Ese fue el objetivo de una jornada organizada en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, donde representantes de los productores expusieron ante los diputados.
La Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, presidida por Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos-Formosa), realizó este martes una jornada sobre el estado de situación de las economías regionales y sus potencialidades.
Según Fernández Patri, el objetivo de la jornada fue “poner en agenda las economías regionales, que son un sector estratégico: el año pasado generaron 7 mil millones de dólares de exportaciones, generan más de un millón de puestos de trabajo directos y sabemos de las dificultades que tienen por las distancias y las cuestiones climáticas”.
Como primer orador, el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Luis Contigiani, consideró que “a veces el lugar de las economías regionales no es reconocido en la dimensión territorial, el agregado de valor, el desarrollo regional, las inversiones y las exportaciones que generan”.
“Estas economías tienen el mayor aporte en términos de producción capital/trabajo y recursos/tierra, son las que más aportan a los factores de producción”, destacó Contigiani, al tiempo que destacó que Argentina es número uno de exportación de aceite de soja, jugo de limón, yerba mate, aceite de maní, entre otros productos.
Del mismo modo, Contigiani advirtió que “las economías regionales merecen una ley de encuadre general, merecen un tratamiento integral, porque ya no sólo es extra-pampeana, es la Argentina”.
Durante la jornada, el consorcio de trabajo INTA – INTI – UNNE – Universidad de Salta y Universidad de Santiago del Estero, presentó los alcances y resultados básicos del proyecto sobre Bioeconomía del Norte Argentino y se contextualizaron las potencialidades, oportunidades y condicionantes del desarrollo de la bioeconomía en el Norte Grande.
El ingeniero agrónomo Roberto Bocchetto consideró que “el sistema bio-económico global se plantea sustituir recursos fósiles por renovables”. “Si miramos al Norte nos vamos a sorprender de las capacidades científico-tecnológicas y político-institucionales. El futuro de la bioeconomía del Norte no podrá analizarse independientemente del proyecto de país y del rol que se le asigne al Estado y a las políticas públicas”, explicó Boccheto.
En el bloque temático, Claudia González también disertó sobre las bases de la transformación productiva en alimentos, Liliana Molina Tirado sobre bioproductos y Jorge Hilbert sobre bioenergía.
Como parte de las consideraciones políticas, la senadora Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Formosa), titular de la Comisión de Economías Regionales del Senado, apuntó que las economías regionales “tienen producciones cíclicas, eso obliga a una adaptación de los regímenes laborales y el aprovechamiento de los recursos naturales”.
Asimismo, Giménez pidió que, en una nueva convocatoria, “sumemos a los representantes de los trabajadores, dado que la falta de mano de obra ha sido un problema”. La senadora también remarcó las distancias y el costo para el transporte de la producción regional.
La diputada Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) se preguntó “por qué no otorgar a los que exportan productos de las economías regionales la misma cotización del dólar que se está aplicando para la soja, porque termina siendo una situación de injusticia”.
En tanto, el diputado Héctor Bárbaro (Frente de Todos-Misiones) dijo que “venimos hablando de la agricultura familiar y las economías regionales, pero cada vez tenemos menos productores en las chacras” y denunció que “cada vez es peor la concentración de las tierras”.
De la jornada también participaron representantes de los productores de diferentes sectores, como CAME; Cámara de Tabaco de Salta; Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera; Centro de Azucareros Argentinos y la Federación Olivícola Argentina.
Para finalizar la reunión informativa, se presentaron experiencias innovadoras de desarrollo y agregado de valor de diferentes regiones del país, como un trabajo de integración regional llevado a cabo por el establecimiento arrocero San Carlos sobre arroz y pacú, entre otros.
La Comisión de Economías y Desarrollo Regional prevé realizar una segunda reunión informativa el próximo martes 4 de octubre, para finalizar el diagnóstico de situación y luego convocar a una reunión de trabajo conjunto para delinear un proyecto de ley que sintetice las demandas surgidas de este diagnóstico.
Se trata de una alianza electoral que competirá en la provincia, de la cual el diputado nacional es el principal referente.
En el marco de la presentación ante el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe de las alianzas electorales para este año, desde el Frente Primero Santa Fe manifestaron que “es la hora de forjar una gran unidad en valores y compromisos concretos, que trascienda a las ideologías y nos lleve a recuperar el orgullo santafesino”.
El espacio quedó conformado por los partidos Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Demócrata Cristiano (DC), Lealtad y Dignidad, PAIS, y Cultura de la Educación y el Trabajo.
El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), principal referente de esta alianza electoral, remarcó la necesidad de avanzar unidos por “la Santa Fe del desarrollo, el trabajo, de los emprendedores, del espíritu innovador de nuestros inmigrantes, del cooperativismo, del mutualismo, de los productores, trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, jóvenes y mujeres”.
“La política se ha alejado de la gente y se ha acostumbrado a vivir del conflicto del poder, en una falsa grieta que no nos conduce a un proyecto avanzado, humanista, integral y desarrollado. Debemos construir agendas transformadoras para el futuro, como lo hicieron en su momento Yrigoyen, Perón, Frondizi, Illia y Alfonsín”, afirmaron desde el Frente.
Por último, se destacó “la responsabilidad, junto al resto de las alianzas y frentes electorales, de fortalecer la democracia, proponer ideas y saber escuchar, en un momento muy difícil para el país y la provincia”.
El bloque Consenso Federal consideró que la propuesta que fue aprobada en el Senado “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”. La misma postura expresaron los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez.
Los diputados nacionales de Consenso Federal, sumados a los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani, anunciaron este martes que no apoyarán la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el Senado porque “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”.
“No vamos a acompañar la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación porque sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”, informaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez en un comunicado, al que también adhirieron Estévez, del Partido Socialista, y Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social.
Los legisladores advirtieron que los jubilados “no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los errores en que incurren los sucesivos gobiernos”.
“Mauricio Macri y Cambiemos los perjudicaron seriamente al cambiarles el sistema, con una fórmula de movilidad jubilatoria sólo defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación. También fueron perjudicados por la dolarización de las tarifas y su duro impacto en el costo de vida. Ahora, la propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo”, argumentaron.
Según los diputados que integran el Interbloque Federal, “una vez más, sigue soslayándose el problema de fondo, que no se soluciona con una fórmula de actualización: el sistema previsional argentino está quebrado y es indispensable aumentar la cantidad de aportantes, lo que se puede lograr incorporando al 50% de los trabajadores privados que hoy están en la informalidad y creando trabajo. Ese es el gran mandato social que debe cumplir el gobierno”.
Además, señalaron que defenderán su propia propuesta, “una fórmula más justa, con garantía de que no se perderán ingresos reales sobre la base de considerar parámetros como el costo de vida, la recaudación, los precios y los salarios”.
“Pero no alcanza con discutir proyectos aislados. Argentina requiere, principalmente en este tema, una salida sostenida en consensos sociales amplios, profundos y permanentes”, concluyeron.
El proyecto de movilidad jubilatoria fue aprobado en el Senado el 10 de diciembre con 41 votos a favor y 26 en contra, y en la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha oficializada de tratamiento, pero se especula con que sea el próximo 29 de diciembre.
La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).
Se mostró a favor de sesionar de manera virtual, pero no para todos los temas.
“Nadie acepta los límites de una realidad muy dura para la mayoría de los argentinos. Todos quieren vencer o condicionar en un país necesitado de acuerdos y no de vencedores, de un proyecto de desarrollo y no de disputa del poder por el poder mismo”. Así inició el diputado Luis Contigiani su explicación de las razones por las que decidió no tomar parte de la sesión de este martes.
El legislador santafesino reconoció que “en el actual contexto el sistema presencial parlamentario tiene sus límites, determinado por la dura crisis sanitaria, que no está controlada, que ocasiona serios riesgos, que todavía no hay vacunas y qué hay que cuidarse todo lo posible”. Empero, admitió también que “el sistema mixto virtual tiene sus propios límites determinados por la incapacidad de abordar temas conflictivos, de mucho debate, que requiere la presencia insustituible del parlamentario o parlamentaria: gestos, presencia, discusiones, debates, reuniones”.
“Es por estos límites que tenemos que avanzar en un sistema de sesiones parlamentarias con temas acordados y que pongan como prioridad aprobar leyes que sean soluciones concretas para los diversos sectores laborales y económico del país, que esperan respuestas urgentes, o necesidades del Poder Ejecutivo Nacional fundados en temas de gobernabilidad”, puntualizó Contigiani, que de ese modo manifestó su disposición a sesionar con el sistema mixto o semi presencial, “pero solo en aquellos temas que podamos acordar, con la prioridad de dar respuesta a los problemas de la sociedad”.
Integrante del interbloque Federal, el legislador santafesino aclaró que tampoco se prestará a “ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”.
Ya había adelantado parlamentario.com que había dudas de que el diputado santafesino Luis Contigiani fuera a apoyar la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Ahora el propio legislador, que integra el interbloque Federal de Diputados acaba de confirmar que no acompañará el proyecto: “No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas”, expresó.
“No voy a acompañar la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco a prestarme a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”, señaló.
Lo hizo a través de un extenso comunicado titulado: “Desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder”.
Tras elogiar una serie de anuncios del presidente Alberto Fernández, el diputado santafesino aclara que “el proyecto de reforma judicial anunciado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso Nacional tiene muy poco de ese espíritu transformador y nada de federal”.
“No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas”, expresa, detallando: “Al incrementar (desdoblar) secretarias y juzgados federales, jueces interinos en calidad de subrogantes por doquier, lo único que hace es asegurar todas las condiciones para que los operadores de los sótanos de la democracia sigan haciendo de las suyas y con mucho más poder”.
Agrega que “desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder. Lo único que le saca poder es poner en vigencia el nuevo sistema acusatorio mediante el cual los fiscales investigan los delitos y los jueces hacen el control legal como un tercero imparcial frente al mismo fiscal y la defensa”.
Con todo, advierte que “como estoy convencido de que es fundamental para nuestra democracia reformar la actual justicia federal de manera integral, voy a proponer junto a mi negativa al proyecto oficial la creación de un ámbito político, técnico, plural, académico que nos permita encontrar el camino, los debates y los consensos políticos mayoritarios para avanzar en una reforma judicial, que como ya dije sea la reforma de los argentinos y no de un interés en particular”.
El 24 de diciembre de 1985 el presidente Dr. Raúl Alfonsín crea el “Consejo para la Consolidación de la Democracia”, un organismo consultivo de la Presidencia de la Nación formado por 20 personas destacadas en sus ámbitos de actuación, políticos e intelectuales, todas ellas bajo la coordinación del jurista Dr. Carlos Nino. Entre sus integrantes, aparecen nombres como Leopoldo Bravo, Genaro Carrió, Raúl Dellepiane, Guillermo Estévez Boero, René Favaloro, Jorge Taiana, María Elena Walsh, Ángel Robledo, etc. Nadie dudaba de la pluralidad en su conformación.
Este Consejo sienta las huellas para la reforma constitucional y la incorporación de muchos institutos jurídicos de avanzada para la justicia federal, como finalmente se recoge para la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
El Consejo trabajó internamente con diez comisiones temáticas. Estas contaban con numerosos asesores, de diversas especialidades, manteniendo un criterio en su composición de diversidad política y prestigio académico.
En esta línea hay que mencionar el Proyecto de Código Procesal Penal de Alfonsín-Maier Julio. El Gobierno de Alfonsín pretendía cambios de fondo en la justicia penal federal. Sistema adversarial, juicio por jurados, fin de la figura del juez de instrucción, Ministerio Público y de la Defensa Pública. Esta agenda no prosperó, pero dejo huellas importantes para el devenir de la Argentina.
Hay un amplio consenso social y político para transformar el poder judicial y la administración de justicia. Enfrentamos uno de los problemas más serios de la democracia.
La impunidad, el contubernio y la complejidad de parte del poder político, económico y judicial está detrás de los grandes problemas institucionales y el estancamiento argentino. No es de ahora. Es un problema estructural. Son los intereses del poder del dinero por encima de la ley. Es transversal a gran parte de lo político. Aquí hay buenos y malos en todos los espacios.
Es muy importante una reforma profunda de la justicia para una mejor democracia y hacer realidad las garantías de la Constitución Nacional. En este tema no caben los argumentos de oportunidad o los fundamentos economicistas.
El debate es legítimo, pero se necesita un consenso transversal muy fuerte para no dividirnos en un tema que hace a la esencia misma del contrato social. Relativizar este tema es seguir poniendo en riego los fundamentos de nuestra convivencia social. Unos dirán que es la justicia para los intereses de una determinada corporación (política, judicial, empresarial) y otros dirán que los que se oponen son los que defienden intereses contrarios a nuestra nación.
Llegado a ese punto ya está todo perdido.
Es por esto que debemos recuperar una justicia federal para la democracia y los argentinos. Nadie puede sentirse dueño de una reforma.
Es cierto que durante la última campaña electoral el actual Presidente Dr. Alberto Fernández habló de la reforma judicial.
Es cierto que el 1° de marzo pasado en la apertura de las sesiones ordinarias 2020 el presidente volvió hablar de la reforma judicial y dijo: “En este tiempo de la Argentina en los que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial…”
La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de sus fondos reservados y la prohibición a los agentes de realizar tareas de auxiliar judicial en causas judiciales fueron decisiones históricas para terminar con la mugre, la impunidad y fortalecer la democracia. En la frase dicha por el Presidente Fernández “terminar con los sótanos de la democracia” se sintetiza una etapa oscura de la Argentina que no puede volver nunca más.
¿Hay alguna fuerza política mayoritaria que pueda tirar la primera piedra en este sentido? Sostengo que No. En cada uno de esos partidos políticos hubo dirigentes que trabajaron para la institucionalidad, la transparencia y otros para los sótanos.
Todo eso es cierto.
Pero también es cierto que el proyecto de reforma judicial anunciado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso Nacional tiene muy poco de ese espíritu transformador y nada de federal.
No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas.
Al incrementar (desdoblar) secretarias y juzgados federales, jueces interinos en calidad de subrogantes por doquier, lo único que hace es asegurar todas las condiciones para que los operadores de los sótanos de la democracia sigan haciendo de las suyas y con mucho más poder.
Desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder. Lo único que le saca poder es poner en vigencia el nuevo sistema acusatorio mediante el cual los fiscales investigan los delitos y los jueces hacen el control legal como un tercero imparcial frente al mismo fiscal y la defensa.
Actualmente el juez de instrucción resulta juez y parte en el proceso, teniendo un poder propio de un sistema inquisitorio. No hay más transparencia posible que apostar a tener muchos más fiscales con el poder de la instrucción y dentro del debido proceso de nuestro sistema. Las ventajas del sistema acusatorio penal son claras: celeridad, visibilidad, igualdad entre las partes.
El Código Procesal Penal acusatorio sancionado hace seis años (todavía sin aplicación) es un cambio de paradigma para terminar con el sistema inquisitivo a nivel federal y se nutre en sus bases del derecho público provincial, porque fue adoptado mucho antes por las provincias.
A propósito, el proyecto de reforma del gobierno nacional pospone la aplicación del nuevo sistema acusatorio y el traspaso de competencias por dos años y sólo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiempo clave para que los dueños de los sótanos caven fosas más profundas.
Multiplicar jueces no es sinónimo de mejor administración de justicia, justo cuando necesitamos por el sistema acusatorio más fiscales. Por el contrario, es agrandar la cancha para los grandes operadores de siempre: políticos, judiciales y económicos. Hay que poner fin de una vez por todas a los poderes fácticos que operan detrás de la justicia, para que impere la ley.
No producir un cambio de raíz en la justicia federal, con un fuerte consenso social y político es quedar atrapado en las necesidades políticas de los “operadores judiciales”, de los “príncipes de la justicia federal”, de los empresarios que necesitan del fuero penal económico para legitimar sus mecanismos de prebendas, de los estudios jurídicos ligados al “poder” y a la corporación judicial.
Todo un sistema de impunidad y corrupción. Verdaderos sótanos de la democracia.
Decía también que el proyecto de reforma no es para nada federal. Y me quedo corto. Es muy centralista. Toda la mirada empieza y termina en Buenos Aires. Es cierto que crea nuevos juzgados federales con asientos en las provincias. Pero veamos: con la reforma propuesta llegaríamos a 46 jueces federales penales en la ciudad de Buenos Aires, para unos 3 millones de habitantes, por otro lado, llegaríamos a sólo 198 juzgados federales en las provincias (no todos tienen competencia penal) para más de 40 millones de argentinos.
El solo pensar en problemáticas como el tráfico de drogas o la trata de personas, tendría que hacer reflexionar a los autores del proyecto sobre la desigualdad generada entre Buenos Aires y el interior, que es el que sufre especialmente estos flagelos.
Por todo lo expuesto no voy acompañar la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco a prestarme a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento.
Pero como estoy convencido de que es fundamental para nuestra democracia reformar la actual justicia federal de manera integral, voy a proponer junto a mi negativa al proyecto oficial la creación de un ámbito político, técnico, plural, académico que nos permita encontrar el camino, los debates y los consensos políticos mayoritarios para avanzar en una reforma judicial, que como ya dije sea la reforma de los argentinos y no de un interés en particular.
Esta salida que propongo tiene que estar basada en los siguientes puntos:
Es para aquellas que no perciban ningún tipo de pensión. El diputado Luis Contigiani, junto a la exlegisladora Gabriela Troiano, resaltaron que este sector está “en condiciones de máxima vulnerabilidad”.
El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) presentó un proyecto, con impulso de la exlegisladora Gabriela Troiano, para que las personas con discapacidad que no reciben ninguna pensión puedan acceder al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y/o a la Tarjeta Alimentar.
La iniciativa busca “dar respuestas urgentes al reclamo” de este sector, que se ve claramente afectado por “la situación que vive nuestro país a partir de propagación del Covid-19, que además afecta aspectos sanitarios, económicos y sociales”.
“Se hace evidente que las PCD se encuentran en condiciones de máxima vulnerabilidad. Asegurar el derecho a la salud y garantizar una vida autónoma e independiente a las PCD son obligaciones ineludibles para el Estado tal como lo señalan nuestras leyes y la propia Constitución Nacional”, se señaló mediante un comunicado.
Además, Contigiani y Troaino enfatizaron que “la situación actual agrava la posibilidad de conseguir empleos, y sin trabajo no hay obra social, perdiendo así acceso a la salud, a las ayudas y apoyos necesarios”.
También remarcaron que “las pensiones no contributivas solo alcanzan a una minoría de las PCD. Y aquellas que han accedido a una pensión no contributiva a nivel nacional reciben 12.000 pesos mensuales, mientras que quienes perciben una pensión otorgada por la provincia de Buenos Aires, las mismas son de entre 850 a 1.200 mensuales”.
“Las cifras son por demás elocuentes para verificar el nivel de desprotección al que se está sometiendo a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad”, añadieron.
Se trata de los legisladores de Juntos por el Cambio, y de Luis Contigiani y Enrique Estévez, del Intebrloque Federal, quienes mantuvieron una reunión virtual con representantes de la Mesa Agropecuaria provincial.
Los doce diputados de la oposición por la provincia de Santa Fe ratificaron su rechazo a la expropiación de la empresa Vicentin y anticiparon que, ante el eventual debate de la ley -plan que el Gobierno nacional postergó por el momento- no aportarán al quórum, en una Cámara baja que encuentra al oficialismo con los números ajustados.
Los diez legisladores de Juntos por el Cambio, más Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista), ambos del Interbloque Federal, participaron de una reunión virtual con representantes de la Mesa Agropecuaria de la provincia.
En el encuentro, los diputados manifestaron su rechazo a la intervención dispuesta por DNU y a la posible expropiación. Los miembros de Juntos por el Cambio fueron más enfáticos en afirmar también que no darán quórum en una eventual sesión para tratar este tema.
En diálogo con parlamentario.com, el macrista Luciano Laspina aseguró que es “sorprendente” la “unidad de las entidades del campo” contra la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Todos lo ven como un manotazo a la propiedad privada”, agregó.
A través de su Twitter, el santafesino destacó: “Recién termina reunión de todos los diputados opositores de la provincia de Santa Fe con la Mesa Agropecuaria (que reúne a todas las entidades). Unánime rechazo a la expropiación de #Vicentin y apoyo a la decisión de no dar quórum. Quórum = expropiación. ¡Excelente reunión!”.
Por Luis Contigiani. La propuesta del diputado nacional para crear una Corporación Agroindustrial Exportadora Santafesina, con participación público privada y una amplia representación de todos los sectores
Por Luis Contigiani
Estoy convencido que una de las situaciones que hay que superar en el país es una ecuación que representa un gran fracaso: neoliberalismo y estatismo bobo y poco transparente. Esto no significa desconocer que un Estado inteligente, eficaz y probo deba hacer prevalecer el interés público en áreas fundamentales como la seguridad social, salud, educación, energía, hidrocarburos, transporte, conocimiento, recursos naturales etc. Razones estratégicas definen a un Estado Nación.
En el desarrollo de un país, materia pendiente de la Argentina, la ecuación citada representa el atraso y una de las causas de nuestra fractura social, pobreza e indigencia, junto a nuestra incapacidad de acordar políticas públicas en temas comunes.
Debemos avanzar en una gran concertación con la capacidad de articular en forma pública-privada los factores de producción.
Para que una Nación logre su desarrollo, debemos avanzar en una gran concertación con la capacidad de articular en forma pública-privada los factores de producción. Debemos ir hacia una economía social de producción con transición verde, apostando a la innovación, a las cadenas de valor, al desarrollo territorial, a la integración vertical y horizontal, al cooperativismo como modelo que empodere a cientos de miles de productores agropecuarios, a la generación de redes sociales entre el estado y el individuo, a las nuevas economías solidarias. Creo en una economía CON mercado y no De mercado.
Observar por estas horas como se discute desde el blanco y negro, el prejuicio, el dogma, el maniqueísmo, es una muestra del estado de nuestra patria.
Santa Fe es una tierra de pioneros, de inmigrantes esforzados que inventaron de todo y mucho más en el campo de la agroindustria. El modelo para la Santa Fe federal y profunda es la industria, el cooperativismo, el mutualismo, los productores de todo tipo, la cultura del trabajo, las organizaciones de trabajadores.
Nadie puede estar en contra de una intervención del Estado para salvar una empresa, que siempre es una organización que tiene una dimensión social e histórica, para conservar puestos de trabajo, evitar su extranjerización y en definitiva para apuntalar un capitalismo progresista y fuerte, siempre y cuando sea una intervención legal, virtuosa y donde no le quede al Estado la peor parte de la torta (dilapidación de recursos públicos), mientras los empresarios salvan sus ineficacias, desaciertos o irregularidades.
Está claro por otra parte que una intervención para un salvataje o continuidad de la organización empresarial, laboral y de pequeños acreedores, no es lo mismo que una expropiación.
En este último punto hay que ser claros: es una extrema necesidad que los que delinquen en forma privada o pública rindan cuenta o se le haga justicia dentro de un poder judicial independiente y no desde la política. Es en el marco de la justicia dónde es necesario, dar muchas explicaciones y pruebas por parte de la empresa por hechos que revisten mucha gravedad.
Está claro por otra parte que una intervención para un salvataje o continuidad de la organización empresarial, laboral y de pequeños acreedores, no es lo mismo que una expropiación. Dos discusiones muy distintas. Una inteligente y satisfactoria intervención puede evitar la expropiación, o una situación sin salida la puede resolver una expropiación, pero bajo una verdadera justificación de necesidad mayor y muy bien fundamentada.
Estaríamos creando un polo cooperativo exportador clave para darle territorialidad a Santa Fe en uno de los principales enclaves productivos.
Los que hemos caminado el norte de Santa Fe sabemos que Vicentin con más de 90 años de historia es una empresa valorada socialmente más allá de sus empresarios y dueños. Hay generaciones de trabajadores, familias, profesionales, pymes asociadas, comercio que se vincularon culturalmente con la empresa. No todo es economía e ideología.
Un tema de modalidad no menor: somos federales siempre y mucho más allá de si somos de izquierda, centro o derecha. No puede plantearse este tipo de proyectos sin el dialogo y la consulta necesaria con los Intendentes involucrados, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, representantes de los trabajadores y algunos actores políticos.
CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA SANTAFESINA
Esta Corporación que estoy proponiendo tiene que ser configurada bajo un modelo de participación público-privada.
Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria integrada por:
Alianza Vicentín – YPF Agro SA (Participación mayoritaria de la Nación a través de tomas de activos y acciones por deuda. La nación debe recuperar hasta el último peso adeudado o prestado).
Cooperativismo Exportador Agropecuario de Santa Fe.
Gobierno Provincial de Santa Fe (con una parte de la deuda que la Nación le debe a Santa Fe, la provincia capitalizaría su participación público – privada en la Sociedad Anónima que crea la Corporación citada y seria clave por la posibilidad que se le abriría para el despliegue de políticas de agregado de valor).
Representación de los Trabajadores.
Si esta historia termina solo en manos YPF Agro SA puedo decir que es un proyecto que tiene poco a nada de Santa Fe, de federalismo y de estratégico.
Deben desplegarse también diversos instrumentos asociativos y flexibles (contratos de joint venture, de colaboración, por ejemplo), que permitan preservar las autonomías de cada Entidad productiva y a la misma vez asociarse, obligarse en la constitución de la Corporación agroindustrial exportadora.
Se debe convocar a las entidades cooperativas que, por volumen, tamaño, acopio, balances, cantidad de asociados (sean de primer, segundo o tercer grado) y estén operando de manera significativa en el mercado externo.
Estaríamos creando un polo cooperativo exportador clave para darle territorialidad a Santa Fe en uno de los principales enclaves productivos y con la posibilidad de contar con un puerto propio en el centro del polo portuario agroexportador más importante del país y del mundo. Hay que tener en cuenta, que por nuestro cordón portuario del sur de Santa Fe se exportan al mundo el 85 %, el 75% el 60 %, o el 54 % de la producción nacional, dependiendo el tipo de producto que tomemos en análisis.
Esto nos permitiría trazar políticas públicas y privadas desde el puerto hacia atrás en cada cadena de valor involucrada. Nos permitirían tener precios diferenciales en productos, insumos, servicios, costos logísticos, especialmente si nos comparamos con las multinacionales exportadoras. Podríamos establecer estrategias de inversión y alianzas (aquí entran muchas pymes nacionales ligada a la producción) para la inversión y agregado de valor en pequeñas y medianas localidades.
Le permitiría al gobierno nacional y provincial tener una herramienta estratégica para desarrollar políticas de desarrollo territorial, contención en escala de productores para revertir la concentración agropecuaria, manejar el crédito y el acceso a tecnologías de manera diferente a como lo hacen las multinacionales.
Si esta historia termina solo en manos YPF Agro SA puedo decir que es un proyecto que tiene poco a nada de Santa Fe, de federalismo y de estratégico.
