Habitualmente duro con la oposición, el diputado del Frente de Todos Juan Marino se mostró este miércoles en modo zen, abierto a consensuar. Lo planteó de entrada: que el proyecto sobre de devolución del IVA debía salir “por unanimidad”.

En su intervención en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó directamente ir “a la discusión política”, y señaló: “Imagínense lo que sería llegar a la sesión, que el bloque Unión por la Patria vote a favor de reducir el IVA a los que menos tienen; el bloque de las interprovincias (SIC) también; el Frente de Izquierda también… que Milei vote a favor de esto… y que Juntos por el Cambio no lo vote a favor… ¿Otro flaco favor a Milei como pasó con Ganancias? Nooo, nosotros tenemos un tipo, y lo quiero decir en esa reunión, que sacó el 30% en las elecciones, que en el último debate presidencial dijo que no hubo genocidio, que fue una guerra, que es algo que la mayoría de los que estamos acá estamos de acuerdo en que fue un genocidio, porque eso lo establecieron los juicios por la memoria, y que tenemos que unirnos para impedir que ese sujeto gane las elecciones, y que después cuando vamos a la sesión votamos como votamos y le hacemos un favor de cara a las elecciones…”.

“No, creo que tenemos que tener otro criterio político –planteó-. Que tenemos de ponernos de acuerdo en tomar medidas en común en este Congreso que mejoren las condiciones de vida de la gente y que le pongan un límite a ese tipo de planteos que pueden llevar al país a una situación muy pero muy complicada”, cerró el diputado piquetero.   

Cuenta DNI está dentro del programa “Compre sin IVA”, la medida estatal nacional que reintegra el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el 21% de las compras, en comercios seleccionados y en productos particulares por hasta 18.800 pesos por mes.

Están incluidos en el programa: jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones universales por hijo cuyo monto total mensual no supere la suma de seis haberes mínimos garantizados, asignaciones por embarazo para protección social, trabajadores en relación de dependencia (siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $ 118.000) y personal de casas particulares y monotributistas.

Las compras que serán contempladas en el programa refieren a los comercios minoristas y mayoristas que estén inscriptos ante la AFIP y que ofrezcan productos de la canasta básica como alimentos (lácteos, panificados, carnes, verduras, entre otros) artículos de higiene personal, artículos de limpieza, etc.

El régimen de reintegro alcanza a las compras que se realicen desde el 18 de septiembre de 2023.

 Además de las tarjetas de débito a nombre del beneficiario y de las tarjetas del “Programa Alimentar” y del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo, se puede obtener la devolución de IVA pagando con la billetera digital gratuita de Banco Provincia, Cuenta DNI. En este caso es suficiente con tener dinero en cuenta disponible y pagar a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, QR o Clave DNI.

También están incluidas las transferencias a través de tarjetas de débito bajo la modalidad de pago electrónico inmediato y los pagos con tarjeta de débito realizados a través de códigos de respuesta rápida (QR).

Se reintegrará el 21% del importe total abonado, hasta el límite de $ 18.800 por mes y por beneficiario. El reintegro se efectuará automáticamente en la cuenta bancaria, dependiendo del horario en que se realizó la compra.

Para las compras que se realicen hasta las 17, la acreditación se hará efectiva dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la operación. Mientras que para las compras hechas luego de las 17 horas, el reintegro se realizará dentro de las 48 horas hábiles de efectuada la operación.

El beneficio de la devolución de IVA es acumulable con los que ya brinda mes a mes la billetera digital gratuita de Banco Provincia y que en septiembre permite ahorrar hasta $ 60.000.

De esta manera, las personas usuarias de Cuenta DNI que cumplan con los requisitos impuestos por la AFIP pueden obtener un nuevo ahorro mensual cada vez que pagan sus compras de productos incluidos en la canasta básica a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, QR o Clave DNI. El monto alcanza en el noveno mes del año, sumando ambos beneficios, los $ 78.800.

La batería de iniciativas que viene lanzando el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, sumó este miércoles una nueva instancia.

En el marco de la presentación de medidas económicas, Massa anunció que se le devolverá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de artículos de la canasta básica, de hasta 18.000 pesos mensuales, a jubilados, monotributistas y trabajadores.

“El Estado de tomar la iniciativa de devolverle el esfuerzo que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes”, señaló el ministro el mismo día en el que se difundió una inflación récord, con 12,4% en el mes de agosto.

Por eso, dijo, “hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21 por ciento, del total de la canasta básica, para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 700.000 pesos”.

En ese marco, Massa enviará al Congreso un proyecto denominado “Compre sin IVA”, con el fin de que rija a partir del año que viene. La iniciativa sería tratada probablemente el próximo lunes, para dejarla lista para su debate en la sesión prevista para la semana próxima en Diputados.

El proyecto plantea una devolución de hasta un 21% del monto de las operaciones de compra, pero con un tope equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para 4 integrantes. Se calcula que el reintegro por beneficiario podría alcanzar los 23.000 pesos mensuales.

Fundamentalmente el beneficio sería para compras en alimentos, carnes, frutas, verduras, lácteos y productos de higiene personal.

El proyecto contempla que la iniciativa incluya a jubilados y pensionados; beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH); monotributistas de todas las categorías (sólo los puros, es decir los que no tienen otros ingresos).

También percibirán el reintegro los empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 salarios mínimos, vitales y móviles y los trabajadores del Régimen del Personal de Casas Particulares.

Todos suman un universo de más de 21.640.000 ciudadanos.

En la apertura de un nuevo ciclo lectivo en todo el país y con un incremento de más del 100% en los costos de los útiles escolares, la senadora nacional Beatriz Ávila (Partido Justicia Social -Tucumán) presentó un proyecto para aplicar una reducción transitoria de las alícuotas del IVA a la venta de productos de la canasta básica escolar.

La iniciativa es acompañada con las firmas del chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), del sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), del fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) y la puntana Gabriela González Riollo (Pro).

En su artículo primero, el texto propone una reducción del IVA del 0% en productos de la canasta básica escolar como lápiz, bolígrafo, goma de borrar, pegamento cola, cuaderno tapa flexible y dura, repuesto de hojas, lápices de colores, marcadores, tijeras, saca puntas, carpetas, mochila, entre otros productos.

También plantea una alícuota del 10,5% en indumentaria como guardapolvo, zapatillas de lona o Guillermina, medias, remeras, equipo de gimnasia, pollera.

Entre los fundamentos, planteó que “el incremento de la canasta básica tiene lugar en un escenario de aumento generalizado de precios, en donde los consumidores tienen que resignar cada vez más calidad de bienes ara mantener el consumo”.

“Es muy importante garantizar el acceso a la canasta de bienes para el ciclo lectivo, ya que una canasta de precios elevada puede influir en la deserción escolar de sectores económicos en situación de vulnerabilidad”, manifestó.

Y compararon: “Respecto de las subas, en el caso de los artículos de librería, se detectó entre 2018 y 2019 un aumento de entre el 20% y el 50%. Guardapolvos y prendas de vestir colegiales también sufrieron incrementos respecto del año anterior, que oscilan entre el 20% y el 35% en promedio; y el valor de los calzados aumentó entre un 40% y un 45%”.

El senador nacional Edgrardo Kueider (FNyP – Entre Ríos) presentó este jueves un proyecto de ley que busca reducir el precio de la tarifa eléctrica. “El objetivo es atacar el problema del alto costo que los vecinos pagan por este servicio, modificando leyes de fondo que perjudican a las familias y a usuarios comerciales, industriales y pymes”, detalló.

En tal sentido, Kueider destacó: “Propongo reducir del 21 al 5 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica cuando se trata de consumo familiar y, del 27 al 10,5 por ciento para usuarios comerciales, industriales y pymes”.

El proyecto también establece que las distribuidoras energéticas no podrán cobrar cargos extras ya que “las tasas y contribuciones que cobran a los usuarios encarecen el precio final de la boleta de luz”.

Por otra parte, el entrerriano afirmó que su iniciativa “impulsa el incremento de las regalías que perciben las provincias productoras de energía, que pasarían del 12 actual al 20 por ciento, y deberá ser destinado a la reducción del costo de la tarifa eléctrica”.

Con el mismo objetivo, el proyecto también impulsa el aumento del precio que CAMMESA le paga a la represa de Salto Grande por la energía que produce: “la idea es que lo que se le pague sea el promedio del mercado eléctrico mayorista y que la mitad de lo recaudado por ese aumento también sea destinada a la disminución del importe del costo final de servicio”, explicó.

Kueider indicó que “una cuestión fundamental que aborda este proyecto es la federalización de los costos de transporte y distribución de la energía”. “En este proyecto propongo establecer un mecanismo más justo que el vigente actualmente para la determinación de precios en estos conceptos”, afirmó.

Además, el senador expresó su satisfacción de que el camino que marca su proyecto ya haya tenido “efectos concretos” en su provincia. Luego de presentarlo invitó al Gobierno y a los municipios entrerrianos a que avancen en medidas de su competencia en sintonía con su propuesta y el miércoles, en su discurso ante la Asamblea.

La diputada nacional Gabriela Lena presentó un proyecto de ley para reducir el IVA en las boletas de gas, electricidad y agua. 

“Se debe aliviar un poco, al menos, el impacto que tendrá en los ingresos la quita de subsidios a la energía. En este contexto de alta inflación debemos cuidar el bolsillo de los trabajadores y de los sectores productivos”, señaló Lena, y agregó que de aprobarse el proyecto “las alícuotas se reducirían al 7%, desde el 21% actualmente vigente para los consumos residenciales y del 27% para resto”. 

Por otra parte, la legisladora entrerriana aclaró que “la significativa brecha tarifaria entre distritos no se debe al precio de la energía eléctrica, sino a las diferencias en la determinación del valor agregado de distribución y también a diferencias en la carga tributaria”. Detalló, luego que “además del IVA, como impuesto nacional, hay diversos tributos provinciales y locales, incluso en algunos casos al interior de las provincias. Estas diferencias llegaron a extremos absurdos, que hacen que a iguales consumos y categorías un usuario de Entre Ríos, por ejemplo, pague cerca del doble que un usuario de la ciudad de Buenos Aires”. 

Finalmente, Lena consideró que si se tomaran medidas similares con los impuestos provinciales y también en los gravámenes municipales “se podría tener impactos de reducción del alrededor del 9% en el monto de las facturas de consumos eléctricos residenciales en algunos distritos como Entre Ríos”. 

El diputado Víctor Hugo Romero (UCR) presentó un proyecto de ley para reintegrar a los gobiernos locales parte del IVA que pagan en compras de bienes y servicios. “Proponemos crear un Fondo Municipal de Reintegro del IVA (FOMIVA) para que los estados locales tengan más recursos a la hora de mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales”, explicó.

El cordobés precisó que hoy en promedio, vía coparticipación, es un 7,6% lo que actualmente vuelve al municipio cuando el estado local paga IVA. En caso de aprobarse esta iniciativa, ese monto pasaría a ser del 31,3%.

Romero, quien planteó su proyecto esta semana ante la Comisión de Asuntos Municipales, señaló que “el impuesto nacional del IVA impacta en la estructura de costo municipal ya que, si bien están exento del mismo, en todas las compras que hacen para adquirir bienes, obras, locaciones y los servicios que le fueren prestados por terceros, en el precio que abona está incluido dicho impuesto y solo se recupera parcialmente vía coparticipación”.

“Al comprar una bolsa de cemento para hacer una obra, paga lo mismo un vecino que el intendente, que a lo sumo puede pelear precio por cantidad. Y, en promedio, un 38,6% del presupuesto municipal es utilizado para compras de bienes y servicios que incluyen IVA”, agregó.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda profundizó que “la propuesta consiste en generar un mecanismo de devolución de ese IVA para obra pública. La nueva distribución del IVA para los municipios se realizará en función de la población de cada municipio. Desde un 50% para los municipios más chicos (menos de 20.000 habitantes), hasta un 20% para los municipios de más de 300.000 habitantes”.

Además, el legislador remarcó que “la capacidad financiera de los municipios es limitada; más de la mitad de los recursos municipales provienen de lo que reciben de la coparticipación y de otras transferencias corrientes, nacionales y provinciales. Los recursos genuinamente propios (impuestos, regalías e ingresos no tributarios que incluyen tasas, derechos, contribuciones y otros) alcanzan, en promedio, solamente el 40%”.

El proyecto lleva también la firma de los diputados Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Pedro Galimberti, Soledad Carrizo, Mario Barletta, Miguel Bazze, Juan Carlos Polini, Roberto Sánchez, Marcela Coli, Gabriela Lena, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Miguel Nanni, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini, Martín Arjol, Marcos Carasso, Karina Banfi, Jorge Vara, Ximena García, Ricardo Buryaile, Sebastián Salvador, Silvia Lospenato, Adriana Ruarte, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Soher El Sukaria, Martín Berhongaray, Dolores Martínez, Alejandro Cacace e Ingrid Jetter.

La diputada nacional Danya Tavela presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación en el que propone el reintegro del IVA a productos de gestión menstrual y productos de gestión menstrual sustentables. Además, sugiere la entrega gratuita en colegios y establecimientos de salud. 

Según explicó Tavela, el proyecto tiene como objetivo adoptar medidas que contribuyan a disminuir las desigualdades de género y fomentar el uso de productos sustentables. 

El proyecto plantea la devolución del IVA a la compra de productos de gestión menstrual a beneficiarias de asignaciones sociales y el reintegro del IVA de aquellos productos que sean sustentables para toda la sociedad. 

“Poner el foco en las desigualdades de género, adoptar medidas que permitan eliminar las brechas de género como así también garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las niñas y mujeres en Argentina resulta una prioridad”, sostuvo la legisladora del bloque Evolución Radical. 

La ley, además, busca que se establezca la obligatoriedad de garantizar la provisión gratuita de productos de gestión menstrual a niñas, mujeres y personas menstruantes en ámbitos educativos secundarios de gestión pública y establecimientos de salud pública. 

“Estos productos son de primera e ineludible necesidad y representan un costo de vida mayor para las personas menstruantes, que suelen ser padecer índices más altos de desempleo, menores ingresos y mayor precarización. Con este proyecto buscamos garantizar derechos fundamentales”, remarcó Tavela. 

El proyecto lleva además las firmas de las diputadas Marcela Antola, Gabriela Brower de Koning, Carla Carrizo, Maria Victoria Tejeda y Dolores Martinez. 

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para modificar la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el objetivo de aliviar a los sectores más vulnerados.

El proyecto establece que “la alícuota del impuesto será del diecinueve por ciento (19%) a partir del 01/01/2023, será del diecisiete por ciento (17%) a partir del 01/01/2025 y del quince por ciento (15%) a partir del 01/01/2027. Esta alícuota se disminuirá al veinticinco por ciento (25%) a partir del 01/01/2023, será del veintitrés por ciento (23%) a partir del 01/01/2025 y será del veintiuno por ciento (21%) a partir del 01/01/2027 para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones”.

“La Argentina necesita un plan anti inflacionario, no crear más impuestos y atentar contra los sectores productivos. El proyecto sobre renta inesperada es un nuevo manotazo de ahogado para no achicar el gasto público”, señaló el legislador radical.

En ese sentido, cuestionó al gobierno de Alberto Fernández porque “no tiene un plan económico claro, busca generar más impuestos y ahogar a la clase trabajadora que es la que invierte y genera empleo”.

“Las peleas internas en el oficialismo nos demuestran que el Gobierno está más preocupado por resolver sus disputas de poder que por solucionarle los problemas económicos a la gente”, criticó Blanco.

A su vez, señaló que “en nuestro país la inflación es un impuesto no legislado que hace un daño terrible a los más pobres. Hace 18 años que Argentina la padece siendo una de las más altas del mundo. Hace 25 años que se prometen ayudas a los más necesitados y el impuesto que más los castiga es el único que nunca disminuye, por el contrario, se lo aumenta”.

“Por ello considero que es necesario disminuir progresivamente la alícuota del impuesto hasta llegar al cabo de 6 años al quince por ciento (15%) de alícuota, similar a la establecida a fines de los 80 y principios de los 90.  De esta manera se aliviará a los más necesitados que destinan prácticamente la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos y bienes de primerísima necesidad”, consideró el fueguino.

Una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, acompañados por el liberal Javier Milei, impulsarán dos proyectos de ley que apuntan a derogar los derechos de exportación y retornar al 18% el IVA.

La propuesta referida a las retenciones apunta a derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero y las normas complementarias, como decretos y resoluciones en la materia, de modo que el Congreso recupere sus facultades.

“Pero principalmente se vuelve al ámbito pertinente, en el cual amplios consensos busquen resolver las tensiones propias del desarrollo, que lamentablemente nunca debió transformarse en un conflicto y que hoy impide la expansión de nuestros recursos productivos, exportación y la construcción de una base sólida para nuestro federalismo”, sostuvo la oposición.

En cuanto al IVA, los legisladores señalaron que “al determinarse como alícuota general y máxima el 18% en el Impuesto al Valor Agregado, se asienta en el camino contrario al del oficialismo de más impuestos y más presión tributaria, camino que ha quedado claro no produce beneficios ni para los hogares de menores recursos que deben destinar la casi totalidad del ingreso al consumo; ni para el sector productivo”.

“Al definirse la disminución de alícuota, también se sostiene las alícuotas menores establecidas en la normativa vigente y propende su impacto al mayor consumo”, añadieron.

Los firmantes de los proyectos son: Gerardo Milman, Omar De Marchi, Hernán Lombardi, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Marilú Quiroz, Pablo Torello, Virginia Cornejo, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Matías Tacceti, Alberto Asseff, Gabriel Chumpitaz, Ingrid Jetter, Francisco Sánchez, Adrián Ruarte, Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio); Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que prevé la exención de impuestos en la adquisición -que realice el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad- de vacunas contra el Covid producidas en el país.

La iniciativa exime “transitoriamente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de vacunas y descartables que tengan por objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, cuando el adquirente sea el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, o cualquier otro sujeto constituido o que se constituya en la órbita de aquellos, a esos fines, además de admitirse el recupero del impuesto facturado a los sujetos que efectúen esas ventas, con relación a estas”.

Además, prevé la exención del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias -establecido por la Ley 25.413 y sus modificatorias- a “las cuentas bancarias y de pago utilizadas directa y exclusivamente para la concreción de tales operaciones”.

El proyecto, que posee las firmas del presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; faculta al Poder Ejecutivo “a extender la vigencia de los beneficios” por el plazo de un año.

Asimismo, estos beneficios “se extenderán a otros medicamentos, tratamientos e insumos que pudieren resultar necesarios para la atención de la emergencia pública en materia sanitaria”.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno explicó que en la Ley de Vacunas contra el Covid (N° 27.573), “se eximió del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, así como también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En ese sentido, “se considera imperativo establecer una exención impositiva similar” respecto de “las vacunas importadas desde otros países, para aquellas que puedan producirse en el territorio nacional”.

Por otra parte, en los argumentos de la iniciativa, el Ejecutivo destacó el plan de vacunación que “se ha establecido como una de las principales políticas sanitarias para dar respuesta a la pandemia, motivo por el cual nuestro país ha suscripto diversos contratos con distintos laboratorios y proveedores y acuerdos multilaterales, como el mecanismo COVAX, lo que ha permitido haber recibido hasta la fecha aproximadamente 40 millones de dosis, de cuatro vacunas diferentes“.

“No obstante ello, la situación crítica a nivel mundial en relación con la producción de vacunas condiciona el acceso oportuno y suficiente a este bien estratégico, por lo que se torna indispensable ampliar las opciones de proveedores, u obtención de insumos, que permitan incrementar la cantidad de dosis y optimizar la oportunidad de acceso a las mismas”, agregó.

Otro de los artículos propone la invitación a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a “establecer exenciones similares” respecto de “los tributos que pudieren corresponder en sus respectivas jurisdicciones”.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley para llevar a 0% el impuesto al valor agregado para los diversos productos que componen la Canasta Básica Alimentaria. Será hasta el 31 de diciembre todo el país, prorrogable por seis meses. Incluye carnes, frutas y verduras, aceites, azúcar, harinas, huevo, leche y yerba, entre otros.

“El incremento del costo de la canasta básica -superior al índice de inflación- genera la necesidad imperiosa de tomar medidas para paliar el enorme costo que actualmente deben afrontar los sectores más vulnerables de la sociedad, al que además se suma un terrible e histórico contexto socioeconómico, como consecuencia de la pandemia. Esta medida procura amortiguar costos sobre el consumo de productos que son de imperiosa necesidad”, explicó.

En este sentido, propuso establecer un mecanismo de diálogo permanente con los diferentes actores para garantizar la mayor efectividad.

La carga tributaria, para quienes integran en Argentina el sector más humilde de la población, representa el 34% de su ingreso bruto, y el IVA es el principal factor. “Esto se ve reflejado en los datos de la distribución del ingreso, que consolidan una tendencia estructural en la economía argentina, donde la desigualdad económica entre ricos y pobres no ha parado de crecer hasta niveles escandalosos”, manifestó.

Weretilneck explicó que el costo fiscal estimado de su propuesta rondaría los $155.000 millones anuales, considerando los datos de recaudación del año 2020. “Evidentemente es una cifra considerable, sin embargo, no lo es si la evaluamos a la luz de la justicia distributiva que proponemos. Las exenciones siempre son justificables y válidas. La eximición del IVA a la canasta básica de alimentos es una cuestión de justicia para que aquellos sectores más vulnerables no abonen el IVA cuando compran lo elemental para sobrevivir”.

Los productos y alimentos alcanzados son: Aceite de girasol, maíz y mezcla; Arroz; Azúcar; Carnes: Asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado; Conservas de frutas, hortalizas y legumbres; Harina de maíz y de trigo; Huevos; Leche fluida entera o descremada con aditivos; Pan; Pan rallado y/o rebozador; Pastas secas; Yerba mate, mate cocido y té; y Yogur entero y/o descremado.

En nuestro país la evolución de la alícuota del impuesto fue creciendo con el transcurso del tiempo, y en 1995 llegó al 21% que se mantiene en la actualidad. De esta manera, la Argentina es el país con mayor porcentaje de América Latina, sólo superado por Uruguay, que aplica el 22%. En Chile y Colombia aplican un 19%, en Brasil 17%, y en Bolivia el 13%. En el resto del mundo el promedio está en el 15%, y contempla tasas más bajas para los productos básicos como alimentos y medicamento.

El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) cuestionó el actual sistema impositivo para las economías regionales al considerar que maneja costos que hacen la exportación “inviable”. Además, criticó el alcance de la última reforma de la ley IVA.

Cobos explicó que “las economías regionales necesitan un sistema impositivo que aliente las exportaciones, que reduzca los costos fiscales y financieros del comercio internacional. El Estado debe ser un promotor que ayude a los productores de las economías regionales a vender su producción al mundo y no a un costo que lo haga inviable”.

“Entendemos que el Estado debe alentar la exportación de bienes que implican la industrialización de la producción agrícola no pampeana, e incluir su ciclo productivo en la alícuota reducida del IVA, como lo hace con el complejo agroindustrial de la soja. La última reforma de la ley de IVA, la ley Nro. 27.467, amplía la alícuota reducida del IVA a residuos sólidos y subproductos de la industrialización de la soja, pero no tiene el mismo criterio para los procedentes de la industrialización de las frutas y verduras”, sostuvo el exvicepresidente.

Además, expuso el descuido de las exportaciones de materia prima tratada por complejos  comparación con las exportaciones de soja. “Es necesario tratar la producción de mosto o jugos de uva de la misma manera que la producción agroindustrial de la soja”, argumentó. 

“No es lo mismo exportar uvas frescas que exportar pasas de uvas, mosto, vinagres o vino a granel. Esto implica exportar trabajo de complejos agroindustriales, que también dan salida a los excesos de stock de frutas en las buenas cosechas, sin deprimir precios o saturar el mercado interno. Es trabajar en forma inteligente para desarrollarnos, para crecer, para dar trabajo en las provincias productoras, a todo el universo de posibilidades que abre la producción local”, explicó el senador mendocino.

El legislador de la Cámara alta resaltó la importancia de llevar a cabo una reforma de la ley de IVA para motorizar la industrialización. “Es algo que necesitan las provincias andinas para desarrollar más industrias, crear empleos y empresas, generar productos y no ventas a granel de productos agrícolas”, admitió.

Por último, Cobos manifestó: “Un primer paso para disminuir la regresividad del IVA es establecer alícuotas diferenciadas, que aún con sus defectos es mejor que lo que establece la ley, donde las exenciones derivan más en intereses sectoriales que en necesidades sociales. El otro objetivo de esta ley es la promoción de las exportaciones agrícolas de las economías regionales, algo tan necesario en muchas actividades. Argentina necesita un sistema tributario que exporte trabajo y no impuestos, y esta ley es un avance más en ese sentido”.

Una veintena de diputados de la UCR presentaron este jueves ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece la devolución total del IVA a los contribuyentes más vulnerables de nuestro país como respuesta a la crisis sin precedentes que afecta especialmente a estos sectores y que el gobierno del presidente Alberto Fernández no logró solucionar efectivamente.

La iniciativa establece un mecanismo para devolverle el IVA a aquellos grupos de contribuyentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tomando a aquellos jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de pensiones no contributivas, la AUH y la asignación por embarazo. La normativa que ya fuera aplicada con anterioridad en la que  se preveía la devolución de una porción del IVA y con un tope mensual muy bajo, ahora, se propone la devolución total del IVA focalizado en los gastos de los sectores vulnerables y sin topes, para de esta manera atacar más efectivamente la falta de progresividad de nuestro sistema tributario.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de confinamiento dispuestas han tenido consecuencias muy graves para nuestro país, en este contexto, representantes de organismos internacionales han advertido que la pobreza, la indigencia y la desigualdad van a escalar fuertemente. En este sentido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho un llamado a reforzar las transferencias monetarias en los países en desarrollo, que por su alto grado de informalidad laboral y desigualdad, se encuentran más expuestos, no solo a aquellos que viven bajo la línea de pobreza, sino también a todos aquellos que están en riesgo de caer por debajo de ella a causa de la crisis.

En un contexto en donde se están debatiendo la creación de nuevos impuestos, y se está agotando el pago del IFE, es necesario encontrar nuevos mecanismos para asegurar un piso de protección a aquellos más desprotegidos, en este sentido se manifestó el puntano Alejandro Cacace, autor del proyecto: “En nuestro país siempre se ha mirado a las transferencias directas como forma para reducir la desigualdad, pero también hay que mirar el potencial redistributivo de nuestro sistema impositivo, que es regresivo a causa que su principal impuesto que es el IVA, que pagan todos nuestros contribuyentes y no mira la capacidad contributiva de estos.”

La iniciativa cuenta con el aval de los legisladores Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Claudia Najul, Juan Martin, Lidia Ascarate, Gonzalo del Cerro, Ximena Garcia, Federico Zamarbide, Mario Arce, Jose Riccardo, Carla Carrizo, Jimena Latorre, Estela Regidor, Carlos Fernández, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, entre otros.

Con algunas modificaciones respecto del proyecto original, el Frente de Todos se alzó este jueves  con el dictamen favorable de la ampliación presupuestaria, que será debatida este viernes en sesión especial de la Cámara de Diputados.

Con 27 firmas, la iniciativa fue avalada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en una breve reunión donde el presidente, Carlos Heller, repasó los cambios introducidos, aunque aclaró que se mantendrá tanto la suba del IVA a la leche común como la dolarización de la deuda en pesos.

Esos eran dos de los puntos más criticados por Juntos por el Cambio, que se inclinó por el rechazo, mientras que el misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia) acompañó el dictamen y el schiarettista Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) firmó en disidencia.

La principal modificación consistió en asignar al Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros la suma de 9.500 millones de pesos, que serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.

A su vez, se asignarán 300 millones de pesos al Hospital Posadas “para complementar la cobertura de sus necesidades operativas”, puntualizó Heller, y agregó que el jefe de Gabinete estará facultado para reasignar partidas con el fin de cumplir con estas modificaciones.

En nombre de Juntos por el Cambio, José Cano, titular de la Comisión de Transporte, consideró insuficientes los 9.500 millones adicionales que se otorgarán hasta fin de año, al considerar que “no se contempla la caída de recaudación de las empresas” por la merma de pasajeros producto de la pandemia.

Sin embargo, Heller explicó: “Todos somos conscientes de que todo va a ser insuficiente. Le estamos sacando jugo a las piedras para tratar de resolver la situación”.

El diputado reconoció que “es comprensible” el planteo de la oposición, pero advirtió que “podríamos hacer una lista interminable de necesidades a cubrir”, aunque no descartó que el Gobierno acepte nuevas modificaciones de aquí a la sesión.

Respecto del IVA en la leche común -cuyo gravamen pasará de 0% a 10,5%-, Heller reiteró el informe oficial que explica que esa reforma “no debería tener un efecto en el precio final de la góndola ya que los comerciantes deberían dejar de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la excepción del IVA en la venta al consumidor final”.

Por eso, el oficialismo decidió mantener esa propuesta, como así también la posibilidad de dolarizar la deuda en pesos.

En ese sentido, el titular de la comisión indicó que se busca “normalizar una anormalidad preexistente” y que “los nuevos títulos que se están ofreciendo son por una pequeña porción de la cartera”.

“Los tenedores son gente que entró en la época de las Lebac a hacer calesita; no eran inversores genuinos, sino que venían a hacer especulación financiera”, justificó el legislador, y remarcó la posibilidad de que esos tenedores “que hoy ejercen una gran presión en el contado con liqui encuentren una solución razonable” con “títulos que vencen en 2030”.

Por otra parte, el oficialismo modificó el artículo cuarto del proyecto, que contempla una asignación de 7.100 millones de pesos para La Rioja y 340 millones para los municipios de esa provincia.

De ese último monto, 170 millones se destinarán a la ciudad de La Rioja y el monto restante se repartirá entre el resto de los municipios según un determinado criterio.

La ampliación presupuestaria será por un monto de 1.859.583 millones de pesos, un aumento de gastos equivalente al 6,5% del PBI.

De este monto, el 80% se origina principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH.

Si se sanciona la ley de ampliación, el incremento de recursos (corrientes y de capital) será del 17,2%, y el de los gastos será del 33,6%. A su vez, habrá un crecimiento del 53,9% en las transferencias corrientes y del 41,6% en los gastos de capital.

Ante la polémica generada en torno a la aplicación del 10,5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la leche común, actualmente exceptuada de ese tributo, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, negó que esa medida “tenga un efecto de incremento del precio” y dio las razones del Gobierno.

Durante el debate del proyecto de ampliación presupuestaria en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Rigo respondió a un planteo de Juntos por el Cambio, expresado por el radical Luis Pastori, acerca del artículo 7 inciso “f” de la iniciativa oficial.

Pastori advirtió que mediante esa modificación se busca eliminar del IVA “la exención de la cual hoy goza la leche, ya sea en polvo o fluida, entera o descremada”, que es “la leche de consumo masivo de los sectores populares”, para sumarla al lote de productos gravados con el 10,5%.

Paralelamente, señaló, todas las leches aditivadas pasarán del gravamen actual del 21% al 10,5%. “En eso estamos de acuerdo, pero no así en que la leche común pase del 0% al 10,5%. Será un impuesto que impactará directamente en el precio del producto”, alertó el misionero.

Pero al momento de responder, Rigo contradijo a Pastori y aclaró que “la mayor parte del consumo de leche en el país es de leches aditivadas y fortificadas”, y destacó que “para esa porción se está promoviendo una reducción” de la alícuota.

El secretario de Hacienda reconoció que “es verdad” que en el caso de la leche hoy exenta se incrementa la alícuota al 10,5%, pero consideró que la decisión de no gravar esa leche (efectivizada a través de un decreto en 2019) “no logró un efecto de reducción de precios, sino más bien un incremento”.

Además, observó que “la medida también tenía dificultades técnicas” ya que “al tener que trabajar en la última etapa de la cadena con el producto exento, esto produce en las empresas comercializadoras una acumulación de crédito fiscal, que no puede aplicado justamente por esa razón”.

“Al llevar la alícuota al 10,5%, va a ser posible para esas empresas descargar esos créditos fiscales y eso evitará presiones”, señaló Rigo, y agregó: “No compartimos que esta medida tenga un efecto de incremento en los precios”.

“Consideramos que es un paso que avanza en mejorar y perfeccionar técnicamente una medida (la tasa cero) que se tomó de manera apresurada y que también tuvo planteos de inconstitucionalidad”, concluyó.

Luego de que el Gobierno nacional presentará su proyecto de ampliación para el ejercicio presupuestario vigente en el que propone gravar a la leche con un IVA de 10,5%, la diputada nacional Roxana Reyes manifestó su preocupación a través de un proyecto de declaración en el que da cuenta de las consecuencias negativas que tendrá este aumento en el precio final de la leche para la comunidad en su conjunto y, especialmente, para los sectores más vulnerables.

“La exención del IVA a la venta de leche que llevó adelante el gobierno de Cambiemos apuntaba directamente a que los sectores de menores ingresos puedan acceder a su consumo. Al eliminar ahora esa exención, muchos de ellos se verán imposibilitados de adquirir un producto de consumo esencial, en especial para niños, niñas y adolescentes”, explicó Reyes.

Recordemos que el viernes pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de ampliación del presupuesto 2020 en el cual prevé mayores recaudaciones para contar con recursos que le permitan hacer frente a los compromisos derivados de la atención de la pandemia.

Con este objetivo el documento dispone en su artículo 18, la eliminación de la exención del IVA a la leche en polvo y fluida, entera y descremada, llevándola del 0% al 10,5% lo cual impactaría de manera directa en el precio y, lógicamente, en el bolsillo de los consumidores.

“Los sectores populares e informales han sido los más afectados por la crisis económica generada por la pandemia y muchos de ellos han sufrido una pérdida significativa de sus ingresos. Pero a pesar de esta situación, al Gobierno Nacional se le ocurre aumentar el precio de la leche. Es una medida inentendible e inaceptable teniendo en cuenta que la leche es un producto de consumo básico y esencial, en especial para niños, niñas y adolescentes”, afirmó la diputada Reyes.

Para concluir, la legisladora santacruceña expresó que a las privaciones que ya tienen los niños hoy en día, el Gobierno ahora le sumó la privación de un producto de primera necesidad, nutritivo y beneficioso para la salud como la leche.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) afirmó que desde Juntos por el Cambio solicitarán al oficialismo en la Cámara de Diputados que el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo sea tratado en sesión la semana próxima, y no ésta misma, como pretende el Frente de Todos.

El formoseño recordó que el proyecto “de 128 páginas” ingresó “el fin de semana” y “lo que están haciendo es mandarnos un presupuesto”, más que una ampliación. “Técnicamente está mal hecho, porque no se pueden incluir cuestiones de impuestos permanentes en las leyes de presupuesto”, señaló.

En ese sentido, el legislador adelantó que si se busca “votar a libro cerrado una ley tan importante, tendremos que votar en contra”. Asimismo, enfatizó que el interbloque opositor no aceptará “la suba de la leche”.

En declaraciones a radio La Red, el exministro de Agroindustria explicó que “el sachet de leche por ley estaba exento del IVA; siempre estuvo al 0%”, mientras que “las leches aditivadas tenían un IVA del 21,5% y (el expresidente Mauricio) Macri las bajó al 10,5%”. Pero lo que hace ahora el Gobierno es “llevar la leche de consumo masivo del 0% al 10,5%”.

“Es decir, las leches que compra la gente que tiene muchos más recursos van a bajar”, apuntó y remarcó: “La leche de consumo masivo va a tener un aumento de precio, por más que digan que no. Esto ya lo había hecho Néstor Kirchner en 2006 cuando gravó el pan francés”.

El radical consideró que “lo que pueden” argumentar desde el Gobierno “es que en la cadena comercial tratan de unificar las alícuotas del IVA”. Sin embargo, resaltó: “Los impuestos indirectos, como es el IVA, son los impuestos más injustos porque no identifican la capacidad contributiva de la persona”.

“A la leche, por la importancia que tiene en la canasta básica, por lo que se necesita en los chicos, y por los que menos tienen, no se le puede subir el IVA”, aseguró Buryaile. Y completó: “Lo que hay que hacer para una buena política social y tributaria es devolver parte del IVA a los consumidores con menos recursos”.

El diputado radical Luis Pastori advirtió que el proyecto de ampliación presupuestaria incluye en uno de sus artículos la propuesta de eliminar la exención de IVA  a la venta de leche en polvo y fluida, entera o descremada. De tal manera, dijo, la lleva del 0% al 10,5%, “lo cual impacta directo en el precio a consumidor final”.

“Ya otro gobierno K, el de Néstor, había hecho lo mismo con el pan común o francés, gravándolo de 0 al 10,5% a partir del 1/11/2006”, agregó el diputado misionero.

A través de una serie de tuits, el legislador de Juntos por el Cambio agregó: “Encarecen los productos de consumo popular masivo cuyo fin -el de estar exentos- es no dificultar su acceso a los sectores de menores ingresos. Y esto, en medio de la pandemia. Les queda solo ir por el agua y medicamentos”.

“Le pedimos al Gobierno que revea su proyecto, la recaudación de impuestos no puede ser   de cualquier manera y menos afectando los consumos populares básicos”, concluyó.

Por su parte, el diputado José Cano afirmó que “la gente tiene hambre y no tiene trabajo. Y la respuesta que se le ocurre al Gobierno en el proyecto de ley de ampliación del Presupuesto es ponerle IVA a la leche, como en 2006 que gravaron el pan. Catorce años después hacen lo mismo. Desde Juntos por el Cambio no vamos a permitirlo”.

En tanto, la diputada Claudia Najul señaló que “ayer ponían frases de Evita en twitter y hoy mandan al Congreso una ley para subirle el IVA a la leche. Nunca los juzgues por lo que dicen, mirá antes qué es lo que hacen”.