Diputados de la Coalición Cívica, junto a su líder Elisa Carrió, ampliaron la denuncia contra el presidente Alberto Fernández y pidieron que se investigue también al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, ante “hechos de extrema gravedad institucional” tendientes a “desobedecer e incumplir” el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de coparticipación que el Gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.

“Las dos presentaciones judiciales efectuadas por el procurador del Tesoro de la Nación evidencian una notoria ignorancia del derecho vigente y un alzamiento de manera flagrante y directa contra la cabeza de uno de los poderes del gobierno federal. Consiguientemente, resulta necesario que dichas presentaciones se pongan en conocimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fin de que aquel evalúe la conducta de los doctores Carlos Alberto Zannini -procurador del Tesoro de la Nación- y Horacio Pedro Diez -subprocurador del Tesoro de la Nación”, señalaron.

En el escrito, los dirigentes indicaron que “el procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de continuar interviniendo en la causa, planteando en subsidio su recusación; y, además, interpuso una revocatoria a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el pasado 21/12/2022”.

“A nuestro juicio, dichas presentaciones judiciales terminan de demostrar, reiteramos, que estamos frente a un plan organizado por el presidente de la Nación y los ministros referidos para alzarse contra la Corte Suprema y, así atentar contra la división de poderes -que, como es sabido, es el pilar esencial sobre el cual se construye el sistema republicano de gobierno- y el orden constitucional”, advirtieron.

Por tal motivo, se amplió la denuncia para que se investigue a Zannini ante estos nuevos hechos. El viernes pasado, Carrió y la Coalición Cívica presentaron una denuncia contra el presidente Alberto Fernández; los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo De Pedro (Interior); el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por desobediencia, alzamiento, e incumplimiento de deberes de funcionario público al no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación.

La ampliación de la denuncia lleva las firmas de Carrió, el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque en la Cámara baja, Juan Manuel López; las diputadas nacionales por la Ciudad Mariana Zuvic y Paula Oliveto; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano; y el presidente de la CC-ARI porteña, Claudio Cingolani.

Asimismo, el escrito detalla que las presentaciones judiciales realizadas por Zannini “carecen de una debida fundamentación dado que se limitan a manifestar que los ministros de la Corte Suprema ‘prejuzgaron’ por el simple hecho de dictar una medida cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

“El dictado de una medida cautelar en ningún caso puede implicar per se un prejuzgamiento, tal como erróneamente pretende afirmar el procurador del Tesoro. Por lo tanto, no es cierto que la sentencia anticipe definiciones sobre el fondo del debate planteado. Es por ello que, insistimos, dichas presentaciones judiciales tienen como único objetivo desobedecer un fallo de la Corte Suprema, planteando un conflicto entre dos poderes del sistema republicano, a fin de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires”, completaron.

La Coalición Cívica y sus representantes en la Cámara de Diputados expresaron su pedido para que la DAIA y la Fiscalía recurran el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 8 que dictó el sobreseimiento de la ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner; el actual procurador general, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y el senador Oscar Parrilli. “Este fallo del Tribunal 8 es de una enorme gravedad institucional”, señalaron.

“Manifestamos nuestra preocupación porque luego de transcurridos estos 27 años y mediante un atajo procesal inédito, vuelve a quedar trunco el derecho de los familiares de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA, y de todos los argentinos, a obtener justicia y conocer la verdad respecto a lo ocurrido alrededor de un acto terrorista perpetrado en nuestro país que se cobró la vida de 85 personas”, afirmaron los dirigentes de la CC.

La Coalición Cívica recordó que “históricamente, nuestro partido y especialmente nuestra líder política, Elisa Carrió, ha reclamado por memoria, verdad y justicia, tanto respecto del crimen de aquel 18 de julio de 1994, como también debido a las irregularidades que se produjeron a lo largo de su investigación. Hoy nos vemos obligados a insistir en aquel reclamo, ya que estamos convencidos de que son días clave en los que se juegan decisiones muy importantes que nos permitirán acercarnos a la verdad sobre lo sucedido o nos alejarán de ella aún más”.

“Acompañamos a los familiares de las víctimas querellantes en sus reclamos y esperamos que, libres de todo condicionamiento y con la independencia que deben demostrar en la representación del interés común que ejercen por sus cargos, tanto la Fiscalía a cargo como la entidad querellante recurran debidamente el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N° 8, para que el mismo pueda ser revisado por la instancia superior, dada la gravedad institucional de lo que se investiga”, insistieron desde la CC.

El comunicado emitido por la Coalición Cívica concluye diciendo: “Creemos se trata de un fallo cuestionable porque, como dijimos, resulta inédito en cuanto a la oportunidad y la forma en que fue dictado, e impide la realización de un Juicio Oral y público que permita resolver todas las cuestiones jurídicas discutidas, de cara a la sociedad y determinar cómo han ocurrido los hechos que dieran origen a la firma del Memorándum de entendimiento firmado por la Argentina en claro beneficio del país señalado como el responsable del atentado”.

Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre advirtieron que luego de tres meses de haber solicitado al procurador nacional del Tesoro, Carlos Zannini, explique el retiro de la querella de la Administración de Parques Nacionales en la causa por la usurpación de tierras en Villa Marcardi, no se han brindado respuestas y los incidentes y hechos de violencia siguen sucediendo como los protagonizados recientemente por un grupo de encapuchados en la ruta 40.
Los diputados insisten en que la Procuración debe explicar los fundamentos en los que se basó para justificar la evasión de responsabilidades propias de la Administración de Parques Nacionales en la fiscalización de tierras de propiedad del Estado Nacional para evitar la usurpación de las mismas.

Alfredo Cornejo señaló: “El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión”.

Para la diputada Latorre, “Zannini abandonó la defensa del Estado Nacional al ordenar que Parques Nacionales deje de ser parte del juicio por la usurpación de tierras. Hace ya tres meses que pedimos explicaciones sin ninguna respuesta. Solo sabemos con certeza que este gobierno no respeta el derecho de propiedad ni defiende el patrimonio de los argentinos como en el caso de las tierras en Parques Nacionales”.

Según los diputados, el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable.

La Procuración del Tesoro representa o patrocina al Estado Nacional en juicios de relevante significación económica o institucional, cuando el Presidente de la Nación así lo determina, o por decisión del Procurador, en uso de una facultad delegada.

Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.
Al respecto, el artículo 4º de la Ley N° 17.516 prevé que el Estado podrá asumir la función de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público y, particularmente, cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales.

Por todo lo expuesto, los diputados solicitan nuevamente a la Procuración Nacional del Tesoro que informe acerca de las acciones llevadas adelante relativas a la causa judicial señalada.

Senadores y diputados nacionales de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, por el supuesto delito de fraude en perjuicio de la administración pública y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones (artículos 174, inciso 5 y 248 del Código Penal), en relación a su actuación en el marco de la quiebra de Correo Argentino S.A.

“El procurador del Tesoro es el principal abogado del Estado y tiene la obligación de defender sus intereses. En el proceso de quiebra del Correo Argentino S.A., la empresas SOCMA S.A., que es su propietaria, ofreció el pago total de la deuda en la forma y monto que la justicia determinara, pero Carlos Zannini por oscuros intereses políticos y personales ajenos a su deber de objetividad y a la protección de los intereses del Estado, la rechazó, sin fundamentos válidos. En ese caso, el Estado argentino no cobrará la deuda cuyo pago total se le ofreció”, señalaron los legisladores en un comunicado.

En ese sentido, consideraron que “el propósito evidente de esa absurda actitud es perjudicar a Mauricio Macri, en el marco de una clara maniobra persecutoria, ya que su familia es dueña de SOCMA S.A.”.

“El rechazo de la oferta de pago, que sería cancelatoria del crédito, es absolutamente ilegal e importa un claro desvío de poder, porque Zannini pretende convertir un proceso concursal en un arma política aunque con ello perjudique los intereses del Estado, que se le han confiado”, agregaron.

E insistieron que “esta bochornosa conducta constituye el delito de administración fraudulenta cometido en perjuicio de los intereses pecuniarios que se encuentran a su cargo, con la sola intención de causar daño al expresidente Mauricio Macri”.

La denuncia, encabezada por el diputado Jorge Enríquez, fue firmada por 49 legisladores nacionales, entre ellos los diputados Mario Negri, Omar De Marchi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luciano Laspina; y los senadores Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni, Esteban Bullrich, Alejandra Vucasovich.

Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, solicite a la Administración de Parques Nacionales dejar sin efecto la decisión de retirar la querella y no impulsar la elevación a juicio de la causa que investiga la usurpación de tierras en “Villa Marcardi”. Además se solicita evaluar la responsabilidad de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo.

Por esta resolución conjunta firmada por el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos “a no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en la causa judicial caratulada “JARAMILLO MARTHA LUCIANA Y OTROS S/ USURPACION ART. 181 C.P. (EXPTE. Nº 26.511/2017)” en trámite por ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche”.

La medida resulta de una gravedad institucional sin precedentes, sostienen los legisladores de Juntos por el Cambio, atentos a que la APN es el organismo guardián de los Parques Nacionales, tiene a su cargo el control y fiscalización de dichos parques que son propiedad del Estado Nacional, evadiendo así sus responsabilidades primordiales ínsitas en la Ley 22.351.

“No nos sorprende que detrás de estas intromisiones en la justicia esté el señor Eduardo Zanini, que no quedará en la historia de nuestro país por la defensa de los intereses de los argentinos” afirmó Alfredo Cornejo.

“Una vez más somos testigos del manejo discrecional que hace este gobierno de la propiedad del Estado y en este caso además va en contra de los intereses de los recursos naturales del país”, sostuvo la diputada Jimena Latorre.

Entre los fundamentos que motivaron la medida se destaca la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación que refiere a doctrina de “larga data” según la cual “la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política, que constituye una función ajena a este organismo, toda vez que las funciones de promover o contestar acciones están a cargo de las respectivas autoridades superiores del organismo pertinente (…)”. (Nota N°2021-54857139-APN-PTN).

Se alega, además, que según surge del Acta N° 35/2021, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la APN que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu.

Es decir, la Administración de Parques Nacionales, está desligándose de la responsabilidad de su función propia en relación a las áreas protegidas nacionales, nada menos que ante la existencia de un delito de usurpación, que nada tiene que ver con los derechos reconocidos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994, relacionado al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina.

Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias correspondientes a la descripción del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.

“Es así que el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable. El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo referido, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión” concluyó el documento firmado por los diputados.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por los tucumanos radicales José Cano y Lidia Ascárate, presentaron un proyecto de declaración de repudio a las declaraciones del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien durante una entrevista defendió su vacunación irregular, al igual que la del periodista Horacio Verbitsky. De éste último, dijo que se trataba de una “personalidad” que merecía ese tipo de “protección de la sociedad”.

“El presidente de la Nación Alberto Fernández prometió que el suyo sería el gobierno de los científicos, no de los iluminados, de los ventajeros. Quizá sin notar las diferencias, ahora Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, sale a marcar otras categorías sociales que no son ni la de personal de salud con la que se vacunó por izquierda, ni la de personal estratégico con la que luego quisieron justificar su vacunación exclusiva y acomodada”, manifestaron los legisladores.

En ese sentido, Cano criticó que “las expresiones de Carlos Zannini justificando los vacunatorios VIP son una vergüenza. Usó su autoridad decisional para decidir salvarse rápido en un país que tiene 68.000 muertos por coronavirus”.

Por su parte, Ascárate sostuvo que “no hay valor alguno en sus dichos, sino responsabilidad penal y condena histórica en los hechos”. “El funcionario nacional no muestra el más mínimo arrepentimiento por haberle sacado las vacunas a los trabajadores de la salud, a los adultos mayores y a todos los argentinos con condiciones de riesgo preexistentes. Dio un mensaje prepotente y con claro abuso de un lugar de privilegio”, enfatizó.

Finalmente, agregaron que “a Zannini parece no haberle importado todos los argentinos que murieron por no poder recibir la vacuna con anterioridad. Ha confesado formar parte de una casta privilegiada que, como tal, tiene el derecho de apropiarse de las vacunas. Una postura soberbia e insensible”.

El proyecto fue acompañado por sus pares Atilio Benedetti, Hernan Berisso, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Ximena García, Leonor Martínez Villada, Lorena Matzen, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Carmen Polledo, Fabio José Quetlas, Gisela Scaglia y Federico Zamarbide.

Entrevistado en C5N, Zannini justificó haberse vacunado bajo la categoría de “personal de salud” y dijo que lo único de lo que se arrepiente es “no haberse sacado una foto” cuando lo inocularon.

“Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, manifestó el excandidato a vicepresidente y agregó: “Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”.

Además de aclarar que no siente culpa, reveló que le dijo lo mismo al periodista Verbitsky: ” ‘Vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad”.

Mucha polémica generó la decisión de Carlos Zannini, procurador del Tesoro, de habilitar a Amado Boudou a acceder a la jubilación que le correspondería por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre 2011 y 2015. En ese marco, varios diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución criticando duramente la medida.

Lo hicieron a través de un proyecto de resolución, en el que expresan su “categórico rechazo al desempeño del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, al declarar la ‘nulidad absoluta’ de las resoluciones de la ANSeS y de la Oficina Anticorrupción” que rechazaron oportunamente que se hiciera efectivo el pago de una pensión vitalicia por el alto cargo ocupado.

Por el contrario, Zannini dispuso que se haga lugar a ese beneficio para Boudou, pese a estar condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, más más multa y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y accesorias, en la causa Ciccone Calcográfica SA. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal

La presentación fue realizada por el diputado nacional Alberto Asseff, quien fue acompañado por sus pares Waldo Wolff, Hernán Berisso, Estela Regidor, María Luján Rey, Luis Pastori, Julio Sahad, Omar De Marchi, Alicia Terada, Soher El Sukaria, Federico Angelini, Héctor Stefani, Alicia Fregonese, Carmen Polledo, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Diego Mestre y Jorge Enriquez. Esos legisladores instan a las autoridades de la ANSeS a rechazar dicho beneficio, y al Ministerio Publico Fiscal, a realizar las denuncias correspondientes.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic presentaron un pedido de acceso a la información pública para solicitarle a Carlos Zannini que explique cuáles fueron las razones por las que la Procuración del Tesoro de la Nación decidió contratar de manera directa al estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C) LLP para que intervenga en el litigio del fondo Burford Capital Limited contra el Estado Nacional por la estatización de YPF.

“Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o si sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”, sostuvieron.

Los legisladores requieren, también, que se informen las causas judiciales con intervención de la Procuración, o donde intervengan abogados del Estado Nacional que dependan del organismo, en las que se encuentre como demandada Cristina o sus familiares directos.

Además, reclaman que se indique si la Procuración desistió de la acción iniciada por Vialidad Nacional contra la vicepresidenta, si tiene decidido hacerlo, o si dio directivas al cuerpo jurídico del organismo para que abandone la demanda o deje de impulsarla.

“Carlos Zannini siempre fue garante de los intereses de la familia Kirchner y su entorno. Por eso vamos a hacer un control exhaustivo de su gestión para evitar tráfico de influencias y las negociaciones incompatibles bajo el amparo de su rol de abogado del Estado”, aseguraron los diputados.

Y agregaron: “No vamos a permitir que en su rol de procurador renuncie a defender que el dinero robado por la asociación ilícita pueda ser recuperado, o que se salgan con la suya los buitres amigos que litigan contra nuestro país en Nueva York. Una vez más debemos recordar que el vínculo de Zannini con Eskenazi data del año 1995. El articuló la privatización del Banco de Santa Cruz, les regaló el banco que ofició de cueva financiera de los intereses kirchneristas”.

“Las primeras medidas tomadas por Zanini como procurador, no parecen las más convenientes para el conjunto de los argentinos. Por un lado, nombra de manera directa y discrecional a un estudio de abogados para litigar en representación de la Argentina en el caso YPF, un problema creado por ellos mismos durante la década ganada; y por otro, le garantiza impunidad a la vicepresidenta, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al que debería cuidar”, afirmaron Ferraro, Oliveto, López y Zuvic.

Los diputados de la CC ARI exigen a Zannini que explique la contratación directa del estudio jurídico que representará al país en el juicio por YPF y que confirme si la Procuración va a desistir de avanzar en el juicio iniciado por Vialidad Nacional contra la vicepresidenta de la Nación. “Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”

En efecto, los diputados Maximiliano Ferraro; Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, presentaron un pedido de acceso a la información pública para solicitarle al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que explique cuáles fueron las razones por las que la Procuración del Tesoro de la Nación decidió contratar de manera directa al estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C) LLP, para que intervenga en el litigio del fondo Burford Capital Limited contra el Estado Nacional por la estatización de YPF.

“Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”, sostuvieron.

Los legisladores de la CC ARI requieren, también, que se informen las causas judiciales con intervención de la Procuración a su cargo, o donde intervengan abogados del Estado Nacional que dependan del organismo, en las que se encuentre como demandada la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner o sus familiares directos. Además, reclaman que se indique si la Procuración desistió de la acción iniciada por Vialidad Nacional contra la nombrada, si tiene decidido hacerlo, o si dio directivas al cuerpo jurídico del organismo para que abandone la demanda o deje de impulsarla.

“Carlos Zannini siempre fue garante de los intereses de la familia Kirchner y su entorno. Por eso vamos a hacer un control exhaustivo de su gestión para evitar tráfico de influencias y las negociaciones incompatibles bajo el amparo de su rol de abogado del Estado”, aseguraron. “No vamos a permitir que en su rol de Procurador renuncie a defender que el dinero robado por la asociación ilícita pueda ser recuperado, o que se salgan con la suya los buitres amigos que litigan contra nuestro país en Nueva York”, enfatizaron.

“Una vez más debemos recordar que el vínculo de Zannini con Eskenazi data del año 1995. El artículo la privatización del Banco de Santa Cruz, les regaló el banco que ofició de cueva financiera de los intereses kirchneristas”, añadieron.

Ferraro, Oliveto, López y Zuvic señalaron que “las primeras medidas tomadas por Zanini como procurador, no parecen las más convenientes para el conjunto de los argentinos. Por un lado, nombra de manera directa y discrecional a un estudio de abogados para litigar en representación de la Argentina en el caso YPF, un problema creado por ellos mismos durante la década ganada; y por otro, le garantiza impunidad a la vicepresidenta, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al que debería cuidar”.

Agregaron que “la CC ARI y Elisa Carrió vienen denunciando desde hace tiempo el vaciamiento de YPF y la compra irregular por parte de la familia Ezkenazi, que pagaba esas acciones con las utilidades de la misma YPF, lo que a todas luces es atípico para estas compras”. 

“El concurso de la empresa de Ezkenazi en España se inició porque, ante la estatización, dejó de recibir utilidades y debido a eso no pudo pagar a sus acreedores ni continuar con la operatoria de la empresa”, recordaron desde la CC ARI. “Ese concurso es el que adquirieron los estudios que demandan a la Argentina en Nueva York”, añadieron.

Por último los diputados instaron a Zannini a que pida un Discovery para que de una vez por todas se investigue quiénes son los verdaderos titulares de las acciones, y ahí quedará claro una red de complicidades e incompatibilidades tantas veces denunciadas por la CC ARI y Elisa Carrió.