La iniciativa plantea modificaciones a la Ley del Régimen Federal de Pesca. Los montos se medirán mediante “Unidades Pesca”, equivalentes al precio de un litro de gasoil.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para aumentar las multas por pesca ilegal. La iniciativa tiene como comisión cabecera a Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por el macrista Juan Aicega.
El texto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. De acuerdo a la propuesta, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán.
En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.
El proyecto indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.
“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta Ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.
La iniciativa señala que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, indica.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
El texto fue girado el pasado 22 de julio y lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá.
