Un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, presidida por los radicales Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, respectivamente, se reunirá este miércoles 3 de mayo a partir de las 11.

Al encuentro, que se desarrollará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron invitados expositores que hablarán sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia.

Esa convocatoria había sido programada para el pasado 19 de abril, pero fue suspendida porque ese día se realizó la última sesión de la Cámara baja.

En este caso el eje del debate girará en torno a un proyecto de la diputada María Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), para acortar los plazos de acreditación, y reducir comisiones de transacciones realizadas con tarjeta de crédito y débito, flexibilizando condiciones financieras a establecimientos comerciales, de servicios, etcétera.

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Por las características del proyecto de Tejeda -a quien acompañan con sus firmas sus colegas de JxC Carolina Castets, Gabriel Chumpitaz, José Núñez y Danya Tavela-, a este evento han sido convocados representantes del sector de las estaciones de servicio.

Sucede que el proyecto de la diputada Tejeda prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las tarjetas de débito bancario, este porcentaje máximo será de 1,5%. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

Para el caso de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

¿Por qué atiende esta iniciativa particularmente el sector de las estaciones de servicio. Porque en su mayoría emprendimiento pequeños y medianos, que viven una situación financiera compleja, sobre todo en la operatoria con las tarjetas de débitos y créditos. La posición dominante, que ostenta el monopolio u oligopolio que presenta el mercado de emisores de estos medios pago, menoscaba la posibilidad de negociación de establecimientos comerciales que sufren un desmedido impacto en su costo de financiación, lo cual atenta en su ecuación económica y rentabilidad. En algunos casos, a niveles de quebranto, señala el proyecto sobre el que girará la discusión de este miércoles.

Las estaciones de servicio concretamente, están atravesando un mal momento económico, los mínimos márgenes de utilidad, la enorme carga impositiva y “los abusos de las empresas que nuclean las tarjetas de crédito” -según denuncian-, ponen al sector en una situación terminal.

Por eso es que el proyecto contempla que en el caso de las estaciones de servicio, la acreditación de los importes correspondientes a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las transacciones con tarjetas de débito bancario, siempre que sean hechas a través de una “estación de servicio”, el porcentaje máximo será del 0,2%, y la acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

El arancel de 1,25% más IVA que cobran los bancos por operaciones con tarjeta de crédito, más la demora de 10 días hábiles en pagar las operaciones con tarjeta de crédito, dificultan éste tipo de operaciones comerciales, ya que las operaciones efectuadas con tarjeta son un porcentaje muy importante. El margen neto por litro de combustible es muy reducido, y no puede absorber el costo financiero que conlleva la demora en la acreditación. Mientras el precio del combustible sigue aumentando.

Otras iniciativas sobre tarjetas

Recurrentemente el tema de las tarjetas de crédito resulta ser eje de discusiones en ambas cámaras, donde suelen presentarse iniciativas sobre el tema. Una de las más recientes es del diputado Héctor “Tito” Stefani (Pro – Tierra del Fuego), para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito de un 3% al 1,5% y del 1,5% a 0% en las tarjetas de débito.

La iniciativa del legislador fueguino destaca que la Argentina es uno de los países de la región que refleja las comisiones más altas en materia de tarjetas de crédito si lo comparamos con Chile (1,3%), Perú (1,5%), o Brasil (2%).

Recordemos también que el 30 de junio de 2022 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (59 votos positivos) un proyecto de ley referido a la atención de los usuarios de tarjetas de crédito, impulsado por la senadora neuquina Lucila Crexell.

A través de la iniciativa, que pasó a Diputados, se busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana. Dicha media sanción todavía no ha sido debatida en la Cámara baja.

El último debate que se realizó sobre el tema en la Cámara baja fue el 14 de octubre de 2020, en plena pandemia, cuando las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito. 

En esa reunión virtual, presidida por la exdiputada kirchnerista Fernanda Vallejos, se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Dichos proyectos buscaban, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

Semana muy activa en la Cámara baja, donde se abrirán las puertas del recinto dos días seguidos -martes y miércoles-, también habrá espacio para las comisiones. No para la de Juicio Político, que quedaría postergada para la semana que viene, pero sí al menos para la de Asuntos Municipales.

Esta comisión que conduce la correntina Ingrid Jetter (Pro) mantiene su convocatoria para bien temprano, a las 9 de la mañana, para tratar un temario que contempla dos iniciativas como las principales. Una del oficialismo y otra de la oposición.

Por un lado está la creación del régimen de exposiciones regionales itinerantes. Se trata de una iniciativa presentada el 19 de abril del año pasado por el diputado bonaerense Carlos Selva (Frente de Todos), que cuenta con una docena de artículos, y tiene por objeto promocionar y desarrollar las producciones artesanales locales, PyMEs y emprendedores regionales a fin de que puedan colocar sus productos y servicios sin intermediación.

El otro proyecto que debatirán en esa comisión previamente a la visita del jefe de Gabinete prevista para las l10.30, es la creación de un Fondo Municipal de reintegro del IVA (FOMIVA). En este caso se trata de una iniciativa del radical cordobés Víctor Hugo Romero, que tendrá como objeto la ejecución de obras públicas municipales o comunales que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.

En caso de ser aprobado, este fondo será financiado con recursos del tesoro nacional. Su monto es equivalente al que surge de reintegrar a la totalidad de los municipios y comunas del país el IVA que efectivamente abonan en sus compras de bienes, obras, locaciones y los servicios que le fueren prestados por terceros, en las proporciones establecidas en el artículo 5º de la presente ley.

Ese artículo establece que la asignación de recursos que cada municipio o comuna percibe del FOMIVA consiste en un monto equivalente al IVA que efectivamente abonan los municipios en sus compras de bienes, obras, locaciones y los servicios que le fueren prestados por terceros, de acuerdo a una escala porcentual que surge de la cantidad de habitantes establecidos en el último censo nacional.

Esto es, hasta 19.999 habitantes, 50 %; entre 20.000 y 49.999 habitantes, 40%; entre 50.000 y 299.999 habitantes 30%; y más de 300.000 habitantes, 20%.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados dio puntapié inicial este martes al debate sobre usuarios perjudicados por planes de ahorro automotor. El encuentro contó con la visita de funcionarios y, durante la discusión, se afirmó que es necesario avanzar en una nueva normativa sobre este tipo de contratos. 

En el arranque, el presidente de la comisión, el radical Víctor Hugo Romero, señaló: “Es un tema que queremos empezar a debatirlo, hay proyectos presentados, pero la idea es que profundicemos este sistema de capitalización y ahorro desde el trabajo horizontal, en equipo, junto al Poder Ejecutivo y que definamos un mecanismo de una nueva ley si hace falta”. 

“Es un tema que es necesario que el Congreso lo aborde, que requiere de un análisis minucioso, no es un tema para resolverlo de un día para el otro, es complejo”, aclaró el cordobés, al recordar que “esto se rige por un decreto reglamentario de 1943; claramente estos sistemas de capitalización de aquella época no son los actuales”. 

En esa línea, Romero agregó que “el Congreso tiene que dar un nuevo marco normativo para fortalecer la transparencia y este sistema tiene que ser un instrumento de ahorro y capitalización, pero básicamente garantizando defensa de los derechos de los consumidores”. 

Al exponer, Alejandro Alonso Pérez Hazaña, director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, precisó que durante este año se recibieron 8.379 reclamos, liderados por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, más la Ciudad de Buenos Aires. “El 30% fueron reclamos por demora en la entrega del bien; el 25,3% por falta de devolución de los montos en casos de renuncia; el 12,3% por incumplimiento de oferta; el 5,1% por cobro indebido; y el el 4,6% por aumento no previsto o indebido del monto del valor del móvil”, detalló. 

Además, reveló que las “empresas más reclamadas” son “Volkswagen con 32%; FSA 28,29%; Plan Rombo (Renault) 19%; Peugeot 8,67%; Chevrolet 7,5%; y Plan Ovalo (Ford) 3,6%”. 

El funcionario advirtió que cuando se judicializan los reclamos, “la cantidad de expedientes que se cierran sin acuerdo” en un promedio de 65%. “Estos números reflejan que hay un problema”, expresó y afirmó que trabajan en “un proyecto de resolución, junto con la IGJ, para poder dar respuesta a cautelares que se han caído a partir de procesos colectivos”. 

Durante su alocución, explicó que “en términos generales en estas relaciones de consumo” hay “una falta de información en general en toda la operatoria del contrato”. “Es un contrato muy turbio, difícil de entender, tiene una lógica de otra época, de los años ´50”, resaltó.

No obstante, Pérez Hazaña consideró que “el mejor sistema de información no necesariamente resuelve los problemas de fondo de este sistema de comercialización”. “El problema más complejo en el que hay que encontrar una respuesta es en la mecánica de la determinación del precio. Si no resolvemos eso, no resolvemos el problema de los consumidores”, sostuvo, al tiempo que añadió que hay que corregir “cláusulas abusivas” como el cobro de “una comisión por estar inscripto en el contrato” y “el cobro de los seguros”. 

Luego fue el turno de Darío de León, director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien reconoció que “con el aumento generalizado de precios comenzó a ser esto un problema en todo el país” porque “la gente no puede pagar las cuotas” y “genera un alto índice de conflictividad a lo largo y ancho de todo el país”. “Lo primero que se intentó fueron algunos parches, desde la fase administrativa, para buscar algún tipo de paliativo” como “un diferimiento de cuotas, pero esto no solucionó el problema, fue de emergencia”, admitió. 

El funcionario llamó a “repensar el sistema” porque “estamos en un tema del sector privado, pero actores del sector privado que de alguna manera inciden sobre el interés público, porque lo que se hace es una captación del ahorro público, por eso este tipo de contratos se encuentra regulado y fiscalizado de forma permanente por parte del Estado”. 

“Tenemos un procedimiento de denuncia para que se pueda hacer de forma digital, pero el principal problema que tenemos es el poder sancionatorio, podemos poner 11 mil pesos de multa. Eso nos dice todo…Entonces, ejercer un control pero sin poder sancionar es un poco una contradicción”, subrayó. 

De León explicó que “la gente va a los organismos buscando una solución y ponerle 11 pesos de multa a la empresa no es una solución para nadie”. 

Además, el director de Sociedades Comerciales de la IGJ pidió no “pasar por alto” la oportunidad de que, si se avanza con una nueva normativa, se tenga en cuenta no solo al sector automotor sino también a “aquellas empresas, o sociedades de empresas, que captan el ahorro público con promesa de prestación futura de dinero, hemos visto el grupo Zoe, el grupo Vayo”, las cuales “no están expresamente alcanzadas por ningún marco específico” y “se aprovechan de ciertos grises legislativos”. 

Al momento de la ronda de preguntas, el oficialista Juan Manuel Pedrini reclamó: “La IGJ es la autoridad de aplicación y control porque se está captando ahorro público. Ahora, al contrato lo aceptan ustedes. Contratos que son altamente perjudiciales para el usuario. Desde el Estado estamos corriendo muy atrás en la defensa de los consumidores”. “Parecería ser que tenemos detectado el problema, pero que estamos más del lado de las automotrices que de los ciudadanos”, se quejó y consultó si “la autoridad de aplicación que autoriza estos contratos tiene voluntad de modificarlos o vamos a necesitar una ley”. 

Por su parte, el radical Marcos Carasso puso como ejemplo a una persona que pagó un plan de ahorro de 36 cuotas para un Fiat Cronos y “en diciembre de 2019 pagó una cuota de 7.900 pesos y en noviembre de 2022 fue de 56.586 pesos. La variación de las cuotas fue del 614% y la inflación acumulada en el mismo período de 275%”. 

“La gente hoy todos los meses está perdiendo su valor adquisitivo, todos los meses le aumenta la cuota. Esto genera un desequilibrio todos los meses”, enfatizó y aseguró que “la urgencia es inminente, no se puede esperar a que pasen los meses”. En esa línea, observó que hay que “lograr un índice lógico y razonable” y habló de “un millón de argentinos” afectados en todo el país y que “hay 100 mil cordobeses desesperados esperando que resuelva la Justicia”. 

“Hasta tanto se sancione una normativa, que evidentemente es necesaria, habiendo cláusulas notoriamente leoninas, abusivas, el Estado tiene que actuar ya mismo”, apuntó la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien además aprovechó para recordar a sus pares que “hace muy poco se votó retenciones cero para las automotrices, las premiaron para una década”, y pidió que “se revise esa norma” ya que “se las premió con semejante beneficio y es así como tratan a los habitantes de este país”. 

Más tarde tomó nuevamente la palabra Pedrini, a quien se lo vio claramente molesto, y solicitó a los organismos que se controle “el plazo de entrega y el tema de los reintegros” porque “las concesionarias venden el plan y se desentienden”. “Pidanle al usuario que se comunique con los administradores…es misión imposible. Hay que poner atención presencial. Es una vergüenza como estamos”, manifestó y exclamó: “O acá legislamos para el pueblo, o trabajamos para las automotrices, porque es una estafa lo que se le está haciendo al pueblo argentino”. 

Finalmente, el chaqueño afirmó que le iba a pasar a los funcionarios “una lista de todas las cosas que se pueden mejorar ya con decisiones administrativas” porque “hay cuestiones que se pueden resolver ya”, más allá de la necesidad de trabajar en un proyecto. 

“Tomo todas las sugerencias, es un muy lindo, se puede hacer una normativa muy hermosa, la pregunta es, ¿cómo hacemos para obligarlos a que cumplan si no hay poder sancionatorio?”, le devolvió De León. 

Hacia el final, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman consultó sobre “qué factor no estamos viendo que incide en los ciclos que terminan en colapso siempre”. A lo que Pérez Hazaña respondió que “mientras que las administradoras no sean parte de los consumidores que forman parte del grupo, sino que integran directamente por el fabricante, la ecuación del contrato nunca va a cerrar”. “Hasta la inflación es algo que podría manejarse mejor en estos contratos si hubiera una administración distinta del sistema de ahorro, porque hay casos en los que se ha acreditado que no es la inflación sino el aumento del dólar, pero el dólar después baja y los valores no bajan. No es nada más un tema de la inflación. El tema de fondo es que la mecánica contractual es muy complicada”, explicó. 

Para cerrar, el presidente de la comisión destacó la “predisposición” de los funcionarios “de que trabajemos en una mesa en conjunto este tema”, el cual “está claro que requiere una visión integral”. A pesar de la situación de los consumidores, “ellos como funcionarios tienen limitaciones por tener una norma de 1943”, señaló Romero. 

El cordobés se comprometió a convocar también a las comisiones de Comercio y Legislación General, donde tienen giro los proyectos, para “abocarnos a este tema que viven muchos argentinos”. “No podemos trabajar en este Congreso a través de un sistema de parches. El tratamiento es urgente”, aseveró, aunque reconoció que la discusión continuará seguramente a partir de febrero, cuando se convoquen a todos los sectores al debate, en pos de “encontrar una solución legislativa que beneficie al consumidor”. 

El diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR – Córdoba) lanzó una serie de críticas al Presupuesto 2023, aunque adelantó su acompañamiento. “Ante la crisis y la decisión del Gobierno de no cambiar el rumbo como oposición es necesario que Argentina tenga un presupuesto para el 2023 para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos”, manifestó.

El legislador cordobés sostuvo que este presupuesto “es más realista del que se presentó en el 2022 y este Congreso no lo aprobó”, pero advirtió que “lo planteado en aquel momento era acertado”, con relación a la composición del proyecto para el año 2023.

“La inflación que se preveía era del 33 por ciento y actualmente es más del 100. Se preveía una reducción del gasto del subsidio económico del 0,9 por ciento, pero la realidad nos mostraba diferencias entre los funcionarios del Poder Ejecutivo que era imposible hacer esa deducción, una reducción del gasto público y un tipo de cambio que ya cuando lo tratamos en el presupuesto estaba desactualizado”, expuso.

Además, afirmó que el proyecto actual “no define un programa de gobierno porque no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza ni cambiar el rumbo que tenemos en la Argentina”. A su vez, consideró: “La realidad de estos tres años de gestión la podemos observar en los resultados que cada argentino vive en la realidad”.

En esa línea, explicó que el presupuesto plantea una disminución del déficit basados en un ajuste en la prestación de los servicios sociales y una disminución en los subsidios energéticos. “Hay que trabajar en la eficiencia del gasto, pero también hay que fijarse bien cuando hacemos la racionalidad del gasto. Lo único que crece son las transferencias a las empresas del Estado que sabemos la falta de eficiencia que tienen”, indicó.

Con relación a las proyecciones macroeconómicas que establece el presupuesto, remarcó que “es del 2 por ciento en crecimiento, pero cuando vemos el análisis de esas proyecciones sólo crece por sobre el promedio el sector agrícola”. A su vez, consideró que el crecimiento está basado en una exportación de la producción primaria.

En el cierre de su alocución, Romero reiteró su postura sobre el presupuesto: “No presenta un programa económico porque cada vez hay más pobreza. Tenemos más endeudamiento y el camino no es el correcto. Hay que trabajar por un camino distinto: una consolidación de las finanzas públicas trabajando en la eficiencia de las de la recaudación, pero no aumentando impuestos si no combatiendo la evasión y trabajando en la eficiencia del gasto y para eso necesitamos un presupuesto que incluya un plan de gobierno y no es el que estamos tratando”.

En una reunión informativa, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, conducida por Ricardo Buryaile (UCR), debatió este miércoles acerca de una iniciativa que propone la creación de un título de crédito agropecuario, como una herramienta más de financiamiento para el sector.

El proyecto tiene cabecera en la Comisión de Finanzas y también fue girado a la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por el oficialismo.

Autor del texto, tomó la palabra en primer lugar el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR), quien destacó que “no es un proyecto individual, ha surgido de un trabajo colectivo” junto a un grupo de entidades del sector. Además, aclaró que “no es un proyecto que esté cerrado, está abierto” si se quiere “enriquecerlo”.

El radical explicó que el título de crédito agropecuario “es un instrumento financiero para potenciar el sector agropecuario y su cadena de valor”, al tiempo que resaltó que “no tiene costo fiscal” ni “ningún impacto en las finanzas o los recursos y gastos del Estado”. Se trata de “aportar al sector agropecuario un instrumento más de lo que hoy ya existen”, dijo.

Para el cordobés, “el principal sector productivo del país necesita esta herramienta”, a la que calificó como “simple, de fácil acceso” mediante la cual “el productor o quien emita este título se endeuda a valor producto, se endeuda en principio de lo que produce” y “disminuye su riesgo y tiene un instrumento para poder cubrirlo en función de su activo”.

En su exposición, Romero señaló que “quien emite el título se compromete a pagar valor-producto en distinto plazo”, con un plazo máximo de 36 meses; en función del mercado de referencia que se defina. “El día antes del vencimiento se fija la cotización de ese mercado de referencia y se lo multiplica por la cantidad de los productos que han acordado” las partes, precisó.

Tras remarcar que “no devenga intereses”, el diputado sostuvo que “siempre es importante tener mercados de referencias”, pero admitió que “en algunas economías regionales no hay”. Por eso, subrayó la importancia de la Comisión Nacional de Valores en la reglamentación. “La fortaleza de este título es que cuando llegue el vencimiento tenga un mercado transparente”, expresó.

“Es un instrumento financiero más, como el cheque, como el pagaré, que tiene riesgo”, admitió el legislador, pero apuntó que “para las PyMEs puede ser avalado por una sociedad de garantía o tener un aval bancario, y eso le da mucha más fortaleza”.

Para los inversores, “es un instrumento de protección de ahorro” en lugar de “ir al dólar o a un plazo fijo”, dijo Romero y subrayó que de esta manera se genera “un financiamiento al sector agropecuario muy sólido, que es un financiamiento que hoy no existe”.

Entre los beneficios, enumeró que “facilita la inversión del sector agropecuario, dinamiza las operaciones comerciales, democratiza el acceso al financiamiento con la posibilidad de aquel que tenga ahorros y quiera invertir mediante este título”.

Antes de pasar el micrófono a los invitados presentes, Buryaile coincidió en que “es una alternativa de inversión no solamente para los negocios agropecuarios, sino para el sector que hoy busca alguna rentabilidad, que no trabaja con las cripto, que no entiende de los fondos comunes de inversión, que pierde plata con el dólar o que no quiere arriesgar o perder plata con el plazo fijo tradicional”.

Desde el oficialismo, la diputada Nelly Daldovo (FdT) advirtió que “en las economías regionales nunca podemos saber a cuánto vamos a vender. Es distinto a la soja, el trigo, productos que ya tienen su cotización a nivel internacional”, y ejemplificó: “Los productores frutihortícolas tienen un poco de reticencia de llegar a los bancos, e incluso no todas las entidades bancarias los reciben”.

En la misma línea, el legislador Rogelio Iparraguirre (FdT) manifestó que “en los sectores más dinámicos y más virtuosos de nuestra producción agropecuaria es donde más garantías existen para sostener el valor y hacer atractiva la trazabilidad”, no así para “un productor caprino o de cítricos dulces”.

Por eso, pidió por que este título “no termine siendo un instrumento más entre los sectores que ya de por sí son dinámicos económicamente y que no estarían necesitando el sostenimiento”, y que no se termine “profundizando la inequidad con sectores que no tienen referencia”.

“Tiene más fortaleza, es cierto, en aquellos en los que hay un mercado de referencia, pero atrás de ese mercado de referencia hay pequeños productores que no tienen acceso al crédito y que este es un instrumento importante”, respondió Romero.

A su turno, el correntino Jorge Vara (UCR) reconoció que “el arroz, el maní, los porotos del NOA no se adaptan a este tipo de instrumentos y esto no quiere decir que el instrumento sea malo, me parece excelente”. “No pretendamos reacomodar para que se adapte, porque no va a servir para una cosa ni para la otra. Para mí está hecha para productos de pizarra”, señaló.

Invitado a exponer por el Mercado Argentino de Valores, Leandro Fisanotti calificó al proyecto como “muy interesante” y abogó: “Este título va a ser sumamente exitoso”. “Si incorporamos un nuevo instrumento en esta dinámica de crecimiento es una potencialidad enorme de que haya flujos de financiamiento hacia los actores que participen”, afirmó luego de precisar cifras de los últimos años.

“El sector agropecuario es uno de los más dinámicos de la economía argentina pero tiene una subrepresentación en el volumen de las operaciones”, observó y consideró que este título favorecería “a los pequeños y medianos productores que tienen menos herramientas” porque “tener más inversores en el mercado termina redundando en beneficios para aquellos que, aún sin acceder a este instrumento, porque su producción no tiene un precio de referencia” provoca un “desplazamiento de inversores que pasan a tener más liquidez disponible para asistir a esos”. “Los más sofisticados estarán más incentivados a ir a los sectores menos competitivos”, agregó.

Por su parte, Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, expresó: “Vemos con buenos ojos este instrumento, porque una de las cosas que nos ocurre cuando el Estado disponibiliza créditos a tasa razonable es que se produce un boom de venta de maquinaria”.

Para Borri, este instrumento “no va a restar, va a sumar y va a seguir motorizando nuestra actividad” porque “si hay algo que le gusta a nuestros clientes es endeudarse en la moneda en que ellos trabajan”.

Hacia el final, Buryaile se refirió a la posibilidad de reinstalar los warrants -que funcionaron durante el gobierno anterior-, a los que definió como “una buenísima herramienta para defender la producción y el precio por parte de los productores”. “Es uno de los instrumentos que le hace falta a la Argentina. En algún momento funcionó y habrá que aggiornarlo a la realidad, pero que le da financiamiento al productor y seguridad de cobro al acreedor”, explicó.

Acompañó la idea su par Pablo Torello (Pro), quien propuso “acelerar el tratamiento” de una iniciativa en este sentido, de modo de “generar leyes para que todo el sector agropecuario pueda estar mejor atendido desde lo legal para poder desarrollarse”. En esa línea, pidió buscar “acuerdos de largo plazo para que gobierne quien gobierne el sector pueda trabajar en paz”.

Durante la reunión se pasaron a la firma un conjunto de proyectos de resolución y declaración sobre interés de distintas fiestas y eventos.

El diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza), junto a legisladores de su bloque, presentaron un proyecto que propone extender las condiciones establecidas en el DNU 767/20 -que venció el 31 de julio pasado- para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UVA, hasta que se encuentre una solución de fondo en el Congreso de la Nación.

En el proyecto de declaración presentado solicitan que el Poder Ejecutivo Nacional diagrame un nuevo esquema de convergencia, en condiciones similares a las establecidas en el artículo 3° del decreto 767/20, a partir del 31 de julio de 2022 a efectos de reducir el impacto negativo que la actualización de los créditos por Unidades de Valor Adquisitivo tiene sobre los deudores.

“Solicité a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que se retome y agilice el tratamiento en comisiones de la problemática de los créditos UVA porque la inflación crece mes a mes y el vencimiento del DNU 767/20 que congelaba las cuotas y establecía un sistema de convergencia hasta el mes de julio de 2022, complican aún más a las familias tomadoras de crédito”, explicó Cobos.

En tal sentido, el legislador agregó: “La situación de los deudores y el constante aumento del índice de precios al consumidor exige disposiciones urgentes y es el PEN el que cuenta con las herramientas adecuadas para ello, hasta tanto se sancione una ley”, y agregó: “Esto es en forma temporal hasta que el Congreso de la Nación sancione una ley que prevea soluciones definitivas a esta situación”.

“Tanto desde el PEN como desde el Congreso se adoptaron algunas soluciones parciales y temporales que a la fecha no se encuentran vigentes, ya que la última de ellas, establecía desde el 1° de febrero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 un nuevo sistema escalonado de convergencia para las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y estén ocupados y, asimismo, que las entidades financieras habiliten una instancia para considerar la situación de aquellos casos en los que el importe de la cuota a abonar supere el 35% de los ingresos”, sostiene el proyecto entre sus fundamentos.

En ese sentido, Cobos señaló que “estas disposiciones perdieron vigencia, así como el resto de los decretos referidos a la materia porque el aumento del Índice de Precios al Consumidor que para julio de 2022 es de 7,4% impacta directamente en un incremento sideral de las cuotas actualizadas por UVA; más aún sin un sistema de convergencia que reduzca ese impacto”, y ratificó: “Por eso y hasta que se logre una ley del Congreso -que debemos sancionar con celeridad- solicitamos esta prórroga al PEN”.

La iniciativa es acompañada por los diputados Mario Negri, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Lidia Ascárate y Jimena Latorre.

El diputado Víctor Hugo Romero (UCR) presentó un proyecto de ley para reintegrar a los gobiernos locales parte del IVA que pagan en compras de bienes y servicios. “Proponemos crear un Fondo Municipal de Reintegro del IVA (FOMIVA) para que los estados locales tengan más recursos a la hora de mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales”, explicó.

El cordobés precisó que hoy en promedio, vía coparticipación, es un 7,6% lo que actualmente vuelve al municipio cuando el estado local paga IVA. En caso de aprobarse esta iniciativa, ese monto pasaría a ser del 31,3%.

Romero, quien planteó su proyecto esta semana ante la Comisión de Asuntos Municipales, señaló que “el impuesto nacional del IVA impacta en la estructura de costo municipal ya que, si bien están exento del mismo, en todas las compras que hacen para adquirir bienes, obras, locaciones y los servicios que le fueren prestados por terceros, en el precio que abona está incluido dicho impuesto y solo se recupera parcialmente vía coparticipación”.

“Al comprar una bolsa de cemento para hacer una obra, paga lo mismo un vecino que el intendente, que a lo sumo puede pelear precio por cantidad. Y, en promedio, un 38,6% del presupuesto municipal es utilizado para compras de bienes y servicios que incluyen IVA”, agregó.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda profundizó que “la propuesta consiste en generar un mecanismo de devolución de ese IVA para obra pública. La nueva distribución del IVA para los municipios se realizará en función de la población de cada municipio. Desde un 50% para los municipios más chicos (menos de 20.000 habitantes), hasta un 20% para los municipios de más de 300.000 habitantes”.

Además, el legislador remarcó que “la capacidad financiera de los municipios es limitada; más de la mitad de los recursos municipales provienen de lo que reciben de la coparticipación y de otras transferencias corrientes, nacionales y provinciales. Los recursos genuinamente propios (impuestos, regalías e ingresos no tributarios que incluyen tasas, derechos, contribuciones y otros) alcanzan, en promedio, solamente el 40%”.

El proyecto lleva también la firma de los diputados Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Pedro Galimberti, Soledad Carrizo, Mario Barletta, Miguel Bazze, Juan Carlos Polini, Roberto Sánchez, Marcela Coli, Gabriela Lena, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Miguel Nanni, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini, Martín Arjol, Marcos Carasso, Karina Banfi, Jorge Vara, Ximena García, Ricardo Buryaile, Sebastián Salvador, Silvia Lospenato, Adriana Ruarte, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Soher El Sukaria, Martín Berhongaray, Dolores Martínez, Alejandro Cacace e Ingrid Jetter.

Con gran demora pero por fin, van completándose las comisiones de la Cámara de Diputados. Y este martes fue el turno de otras cinco comisiones que designaron a sus autoridades.

En primer lugar fue el turno de Asuntos Municipales, donde eligieron a la diputada del Pro Ingrid Jetter presidenta, en tanto que el oficialista Julio Pereyra resultó vicepresidente 1°. El vicepresidente segundo será otro exintendente (Pereyra lo fue durante años en Florencio Varela), el radical cordobés Marcos Carasso (ex jefe comunal de General Cabrera).

Hoy participé de la constitución de la Comisión Asuntos Municipales y tuve el honor de que me designaran Vicepresidente.

Vengo a defender el sistema que tenemos en Córdoba, estoy convencido de que con mayor autonomía municipal, reparto equitativo y justo de la coparticipación pic.twitter.com/0lo60oyWnB

— Marcos Carasso (@marcoscarasso) May 24, 2022

Secretarios serán Mercedes Joury (Pro), Nancy Sand (FdT) y Tomás Ledesma (FdT) como secretarios. Quedó fijado los días miércoles a las 10 como horario de reuniones.

“Personalmente, en Riachuelo, el municipio en el que fui tres veces intendente, la actividad era de 24 horas, de domingo a domingo. Desde esta comisión tenemos la obligación de escuchar, de atender a los casi 1300 municipios que tenemos en el país, nuestro deber es hacer un trabajo superador desde lo legislativo. Bienvenidas todas las iniciativas. Un gusto enorme compartir con todos mis pares que conforman esta comisión, con Nancy Sand este grupo de autoridades porque ha sido excelente intendente en Bella Vista, Corrientes. Como dijo Julio Pereyra, los que levantamos las banderas del municipalismo no importa el partido político del que provenimos, sino que importa realmente que amamos la gestión local y espero que todos compartan ese sentir, nuestro objetivo siempre será mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, sostuvo Jetter tras asumir en el cargo.

Luego, fue el turno para la elección de autoridades de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde tal cual adelantó parlamentario.com eligieron al radical Víctor Hugo Romero presidente. Vicepresidente 1° y 2° fueron elegidos Liliana Yambrún (FdT) y Héctor Stefani (Pro), respectivamente, en tanto que serán secretarios Constanza Alonso (FdT), Domingo Amaya (Encuentro Federal) y Myriam Bregman (PTS – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad).

Suspendida la semana pasada por la ausencia de quien reelegirían como presidente, se reunió este martes la Comisión de Libertad de Expresión, que confirmó al frente al diputado del Pro Waldo Wolff, en tanto que la oficialista Liliana Paponet es vicepresidenta 1° y la radical Soledad Carrizo vice 2°. Falta una vicepresidencia tercera que deberán designar, pero como secretarios quedaron Nilda Moyano (FdT), Miguel Bazze (UCR) y Sabrina Ajmechet (Pro), cuya aceptación también quedó pendiente por estar ausente.

En Peticiones, Poderes y Reglamento fue designada al frente Paula Penacca (Frente de Todos), y los vices serán Alvaro González (Pro) y Carolina Moisés (FdT). Las secretarías estarán en manos de Dolores Martínez (Evolución Radical), Paola Vessvessian (FdT) y Emilio Monzó (Encuentro Federal).

Finalmente se constituyó la Comisión de Juicio Político, donde designaron presidenta a la entrerriana Carolina Gaillard (FdT). Como vicepresidente 1° fue designado Juan Manuel López (Coalición Cívica) y vice 2° Victoria Tolosa Paz (FdT). Los secretarios de serán Mario Negri (UCR), Álvaro González (Pro) y Omar de Marchi (Pro).

El diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR-Córdoba) presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue el vencimiento del período de recategorización obligatoria del monotributo correspondiente a enero de 2021.

En el proyecto, Romero considera que el vencimiento del período de recategorización del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes debe prorrogarse hasta que se definan nuevos parámetros monetarios para las categorías del año 2021 en adelante y/o la consideración por parte del Congreso de la Nación del proyecto de “Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes”.

“Solicitamos a AFIP que suspenda la recategorización de Monotributistas del 20 de enero ya que los parámetros monetarios para el 2021 no fueron definidos. En estas condiciones, no se puede exigir la recategorización ya que se está perjudicando a pequeños contribuyentes”, advirtió Romero.

El proyecto, además, lleva la firma de los diputados Gustavo Menna, José Cano, Federico Zamarbide, Gerardo Cipolini, Josefina Mendoza, Aída Ayala, Soledad Carrizo, Ximena García, Lidia Inés Ascarate, Diego Mestre, Albor Cantard, Dolores Martínez, Gonzalo Del Cerro y Estela Regidor.