En la apertura de un nuevo ciclo lectivo en todo el país y con un incremento de más del 100% en los costos de los útiles escolares, la senadora nacional Beatriz Ávila (Partido Justicia Social -Tucumán) presentó un proyecto para aplicar una reducción transitoria de las alícuotas del IVA a la venta de productos de la canasta básica escolar.

La iniciativa es acompañada con las firmas del chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), del sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), del fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) y la puntana Gabriela González Riollo (Pro).

En su artículo primero, el texto propone una reducción del IVA del 0% en productos de la canasta básica escolar como lápiz, bolígrafo, goma de borrar, pegamento cola, cuaderno tapa flexible y dura, repuesto de hojas, lápices de colores, marcadores, tijeras, saca puntas, carpetas, mochila, entre otros productos.

También plantea una alícuota del 10,5% en indumentaria como guardapolvo, zapatillas de lona o Guillermina, medias, remeras, equipo de gimnasia, pollera.

Entre los fundamentos, planteó que “el incremento de la canasta básica tiene lugar en un escenario de aumento generalizado de precios, en donde los consumidores tienen que resignar cada vez más calidad de bienes ara mantener el consumo”.

“Es muy importante garantizar el acceso a la canasta de bienes para el ciclo lectivo, ya que una canasta de precios elevada puede influir en la deserción escolar de sectores económicos en situación de vulnerabilidad”, manifestó.

Y compararon: “Respecto de las subas, en el caso de los artículos de librería, se detectó entre 2018 y 2019 un aumento de entre el 20% y el 50%. Guardapolvos y prendas de vestir colegiales también sufrieron incrementos respecto del año anterior, que oscilan entre el 20% y el 35% en promedio; y el valor de los calzados aumentó entre un 40% y un 45%”.

El presidente de la Confederación de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), Rodolfo de Vicenzi brindó su apoyo a la ampliación del programa de Precios Justos anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa y destacó que “lo que se pretende con este acuerdo es dar previsibilidad para evitar especulaciones.

Además, garantizó que desde el sector van a “trabajar todos para que se cumpla”. Las entidades que engloban a los colegios privados se mostraron de acuerdo con el nuevo sistema de ajuste escalonado de las cuotas. “Lo que se pretende es dar previsibilidad”, destacó De Vicenzi.

En diálogo con parlamentario.com, De Vicenzi informó: “Es una referencia nacional que Provincia y Ciudad deberá definir como lo implementarán”, y agregó: “En lugar de impactar todo en marzo se distribuye en todo el semestre. Es un sendero de referencia para que en marzo no se junte con los productos de la canasta escolar”.

Así también, sostuvo que “es un esfuerzo que hacen los colegios para soportar financieramente unos meses más”. Además, aclaró que incluye a los colegios subvencionados que representan al 80 por ciento del país -el 20 responde a los niveles socioeconómicos más altos-.

Por su parte, el referente del sector educativo privado expresó: “Hemos trabajado junto al ministerio de Economía y de Educación, en coordinación con las jurisdicciones, para lograr optimizar la redistribución de los traslados de mayores costos a aranceles en el semestre”.

Así también, De Vicenzi explicó que “el acuerdo en sí, es un 16,8 en marzo, un 3,35 en abril, mayo y junio, y un 4 por ciento en julio”. También, sostuvo que “esto es una referencia que se plantea a nivel nacional. Y vamos a trabajar todos para que se cumpla”.

La ampliación del Programa Precios Justos hasta junio próximo introducirá como novedad un tope a los incrementos de las cuotas de los colegios privados y la incorporación de productos escolares, sumándose así a los alimentos, textiles, medicamentos y combustibles, entre otros rubros ya presentes en la iniciativa.

De cara al nuevo ciclo lectivo que comenzará, según la provincia, entre el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo, el programa gubernamental incorporará a los artículos de librería y útiles los cuales tendrán, al igual que el resto de los productos, un tope de aumento del 3,2 por ciento mensual o, en su defecto, tendrán un precio congelado hasta el próximo 30 de junio.

La lista de precios de los productos escolares, al igual que la del resto de la ampliación del programa, aún no fue difundida, pero se espera que se publique en los próximos días.

El acuerdo con la suba de cuotas se aplicará a los colegios privados con subvención estatal, porcentaje que ronda entre el 70 y el 80 por ciento del total de escuelas privadas del país, según se traten de escuelas laicas o confesionales, de acuerdo con un informe de 2018 de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe).

De todas formas, tanto desde el Gobierno nacional como desde el sector de las escuelas privadas confían en que las provincias adhieran al mismo, y, para ello, el próximo jueves el Consejo Federal de Educación –con representantes de los ministerios de Educación de todas las jurisdicciones- se reunirá para terminar de definir los detalles. “Se van a monitorear los costos mes a mes”, definió De Vincenzi.

Luego de que se conociera que se demoraría la entrega de la Canasta Escolar Nutritiva (CEN), los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su rechazo a esa decisión del Gobierno de la Ciudad y pidieron que se revise “en forma urgente esta medida atento al complejo contexto que estamos atravesando”.

La demora en cuestión se registró en la octava entrega del presente período lectivo, la cual debía realizarse los días 26, 27 y 28 de mayo en los distintos establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “la Canasta Nutritiva es la herramienta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utiliza para garantizar a los alumnos y alumnas de los establecimientos educativos de la ciudad una alimentación básica mientras los comedores escolares se encuentran cerrados debido a los protocolos definidos ante la propagación del Covid-19 en nuestro país”.

Asimismo denunciaron “sus deficiencias y la falta de universalidad en las entregas de las mismas, en la actualidad se constituyen como un recurso fundamental para las familias de los estudiantes ante la difícil situación económica y social que atraviesan por la pandemia que ya lleva más de un año azotando nuestro país y especialmente la Ciudad de Buenos Aires” y advirtieron que “es responsabilidad del GCBA garantizar el acceso a la alimentación de los y las estudiantes de las escuelas de gestión pública o privada con cuota cero que soliciten la asistencia extraordinaria a través de sus establecimientos”.

Sobre esa misma línea desde el FdT indicaron que “debido a las diferentes restricciones definidas en el marco de la pandemia, el poder ejecutivo propone postergar la entrega de las citadas canastas alimentarias desconociendo el grado de vulnerabilidad en el cual las familias se encuentran como consecuencia de las mismas” y precisaron que “esta medida no fue tomada ni siquiera en los momentos de restricción total propuestos por el GCBA durante el comienzo de la pandemia en el año 2020”.

“Es fundamental que el GCBA refuerce todas las medidas tendientes a garantizar los derechos básicos de la población de la ciudad definiendo estrategias y aportando herramientas dinámicas y flexibles que acompañen las propuestas. La citada postergación contradice este camino”, sentenciaron.

El texto lleva la firma de Claudio Morresi, María Bielli, Ofelia Fernández y Lorena Pokoik (FdT).