Ante el riesgo cierto que existe respecto del abastecimiento de gas boliviano, la diputada Jimena Latorre pidió conocer los estudios de reservas comprobadas en ese país que garantizaron la construcción de un gasoducto desde ese país al nuestro.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) solicitó que el Gobierno nacional informe sobre diversos puntos de política energética, en especial lo referente a la suspensión del contrato con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB).
Latorre, a quien acompaña en esta iniciativa su par Pamela Verasay, pidió al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano. También, saber el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.
Por otra parte, pidió se comunique qué multas aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y cuál fue el temperamento y las medidas tomadas por ENARSA ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente y cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.
Además, que se informe el cronograma de licitación y lo previsto para las obras de reversión del gasoducto del norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país, afectada por la suspensión unilateral del contrato por parte de YPFB del contrato que mantiene con ENARSA.
“Más allá del perjuicio económico, la mayor incertidumbre viene por la seguridad del abastecimiento energético en el centro y norte del país”, sostuvo Latorre y reclamó que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación el texto de la sexta adenda suscripta entre ENARSA e YPFB.
La diputada radical Jimena Latorre criticó que la secretaria de Energía “busca hacer caja”. “La decisión afecta a las provincias dueñas de los bienes y también la operatividad del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrico”, advirtió.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) criticó la decisión del Gobierno de instruir a Enarsa a hacerse cargo de la generación de energía eléctrica, ante el vencimiento de las concesiones en las centrales El Chocón-Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila.
“La ignorancia y la avaricia es tal que, en lugar de hacer uso del año de prórroga del contrato y dejar que el próximo gobierno defina su política energética, se apoderan de cuatro meses de recursos para hacer caja”, denunció la mendocina.
Al apuntar contra la secretaria de Energía, Flavia Royón, la legisladora de Juntos por el Cambio señaló que la funcionaria “mediante una nota de instrucción pone a una empresa deficitaria que subsiste a fuerza de transferencias del Tesoro, sin condiciones ni procedimiento de delegación alguno, a cargo de cuatro complejos hidroeléctricos, fundándose en una ley que le indica hacer todo lo contrario”. “La ‘instrucción’ de Royón está viciada de nulidad. Ella, de inoperancia”, lanzó.
La radical advirtió que “la decisión afecta a las provincias dueñas de los bienes y también la operatividad del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrico”. “Los complejos afectados representan el 50 por ciento de la energía hidroeléctrica del país”, agregó.
Atentos a los avances científicos en esa materia, los diputados Latorre y Manes buscan establecer una regulación que atienda desde la diversidad a la paz y la justicia.
Los diputados nacionales Jimena Latorre y Facundo Manes presentaron un proyecto de ley con el fin de regular el funcionamiento ético de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA).
“Una pronta reglamentación de este tipo de sistemas e inteligencias asegurará al país posicionarse como el primer país latinoamericano en promover el desarrollo de las inteligencias artificiales y establecer parámetros éticos de utilización”, enfatizó Latorre.
La iniciativa propone que dicha regulación se base en primer lugar en la diversidad e inclusión. Para ello, debe asegurar la participación de todas las personas o grupos, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen étnico o social, condición económica o cualquier otra forma o condición que pudiera alterar el respeto a la diversidad e inclusión social.
En segundo lugar, el proyecto establece que la IA deberá asegurar la paz y la justicia entre naciones y no podrá menoscabar la libertad de los seres humanos, ni reducir su autonomía de decisión. Tampoco podrá poner en riesgo la seguridad individual o colectiva, ni dividir o enfrentar a las personas y los grupos, o amenazar la coexistencia entre los seres humanos, los demás seres vivos y el medio.
Asimismo, se propone incorporar un nuevo artículo a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que establecerá que los sistemas de IA, en cualquier etapa de su ciclo de vida, deberán ser registrados conforme a los procedimientos previstos por el Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC). La autoridad de aplicación ordenará detener los avances de la investigación, desarrollo o aplicación cuando considere que se vulneran los principios y valores éticos dispuestos en este proyecto.
En este marco, se incorpora otro artículo, donde se garantiza que toda persona física o jurídica que se considere amenazada o perjudicada por un sistema de IA podrá realizar la denuncia ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva (SETCIP).
En la fundamentación del proyecto, Latorre y Manes explican que “los sistemas de IA se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde asistentes virtuales y robots autónomos hasta diagnósticos médicos y análisis financieros, siendo un campo en constante evolución y expansión”, por ello, “consideramos que esta evolución debe realizarse siguiendo como lineamiento básico la búsqueda de beneficios para la humanidad y resulta necesaria una legislación que encuadre el ciclo de vida completo de las IA sobre los más altos estándares éticos”.
“Estamos frente a la cuarta revolución industrial, vivimos la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital”, sostuvo Manes y añadió que “la Inteligencia Artificial nunca va a reemplazar a los humanos, vamos hacia un mundo híbrido donde le vamos a perder el miedo a la deshumanización pero valorar las cosas que nos hacen humanos”.
Ante el avance de estos sistemas tecnológicos, los diputados radicales consideran que se necesita de una legislación que contemple “los más altos estándares éticos”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-JxC), junto a su par Facundo Manes (UCR-JxC), presentaron un proyecto de ley con el fin de regular el funcionamiento ético de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), a cargo del Gabinete Científico-Tecnológico dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La iniciativa, ante el avance de la IA, propone que dicha regulación se base en primer lugar en la diversidad e inclusión. Para ello, debe asegurar la participación de todas las personas o grupos, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen étnico o social, condición económica o cualquier otra forma o condición que pudiera alterar el respeto a la diversidad e inclusión social.
En segundo lugar, ponen el eje sobre “paz y justicia”. En ese sentido se señala que se “deberá asegurar la paz y la justicia entre naciones y no podrá menoscabar la libertad de los seres humanos, ni reducir su autonomía de decisión”. Tampoco podrá poner en riesgo la seguridad individual o colectiva, ni dividir o enfrentar a las personas y los grupos, o amenazar la coexistencia entre los seres humanos, los demás seres vivos y el medio.
Asimismo, se propone incorporar un nuevo artículo a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecerá que los sistemas de IA, en cualquier etapa de su ciclo de vida, deberán ser registrados conforme a los procedimientos previstos por el Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC), donde la autoridad de aplicación ordenará detener los avances de la investigación, desarrollo o aplicación cuando considere que se vulneran los principios y valores éticos dispuestos en el proyecto.
En este marco, se incorpora otro artículo, donde se garantiza que toda persona física o jurídica que se considere amenazada o perjudicada por un sistema de IA podrá realizar la denuncia ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva (SETCIP).
En la fundamentación del proyecto, Latorre y Manes explican que “los sistemas de IA se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde asistentes virtuales y robots autónomos hasta diagnósticos médicos y análisis financieros, siendo un campo en constante evolución y expansión”.
“Consideramos que esta evolución debe realizarse siguiendo como lineamiento básico la búsqueda de beneficios para la humanidad y resulta necesaria una legislación que encuadre el ciclo de vida completo de las IA sobre los más altos estándares éticos”, sostienen los radicales.
La Organización de Naciones Unidas y UNESCO desarrollaron para sus países miembros, entre ellos Argentina, una Recomendación universal sobre la Ética de las Inteligencias Artificiales en donde aconsejan que los países apliquen, de manera voluntaria, medidas legislativas de regulación para estos nuevos sistemas en conformidad con las normas universales de derecho internacional y respeto de los derechos humanos.
“Una pronta reglamentación de este tipo de sistemas e inteligencias asegurará al país posicionarse como el primer país latinoamericano en promover el desarrollo de las inteligencias artificiales y establecer parámetros éticos de utilización”, enfatizó Latorre al explicar la propuesta y agregó que “se procura que el avance de la tecnología se impulse por una gobernanza ética, en concordancia con los objetivos mundiales de sostenibilidad social, política, económica, ambiental, educativa y científica generando antecedentes locales, regionales y mundiales”.
Por su parte, Manes resaltó que “estamos frente a la cuarta revolución industrial, vivimos la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. La inteligencia artificial nunca va a reemplazar a los humanos, vamos hacia un mundo híbrido donde le vamos a perder el miedo a la deshumanización pero valorar las cosas que nos hacen humanos”.
La diputada radical habló de “relatos mal armados para justificar lo injustificable” a partir de lo dicho por el gobernador bonaerense sobre el fallo de la justicia de Estados Unidos.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) salió al cruce del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a raíz del fallo de la justicia de Estados Unidos contra el Estado argentino por el caso de la expropiación de YPF en 2012.
“Estamos frente a una embestida buitre. La derecha quiere volver a privatizar YPF”, escribió el exministro de Economía en un tuit del cual se hizo eco la radical para responder: “2012. ‘Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar según el estatuto de YPF’. ¿O, tarados son los que piensan que pueden administrar el Estado como propio y que la gente es estúpida y no ve lo que hacen?”.
Al desempolvar un archivo, la legisladora de Juntos por el Cambio apuntó que en 1992 la vicepresidenta Cristina Kirchner era “pro privatización”. “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella ley tenga su tratamiento en esa Cámara. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480.000.000 de U$S”, rememoró.
En un extenso hilo de tuits, Latorre mencionó que en 2008 “de la mano de Néstor Kirchner, la flia. Ezkenazi se queda con el 14,9% de YPF, por US$2.235 millones, eran el Grupo Petersen. Esta operación fue financiada por préstamos bancarios (Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP e Itau) y del propio Repsol. No pusieron un peso”.
Dos años después, en 2010, CFK “feliz con sus amigos de Santa Cruz, los Ezkenazi y ‘los resultados’ de su participación en YPF. Tanto, que en 2011 sumaron otro 10%, por un monto de US$1.304 millones. Igual que antes financiados por préstamos bancarios y por Repsol. Otra vez sin poner un peso”.
En 2012, la diputada menciona que la expresidenta “envía el proyecto de ley” de expropiación de YPF, “que se convertiría en la Ley 26.741 y declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones clase D, porque Repsol YPF S.A. no habría realizado las inversiones suficientes. (Deja vu)”.
“¿@CFKArgentina encontró un PPT que en 2010 no tenía? En 2012, la deuda de YPF era de US$1.200 millones, 10 años después es de US$ 8.500 millones. Hoy, la producción total de YPF está en los mismos niveles que en 2012, con caída en todas las cuencas a excepción de Vaca Muerta”, advirtió.
La mendocina señaló que en 2014 “YPF ya era una empresa con alto endeudamiento, sin capital de trabajo y con producción en declive crónico, ya no podía repartir dividendos. Pero… los Ezkenazi (Grupo Petersen) habían comprado sin plata, con un préstamo de Repsol que se pagaría con… dividendos!”.
En tanto, en 2015 “el grupo Petersen demanda en New York a la Argentina reclamando que le compre sus acciones en las mismas condiciones que reconoció a Repsol. Los amigos de Néstor Kirchner quiebran a partir de la demanda de sus propios acreedores. Antes, le venden sus derechos al juicio al grupo Burford”.
“Volvamos con el ‘no tarado’, el excelentísimo gobernador de un Estado provincial ‘no estúpido’, que le dan una calesita y la choca”, expresó ácida contra Kicillof, para continuar: “Noviembre de 2013 pagó a Repsol con la emisión de US$5.000 millones en bonos argentinos, a diez años, con un interés al 8,75% y nominados en US$”.
“@Kicillofok esos ‘buitres’ compraron un derecho a juicio que VOS generaste. Y, oh casualidad! Se lo compraron a una flia. que entró a YPF gracias a los Kirchner. Cuando cobren se quedan con el 70% y el otro 30% se repartirá entre los demás acreedores, quiénes serán?”, subrayó.
Finalmente, la opositora cuestionó: “Basta de relatos mal armados para justificar lo injustificable. Pueden seguir disfrazándolo de la épica de la soberanía energética, pero hoy la realidad muestra que seguimos importando, que estamos sin reservas y endeudados por sus pésimas decisiones. Basta de populismo”.
El proyecto fue presentado por la diputada Jimena Latorre, quien advirtió por las consecuencias ante la falta de productos e insumos importados.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR), acompañada por su par Gabriela Lena (UCR), quien preside la Comisión de Comercio de la Cámara baja, presentó este jueves un proyecto de resolución donde solicita que la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, le informe sobre la utilización y aplicación de las Licencias No Automáticas (LNA).
En este sentido, la mendocina requirió que dicha repartición, a cargo de Matías Tombolini, explique y presente estudios, investigaciones o estadísticas que determinen el impacto negativo del ingreso por medio de licencias automáticas de productos dentro del listado de Licencias No Automáticas.
En la fundamentación de la iniciativa, la radical explicó que “si bien la Organización Mundial del Comercio reconoce el uso de estas políticas comerciales, lo hace para casos excepcionales”. “Nuestro país no respeta los principios fundamentales de dicha organización y su acuerdo, en cuanto a su uso limitado en el tiempo aumentando la cantidad de productos importados que requieren una licencia, que alcanzan hoy el 41 por ciento de las posiciones arancelarias de acuerdo a lo resuelto por el Ministerio de Economía de la Nación”, advirtió.
La legisladora de Juntos por el Cambio señaló que “el argumento para la profundización en la utilización de las LNA es la protección de la industria nacional y la evasión del dumping de productos extranjeros, pero resulta insuficiente y carece de credibilidad debido a que existen otras herramientas de política comercial, menos invasivas y restrictivas, como así también existen organismos estatales encargados de velar por la correcta introducción de mercaderías internacionales y la detección de competencia desleal de las mismas”.
Latorre cuestionó los productos contemplados dentro de las LNA, que en su mayoría son productos textiles, incluyendo prendas de vestir, telas y tapicería; productos electrónicos, como televisores, smartphones y computadoras; juguetes, tanto para niños como para adultos; neumáticos, para vehículos y maquinarias industriales; calzados, zapatillas y zapatos.
Sobre ello, argumentó que “al dificultar el ingreso de estos productos se generó un aumento en los precios, como sucedió con la industria del calzado y textil que, según el INDEC, alcanzó el 3,6% en los primeros tres meses del presente año. Idéntica situación atravesaron los productos electrónicos, juguetes y neumáticos”.
“Distintos sectores productivos se han manifestado y criticado la medida de las LNA, ya que no sólo son los productos terminados los que ingresan en esta medida, sino también los productos intermedios e insumos, como componentes, maquinarias, herramientas y tecnologías especializadas que no se encuentran disponibles o son limitadas en el mercado nacional”, apuntó.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se pronunció en contra de la falta de acceso a insumos importados, ya que limita la capacidad de las PyMEs para competir con empresas más grandes y sofisticadas, por lo que indirectamente se restringe su crecimiento y su capacidad para crear empleo. “Esto va a contramano del relato populista oficialista donde dice acompañar a las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad las asfixia con resoluciones como ésta”, denunció Latorre.
Según la Organización Mundial del Comercio, el uso indiscriminado de Licencias No Automáticas de importación es perjudicial para un país ya que genera incertidumbre en los mercados, ya que las empresas no están seguras de qué productos tendrán que importar con licencia y cuáles no. Sobre las consecuencias, la diputada advirtió que “esto puede derivar en el mediano plazo en una disminución de la inversión y una reducción en el comercio; aumenta los costos de producción. La demora en los plazos de aprobación de las LNA y la constante variación de los tipos de cambio, aumenta el precio final del producto para el consumidor; provoca represalias comerciales por parte de otros países, como la imposición de mayores aranceles o cuotas a los productos provenientes de países con LNA; y reduce la competencia en el mercado, generando una disminución en la calidad de los productos y un aumento de los precios”.
“Por todo esto nos encontramos obligados a preguntar y requerir respuestas de Tombolini”, subrayó la radical y añadió: “Tendrá que fundamentar con claridad sobre la ampliación de las LNA alcanzando un 41% del nomenclador, teniendo antecedentes negativos sobre la utilización de este tipo de instrumentos de política comercial por parte de la OMC”.
La diputada radical Jimena Latorre quiere que concurran al Congreso la secretaria del área, Flavia Royón, el interventor de ENARGAS y el presidente de IEASA.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-JxC) presentó un proyecto de resolución para pedir que se citen al Congreso a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, al interventor del Ente Nacional Regulador Gas (ENARGAS), Osvaldo Felipe Pitrau, y al presidente de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), Agustín Gerez.
El pedido incluye la solicitud de informes respecto a la obra del gasoducto Néstor Kirchner, la intervención del ENERGAS e información respecto a las exportaciones de gas.
En los fundamentos de su iniciativa, Latorre señaló “la incertidumbre que hay en relación a la construcción, puesta en marcha y operación del gasoducto Néstor Kirchner, una obra no solo relevante para garantizar la seguridad de abastecimiento de gas en el próximo invierno, sino también porque permitirá reducir el costo de importación de energía y, por ende, la demanda de dólares en el marco de la creciente incertidumbre macroeconómica”.
Por ello, la mendocina pidió que se le informe sobre cuál es el estado de avance de obra respecto al cronograma original y cuál es la fecha de finalización estimada del gasoducto.
En ese orden, consultó si existen retrasos en la ejecución y, de ser así, cuál es la fecha de puesta en operaciones y habilitación técnica del gasoducto por parte de las autoridades competentes.
El presupuesto de obra de IEASA (actualizado al 30/06/22) alcanzaba los $234.497 millones, es decir se verifica una diferencia de más de $54 mil millones entre el presupuesto de obra y su financiamiento, explicó. “Por lo cual surgen como lógicas preguntas: ¿Cuál es el presupuesto actualizado de la obra y cuáles las fuentes de financiamiento de las diferencias precitadas?”, planteó.
“Estructuraron las metas de reducción del déficit a partir de la construcción y puesta en funcionamiento de un gasoducto que permitiría sustituir importaciones para éste, el último invierno de su gobierno”, expresó la opositora y lanzó: “Lógicamente, si partimos de la base que la empresa licitante IEASA está buscando aún a los profesionales certificantes de la obra -porque es más una unidad básica del kirchnerismo que una empresa eficiente y técnica-, podemos inferir los atrasos de la obra”.
En esa línea, advirtió que “una vez más la desidia en empezar una licitación, que cuando llegaron estaba lista para iniciarse, y la falta de expertise técnica de este Gobierno pone en evidencia la bomba de tiempo que quedará a la próxima administración por las facturas de importación de gas y GNL para el invierno 2023”.
Respecto a la intervención de ENARGAS, Latorre explicó que “la discrecionalidad de las intervenciones y las anomalías regulatorias, no sólo desvirtúan las funciones propias de los entes, sino que conforman un ambiente de incertidumbre adverso a cualquier proceso de inversión, que solo parece encontrar explicación en la decisión política del Gobierno de implementar una política tarifaria que ha mostrado resultados ruinosos no sólo para los usuarios, sino para el Estado Argentino en el pasado reciente”.
Por ello solicitó que se expliquen los motivos que justifican la continuidad de la intervención de ENARGAS, luego de más de tres años gestión de la actual administración de gobierno, y cuánto tiempo más es necesario para conformar un Directorio integrado por profesionales seleccionados por concurso de antecedentes técnicos tal como marca la Ley 24.076.
También, la diputada consultó sobre cuáles son los resultados de las actuales intervenciones y cuál ha sido el beneficio para la ciudadanía y para la prestación de los servicios públicos involucrados mantener el estado de excepción vigente.
Asimismo, se solicita información sobre las razones que fundan las diferencias numéricas de exportaciones entre el Registro de Contratos de Exportación de Hidrocarburos en contraposición con los datos publicados por el registro del INDEC.
Este pedido se basa en los datos que el INDEC informa respecto a las exportaciones de petróleo crudo para el 2022. Según el instituto estadístico fueron de 3.867 millones de dólares, mientras que SESCO indica ventas por 3.316 millones dólares, presentando una diferencia de 552 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de gas natural del 2022, según INDEC fueron de USD 740.8 millones, mientras que para el registro de la SE, alcanzaron los USD 497.8 millones, una diferencia de USD 243 millones. Se observa entonces una diferencia acumulada de USD 795 millones en las exportaciones de hidrocarburos (petróleo+gas) del año 2022 y diferencias relevantes según sea la fuente oficial que se utilice.
El proyecto fue acompañado por sus pares Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Fabio Quetglas; Ana Clara Romero; Gabriela Lena; Graciela Ocaña; Germana Figueroa Casas; Carlos Zapata; Ximena García; Marcela Campagnoli; Juan Martín; Alejandro Cacace; Víctor Hugo Romero y Mónica Frade.
A Través de un proyecto encabezado por la diputada Latorre, los legisladores de la oposición sostuvieron que “quedó en evidencia la falta de relevamiento”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) presentó un proyecto de ley para identificar infraestructuras críticas de la energía e incluirlas en un plan nacional con el objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.
Además, Latorre expresó: “Presento nuevamente este proyecto, que busca identificar las infraestructuras críticas del sistema energético, ya que, desde su presentación en 2021, el oficialismo ha trabado su tratamiento porque tuvo paralizada a la Comisión de energía durante los últimos tres años”.
Las infraestructuras críticas son aquellos elementos que resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la integridad física, la seguridad, la defensa, el bienestar social, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o perturbación, total o parcial, afectaría significativamente al Estado y su población.
“Con el corte masivo de electricidad (del miércoles primero de marzo) quedó en evidencia la necesidad de contar con este relevamiento y con una planificación que permita identificar y recuperar la desinversión en infraestructura, que es fruto de años de populismo energético”, advirtió la legisladora mendocina.
Del mismo modo, explicó: “Los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar pueden mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia”.
Así también, enfatizó: “Deben protegerse para evitar perjuicios que no sólo pueden resultar en pérdidas multimillonarias y daños colectivos sino también en daños que afecten a las personas de manera individual”. “No obstante, como paso necesario simultáneo al objetivo de lograr un avance normativo a nivel nacional, es necesario avanzar en una mayor difusión de tema en todos los sectores del país”, señaló.
De todos modos, advirtió: “Debe destacarse la función del Estado como organismo fundamental necesario para definir la dirección de las políticas públicas necesarias para proteger las Infraestructuras de Información Críticas (I2C). Si bien los organismos privados tienen el mayor interés en el desarrollo de estos temas, los esfuerzos comunes no podrían lograr el efecto cascada necesario hacia todos los sectores sino a través del Estado”.
“El black out que sufrieron miles de argentinos desde la tarde de este miércoles, que deberá investigarse, era evitable con labores de mantenimiento en las maniobras de desenganche y con una infraestructura tecnologizada que lo permita”, señaló Latorre y ejemplificó: “En la provincia de Mendoza eso fue posible y, al igual que en 2017, la provincia pudo funcionar en isla y recuperar el servicio mucho antes que otros lugares del país”.
La iniciativa de Latorre tiene como coautores a los diputados: Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Margarita Stolbizer, Maximiliano Ferraro, Ximena García, Julio Cobos, Gustavo Bohuid, Paula Oliveto Lago, Laura Rodríguez Machado, Soledad Carrizo, Ana Clara Romero, Karina Banfi, Gabriela Brower de Koning y Gabriela Lena.
La diputada radical informó que la mina estatal cuenta con un déficit total que ascendería al 84%: “Es una empresa totalmente deficitaria”, y alertó que “no está produciendo”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) reiteró su denuncia respecto de la mina carbonífera de Rio Turbio que “no está produciendo” y alertó que “es una unidad básica del kirchnerismo”.
En declaraciones por Radio Rivadavia, la radical informó que la mina estatal-que fue inaugurada en 2015 durante la gestión de Cristina Kirchner– tiene 2.200 empleados que cobran un promedio de 610.000 pesos y un déficit total que ascendería al 84%: “El complejo está entre el yacimiento carbonífero y después están las centrales que son dos etapas que es una inversión con un financiamiento judicializado por los sobreprecios en la construcción de esta central y nunca ha llegado a funcionar más de 15 días”.
La diputada recordó la visita de la secretaría de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, a la Comisión homónima de Diputados y la consulta que le hizo sobre la cantidad de dinero del Tesoro de la Nación que va de los impuestos de todos los argentinos a empresas del Estado. “¿En producir cuánto se está gastando? Porque en 2022 fueron 14 mil millones de pesos y para 2023 está presupuestado más de 20 mil millones de pesos de los cuales, cuando uno ve a dónde va ese gasto, es todo a salarios entonces, ¿cuánto está produciendo?”.
“La secretaria dijo que tenia que consultarlo porque no sabía y la ministra de Minería ni me contestó porque es una mina que no está produciendo”, denunció Latorre y disparó: “La central que inauguró Cristina (Kirchner) con (Julio) De Vido no está produciendo y es difícil que produzca con estos números, es una empresa totalmente deficitaria. Significa una caja del kirchnerismo y una unidad básica del kirchnerismo porque lo que hacen es generar un municipio paralelo o aguantadero que lo pagamos todos”.
Además, contó que “durante la pandemia había reestructuraciones constantes o partidas presupuestarias porque el año pasado fueron 14 mil millones, pero tenían presupuestado 9 mil, siempre un poco más”.
En esa línea, recordó que “hace dos años presenté un proyecto llamado ‘Buen Gobierno’ dirigido a todos estos problemas de empresas del Estado, la que más se lleva plata del Tesoro es ENARSA, no se administran con criterios de eficiencia, no responden con criterios de transparencia y eficiencia con los que responde una empresa privada. Ese proyecto obviamente el oficialismo nunca quiso tratarlo, pero sería llevar eficiencia en el manejo de fondos públicos que son una parte importante del déficit fiscal de la argentina”.
“Durante el gobierno de cambiemos la mina de carbón produjo poco a comparación al potencial que tiene la mina. Es una mina de carbón que, hasta el año pasado, estaba en retirada de la matriz energética mundial. Incluso con las medidas ambientales de descarbonización y neutralización de gases de efecto invernadero indicaban eso. Ahora con la nueva reconfiguración y déficit energético por la guerra hay extensión de plazo y oportunidad de que esto pueda explotarse antes de que se corten los plazos”, manifestó la mendocina.
Y cerró con una sugerencia: “Lo que habría que hacer es una inversión, la eficiencia en el uso de los fondos que es administrar bien la empresa que está sobrepoblada de empleados sería la única forma de lograr que produzca para abastecer la usina que se hizo para justificar la mina y los sobreprecios y hay que ver qué destino se les da a esos fondos”.
La iniciativa es encabezada por la mendocina radical Jimena Latorre y ya había sido presentada en la Cámara baja en 2020 con el fin de “ampliar y proteger los derechos de los argentinos”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados Jimena Latorre (UCR-Mendoza), presentaron nuevamente en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación del Código de Defensa al Consumidor, que ya había sido presentada en 2020.
Según reza la iniciativa la Ley de Defensa al Consumidor es “una herramienta útil sin perjuicio de que la evolución social y económica, los cambios en la formas de consumo, comercialización, la irrupción de nuevas tecnologías y el cambio de paradigma en las relaciones de consumo que la coyuntura de pandemia y aislamiento aceleró”, por lo que “nos pone ante la necesidad de dar respuesta legislativa adaptando una herramienta que durante su vigencia ha sido eficiente, pero hoy la sociedad nos desafía a legislar con nuevos estándares de eficacia y eficiencia en la tutela de derechos y resolución de eventuales conflictos”.
En el texto, Latorre recuerda que hace tres años atrás acompañó a su par Alfredo Cornejo -jefe del interbloque de JxC en el Senado- en la presentación del Proyecto de Código de Defensa al Consumidor que “hoy volvimos a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación, para los que carecen de memoria y parecen no recordar que durante 3 años han obstaculizado su tratamiento desde su bancada. Los únicos que se oponían son los que hoy vuelven a la carga con el quiosquito propio”.
La iniciativa establece que el Código trata el derecho del consumidor como un derecho protectorio transversal, con jerarquía constitucional. “Esto alcanza el derecho público – penal, administrativo, servicios públicos, impuestos, procedimientos administrativos y sancionatorios, políticas públicas, así como privado, contratos, obligaciones, responsabilidad por daños, prevención, comercio electrónico y a distancia, responsabilidad legal genérica, y de otros tipos -género, acceso al consumo, ambiente, etc. y procesal -procesos individuales, colectivos, judiciales y administrativos, de quiebras, con consumidor actor o demandado”, explaya.
El proyecto implica la Codificación, construyendo una Teoría General para luego legislar en los Ejes principales del Derecho del Consumidor. Además, plantea la articulación de “los principios y reglas recogidos a lo largo de estos años, con una mirada hacia el futuro, en el entendimiento de que el avance de la globalización, la flexibilidad de la tecnología y los cambios de paradigmas e instituciones, requieren que estemos a la altura de las circunstancias y seamos capaces de brindar como legisladores, soluciones flexibles también a los cambios que la sociedad experimenta, sin que el paso del tiempo las convierta en inaplicables”.
Acompañan con sus firmas la iniciativa de Latorre, los diputados UCR Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Ximena García; Gabriela Lena; Juan Martin; Fabio Quetglas; Lidia Ascárate; Roxana Reyes; Mario Barletta; Marcela Coli; Soledad Carrizo; Juan Carlos Polini; Gerardo Cipolini.
PROYECTO-DE-CODIGO-DE-DEFENSA-DEL-CONSUMIDORDesde JxC, reclaman en la Cámara baja la presencia de Flavia Royón y Walter Martello. “Con 15 años de populismo nos llevaron a este estado de desinversión y deterioro”, dijeron.
Diputados de la oposición encabezados por la radical Jimena Latorre presentaron un proyecto de resolución para citar a la secretaria de Energía de la Nación y Presidente de CAMMESA, Flavia Royón, y al interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello. El objetivo es que los funcionarios expliquen, entre otras cosas, los recientes cortes de energía en el área metropolitana de Buenos Aires, la intervención de los entes de control y el cumplimiento de la segmentación tarifaria.
Asimismo, buscan que se detalle cuáles fueron las acciones preventivas tomadas por el ENRE y su intervención desde la finalización del periodo estival del año 2022 hasta el inicio del actual tendientes a evitar las fallas del suministro eléctrico y reducir los cortes. En relación al corte del 10 de febrero que afectó a 180 mil usuarios, Latorre quiere que tanto Royón como Martello, informen si se originaron por un problema de generación o por fallas de la red de distribución.
“Los cortes son un síntoma de la crisis en la que nos hundieron gracias al populismo energético de los gobiernos kirchneristas”, señaló Latorre y añadió: “Los anuncios de (Sergio) Massa son un reconocimiento implícito del incumplimiento de este gobierno del marco regulatorio eléctrico y el avasallamiento institucional a los Entes reguladores”.
En este sentido, la legisladora denunció: “Fiel a su estilo, Massa pretende tapar con humo el deterioro del servicio y la insostenibilidad del sistema. Ni las sanciones se van a hacer efectivas de un mes para el otro, ni la infraestructura se recupera sin tarifas que remuneren los costos operativos”.
“Con 15 años de populismo nos llevaron a este estado de desinversión y deterioro, cualquier medida que anuncien a menos de 10 meses de terminar el gobierno solo muestra un poco más de su hipocresía”, subrayó Latorre.
Acompañan la iniciativa de Latorre sus pares de la UCR Mario Negri, Karina Banfi, Hugo Romero, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Julio Cobos, Ximena García, Juan Martin, Gustavo Bohuid, Soledad Carrizo, Pedro Galimberti, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso y Gabriela Lena.
Firmaron el pedido, además, Margarita Stolbizer, Mónica Frade, Mónica Fein, Enrique Estévez, Marcela Antola, Carlos Zapata, Pablo Torello, Alberto Asseff, Mariana Stilman, Rubén Manzi, María Sotolano y Laura Castets.
La diputada radical rechazó las declaraciones del interventor del ENRE, quien habló de estatizar las empresas de energía.
En medio de los cortes de luz que afectan a miles de usuarios, el interventor del Ente Regulador de Energía, Walter Martello, opinó que el Estado “tendría que tener el control de las empresas de energía”, algo a lo que salió a responder duramente la diputada Jimena Latorre (UCR).
“Martello nos trae una idea muy original para el kirchnerismo, justo el Día de los Enamorados, ya que son enamorados del déficit y la pésima administración del Estado”, ironizó la mendocina.
La radical señaló que la propuesta del funcionario consiste en que “la distribución de más de 2,5 millones de usuarios de AMBA esté en manos de una empresa del Estado y pase a engrosar el listado de las ‘eficientísimas’ empresas a las que financiamos todos los contribuyentes, vía fondos del Tesoro”.
“Mientras tanto, Flavia Royón no sabe si tiene que bajarle el precio a Edesur para autorizar la cesión para quienes le indique Sergio Massa o, cómo propone Mantello, llevar adelante la estatización de YPF al estilo (Axel) Kicillof que de salir ‘cero pesos’ pasó a costarnos millones de dólares”, advirtió la legisladora.
Por último, agregó: “Declarar la caducidad con una ruptura sistemática de los contratos de concesión por parte del Estado es una constante durante todas las gestiones kirchneristas, y solo tienen como resultado juicios millonarios perdidos que, obviamente, ellos no pagan de su bolsillo” y pidió al Gobierno que “no rompan nada más”.
La diputada radical cuestionó a la secretaria de Energía por sus declaraciones contra Edesur, y reclamó que se normalicen las intervenciones en los entes reguladores.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) salió al cruce este lunes de las declaraciones de la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien advirtió a Edesur con quitarle la concesión luego de los cortes de luz que se produjeron en medio de la ola de calor.
“Cuesta creer tanta ignorancia por parte de Royón”, enfatizó la legisladora de Juntos por el Cambio, que recordó que “las tarifas de distribución del AMBA están congeladas, por ello las empresas están dispensadas de cumplir con los planes de inversión por un convenio firmado por el Gobierno”.
Además, la mendocina lanzó: “La funcionaria, además de no conocer los convenios que su Gobierno firma, dijo que no le va a temblar el pulso para terminar el contrato de concesión. La pregunta es si tampoco le va a temblar el pulso para autorizar la cesión a los amigos del ministro de Economía (Sergio Massa)”.
“Si quiere hacer algo por la fiscalización de las distribuidoras que normalice los Entes intervenidos”, reclamó la radical y agregó que “en tres años ya pasaron tres interventores, mientras tanto la revisión tarifaria y la renegociación de los contratos siguen pendientes”.
La radical Jimena Latorre alertó sobre diferencias en los datos oficiales y fustigó: “Las inconsistencias de este Gobierno son tan burdas que ni siquiera les cierran los números de los propios registros”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó este lunes un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se informe, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, las razones que fundan las diferencias numéricas de exportaciones entre el Registro de Contratos de Exportación de Hidrocarburos en contraposición con los datos publicados por el registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el registro del Consorcio de Gestión del Puerto Rosales y el registro de exportaciones de la provincia de Neuquén.
“Al analizar los datos de exportaciones de petróleo, surgen llamativas diferencias entre los registros del INDEC y los existentes en la base de datos publicada por la Secretaría de Energía. Por ejemplo, llama la atención la diferencia en los valores de exportación de petróleo crudo para el año 2022 que, de acuerdo al sistema SESCO del registro oficial, la Argentina exportó 3.316 millones de dólares, mientras que los datos del INDEC reflejan exportaciones por 3.867,5 millones de dólares, es decir una diferencia superior a los 550 millones”, explicó la radical.
En la solicitud, la mendocina pide que, a través de la Dirección General de Aduanas, organismo que integra la AFIP, se informe el volumen de petróleo crudo y monto exportado en el año 2022 y la recaudación asociada a dichas exportaciones discriminando por impuesto y retención.
Cabe destacar que, además del registro oficial, existen otras dependencias de gobierno que contabilizan las exportaciones. Entre ellas se encuentra el INDEC, el Consorcio de Gestión del Puerto Rosales, los registros de las provincias productoras de petróleo crudo y la AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas.
“Las inconsistencias de este Gobierno son tan burdas que ni siquiera les cierran los números de los propios registros públicos”, denunció la legisladora y agregó: “El año pasado advertí y pedí información sobre las exportaciones ante las faltantes de gas oil en surtidores y la capacidad ociosa en las destilerías. Hoy, cerrado el año, son evidentes los desmanejos del Gobierno”. “Han llegado a un punto tal en el que dibujan números pero ni siquiera se preocupan en coordinar sus propias mentiras”, lanzó.
En los fundamentos de su iniciativa, Latorre recordó que “el registro de contratos de exportación de hidrocarburos se crea en la Argentina en el año 2002 como una medida de emergencia emitida en tiempo de crisis, tendiente a proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.
Este instrumento tuvo como objetivo asegurar el suministro de combustible en el mercado interno, teniendo en cuenta que se habían verificado deficiencias en el abastecimiento de gas oil por parte de las firmas industrializadoras y comercializadoras de combustibles ante el aumento de las exportaciones de hidrocarburos líquidos y derivados, con la consecuente alarma que ello generó en los sectores productivos y de servicios afectados en todo el país.
“El registro de contratos de exportación se ha constituido en la herramienta regulatoria para monitorear el comercio exterior de combustibles. El fundamento principal que da origen a este sistema se encuentra en la Ley N°17.319 de Hidrocarburos, que en su artículo 6°, párrafo 4°, expresa que el Poder Ejecutivo Nacional permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables y podrá fijar en tal situación, los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los productores del país. Es decir que resulta un deber indelegable del Estado asegurar el abastecimiento interno de hidrocarburos y derivados adoptando políticas conducentes a tal fin”, detalló.
A su vez, los criterios de funcionamiento del Registro de Contratos de Exportación se encuentran delimitados por el Decreto 645/2002 y la Resolución 241-E/2017 de la entonces Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, y demás normas modificatorias y complementarias. Según dichas normas, el registro deberá, entre sus funciones, llevar constancia documentada de las operación es de exportación sujetas a registro; otorgar una constancia de registro de la operación; establecer los productos cuya exportación estará sujeta a registro, (entre los que se encuentra la posición arancelaria 2709.00.10 Aceites crudos de petróleo); y garantizar que previo a obtener la autorización de la operación de exportación, se le ha otorgado a los potenciales agentes del mercado interno la posibilidad de adquirir dicho producto.
“El correcto funcionamiento del registro prioriza el abastecimiento del mercado interno, permitiendo que las empresas puedan comercializar los remanentes en el exterior”, enfatizó la diputada y añadió: “Las significativas diferencias encontradas no solo en valores sino también en cantidades en los distintos registros nos obligan a preguntar sobre los posibles errores u omisiones, quizás aún no detectadas, que podrían redundar en perjuicios para el Estado Nacional pero también para los Estados provinciales, dueños del recurso”.
Finalmente, Latorre dijo que “este tema requiere la mayor transparencia en el manejo de los datos de un recurso estratégico para el desarrollo de nuestro país, pero con impacto en los recursos fiscales, tanto nacionales como provinciales”.
El pedido fue acompañado por Juan Martín, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Karina Banfi, Juan Carlos Polini, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Ximena García, Francisco Monti, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Gustavo Bohuid, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Roberto Sánchez, Mario Negri, Jorge Rizotti, Jorge Vara, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Hugo Romero y Ricardo Buryaile.
A partir de una nueva resolución del INAI, el senador Alfredo Cornejo advirtió por la riqueza en recursos de esas zonas, mientras que la diputada Jimena Latorre le preguntó a los oficialistas si van a dejar que pase lo mismo que con Portezuelo.
Una nueva cesión de tierras en favor de comunidades originarias en Mendoza por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas despertó la reacción de legisladores radicales, quienes días atrás habían reclamado por una situación similar a través de pedidos de informes al Gobierno nacional.
A raíz de la resolución 47/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, por la cual se reconocen terrenos en favor de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en Malargüe, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, sostuvo: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
El exgobernador detalló que se trata de “un polígono en el ingreso a Las Leñas y otro frente a La Laguna de La Niña Encantada, que juntos suman 4.477 hectáreas”. “Además de la excelente ubicación que tienen, ya que ambos terrenos se ubican en plena zona turística de Malargüe, en los dos lugares hay actividad petrolera activa. Es decir que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, está decidiendo sobre recursos de Mendoza”, alertó.
Por su parte, la diputada Jimena Latorre dejó un mensaje en Twitter en el que arrobó a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y sus pares en la Cámara baja Marisa Uceda y Adolfo Bermejo, del Frente de Todos.
“Y dale que va! Los dirigentes K, del PJ, FdT o como se auto perciban a esta altura… no piensan intervenir? Es SU gobierno el que sigue perjudicando a los Mendocinos. Va a pasar como con Portezuelo?”, enfatizó la radical.
Por su parte, el gobernador Rodolfo Suárez, expresó: “Amanecimos con una nueva Resolución del INAI. Más terrenos de propiedad privada fueron cedidos a ‘mapuches’, uno en el ingreso a la Ruta 222 que nos lleva a Las Leñas, y otro frente a la Laguna de la Niña Encantada. Son 4.477 hectáreas, donde también existe actividad petrolera”.
“El Gobierno nacional está entregando, además de tierras, activos económicos de Mendoza. Los mendocinos exigimos explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad. Sin dudas iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello”, anticipó el mandatario que al comienzo de semana pidió la inconstitucionalidad de la resolución 42/2023.
“Es ilegal que los Estados provinciales se hagan cargo de esa deuda”, sostuvo la radical mendocina Jimena Latorre en el debate del Presupuesto.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) mencionó la gravedad del artículo 89 que hace referencia a la refinanciación de la deuda de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA y que asciende a 455 mil millones de pesos y señaló: “La propuesta de este presupuesto es que esa deuda (que en un 50% corresponden a Edenor y Edesur) sea solidariamente asumida por los Estados provinciales”.
“¿Y qué ha hecho la S.A. para cobrar sus acreencias? Nada, pero se me ocurre que podría pedir la ejecución del contrato, solicitar medidas cautelares para garantizar sus acreencias, antes de plantear extender ilegalmente la deuda a los Estados provinciales”, destacó la diputada y afirmó: “Esto no resiste el más mínimo análisis jurídico, no pueden compensarse deudas de distinto origen y con distintos sujetos. Y sin dudas las provincias son ajenas a esta relación contractual de la compañía acreedora con las distribuidoras deudoras”.
“¿Tampoco se les ocurrió en estos tres años pedir la caducidad de las concesiones de Edenor y Edesur?”, se preguntó Latorre y afirmó: “Veo más cerca al gobierno Nacional de licuar las deudas de esas distribuidoras y hacer responsables a las jurisdicciones provinciales de una relación contractual ajena, antes que Massa le caduque una concesión a Manzano o lo haga pagar las deudas por la energía vendida a los usuarios y adeudada al Mercado Eléctrico”.
Otro punto que destacó la diputada Latorre en su discurso fue el artículo 37 donde se incluyen las Autorizaciones de Crédito Público, en particular el financiamiento para la construcción de la cuarta central nuclear Atucha III. “Mientras la Secretaría de Energía dice que sólo hay tratativas y no compromisos y reconoce que no hay un estudio económico financiero que permita sostener la viabilidad del financiamiento y su repago, el artículo 37 autoriza a contraer ese endeudamiento con China nada menos que por 7.900 mil millones usd. La ley de Inversión Pública obliga a que los proyectos con sus estudios estén ingresados antes del 15 de junio del año anterior al presupuesto en el que se pretenda incluir”.
Latorre concluyó: “En este presupuesto repiten el modus operandi, patear para adelante y que le explote al que viene, nos hicimos cargo en el 2015, también vamos a poder en el 2023. En Mendoza hemos consolidado una gestión de orden que se sostiene hasta ahora”.
Por motivo del mes internacional de la visibilización y lucha contra este flagelo, la diputada Rossana Chahla realizó un sentido homenaje a todas las mujeres que padecen o padecieron la enfermedad.
Tras el debate por el proyecto de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, la diputada por el Frente de Todos Rossana Chahla rindió un homenaje a todas las mujeres y que atraviesan o superaron el cáncer de mama, y señaló la importancia de trabajar la concientización y el acceso a la Salud.
Por motivo del mes internacional de la visibilización y lucha contra este flagelo, las bancadas del recinto lucieron unos carteles rosas con la leyenda: “Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama”.
Al respecto, Chahla señaló que “una de cada ocho mujeres podemos tener cáncer a lo largo de nuestra vida”, y que, por esto, en el mes mundial de la sensibilización y concientización del cáncer de mama, “desde este Cámara quiero homenajear a todas aquellas mujeres que se fueron, a aquellas mujeres que lo están transitando, y a todas las que lo vencieron”.
En este sentido, compartió algunas estadísticas, “siempre que hablamos de números es todo muy frio, muy estático, pero hoy en la Argentina a 52 mujeres les dijeron que tienen cáncer. Hoy murieron 15 mujeres por cáncer. Así los números no pasan a ser tan fríos, si no que pasamos a pensar en esa familia que hoy tiene un diagnóstico, en esa familia que ha perdido un ser querido”.
Y, a pesar de que la tecnología va avanzando y dando mejores diagnósticos, más precoces, lamentó que “en los últimos años la mortalidad por cáncer de mama solo bajó el 1%, y eso se debe a los métodos complementarios, pero tendríamos que haber bajado mucho más. Sin embargo, en los países desarrollados, la sobrevida a cinco años de las mujeres es del 90%, y en los países subdesarrollados es solo el 30% de los casos”.
“Por eso quiero decir que esta campaña de concientización, esta campaña rosa no empieza acá solo con este cartel, de acá nos vamos todos a trabajar en nuestras provincias desde el lugar que nos toque. Conjuntamente con el Ministerio de Salud, con las Asociaciones Civiles, con la Iglesia, con los barrios populares para trabajar en esto de la concientización y del acceso a la Salud”, agregó.
Asimismo, sostuvo que “como Estado debemos garantizar estas políticas públicas del acceso no tan solo del diagnóstico temprano, sino también al tratamiento oportuno, con todas las terapias. Sabemos la importancia que tiene la detección precoz, por eso queremos homenajear a todas las mujeres que han tenido, tienen y que han sobrevivido al cáncer”.
“El cáncer es una palabra, no una sentencia. Hay muchas esperanzas, el cáncer de mama se cura, no se puede prevenir, pero se puede curar. Entonces en la detección y el tratamiento precoz está la solución” resaltó.
Sobre el final del discurso, la diputada se solidarizó con su par Jimena Latorre, quien meses atrás contó que padece cáncer, y no falta a ninguna sesión, ni reunión de comisión: “No quiero dejar de mencionar una diputada, Jimena sos un gran ejemplo de lucha y valentía. Hoy está una compañera nuestra está acá trabajando, cumpliendo su rol, y transitando este proceso. Y lo digo porque ella lo contó, lo hizo público, y vi en sus redes como su hermano acompañaba y se rapaba la cabeza acompañando este proceso. Jimena toda la fuerza, toda la valentía, sos una guerrera y acá tenés una compañera que te va a ayudar para lo que necesites”.
En el mismo sentido se manifestó la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, quien saludó a la legisladora mendocina.
Hubo dos dictámenes entre los más de diez proyectos impulsados por diputados del oficialismo y la oposición. La semana que viene serán tratados en la Comisión de Seguridad Interior.
Finalmente al Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el dictamen sobre la modificación de la Ley 24.449, que propone que la cantidad permitida de 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre en conductores pase a ser “cero” en todo el territorio nacional. Pero no hubo un solo dictamen, sino dos. El de minoría, propuesto por la diputada nacional Jimena Latorre (UCR), representante de Mendoza -región vitivinícola- sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.
El titular de la comisión, Jorge Rizzotti (UCR-Jujuy), anunció que el dictamen por mayoría unifica la postura de 16 proyectos del oficialismo y la oposición. Además, la semana que viene el tema será abordado por la Comisión de Seguridad Interior, la otra encargada de dictaminar sobre este tema.
En la reunión estuvo presente Pablo Carignano, director de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quien expresó que “actualmente hay controles viales diarios en todas las rutas nacionales, llevados a cargo por agentes de tránsito a lo largo del país”.
El legislador Ramiro Gutiérrez (FdT-Buenos Aires), presidente justamente de Seguridad Interior y autor de uno de los proyectos en análisis, contó que “Argentina tiene una cultura de Alcohol Cero hace tiempo”. Asimismo, sostuvo que “no podemos dejar que las leyes locales nos superen, porque hay provincias que prohibieron el alcohol al volante”.
En ese sentido, la diputada Eugenia Alianiello (FdT-Chubut) manifestó: “Es fundamental llevar al recinto, proyectos que se transformen en leyes y que transformen la realidad. No es una Ley Seca, pero debemos ser responsables aquellos que conducimos”.
Desde otra perspectiva, el oficialista Eduardo Toniolli (Santa Fe) aclaró que “el proyecto no busca darle un golpe al sector gastronómico ni a la productividad” y afirmó: “Las jurisdicciones que adoptaron esta legislación lograron bajas sensibles en la siniestralidad vial”.
Impulsora del dictamen de minoría, la mendocina Jimena Latorre expresó que “es una discusión de responsabilidad y respeto por las víctimas”. Además, remarcó que el objeto de la norma es evitar muertes por accidentes de tránsito. “No es una ley en contra de nadie, es a favor de la vida”, expuso, para plantear luego: “Los números muestran que las provincias que tienen alcoholemia cero redujeron sus siniestros, pero esto no es así. Los siniestros bajan en las provincias que tienen sanciones fuertes. Hay que avanzar con el endurecimiento de las sanciones para tener ley que garantice el cumplimiento”.
Por su parte, Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) recordó su gestión como ministro de Transporte cuando subrayó la importancia de normalizar los controles, y propuso que “la Agencia de Seguridad Vial tenga poder sancionatorio” para no depender de las fuerzas de seguridad ante los controles rutinarios en vía pública.
Sobre el final, Jorge Rizzotti anunció que “ambos dictámenes pasaron a la firma” y relativizó señalando que “el eje no está en si es Alcohol Cero; el eje es bajar las muertes por siniestros por alcohol al volante. La idea es dictaminar para avanzar con el tema”.
Finalmente, la vicepresidenta de la comisión, Jimena López (FdT-Buenos Aires), concluyó que “falta lograr el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior, lo cual es fundamental avanzar con cuestiones de la vida cotidiana de las personas”.
En el pedido se remarcaron “los detalles del acceso a la información precisa sobre las inversiones en dólares y los plazos de ejecución”.
Legisladores de la UCR Mendoza, encabezados por el jefe de bloque opositor en el Senado Alfredo Cornejo, y los diputados nacionales Lisandro Nieri, Jimena Latorre y Pamela Verasay, presentaron, en ambas cámaras, un pedido de informe a la Secretaría de Energía de la Nación para que brinde detalles sobre el acuerdo celebrado entre YPF S.A y Petronas, empresa estatal petrolera de Malasia, para la construcción de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) que demandará una inversión inicial estimada de 10.000 millones de dólares”.
El pedido destacó que “ante un proyecto de desarrollo de tal trascendencia para el país se debe tener acceso a información precisa sobre los compromisos asumidos en dólares, los plazos de ejecución, planificación de obra, como así también cual es el programa económico financiero previsto para enfrentar los compromisos de inversión”.
La diputada Jimena Latorre afirmó que “la situación financiera de YPF refleja una alta incertidumbre respecto a su capacidad para realizar las inversiones comprometidas con fondos propios y por lo tanto la necesidad de acceder nuevamente al mercado financiero internacional o a la capitalización de sus accionistas”.
Según los estados contables de 2021 de YPF, “su inversión anual (Capex) alcanzó los 2.671 millones de dólares, y su flujo de fondos libres de 882 millones, con cuales debe afrontar los servicios de una deuda neta que declara en los 6.271 millones de dólares”.
Encargada de recordarlo fue la mendocina Jimena Latorre, que resaltó que el verdadero homenaje que podrán brindarle los diputados será cuando aprueben la ley por la que su amigo luchó desde que fue diagnosticado con ELA.
Esta semana falleció el jurista Daniel Ostropolsky, quien el año pasado participó de una conferencia de prensa en su provincia, Mendoza, junto a Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y otros legisladores que impulsaban junto a él lo que dieron en llamar la “ley de buena muerte”.
Lo despidió este jueves en el recinto la diputada nacional radical Jimena Latorre, que lo definió como “un amigo muy querido, un ciudadano ejemplar que nos dejó un legado… Pero el verdadero homenaje se lo daremos cuando en este recinto demos media sanción a una ley de eutanasia”, expresó la diputada mendocina.
Daniel Eduardo Ostropolsky tuvo una trayectoria pública y política muy reconocida en Mendoza. Vinculado a la UCR, fue funcionario del gobierno provincial de Felipe Llaver, el primer gobernador mendocino de la vuelta a la democracia. También ocupó un cargo de director del Banco Nación durante el Gobierno de la Alianza y en 2010 ocupó un lugar en el Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados.
Ostropolsky padecía ELA desde el año 2018, recordó Jimena Latorre, quien refirió que murió el lunes pasado en compañía de sus hijos. “Desde su diagnóstico, eligió un camino generoso: el de la conquista de derechos, como hombre de derecho que era. Alzó su voz para reclamar una de las libertades más elementales: la de elegir cómo vivir y cómo morir”, comentó la diputada radical.
Recordó Latorre que su amigo “nos interpeló desde el ejemplo”, y en ese sentido remarcó que pudo haber recurrido en forma individual a la justicia, donde sin duda alguna hubiera encontrado el reconocimiento para ese derecho que reclamaba para sí. Sin embargo, la diputada destacó que en su lugar Ostropolsky “prefirió poner su conocimiento al servicio de otros que como él no pueden decidir cuándo decir basta y poder descansar”.
Recordó que el año pasado junto al hoy senador Alfredo Cornejo y el diputado Alejandro Cacace presentaron el primer proyecto de eutanasia. “Daniel nos acompañaba desde el ámbito académico y su doble rol de jurista y paciente”, refirió Jimena Latorre, quien destacó que hoy hay cinco proyectos de legalización de la eutanasia en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. Todos correspondientes a distintos bloques, por lo que la diputada radial resaltó que “este debate nos interpela a todos por igual y nos atraviesa a todos como partido”.
La diputada comentó también que con el ELA “nunca se pierde ni la lucidez ni la conciencia, y (Ostropolsky) nunca hubiese antepuesto sus intereses personales sobre los de la sociedad”. Por el contrario, “estaba convencido de que esta sí es una oportunidad para dar el debate. Quienes pretenden postergarlo amparados en la muy grave crisis económica, o rankeando los temas de los argentinos, se equivocan desde la ignorancia de lo que viven quienes tienen que vivir en contra de su voluntad”.
Y advirtió a sus pares que “la voluntad que no nos podemos permitir es la de los deberes y obligaciones, y nosotros tenemos el deber de legislar”.
Jimena Latorre terminó su discurso pidiendo que “en honor a Daniel trabajemos con la verdad. El derecho a la eutanasia será ley, por Daniel Ostropolsky y por muchos otros que se han ido sufriendo”.
La iniciativa fue presentada por el radical Julio Cobos con el objetivo de que el Ejecutivo “diagrame un nuevo esquema de convergencia”. Además, recordó que le solicitó a la Presidencia de la Cámara baja que se “retome y agilice el tratamiento en comisiones”.
El diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza), junto a legisladores de su bloque, presentaron un proyecto que propone extender las condiciones establecidas en el DNU 767/20 -que venció el 31 de julio pasado- para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UVA, hasta que se encuentre una solución de fondo en el Congreso de la Nación.
En el proyecto de declaración presentado solicitan que el Poder Ejecutivo Nacional diagrame un nuevo esquema de convergencia, en condiciones similares a las establecidas en el artículo 3° del decreto 767/20, a partir del 31 de julio de 2022 a efectos de reducir el impacto negativo que la actualización de los créditos por Unidades de Valor Adquisitivo tiene sobre los deudores.
“Solicité a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que se retome y agilice el tratamiento en comisiones de la problemática de los créditos UVA porque la inflación crece mes a mes y el vencimiento del DNU 767/20 que congelaba las cuotas y establecía un sistema de convergencia hasta el mes de julio de 2022, complican aún más a las familias tomadoras de crédito”, explicó Cobos.
En tal sentido, el legislador agregó: “La situación de los deudores y el constante aumento del índice de precios al consumidor exige disposiciones urgentes y es el PEN el que cuenta con las herramientas adecuadas para ello, hasta tanto se sancione una ley”, y agregó: “Esto es en forma temporal hasta que el Congreso de la Nación sancione una ley que prevea soluciones definitivas a esta situación”.
“Tanto desde el PEN como desde el Congreso se adoptaron algunas soluciones parciales y temporales que a la fecha no se encuentran vigentes, ya que la última de ellas, establecía desde el 1° de febrero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 un nuevo sistema escalonado de convergencia para las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y estén ocupados y, asimismo, que las entidades financieras habiliten una instancia para considerar la situación de aquellos casos en los que el importe de la cuota a abonar supere el 35% de los ingresos”, sostiene el proyecto entre sus fundamentos.
En ese sentido, Cobos señaló que “estas disposiciones perdieron vigencia, así como el resto de los decretos referidos a la materia porque el aumento del Índice de Precios al Consumidor que para julio de 2022 es de 7,4% impacta directamente en un incremento sideral de las cuotas actualizadas por UVA; más aún sin un sistema de convergencia que reduzca ese impacto”, y ratificó: “Por eso y hasta que se logre una ley del Congreso -que debemos sancionar con celeridad- solicitamos esta prórroga al PEN”.
La iniciativa es acompañada por los diputados Mario Negri, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Lidia Ascárate y Jimena Latorre.
Diputados del bloque radical planean debatir en Comisiones sobre el proyecto de ley que “reconoce el derecho a morir dignamente” y que será tratado al finalizar el receso.
La diputada nacional Jimena Latorre anunció que al volver del receso invernal, buscarán tratar en comisiones el proyecto de eutanasia, y agregó que “en la Cámara de Diputados hay dos proyectos sobre el tema: ley de buena muerte, impulsado por la UCR, y la ley Alfonso, propuesta por el FdT”.
En conversación por FM Concepto, la diputada del bloque radical remarcó que “el primer proyecto lleva el nombre ‘Ley de Buena Muerte y regulación de la eutanasia’, y fue presentado por ella el 26 de noviembre del 2021 junto a Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace”, y anunció que “tiene más similitudes que diferencias respecto a los demás proyectos”.
Por otra parte, Latorre detalló que “este proyecto busca que haya una ley que regule el abordaje de la fase final del proceso de la vida”; sin embargo aclaró que “será dentro de la doctrina de la dignidad humana y basado en lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
De la misma manera, la diputada de JxC sugirió que “se reconozca ese derecho a morir en situaciones de pacientes que tengan una enfermedad que cause serios sufrimientos físicos y psíquicos incompatibles con la vida digna o la dignidad humana”.
Además, adelantó que “una vez reunida la comisión informativa, presentarán a referentes para nutrir argumentos en la construcción de un debate informado y serio”, y anunció que “será trabajado después del receso invernal”.
Respecto a quienes se oponen a las leyes de eutanasia, Latorre sostuvo que “aquellos detractores que desinforman utilizando términos como `suicidio asistido´ ó `instigación al suicidio´ le están quitando el derecho a la dignidad humana”, además destacó que “habrá profesionales de la medicina explicando el tema”.
Para cerrar, la diputada radical relató que “no se contactó con ningún representante de la Iglesia, ni piensa hacerlo”, y explicó: “En un país laico no se puede legislar en base a los pedidos de una religión en particular, sino atender los reconocimientos de los derechos que necesitan los argentinos”.
Encabezados por la diputada Jimena Latorre alertan que “la serie de medidas improvisadas que se han tomado sin reparar en sus efectos tienen como consecuencia el actual desabastecimiento de gasoil”.
Diputados radicales encabezados por Jimena Latorre (Mendoza) presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde detalles y esclarezca cuestiones vinculadas a la provisión de gasoil en el país y al desabastecimiento del sector energético.
“La falta de un programa económico y energético y el descalabro político de la cartera a cargo de un área tan sensible para la economía y la producción, como es la Secretaría de Energía, ha llevado a la actual situación de crisis y desabastecimiento”, sostuvo Latorre.
Y puntualizó: “La serie de medidas improvisadas que se han tomado sin reparar en sus efectos tienen como consecuencia el actual desabastecimiento de gasoil”.
Por la caída de la producción e incremento de los precios internacionales el gobierno sustituyó el gas de las generadoras térmicas, es decir, tuvo que elegir entre eventuales cortes de electricidad o sustituir por gasoil, a sabiendas que ese cupo de gasoil faltaría para levantar la cosecha y en los surtidores para el uso en general”, explicó la legisladora.
Y agregó: “También son conscientes de que esto genera un mercado paralelo o mercado negro y deciden hacer la vista gorda porque no saben cómo controlar la situación, no saben gestionar”.
Por otra parte, el pedido también destaca que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee biodiesel, tal como exige la normativa. Para Latorre los motivos son claros “a los productores les conviene exportar el aceite de soja antes de venderlo a precio irrisorio en el mercado interno”.
El pedido plantea, además, que se informe de manera detallada una serie de cuestiones sobre la situación energética actual cuando estamos en el inicio de la estación más fría del año, donde aumenta la demanda y en consecuencia los precios normalmente son más altos. Se solicita al Gobierno puntualmente que:
Acompañan este pedido los diputados Julio Cobos, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Ximena García, Fabio Quetglas, Marcela Coli, Miguel Nanni, Juan Martín, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Francisco Monti, Hugo Romero, Pedro Galimberti, Gerardo Cipollini, Gabriela Lena y Jorge Rizzotti.
El proyecto fue presentado por la diputada radical Jimena Latorre, quien cuestionó que desde el Gobierno “no saben cómo controlar la situación, no saben cómo gestionar”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde detalles y esclarezca cuestiones vinculadas a la provisión de gasoil en el país y sobre el desabastecimiento que viene sufriendo el sector energético desde hace varios meses.
“La falta de un programa económico y energético y el descalabro político de la cartera a cargo de un área tan sensible para la economía y la producción, como es la Secretaría de Energía y los organismos a su cargo, ha llevado a la actual situación de crisis y desabastecimiento”, cuestionó la mendocina.
En esa línea, observó que “la serie de medidas improvisadas que se han tomado sin reparar en sus efectos tienen como consecuencia el actual desabastecimiento de gasoil, cuando por la caída de la producción e incremento de los precios internacionales el Gobierno tuvo que sustituir el gas de las generadoras térmicas, tuvo que elegir entre eventuales cortes de electricidad o sustituir por gasoil, a sabiendas que ese cupo de gasoil faltaría para levantar la cosecha y en los surtidores para el uso en general”. “También son conscientes de que esto genera un mercado paralelo o mercado negro y deciden hacer la vista gorda porque no saben cómo controlar la situación, no saben gestionar”, lanzó la opositora.
Además, Latorre aseguró que “la política de subsidios energéticos promovida por el kirchnerismo y sostenida por este Gobierno, lejos de una moderación, profundiza el modelo kirchnerista y ha desencadenado la actual crisis energética”. “A ello se suma una inflación que no logran contener. Las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios y los salarios siguen por detrás a la inflación, mientras que los costos de la energía se incrementan por la inflación local y también por el efecto de los precios internacionales consecuencia de la guerra en Ucrania”, añadió.
En los argumentos del proyecto presentado también se destaca que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee biodiesel, tal como exige la normativa. Para la radical, los motivos son claros: “A los productores les conviene exportar el aceite de soja antes de venderlo a precio irrisorio en el mercado interno”.
“Es irrisorio que mientras lanzan anuncios de flexibilización del cepo para promover inversiones en producción de hidrocarburos ‘para exportación’, se pone en dudas el inicio del también anunciado antes de tiempo Gasoducto Néstor Kirchner, por tanto, de producir más, ¿por dónde se evacuaría? Y en ese contexto de anuncios utópicos, la realidad nos muestra refinerías con capacidad ociosa al 30%, los surtidores sin gasoil y precios descontrolados que son un caldo de cultivo para la creación de mercados paralelos que el Gobierno elige no ver”, remarcó la diputada.
El pedido plantea que se informe de manera detallada una serie de cuestiones sobre la situación energética actual cuando estamos en el inicio de la estación más fría del año, donde aumenta la demanda y en consecuencia los precios normalmente son más altos.
Puntualmente, en el pedido se solicita que se informe sobre los volúmenes relevados de la demanda interna mayorista y minorista para el período 2022, en particular en los meses de alta demanda de mayo a septiembre.
También, que se indique el origen de la oferta, los volúmenes de abastecimiento interno y de importación. En particular, los precios de compra en las últimas licitaciones a cargo de IEASA y CAMMESA. Asimismo, la capacidad ociosa de las refinadoras locales. Y los fundamentos de las diferencias entre los “declarados incrementos en los volúmenes de producción” en relación al declino los volúmenes de las refinerías.
La solicitud consulta sobre los volúmenes de petróleo crudo y de gasoil exportado en los últimos 12 meses; y los volúmenes efectivamente entregados por las refinadoras al mercado desde enero a mayo.
Además, que se informe desde CAMMESA los volúmenes de gasoil destinados a la generación eléctrica de las generadoras térmicas, por sustitución del gas, tanto de producción local como importado; y que se informe el Plan de Acción destinado a mitigar el efecto de desabastecimiento, como resultado de la decisión de sustituir el gas por gasoil para las generadoras térmicas del AMBA.
“Dado el liderazgo de la empresa YPF en el sector de refinación y el carácter de accionista mayoritario del Estado Nacional, se solicita informe volúmenes y precios de compra de petróleo crudo, producción de gasoil y margen de refinación, discriminando la información por refinería”, agrega.
Finalmente, exigen que se indiquen las medidas a implementar desde la Secretaría de Energía en su rol de autoridad de aplicación en la materia, para controlar el mercado paralelo de combustibles, la distorsión de precios y el desabastecimiento en surtidores.
El pedido de informes fue acompañado por sus pares Julio Cobos, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Ximena García, Fabio Quetglas, Marcela Coli, Miguel Nanni, Juan Martín, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Francisco Monti, Hugo Romero, Pedro Galimberti, Gerardo Cipollini, Gabriela Lena y Jorge Rizzotti.
Este jueves, tras la reunión con ministros, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que “se va a importar más gasoil”. “Están los dólares para traer la totalidad de gasoil que haga falta para que Argentina pueda seguir adelante con su capacidad operativa”, sostuvo.
Con sendos proyectos de resolución, legisladores mendocinos reclaman al Poder Ejecutivo conocer detalles de los costos y estudios previos, entre otros puntos.
Senadores y diputados nacionales de la UCR, por la provincia de Mendoza, presentaron en ambas cámaras del Congreso un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el estado actual y contenido del acuerdo firmado con la República Popular China para la construcción de la central Atucha III.
Los proyectos llevan la firma, por un lado, de los senadores Alfredo Cornejo -jefe del interbloque Juntos por el Cambio- y Mariana Juri, y por el otro de los diputados Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Julio Cobos y Pamela Verasay.
Según explicaron en un comunicado, la solicitud se presenta “tras la información vertida en medios periodísticos de acuerdos cerrados y expedientes demorados que dejan más dudas que certezas de sus fines”.
En relación al tema, días atrás, desde el propio oficialismo, el senador kirchnerista Oscar Parrilli pidió que se cite al Senado al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, para que explique el por qué de la demora en el avance de los trámites para que China financie la construcción de esa central nuclear. En paralelo, la semana pasada senadores del Frente de Todos estuvieron en las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha en la localidad bonaerense de Lima.
Desde la oposición resaltaron que “los plazos y costos de instalación de centrales nucleares son muy elevados. Y resulta preciso evaluar correctamente la competitividad técnica, económica y ambiental frente a las otras tecnologías existentes. Es así como los costos de centrales nucleares deben ser parte de un ‘Plan Energético Nacional’ de largo plazo a ser consensuado políticamente, requiriéndose profundos estudios de factibilidad”.
En el pedido se solicita información detallada sobre el costo de financiamiento de la obra, los compromisos de aporte local, el cronograma de desembolsos y de repago previsto, además de cuál será el costo de la energía generada por la central y cómo influirá en el costo de generación de energía del sistema eléctrico nacional.
Los legisladores además exigen conocer en qué estado se encuentran los estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, económica y de financiamiento. En particular, se deberá informar cuál es el estudio que demuestre que el emplazamiento apropiado de esa central es Atucha, vinculado a la protección radiológica a su cargo y sus implicancias en el área, como así también la dependencia de una sola corriente de agua de refrigeración.
Por otra parte, se solicita conocer detalles de las negociaciones llevadas adelante con Rusia, a través de Rosatom -empresa estatal nuclear rusa-, para instalar en Argentina una central nuclear grande, o reactores medianos, o una central nuclear flotante. La propuesta sería de construcción y operación, manteniendo Rusia la propiedad de la central y vendiendo energía a precio fijo por 20 o 30 años.
El informe interroga sobre cuál será la partida presupuestaria 2022-2023 destinada a los distintos organismos involucrados para impulsar el desarrollo de la energía nuclear y otras energías alternativas en la Argentina, en el marco de un plan energético nacional de transición energética como se propone en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina sobre los objetivos del Acuerdo de París.
En sintonía con un proyecto presentado por Alfredo Cornejo en el Senado, los legisladores impulsan la iniciativa que propone equidad en los fondos destinados a este fin entre todos los distritos.
Los diputados mendocinos Jimena Latorre, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR) presentaron este jueves un proyecto de ley para el “Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”, en la misma línea de la iniciativa que recientemente presentó en el Senado el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, en compañía de su par Alejandra Vigo, de Córdoba Federal.
Al respecto, Latorre consideró que “debemos eliminar la inequidad que existe entre el AMBA y el resto del país en cuanto a la distribución actual de los subsidios al transporte de pasajeros”. “Para el interior la realidad es muy diferente y dispar, los aportes nacionales cubren en promedio el 32% de los costos, los usuarios entre el 30% y el 50 %, y el resto es solventado por la jurisdicción provincial y/o municipal”, señaló.
Asimismo, la radical explicó que “los usuarios del interior del país llegan a pagar hasta un 350% más de tarifa que en el AMBA por la misma prestación. Si se toma en cuenta las tarifas de ‘arranque’ en las provincias se encuentran en el rango que va desde los $24 a los $80. En el AMBA la tarifa inicial es de $18 y no se incrementó desde el año 2019, mientras que en el resto del país se han actualizado en más de una oportunidad, sobre todo en 2021”.
Por su parte, Verasay sostuvo que “el proyecto en cuestión es una propuesta federal para que las provincias reciban un trato justo y equitativo y hecha por tierra la visión centralista del kirchnerismo”. “Nuestra provincia sostiene el sistema de transporte, los números lo demuestran: mientras que el 67% del costo del transporte público lo sostiene Mendoza con recursos propios y el 17% lo cubren los usuarios con la tarifa, solamente el 16% es cubierto por fondos nacionales, que ni siquiera se depositan a tiempo”, resaltó.
Y agregó: “Este proyecto busca federalizar la distribución de recursos sin generar nuevos impuestos, muchas provincias van a acompañarnos”.
En tanto, Nieri subrayó que “cobramos impuesto a los combustibles en todo el país para luego subsidiar el transporte del AMBA, porque el 87% del subsidio se concentra en AMBA y sólo el 13% restante va al interior del país”.
“Este proyecto avanza en federalismo y sin mayor gasto ni más impuestos plantea una distribución justa, equitativa y objetiva. Es inadmisible que el boleto en AMBA sea de $18 y se duplique o triplique en el interior”, completó el diputado.
Para Julio Cobos: “Es fundamental este proyecto porque busca corregir asimetrías e inequidades y apunta a un mayor federalismo, esto tiene que hacerse no sólo en relación al transporte sino también, por ejemplo, a los subsidios de energía. Esperemos que avance en el Congreso de la Nación”.
El proyecto fue acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace, Julio Cobos, Lidia Ascárate, Ximena García, Gabriela Lena, Gabriela Brouwer de Koning, Gustavo Bohuid, Carlos Zapata, Susana Laciar, Marcelo Orrego, Laura Rodríguez Machado, Alberto Asseff, Carolina Castets, Marcela Campagnoli y Virginia Cornejo.
Sobre el proyecto
La finalidad del programa que se crea es lograr la distribución bajo criterios equitativos de los subsidios al transporte público de pasajeros para líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que será solventado a través de un “Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de la República Argentina”.
El Fondo, que se creará a partir de la sanción de la ley, contará con $72.500.000.000 para el año 2022, tomando en cuenta los aportes totales realizados por el Estado Nacional durante 2021 al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros ya existente, más los aportes totales realizados a las líneas de jurisdicción nacional.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Transporte de la Nación que dictará la normativa reglamentaria y complementaria necesaria, y se encargará de disponer la distribución y asignación de los recursos en base ciertas variables objetivas, tales como:
1. Unidades computables: aquellas habilitadas, vigentes y declaradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por todas las jurisdicciones provinciales del país y CABA; y unidades afectadas a los servicios de jurisdicción nacional.
2. Agentes computables: cantidad de empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación mediante el Sistema Informático de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS), con un máximo de tres agentes por unidad.
3. Kilómetros recorridos: cantidad de kilómetros promedio mensuales recorridos por las unidades computables en el semestre inmediato anterior.
En ningún caso podrá destinarse más del 30% de la totalidad de fondos existentes a una misma provincia y/o jurisdicción, establece la iniciativa.
Por otra parte, el proyecto también dispone el acceso equitativo de todas las provincias y/o jurisdicciones al esquema de Compensación de Precio diferencial del Gas Oil para las empresas de transporte público de pasajeros. Y establece el acceso equitativo al esquema de atributos sociales y/o tarifas diferenciales vigentes en el AMBA y a los sistemas de boleto integrado, para aquellas jurisdicciones que cuenten con sistemas de transporte multimodal.
De sancionarse y promulgarse, la propuesta estipula una fecha de entrada en vigencia a partir del 1ro. de julio de 2022.
Así lo enfatizó la diputada Jimena Latorre durante la primera audiencia pública para definir los incrementos en luz y gas.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) participó este martes de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para tratar los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST), aplicables a partir del 1ro. de junio de 2022, y destacó “la falta de ‘oportunidad’ en la toma de decisiones de este Gobierno que al parecer necesita un GPS”.
“Llevan más de dos años con los Entes Reguladores intervenidos ilegítimamente, sin ningún resultado ni avance, y vienen a plantear las actualizaciones de las tarifas que mantienen congeladas desde que llegaron al Gobierno en un escenario de mayor consumo estacional (a partir de junio), alza de los precios internacionales de los combustibles que se importan, y falta de divisas para afrontar esas importaciones”, señaló la radical.
Muy crítica de la política energética, la mendocina cuestionó que “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios'”, cuando “las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.
De acuerdo al informe técnico, base de la audiencia, los subsidios cubren más del 75% del costo del gas, situación que empeora en invierno cuando los usuarios pagan menos del 15% del valor total.
“Estos números dicen mucho acerca de la falta de planificación y visión estratégica de este Gobierno”, enfatizó Latorre, y afirmó que “detrás de esos cantos de sirena de tarifas congeladas para cuidar el sueldo de los trabajadores, el gobierno de Alberto Fernández tiró por la ventana el esfuerzo realizado por los usuarios residenciales durante la recomposición tarifaria de 2017-2019″. “En poco más de dos años han logrado que los subsidios energéticos alcancen el récord histórico de 2014”, continuó.
En cuanto al compromiso del Gobierno con el FMI de reducir subsidios en aproximadamente 3 mil millones de dólares, la legisladora de Juntos por el Cambio destacó que, por el contrario, los subsidios energéticos para este año tendrán un piso de 15 mil millones de dólares. En esa línea, preguntó algo que no dice el informe: “¿Cómo se va a financiar esta diferencia de 8 mil millones de dólares que surgen con claridad de la diferencia entre los costos que hoy presenta la Secretaría de Energía y la actualización tarifaria que se propone?”.
“Lo que sí dice el informe es que se necesitaría una partida presupuestaria adicional de 81.059 millones de pesos si se quiere sostener el actual esquema de subsidios al gas, esto es seguir subsidiando 70,9% del costo total de la demanda prioritaria. Si se da este escenario ganan la pulseada (Darío) Martínez, (Federico) Basualdo y el Instituto Patria”, lanzó Latorre.
Aunque analizó que “otro escenario sería posible” si “el albertismo se pone los pantalones largos y (Martín) Guzmán gana esta pulseada; el Estado Nacional cubriría sólo el 44,4% de los subsidios y no se requerirían partidas adicionales, pero el precio del gas debería subir el 91%”. “Algo poco probable cuando anunciaron los topes de los aumentos antes de conocer los costos y de saber de dónde van a sacar la plata. Así que seguramente será más maquinita y, por ende, más inflación”, lamentó.
Finalmente, la diputada sostuvo que “a los usuarios no se los protege atrasando tarifas y aumentando subsidios que se financian con inflación, estancamiento y pobreza. Pueden jactarse de haber congelado tarifas durante más de dos años, lo que no pueden explicar es para qué sirve si en esos dos años hemos acumulado más de un 215% de inflación. Creo que cualquier ciudadano preferiría pagar una tarifa razonable y poder ir al supermercado la última semana del mes”.
La diputada mendocina que está bajo tratamiento luego de que le fuera diagnosticado cáncer de mama contó cómo está sobrellevando la enfermedad.
Una de las protagonistas centrales de la jornada del jueves pasado en la Cámara de Diputados fue sin lugar a dudas la radical mendocina Jimena Latorre, quien recibió el afecto y reconocimiento de oficialistas y opositores por haber estado presente en la sesión a pesar de estar en tratamiento contra el cáncer.
En diálogo con Nacho Girón por CNN Radio, la diputada de Juntos por el Cambio contó respecto de la reacción de sus pares: “Más allá de las diferencias políticas ideológicas que podemos tener, hay temas o situaciones en lo que eso queda a un lado y el costado humano de los políticos sale a la luz. Y sentí ese apoyo, que ya venía sintiendo a medida que colegas se enteraban”.
“Hago quimioterapia cada 21 días. Los primeros días son más feos porque tenés muchos efectos secundarios y cambios, pero con el correr de los días te recuperás y podés hacer vida normal”, detalló la diputada nacional mendocina.
Consultada respecto de su decisión de asistir a la sesión, Latorre aclaró que “no hubo debate interno: desde el primer momento decidí que iba a seguir trabajando”.
En torno al tema político, Latorre resaltó la importancia del proyecto de boleta única. “Queremos cambiar muchas cosas del sistema electoral argentino; porque no puede ser que en una boleta papel, por más única que sea, vayan a ir más de 2000 listas porque eso es confuso. Pero tenemos que avanzar hacia una boleta única de papel, porque es la única forma de que el ciudadano se quede tranquilo de que no robaron boletas, que no falta la de su partido, que es claro quiénes son los candidatos…”, explicó.
Al respecto, destacó el factor del ahorro que el sistema implica: “Ahorra tiempos y facilita la transparencia del proceso electoral. No hay ningún perjuicio que pueda surgir de esta implementación”
Al respecto, añadió que “el sistema de votación tiene que ser lo más claro y transparente posible. Este sistema que usamos además perjudica a los partidos más chicos, porque no pueden fiscalizar todas las mesas. La boleta única se usa en varios países y ha funcionado”.
“La oposición tan grande que hay dentro del Frente de Todos hace que los proyectos más influyentes no puedan tratarse”, puntualizó la diputada mendocina.
Respecto a la situación de la política nacional de cara a las próximas elecciones, deslizó que “Cristina (Fernández de Kirchner) quiere instalar que la oposición está preocupada por cosas que son banales; y no es banal la transparencia electoral. Lo que pasa es que para Cristina es banal la transparencia”.
Sobre el final, se refirió a la situación imperante en el seno de la oposición, y señaló que “en este tiempo donde se ha privilegiado y puesto énfasis en conservar la unión de Juntos por el Cambio, porque estamos convencido que es el camino, todos hemos sido testigos que el radicalismo ha tomado otro rol, más protagonista que el que había en la época de Cambiemos”.
La diputada está en tratamiento contra el cáncer y así y todo se hizo presente en la sesión de Diputados. Sobre el final, el Cuerpo completo la aplaudió.
Sobre el final de la sesión de este jueves en la Cámara baja, a la hora de votar la ley de cannabis y cáñamo industrial, la diputada mendocina Jimena Latorre tuvo que precisar a viva voz el sentido de su voto. Y al darle la palabra el presidente de la Cámara aprovechó para saludarla muy especialmente: “Quiero en primer lugar desearle lo mejor en nombre de todo el cuerpo, y felicitarla por estar esta noche acá presente dando el ejemplo y sesionando”, le dijo Sergio Massa, y el recinto estalló en un cerrado aplauso espontáneo. Todos los legisladores se fueron poniendo de pie para aplaudir a la diputada que está librando una lucha contra un cáncer de mama que acaban de detectarle.
La diputada estaba con el barbijo puesto y, emocionada, se escuchó que le decía a su comprovinciana Pamela Verasay: “Me van a hacer llorar…”.
Tras ese pequeño homenaje, Latorre aclaró que votaría de manera negativa.
Dicha actitud fue destacada por el jefe del bloque Mario Negri y por la entrerriana Gabriela Lena a través de las redes. Latorre está con tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama.
En la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados para debatir debate boleta única, cáñamo industrial, VIH e incentivo a la construcción, la diputada radical Jimena Latorre (Mendoza), que está transitando un cáncer de mama y con sesiones de quimioterapia, se hizo presente en el recinto. Dicha actitud fue destacada por el jefe del bloque UCR, Mario Negri, y por la entrerriana Gabriela Lena a través de las redes sociales.
El cordobés expresó: “Nuestra querida Jimena Latorre vino con todas las fuerzas a esta sesión histórica. No quiso perdérsela por nada del mundo. ¡Jimena nos brinda un mensaje de compromiso que ennoblece a la política!.
“Por iniciar la sesión en Diputados y quiero reconocer el gran ejemplo que nos da Jimena Latorre quien vino a sesionar el día de hoy. ¡Tu fuerza y valentía es un ejemplo para todos!”, escribió en un cálido mensaje Lena.
Latorre hizo pública la notica hace unas semanas a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Allí contó que hace dos meses le detectaron la enfermedad por lo que comenzó con una lucha con las sesiones de quimioterapia. Además, se propuso a concientizar a la población sobre la importancia de realizarse los chequeos médicos a tiempo.
La radical Jimena Latorre hizo pública su enfermedad con una foto junto a su hermano, el cual decidió raparse para acompañarla en su tratamiento de quimioterapia.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) contó a través de sus redes sociales que hace dos meses le detectaron cáncer de mama y lucha contra la enfermedad. Además, se propuso a concientizar a la población sobre la importancia de realizarse los chequeos médicos a tiempo.
“Cuando me enteré de la enfermedad, al principio sentí demasiada incertidumbre, ansiedad sobre cómo se afronta. Es muy importante la compañía de los afectos, los seres queridos, la contención. Después te das cuenta que es una etapa más, un aprendizaje donde te vas reconociendo todos los días. Te volvés a conocer en distintas situaciones, hay días que estás mejor, otros días peor, aprendés a dejarte ayudar”, relató la legisladora mendocina.
En ese contexto, relató: “Me enteré porque me hice los chequeos de todos los años. Cuando ya tenía el PAP y la colposcopia, y tenía el turno para las ecografías mamarias, me palpé un bulto en la mama, por lo que decidí adelantar el turno”.
Después de una serie de estudios más profundos, se confirmó que su tumor era cancerígeno, por lo que rápidamente inició el tratamiento.
“Busqué una oncóloga, aprendí que no todos los ginecólogos son mastólogos, es una subespecialidad. Además, no todos los que hacen ecografías están preparados para ver mamas. Es importante que, aunque sean estudios de rutina, se hagan por especialistas en diagnóstico de mama”, recomendó la diputada radical.
Después de unos días de realizar su primera sesión de las seis de quimioterapia se peló al ver que su cabello había empezado a caerse. Su hermano decidió acompañarla y se rapó, imagen que Latorre compartió en redes.
“Le tenía un poco de miedo a ese momento. Es como el síntoma visible de la enfermedad. Después de diez minutos de llanto, sentí mucha emoción de verlo a mi hermano pelándome y luego pelándose a él. Siempre he invertido mucho en mi pelo, pero no me pareció tan terrible. Esta es la imagen más extrema, pero soy una mujer más con cáncer de mama”, resumió.
Sin embargo, la diputada remarcó: “Me enfoco en seguir trabajando con mi equipo para estar activa. Lamentablemente, el Congreso está inactivo. Tengo el apoyo incondicional de todo mi equipo. La idea es trabajar, me hace bien”.
La iniciativa de legisladores mendocinos busca beneficiar a las PyMEs, descomprimiendo la alta presión fiscal que sufren, reduciendo caras patronales en función de la cantidad de empleadores que tengan.
El senador nacional Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PyME. El objetivo es lograr un equilibrio en sus cuentas y que los ayude a ser más competitivos y rentables, sostuvo el autor en la presentación de la norma, junto a los legisladores radicales mendocinos.
La propuesta lleva también las firmas de Jimena Latorre, Mariana Juri, Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri, y soluciona la falta de actualización en la detracción, sobre la base imponible de las contribuciones patronales.
“La alta presión fiscal, la necesidad de descomprimirla y de trabajar en la eficiencia del gasto para dejar de asfixiar al sector privado con presión impositiva, como hace la Nación en la actualidad, nos motivó a presentar esta propuesta”, puntualizó el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.
Se toma una detracción mensual de $40.000 para los empleadores del sector privado, quienes podrán deducir hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador.
Destacan los impulsores de la norma que el mecanismo de detracción tiene un impacto pleno en empleadores que tienen menos de 25 trabajadores. A partir de entonces comienza a reducir muy gradualmente su impacto, a medida que aumenta el trabajo de los empleadores. De este modo, se minimizan los efectos adversos sobre los incentivos de las empresas, cuando se pasa a una nómina mayor de trabajadores (que podría afectar las decisiones de tomar un trabajador más en el margen).
Señaló Cornejo que “en nuestro país la diferencia entre el costo laboral para el empleador y el salario neto del empleado alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América Latina es del 24,6%”.
Este esquema fiscal impacta sobre la capacidad que tiene el sector PyME de generar empleo registrado, precisó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado.
La norma plantea a su vez su posterior actualización automática de la detracción, por Indice de Precios al Consumidor a partir de enero de 2023.
En la agricultura, las agroindustriales, las que prestan servicios turísticos y gastronómicos, entre otras, pese a tener salarios medios bajos, el costo de la mano de obra es significativo en su estructura de costos.
Por lo tanto, el proyecto adquiere relevancia en estas empresas (en el presente ejercicio y en los futuros mediante la actualización) y es de esperar que incentive a la contratación de nuevos trabajadores, y en especial de los menos calificados, en el sector PyME.
La norma impulsada por los legisladores mendocinos, para empleadores de menos de 5 trabajadores, la propuesta actúa como una reducción de las contribuciones patronales cercana al 50%.
Entre 6 y 25 trabajadores, la caída promedia el 40%; entre 26 y 40 trabajadores, la reducción es del 28%. Entre 41 y 50, llega al 19%. Y entre 50 y 100 trabajadores, la baja promedia un 12%.
El proyecto destaa que existe un universo de poco más de 6,2 millones de trabajadores asalariados privados registrados. Si se toma un mínimo no imponible de $40.000 y se aplica hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador, se obtiene como resultado un costo fiscal estimado de 0,3% del PBI.
El senador Alfredo Cornejo agregó: “Si nos asociamos políticos con empresarios, podemos dar mayor certidumbre. Estas medidas serían más fuertes si las blanqueara el Ejecutivo dentro de un plan económico”. “Lamentablemente van en otra dirección y están fracasando en el control de la inflación y reducción del déficit”, advirtió Cornejo, para recordar que “el Gobierno Nacional aumentó 19 impuestos, creó 6 nuevos y no ha podido bajar la inflación, tampoco aumentar el empleo registrado y mucho menos hacer crecer la economía por encima de lo que ya estaba en el 2019”.
Y concluyó: “Iniciativas como las que estamos presentando son pro sector privado, inversión, tomar empleo, y hacer crecer la economía de forma más sostenida”.
Eso expresó la diputada mendocina en relación al proyecto que presentó para reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) es una de las coautoras del proyecto que la semana pasada ingresó al Congreso de la Nación y que apunta a reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores para terminar con una histórica caja de la política, respecto lo cual afirmó que “oponerse es estar en contra de un sistema más seguro y barato para la ciudadanía”.
La semana pasada ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que apunta a reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores. La iniciativa fue presentada en el Senado por Alfredo Cornejo mientras que “en espejo” el proyecto también fue en la Cámara de Diputados por Latorre, quien lanzó una advertencia para aquellos que se opongan a tratarlo.
“No creo que ningún representante político pueda decir de cara a la ciudadanía que no quiere que este trámite sea más seguro y barato”, manifestó en declaraciones a MDZ Radio.
Para Latorre, el proyecto “es superador al sistema vigente y vendría a agilizar un sistema que data de 1958”. En este sentido, tomó distancia de otros proyectos de reformas parciales y aseguró que “lo que nosotros planteamos es un cambio de paradigma”.
“La sociedad y la tecnología han avanzado. Todas las lagunas jurídicas y normativas se terminan llenando con discrecionalidad a través de disposiciones técnico-registrales que el usuario no conoce ni comprende en su totalidad. Eso vuelve engorrosa la tarea de los trámites que son obligaciones”, manifestó.
Y agregó: “Evidentemente hoy no están funcionando bien y se convierten en cajas que se reparten discrecionalmente y no redundan en beneficios de celeridad y transparencia con los contribuyentes. Este proyecto viene a cambiar eso con utilización de tecnología”.
La iniciativa apunta a “crear un registro virtual donde los trámites se puedan hacer con formularios digitales”. El objetivo es facilitarles los trámites a los usuarios y disminuir el costo de los mal llamados aranceles que son tasas retributivas”, advirtió.
Por ese motivo, aseguró que si algún diputado o senador se opone a avanzar con estos cambios “será porque tiene algún interés en juego”. Sobre todo, teniendo en cuenta que históricamente los registros del automotor se han repartido entre personas vinculadas a referentes de distintos partidos políticos que se garantizan así un modelo de negocio con fines particulares.
“Creo que va a aprobarse. Es muy difícil oponerse a un proyecto que reforma íntegramente la legislación de 1958. Los anteriores eran reformas parciales que tocaban de un lado, pero no del otro y se terminaba acordando. No creo que nadie pueda oponerse a un sistema que viene a renovar, eficientizar, dar seguridad jurídica y poner las cosas por su nombre”, expresó Latorre y finalizó: “Estamos esperando que presidencia de ambas cámaras le den los giros a las comisiones para poder trabajar en adhesiones para llevarlo a recinto”.
El senador y la diputada presentaron sendos proyectos en ambas cámaras. Sostienen que “el negocio de unos pocos” debe transformarse “en un verdadero servicio público para los usuarios”.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, junto a la diputada nacional, Jimena Latorre (UCR), presentaron un proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso que propone establecer un “Nuevo Régimen de Registración de Automotores y Prendas” más eficiente, transparente y menos costoso para los usuarios.
La iniciativa la acompañó la senadora Mariana Juri, en la Cámara alta; y los diputados Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Alejandro Cacace, en la Cámara baja.
El objetivo del proyecto es reestructurar el régimen actual, que tiene más de 60 años de vigencia, a través de la modernización del sistema incluyendo tecnologías que permitan simplificar, unificar, acelerar y coordinar los trámites. Con el fin de brindar un servicio eficaz a los contribuyentes y de esa manera lograr un mayor control y transparencia sobre los procesos que forman parte de la actividad de los registros de la propiedad del automotor.
“Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema”, explicó Cornejo y añadió: “Si los encargados de Registro tienen vocación pública continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo; sino dejarán los registros”.
En tanto, Latorre expresó: “Proponemos modificar un sistema complejo y enmarañado para que sea ágil y transparente”. “En nuestro país el servicio registral es un servicio público de gestión privada; una gestión privada que ha invertido poco en modernización y eficiencia y ha recaudado muchísimo, a lo largo de décadas ha generado una serie de negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios. Debe ser política de Estado incorporar todas las herramientas que posibilita la tecnología para que la gestión esté al servicio de la ciudadanía y no al revés; terminar de una vez por todas con las ‘cajas’ que reparte la política”, se explayó la diputada mendocina.
La digitalización y virtualización completa del proceso de registración disminuirá los costos operativos y ello significará menores tasas para los usuarios. De acuerdo al texto, se creará una Plataforma Única Registral del Automotor- PURA- donde se generarán los documentos y expedientes electrónicos. La virtualización facilitará la gestión de documentos, el acceso y la perdurabilidad de la información, se reducirán los plazos en las tramitaciones y se mejorará el seguimiento público de cada expediente, argumentan.
En el país existen más de 1.500 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de un servicio territorialmente desconcentrado cuya dependencia administrativa se inscribe en la órbita del Gobierno nacional.
La propuesta es cambiar ese esquema transfiriendo a las jurisdicciones provinciales las estructuras organizativas necesarias para poner en marcha la digitalización de los registros a través de la Plataforma PURA, las que funcionarán en forma conjunta con los Registros de la Propiedad Inmueble. Esto se enmarca en un régimen de transición hacia la virtualidad completa, con la transferencia de recursos a esas jurisdicciones para hacer frente a la tarea encomendada. No debe afectarse la continuidad del servicio registral ya que también implicaría una afectación al tráfico mercantil y la seguridad jurídica, por tanto, el esquema propuesto prevé un régimen que garantice el funcionamiento actual mientras se trabaja en la transformación hacia un sistema más eficiente.
La figura de los encargados de registro tiene especial previsión en este cambio de sistema. Estos encargados perciben un porcentaje de los aranceles cobrados a los usuarios por los servicios prestados para financiar las actividades que llevan a cabo (contratación de personal, infraestructura y bienes materiales, etc.). Es un sistema atípico que ha generado una larga controversia sobre el estatus jurídico de esos encargados, sus funciones y los aranceles que reciben, señalaron los autores.
“Este proyecto viene a traer claridad y seguridad jurídica sobre un servicio del Estado que se encuentra delegado. La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse a través de funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas por un sueldo”, agregaron.
Por otra parte, del total de los aranceles que se abonan actualmente en los registros sólo el 40% es para el Estado. Esta propuesta de ley modifica el modo de recaudación para pasar del cobro de aranceles a una tasa retributiva, como es habitual en todo servicio público, y que será del 1% del valor que arroje la operación.
La recaudación entonces se dividirá en un 40% para jurisdicciones de origen, 40% para la DNRPA para la creación y financiamiento de la plataforma PURA y sueldos, y el 20% restante para la creación del Fondo para la Recuperación de los Caminos (FRC) y para infraestructura vial Federal. El FRC tendrá un consejo conformado por un representante de cada provincia con el fin de crear programas de repavimentación, bacheo, ampliación de banquinas, construcción de refugios y todas aquellas medidas destinadas a la seguridad vial de los usuarios de las rutas y caminos del país.
Los mendocinos radicales consideraron que “el contexto socio-político actual exige esta reforma sustancial del Régimen Jurídico del Automotor, que si bien ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, tiene más de seis décadas de existencia. El proyecto además se basa en el ‘Plan de Modernización del Estado’, aprobado en marzo de 2016 por el Decreto N°434, que promovía convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común. Este plan pretendió la constitución de una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios, siendo uno de los ejes la incorporación de infraestructura tecnológica y redes a fin de simplificar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos, promoviendo la completa ‘despapelización’ del Estado. Si bien el Régimen Jurídico del Automotor tomó iniciativas respecto a la aplicación de las normas referidas y la consiguiente simplificación de trámites, faltaba aún dar el salto completo hacia la virtualidad”.
“Hoy es una necesidad cambiar el funcionamiento de los registros del automotor, es fundamental que todos los avances tecnológicos sean acompañados de las consiguientes modificaciones normativas, a fin de resguardar la seguridad jurídica y facilitarle las tareas al ciudadano”, concluyeron.
En el proyecto presentado solicitan que se explique el plan para regularizar los entes intervenidos, cuál será el precio estimado del Gas Natural y del Gas Natural Licuado, las políticas de corto plazo para alentar la inversión en materia hidrocarburífera.
Los diputados nacionales de la UCR por Mendoza, Lisandro Nieri y Jimena Latorre, presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, clarifiquen y expliquen el detalle de las cláusulas referidas a la política energética dispuestas en el Memorándum firmado con el FMI.
El pedido interroga sobre cuál es el plan para regularizar los entes -ENRE y ENARGAS- intervenidos sin fundamentos claros, cuál fue el trabajo llevado adelante en la supuesta revisión tarifaria integral y cómo arribaron a concluir quienes son los usuarios que no recibirán más subsidios.
En cuanto a la propuesta de segmentación de subsidios para hogares con mayor capacidad de pago es fundamental aclarar los criterios objetivos a aplicar, de modo tal que se respeten los derechos y garantías de todos los usuarios y consumidores, y se eviten los costos de futuras judicializaciones.
“El Memorándum establece que la segmentación y quita de subsidios a la electricidad y gas podría alcanzar un ahorro del 0,06% del PIB. Dicho esto, y considerando que el cálculo realizado no incluye los incrementos de precios de la energía que se han registrado con posterioridad a dicha firma, consecuencia principalmente del conflicto generado por la invasión de Rusia a Ucrania, solicitamos información para dimensionar este impacto en las facturas”, señala Nieri.
Por otra parte, los legisladores cuestionan cuál será el precio estimado del Gas Natural y del Gas Natural Licuado (GNL) que deberá importar Argentina para la próxima temporada invernal y cómo impactará en la cuenta subsidios.
Según la diputada Latorre: “Si las audiencias públicas se realizan a fines de abril tal como anunció el Gobierno, esos aumentos entrarán en vigencia a partir del 1° de junio, por lo tanto, no se podrá trasladar a tarifas parte del mayor costo de importación de gas de este invierno. Cómo van cumplir con lo propuesto en el Memorándum de incentivar ese sector estratégico cuando no hay margen para realizar inversión alguna, y más aún ante el panorama internacional de aumentos de precios insostenibles para cubrir la demanda en el país”.
También se requiere información sobre cuáles son las políticas planeadas en el corto plazo para alentar la inversión en materia hidrocarburífera, teniendo en cuenta la oportunidad actual de exportación a nivel internacional que tiene la Argentina y que no ha podido aprovechar por falta de inversión. Y qué impactos ha sufrido el Plan Gas IV anunciado por el presidente en este contexto energético mundial y cuál es el nivel de ejecución del mismo desde su anuncio hasta la actualidad.
Se solicita, asimismo, explicar el mecanismo de implementación del proyecto de ley para “incentivar la producción y el uso de vehículos alimentados con energías renovables”. Esto resulta de particular relevancia, dada la trascendencia de la generación de políticas económico-ambientales sustentables en el largo plazo para nuestro país y en su relación con el mundo. Lamentablemente la falta de eficiencia y previsión de efectos económicos en la generación de nuevas normativas lleva al fracaso de las mismas aún antes de nacer a la vida jurídica, y es justamente eso lo que se intenta evitar.
Acompañan este pedido los diputados Pamela Verasay, Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Jorge Rizzotti, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez, Hugo Romero, Marcos Carasso, Fernando Carabajal, Manuel Ignacio Aguirre, Julio Cobos, Juan Martín Musacchio, Ricardo Buryaile, Jorge Vara, Gabriela Lena, Ximena García y Gerardo Cipolini.
La diputada mendocina cuestionó a funcionarios y alertó por la suba de subsidios. También consideró que, en esta materia, en el oficialismo hay “dos políticas disociadas”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) participó este jueves de la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar los regímenes tarifarios de transición en 2022.
En su exposición, la legisladora planteó una serie de interrogantes y algunas reflexiones “en función de los datos y declaraciones, dispersión, improvisación e incoherencias de los funcionarios de la cartera”.
En su primer planteo, Latorre hizo referencia a los subsidios para la tarifa eléctrica y cuestionó: “¿Son conscientes que si seguimos en este sendero en diciembre vamos a alcanzar los niveles de subsidios de 2015?”.
Sobre ello, puntualizó: “En 2015 los subsidios cubrían el 88% del precio de la energía para un residencial. En 2019 se bajó a un 22%. Hoy, según la programación provisoria de CAMMESA, un residencial solo paga el 19% del costo de generación, es decir el 81% es cubierto por subsidios”.
Luego, se preguntó si “¿en serio van a plantear como ‘circunstancias exógenas’ asimilables a la sequía, la inflación y el atraso cambiario?”. “Los subsidios crecen a un ritmo del 140% interanual por la decisión política de congelar el precio con una inflación anual superior al 50%”, señaló.
“Si no pueden dar precisiones sobre las principales variables macroeconómicas desde las carteras dependientes del Ministerio de Economía de la Nación, que por otra parte son las que están prometiendo y comprometiendo medidas de ajuste para una necesaria negociación con el FMI, ¿a quién se las pedimos? La economía energética está directa e íntimamente vinculada con la política económica. O en este Gobierno hay ‘dos políticas disociadas’: una que responde a las ideologías del subsecretario (Federico) Basualdo y al Instituto Patria y otra que responde al Ministro de Economía y las metas de reducción de gasto y del déficit”, lanzó la legisladora de Juntos por el Cambio.
Enfática, la opositora expresó que “el ministro del que dependen los funcionarios que abrieron esta audiencia, aunque lo desconozcan, envió un proyecto de Presupuesto al Congreso para 2022 y, por más que lo rechazamos, ha afirmado que será la pauta de gasto que seguirá para poder acordar con el FMI. Ese programa tiene un solo objetivo: la reducción de los subsidios energéticos”.
Entonces Latorre sostuvo: “¿Cuál es la pauta presupuestaria que debe cumplir el programa destinado al subsidio de la generación eléctrica? ¿Cuál es el aumento del precio estacional necesario para cumplir esa meta? ¿A cuánto ascenderían las partidas presupuestarias adicionales de no realizar aumentos?”.
“Si tomamos lo aquí expuesto, el aumento será entre el 17 y 20% en las tarifas del AMBA. Pero reconocieron que en 17 provincias del interior el aumento en 2021 fue del 23% promedio y lo corrijo, fue del 30% promedio, mientras que en el AMBA fue del 9%. ¿Ese es el federalismo de este Gobierno? Los ciudadanos del interior pagamos las tarifas nuestras, los impuestos y la inflación para subsidiar las del AMBA”, cuestionó la mendocina.
Y le consultó a la interventora del ENRE, María Soledad Manín, “¿cuándo van a realizar las revisiones tarifarias que ordena realizar la Ley de Emergencia 27.541 de diciembre 2019? ¿Cuándo comenzará la renegociación de contratos que su Gobierno volvió a romper a partir del congelamiento y que expone al Estado Argentino y a los usuarios a un enorme pasivo contingente frente a las empresas por incumplimiento de contratos? ¿No le da vergüenza la indignidad de ocupar un cargo vacío de funciones, ilegítimo y sin absolutamente ningún resultado a dos años de una tarea que le encomendaron por 180 días?”.
En referencia a la segmentación tarifaria, Latorre se quejó de que se quedó “esperando la exposición del subsecretario Basualdo que después de dos años de vagancia e inoperancia terminó encontrando la solución en un GPS, un criterio de georreferencia, obsoleto y no utilizado en ningún otro país del mundo. Que ese 10% de los usuarios del AMBA, unos 487 mil usuarios que representan el 4% de la población total, soporten aumentos tarifarios muy por encima de la inflación representa un ahorro entre 200/500 millones de dólares de las 7.200 millones de dólares que destinaron a subsidios eléctricos en 2021”.
“Esta audiencia es una puesta en escena, una falta de respeto a la ciudadanía. Los funcionarios se limitan a leer saludos vacíos de contenidos, la información publicada carece de datos que permitan un análisis serio, no hay informes del Ente que debería ser técnico y no político, y menos que menos planificación que permita ver un sendero de recuperación de las cuentas públicas y la balanza comercial energética”, finalizó la diputada.
Eso expresó la diputada radical en su participación en una Audiencia Pública en donde advirtió que “no venimos a discutir tarifas, venimos a analizar los precios del gas y la porción que el Estado tomará a su cargo y que tendrá impacto en las metas fiscales”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) participó en la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Energía dedicada a tratar qué porcentaje del precio del gas en el “Punto de ingreso al Sistema de Transporte” (PIST) pagará el Estado Nacional a través de subsidios.
En su exposición Latorre destacó: “No venimos a discutir tarifas, venimos a analizar los precios del gas en el PIST y la porción que el Estado tomará a su cargo y que sin dudas tendrá impacto en las tarifas, pero también impactará sobre el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación y los cumplimientos o incumplimientos de las metas fiscales comprometidas”.
“Se parte de una situación de anomalía legal e institucional, tan anómala también como la intervención de los Entes Reguladores”, afirmó la diputada y explicó que esta situación “se inició en el 2004 con el decreto 181 que fijó un esquema de normalización del precio del gas, hasta que se reencauzara la actividad y se llegara nuevamente a los precios que debían resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda y se facultó a la Secretaría de Energía a acordar con los productores el ajuste del precio desoyendo así la reglamentación que sostiene que la producción y comercialización del gas es una actividad desregulada”.
En ese sentido, denunció: “Hace 18 años que vivimos en esta excepcionalidad, paralegal, en la que el Estado interviene con fondos del Tesoro Nacional para controlar precios en lugar de generar las condiciones macro económicas que permitan que el control de los precios llegue de la mano de mayores y mejores inversiones”.
“Los pocos programas que este Gobierno plantea no se encaminan a lograr una competencia de precios, sino y muy por el contrario, concentran aún más la producción en algunos pocos actores favorecidos con beneficios y fomentos que se sostienen con el esfuerzo fiscal”, expresó la legisladora mendocina en su intervención.
Y agregó: “Sin dudas este no es el camino de retorno hacia una puja competitiva”, y sugirió: “Para que ello ocurra se necesita estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, dos conceptos a contramano de las decisiones de este Gobierno, y un programa económico consecuente con una planificación coherente y a largo plazo, y no medidas aisladas, descoordinadas e insostenibles como las que lamentablemente muestran”.
La diputada también destacó la falta de elementos esenciales para determinar con cuanto va a intervenir el Tesoro Nacional: “Hoy vence la prórroga, de la prórroga, de la prórroga del plazo para renegociar la 6° adenda del contrato de importación de gas de Bolivia suscripto entre IEASA y YPFB. Es prioritario tener certezas sobre esas entregas y en su caso sus sustituciones, para recién entonces poder hablar de los precios de esa oferta y luego cuál será la porción que el esfuerzo fiscal absorberá a fuerza de subsidios”.
Otro interrogante que planteó Latorre fue sobre los fondos dado que “no sabemos con certeza cómo va a estar compuesta la oferta, se plantea también con serias dificultades cualquier previsibilidad acerca del Costo Fiscal que insumirá absorber una porción de esos precios”.
“El precio actual del gas en la tarifa ponderado es de $6.16 m3; ello implica que hoy esa porción a cargo del Tesoro Nacional es del 71%. De continuar en ese sendero, se necesitan 81.000 millones de pesos adicionales a los proyectados en el presupuesto rechazado de 2022. El 2021 cerró con subsidios energéticos cercanos a los 11.000 millones de dólares. En este escenario los subsidios para 2022 se elevarían por encima de los 15.000 millones de dólares”.
En ese marco, Latorre explicó: “Para respetar lo proyectado en 2022, la actualización del precio del gas deberá ser de al menos un 91% para cubrir un 44% en lugar del 71%, el precio del gas deberá ser de $11,77 el m3. Ello implica un aumento trasladado a tarifa final de al menos un 65% y no un 20% como afirma el kirchnerismo”.
La diputada radical concluyó: “Llaman a una Audiencia pública, pero sin hacer públicos los datos sobre el desequilibrio de la balanza energética, sus implicancias, ni posibles soluciones”. “Con las estimaciones del informe se requerirán al menos 81.000 millones de pesos más que lo presupuestado para 2022. De lo contrario deberán sincerar aumentos del 65% en la tarifa de gas; o sincerarle al FMI que no cumplirán con las metas de reducción del déficit fiscal”.
“Sería de una gran honestidad intelectual de los funcionarios a cargo, que llamen a la ciudadanía a participar de la toma de decisiones con base en la verdad que arrojan los datos objetivos, en lugar de continuar con un relato que a esta altura resulta a todas luces insostenible”, cerró.
La diputada radical Jimena Latorre presentó un pedido de informes dirigido al organismo de control, de modo que se examinen “las eternas e infructuosas intervenciones de los entes reguladores”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como “hechos relevantes” los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. “Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad”, apuntó la legisladora.
La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.
“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.
En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).
Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.
También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.
El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. “La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires”, argumentó en los fundamentos Latorre.
Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.
El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.
La diputada mendocina la semana pasada le había explicado “con manzanas” a la portavoz presidencia, la situación de Edesur. Volvió a cruzarla en Twitter, pero usó “peras” y le desarrolló los motivos de los cortes de luz.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) volvió a cruzar en redes sociales a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, por los masivos cortes de luz. Previamente había utilizado “manzanas” para explicarle la situación energética de Argentina y el funcionamiento de las empresas proveedoras del servicio, pero en esta oportunidad sumó “peras” a sus motivos.
“Señora Cerruti, hoy le traigo peras, para que las pueda comparar con las manzanas del otro día. Es evidente que en su afán de defender lo indefendible, poniéndole voz a un Gobierno de payasos que no tiene plan, miente y confunde a la gente mezclando peras con manzanas”, comenzó la mendocina.
Es que la vocera de Alberto Fernández, también en su cuenta de Twitter, se refirió a un apagón que “el Día del Padre del 2019 (cuando Mauricio Macri era presidente)” y en el que “casi todo el día millones de argentinos estuvieron sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado”.
“El apagón de 6/19, se debió a un error de despacho en Yacyretá, en una situación anómala ya que una de las torres de AT estaba inoperativa por obras de mantenimiento. La invito a leer el info de Auditoria, realizado por la ULP y a chequear las multas aplicadas a Transener”, le retrucó la legisladora de Mendoza.
Y siguió: “Los cortes en el AMBA, son de la red de distribución y se deben a la desinversión y descapitalización de las distribuidoras en connivencia con su gobierno; producto de políticas de congelamiento tarifario a costa de la seguridad del servicio; a fuerza de inflación”.
“Edesur supuestamente usted no puede perder la concesión; Edenor deja 700.000 usuarios sin servicio y ‘pide disculpas’. Señora, en el interior se actualizan las tarifas porque su Gobierno sólo subsidia las del AMBA; pero también se controla, se exigen las inversiones y se aplican multas”, cuestionó Latorre y cerró: “Los argentinos necesitan que su Gobierno tengan menos VOZ y más Plan y Acción. De contrario seguiremos teniendo mucho relato y poca gestión, de eso usted sí sabe; de economía energética no”.
Previamente, la legisladora radical le había contestado a la portavoz presidencial por la misma situación: “Señora, de ‘portavoZA’ a BOCONA hay un límite que usted no conoce y pasa de papelón en papelón. Vamos con manzanas”, y continuó: “2012/2015 Congelamiento tarifario/ Convergencia tarifaria (0 Inversiones), 2020/2021 = Receta (0 Inversiones)”.
En ese sentido, comparó: “Gobiernos K = 16 de los últimos 18 años; Gobierno JxC = 4 de los 18 años. ¿La infraestructura energética se deterioró en 4? ¡NO! En esos 4 años se reanudo paulatinamente el ritmo de inversiones en función de las actualizaciones tarifarias”. “Pero… hace dos años que tienen los entes intervenidos y no hay un sólo informe en el que pueda fundar lo que dice. Sólo han acrecentado la planta de personal y redactados manifiestos de casa de brujas sin ningún fundamento técnico. (porque a los técnicos los echaron)”, fustigó la diputada nacional.
Además, las legisladoras presentaron un proyecto para relevar y regular la infraestructura crítica del sector energético.
Tras el importante derrame de petróleo que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la provincia de Río Negro, la diputada Jimena Latorre (UCR), junto a sus pares Ximena García y Pamela Verasay, realizaron un pedido de informe para que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente brinden información sobre lo sucedido. Asimismo, presentaron en la Cámara baja un proyecto de ley para identificar infraestructuras críticas de la energía e incluirlas en un plan nacional con el objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.
El pedido de informe consta de dos partes, por un lado se busca dilucidar las causas y consecuencias del derrame ocasionado por una falla en el sistema de oleoductos de la compañía Oldelval en Río Negro, que se propagó por unos 20.000 metros cuadrados de zona afectada, siendo el más grave en la provincia al menos en los últimos 10 años. Por otro lado, se pretende conocer el funcionamiento e inversiones de la empresa responsable del derrame dado que se investigan dos posibles factores: la antigüedad de la infraestructura y la cantidad de crudo que circula.
“Creemos necesario se informe sobre el funcionamiento del sistema concesionado a Oldelval ya que el mismo se encuentra en el centro de las críticas. El salto en la producción de Vaca Muerta puso al límite su capacidad de transporte y desde algunas empresas aseguraron que hubo días en que no pudieron inyectar todo el petróleo que esperaban”, expresó Latorre.
También, la mendocina señaló que “no es menor que el accionista mayoritario de la empresa sea YPF, empresa en la que a su vez el socio mayoritario es el Estado argentino. Una situación que viene a sumarse a la crítica situación operativa y financiera de la principal empresa productora y refinadora del sector”.
“Es evidente que hay una confusión de roles en un escenario donde la autoridad de aplicación energética y ambiental no cumplen los relevamientos y controles; y la empresa que debería mantenerse fuera del diseño de las políticas energéticas toma las decisiones que le competen a la administración”, agregó.
El proyecto de ley denominado “Plan Nacional de Infraestructuras Críticas de la Energía”, también presentado por las legisladoras, va en sintonía con el pedido de informes y busca precisamente evitar que estos incidentes tengan lugar y que los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar puedan mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia.
Quedan comprendidas dentro de las infraestructuras críticas del sector energético, las correspondientes a los subsectores de electricidad (infraestructuras e instalaciones de generación, transporte y distribución del suministro eléctrico), del petróleo (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y distribución por oleoductos) y gas (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y transporte por gasoductos).
A los fines de su ejecución, la ley crea una Comisión Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas en Energía, y define los criterios básicos para que cada provincia junto a la comisión trabajen en la identificación de las mismas y se incorporen al Plan Nacional.
La diputada se refirió al proyecto de ley de “Buena Muerte” que el Congreso podría debatir. La iniciativa busca permitir el acceso a la eutanasia a enfermos terminales.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) es una de las impulsoras del proyecto junto a sus pares Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace, el cual propone que los padecientes puedan optar por una “buena muerte”. Sobre el mismo, la legisladora mendocina manifestó que “seguir contra la voluntad del paciente en vez de ayudarlo y asistirlo en su derecho a morir, es un ensañamiento de la medicina como de la sociedad”.
En declaraciones por RN Radio, Latorre sostuvo que “es el debate que se une que se esta dando en todo el mundo y es una demanda social. Más de 7 países han legalizado y regulado la eutanasia como Canadá, España, Países Bajos. En nuestro país es un debate que quedo incompleto con la Ley de Muerte Digna que está vigente. La eutanasia implica la asistencia para morir”.
“Lo que esta permitido en el país es que el paciente rechace el tratamiento, por eso se llama eutanasia pasiva, en determinados casos con enfermedades incurables o un padecimiento irreversible o que causa sufrimiento que no son compatibles con la dignidad humana”, agregó.
A su vez, aclaró que “la medicina alternativa no ha dado resultados positivos y la paliativa tampoco. Tenemos que aceptar que hay casos donde la medicina no ha da resultados ni soluciones y seguir contra la voluntad del paciente en vez de ayudarlo y asistirlo en su derecho a morir, es un ensañamiento de la medicina como de la sociedad, que pretende mantenerlo con vida a pesar de su voluntad, en vez de transitar su última parte de su vida con dignidad”.
“Creo que se va a repetir un debate transversal a los partidos. Es una ampliación y reconocimiento de los derechos. El Estado tiene que legislar para todos los argentinos”, opinó la referente radical.
En suma, precisó que “se busca el reconocimiento del derecho y por ende la remuneración para fijar cómo hacer este derecho, cómo van a ser los procedimientos, los derechos y obligaciones del paciente y profesionales de la salud, que se establezca un procedimiento de información veraz hacia el paciente para que decida libremente de cualquier opinión”.
“En la medicina hay quienes están a favor y quienes son detractores. Estamos hablando del derecho del paciente sin perjuicio de lo cual tiene que intervenir un profesional médico se resguarda los derechos de los médicos que no quieran realizar esa práctica a través de la figura de objeción de consciencia y puede derivarlo a otro profesional. Garantizamos el derecho del paciente y de los profesionales”, explayó la diputada radical.
“Espero que en los próximos meses estemos tratándolo y que tanto oficialismo y oposición presenten su proyecto para tener un debate enriquecedor”, concluyó.
La iniciativa ha sido presentada por los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, quienes proponen que los padecientes puedan optar por una “buena muerte”.
Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre encabezaron este viernes una conferencia de prensa en su provincia, Mendoza, para dar detalles sobre un proyecto de ley de eutanasia que presentarán en el Congreso de la Nación, y que calificaron como “superador” de la Ley de Muerte Digna que rige y a la que consideran como “sumamente incompleta”.
Así lo expresó al inicio de la reunión el diputado Cornejo -recientemente electo senador nacional- que expresó que la ley vigente “queda sumamente incompleta y en muchos aspectos transforma a la muerte digna en bastante indigna. Entonces creemos que este proyecto es superador”.
“Consiste en regular el derecho de toda persona de solicitar la ayuda necesaria para morir. Cuando se encuentre sufriendo enfermedades graves e incurables, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, expresó el exgobernador mendocino.
Explicó que el proyecto “tiene requisitos muy específicos, no cualquiera lo puede solicitar: debe cumplir requisitos estrictos”, y detalló que esta legislación ya la tienen en vigencia países como Bélgica y España, muchos estados de Estados Unidos y “en todos los lugares donde se ha aplicado se ha actuado con estricto profesionalismo”.
En la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Comité de la UCR en Mendoza, participaron los senadores Pamela Verasay y Julio Cobos, la diputada nacional electa Mariana Juri. También estuvo presente el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, jurista y ex miembro del Consejo de la Magistratura, quien padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y viene reclamando una ley que le otorgue libertad para elegir cuando poner fin a su vida.
El proyecto crea una comisión en cada una de las 24 provincias, que serán las encargadas de dar o no la aprobación en cada caso, explicó Cornejo, que a continuación aclaró que “la iniciativa política es nuestra, pero la iniciativa jurídica y también política es de un dirigente, militante de la UCR, de dilatada trayectoria en la actividad pública y privada, con antecedentes impecables en su paso por la función pública, como es Daniel Ostropolsky”. Señaló el legislador mendocino que “él es dueño de esta iniciativa, si se le puede poner este nombre, y creemos que él es el vocero de este proyecto”.
Por eso habló Ostropolsky a continuación, quien con voz pausada aclaró de entrada que ama la vida y “como tal me siento muy conmovido de que sea en este lugar desde el cual surja un proyecto para que amar la vida sea consagrado en profundidad”.
Felicitó a los diputados que suscriben la iniciativa, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace (UCR – San Luis), por instalar el debate. Y tras agradecerle a Cornejo sus palabras aclaró que no se sentía dueño de esa ley ni de la idea. “De lo único que soy dueño es de la enfermedad”, apuntó.
Ostropolsky se remontó a 1983 al recordar la propaganda electoral de Raúl Alfonsín, que hacía referencia a “una entrada a la vida después de una época oprobiosa” como había sido el Proceso Militar. “Este proyecto es una entrada a la vida que le queda a la gente que padece las enfermedades incapacitantes y progresivas e incurables, porque el tiempo remanente, sabiendo que se respeta su libertad de elegir cómo quiere terminar su vida, es sin lugar a dudas un homenaje a la vida”, señaló el jurista que padece ELA, y agregó su pedido a los legisladores para que se hagan cargo del proyecto y se pueda debatir.
“No me cabe duda que el sufrimiento que causa el hecho de no tener esta posibilidad de elegir un derecho personalísimo como es la libertad en este extremo, atenta también contra un valor fundante que es la dignidad -continuó-. Detrás de la dignidad humana vienen todos los valores. Entonces privar de la dignidad a una persona que se sabe que no puede sobrevivir mucho tiempo, que no puede hacer las cosas por sí mismo, es retacearle la dignidad y con ello quitarle un sentido axiológico a la vida. Y queda como un vegetal sufriente hasta que se consuma por la enfermedad”.
Ostropolsky se manifestó “muy respetuoso de las creencias en que se sustentan muchos de los que no aceptan esta salida. Y eso también es ejercer el derecho personalísimo de la libertad: el que no quiere,no es obligado”. Aclaró también que los médicos no serán obligados a practicar lo que consideró “un acto del más alto honor médico”.
Luego dijo estar “muy contento” porque se esté dando este paso y agradeció la presencia de su familia y amigos en ese acto, acompañándolo “precisamente como una ratificación del apoyo a la decisión que una persona en su sano juicio determina cuál debe ser la conducta a seguir”.
En otro pasaje dijo esperar que el momento de tomar la decisión sea “lo más tarde posible”, y mientras tanto “voy a seguir con mucho interés el camino que va a tener este proyecto y saber quiénes están a favor y quiénes no. Creo que este es un proyecto que trasciende toda consideración política partidaria; es uno de los grandes temas que hacen a las políticas de Estado y debe ser asumido con esa misma generosidad conceptual”.
A la hora de las preguntas, Jimena Latorre aclaró que no existe en el proyecto un listado de enfermedades según el cual se pueda aplicar la eutanasia. El proyecto establece los requisitos básicos que serán considerados por una comisión de asistencia y análisis médico, a la que “el padeciente le deberá plantear su decisión y voluntad de recurrir a su asistencia para una buena muerte”. El requisito fundamental es que se trate de un padecimiento grave, irreversible, incurable y que implique un sufrimiento de tal magnitud y tal dolor y gravedad que sea incompatible con la dignidad humana”, explicó la diputada radical, que agregó: “La apreciación la va a hacer un cuerpo interdisciplinario que va a funcionar encada una de las provincias donde van a pertenecer no tan solo médicos, sino también psicólogos y juristas, que van a analizar la procedencia del cumplimiento de estos requisitos”.
En caso de que el pedido sea negado, el padeciente podrá recurrir para que sea analizado por la comisión en pleno.
Asimismo precisó Latorre que como toda ley, la misma estará sometida a la reglamentación del Ministerio de Salud, que establecerá los protocolos correspondientes.
Y concluyó: “La dignidad es un concepto subjetivo y no hay nadie mejor para decir qué es digno o indigno que el titular del derecho”.
¿Qué pasa si el padeciente no puede expresar ese deseo? Está contemplado que la familia pueda decidir, pero no en función de su voluntad, sino de cuál hubiese sido la decisión del padeciente, aclaró Latorre. “Es decir, lo que hace ese representante es ser vocero de esa voz del padeciente que no puede manifestar previamente”, precisó la diputada, que añadió que también se puede dejar ese pedido establecido a través de un documento en el que anticipadamente se establezca tal decisión.
En el caso de los menores de edad, Alfredo Cornejo precisó que las personas pueden dar su consentimiento hasta los 16 años. En caso de que sean menores de esa edad, el mismo deberá ser dado por padres o tutores.
Proyecto-de-Ley-EUTANASIA-VFEso expresó la diputada Jimena Latorre respecto a la inversión de la empresa extranjera para el desarrollo en iniciativas de hidrógeno verde y cuestionó que “vamos utilizar recursos renovables argentinos para exportación y no para generar valor local”.
Luego de que se anunció que llegará una inversión de una empresa australiana para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, la oposición salió a cuestionar dicha medida. Una de ellas es la diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) quien lo relacionó con una “movida electoral” porque “en plena campaña cualquier proyecto incipiente, sin certeza, sin estudios ni mayores posibilidades de concreción lo venden como si fuese un hecho consumado en el país”.
En declaraciones por la AM 1030, Latorre manifestó: “En realidad más que critica creo que hay ciertos cuestionamientos y planteos que tenemos que hacernos a la hora de plantear la viabilidad de un proyecto de esta envergadura. Estamos hablando de un proyecto 100 porciento exportador, vamos utilizar recursos renovables argentinos para exportación y no para generar valor local”.
“Es algo similar como pasa cuando exportamos litio, pero tenemos que importar baterías. El proceso de hidrógeno verde utiliza electricidad generada a partir de energía renovable y agua”, explicó y remarcó que “en este país lamentablemente hace dos años tenemos discontinuados proyectos de generación de energía renovable”, por lo que aclaró que “los planteos que hago, que no son criticas porque no tenemos la letra fina ni la información completa, lo que hacemos son cuestionamientos”.
En ese sentido, se preguntó: “¿Con qué energía renovable se va a hacer?, si nosotros no tenemos potencia para ofrecer al proyecto de esa envergadura, ni siquiera para tener nuestra red energética, no generamos la energía que consumimos ni renovable ni a partir de fósiles”.
“Un proyecto de este tipo requiere mucha energía y si la van a generar solo para este proyecto no va a beneficiar en nada al sistema de interconectado nacional y además el producto, que es el hidrógeno verde, no va a beneficiar al consumo de energética nacional, ni al recambio de matriz energética porque por 10 años no habrá venta local porque va a ser solo exportable”, cuestionó la legisladora radical.
En ese contexto, consideró que “como estamos en plena campaña electoral cualquier proyecto incipiente, sin certeza, sin estudios ni mayores posibilidades de concreción lo venden como si fuese un hecho consumado en el país”.
“Ojalá vengan muchas más inversiones, pero creo que en unas elecciones legislativas debemos ofrecerles a los ciudadanos la posibilidad de generar consensos y discusiones para que vengan más inversiones”, señaló la diputada que integra la coalición de JxC y recordó que “desde el radicalismo hemos presentado proyectos para regulación y promoción de hidrogeno para que hayas reglas claras”.
Por último, sostuvo: “Es el combustible del futuro, creo que debemos orientarnos al recambio de matriz energética, pero me parece que están electoralmente vendiendo mal”, y criticó: “Lo anuncian en una provincia sumamente conflictuado con una gobernadora haciéndole un reclamo al presidente porque la dejo sola cuando pidió la seguridad y respecto eso ya no se dice nada, ni hay cuestionamientos de los grupos pseudo mapuches”, y finalizó: “Tienen que explicar muchas cosas para que creamos que es un proyecto concretarle y no una propuesta electoralista”.
Varios legisladores de Juntos por el Cambio propusieron tratar una serie de apartamientos de reglamento para reclamar explicaciones o el accionar de funcionarios frente a los sucesos que se viven en el sur.
Previsiblemente el conflicto que se vive en la Patagonia con representantes mapuches impactó en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados. Fue a la hora del apartamiento de los reglamentos, que previsiblemente no prosperaron para su abordaje posterior en el recinto.
El primer diputado en tratar de abordar el tema fue el diputado radical Gustavo Menna, quien pidió tratar la situación que se vive en la zona cordillerana patagónica, Río Negro, Chubut y Neuquén, “por la actuación de grupos violentos que están intimidando a la población, atacando y usurpando propiedad pública, propiedad privada, Parques nacionales”, con hechos violentos como ataques incendiarios y amenazas a la autoridad pública.
“Y vemos la pasividad, la indiferencia, de las autoridades nacionales, que ha llegado al extremo del embajador argentino en Chile que ha comparecido ante la justicia chilena para abogar por la liberación de un condenado vinculado a este grupo, Facundo Jones Huala”, como así también lo que calificó como “la insólita e inaceptable la respuesta al pedido que hizo con mucha valentía la gobernadora de Río Negro Arabela Carrera, pidiendo el envío de fuerzas federales”.
Pero Menna fue más lejos al cuestionar la respuesta que el presidente Alberto Fernández le dio a la gobernadora, al afirmar que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales, ni brindar mayor seguridad a la región… Parece una broma de mal gusto que el Gobierno nacional decline su obligación, su deber de brindar ayuda en la zona”. Menna cuestionó la “desprotección, abandono, y cuando no complicidad, porque además han participado funcionarios nacionales dando apoyo a estos grupos”.
Además, el legislador radical sostuvo que la Ley de Seguridad Interior obliga a la intervención de las fuerzas federales en estos casos”. Y agregó: “Para casos como este la ley contempla en su artículo 13 que debe ser convocado el Comité de crisis, por eso estamos exhortando a que el ministro de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad, convoque al comité de crisis y cumplan con la ley. Dejen de mirar para un costado, abandonando a la Patagonia, cumplan con la ley, defiendan a los productores, a los vecinos de la Patagonia, a nuestro país. Y cumplan con lo que manda la ley”.
En el mismo sentido se expresó a continuación el radical mendocino Luis Petri, quien alertó sobre el carácter “dramático” de la situación en la Patagonia argentina, aunque a continuación aclaró que no lo es menos que la que se vive en el Conurbano bonaerense o en Rosario, respecto de la violencia que se vive allí. Advirtió entonces que “la negativa a desplazar fuerzas federales no es nueva, ya la sufrió el gobernador (Omar) Perotti cuando asediado por el narcotráfico y el incremento de los homicidios, reclamó a la exministra Sabina Frederic el envío de fuerzas federales, y hoy lo vuelve a vivir la gobernadora de Río Negro ante los actos de terrorismo de comunidades seudomapuches”.
“Aquí tenemos que ser claros: no solamente en la Patagonia se viven actos de terrorismo que están condenados en nuestro Código Penal”, agregó, remarcando que “la Ley de Seguridad Interior es clara y el Gobierno nacional y el presidente pareciera que la desconoce, porque establece que cuando existe un peligro colectivo y ante el pedido expreso de un gobernador, las fuerzas federales se tienen que hacer presentes”.
Así las cosas, Petri consideró “imprescindible” que se constituya el comité de crisis y que el Gobierno nacional “declare la emergencia en seguridad”.
A continuación, su comprovinciana Jimena Latorre pidió tratar un pedido de informe suyo y de su correligionario Alfredo Cornejo para que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, informe acerca de las causas e instrucciones a los funcionarios de Parques Nacionales para intervenir en la causa de la usurpación de tierras en Lago Mascardi.
Latorre consideró de “gravedad institucional” la actitud de Zannini, como así también las instrucciones dadas a otros funcionarios públicos “para que también omitan las obligaciones que les caben”.
Sobre el tema también se pronunció el diputado del Pro Jorge Enríquez, quien pidió un apartamiento del reglamento para que concurra al recinto el canciller Santiago Cafiero “para dar explicaciones acerca de la intervención malhadada que tuvo el embajador en Chile, Rafael Bielsa”, en defensa de Facundo Jones Huala. El legislador recordó que el embajador bien podía haber enviado a otra persona en su lugar, pero lo hizo personalmente como “un claro ejemplo de manifestar el apoyo de la República Argentina hacia quienes están asolando la zona de la cordillera, Río Negro y Chubut”.
“Es muy grave la situación que está sucediendo, son realmente severos los hechos y requieren que el ministro concurra a este recinto, porque ya estamos cansados de recurrir a la vía judicial”, agregó.
Como tantas veces se hizo referencia a la situación rionegrina sin que él interviniera, en un momento dado se le dio la palabra a Luis Di Giácomo, representante de Juntos Somos Río Negro, el partido gobernante en esa provincia. Y el legislador la emprendió contra el oficialismo y la principal oposición.
A ambos sectores les atribuyó estar “utilizando electoral y vergonzosamente este tema que nos aflige” y por eso justificó su decisión de mantenerse al margen de esa discusión. “Llamamos a las partes y esperemos que después del 15 (de noviembre) se pueda empezar a discutir con seriedad este tema”.
Cuando concluyeron los apartamientos de reglamento, y si bien se había establecido por votación dejar las cuestiones de privilegio para el final, la radical rionegrina Lorena Matzen intervino para pedir una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por lo que consideró un “agravio” al contestarle de la manera que lo hizo a la gobernadora de su provincia. “Está incumpliendo con la Ley de Seguridad Interior y la verdad que está incumpliendo con sus deberes de funcionario público”, agregó.
Matzen recordó que ya varias veces ella había alertado sobre lo que estaba sucediendo en Río Negro, Chubut y Neuquén no había sido escuchada. Y aclaró que no estaba de acuerdo con su comprovinciano Di Giacomo en cuanto a esperar a que pasaran las elecciones para analizar el tema, pues “está en vilo la seguridad e integridad de los rionegrinos y sus propiedades”.
Advirtió que “gendarmes no es lo único que necesitamos”, y reclamó “un gobierno condenatorio contra las seudocomunidades mapuches que se arrogan derechos supuestamente ancestrales”.
Y tras remarcar que “los vecinos de mi provincia y la Patagonia están en riesgo, en peligro, y creo que este Congreso debe tomar cartas en el asunto”, reclamó al presidente tomar cartas en el asunto y pedirle la renuncia a su ministro de Seguridad, a la titular del INAI.
Legisladores radicales hicieron una presentación para que la secretaría que encabeza Darío Martínez detalle cuánto es lo que se importará y a qué precio.
Ante la crítica situación energética del país y la disminución en la producción de gas natural, la diputada Jimena Latorre, junto a los diputados Alfredo Cornejo y Gustavo Menna, solicitaron este miércoles a la Secretaría de Energía, de la cual depende la empresa estatal IEASA (Integración Energética Argentina S.A), brinde datos certeros sobre la Balanza comercial Energética, el aumento de las importaciones de gas y el declino en la producción de nuestro principal proveedor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Para la diputada Latorre, “esta crisis pone en riesgo la satisfacción de la demanda interna e impide cualquier proyección vinculada a la producción y reactivación económica argentina, en escenarios en los que no existe previsibilidad respecto al abastecimiento de la principal fuente energética de la que depende la demanda residencial, el transporte, la generación eléctrica y la industria de nuestro país”.
El informe destaca la ausencia de datos oficiales en relación a las contrataciones de importación de gas natural y sus previsiones futuras con nuestro principal proveedor YPFB. Tampoco se conocieron las condiciones del precio negociado hasta la finalización del contrato en 2026. Hoy el gas natural importado de Bolivia tiene un precio de 6.09 USD/MMBTU. Este precio es 75% más alto que el precio del gas local, advierte la presentación.
Además señala que el crecimiento de la producción de no convencional no es suficiente para revertir el déficit energético. “Las inversiones que permitan un crecimiento acelerado y constante en la producción de no convencional se ven cada vez más lejanas en un escenario macroeconómico marcado por la descontrolada inflación, el atraso cambiario, las restricciones al mercado único de libre cambio y la inseguridad jurídica, entre otros factores. Muestra de ello es el derrotero de críticas que despierta el proyecto ingresado recientemente en el Senado de ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas, que no gana adeptos ni defensores dentro ni fuera del oficialismo, en el sector público, ni en el privado y mucho menos promete las certezas que requieren aquellas inversiones que permitan sustituir las importaciones, a las que me refiero”, señala la diputada Latorre.
Para la legisladora mendocina, “la falta de planificación económica y energética de este Gobierno se ve reflejada en las sucesivas medidas contradictorias y descoordinadas de los organismos con competencia en la materia y en la administración y gestión de las empresas del Sector Público Energético, que lejos de ser formadoras de precios terminan por distorsionarlos”. La balanza comercial energética de agosto de 2021 arrojó un déficit de 204 millones de USD. El acumulado de 2021 suma 887 millones de USD; las exportaciones crecen 25.6% pero las importaciones crecen también un 94.4%. Todo ello en el marco de una propuesta económica de ajuste del gasto y reducción del déficit, con un fuerte recorte en la cuenta de subsidios energéticos plasmada por el Ministro de Economía de la Nación y ratificada por el presidente de la Nación en el envío al Congreso del Presupuesto para 2022, lo que para los diputados resulta de “dudoso o de imposible cumplimiento”.
Una resolución de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social les impidió ser incluidos en la causa por doble pensión de Cristina Kirchner.
La Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social resolvió a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, rechazando que diputados de la oposición fueran incluidos como “terceros voluntarios” en la causa por la doble pensión de la vicepresidenta.
Aquella presentación fue realizada por Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Alejandro Cacace, Luis Petri, María Dolores Martínez, Graciela Ocaña y Alberto Asseff, patrocinados por el abogado Federico Despoulis Netri, en la sala 3 de la Justicia Federal de la Seguridad Social.
La Cámara decidió rechazar el pedido de intervención de los diputados de la oposición alegando que “no les asiste razón a los recurrentes, no se advierte en la causa la existencia de un interés jurídico que justifique la pretendida intervención, sin que sea suficiente, la alegación de su carácter de legisladores nacionales en representación del pueblo o los jubilados”.
Los citados legisladores emitieron un comunicado en el que cuestionaron la medida argumentando lo siguiente: “Pareciera que para la Cámara y la ANSeS no es razón ni interés suficiente que la jubilación mínima en nuestro país es de $25.922, y la vicepresidenta perciba $2.000.000 por mes, más un retroactivo de $100.000.000”.
“Tampoco es ‘suficiente’ demostración del desinterés por defender los intereses de los jubilados de la titular del ANSeS el hecho de que existen 90.000 juicios pendientes de pago y miles sin sentencia. En nuestro país los jubilados se mueren esperando lo que les pertenece. Mientras que la ANSeS y la injusticia le garantiza a Cristina su platita”, concluyeron los diputados de Juntos por el Cambio.
Es por el retiro por parte de la Procuración de la querella de Parques nacionales por la ocupación de tierras en el sur.
Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre advirtieron que luego de tres meses de haber solicitado al procurador nacional del Tesoro, Carlos Zannini, explique el retiro de la querella de la Administración de Parques Nacionales en la causa por la usurpación de tierras en Villa Marcardi, no se han brindado respuestas y los incidentes y hechos de violencia siguen sucediendo como los protagonizados recientemente por un grupo de encapuchados en la ruta 40.
Los diputados insisten en que la Procuración debe explicar los fundamentos en los que se basó para justificar la evasión de responsabilidades propias de la Administración de Parques Nacionales en la fiscalización de tierras de propiedad del Estado Nacional para evitar la usurpación de las mismas.
Alfredo Cornejo señaló: “El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión”.
Para la diputada Latorre, “Zannini abandonó la defensa del Estado Nacional al ordenar que Parques Nacionales deje de ser parte del juicio por la usurpación de tierras. Hace ya tres meses que pedimos explicaciones sin ninguna respuesta. Solo sabemos con certeza que este gobierno no respeta el derecho de propiedad ni defiende el patrimonio de los argentinos como en el caso de las tierras en Parques Nacionales”.
Según los diputados, el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable.
La Procuración del Tesoro representa o patrocina al Estado Nacional en juicios de relevante significación económica o institucional, cuando el Presidente de la Nación así lo determina, o por decisión del Procurador, en uso de una facultad delegada.
Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.
Al respecto, el artículo 4º de la Ley N° 17.516 prevé que el Estado podrá asumir la función de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público y, particularmente, cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales.
Por todo lo expuesto, los diputados solicitan nuevamente a la Procuración Nacional del Tesoro que informe acerca de las acciones llevadas adelante relativas a la causa judicial señalada.
Diputados radicales reclaman que el Gobierno informe sobre el tema y la estrategia geopolítica.
La diputada nacional Dolores Martínez, acompañada por Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, entre otros, presentó un proyecto por el que pide que el Gobierno informe sobre una partida de dinero asignada en el Presupuesto enviado al Congreso, para la compra de aeronaves JF-17 Thunder Bloque III, de origen chino.
La información requerida es el resultado de estudios y análisis de proyectos, evaluaciones técnico-económicas y financieras y propuestas alcanzadas en negociaciones entabladas con los cinco oferentes de sistemas de armas y aeronaves para el control y monitoreo del espacio aéreo argentino.
“Es muy llamativo la incorporación en el proyecto del Presupuesto de productos con ‘nombre y apellido’ cuando el proceso de adquisición no se encuentra concluido, no puede dejar de interpretarse que estas negociaciones forman parte de una relación cada vez más fluida con el alineamiento sino-ruso”, señala la presentación.
Agrega el pedido de informe que “esto se ha expresado en acuerdos para el desarrollo de energía Nucleoeléctrica Argentina con la Agencia Nacional de Energía y la Corporación Nuclear china y el tratado de cooperación con esta misma nación para la construcción de una base espacial en Neuquén. A esto se puede sumar el rechazo argentino en la ONU a la iniciativa canadiense que pretendía investigar las denuncias sobre campos de concentración para la ‘reeducación’ de minorías Uigures y turcas en Xinjiang, lo cual desvía a la Argentina de su histórica tradición y rol decisivo en la defensa de los derechos humanos”.
La nota presentada recuerda que Argentina siempre se identificó con el bloque de naciones democráticas y liberales, lo que se tradujo en su designación de Argentina como Gran Aliado extra-OTAN (1997) en reconocimiento del liderazgo argentino en el “mantenimiento de la paz y seguridad internacional”. A partir de la aceptación y adquisición de dicho status, que fue el resultado de una política exterior sostenida y coherente desde principios del Siglo XX, Argentina daba señales de priorizar los vínculos comerciales, financieros, defensivos e ideológicos con naciones como Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Australia, Japón, Canadá y el resto de los países que conforman dicho tratado, sea como miembros plenos o como invitados adherentes.
“Pudimos ver que el gobierno ha afianzado su vinculación con Rusia, expresado en la adquisición de las vacunas Sputnik-V y en la transferencia tecnológica para la manufactura nacional de dicha vacuna. Pero en este acuerdo, que podría quedar acotado a una estrategia sanitaria de inmunización masiva y de despliegue de capacidades locales de manufactura biotecnológica, se destacan las declaraciones de Cecilia Nicolini”, puntualiza el mensaje.
“Transparentar el devenir de las relaciones con Rusia y los nuevos acuerdos de adquisición de material bélico chino motivan este proyecto, que pretende dilucidar la orientación de las relaciones exteriores de nuestro país y clarificar nuestro posicionamiento en el entramado internacional y sistemas de alianzas”, concluyeron los legisladores.
Acompañan esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Gonzalo Del Cerro, Claudia Najul, Fabio Quetglas, Gerardo Cipolini, Ximena García, Lorena Matzen, Alejandro Cacace, Gustavo Menna, Ricardo Buryaile y Gabriela Lena.
Diputados radicales pidieron informes sobre la instalación en territorio argentino de centrales provistas por ambas potencias.
La diputada nacional Jimena Latorre, junto a los diputados Alfredo Cornejo y Dolores Martínez, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique en qué estado se encuentran los proyectos y las negociaciones que se están llevando a cabo con China y Rusia para impulsar el desarrollo de la energía nuclear en Argentina a través de la instalación de nuevas centrales nucleares.
El pedido lo realizó de acuerdo con los objetivos de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) expresados en el proyecto de Presupuesto 2022, enviado recientemente al Congreso, donde se hace referencia al análisis de la competitividad de la inserción en el mercado eléctrico de nuevas centrales nucleares.
Por tal motivo, solicitó conocer el Plan de Acción para la construcción de la Central Nuclear Hualong de origen chino y que se informe sobre las negociaciones entre la Secretaría de Energía argentina con la Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación Nuclear Nacional de ese país. También se requiere la realización de estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, económica y de financiamiento. En particular se deberá informar cuál es el estudio que demuestre que el emplazamiento apropiado de esa central es Atucha, vinculado a la protección radiológica a su cargo y sus implicancias en el área, como así también la dependencia de una sola corriente de agua de refrigeración.
“De acuerdo a trascendidos y declaraciones de funcionarios nacionales en los medios de comunicación, nos enteramos que existen tratativas con China para la instalación en nuestro país de una nueva Central Nuclear cuyo costo estaría estimado en 8.000 MM U$S. Los dichos coinciden con los objetivos expresados por la Secretaría de Energía en el Presupuesto 2022, pero no encuentra reflejo de asignaciones presupuestarias, ni indicación de financiamiento ni compromisos asumidos para su concreción. Esa información debería estar incluida en el marco de un Plan Económico y Energético, en cumplimiento de la Ley 24.354, para su análisis y aprobación por el Congreso”, explica la diputada Latorre.
El pedido además exige información sobre las negociaciones con Rusia, realizadas a través de la empresa estatal nuclear rusa Rosatom, para instalar en Argentina una central nuclear grande, o reactores medianos, o una central nuclear flotante. La propuesta sería de construcción y operación, manteniendo Rusia la propiedad de la central y vendiendo energía a precio fijo por 20 o 30 años.
“Estos proyectos no se encuentran informados en forma expresa en el Plan Nacional de Inversiones 2021-2023. Sólo se encuentra una mínima referencia a la posibilidad de construcción de Atucha III, que dista en forma considerable de dar cumplimiento a las exigencias para proyectos de inversiones de tal magnitud”, afirma Jimena Latorre.
Los plazos y costos de instalación de centrales nucleares son muy elevados. Y resulta preciso evaluar correctamente la competitividad técnica, económica y ambiental frente a las otras tecnologías existentes. Es así como los costos de centrales nucleares deben ser parte de un “Plan Energético Nacional” de largo plazo a ser consensuado políticamente, requiriéndose profundos estudios de factibilidad.
El proyecto de ley de Presupuesto en el “Programa 24- Suministros y Tecnología del ciclo de combustible nuclear”, no hace ninguna alusión a estudios previos y de factibilidad para la construcción y operación de una cuarta central nuclear en nuestro país. Sin perjuicio de ello, sí se fija como objetivo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, dentro de los “Lineamientos Estratégicos” y entre los objetivos de la política energética propuestos para llevar a cabo en el próximo año, “dar inicio a la construcción de la IV Central Nuclear del país, cuyo proyecto tiene como objeto la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, puesta en marcha y entrega de una central nucleoeléctrica que operará a una potencia nominal bruta de 1.200 MWe”.
“Una vez más, la falta absoluta de transparencia del gobierno en acuerdos internacionales, sin un plan energético, ponen en riesgo áreas estratégicas comprometiéndolas a largo plazo. Este gobierno debe rendir cuentas a la ciudadanía, dar a conocer los proyectos y negociaciones que está llevando a cabo y cumplir con la legislación vigente, previo a instalar nuevas centrales nucleares, sobre todo cuando se trata de un contrato llave en mano, de una tecnología distinta a las desarrolladas en nuestro país y sin indicar de dónde sacarán la materia prima, uranio enriquecido”, remarcó la diputada Latorre.
Acompañan el pedido de informes los diputados Gustavo Menna, Alejandro Cacace, Brenda Austin, Ximena Garcia, Josefina Mendoza, Gabriela Lena, Lorena Matzel, Gonzalo del Cerro, Lidia Inés Azcarate, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Fabio Quetglas y Ricardo Buryaile.
Encabezados por la radical Jimena Latorre, se presentó un pedido de informes al Gobierno por información que falta al respecto en el Presupuesto 2022.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR), junto a sus pares Alfredo Cornejo y Dolores Martínez, presentaron este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique en qué estado se encuentran los proyectos y las negociaciones que se están llevando a cabo con China y Rusia para impulsar el desarrollo de la energía nuclear en Argentina a través de la instalación de nuevas centrales nucleares.
La solicitud se realizó de acuerdo a los objetivos de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) expresados en el proyecto de Presupuesto 2022, enviado recientemente al Congreso, donde se hace referencia al análisis de la competitividad de la inserción en el mercado eléctrico de nuevas centrales nucleares.
Por tal motivo, solicitó conocer el Plan de Acción para la construcción de la Central Nuclear Hualong de origen chino y que se informe sobre las negociaciones entre la Secretaría de Energía argentina con la Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación Nuclear Nacional de ese país. También se requiere la realización de estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, económica y de financiamiento. En particular se deberá informar cuál es el estudio que demuestre que el emplazamiento apropiado de esa central es Atucha, vinculado a la protección radiológica a su cargo y sus implicancias en el área, como así también la dependencia de una sola corriente de agua de refrigeración.
“De acuerdo a trascendidos y declaraciones de funcionarios nacionales en los medios de comunicación nos enteramos que existen tratativas con China para la instalación en nuestro país de una nueva central nuclear cuyo costo estaría estimado en 8.000 MMU$S. Los dichos coinciden con los objetivos expresados por la Secretaría de Energía en el Presupuesto 2022, pero no encuentra reflejo de asignaciones presupuestarias, ni indicación de financiamiento, ni compromisos asumidos para su concreción. Esa información debería estar incluida en el marco de un Plan Económico y Energético, en cumplimiento de la Ley 24.354, para su análisis y aprobación por el Congreso”, explicó la legisladora mendocina.
El pedido además exige información sobre las negociaciones con Rusia, realizadas a través de la empresa estatal nuclear rusa Rosatom, para instalar en Argentina una central nuclear grande, o reactores medianos, o una central nuclear flotante. La propuesta sería de construcción y operación, manteniendo Rusia la propiedad de la central y vendiendo energía a precio fijo por 20 o 30 años.
“Estos proyectos no se encuentran informados en forma expresa en el Plan Nacional de Inversiones 2021-2023. Sólo se encuentra una mínima referencia a la posibilidad de construcción de ‘Atucha III’, que dista en forma considerable de dar cumplimiento a las exigencias para proyectos de inversiones de tal magnitud”, afirmó la radical.
Y agregó que “los plazos y costos de instalación de centrales nucleares son muy elevados. Y resulta preciso evaluar correctamente la competitividad técnica, económica y ambiental frente a las otras tecnologías existentes. Es así como los costos de centrales nucleares deben ser parte de un ‘Plan Energético Nacional’ de largo plazo a ser consensuado políticamente, requiriéndose profundos estudios de factibilidad”.
El proyecto de Presupuesto, en el “Programa 24-Suministros y Tecnología del ciclo de combustible nuclear” no hace ninguna alusión a estudios previos y de factibilidad para la construcción y operación de una cuarta central nuclear en nuestro país, alertó Latorre y continuó: “Sin perjuicio de ello, sí se fija como objetivo del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía de la Nación dentro de los ‘Lineamientos Estratégicos’ y entre los objetivos de la política energética propuestos para llevar a cabo en el próximo año ‘dar inicio a la construcción de la IV Central Nuclear del país, cuyo proyecto tiene como objeto la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, puesta en marcha y entrega de una central nucleoeléctrica que operará a una potencia nominal bruta de 1.200 MWe.'”.
“Una vez más la falta absoluta de transparencia del Gobierno en acuerdos internacionales, sin un plan energético, ponen en riesgo áreas estratégicas comprometiéndolas a largo plazo. Este Gobierno debe rendir cuentas a la ciudadanía, dar a conocer los proyectos y negociaciones que está llevando a cabo y cumplir con la legislación vigente, previo a instalar nuevas centrales nucleares sobre todo cuando se trata de un contrato llave en mano, de una tecnología distinta a las desarrolladas en nuestro país y sin indicar de dónde sacarán la materia prima, uranio enriquecido”, concluyó la diputada de JxC.
El proyecto fue acompañado por los diputados Gustavo Menna, Alejandro Cacace, Brenda Austin, Ximena García, Josefina Mendoza, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Gonzalo del Cerro, Lidia Ascárate, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Fabio Quetglas y Ricardo Buryaile, entre otros.
La diputada mendocina Jimena Latorre alertó que los postulantes, por segundo año consecutivo, no pudieron rendir la prueba por inconvenientes en la página web.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud de la Nación para que explique sobre las demoras en el inicio del examen para médicos residentes del país, los problemas de mal funcionamiento e interrupción de la página, y cuáles serán las medidas que se adoptarán para que los postulantes tengan la oportunidad de rendir.
El Examen Único Digital y Ubicuo, programado para el día 14 de septiembre de 2021 desde las 8 hasta las 10:30, “resultó de imposible acceso o interrumpido para miles de postulantes en todo el territorio del país que aspiraban poner a prueba los conocimientos adquiridos para obtener una residencia”, señaló.
Y agregó que “cabe destacar la importancia que reviste esta evaluación para los profesionales ya que es la oportunidad de acceso a una residencia para especializarse en una rama de la medicina y de esta manera ingresar en el sistema de salud”.
“Al negarles el ingreso a rendir, o no cumplir con las condiciones que se pactaron, se les vulneran derechos, se los empuja a perder un nuevo año y truncar los proyectos de vida profesional de cada uno de ellos, dejándolos además sin ningún tipo de respuesta desde un Estado que ante similar situación hace un año no dio ninguna solución, solamente esperar un año más para volver a rendir”, enfatizó la legisladora radical.
Asimismo, la mendocina consideró que “es inaceptable que un Gobierno que debe garantizar los servicios esenciales a sus ciudadanos en lugar de promover el acceso a las especializaciones de los profesionales que permitirán garantizar un servicio de salud eficiente, trunque las expectativas y proyectos profesionales de miles de aspirantes por negligencia e impericia en la disposición de los soportes necesarios para tomar los exámenes a su cargo”.
El Ministerio de Salud de la Nación es el responsable del examen que implementa en acuerdo con las autoridades provinciales para unificar la preinscripción del cronograma y la prueba de selección múltiple que se requiere para el ingreso a residencias del equipo de salud en las distintas jurisdicciones. Esta modalidad de único examen se implementó por primera vez en el año 2020 a raíz de la pandemia del Covid-19 en lugar de que cada universidad, hospital o clínica lo hiciera en forma individual.
En su proyecto de resolución, la diputada recordó que “en 2020 también hubo problemas con la página y los médicos que debían rendir realizaron las denuncias pertinentes. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se rechazaron las denuncias de hackeo y se estipuló un segundo llamado que nunca se cumplió”.
“Habiendo transcurrido un año de aquella fracasada convocatoria, para muchos aspirantes transcurrieron dos años ya que nunca pudieron rendir en el 2020, una jornada especial que lleva mucho tiempo de preparación y esfuerzo una vez más es frustrada debido a la inoperancia de un equipo que no puede implementar la operatoria de un sistema y un soporte virtual para tan importante examen”, sentenció Latorre.
El pedido fue acompañado por sus pares Carmen Polledo, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Ximena García, José Cano, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Karina Banfi, Lidia Ascarate, Jorge Vara, Juan Martín, Hugo Romero y Gustavo Menna, entre otros.
Petri, Cornejo y Latorre reclaman además medidas de asistencia a los varados y vuelos de repatriación.
Los diputados nacionales Luis Petri, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de ley solicitando al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la Decisión Administrativa 683/21. Caso contrario, solicitan ampliar cupo de ingreso; elaborar y dar a conocer con la debida antelación un cronograma de vuelos; un programa de asistencia para todos aquellos que no hayan podido retornar en el tiempo previsto originalmente en sus pasajes, que garantice su seguridad alimentaria, habitacional y el acceso a medicamentos conforme a sus necesidades; la realización de vuelos de repatriación por razones humanitarias; y que informe diariamente cuántas personas reingresan por razones humanitarias o por otras cuestiones por fuera del cupo fijado, especificándolas.
En ese sentido, Petri aseguró: “La única respuesta de los funcionarios que no funcionan ha sido repetir el cepo al ingreso, una herramienta que se utilizó durante las primeras semanas de la pandemia cuando el gobierno, por falta de previsión, ni siquiera contaba con test para verificar en qué condiciones se ingresaba al país y solo les hacía firmar una declaración jurada. Llevamos más de un año conviviendo con ella, por lo que no corresponde que sean los ciudadanos quienes paguen por la incapacidad de sus funcionarios. El gobierno debe revocar las restricciones a los vuelos que traen argentinos del exterior y garantizar los controles”.
“Lamentablemente debemos insistir con nuestro pedido al Ejecutivo nacional para que libere las restricciones impuestas para el ingreso de argentinos a nuestro país”, advirtió Alfredo Cornejo y agregó: “Es inadmisible la desidia con la que manejan este tema, que provoca infinitos problemas sociales y económicos a nuestros compatriotas varados en el extranjero por un mero capricho que no tiene ninguna fundamentación epidemiológica y que se basa solo en la ineptitud de una gestión improvisada de la pandemia”.
La iniciativa detalla que “el jefe de Gabinete en las Decisiones Administrativas 643/21 y 683/21 no ha dado una ponderación técnica y científica que justifique por qué era necesario reducir el cupo de ingreso como medida efectiva contra el incremento de casos de Covid-19”. Además, explica que la “falta de justificación basada en parámetros sanitarios resulta arbitraria e inconstitucional a la luz de interpretaciones como la vertida en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 567/2021 ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad’, en el que se dijo que la Administración se encontraba obligada a explicitar ‘la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad’“.
Además, Petri consideró que “Estamos frente a un gobierno autoritario que ha utilizado la pandemia como trampolín para violar la Constitución. Pusieron en cuarentena a todos los argentinos pero también pusieron en cuarentena a la Constitución Nacional. El cepo al ingreso es el reconocimiento expreso de la inutilidad de un gobierno para controlar, testear y vacunar”.
“No nos vamos a permitir que se sigan vulnerando derechos constitucionales con la excusa pandémica. No supieron y no saben manejar criterios a la hora de tomar medidas preventivas en lugar de medidas restrictivas”, enfatizó Cornejo y concluyó: “Imponen medidas nefastas y autoritarias. Buscan dividirnos en lugar de aplicar soluciones que están al alcance de sus manos”.
Por su parte, Latorre manifestó que ““Los fundamentos de ambas resoluciones son los mismos y paradójicamente, los mismos de hace más de un año. No aprendieron a gestionar eficientemente, no cumplieron con su propio cronograma de vacunación, no pueden controlar, solo apadrinan la ineficiencia del Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sigue sin haber racionalidad, proporcionalidad ni sustento científico en restringir el regreso de argentinos a su país, violando derechos constitucionales y buscando identificar un culpable de lo inevitable, que ante la falta de inmunidad de los argentinos circule ésta y cualquier otra cepa de Covis. Exigimos el inmediato cese de estas medidas que son a todas luces ineficientes y causan un gran daño por el que deberán responder. Este gobierno está mostrando día a día que las consecuencias de su inoperancia la pagan los argentinos, con salud, con libertad y con economía”.
“Si, como ha señalado en reiteradas oportunidades el titular del Poder Ejecutivo, “nadie se salva solo”, es menester exigir que su Gobierno dé marcha atrás con la medida y que, de no hacerlo, gestione adecuadamente las consecuencias que tiene esta forma imprevisible, arbitraria e ineficaz de gobernar, que agrava de manera permanente e inaceptable las situaciones derivadas de esta lamentable emergencia”, finaliza el proyecto.
Legisladores mendocinos presentaron un proyecto a través del cual reclaman retrotraer la medida por la cual se dejó de lado esa medida.
Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, solicite a la Administración de Parques Nacionales dejar sin efecto la decisión de retirar la querella y no impulsar la elevación a juicio de la causa que investiga la usurpación de tierras en “Villa Marcardi”. Además se solicita evaluar la responsabilidad de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo.
Por esta resolución conjunta firmada por el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos “a no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en la causa judicial caratulada “JARAMILLO MARTHA LUCIANA Y OTROS S/ USURPACION ART. 181 C.P. (EXPTE. Nº 26.511/2017)” en trámite por ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche”.
La medida resulta de una gravedad institucional sin precedentes, sostienen los legisladores de Juntos por el Cambio, atentos a que la APN es el organismo guardián de los Parques Nacionales, tiene a su cargo el control y fiscalización de dichos parques que son propiedad del Estado Nacional, evadiendo así sus responsabilidades primordiales ínsitas en la Ley 22.351.
“No nos sorprende que detrás de estas intromisiones en la justicia esté el señor Eduardo Zanini, que no quedará en la historia de nuestro país por la defensa de los intereses de los argentinos” afirmó Alfredo Cornejo.
“Una vez más somos testigos del manejo discrecional que hace este gobierno de la propiedad del Estado y en este caso además va en contra de los intereses de los recursos naturales del país”, sostuvo la diputada Jimena Latorre.
Entre los fundamentos que motivaron la medida se destaca la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación que refiere a doctrina de “larga data” según la cual “la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política, que constituye una función ajena a este organismo, toda vez que las funciones de promover o contestar acciones están a cargo de las respectivas autoridades superiores del organismo pertinente (…)”. (Nota N°2021-54857139-APN-PTN).
Se alega, además, que según surge del Acta N° 35/2021, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la APN que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu.
Es decir, la Administración de Parques Nacionales, está desligándose de la responsabilidad de su función propia en relación a las áreas protegidas nacionales, nada menos que ante la existencia de un delito de usurpación, que nada tiene que ver con los derechos reconocidos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994, relacionado al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina.
Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias correspondientes a la descripción del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.
“Es así que el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable. El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo referido, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión” concluyó el documento firmado por los diputados.
Legisladores de Juntos por el Cambio quieren que Santiago Cafiero brinde explicaciones en torno a la reducción del cupo de personas que pueden ingresar al país diariamente y cuál es el criterio para elegir cuáles de los vuelos anteriormente programados ingresan bajo la nueva medida, entre otros temas.
Los diputados nacionales Luis Petri, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Jimena Latorre presentaron un pedido de informes al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero respecto de la decisión administrativa 643/21 que estableció restricciones para el ingreso de pasajeros provenientes del exterior.
El proyecto solicita respuestas en torno al criterio técnico sanitario específico que se tuvo en cuenta para fijar el cupo de ingreso al país en 600 personas y por qué razones se redujo de las 2.000 personas previstas hasta antes del dictado de dicha decisión administrativa. Quieren saber también “cómo se coordina y articula con las compañías aéreas la reprogramación de los vuelos durante la vigencia de la Decisión Administrativa 643/21 y cómo se prevé con posterioridad a su vencimiento el día 9 de julio del presente año”.
“¿Cuál es el criterio para elegir cuáles de los vuelos anteriormente programados ingresan bajo la nueva medida?”, se preguntan los diputados, que quieren saber también cuántos varados hay efectivamente en el exterior; si se han establecido prioridades para el reingreso al país de personas de riesgo con enfermedades preexistentes o mayores de 60 años; y finalmente las razones por las que no se encuentra en funcionamiento el equipo CovidSeq adquirido para hacer estudios genómicos a gran escala del Covid-19, entre otras cuestiones.
En ese sentido Petri recordó que “el Gobierno impone arbitrariamente un cepo al ingreso al país, pero el ministro que armó el vacunatorio VIP vuelve de Europa entre los primeros. Hacen del privilegio y la excepción, la regla en lugar de actuar con ejemplaridad. La Patria es el otro después de su vacuna y su vuelo”. Además, aseguró que “el cepo al ingreso es el reconocimiento expreso de la inutilidad de un gobierno para controlar y testear. La única respuesta de los funcionarios que no funcionan es restricciones y prohibiciones al regreso. Los ciudadanos terminan pagando el costo de una medida intempestiva, infundada y arbitraria”.
Por su parte, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, manifestó: “Al Gobierno le es imposible explicar el porqué de sus medidas sanitarias sin caer en el relato, están ocasionando una tragedia humana por una especulación, por intentar confrontar a los que pueden viajar al exterior y los que no. Pasará ahora en Julio, en agosto y septiembre, no van a poder regresar después todos a la vez. Los argentinos que están varados en el exterior están gastando en dólares por una decisión increíblemente errada”.
En ese mismo sentido, Waldo Wolff remarcó que “esperamos que el jefe de Gabinete de Ministros cumpla con su obligación de informar acerca de lo requerido. Consideramos una arbitrariedad absoluta el cercenamiento a las libertades de ingreso y egreso a nuestro país, cumpliendo con los requisitos sanitarios, y mucho más por un acto administrativo”.
“A 10 días de haber dictado una disposición que cercenó el derecho de los argentinos de entrar y salir del país, aun cumpliendo con los protocolos sanitarios, el Jefe de Gabinete responsable de tal restricción no ha dado solución a los argentinos en el extranjero, ni a las compañías aéreas que no pueden a su vez dar respuestas ante la falta de planificación y certezas en una actividad regulada por el mismo Estado. El Gobierno tomó medidas intempestivas e irresponsables, sin fundamentos científicos suficientes y causando daños más graves de los que manifiesta evitar, en un reconocimiento implícito de su incapacidad de gestión y control eficiente. Necesitamos que este jueves el jefe de Gabinete rinda cuentas de las consecuencias de sus decisiones ante el Congreso”, consideró Latorre.
La iniciativa concluye expresando que “estamos ante una medida inconstitucional, en cuanto restringe el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” (artículo 14 de la Constitución Nacional), y otros derechos reconocidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Si a ello se agregan las cuestiones precedentemente expuestas, nos encontramos también ante un inaceptable ejercicio de arbitrariedad para cubrir inexcusables negligencias en la tarea de gobierno, que no puede escapar a la atención de los diputados y diputadas de la Nación. Todo el pueblo merece conocer estos importantes puntos y el jefe de Gabinete debe, por lo tanto, explicarlos”.
En el arranque del debate sobre biocombustibles, la diputada de Juntos por el Cambio disparó contra el Gobierno y el oficialista rechazó que hablara de “capitalismo K”.
Fuerte arranque tuvo el debate de la nueva ley de biocombustibles en la Cámara de Diputados, que tuvo como segunda oradora a la radical mendocina Jimena Latorre, quien cargó fuerte contra el Gobierno y un oficialista salió a rechazar sus palabras.
La legisladora opositora cuestionó el proyecto impulsado por el Frente de Todos, al considerarlo “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó y agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.
Para Latorre esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”.
Tras la intervención de Latorre, el oficialista Germán Martínez consideró “irrespetuoso” que “nos dijeron que este es un proyecto que fomenta la corrupción, el capitalismo K y a los empresarios amigos”. “No es la forma que tenemos para comenzar un debate de estas características”, manifestó y calificó al supuesto de la mendocina como “absolutamente desubicado y además merecería otro tipo de acción que se estipula dentro del reglamento”.
Por eso, el santafesino pidió “dar este debate con argumentos, sin chicanas ni agresiones de esas características” y completó: “Le ofrezco si quiere mi teléfono para ver efectivamente si tengo algún tipo de teléfono o llamado de un supuesto empresario amigo, y que me diga si ella puede decir lo mismo de los empresarios de su provincia”.
“La diputada que hizo uso de la palabra está ejerciendo, como puede ejercer cualquier diputado, diputada de esta cámara, una opinión el marco de lo que se da en este recinto y de los fueros colectivos que tenemos. Pareciera ser que a alagunas sectores del oficialismo les molesta la opinión que podemos dar en el seno del cumplimiento de nuestra labor”, se metió en el cruce el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.
Por su parte, Latorre le respondió a Martínez que “los diputados tenemos inmunidad de opinión; que muchos crean que esto está relacionado con fueros que muchos utilizan como impunidad no significa que sea lo mismo, nosotros lo utilizamos como lo que es”.
“Con respeto, con solvencia técnica y datos objetivos fundé mi dictamen y opinión”, defendió y apuntó: “Sin lugar a duda yo, como muchos otros representantes de mi interbloque, dialogamos con el sector privado, que es muy distinto a hacer negocios y a la corrupción”.
La Cámara baja trata la iniciativa impulsada por el oficialismo, que cuenta con los votos para darle media sanción. Fuerte rechazo de Juntos por el Cambio, que igualmente tendrá legisladores que votarán a favor.
La Cámara de Diputados arrancó a las 17.45 de este jueves el debate de la nueva ley de biocombustibles, impulsada por el Frente de Todos, que buscará darle media sanción y girarla al Senado. La lista de oradores es extensa y la votación se prevé cerca de la medianoche.
Entre los principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y se fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-.
Miembro informante del oficialismo, abrió el debate el mendocino Omar Félix, que afirmó que el proyecto se elaboró “teniendo en cuenta la protección y cuidado del medioambiente”, al tiempo que busca “dar previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica” al sector.
El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles argumentó que desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006 “el escenario ha variado” y en la actualidad “conviven grandes empresas junto a PyMEs” en “provincias con realidades diferentes”.
Por ello, el diputado del Frente de Todos defendió que se establezca “un marco legal que contemple las diversidades, permita que la actividad sea constante, procure la rentabilidad del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como a los mercados financieros”.
En defensa del rol de la Secretaría de Energía, que asume varias facultades, Félix sostuvo que es necesario “que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que se eviten futuras posiciones dominantes”.
Además, el legislador subrayó que el corte obligatorio para el biodiésel “se conserva el mismo porcentaje” del 5%, previsto en la actual ley, y “en el caso del bioetanol es del 12%” distribuido en 6% para la caña de azúcar y en otro 6% para el maíz. Mientras que la Secretaría de Energía -hoy a cargo de Darío Martínez- intervendrá “excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos” y las reducciones de los porcentajes serán “temporarias”, señaló.
Muy dura, la radical Jimena Latorre aseveró que el proyecto es de “cortoplacismo y mediocridad” y “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó la mendocina, que agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.
Para la diputada de Juntos por el Cambio esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”. También, negó que haya habido consenso con la industria y rechazó las funciones que tendrá la autoridad de aplicación, “que es de las que le gustan al oficialismo, con superpoderes”, cuestionó.
La legisladora advirtió que será el Estado el que decida “quién contrata, a qué precio, por qué cupo, y cierra las posibilidades a la inversión”. “Es una ley que fomenta la corrupción”, opinó.
Desde Córdoba, el oficialista Eduardo Fernández expresó que se trata de “una muy buena ley” que “sí otorga estabilidad fiscal, incentivos impositivos” y el “acompañamiento del Estado al desarrollo del sector”.
El diputado se refirió a los argumentos de sus comprovincianos de otros bloques que se oponen, “y nos dicen que si no legislamos como piden dos o tres empresas vendrán todos los males del mundo”. “Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, añadió y rechazó “echarle la culpa a este proyecto de ser anticordobés”.
En contra del proyecto, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez subrayó que esta iniciativa “significa resquebrajar el sistema de producción de biocombustibles en Argentina, donde paradójicamente la ley divide lo que no estaba dividido ni en la realidad, ni en el Senado. Este proyecto es el que rivaliza regionalmente y artificialmente, incentiva la división y la competencia entre regiones”.
“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.
Además, lamentó el “silencio” del gobierno bonaerense y acusó que el gobernador Axel Kicillof y su equipo productivo “han decidido hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera”, porque es en Buenos Aires donde “se refina, se procesa y se comercializa un importante volumen del petróleo que se genera en el país”.
Representante de una provincia petrolera, la neuquina Alma Sapag reconoció el “aporte del biodiésel y el bioetanol”, pero enfatizó que “la realidad es dinámica” y “la aparición en el horizonte productivo con la creación de Vaca Muerta” trajo un incremento en la producción de “reservas hidrocarburíferas en Argentina”.
“El cambio a fuentes de energía renovables y limpias será gradual”, observó y agregó que, según expertos, “los combustibles fósiles necesariamente nos acompañarán algunas décadas por delante”. En ese sentido, salió al cruce de los argumentos ambientales: “Argentina sólo representa el 0,5% de las emisiones totales de carbono”. La legisladora del Movimiento Popular Neuquino sumó que “nos debemos hacia el futuro un encuentro de todos los sectores”.
NOTICIA EN DESARROLLO
Radicales mendocinos reclamaron al Gobierno retrotraer las restricciones para el regreso de argentinos al país, y atribuyen las medidas a “la pésima administración de la pandemia”.
Los diputados de la UCR por Mendoza Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Luis Petri presentaron este lunes un proyecto de resolución para que el Gobierno nacional deje sin efectos y retrotraiga el cierre de fronteras con las restricciones de reingreso de argentinos y argentinas a nuestro país dispuesta en forma intempestiva y arbitraria el pasado 25 de junio.
Según fundamentan los diputados, esta medida resulta inconstitucional en la forma como así también por ir en contra de los derechos constitucionales que el Estado está obligado a garantizar dado que “restringe, lesiona y altera el derecho de libre circulación”. Además deben considerarse las consecuencias y efectos que su vigencia actual está produciendo y los daños a futuro.
El pedido destaca que “las medidas eficaces y comprobadas ante las mutaciones del Covid-19 y la dinámica de la pandemia son la prevención y control, a través de más vacunación y más eficientes controles y seguimiento; inconstitucionalmente se opta por medidas de restricción y cierre que no podrán tener solución de continuidad ante los daños que desde la fecha de emisión de la medida la misma está provocando”.
Para Alfredo Cornejo, “los resultados de la pésima administración de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno, deja a nuestro país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes; un atraso significativo e injustificado en la implementación del plan de vacunación debido a la ineficiencia en la contratación de las dosis suficientes para la inmunización de la población y que trajo una brusca caída de la economía”.
“Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de las medidas de prohibición y restricción tomadas durante la pandemia y deberían servir de aprendizaje y antecedente suficiente para no cometer los mismos errores, sobre todo cuando esos errores redundan en daños y pérdidas irreparables para la población”, sostuvo la diputada Latorre y cuestionó: “¿Una vez más piensan dejar a argentinos y argentinas varados en el extranjero, desprotegidos y sin certezas de cuándo o cómo podrían regresar a sus hogares en ejercicio de un derecho fundamental que el Gobierno sin garantías está vulnerando?”.
Por su parte Luis Petri expresó: “El Gobierno vuelve a mostrar inutilidad e impericia impidiendo y limitando el regreso de los argentinos del exterior. Hay que controlar los ingresos, testear, aislar y vacunar, esa es la única solución frente a la pandemia, no restringir a quienes, por ejemplo, vienen de trabajar o estudiar y, en muchos casos, vuelven incluso vacunados. Desde la llegada del Covid al país han improvisado con la salud, la economía y la vida de los argentinos, hoy vuelven a dejar a miles varados en el exterior”.
En cuanto a las implicancias económicas, el proyecto destaca que estas restricciones desestimulan que haya nuevas reservas y clausura oportunidades para todo el sector turístico, estableciendo un patrón negativo para el país en términos de conectividad. Según alerta la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo y el Foro Argentino de Foros de Viajes, las cifras oficiales muestran una caída del 77% en la cantidad de arribos y partidas, por lo que este nuevo cierre pone al sector en una situación todavía más crítica.
Pero lo que también es grave -afirman- es la continuidad de estas medidas en el tiempo, “medidas sostenidas que aíslan a nuestro país del mundo, sin fundamentos científicos suficientes y sobre todo sin la necesaria relación de medio a fin que dote de legalidad a medidas que por exceso y abuso a esa altura ha perdido legitimidad”.
La iniciativa es acompañada por los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio Gustavo Menna, Ximena García, Juan Martín, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Jorge Enriquez, Javier Campos, Lidia Inés Ascarate, Victoria Morales Gorleri, Cristian Ritondo, José Nuñez, Alicia Fregonese, Claudia Najul, Luis Pastori, Héctor Stefani, Ezequiel Fernández Langan, Gabriela Lena, Ricardo Buryaile, Gerardo Cipolini y María Luján Rey, entre otros.
El proyecto del oficialismo tiene giro a las comisiones de Energía y de Presupuesto, pero desde Juntos por el Cambio piden evaluar su impacto ambiental.
La diputada radical Jimena Latorre, junto a otros representantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, le solicitaron a su presidente, Omar “Chafi” Félix, que el proyecto del oficialismo para regular la producción y comercialización de biocombustibles también tenga giro a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Si bien la responsabilidad de los giros a comisiones recae en la Presidencia de la Cámara -a través del secretario parlamentario-, Latorre formuló el reclamo ante Félix y también lo extendió al titular de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso. Es que el proyecto encabezado por Félix y el santafesino Marcos Cleri tiene giro a Energía y Combustibles y a Presupuesto y Hacienda.
“La regulación y el desarrollo de biocombustibles requiere del análisis de la cuestión ambiental involucrada, entendiendo fundamental su vinculación con el cambio climático y los objetivos comprometidos por Argentina en el acuerdo de París, resultando esencial también su vinculación con el desarrollo de tecnologías de avanzada que permitan incrementar la producción y mejorar su calidad, promoviendo el desarrollo de biocombustibles de segunda generación con la finalidad de hacerlos competitivos en un mercado sustentable”, argumentó Latorre.
La legisladora agregó que “resulta primordial la definición y prevención de los impactos ambientales generados en los campos de cultivo y su vinculación a las políticas alimentarias de la Nación, que ameritan una planificación territorial y sustentable estratégica en la materia”.
El pedido fue acompañado por los diputados Ximena García, Juan Manuel López, Facundo Suárez Lastra y Martín Berhongaray.
Latorre además reiteró su rechazo a la iniciativa del Frente de Todos, al sostener que “tira por la borda 15 años de fomento al sector y desconoce los avances técnicos y científicos que permitirían intensificar el uso de combustibles biológicos e incorporar otros que aún no se utilizan, además de ignorar por completo la problemática del cambio climático y todos los acuerdos y tratados internacionales relevantes en materia ambiental suscriptos por nuestro país”.
Diputados de Juntos por el Cambio exigen explicaciones al secretario y subsecretario de Energía en el contexto del conflicto iniciado con el pedido de renuncia a Basualdo por parte del presidente de la Nación.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) encabezó un pedido de informe al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, para que brinden información detallada y en forma urgente sobre la gestión en materia energética ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Los funcionarios deberán informar sobre el impacto fiscal estimado por el aumento considerable de subsidios y el progreso de la Revisión Tarifaria de Transición para lo que resta del año 2021. Esto, luego que el ENRE, por indicación de la Secretaría, autorizara el incremento del 9% de las tarifas y aprobara los valores tarifarios para las distribuidoras Edenor y Edesur, muy por debajo de la pauta inflacionaria presupuestada para 2021 y que había sido la expresa indicación del ministro de Economía Martín Guzmán.
“Ante la actual crisis energética que atraviesa el país, los funcionarios lejos de brindar seguridad y transparencia en las decisiones del área, son noticia en la prensa por aparentes disputas de poder”, fundamentó la diputada Latorre en su pedido y agregó: “Algunos se quejan de ‘funcionarios que no funcionan’, nosotros exigimos que los funcionarios den explicaciones y rindan cuentas a la ciudadanía. Y que funcione la institucionalidad de una cartera, y no que la tercera línea le dé instrucciones a la primera y que la recomendación técnica la dé el Poder Ejecutivo en lugar del ente técnico”.
A su vez, el pedido de informes exige a los funcionarios explicitar su posición respecto del próximo vencimiento de la Ley de Biocombustibles, como así también del proyecto de prórroga que cuenta con la media sanción del Senado y brindar detalles técnicos y fundamentos respecto del proyecto de ley presentado recientemente por el oficialismo.
“El nuevo proyecto presentado por el oficialismo no sólo desconoce la iniciativa de prórroga que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores a instancia del propio oficialismo; sino que desconoce y da por tierra un régimen de promoción iniciado en el gobierno de Néstor Kirchner con una propuesta liderada por su hijo que resulta un retroceso en la transición de la matriz energética y en los compromisos medio ambientales que ha asumido nuestro país”, sentenció la mendocina.
La legisladora opositora concluyó que “el Jefe de Gabinete debe tener serias dificultades de gestión ya que hay una clara descoordinación en los objetivos de las distintas políticas que ejecuta este Gobierno, mientras Guzmán pretende reducir el déficit fiscal para, entre otras cosas renegociar con el FMI, los funcionarios y legisladores que responden al ala dura del kirchnerismo aumentan subsidios por encima de la recaudación e incumplen compromisos internacionales”.
Acompañan este pedido de informe los diputados Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace, Juan Manuel Lopez, Brenda Austin, Ximena Gacia, Luis Petri, Claudia Najul, Diego Mestre, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Victor Hugo Romero, Facundo Suarez Lastra y Fabio Quetglas.
La diputada nacional por Mendoza participó de la audiencia pública convocada por el ENRE para debatir sobre la adecuación tarifaria de transición en 2021, y sostuvo que solo se trata “de otra puesta en escena”.
La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre participó de la audiencia pública convocada por el ENRE para debatir sobre la adecuación tarifaria de transición en 2021, donde destacó “la falta de expertise técnica” en el Informe de Auditoria 2020, que “contiene información incompleta y desordenada, donde es notoria la falta de intervención del cuerpo técnico regulatorio y técnico jurídico pero si hay abuso de argumentos políticos en los informes y con una pobrísima solidez para fundamentar”.
Luego destacó que “éste avasallamiento institucional y normativo empezó con la Ley de Emergencia 27.541 y la declaración de Emergencia Energética”.
En cuanto a la intervención, Latorre afirmó: “Ha excedido los plazos, sin mostrar resultados, para llegar así a las próximas elecciones con tarifas congeladas. No es más que una politización de los Entes que fiel al relato populista esconde la realidad sólo para ‘contener’ al votante”.
En ese sentido, se refirió a que la intervención “desconoce” los principios regulatorios y tarifarios consagrados la Ley 24.065 y desconoce la teoría de las nulidades administrativas y es por ello que sugiere la nulidad de la RTI llevada a cabo en 2016, como así también de los nombramientos del directorio anterior, designado por concurso.
“Pero lo más grave aquí es que no existe informe final del Ente y no podemos analizar si lo que solicitan las distribuidoras está bien o mal, básicamente porque la intervención del Ente no sabe o no quiere determinar cuánto es lo necesario para que las transportistas y distribuidoras puedan prestar un servicio público esencial en condiciones de eficiencia y accesibilidad”.
Por otra parte, Latorre destacó que: “La energía eléctrica de la argentina deriva en un 60% de hidrocarburos, el valor de producción de esa energía y el nivel de subsidios de la misma aún no se ha decidido por el Poder Ejecutivo y tendrán impacto en los segmentos regulados de la tarifa. Tras haber perdido el carácter técnico y autárquico este ente regulador, es entendible que su interventora esté a la espera de la decisión política de cuáles son los números. Por lo tanto no podemos esperar de esta audiencia más que otra puesta en escena vacía de contenido y de definiciones regulatoria”.
En este escenario de incertidumbre y ‘transición’ ha trascendido la venta del paquete accionario mayoritario (55,14%) de la Distribuidora EDENOR de Pampa Energía a Edelcos, sociedad de los empresarios Manzano, Vila y Filiberti. Para Latorre “es importante conocer el proceso de cesión, si se contempla el desistimiento por parte de los grupos económicos intervinientes (comprador y vendedor) de reclamos y/acciones en contra del Estado Argentino en tribunales locales y/o internacionales, de forma de liberar al Estado Nacional de contingencias legales futuras; y cuál es la rentabilidad garantizada a los pretendidos cesionarios, en el marco de un proceso de re determinación de tarifas y renegociación de contratos vigentes, recientemente iniciado”.
“Me extraña que empresarios, que en mi provincia son accionistas mayoritarios de EDEMSA, quieran comprar el paquete accionario mayoritario de otra distribuidora que tampoco retira dividendos y se encuentra en un estado de incertidumbre total acerca de la rentabilidad. Quizá sea mal pensada, o el nivel de altruismo de algunos empresarios argentinos los hace propensos a rescatar empresas deficitarias concesionarias de servicios regulados”.
“También puede pensarse un escenario en que esas empresas no sean deficitarias, en el que las deudas de éstas empresas quedarán alcanzadas por el ‘Régimen Especial de Regularización de Obligaciones’ que consagró el art. 87 de la LP 2021. Y de tal forma los $18.000 millones que EDENOR le debe a CAMMESA por la energía cobrada a los usuarios y no pagada a la Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista quedarán licuados en un acuerdo discrecional que la misma Ley dejó en manos del Secretario de Energía de la Nación”.
“Como argentina me preocupa la arbitrariedad y discrecionalidad de la intervención de un Ente que ha perdido su capacidad técnica, los daños emergentes de políticas populistas que significarán subsidios anárquicos, discrecionales e insostenibles en un Estado sin recursos, el deterioro del servicio y la desinversión en infraestructura que significará restricciones e impedimentos para la producción y el desarrollo y por supuesto el daño futuro que estas medidas significarán en juicios millonarios que lamentablemente no pagan los decisores políticos sino todos los contribuyentes argentinos”.
“Como mendocina, me preocupa que una vez más la fiesta de subsidios para mantener el voto del AMBA a costas del interior productivo y la clase media”.
La iniciativa fue presentada por la diputada mendocina Jimena Latorre, quien impulsa una convocatoria entre todos los sectores para diseñar un plan dentro de un plazo de tres años.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó este lunes un proyecto de ley que apoya la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, pero lo condiciona a la creación de una “Mesa Redonda Nacional para el Desarrollo de Biocombustibles”, más allá de la normativa actual.
La iniciativa postula la extensión de la Ley 26.093 hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que deberá conformarse una “Mesa Redonda Nacional” encargada de elaborar un “Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles”, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica su producción, incorporando aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales.
Según el texto presentado por la legisladora mendocina, esa mesa tendrá un plazo de tres años para presentar un plan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, “para su adecuación y consolidación como proyecto de ley, a fin de alcanzar su implementación antes del vencimiento de la prórroga”.
“La promoción del desarrollo de biocombustibles nos presenta el desafío de dar un debate real sobre el tema, que comprenda no sólo a decisores políticos sino a todos los actores involucrados en el sistema. Se hace necesario avanzar desde la ciencia y el trabajo gubernamental interdisciplinarios -económicos, ambientales, territoriales, sociales- con el objeto de profundizar la investigación del territorio y de opciones de tecnología que permitan lograr una ecuación económica favorable”, expresó Latorre.
La radical resaltó que “el mundo avanza en el camino de la diversificación de la matriz energética a través de distintos medios y tecnologías, logrando día a día innovaciones y mejoras continuas en la materia. En la actualidad es sumamente necesario diversificar la matriz energética, pero para ello debe conocerse con exactitud cómo es la disponibilidad de recursos explotables”.
“Mientras no sea claro el panorama de producción futura de hidrocarburos convencionales y no convencionales con volúmenes predecibles de oferta en el tiempo, no es viable tampoco establecer una estrategia de abastecimiento externo y de sustitución posible de unas fuentes de energía por otras”, continuó.
De acuerdo al proyecto, el “Plan Estratégico” tendrá por objetivo impulsar la expansión de las fuentes para el desarrollo de biocombustibles, considerando el potencial de cada una de las provincias; reducir los niveles de dependencia energética; contribuir al desarrollo de la industria nacional y a la creación de empleo. En cuanto impacto ambiental, deberá contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
También buscará impulsar políticas integrales fiscales y financieras que otorguen beneficios económicos a cada uno de los actores del sistema; promover el desarrollo de biomasa en zonas no pobladas del país, a partir del uso de tecnologías actuales, integrando los aspectos ambientales del territorio; promover la transparencia, eficiencia y rapidez en la tramitación y aprobación de los procedimientos necesarios para la habilitación de las plantas en las respectivas jurisdicciones.
Por otra parte, mejorar el posicionamiento de los biocombustibles de Argentina en Latinoamérica y en el mundo; promover políticas de recolección de desechos orgánicos que puedan ser tomadas como ejemplo por los distintos municipios del país, a fin de integrar esos procesos y a los distintos actores involucrados en la cadena productiva de biogás; crear redes de universidades, organismos científico-técnicos, organizaciones cuyo fin sea la promoción y el desarrollo de esta energía, decisores políticos y demás actores, en el campo de biocombustibles a fin de promover mejoras y desarrollo continuo.
En la mesa deberán participar los integrantes de la Comisión Nacional Asesora y los representantes de áreas técnicas de todas las provincias, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), de relaciones exteriores, de organismos científicos de las distintas áreas de estudio, de asociaciones de consumidores o usuarios, técnicos en materia tributaria, consultores expertos en desarrollo de políticas de biocombustibles.
Su primera misión será elaborar un informe de situación en materia de biocombustibles, tras más de diez años del régimen vigente, el que quedará disponible vía web a toda la ciudadanía.
“Entendemos que es necesario que el país se prepare para impulsar políticas integradas, acordes a los tiempos que corren, que incluyan a todos los actores de la cadena productiva, en procesos transparentes, con el objeto de impulsar la economía para lograr el crecimiento de la Argentina, demostrando que los combustibles obtenidos de biomasa pueden convertirse en una genuina alternativa energética y utilizando las tecnologías a disposición”, finalizó la diputada.
El proyecto fue acompañado por sus pares Claudia Najul y Carla Carrizo.
Jimena Latorre y Federico Zamarbide pidieron dos años más para que los comercios puedan adquirir los controladores fiscales de “nueva tecnología”.
Los diputados Jimena Latorre y Federico Zamarbide (UCR-Mendoza) solicitaron este jueves al Poder Ejecutivo Nacional que extienda por dos años el plazo para que los comercios adquieran los controladores fiscales de “nueva tecnología”.
Según lo establecido en la Resolución de AFIP N° 4444/2019, artículo 6 punto 4, el cambio obligatorio de los equipos clasificados como de “vieja tecnología” debe realizarse a partir del 1° de abril de 2021. El valor promedio de un controlador fiscal con las características que se requiere asciende a $ 75 mil más su correspondiente homologación.
“La crisis económica que atraviesa el país impacta directamente sobre el sector privado. Los comercios pequeños y medianos que han logrado subsistir este último año sufren la caída de las ventas y en muchos casos han adquirido deudas para cumplir con sus obligaciones. El Gobierno debe contemplar la gravedad de la situación y tomar medidas para evitar la asfixia del sector y el quiebre definitivo de los que aún quedan en pie”, afirmó Latorre.
Zamarbide expresó que “por supuesto que estamos a favor de las tecnologías que permiten un mejor control para evitar la competencia desleal, pero no es momento para exigirle a los comerciantes un gasto tan significativo. Se contactaron con nosotros desde la Cámara de Comercio de San Rafael y sabemos la opinión de muchas entidades que nuclean a comerciantes de todo el país. Así es que en virtud de la crisis económica generada por la cuarentena que impuso el gobierno creando un desastre, creemos que esto debe prorrogarse”.
Entre los fundamentos del proyecto de resolución se incluyen los datos informados por el INDEC en febrero del corriente, el 2020 finalizó con un desplome de la actividad económica de 10%, el retroceso más pronunciado desde la crisis de finales de 2001, cuando la caída osciló el 11%. De acuerdo con Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, que refleja la evolución mensual de la actividad del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional, en diciembre de 2020 se midió una contracción interanual de 2,2%, en línea con lo sucedido en los meses previos.
En ese escenario y luego de un 2020 marcado por una cuarentena extensa que paralizó la actividad económica, las consecuencias golpean fuertemente al sistema productivo, industrial y comercial. Con un saldo de más de cuatro millones de pérdidas de puestos de trabajo, el sector comercial ha sido de los más perjudicados, lamentando a la fecha el cierre irreversible de miles de comercios en todo el territorio de nuestra República.
En 2020 se votó en el Congreso una Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”, en este contexto de doble emergencia, sanitaria y económico financiera, resulta necesario incorporar nuevas herramientas que permitan paliar esta difícil situación que genera el impacto del COVID-19, en el sector privado que debe hacer un gran esfuerzo para sostener los puestos de trabajo a pesar de la paralización o semiparalización de las distintas actividades.
Según un relevamiento llevado a cabo por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), no todo el sector comercial ha vuelto a la actividad: el 67,8% de las empresas se encuentra completamente operativa, el 26,3% está parcialmente operativa y 5,8% permanece sin operaciones.
Según la encuesta, realizada entre el pasado 22 de febrero y 2 de marzo en empresas de comercio mayorista y minorista de todo el país, para 21,1% las ventas cayeron más de 50%, un 19,3% consideró que las ventas cayeron entre 26% y 50% y un 18,7% que las ventas cayeron entre 1% y 25% respecto de la situación previa a la pandemia en el primer bimestre de 2020. Además, el 50,3% de los encuestados manifestó encontrarse atrasado en el pago de impuestos, un 33,4% adeuda servicios y 26,3% está demorado en el pago de salarios.
“Aplicando los mismos criterios que llevaron al Poder Ejecutivo Nacional a reducir y/o suspender aportes y contribuciones en algunas actividades particularmente afectadas por la emergencia sanitaria, con el consecuente impacto fiscal, entendemos necesario y oportuno que se extienda el plazo para la reconversión a la Nueva Tecnología exigida por la AFIP” afirman los mendocinos y concluyen “no se discute la necesidad y conveniencia de su implementación sino que no resulta oportuno obligar a los comercios a afrontar un gasto a poco de haber reanudado paulatinamente sus actividades y en un contexto macroeconómico de recesión”.
El interbloque lo resolvió al cabo de una jornada marcada por el escándalo de las vacunas. Aclararon que las dos diputadas que iban a viajar no fueron vacunadas.
El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio informó este viernes que las diputadas Carmen Polledo (Pro) y Jimena Latorre (UCR) no formarán parte de la delegación del presidente Alberto Fernández a México. La decisión se tomó este viernes por la tarde en razón del escándalo que se suscitó porque “legisladores del oficialismo recibieron un trato preferencial para vacunarse antes del viaje oficial”, según expresaron a través de un comunicado.
Los legisladores oficialistas en cuestión son los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, quienes fueron vacunados en el Ministerio de Salud de la Nación, en un operativo que motivó la renuncia de Ginés González García.
Además, JxC indicó que ni Polledo ni Latorre fueron convocadas a vacunarse ni han recibido la vacuna contra el Covid-19.
A través de un pedido de informes, los diputados Jimena Latorre y Alfredo Cornejo advierten que el Poder Ejecutivo aprovechó un DNU para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo,
Los diputados nacionales Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, presentaron un pedido de informe por el cual instan al Poder Ejecutivo Nacional a responder en forma precisa y detallada sobre la situación actual de los Entes Reguladores intervenidos ENRE y ENARGAS, las revisiones tarifarias y las renegociaciones de contratos a las que los facultó la Ley 27.541, los congelamientos tarifarios y en particular sobre el procedimiento de aprobación de la venta del paquete accionario mayoritario de Edenor. El pedido cuenta con el amplio apoyo de diputados de Juntos por el Cambio.
El DNU 1020/2020 dispuso el inicio de una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. El plazo de la renegociación dispuesta no podrá exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia de la medida, hasta entonces quedan suspendidos los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores, atento existir razones de interés público.
“El Poder Ejecutivo aprovechó esta norma limitada y de excepción para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo” sostuvo la diputada Latorre y agregó: “El marco regulatorio eléctrico permite la realización de Revisiones Tarifarias extraordinarias, la intervención y el apartamiento de la normativa vigente no tuvo ni tiene fundamento alguno más que acrecentar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para inmiscuirse en los Entes de control que deben ser técnicos y autárquicos, no políticos y funcionales. Pero lo que es peor, ni aún así han cumplido con la manda que la Ley 17.541 les impuso.”
El proceso de renegociación de las RTIs cuyo inicio declara el DNU 1020/20 significa reabrir la renegociación de las licencias y concesiones iniciada en 2001 desconociendo los acuerdos alcanzados inicialmente, suspendiéndolos hasta que sean reemplazados por otros. Esta situación abre contingencias legales tanto en estrados nacionales como internacionales para el Estado Nacional de monto incierto y de afectación cierta al patrimonio público.
Para los diputados, con estas medidas el Poder Ejecutivo Nacional apela a una tríada que ya mostró su fracaso: congelamientos tarifarios que se suceden; intervención administrativa sine die de entes reguladores; y demoras injustificadas en la celebración de los acuerdos de renegociación y luego de su implementación.
“Es preocupante y amerita nuestro pedido de informe, que ante este escenario de incertidumbre y descalabro institucional se pretenda aprobar la cesión del paquete accionario mayoritario de la concesionaria EDENOR, una de las dos distribuidoras de servicio eléctrico de competencia federal, de cuya prestación dependen millones usuarios en la CABA y Gran Buenos Aires”, afirmó Alfredo Cornejo.
Para los diputados, tanto el Ente de Control como el Poder Ejecutivo Nacional deberán explicar cuál es la propuesta de los pretendidos cesionarios, dar las instancias de participación ciudadana a los usuarios para que conozcan los antecedentes de quienes estarán a cargo de un servicio público esencial. Señala el pedido de informe que “no es claro para ningún ciudadano usuario de servicios públicos y tampoco para éste cuerpo legislativo con facultades de control, cuál es el interés de un grupo empresario que en un contexto de congelamiento tarifario y renegociación de contratos de concesión, pretende justamente controlar una empresa como Edenor, fuertemente endeudada y según esos mismos empresarios deficitaria. En otras palabras, quién invertiría a ciegas sin saber cuál será la tarifa de los próximos años y particularmente cuál será la rentabilidad que reconocerán esos nuevos contratos que el Poder Ejecutivo autoriza renegociar”.
Los radicales Jimena Latorre y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes y alertaron que la empresa está “rumbo a un posible default corporativo” que podría afectar no solo al sector energético sino a “la totalidad del aparato productivo nacional”.
Los diputados de la UCR Jimena Latorre y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional y al directorio de YPF para que brinden “respuestas concretas y detalladas” sobre la situación financiera que atraviesa la empresa.
Según los autores, la solicitud se fundamenta “en lo trascendental que resulta la empresa YPF no sólo para el sector energético nacional, sino por las implicancias que el tema puede asumir en todo el sistema financiero nacional, además de su incidencia directa en la imagen y credibilidad de la Argentina en el plano internacional”.
Los legisladores radicales señalaron que “la empresa se encuentra atravesando una crisis financiera de larga data consecuencia de una deuda originada en el período 2012-2015 que alcanzó los 8.207 millones de dólares en el tercer trimestre del 2020. El 93% de dicha deuda se encuentra nominada en dólares a una tasa promedio del 7,5% y representa el 108% del patrimonio neto de la empresa, según informa el último balance trimestral”.
“En la actualidad, la deuda de YPF es objeto de una nueva renegociación, que intenta modificar el perfil de vencimientos de capital e intereses. En ese contexto, YPF ha lanzado una agresiva oferta al mercado que, en primera instancia, ha sido rechazada y pone a YPF camino a un default que, de concretarse, tendría importantes consecuencias no sólo para el sector energético sino para el financiamiento del resto de los sectores económicos”, alertaron.
En esa línea, los diputados cuestionaron que “en medio de la negociación, el Gobierno anuncia el cambio del presidente de la empresa, lo cual incorpora amplios márgenes de incertidumbre adicional al resultado de la renegociación”.
“Guillermo Nielsen, economista y especialista en finanzas, quien formó parte del equipo que renegoció la deuda con el FMI en 2005, será reemplazado por el diputado santacruceño Pablo González que ocupó varios cargos en la función pública pero no tiene experiencia en la materia”, remarcaron.
Latorre observó que “en este complejo contexto, la puja de poder que muestra el Frente de Todos está muy lejos de mostrar una solución que defienda el futuro de la empresa y los fondos actuales y futuros de los argentinos. Esa puja parece ganarla una Cámpora cuya única ambición son los cargos, la caja y el aparato dirigido a las próximas elecciones. Muestra de ello es la salida de Nielsen y la conquista de la presidencia no conformes con la gerencia de YPF”.
“La carencia de estrategia y planificación y la debilidad de liderazgo de un presidente que cede un sector estratégico a los designios de la vicepresidente, amenaza con una nueva edición del desmanejo que afecto a YPF entre el 2012-2015 y augura un panorama de endeudamiento para los argentinos del que deben rendir cuentas ante el Congreso de la Nación”, agregó la legisladora.
Por su parte, Menna señaló: “Una vez más el kirchnerismo está destruyendo YPF. Kiciloff pagó 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de la compañía (10.000 millones de dólares si se computa el costo financiero de los títulos de deuda que emitió para pagarle a Repsol). Ahora toda la empresa vale 1.500 millones de dólares y tiene deudas por más de 8.207 millones de dólares”.
“Todo indica que YPF se encuentra en una encrucijada donde la combinación de precios administrados a la baja, decadencia productiva solo reversible a partir de inversión en explotación y exploración, la consecuente caída de ingresos y de flujo de fondos propio y la pesada carga de una deuda que no generó capacidad de repago, ponen a YPF rumbo a un posible default corporativo con efectos tanto al interior del sector energético como en la totalidad del aparato productivo nacional y con afectación directa del patrimonio del Estado argentino como principal accionista de la empresa”, completaron.
El pedido fue acompañado por los diputados Alfredo Cornejo, Mario Negri, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Lorena Matzen y Facundo Suárez Lastra. La iniciativa fue realizada con el aporte de Jorge Lapeña, Alejandro Einstoss y Julián Rojo, representantes del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y de Daniel Montamat, expresidente y director de YPF.
La iniciativa de legisladores radicales mendocinos busca fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.
Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, junto a la senadora nacional Pamela Verasay, elaboraron un proyecto de ley que establece un régimen de Buen Gobierno y Gestión para las empresas con participación estatal mayoritaria. El objetivo es disponer mejoras en los estándares de prácticas, procesos y estructuras a partir de los cuales se dirigen y controlan las empresas públicas del país.
La iniciativa busca fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.
Se implementará a través de distintos ejes como la transparencia en el manejo de la información, la rendición de cuentas, el establecimiento de un código de conducta y la necesidad de contar con una política de sustentabilidad para elevar estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
En cuanto a los directores y gerentes, deberán cumplir con la calificación apropiada para ocupar sus cargos, no poseer condenas por delitos y se deberá cumplir con el cupo femenino mínimo de 50% para garantizar la paridad de género en el directorio, entre otras medidas.
Las empresas con participación estatal mayoritaria incluye a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Existen en la actualidad 36 grupos empresarios donde tiene el control y una participación total o mayoritaria el Estado argentino. Según el presupuesto nacional 2021, el conjunto de estas empresas administra $829.826 millones, con un gasto estimado de $861.712 millones, arrojando un déficit financiero de $31.886 millones.
“El escenario económico, político y social actual demanda en forma permanente actualizaciones que posibiliten y acompañen transformaciones en las estructuras empresariales, permitiéndole a nuestras empresas y en consecuencia a nuestro país mejorar su competitividad aún en tiempos de crisis. Es necesario generar espacios de mayor certidumbre para potenciales inversores y para una ciudadanía ávida de creer en sus instituciones. En este sentido, las empresas públicas pueden contribuir al crecimiento del país, administradas con profesionalismo y transparencia, brindando los mejores servicios e infraestructura posibles”, destacó Jimena Latorre.
Por su parte, Alfredo Cornejo expresó: “Durante los últimos años nuestro país ha hecho un gran esfuerzo legislativo e institucional por reducir los niveles de corrupción, elevar los estándares de transparencia y control y reducir los niveles de opacidad en la administración pública. Por ello, es necesario avanzar hacia mejoras superadoras en la organización de las empresas del estado, a partir de la aprobación de una ley nacional que establezca un régimen de buen gobierno”.
El proyecto de invita a las provincias a adoptar este modelo de gestión en sus empresas.
La gestión de este tipo de empresas define un modelo de país, la transparencia y la gobernanza con la que se administren sus recursos y sus planes estratégicos impactan en la salud y las condiciones de vida de millones de argentinos.
Transparencia
El Estado es administrador de los recursos del conjunto de la sociedad, por lo que se vuelve imperativo el derecho de acceder a la información y planificación de lo que éste realiza en nombre del interés público. La transparencia posibilita a los ciudadanos la ventaja institucional de conocer cómo, por qué, dónde y cuándo las autoridades actúan para dar vida a las políticas públicas. El proyecto impulsa la aplicación de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2016.
Las empresas deberán publicar en su página web sus objetivos estratégicos, un informe anual de gestión que indique el grado de cumplimiento de tales objetivos y demás políticas y acciones ejecutadas durante el año.
Integridad
Las empresas deberán elaborar e implementar un programa de integridad consistente en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, en un todo coherente con la Ley de Responsabilidad Penal para las Empresas sancionada en el año 2017.
Será un código de ética o de conducta que contenga políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos
Sustentabilidad
Las empresas deberán contar con una política de sustentabilidad clara, a través de la cual se comunicará la estrategia de cumplimiento de estándares sociales, de gobernanza y ambientales. Deben resultar modelos a seguir para el resto de las empresas del país.
Se apunta a que las empresas mejoren sus procesos para lograr una mayor eficiencia energética, incorporen conceptos como el de economía circular y que logren la máxima reducción de riesgos vinculados al ambiente, al manejo de recursos y desarrollo humano, y que incorporen la responsabilidad social de la empresa de forma integrada y transversal a toda la organización, participando activamente en el desarrollo de la comunidad.
Desempeño económico
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán elaborar un plan estratégico consistente con los recursos asignados a la empresa en el presupuesto nacional.
Alta gerencia
Las empresas deberán poseer un código de requisitos previos al que deberán ajustar la designación de su presidente, los miembros del directorio y los gerentes.
El código de requisitos previos de miembros del directorio y la gerencia deberá incluir requisitos de elegibilidad del candidato de acuerdo a la experiencia, conocimientos previos en la materia y capacidad de liderazgo.
No podrán ser contratados como presidente, miembros del directorio o gerentes de las empresas con participación estatal mayoritaria, aquellas personas que tengan vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral, hasta el segundo grado, el cónyuge o conviviente, con: el presidente de la Nación Argentina, el vicepresidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Ministros de la Nación y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro de la Nación.
Tampoco aquellas personas que posean algún cargo de funcionario público en el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, o que hayan sido condenadas por delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y orden constitucional, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración, entre otros.
Los directorios y/u órganos de administración de las empresas con participación estatal mayoritaria, deberán estar conformados como mínimo, en un cincuenta por ciento (50%) por mujeres.
La Alta Gerencia deberá contar con un mecanismo de evaluación anual de gestión por resultados, además de otro u otros medios de evaluación que la empresa decida adoptar.
Auditoría interna
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán contar con un área de Auditoría Interna profesionalizada. Se encargará de monitorear el Plan de Gestión y Prevención de Riesgos aprobado por el Directorio, reportando de forma directa al Directorio, lo que le brindará mayor independencia y permitirá un mejor control de la plana gerencial.
Control interno
La empresa deberá contar con un área encargada de velar por el impulso de mejoras, el seguimiento, y cumplimiento efectivo del régimen de Buen Gobierno, asegurando el desarrollo ordenado de los procesos dispuestos en la presente ley.
Remuneraciones
Con el objeto de la eliminación de cualquier diferencia salarial existente entre varones y mujeres, toda empresa con participación estatal mayoritaria deberá respetar el derecho de toda mujer a percibir una igual remuneración por igual tarea.
“Deviene imperioso tomar medidas y generar herramientas que permitan la reapertura del turismo argentino al mundo”, expresaron al respecto los legisladores mendocinos radicales, autores de la iniciativa.
Los diputados nacionales por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Luis Petri, presentaron un proyecto para establecer un Seguro de Asistencia al Viajero de carácter obligatorio para todos los extranjeros y extranjeras que ingresen al país y para los argentinos y argentinas que viajen fuera.
La cobertura deberá contemplar como mínimo los gastos médicos durante la estadía por accidente o enfermedad -incluida específicamente Covid 19-, los costos de internación en sala común o terapia en un hospital incluyendo los medicamentos, los gastos de repatriación por motivos médicos o muerte como así también los costos de traslado de un familiar en caso de hospitalización, y un mínimo de cobertura de 14 días en concepto de hospedaje, alimentación, cambio de tickets por convalecencia.
Los legisladores argumentan que, en la actual coyuntura que atraviesa nuestro país y el mundo, “deviene imperioso tomar medidas y generar herramientas que permitan la reapertura del turismo argentino al mundo, en un marco de responsabilidad y previsibilidad que garantice la reactivación de una industria productiva como es la del turismo en forma sostenible”.
Estarán comprendidos en el siguiente régimen los extranjeros y extranjeras que pretendan ingresar al territorio nacional por vía: aérea, marítima o terrestre, y también quedan comprendidos los argentinos y argentinas que viajen fuera del territorio nacional, en las mismas condiciones.
El proyecto establece que el control de esta normativa estará en manos de dos organismos; La Superintendencia de Seguros de la Nación, quien fiscalizará a las aseguradoras y la Dirección Nacional de Migraciones quien deberá verificar los debidos cumplimientos de las condiciones establecidas por parte a las personas que viajen.
A su vez, las agencias de viajes, aerolíneas o cualquier intermediario u operador turístico tendrán la responsabilidad de informar a los pasajeros sobre la necesidad de portar estos requisitos a su ingreso o egreso al país, antes de la venta de los servicios ofrecidos.
Al respecto, la diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre expresó que “este proyecto de ley tiene como objetivo establecer este régimen, ya que si bien hoy se contratan estos seguros son optativos, entonces solo lo contratan quienes quieren. La idea es generar obligatoriedad en esto, y que exista una autoridad de aplicación autorizada para regularlo. El objetivo también está pensado en la reactivación del turismo, actividad que ha sufrido muchísimo debido a la pandemia y el aislamiento. Necesitamos una reactivamos pronta, pero una reactivación segura y sostenible. A su vez, quienes puedan tener la posibilidad de planificar un viaje al exterior, o aquellos extranjeros que quieran y puedan viajar a nuestro país, al tener esta cobertura ante cualquier inconveniente, se generará un cuidado de nuestros recursos públicos en materia salud, que son escasos hoy en día”.
En este sentido, Cornejo resaltó que “con esta iniciativa, el Estado no ocupará fondos públicos para gastos de traslado y atención sanitaria. Quienes hayan planificado un viaje deberán hacerlo en forma responsable y previsible. Una regulación como la que aquí proponemos viene a dar solución legislativa, incorporando a la Argentina en las decisiones que distintos países vienen adoptando con igual objetivo”.
Para los legisladores, la reactivación del turismo “requiere planificación estratégica”, que no se reduce sólo a la información y promoción, sino también a la reconfiguración de los protocolos de funcionamiento y requisitos de apertura para volver a recibir a ciudadanos del extranjero que deseen disfrutar de nuestro país en forma segura. “No existe una disyuntiva entre salud y economía, sino que es tarea del Estado brindar herramientas que permitan una economía en funcionamiento con los recaudos que garanticen la seguridad sanitaria”, concluyen los diputados radicales.
La diputada radical Jimena Latorre aseguró que la iniciativa apunta a “una mejor planificación de vida de todas las mujeres que deseen ser madres”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo incluir dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) el análisis de la hormona antimulleriana (AMH), que permite conocer la capacidad de producir óvulos fértiles.
“De concretarse, sería un avance fundamental en materia de salud pública y permitiría obtener información en forma temprana para una mejor planificación de vida de todas las mujeres que deseen ser madres”, señaló la radical.
La legisladora aseguró que “garantizar el acceso al estudio a través del PMO a toda mujer que lo desee, permite conocer su aptitud actual en la producción ovárica y su proyección a lo largo de su vida. La importancia de esta información y su proyección futura no es menor, toda vez que ese horizonte temporal en la salud reproductiva de toda mujer la empodera en la toma de decisiones tales como la planificación reproductiva y su voluntad procreacional”.
En los argumentos de la iniciativa, la mendocina indicó que “la falta de inclusión de este análisis en el PMO hace que muchas mujeres recién toman conocimiento de su reserva ovárica cuando no logran concebir y comienzan entonces a indagar acerca de la disfuncionalidad que se lo impide”.
“La reserva ovárica es un concepto que engloba tanto la cantidad de ovocitos (óvulos) que le quedan a la mujer, como la calidad de los mismos. Es decir, el análisis de esta hormona sirve para conocer cuántos óvulos válidos posee. Con el paso del tiempo, esta función reproductiva disminuye, algo que presiona a muchas mujeres que cumplen roles muy importantes en la sociedad actual y eligen posponer la maternidad”, agregó.
También remarcó que “la proporción de mujeres que forman parte del mercado de trabajo es mucho menor que la de varones en las edades reproductivas. La posibilidad de ser madre parece constituir un obstáculo para la participación plena de las mujeres en la economía, a diferencia de la paternidad”.
El proyecto fue acompañado por las diputadas Claudia Najul, Ximena García, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Soledad Carrizo, Carmen Polledo y Lorena Matzen.
Para la diputada nacional, y autora del proyecto, Jimena Latorre esto “sería un avance fundamental en materia de salud pública”.
La diputada nacional Jimena Latorre presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo incluir dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) al análisis de la Hormona Antimulleriana (AMH), que permite conocer la capacidad de producir óvulos fértiles. De concretarse, la legisladora consideró que “sería un avance fundamental en materia de salud pública y permitiría obtener información en forma temprana para una mejor planificación de vida de todas las mujeres que deseen ser madres”.
“Garantizar el acceso al estudio a través del PMO a toda mujer que lo desee, permite conocer su aptitud actual en la producción ovárica y su proyección a lo largo de su vida. La importancia de esta información y su proyección futura no es menor, toda vez que ese horizonte temporal en la salud reproductiva de toda mujer la empodera en la toma de decisiones tales como la planificación reproductiva y su voluntad procreacional”, destacó la diputada Latorre.
La falta de inclusión de este análisis en el PMO hace que muchas mujeres recién toman conocimiento de su reserva ovárica cuando no logran concebir y comienzan entonces a indagar acerca de la disfuncionalidad que se lo impide.
La reserva ovárica es un concepto que engloba tanto la cantidad de ovocitos (óvulos) que le quedan a la mujer como la calidad de los mismos. Es decir, el análisis de esta hormona sirve para conocer cuántos óvulos válidos posee. Con el paso del tiempo, esta función reproductiva disminuye, algo que presiona a muchas mujeres que cumplen roles muy importantes en la sociedad actual y eligen posponer la maternidad.
La proporción de mujeres que forman parte del mercado de trabajo es mucho menor que la de varones en las edades reproductivas. La posibilidad de ser madre parece constituir un obstáculo para la participación plena de las mujeres en la economía, a diferencia de la paternidad, indicó Latorre.
El proyecto cuenta con el apoyo de las diputadas Claudia Najul, Ximena García, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Soledad Carrizo, Carmen Polledo y Lorena Matzel.
Los mendocinos Alfredo Cornejo y Jimena Latorre proponen una regulación a las plataformas y aplicaciones digitales de intermediación.
Los diputados nacionales por la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo regular las plataformas y aplicaciones de intermediación en el marco de las nuevas economías colaborativas, entendiendo por ellas las nuevas realidades que se dan por la irrupción de la tecnología como las aplicaciones Pedidos Ya, Rappi, Glovo, Uber, Booking, Airbnb, entre otras.
“El objetivo es proveer manto de claridad en las relaciones que se dan entre las distintas partes -es decir: empresas, intermediarios autónomos y consumidores-, dado que en los últimos años el modelo de plataformas digitales se ha vuelto cada vez más habitual” afirmaron los diputados.
El proyecto establece una nueva legislación para una nueva realidad que, si bien hace algún tiempo viene en crecimiento, por efecto de la pandemia, y su consecuente aislamiento, generó un incremento considerable en la demanda y utilización de estas plataformas.
La propuesta de los diputados radicales gira en torno a brindar nuevos derechos y protección a los intermediarios autónomos, tales como establecer una comisión, la capacitación permanente en distintas temáticas que deben poseer para poder brindar el servicio de manera integral, los elementos necesarios para llevar a cabo la tarea, y la cobertura de ART, que será proveído por la plataforma a la cual presten el servicio.
Entre los fundamentos en los cuales se presenta la propuesta de ley, los diputados destacaron que “es importante dar una solución que requiera necesariamente poner en claro y dar un régimen jurídico a estas relaciones que vienen creciendo en forma vertiginosa”.
También, destacaron que “una relación contractual de tipo constitutiva implica que, en los supuestos descritos en la norma reguladora y con los elementos en ella previstos, la naturaleza de esa relación vendrá dada por ley, por lo tanto creemos que ello implicará una mayor seguridad jurídica”.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los diputados radicales Luis Petri (Mendoza), Gustavo Menna (Chubut), Dolores Martínez (CABA) y Diego Mestre (Córdoba).
Los legisladores quieren conocer la deuda exacta de la empresa, nómina de empleados y detalle de accionistas, entre otras cosas.
Un grupo de 25 de diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron este viernes un pedido de informes, mediante un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para obtener precisa información contable y societaria de la empresa Vicentín SAIC.
A partir de la trascendencia institucional que implica la decisión de “intervenir transitoriamente” la empresa, los diputados radicales, encabezados por los mendocinos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, solicitaron al Gobierno nacional que brinde “el detalle de la composición del pasivo concursal, con indicación de la nómina de acreedores afectados, balance general y demás información relevante”.
También pidieron que se informe sobre “hechos relevantes de Vicentín, previo a la declaración del estado de cesación de pagos, para poder tomar conocimiento de cualquier hecho que pudiera resultar significativo a los fines de evaluar ulteriores riesgos a tomar por parte del Estado”.
La diputada Jimena Latorre afirmó que “no conocemos cuál es la deuda exacta de la empresa, no conocemos quiénes están detrás de cada una de las empresas del grupo, hay una causa judicial en la que se está investigando a los directivos de la empresa y aun así se estarían comprometiendo los fondos públicos de todos los argentinos. Hay comprometidos fondos actuales y a futuro, el endeudamiento de dinero con el que hoy no contamos será enorme, y a ello se le sumarán los costos de juicios futuros ocasionados por las desprolijidades legales, incluida la inconstitucionalidad de la medida, que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos”.
Los diputados hacen hincapié en que decisiones de tal envergadura ponen en grave riesgo a la propiedad privada y a la seguridad jurídica, desalentando la confianza para las inversiones productivas, que tanto necesita nuestro país para generar fuentes de trabajo.
Por otro lado, los legisladores solicitaron información referida a la nómina de empleados actuales de la empresa, el detalle de los accionistas mayoritarios y minoritarios de la compañía, como así también el estado de avance de la causa penal originada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación.
El proyecto finaliza argumentando que “resulta de importancia contar con esta información pública que debe estar al alcance de todos, para facilitar la transparencia de los procesos actuales y desestimando, si así lo indican los hechos, la existencia de conflictos de interés y cualquier otro indicio que resulte de dudosa legalidad”.
El pedido de informes cuenta con el apoyo de los diputados Federico Zamarbide, Claudia Najul, Brenda Austin, Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Dolores Martinez, Gustavo Menna, Diego Mestre, Alejandro Cacace, Ximena Garcia, Juan Martin, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Facundo Suarez Lastra, Karina Banfi, Estela Regidor, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Mario Arce, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate y Aida Ayala entre otros.
La empresa Vicentin SAIC fue intervenida transitoriamente por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la disposición del Decreto 522/2020 que fue publicado en el Boletín Oficial días atrás.
La legisladora nacional Jimena Latorre presentó un proyecto solicitando al Gobierno nacional incluya a la producción vitivinícola y frutícola al programa ATP, ante la “urgente necesidad de alivianar el impacto negativo de las medidas sanitarias”.
Diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical solicitaron al Gobierno nacional que incluya a la producción vitivinícola y frutícola al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que impulsó al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio para ayudar económicamente a las empresas.
El proyecto fue presentado por la diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre, y sostiene que se fundamenta en la “urgente necesidad de alivianar el impacto negativo de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos, comerciales, financieros en las actividades agrícolas de economías locales como son el cultivo de la vid y las frutas de pepita y carozo”.
Asimismo, los legisladores radicales destacaron que “el impacto de la pandemia y el cierre de mercados nacionales e internacionales han profundizado la situación de emergencia productiva económica financiera y social de los sectores vitícola y frutícola, afectando de manera inmediata y aguda a las empresas en su capacidad productiva y sostenimiento del empleo en las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén, y San Juan”.
El programa ATP brinda una asignación compensatoria al salario, que es abonada por el gobierno nacional para aquellos trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas, que cumplan con determinados requisitos para contar con este beneficio.
El proyecto cuenta con el apoyo de los diputados Alfredo Cornejo, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Luis Petri (Mendoza); Brenda Austin, Soledad Carrizo y Hugo Romero (Córdoba); Carla Carrizo y Dolores Martínez (CABA); y Lorena Matzen (Río Negro), entre otros.
El diputado mendocino y titular de la UCR Nacional impulsa la iniciativa junto a su par Jimena Latorre. Argumentaron que se debe utilizar esta herramienta constitucional ante la “marcada división” que existe en la sociedad en torno al tema.
A días de que el Gobierno nacional envíe al Congreso el proyecto de legalización del aborto, el diputado y presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, presentó una iniciativa para que se convoque a una consulta popular vinculante.
El mendocino, junto a su par Jimena Latorre, presentó un proyecto que propone se realice una votación ciudadana por el “sí” o por el “no” a la interrupción voluntaria del embarazo y a la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral.
En caso de aprobación, la iniciativa indica que la consulta popular debería realizarse “dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos” desde su publicación en el Boletín Oficial.
Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo “a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes” y señala que éste “deberá arbitrar los mecanismos conducentes a informar a la ciudadanía sobre el contenido del proyecto que se somete a consulta”.
Los legisladores explicaron que “si bien existen algunos antecedentes de proyectos de consulta popular sobre la materia, es importante destacar que, tal como prevé nuestra Carta Magna, al consagrar esta herramienta de participación semidirecta, su finalidad es conocer la voluntad del electorado en temas de trascendental importancia y para ello la consulta tiene que encontrarse dotada de una imparcialidad tal que deje en aquel electorado la responsabilidad y atribución de expresarse conforme sus convicciones”.
En los argumentos, los mendocinos citaron al constitucionalista Daniel Sabsay, quien sostiene que “la evolución constitucional en este siglo aconseja que la participación de los habitantes de la comunidad política en el proceso de toma de decisiones no debe limitarse al voto para la elección de representantes, pues se genera la consideración del gobierno como algo ajeno a la ciudadanía y se diluye la relación entre las decisiones colectivas y la voluntad de los afectados”.
En la fundamentación del proyecto, Cornejo y Latorre señalaron el artículo 40 de la Constitución Nacional que, en relación a la consulta vinculante, prevé que “el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”.
Al recordar el nutrido debate que hubo acerca del aborto legal hace dos años, Latorre expresó que “de esa experiencia deliberativa, lejos de lograrse algún consenso, los datos objetivos nos muestran que las diferencias de argumentos, fundamentos y posturas en la sociedad argentina se profundizaron, se fundamentalizaron y actualmente configuran una temática de trascendental importancia en la que ni los argentinos, ni sus representantes, encuentran unión pacífica”.
“Somos conscientes de que la sociedad ha hecho escuchar su voz, se ha involucrado de una u otra forma, y ha tomado fervientes posturas para su defensa sin que de ello haya surgido un consenso social, sino y por el contrario, una marcada división que lleva la temática a una discusión binaria o dicotómica”, subrayó por su parte Cornejo.
El exgobernador mendocino consideró entonces que “en función de aquella marcada y radicalizada determinación social de dos posiciones, una a favor y otra en contra de la regulación por este Honorable Congreso de la Nación de la citada interrupción voluntaria del embarazo y la Educación Sexual Integral, se encuentra ampliamente acreditado uno de los supuestos de procedencia de la herramienta constitucional de la consulta popular, esto es un interrogante al cuerpo votante que pueda decidirse categóricamente por SÍ o por NO”.
