Luego que el juez Fabián Lorenzini determinará que los interventores del Gobierno serán simples veedores, legisladores de la oposición destacaron la medida.
Luego que este viernes el juez Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de la localidad de Reconquista (Santa Fe), decida reponer en funciones al directorio de la empresa Vicentin y nombrar como simples veedores a los interventores del Gobierno, legisladores de Juntos por el Cambio celebraron el fallo judicial.
“El juez de Reconquista ha resuelto que la administración de la empresa Vicentin continúe en mano de sus accionistas y los ‘interventores’ del gobierno, lo hagan en calidad de veedores. Una señal de Justicia y Legalidad”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe del interbloque opositor, el radical Mario Negri.
Por su parte, el santafesino Luciano Laspina (Pro) coincidió: “El juez acaba de resolver que la administración de la empresa Vicentin regrese a sus accionistas y que los actuales interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. Un tiro para el lado de la Justicia y la legalidad”.
“Gol para la República. El juez de Reconquista frena el avance del kirchnerismo sobre la propiedad privada y limita a los interventores de Vicentin a cumplir funciones de veedores”, fue el mensaje del también santafesino Federico Angelini (Pro), quien además advirtió que “de todas formas, el partido no está terminado”.
En tanto, el mendocino Luis Petri (UCR) sostuvo que es “una sabia decisión de la Justicia, que restablece la vigencia de la ley de concursos y suprime la arbitraria intervención del Gobierno. Vicentin: el juez del concurso restituyó temporariamente al directorio original de la cerealera”.
También se manifestó la cordobesa Brenda Austin (UCR), quien habló de “una buena para el lado de la Justicia” y, al compartir el fallo del juez, enfatizó que “el camino no puede ser en la ilegalidad y la arbitrariedad. Una buena”.
“La Justicia resolvió que la administración de Vicentin regresa a sus accionistas. Los interventores sólo serán veedores. Sr. Presidente @alferdez intervenir una empresa privada por DNU es inconstitucional. Pídale perdón a la periodista @Cris_noticias”, expresó el mendocino Omar De Marchi (Pro).
Desde la Coalición Cívica, la bonaerense Mónica Frade remarcó: “Ahora que el juez de la causa Vicentin decidió que los ‘interventores’ del Poder CENTRAL solo quedan como ‘veedores controladores’ qué van a salir a decir…Lo anticipamos ayer que, estaban tergiversando la información judicial, para instalar lo que no es…”.
“Clara resolución de la Justicia determinando que la administración de Vicentin debe seguir en manos de sus accionistas. Un fallo que frena a Cristina Kirchner y el “vamos por todo” dejando sentado lo que sostuvimos: la empresa en él concurso es quién debe encauzar su crisis”, señaló el diputado nacional Álvaro de Lamadrid.
“Celebramos la decisión de la justicia, este es el camino”, señaló Gabriela Lena. “Buena noticia para la república”, agregaron por su parte las diputadas Claudia Najul y Ximena García.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio habló de “marchas y contramarchas” en este tema. Además, frente al jefe de Gabinete, envió un mensaje: “Hay una oposición plantada en la cancha”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, aseguró que el Gobierno mostró una “mala praxis” que “nos puede costar muy caro a todos los argentinos”, en referencia a la reestructuración de la deuda externa.
En su discurso antes del final de la sesión informativa de este jueves, donde expuso por primera vez el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el legislador recordó que la oposición tuvo una “absoluta generosidad” en brindar las herramientas y el respaldo para la negociación, pero “la verdad que no vemos ningún rumbo claro”.
“No tenemos Presupuesto. El Congreso aprobó Presupuestos en épocas más duras”, cuestionó y señaló que sobre la deuda les “preocupa” las “marchas y contramarchas”. “Las condiciones que hoy ofrece el Gobierno a los tenedores de títulos públicos en jurisdicción extranjera son muchas más onerosas que cuando arrancaron las negociaciones. Pero si ofrecen mejor oferta estamos mucho más lejos del acuerdo”, apuntó.
En ese sentido, el formoseño remarcó que “mejoraron en tres oportunidades la oferta y no tienen mejor idea que decirle al mundo que vamos camino a expropiar una empresa privada”. “¿Cuál es el camino que elige el Gobierno, hacia dónde va el Gobierno?”, se preguntó.
El radical enfatizó que “como no alcanzaba con lo de Vicentin, esta semana Latam anuncia su retiro de Argentina. No es un mensaje menor”. “Nos lleva a un escenario de aislamiento internacional fenomenal”, consideró y agregó que “las señales en estos 180 días van contra el sentido común para el sector privado”.
“Esta vez no pueden echarle la culpa a la herencia, ni a la oposición en la negociación de la deuda que han encarado”, expresó y opinó que “tienen que corregir muchísimas distorsiones y mensajes que se envían” porque, lo de Vicentin, es una “pésima señal para los de afuera, para los que pretenden invertir, en medio de un proceso de reestructuración de la deuda; y para los de adentro, para los productores, pequeñas y medianas empresas”.
Naidenoff criticó que “el Gobierno confunde soberanía alimentaria con una especie de soberanía nacional” y con el rol de “un Estado que va por todo, donde nada puede hacerse por encima del manejo que puedo obtener, que es el poder. Esa es la soberanía que el Gobierno interpreta”.
“¿Se piensa en la post pandemia? ¿Encuentran una salida ordenada a la crisis del sector privado y del sector público?”, consultó y añadió: “¿O únicamente cree el señor jefe de Gabinete que les va a alcanzar con el remanido esquema de la deuda de Cambiemos, la fuga de capitales y la creación de comisiones bicamerales para que investiguen y denuncien? Como el festival de tribunal paralelo que estamos viendo en el Senado”, disparó.
Hacia el cierre, el titular de la bancada de JxC envió un mensaje: “El presidente no está plantado frente a una oposición fragmentada o dividida, como en el 2012. Hoy hay una oposición que está plantada en la cancha, que está dispuesta a poner frenos ante los atropellos“.
Criticó que en estos seis meses “no hay mucho para exhibir”, más que “en el sector privado, pérdida de libertades; destrucción de acuerdos; la deuda sin resultados; y en lo institucional, mayor impunidad”. “Si vienen a redoblar la apuesta, acá estamos, firmes, plantados, para defender los intereses de la sociedad argentina”, concluyó.
El jefe del interbloque Parlamentario Federal en el Senado advirtió que si se avanza con la expropiación de la empresa, “dentro de cuatro o cinco años estaremos pagando un juicio” como pasó con YPF.
Al momento de los discursos de cierre en la sesión informativa de este jueves, donde participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el senador Juan Carlos Romero aseguró que avanzar con la expropiación de Vicentin “es meternos en un lío, cuando tenemos miles de líos para resolver”.
El salteño consideró que con esta medida “se va por el mismo camino de YPF” y advirtió que si con Vicentin se realiza “una cuestión no razonable, no razonada, poco práctica, dentro de cuatro o cinco años estaremos pagando un juicio”.
El jefe del interbloque Parlamentario Federal consideró que “gran parte de los problemas de hoy están ocultos atrás del coronavirus, gran parte de los problemas están enmascarados”, mientras se desconoce “cómo salimos, cómo reconstruimos el país, cómo seguimos alentando la producción. No es todo ayuda social, que bienvenida sea”.
Para el legislador, desde el Gobierno “hay un desbalance entre lo que se dice y lo que se hace”. Y, cargando contra el kirchnerismo, dijo: “Esta es la misma gente que nos gobernó antes. No nos olvidemos que, en economía, son ellos los que hablando de ‘la mesa de los argentinos’, logramos perder 13 millones de cabeza de ganado y cerrar seis mil tambos”.
“Tuvimos que importar trigo del extranjero”, señaló y opinó que “este el modelo que quieren recrear ahora”. “El juicio de YPF: ¿cuánto nos costó la expropiación? Cinco mil millones se pagó cuando el joven inexperto, hoy gobernador de Buenos Aires (en referencia a Axel Kicillof), dijo que los españoles nos iban a tener que pagar. ¡Y ahora tenemos un juicio por 12 mil millones!”, continuó.
Romero afirmó que en el país “no hay confianza” y “ni los argentinos quieren invertir con estas muestras de autoritarismo, estas muestras de apropiación de la cosa ajena”.
Aunque manifestó que no quiere que Vicentin termine extranjerizada, sostuvo que “hay otros caminos menos gravosos, menos dañinos” y pidió tomar “un camino lógico”.
María de los Ángeles Sacnun se refirió a las supuestas maniobras para evadir impuestos realizadas por la empresa en su sede de Paraguay. Criticó a la oposición por “pedir el rescate de Latam y oponerse a la recuperación de Vicentin”.
Durante su intervención en la sesión informativa de este jueves, la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun vinculó la plaga de langostas que amenaza a la provincia de Santa Fe con el caso Vicentin.
“En Santa Fe alertan por una llegada de una manga de langostas por el norte santafesino. ¿Sabe de dónde vienen, presidenta? De Paraguay, de Paraguay. Y esto es verdad, lo alerta el SENASA”, señaló al momento de realizar las preguntas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
En su discurso, la legisladora sostuvo: “No podía menos que relacionarlo con lo que ha ocurrido con la triangulación de Vicentin desde sus empresas en Paraguay, que han denunciado durante el año pasado exportaciones por 180 millones de dólares con solamente seis empleados y una pequeña oficina”.
“¿Qué es lo que defiende la oposición? ¿Defienden al principal aportante de la campaña de Mauricio Macri? Seguramente que sí”, lanzó.
Pero fue más allá, al asociar la noticia de la quema de pastizales en las islas frente a la ciudad de Rosario con “el humo que se pretende vender” desde la oposición.
“Por un lado, se les quemaron todos los argumentos, tanto a (Mauricio) Macri como a toda la comparsa del Pro, en torno a la constitucionalidad, a la institucionalidad”, cargó y mencionó, entre otros temas, la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno anterior.
Pero Sacnun también consideró que “puede ser que este humo provenga de que quieren instalar que la empresa (Vicentin) parece que fuera una empresa ejemplar”. “Por un lado piden el rescate de LATAM y por el otro se oponen a la recuperación de Vicentin. ¡Pónganse de acuerdo!”, se quejó.
Para la senadora, es necesario discutir sobre la soberanía alimentaria porque “los trabajadores ganan en pesos y pagan los alimentos en dólares”.
Nuevamente, en contra de la gestión de Macri, la oficialista agregó: “Nos dejaron en emergencia alimentaria y vienen a hablar de la revolución de los aviones, ¡por favor! Que la gente podía viajar en avión en la República Argentina a un módico costo. ¡La gente no tenía para comer!”.
Y defendió la decisión del Gobierno en torno a Vicentin al remarcar que “no es un capricho, no es una cuestión ideológica, no es una persecución que se esta llevando adelante, sino que es nada más y nada menos que rescatar a una empresa, que se va a convertir en una empresa insignia para discutir la soberanía alimentaria en Argentina, para garantizar después de la pandemia, en la post pandemia, la producción, el acceso, la comercialización y la distribución de los alimentos”.
El jefe de Gabinete aseguró que lo que hizo el Gobierno fue “rescatar una empresa que estaba quebrada” y le contestó a senadores del Pro, quienes plantearon sus dudas sobre posibles expropiaciones de otras empresas, que “pueden quedarse tranquilos”.
Lógicamente el tema Vicentin surgió en la sesión de este jueves en el Senado, durante el primer informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete. En ese marco, y ante las preguntas de senadores del bloque Pro, Santiago Cafiero subrayó: “No está en nuestra política pública avanzar con expropiaciones”.
“Pueden quedarse tranquilos”, les respondió el funcionario a los macristas Alfredo De Angeli y Laura Rodríguez Machado, quienes plantearon sus dudas sobre la posibilidad de que el Estado Nacional avance con la expropiación de otras empresas.
Cafiero defendió la decisión del Gobierno al sostener que lo que se hizo fue “rescatar una empresa que estaba quebrada, rescatar una empresa que había dejado a miles de familias de productores sin pagarles. Una empresa que no estaba operando, no estaba trabajando y no tenía perspectiva de trabajar”.
“También tengamos en cuenta, cuando hablamos de Vicentin, hablar del rescate económico que se quiso hacer durante el gobierno anterior desde el Banco Nación. Yo sé que a algunos le molesta esto, pero eso fue hace ocho meses no más”, apuntó el jefe de Gabinete.
En ese sentido, señaló que el “crédito extraordinario” de 18.500 millones de pesos que se le dio a la agroexportadora se realizó “sorteando todos los mecanismos regulatorios del Banco y es un crédito que se está judicializando y que está en investigación”.
Cafiero se refirió al tema en respuesta al macrista Alfredo De Angeli quien, en una enfática intervención, le preguntó: “¿Qué quieren hacer? ¿Van a seguir rescatando empresas chicas? ¿Con qué dinero lo van a hacer? ¿Van a expropiar campos, van a estatizar la producción de granos y alimentos?”.
El entrerriano alertó que el anuncio de la intervención y expropiación de Vicentin “puso en alerta a todos”, en referencia al sector agropecuario, y cuestionó el argumento sobre la “soberanía alimentaria” esgrimido por el Gobierno. “¿Qué soberanía alimentaria si nosotros producimos diez veces más alimento de lo que precisamos?”, lanzó.
“Usted quiere diálogo, no imposición de las mayorías. Nosotros queremos discutir en el Congreso, pero debatir también con las minorías y últimamente lo que nos han aplicado es la imposición de las mayorías. Usted dice que sesionamos poco con Mauricio Macri, pero salieron las mejores leyes porque fueron las más debatidas de todas”, le enrostró.
El legislador comenzó recordando medidas del gobierno kirchnerista sobre el sector agropecuario, entre ellas que “en 2006-2007, el Gobierno nacional interviene el mercado de carne vacuna para cuidarle la mesa a los argentinos, ese era el fundamento. No funcionó”. “En 2009 estalló el precio de la carne y quedaron muchas industrias frigoríficas cerradas”, señaló.
Luego se refirió a “la intervención de los granos, con el secretario (de Comercio, Guillermo) Moreno” que “empezó con el trigo” y “terminamos importando harina de Uruguay, la vergüenza más grande de la Argentina”. “También intervinieron el mercado del maíz, y se cayó la producción al 60%”, continuó y, por supuesto, mencionó el conflicto de 2008.
El senador destacó que “cuando llega, el gobierno de Mauricio Macri baja las retenciones. No las pudo sacar lamentablemente. Pero hicimos 20 millones de toneladas de trigo, más de 20 millones de toneladas de maíz, exportamos, alcanzó para el mercado interno y se abrieron los mercados externos”.
En cambio, comparó que en diciembre, tras asumir Alberto Fernández, “ya nos pusieron las retenciones. El sector agropecuario, no muy a gusto, pero aceptó”. Y cuestionó que “en plena siembra de trigo, en mayo, el Banco Central saca una resolución de que no va a permitir más dólares para la importación. El sector necesita productos importados”.
Por su parte, la que también consultó sobre el tema Vicentin fue la vicepresidenta segunda del cuerpo, Laura Rodríguez Machado, quien sentenció: “Somos absolutamente refractarios a la idea comunista de apropiarse de los medios de producción por parte del Estado, no la compartimos”.
La macrista le recordó al jefe de Gabinete que, en declaraciones a los medios, él dijo “no todas las empresas concursadas serán expropiadas” con lo que “se puede interpretar muchas sí, algunas no”, consideró.
“¿Cuántas más empresas tiene previsto expropiar el Estado argentino? ¿Qué condiciones deben darse para que usted considere que algunas sí están en condiciones de ser expropiadas?”, le consultó, al tiempo que también lo interrogó sobre “¿cuál cree que es el efecto de la economía frente a estos anuncios?”
Picante, Rodríguez Machado expresó además que, si Vicentin llegara a ser parte del patromonio estatal, “si va a ocurrir como pasó en Córdoba con la empresa FAdeA, donde se nombraron cientos de militantes de La Cámpora en los puestos de esa empresa”.
Finalmente, remató: “¿Por qué un gobierno progresista como ustedes se autodenominan utiliza una ley de la dictadura, una ley firmada por Jorge Rafael Videla, para justificar este atropello a la propiedad privada?”.
“Debe ser una empresa en la que participen las cooperativas, la provincia de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores”, consideró el senador durante una charla virtual con la Fundación Barbechando.
El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) aseguró este miércoles que ante crisis de Vicentin y la intención oficial de expropiar la compañía, “hay que pensar en una empresa federativa”.
“El problema existe y hay que darle una solución. Creo que hay que pensar en una empresa federativa que le imprima la voluntad y la energía de las cooperativas”, consideró el legislador durante una reunión virtual que mantuvo como presidente de la Comisión de Agricultura con productores de la Fundación Barbechando, para establecer una agenda en común sobre los temas del sector.
Sobre el conflicto de la exportadora, Rodríguez Saá planteó “si nos vamos a dividir o vamos a buscar el camino de la solución”. “Para mi, debe ser una empresa en la que participen las cooperativas, el Estado provincial de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores”, propuso.
Asimismo, consideró que “el Estado Nacional debe imponer un equilibrio, porque cada sector pretenderá imponerse sobre el otro”.
Rodriguez Saá, además, sostuvo que “la energía enorme de esta empresa no la debemos perder”, y que se debe canalizar a través de una “empresa federativa”, si bien aclaró que “tampoco se pueden llevar 18.000 millones del Banco Nación y no pagar”.
El legislador del Frente de Todos insistió en que “si se logra un consenso donde participen productores y el Estado de Santa Fe, sería interesante”. “Si lo politizamos al máximo, no sería el mejor camino”, consideró.
La Fundación Barbechando estuvo representada por su presidente, David Hughes, quien hizo hincapié en la importancia de la Ley de Semillas, el impacto ambiental y el presupuesto destinado al sector del agro.
Del encuentro participó también el senador Alfredo De Angeli (Pro), quien coincidió en la necesidad de “buscar consensos para lograr un trabajo exitoso” a nivel legislativo.
Fue durante una reunión que mantuvieron los líderes del interbloque con el presidente de la Cámara baja. La semana próxima se renovaría el protocolo.
Las autoridades del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio le advirtieron este miércoles al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que no habilitarán el debate de “temas conflictivos”, tales como la expropiación de Vicentin o el impuesto a las grandes fortunas, bajo el formato de sesiones virtuales.
Así se lo transmitieron a Massa los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Álvaro González (Pro), durante una reunión en la que se acordó esperar hasta la semana próxima para discutir sobre la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que perdió vigencia el viernes pasado, ya que regía por 30 días.
Desde Juntos por el Cambio expresaron la intención de prorrogar el protocolo por un nuevo mes, pero con una condición: que “solo lleguen al recinto temas acordados por todos los bloques”, algo que hasta ahora se respetó, a diferencia del Senado, donde el oficialismo impuso su mayoría para trazar la agenda de las sesiones.
La preocupación en Diputados es que el Frente de Todos intente avanzar, en el formato virtual, con proyectos como la expropiación de Vicentin o el anunciado impuesto a las grandes riquezas. Si bien ninguna de las dos iniciativas ingresó formalmente, la oposición se mantiene en alerta.
“Las sesiones virtuales solo pueden llevarse a cabo con proyectos que reúnan consenso. Los temas controversiales o de alta sensibilidad política son imposibles de tratar en forma remota. Es importante no cercenar el debate parlamentario y el espíritu del legislador”, advirtió Ferraro.
En el protocolo aprobado por unanimidad en la sesión del 13 de mayo, se estableció que la prórroga debía ser “por consenso” en Labor Parlamentaria, es decir, no se puso como condición una mayoría especial, ni tampoco su tratamiento en el recinto. Para Juntos por el Cambio, la interpretación es que “todos los jefes de bloque” deben expresar su aval.
En el oficialismo creen que no habrá problemas y se muestran confiados. “Si hay agenda, hay protocolo prorrogado”, deslizaron fuentes parlamentarias.
En este contexto, Massa acordó con Negri, Ritondo y Ferraro esperar hasta el martes próximo para concretar la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de “tener claro el panorama político que podría tener Diputados en el próximo mes”.
De momento, en la Cámara baja hay al menos tres temas consensuados en agenda: la nueva ley de economía del conocimiento, la regulación del teletrabajo y la nacionalización del sistema SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico).
Así lo consideró el jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien destacó que su par Luis Contigiani trabaja en un proyecto alternativo. Dijo tener “preocupación” porque ni el ministro Martín Guzmán ni el propio presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se refirieron al tema.
El jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró que la expropiación de la empresa Vicentin “no serviría ni para empresa testigo, ni para soberanía alimentaria”. “Y si fuese para evitar la extranjerización, que me parece razonable, no se necesita una expropiación sino que se puede hacer con una ‘acción de oro’, como definió (Roberto) Lavagna”, agregó.
El legislador consideró que el Gobierno todavía “tiene tiempo” -ya que la intervención de la agroexportadora es por el plazo de 60 días- para buscar acuerdos con la oposición. “Ese tiempo hay que llenarlo con una estrategia que genere la mayor cantidad de apoyo posible a esa política”, señaló.
“Para mí lo que el Gobierno tiene que hacer es bajarse de la moto, empezar a andar en bicicleta. Tiene tiempo para llegar e ir mirando lo que está en el paisaje, saludando, generando afecto, construyendo una red de apoyo. Y si hace eso, lo que venga después como proyecto al Congreso es el moño a un proceso de acuerdo”, sostuvo este miércoles.
Además, el bonaerense se mostró escéptico de que la iniciativa sea enviada al Parlamento y recordó: “Yo no me comí el amague de que iban a mandar un impuesto a los ricos después de que pasaron 30 días y cada semana (Carlos) Heller decía ‘el viernes llega’. Ya pasaron dos meses y medio”.
Para el “Topo” Rodríguez, “el Gobierno no sabe a dónde va, no tiene ni idea a dónde va” con este tema y se preguntó si alguien “sabe ¿cuánto se va a pagar por Vicentin? ¿Qué se va a expropiar de Vicentin? ¿Todo el grupo o también las empresas cuyo capital mayoritario están en manos extranjeras?”.
El diputado, que forma parte del Interbloque Federal compuesto por 11 miembros, consideró que en el Ejecutivo “se dieron cuenta que no era bueno” el borrador del proyecto, que circuló tras el anuncio hace dos semanas. “En el artículo 3 de ese borrador, el Poder Ejecutivo quedaba autorizado a tomar deuda externa para pagar la expropiación de Vicentin”, apuntó y advirtió que eso “no es bueno” en “el medio de un proceso de reestructuración de la deuda externa”.
Por otra parte, el presidente de Consenso Federal dijo: “Me produce profunda preocupación que el ministro de Economía (Martín Guzmán) no diga nada, que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) no diga nada, y que nos apuren a ver qué vamos a decir cuando el Gobierno todavía no mandó nada. Así que cuidadito, ojo al piojo, que el Gobierno no me apure”.
El legislador ponderó la iniciativa que se encuentra elaborando su par Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), quien fue ministro de la Producción de Santa Fe y “tiene una visión progresista de la vida de la relación entre el Estado y la economía”, destacó en diálogo con FM La Patriada.
“Él está diseñando una serie de ejes para construir una propuesta, acompañado también por Jorge Sarghini y Graciela Camaño, que en su momento, cuando el Gobierno presente un proyecto, nosotros vamos a compararlo con nuestra idea y tomar una decisión“, adelantó. “Mientras tanto, quien tiene que decidir qué quiere hacer y comunicarlo es el Gobierno”, agregó.
En tanto, Rodríguez manifestó su molestia por el retraso de la Cámara baja en aprobar la nueva ley de Economía del Conocimiento, al considerar que eso “es más urgente” ya que “se está destruyendo empleo porque los incentivos no están vigentes”.
El proyecto es de los diputados “monzoístas”. “Es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación”, advirtió Sebastián García De Luca.
Los diputados de Juntos por el Cambio que responden al exministro de Interior, Rogelio Frigerio, y al expresidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, rechazaron la expropiación de Vicentin y presentaron su propio proyecto, encabezado por Sebastián García De Luca.
La iniciativa consiste en que la empresa agroexportadora sea gerenciada por acreedores afines al sector, como ACA y AFA, con el fin de mantener los puestos de trabajo y cumplir con los compromisos asumidos.
La propuesta de ley fue firmada por los diputados de Juntos por el Cambio Domingo Amaya, Juan Aicega, Humberto Orrego, Felipe Alvárez, Martín Grande, Gabriel Frizza, Federico Frigerio, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres y Gustavo Hein, además de García De Luca.
Los legisladores sugirieron que sea el juez del concurso quien defina como administradores a acreedores con conocimiento en la materia, como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) o Agricultores Federados Argentinos (AFA), y a su vez asigne los roles en la empresa hasta su saneamiento.
En ese marco, consideraron que el Gobierno Nacional debe limitarse a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación, al igual que deberían hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias.
García De Luca sostuvo que “el proceso judicial debe seguir su curso, pero contemplando alternativas que protejan el trabajo, la producción y la inversión, y priorizando a quienes conocen y sean parte del sector agropecuario, como ACA y AFA”.
“Tanto en términos legales como económicos es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación de una empresa del sector más competitivo del país mientras tantas pymes atraviesan graves dificultades producto de la pandemia. La única urgencia tiene que ser salvar esas y otras fuentes de trabajo”, consideró el legislador del Pro.
En el proyecto también se plantea la conformación de una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda, que permanecerían activas hasta tanto se logre la recuperación financiera de la empresa.
La gerencia de producción debería garantizar el pago inmediato de las deudas que Vicentin contrajo con pequeños productores que hoy atraviesan serias dificultades económicas, mientras que la gerencia de reestructuración de la deuda tendría que buscar inversores nacionales para recuperar la empresa y garantizar el funcionamiento a futuro de la misma.
El jefe de interbloque Juntos por el Cambio en Diputados pronosticó un “resultado parejo” en una eventual votación de expropiación de Vicentin y dijo que espera que algunos opositores “expresen el grado de sensatez que se necesita”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, cargó contra el Gobierno nacional al sostener que mientras el presidente Alberto Fernández “está ocupado en la peste”, la vicepresidenta Cristina Kirchner “cabalga a rienda suelta llevando por delante poder, controlando la justicia y pensando que la pandemia permite que se suelte a los que se robaron la Argentina”.
Para el radical, detrás de la propuesta de expropiación de la empresa Vicentin, “la idea es armar un relato, en nombre de la crisis que tiene la gente, e ir por el apoderamiento en forma ilegal e inconstitucional, y comprando un pleito para que lo paguen otras generaciones. Una Argentina en el canal Volver”.
Entrevistado por radio Mitre, el dirigente cordobés expresó que espera, respecto a la iniciativa del Ejecutivo, que “otros opositores expresen el grado de sensatez que se necesita“, al referirse a la conformación de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo prevé un panorama ajustado.
En ese sentido, le envió un mensaje a la neuquina Alma “Chani” Sapag: “Supongo que después de defender tanto Vaca Muerta y la inversión no estará pensando en la expropiación como un recurso sin ningún tipo de sentido y argumento por parte del Estado”.
“Creo que si la sociedad acompaña y toma conciencia que estamos volviendo a un modelo que ya fracasó en la Argentina, puede ser un debate muy parejo en términos de resultados“, pronosticó.
Asimismo, el legislador afirmó que le plantearán a Sergio Massa, titular de la Cámara baja, que un debate de este tipo no “se puede llevar adelante virtualmente”. “En un debate de esta profundidad no se le puede retacear la palabra a ningún legislador, estos son debates de 14, 15, 16 horas”, señaló.
Y agregó que “las sesiones remotas son excepciones y son para discutir temas donde se está de acuerdo”, por eso “habría que buscar una forma presencial en algún lado”.
En oposición a la decisión del Gobierno, Negri enfatizó que “la Argentina no tiene un mango, es un país en medio de una incertidumbre de la pandemia que no sabemos cuándo termina, y se le suma incertidumbre de un Estado expropiador”. “Primero fue soberanía energética y todavía estamos en juicio por YPF”, recordó.
“El kirchnerismo en su modelo siempre se sintió cómodo sin controles, con concentración de poder y si es posible en una democracia de un solo poder”, apuntó y consideró que “el Gobierno tiene una estrategia: tensión política y llevarse las cosas por delante”.
El diputado nacional advirtió sobre las dificultades que plantearían proyectos tan controvertidos de manera virtual. Detalló además cómo será el debate en comisión de la regulación legal del teletrabajo.
Ante el inicio del tratamiento en comisión de los proyectos para regular el teletrabajo, el diputado Facundo Moyano -quien es autor de uno de los que servirá de base para el dictamen final- justificó la necesidad de una regulación legal para que “el empleador tenga obligaciones y el empleado derechos y obligaciones”.
En el caso del trabajador, para que pueda decir “desde dónde va a realizar el trabajo, en qué condiciones, porque tiene que estar provisto de sillas ergonómicas para su comodidad, como lo que se pide cuando el empleado trabaja en una empresa; tiene tener condiciones de higiene y seguridad, que tienen que estar proporcionadas por la empresa”.
“Ahora, cuando se trata de teletrabajo, esas condiciones tienen que estar garantizadas”, puntualizó en diálogo con Parlamentario TV, precisando que “esta ley marco intenta regular esa relación de trabajo”.
Respecto de la carga horaria correspondiente, Moyano explicó que debe estar “regulada y acordada”, no pudiéndose extender de lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo”. Lo mismo sucede con las horas diarias y las horas semanales, que están establecidas por ley. “Eso no se rompe”, aclaró.
“Un convenio de empresa, un convenio particular, está siempre sobre el marco general –agregó-. Como bien se sabe, una ley no puede contradecir la Constitución; una ley tiene que estar siempre por encima del término de derecho de la Constitución. Un convenio tiene que estar siempre por encima del término de derecho de una ley, y un contrato individual tiene que estar siempre por encima de un convenio de actividad, o del grupo de empresas o de la empresa”.
“Nosotros establecemos la instancia que viene después de la Constitución nacional, que es la ley marco”, detalló el diputado oficialista, remarcando que “por eso son pautas muy generales las que se intentan regular”.
Así las cosas, puntualizó que “estamos tratando de unificar, que haya una discusión general de todos los diputados que tengan intención de regular esta actividad”.
Y hablando de teletrabajo, eso es lo que de alguna manera están haciendo hoy los legisladores nacionales, que tienen por delante el debate de leyes que darán mucha discusión, como la expropiación de Vicentin, o el impuesto sobre las grandes fortunas.
Consultado al respecto, el legislador del Frente de Todos planteó sus dudas respecto de la posibilidad de avanzar de esa manera “con temas tan delicados”.
Señaló que su experiencia hasta ahora “ha sido buena”, pero admitió que “todos los temas que se han tratado tienen que ver con proyectos acordados, donde sabemos que se van a votar favorablemente, donde ya había un trabajo previo de los asesores, donde se sabía cuáles iban a ser los cuestionamientos, y finalmente siempre se acordaba…”.
Pero admitió que con un proyecto de ley de las características de Vicentin, o el impuesto a las grandes fortunas, “creo que podría ser una discusión bastante intensa. Me parece que ahí encontraríamos algunos inconvenientes… Donde un diputado habla y otro pide una interrupción; donde el tratamiento en particular se hace intenso…”.
“Imaginate un proyecto de estas características, de 257 diputados, van a hablar 200. Y algunos van a hablar varias veces; y algunos van a hablar en el tratamiento general y en el tratamiento en particular, y van a haber interrupciones y discusiones entre diputados… Y no sé si se van a aprobar por consenso, entonces ahí es donde veo alguna dificultad. Me parece que esos proyectos son para tratarlos de manera presencial”.
De tal manera, Facundo Moyano sugirió que “habría que encontrar la forma, respetando el protocolo de salud, de que todos los diputados estén presentes en el recinto. Y en el caso de que haya diputados que sean potenciales pacientes de riesgo, buscar la forma de que ellos sí lo hagan de manera remota. Pero creo que sí, proyectos de esas características sería necesario debatirlos de manera presencial”.
El jefe del interbloque y los diputados cordobeses de Córdoba se reunieron con la Mesa de Enlace provincial. “Está en juego la propiedad privada”, alertó el legislador.
El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, participó este lunes de una reunión de legisladores nacionales con la Mesa de Enlace de la provincia de Córdoba, que se realizó en la ciudad de Jesús María.
“Estuvimos reunidos con la Mesa de Enlace de Córdoba en Jesús María. Estuvieron presentes todas las autoridades de las entidades agropecuarias, además estuvimos todos los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio. Lamentamos la ausencia de los otros colegas”, dijo Negri al finalizar la reunión, a la que no acudieron los legisladores nacionales de Unión por Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti y tampoco los diputados alineados con el kirchnerismo. “Por encima de nuestras diferencias, el tema que nos convoca es de suma gravedad. Estamos frente a inconstitucionalidad de medidas tomadas por el Gobierno nacional. Ante la ilegalidad de llevarlas adelante a cualquier precio y a cualquier costo”, sostuvo Negri.
El diputado radical advirtió que “estamos tropezando con la misma piedra, como ya pasó en 2008. Acá se está invocando el argumento de salvar a una empresa con dificultades financieras para realizar una expropiación, pero en realidad se trata de una confiscación. Esto pone a la Argentina en un nivel de tensión e incertidumbre peligroso. Esto va en contra del momento dificil que vive el país”.
Agregó que “es menester que la Argentina tome conciencia de que la incertidumbre que genera la pandemia no da legititmidad para invocar la emergencia para quedarse con una empresa privada, independientemente de la responsabilidad que tengan sus dueños en la crisis en la que se encuentra Vicentin, más cuando sus conflictos económicos y jurídicos se están resolviendo en la Justicia, con un juez que tiene todas las facultades”.
“Se invoca la emergencia alimentaria, la extranjerización de las empresas, todo tipo de fundamentos sin sentido, que no tienen razón de ser para sostener una intervención grosera de esta magnitud y menos aún esta expropiación. Está en juego la propiedad privada”, cerró Negri.
En representación de las entidades agropecuarias estuvieron -entre otros dirigentes- Alejandro Buttiero (presidente de Coninagro), Javier Rotondo (presidente de Cartez), Gabriel De Raedemaeer (vicepresidente de CRA), Agustín Pizzichini (FAA) y Guillermo Vitelli (SRA).
Si bien la expropiación tiene los números asegurados en el Senado, en la otra cámara el panorama es, a priori, muy ajustado. Un repaso de las posturas que ya han exhibido o se presume adoptaría cada sector.
Comparar la expropiación de Vicentin con la 125 es en principio erróneo y por lo menos exagerado. Situaciones distintas en épocas diferentes. Pero hay muchos elementos comunes y un desenlace que pasará por el Congreso: he ahí ciertas similitudes.
Con el dato no menor, además, de que el oficialismo que entonces resultó derrotado, debe haber aprendido de esa experiencia y tomará los recaudos pertinentes si los números están ajustados. Cosa que en principio así se presenta en el Congreso.
Sin que se conozca todavía el proyecto -inmediatamente después del anuncio oficial comenzó a circular uno que deberá pasar por muchos tamices antes de llegar a Mesa de Entradas del Senado, por donde ingresará en los próximos días. Esa es otra diferencia con relación a lo sucedido hace doce años. Por tratarse de un impuesto, esa vez el proyecto entró por Diputados, donde fue aprobado tras un maratónico debate de 19 horas por 129 votos a favor y 122 en contra, el 5 de julio de 2008. Luego, como se sabe, el proyecto registró un empate en el Senado y definió Julio Cobos con su voto “no positivo”.
Ahora será al revés, y el Frente de Todos tiene todas las de ganar en la Cámara alta, donde goza de mayoría. El problema, en todo caso, lo tiene en Diputados, donde Sergio Massa ya está trabajando en el poroteo correspondiente para conseguir los votos que necesitará el oficialismo para aprobar la ley.
Y en principio los números están tan cerrados como aparecían hace más de una década con la 125. Tiene que llegar a 129 votos en una cámara en la que al Frente de Todos no le sobra nada, como se verificó allá por febrero, cuando tuvieron que apelar a la presencia del ya designado embajador en Brasil Daniel Scioli para llegar al quórum.
El bloque oficialista que lidera Máximo Kirchner tiene 119 miembros, pero el presidente de la Cámara no vota, así que le falta reunir 11 voluntades fuera del oficialismo para llegar al número clave. Descartado por supuesto Juntos por el Cambio, los ojos estarán puestos -como siempre, al menos hasta que las elecciones de 2021 alumbren otro mapa legislativo- en los dos interbloques que ofician como una suerte de “rueda de auxilio” para el oficialismo: el Federal (11 miembros), que preside Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo (8 miembros), que encabeza el mendocino José Luis Ramón. Este último ya mostró las cartas cuando días pasados, si bien aclaró que estaban “en expectativa” respecto del proyecto de expropiación, deslizó que “quien está gobernando está marcando el camino hacia dónde quiere ir, y hay otro grupo que ha resuelto defender intereses económicos de una empresa que tiene abandonados a más de 7.000 trabajadores y a no menos de 2.600 productores con cheques que no han podido cobrar”.
Ya ese bloque se alineó con el oficialismo cuando Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para derogar los superpoderes y el único que se sentó en su banca para dar quórum fue el mencionado José Luis Ramón, porque ya había pedido individualmente derogarlos.
Si el Frente de Todos cuenta entonces con los 8 votos de ese interbloque, le faltarán solo tres para el piso necesario de 129 votos. Que deberá buscarlos en el seno del interbloque Federal, donde se descuenta que los tres diputados de Consenso Federal –Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini– votarán en consonancia con lo expresado la semana pasada por el referente de ese sector, Roberto Lavagna, que cuestionó la expropiación. Los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez también estarían contrarios a una expropiación, con lo cual el oficialismo necesitaría la mitad de los 6 diputados restantes. Los cuatro cordobeses responden al gobernador Juan Schiaretti, que ha dado señales de sintonía con Alberto Fernández, pero en este tema se ha mostrado callado, señal de que no está de acuerdo con lo en principio anunciado. Si los cuatro cordobeses no se alinean con el oficialismo, a estos solo les quedarían los dos del bloque Justicialista: Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos. Le estaría faltando al Gobierno un voto más para sacar la ley.
Hay dos diputados más en la Cámara, que son los de la izquierda: Nicolás del Caño y Romina del Plá, partidarios de la expropiación lisa y llana, que presentaron su propio proyecto donde impulsan esa medida sin indemnización alguna al grupo empresario, y con la explotación de los activos a manos del Estado bajo la gestión de sus trabajadores. ¿Podrá arrastrar el oficialismo a los diputados de izquierda a votar a favor de la expropiación? Se verá.
Como sea, el Gobierno se tomará su tiempo seguramente para enviar el proyecto al Congreso, a sabiendas de que lo que entre por el Senado no debe sufrir modificaciones en Diputados. Esto es, que las concesiones que vayan a tener que hacer se concreten antes de que el proyecto llegue al recinto de la Cámara alta. Esas concesiones serán las que necesite el oficialismo para garantizar los votos necesarios para la aprobación de la ley y evitar un traspié que es lo que debe evitar a como dé lugar.
Esa fue una de las definiciones escuchadas en la reunión que organizó el diputado Alberto Asseff con Miguel Pichetto, quien llamó a los funcionarios del Gobierno anterior a defenderse de las acusaciones, “porque si no se instala el relato kirchnerista”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio y titular del Partido Unir, Alberto Asseff, y el exsenador Miguel Angel Pichetto realizaron una reunión virtual vía plataforma Zoom en la que analizaron la coyuntura política de la actualidad argentina. Con la sala colmada por 300 asistentes, el partido Unir comunicó que para los próximos encuentros contratará el servicio con un límite de mil personas ya que esta vez no pidieron ingresar a la videoconferencia más de 400 personas.
El encargado de abrir fue el anfitrión, Alberto Asseff quien se mostró preocupado por la situación de la empresa agroexportadora Vicentin y su posible expropiación. Al respecto Asseff dijo que “el Gobierno avanza raudamente al pasado a pesar de que mayoría de los argentinos no quiere eso. Los pueblos aspiran a tener futuro, mientras el Gobierno parece regocijarse con la incertidumbre, solo preocupado por asegurar la impunidad”.
Explicó que los índices de aprobación del presidente Alberto Fernández “vienen en caída” y eso sucede porque la sociedad se ve “muy insatisfecha” con el manejo de la administración.
Llamó a reforzar “la vocación por el cambio y unir voluntades organizadas para trabajar de cara al año próximo, junto a Pichetto. El 21 es crucial y el 23 será el cambio de rumbo. En vez de seguir sembrando pobreza, serán los tiempos de volver a aquella Argentina que distribuía prosperidad a partir de un fenomenal ascenso social”.
Por último se refirió a la “actitud de improvisación espantosa” que adjudicó al Gobierno y lo graficó con una reunión que (el ministro de Economía) Guzmán tuvo con un empresario a quien le preguntó displicente: “¿Qué pasa si la Argentina entra en default?”.
Al terminar su presentación, dio paso al exsenador Miguel Ángel Pichetto, quien retomó la posta del tema económico y haciendo propias las palabras de Asseff dijo que “hay datos desalentadores de la economía”.
Para seguir refiriéndose a la empresa agroexportadora Vicentin y su posible expropiación. Pichetto explicó que “esta empresa, como todas las del Estado tendrá mucho déficit debido a la entrada de personal político, y perderá frente a las privadas”.
Consultado sobre la reacción de la sociedad al respecto de la maniobra del Gobierno, Pichetto dijo que “el Gobierno de Santa Fe debe estar muy preocupado porque su electorado trabaja principalmente con la agroindustria” y luego lamentó que el presidente siguiera adelante con la medida que lesiona seguridad jurídica del país y desalienta la inversión.
Al respecto el rionegrino explicó: “Había concurso preventivo, plazos no vencidos y podían hacer una propuesta. Esto todavía no había ocurrido, además había gestiones de sectores privados por la empresa. Este proceso fue interrumpido y el Gobierno puso por decreto un interventor, cuando el único que puede declarar un interventor es el juez del concurso”.
Pichetto dijo que detrás de esta idea intervencionista está el objetivo de “apoderarse de una caja en dólares de 4 mil millones”, pero que a cambio abre el interrogante sobre quien querrá invertir en nuestro país en el futuro. Y lamentó que solo vendrán inversiones de “carácter especulativo y no mas que eso”.
Por lo que “hay que estar atento y tener una voz clara en la defensa en el Congreso”. Al respecto evaluó que “es un tema central y puede signar el futuro del gobierno”. Por lo que la oposición debe abroquelarse en el Congreso y pedir que la estatización no se lleve adelante.
Lo mismo vale para la ley de alquileres de la que dijo que “abre la puerta a situaciones complicadas porque se quita motivación en la inversión en ladrillo, que es una forma de ahorro en la Argentina”.
Luego tocó el tema de la reforma judicial, señalando que “vemos manifestaciones públicas” del Gobierno con la idea de ampliar la Corte o ampliar justicia de primera instancia. “La vicepresidenta tiene la agenda y son temas que le preocupan y en realidad nos preocupan a todos ya que la idea no parece mejorar la Justicia sino controlarla”.
Pichetto pidió “recuperar espacios en diputados” y lanzó un mensaje de unidad: “Estamos trabajando con Unir y Alberto para formar un espacio importante, hay que lograr que Unir se siente a la mesa de Juntos por el Cambio reforzado u ampliado”. Tanto él como el diputado Asseff recalcaron que el espacio de Juntos por el Cambio es el 41 % y que la oposición para lograr su objetivo de ser mayoría debe mantenerse unida.
Posteriormente el exsenador fue consultado sobre su posible designación en la Auditoria General de la Nación. Al respecto Pichetto recordó que “no voy por decisión del oficialismo, sino en representación de la oposición”, y recalcó que pretende sumar al partido Unir a la decisión de los presidentes de bloques opositores que lo propusieron para el cargo.
La vicepresidenta tiene la agenda y son temas que le preocupan y en realidad nos preocupan a todos ya que la idea no parece mejorar la Justicia sino controlarla”.
El exsenador amplió diciendo que “los ciudadanos han estado por encima de los dirigentes” y recordó los cacerolazos ocurridos por la liberación de delincuentes peligrosos y el último por la expropiación de Vicentín.
Sobre los cacerolazos dijo que “sirven, porque traen consecuencias”. “La reacción popular que es un reaseguro para que no se rompa el sistema. Argentina es una sociedad de clase media liberal, que quiere una economía abierta, respetuosa de la ley y de las libertades individuales.
Por último tuvo conceptos sobre las posibles maniobras de la AFI, de las cuales dijo que responden a “una ofensiva. Se busca ponerlo a Macri en situación complicada en el plano judicial”, y pidió que “los exfuncionarios salgan a defenderse”, porque el “el expresidente no es responsable por las acciones de sus subordinados”.
“Yo no creo que esté involucrado en escuchas”, cerró, y agregó que “lo mismo sucede con la denuncia sobre lavado de activos, fuga de capitales y endeudamiento con el FMI”. Para Pichetto, “los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri deben salir a dar la cara y defender su gobierno, porque si no se instala el relato kirchnerista”.
Con el proceso de intervención de Vicentin como marco, la senadora kirchnerista dio detalles del objetivo de esa medida.
El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, mantuvo por iniciativa de la senadora nacional María de los Angeles Sacnun un encuentro con representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, acopiadores, corredores de bolsa y productores, para construir un proceso de unidad que garantice “una intervención participativa” y beneficie al conjunto de los sectores actualmente afectados por la situación de la empresa Vicentin.
“La realidad de la compañía Vicentin era insostenible porque se había cortado la cadena de pagos, peligraban 4 mil puestos de trabajo directos en la provincia de Santa Fe y unos 3 mil productores y acopiadores fueron estafados, no iban a cobrar por su cereal, era urgente tomar una determinación y el presidente Alberto Fernández rubricó el decreto de la intervención con celeridad y valentía”, destacó Sacnun.
Durante el encuentro, la senadora Sacnun explicó que “una intervención no implica disponer de los bienes, sino administrarlos; luego será el Congreso el que debe aprobar o no la ley que declare de utilidad pública a la empresa, que es un procedimiento jurídico contemplado en la Constitución nacional”.
“Estoy convencida de que hay que garantizar un proceso de unidad entre los pequeños y medianos productores, acopiadores, el Estado Nacional, YPF Agro, el sector cooperativo y PyME, porque tenemos una enorme potencialidad en la provincia”, afirmó Sacnun.
Los distintos sectores reunidos con el mnistro Kulfas y la senadora Sacnun coincidieron en que la compañía debe continuar siendo de capitales nacionales; con participación de sus trabajadores y los sectores que actúan dentro del sistema de producción, agregado de valor y comercialización de cereales y oleaginosas: productores, cooperativas, acopiadores, corredores, industriales afines; y que el Estado en cooperación virtuosa con el conjunto de referentes de los sectores, fije valores de referencia para llevar certidumbre a productores y agentes de la comercialización.
Por otra parte, los distintos sectores de la producción aportaron también la importancia de diseñar, desde la conducción de YPF Agro, mecanismos que eviten otorgar ventajas a las ramas de esta compañía que proveen insumos para la producción; la empresa de gestión público-privado que se instrumente habrá de servir de modelo y espejo para otras unidades de negocio que tengan impacto significativo y directo en la estructura de generación de la riqueza nacional.
Por José Angel Di Mauro Sin estridencias, más bien con tono calmado pero rasgado por el dolor, el actor Marcelo Mazarello detalló en el programa de Alfredo Leuco, por TN, la crónica de una muerte anunciada: la de su padre. Octogenario, producto de un accidente doméstico quedó en coma durante 18 días. Al despertar, lo […]
Por José Angel Di Mauro
Sin estridencias, más bien con tono calmado pero rasgado por el dolor, el actor Marcelo Mazarello detalló en el programa de Alfredo Leuco, por TN, la crónica de una muerte anunciada: la de su padre. Octogenario, producto de un accidente doméstico quedó en coma durante 18 días. Al despertar, lo trasladaron a una clínica de cuidados intensivos, adonde él iba todos los días para participar de su proceso de recuperación, algo clave según coincidían los médicos. Pero a los dos meses, ese proceso se vio interrumpido por la pandemia, ya que se activaron los protocolos y él no pudo entrar más.
Ya se sabe que el Covid-19 se ensaña particularmente con las personas mayores, sector donde uno de cada cuatro contagiados muere, según ha descripto el jefe de Gobierno porteño. Por eso en los geriátricos y centros de salud se han tomado medidas tan extremas como la de aislarlos, para reducir la posibilidad de contagios. Sin tener en cuenta las consecuencias mentales para aquellos que, puestos a elegir, preferirían arriesgarse a tener que pasar meses -que para ellos son años- alejados de sus afectos.
Mazzarello terminó sacando a su padre de la clínica: ya estaba muy disminuido y solo vivió una semana más. Pero no murió de coronavirus; las estadísticas no lo sumarán. ¿Ese es el objetivo de una cuarentena tan severa?
Las cifras son el dato que desvela las autoridades, fundamentalmente lo que sucede en el AMBA, donde progresivamente ya se ha iniciado la curva ascendente. En una semana se duplicaron los casos y todos hemos aprendido en este tiempo que ese era el dato esperado para activar las alarmas. Por eso el Presidente llegó a advertir la necesidad de volver a la fase 1. Que no es algo que esté pensando seriamente en implementar, según admiten hasta los epidemiólogos que lo asesoran. Sería muy grave después de tantas semanas de aislamiento volver a cerrar todo. En rigor, los protocolos están funcionando, por ejemplo en las industrias, cuyos directivos se ocupan de garantizar el transporte de sus empleados. Los episodios que han desencadenado rebrotes son en general producto de gestos de desatención individual, rayanos en la estupidez. Como la ronda de mate que hizo retroceder a fase 1 a Colón, Entre Ríos; o el baby shower de Necochea.
En función de la cantidad de asintomáticos, el número de contagiados siempre es mucho mayor que el que señalan las estadísticas oficiales.
Lo de Alberto sonó entonces más como revulsivo ante una flexibilización de hecho que se está dando en el ánimo de quienes llevan 3 meses de aislamiento. No es el caso de las autoridades bonaerenses, sobre todo las sanitarias, convertidas en talibanes de la cuarentena. El ministro de Salud y aun más su segundo no pasan día sin alertar sobre la gravedad de lo que se viene, y echar culpas hacia la Ciudad de Buenos Aires. Saben del riesgo enorme que se corre en la provincia, donde ahora se testea más y en consecuencia se detectan más casos. Y donde los barrios populares son un factor de peligro muy serio e inédito: como ya hemos dicho, los países que han atravesado esta pandemia no han tenido que lidiar con semejante componente.
Con todo, situaciones como las planteadas en el Barrio 31 o Villa Azul han sido controladas, lo que ha tranquilizado los ánimos. Pero el testeo es clave. De eso habló el exministro de Salud Adolfo Rubinstein cuando estuvo la semana pasada en una reunión de comisión de Diputados: “Deberíamos estar haciendo 30 mil test diarios y estamos haciendo entre 4 y 5 mil”. Así y todo, esa búsqueda de casos que se está acelerando es la que hace subir el número de contagiados: la positividad es producto de la búsqueda activa de casos, precisó Rubinstein.
Mientras sube el número de contagiados, disminuye el porcentaje de muertes, que se mantiene más o menos constante, según tranquilizó el infectólogo Eduardo López. Hay que tener en cuenta además que en función de la cantidad de asintomáticos, el número de contagiados siempre es mucho mayor que el que señalan las estadísticas oficiales. Rubinstein calcula que “si tenemos 25 mil casos en el país, probablemente podríamos estar en 150 mil casos reales”.
El dato al que hay que auscultar permanentemente es el de las camas de terapia intensiva ocupadas. Ahí Eduardo López también aporta tranquilidad: están no mucho más por arriba del 40%, y en CABA un poco debajo. Un dato que considera tranquilizador.
Más allá de sus prevenciones, el Presidente quisiera ir saliendo de la agenda de la pandemia, por eso busca mantener el ritmo de visitas al interior, aunque el viernes tuvo que suspender el viaje a Catamarca, cuando el contagio del intendente Martín Insaurralde encendió las alarmas. Ya había tenido que postergar un día las visitas programadas originalmente para el jueves, cuando debió atender un problema mayúsculo en el que se metió de lleno al anunciar la intervención y próxima expropiación de la empresa Vicentin.
En el gobierno no esperaban la reacción generalizada que desató la medida, luego de que la semana anterior el Presidente tranquilizara al sector empresario al afirmar que el Estado no pensaba quedarse con empresas y sobre todo lo que se conversó durante la reunión que mantuvo en Olivos con los dueños de las empresas más importantes del país. Podía prever, sí, la reacción de la oposición, aunque se ilusionaba conque el tenor del anuncio generara en el Congreso grietas a la hora de votar, atento a antecedentes tales como Aerolíneas e YPF.
Pero el empresariado en general se manifestó crítico, y el frente interno es el que se le agrietó. El propio Eduardo Duhalde, que suele apoyar todo lo que Alberto hace, le pidió rever la expropiación. No era para menos, luego de que Roberto Lavagna -a quien Fernández siempre quiere tener de su lado- expresara sus reparos. Al hacer el anuncio, Fernández sentó a su izquierda a la ascendente Anabel Fernández Sagasti, presentándola como la ideóloga de la medida. Esta senadora mendocina es la predilecta de Cristina Fernández de Kirchner, que la quería presidiendo el bloque oficialista del Senado, aunque finalmente dejó en ese puesto a José Mayans y la entronizó al frente de la Comisión de Acuerdos, clave para CFK pues es por donde pasan los pliegos judiciales.
Al hacer el anuncio, Fernández sentó a su izquierda a la ascendente Anabel Fernández Sagasti, presentándola como la ideóloga de la medida.
Anabel tiene vuelo propio, pero instrumenta lo que piensa y desea Cristina, cuyo rol en el tema Vicentin Alberto Fernández minimizó durante una entrevista con Ernesto Tenembaum, pero está claro que no fue tan así. Desde el término “soberanía alimentaria” aplicado durante la presentación. Por eso sonó extraño cuando el gobernador santafesino Omar Perotti anunció que el Presidente esperaba escuchar “alternativas superadoras” a la expropiación. Sobre todo luego de que el kirchnerismo se abrazara a la bandera de la expropiación.
Está bien que para recibir al CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, ya no convocó a Fernández Sagasti, sino esta vez sí al ministro de Agricultura, Luis Basterra, al gobernador Perotti y a la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, pero lo cierto es que al día siguiente desde Gobierno aclararon que la expropiación sigue firme: “El único recurso jurídico que tengo es la expropiación. Y por eso lo voy a usar”, deslizó Alberto Fernández, aunque desde la otra vereda insisten en que la medida es, como mínimo, inconstitucional.
Si la medida avanza en el Congreso, como todo parece indicar a esta altura que será, entrará por el Senado. Tiene sentido: su promotora es la vicepresidenta del bloque oficialista. Y allí el Frente de Todos tiene mayoría amplia y el proyecto pasará. En Diputados las cosas están más ajustadas: el bloque que conduce Máximo Kirchner reúne 119 votos, una decena menos que el quórum. En realidad necesita 11, pues Sergio Massa no vota.
Más que este tema, en Juntos por el Cambio la embestida K que viene desarrollándose en el último tiempo parecería haber galvanizado espíritus y no se esperaran grietas. Es clave entonces la postura de los bloques que conducen el mendocino José Luis Ramón y el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca. El primero ya ha adelantado su apoyo: son 8 y cercanos al gobierno; del interbloque Federal no puede esperar apoyo el oficialismo de los tres diputados que responden a Lavagna. Probablemente tampoco los santafesinos Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez. Como su gobernador, Juan Schiaretti, los cuatro cordobeses mantienen silencio. Su postura estaría cercana a la de Perotti, que nunca quiso la expropiacio´n y de hecho debe sentirse desautorizado tras lo que dijo el jueves. La suerte de la ley de expropiación estaría atada en ese caso a los dos diputados del bloque Justicialista, Eduardo Bucca y Andrés Zottos. Y así y todo le faltaría al Frente de Todos un voto más para aprobar la ley. Con lo justo.
En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, los senadores del bloque opositor se retiraron tras dejar un documento expresando sus críticas al proyecto impulsado por Oscar Parrilli.
En una nueva escala de la pelea creciente que vienen librando el oficialismo y la oposición en el Senado, la confrontación esta vez se dio nuevamente en una reunión de comisión. Fue la de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Angeles Sacnun, cuando se abordó el proyecto de ley impulsado por Oscar Parrilli para crear una Comisión Bicameral Investigadora de las relaciones Crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la Empresa Vicentin.
Esta vez no hubo cruces: inmediatamente después de haber expuesto Oscar Parrilli los fundamentos de su iniciativa, la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado leyó un comunicado elaborado por su bloque en el que consideraban que lo que se estaba debatiendo era “un proyecto sin razón que busca ocultar cuestiones de gravedad”, tras lo cual los miembros de Juntos por el Cambio que integran esa comisión se retiraron de la misma.
En caso de ser creada, la comisión tendrá 6 senadores y 6 diputados, con un plazo de trabajo de 18 meses, prorrogables por 6 meses más, y facultades para llevar adelante su cometido para exigir la documentación correspondiente.
Ya lo había anticipado Parrilli al iniciar su exposición. Acababan de analizar un proyecto de ley para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al que todos habían elogiado. Lo que venía, en cambio, “no tendrá la misma unanimidad”, admitió el extitular de la AFI, que a continuación aclaró que ese proyecto había sido presentado el 27 de abril pasado, atento a los hechos que acababa de denunciar el actual director del Banco Nación Claudio Lozano, impulsor de una denuncia penal por posible defraudación contra las anteriores autoridades del BNA al otorgar préstamos a Vicentin, excediendo “todos los límites posibles, agravado porque la empresa estaba ya en concurso de acreedores”.
Los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.
Oscar Parrilli
Tras recordar que entre los incumplimientos de pagos de Vicentin hay 2.500 productores a los que no les abonaron el monto de la producción del año pasado, Parrilli puntualizó que “pretendemos que esta comisión no solo investigue las posibles irregularidades registradas, no desde el punto de vista penal, cosa que corresponde a la Justicia, pero sí cuáles fueron las acciones económicas por parte del Banco Nación, cuáles los controles del Banco Central y la actitud de los directivos de la empresa, si fueron conscientes de que estaban llevando adelante una maniobra lesiva de los intereses, que perjudicaba no solo al Banco Nación, sino también a los productores”.
Parrilli habló de la posibilidad de “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.
A la hora de citar antecedentes, el ex secretario general de la Presidencia mencionó la que en la década del 30 investigó la defraudación al Estado por la venta de carnes, en cuyo marco un senador fue asesinado en el Congreso de la Nación. Citó también la que en 1974 investigó las relaciones del Estado nacional con Aluar, y hasta la recientemente creada bicameral para investigar la deuda contraída durante la gestión macrista.
“Desde mi punto de vista y en el ánimo de los senadores que suscribimos este proyecto, una de las labores y responsabilidades que tenemos es velar por los intereses del Estado. La empresa ha violentado los intereses del Estado argentino”, dijo y anticipó que “si corresponde”, harán oportunamente la denuncia correspondiente.
Con relación al dictamen que a continuación pasaría a la firma y fue alcanzado, Parrilli señaló que “los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.
Habló a continuación la senadora Laura Rodríguez Machado, que en nombre del interbloque anunció que habían decidido que “nuestra incorporación se va a referenciar a través de una nota que vamos a remitir oportunamente”. La misma tiene cinco puntos que leyó a continuación:
Tras la lectura de esos argumentos, Rodríguez Machado anunció que se iban a retirar por una reunión “muy importante” que tenían y pidió a las autoridades de la comisión que estuvieran atentos para que se mantuviera el quórum necesario para despachar los proyectos que estaban siendo tratados, teniendo en cuenta que por ejemplo se habían retirado los senadores catamarqueños para participar de la visita (luego suspendida) del presidente Alberto Fernández a su provincia.
Rápido de reflejos, apareció en el zoom el senador Dalmacio Mera, uno de los que se habían ido, que anticipó desde la calle que acompañaría el proyecto de la constitución de la bicameral, por ser el Legislativo “un poder independiente” que tiene “las facultades de constituir comisiones a los efectos de investigar. No tenemos jurisdicción penal, pero tenemos que saber qué pasó con una empresa que tuvo la posibilidad de tener 18 mil millones de dólares de préstamos”.
“Tenga la plena seguridad que estamos controlando permanentemente el quórum”, señaló por su parte la presidenta de la Comisión, que más tarde detalló la presencia de los senadores Alberto Weretilneck, Carlos Espínola, Nancy González, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Gerardo Montenegro, José Neder, Adolfo Rodríguez Saá, Silvia Sapag y la propia Sacnun, cuestión de no dejar margen de dudas.
La mendocina Anabel Fernández Sagasti habló luego, para cuestionar a los senadores que se habían ido: “Creo que en vista del republicanismo y la división de poderes que la senadora preopinante dice o pretende defender, este Congreso tiene las plenas facultades de ocuparse de un tema tan preocupante como es una de las mayores estafas que pudo haber sufrido el Estado nacional respecto de préstamos del Banco Nación, el BICE, el Bapro, la AFIP…”.
“Uno de los argumentos que escuché para huir del debate de esta comisión es que ya hay una causa judicial”, mencionó la senadora mendocina, que luego recordó la constitución de la Bicameral del ARA San Juan, que realizó “una investigación independiente muy profunda durante un año y medio, con cientos de testimonios; hoy la causa sigue, pero el Congreso de la Nación hizo un informe por unanimidad diciendo qué es lo que había pasado con la desaparición y el hundimiento del submarino”.
Fernández Sagasti remarcó que “ninguno de los argumentos técnicos ni políticos dan argumentos para la huida de Juntos por el Cambio de dar este debate que creo que es crucial en la Argentina”.
La senadora señaló que cuando “una pyme que va a pedir préstamos a cualquier banco le piden hasta un análisis de orina… Y el Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de garantías. Y el 40% se lo dieron en noviembre de 2019, casi 7.000 millones en noviembre de 2019, cuando el anterior gobierno se estaba yendo… Sin decir que fueron uno de los principales aportantes de la campaña de Mauricio Macri”.
La senadora de La Cámpora señaló que “en 2018, cuando implosionó la burbuja financiera del macrismo, esta firma preparó dos empresas, en Uruguay y Paraguay, par air transfiriendo todos los bienes y acciones a paraísos fiscales. De eso estamos hablando cuando decimos que queremos investigar lo que pasó con la defraudación al Estado nacional y a todos los argentinos”.
“No vamos a ser cómplices de un gran grupo empresario en el robo al Estado”, enfatizó luego, para advertir luego: “La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.
Más tarde volvió a pedir la palabra para hacer referencia a la presentación realizada por 25 diputados encabezados por sus comprovincianos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, que precisamente este viernes presentaron un pedido de información al Poder Ejecutivo sobre el grupo Vicentin. “Y huyen de la discusión para que institucionalmente se investigue lo que sucedió. La verdad que la poca coordinación o la poca inteligencia que tiene Juntos por el Cambio alarma…”.
Tras una serie de discursos en los que legisladores del Frente de Todos y el rionegrino Alberto Weretilneck justificaron la necesidad de crear esa bicameral y fustigaron la actitud de Juntos por el Cambio, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, reprochó la postura de la oposición con similares argumentos a los que había dado el día anterior en el recinto. Al citar por ejemplo el tema del presunto espionaje ilegal que se le adjudica al Gobierno anterior. Y volvió a insistir en la necesidad de tratar en el Congreso todos los temas, y no, como sostiene la oposición, solo los relacionados con la pandemia, mientras las sesiones sean remotas.
La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.
Anabel Fernández Sagasti
En ese marco alertó sobre lo que consideró “una operación” en ciernes, en referencia a la aparición de un exespía israelí con supuestas pruebas sobre el caso Nisman. Así las cosas, habló de una “contraofensiva” planteada “justo que aparece el tema de los servicios de inteligencia”.
“Molesta mucho lo que estamos haciendo; ya apareció el grupo de apoyo, hay que tener mucha convicción para conseguir la liberación de nuestra patria”, remarcó el formoseño, y alertó que “hay que tener cuidado; la operación más grande va ahora contra la vicepresidenta”.
Y continuó: “Este espía israelí apareció ahora (…) Sé que el centro del ataque es la presidenta (del Cuerpo). Ella representa los intereses de los que no tienen derechos”.
“Todos saben lo que era Vicentin. ¿Qué van a querer una empresa testigo; ni nunca van a querer”.
Sobre el final, Mayans insistió en la existencia de “enemigos de afuera, enemigos de adentro, y también idiotas útiles. Patria y antipatria… Vamos a ver cómo se sigue manejando todo esto, no va a ser fácil, porque los operadores que tienen son muy fuertes. Esa operación que viene de Israel me hace pensar en otra cosa. Esta es la punta del ovillo”.
Los legisladores quieren conocer la deuda exacta de la empresa, nómina de empleados y detalle de accionistas, entre otras cosas.
Un grupo de 25 de diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron este viernes un pedido de informes, mediante un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para obtener precisa información contable y societaria de la empresa Vicentín SAIC.
A partir de la trascendencia institucional que implica la decisión de “intervenir transitoriamente” la empresa, los diputados radicales, encabezados por los mendocinos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, solicitaron al Gobierno nacional que brinde “el detalle de la composición del pasivo concursal, con indicación de la nómina de acreedores afectados, balance general y demás información relevante”.
También pidieron que se informe sobre “hechos relevantes de Vicentín, previo a la declaración del estado de cesación de pagos, para poder tomar conocimiento de cualquier hecho que pudiera resultar significativo a los fines de evaluar ulteriores riesgos a tomar por parte del Estado”.
La diputada Jimena Latorre afirmó que “no conocemos cuál es la deuda exacta de la empresa, no conocemos quiénes están detrás de cada una de las empresas del grupo, hay una causa judicial en la que se está investigando a los directivos de la empresa y aun así se estarían comprometiendo los fondos públicos de todos los argentinos. Hay comprometidos fondos actuales y a futuro, el endeudamiento de dinero con el que hoy no contamos será enorme, y a ello se le sumarán los costos de juicios futuros ocasionados por las desprolijidades legales, incluida la inconstitucionalidad de la medida, que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos”.
Los diputados hacen hincapié en que decisiones de tal envergadura ponen en grave riesgo a la propiedad privada y a la seguridad jurídica, desalentando la confianza para las inversiones productivas, que tanto necesita nuestro país para generar fuentes de trabajo.
Por otro lado, los legisladores solicitaron información referida a la nómina de empleados actuales de la empresa, el detalle de los accionistas mayoritarios y minoritarios de la compañía, como así también el estado de avance de la causa penal originada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación.
El proyecto finaliza argumentando que “resulta de importancia contar con esta información pública que debe estar al alcance de todos, para facilitar la transparencia de los procesos actuales y desestimando, si así lo indican los hechos, la existencia de conflictos de interés y cualquier otro indicio que resulte de dudosa legalidad”.
El pedido de informes cuenta con el apoyo de los diputados Federico Zamarbide, Claudia Najul, Brenda Austin, Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Dolores Martinez, Gustavo Menna, Diego Mestre, Alejandro Cacace, Ximena Garcia, Juan Martin, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Facundo Suarez Lastra, Karina Banfi, Estela Regidor, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Mario Arce, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate y Aida Ayala entre otros.
La empresa Vicentin SAIC fue intervenida transitoriamente por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la disposición del Decreto 522/2020 que fue publicado en el Boletín Oficial días atrás.
Los legisladores de ese espacio impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de intervenir esa empresa. “El DNU implica el ejercicio de facultades que el presidente de la Nación no tiene”, advirtieron.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anuncio la intervención de Vicentin, los diputados de Vamos Juntos presentaron un proyecto de declaración mediante el cual prevén que la Legislatura de la Ciudad exprese su repudio a la sanción por parte del Gobierno nacional del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020, que dispone la intervención de dicha empresa.
Al mismo tiempo que advirtieron que “tal acto de gobierno resulta inconstitucional y atenta contra la independencia de los demás poderes del Estado”.
En los fundamentos de la medida, los oficialistas aseguraron que “el DNU implica el ejercicio de facultades que el presidente de la Nación no tiene, toda vez que la Constitución Nacional en ningún momento le otorga la facultad de intervenir una sociedad comercial (ni siquiera en forma transitoria, como el DNU pretende)” e insistieron en que “resulta claro que la intervención de la empresa Vicentín S.I.A.C. por parte del Poder Ejecutivo constituye el ejercicio de una atribución que no la corresponde y, por ende, inconstitucional”.
Sobre esa misma línea, explicaron que “la promulgación del DNU constituye una avance ilegal sobre los poderes judicial y legislativo, dado que el primero ya se encuentra tratando la situación de la empresa Vicentín en el marco legal correspondiente y en el ejercicio de las atribuciones que le competen y le son propias (la empresa se encuentra en concurso preventivo ante un juzgado de la provincia de Santa Fe), y solo es el poder legislativo el encargado de, previa sanción de la correspondiente ley de declaración de utilidad pública y expropiación, determinar la toma del control de una sociedad privada por parte del Estado”.
“En tercer lugar, el DNU constituye una violación de la propiedad privada al disponer que un poder -que no tiene facultades para hacerlo- determine la intervención de una empresa que, además, ya se encuentra sujeta a un proceso concursal ante el poder correspondiente (el judicial)”, añadieron y concluyeron destacando que “el procedimiento de concurso preventivo prevé en sí mismo todos los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento de la compañía mientras se resuelve la situación con sus acreedores, resultando completamente improcedente la intervención de cualquier actor externo ajena a la causa judicial en el manejo de la compañía mientras dure el proceso mencionado”.
La medida lleva la firma de María Luisa González Estevarena, Claudio Cingolani, Carolina Estebarena, Natalia Fidel, Guillermo Suarez y Gimena Villafruela (VJ).
Será este viernes, a las 14, en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se debatirá un proyecto para la creación de una bicameral que investigue la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida por el Gobierno.
En un clima caldeado entre el oficialismo y la oposición en el Senado, este viernes, a partir de las 14, arrancará el debate sobre la intervención de Vicentin, en una antesala de lo que será la discusión por la expropiación que pretende el Gobierno nacional.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), tratará un proyecto de ley presentado por Oscar Parrilli para crear una bicameral que investigue las presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida.
De acuerdo a la iniciativa, la comisión -integrada por seis senadores y seis diputados- también indagaría en conocer si hubo una posible “defraudación y estafa comercial a los acreedores”, si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
El temario de la reunión, que se realizará de manera virtual, también incluye proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015.
Además se debatirán iniciativas para crear dos nuevas comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio Mera (FdT); y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo (FdT).
La senadora del Frente de Todos fustigó a los senadores de Juntos por el Cambio antes que abandonen la sesión. Además, la santafesina defendió la intervención de Vicentin y cargó durísimo contra el gobierno anterior.
Con un enfático y picante discurso, la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun estalló contra Juntos por el Cambio en la sesión de este jueves y, tras defender la intervención de la empresa Vicentin, consideró que lo que hay en las protestas contra el Gobierno es “un furioso antiperonismo, un furioso antipueblo”.
“Cuando ayer escuchaba las cacerolas, señora presidenta, pensaba que los que salieron a protestar no salieron a protestar por Vicentin. Es lo mismo que pasó hoy en este recinto virtual”, expresó la oficialista, que vinculó las manifestaciones con la actitud de la oposición de retirarse de la sesión por no tratarse temas vinculados a la pandemia.
En ese sentido, continuó: “No es el reglamento, no es la democracia, no es la propiedad privada, no son los consensos, no son las cuestiones que no se cumplen. No, no, no es eso. ¡Lo que hay es un furioso antiperonismo, un furioso antipueblo! Cualquier decisión que llevemos adelante va a generar ese tipo de reacción”.
Citando a Arturo Jauretche, la oficialista lanzó que “el problema de la Argentina no es la oligarquía que es la dueña de la tierra” sino “el problema es que ese sector se hace dueño de las mentes, de la cabeza, del pensamiento de los sectores medios, que sin tener tierra ni siquiera en el cantero del patio de la casa, se creen que van a ser defendidos por los que defienden ese modelo para muy poquitos”.
“¡Eso es lo que tenemos que transformar en Argentina! Y lo vamos a hacer con educación, lo vamos a hacer con vivienda, lo vamos a hacer con salud, y también reestableciendo el funcionamiento de todas las instituciones en Argentina”, agregó.
Oriunda de Santa Fe, la senadora resaltó: “¡Me vienen a hablar de Vicentin, cómo si conocieran la provincia de Santa Fe! Con todo respecto, en la localidad de Avellaneda se llevó adelante un acto opositor convocado por el intendente opositor de esa ciudad”.
“Vayan a preguntarles a los trabajadores y trabajadoras de Avellaneda qué piensan de Vicentin. A los pequeños y medianos productores a los que Vicentin estafó, como estafó a todo el pueblo argentino con los 18.500 millones que le pidió al Banco Nación y que se lo otorgaron justamente en contra de lo que plantea la propia directiva del banco, ocultando que estaban en situación 4″, disparó.
Además, aseguró que la agroexportadora “es también es una empresa sospechada de triangular, de vender cereal a Paraguay, y de esta manera evadir y quitarle a la Argentina recursos que necesita”.
“El pueblo santafesino, pequeños y medianos productores hartos de que se le apropien 20 o 30 dólares por tonelada cada vez que venden el cereal, más de tres mil productores acopiadores de granos afectados, los cerca de cuatro mil trabajadores, todos estaban reclamando acciones concretas del Estado Nacional”, señaló.
Sacnun defendió que “este es un Gobierno que tiene claridad de lo que tiene que hacer, por eso nosotros defendemos la decisión del presidente”. “Acá no se está rematando una empresa exitosa, el Estado Nacional está corriendo en auxilio con una medida excepcional”, dijo.
Muy dura con el gobierno anterior, la senadora del FdT consideró que “al estropicio de la pandemia no lo hizo la pandemia, al estropicio de Argentina lo hizo Mauricio Macri”. “Claro que tenemos que venir a constituir un nuevo orden, porque el desastre que dejaron es el desorden absoluto”, sostuvo y criticó también la gestión en materia judicial.
En respuesta al rechazo de la oposición al proyecto del senador Oscar Parrilli -sobre la suspensión de inscripción online de empresas-, la oficialista advirtió que “todo tiene que ver con todo” y remarcó que aunque no dudaba “que hay muchísimos emprendedores y muchísimas PyMEs que han actuado de buena fe”, las SAS (Sociedades por Acción Simplificada) fueron “una nueva forma jurídica” que crearon “para seguir cometiendo los delitos que vinieron a cometer, porque no vinieron a gobernar, vinieron a saquear el país”.
Una iniciativa suscripta por los diputados Del Caño y Del Plá promueve la expropiación sin indemnización alguna al grupo empresario, y la explotación de los activos a manos del Estado bajo la gestión de sus trabajadores.
Mientras crecen los trascendidos de que el Gobierno podría dar atrás con el proyecto para que la empresa Vicentin pase a manos del Estado, la izquierda avanzó y presenta su propio proyecto de expropiación sin pago y bajo gestión de las y los trabajadores. El proyecto de ley lleva la firma de Nicolás del Caño y Romina del Plá, diputados del Frente de Izquierda.
Al respecto Nicolás del Caño puntualizó que “nuestro proyecto establece la expropiación sin pago de indemnización alguna al grupo empresario que la vació y que la administración y explotación de los activos de las empresas pasarán a manos del Estado bajo la gestión directa de sus trabajadores. Además, se garantiza la estabilidad de todos los puestos de trabajo, como así también los salarios y las condiciones laborales.
El proyecto también establece la apertura de libros contables y la eliminación del secreto bancario a fin de “demostrar la estafa y el desfalco que estos empresarios realizaron contra el Estado y el pueblo”, señala la iniciativa. A esos mismos fines instituye una comisión investigadora independiente para contribuir a dejar en claro las maniobras fraudulentas de estos empresarios”.
Del Caño precisó que “lo que ocurrió con Vicentin fue claramente una estafa, donde vemos a una empresa que fue una de las principales financistas de la campaña de Juntos por el Cambio y que recibió millonarios beneficios por parte del Gobierno de Macri cuando ya había perdido las elecciones incluso. Nuestra posición es clara: no hay que pagar ni un peso de indemnización a los empresarios que la vaciaron ni ensayarse rescates para salvar a los que se sirvieron de las arcas del Estado y siempre están buscando sacar hasta la última gota de beneficios de todos los Gobiernos, en pos de mantener sus ganancias millonarias”.
La iniciativa presentada por diputados de Juntos por el Cambio argumenta que no hay razones para apelar a un Decreto de Necesidad y Urgencia.
El diputado nacional neuquino David Pablo Schlereth presentó un proyecto de ley que pide la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso la intervención de la empresa Vicentin.
El proyecto de ley tiene apenas dos artículos, uno de ellos de forma, y se fundamenta en “la gravedad institucional que ha causado la sanción del DNU 522/2020”, y establece que las razones argumentadas para apelar a un Decreto de Necesidad y Urgencia son “claramente insuficientes para habilitar la intervención”.
El legislador del Pro expresa que no encuentra en los fundamentos del decreto “verdaderos argumentos que habiliten esa vía colegislativa del Poder Ejecutivo”, por un lado, por estar interviniendo la justicia en el marco del concurso preventivo con competencia para resolver e intervenir en las cuestiones relativas a la vida patrimonial de la misma con todas las facultades de control otorgadas por un procedimiento reglado. Sostener lo contrario, puntualiza el proyecto, “implica sin más reemplazar la función natural encomendaa al juez de la causa soslayando la competencia constitucional del mismo”.
El proyecto recuerda “las malas experiencias en procesos expropiatorios de la historia”, citando Ciccone y Repsol-YPF, como así también los pasivos que el Estado debería soportar, que oscilan en los 1.300 millones de dólares, “lo que genera una gran preocupación por la especial situación económica y financiera que están atravesando las cuentas públicas”.
El proyecto de Schlereth es apoyado por los diputados de Juntos por el Cambio José Luis Patiño, Alberto Asseff, Francisco Sánchez, Federico Frigerio, Héctor Stefani, Gustavo Hein, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Juan Aicega, Graciela Ocaña, Eduardo Cáceres y Humberto Orrego.
“Han resuelto defender intereses económicos de una empresa que tiene abandonados a sus trabajadores y a productores”, cuestionó el diputado.
El titular del bloque de diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, salió al cruce de Juntos por el Cambio por el caso Vicentin, y si bien dijo que el interbloque “está en expectativa”, sugirió entre líneas que podría acompañar al oficialismo en la votación de la expropiación de la empresa.
“Han aparecido férreos defensores de una empresa como Vicentin, que venía con algunos disgustos bastante fuertes, como haber tenido el favor por parte de algunas entidades financieras que son del Estado nacional”, cuestionó el mendocino, y agregó que la firma agroexportadora “tiene una deuda del 80% de su patrimonio con el Estado”.
“La defensa de Vicentin no es el tema. Quien está gobernando está marcando el camino hacia donde quiere ir, y hay otro grupo que ha resuelto defender intereses económicos de una empresa que tiene abandonados a más de 7.000 trabajadores y a no menos de 2.600 productores con cheques que no han podido cobrar”, dijo Ramón.
Por último, insistió en que se trata de “un grupo económico que no ha estado a la altura de defender los intereses de sus trabajadores”.
El diputado cordobés sostuvo que la senadora “no habla si Cristina no la manda” y que además la vicepresidenta “le dice a Alberto Fernández lo que tiene que hacer”.
El diputado nacional Luis Juez (Pro) encendió la polémica este miércoles cuando, en relación a la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, sostuvo que la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la medida, “no habla si Cristina (Kirchner) no la manda”.
El cordobés advirtió que el presidente Alberto Fernández sufre una “doble personalidad”, al considerar que “una cosa es cuando piensa él y otra cuando le dicen de atrás del biombo lo que tiene que hacer”.
“¿Para qué carajo lo votaron a (Alberto) Fernández si la que va a tomar decisiones es Cristina a través de sus representantes, como Máximo Kirchner o la senadora Fernández Sagasti?”, se preguntó el diputado en una entrevista con MDZ Radio.
A raíz de estos dichos, las senadoras del Frente de Todos emitieron un comunicado de repudio y sentenciaron: “No permitiremos bajo ninguna circunstancia que un hombre descalifique ni desacredite la voz de una mujer”.
“Desde nuestro espacio político no existen caciques ni mandamás. Nosotras concebimos la política desde un lugar de respeto y lealtad, no como simples ejecutores de decisiones a los que tal vez el diputado esté acostumbrado”, sugirieron.
Las legisladoras manifestaron: “Defenderemos a las mujeres que son atacadas por el simple hecho de ser mujeres. Eso es la violencia y machismo, dos epidemias que no podremos combatir si seguimos teniendo representantes que se encarguen de descalificar a sus opositores”.
“En un contexto de lucha histórica por erradicar todas las expresiones de violencia de género, urge visibilizar y repudiar estas declaraciones”, concluyeron, y acompañaron el mensaje con el hashtag #EsViolenciaPolitica.
“La manifestación no expresa lo que está sucediendo en Santa Fe”, sostuvo la senadora del oficialismo, y agregó que la situación de la empresa “excede a los trabajadores; tiene que ver con intereses de todo el país”.
La senadora del Frente de Todos por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun consideró que la manifestación de este martes en la localidad de Avellaneda en contra de la intervención y expropiación de Vicentin tiene que ver con un “planteo político-partidario”, y sostuvo que “no expresa lo que está sucediendo” en la provincia.
“Soy absolutamente respetuosa de todas las manifestaciones que se hagan de manera democrática, pero me parece un error de parte del intendente de Avellaneda (Dionisio Scarpín) haber hecho un planteo político-partidario de un tema que lo excede, que tiene que ver con preservar el interés nacional, con la cadena productiva, con un sector estratégico de la economía nacional como son los granos, el sector algodonero, aceitero”, manifestó Sacnun.
La legisladora advirtió que se busca “generar crispación en la comunidad cuando justamente lo que se está llevando es tranquilidad, porque lo primero que planteó Alberto Fernández es llevarle tranquilidad a los trabajadores”.
“La manifestación no expresa lo que está sucediendo en Santa Fe. Es una manifestación de un sector opositor al Gobierno nacional, que es absolutamente respetable, pero hay que escuchar las voces de los que fueron estafados por la empresa”, opinó, en declaraciones al canal C5N.
En ese sentido, recordó que además de la investigación judicial por el préstamo de 18.500 millones de pesos del Banco Nación, se investiga “la evasión fiscal, con esta triangulación que habría con Paraguay para eludir responsabilidades fiscales de Argentina”. “El perjuicio excede a los trabajadores, tiene que ver con intereses de todo el país”, acotó.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado expresó: “Tenemos una mirada desde el interior profundo de Santa Fe en torno a la importancia superlativa que ha tenido la decisión del presidente de avanzar con este proyecto teniendo en cuenta la situación que se estaba viviendo en la provincia”.
“Vicentin tiene alrededor de 4.000 empleados directos en la provincia en dos polos productivos, el de Avellaneda-Reconquista y Ricardone-San Lorenzo. La empresa entró en estrés financiero en diciembre y se presentó a concurso en febrero”, recordó.
Y agregó: “Veíamos con mucha preocupación la situación de los trabajadores y también la situación de alrededor de 3.000 productores y acopiadores de la provincia que no recibieron sus pagos en tiempo y forma”.
“El Estado fracasa cuando se pone el traje de empresario”, denunciaron, recordando los “antecedentes nefastos” de Ciccone e YPF.
Desde el bloque UCR de la Cámara de Diputados de Entre Ríos rechazaron la intervención estatal en la empresa cerealera Vicentín y recordaron “los antecedentes nefastos” que tuvo el Estado nacional cuando “pretendió ponerse el traje de empresario y se dedicó a comandar empresas”. Se refirieron a “las contradicciones del peronismo”.
Los diputados del Bloque radical cuestionaron la decisión que anunció Alberto Fernández sobre la intervención y expropiación de la empresa Vicentín.
En primer lugar, pusieron en duda “la legalidad y la constitucionalidad que tiene la decisión de avanzar sobre una empresa privada que, al igual que el país, se encuentra atravesando por una crisis económica”.
También salieron al cruce del “concepto de soberanía alimentaria” bajo el cual se ampara el Gobierno nacional a la hora de “hacer este disparatado anuncio”, y aseguraron que “la soberanía alimentaria se alcanza cuando hay seguridad jurídica, incentivos a la producción y políticas tributarias modernas y simples, eficientes y equitativas”.
Luego marcaron “los antecedentes nefastos” que tuvo el Estado nacional cuando “pretendió ponerse el traje de empresario y se dedicó a comandar empresas” y, en tal sentido, mencionaron los casos de Ciccone e YPF: “Se la vendimos a Esquenazi, luego se la compramos, después él hizo juicio y deberemos volver a pagarle”.
Desde la UCR consideraron que estas situaciones se dieron por varias razones, entre las que mencionaron “la corrupción instalada en la estructura del Estado, la transformación del empleo privado en empleo público, la expulsión de las inversiones y la distorsión de las reglas de juego con el sector privado, entre otras”.
Párrafo aparte dedicaron a “las contradicciones del peronismo, que ha pendulado de derechas a izquierdas sin escalas. Desde la década de los noventa, con Menen y las privatizaciones, pasando por Néstor y Cristina con la lógica de las reestatizaciones, sólo hemos tenido dos constantes: el aumento gigantesco del gasto público y la corrupción en el Estado”.
Finalmente, los legisladores radicales se refirieron a Vicentín, “una empresa que detrás tiene capitales hechos con 90 años de sacrificios, que viene siendo sostenida por la tercera generación de una familia y que ha invertido muchísimo en la tecnificación de sus unidades de negocio. Una firma que tiene nueve décadas de un recorrido exitoso y confiable, y seis meses de crisis en el marco de un país que también está en crisis”.
La iniciativa fue presentada por Oscar Parrilli y se tratará este viernes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Mientras se demora el envío del proyecto de expropiación de Vicentin, el oficialismo apura en el Senado una ley paralela. Se trata de un proyecto del kirchnerista Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral donde se investiguen presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida.
La iniciativa será tratada este viernes a las 14, de forma virtual, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside María de los Ángeles Sacnun. El objetivo del Frente de Todos es indagar en los préstamos que el Banco Nación, entonces presidido por Javier González Fraga, le otorgó a Vicentin, que está en concurso de acreedores.
Al respecto ya hay una causa en la Justicia, que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. González Fraga está imputado en esa causa por presunto fraude al Estado, al igual que los ejecutivos de la empresa agroexportadora Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Sin embargo, el oficialismo pretende ir a fondo en el Congreso.
El proyecto de Parrilli propone la creación de una bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.
La comisión también debería indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
Mientras tanto, el Congreso aguarda el envío, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto de ley para expropiar Vicentin bajo la causal de utilidad pública. La iniciativa ingresará por el Senado, donde su mentora fue la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
En la reunión de Asuntos Constitucionales también se tratarán otros proyectos, entre ellos tres iniciativas para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015.
También se debatirán proyectos para crear dos nuevas comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio Mera; y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo.
El titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados aseguró que el hecho de que el Estado “se haga cargo de una empresa privada” no quiere decir “que Argentina se convierte en un país socialista”.
El diputado nacional Carlos Heller (Frente de Todos) se refirió a las críticas de la oposición sobre la decisión del Gobierno de intervenir y, posteriormente, expropiar la empresa Vicentin y lanzó: “No hay que dejarse correr por todas esas fantochadas de querer meterle miedo a la clase media o decir que Alberto Fernández se propone nacionalizar los kioskos y los restaurantes”.
El titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio, al sostener que “estos muchachos son responsables de que el Banco Nación le haya prestado 18.500 millones de pesos sin garantía a Vicentin. Eso es una señal trágica”.
El legislador enfatizó que el hecho de “que el Estado se haga cargo de una empresa privada no es ni mucho menos que la Argentina se convierte en un país socialista”.
“Les quiero decir a los generadores de pánico que el Estado de bienestar, el capitalismo de bienestar, en todos los países donde se ha desarrollado con éxito lo ha hecho sobre la base de un fuerte sector público en áreas estratégicas”, señaló.
En declaraciones a radio La 990, Heller sostuvo que “se trata de un caso puntual” que tiene que ver con “una empresa concursada, paralizada, con gente suspendida que no cobra, con acreedores que no cobran y con una capacidad potencial de seguir siendo una empresa líder en el sector agroexportador, con todo lo que eso puede representar si es bien gestionada como testigo en el funcionamiento del sector, tanto en la fijación de precios internos como en los precios externos”.
“Desde luego que hay que gestionarla bien, tener una administración eficiente, defender los intereses como corresponde, poner gente competente”, agregó y, en ese sentido, destacó “el primer paso inobjetable” de haber colocado como interventor a Gabriel Delgado.
Sobre el debate en el Congreso, el oficialista pronosticó que “tendrá sus complejidades” y completó: “Tenemos un desafío de construir la mayoría (en la Cámara de Diputados) para asegurar el tratamiento correcto del proyecto y darle el apoyo al Ejecutivo”.
Por Luis Contigiani. La propuesta del diputado nacional para crear una Corporación Agroindustrial Exportadora Santafesina, con participación público privada y una amplia representación de todos los sectores
Por Luis Contigiani
Estoy convencido que una de las situaciones que hay que superar en el país es una ecuación que representa un gran fracaso: neoliberalismo y estatismo bobo y poco transparente. Esto no significa desconocer que un Estado inteligente, eficaz y probo deba hacer prevalecer el interés público en áreas fundamentales como la seguridad social, salud, educación, energía, hidrocarburos, transporte, conocimiento, recursos naturales etc. Razones estratégicas definen a un Estado Nación.
En el desarrollo de un país, materia pendiente de la Argentina, la ecuación citada representa el atraso y una de las causas de nuestra fractura social, pobreza e indigencia, junto a nuestra incapacidad de acordar políticas públicas en temas comunes.
Debemos avanzar en una gran concertación con la capacidad de articular en forma pública-privada los factores de producción.
Para que una Nación logre su desarrollo, debemos avanzar en una gran concertación con la capacidad de articular en forma pública-privada los factores de producción. Debemos ir hacia una economía social de producción con transición verde, apostando a la innovación, a las cadenas de valor, al desarrollo territorial, a la integración vertical y horizontal, al cooperativismo como modelo que empodere a cientos de miles de productores agropecuarios, a la generación de redes sociales entre el estado y el individuo, a las nuevas economías solidarias. Creo en una economía CON mercado y no De mercado.
Observar por estas horas como se discute desde el blanco y negro, el prejuicio, el dogma, el maniqueísmo, es una muestra del estado de nuestra patria.
Santa Fe es una tierra de pioneros, de inmigrantes esforzados que inventaron de todo y mucho más en el campo de la agroindustria. El modelo para la Santa Fe federal y profunda es la industria, el cooperativismo, el mutualismo, los productores de todo tipo, la cultura del trabajo, las organizaciones de trabajadores.
Nadie puede estar en contra de una intervención del Estado para salvar una empresa, que siempre es una organización que tiene una dimensión social e histórica, para conservar puestos de trabajo, evitar su extranjerización y en definitiva para apuntalar un capitalismo progresista y fuerte, siempre y cuando sea una intervención legal, virtuosa y donde no le quede al Estado la peor parte de la torta (dilapidación de recursos públicos), mientras los empresarios salvan sus ineficacias, desaciertos o irregularidades.
Está claro por otra parte que una intervención para un salvataje o continuidad de la organización empresarial, laboral y de pequeños acreedores, no es lo mismo que una expropiación.
En este último punto hay que ser claros: es una extrema necesidad que los que delinquen en forma privada o pública rindan cuenta o se le haga justicia dentro de un poder judicial independiente y no desde la política. Es en el marco de la justicia dónde es necesario, dar muchas explicaciones y pruebas por parte de la empresa por hechos que revisten mucha gravedad.
Está claro por otra parte que una intervención para un salvataje o continuidad de la organización empresarial, laboral y de pequeños acreedores, no es lo mismo que una expropiación. Dos discusiones muy distintas. Una inteligente y satisfactoria intervención puede evitar la expropiación, o una situación sin salida la puede resolver una expropiación, pero bajo una verdadera justificación de necesidad mayor y muy bien fundamentada.
Estaríamos creando un polo cooperativo exportador clave para darle territorialidad a Santa Fe en uno de los principales enclaves productivos.
Los que hemos caminado el norte de Santa Fe sabemos que Vicentin con más de 90 años de historia es una empresa valorada socialmente más allá de sus empresarios y dueños. Hay generaciones de trabajadores, familias, profesionales, pymes asociadas, comercio que se vincularon culturalmente con la empresa. No todo es economía e ideología.
Un tema de modalidad no menor: somos federales siempre y mucho más allá de si somos de izquierda, centro o derecha. No puede plantearse este tipo de proyectos sin el dialogo y la consulta necesaria con los Intendentes involucrados, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, representantes de los trabajadores y algunos actores políticos.
CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA SANTAFESINA
Esta Corporación que estoy proponiendo tiene que ser configurada bajo un modelo de participación público-privada.
Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria integrada por:
Alianza Vicentín – YPF Agro SA (Participación mayoritaria de la Nación a través de tomas de activos y acciones por deuda. La nación debe recuperar hasta el último peso adeudado o prestado).
Cooperativismo Exportador Agropecuario de Santa Fe.
Gobierno Provincial de Santa Fe (con una parte de la deuda que la Nación le debe a Santa Fe, la provincia capitalizaría su participación público – privada en la Sociedad Anónima que crea la Corporación citada y seria clave por la posibilidad que se le abriría para el despliegue de políticas de agregado de valor).
Representación de los Trabajadores.
Si esta historia termina solo en manos YPF Agro SA puedo decir que es un proyecto que tiene poco a nada de Santa Fe, de federalismo y de estratégico.
Deben desplegarse también diversos instrumentos asociativos y flexibles (contratos de joint venture, de colaboración, por ejemplo), que permitan preservar las autonomías de cada Entidad productiva y a la misma vez asociarse, obligarse en la constitución de la Corporación agroindustrial exportadora.
Se debe convocar a las entidades cooperativas que, por volumen, tamaño, acopio, balances, cantidad de asociados (sean de primer, segundo o tercer grado) y estén operando de manera significativa en el mercado externo.
Estaríamos creando un polo cooperativo exportador clave para darle territorialidad a Santa Fe en uno de los principales enclaves productivos y con la posibilidad de contar con un puerto propio en el centro del polo portuario agroexportador más importante del país y del mundo. Hay que tener en cuenta, que por nuestro cordón portuario del sur de Santa Fe se exportan al mundo el 85 %, el 75% el 60 %, o el 54 % de la producción nacional, dependiendo el tipo de producto que tomemos en análisis.
Esto nos permitiría trazar políticas públicas y privadas desde el puerto hacia atrás en cada cadena de valor involucrada. Nos permitirían tener precios diferenciales en productos, insumos, servicios, costos logísticos, especialmente si nos comparamos con las multinacionales exportadoras. Podríamos establecer estrategias de inversión y alianzas (aquí entran muchas pymes nacionales ligada a la producción) para la inversión y agregado de valor en pequeñas y medianas localidades.
Le permitiría al gobierno nacional y provincial tener una herramienta estratégica para desarrollar políticas de desarrollo territorial, contención en escala de productores para revertir la concentración agropecuaria, manejar el crédito y el acceso a tecnologías de manera diferente a como lo hacen las multinacionales.
Si esta historia termina solo en manos YPF Agro SA puedo decir que es un proyecto que tiene poco a nada de Santa Fe, de federalismo y de estratégico.
El jefe del interbloque JxC apoyó la movilización de vecinos de Avellaneda contra la intervención de Vicentin y cargó duro contra el Gobierno. Habló de un presidente “débil” y sostuvo que lo que se quiere hacer con la empresa es “una confiscación”.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, destacó la movilización de vecinos y productores de la localidad de Avellaneda, en Santa Fe, quienes se manifestaron para rechazar la intervención de la empresa Vicentin por parte del Gobierno nacional.
“Veo a los vecinos de Avellaneda en la provincia de Santa Fe y no puedo más que sentir apoyo por ellos. Me pregunto, ¿por qué el gobierno kirchnerista necesita volver a tropezar dos veces con la misma piedra?”, sostuvo el radical.
Entrevistado en el canal TN, el legislador consideró que la idea del Gobierno es “de una gravedad inusitada”. “Es inconstitucional, es ilegal y además aumenta la incertidumbre por la tensión con la economía y aumenta también la desconfianza de afuera en el país”, consideró.
“No hay otro antecedente en el cual el Estado nombre un interventor en una empresa privada mediante un DNU, cuando además hay un juez interviniendo en un concurso de acreedores. Es tan ilegal este DNU que la Ley de Quiebras al único que autoriza a actuar es al juez del concurso. Acá se está saltando al juez y se ha atropellado al Congreso”, abundó Negri.
Para el diputado, más que “un rescate de la empresa” lo que “van a hacer es una confiscación”. “Que el Estado ayude a rescatar a una empresa en crisis no me parece mal. Había 20 formas de arreglar esto dentro del concurso. Los empleados están cobrando, no hubo despidos. Pero miren una cosa: la empresa concursada exporta aceite y soja. Se está construyendo un relato sobre soberanía alimentaria, pero en realidad la empresa manda lo que comen los cerdos en China”, apuntó.
Según Negri, con esta decisión “el presidente se muestra débil. Hace unos pocos días había dicho que no apoyaba proyectos escandalosos. Lo vi débil porque tuve la impresión de que la autora del modelo de este proyecto de país debía estar sentada al lado de Alberto Fernández. Me refiero a la vicepresidenta Cristina Kirchner”.
“Lo más grave es que esto se hace en el contexto de una cesión de derechos individuales para derrotar la pandemia. Se han entusiasmados con el estado de excepción. La feria judicial es eterna y al Congreso lo llevan con DNU y más DNU”, continuó.
El jefe de la bancada opositora anticipó que se opondrán a la ley “cuando se dignen a mandarla al Congreso”. “Es sentido común. No se puede romper un concurso. Una persona tan respetada como Roberto Lavagna hizo fuertes advertencias sobre el accionar del Gobierno. La aventura de la soberanía energética no salió bien y además armaron un capitalismo de amigos. ¿O nadie se acuerda de la familia Esquenazi?”, expresó.
“Estamos convencidos de que esta ley es inconstitucional. ¿De dónde van a sacar plata? No hay un mango en la Argentina. El Estado tiene que estar todos los días ordeñando, y acá van a necesitar 300 o 400 millones de dólares. Yo hablo con los productores, son de Santa Fe y de Córdoba. Están equivocados estos muchachos si creen que con esto van a llevar en andas”, siguió.
El radical criticó que “el kirchnerismo ha tenido al campo en el fondo del gallinero para que les dé las divisas que necesitaba el Gobierno. ¡Nunca les interesó proponer un proyecto de crecimiento para el agro!”.
“Proponen volver a la Argentina del pasado, a la Argentina cerrada de Cristina, cobrarse las cuentas pendientes con la Justicia, con la economía y con los que ellos creen que fueron sus enemigos, cuando en realidad fueron ellos los que construyeron fantasmas”, finalizó.
Acusan al presidente del supuesto delito de abuso de autoridad por la violación de varios artículos de la Constitución Nacional.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron este martes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete por el supuesto delito de abuso de autoridad a través del DNU 522/20, que dispuso la intervención de la empresa Vicentín.
La denuncia fue firmada por los legisladores Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Álvaro De Lamadrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascárate y Mónica Frade.
Los diputados de la oposición sostuvieron que “conforme la Constitución Nacional y la Ley de Quiebras 24.522, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas”.
Los denunciantes invocaron el artículo 17 de la Carta Magna, que indica que “la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
Asimismo, “el texto constitucional prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o gobierno alguno”.
“En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que no puede ir más allá de las atribuciones del Poder Legislativo y se estaría otorgando directamente las facultades prohibidas”, consideraron.
Por otra parte, “el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas -quiebras-, de manera que no puede modificarse el procedimiento pertinente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aún dentro de los denominados de Necesidad y Urgencia”.
Los diputados advirtieron además que “no existen circunstancias que, en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.
Otro de los aspectos señalados es que “el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, que está en manos del juez del concurso. El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del juez, además de violar el límite establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, viola el debido proceso legal”.
Finalmente, apuntaron que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de gobierno” porque “invade potestades propias de la competencia judicial de la provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal”.
El senador nacional por el FdT Oscar Parrilli presentó un proyecto para que se investiguen las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa intervenida.
Luego del anuncio de la intervención, y eventual expropiación de la empresa agropecuaria Vicentin, el senador nacional por el Frente de Todos Oscar Parrilli presentó un proyecto para formar una comisión para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa; además de una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.
Asimismo, el proyecto indica que la Comisión Bicameral, que quedaría integrada por seis senadores y seis diputados, deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales.
En los fundamentos, Parrilli señala que ya tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 una causa en la cual se investiga la comisión del posible delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional por parte de funcionarios del Banco de la Nación Argentina y de socios del Grupo Económico Vicentín; y que del primer informe presentado por el actual director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, en relación a la firma Vicentín SAIC “se indican una serie de irregularidades en el otorgamiento de varios préstamos y refinanciaciones de préstamos bancarios a la entidad mencionada”.
Así, pese a la existencia de una investigación judicial en curso, el senador sostiene la necesidad que el Congreso también investigue las presuntas irregularidades, advirtiendo la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
Además, sostiene que hay prueba de suficientes irregularidades como para que “se efectúe una severa y puntillosa investigación en el accionar de los funcionarios que participaron en el otorgamiento de los préstamos a la firma Vicentín SAIC, y también, que se investigue el procedimiento seguido para el mismo para verificar si tomaron las directivas y lineamientos que establece y fija el Banco Central al respecto”.
Para Consenso Federal “no existen fundamentos” para que la decisión del Gobierno “procure el bien común”. Consideraron que hay otras alternativas.
El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, también cuestionó la expropiación de la empresa Vicentín, y consideró que “el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa”.
“No advertimos que existan fundamentos para que las acciones realizadas por el Gobierno nacional constituyan una razón que ‘procure el bien común’”, expresaron, aunque aclararon que “esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresario que está siendo investigado por la Justicia, además de tener su empresa en concurso preventivo”.
Según señalaron los legisladores en un comunicado, “el concurso preventivo establecido en la Ley 24.522 resguarda como ley de orden público las acreencias de todos”.
“Consideramos que el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el concurso”, indicaron Camaño, Rodríguez y Sarghini.
Por último, advirtieron que “resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del Estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas”, en referencia a la expropiación de YPF.
El diputado radical y exministro de Agroindustria sostuvo que “la empresa que va a surgir va a poner precios políticos” lo que va a generar que “el costo sea más alto”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) se refirió a la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, y consideró que “el Estado no tendría por qué intervenir”.
“La empresa está en concurso, por lo tanto tiene un síndico, y el juez podría haberla intervenido, de ser necesario y si así lo creía, para hacer frente a las obligaciones que tiene”, sostuvo, más allá que valoró a Gabriel Delgado -quien sería el interventor- y lo calificó como un “amigo” suyo.
El exministro de Agroindustria, durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que lo que le genera “mucho ruido” es “el fundamento del por qué la expropiación; esto habla de un desconocimiento de la realidad del comercio internacional y de la producción argentina”.
Entrevistado por el diario Perfil, el radical señaló que “el problema de Argentina no es que el Estado tenga una empresa más, el problema es el Estado que tenemos”.
“La empresa que va a surgir va a poner precios políticos, y también va a tener costos de una estructura más pesada que puede terminar haciendo que el costo sea más alto. Por lo tanto, menos precio para los productores y, a la vez, se van a llenar de plata las multinacionales”, estimó.
Aunque aclaró que hay que observar en detalle el proyecto, el formoseño expresó que “no” está de acuerdo en que “si cada empresa que tiene problemas el Estado la va a intevernir”. “Entonces, ¿qué van a hacer con todas las que quiebren post pandemia? ¿Van a estatizarlas a todas?”, se preguntó.
Así lo confirmó el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, José Ruiz Aragón.
Siendo su inspiradora la vicepresidenta del bloque oficialista del Senado, Anabel Fernández Sagasti, era más que previsible que el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentin ingresaría por la Cámara alta. Y así será, según confirmó el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, una de las que tendrá protagonismo en el debate cuando le toque a Diputados.
En efecto, el diputado correntino José Ruiz Aragón justificó que la Cámara de origen de este proyecto es el Senado, por lo que “el primer debate va a ser ahí y a nosotros nos va a venir un debate más pulido. Lo que no significa que no vaya a ser áspera la discusión”, pronosticó desde la pantalla de Diputados TV.
El legislador del Frente de Todos respaldó la iniciativa señalando que “el de la soberanía alimentaria es un concepto que venimos intentando poner en agenda”, y remarcó que “necesitamos que lo que se produce llegue primero a la mesa de los argentinos”.
La senadora, autora del proyecto de expropiación de Vicentin, destacó que es una “decisión histórica y crucial”. También dijo que desde la oposición “van a tener que explicar varias cosas”.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT) aseguró que la intervención y expropiación de la empresa Vicentin afectará “a la gente en lo cotidiano” en relación a que “los alimentos empiecen a valer lo que valen por producto del trabajo y no por especulación financiera de algunos”.
“Es una decisión histórica y crucial para lo que viene en la nueva normalidad en la Argentina”, sostuvo tras el anuncio junto al presidente Alberto Fernández y consideró se comenzó “un camino para que el Estado cuide el bolsillo de los argentinos”.
En declaraciones a Radio 10, la mendocina resaltó: “Estamos rescatando una empresa que entró en cesación de pagos en diciembre del año pasado, luego en concurso preventivo y hay pedidos de quiebra”.
“Había grupos cerealeros internacionales que querían quedarse con la compañía por un vuelto, pero Vicentin es una empresa que es crucial para la estrategia económica y agroalimentaria de la Argentina”, señaló.
En ese sentido, Sagasti subrayó que la agroexportadora tiene “el 9% del mercado” y, por eso, “Vicentin en manos de la unidad de negocios de YPF Agro nos va a permitir desarrollar un nuevo proyecto agroalimentario y es un gran desafío para el Estado argentino”.
En el caso de que la empresa hubiese pasado a manos de grupos internacionales, la legisladora estimó que “lo que iba a suceder, además de que nunca le iban a pagar ni al Estado, ni los productores ni a los empleados todo lo que se debe, es que se conformaría una mayor concentración del mercado de lo que tenemos ahora”.
Sobre la postura de la oposición, la senadora K dijo que leyó el comunicado de Juntos por el Cambio y “pareciera que no” acompañarán la iniciativa.
“Estamos teniendo una oposición en el Senado bastante irracional, que está poniendo primero la confrontación o la posibilidad de salir por un canal de televisión antes que los intereses de los argentinos, como pasó en el caso de la ley de alquileres”, lanzó.
Además, recordó que el préstamo del Banco Nación a Vicentin “fue un acto de su gobierno”. “Los 18.600 millones de pesos que se le dio a Vicentin sin ninguna garantía se terminaron de dar después de que (Mauricio) Macri perdiera las PASO, y la cesación de pago fue en diciembre de 2019. Por eso van a tener que explicar varias cosas”, advirtió.
El presidente reveló cómo fue que se sumó la senadora Anabel Fernández Sagasti y ratificó que se trata de una “decisión excepcional”. También opinó que hay “una voluntad de demonizar” a la vicepresidenta y, así, “perjudicar al Gobierno”.
Tras el anuncio de intervención y expropiación de la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández negó que la idea haya sido de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Si algo sale mal, échenme la culpa a mí, pero no a Cristina”, enfatizó.
“Yo escuché que discutían si fue una decisión de Cristina. No fue así. Lo hablé con el gobernador de Santa Fe (Omar Perotti) y (la senadora) Anabel (Fernández Sagasti) se sumó porque tenía un proyecto de expropiación“, reveló en diálogo con Radio Con Vos.
En ese sentido, el mandatario contó que se reunió con la legisladora -muy cercana a CFK- porque ella lo fue a ver “por una vieja disputa que hay entre La Pampa, Neuquén y Mendoza y, en ese contexto, salió el tema de Vicentin. Ahí se me prendieron las luces y no le dije nada; 20 días después la puse a trabajar con (el ministro de Producción) Matías (Kulfas) en el tema y ella hizo un gran aporte”.
En respuesta a las críticas, Fernández afirmó que “no está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas” y dijo que se trata de una “decisión excepcional por su naturaleza estratégica”.
El presidente señaló que esta medida implica “un enorme esfuerzo del tesoro nacional”, ya que el Gobierno se está “haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera”.
“Es una decisión de algo que me preocupa a mí porque no estamos hablando de cualquier empresa”, agregó y remarcó: “No nos podemos hacer cargo de la economía privada”.
Sobre la relación con CFK, el jefe de Estado consideró que “hay sectores que son muy reactivos a ella” y tienen “una voluntad de demonizar a Cristina y de perjudicar al Gobierno mostrando a Cristina como lo que no es, ese demonio que no es”.
“Cristina tiene una historia política que me excede políticamente a mí. Con Cristina hablo de todos los temas de gobierno, pero la verdad es que sería muy injusto con Cristina si dijera que impone posiciones”, completó.
Diputados y senadores que integran los respectivos bloques del FdT en la legislatura bonaerense es “una medida estratégica para garantizar la soberanía alimentaria y el arraigo”.
Los bloques de senadores y diputados del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires expresaron “respaldo absoluto a la iniciativa del presidente Alberto Fernández para avanzar sobre la expropiación y estatización de la empresa Vicentin, líder en producción y exportación de alimentos, entre otros rubros”.
Los legisladores detallaron que “además de encontrarse en proceso de quiebra, habiendo recibido durante la gestión anterior créditos del Estado nacional y bonaerense de manera escandalosa y fraudulenta, Vicentin ha dejado en situación de enorme incertidumbre a miles de pequeños y medianos productores y productoras del interior de nuestro país”.
“Resulta imperioso, por otra parte, que el Estado argentino de una vez y para siempre asuma un protagonismo determinante en la producción y exportación de alimentos, a fin de garantizar soberanía y salubridad alimentaria, precios justos de acceso a los alimentos, logística y comercialización de proximidad, promocionando el arraigo en cada territorio del país y de la provincia sin importar su tamaño ni su ubicación geográfica”, agregaron.
Para finalizar, se resaltó que “con esta medida, no sólo resolvemos un problema estructural del país, sino que también construimos la salida de la pandemia en un mundo que demandará alimentos”, y concluyeron que “la soberanía del Siglo XXI es alimentaria, con arraigo y con Estados fuertes”.
Además, proponen que la empresa sea gestionada por sus trabajadores. Así se pronunciaron Del Caño y Del Plá.
Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina del Plá sostuvieron que la expropiación de Vicentin debe ser “sin pago” y que la empresa debe quedar bajo gestión de sus trabajadores.
“Con la estafa que hizo Vicentin con (Mauricio) Macri, de mínima corresponde la expropiación y estatización sin pago bajo gestión de sus trabajadores”, consideró Del Caño a través de Twitter.
Al hablar de “estafa”, el legislador del PTS se refirió al préstamo de 18.500 millones de pesos otorgado por el Banco Nación a la firma durante la gestión anterior, siendo que Vicentin aportó a la campaña electoral de Juntos por el Cambio.
En tanto, Del Plá advirtió que “la operatoria espuria de los pulpos sojeros de especular con los granos y tomar préstamos para expandirse, como quedó en evidencia con Vicentin, no debe ‘rescatarse’ sino abrirse los libros para desentrañar los negociados y estatizarse sin pago bajo control de sus trabajadores”.
Para los partidos que integran la alianza, la intervención de la firma agropecuaria “nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”.
En un comunicado firmado por sus autoridades, Juntos por el Cambio alertó que la intervención del Grupo Vicentín, anunciada este lunes por el Gobierno Nacional, “es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.
“En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, advirtió la alianza opositora.
El texto fue firmado por los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo; del Pro, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además de los diputados Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), además de Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.
A continuación, las cinco observaciones de Juntos por el Cambio:
1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.
2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.
3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.
4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.
5. Lo que nos venían adelantando algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta.
Legisladores de la coalición opositora criticaron duramente la medida. No faltaron las comparaciones con Venezuela y el recuerdo de que la empresa se había presentado en concurso y había compradores interesados.
No tardaron los legisladores de la oposición en pronunciarse contra la intervención de la empresas Vicentín anunciada este lunes por el Poder Ejecutivo. Prestamente inundaron las redes sociales con cuestionamientos a la medida.
Desde el radicalismo, el diputado Alvaro de Lamadrid señaló que “los activos irán a un fondo fiduciario a cargo de YPF Agro (Cristina).Vamos a Santa Cruz, la Venezuela le que da apariencia de validez legal a los atropellos que Chávez y Maduro realizaron salvajemente”.
El mendocino Luis Petri consideró la expropiacion de Vicentin como “un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a la Venezuela”. Y agregó: “Ya podemos identificar un patrón de conducta común entre el nuevo y viejo Gobierno K, cuando se quieren mandar una que no está escrita en la Constitución o la viola directamente, seguro invocan la SOBERANIA para algo, no puede faltar, blanquea y justifica todo!”.
Desde la Coalición Cívica, la diputada santafesina Lucila Lehmann tuiteó: “Una empresa que se presentó en concurso hace apenas 4 meses, el gobierno decide expropiarla. Tenía un largo trámite concursal por delante y estaba continuando con su operatoria comercial. ¿Qué es lo que motiva esta decisión? ¿Los 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos?”.
“Ya sabemos la historia de las expropiaciones kirchneristas: YPF que pagamos varias veces lo que vale y aun tenemos un litigio que nos costará muchisimos millones más. Ciccone, que no hace falta siquiera mencionar nada y ahora, ésto. No hay motivos para apoyar estas decisiones”, concluyó Lehmann.
El diputado Gustavo Menna consideró que “no se puede intervenir una empresa privada, ni por decreto ni por ley. El derecho de asociarse está protegido por la Constitución y los tratados internacionales”. Y agregó: “La intervención de una sociedad solo puede ser dispuesta por un juez. Lo dice claramente el art. 113 de la Ley de Sociedades. El Presidente no tiene atribuciones para remover a un directorio elegido por los socios de una empresa privada”.
La diputada provincial Alejandra Lordén, vicepresidenta del radicalismo, posteó una información titulada con una frase expresada por Alberto Fernández durante al conferencia de prensa de este lunes: “La oposición va a tener oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno”. Y ella repuso: “El Presidente, solito, nos puso en la misma línea que Venezuela. Nadie lo apuró. A confesión de partes…”.
La diputada mendocina Claudia Najul comentó por su parte que “cada vez que el peronismo intervino algo, desde los trenes hace 70 años a YPF hace poco tiempo, los que pierden son los argentinos, los que ganan son los amigos del poder y los gobernantes que en nombre del progresismo hacen un show para la tribuna”.
Desde el Pro, Facundo Garreton señaló: “Estatizar una empresa como Vicentin no es el camino. Había varios interesados en comprar la empresa. El Estado Argentino no puede hacerse cargo de las millonarias deudas que ahora pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos”.
A su vez, el radical cordobés Diego Mestre hizo esta comparación: “Cualquier parecido a Venezuela NO es una coincidencia. Cuánto nos costará a los argentinos esta mala decisión? Hay que generar la confianza necesaria para que se invierta en el país, se active la economía y se creen nuevos puestos de trabajo”, mientras que la diputada Lidia Ascárate señaló: “Se pone en peligro la República cuando el Estado cuenta, por un lado, con las herramientas para impactar directa e indirectamente en el contexto donde se desempeña una firma, y por el otro actua como expropiante de las empresas rescatadas. #EXPROPIESE #Vicentin”.
A su vez, Mariana Zuvic advirtió: “Volvieron por todo. El gobierno expropia VICENTÍN. Intervendrá el mercado del Agro. Es la radicalización de la Cleptocracia”, mientras que Fernando A. Iglesias comentó: “Dice Alberto Fernández que no nos preocupemos. Que la expropiación de Vicentín la paga con las tasas que se ahorra de las Leliq”.
Por su parte, el mendocino Omar De Marchi hizo un juego de palabras: “VICENZUELA. La decisión de expropiar Vicentín es una locura por donde se lo mire. Vamos a Venezuela más rápido de lo esperado. El “EXPRÓPIESE” de Chavez, se empieza a sentir en el país”.
Un aliado del Senado, el salteño Juan Carlos Romero, señaló por su parte que “quedarse con lo ajeno. No es ninguna novedad de un Gobierno K. Ya lo hicieron. Con excusas venezolanas controlaran granos, dolares y exportacion. No volvieron mejores. Volvieron recargados”.
“No veo la necesidad de que el Gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina”, dijo el diputado nacional Atilio Benedetti, y puso en duda las atribuciones del mandatario para avanzar en una intervención de estas características.
Al respecto, Benedetti sostuvo: “Desconocemos los detalles, pero está claro que el kirchnerismo se embarca -en nombre de la soberanía nacional, o en este caso de la soberanía alimentaria- en una aventura que tiene un riesgo de costos enormes para el bolsillo de los argentinos” y trazó un paralelismo con lo ocurrido con la estatización de YPF, que hoy vale 10 veces menos del monto por el que se pagó.
Legisladores del Frente de Todos expresaron su beneplácito por la medida anunciada por el presidente de la Nación con la empresa Vicentín.
El oficialismo salió masivamente a aplaudir la expropiación de la empresa Vicentín, calificando la medida como una “decisión histórica”.
La secretaria parlamentaria del bloque de diputados del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez, consideró esa decisión como “histórica”, afirmando que “con este paso, el Estado podrá dar continuidad a miles de puestos de trabajo, garantizar la soberanía alimentaria y la exportación de granos, ejes claves para el desarrollo de la Argentina”.
“Después del descalabro macrista, la decisión de rescatar Vicentin es estratégica para la economía argentina: da tranquilidad a lxs trabajadorxs y productorxs, a la vez que representa un paso importante hacia la soberanía alimentaria. Otra medida para poner a la Argentina de pie”, tuiteó por su lado la diputada de La Cámpora Gabriela Estévez.
Economista y diputado nacional del oficialismo, Itai Hagman señaló que “Vicentin y Macri defraudaron al Estado con un préstamo millonario sin respaldo y la empresa quebró. Hoy Alberto Fernández anunció su intervención y un proyecto de expropiación que irá al Congreso. El objetivo: la soberanía alimentaria. Se acabó el país para el 1%, avanza uno de todos”.
A su vez, la diputada Lucila Masin publicó una serie de tuits en los que celebró “esta decisión histórica que asegura la continuidad de puestos de trabajo y representa un gran paso en la búsqueda de #SoberaníaAlimentaria”.
“Acompañamos la decisión estratégica para la economía, para poner a la #ArgentinadePie y esperamos el proyecto para tratarlo en la Cámara de Diputados”.
Leonardo Grosso expresó por su parte: “Después de la enorme defraudación que hicieron los dueños privados, el Estado argentino va a expropiar Vicentin garantizando la continuidad de la empresa y de sus trabajadores. Un gran avance para conseguir nuestra soberanía alimentaria! Vamos @alferdez!”.
Desde la Legislatura bonaerense, la diputada provincial Florencia Saintout señaló que “la estatización de Vicentín es soberanía alimentaria. Celebramos con mucha alegría la decisión del presidente
@alferdez”, en tanto que la legisladora porteña Victoria Montenegro celebró: “Vamos por la soberanía alimentaria!!”.
A su vez, la diputada Gabriela Cerruti señaló que “la expropiación de Vicentin significa cuidar trabajadores, rescatar a pequeños productores, gobernar en pos de la soberanía alimentaria y entender que los nuevos tiempos necesitan que YPF trabaje sobre algo más que petróleo. Esperamos con orgullo el proyecto en Diputados”.
El diputado Hugo Yasky consideró por su parte que “con la intervención de Vicentín se terminó la impunidad para los empresarios que malversan fondos públicos. Que sirva de mensaje para todos”.
La titular de la Comisión de Finanzas elogió la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa cerealera.
La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó este lunes que la recuperación de la empresa cerealera Vicentín, a través de su intervención y posterior expropiación, “es una decisión trascendente para la Argentina”.
“El rescate de Vicentín tiene, sin dudas, enorme valor para la economía argentina y, particularmente, en un sector de especial relevancia: el mercado de granos y de cereales, un activo estratégico en nuestro mercado de exportación”, puntualizó la legisladora.
Frente a la crisis que atraviesa el Grupo Vicentín, el presidente Alberto Fernández anunció desde Casa Rosada la intervención de la firma agroindustrial, a través de un DNU, y adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación, declarando a la empresa “de utilidad pública”.
En ese marco, Vallejos subrayó que se trata de “una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura del sector”.
Vicentín entró en default en diciembre del año pasado acumulando deudas millonarias por 18.000 millones de pesos, la mayor parte con el Banco de la Nación.
La legisladora del Frente de Todos subrayó en un comunicado que la decisión tomada por el Gobierno “es una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa” y agregó que “el Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores”.
Recordó las millonarias deudas que acumula el grupo intervenido y el antecedente de lo que le costó a la Argentina YPF.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, rápidamente reaccionó tras el anuncio de la expropiación de Vicentín. “No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos”, señaló.
A través de su cuenta de Twitter, el diputado santafesino dijo tener “algunas dudas” sobre la expropiación de Vicentín “a la luz del antecedente de YPF, que nos costó USD 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en Nueva York, y aún esperamos los beneficios. Por ahora solo tenemos que pagar el ‘barril criollo’ más caro para que no pierda plata”.
“Y hoy vale el 15% de lo que costaba cuando se estátizó”, concluyó el legislador del Pro.
Lo anunció el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa. También informó que la empresa será intervenida y que la normalización estará a cargo de Gabriel Delgado.
El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional en las próximas horas un proyecto de ley para declarar la expropiación del Grupo Vicentín, que además será intervenido por el Estado Nacional por el plazo de 60 días.
El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa en Casa Rosada, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; y quien fue designado como interventor de la empresa, Gabriel Delgado.
La intervención, señaló Fernández, se efectivizará a través de un DNU que ya fue firmado, mientras que la expropiación se resolverá a través de una ley -cuya “idea primigenia” fue de Fernández Sagasti– declarando a la empresa “de utilidad pública”.
El presidente destacó que Vicentín es “un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, en el mercado alimenticio y en el mercado vitivinícola”.
Fernández advirtió que “de un tiempo a esta parte” la cerealera padece una “crisis financiera” y recordó que “el Estado nacional es su principal acreedor a través del Banco Nación”.
Por eso, explicó que se busca “rescatar” a la empresa, “con el propósito no solamente de que la empresa continúe, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos, y que alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen”.
Fernández detalló que “todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario” que será gestionado por YPF Agro.
Sostuvo que “post-pandemia, esto tiene una relevancia singular” ya que se apunta a “lograr la soberanía alimentaria que la Argentina necesita” para salir de la crisis.
“Se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud”, insistió, y repitió que “es una decisión estratégica para la economía nacional”.
El presidente recordó que la empresa se encuentra en un concurso preventivo de acreedores, por lo que este martes, Kulfas, Delgado y abogados del Estado “se presentarán al concurso para hacerse cargo de la intervención”.
Por su parte, Kulfas coincidió en que “el objetivo central es el rescate de esta empresa que tiene un papel central en el rubro agroindustrial”, e indicó que “productores de Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias, han sufrido las consecuencias de esta cesación de pagos”.
En tanto, Fernández Sagasti expresó que recibió “muchas demandas sobre lo que estaba sucediendo alrededor de Vicentín” y resaltó que la decisión de la expropiación “tiene que ver con la soberanía alimentaria” y que será “una herramienta fundamental para el Estado Nacional”.
Por último, Delgado señaló: “He trabajado toda mi vida en cuestiones de la política agrícola. La decisión histórica es desarrollar un instrumento, como lo va a ser este fondo fiduciario, para un sector que tiene tanto que ver con la Argentina”.
En febrero pasado, el fiscal Gerardo Pollicita imputó al expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, por haber otorgado un préstamo “irregular” a Vicentín, por el monto de 18.500 millones de pesos, en perjuicio del Estado Nacional, siendo esta empresa la principal aportante de campaña de Juntos por el Cambio en 2019.
En esa causa, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, también están imputados Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, ejecutivos de la cerealera.
Lo reclamaron una serie de dirigentes, entre ellos varios legisladores nacionales, que quieren hacer ese planteo al presidente en una reunión que le pidieron.
Más allá de que el presidente Alberto Fernández se pronunció la semana pasada contra las “ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas”, un grupo de dirigentes políticos, sindicales y sociales -entre ellos varios legisladores- piden que la exportadora Vicentín sea declarada “empresa pública no estatal”, de modo tal que el Estado pase a administrarla.
Basan los firmantes de un documento que pide tal medida en su preocupación “ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el Grupo Vicentín en detrimento de la banca pública y miles de productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
Los firmantes del documento consideran a Vicentín “estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos”, razón por la cual piden una urgente entrevista con el presidente de la Nación, afirmando que “para poner a la Argentina de pie necesitamos una Vicentín que sea una empresa pública testigo del comercio exterior y de la producción de alimentos”.
Entre los firmantes aparece los exlegisladores nacionales Claudio Lozano, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Horacio “Conde” Ramos y Rubén Giustiniani. Y también los actuales diputados nacionales Itai Hagman, Juan Carlos Alderete, Leonardo Grosso.
Asimismo firman el documento Mempo Giardinelli, Carllos Del Frade, Horacio González, Ricardo Peidró, Víctor De Gennaro y Juan Grabois, entre otros.
La massista Vanesa Massetani propuso la creación de una comisión para estudiar la relación crediticia con la empresa cerealera. También pidió informes al nuevo presidente del Banco Nación.
Luego de que el fiscal Gerardo Pollicita imputara al expresidente del Banco Nación Javier González Fraga por el otorgamiento irregular de créditos a la empresa cerealera Vicentín, una diputada del oficialismo propuso investigar el caso desde el Congreso.
La santafesina Vanesa Massetani, referenciada en el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, presentó dos proyectos vinculados al caso de la firma agroexportadora, principal aportante de campaña de Juntos por el Cambio y declarada en default.
En una de las iniciativas, Massetani insta a crear una “Comisión Especial de Revisión de la Relación Crediticia del Banco Nación y Vicentín SAIC”, en el ámbito de la Cámara de Diputados.
Esta comisión estaría integrada por siete diputados, con “dependencia funcional” del presidente de la Cámara, y debería en primer lugar “estudiar e investigar la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentín”.
También, “dilucidar si se produjeron irregularidades en la operatoria de préstamos y refinanciamiento entre ambas entidades”.
En caso de detectar irregularidades, se busca “determinar el posible perjuicio para el Estado Nacional, la posible existencia de maniobras espurias, los controles y salvaguardas aplicados y las responsabilidades políticas y penales que puedan caberle a empresarios, funcionarios y agentes intervinientes en el caso”.
Paralelamente, Massetani presentó un pedido de informes dirigido a Eduardo Hecker, sucesor de González Fraga en el Banco Nación, sobre “los procedimientos, condiciones, circunstancias y resoluciones por las que se otorgaron préstamos a la firma Vicentín SAIC”.
El viernes pasado, el fiscal Pollicita imputó a González Fraga y los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli como responsables de la empresa que solicitó la convocatoria de acreedores, a casi dos meses de haber oficializado su cesación de pagos.
