el secretario de Energía, Darío Martínez, habló de la necesidad de avanzar en un nuevo régimen, no hubo novedades desde ese entonces.

Una delegación del Gobierno de Santa Fe encabezada por el senador nacional Roberto Mirabella, junto a la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet; la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino; y el secretario de Industria, Claudio Mossuz; recibió en la Casa Gris al Foro de Empresarios de la Región Centro Capítulo Santa Fe, en un encuentro donde se analizó la situación del biodiesel.

Durante la reunión, se coincidió en la necesidad de avanzar en la sanción definitiva de la prórroga del actual Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (Ley 26.093) que vence en mayo para, a partir de allí, poder trabajar en conjunto en un nuevo “Plan Nacional” para el sector.

El proyecto para prorrogar el régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 ya obtuvo en octubre -y por unanimidad- la media sanción del Senado, pero aún no avanzó en Diputados. A ello se suma que el oficialismo en la Cámara baja impulsa tratar una nueva ley, en lugar de extender la norma actual.

Mirabella exhortó a “poder discutir con tranquilidad un nuevo marco regulatorio y una nueva ley que sea tan innovadora, avanzada y audaz como fue la ley que se impuso en el año 2006”.

Además, el legislador del Frente de Todos recordó que antes de la vigencia del actual esquema normativo “este sector del biocombustible no existía en la Argentina hace 20 años atrás”, y resaltó que, en cambio, “hoy la Argentina es uno de los jugadores principales a nivel mundial junto con Estados Unidos, Brasil, Finlandia, Alemania en la producción de bio”.

El senador ratificó que su postura es bien clara: “Mi posición política frente a este tema es votar la prórroga”.

Destacó, a su vez, que en la Cámara alta “no solamente votamos la prórroga hasta el año 2024, sino que además yo en particular presenté un proyecto de ley, un nuevo Plan Nacional de Biocombustibles, para los próximos 15 años”.

Por su parte, Gonnet sostuvo que junto “a las cuestiones económicas que están atravesando este tema”, se suma “la preocupación que tenemos desde nuestro Ministerio en que se le dé visibilidad a la temática de biocombustibles y a su producción desde nuestra provincia” ya que “tenemos un compromiso, desde nuestro proyecto de ley de Acción Climática, en bajar el nivel de emisiones”. “Y el uso de biocombustible es un actor fundamental en esto”, aseguró.

A su turno, González del Pino se refirió a la importancia de la reunión en la que “tomamos conocimiento de primera mano de los planteos que el foro y los distintos sectores realizan, como así también poner en valor la media sanción que hoy está en Diputados para prorrogar la Ley de Promoción de los Biocombustibles y poder pensar a futuro una nueva ley para un nuevo régimen, para una nueva realidad”. La funcionaria provincial hizo especial hincapié en que la ley vigente “diversificó la matriz energética” y también “generó muchísimo empleo de calidad”.

Por otro lado, los empresarios destacaron la importancia de la reunión y agradecieron al gobierno de la provincia por la convocatoria. En ese sentido, el coordinador del Foro Capítulo Santa Fe, Maximiliano Ferraro, expresó que fue “una reunión fue muy productiva” y remarcó que “la convocatoria realizada desde el Gobierno realmente está acorde a la necesidad del sector empresario de la región centro”.

“Vamos a trabajar en conjunto con el gobierno para lograr la prórroga de la ley que hoy es estratégica no solo para Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, sino para 10 provincias argentinas y obviamente para todo el país”, confió.
El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento, consideró que es “fundamental tener la posibilidad de una prórroga” debido a que “prácticamente ya está venciendo el plazo y creemos desde este lugar que hay que tomarse el tiempo para hacer una ley que contenga a todos los sectores y especialmente a las PyMEs”.

En igual sentido se manifestó Enrique Lasgoity, de la Bolsa de Comercio de Rosario y que participa por la Bolsa en el Consejo Agroindustrial Argentino en el tema biocombustibles. “Me parece muy importante la reunión para un discusión amplia y franca sobre los problemas de los biocombustibles, donde pudimos expresar nuestras opiniones, intercambiar ideas y ver los cursos de acción para lograr en principio la prórroga de la ley por un período adecuado para poder rediscutir posibles modificaciones de una industria tan importante como la de biocombustibles”, completó.

Además participaron Germán Dobler, gerente General en la Bolsa de Comercio de Santa Fe; Javier Martín, por la Unión Industrial de Santa Fe; Sergio Bernardi, titular de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado Santa Fe (CIDEP); y Marcelo Cogno, director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial del Ministerio de Producción de la provincia.

A la sesión convocada por la oposición para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles faltaron una docena de diputados de Juntos por el Cambio. La convocatoria fracasó con 108 legisladores, entre presenciales y conectados de forma remota, es decir 21 diputados menos de lo que se requerían para el quórum.

Dentro de los doce ausentes, seis fueron de provincias patagónicas: Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), Ignacio Torres (Pro-Chubut), Federico Frigerio (Pro-Tierra del Fuego), Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Gustavo Menna (UCR-Chubut) y Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz).

Además faltaron, o no se pudieron conectar y no avisaron a sus pares, Ezequiel Fernández Langan (Pro-Buenos Aires), Sebastián García de Luca (Pro-Buenos Aires), Gustavo Hein (Pro-Entre Ríos), Luis Juez (Pro-Córdoba) y Martín Maquieyra (Pro-La Pampa).

A su vez, el radical puntano José Luis Riccardo “perdió el avión”, según confiaron fuentes del interbloque; mientras que no pudieron dar quórum los macristas santafesinos Gisela Scaglia, José Núñez y Federico Angelini, “que estaban retenidos por falta de resultado del PCR” y luego finalmente ingresaron al recinto.

Tampoco aportaron quórum, por problemas en su conectividad, el formoseño Ricardo Buryaile, el chaqueño Gerardo Cipolini y el catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral, que posteriormente solucionaron.

Pero además de los ausentes de Juntos por el Cambio, desde el otro espacio que convocó a la sesión estuvo ausente nada más y nada menos que el presidente del Interbloque Federal, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, y su compañero de bloque Justicialista Andrés Zottos, quien a las 12 en punto avisó que se retiraba del recinto.

Por Melisa Jofré

Fracasó este jueves la sesión especial solicitada por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga de la Ley de Régimen de Promoción de Biocombustibles.

En la reunión, convocada para las 11.30, figuraron 108 diputados, de manera presencial y remota. Un número ampliamente menor a los 126 que, con asistencia perfecta, hubieran reunido ambos espacios.

De todas maneras, si la sesión hubiera tenido quórum, la oposición no contaba con los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto que no tiene dictamen de comisión.

La bancada que conduce el radical Mario Negri y el sector liderado por Eduardo “Bali” Bucca solo contaron con el respaldo de la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).

En tanto, no tuvieron acompañamiento del Frente de Todos; del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, comandado por el mendocino José Luis Ramón; ni del bloque Acción Federal, que integran el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia.

Tampoco se sumaron la neuquina Alma Sapag y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

A las 12, cuando se cumplieron 30 minutos más de la hora citada, a pedido de Negri, Massa otorgó diez minutos de prórroga. A continuación, tomó la palabra el salteño Andrés Zottos, del bloque Justicialista, quien reclamó la ausencia de diputados y decidió retirarse del recinto antes de esperar el comienzo de la reunión convocada por su propio interbloque.

El legislador dijo que este era un tema “importante” y para él “una política de Estado”. “Hay legisladores que le gusta más el protagonismo a través de los medios, sin interesarles la producción y los productores. Les interesa más lo político que solucionar este problema”, lamentó.

Zottos se quejó entonces que “de Cambiemos están faltando alrededor de 23, 24 (diputados)…de nosotros también un par”. “Habiendo cumplido más de media hora en que estoy sentado acá, voy a proceder a retirarme”, cerró.

La semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal resolvieron unificar sus pedidos de sesión para tratar el tema, luego que Negri acordara con Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal -que responde al gobernador Juan Schiaretti-, aunar fuerzas en el recinto.

La decisión se dio en la previa de una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles, convocada por el oficialismo el pasado lunes, donde comenzó a debatirse la cuestión con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez.

La alerta de la oposición se encendió a partir de la intención de Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos, de debatir un nuevo proyecto sobre el cual no se conocen mayores detalles, salvo que apunta a que los beneficios del régimen favorezcan prioritariamente a las PyMEs.

Si bien desde todos los bloques coinciden en discutir una nueva norma, especialmente los diputados que representan a las provincias beneficiadas por esta industria -entre ellas Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Jujuy- reclaman que se trate en lo inmediato la extensión de la Ley 26.093, que vence en mayo próximo.

La prórroga del régimen recibió media sanción por unanimidad en el Senado en octubre pasado, pero pese al acuerdo en la Cámara de Diputados para aprobarla en el verano, el Gobierno no incluyó el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias.

Expresiones en minoría

En el arranque de las expresiones en minoría, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, recordó que la Ley 26.093 había sido aprobada en 2006 en tiempos de Néstor Kirchner, y que la Argentina fue entonces uno de los primeros países que se ocupó de esa industria que “aceleradamente fue creciendo”. Destacó, en ese sentido, que en nuestro país existen 54 plantas instaladas en diez provincias y que representan un motor para el desarrollo y el empleo, aportando valor agregado.

Tras 15 años de vigencia de la norma y próximo su vencimiento -el 15 de mayo-, el cordobés señaló que el Senado aprobó en octubre pasado la prórroga “por unanimidad, como pocas veces ha ocurrido”. Y en esa oportunidad, resaltó también, muchos senadores advirtieron en sus discursos de la necesidad de actualizar la ley.

Se preguntó Negri entonces “qué pasó durante estos cinco meses” para que todavía no se haya avanzado en ese tema. Habló así de un “silencio que aturde” y lamentó que nadie se hubiera puesto a trabajar para buscar un acuerdo.

En su discurso, el radical alertó que eso puede volver a ocurrir con otros temas, como la Ley Ovina, próxima a vencer en abril, y remarcó que la Argentina debe “dar certezas”. “¿Por qué tenemos que terminar en una sesión en minoría, reclamando a viva voz que esto tenga una respuesta inmediata?”, se preguntó.

“Sabíamos que era difícil alcanzar el quórum; no tenemos el número de por sí. Pero hay un enorme interrogante sobre cuál es la razón de la tardanza en poner una solución a esta inestabilidad para el sector”, concluyó.

Después fue el turno de Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal, quien subrayó que “no venimos a sumar a los biocombustibles a la pelea de la grieta”. “Hemos cumplido cabalmente desde el Interbloque Federal con el compromiso de venir a defender la Ley de Biocombustibles”, dijo.

El diputado explicó que “menos corte significa que cada 100 litros de combustible que tiene hoy en el marco de la Ley 26.093 la obligación de ser cortados por dos litros de bioetanol, cualquiera sea su origen, o por 10 litros de biodiesel, el recorte hasta de un 50 o más por ciento del que se habla es lisa y llanamente un atentado contra las provincias productoras y contra mi Córdoba”.

El presidente de la bancada que responde al gobernador Juan Schiaretti apuntó que “más de 6.000 puestos de trabajo están hoy en ascuas producto de esta seguidilla de indefiniciones y de improvisaciones”.

“No tenemos nada contra las provincias petroleras. Le reconocemos el derecho constitucional de sus regalías”, aclaró, pero enfatizó que “Córdoba este año vuelve a poner en las arcas nacionales 3 mil millones de dólares en conceptos de retenciones agropecuarias”.

Por eso, Gutiérrez rechazó que “se nos venga a decir desde el lobby petrolero” que “la industria petrolera subsidia los biocombustibles, ¿no será exactamente al revés?”. Y agregó también que al no dar impulso a este sector “se están vulnerando los principios más elementales del ambientalismo”.

El cordobés afirmó que no existe una negativa a sacar una nueva ley, pero sí “nos negamos a este atropello” y que “se pretenda lograr los consensos en 30 o 40 días”. “El éxito está garantizado porque es exitoso el sistema productivo que abarca los biocombustibles como una de las alternativas más fuertes que tiene Argentina para apostar al desarrollo”, finalizó.

A su turno, el macrista Omar De Marchi resaltó que “el 95% de nuestro interbloque está presente”, pero hay “100% ausencia del Frente de Todos”. El mendocino expresó que la Ley 26.093 fue “muy buena” y recordó que el 13 de febrero el presidente Alberto Fernández, de visita en Tucumán, “garantizó a los industriales del sector la prórroga” de la norma.

Sin embargo, “de repente nos encontramos que empiezan a aparecer dudas” y “proyectos fantasmas”, señaló el diputado, que cuestionó el borrador de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner porque “deja en el aire la certidumbre y la seguridad jurídica”.

El vicepresidente primero de la Cámara baja mencionó particularmente dos artículos de ese texto, referidos a las plantas que podrían seguir con su producción y a la manera en que se definirán a las PyMEs. Sobre ello, consideró que se apunta a “la tendencia al monopolio”, además de “discrecionalidad y oscuridad”.

“Creo en el fondo que lo que esta improvisación esconde es la falta de rumbo claro en materia de biocombustibles en Argentina, la falta clara de plan energético”, aseguró, al tiempo que opinó que se debe a que “no hay plan económico, porque no hay plan de país”. “El Frente de Todos es cada vez más el gobierno de pocos”, lanzó.

Por su parte, el jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, criticó duramente al oficialismo al recordar que, una vez aprobada la prórroga en el Senado, “la nueva autoridad de la Comisión Energía y Combustibles predijo lo que iba a suceder. Dijo que ‘esa ley que aprobaron por unanimidad del Senado’ era ‘una mala ley’”.

“La justificación de por qué era una mala ley es que supuestamente perjudicaba a la industria petrolera. Y la industria y las empresas petroleras estaban subsidiando al resto del país”, continuó el bonaerense.

Para el legislador, “no hay un rumbo en esta materia”. “La amenaza a nosotros es que van a votar en contra de la ley que sus propios senadores y Néstor Kirchner pusieron en funcionamiento en la Argentina”, prosiguió y anticipó que “antes del 12 de mayo vamos a tener prórroga sí o sí”.

“Creo finalmente que en un mundo que empieza a presenciar la recuperación” y “con la posibilidad de que nuestro biocombustible ingrese al mercado norteamericano, es una muy mala señal que Argentina no respete y que retroceda en material ambiental”, cerró.

Al igual que De Marchi, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López hizo hincapié en la ausencia del oficialismo: “120 diputados (ausentes) son del Frente de Todos, sépanlo. Porque es extraño que no quieran dar este debate. Y la política energética de este Gobierno, si soy generoso creo que es errática… si subo un poco el tono, creo que es escandalosa”.

“Y si alguien de acá quiere hablar de lobby’s, podemos hablar de lobby: ¿saben dónde está el lobby más escandaloso de este Gobierno? En la Secretaría de Energía de la Nación, en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, intervenido. Y mientras los empresarios que apostaron a desplegar la actividad de los biocombustibles en la Argentina navegan a ciegas entre la discrecionalidad, la improvisación y la incertidumbre, hay algunos que en esa Secretaría de Energía tienen tráfico de influencias, tienen información privilegiada y pueden comprar una distribuidora de electricidad a precio vil como Edenor. Se llaman Maurici Filiberti, José Luis Manzano o Daniel Vila”, disparó.

Y completó: “¿Qué pasa entonces? ¿Hay dos estándares en la Argentina, algunos hacen lo que quieren y compran con información privilegiada, y a otros los tenemos desde octubre del año pasado, cuando se votó la ley por unanimidad en el Senado, sin saber qué hacer?”.

A su intervención le siguió el santafesino Luis Contigiani, quien arrancó: “La posición del diputado preopinante me obliga a remarcar con mucha fortaleza y convicción personal porque estoy acá desde el punto de vista político. La democracia necesita de una oposición con altura y sincera”. “No se puede hablar de lobby cuando tenían a (Juan José) Aranguren en la Secretaría de Energía y dolarizaban las tarifas”, le enrostró.

El legislador del Interbloque Federal aseveró que no quería “llevar este tema tan estratégico para el país a la grieta”, porque “lo que está en juego es algo extraordinario, es una oportunidad que no podemos perder en la Argentina; lo que está en juego son las PyMEs y un sistema asociativo no integrado”.

“No creo en el divorcio entre la industria petrolera y la de biocombustibles”, subrayó y reflexionó que “necesitamos que Argentina de manera equilibrada vaya a un esquema de integración para ser una potencia en producción de energías”.

Desde Tucumán, la diputada Beatriz Ávila denunció que “las petroleras incumplieron; mezclaron solamente el 7% de biodiesel en lugar de 10% y menos del 11% del bioetanol en lugar del 12%”. La legisladora insistió en la “incertidumbre” que “pone en vilo no solamente a la provincia de Tucumán, sino también a todo el noroeste y a todas las provincias que están involucradas”.

“En el caso de Tucumán, la producción de azúcar y alcohol es la principal actividad” y “cuando se carga combustible en un auto, el 88% es nafta y el 12% es biocombustible, de los cuales el 4% es de Tucumán”, precisó.

Otro de los oradores fue el santafesino Enrique Estévez, quien valoró que “esta es una ley que trajo muchos beneficios absolutamente palpables” a las economías regionales, además del valor agregado y el cuidado del ambiente.

El socialista explicó que los biocombustibles “vienen a frustrar algunos negocios” y por eso “borramos con el codo lo que fue casi una política de Estado en nuestro país”. “En Santa Fe la industria de los biocombustibles es muy importante y nuestra provincia trabajó para potenciar esa industria”, ponderó.

El diputado Nicolás Del Caño aclaró este martes que el interbloque del Frente de Izquierda -que integra junto a Juan Carlos Giordano- no definió si dará quórum este jueves en la sesión convocada por la oposición para tratar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, aunque sugirió que podrían aportar presencia “si hay un número ajustado”.

“No hemos definido el tema particular del quórum”, señaló Del Caño, y agregó: “Si no depende de nosotros… Si hay un número ajustado, daremos nuestra postura cuando tengamos una resolución conjunta del Frente de Izquierda”.

Del Caño formuló estas declaraciones en diálogo con Diputados TV tras realizarse el hisopado en el Anexo de la Cámara baja, con lo cual dejó abierta la posibilidad de participar el jueves de la sesión en forma presencial.

De todos modos, expresó sus diferencias. “No estamos de acuerdo en que la agenda hoy sea la discusión de los beneficios para los sectores de las grandes empresas”, dijo, y entre otras cosas llamó a discutir el salario mínimo, “que está por debajo de los niveles de indigencia”.

“Este régimen de promoción (de los biocombustibles) fue un beneficio a las empresas vinculadas al agronegocio, y una de sus principales características es la fumigación con agrotóxicos y el avance de la frontera sojera. Lo que están buscando es que se mantenga un régimen que les da un montón de exenciones impositivas”, advirtió el legislador.

Del Caño añadió que “detrás de esto está el argumento de poder hacer una combinación de energías que vaya en contra de las energías tradicionales, y del otro lado están las petroleras”, por lo cual “es una disputa entre sectores capitalistas”.

El diputado del PTS insistió en que “no se puede seguir con esta lógica de que lo que prima es la ganancia o la rentabilidad empresaria”. “Vamos a rechazarlo, pero eso no significa que no rechacemos el lobby del otro lado”, repitió, al señalar que “en Vaca Muerta están llevando adelante el método del fracking, que tiene terribles consecuencias”.

Por eso, defendió la iniciativa de la izquierda: “Lo que planteamos en nuestro proyecto es una renacionalización de toda la industria de la energía, el gas, el petróleo, bajo gestión de los trabajadores, y que todo eso esté puesto en función de los intereses de las grandes mayorías populares terminando con los tarifazos, brindando servicios de calidad, y al mismo tiempo que sea amigable con el medioambiente”.

En pleno debate sobre el Régimen de Promoción de los Biocombustibles en la Cámara de Diputados, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió que “si no se encuentra una mejor ley, iremos a la prórroga”, tal como pide la oposición, que convocó a una sesión especial para este jueves.

“No hay nada definido. En lo personal, entiendo que la transformación de maíz en alcohol es una muy buena tecnología que genera, por un lado, combustible, y por el otro, la burlanda. Si no se encuentra una mejor ley, iremos a la prórroga”, dijo Basterra en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, según reprodujo el diario La Voz del Interior.

Estuvimos en Marcos Juárez, Córdoba, participando de la presentación de la nueva cosechadora @MetalforSA 2635.

Producción nacional de maquinaria agrícola que profundiza la presencia de nuestra industria en Argentina y en el mundo.#ArgentinaUnida #ReconstrucciónArgentina ⬆️ pic.twitter.com/FSKsMDtigI

— Luis Basterra (@LEBasterra) March 23, 2021

Tras participar de la presentación de la nueva cosechadora que fabricará la empresa Metalfor, el funcionario no descartó prorrogar la Ley 26.093 si no se llega a un acuerdo en torno a un nuevo régimen, dado que el actual vence el 12 de mayo.

“Es un tema que está siendo debatido en el ámbito legislativo, porque requiere una prórroga o una nueva ley. He estado con el presidente de la Cámara, con los responsables de mi bloque partidario, y están haciendo todos los análisis para encontrar la mejor salida a un tema que tiene fecha límite”, explicó Basterra, y agregó: “Creo que finalmente vamos a tener una buena ley”.

La Comisión de Energía de la Cámara baja recibió este lunes al ministro del área, Darío Martínez, quien remarcó la necesidad de actualizar la ley vigente, pero no ofreció detalles de la propuesta oficial.

La prórroga de la Ley de Biocombustibles, con media sanción del Senado desde octubre pasado, fue tema este martes durante la reunión constitutiva de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta.

Trajo el asunto a la mesa el senador entrerriano Alfredo De Angeli (Pro), quien solicitó “poner en agenda el tema bioenergía y biocombustibles. La ley se va a aprobar sin duda en Diputados, a cuatro años. Pero merece debate para que sea una ley con mucho más plazo, a quince o veinte años, y que quienes quieran invertir en todo el tema energético, principalmente las biomasas, tengan un norte”.

En consonancia con el pedido, el presidente de la comisión, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), aseguró que “el lobby petrolero está parando la ley, y esto significa un enorme atraso para el país; está funcionando muy fuerte y esto perjudica toda la producción nacional”.

Desde la provincia de Tucumán, la senadora Beatriz Mirkin (FdT) resaltó: “Obvio que estoy de acuerdo en hacer una jornada (con expositores invitados) sobre el tema biocombustibles. Mi provincia es la que tiene bioetanol y la que tal vez sea la mayor beneficiada en la prórroga“.

“Estamos con dificultades si no continúa el bioetanol”, advirtió la oficialista, que añadió que “no es menor la cantidad de trabajadores que están vinculados a esta actividad en forma directa”. “Esperamos que en Diputados pueda dársele una respuesta”, dijo.

Tomó la palabra entonces el jefe del bloque oficialista, José Mayans, que recordó que la prórroga de la Ley 26.093 involucra “los intereses generados en distintas provincias”, que “al votar por unanimidad le dimos una esperanza muy fuerte”. Por eso, pidió tomar contacto con la Cámara de Diputados.

En el mismo sentido, el legislador Jorge Taiana (FdT) expresó que “es urgente tomar contacto y ver que están pensando ellos (en referencia a la Cámara baja), para evitar sorpresas y tener mayor diálogo”.

A continuación, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, Rubén Uñac (FdT), afirmó que “se está trabajando en una modificación a la ley desde el Poder Ejecutivo” pero “lo que está sucediendo ahora en Diputados es que la oposición (…) estaba convocando a una sesión para este jueves para tratar la ratificación de la prórroga que nosotros votamos por unanimidad”. Y asintió establecer contacto, “para que nos den un panorama más amplio y podamos transmitirle a los colegas nuestros” qué pasará con el proyecto.

“Necesitamos comunicarnos con Diputados porque se va avanzando en una modificación que está contrariando de forma unánime lo que nosotros hemos expresado a través de Senadores”, enfatizó el chaqueño Antonio Rodas (FdT).

Finalmente, Rodríguez Saá señaló que “la intención del Poder Ejecutivo es dictar una nueva ley, cosa que está bien, discutamos una nueva ley, pero mientras tanto no paralicemos la producción de todo el país porque están involucrados los intereses de las economías de diez, doce provincias”.

Por otra parte, durante la reunión el senador Julio Martínez (UCR) recordó que la modificación de la Ley de Manejo del Fuego “salió con muchos errores y falencias desde el punto de vista agrícola” porque “no pasó por esta comisión”.

El riojano alertó que “de poder aplicarse a rajatabla va a traer múltiples problemas a los productores que sufran incendios”, por lo que reclamó que “era una ley que sí o sí tenía que pasar por acá”.

Además, con asentimiento del oficialismo, se acordó tratar en lo pronto la prórroga de la Ley Ovina, que vence el próximo 5 de abril.

Al comienzo, el puntano Adolfo Rodríguez Saá fue ratificado como presidente. En tanto, el entrerriano Alfredo De Angeli seguirá como vice y el santafesino Carlos Reutemann, como secretario.

El secretario de Energía, Darío Martínez, llamó a discutir un nuevo régimen para los biocombustibles diferente al actual, que vence el 12 de mayo, en el marco de una mesa multisectorial. Lo dijo al participar de una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que el oficialismo convocó debido a la presión opositora para prorrogar la ley vigente.

“El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”, expresó Martínez al exponer en la comisión presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que también contó con la presencia de representantes de cámaras empresarias que apoyaron la discusión de un nuevo esquema (Ver abajo).

El funcionario admitió que “la evolución mundial en materia de cuidado del medioambiente es un eje en esta discusión” pero también pidió “proteger a las pymes” y “los puestos de trabajo”, y “entender cuál es el impacto (de las medidas a tomar) en los consumidores, en la industria y en el transporte”.

Martínez -que asumió el cargo en agosto pasado- recordó que en noviembre pasado el Gobierno estuvo a punto de lograr un acuerdo con el sector, pero “se demoró y terminamos en enero en un sendero de precios para recomponer la industria y la actividad”, y el tema se judicializó.

Ahora, participando de la reunión informativa de la Comisión de Energía de @DiputadosAR sobre el Régimen Regulatorio de Biocombustibles

🔴Transmisión en vivo https://t.co/Wpr3WAKDCU pic.twitter.com/4SqkW9MRH7

— Darío Martínez (@dariomartinezpj) March 22, 2021

Si bien no brindó detalles del nuevo régimen propuesto, resaltó que “tiene la obligación de tener en cuenta la protección de aquellos que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse”. “Me refiero a las pymes, a los sectores que no tienen la capacidad financiera de poder desarrollarse”, explicó el secretario del área.

También llamó a “entender los diferentes mercados con la caña de azúcar, el maíz y la soja”, ya que “no son las mismas realidades: hay que hacer un esfuerzo compartido pero mayor, porque no tienen la posibilidad de un mercado internacional creciente”.

Finalmente, propuso la creación de una comisión multisectorial con la participación de todos los actores involucrados “en función del nuevo escenario a nivel nacional e internacional, y de la fecha en la que estamos”, dado el vencimiento inminente de la Ley 26.093.

El origen y la transición energética

Al inicio de su exposición, Martínez recordó que a comienzos del año 2000 “los biocombustibles nos plantearon un horizonte muy positivo, muy alentador” ya que “parte de la transición energética en el mundo” se orientaba a ellos, y así surgió en 2006 la Ley 26.093, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.

El secretario de Energía insistió en que “fue una gran herramienta en el marco en el que se la tomó”, pero “hoy estamos de vuelta analizando el tema porque tenemos el vencimiento de los 15 años de ese régimen”. Por eso, pidió “ver cuáles fueron las cuestiones que no funcionaron bien si queremos tener un régimen que funcione mejor y que optimice el esquema que teníamos”.

“En el contexto internacional, de 2006 hasta ahora también se modificaron situaciones: la transición energética ahora también tiene otras variables a ser consideradas”, como “la electromovilidad, el hidrógeno y tomar al gas como combustible de transición”, describió el funcionario, y graficó: “En 20, 25 años, poner en marcha un motor a combustión también va a ser mirado de reojo, y esto no lo podemos negar”.

La voz de las cámaras empresarias

Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), reconoció que vienen “de dos años nefastos para el sector” y que estaban “al borde de perderse todas las inversiones que se habían hecho en 15 años” hasta que Martínez asumió en la Secretaría de Energía y se buscó “una solución parcial hasta llegar a este punto del vencimiento de la 26.093”. “Siempre las cámaras hemos buscado una nueva ley”, dijo.

Por su parte, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), coincidió en que “esta ley ha tenido enormes beneficios”. “Venimos trabajando en una ley superadora que contemple los cambios que ha habido, una ley moderna que incluya a toda la industria y que potencie los beneficios obtenidos”, aseguró.

De todos modos, consideró que “sería necesaria una prórroga que nos dé tiempo para debatir una ley superadora”, y agregó que el nuevo régimen “debe tener en cuenta todo lo bueno de lo que sucedió hasta ahora pero también corregir algunos temas”.

Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradas de Biocombustibles (CEPREB), afirmó a su vez que “esta ley dará previsibilidad jurídica a la actividad y permitirá la realización de inversiones que incrementarán las fuentes de trabajo”.

A su turno, el director ejecutivo de Biomaíz, Patrick Adam, también reclamó “más tiempo para que todos podamos participar de la elaboración de una ley que tranquilamente puede salir por consenso. Para eso hay que escuchar a todos los productores, sean de la materia prima que sean, sean pequeños, medianos o grandes”, dijo, y añadió que “el mundo avanza decididamente hacia una matriz energética sustentable reduciendo la utilización de combustibles fósiles”.

Por la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO), José Porta, criticó que se haya tardado tanto en iniciar la discusión parlamentaria y también llamó a buscar consensos: “Las leyes son perfectibles, vía resoluciones o acuerdos. No hay forma de que una ley sea perfecta”.

Además, Porta explicó que “hay una diferencia clara entre la materia prima con la cual se genera el biocombustibles, como la caña o el maíz. Así y todo, hay que cuidar a todas las industrias, chicas o grandes, cada una con sus particularidades”.

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoó, destacó que “ninguna otra cadena agroindustrual en estos 15 años puede acreditar las inversiones que los biocombustibles han hecho como consecuencia de esta ley, distribuidas en diez provincias”. Agregó que en el sector azucarero esto se traduce en “20 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 60.953 trabajadores en forma directa”.

“No voy a alimentar dilemas falsos sobre ‘Vaca Muerta o vaca viva’. Argentina no se pude permitir eso en esta coyuntura. Lo inteligente sería aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos como país”, señaló Feijoó, y subrayó: “La 26.093 fue un éxito político. Argentina se anticipó rente a otros países del mundo, eso tenemos que capitalizarlo”.

En la comisión también expusieron Juan Facciano (Cámara Santafesina de Energías Renovables), Hilarion Del Olmo (Cámara Panamericana del Biocombustible) y Tomás Lorda (Cámara de Empresas y Pymes Regionales).

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó este lunes un proyecto de ley que apoya la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, pero lo condiciona a la creación de una “Mesa Redonda Nacional para el Desarrollo de Biocombustibles”, más allá de la normativa actual.

La iniciativa postula la extensión de la Ley 26.093 hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que deberá conformarse una “Mesa Redonda Nacional” encargada de elaborar un “Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles”, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica su producción, incorporando aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales.

Según el texto presentado por la legisladora mendocina, esa mesa tendrá un plazo de tres años para presentar un plan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, “para su adecuación y consolidación como proyecto de ley, a fin de alcanzar su implementación antes del vencimiento de la prórroga”.

“La promoción del desarrollo de biocombustibles nos presenta el desafío de dar un debate real sobre el tema, que comprenda no sólo a decisores políticos sino a todos los actores involucrados en el sistema. Se hace necesario avanzar desde la ciencia y el trabajo gubernamental interdisciplinarios -económicos, ambientales, territoriales, sociales- con el objeto de profundizar la investigación del territorio y de opciones de tecnología que permitan lograr una ecuación económica favorable”, expresó Latorre.

La radical resaltó que “el mundo avanza en el camino de la diversificación de la matriz energética a través de distintos medios y tecnologías, logrando día a día innovaciones y mejoras continuas en la materia. En la actualidad es sumamente necesario diversificar la matriz energética, pero para ello debe conocerse con exactitud cómo es la disponibilidad de recursos explotables”.

“Mientras no sea claro el panorama de producción futura de hidrocarburos convencionales y no convencionales con volúmenes predecibles de oferta en el tiempo, no es viable tampoco establecer una estrategia de abastecimiento externo y de sustitución posible de unas fuentes de energía por otras”, continuó.

De acuerdo al proyecto, el “Plan Estratégico” tendrá por objetivo impulsar la expansión de las fuentes para el desarrollo de biocombustibles, considerando el potencial de cada una de las provincias; reducir los niveles de dependencia energética; contribuir al desarrollo de la industria nacional y a la creación de empleo. En cuanto impacto ambiental, deberá contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

También buscará impulsar políticas integrales fiscales y financieras que otorguen beneficios económicos a cada uno de los actores del sistema; promover el desarrollo de biomasa en zonas no pobladas del país, a partir del uso de tecnologías actuales, integrando los aspectos ambientales del territorio; promover la transparencia, eficiencia y rapidez en la tramitación y aprobación de los procedimientos necesarios para la habilitación de las plantas en las respectivas jurisdicciones.

Por otra parte, mejorar el posicionamiento de los biocombustibles de Argentina en Latinoamérica y en el mundo; promover políticas de recolección de desechos orgánicos que puedan ser tomadas como ejemplo por los distintos municipios del país, a fin de integrar esos procesos y a los distintos actores involucrados en la cadena productiva de biogás; crear redes de universidades, organismos científico-técnicos, organizaciones cuyo fin sea la promoción y el desarrollo de esta energía, decisores políticos y demás actores, en el campo de biocombustibles a fin de promover mejoras y desarrollo continuo.

En la mesa deberán participar los integrantes de la Comisión Nacional Asesora y los representantes de áreas técnicas de todas las provincias, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), de relaciones exteriores, de organismos científicos de las distintas áreas de estudio, de asociaciones de consumidores o usuarios, técnicos en materia tributaria, consultores expertos en desarrollo de políticas de biocombustibles.

Su primera misión será elaborar un informe de situación en materia de biocombustibles, tras más de diez años del régimen vigente, el que quedará disponible vía web a toda la ciudadanía.

“Entendemos que es necesario que el país se prepare para impulsar políticas integradas, acordes a los tiempos que corren, que incluyan a todos los actores de la cadena productiva, en procesos transparentes, con el objeto de impulsar la economía para lograr el crecimiento de la Argentina, demostrando que los combustibles obtenidos de biomasa pueden convertirse en una genuina alternativa energética y utilizando las tecnologías a disposición”, finalizó la diputada.

El proyecto fue acompañado por sus pares Claudia Najul y Carla Carrizo.

En la previa de la visita del secretario de Energía, Darío Martínez, la bancada de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal en la Cámara de Diputados unificaron sus pedidos de sesión especial para tratar el próximo jueves, a partir de las 11.30, la prórroga de la Ley del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, como único tema.

El reclamo para aprobar la iniciativa, que viene con media sanción del Senado -donde se votó por unanimidad-, fue creciendo con el correr de los días, y sobre todo ante la postergación del oficialismo para llevarla al recinto, incluyendo la decisión del Gobierno de no contemplarla en el temario de sesiones extraordinarias.

El tema atraviesa a todos los bloques, puesto que divide las aguas entre representantes, por ejemplo, de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Jujuy respecto a aquellas provincias petroleras.

Por eso, dentro del propio Frente de Todos hay voces que insisten también con sancionar rápidamente la extensión de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024. Precisamente, desde el bloque oficialista, la jujeña Carolina Moisés propuso que se prorrogue no por cuatro, sino por diez años la norma que protege a las más de 50 plantas de bioetanol y biodiesel que hay en el país.

La bancada que conduce Mario Negri y agrupa a los diputados del Pro, la UCR y la Coalición Cívica, tiene 115 miembros; mientras que el interbloque liderado por Eduardo “Bali” Bucca reúne 11 integrantes. Con una asistencia perfecta, los legisladores de la oposición estarían a tres del número necesario para el quórum (129). Aún logrando alcanzar esa cifra, con ayuda de otros bloques, no llegan a reunir los dos tercios para aprobar el proyecto que no tiene dictamen.

Habrá que ver en ese caso también cómo actuarían algunos diputados del propio Frente de Todos, donde hay, como se señaló, varios que apoyan la rápida sanción del proyecto venido de la Cámara alta por el interés que significa para sus provincias.

Tras una reunión que mantuvo con la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en Córdoba, Negri reveló ante medios provinciales: “Estuve trabajando en silencio con el diputado Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal y con Alejandro Rodríguez del lavagnismo. Hemos decidido unificar los pedidos de sesiones para tratar la prórroga a la Ley de Biocombustibles. Esperemos tener quórum el jueves a las 11.30 horas. Si no, veremos quiénes son los que dicen defender las provincias y luego no están presentes”.

JxC y la lnterbloque Federal decidimos unificar los pedidos de sesiones para tratar la prórroga a la Ley de #Biocombustibles.
Esperemos tener quórum el jueves a las 11.30 horas. Si no, veremos quiénes son los que dicen defender las provincias y luego no están presentes. pic.twitter.com/jXSig0CRWk

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 22, 2021

“Para Córdoba son más de 5.000 puestos de trabajo, inversiones de más de 500 millones de dólares. Por supuesto que todos creemos que sería bueno tener una ley nueva, pero mientras tanto no podemos estar sin la prórroga porque va a vencer el régimen en mayo”, agregó el radical.

Y advirtió que “en la Comisión de Energía simultáneamente hay que discutir una nueva ley. Por lo que hemos leído, el proyecto que ahora impulsa el Frente de Todos es muy contrario a los sectores de la agroindustria que más trabajo generan, eso lo vamos a discutir mucho”.

Es que medio de la discusión, transcendió que este lunes, durante la reunión prevista de la Comisión de Energía y Combustibles, el oficialismo pondrá en la mesa un proyecto impulsado por el propio jefe de bloque, Máximo Kirchner, para que los beneficios del régimen favorezcan prioritariamente a las PyMEs.

La iniciativa establecería que el corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles sea abastecido por las empresas pequeñas y medianas productoras de bioetanol y biodiesel por un plazo de seis años, con la posibilidad que sea prorrogable por otros tres.

Por su parte, la mendocina radical Jimena Latorre presentó un proyecto para prorrogar la ley -en ese caso hasta 2025-, pero además crear un “Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles” para discutir entre todos los sectores involucrados una política integral.

Con el objeto de darle previsibilidad al sector industrial para que pueda planificar adecuadamente sus inversiones, la diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos) presentó un proyecto para prorrogar por diez años la vigencia de la Ley 26.093, que estableció el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles y cuyo plazo está próximo a vencer.

La iniciativa establece un régimen de preferencia para el bioetanol de caña, a través del que la legisladora busca “ dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.

“Es pertinente dar un marco de previsión en donde ellos puedan prever los volúmenes que se demandarán, para así poder planificar las nuevas instalaciones necesarias y los niveles de empleo”, sostuvo la jujeña en los fundamentos del proyecto.

La oficialista señaló que “la alternativa propuesta se viene ensayando desde hace una década y ha generado un importante flujo de combustibles, que hasta se han exportado en volúmenes notables”. “Esto ha permitido liberar combustibles fósiles a los fines de darles mejores usos, más complejos y productivos, tanto a petróleo como gas”, agregó.

Moisés destacó también que es “preciso reducir el efecto invernadero de las emisiones de gases que producen nuestros automotores, mezclando el combustible con bioetanol, que reduce fuertemente las emisiones contaminantes”.

El proyecto de la diputada del Frente de Todos se suma a las voces que reclaman por la prórroga de la Ley 26.093, que vence en mayo próximo.
Desde la oposición, y algunos sectores del oficialismo, hay un fuerte reclamo para el pronto tratamiento de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado pero no fue tratada en extraordinarias al no ser incluida por el Gobierno en el temario.

Para la próxima semana, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal presentaron sendos pedidos de sesión especial para tratar el proyecto que extiende la Ley de Biocombustibles hasta el 31 de diciembre de 2024.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) intimó al presidente Alberto Fernández a que prorrogue la Ley de Biocombustibles a través de un decreto, ya que la media sanción que le dio el Senado a fines de 2020 quedó trabada en la Cámara de Diputados y la norma en vigencia expira en 50 días.

“Señor presidente, no ceda ante las presiones de las petroleras. Va a perjudicar a las economías regionales del Norte. No destruya a la industria azucarera como lo hizo Onganía”, advirtió la legisladora.

Para Elías de Pérez, la decisión del Gobierno de poner un freno a la prórroga de la Ley de Biocombustibles que tuvo unanimidad en el Senado “está mostrando un lobby petrolero monstruoso y deja de lado el desarrollo de los biocombustibles que son de vital importancia para Tucumán y otras provincias del Norte”.

“La carta documento lo que hace es intimar al presidente a que decrete la prórroga de cuatro años de la Ley de Biocombustibles, ya que la misma norma prevé que cumplidos los 15 años de vigencia de este marco legal para la producción de biocombustibles el Poder Ejecutivo puede prorrogarlo por cuatro años más. Estos cuatro años estaban previstos al inicio de la ley para que las empresas pudieran hacer inversiones y recién al quinto año se empezaba con la producción de biocombustibles”, explicó Elías de Pérez.

La senadora tucumana fue reelecta este martes por sus pares del Senado como presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversiones. “Para Tucumán es tan importante la prórroga de esta ley que nos recuerda cuando en el gobierno de Onganía cerraron los ingenios azucareros y se dio el éxodo más grande de tucumanos a otras provincias. Si la ley de Biocombustibles no es prorrogada vamos a correr la misma suerte, se puede desplomar el precio del azúcar y toda nuestra industria madre”, lanzó.

Y agregó: “Además se está dando de espalda al Protocolo de Kioto que ha firmado el país para dejar de lado las energías que producen el efecto invernadero y priorizar los biocombustibles. Si la ley de Biocombustibles no tiene la prórroga, Tucumán en 50 días entrará en un colapso”. 

En la Cámara baja, la oposición pidió dos sesiones para este jueves con el fin de aprobar el proyecto en cuestión: primero, el Interbloque Federal conducido por Eduardo “Bali” Bucca convocó para las 12, y este martes Juntos por el Cambio convocó a su propia sesión para una hora antes, a las 11, con esa y otras iniciativas.

La carta documento

Digitalizar-16-mar.-2021

El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados solicitó una sesión especial para el próximo jueves 25, a partir de las 11, una hora antes de la pedida por el Interbloque Federal.

Luego que los jefes de los bloques avanzaran con la firma de la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto -que tendrá vigencia hasta el 30 de abril-, la bancada opositora llamó a sesionar con un temario propio.

Dentro de los temas incluidos, figura en primer lugar la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles”, con media sanción del Senado.

Se trata del proyecto que extiende la vigencia de la Ley 26.093 -que vence en mayo-, y que durante el verano no se debatió porque el Gobierno no lo incluyó en el temario de extraordinarias.

Por otra parte, Juntos por el Cambio quiere debatir en el recinto iniciativas vinculadas al escándalo por la vacunación “VIP”. Uno de los puntos es un proyecto de ley para otorgar “transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones contra el Covid-19”.

Otro expediente es el pedido de “informes verbales”, es decir la citación, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y a ministra de Salud, Carla Vizzotti; con todos los secretarios de la cartera de Salud, para que respondan “sobre la existencia de vacunatorios clandestinos y/o vacunaciones irregulares, y otras cuestiones conexas”.

También, la oposición quiere votar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el listado completo de las personas vacunadas contra el Covid-19.

Finalmente, el listado incluye un proyecto del radical Gustavo Menna para prorrogar por 10 años al Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, Ley Ovina, e incrementar en 1.600 millones de pesos el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) que se distribuye todos los años entre las provincias.

El Interbloque Federal, que preside el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, presentó este lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, una solicitud para sesionar el próximo 25 de marzo y tratar el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” en todo el territorio nacional.

Luego que este domingo el bloque Córdoba Federal anticipara la solicitud, el santafesino Enrique Estévez (PS), que también forma parte del interbloque, informó sobre el pedido de convocatoria a sesión especial para tratar la iniciativa que apunta a beneficiar a “una industria que contribuye al cuidado del ambiente, genera empleo y agrega valor”, señaló.

El proyecto recibió media sanción del Senado en octubre pasado y, pese a que se preveía que se trataría durante el verano, el mismo no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias ni en las ampliaciones posteriores que dictó el Poder Ejecutivo.

El reclamo de la oposición, e incluso de sectores del propio oficialismo, se basa centralmente en que la Ley 26.093 vencerá en mayo próximo y por eso “urge” darle aprobación definitiva.

#Hoy solicitamos en @DiputadosAR, junto con los miembros del #InterbloqueFederal, que se convoque a una sesión especial para dar tratamiento urgente a la prórroga de la Ley de  #Biocombustibles. Una Industria que contribuye al cuidado del ambiente, genera empleo y agrega valor ♻️ pic.twitter.com/3fznYZv1wD

— Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) March 15, 2021

Tras el pedido, la respuesta del oficialismo llegó mediante el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix, quien recordó que “en reiteradas ocasiones los representantes del gobierno nacional, particularmente el Presidente de la Nación @alferdez, y el presidente de la Cámara de Diputados @SergioMassa, han manifestado su voluntad de avanzar en el tratamiento legislativo del tema biocombustibles”.

“El régimen vigente desde 2006 se agota en mayo de este año. Así, después de 15 años de aplicación, es razonable detenerse en el análisis de su alcance, y determinar si se hacen necesarias correcciones para una realidad distinta al de su origen”, consideró.

El mendocino agregó que “tanto los representantes de la elaboración de biocombustibles como los de la industria petrolera han tenido y tienen la oportunidad de manifestar sus posiciones y de proponer aportes, que desde su perspectiva deberían o podrían incorporarse a la regulación de este tema”.

“No puede ni debe el gobierno nacional abordar esta problemática desde la perspectiva de un solo sector o una única región. Por el contrario, esta regulación debe resultar integradora de las necesidades y realidades diversas que cruzan nuestro país”, subrayó, mediante un hilo de tuits.

Finalmente, Félix aseguró que “está absolutamente clara la decisión de legislar respecto a este tema, ese es el compromiso político asumido. La prórroga del régimen actualmente vigente, o la elaboración de una nueva norma que lo actualice, será parte central de la agenda política de los días que vienen”.

El régimen vigente desde 2006 se agota en mayo de este año. Así, después de 15 años de aplicación, es razonable detenerse en el análisis de su alcance, y determinar si se hacen necesarias correcciones para una realidad distinta al de su origen.

— Omar Félix (@omarchafifelix) March 15, 2021

Los cuatro diputados que conforman el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, anticiparon que pedirán tratar en sesión especial de manera “urgente” la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

Desde la bancada, que integra el Interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca, se aclaró que la solicitud será presentada junto a sus pares de los otros bloques que conforman el espacio: Consenso Federal, bloque Justicialista, Frente Progresista Cívico y Social y Partido Socialista.

A través de su cuenta de Twitter, el bloque integrado por Carlos Gutiérrez -jefe-, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez, expresó: “Junto a miembros del Interbloque Federal, enviaremos una solicitud a la Cámara de Diputados para requerir que se convoque una sesión especial para dar tratamiento urgente a la prórroga Régimen de Promoción de #Biocombustibles en Argentina”.

Durante todo el verano, la oposición en la Cámara baja reclamó que el tema se tratara en sesiones extraordinarias, y que se lo incluyera al temario que había confeccionado el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los reclamos no tuvieron éxito, incluso cuando hubo voces desde el propio oficialismo que pidieron por la pronta sanción de la iniciativa.

Según afirmaron desde el Interbloque Federal, a fines del año pasado hubo un “compromiso institucional” en Diputados para aprobar el proyecto en verano, pero “no se está cumpliendo”, advertían a fines de enero.

El proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” en todo el territorio nacional, fue votado en el Senado por unanimidad (70 votos positivos) en octubre del año pasado.

La Ley 26.093, sancionada en 2006, vence en mayo próximo, motivo por el cual hay un enfático pedido para tratarla en la brevedad.

Junto a miembros del Interbloque Federal, enviaremos una solicitud a la Cámara de Diputados para requerir que se convoque una sesión especial para dar tratamiento urgente a la prórroga Régimen de Promoción de #Biocombustibles en Argentina.

Bloque @CordobaFederal

— Bloque Córdoba Federal (@CordobaFederal) March 14, 2021

Luego de que se publicara en el Boletín Oficial una nueva ampliación del temario de sesiones extraordinarias para tratar las reformas en el impuesto a las Ganancias, el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez criticó que se excluyera la prórroga de la Ley de Promoción de los Biocombustibles, un proyecto que cuenta con aprobación del Senado y que el oficialismo se había comprometido a tratar durante el verano.

Rodríguez advirtió que “el gobierno del Frente de Todos sigue negándose a cumplir el compromiso parlamentario de tratar la prórroga a la Ley de Biocombustibles en el período de sesiones extraordinarias”.

“No puede interpretarse de otra manera que no sea una provocación el hecho de que el Poder Ejecutivo apruebe cuatro decretos para poner 35 proyectos en la agenda de extraordinarias y se niegue de manera sistemática a incorporar lo que es un compromiso parlamentario y también un compromiso público”, amplió el legislador lavagnista.

NEGATIVO. El gobierno del Frente de Todos sigue negándose a cumplir el compromiso parlamentario de tratar la prórroga a la Ley de #Biocombustibles en el período de sesiones extraordinarias. pic.twitter.com/FVb8FxBPPc

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 18, 2021

A fines de diciembre, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, informó que en enero se trataría la prórroga del Régimen de Biocombustibles, pero el Ejecutivo no incorporó el proyecto en ninguna de las tres ampliaciones de temario, por lo que podrá ser tratado recién a partir de marzo.

Hace un mes, el bloque Consenso Federal -integrado por Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini- le envió una nota a Massa reclamando el tratamiento “urgente” de la iniciativa, ya que los beneficios impositivos dispuestos en la ley caducan en mayo y comprenden a productores de 54 plantas asentadas en diez provincias.

A las voces que provienen tanto desde la oposición como del propio oficialismo, diputados nacionales por Jujuy, que forman parte de Juntos por el Cambio, se sumaron este martes al pedido por el pronto tratamiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

En un comunicado titulado “Por las economías regionales, por el país y por el planeta”, los radicales Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti y el macrista Osmar Monaldi sostuvieron que “profundizar la política de promoción y producción de biocombustibles es una necesidad que expresamos por el futuro del país”.

“Es urgente la aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 de Biocombustibles, por eso exigimos su inmediato tratamiento en sesiones extraordinarias en Diputados, con la convicción de que su promoción y producción configuran la posibilidad de un crecimiento sostenido y equilibrado del Noreste y Noroeste argentino y, consecuentemente, en el desarrollo equilibrado del país”, expresaron.

Los legisladores explicaron que “los biocombustibles resultan de vital importancia para la diversificación de la matriz energética, cumpliendo de esa forma con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático del año 2015, aprobado en nuestro país por Ley 27.270”.

“En nuestra provincia, desde 2016 transitamos el camino hacia Jujuy Verde, un programa con el que hemos establecido una meta de desarrollo con una política pública integral dirigida a mitigar el cambio climático, que tiene eje en las energías renovables, la gestión de residuos urbanos y el concepto de ciudadanía ambiental, y propone llegar a una huella de carbono neutral en la provincia para el año 2030”, destacaron.

Burgos, Rizzotti y Monaldi señalaron que “las bioenergías proponen un modelo de economía circular, en concordancia con la reciprocidad entre las personas y el ambiente que nos enseña la Pachamama, y que puede enmarcarse en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

“Tampoco puede desconocerse su impacto sobre las economías regionales y la creación de fuentes de trabajo, ya que hay 300.000 empleos directos e indirectos que dependen de la industria de los biocombustibles, con 54 plantas distribuidas en 10 provincias a lo largo del país. El régimen de promoción de la Ley 26.093 significó una verdadera política de Estado de industrialización de la ruralidad. Los biocombustibles sustituyeron importaciones de nafta y gasoil por más de 10.800 millones de dólares en el período 2010-2019, convirtiéndonos en los primeros años en el principal exportador a nivel mundial de biodiésel”, continuaron.

En ese sentido, los jujeños consideraron que “la prórroga del régimen no puede esperar, y por ello el proyecto en tratamiento es un paso adelante en el marco de esa transición. Estamos hablando de un recurso energético renovable que no busca reemplazar al diesel o a las naftas, sino complementar nuestra matriz energética mediante el aporte de un combustible de origen vegetal, menos contaminante y de producción nacional”.

“El desarrollo de la agroenergía y de los biocombustibles representa oportunidades en términos económicos, ambientales, sociales, laborales y estratégicos para toda la Argentina. Nos corresponde a nosotros como legisladores y legisladoras brindar las bases que puedan cimentar el desarrollo de estas nuevas fuentes energéticas”, concluyeron.

La senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun reclamó por la pronta sanción de la prórroga de la Ley de Biocombustibles, un proyecto con media sanción de la Cámara alta que el Poder Ejecutivo -hasta ahora- dejó fuera del temario de sesiones extraordinarias.

“La verdad, yo esperaba que pudiera ser tratado ahora este proyecto de ley”, confesó la santafesina, impulsora de la iniciativa que se aprobó en octubre pasado por unanimidad en el Senado.

La legisladora expresó: “Esperamos que se trate ya, esperamos que el presidente de la Nación incluya dentro del temario de extraordinarias este proyecto”.

No obstante, aclaró que aún si el Gobierno nacional no habilita el tratamiento en verano, la Cámara de Diputados también “tendrá tiempo” de completar la sanción definitiva “antes de mayo”, cuando la Ley 26.093 pierda su vigencia.

En declaraciones al diario El Litoral, la senadora recordó que “hubo unanimidad en el recinto y también en la comisión en que la debatimos, donde también están representadas provincias petroleras y todos apoyamos esta norma en el entendimiento de que una Argentina federal necesita de los biocombustibles y de diversificar su matriz energética”.

“En primer lugar todavía tenemos tiempo para darle tratamiento; yo confío en que vamos a tener una ley de prórroga por cuatro años que nos va a permitir debatir una política de diversificación de la matriz energética del país”, sostuvo.

Sacnun afirmó “desconocer” los motivos “por los que todavía no se ha incorporado a las sesiones extraordinarias, pero por supuesto que nosotros estamos en diálogo y estamos solicitando no sólo que sea incorporado sino también que se le dé tratamiento. Que podamos ir evaluando en una mesa de diálogo político el avance de este tema que es tan importante para nuestra economía”.

Por otra parte, la santafesina consideró que “hay que mejorar la matriz energética argentina, que es muy importante lo que contribuyen los bio para ello y además de su impacto positivo en la federalización de la economía; la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero pone a la Argentina en un mejor lugar en el cumplimiento de los acuerdos del Pacto Ambiental de París”.

“Hay que ser muy prudentes, no desesperarse y sentarse a dialogar, nosotros tenemos que volver a trabajar y a construir los consensos necesarios y con la paciencia necesaria para que la ley prospere en Diputados como ocurrió en el Senado”, agregó.

El senador nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos) destacó la importancia de “aprobar lo antes posible” la prórroga de la ley de promoción de biocombustibles, además de tratar un nuevo plan nacional para el sector.

El santafesino aseguró que la iniciativa -con media sanción de la Cámara alta- es “clave para la provincia y para el país”.

“Si no se trata en las sesiones extraordinarias, seguramente, a partir del 1ro. de marzo, que comienzan las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados lo va a estar abordando y lo va a estar tratando”, señaló, ante los reclamos de la oposición por la no incorporación del proyecto en el temario de verano.

El oficialista dijo estar “convencido que todos los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe, sean del partido que sean, están a favor de seguir apuntalando al sector del biodiésel y al sector del biocombustible”.

“Para la provincia de Santa Fe esto es clave, porque las 19 plantas que hay en la provincia representan casi el 80 por ciento de la producción del país, algo así como tres millones y medio de toneladas por año”, explicó el legislador.

Y añadió que “esto significa casi 58 mil barriles por día de petróleo, o sea que Santa Fe sería la cuarta provincia petrolera de la Argentina, después de Chubut, Neuquén y cerca de Mendoza”.

“Para nosotros es clave que este plan continúe y se profundice. Por eso hemos presentado el año pasado un proyecto para un nuevo Plan Nacional de Biocombustibles para la Argentina, ampliando el concepto, ampliando la materia prima, incluyendo el biogás y definiendo otro marco regulatorio de corte y de beneficios fiscales”, recordó.

Mirabella destacó el consenso que tiene el tema y que por eso “cuando en el Senado votamos por unanimidad la prórroga de la Ley 26.093 por cuatro años, se marcó la voluntad política de todos los sectores de continuar con el régimen de promoción de biocombustibles”.

Al respecto, el senador expresó que “la Ley 26.093 fue de avanzada, moderna, innovadora, generó fuertes inversiones, miles de empleos, y también millones de divisas. Del año 2007 al 2019, las exportaciones de biodiésel de la Argentina alcanzaron cerca de 14 mil millones de dólares”.

Por último, el oficialista aseguró que “no conviene dejar de producir biocombustible, no conviene sustituir el biocombustible por gasoil, porque es renovable, es biodegradable, no es tóxico, además sustituye importaciones y genera divisas y puestos de trabajo”.

El proyecto de Mirabella de un nuevo Plan Nacional de Biocombustibles recibió el respaldo de varias cámaras del sector como la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), la Cámara de Bioetanol de Maíz y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).

Tras la oficialización en el Boletín Oficial de la ampliación del temario para sesiones extraordinarias, y ante la ausencia del proyecto que prorroga el Régimen de Promoción de los Biocombustibles -con media sanción del Senado-, el Interbloque Federal de la Cámara de Diputados reclamó que se cumpla el “compromiso” de debatirla durante el verano.

A la reacción que ya habían manifestado legisladores de ese espacio, la bancada conducida por Eduardo “Bali” Bucca sumó este lunes un comunicado en el que recuerdan que la aprobación de la iniciativa en la Cámara alta se dio con un apoyo que “incluyó a todos los senadores de las denominadas ‘provincias petroleras’, nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que acompañaron el proyecto con su voto afirmativo”.

“En esa oportunidad, la norma fue ponderada como una verdadera política de Estado, que luego de 15 años de vigencia permitió impulsar la producción regional con valor agregado, el trabajo y el cuidado del ambiente”, señalaron.

Asimismo, explicaron que “debe consignarse que la incorporación de insumos de origen vegetal no altera el costo final de los combustibles y que, de ser necesario, un incremento en la producción de biocombustibles puede sustituir con eficiencia eventuales necesidades de importación de combustibles”.

“A fines de diciembre del año pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación llegamos a un acuerdo: tratar la prórroga de esa Ley de Biocombustibles durante el mes de enero de este año. Pero ese acuerdo, que es un compromiso institucional, no se está cumpliendo“, reclamaron los once diputados del Interbloque Federal.

Para los legisladores, “la ausencia de explicaciones y el incumplimiento de los compromisos generan incertidumbre, socavan la confianza, al extremo de poner en riesgo las fuentes de trabajo que se han creado en estos años y las inversiones realizadas”.

“El sector de la producción de biocombustibles es un ejemplo de agregado de valor, algo de lo que mucho se habla pero que poco se aplica. Constituye también un modelo de federalismo productivo y generación de arraigo, por su impacto en las economías regionales. Y contribuye de manera decisiva al cuidado del ambiente”, argumentaron.

Por “todos esos motivos”, los diputados de la oposición exigieron “el inmediato cumplimiento del compromiso para tratar la Ley de Biocombustibles”. “Que se haga, como corresponde, atendiendo a las opiniones de todos pero sin ceder a la presión de nadie“, concluyeron.

El comunicado está firmado por todos los bloques que componen el espacio: Córdoba Federal, Consenso Federal, Justicialista, Socialista y Frente Progresista Cívico y Social.

El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Aejandro “Topo” Rodríguez, pidió que se trate de modo “urgente” la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, ya que esta semana no pudo concretarse la sesión pautada por falta de acuerdo entre el oficialismo Juntos por el Cambio.

Los legisladores de Consenso Federal, que responden al exministro Roberto Lavagna, le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, solicitando que vote lo antes posible el proyecto aprobado en el Senado, ya que el régimen caduca en mayo.

La iniciativa prevé beneficios impositivos hasta diciembre de 2024 para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas.

“La continuidad del régimen es vertebral para la producción federal, el agregado de valor y el sosteniendo del trabajo en gran parte del territorio nacional”, sostuvieron los diputados de Consenso Federal en un comunicado.

Además, señalaron que “las necesidades y compromisos ambientales del país aconsejan no distraer esfuerzos en materia de biocombustibles. Su uso es una manera eficaz e ineludible de contribuir al cumplimiento efectivo del Acuerdo Climático de París, suscripto por la República Argentina y ratificado por el Congreso de la Nación en 2016”.

“La utilización de biocombustibles reduce entre un 70% y un 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles. Avanzar en la ratificación del régimen también contribuirá a cimentar confianza y construir las certezas imprescindibles para atraer inversiones productivas. Cuanto menos se dependa de los devaneos de la política, más virtuosa resultará la planificación y concreción de ese tipo de inversiones”, consideraron en la nota.

Por eso, exigieron que el Poder Ejecutivo dicte un nuevo decreto ampliando el temario de extraordinarias, ya que el proyecto en cuestión no fue incorporado originalmente.

“Está claro que la agenda parlamentaria en sesiones extraordinarias debe ser fijada por el Poder Ejecutivo Nacional. El caso al que nos estamos refiriendo registra el compromiso de que se aprobará un decreto presidencial para incorporar la prórroga de la Ley de Biocombustibles en el temario de extraordinarias. Por eso es que solicitamos su cumplimiento”, aseguraron.

Por último, aclararon: “No está en nuestro ánimo ni forma parte de nuestras acciones imponer asuntos a ser tratados ni limitar el tratamiento de los que están previstos. Solo pedimos que se cumplan los acuerdos”.

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá se pronunció sobre los “beneficios para los productores, para las cooperativas y la generación de trabajo” al recibir un anteproyecto para impulsar la producción de biocombustubles, a meses de que concluya los 15 años de vigencia de la Ley 26.093, que estableció la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles en el país. 

En su carácter de presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, Rodríguez Saá recibió un anteproyecto impulsado por la Liga Bioenergética de Provincias, entidad surgida como una iniciativa de carácter público-privada conformada por los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires. 

Durante el encuentro, el legislador solicitó el texto del anteproyecto para analizarlo y considerarlo junto a su compañera del bloque Frente de Todos, la senadora María de los Ángeles Sacnun, quien ya ha presentado un proyecto de prórroga de la actual ley de Biocombustibles que fue aprobada en 2006. 

Durante el encuentro Rodríguez Saá, destacó la experiencia de Diaser y de Tigonbú, en San Luis, y subrayó la importancia de una “decisión política donde las industrias deben verse como complementarias dejando de lado las grietas”. 

En el contexto de la matriz energética habló, además, sobre la importancia de “aprovechar todos los beneficios del proceso hacia un producto final, relacionados con recursos para el interior, beneficios para los productores, para las cooperativas y la generación de trabajo”.

Del encuentro participaron Verónica Geese (Fundadora – Ex Sec. de Energía de Santa Fe); Jorge Hilbert (Referente de biocombustibles del INTA); Federico Pucciarello (Cámara santafesina de energías renovables – Pte. Essential Energy Holding); Jose Porta (Productores de Biocombustibles de Origen- Porta Hnos. SA); Gaston González (Tigonbú); Martin Pagliaro (Mercados Renovables – Biogás) y Jorge Feijoo (Gerente Centro Azucarero Argentino).