En el marco de un plenario de las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor, se analizó la grave situación que atraviesan las estaciones de servicio, con la presencia de representantes del sector. La situación, calificada como “gravísima” por el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Vicente Impieri, está relacionada con el mecanismo de pagos del sector, basado en las tarjetas.

Por eso es que se reclamaron cambios en los plazos de pago y las comisiones que cobran las empresas de tarjetas, lo que figura en un proyecto de la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe) sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución.

En el inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena, admitió la baja presencia de diputados en el encuentro, que atribuyó a las elecciones que se realizarán en los próximos dos domingos, aunque hizo hincapié en lamentar la ausencia de representantes del oficialismo. Con todo, el número de diputados presentes no excedía la decena. Tampoco estuvo presente el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el cordobés Víctor Hugo Romero.

Abrió el juego de parte de los invitados Vicente Impieri, quien se apoyó en una serie de filminas que sirvieron para exponer la composición del sector. Allí se pudo ver que hay en la Argentina 5.270 estaciones de servicio, de las cuales 1.606 pertenecen a YPF; 1.002 son blancas; 843 a Shell; 582 son de GNC; 566 de Axion; 336 de Puma; 156 de Dapsa; 88 de Gulf; 77  de Refinor y 21 son bocas de Voy.

“Las petroleras solo tienen entre un 7 y 8% en cantidad de bocas. El 90% somos nosotros que estamos acá como PyMEs”, precisó el titular de CECHA, que a continuación detalló la composición del precio de venta al público: al costo de la compra corresponde un 52% del valor; impuestos nacionales se lleva un 34%; los impuestos provinciales un 3% y los municipales el 1%. De ahí que el margen bruto que corresponde a las estaciones de servicio ascienda apenas al 10%.

El arancel y el plazo más altos

En cuanto a la participación estimada en el mercado, el 40% de los pagos se hace a través de tarjetas de crédito y solo el 20% en efectivo. A Mercado Pago y otros mecanismos de venta corresponde otro 20% y a las tarjetas de débito el 20%. Al respecto, Impieri aclaró que el cuadro no estaba actualizado, pues el pago en tarjetas de crédito viene subiendo, en detrimento del efectivo, que “hace unos años tenía una participación muchísimo mayor”, aseguró.

Luego llegó a los plazos de acreditación, eje principal del conflicto. Y lo hizo presentando un cuadro comparativo con otros países. En la Argentina asciende a los 16 días, mientras que en Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú es de apenas 2 días; en Costa Rica y España uno; y en Colombia 3. Y en cuanto a los aranceles, mientras el de Argentina es de 1,30%, en Chile por ejemplo es de 0,78%, o Colombia el 0,05%.

En el gráfico no figuraba Brasil, y al respecto aclaró Impieri que era porque el país más grande de la región tiene un régimen especial, en el que está la posibilidad de trasladar a los precios los costos financieros, y quisieron poner en el cuadro países que están en las mismas condiciones.

“Argentina tiene el arancel más alto y el plazo de acreditación es largamente superior a todos. Con el agravante del contexto inflacionario, comparando con países que tienen economías estabilizadas”, citó el titular de CECHA, que resumió: “Esto nos está erosionando en forma sistemática todos los meses nuestro capital de trabajo”, a lo que atribuyó el cierre durante el último año de más de 40 estaciones de servicio.

Vicente Impieri admitió que desde 1985 siempre ellos han tenido un régimen especial, “porque el nuestro es un sector con mucha rotación, pero baja rentabilidad. Estamos en un mercado donde los precios son controlados. Si bien en los 90 se desreguló, nosotros seguimos intervenidos con los precios y no somos formadores de precios, como sí son las petroleras”.

El empresario sostuvo que “el tema de la financiación de las tarjetas nos está erosionando todo el capital de trabajo que tenemos”. Y cerró: “Queremos un pie de igualdad con todos, que no supere el 0,5% de arancel y los dos o tres días de acreditación de las tarjetas”.

Una situación “escandalosa”

A continuación, expuso Isabelino Rodríguez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mendoza y secretario de CECHA, quien calificó de “escandalosa” la situación que se da en la Argentina, donde “el promedio real en el que una PyME percibe el dinero de una operación con tarjeta de crédito es de 16 días”, al compararlo con cualquier país de Latinoamérica. “Más teniendo en cuenta el proceso inflacionario”, y sumó: “Nosotros pagamos de contado al camión que deja el combustible, y eso genera un descalce financiero que no merece mayores comentarios”.

“Tenemos que el precio del combustible lo determinan las petroleras -agregó-. Nuestra rentabilidad bruta está determinada por los contratos. Somos prisioneros de dos puntas, eso hace que la operatoria de la tarjeta genere una implosión en nuestros negocios. Si vendemos 50.000 pesos en tarjetas de crédito, tomando el arancel que se nos aplica, impuestos, retenciones… el margen neto por operar con tarjeta de crédito es de 1.449,90 pesos. El margen neto es del 2,90%”.

Rodríguez calificó a las tarjetas como un “socio silencioso” y comparó la actividad con la de cualquier otro comercio minorista que “tiene la posibilidad  de remarcar el precio”.

“Nos queda un neto de 2,9%”

A su turno, la contadora Adriana Sors, presidenta de la Cámara de Expendedores de la provincia de Entre Ríos y directiva de CECHA, sostuvo que “necesitamos leyes y estructuras normativas que nos acompañen en esta situación tan grave que estamos atravesando”. Resaltó que el sector está compuesto en su mayoría por “economías familiares, que se sostienen porque vienen de muchos años, que están en su traspaso generacional y que han pasado diferentes situaciones coyunturales, con mayor o menor acompañamiento. Hoy necesitamos esta ley que estamos solicitando”.

“Nuestro margen neto bruto de un 10%, con los descuentos del arancel e impositivos, nos queda un neto de 2,9% y hay que sumarle el componente inflacionario. Si tuviéramos un país más previsible, no sería tan grave”, sostuvo. Aclaró que “creemos que las tarjetas aportan un componente positivo, son una realidad necesaria. El incremento del uso del plástico va en aumento y también contribuye a la seguridad de la estación de servicio, porque cuanto menos efectivo se tenga es mejor. Queremos que esto vaya en incremento, pero en términos que podamos sostener. Si nos queda un 2,9 neto, a una inflación del 7,5%, ya estamos en contra. Sin contar los días de plazo”.

Un fallo como precedente

Marcelo Herrero, vicepresidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior y directivo de CECHA, resaltó la razón que terminó dándoles la justicia, al hacer referencia al fallo del Juzgado Nacional Comercial N° 8, a cargo de Javier Cosentino, ante un planteo iniciado por las estaciones de servicio de la provincia de Santa Fe. El fallo, de octubre de 2022, dispuso la adecuación de los contratos celebrados entre estaciones de servicio, reduciendo la comisión al 0,5% y estableciendo la obligación de cancelar a las estaciones dentro de los tres días hábiles de efectuada la venta.

“Claramente ningún comercio puede hacerse cargo de los aumentos y los trasladan al público”, observó Herrero, que aclaró que “nosotros no pedimos esto, sino que se haga justicia y tener el apoyo de ustedes para que esto pueda avanzar”.

A la hora de las preguntas, y ante una consulta del diputado Pablo Tonelli, José Guillermo Lego, apoderado de CECHA comentó respecto del pago de las operaciones con tarjetas de débito estaban tardando de 24 a 72 horas, “lo cual es vergonzoso”, porque de inmediato al cliente se le debita el importe de su cuenta corriente. Respecto de Mercado Pago, Lego comentó que no están estimulando demasiado el uso de ese mecanismo de pago, porque “nos están devolviendo el dinero a 20 días. Y lo bajaron, porque antes era a 28 días”.

Graficó la situación señalando que hay muchas estaciones de servicio que están dejando de operar con tarjetas y planteó que “si vendo la mitad del producto en efectivo, me da lo mismo que vender el 100% con este sistema”.

“Es una vergüenza que en un país con tanta inflación nos vengan con una bicicleta de pagar a los 16 días. Las estaciones de servicio que tienen la asistencia de una marca pueden zafar; pero las ‘blancas’ cada vez son más afectaas”, señaló Lego.

Isabelino destacó que el proyecto impulsado por la diputada Tejeda “adecua legislativamente lo que la justicia ha dictaminado en forma objetiva”.

El diputado Alejandro Cacace recordó una reunión informativa que se realizó en el año 2020, donde se trató un proyecto del diputado Carlos Ponce. “En ese momento vinieron los bancos y el planteo de ellos era la imposibilidad técnica de hacer la acreditación inmediata. En el caso de las tarjetas de crédito demoran entre 24 y 72 horas, pero no era un tema operativo, sino de financiación. El dinero tiene un valor según el tiempo en que se dispone. La plata no vale lo mismo si me la dan hoy, que dentro de 15 días”, comentó el legislador puntano. Recordó que hay una disposición en la Ley de Tarjetas de Crédito que establece que no debe haber diferencia entre el pago en efectivo y el precio por tarjeta, “pero en la práctica eso es incumplible. En la práctica la ley no se cumple, en cualquier comercio pasa. Simplemente porque el valor del dinero no es el mismo”.

Aclaró también que lo que los bancos señalan también es que no soportan un financiamiento del cliente desde el consumo al pago con tarjeta. “Esto es lo que tenemos que ver cómo resolver. Veo que jurídicamente hay que atenderlo por dos canales: por  un lado, el tope de aranceles, que requiere una reforma de la ley, y el tema plazos, que está regulado por el Banco Central”, señaló, reiterando que “esto es lo que tenemos que discutir. Entiendo claramente la posición de ustedes, pero veo a su vez que están los otros planteos  que hay que congeniar de alguna manera”. Pero sintetizó: “No cabe duda que el problema es la inflación”.

Su par Lisandro Nieri (UCR-Mendoza) advirtió que el problema “se va a ir agravando. El problema es el déficit, la emisión que genera y la  inflación. Ese 20% de efectivo le irá dando más lugar a la tarjeta de crédito”. Y consideró que es “mucho más sensible” el problema de los plazos, que la comisión efectiva, que podría tener una solución más rápida para un tema que, insistió, “a mi entender se va a ir agravando”.

En ese marco, Adriana Sors contó que en los últimos tiempos los bancos están llamando a las estaciones de servicio ofreciendo préstamos del 70% como elemento para atemperar la situación, y “hay algunos estacioneros que no han tenido opción y lo han aceptado. Se lo han ofrecido como una gran solución”.

Vicente Impieri insistió: “Todos los meses hay aumentos. Al tener una financiación de tanto tiempo, tenemos que reponer ese producto que vendimos hace 15 días, y al reponerlo viene con aumento. Hagan la cuenta para ver cómo hacer para mantener ese capital de trabajo”.

En ese contexto, Isabelino Rodríguez aclaró que YPF asiste a sus operadores haciéndose cargo de una parte de la carga financiera. “Les dan una cobertura parcial reduciendo los plazos”, comentó, lo que llevó a Gabriela Lena a hablar de “un subsidio que pagamos todos”. Impieri lo cuantificó en 500 o 600 millones de pesos que le cuesta a YPF sostener las tarjetas con sus clientes. Aclaró que era un dato que había escuchado en los medios, pero no pudo aclarar si era anual o mensual.

Un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, presidida por los radicales Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, respectivamente, se reunirá este miércoles 3 de mayo a partir de las 11.

Al encuentro, que se desarrollará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron invitados expositores que hablarán sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia.

Esa convocatoria había sido programada para el pasado 19 de abril, pero fue suspendida porque ese día se realizó la última sesión de la Cámara baja.

En este caso el eje del debate girará en torno a un proyecto de la diputada María Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), para acortar los plazos de acreditación, y reducir comisiones de transacciones realizadas con tarjeta de crédito y débito, flexibilizando condiciones financieras a establecimientos comerciales, de servicios, etcétera.

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Por las características del proyecto de Tejeda -a quien acompañan con sus firmas sus colegas de JxC Carolina Castets, Gabriel Chumpitaz, José Núñez y Danya Tavela-, a este evento han sido convocados representantes del sector de las estaciones de servicio.

Sucede que el proyecto de la diputada Tejeda prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las tarjetas de débito bancario, este porcentaje máximo será de 1,5%. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

Para el caso de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

¿Por qué atiende esta iniciativa particularmente el sector de las estaciones de servicio. Porque en su mayoría emprendimiento pequeños y medianos, que viven una situación financiera compleja, sobre todo en la operatoria con las tarjetas de débitos y créditos. La posición dominante, que ostenta el monopolio u oligopolio que presenta el mercado de emisores de estos medios pago, menoscaba la posibilidad de negociación de establecimientos comerciales que sufren un desmedido impacto en su costo de financiación, lo cual atenta en su ecuación económica y rentabilidad. En algunos casos, a niveles de quebranto, señala el proyecto sobre el que girará la discusión de este miércoles.

Las estaciones de servicio concretamente, están atravesando un mal momento económico, los mínimos márgenes de utilidad, la enorme carga impositiva y “los abusos de las empresas que nuclean las tarjetas de crédito” -según denuncian-, ponen al sector en una situación terminal.

Por eso es que el proyecto contempla que en el caso de las estaciones de servicio, la acreditación de los importes correspondientes a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las transacciones con tarjetas de débito bancario, siempre que sean hechas a través de una “estación de servicio”, el porcentaje máximo será del 0,2%, y la acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

El arancel de 1,25% más IVA que cobran los bancos por operaciones con tarjeta de crédito, más la demora de 10 días hábiles en pagar las operaciones con tarjeta de crédito, dificultan éste tipo de operaciones comerciales, ya que las operaciones efectuadas con tarjeta son un porcentaje muy importante. El margen neto por litro de combustible es muy reducido, y no puede absorber el costo financiero que conlleva la demora en la acreditación. Mientras el precio del combustible sigue aumentando.

Otras iniciativas sobre tarjetas

Recurrentemente el tema de las tarjetas de crédito resulta ser eje de discusiones en ambas cámaras, donde suelen presentarse iniciativas sobre el tema. Una de las más recientes es del diputado Héctor “Tito” Stefani (Pro – Tierra del Fuego), para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito de un 3% al 1,5% y del 1,5% a 0% en las tarjetas de débito.

La iniciativa del legislador fueguino destaca que la Argentina es uno de los países de la región que refleja las comisiones más altas en materia de tarjetas de crédito si lo comparamos con Chile (1,3%), Perú (1,5%), o Brasil (2%).

Recordemos también que el 30 de junio de 2022 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (59 votos positivos) un proyecto de ley referido a la atención de los usuarios de tarjetas de crédito, impulsado por la senadora neuquina Lucila Crexell.

A través de la iniciativa, que pasó a Diputados, se busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana. Dicha media sanción todavía no ha sido debatida en la Cámara baja.

El último debate que se realizó sobre el tema en la Cámara baja fue el 14 de octubre de 2020, en plena pandemia, cuando las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito. 

En esa reunión virtual, presidida por la exdiputada kirchnerista Fernanda Vallejos, se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Dichos proyectos buscaban, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) participó este miércoles de la presentación del proyecto de la nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, lanzado por la Secretaría de Energía de la Nación. Sin embargo, solicitaron que el texto final de la norma sea contemplativo de la situación de las estaciones de servicio, ya que quedó excluido y manifestaron que el sector “será clave para el cambio de matriz energético de las próximas décadas”.

Mediante un comunicado, sostuvieron de CECHA que “las expendedoras de combustible cumplen un rol central en la actividad, facilitando el abastecimiento interno en el mercado local. Los incentivos previstos en esta ley deben contemplar necesariamente también al sector del “downstream”.

Según argumentaron desde la entidad: “Incorporar a las estaciones permitirá generar un circuito virtuoso que abarque no solo la exploración, producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y energías alternativas, sino también a la comercialización”.

En ese sentido, desde CECHA plantearon agregar “un artículo a la Ley que incluya a las PyMEs titulares de estaciones de servicio o bocas de expendio como beneficiarios del régimen de estabilidad fiscal y de los beneficios impositivos que establece la Ley”.

Por último, aseguraron que “este punto tiene además como objetivo lograr que el sector pueda adelantarse a los cambios que provocará la llegada de nuevas matrices energéticas más limpias y renovables, tales como los automóviles eléctricos, un cambio que requerirá de inversión y de apoyo por parte de las autoridades”.

En un segundo encuentro, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta José Mayans junto a las senadoras Nora Giménez y Silvia Sapag se comprometieron a “apoyar las gestiones para contener y asistir a este importante sector de la economía nacional”, según un comunicado.

Además, acordaron realizaron “nuevos encuentros para avanzar en acercar respuestas a la actividad”.

Durante el encuentro por Zoom, dirigentes de distintas provincias los empresarios explicaron que “como consecuencia de la pandemia y de las restricciones que se impusieron, las ventas cayeron más de un 30% y hoy el 58% de las estaciones de servicio de combustibles líquidos y el 65% de las que comercializan GNC se encuentran operando por debajo del punto de equilibrio, en muchos casos al borde del quebranto”.

Frente a esa situación plantearon algunos aspectos que requieren una respuesta urgente por parte del Estado, como por ejemplo, “facilitarles el acceso al REPRO 2, una asistencia oficial que les permitiría cumplir con el pago de los salarios de sus trabajadores”.

También solicitaron “establecer un periodo de gracia para el pago de los créditos FOGAR, que los ayudaron a transitar los meses más complejos de la primera ola de la pandemia; y rehabilitar la moratoria de AFIP que estuvo vigente el año pasado”.

Además, se trató la posibilidad de trabajar a largo plazo en una norma que permita “mejorar el funcionamiento de la actividad, potenciando su cadena de valor”.  

Por las estaciones de servicio participaron los empresarios Alejandro Di Palma, Marisa Centerano, Julio Cademian, Mauro Lapacó, Juan Manuel Prigido y Raúl Panera.