El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas. Ya se había intentado introducir estos cambios con la Ley Bases.
El Gobierno nacional continúa con su política alejada de la cuestión ambiental y anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas, algo que ya había intentado introducir en la Ley Bases.
La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.
El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.
Al trascender estas informaciones, diputados opositores dividieron las opiniones al respecto. En contra de ello, se expresó el diputado nacional y presidente de la CC Maximiliano Ferraro quien exigió: “LOS GLACIARES NO SE TOCAN”.
Ferraro explicó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) es “lo que no pudo aprobar en el primer intento de la Ley Bases, ahora se intenta imponer por la fuerza de un decreto presidencial”, y alertó que “es un intento escandaloso de retroceso ambiental, sin debate democrático, y con un solo objetivo: facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles para beneficio del negocio minero”.
“No se trata de una actualización técnica ni de una mejora legislativa. Se trata de desproteger glaciares y ambientes periglaciares que hoy están preservados, reescribiendo la definición misma de qué debe ser protegido. Se trata de permitir la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, violando abiertamente el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina y en plena vigencia”, denunció el diputado de la CC.
Así, enumeró que el Gobierno busca: “Recortar la definición de glaciar, dejando afuera formaciones pequeñas pero esenciales, incluso si ya están relevadas por el Inventario Nacional. Condicionar la protección a criterios arbitrarios y discrecionales, como una supuesta “función hídrica efectiva y relevante”, desconociendo la integralidad ecosistémica. Habilitar la intervención sobre el ambiente periglacial, zona vital como reguladora hídrica, reserva de agua dulce y barrera climática”.
“Este decreto no solo contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que responde a los intereses históricos que han buscado durante años remover los límites que impone la Ley de Glaciares. Hoy lo intenta por la ventana del decreto, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar consecuencias socioambientales”, señaló Ferraro.
El presidente de la Coalición Cívica indicó que “en un contexto de crisis climática, sequías extremas, pérdida acelerada de ecosistemas y contaminación de nuestras fuentes de agua, no podemos tomarlo a la ligera. Advertimos que cualquier modificación regresiva a la Ley de Glaciares, y más aún por decreto, es inconstitucional”, e instó a rechazar en ambas Cámaras el DNU. “Un ejemplo más de por qué debe modificarse la ley 26.122, violatoria de la división de poderes, que permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso debería aprobar con el voto de ambas Cámaras”, planteó.
“No pudo el kirchnerismo cuando Cristina Kirchner vetó la ley en 2010, y tampoco podrán ahora. Los glaciares no se tocan. El agua no se negocia”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada nacional Graciela Camaño: “Sin dudas la ignorancia los llevará a cometer otro acto legislativo inconstitucional. La modificación por decreto de la Ley de Glaciares responde a la voracidad de las empresas mineras que pretenden los ambientes periglaciares, empresas que han tenido durante 30 años régimen de subvenciones impositivas, y que ahora tienen RIGI por 40 años. Es interesante ver el deterioro económico, fiscal y social del país en el periodo”, denunció.
“Lo que quizá no sepa el gobierno es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación referencia decisiones importantes en 3 oportunidades en el Principio pro Aqua y el Principio pro Naturaleza, motivo por el cual y en virtud de la Constitución Nacional acudiremos a la justicia para su impugnación en caso que se emitan los decretos”, anticipó.
Desde el Pro respaldan al Gobierno
De la vereda de enfrente, una diputada del Pro salió a respaldar la decisión del oficialismo. Se trata de Florencia De Sensi, que responde a Cristian Ritondo, quien celebró la modificación de la reglamentación de los glaciares porque “la normativa actual frena inversiones incluso en zonas sin función hídrica relevante. Eso no protege el ambiente: bloquea proyectos clave y empleo formal en provincias con alto potencial productivo”.
“La nueva regulación va a definir con más claridad técnica qué áreas deben cuidarse, mantener los estudios de impacto ambiental y respetar el inventario nacional”, consideró y sumó: “Dicho simple: se corrige una regulación exagerada que venía frenando el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita. Este es el camino a seguir”.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional será explicada por el ministro Luis Caputo y el titular del ARCA, Juan Pazo, en conferencia de prensa desde Casa Rosada.
Mientras la mesa de entradas de la Cámara de Diputados aguarda por el arribo del texto, el Gobierno nacional va a realizar un anuncio sobre los detalles del proyecto de ley de principio de inocencia fiscal vinculados a la utilización de los "dólares del colchón", contemplados en el marco de una reforma del régimen penal tributario.
Este jueves a primera hora, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que “el proyecto lo firmamos anoche con el presidente así que fue enviado al Congreso”. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Juan Pazo, titular del ARCA, darán una conferencia de prensa en Balcarce 50 para explicar el contenido de la iniciativa.
En diálogo con Radio La Red, Francos anticipó que la propuesta del Gobierno será la de elevar el monto considerado como delito por evasión fiscal de $1.500.000 a $100.000.000.
Según supo parlamentario.com¸ en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados están alertas por la inminente llegada del proyecto de ley. En tal sentido, la iniciativa propondrá nuevos montos a los ya establecidos en la Ley Penal Económica, cambios en la prescripción de delitos y más artículos relacionados con la seguridad jurídica con el fin de blanquear ahorros no declarados.
La medida está inmersa en el plan del Gobierno nacional relacionado al incremento de la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal. En palabras del Ejecutivo Nacional, el objetivo es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de mantenerse inmovilizados por temor a eventuales sanciones legales.
Lo dispuso en Gobierno nacional y regirá hasta julio de 2026 y abarcará a todas las áreas del sector.
Mediante el Decreto 370/2025 fechado el 30 de mayo de 2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso prorrogar hasta julio del año que viene la emergencia del Sector Energético nacional.
La medida obedece, según los publicado por el Ejecutivo, porque aún persisten "las condiciones de fragilidad del sistema a causa de la herencia recibida”.
La prórroga abarca a los siguientes sectores: generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, transporte y la distribución de gas natural y los sectores derivados.
Según el decreto, la prórroga es necesaria porque "persisten aún las circunstancias que motivaron los decretos previos relacionados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético".
Para adoptar esta medida Gobierno nacional argumenta que recibió una “herencia institucional, económica y social gravísima”, lo que hace “imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.
El texto oficial resalta además que la “herencia” se verifica en tres aspectos clave del sector energético: “(a) en el sistema económico recaudatorio; (b) en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro y (c) en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda”.
La disposición de prorrogar la emergencia busca permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural.
El decreto considera que la eventual finalización del régimen de emergencia vigente podría “acentuar una serie de riesgos estructurales para el MEM” (Mercado Eléctrico Mayorista), como la pérdida de previsibilidad en el flujo de fondos de CAMMESA, la interrupción de mecanismos de contención de deuda de distribuidores y la creciente exposición al incumplimiento de contratos con generadores.
Entre las acciones pendientes que justifican la extensión, se destacan ocho puntos:1) Alcanzar una mayor cobertura del costo de abastecimiento de gas natural, manteniendo el aporte estatal solo para usuarios que "verdaderamente necesitan la ayuda económica; 2) Finalizar la implementación de medidas para contar con capacidad de transporte de gas natural suficiente para abastecer la demanda interna y las exportaciones; 3) Abordar problemas estructurales en el sector eléctrico, como la antigüedad del parque generador, las limitaciones en el sistema de transporte y las fallas en la distribución; 4) Continuar con la política de reducción del subsidio al Precio Estacional (PEST) en el MEM y avanzar hacia una mayor cobertura del precio monómico para lograr la sostenibilidad económica financiera del sistema eléctrico; 5) Implementar reformas estructurales; 6) Implementar reformas estructurales y el proceso de normalización del MEM, que entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2025; 7) Asegurar que ENARSA y CAMMESA se adecúen a las modificaciones regulatorias que disponga la Secretaría de Energía y 8) Constituir y poner en funcionamiento el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, unificando los actuales ENRE y ENARGAS, y designar a sus miembros.
Hasta que esto ocurra, se considera necesario “mantener las intervenciones del ENRE y ENARGAS”. De hecho, el decreto prorroga específicamente la intervención de ambos entes hasta el 9 de julio de 2026 o hasta la constitución y designación de autoridades del nuevo ente unificado, lo que ocurra primero.
En línea con esto último, el decreto también prorroga el "Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados", establecido originalmente por el Decreto N° 465/24, hasta el 9 de julio de 2026. Esto faculta a la Secretaría de Energía a seguir dictando los actos necesarios para la reestructuración del régimen de subsidios y definir los mecanismos para su asignación.
Cabe resaltar que inicialmente, la emergencia dictada en 2023 tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, que luego se extendió hasta el 9 de julio de 2025, y el nuevo decreto la prolonga por un año más.
La publicación sobre un presunto plan de inteligencia contra la prensa generó la respuesta del Gobierno nacional. Desde los bloques de la oposición señalaron que el Gobierno “atenta contra la privacidad de las personas y lo hace con la plata de todos los argentinos”.
Tras la publicación de una nota vinculada a un presunto Plan de Inteligencia que abriría las puertas a tareas de espionaje interno por parte de la SIDE y el posterior comunicado del Gobierno nacional, el periodista Hugo Alconada Mon denunció que fue amenazado y acusó un intento de hackeo en sus cuentas personales.
Las acusaciones reveladas en X por el escritor de La Nación, generaron el repudio de los integrantes de la oposición en el Congreso. El primero en manifestarse, fue el presidente de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien sostuvo que “se meten con Alconada por ejercer su rol de periodista”. “Mi total apoyo a él y a los que buscan la verdad y no se dejan amedrentar”, sumó.
Desde Unión por la Patria, la diputada nacional Sabrina Selva consideró que “Esto es gravísimo”. “No les alcanza con agredir periodistas, sino que además quieren espiarlos. Vamos camino a un lugar peligroso. Hay que poner un límite a esta dinámica del Gobierno que se llena la boca hablando de la libertad, pero atenta contra la privacidad de las personas y lo hace con la plata de todos los argentinos”, aseveró.
De Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer agregó: “De esto hablamos cuando decimos que (Javier) Milei persigue a quienes lo investigan o critican”. Luego, enfatizó: “Estemos atentos, la SIDE no es un chiste de un twittero, es un organismo público financiado con la plata de todos. Dejen de usarla para amedrentar”.
La diputada nacional Paula Oliveto de la Coalición Cívica añadió que “cuando un periodista es amenazado por hacer su trabajo, merece toda nuestra atención y repudio”. Y siguió: “Porque es así, poquito a poquito, que el miedo calla voces mientras otros se callan por agradarle al poder. Toda mi solidaridad con Alconada. Qué triste que la historia se repita y que no hayamos aprendido nada”.
Mediante una resolución en el Boletín Oficial, el Gobierno restringió las acreditaciones de los periodistas que realizan las coberturas en Casa Rosada e impuso un código de vestimenta.
El Gobierno nacional oficializó este viernes nuevos requisitos para que los medios y periodistas puedan acreditarse en la Casa Rosada y la oposición denuncia que es una clara censura a la libertad de expresión.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 1319/2025 que deroga la disposición anterior de 2024 y tiene como objetivo “ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa”.
La normativa establece un plazo de 30 días hábiles para que los medios y periodistas presenten sus solicitudes de acreditación, que serán válidas desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Entre las novedades, se incluye un procedimiento detallado para la solicitud de accesos, una declaración jurada obligatoria y una “matriz de evaluación objetiva” para evaluar a los postulantes, según una grilla con puntos que toma en cuenta factores como el “índice de medición de audiencia y alcance” en los últimos tres meses.
Además, se limitó la cantidad de trabajadores de prensa que podrán asistir a las salas de prensa Decano Roberto Di Sandro y de conferencias dentro de la Casa Rosada, según establecen los anexos firmados por el subsecretario de Prensa Javier Lanari. Así, solo podrán acceder hasta 25 periodistas a la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” acreditados bajo la modalidad Anual. Además, otros 36 profesionales podrán asistir desde la Sala de Conferencias.
Según el Gobierno, esto es necesario para garantizar “condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales”.
En suma, se estableció un código de vestimenta ara las conferencias "será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional". “Este requerimiento responde al protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden correspondiente. En consecuencia, los acreditados y/o participantes tendrán que cumplir con el mismo a fin de preservar las buenas costumbres, el respeto por las instituciones y la importancia del evento", sostuvieron.
Al respecto, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, denunció “censura previa, cerco a la libertad de prensa”.
“Nuevas disposiciones limitan aún más el acceso y el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada. Además de la reducción drástica del número de acreditados -solo 25 podrán ingresar a la sala de periodistas y 36 a la sala de conferencias-, se impone un código de vestimenta formal, la moderación previa de las preguntas, y se advierte que la circulación por áreas no autorizadas será considerada una falta grave. A esto se suma un control sobre las métricas de los medios presentes, introduciendo un ‘criterio de evaluación’ que hasta ahora no ha sido especificado”, cuestionó.
En ese sentido, chicaneó: “A semejante dislate, solo les faltó incluir que las preguntas deberán ser remitidas con anterioridad, al igual que las notas periodísticas que serán publicadas posteriormente”.
“Estas medidas limitan el derecho a preguntar libremente y condicionan el tratamiento editorial de los hechos”, denunció y apuntó contra la libertaria Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión que “se pasea con su perro caniche por todos lados y mantiene cerrada, bajo siete llaves, la comisión, en una inacción nunca vista”.
Vos decís que esto está en armonía con el gobierno de la "libertad"...?
Ah pero no pueden ser comparados con la previa al advenimiento de Hitler...!
Es un deber organizar la oposición republicana. https://t.co/O11WIjyifb— Monica Frade (@MonicaFradeok) May 23, 2025
“Un gobierno que le teme a la prensa es un gobierno que le teme a la verdad. El decreto que restringe el trabajo periodístico en Casa Rosada no busca orden, busca silencio. La libertad de prensa no se limita, se garantiza. Y se defiende siempre”, expresó el diputado cordobés Oscar Agost Carreño.
El diputado socialista Esteban Paulon acusó: " PREPARADOS PARA PROVOCAR. En medio del discurso desregulador el gobierno de Milei REGULA al extremo la tarea del periodismo en la Rosada Trajes pitucos, declaraciones juradas, limitaciones y criterios de selección ridículos para ingreso. Tienen pánico a la libertad de expresión". Su par Mónica Fein sumó: "Mientras el gobierno incrementa las agresiones a la prensa, restringe las acreditaciones en Casa Rosada e impone condiciones para ejercer el periodismo. Es un abuso de control sobre los medios de comunicación y un nuevo retroceso en un derecho fundamental para la democracia".
Y la libertad? código de vestimenta para periodistas? Más que para ministro o legislador @madorni se parece más al director facho de alguna escuela secundaria.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) May 23, 2025
El presidente Javier Milei confirmó la noticia, al hablar ante empresarios en el cierre del Foro de AmCham. La inversión de la compañía angloautraliana será de 2.700 millones de dólares.
El Gobierno nacional anunció que el comité del Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) aprobó el primer proyecto de minería para producir litio en el país. La empresa Río Tinto que tiene el proyecto en Salta, ubicado en el Salar de Rincón, a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, invertirá 2.700 millones de dólares, luego de lo que fue la adquisición de las operaciones Arcadium Lithium, el año pasado.
La empresa minera dio a conocer un comunicado donde resalta que es la primera operación a escala comercial y el compromiso "de establecer un portafolio de materiales de batería de primera clase".
En tal sentido, el director ejecutivo del Grupo Río Tinto, Jackob Stausholm afirmó que “la atractiva perspectiva a largo plazo del litio impulsada por la transición energética respalda nuestra inversión en Rincón. Nosotros estamos dedicados a desarrollar este recurso de clase mundial de primera categoría a gran escala y en el extremo bajo de la curva de costos. Estamos igualmente comprometidos a cumplir con los estándares de ESG más elevados, utilizando nuestra tecnología avanzada para reducir a la mitad la cantidad de agua usada en el proceso de refinación mientras continuamos fortaleciendo nuestras asociaciones de beneficio mutuo con las comunidades locales y la provincia de Salta”.
El documento asevera además que la primera producción comience en el 2028, seguida de tres años de aumento de actividades hasta alcanzar la máxima capacidad, lo que generará una cantidad importante de puestos de trabajos y oportunidades económicas para las empresas locales".
Cabe resaltar que el proyecto Rincón de Litio consiste en la extracción de salmuera por medio de un área de pozos de producción e instalaciones de procesamiento y efluentes, al igual que su infraestructura asociada.
La capacidad de producción total es de 60.000 toneladas de litio, carbonato de alta calidad para baterías por año, lo que incluye la planta inicial de 3.000 toneladas y la planta de expansión de 57.000 toneladas.
Para obtener el producto final, se utiliza tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), un proceso que ayuda con la conservación del agua, reduce los efluentes y produce carbonatos de litio de manera más uniforme que otros métodos.
Se espera que la medida sea publicada en el Boletín Oficial, luego del anuncio realizado en el tramo final de la campaña porteña por el candidato y vocero presidencial Manuel Adorni.
Activo desde el atril de Casa Rosada en los últimos días de campaña de cara a las elecciones porteñas, donde competirá como primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezó varios anuncios esta semana.
Uno de los más rimbombantes fue la reforma migratoria, con el objetivo de endurecer el ingreso de inmigrantes al país, aumentar las condiciones para la obtención de la ciudadanía y disponer aranceles en salud y educación.
A pesar de haber sido anunciada por el presidente Javier Milei durante la última Asamblea Legislativa, las modificaciones a la legislación vigente no ingresarán a través de un proyecto de ley al Congreso, sino que se espera sea vía decreto de necesidad y urgencia; el cual igualmente debe ser analizado en la Bicameral de Trámite Legislativo.
Sin embargo, la letra del decreto todavía no se conoce y no fue publicado en el Boletín Oficial este jueves, día después de las declaraciones de Adorni.
De acuerdo a detalles aportados desde el Gobierno, la reforma establecerá que "cualquier condenado que intente ingresar a la Argentina será rechazado". Actualmente, el artículo 29 de la Ley 25.871 ya prevé que extranjeros condenados por delitos graves no pueden ingresar ni permanecer en territorio argentino.
Además, según precisó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, "quien se encuentre ingresando de manera infraganti será rechazado" y "los condenados por cometer un delito serán deportados".
También se prevé el pago de servicios en salud para inmigrantes ilegales y contar con un seguro médico al entrar al país; que las universidades nacionales, si así lo desean, apliquen aranceles a los extranjeros no residentes; y la condición de que se otorgará la ciudadanía argentina únicamente a quienes residan durante dos años en Argentina, sin salir del territorio.
Sobre algunos de estos puntos -y otros-, se presentaron en el último año varios proyectos de ley, impulsados por los diputados Santiago Pauli (LLA), Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Patricia Vásquez (Pro), Pamela Calletti (IF) y Miguel Pichetto (EF). La mayoría de ellos tienen como cabecera a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto o la de Población y Desarrollo Humano. No obstante, no fueron debatidos hasta el momento.
El diputado de UP advirtió sobre el impacto de los recortes en el área de discapacidad y cuestionó: “Para lo único que usan la palabra auditar es para suprimir derechos".
El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) cuestionó con dureza las políticas del Gobierno hacia el área de discapacidad y planteó: “Se manejan con crueldad”. Además, advirtió sobre el impacto de estos recortes y destacó el respaldo transversal de distintos sectores en la defensa de este colectivo.
"Ajuste termina siendo una palabra técnica, pero yo hablo de crueldad con la que se manejan. No querer asistir a una sociedad que necesita ser asistida es crueldad. Esto es Argentina, no el país a los que viajan tanto y visitan seguido, les toca gobernar a la sociedad argentina, aunque renieguen de eso", señaló con contundencia.
En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno, Valdés explicó que “no sólo se está llevando a cabo un recorte de derechos, sino que también se busca generar una estigmatización de las personas con discapacidad”.
"Respecto al ajuste contra las personas con discapacidad demuestra lo que piensan ellos verdaderamente. En esas palabras que usaron hace una semana, no tanto tiempo, donde trataban de la peor manera a las personas con discapacidad, palabras que ni siquiera yo quiero repetir (inútil, idiota o débil mental) está claramente expresado el pensamiento que ellos tienen", recordó.
Según el diputado, estas expresiones no son casuales: "Inventar auditorías, inventar todo eso está claro que es para suprimir derechos. Para lo único que usan la palabra auditar es para suprimir derechos".
Valdés también abordó el tema del certificado de discapacidad, una medida que había logrado avanzar en el pasado: "Nosotros habíamos consagrado inclusive el certificado único en forma permanente, porque la gente no sabe lo que son los trámites administrativos que tiene que llevar adelante una persona para sacar un certificado; y si hay una discapacidad permanente no tiene que ser necesario renovarla cada 3 años, no tiene ningún sentido que haya que renovar la discapacidad permanente".
A su juicio, la vuelta atrás con estas políticas tiene un único propósito: "Eso lo habíamos logrado hace 4 años y ahora vinieron y quieren empezar todo devuelta, pero con el único sentido de no pagar pensiones, de reducir gasto para que Caputo, el ministro de Economía tenga más plata en el Estado, es el único motivo por el que lo hacen".
Por otro lado, Valdés destacó el apoyo que está recibiendo por parte de distintos sectores de la sociedad: "Realmente creo que es una porción minoritaria la que piensa como el Gobierno, al menos en este tema de las discapacidades. Creo que la sociedad argentina, aun la que políticamente no piensa como yo, todavía tiene grados de humanismo y solidaridad para con las personas con discapacidad. Nunca imaginé tanta crueldad para con este colectivo, y en eso debo reconocer que hay pluralismo, porque nos acompañan en estas peticiones gente que no es de nuestro espacio político y que también le parece que lo que está pasando es horrible".
En su reflexión sobre la política y la construcción de acuerdos, Valdés remarcó su compromiso con la esperanza y la unidad: "Siempre tendré la obligación de construir esperanzas, siempre. La verdad yo siento que en estos tiempos estamos con la posibilidad de a veces, hasta hace muy poquito tiempo, tener la letra K era como mancha venenosa para otros. Siento que ahora se animan más a juntarse con la letra K, y de eso se trata, de construir el abecedario juntos".
Para él, la política “debe ser inclusiva y pensada para todos los sectores”, y sumó: “Uno sabe a quién representa y a quién quiere representar en la política, y a veces los representados por otros signos políticos se ven afectados por estas políticas. En el tema de discapacidad no hay signo político, entonces desde ese lugar se les abren los ojos a muchos y empiezan a mirar para otros lados. Siempre tengo esperanza. Siento que los últimos acontecimientos que van sucediendo van construyendo una mirada un poco más amplia".
En un informe detallado, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública detalló que “el cálculo de recursos y el nivel de gastos de la prorroga del Presupuesto 2023” es inferior al proyecto enviado por el Gobierno, el cual quedó sin ser tratado.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicó un informe por el que detalla el cálculo de recursos de la distribución del presupuesto para el ejercicio 2025. “El resultado financiero se deteriora en $0,44 billones, lo que implica un déficit de $6,56 billones2, equivalente al 7,5% de los ingresos totales”, resaltaron.
A través de la decisión administrativa 3/25 el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aprobó la adecuación de los gastos y recursos del Presupuesto 2023, prorrogado al ejercicio 2025 mediante el decreto 1131/2024. Desde el informe mencionado, advierten que se prevé “una disminución del cálculo de recursos en 1.96 billones de pesos, lo que implica un total de
88,01 billones”.
Asimismo, plantean que habrá una “disminución en las autorizaciones de gasto total en 1.51 billones, que implica un total de 94.57 billones de pesos”. Además, señalan que “el resultado financiero se deteriora en $0,44 billones, lo que implica un déficit de $6,56 billones, equivalente al 7,5% de los ingresos totales”.
“En síntesis, el nivel de ingresos y gastos previstos para 2025 es inferior al que rigió en 2024, lo que pone en evidencia que ineludiblemente habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras, que solamente se podrán realizar mediante una ley o un DNU”, ampliaron.
Por último, compararon que “el cálculo de recursos y el nivel de gastos para 2025 es significativamente inferior a lo contemplado en el proyecto de presupuesto 2025 (-22,5% y -18,4% respectivamente), el cual fue presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de septiembre”.
Informe ASAP Distributivo del Presupuesto 2025Lo hizo a través de la publicación del Decreto 23/2025 en el Boletín Oficial este lunes que ingresó por el Senado. Serán cinco semanas de tratamiento con un temario que incluye la eliminación de las PASO, el pliego de Ariel Lijo y García-Mansilla, el nuevo texto de ficha limpia impulsado por el Ejecutivo y anti mafias, entre otros.
El Gobierno nacional formalizó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, con un temario que incluye la eliminación de las PASO, el tratamiento de los pliegos de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema y Ficha Limpia, entre otros proyectos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había compartido a través de sus redes sociales el decreto firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través del cual se oficializaba la convocatoria. Este lunes el DNU 23/2025 fue publicado en el Boletín Oficial e ingresó al Congreso a través del Senado de la Nación.
El período en el que se extenderán las sesiones extraordinarias será desde el lunes 20 de enero hasta el viernes 21 de febrero donde se pondrán a consideración un total de siete proyectos que se encuentran en diferentes situaciones parlamentarias.
El temario enviado por el Poder Ejecutivo contempla en primer orden la tan anunciada eliminación de las PASO, el pliego de Ariel Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la versión del Gobierno sobre el proyecto de ficha limpia, la cual deberá ingresar por mesa de entradas de la Cámara baja en los próximos días.
Por otro lado, también están la ley anti mafias (tiene media sanción en Diputados y dictamen de comisión en el Senado), los regímenes de reiterancia y reincidencia, el texto de juicio en ausencia y el proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos.
Si bien el oficialismo confía en poder avanzar con todas las iniciativas que quedaron pendientes durante el 2024, el plato fuerte será la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO. Para ello, el propio jefe de Gabinete anticipó que a partir de esta semana mantendrá diversas reuniones con los bloques aliados y dialoguistas.
Ahora bien, el decreto enviado por el Gobierno confirma lo que el propio presidente Javier Milei anunció sobre ficha limpia: será un nuevo proyecto redactado y enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional. De ese modo, queda desestimado el texto que tenía dictamen de comisiones y tuvo dos sesiones truncas del 20 y 28 de noviembre pasados, en las que no se consiguió el quórum necesario para sesionar.
Con cinco semanas de tratamiento legislativo extraordinario, el oficialismo deberá afinar el lápiz para reforzar los acuerdos con el fin de dictaminar y sesionar en la Cámara baja. Ese mismo camino, deberán recorrer la reforma electoral con la eliminación de las elecciones primarias y el proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos que aún no fue presentado en mesa de entradas.
En relación a los proyectos de materia penal (reiterancia y reincidencia, y juicio en ausencia) ambos cuentan con el despacho de comisión y están listos para ser llevados al recinto de la Cámara baja.
De los siete proyectos del temario, cinco deben pasar por ambas cámaras, pero anti mafias y el pliego del juez Ariel Lijo sólo deberán ser tratados solo por el Senado. En ambos casos, la Cámara alta logró sellar los despachos antes del cierre del período ordinario pasado.
Sin embargo y pese a haber un acuerdo con la oposición para aprobar que Lijo ocupe el máximo tribunal de justicia, desde Unión por la Patria, en el tratamiento en comisiones al que no asistieron, adelantaron que propondrán modificaciones al texto penal en el recinto. Cabe recordar, también, que la principal bancada opositora en el Senado pasará a tener 34 integrantes cuando Stefanía Cora jure en la banca que dejó el expulsado Edgardo Kueider.
Convocatoria extraordinariasLa eliminación de las PASO, el pliego de Ariel Lijo, el nuevo texto de ficha limpia impulsado por el Ejecutivo y anti mafias son los principales ítems que integran el temario enviado por el Gobierno. Serán cinco semanas de tratamiento extraordinario con 5 proyectos que deben pasar por las dos cámaras y 2 solo por el Senado.
Tal como adelantó parlamentario.com, el Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, publicó el decreto firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el que se convocan a sesiones extraordinarias desde el lunes 20 de enero hasta el viernes 21 de febrero.
Asimismo fue confirmado el temario enviado desde el Poder Ejecutivo: en primer orden están la tan anunciada eliminación de las PASO, el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la versión del Gobierno sobre el proyecto de ficha limpia, la cual deberá ingresar por mesa de entradas de la Cámara baja en los próximos días.
Por otro lado, también están la ley anti mafias (tiene media sanción en Diputados y dictamen de comisión en el Senado), los regímenes de reiterancia y reincidencia, el texto de juicio en ausencia y el proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos.
Se ha firmado hace instantes el decreto convocando a sesiones extraordinarias. El temario incluye la “Ley Antimafias”, modificación del Código Procesar Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, régimen de reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el… pic.twitter.com/BoODkI2MlX
— Manuel Adorni (@madorni) January 10, 2025
Si bien el oficialismo confía en poder avanzar con todas las iniciativas, el plato fuerte será la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO. Para ello, el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que desde la semana que viene habrá reuniones con los bloques aliados y dialoguistas.
Ahora bien, el decreto enviado por el Gobierno confirma lo que el propio presidente Javier Milei anunció sobre ficha limpia: será un nuevo proyecto redactado y enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional. De ese modo, queda desestimado el texto que tenía dictamen de comisiones y tuvo dos sesiones truncas del 20 y 28 de noviembre pasados, en las que no se consiguió el quórum necesario para sesionar.
Con cinco semanas de tratamiento legislativo extraordinario, el oficialismo deberá afinar el lápiz para reforzar los acuerdos con el fin de dictaminar y sesionar en la Cámara baja. Ese mismo camino, deberán recorrer la reforma electoral con la eliminación de las elecciones primarias y el proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos que aún no fue presentado en mesa de entradas.
En relación a los proyectos de materia penal (reiterancia y reincidencia, y juicio en ausencia) ambos cuentan con el despacho de comisión y están listos para ser llevados al recinto de la Cámara baja.
De los siete proyectos del temario, cinco deben pasar por ambas cámaras, pero anti mafias y el pliego del juez Ariel Lijo sólo deberán ser tratados solo por el Senado. En ambos casos, la Cámara alta logró sellar los despachos antes del cierre del período ordinario pasado.
Sin embargo y pese a haber un acuerdo con la oposición para aprobar que Lijo ocupe el máximo tribunal de justicia, desde Unión por la Patria, en el tratamiento en comisiones al que no asistieron, adelantaron que propondrán modificaciones al texto penal en el recinto. Cabe recordar, también, que la principal bancada opositora en el Senado pasará a tener 34 integrantes cuando Stefanía Cora jure en la banca que dejó el expulsado Edgardo Kueider.
Según un informe de Fundación Éforo “la ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales”. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo como la jurisdicción con mayor recepción de fondos en ambos años.
La Fundación Éforo Data analizó los recursos asignados durante el 2024 para la financiación de obra pública desde Nación a las provincias y reveló que “la ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales”, siendo una distribución desigual para todas las jurisdicciones provinciales.
El informe reveló que “durante los primeros diez meses del año, los recursos destinados a obras con financiamiento nacional respecto a 2023 cayeron de forma pronunciada. La ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales”.
“La decisión del Poder Ejecutivo de prácticamente paralizar la obra pública ha tenido un impacto significativo en todas las provincias. Si bien todas las jurisdicciones provinciales recibieron menos recursos respecto al año anterior, la distribución no fue igual a lo largo del país”, resaltó.
Al respecto, detalló que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo como la jurisdicción con mayor recepción de fondos en ambos años, alcanzando $149.009 millones en 2024. Sin embargo, en CABA, la obra pública nacional cayó un 82% en valores reales. Sigue en magnitud de recursos la provincia de Buenos Aires con $67.507 millones en 2024. Pero ajustado por inflación se observa una caída real del 89% respecto al 2023.
Según la Fundación Éforo: “Las provincias con menor inversión nacional fueron La Rioja, que recibió $1.352 millones en 2024, y San Luis, con apenas $996 millones en el mismo período. Estas jurisdicciones figuran entre las más perjudicadas en términos reales. Mientras que La Rioja sufrió una contracción del 97%, en San Luis fue 94%”.
“Jujuy y Tierra del Fuego presentan caídas reales menores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente), y que contrastan con los retrocesos superiores al 80% observados en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires”, agregó.
Por otro lado, indicó que Río Negro se destacó como la provincia más favorecida de la región patagónica en términos nominales en ambos años, con una inversión de $13.214 millones en 2024 y $7.243 millones en 2023, aunque su variación real fue negativa en un 59%. Por otro lado, Chubut y Santa Cruz recibieron montos significativamente menores en 2024, mostrando caídas reales más pronunciadas, del 90% y 93%.
“La inversión bajo el concepto ‘Nacional’ registró una contracción del 72%. Dentro de esta categoría, más del 70% de lo ejecutado, que asciende a un monto de $63.816 millones, corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad, abarcando dos áreas principales: mantenimiento de red por administración y obras en corredores viales”, precisó.
El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva prórroga de la “ley de leyes” a través del DNU 1131/24 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Mientras el oficialismo celebró la decisión, la oposición criticó la medida y alertó que “Milei quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas”.
Sin ley en el Congreso, el Gobierno nacional oficializó la segunda prórroga a ley de Presupuesto General de la Administración Nacional 2023 para el ejercicio 2025 a través del DNU 1131/24 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Tras conocerse la decisión del presidente Javier Milei, el ala dura de la oposición salió al cruce en redes sociales.
El jefe del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, apuntó: “Lo venimos diciendo: Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas. Por eso, hoy prorroga por decreto para 2025 la ley de Presupuesto 2023 (ya prorrogada en este 2024)”.
El santafecino señaló: “Cuesta recordar en la historia económica reciente una situación en la que 2 años seguidos no haya habido ley de presupuesto y se reconduzca el presupuesto anterior. Tampoco hay antecedentes cercanos de que sea el propio Poder Ejecutivo el que NO QUIERA tener Presupuesto”.
Cuando en 1992 se aprobó la Ley de Administración Financiera Nro. 24.156 el espíritu del legislador fue garantizar que hubiese ley de presupuesto. Se buscaba rutina presupuestaria.
Por eso en esa ley se detallan muchos elementos con un solo fin: tener ley de Presupuesto.
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 30, 2024
“Hoy no hay situación excepcional que imposibilite al gobierno nacional tener una Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso. Milei NO QUISO tener ley. Decidió no tenerla. Por eso, están forzando la interpretación del art. 27 de la ley 24.156 de administración financiera”, denunció Martínez.
El socialista Esteban Paulon expresó: “Látigo y chequera, política de Estado. Pésima noticia la oficialización de la prórroga del Presupuesto 2023 para el año 2025. Se cristaliza la discrecionalidad de Milei en año electoral. Gobernadores harán cola en la Rosada a ver si al monarca se le cae alguna moneda”.
Advertimos que el gobierno no quería presupuesto para tener discrecionalidad, como hacía el Kirchnerismo.
Esto traerá consecuencias en el largo plazo. Sin presupuesto no hay certidumbre para la inversión. Así desaprovechamos el potencial en agro, energía, turismo y conocimiento. https://t.co/4hdYr2Zt1o pic.twitter.com/TK0uGRLIUH
— Manuel Ignacio Aguirre (@aguirremanuelok) December 30, 2024
“Le tomaron el gustito a gastar la tuya sin control”, denunció la diputada Margarita Stolbizer y sumó: “Alertamos que Milei hacía caer sesiones y trababa acuerdos para que no se aprobara el presupuesto y poder gastar en lo que él quisiera, como un pequeño monarca. Lo que dijimos, sucedió. Hoy, por primera vez en democracia, Argentina no tiene presupuesto votado por el Congreso por segundo año consecutivo. Una vergüenza”.
El diputado radical Fabio Quetglas alertó: “No tratar el Presupuesto '25 es una maniobra peligrosa. En ningún escenario económico futuro la discreción es mejor que la institucionalidad. ¿Cómo controlamos los gastos? ¿Cuáles son las prioridades reales del Gobierno de Milei? Transparencia y responsabilidad”.
Seguimos con el presupuesto de Alberto Fernández. Fin del comunicado. pic.twitter.com/4zYw1nEuZD
— Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) December 30, 2024
MANIOBRA DEL GOBIERNO DE FACTO DE CAPUTO Y STURZENEGGER.
Por Decreto prorrogó el presupuesto por segundo año consecutivo algo que no se habia realizado nunca.@LuisCaputoAR y @fedesturze mandaron a no tratar el presupuesto en el congreso, sostuvieron el decreto 846 de la deuda… pic.twitter.com/eSkgO1Ir2o
— Pablo Todero (@PabloTodero) December 30, 2024
De la vereda de enfrente, el oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, José Luis Espert, celebró la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023: “Por Decreto 1131/2024 el presidente Milei acaba de prorrogar por 2da vez el Presupuesto 2023. Habrá nueva ley cuando la política acepte 3 cosas al mismo tiempo: déficit 0 con baja de gasto público y sin suba de impuestos”.
“El Congreso atentó todo el año contra el déficit cero y también fue incapaz de aprobar un presupuesto que tenía una sola condición: no gastar más de lo que tenemos. Hoy, el presidente prorrogó el presupuesto porque la prosperidad de Argentina no se negocia. La Libertad Avanza”, sumó la diputada Carolina Píparo.
A través de un posteo en X, el jefe de Gabinete afirmó que “si elimináramos las PASO, se ahorraría un monto superior a los 150 millones de dólares”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este lunes las intenciones del Gobierno nacional de eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). A través de X, se dirigió a los dialoguistas (sin nombrarlos) y expresó: “Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario”.
En esa línea, el funcionario remarcó la supresión de las PASO será en virtud de “ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”. En tal sentido, se refirió al año próximo y anticipó: “El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales”.
El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales.
Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro…
— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) December 23, 2024
Según supo parlamentario.com, el oficialismo viene analizando la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para el mes de febrero (4 semanas antes del inicio del período ordinario), pero tampoco descartan tratar la reforma electoral, la cual contempla la eliminación de las PASO y el sistema de financiamiento de partidos políticos, directamente después de l 1ero. de marzo de 2025.
Así las cosas, Francos, en línea con la política del gobierno de Javier Milei, remarcó que de avanzar con la derogación de las elecciones primarias “estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares”.
“Desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos”, cuestionó el jefe de Gabinete.
Cabe recordar que el proyecto de ley mencionado por el funcionario fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación el pasado 21 de noviembre. También ingresó ese día por la mesa de entradas de la Cámara baja la reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que modifica el sistema de financiamiento de los mismos.
Desde hace meses que el Gobierno viene anunciando que irá a fondo con la eliminación de las PASO y, previo al ingreso de los textos, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la idea. Sin embargo, cuando se esperaba que el Ejecutivo convocara a extraordinarias para avanzar con esta reforma, no sucedió.
A pesar de que el portavoz presidencial adelantó por X un temario para una convocatoria a sesiones extraordinarias que nunca llegó, este mensaje del jefe de Gabinete deja en evidencia que el oficialismo buscará su primer triunfo legislativo del 2025 con la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
El Gobierno nacional eliminó cuatro organismos a través del DNU 1094. La diputada de UP, Roxana Monzón, señaló que “no es de extrañar que un gobierno representativo de una elite rentista, sin conciencia ni compromiso social, confronte con las políticas públicas dirigidas a construir redes de contención”.
La diputada nacional Roxana Monzón (UP – Buenos Aires) presentó un proyecto de declaración para repudiar al DNU 1094/2024 por el cual el Gobierno nacional eliminó el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la Comisión Nacional de Coordinación, el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
Tal decreto de necesidad y urgencia fue publicado el pasado 12 de diciembre en el Boletín Oficial. Desde el Poder Ejecutivo Nacional argumentaron que tales organismos le costaban al Estado nacional cerca de 2.600 millones de pesos por año. Asimismo, a través de este texto, rechazan “la decisión de dejar en situación de disponibilidad al personal dedicado a las tareas vinculadas con este programa”.
Dentro de los fundamentos, la diputada bonaerense señaló que estos programas cumplían una función “central para sostener la armonía y la paz social que requiere todo sistema democrático en el que la convivencia y la tolerancia son fundamentales para garantizar la libertad y el desarrollo personal de los habitantes de una nación”.
“El antecedente de la crisis del 2001 con niveles de desocupación y pobreza nunca antes vistos, producto de un modelo económico basado en el endeudamiento externo desenfrenado, el desmantelamiento del aparato productivo nacional y la especulación financiera, similar al que está aplicando el actual gobierno nacional, exigió un conjunto de políticas públicas activas para enmendar el daño social que produjo”, referenció.
Por otro lado, habló del proyecto de ley de presupuesto 2025 que quedó sin ser tratado en la Cámara de Diputados: “No es de extrañar que un gobierno representativo de una elite rentista, sin conciencia ni compromiso social, confronte con las políticas públicas dirigidas a construir redes de contención y acompañamiento a los sectores menos favorecidos de la población”. “El proyecto enviado al Congreso por el poder Ejecutivo refleja este desprecio por las políticas sociales y la función equiparadora del Estado”, aseveró.
Por último, Roxana Monzón cuestionó: “Hay una reducción alarmante de los recursos públicos destinados a acompañar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, necesidad o pobreza, que a esta altura del año son el 66% de los niños y niñas de nuestro país y el 53% de los adultos, de los cuales el 20% se encuentra debajo de la línea de indigencia”.
7395-D-2024Fue a través del Decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial. La medida busca adecuar la normativa a las disposiciones actuales sobre la mayoría de edad, reconocida a partir de los 18 años.
En línea con los principios establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional modificó este martes la Ley Nacional de la Reglamentación N° 20.429, reduciendo la edad mínima para ser considerado legítimo usuario de armas y explosivos de 21 a 18 años.
Lo hizo a través del Decreto 1081/2424 publicado en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida busca adecuar la normativa a las disposiciones actuales sobre la mayoría de edad, reconocida a partir de los 18 años.
Según explicó el Poder Ejecutivo en los considerandos, la medida fue adoptada “a efectos de armonizar la legislación vigente”, debido a que el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado mediante la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, establece en su artículo 25 que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
En ese aspecto, se destacó que el inciso 1 del artículo 55 de la reglamentación de la ley 20.429, aprobada por el Decreto Nº 395 del 20 de febrero de 1975, todavía fijaba la edad de 21 años para adquirir la condición de legítimo usuario de armas, y que por ello se resolvió la sustitución de ese apartado.
La modificación, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, reafirma la capacidad de los ciudadanos adultos para acceder, bajo estrictos requisitos legales, a la condición de legítimos usuarios de armas de uso civil.
La decisión fue adoptada tras el correspondiente asesoramiento jurídico y busca garantizar una aplicación uniforme de los derechos y responsabilidades establecidos en el marco de las leyes vigentes.
El anuncio fue realizado por el portavoz presidencial, quien, también, anunció cambios a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y al sistema de financiamiento de estos. “Mientras los ciudadanos reclamaban una solución a sus problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con el dinero de los contribuyentes”, aseveró.
El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció este viernes que va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley de reforma para el "fortalecimiento electoral", el cual propone eliminar el régimen de las elecciones PASO, una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) y establecer un nuevo sistema de financiamiento.
La iniciativa que el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que en palabras del portavoz presidencial, consideraron como “una encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.
En tal sentido, aseveró que solo en 2023 “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos”, y agregó que “desde su introducción en el año 2011, solo hubo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas por las PASO, de las cuales el 40% no logró, siquiera, alcanzar el umbral del 1,5% para participar de las elecciones generales”.
En segunda instancia, Adorni confirmó que habrá un texto dirigido a la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma”. Añadió que el fin (electoral) de algunos partidos políticos es “recaudatorio”.
Y explicó que la iniciativa propone que las agrupaciones deberán cumplir ciertos requisitos: “Contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (actualmente es el 0,4) y tener un piso mínimo de 3% en dos elecciones consecutivas, que va a significar un mayor esfuerzo en aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones y sacan, siempre, en orden, el 2% de los votos”.
Referido a los partidos nacionales, mencionó que deberán “tener presencia en al menos 10 distritos (actualmente se requiere en cinco)”, confirmó la creación de una plataforma digital que funcionará para “gestionar afiliaciones y revalidaciones”, e indicó que "las agrupaciones tendrán un plazo para adecuarse a la normativa hasta 2026".
Por último, comunicó que la iniciativa contempla modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de “reducir el gasto público y transparentar los recursos”. “Algunas de estas medidas van a ser el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral cedidos por ley a los medios, la eliminación del financiamiento público para campañas, dejando un único aporte anual proporcional a resultados electorales, la prohibición de encuestas se va a reducir de 8 a 3 días previos a las elecciones y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral”.
Para finalizar, Manuel Adorni expresó: “La sociedad argentina vive en una constante campaña electoral, lo vivimos y lo hemos sufrido todos en cada uno de los años electorales, y lejos de generar un mayor nivel de participación, ha provocado cansancio y hastío social por parte de los argentinos”. “mientras los ciudadanos reclamaban una solución a sus problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con el dinero de los contribuyentes como es habitual”, concluyó.
Se habla de un total de 150 pliegos, los primeros que envía Javier Milei. En Casa Rosada estiman que la Cámara alta eleve “la mayor cantidad posible” tras el pedido del GAFI y el reclamo de hace tiempo del Poder Judicial.
El Gobierno nacional ultima detalles para enviar al Congreso de la Nación un total de 150 pliegos de candidatos a jueces y fiscales de todo el país que deberán conseguir su aprobación en la Cámara de Senadores para acceder a sus respectivos cargos.
Se trata de la primera tanda de candidatos desde que asumió Javier Milei a la presidencia y se estima que ingresen formalmente la próxima semana.
La magnitud de la propuesta, si pasa el filtro del Senado, permitiría cubrir la mitad de las vacantes en el Poder Judicial. Actualmente, en los tribunales hay 283 juzgados sin titular, los que configuran casi el 30% del total. Si la administración de Milei concretara el envío de estos pliegos, y la Cámara alta los aprobara, las vacantes caerían a la mitad.
Desde el Poder Ejecutivo admitían este martes que la cobertura de vacantes de los juzgados, en especial los federales, fue un pedido que recibieron Cúneo Libarona y el viceministro, Sebastián Amerio, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sin embargo, el Senado tiene pendiente el dictamen de los dos candidatos para la Corte Suprema que envió Milei al asumir: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y para extender por cinco años más los nombramientos de dos camaristas, que aún no consiguieron dictamen en la Comisión de Acuerdos y tampoco cuentan con los votos para su aprobación.
El Gobierno tomó la decisión de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos en el marco de “la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”. Desde el oficialismo celebraron la noticia, mientras que la oposición dura criticó la medida.
El Gobierno nacional comunicó este lunes por la noche la decisión de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el marco de “la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”, y en su lugar creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde el Congreso, legisladores de diferentes bancadas reaccionaron en redes sobre la medida adoptada.
“Hay meros operadores de AFIP que viven en Nordelta en casas de un palo y medio. Los sueldos son escandalosos y los negocios paralelos aún más. En la Aduana pasa lo mismo. Si eso va camino a solucionarse se habrá atacado a una flor de mafia. Ojalá”, celebró el libertario Alejandro Bongiovanni.
El radical Lisandro Nieri destacó que “la decisión del Gobierno de disolver la AFIP es acertada y se traduce en un ahorro importante. Si el organismo recaudador baja gastos en un 20%, eso significa medio billón adicionales para el Tesoro y las provincias”.
CHAU AFIP!
El presidente Javier Milei disuelve el organismo y crea una nueva agencia de recaudación más chica.🚨Se bajan un 90% los sueldos de los directores.
🚨Se reduce el 45% de las autoridades superiores, la “planta política”.
🚨Se reduce 30% de autoridades inferiores.
🚨EL… pic.twitter.com/6MIORQkLrB— Lorena Macyszyn (@LorenaMacyszyn) October 21, 2024
La diputada tucumana Paula Omodeo expresó: "Cada vez que cae un embargo injusto o mal determinado, o que hay que pedir plan de pagos sabiendo que la deuda está mal determinada, dan ganas de poner una bomba (no en sentido literal, para los sensibles) a Rentas de la provincia. Hoy el gobierno lo hizo con AFIP, no veo las horas que podamos hacerlo en Tucumán!!".
Por el contrario, la diputada de UP Natalia Zaracho criticó que “el cambio de nombre de la AFIP solo es una careta para justificar más despidos en el Estado. No es para distribuir mejor la torta ni para mejorarle la vida a nuestro pueblo. Todo lo contrario, festejan los evasores…Circo y crueldad, porque para pan no hay”.
“¿Con el ‘cierre’ de AFIP van a reponer la devolución del IVA a los pobres y jubilados? ¿Los monotributistas van a pagar menos? ¿Bajará el impuesto al combustible? Si la respuesta es no, entonces la única novedad son nuevos despidos para contratar más familiares de Adorni. Dejen de tomar de boluda a la gente”, escribió Itaí Hagman (UP).
DESHACER LA AFIP.
Heroes no solo son los diputados que votan el veto a los Jubilados y las Universidades.
Recordemos en Bariloche lo que dijo el Presidente "quienes fuguen capitales y evaden impuestos son heroes y como económista sugiere que lo hagan", bueno ahora llegaría el…
— Pablo Todero (@PabloTPJnqn) October 22, 2024
A través de las redes, legisladores de distintos espacios políticos se manifestaron en contra de dicha decisión y un sector apuntó contra el Gobierno nacional, mientras que desde el Pro pampeano apuntaron contra el gobernador provincial.
El Banco Nación dispuso el cierre de nueve sucursales en la provincia de La Pampa, tras una resolución del Directorio en respuesta a la decisión del gobierno pampeano de elevar al 15,5% la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los créditos a las familias y a las pymes.
El gobierno de Sergio Ziliotto promulgó la Ley Provincial N° 3575, en la que estableció la duplicación del impuesto sobre los créditos que desembolsa el Banco Nación en esa provincia.
Al respecto, el senador nacional Daniel Bensusán (UP) apuntó contra el Gobierno nacional: “Detrás del cierre de sucursales del Banco de la Nación Argentina hay un plan sistemático de destrucción de la agroindustria y las PyMEs nacionales, y de privatización del Banco para entregarlo a los amigos del Presidente”.
“Destruir el Estado y todo lo conseguido para el bien del pueblo argentino es el claro objetivo del gobierno nacional. Las y los pampeanos no enfrentamos un hecho aislado, debemos defender la fuente de trabajo que representa para decenas de familias el Banco, pero también preservar el sistema productivo provincial”, manifestó.
Su par de bancada y comprovinciano Ariel Rauschenberger expresó su “más profundo rechazo y toda mi solidaridad con los trabajadores afectados” ante la nueva medida del Gobierno Nacional de querer cerrar 9 sucursales del Banco Nación en La Pampa.
“No nos olvidemos que todo este plan de vaciamiento y privatización tuvo sus inicios el 27 de diciembre del 2023 cuando Milei envió al Congreso el proyecto de Ley Bases, y que en uno de los artículos preveía la privatización del Banco Nación”, recordó y cerró: “Pedimos que se revea esta medida que va en contra de todo el pueblo pampeano y su desarrollo”.
Desde el bloque de la UCR, el senador fueguino Pablo Blanco también apuntó contra Javier Milei: “Indignante: El gobierno de Milei decide cerrar sucursales del Banco Nación en Acha, Castex y otros 7 pueblos. ¡Dejan a miles de personas sin acceso a servicios bancarios esenciales!”, y preguntó: “¿Dónde queda el federalismo y la inclusión? ¡Esto es un golpe más a nuestras economías locales!”.
Por el contrario, desde el bloque Pro pampeano acusaron a la provincia por el cierre de las sucursales por “tener responsabilidad directa” y por “ignorar los riesgos y consecuencias de sus decisiones al incrementar la tasa de Ingresos Brutos”.
Así, alertaron que el cierre de las sucursales “afectará gravemente a miles de usuarios del banco, incluyendo: jubilados y pensionados que dependen de estos servicios para cobrar sus haberes; emprendedores y pequeñas empresas que necesitan acceso a créditos y servicios financieros; comunidades rurales y alejadas que perderán su único punto de acceso a servicios bancarios”.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo decidió suspender el encuentro de este martes en el que se iba a emitir dictamen. La iniciativa había sido consensuada entre la oposición dialoguista y el oficialismo, pero tras el arreglo con gremialistas, La Libertad Avanza no lo iba a acompañar, conduciendo al naufragio su llegada al recinto.
La Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados se encaminaba este martes en su quinta reunión a emitir dictamen sobre los proyectos presentados que impulsan modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo tras el consenso alcanzado entre la oposición dialoguista y el oficialismo.
Sin embargo, el presidente de la comisión, el radical Martín Tetaz y principal promotor del proyecto, decidió suspender el encuentro a último minuto, luego de que trascendiera que ni la Libertad Avanza ni el Pro iban a acompañar con su firma el despacho de mayoría tras un acuerdo que hizo el Gobierno nacional con la CGT para frenar la Reforma Sindical en el Congreso. Sin embargo, el Pro aclaró a través de un comunicado que sí está de acuerdo con el dictamen.
Sin esos 10 apoyos, Tetaz se quedará sin la mitad más uno de las 31 firmas en ese grupo legislativo, cifra necesaria para que pueda llegar al recinto la iniciativa que propone profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.
La decisión del Poder Ejecutivo, que se transmitió anoche, respondió directamente a un pedido de la CGT al ala dialoguista del Gobierno conformada por la dupla Guillermo Francos y Santiago Caputo y, a la vez, a negociaciones entabladas en el Congreso por el diputado nacional Sergio Palazzo (UP), líder del gremio bancario y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que viene conversando entre algunos legisladores para que le quiten su apoyo al proyecto.
No está muerto quien pelea.
— Monica Frade (@MonicaFradeok) September 24, 2024
“Este es el tipo de cosas miserables de la política que dan bronca y ganas de abandonar a los que realmente queremos el cambio”, expresó con enojo Tetaz.
El radical agradeció a “todos los bloques que hicieron un trabajo increíble construyendo un consenso para democratizar los sindicatos”, y enumeró los puntos centrales del dictamen: límites a las reelecciones indefinidas de los sindicalistas; participación de las minorías en los cuerpos directivos; transparencia de los fondos de sindicatos y sindicalistas; fin de los descuentos forzosos en los recibos de sueldo, como las cuotas solidarias, los cursos de capacitación, los seguros y otros curros; más libertad para la elección de la Obra Social.
“Estamos confiados en que el gobierno recapacite y que la semana que viene revele su verdadera preferencia. No se puede cachetear a Biró para la foto y después acordar con los gordos de la CGT. Hay que elegir de qué lado están”, disparó el radical.
“Para todos los que queremos limitar las reelecciones indefinidas. Para todos los que queremos más transparencia en los gremios. Para todos los que queremos que se terminen los descuentos forzosos en los recibos se sueldo. Para todos los que queremos más libertad en la elección de la obra social, esta decisión del Gobierno de frenar la reforma es miserable", expresó en declaraciones.
El proyecto era impulsado hasta ahora por los diputados de la UCR, el Pro, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Federal e Innovación Federal, con el rechazo de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. En el radicalismo estaban seguros de contar con 18 votos en la comisión para emitir el dictamen de mayoría, mientras el peronismo y la izquierda sumaban 13. El viraje del Gobierno, sin embargo, le quitó al proyecto 10 firmas (5 de La Libertad Avanza y 5 del Pro), por lo que quedará empantanado: se requiere de la mitad más uno para aprobar el dictamen.
Ejes centrales del proyecto
El proyecto de Democracia Sindical, que unifica textos presentados por Tetaz, Verónica Razzini (Pro), María Eugenia Vidal (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy, entre otros, contempla Modificaciones a la Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales) y a la Ley 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo).
Además, propone limitación de mandatos de los dirigentes a fin de “garantizar la efectiva democracia interna”, a través de medidas como “la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales”, “la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 3% de los votos válidos emitidos de sus afiliados”, y “el establecimiento de un código de conducta ética para afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”. En suma, la eliminación de cuotas solidarias obligatorias; publicación obligatoria de informes financieros y auditorías por parte de la AGN.
“Los mandatos de quienes integran los órganos de dirección y administración tendrán las mismas restricciones de extensión de período y cantidad de reelecciones que las exigidas para Presidente y Vicepresidente de la Nación” y aclara que “se entiende por mandato completo desde el momento de su iniciación, independientemente de que hayan transcurrido los 4 años o menos”, agrega.
Por otra parte, incluye la presentación de declaraciones juradas patrimonial integral dentro de los 30 días corridos desde la inscripción de su candidatura y una actualización anual de la información.
Otro punto incluido en la iniciativa es “garantizar la presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales”, sobre lo cual detalla que “el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su presencia en los cargos electivos y representativos del gremio no podrá ser menor a la proporción de mujeres afiliadas sobre el total de afiliados”. Y agrega que “no podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla” esos requisitos.
También, el proyecto sostiene que “todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social”, y detalla: “Los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de opción luego de permanecer 3 meses en la obra social correspondiente a la rama de su actividad”, y que “los afiliados que hubieren cambiado de obra social deberán permanecer como mínimo 3 meses en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción”.
La Libertad NO Avanza. https://t.co/zG9uELsSQ3
— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 24, 2024
Venimos trabajando en la Comisión de Leg Trabajo en el Congreso, en la presidencia de @martintetaz para poner fin a los sindicalistas que usan sus cargos para enriquecerse.
Me agrada que el gobierno sea tan explícito. Esta asociado a las mafias. Finhttps://t.co/0vRLTY7W8p— Monica Frade (@MonicaFradeok) September 24, 2024
La diputada entrerriana Blanca Osuna presentó un proyecto de ley ante “la inacción” del Gobierno nacional “donde nos enfrentamos a un brote de dengue que crece día a día, y genera extrema preocupación”.
La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley por el que busca implementar acciones integrales preventivas contra enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya.
Con el antecedente del último verano, Osuna señaló: “Ante una situación de extrema gravedad, donde nos enfrentamos a un brote de dengue que crece día a día, y genera extrema preocupación no solo a nivel nacional, sino también en la provincia de Entre Ríos”. También se refirió a la postura del Gobierno nacional y la catalogó de “inacción”.
“El objetivo es asegurar la distribución eficiente, controlar precios y mantener el abastecimiento de repelentes e insecticidas. La salud pública es prioridad”, añadió Osuna, y siguió: “Debemos asegurarnos que todos puedan acceder a los productos indispensables. Podemos frenar la propagación del dengue. La prevención es nuestra mejor defensa”.
El proyecto establece medidas complementarias a la vacunación del dengue. Estas medidas proponen la prevención de la enfermedad, como la cooperación con autoridades locales para realizar campañas de fumigación y la distribución gratuita de productos insecticidas y repelentes a la población en riesgo. También establece un control de precios de estos productos a nivel nacional.
En la fundamentación, la diputada menciona el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que alerta sobre un aumento sin precedentes en los casos de dengue en las Américas. Con más de 11 millones de casos sospechosos reportados en lo que va de 2024, el tema será un debate importante en el Congreso.
El diputado de EF sostuvo que “se empieza a intervenir la economía de una manera que es muy ajena a la libertad , y señaló que se “puede ser capitalista y creer en la justicia social”.
El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) se mostró crítico del Gobierno nacional y apuntó con el presidente Javier Milei: “Hace massismo con orden fiscal porque retrasa el tipo de cambio de una manera que perjudica a las reservas del Banco Central”.
Además, cuestionó que “las exportaciones no se liquidan esperando un tipo de cambio mayor, que el Gobierno nacional congela tarifas al igual que se hacía en el pasado e inventa causas de cartelización para que bajen los precios de las prepagas”.
En declaraciones a Radio 10, Massot agregó: “el Gobierno entiende que el principal motor de su legitimidad política es la reducción de la inflación, pero está empezando a hacer absolutamente cualquier cosa para no apartarse de ese logro”.
“Se empieza a intervenir la economía de una manera que es muy ajena a la libertad y a la libertad de empresa y la iniciativa privada”, criticó Massot, pero advirtió: “Valoro la determinación genuina que creo muestra el presidente y el gobierno, por ordenar la macroeconomía en términos fiscales y monetarios. Eso no quiere decir que no podamos objetar el precio que estamos pagando por hacerlo”.
Asimismo, amplió que “no todo está bien”. “El ordenamiento fiscal, la desregulación y el fomento a la iniciativa privada, cosas con las cuales estoy dispuesto a acompañar, no justifican la horripilante agenda institucional que tiene este gobierno, mucho menos la agresividad, la violencia y el pésimo ejemplo de liderazgo que da el presidente”, aseveró.
“No hace falta acompañar todo para acompañar una parte. No necesito para acompañar un presupuesto equilibrado bancar los fondos reservados de la SIDE. No me genera una contradicción apoyar una política y rechazar vehementemente la otra, porque no tengo un compromiso con Milei o con su gobierno. Tengo un compromiso con una agenda que trato de encarnar de la mejor manera posible hace años”, remarcó.
Por último, expresó: “Basta de seguir en una especie de vaivén pendular de gobiernos estatistas y reguladores que simplemente redistribuyen la riqueza que no se crea, a gobiernos ultraliberales que le transfieren la rentabilidad a las empresas para que supuestamente derrame y quede la gente afuera. Uno puede ser capitalista y creer en la justicia social”.
Fue a través de la publicación del DNU 696/24 en el Boletín Oficial este martes. La opinión de los legisladores se dividió entre críticas y celebración.
Tal como lo habían anunciado tiempo atrás, el Gobierno nacional oficializó este martes el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) tras la publicación en el Boletín Oficial del DNU 696/24.
La normativa establece: “Disuélvese Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”. A su vez, el Ejecutivo transfirió la “totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto” a la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona. De esta manera, el ministerio “tendrá a su cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
Por el lado del Congreso, la noticia dividió aguas, ya que algunos criticaron fuertemente la decisión del Gobierno, mientras que otros la celebraron.
El diputado socialista Esteban Paulón expresó: “El INADI está creado por ley y me preocupa el silencio de instituciones, que forman parte de su consejo asesor, como FEARAB, DAIA, APDH, en un momento donde se recrudece el discurso de odio y discriminación desde el propio presidente”.
Finalmente @JMilei se llevó puestas las políticas para prevenir y sancionar la discriminación.
En un momento en que recrudece la violencia digital (a instancias del equipo del propio Presidente) habrá carta blanca para el antisemitismo, la xenofobia, el racismo y la LGBTfobia pic.twitter.com/tsPmxXgP05— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) August 6, 2024
"Lamentablemente la justicia pierde un auxiliar para garantizar derechos ante la discriminación y la falta de inclusión”, alertó y advirtió que “hay un ensañamiento con el INADI. En vez de pensar cómo mejorarlo para generar acciones educativas necesarias, vinculadas a la discriminación, homofobia, antisemitismo se toman estas medidas para la tribuna, que no van a tener incidencia presupuestaria”.
Por el contrario, la bonaerense Carolina Píparo destacó: “Es bueno que hoy se haya disuelto por completo el INADI. Las estructuras militantes, sin importar a qué partido respondan, no solo agravan las problemáticas que pretenden resolver, sino que también debilitan nuestra democracia”.
La norma, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, establece un piso de $ ,8 millón para solteros y $ 2,2 millones para personas con dos hijos. Así, más de un millón de trabajadores volverán a tributar a partir de agosto.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes bajo el Decreto 652/2024 la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría contemplado en el Paquete Fiscal que fue aprobado por el Congreso el pasado 28 de junio, siendo una de las medidas que estaba pendiente tras la publicación de la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales.
El Decreto lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Con la nueva normativa volverán a pagar el tributo alrededor de 800 mil trabajadores: solteros, a partir de 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde 2,2 millones. Se establecen alícuotas que irán del 5% al 35%. Comenzará a regir en julio, o sea, con los salarios que los trabajadores recibirán los primeros días de agosto.
Los montos de la escala se actualizarán en septiembre de este año -excepcionalmente- por el índice de inflación de forma trimestral. A partir de 2025, será semestralmente, en los meses de enero y julio, también por IPC.
Una novedad es que todos los pagos que reciban los trabajadores, como horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros), zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto. Será la AFIP la que establezca el mecanismo para su cálculo y cómo deberá ser aplicado por el agente de retención.
La diferencia entre los asalariados con o sin hijos se debe a que se podrá volver a deducir de la base imponible de Ganancias los hijos menores y otros gastos permitidos con un tope, como lo pagado en prepagas, gastos escolares, etc.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que los cambios en el tributo aportarán a las arcas fiscales el equivalente a 0,43% del PBI, a distribuirse entre la Nación y las provincias.
Ganancias para la cuarta categoría se había eliminado el año pasado, durante la campaña electoral, a propuesta de Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial. En ese momento, Javier Milei como diputado votó a favor, en línea con su postura sobre el pago de impuestos.
GananciasLuego de la reunión en Casa Rosada, se llevó a cabo un segundo encuentro entre funcionarios del Gobierno Nacional y los jefes de bloques de la oposición dialoguista. Conversaron sobre reforma electoral, boleta única y ficha limpia, entre varios temas.
Tal cual lo acordado en el encuentro de más temprano en Casa de Gobierno, funcionarios del Gobierno nacional y los referentes de los bloques dialoguistas mantuvieron un nuevo encuentro este jueves por la tarde en Presidencia de la Cámara de Diputados que se extendió poco más de una hora. Allí, las bancadas presentes acordaron junto a los enviados del Poder Ejecutivo cuáles serán los temas que tratarán en el corto plazo.
El tema abordado en esa reunión fue la reforma política que piensa mandar el Poder Ejecutivo al Parlamento, de acuerdo con lo previsto desde que el tema se “desenganchó” desde el primer debate de la Ley de Bases durante el verano.
Por el lado del oficialismo, estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario del Interior, Lisandro Catalán; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; y el jefe de bloque oficialista Gabriel Bornoroni.
Mientras que por los bloques dialoguistas formaron parte del encuentro Cristian Ritondo y Silvana Giudici, del bloque Pro; Miguel Ángel Pichetto y Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal; Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo, por el radicalismo; Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID; la titular de la bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti; Agustín Fernández, del bloque Independencia; y los monobloquistas Osvaldo Llancafilo (MPN); Paula Omodeo (CREO) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez.
Los primeros en retirarse de las oficinas de Presidencia fueron los enviados del Gobierno, Rolandi e Ibarzábal Murphy. A continuación, algunos presidentes de los bloques dialoguistas afirmaron que los temas que trajo el Gobierno son la reforma electoral, Boleta Única de Papel (se encuentra en el Senado), ficha limpia y la reforma del financiamiento de los partidos políticos.
El tema más resonante puesto sobre la mesa desde el Gobierno fue “la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”. “Vinieron con la voluntad de una reforma política y la discusión está abierta”, confió un dialoguista a este medio.
Del mismo modo, aclararon que “no se cerraron los temas”, sino más bien que se conocieron cuáles iban a ser los títulos a debatir. En el inicio de la reunión, los dialoguistas relataron que recibieron el agradecimiento del Gobierno por la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
En ese punto, los diputados presentes le consultaron a los enviados del Gobierno sobre la falta de reglamentación de la modificación al Impuesto a las Ganancias y al Blanqueo dentro de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
Respecto a la reforma electoral, desde los bloques dialoguistas están abiertos a que "pueda mejorarse o hacerla perfectible", pero hay discrepancias entre el proyecto del Pro sobre quitar la obligatoriedad respecto de otros espacios: “Que sea una PAS en vez de eliminar las PASO y queremos analizarla”, expresó uno de los presentes. Respecto a los plazos, no hubo certezas ni limitaciones respecto a cuándo deberían ser sancionados.
En segunda instancia, los enviados del Gobierno manifestaron el interés explícito en avanzar con Boleta Única, incluso con un nuevo proyecto. Los dialoguistas, de forma unánime, coincidieron en que el tema cuenta con media sanción de Diputados y prefieren que siga el rumbo parlamentario en la Cámara alta, donde hay dictámenes pero una situación de empate que conduciría a la no aprobación de la norma.
“Propusieron volver a cero y nosotros les dijimos que no hay que desperdiciar los meses que nos llevó esa media sanción”, reveló un referente dialoguista a parlamentario.com. De igual manera, otro jefe de bancada relató que les sugirió a los emisarios del Gobierno “poner la energía en el Senado con Boleta Única”.
El tercer tema central de la reunión fue “ficha limpia”, por el cual hay varios proyectos de los diputados que formaron parte de Juntos por el Cambio y se tratará en el plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia el 6 de agosto. “No puede ser que para entrar a un trabajo tengas que presentar constancia de antecedentes, pero podés ser presidente de la Nación estando condenado”, explicó un dialoguista.
El cuarto punto de la reunión fue el financiamiento de los partidos políticos -tema vinculado a la reforma de las PASO y BUP- y los gastos en publicidad. Para ello, los dialoguistas confiaron que “se busca terminar con los kioscos de los partidos políticos porque hay partidos que debieran caducar después de no sacar el 2% en una PASO”.
Los otros temas que se mencionaron tuvieron que ver con el voto en el exterior, publicidad de campaña, representación en el Parlasur y voto comando.
El fueguino explicó que el organismo “venía manteniendo regulares encuentros” hasta el cambio de gobierno y se trata de “una herramienta institucional para el delineamiento de nuestras políticas soberanas en el extremo sur”.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto para instar al Poder Ejecutivo a constituir y volver a poner en marcha de manera perentoria al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, Ley 27.558.
“El organismo celebró su primera reunión de trabajo el 6 de noviembre de 2020, y desde entonces venía manteniendo regulares encuentros de trabajo hasta el cambio de gobierno. Desde entonces esta herramienta institucional de gran importancia para el delineamiento de nuestras políticas soberanas en el extremo sur del país ha quedado en suspenso o en el olvido. Nuestros intereses soberanos no pueden quedar entre paréntesis en el marco de un escenario de política internacional que mira cada vez con mayor interés a esta zona que nos pertenece”, expresó el senador fueguino.
Por lo tanto, sostuvo: “Como argentino y fueguino no puedo menos que reclamar la urgente puesta en marcha de este organismo que permite no sólo crear y proyectar políticas de estado al respecto sino también presentar informes técnicos sobre distintas materias relacionadas al archipiélago y evaluar cualquier acción internacional que pueda llegar a comprometer o afectar esta zona soberana”.
“El Consejo, además, permite de manera colaborativa robustecer el reclamo del ejercicio de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos”, explicó Blanco.
Por último, como miembro del Consejo de Malvinas, el radical señaló: “El gobierno actual no puede, de ninguna manera, seguir mirando al costado cuando lo que está en juego es la soberanía de Malvinas, las Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
PD- Instando al Poder Ejecutivo a poner en marcha el Consejo de MalvinasA través de un proyecto de resolución impulsado por la bonaerense Roxana Monzón, se insta al Gobierno nacional a retomar “el sendero tradicional” de política exterior argentina.
La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de declaración para expresar preocupación ante la evaluación crítica sobre la situación del país realizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk.
El proyecto en cuestión fue acompañado por más de 40 diputados del bloque quienes coincidieron en alertar sobre “los efectos negativos de las medidas implementadas por el Ejecutivo en materia de género, garantías para necesidades básicas, acceso a la Justicia, Agenda 2030 y libertad de expresión”.
Entre los fundamentos, hace hincapié en el discurso de apertura de la 56a sesión del organismo, donde el encargado de velar por derechos humanos de la ONU mencionó el caso argentino y exhortó al Gobierno a poner las libertades fundamentales “en el centro de su política” y construir “una sociedad más unida e inclusiva”.
“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030ʺ, expresó Turk.
3269-D-2024 PD TurkAsimismo, hizo saber su preocupación respecto al “derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión”, en un contexto marcado por la “repudiable violencia policial ejercida durante las manifestaciones contra la Ley de Bases del pasado 12 de junio que incluyó agresiones físicas a diputados nacionales y la detención de más de 30 personas que sin pruebas contundentes, fueron privadas durante varios días de su libertad. Todo ello, mientras el Ejecutivo Nacional acusó a quienes se movilizaban de terroristas y de impulsar un golpe de Estado”.
Por este motivo, desde UP instan al Gobierno nacional a retomar el “sendero tradicional de la política argentina la cual es reconocida hace más de 40 años en el mundo por su defensa activa de los derechos humanos, la democracia, la agenda de género y diversidades, el multilateralismo, el medio ambiente y la paz”.
El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Ana Ianni, Blanca Osuna, Diego Giuliano, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Natalia Chacur Zabala, Jorge Romero, Carlos “Kaky” González, Mario Manrique, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Silvana Ginocchio, Daniel Gollan, Pablo Todero, Andrea Freites, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdes, Julio Pereyra, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Lorena Pokoik, Ricardo Herrera, Hernán Pérez Araujo, María Luisa Montoto, Juan Pedrini, Martín Soria, Micaela Moran, Mónica Litza, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Aldo Leiva, Ariel Rauschenberger, Ernesto Ali, Martín Aveiro, María Luisa Chomiak e Hilda Aguirre.
El senador de UP solicita información sobre el plan de políticas públicas del Ministerio de Capital Humano para dar cumplimiento de los programas alimentarios que se encuentran vigentes.
El senador nacional Daniel Bensusán (UP – La Pampa) presentó un proyecto solicitando informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre las políticas alimentarias, luego del escándalo del hallazgo de mercaderías ocultas y con fechas de vencimientos cercanas destinadas a comedores sociales.
Según detalló, el pasado 22 de mayo tomó estado público la existencia de al menos dos galpones, uno en Villa Martelli -provincia de Buenos Aires- y el otro en Tafí Viejo -Tucumán- con miles de toneladas de alimentos, destinados a cubrir la demanda de sectores vulnerables de la sociedad, adquiridos durante la gestión anterior, pero que hasta el momento no habían sido repartidos a pesar de los reclamos de distintas organizaciones en este sentido.
El legislador manifestó su preocupación por que “dada la crisis económica, que aumentó la cantidad de familias pobres e indigentes de la Argentina, es grave que exista semejante cantidad de alimentos acopiados, cuyas fechas de vencimientos están próximas, en algunos casos, sin que lleguen a sus destinatarios”.
“Todo esto tiene un costado perverso o de absoluta incapacidad de gestionar políticas públicas, porque con todas las medidas que recaen sobre las familias de menos recursos económicos y la clase media argentina, es obvio que aumentarán como ya lo demuestran estudios serios, los niveles de pobreza y de indigencia. No prever esto es condenar al sufrimiento a más de la mitad de los argentinos”, criticó el senador.
Además, sostuvo que “si bien está en proceso judicial la investigación, nos llama la atención que en la primera inspección judicial ya se hayan encontrado faltantes de mercaderías entre lo que decía tener el Ministerio de Capital Humano y las cantidades existentes en realidad. La principal sospecha es que tal vez lo que falte es material que podría haber estado vencido ya”.
“Nos preocupa el nivel de desconocimiento expresado por funcionarios del área. Es inconcebible que, a seis meses de asumir la gestión, no sepan detalles elementales de la existencia de esa mercadería, y sin un plan de distribución”, agregó.
La iniciativa de Bensusán pregunta por la cantidad de mercadería que se encuentra en ambos depósitos y las fechas de vencimiento de los productos; las razones por las cuales se ha recortado la entrega de alimentos a comedores y merenderos, y las razones del acopio prolongado de mercadería por vencer, teniendo en cuenta que la Ley N° 27.701 prorrogó la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre del año 2025.
También solicita que se informe el plan de políticas públicas del Ministerio de Capital Humano para dar cumplimiento de los programas alimentarios que se encuentran vigentes; el detalle del procedimiento administrativo que debe seguirse para concretar la entrega de alimentos, y el destino final de los mismos. “En este sentido, precise si se entregan a comedores, merenderos, otras instituciones sociales, provincias y/o municipios”, expresó el legislador.
En el pedido de informes también pide que se comunique de qué manera se ha dado respuesta en materia alimentaria durante las emergencias climáticas sufridas por la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires en diciembre de 2023 y de la provincia de Corrientes en enero de 2024.
Finaliza requiere que se detalle la cantidad de notas recibidas por municipios, gobiernos provinciales y entidades sociales, solicitando asistencia en materia alimentaria, y la respuesta a las mismas por el Ministerio de Capital Humano.
Finalmente, solicita que se indique cuál es el criterio que se utilizará para la distribución de la mercadería en cuestión a las provincias, los motivos por los que se dispuso a la fundación CONIN como intermediaria y responsable de la logística de distribución, y los detalles del convenio suscripto a tales efectos.
El proyecto de Bensusán se suma al pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentado por el bloque de Unión por la Patria que incluye firma del pampeano. Allí se pide la presencia de la funcionaria para que “brinde las explicaciones correspondientes”.
La senadora había realizado la presentación hace un mes atrás. "Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos", cuestionó la senadora de UP.
La Justicia intimó este viernes al Poder Ejecutivo Nacional a brindar informes sobre el cierre de la agencia de noticias Télam, a raíz de una demanda iniciada por la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio.
La legisladora realizó la presentación el pasado 8 de marzo, tras el avance del Gobierno nacional que se concretizó -luego del anuncio del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa- con el cierre de la redacción, la baja del servicio web y el pase a dispensa de los trabajadores.
Este viernes, el Juzgado Contencioso Administrativo N°10 se declaró competente y requirió informes sobre los hechos al Poder Ejecutivo, que tendrá cinco días a partir de su notificación para realizarlos.
El Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N°20.705, por lo que “se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”, expresó la senadora.
Consultada por la importancia del caso, Di Tullio detalló: “El cierre de la agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fake news y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.
“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el Gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, enfatizó.
La diputada de UP advirtió que “están ajustando en la compra centralizada y en la transferencia de recursos en los convenios a comedores comunitarios”, y le exigió al Ejecutivo que cumpla con la ley de seguridad alimentaria y nutricional.
En pleno comienzo de clases y con una pobreza que trepa al 60%, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria - Buenos Aires) denunció que la administración de Javier Milei “cortó la ayuda a los comedores comunitarios y congeló las partidas para brindar alimentación en las escuelas de todo el país”.
“En este momento la ejecución presupuestaria muestra que están ajustando en la compra centralizada y en la transferencia de recursos en los convenios a comedores comunitarios y en algo más grave que es el Servicio Alimentario Escolar”, denunció la legisladora en una entrevista por la señal de América 24.
Tolosa Paz explicó que el presidente, además de “arrebatarle” a los gobernadores las partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que aporta el 0,16 % del PBI para aportar a la estructura salarial de los docentes, “dinamitó el Servicio Alimentario Escolar, y no llega la comida a las escuelas de todo el país, por lo que los gobiernos provinciales no van a poder garantizar que todos los alumnos tengan ese plato de comida”.
Al respecto, exigió que “el gobierno nacional tiene que cumplir con la ley de seguridad alimentaria y nutricional y ponerle presupuesto al Servicio Alimentario Escolar que está congelado en el mismo monto que el año pasado pese a tener una brutal inflación”.
En este sentido, la exministra de Desarrollo Social de la Nación volvió a ratificar que “Milei es un secuestrador de los recursos de las provincias, y ahora está en la etapa de extorsión pidiendo el rescate del botín que son los fondos de los gobernadores”.
“Empieza la fase extorsiva que nos lleva al 25 de mayo. El pacto de mayo es una prórroga, Milei fue al Parlamento a buscar tiempo para lograr algún aliciente o un reconocimiento del producto económico que lleva adelante con (Luis) Caputo, pero hoy en la calle la gente está mal y está pagando el ajuste. En lugar de ir a buscar los casi 4 puntos de PBI en exenciones impositivas de las grandes corporaciones, le metieron la mano en el bolsillo a 7 millones de jubilados y pensionados”, agregó.
El Gobierno solicitó, a través de la Secretaría de Trabajo, el “salto de instancia” a la Corte por la cautelar que frenó la reforma laboral del DNU, y le apuntó al Congreso por “la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes”.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó una cautelar por la cual suspende el artículo del DNU que derogaba la norma que restringe la venta de campos a extranjeros.
Esto fue a partir de una presentación del centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), encabezados por su presidente Rodolfo Carrizo, por la cual reclamaron dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 que había derogada la ley 26.737 del Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
El juez frenó la medida ya en vigencia y lo inscribió como amparo colectivo pues aplica a todos más allá de quien lo reclama. En su descargo, el Gobierno señaló que las cuestiones del DNU son políticas no judiciales y que el tema está en plena discusión en el Congreso de la Nación y que quienes reclaman no tiene legitimidad para hacerlo.
Desde el juzgado contestaron que “si bien el objeto estatutario de la Asociación actora se orienta a la defensa concreta de los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el bien jurídico Soberanía Nacional, en razón de su naturaleza colectiva e indivisible, no resulta susceptible de tutela parcial o selectiva”.
También, señalaron que “a mayor abundamiento, debe destacarse que la derogación de la norma legal tutelar, habilita sin más, la adquisición por extranjeros, de tierras rurales (en los términos vedados por la Ley derogada) en los mismos territorios ilegítimamente ocupados por el Reino Unido, que la Asociación actora tiene por objeto estatutario defender".
Según el juez, el Gobierno no fundamentó "el por qué la derogación de la ley adecuadamente sumado a que sea también el odio proporcionado para hacerlo, esto es el dictado de un DNU sin haber pasado previamente por el Congreso nacional".
"La motivación del acto estatal discrecional es un presupuesto básico porque si no está motivado no es posible controlarlo o, quizás, el control es más difuso y débil en este contexto. Si el Ejecutivo no da razones sobre su elección (o las brinda en forma insuficiente), aun cuando la decisión sea jurídicamente válida, no es posible controlarla en términos ciertos", añadió el juez
Por otro lado, el Gobierno nacional solicitó este lunes el “salto de instancia” o “per saltum” a la Corte Suprema de Justicia para trate exclusivamente la medida cautelar que frenó la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23.
El recurso fue presentado por la abogada Jorgelina Sonzogno en representación de la Secretaría de Trabajo, donde le remarcó al máximo tribunal de justicia que “en el último proceso eleccionario nacional para el cargo de presidente y vicepresidente se debatieron varios temas, entre ellos, el rol del Estado”.
La presentación fue a partir de un expediente promovido por la Federación Única de Viajantes de la Argentina, quien obtuvo una medida cautelar contra aplicación del DNU, como también la obtuvieron otros sindicatos.
El texto presentado por el Poder Ejecutivo señala que “la fuerza política que triunfó -señala la presentación- expuso ante el pueblo argentino y su electorado un modelo de Estado y el rol que el mismo debía asumir a los fines regulatorios".
"Considerando la cuestión federal y gravedad institucional invocada, corresponde que se conceda con efecto suspensivo. En consecuencia, solicitamos que, de manera simultánea a la admisión del remedio federal, declare los efectos suspensivos de la resolución recurrida", especificó la apelación.
Además, advirtió los riesgos que implicarían las demoras en una definición sobre la validez o no del DNU y, en ese sentido, le apuntó al Congreso: “Es de público conocimiento en cuanto a los procedimientos previstos para la sanción de las leyes en nuestro país y en tal sentido debido a la crisis social y económica que atraviesa la República Argentina, es harto evidente, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes”.
El documento confirma las modificaciones que trascendieron el viernes pasado: reduce emergencias, cantidad de empresas a privatizar y establece requerimientos puntuales para aquellas que se mantienen en el listado, entre otras cosas. Qué resuelve el Ejecutivo sobre la movilidad jubilatoria.
Finalmente se conoció este lunes bien temprano el nuevo texto del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con las concesiones formuladas por el Poder Ejecutivo ante los requerimientos hechos por la oposición dialoguista. Allí refiere entonces que el proyecto estuvo “sujeto a una amplia deliberación ciudadana”, destaca la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo exponiendo ante el Congreso y también las exposiciones de referentes de la sociedad, organizaciones sociales, y quienes define como “representantes de grupos cuyos privilegios quedaron expuestos”.
Plantea el Ejecutivo que lo que elaboraron fue una nueva versión del proyecto que “ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión”, y aclara que la diferencia “no es solo cuantitativa”, ya que se pasa de 664 artículos a un proyecto de 523, “sino cualitativa”.
Destaca el Ejecutivo que “se ha elegido derivar algunos temas para una discusión más extensa en sesiones ordinarias”, en tanto que otros temas se han “reformulado”. Algunos mucho, otros poco, otros nada, se puntualiza.
Reconoce el Gobierno que el conjunto de temas que se decidió pasar a sesiones ordinarias incluye algunas sorpresas, al menos para el Ejecutivo. Por ejemplo, destaca que “el proyecto de juicio por jurados que usó el gobierno se basó en un proyecto previo de diputados de diferentes bloques como el Pro, UCR, Unión por la Patria, entre otros. El Gobierno había anticipado que siendo este un proyecto con apoyo de todos los bloques se hubiera celebrado que estas ideas fueran incluidas en el proyecto de Bases. Sin embargo, esto no sólo no ocurrió, sino que se pidió el diferimiento del tratamiento para sesiones ordinarias. El 1ro de marzo el Gobierno insistirá con esta propuesta, en esta ocasión propiciando el proyecto de los diputados y ex-diputados Carbajal, Pedrini, Tonelli, Rodríguez, Carrizo, Stolbizer y Frade, autores de la propuesta tomada como base”.
Justamente por haber visiones a favor y en contra se decidió transferir a sesiones ordinarias los temas de salud mental; los cambios en la ley de sociedades; la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, y tres temas de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos) todos proyectos que serán presentados en el comienzo del período ordinario del año legislativo. Más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial también se presentarán en ordinarias reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractual en adición a la incorporación del divorcio exprés, destaca el Gobierno.
Muchos otros temas se modificaron según el debate de las últimas semanas, destaca el texto remitido a los legisladores por el Poder Ejecutivo. Allí destacan que se acortó el plazo de las delegaciones, se precisaron las delegaciones legislativas y los mecanismos de ordenamiento administrativo, se incorporó una formula previsional de ajuste automático de haberes por inflación, se incorporaron restricciones al blanqueo pedidos por el Poder Legislativo, se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles. Se corrigieron errores en el capítulo de ambiente que desafortunadamente generaron una evitable confusión.
Finalmente, se rediseñó el capítulo de cultura, protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva sobre el sector y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del FNA (cuyo cierre ya no se propicia) e INCAA.
El resultado es un proyecto que incorpora gran parte del debate público, pero que mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario, desregulación económica, fortalecimiento de la educación y la cultura, seguridad y finalmente, mejora en el funcionamiento de la justicia.
El texto introductorio concluye con esta sentencia: “Habiendo receptado estas propuestas queda en el Congreso asumir la responsabilidad de avanzar con los cambios que necesita Argentina para salir de su estado de postración”.
Ley bases - Version finalLas modificaciones
Entre las cosas que señala el texto conocido este lunes está el tema de la movilidad jubilatoria, que a priori no figuraba en el texto conocido el viernes. Ahora se indicia que “el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”.
Por otro lado, establece la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. "Se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia", cuestiona.
En cuanto a las emergencias, se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. La emergencia se limita a las materias económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio.
Asimismo, se redujeron y especificaron las bases de la delegación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la sección reforma del estado, se realizaron cambios en las facultades delegadas a los efectos reflejar, con mayor claridad, la materia delegada y se especificaron con mayor detalle las competencias asignadas al Poder Ejecutivo Nacional.
Privatizaciones
En el texto conocido el viernes se eliminaba YPF del listado de 41 empresas a privatizar. Ahora se mantiene esa premisa y se aclara que, para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos.
Por otra parte, se eliminó el artículo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la Ley N° 24.804 con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
Finalmente, se eliminó el articulo 11 manteniendo la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.
Economías Regionales
Además, se fija en 0% las retenciones para economías regionales -que originalmente se llevaban a un 15%- y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación y solo mantendrá la facultad para poder reducirlas. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
En lo que respecta a la reforma en el Régimen Federal de Pesca, un tema por el cual habían alertado los mandatarios patagónicos, el Ejecutivo argumentó que “la base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, por lo que “un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”.
Por ese motivo, precisa que el proyecto “propicia la licitación de cuotas pesqueras y se aclara que el sistema no va a ser internacional, cuya palabra fue removida de la versión original que había generado gran confusión”. En tanto, se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.
Hidrocarburos
Otra de las cuestiones que alertaron los gobernadores de provincias productoras fue la de los cambios en la Ley de Hidrocarburos, algo que se lleva varias modificaciones en el documento que fue enviado. Entre esas, se incluye “la aclaración ‘Nacional o Provincial’, según corresponda y, “a tono con la conciliación de las facultades Nación /Provincias, se mantuvieron las facultades de la autoridad de aplicación respectiva de controlar los programas de desarrollo y compromisos de inversión” por lo que se derogan los artículos 32 y 33 de la Ley 17.319); y la elaboración conjunta del pliego modelo entre Nación y Provincias.
También plantea que “se conciliaron los principios de dos leyes en la materia de hidrocarburos, a fin de unificar los objetivos de la política energética nacional”. Además, de que “la exportación e importación es libre y es un derecho”, por lo que se aclaró que “puede haber una objeción por parte de la Secretaría de Energía, limitada al momento de otorgar la solicitud y por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro”.
Desde el Ejecutivo señalan que “el sector requiere recuperar el dinamismo de las inversiones, razón por la cual se fijaron los objetivos de maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”. Por este motivo, propone un nuevo régimen de competencia de las licitaciones públicas en función de una oferta de regalías sobre un valor base del 15% afectado por un factor “X” de exclusiva elección del oferente; y el pliego podrá prever mecanismos de ajustes de las mismas.
Al respecto, fija un límite máximo de hasta 10 años para plazos más extensos que los fijados por la ley, aclarándose que, en ningún caso, la concesión puede ser fijada a perpetuidad.
A su vez, aclara que “dichos cambios no importan modificaciones a las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad, las cuales se seguirán rigiendo los plazos establecidos en la Ley 17.319”.
“De modo de reconocer a los titulares de las áreas ingresos actualizados, se modificaron los valores del canon anual por barriles, y su ajuste en función del precio del barril, se estableció un régimen de autorizaciones de transporte con libre acceso, de habilitación para el procesamiento; y se reguló la actividad de almacenaje bajo régimen de autorizaciones”, precisa.
Biocombustibles
Sobre este rubro, el Ejecutivo afirmó que “se tomó gran parte de las preocupaciones expresadas por todos los sectores intervinientes”. Por ello, se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales.
Por otra parte, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. En este punto, se incluyó que se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio.
“Se prevé un régimen único de licitaciones transparentes, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles. En este escenario de competencia, se previeron ciertas cláusulas que tienden a asegurar múltiples proveedores y equilibrar la participación de empresas grandes y PYMES. Por otra parte, se asegura un volumen de bioetanol de caña hasta 2030”, propone.
Bienes personales
Entre los cambios, se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores del impuesto a los Bienes Personales y se elimina el artículo 187.
“Aquellos contribuyentes que hayan cumplido en tiempo y forma la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2024, 2025 y 2026”, plantea y detalla que la reducción de las alícuotas del 1,25% y del 1,5% pasarán a ser del 1% y de 1,25% respectivamente.
Energía
Sobre este punto, el Gobierno decidió eliminar la facultad de crear fondos fiduciarios del sector energético. A su vez, se aclara que los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 (Zona Fría) estarán comprendidos en la reasignación de subsidios a realizar conforme el DNU 70/23.
Por otro lado, se incluye a las provincias en las mesas técnicas de trabajo para el diseño del modo de asignación de derechos de emisión y la implementación del modo para establecer los límites de derechos de emisión anuales.
Seguridad
Algo que ya había anticipado en las comisiones la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el capítulo de “organización de las manifestaciones” es que se elimina el artículo que hacía referencia a la manifestación de tres personas. Sin embargo, se agregará “pena en el Código Penal para bloqueos a comercio o industrias”.
Medio ambiente
Sobre legislación en materia ambiental, el Ejecutivo acepta eliminar el artículo 497 que modificaba la ley de quema y establece un plazo de 90 días para la autorización de quema; se elimina la inclusión de las zonas de categoría I y II como sujetas a proyectos de desmonte y se agrega un artículo “para garantizarle los fondos a la Ley de Bosques en 2024”; finalmente introduce cambios sobre las modificaciones a la Ley de Glaciares “para dar más claridad”.
También se incluyó la derogación de la Ley 27.604 que había modificado los artículos 22bis, ter y quater de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.
Educación
Algunos puntos de educación señalan que “se aclara que los estudios a distancia son solo para el ciclo orientado de la secundaria. A su vez, los estudios híbridos se limitan a las materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular normal”.
También, se eliminan las entidades gremiales del acuerdo de los aspectos laborales como el salario mínimo; y se mejoran los criterios para el financiamiento de universidades en base a comentarios y sugerencia de la oposición, entre otros.
Se introdujo un artículo a pedido de las provincias para permitir que la educación secundaria técnica pueda tener la misma duración que los secundarios orientados o hasta un año más.
Cultura
Respecto al capítulo cultura, se reducen las modificaciones al INCAA, se eliminan cambios en 8 artículos de la Ley 17.741 y se elimina la derogación de los artículos 22, 23, 25, 28, 30 y 41 de dicha norma.
Sobre el INCAA especifica que la asignación de recursos se mantiene, por lo que recibirá un monto indeterminado de recursos de manera automática. En tanto, el FNA “el problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura. En la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad-honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos”.
En tanto, el INAMU y CONABIP se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura. No modifican otros artículos de las Ley 26.801 ni de la Ley 23.351.
Se clarifica que las funciones del Instituto del Teatro serán absorbidas por la secretaria de Cultura y que los fondos para dicho sector no se verán afectados. Se vuelve a incluir el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica; se mantiene el Fondo Nacional de las Artes, pero se le pone un tope de gastos generales y funcionamiento interno; y se eliminan los cambios del CONABIP, salvo lo relacionado a financiamiento.
Los abogados del Estado, encabezados por Rodolfo Barra, plantearon que el magistrado se “extralimitó en sus facultades, generando un estado de inseguridad jurídica”.
El Gobierno nacional apeló este lunes al fallo adverso del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, que habilitó días atrás la feria judicial de verano para analizar los amparos presentados que reclaman la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei.
"El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso", afirmó la apelación presentada por la Procuración del Tesoro.
Según entienden los abogados del Gobierno liderados por Rodolfo Barra, el juez de feria "no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio juez natural", que en este caso sería Esteban Furnari, del mismo fuero Contencioso.
En aquel fallo, el juez habilitó la feria para analizar el amparo contra el DNU presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el primero de todos los que luego le siguieron, y a su vez desarmó lo que tramitaba como "amparo colectivo". Es que antes del inicio de la feria, el juez titular de ese juzgado, Furnari, decidió que lo que se resolviera en ese planteo tuviera impacto para todos no sólo a aquellos que se presentaron. Eso lo había inscripto como "amparo colectivo", pero luego quedó trunco.
Lavié Pico, en cambio, dijo que cada planteo atacaba una cuestión diferente del DNU y por eso desarmó el amparo colectivo, algo contrario a lo que pretendía el Gobierno, que prefería concentrar todos los amparos en un único juzgado.
Además, el Gobierno cuestionó la decisión del juez de rechazar la solicitud al fuero laboral de dos expedientes donde han tenido resolución en contra del DNU, a raíz del amparo de la CGT y otro de la CTA.
La Procuración del Tesoro quiere quitarle al fuero del trabajo esos dos expedientes y que se acumulen en el juzgado en lo contencioso administrativo Federal. "Las partes y los jueces deben sujetarse al procedimiento procesal y ello marca un orden y brinda certidumbre a las posiciones adoptadas", expresó la apelación.
Y agregó: "Al trastocar todas las actuaciones que se desenvolvieron en razón del proceso colectivo inscripto, la resolución aquí atacada por exceso jurisdiccional ha devenido a foja 0, convirtiéndose la resolución atacada en un improcedente virtual rechazo de inhibitoria, cuando su colega, Juez a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 2 ya había sentenciado admitir la inhibitoria".
Además, el recurso sostiene que el fallo del juez de primera instancia “produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, en tanto produce la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias; precisamente lo que la CSJN procuró evitar”. Efectivamente, el Gobierno venía planteando la necesidad de acumular todo en un amparo colectivo.
Con la apelación, el Gobierno busca que el fallo de Lavié Pico sea revisado por Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Sergio Fernández -el más influyente dentro de ese fuero- y Carlos Grecco.
El recurso, de 57 carillas, reitera un pedido de inhibitoria y la incompetencia del fuero laboral. “No puede convalidarse la manipulación de las normas procesales para elegir el fuero más favorable, en menosprecio de la garantía del Juez natural, pues ello, constituye un abuso del derecho a peticionar y de la buena fe, que no puede ser aceptado a la luz de las normas que rigen el debido proceso”, sostuvieron los abogados del Estado.
El Gobierno lo estableció a través de la Resolución 322 de la Agencia Nacional de Discapacidad tras el reclamo de legisladores propios y opositores. Así, el CUD se expedirá sin fecha de vencimiento.
El Gobierno Nacional reglamentó este martes los cambios para la renovación del Certificado Único de Discapacidad a través de la Resolución 322/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad estableciendo que los CUD se expedirán sin fecha de vencimiento.
La norma había sido sancionada por el Senado el pasado 13 de abril por unanimidad y promulgada en mayo, pero hasta el momento no había sido reglamentada.
Ante la mora para ello, el tema en cuestión fue citado en reiteradas ocasiones durante la última sesión de la Cámara de Diputados por propios y ajenos, entre ellos la diputada oficialista Marisa Uceda y la radical de Evolución Carla Carrizo. También lo hizo el oficialista Eduardo Valdés, quien hizo una suerte de infrecuente acto de autocrítica, al reclamarle a su propio gobierno por su no reglamentación. Puntualmente expresó Valdés: "Es muy triste que el Ejecutivo se esté demorando en reglamentar la no renovación del certificado para hacerlo permanente. Desde acá le pido al Poder Ejecutivo que urgentemente reglamente eso, porque es indispensable”.
Por el lado de la Cámara alta, la senadora riojana Clara Vega había abierto una petición a fin de juntar firmas para que se ponga en marcha la Ley 27.711 en carácter de ser autora de uno de los proyectos.
La norma establece que el CUD podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento tanto en su versión física como digital de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente
De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento y tendrá una periodicidad entre 5 a 15 años.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
Cabe destacar que, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya había avanzad en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y válido en todo el país que permite acceder a los derechos y a las prestaciones previstas en las Leyes Nacionales 22.431 y 24.901. La evaluación de su validez o no la hace una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, la cual determina si corresponde la emisión y posterior otorgamiento a quien solicite al CUD.
Entre los derechos que garantiza se encuentran la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera la persona. Viajes gratuitos en trasporte público terrestre, exención de pago de peajes e impuestos (municipales, patentes), libre estacionamiento en los lugares permitidos.
La nueva normativa fue publicada este martes en el Boletín Oficial. La misma mantiene los plazos de contratos por 3 años, ajustes no inferiores a los 6 meses, el precio de los contratos debe estar fijado a la moneda nacional y el índice de actualización será el coeficiente de “Casa Propia”.
A tan solo una semana de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Alquileres que volvió con modificaciones del Senado por parte del oficialismo, este martes el Gobierno Nacional promulgó la norma bajo el Decreto 533.
El decreto que establece las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación contó con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, y los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Sergio Massa.
Tras su promulgación se espera que la norma entre en vigor este mismo mes o a inicios de noviembre a fin de darle certidumbre a los inquilinos y propietarios que hace años vienen reclamando por una nueva ley ante la problemática habitacional que se ve agravada por crisis económica que atraviesa el país.
La nueva ley mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.
Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”.
Además, establece que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”.
Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.
Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque.
Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.
El 23 de agosto la oposición se alzó con el dictamen de minoría en la Cámara baja, el cual planteaba contratos por 2 años, ajustes de periodicidad acordado entre las partes no inferiores a 4 meses y proponía que las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Sin embargo, en el Senado el oficialismo propuso su propio dictamen modificando la media sanción de Diputados y el 28 de septiembre logró la media sanción en el recinto. Así, el pasado 11 de octubre el FdT consiguió ratificar su proyecto con modificaciones con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones.
La iniciativa fue aprobada el último día del período extraordinario y establece la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas con la finalidad de establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.
La iniciativa había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020 y fue sancionada por 227 votos afirmativos y 2 negativos el 28 de febrero pasado por la Cámara de Diputados, ya que de no ser tratada antes del comienzo de un nuevo período ordinario habría perdido estado parlamentario.
El decreto 393/2023 publicado en el Boletín Oficial estableció la reglamentación de la Ley 27.706 con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
Esta ley propone instaurar el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, por el cual cada paciente portará toda su información y podrá acceder a la base datos en cualquier momento de manera virtual.
La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá entre sus funciones crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estructura organizativa del Programa y reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento.
Además, deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas; elaborar un protocolo de carga e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional; e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud privados y de la seguridad social; entre otros puntos.
En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social, reza el articulado.
Asimismo, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.
“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, indica.
También señala que “el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable”.
“El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso”, agrega.
La entidad empresarial comunicó que las medidas del Poder Ejecutivo “contribuyen a agravar las inconsistencias macroeconómicas, sin atacar la raíz del problema”.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación por las nuevas medidas económicas a las que consideraron con “impacto negativo en la actividad empresarial”.
“Las medidas anunciadas, oficializadas en la RG 5393 de AFIP, sientan un mal precedente donde el Poder Ejecutivo toma una decisión discrecional, eludiendo la discusión de los temas impositivos en el Congreso de la Nación, según lo dispuesto por la Constitución Nacional”, continuó el escrito.
Desde IDEA sostuvieron que “celebramos la búsqueda de alternativas para evitar un nuevo incumplimiento de nuestros compromisos con los acreedores”, pero advirtieron que “los cambios de alícuotas y la imposición de nuevos gravámenes atentan contra dos de los principales problemas que condicionan el crecimiento de la economía argentina desde hace tiempo”.
Por otro lado, la entidad empresarial expresó: “La escasez de reservas internacionales permanecerá mientras no se genere confianza. El punto de arranque de este largo proceso es el diseño y comunicación de un plan económico integral, que aborde la reducción de un gasto público alto, ineficiente, y hoy, infinanciable”.
Por último, manifestaron que “medidas como las tomadas por el Gobierno en el día de ayer sólo contribuyen a agravar las inconsistencias macroeconómicas, sin atacar la raíz del problema”.
La iniciativa fue presentada por la diputada Karina Bachey en la que también pide que detalle los motivos que justifiquen dicha compra, el valor de los aviones, los fondos para la adquisición y por qué la elección de China.
El Gobierno continúa haciendo negocios con China que generan polémica e incertidumbre. Primero fue el intento de construir un puerto militar en Tierra del Fuego, ahora trascendió la compra de 12 aviones de combate JF-17 Thunder, por lo que la diputada nacional Karina Bachey (Pro – San Luis) presentó un proyecto solicitando informes al respecto.
En la iniciativa, la puntana pide al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través del organismo que corresponda y sobre todo bajo la órbita del Ministerio de Defensa, acerca de la supuesta compra de 12 aviones de combate JF-17 Thunder que se realizará a China.
Además, pide que detalle las especificidades técnicas respecto a la supuesta compra de 12 aviones de combate JF-17, que especifique los motivos que justificarían dicha compra, que detalle el valor final de la compra de los aviones y con qué fondos se realizarían, y por último que informe porque se elegiría a China para realizar dicha compra.
Entre los fundamentos, Bachey señala que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, “ya aprobó los detalles técnicos para concretar la compra” y analiza la posibilidad de viajar en septiembre. Además, afirma que la compra se financiará a través del Fondef, un fondo especial creado por ley para reequipar a las Fuerzas Armadas.
“Los aviones cuestas 50 millones de dólares cada uno, pero China ofrece financiarlos a 15 años”, informó y sumó: “El interés de China por tejer lazos diplomáticos con la región, en especial en las proximidades del Atlántico Sur, se reflejó con la visita de una delegación de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional, encabezada por su viceadministrador, Zhan Bin Xu. Se avanzó en la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de industria para la defensa y en los distintos sistemas de armas”.
La iniciativa es acompañada por los diputados José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Gabriel Chumpitaz, Carlos Zapata, Florencia Klipauka, José Núñez, María Eugenia Vidal, Gustavo Hein, Mercedes Joury, Marilú Quiroz y Claudio Poggi.
2966-D-2023El proyecto, diseñado en el marco del acuerdo con Estados Unidos sobre intercambio de información financiera, está dirigido a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Podrán exteriorizarse tenencias en efectivo, bienes muebles e inmuebles y activos financieros.
Luego de cinco meses de su anuncio, el Gobierno Nacional finalmente envió al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales que estará dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5 y 20% y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien.
El proyecto de “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado” tiene como antecedente original la firma, el pasado 5 de diciembre de 2022, del acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador Marc Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y está diseñado en el marco del entendimiento con Estados Unidos sobre intercambio de información financiera.
Massa estimaba que antes del 30 de diciembre debía llevarse adelante el tratamiento de este proyecto en el Congreso, pero eso no sucedió. Luego aspiró a que fuera tratado en extraordinarias, incluso figuró en el temario y le había pedido a Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, y Carlos Heller, conductor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se le diera rápido tratamiento. Sin embargo, nada de eso ocurrió, pues recién ahora fue enviado al Parlamento.
La iniciativa propone la creación del régimen especial “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado” que alcanzará a las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas (sujetos comprendidos en el art. 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias).
En caso de ser aprobada, la normativa permite exteriorizar tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos).
Respecto a las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio Banco Nación serán de un 5%, desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de un 10%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; un 20%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.
Además, establece la incrementación de las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación. “Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)”, plantea en el artículo 5.
En su capítulo dos, la iniciativa busca crear un “Régimen Simplificado” con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta USD 50 mil”.
Entre los considerandos más importantes, se destaca que, para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. También quedan excluidos únicamente del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario (se excluyen contribuyentes de alta capacidad contributiva).
Entre los beneficios que propone el proyecto enviado al Parlamento, informa que “no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados”, y “se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados”.
De esta manera, los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: Impuesto a las Ganancias, Impuestos Internos y al Valor Agregado, Impuestos Sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.
Por otro lado, el capítulo 3 plantea las “Exclusiones para funcionarios públicos y sus familiares directos”. “Quedan excluidos los sujetos que entre el 1° de enero de 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas y, también, sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos”, establece el artículo 13.
“Además, se excluyen a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimiento tributarios en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida”, agrega.
Otro aspecto del texto es la incorporación de colaboradores como procedimiento para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en la Argentina. La función de los colaboradores permitirá la eventual detección y/o localización tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario.
Se aclara que la autoridad de aplicación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acordar con el colaborador, en los términos que a esos efectos fije la reglamentación, el monto de la recompensa, aunque esta no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado o un 5% de los bienes exteriorizados.
Quienes hagan uso de esta figura gozará de protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario. Además, la AFIP estará dispensada de aplicarles sanciones administrativas y de formularles denuncia penal tributaria, en caso de corresponder, cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de un acuerdo de colaboración.
IF-2023-55589741-APN-DDYLMECLa norma obliga a los establecimientos gastronómicos a ofrecer un menú sin TACC. También actualiza los montos de la cobertura que hacen las obras sociales y prepagas sobre harinas y derivados.
El Gobierno Nacional reglamentó este miércoles la Ley de Celiaquía y sus modificaciones que define la cobertura que deben brindar las obras sociales y prepagas en concepto de alimentos sin TACC, establece las adecuaciones que deberán realizar establecimientos gastronómicos para poder ofrecer un Menú Libre de Gluten seguro, y amplía la identificación de los medicamentos, en función del contenido o ausencia de gluten.
A través del decreto 218/2023 publicado en el Boletín Oficial, se explicita que la implementación de la ley busca que sea mayor la oferta de alimentos, "convirtiéndola en un derecho para todas las personas celíacas".
“Que la mencionada Ley N° 26.588, modificada por la Ley N° 27.196, declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. Que por el Decreto N° 528/11 se aprobó la Reglamentación de la referida Ley Nº 26.588”, explica.
Desde la aprobación de la Ley 26.588 en 2009 -modificada por Ley 27.196 en 2015-, la ANMAT amplió y actualizó el listado oficial de Alimentos libres de gluten que en un principio era de sólo 1.400 productos y actualmente cuenta con más de 23.000.
La reglamentación define la cobertura que deben brindar las obras sociales y prepagas en concepto de alimentos sin TACC. Así, se establece por un lado la metodología mediante la cual se actualizará el monto de cobertura actual por parte de obras sociales y prepagas, y por otra parte se deja establecida la periodicidad con la que se realizarán las actualizaciones subsiguientes que serán cada 6 meses.
El monto de cobertura pasará de $2.672 a $7.806,73 contemplando la Canasta Básica de Alimentos (CBA) publicada por INDEC el 20 de abril de 2023.
Además, establece las adecuaciones que deberán realizar las instituciones y establecimientos para poder ofrecer un Menú Libre de Gluten seguro. ¿En dónde aplica este menú obligatorio? La legislación lo dispuso así en cárceles, establecimientos sanitarios, lugares de residencia y convivencia temporal, en comedores y kioskos de instituciones de enseñanza, en paradores de terminales. Y restaurantes y bares también tendrán que ofrecer opciones libres de gluten.
También todos los medicamentos deberán identificarse en función de su contenido o ausencia de gluten como “Libre de gluten” o “Este medicamento contiene gluten”. Cabe destacar que luego de la sanción de la Ley 26.588 en el año 2009, se estableció un logo oficial para identificar los envases o envoltorios de Alimentos Libres de Gluten (Resolución Conjunta N°201/2011 y N°649/2011).
Según la norma, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica, precipitada por la ingestión de proteínas del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno, comúnmente llamadas gluten, que afectan al intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos.
Entre las enfermedades intestinales la celiaquía es la más frecuente, estimándose su prevalencia en el 1 % de la población argentina. Las personas que padecen celiaquía deben realizar de por vida una dieta estrictamente libre de proteínas procedentes del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno (TACC), que son causantes del daño intestinal característico de la enfermedad celíaca.
El diputado oficialista sostuvo que “es inadmisible que le pase esto a una familia en una democracia”. También apuntó contra el jefe de Gobierno porteño porque “no lo veo haciendo campañas de prevención del dengue”.
El diputado nacional Leandro Santoro (Frente de Todos) consideró que "no hay distinciones políticas" ante al fallecimiento de una beba en situación de calle esta madrugada a metros de la Casa Rosada y dijo que "falló el Estado nacional y también el de la ciudad de Buenos Aires".
"Frente al dolor de un caso trágico no hay distinciones políticas, es inadmisible que le pase esto a una familia en una democracia. Las personas en situación de calle son el principal problema que tenemos en la Argentina, falló el Estado nacional y también el Estado de la ciudad de Buenos Aires", dijo el diputado en declaraciones para Radio 10
La beba de tres meses, que junto a sus padres se encontraban en situación de calle, falleció esta madrugada "presuntamente por dificultades respiratorias" a metros de Plaza de Mayo y la fiscalía interviniente investiga el caso por considerar una "muerte dudosa", informaron fuentes policiales.
La pareja, procedente de la localidad bonaerense de Quilmes y que posee otros dos hijos (una de ellas melliza de la beba fallecida), está siendo acompañada y asistida por personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, desde el Programa Buenos Aires Presente, de acuerdo a lo indicado por el gobierno porteño.
"Le enviamos nuestras condolencias a la familia de la beba, nos solidarizamos con las personas que están pasando por esa situación", expresó el legislador.
Por otro lado, Santoro realizó este viernes por la mañana actividades para una campaña de prevención contra el dengue en el barrio porteño de Mataderos, el distrito con más casos registrados de CABA.
Al respecto, remarcó que “generar una campaña de concientización es la única forma de prevenirlo, son clave para evitar que se expanda. Le recomendaría al jefe de gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larreta- que se focalice en su gestión como jefe de gobierno y deje la política nacional para después”.
Asimismo, apuntó contra Rodríguez Larreta y expresó que "si hay plata para algo en Buenos Aires es para publicidad, que la usen para la prevención. Hay miles de formas para concientizar frente al tema del dengue, pero no lo veo a Horacio haciéndolo”.
Según los datos que dio a conocer este jueves el INDEC, la pobreza llegó al 39,2% de la población y afectó a más de 18,6 millones de argentinos.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves que la pobreza en Argentina llegó al 39,2% -el primer aumento desde el segundo semestre de 2020 cuando pegó fuerte la cuarentena por la pandemia del coronavirus- y el número -que afecta a una proyección de más de 18 millones de personas- se metió de lleno en el año electoral con una dura crítica de la oposición.
Así, y teniendo en cuenta los datos oficiales del Estado, hay 31,1% de personas pobres y otro 8,1% que es indigente. Ante el dato frío, las críticas no tardaron en llegar.
El primero de ellos fue el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, quien apuntó: “Según el Indec, el 39,2% de los argentinos son pobres y el 8,1% son indigentes. Esta es la herencia más catastrófica del Frente de Todos. Con la inflación fuera de control cada día que pasa hay más argentinos que padecen hambre. El ritmo del drama social es vertiginoso”.
En el mismo sentido se manifestó el titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo: “La inflación sin control es más pobreza. Agudizaron todos los problemas que tenía el país y no hay más tiempo para parches, relatos y populismo. Sin una renovación dirigencial y de ideas Argentina está condenada al ostracismo”.
“Llegaron con promesas livianas y facilistas, pero con ningún proyecto bajo el brazo. Las consecuencias están a la vista, el fracaso absoluto del FDT va a costar muy caro, pero no es momento de resignarnos”, disparó.
En un extenso y fuerte mensaje, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (Pro), indicó que “4 de cada 10 argentinos están por debajo de la línea de pobreza”, y preguntó: “¿Y saben qué es lo peor? Que este dato nace viejo. La situación en 2023 es más grave todavía. Alcanza con ver el aumento de la canasta básica: 16,1% la Canasta Básica Total y 19,8% la Canasta Básica Alimentaria. Y solo van tres meses del año”.
“A este ritmo, es evidente que vamos a terminar el año con más millones de argentinos pobres. Y ocurre algo inédito: que creciendo la actividad también crezca la pobreza. La explicación a esto es clara: MÁS DE 100 % DE INFLACIÓN”.
Y cuestionó que “cada vez que se habla de pobreza se vuelve de nuevo al tema de los planes sociales. Ya sabemos que los planes son solo una forma de supervivencia, no la superación del problema. De la pobreza no se sale con planes, sino con inclusión, educación y trabajo”.
Vidal expresó: “Necesitamos recuperar el futuro de la argentina. en un país en el que 2 de cada 3 niños son pobres, toda medida es urgente”. así, propuso impulsar cuatro propuestas: poner a la primera infancia en el centro; mejorar la enseñanza y terminar con la deserción escolar; integración sociourbana y convertir planes en trabajo.
Desde la izquierda, Romina Del Plá señaló: “A 39,2% aumentó la pobreza en el último semestre. Más de 18 millones de personas. Brutal. La inflación, sobre todo en alimentos, se come los ingresos de los trabajadores. Alberto andaba por EE.UU mendigando monedas pero refuerza la entrega y una orientación más inflacionaria”.
El presidente de la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, señaló que “mientras el índice de pobreza alcanza al 39,2 % de la población, lo que equivale a 18 millones de argentinos, el Gobierno nacional sigue sin reacción, sin propuestas, sin un mejor plan, paradójicamente, que otorgar planes”.
Y agregó: “Las principales herramientas de construcción de futuro como la generación de fuentes de trabajo, el incentivo a la producción y la educación parecen tampoco importarles. Están sumiendo al país en la pobreza total que va más allá de la pobreza económica”.
Por su parte, la diputada Laura Rodríguez Machado lamentó: “NÚMEROS que DUELEN El 39,2% de los argentinos se encuentra por debajo del índice de la pobreza. De los cuales el 8,1% cayó en la indigencia. Este relevamiento corresponde al segundo semestre de 2022 e implica un aumento del 1,9% respecto del primero”.
También se expresó Graciela Ocaña: “No fue la Pandemia, no fue la Guerra y tampoco fue la sequía. Es el gobierno de los Fernández que dejó a más de 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza”.
En tanto la legisladora Mercedes Joury (Pro) apuntó contra el jefe de Gabinete, Agustín Rossi: “4 de cada 10 argentinos son pobres, y la pobreza infantil supera el 54,2%. Números que duelen y que van a empeorar. Ayer, el jefe de Gabinete nos habló de un país de maravillas, pero la única verdad es la realidad: son y multiplicadores de pobreza”.
Paula Oliveto (CC-ARI) planteó: “Más del 50% de argentinos son pobres e indigentes en la Argentina. Los jubilados y los trabajadores no llegan a comprar la canasta básica. Mercaderes de la pobreza con autos de funcionarios. Exitosa fábrica de pobres para seguir sometiendo y enriquecerse”.
La radical entrerriana Gabriela Lena lamentó que “nuestra querida Concordia, gobernada hace 40 años por el peronismo, es la ciudad más pobre del país”, y bregó: “Esto no da para más, vamos a cambiar Concordia, Entre Ríos y la Argentina”.
El cordobés Hugo Romero (UCR) disparó: “Mientras en el Gobierno Nacional discuten candidaturas para las elecciones, el INDEC refleja los resultados de sus políticas económicas: la pobreza subió a 39,2%”, y preguntó: “¿El plan va seguir siendo el mismo? ¿Cuántos argentinos más pasarán a ser pobres hasta que termine la gestión?”.
La salteña Virginia Cornejo expresó: “Los datos de pobreza son muy preocupantes, la pésima gestión y la ineficacia para dar soluciones a los problemas de los argentinos, nos llevaron a estos números tan indignantes. El 39,2% son POBRES. En #Salta 40.1%8,1% INDIGENTES. El 54,4% de los menores de 14 años, POBRES”.
A su turno, la senadora nacional Edith Terenzi (UCR– Chubut) planteó que “no hay más margen para gobiernos que no asumen la resolución de los problemas. Es momento de dar vuelta la página del populismo. Estos números son inmorales para los argentinos”.
El liberal José Luis Espert disparó: “La pobreza se acerca al 40% afectando a más de 18.000.000 de argentinos. El plan deliberado de empobrecernos para luego hacernos esclavos de un plan social, le está saliendo perfecto al kirchnerismo, un verdadero fenómeno de genocidio económico y social”.
Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño escribió: “El mismo día que el INDEC informa que el 54% de las pibas y pibes menores de 15 años son pobres, Massa anuncia más beneficios (y van...) a las cerealeras y grandes patronales agrarias. Cada vez es más evidente al servicio de qué intereses gobierna el FdT”.
“Mientras hunden a millones en la pobreza, siguen beneficiando a los grandes grupos empresarios, los especuladores financieros y pagando la deuda fraudulenta al FMI. El resultado de la gestión Massa que tanto elogia el Kirchnerismo”, cuestionó.
Su par de bancada Myriam Bregman sostuvo: “El dato más cruel es el aumento de la pobreza infantil. En el segundo semestre de 2022 la pobreza infantil (de 0 a 14 años) subió a 54,2%, es decir que hay alrededor de 6 millones pibes y pibas. Cumplir con el FMI no es gratis. Si te aplauden en Estados Unidos, es porque aumenta la pobreza en Argentina. Eso siempre fue así”.
“Los datos de pobreza son ofensivos. Lo que ganaron las grandes corporaciones con este gobierno, también. No todos se hunden con el Frente de Todos”, advirtió.
Diputado desde el 28 de febrero, Gabriel Mraida tuiteó: “11,5 millones los argentinos afectados por la pobreza. Cuando las medidas del gobierno nacional son asistencialismo, los números lo reflejan. Integrar para resolver la pobreza estructural!”.
Por su parte, el legislador porteño Ramiro Marra no anduvo con vueltas. Dijo: “40% de pobreza, nos hicieron mierda. Están reventándole el presente y el futuro a los más jóvenes ¿ahora entienden porque eligen irse del país? No podemos seguir así”.
El proyecto es encabezado por la diputada Germana Figueroa Casas y pide que se entregue un detallé a quién se contrató, en qué puestos y por qué monto utilizando la figura de “Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias”, violando el decreto del Gobierno Nacional.
Desde julio, Alberto Fernández prohibió por decreto la contratación de empleados en el gobierno nacional, sin embargo, consultando el Boletín oficial puede constatarse que se viene eludiendo la prohibición a través de la creación de Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias. Frente a esta evidencia de que la medida no se está respetando, diputados de Juntos por el Cambio, con Germana Figueroa Casas a la cabeza, presentaron un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brinde explicaciones.
“Están usando la figura de las ‘unidades ejecutoras especiales temporarias’ para burlar la norma que ellos mismos dictaron. Es inaceptable que se siga aumentando el gasto público cuando tenemos tres dígitos de inflación anual, déficit y una presión impositiva insostenible por los sectores productivos”, aseguró Figueroa Casas, especialista en finanzas públicas.
El proyecto pide que se entregue en detalle a quién se contrató, en qué puestos y por qué monto utilizando esta figura de “unidades ejecutoras especiales temporarias”, algo que aparece en varios ministerios, desde la cartera que comanda Victoria Tolosa Paz hasta el propio Sergio Massa. Entre las más polémicas se encuentra la designación de una persona muy cercana al Superministro de Economía, Ezequiel Melaraña, compañero del secundario y presidente del Club Atlético Tigre.
“Sin eficiencia en el ámbito público no es posible el desarrollo económico, social e institucional de nuestro país. Claramente utilizar este tipo de herramientas para eludir la prohibición de tomar personal actúa en detrimento de la eficiencia y entorpece la creación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo. Es necesario contar con explicaciones y mirar cada caso en detalle para terminar con la burocracia estatal”, concluyó Figueroa Casas.
El proyecto contó con las firmas de los diputados nacionales Ingrid Jetter, Paula Omodeo, Ximena García, Marcela Antola, Dina Rezinovsky, Graciela Ocaña, Alberto Asseff, Omar De Marchi, Pamela Verasay, Sabrina Ajmechet, Lidia Ascarate, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Carlos Zapata, Álvaro Martínez, Hernán Lombardi, Pablo Torello y Ricardo López Murphy.
856-D-2023-UNIDADES-EJECUTORASLa norma, que fue sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de febrero, fue publicada en el Boletín Oficial este jueves. La misma establece la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley de creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, sancionada el 28 de febrero pasado por la Cámara de Diputados, por medio de la cual se establece la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 144/2023 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
La iniciativa, que fue sancionada por 227 votos afirmativos y 2 negativos, había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020 y de no ser tratada antes del comienzo de un nuevo período ordinario podría haber perdido estado parlamentario.
La ley establece la creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas. por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.
La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá entre sus funciones crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estructura organizativa del Programa y reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento.
Además, deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas; elaborar un protocolo de carga e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional; e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud privados y de la seguridad social; entre otros puntos.
En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social, reza el articulado.
Asimismo, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.
“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, indica.
También señala que “el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable”.
“El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso”, agrega.
Representantes de los diferentes espacios políticos cargaron con dureza contra la gestión de Alberto Fernández y advirtieron que “una economía descontrolada, es reflejo de un Gobierno sin confianza y sin plan”.
A un año de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le declarara “la guerra a la inflación”, los legisladores porteños de las diversas bancadas cargaron con dureza contra el Ejecutivo Nacional por el crecimiento de la inflación y aseveraron que la “economía está descontrolada”.
En ese sentido, el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad y diputado de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, afirmó que “una economía descontrolada, es reflejo de un gobierno sin confianza y sin plan, da como resultado los números que vemos cada mes” y recordó que “en febrero, se registró 6,6% de inflación. Si el kirchnerismo insiste en ‘volver’ a algo, debería ser al -0,4% de inflación que había cuando asumió en mayo del 2003”.
Mientras que el jefe del bloque VJ y hombre de confianza de Graciela Ocaña, Diego García Vilas, planteó que “somos un 102,5 % más pobres que el año pasado. La inflación quemó los salarios de los argentinos y sus perspectivas a futuro. Tenemos que apagar el incendio que nos deja el kirchnerismo”.
Sobre esa misma línea, el presidente de la Comisión de Presupuesto y del Pro Capital, Claudio Romero (VJ), manifestó que “en vísperas del primer aniversario de la guerra contra la Inflación decretada por Alberto Fernández, cruzamos la barrera de los tres dígitos y llegamos al 102,5% interanual. La derrota es absoluta” y aseveró que este “es el peor Gobierno de la historia”.
En tanto la oficialista Gimena Villafruela (VJ) remarcó que “la ausencia de políticas económicas del kirchnerismo nos tiene acostumbrados a estos aumentos desmedidos. Es hora de poner un freno. Con un plan integral, bajar la inflación es posible” y que María Luisa González Estevarena (VJ) destacó que “el Gobierno no para de superarse, pero siempre con malas noticias. La inflación no da tregua y ya superó el 100% interanual por primera vez en más de 30 años. Sin un plan ni rumbo, la inflación cada día empobrece más a todos los argentinos”.
Al mismo tiempo que Natalia Fidel (VJ) graficó la delicada situación económica que se vive en el país con un ejemplo en el que involucró a Franco, uno de sus hijos, quien se encuentra ahorrando el dinero que el Ratón Pérez le deja cada vez que se le cae un diente. “Franco junta lo que le trae el Ratón Pérez para comprarse un juguete. Cómo explicarle que en una Argentina con 102% de inflación su constancia no sirve. Los desafíos de la educación financiera en un país sin moneda...”.
En ese sentido, el jefe del bloque Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Marcelo Guouman, replicó en sus redes un mensaje de Martín Lousteau. “Una vez más, el número de inflación mensual e interanual deja en evidencia los errores repetidos de un Gobierno que sigue sin pensar soluciones para resolverlo. No es un problema exclusivamente económico, es un problema político. Basta de parches”, completó.
A su vez la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Mercedes De Mendieta le preguntó a sus seguidores en las redes sociales: “¿viste los números de la inflación nacional? En febrero llegó al 6,6% y la interanual al 102,5%. Pero si vas al rubro alimentos y bebidas se va al 9,8% solo en febrero. Posta, no se aguanta más...”.
Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) consideró que “el nuevo salto de la inflación muestra el fracaso de la política del Gobierno y del supuesto plan de estabilidad suscripto con el FMI. Como lo dijimos oportunamente estamos ante una política inflacionaria deliberada para aplicar un fuerte ajuste contra el pueblo” e informó que “el golpe más duro lo reciben los sectores populares. El aumento de los alimentos llegó al 9.8%, lo que seguramente se traducirá en un nuevo salto de la pobreza y la indigencia. En este contexto el Gobierno quiere eliminar más planes sociales y reduce las partidas a los comedores”.
“Las paritarias del 60% que la burocracia sindical viene firmando a pedido del gobierno han quedado en ridículo y salta a la vista que sólo apuntan a rebajar los salarios y las jubilaciones”, continuó y concluyó señalando que “el fracaso de la política del Gobierno no tiene atenuantes. La oposición tradicional buscará explotar la crisis en su propio beneficio, pero la devaluación que promueve agravará la inflación ya fuera de control”.
A través de las redes sociales legisladores de distintos espacios políticos expresaron su enojo tras la situación que se vivió este lunes en Santa Fe por el asesinato de Máximo Jerez de 11 años tras un ataque narco.
Legisladores de distintos espacios políticos expresaron su enojo a través de las redes sociales por el asesinato de un nene de 11 años, identificado como Máximo Jerez, en la ciudad de Rosario tras un ataque a tiros que vincularon con un capo narco que despertó la furia de los familiares, vecinos y amigos del menor.
La exgobernadora bonaerense y diputada del Pro, María Eugenia Vidal, criticó: “Cuando el gobierno protege a los narcos, a los bunkers los tiran los vecinos. El baño de sangre en Rosario es responsabilidad de ustedes Alberto Fernández y Omar Perotti”.
En el mismo sentido se expresó Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos): “’A la noche a los que estamos acá nos van a cagar a tiros’. Los rosarinos se están defendiendo de los narcos con piedras y botellas. Mientras el presidente y Perotti siguen debatiendo quién se hace cargo, Rosario se desangra”.
En tanto el jefe del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, sostuvo: “Las imágenes de Rosario son desoladoras. En Córdoba es un delito que crece día a día. Los que se llenaron la boca con el “Estado presente” hoy están dejando a la sociedad a la intemperie del crimen organizado”.
“Rosario es la foto más cruda de lo que pasa en múltiples ciudades a lo largo de toda la Argentina. La responsabilidad la tiene el Estado que ante una emergencia sin precedentes sigue de brazos cruzados”, cuestionó el jefe del bloque UCR en el Senado, Luis Naidenoff.
La senadora santafecina Carolina Losada (UCR) escribió: “Cuando el Estado mira para otro lado y se lava las manos frente los problemas más graves, ante lo peor que puede pasar, la justicia por mano propia parece volverse la regla más peligrosa. Es URGENTE volver a un Estado de derecho que imponga el orden. Los rosarinos merecemos PAZ”.
El bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro) planteó: “La ausencia del Estado. lo que pasa cuando no se cumple el contrato social y no se garantiza la seguridad. Vecinos toman la causa por el chico asesinado en Rosario y atacan al supuesto narco que creen responsable. Todos saben dónde se vende la droga, como en cualquier conurbano”.
También se expresó la entrerriana Gabriela Lena (UCR): “La situación en Rosario es alarmante, tanto el Gobierno Provincial como Nacional han dejado desprotegidos a todos los rosarinos. No podemos permitir que los narcos tomen nuestras calles, no podemos permitir un gobierno cómplice de estas mafias”.
“Te matan por un celular en pleno Palermo. Rosario sangra. En el Conurbano todos los días matan a alguien. Demasiadas familias atravesadas por el dolor para que la política se distraiga en internas y peleas que no le cambian la vida a nadie”, manifestó la diputada Paula Oliveto Lago (CC)
En tanto, Graciela Ocaña (Pro) relató: “La gente en Rosario dijo ¡basta! Vecinos destruyendo la casa de un presunto narco. Esto sucede cuando la injusticia, la ausencia del Estado y el abandono, son las banderas de un Gobierno que le da la espalda a la gente. Así no hay futuro para nadie”.
“El Gobierno Nacional ha dejado a Rosario y sus ciudadanos solos. El presidente mientras tanto arroja palabras vagas y tira la pelota afuera ‘algo más habrá que hacer’. ¿Quién acciona si no es él?”, fustigó.
Y cerró: “La concepción que tienen es que los delincuentes son las víctimas a quien proteger, no un elemento a combatir. El peligro no sólo está en Rosario: si no se frena ahora la evolución de los carteles narcos todo el país será preso de esta mafia sanguinaria”.
Por su lado, el liberal Javier Milei habló de un "Estado fallido" y explicó: "Las imágenes que estamos viendo en TN de lo que sucede en Rosario no es otra cosa que la demostración de que Argentina es un Estado fallido producto de 100 años de fracaso de un modelo político y económico que sólo sirve a los intereses de los políticos".
"El Estado (en todas sus definiciones contempla la seguridad), que sólo debería proveer funciones básicas se encuentra totalmente deformado para que los políticos hagan sus negocios y satisfagan a los intereses especiales que los pusieron ahí", agregó.
En tanto, planteó que "la única salida a este estado de anomia absoluta es un cambio profundo de 180 grados que vuelva a poner al Estado al servicio de los argentinos; y no a los argentinos al servicio del Estado (políticos). Mientras continuemos con este modelo el único destino es la anomia absoluta".
Por parte de la legislatura porteña, el referente de izquierda Gabriel Solano criticó: “El asesinato de un nene en Rosario desató una rebelión popular contra los narcos. La policía que sabe perfectamente donde están los bunkers de venta no hacen nada. Son cómplices de los narcos”.
Eso alertó el diputado opositor Ricardo López Murphy sobre la situación económica del país. Por otro lado, de cara a las elecciones 2023 sostuvo que “la coalición necesita reglas de gobernanza para el futuro”.
El economista y diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) habló sobre la reunión que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri: “Escucho mi visión sobre las reglas electorales y de gobernanza, creo que la coalición necesita reglas de gobernanza para el futuro”. Por otro lado, criticó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa: “Este es el Gobierno que más ha endeudado”.
“Hablar de bomba económica es un término bastante habitual, si se observan los acontecimientos cada vez estamos en una situación más límite. Acaban de ir a negociar con el Fondo y los organismos multilaterales que les bajen las metas de reserva. Cada vez tenemos una deuda más grande en el Banco Central, cada vez tenemos más inflación y cada vez estamos más vulnerables a algún acontecimiento en marzo. Si lo llamamos globo o bomba es dar la sensación de una situación inviable”, explicó el diputado en diálogo por la AM990.
En ese sentido, López Murphy apuntó contra la gestión de Alberto Fernández: “Este Gobierno es el que más ha endeudado al país”, y comparó: “El gobierno de Cristina (Kirchner) de 2011-2015 endeudó al país por 15 millones por años. Macri aproximadamente en una cifra similar, y este en 40 mil millones por años, o sea este es un Gobierno que ha endeudado de una manera dramática”.
“Había 1 billón de lelics y ahora 12 millones, la deuda del Banco Central es una cuestión anormal y eso nadie se da cuenta. Ningún banco del mundo tiene estas características todos los depósitos nuestros tienen detrás bono público no hay otra cosa, no hay crédito privado. Eso configura una situación delicada”, alertó y continuó: “El país tiene un atraso cambiario en el tipo de cambio oficial muy grande con una brecha del 100% que hace que los resultados del comercio exterior sean absolutamente insuficientes para resolver los problemas que tenemos”.
En ese marco y en mira a los próximos comicios, manifestó: “De ganar, vamos a tener que hacer un cambio en nuestras instituciones económicas financieras de forma dramática. El BCRA deberá ser autónomo, no le podrá prestar a la tesorería, habrá que equilibrar las cuentas fiscales. Sin eso vamos a seguir metidos en una inflación incontrolable. Hay que hacer un montón de cosas para que vuelva a prevalecer el accionar de la sociedad civil, la argentina tiene que volver a prosperar, no estar estancada 10 años como ahora”.
Sobre el encuentro que mantuvo con Macri, contó: “Escuchó mi visión sobre las reglas electorales y de gobernanza. Creo que la coalición necesita reglas de gobernanza para el futuro no va a tener una figura prevalente como fue él en la etapa anterior y eso requiere que tengamos reglas de negociaciones. Le comenté la visión sobre la Ciudad y la idea de Republicanos Unidos de ser una alternativa en la Ciudad”.
“No importan los candidatos si tenemos claro el discurso y la propuesta y las reglas”, remarcó el economista
El titular del bloque Pro en el Senado se refirió a la situación que atraviesa su provincia: “Misiones no es ajena a la grave inseguridad”, y denunció que “hay hechos muy graves que suceden sin que intervenga las fuerzas de seguridad”.
El titular del bloque Pro en el Senado, el misionero Humberto Schiavoni, apuntó contra el Gobierno nacional y provincial por la inseguridad y les exigió que tomen medidas porque “hay hechos muy graves que suceden sin que intervengan las fuerzas de seguridad”.
A través de su cuenta de Twitter, el senador planteó que “Misiones no es ajena a la grave inseguridad que padecen todos los argentinos. Vemos a diario episodios crecientes de delincuencia, que en muchas ocasiones está vinculada con el narcotráfico”.
En esa línea, denunció que “hay hechos muy graves que se suceden sin que intervengan las fuerzas de seguridad”, y ejemplificó: “En la localidad de Colonia Oasis por ejemplo hay serias denuncias de robos, ocupaciones de viviendas y hechos asociados al narco que atemorizan a todos los vecinos”.
“Exigimos a los gobiernos de la Nación y de la provincia que salgan de su pasividad e intervengan decisivamente para terminar con estos episodios que tienen en vilo a los misioneros”, remató su tuit.
La iniciativa fue presentada por el diputado socialista Enrique Estévez quien también le solicitó a la titular de la Cámara alta que designe a los integrantes del Senado en la Comisión Bicameral encargada de fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe.
El diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista – Santa Fe) presentó un proyecto de ley para exigirle al Gobierno nacional que se “haga cargo del crimen organizado en Rosario” y que declare la emergencia en seguridad pública en el área metropolitana de esa ciudad.
Así lo comunicó el santafecino a través de su cuenta de Twitter en cuya iniciativa expresa: “Declárese la emergencia en materia de seguridad pública, en todo el territorio del Área Metropolitana de Rosario, por el término de dos años y prorrogable por el mismo periodo, con el objeto de combatir el delito complejo y crimen organizado y garantizar la plena vigencia de lo derechos y garantías constitucionales de los habitantes”.
Además, solicita al Poder Ejecutivo que coordine e implemente en forma “urgente” en articulación con el Estado Provincial, los municipios de Rosario, las “acciones efectivas para garantizar la protección integral de la ciudadanía”.
Entre los objetivos centrales del proyecto, Estévez enumeró: “Consiste en crear un fondo especial de 9 MIL MILLONES DE PESOS; garantizar mayor presencia efectiva de las fuerzas de seguridad; fortalecer la Justicia Federal; ampliación de la Agencia Federal de Inteligencia en Rosario”.
“Constituir una junta de emergencia en seguridad y un comité de crisis representado por el Gobierno nacional, provincial y gobiernos Locales; Coordinar con el Ministerio de Seguridad de la provincia para mejorar el control del servicio penitenciario en todas las unidades penales de la provincia”, sumó.
Por otro lado, también presentó un proyecto para solicitarle a la titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, que “designe a los integrantes del Senado en la Comisión Bicameral encargada de fortalecer la Justicia Federal en Rosario”.
“Los niveles de violencia sin precedentes que estamos viviendo en la ciudad de Rosario y las permanentes improvisaciones del Gobierno Provincial sin un plan concreto, medible, y verificable no admiten más postergaciones del Gobierno Nacional y su Ministerio de Seguridad”, informó el socialista.
Por Félix V. Lonigro. El abogado constitucionalista y profesor de derecho constitucional UBA explicó las condiciones que impone la Constitución Nacional para que el presidente pueda ejercer atribuciones del Congreso a través de un DNU.
Dejando de lado el horror antirrepublicano que constituye la intención del Gobierno de modificar, por decreto, la cantidad de miembros del Máximo Tribunal Judicial de la Nación, explicaré técnicamente esta cuestión.
Cuando un presidente de la Nación utiliza uno de los conocidos DNU (decretos de necesidad y urgencia), es porque está ejerciendo potestades que la Constitución Nacional le asigna al Congreso. Efectivamente, como la potestad de decidir la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde al Congreso, si el primer mandatario quiere ejercerla, necesita apelar a un DNU.
¿Qué condiciones impone la Constitución Nacional para que el presidente pueda ejercer atribuciones del Congreso a través de un DNU?
Que existan “circunstancias excepcionales” que le impidan al presidente esperar al Congreso; que el decreto esté firmado por todos los ministros, y que no sean cuestiones penales, impositivas, electorales o referidas a los partidos políticos. Si se superan estos requisitos, el decreto va a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que evaluará si ello efectivamente es así, emite un dictamen, y luego es necesario que al menos una de las dos Cámaras le dé su aprobación.
Pues veamos: por un lado, la firma de los ministros es fácil de lograr, y la modificación de la Corte no encaja en ninguno de los temas prohibidos para el dictado de decretos de necesidad y urgencia. El problema es que no existen circunstancias excepcionales que le permitan el presidente aumentar la cantidad de miembros de la Corte. Si bien la expresión “circunstancias excepcionales” es de interpretación subjetiva, aunque los presidentes suelen tener criterios muy laxos para efectuar dicha interpretación, para la Corte, dichas circunstancias solo se producen cuando hay hechos de guerra o naturales que le impidan a los legisladores acceder al Congreso para sesionar.
En este caso, no solo ya está previsto el inicio de sesiones extraordinarias para el próximo jueves, sino que además, el año pasado, el Senado dio media sanción a un proyecto mediante el cual se eleva a quince la cantidad de jueces de la Corte. Por lo tanto, es indudable que, siendo inminente el inicio de sesiones extraordinarias, y habiendo ya un proyecto con media sanción, las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para que el primer mandatario pueda dictar un DNU para ello, no están configuradas, por lo que un decreto de necesidad y urgencia, en este caso, sería absolutamente inconstitucional.
El proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes tuvo despacho de comisión en el Senado el 29 de noviembre, pero jamás llegó al recinto. El Gobierno no la incluyó en el temario de extraordinarias.
De cara a que se conozca el veredicto en el marco del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma, diputados nacionales reclamaron al Gobierno Nacional que incorpore al temario de extraordinarias el proyecto de ley inspirado en dicho caso.
El proyecto por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.
El autor de la iniciativa, el pampeano Martín Maquieyra expresó: “Es lamentable que el presidente no incluya el tratamiento de la Ley Lucio en el Senado. Necesitamos con urgencia que se trate cuando antes en la sesión para que finalmente sea ley. Lo único que falta es que los senadores aprueben el proyecto, no entiendo por qué el presidente decide no tratarlo”.
“Vamos a seguir reclamando para que lo traten. Junto a la familia Dupuy hemos hecho un esfuerzo enorme para tratarlo en un año y necesitamos que el Senado la apruebe con urgencia. Esperamos que el presidente reconsidere este hecho y lo incluya en el temario”, completó el legislador opositor.
“Fui co-firmante del proyecto Ley Lucio de Martín Maquieyra recibimos y escuchamos a sus abuelos, trabajamos con organizaciones de protección de la infancia. Se aprobó el 9/11/22 en Diputados, pero falta el Senado. Alberto Fernández convocó a Extraordinarias con 27 proyectos. No lo incluyó”, reclamó la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC en la Cámara baja, Silvia Lospennato.
La vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, se sumó al pedido en redes y escribió: “Esperamos una condena ejemplar de perpetua para estas dos personas. Destitución a la jueza Pérez Ballester por mal desempeño. Justicia para Lucio exigimos y por eso impulsamos la Ley Lucio. Pedimos al gobierno nacional que se trate en extraordinarias y sea ley”.
El proyecto fue presentado por un grupo de diputados del Frente Pro. La norma fue sancionada por unanimidad en junio de 2022. La misma establece un Régimen de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen cáncer.
Diputados nacionales del bloque Frente Pro le solicitaron al Gobierno nacional que reglamente la Ley que establece el Régimen de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen cáncer, a través de un proyecto de declaración.
Vale recordar, que la referida norma fue sancionada por unanimidad el pasado 30 de junio de 2022 “fruto del impulso y el valioso trabajo en conjunto de familias de pacientes oncopediátricos de todo el país, y marcó un hito en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer en el país”.
La Ley establece, entre otros puntos, una ayuda económica para las familias; la cobertura total de la medicación y los tratamientos, y el acompañamiento de un adulto durante la internación, sin que esto signifique gasto para la familia.
También incluye el uso del transporte público en forma gratuita, licencias extendidas para los papás, acompañamiento terapéutico, la garantía de viviendas acordes con las necesidades de los pacientes y, en caso de que la familia tenga que trasladarse más de 100 kilómetros para el tratamiento, un subsidio habitacional para cubrir el gasto de alojamiento.
El reciente pedido al Gobierno nacional se realizó a través de un proyecto presentado por los diputados del Pro Mercedes Joury, Cristian Ritondo, María Luján Rey, Soher El Sukaria, Adriana Ruarte y María Eugenia Vidal.
Al respecto, Ritondo manifestó que “se trata de una demora inadmisible que pone sobre la mesa la falta de gestión y de sensibilidad de un gobierno que vive una realidad paralela alejada de los problemas que preocupan a la sociedad”.
Y acotó: “La agenda real de los argentinos es la que tiene en cuenta temas como la ley que protege a los chicos con cáncer, exigimos la inmediata reglamentación”.
Por su parte, Joury dijo que "hace casi 7 meses que se sancionó esta Ley, pero a pesar del circo que hizo en la Casa Rosada el Gobierno en su promulgación, sosteniendo frente a los familiares que era una prioridad de gestión, todavía no la reglamentaron, mientras miles de niños y sus familias padecen las consecuencias de esta inacción".
Asimismo, agregó la diputada que "en nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niños y niñas de entre 5 y 14 años, todos los años se diagnostican 1.500 nuevos casos, y se registran unos 400 fallecimientos, por eso le pedimos al gobierno que sea responsable y reglamente ya esta Ley tan necesaria".
En tanto, Rey aseguró que “no se explica la demora, cuando el mismo presidente recibió a las familias que desde hace años luchan por esta Ley. Así y todo, habiéndose comprometido en la pronta reglamentación, seguimos esperando. No sorprende que el presidente no cumpla con su palabra, parece ser su costumbre”.
Asimismo, El Sukaria sostuvo “especular políticamente con un tema tan urgente, imprescindible y delicado como la salud es algo inadmisible e imperdonable. Basta de jugar con la vida de miles de personas”.
El senador radical recordó que dicha medida es reclamada por la oposición desde hace dos años, aunque reconoció que “esto no solucionará el problema inflacionario, pero ayudará de manera práctica a la gente”.
Hace unos días la senadora Beatriz Ávila presentó un proyecto para que el Gobierno Nacional emita billetes de mayor denominación ante el índice inflacionario registrado en 2022. Parece que desde el Ejecutivo recogieron la propuesta y estarían dispuestos a llevar a cabo dicha medida, lo cual fue destacado por el senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego).
“¡Era hora! Parece que al gobierno le cayó la ficha de la inflación y van a lanzar billetes de mayor denominación. Algo que desde la oposición venimos reclamando desde hace 2 años”, escribió en su cuenta de Twitter el radical.
En ese sentido, recordó que el 5 de agosto de 2021 presentó un proyecto solicitando la emisión de billetes de 5 y 10 mil pesos que “jamás fue tratado”. En ese sentido, sostuvo: “Esto no solucionará el problema inflacionario, pero ayudará de manera práctica a la gente”.
“Emitir billetes de 5 y 10 mil pesos reducirá costos al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación, evitará el rápido agotamiento de los cajeros automáticos y ocupará menos espacio en toda la cadena de traslado”, explicó Blanco.
Por último, planteó: “Más de dos años tardó el gobierno en entender que aceptar la realidad no es una derrota sino la única forma de comenzar a poder cambiarla”.
Eso expresó la portavoz presidencial en conferencia de prensa este jueves en la que detalló el temario que enviará el Ejecutivo al Congreso para tratar en extraordinarias y bregó para que “la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo este último tiempo".
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó este jueves en su tradicional conferencia de prensa contra JxC y les pidió que “dejen de intentar extorsionar al Gobierno con solo tratar los temas que a ellos les interesa”, luego de detallar los 27 proyectos que enviará el Ejecutivo al Congreso para que sean tratados en extraordinarias, cuya convocatoria será publicada esta noche en el Boletín Oficial.
Según aseguró Cerruti el temario incluye un total de 27 proyectos en el que está incluido pedido de juicio político a la Corte, reforma del máximo tribunal y Consejo de la Magistratura. “El periodo de extraordinarias según la convocatoria se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, precisó.
Sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, que Juntos por el Cambio ya avisó que sus legisladores participarán del debate para bloquear el proyecto, Cerruti sostuvo que espera que "la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo este último tiempo".
"Siempre hay tiempo para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso", planteó y agregó: “Tenemos un extenso temario de 27 proyectos. Temas importantísimos para los argentinos que tienen que ver con el desarrollo productivo, con temas judiciales como la designación del Procurador, la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que la misma Corte ha pedido que se lleven adelante”.
"El temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los debates, de los consensos", lanzó.
Y acusó a la oposición de intentar "extorsionar al Gobierno o a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesa".
“Nosotros no tenemos ninguna duda de que la justicia socaba el Estado de Derecho”, disparó la funcionaria y sumó: “Eso lo comprobamos con la reunión de Lago Escondido que demuestra que la justicia en la Argentina actúa en contra del Estado de Derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico, con funcionarios y para organizar fallos judiciales y luego arman un intento de encubrimiento”.
Y siguió embistiendo contra la justicia: “Además por el fallo del Consejo de la Magistratura en la cual se autoproclamó presidente del Consejo el actual presidente de la Corte o por el fallo que hay con respecto a la Ciudad de Buenos Aires donde avanzaron sobre el resto de las provincias”.
“En Argentina hace falta una reforma judicial y por eso estamos enviando, y esperamos que la oposición lo tenga en cuenta, muchos proyectos como la designación del Procurador, como la ley del Consejo, como la designación de jueces, que tiene que ser tratado lo antes posible para”, remarcó.
El diputado del Pro advirtió que el Gobierno Nacional sigue el “modelo de Venezuela que es el de generar siempre un conflicto, dividir a la sociedad”.
El diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara baja, el mendocino Omar De Marchi (Pro), sostuvo que “el presidente ha perdido la brújula al llevarnos a discutir un tema que no es prioridad”, al hacer alusión al pedido de juicio político que impulsa el Ejecutivo contra la Corte Suprema.
En diálogo por CNN Radio, el legislador expresó: “No naturalicemos esto que nos pasa en argentina. En un país con 100% de inflación, que rompe los salarios, deshilacha las jubilaciones, esa es la agenda de la argentina que tendría que estar al tope de las prioridades y vemos al presidente pidiendo el juicio político a la Corte”, y planteó: “El presidente ha perdido la brújula o lo que hace es llevarnos a discutir un tema que no es prioridad”.
El diputado, sostuvo que “el gobierno está generando una bomba de tiempo en la gente que le va a explotar en la cara en cualquier momento porque la gente no es estúpida. Todo esto que ellos creen que puede ser una picardía para distraer a la sociedad se les viene en contra muy rápidamente. La gente se lo va a hacer saber con su voto”.
“Siguen el modelo del gobierno de Venezuela que es el de generar siempre un conflicto, dividir a la sociedad entre buenos y malos y son un gobierno oscuro”, señaló.
De Marchi, precisó que “van a tener que desempolvar al menos 10 juicios políticos porque hay al menos dos a Cristina Fernández de Kirchner y dos a Santiago Cafiero. Me imagino que van a poner todos arriba de la mesa”.
La iniciativa fue presentada por el diputado Alberto Asseff para dar un mensaje “de que los dos países más grandes de América del Sur están decididos a encontrar los caminos de integración”.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Asseff (Pro), propuso que el Gobierno Nacional invite al reciente reelecto presidente de Brasil, Lula Da Silva, a “visitar la Antártida”.
La iniciativa de Asseff de realizar en el territorio blanco una cumbre tiene como objetivo “dar un mensaje a propios y extraños de que los dos países más grandes de América del Sur están decididos a encontrar los caminos de integración y de apertura al mundo”.
El diputado señaló que “quizás pensando en grande el actual titular de la Casa Rosada en vez de enfrascarse en un juicio político a la Corte, imposible de realizar, se dedique a reforzar dos políticas de Estado como lo son la afirmación de la soberanía antártica y la integración de esta parte sureña de Occidente”.
“El 23 de enero vendrá a Buenos Aires el presidente Lula. Ojalá puedan ajustar la agenda y realizar este viaje a la Antártida”, bregó. El brasileño inició este domingo su tercer mandato al frente del país más grande de Sudamérica.
El diputado Alejandro Finocchiaro acusó al Gobierno nacional de recortar 5 mil millones de pesos del área de salud y de incrementar “los recursos destinados al Instituto de las Madres de Plaza de Mayo”.
El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro) denunció que el Gobierno nacional en una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Economía, Sergio Massa, recortaron fondos del área de salud y alertó que “eso es menor calidad de vida para los argentinos”.
“Como siempre, cuando se trata del presupuesto, el Gobierno Nacional miente. Hace votar en el Congreso un presupuesto que tiene cantidades extraordinarias de dinero se supone para ampliar derechos, pero después cuando tiene efectivamente que gastar, ajusta. ¿Y dónde ajusta? Donde más duele”, relató el diputado bonaerense en un video que publicó en Twitter.
En ese sentido, denunció: “El gobierno de los Fernández vuelve a demostrar que tiene un presupuesto para la tribuna y otro real. Juan Manzur, Wado de Pedro y Sergio Massa acaban de recortar 5 mil millones de pesos en partidas del Ministerio de Salud y en transferencias a las provincias vinculados a la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles”.
“Entre muchas otras, algunas de ellas son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades neurológicas, dolencias asociadas directamente a la calidad y a la expectativa de vida de la población. Eso es menor calidad de vida para los argentinos”, precisó Finocchiaro.
Y apuntó: “Esta reducción de derechos, este nuevo ajuste a la salud de los argentinos nos deja a contramano de lo que está haciendo el mundo. En la misma decisión administrativa se incrementan los recursos destinados al Instituto de las Madres de Plaza de Mayo”.
Fue a través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, en la que también recusó a los cuatro supremos. Argumentaron que la Ciudad es una “jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior”.
El Gobierno Nacional realizó este martes una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95 por ciento.
A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
"A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.
También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.
El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (...) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.
Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa”, y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.
"El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno nacional.
Y aseveró que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”.
"Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”, insistió.
Las presentaciones formalizadas habían sido anunciadas este lunes por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
"Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados este lunes.
La medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016. El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.
El proyecto plantea como uno de los objetivos de la Comisión “determinar si durante el período bajo análisis el Gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.
En medio del conflicto por el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación, pero que desde el Ejecutivo quieren pagar con bonos, diputados del Pro presentaron un proyecto para crear una Comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales coparticipables que efectuó el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre de 2019.
La iniciativa parlamentaria surge en el marco del conflicto de poderes desatado por el Gobierno nacional que “se resiste a cumplir con la normativa vigente vulnerando el federalismo en detrimento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El objetivo principal de la Comisión es “investigar y analizar el marco jurídico vigente en materia de percepción, administración y distribución de recursos coparticipables entre la Nación las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, así como la gestión, desempeño y cumplimiento de este marco jurídico por parte de los funcionarios enumerados en el artículo 53 de la Constitución Nacional, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la actualidad”.
También busca “determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.
Asimismo, la propuesta republicana plantea, en caso de ser necesario, realizar modificaciones en materia de coparticipación y recuerda que “la Corte Suprema recientemente ha resuelto que existe suficiente verosimilitud en el planteo según el cual el decreto 735/2020 y la ley 27.606 son contradictorios a la Constitución Nacional”.
La Comisión investigadora estaría integrada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías. El presidente correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República.
Entre las facultades, plantea que podrá recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; requerir y recibir declaraciones informativas o testificales; remitir oficios, solicitar informes, ordenar peritajes o requerir documentación, sobre los hechos que sean objeto de investigación; denunciar ante la justicia cualquier intento de entorpecimiento, obstrucción, demora, ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación.
El proyecto lleva las firmas de Cristian Ritondo, Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.
6821-D-2022-proyectoEl Gobierno Nacional decretaría feriado nacional este martes para que el pueblo pueda recibir en el Obelisco a la Selección Argentina tras ganar el Mundial de Qatar. Dicha decisión cayó mal en el arco opositor.
El Gobierno Nacional decretó feriado nacional para este martes 20 a través de un DNU, con el fin de que la gente pueda participar de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección Argentina en Qatar.
Sin embargo, dicha decisión cayó mal en el arco opositor y los legisladores y lo hicieron notar a través de las redes. Uno de ellos fue el titular del interbloque de JxC en el Senado, el radical Alfredo Cornejo: “Todos estamos felices por el triunfo de la Selección Argentina. Ahora bien, no era necesario someter a todo el país con un feriado nacional a paralizar la producción y la educación, por un festejo que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires”.
“Como se consiguió el campeonato mundial de fútbol? Trabajando”, remarcó el diputado del Pro Alberto Asseff y comparó: “¿Cómo propone el(des)gobierno celebrarlo? No trabajando (decretando un feriado de país de quinta)”, y señaló: “Corregir este tipo de actitudes es también CAMBIO”. En otro tuit agregó: “Lo cierto es q este populismo ha destruido la cultura del trabajo y por ello refirmo el sentido de mi mensaje”.
El entrerriano Pedro Galimberti sostuvo: “La Selección @Argentina trabajó duro para darnos la tercera copa mundial de Fútbol. Contra esos valores @alferdez y el @FrenteDeTodos paralizan el país con un feriado innecesario. El trabajo y el esfuerzo se homenajean con más esfuerzo y más trabajo. Basta de demagogia populista”.
A su vez, el diputado de la CC-ARI Rubén Manzi planteó: “Lunes, asueto administrativo; martes, feriado nacional; viernes, asueto.... @alferdez, @RaulJalil_ok, no se les está yendo la mano? La Argentina necesita trabajar para salir adelante”, y manifestó: “Todo lo que nos enseñó la selección (esfuerzo, humildad, trabajo) es lo que ustedes desalientan”.
Por su parte, la diputada Sabrina Ajmechet lanzó: “El gobierno nos somete constantemente a vivir en una locura. No sabemos si mañana es feriado o no. Circula un decreto que es fake y los ciudadanos no sabemos cómo organizar nuestro día de mañana. Este nivel de improvisación y de maltrato no se soporta, arruinan hasta lo más feliz”.
El neuquino Francisco Sánchez (Pro) opinó: “Argentina tiene que aprender del ejemplo de trabajo, esfuerzo, productividad de la selección de Messi, Scaloni y compañía. Un asueto es contrario a esos valores, es solo un acto de populismo desesperado”.
“Feriado nacional por la llegada de la selección y llaman este miércoles a sesión de Diputados con 48hs de anticipación para tratar 21 proyectos de ley, ninguno prioritario para la gente. Peronia”, lanzó el liberal José Luis Espert.
“Declarar feriado para recibir a la Selección es no entender el ejemplo que nos dieron, no valorar el esfuerzo, el trabajo y la superación, volver a cargar las espaldas sobre el que emprende y no lo tenía previsto. Y además 0 federal: solo los que viven en Bs As podrán asistir”, rechazó por su parte la diputada del Pro Germana Figueroa Casas.
El senador entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) criticó señalando que “este gobierno centralista declara FERIADO NACIONAL cuando los festejos ocurren en la Capital Federal y parte del conurbano. La improvisación de este gobierno atenta contra las pymes y la producción. BASTA!”, mientras que el radical formoseño Ricardo Buryaile se dirigió al mandatario: “Presidente Alberto Fernández, ¿qué sentido tiene este feriado nacional? ¿Los jornales de mañana se pagan al 100%? Se nota que nunca pagó uno. ¿Cree usted que los que viven en el interior van a venir al Obelisco a festejar? Basta de #Populismo”.
“El Gobierno no entiende el mensaje que la seleccion nos enseñó. Feriado Nacional. Esto también es uso político de un logro deportivo. Obviamente, estamos felices por el tricampeonato pero ¿Era necesario un feriado nacional?”, se preguntó la diputada Graciela Ocaña, para rematar luego: “Hace más de 10 años que la Argentina no crece”.
Un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina reveló que la pobreza subió al 43,1%.
Mientras organizaciones sociales amenazan con un acampe en la Avenida 9 de Julio en reclamo del pago de los planes sociales, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) dio a conocer un informe que reflejó que la pobreza subió al 43,1 %, lo que generó una fuerte reacción de la oposición en redes sociales contra el Gobierno Nacional.
“Según @ODSAUCA en Argentina el 43,1% de las personas son pobres, esto alcanza al 32,7% de los hogares. El cuarto gobierno kirchnerista solo trabaja por lograr la impunidad de los corruptos y se olvidó de la gente completamente. El Frente de Todos multiplica pobres día a día”, disparó el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri.
Por su parte, la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC en la Cámara baja, la macrista Silvia Lospennato (Pro), escribió: “La noticia del día debería ser que la pobreza subió al 43,1%. La UCA decidió difundirlo justo hoy que los medios están ocupados en otra cosa. Por eso usemos las redes para que se sepa”, y lanzó: “El kirchnerismo es pobreza. Háganse cargo”.
“¿Los integrantes de la mesa del hambre no tienen nada para decir el día que muestran que más de 17millones de argentinos son pobres? ¿Eran referentes preocupados por la situación social o militantes kirchneristas? No me respondan, ya respondieron ellos”, expresó la diputada Sabrina Ajmechet (Pro).
El bonaerense Alejandro Finocchiaro sostuvo: “Espantan los datos de la UCA: mayor pobreza estructural, personas con empleo que no alcanzan la canasta básica, falta de acceso al agua potable y servicios sanitarios, basurales. Fracaso de un ‘modelo de inclusión’ que no priorizó el trabajo genuino y ya excluyó 3 generaciones”.
“Brutal el informe de la UCA: en los últimos 10 años la pobreza creció 15 puntos porcentuales. ¡Qué se vayan todos!”, apuntó el legislador porteño de izquierda Gabriel Solano. En otro tuit describió: “La población ocupada tiene una remuneración promedio de $ 79.000. Supera apenas el 50% de la canasta de pobreza. El empobrecimiento de nuestro pueblo adquiere dimensiones intolerables”, y agregó: “El mismo día en que se conoce un informe de la UCA que señala que sin la asistencia del Estado el crecimiento de la pobreza sería aún peor, la ministra Tolosa Paz decide dar de baja más de 20.000 planes sociales”.
Desde Republicanos Unidos, UCR-Evolución y el FIT cuestionaron la merma para el área educativa en el Presupuesto 2023 y advirtieron que “como la educación no es redituable electoralmente, siempre se deja de lado”.
En medio del debate respecto al Presupuesto 2023, los diputados porteños de Republicanos Unidos (RU), UCR-Evolución (UCR-Ev) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) criticaron con dureza al Gobierno Nacional por los recortes en las partidas destinadas a educación y consideraron que “como la educación no es redituable electoralmente, siempre se deja de lado”.
En ese sentido, la radical Manuela Thourte (UCR-Ev) afirmó que “miles de chicos no volvieron a la escuela postpandemia, no aprenden contenidos mínimos. El 60% vive bajo la línea de pobreza” y lanzó: “¿qué hace el Gobierno Nacional? Manda al Congreso un presupuesto con una de las inversiones más bajas en educación de los últimos años. Al final, parece que no era con todos”.
Mientras que la oficialista Marina Kienast (RU) aseveró que “el gasto de un Gobierno habla de sus prioridades. Como la Educación no es redituable electoralmente, siempre se deja de lado: no solo bajan el presupuesto, sino que nadie propone cómo asignarlo de una manera más eficiente”.
En tanto el trotskista Gabriel Solano (FIT) concluyó precisando que es “una vergüenza que un gobierno que se dice nacional y popular recorte el 15% del Presupuesto educativo”.
Cabe recordar que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, también se metió en la polémica, al opinar que “la educación no puede ser la variable de ajuste del Gobierno Nacional. Después de postergarla por dos años, ahora bajan drásticamente el presupuesto”.
“Al mismo tiempo, en la Ciudad sube la inversión educativa, con un presupuesto equilibrado que hace foco en la obra pública y la seguridad, sin generar nuevos impuestos”, sentenció.
El senador cordobés se refirió a la demanda que presentará el presidente de la Nación contra un participante del reality “Gran Hermano” que fue anunciado por la vocera presidencial y expresó: “Jamás vi tanta mediocridad ni berreteada".
El senador nacional Luis Juez (Pro - Córdoba) se metió de lleno en la acusación contra el participante de Gran Hermano "El Alfa" de parte del Gobierno nacional que anunció la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y disparó: " La política está en Gran Hermano, discutiendo boludeces”.
En una entrevista con María Laura Santillán en CNN Radio, el dirigente planteó: "Jamás vi tanta mediocridad ni berreteada". "La política está en Gran Hermano, discutiendo boludeces”, criticó y sostuvo: “Alfa no va a conseguir más fama que la que le regaló Gabriela Cerruti”. A su vez ironizó: “Estamos todos nominados a abandonar la casa".
Además, aprovechó para apuntar contra el Gobierno nacional: "Este país es absolutamente inviable, así como está". "¿Para qué van a hacer un esfuerzo la gente?", se preguntó y remarcó que "la gente está desconectada de los políticos, y eso es bueno".
Como salida de esta situación planteó las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo el año que viene: "Tenemos una oportunidad después de 24 años de populismo berreta. Ojalá la mesura nos llegue y podamos ser una alternativa seria para la gente”.
En otro momento de la entrevista, el cordobés dejó definiciones políticas respecto al conflicto interno que atraviesa la coalición opositora: "Estoy enojado con nuestras propias vanidades que no nos permiten enfocarnos en los temas".
En ese sentido, aclaró que no va a "contribuir al desasosiego personalizando disputas", y analizó: "Hay que aprender de los errores. Si no podemos juntarnos los que tenemos los mismos valores no nos merecemos gobernar".
"No puede ser más importante la disputa que la posibilidad de acordar", dijo en un tono conciliador en un momento donde la coalición opositora debate internamente si debe o no abrirse.
El texto leído en el marco de la celebración por el 17 de octubre también exige una reforma judicial, una nueva Corte Suprema, reflotar la Ley de Medios y derogar la Ley de Entidades Financieras.
“Unidad nacional por la soberanía con justicia social”, así se titula el documento leído en la apertura del acto de celebración del Día de la Lealtad Peronista que se llevó a cabo este lunes en Plaza de Mayo -uno de los cuatro escenarios donde se conmemoró la fecha con un peronismo dividido- organizado por La Cámpora y los sectores sindicales alineados al kirchnerismo.
Entre los puntos principales del documento, se reclama una nueva Constitución, una reforma judicial, otra Corte, reflotar la Ley de Medios y derogar las Entidades Financieras.
"La unidad nacional solo será duradera en el tiempo si se construye con el pueblo como protagonista a través de sus organizaciones y deberá asentarse esencialmente en la búsqueda del bien común por el camino de la paz hacia la conquista plena de la Justicia Social.
La Justicia Social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra Soberanía, arrebatada desde hace tiempo por un poder fáctico corporativo que opera por encima del sistema democrático burlando la voluntad popular y frustrando sus legítimas aspiraciones.
Está claro que ese poder actúa con violencia para impedir que podamos ejercer nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y lo hace para preservar sus privilegios a través del control de sectores básicos de la economía, especulando y extorsionando desde adentro y desde afuera de nuestro territorio, utilizando el endeudamiento externo con el FMI como arma de disciplinamiento del Imperio en complicidad con grupos económicos locales, los medios monopólicos de comunicación como instrumento de manipulación de la opinión pública y el Partido Judicial como herramienta de persecución y proscripción necesaria para neutralizar las demandas populares y para sacar del escenario político a aquellos referentes que el pueblo considera que mejor interpretan sus anhelos.
La masiva y pacífica movilización popular en rechazo a la persecución de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en repudio al intento de magnicidio, ha demostrado que la violencia en todas sus expresiones no tiene destino, muy por el contrario, nos ofrece la oportunidad clara de consolidar el camino de la unidad nacional.
En ese sentido nos planteamos como objetivos imprescindibles a alcanzar en nuestra unidad en la acción lo siguiente:
El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías, o volver a quedar en manos de quienes impusieron un quebranto a la Nación, negaron nuestros derechos y destruyeron el entramado productivo.
Es hora pues, de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales y políticas, los pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales, el cooperativismo y todos los sectores que están identificados en los hechos con el interés nacional, dotados de la solidaridad imprescindible para la vida en comunidad, representativos de la inmensa mayoría de nuestro Pueblo, reemprendamos el camino para recuperar nuestro derecho a la autodeterminación, a nuestra Independencia Real, sin la que no hay Nación, Democracia, ni Justicia Social".
El titular del PJ bonaerense estuvo presente en el acto de Plaza de Mayo en celebración por el Día de la Lealtad peronista. En su discurso fulminó a la oposición, criticó a las cerealeras y a los medios, y le hizo varios reclamos al Gobierno nacional: “Los trabajadores también necesitan una suma fija que los saquen del ahogo a los que están sometidos”.
A diferencia de otros años, la coalición oficialista no logró unificarse en un solo evento para celebrar el Día de la Lealtad Peronista este 17 de octubre, motivo por el que las distintas facciones del peronismo realizaron cada cual por su cuenta un acto. Uno de ellos fue encabezado en Plaza de Mayo por “La Cámpora” y los sectores sindicales más cercanos a la vicepresidenta de la Nación tales como el frente de gremios enrolado con Pablo Moyano, la corriente sindical del bancario Sergio Palazzo y las dos CTA que responden a Hugo Yasky y Hugo "Cachorro" Godoy.
Sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, la palabra esperada era la del titular del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, cuyo discurso profundizó aún más la grieta interna del bloque, ya que volvió a criticar la renegociación de la deuda externa que hizo el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional y desmintió que “el tema esté solucionado”.
También dedicó parte de su ponencia en cuestionar la gestión anterior que “no tenían un plan de gobierno”, “destrozaron el Estado” y dejaron una deuda “impagable”. En suma, criticó a las cerealeras y a los medios de comunicación. Tampoco se olvidó de responderle a la CGT.
“Feliz día de la lealtad a cada compañero peronista y para cada argentino que ama esta patria”, comenzó su alocución el titular del PJ bonaerense desde una Plaza de Mayo repleta de militantes con banderas y bombos. En esa línea, en ausencia de la vicepresidenta de la Nación, Máximo les acercó el “saludo y el abrazo de la compañera Cristina”.
El referente de la Cámpora recordó que “hace 6 años me tocaba hablar en esta Plaza en la marcha de la resistencia de las madres allá por abril -mayo del 2016. Ese día fue muy clara la postura y lo que dijimos sobre las políticas que se iban a desarrollar en nuestro país y en la oscuridad que se avecinaba para una sociedad que, entre el 2003 y 2015, había entendido que el sacrificio había tenido un sentido y que era que lentamente mejoraban sus condiciones de vida”.
Y siguió: “Claramente ese día que no había un plan de gobierno, que Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno, sino lo que se iba a llevar adelante era un verdadero plan de negocio, donde lo que menos contaba era la educación de los ciudadanos, la salud, la seguridad”.
“Destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir”, disparó y sostuvo que “muchas veces se dice que fue Néstor el que canceló la deuda con el FMI y la verdad es que la cancelaron a esa deuda los 45 millones de argentinos que, aún con necesidades, trabajaban para pagar sus impuestos y sacar al país adelante consciente de que la independencia económica es la que permite el diseño de políticas públicas que tengan que ver con la realidad del día a día que se vive en Argentina y no en oficinas que están muy lejos de nuestra patria”.
En esa línea, reiteró: “Ese daño, ese retroceso que muchos denunciamos antes de las elecciones que se produciría si ganaba Macri, finalmente y lamentablemente, sobre todo sucedió en nuestro país”.
A su vez, destacó que “son los trabajadores ya sean formales, de las economías populares o de los que ayudan todos los días, los que siempre han puesto el hombro”, y recordó que durante la pandemia que “se abalanzó sobre el mundo y la Argentina, nuestro país sin crédito, endeudado hasta la cabeza”, esos trabajadores que “arriesgaron su vida muchas veces dieron una gran mano mientras otros hacían zoom para ver qué hacían con la Argentina y son los mismos trabajadores los que aceptaron durante la pandemia un descuento en el salario entendiendo que al no asistir a sus lugares de trabajo era la mejor manera de colaborar con la Patria”.
“Esos trabajadores que dan su vida, que aceptaban durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlos”, reclamó Máximo K. y destacó que “entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre del 2015 todos los días era peldaño por peldaño para salir del infierno. Cada cosa que se hizo siempre fue teniendo en cuenta que en el centro de la acción del Estado y de las políticas públicas debe estar el ser humano para así poder desarrollar un país, sueños, anhelos que tiene la sociedad ante esas demandas”.
En un párrafo aparte, lanzó críticas a los productores cerealeros: “Las grandes cerealeras de la Argentina lejos del ejemplo de los trabajadores que en la pandemia aceptaron ganar menos, las cerealeras cuando tenían que ayudar a la Argentina hubo que hacerles un precio especial porque sino no liquidaban los granos”.
Retomando el tema de la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y otros 60 mil millones de dólares con los acreedores privados, preguntó: “¿Ustedes vieron esa deuda en sus barrios? ¿vieron mejores hospitales, mejores escuelas? ¿más patrulleros?”, y respondió entre gritos: “Nada, lo que hubo fue nada. Nos han dejado una cuenta que es impagable de la manera en que está organizada”.
En ese sentido, recordó su renuncia como presidente del bloque Frente de Todos en Diputados y chicaneó: “Acá muchos hablan de me voy o me quedo, pero cuando hay que poner las condiciones nadie realmente lo hace”.
“Entendí que la palabra empeñada, que la historia nuestra de desendeudamiento que habíamos llevado durante años debía ser respetada. Ahora digo porque por ahí uno escucha algunas personas diciendo que el tema de la deuda esta solucionada, no está solucionado”, disparó.
En suma, precisó que “la curva de vencimientos que tiene el país, para cualquier candidato que aspire a ser presidente y gobernador es un verdadero problema. Pero cuando se planteaban estas grandes negociaciones nos decían ‘no importa, habrá que renegociar de vuelta’. Así nunca podremos planificar el país que deseamos y si el Estado nacional no puede planificar, menos van a poder planificar las familias argentinas”.
“La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas, de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos”, reclamó Máximo.
A continuación, lanzó críticas a los medios de comunicación que “siempre condenan a los compañeros”, y expresó: “Estoy feliz de ver esta plaza de compañeros, de verlos sin guillotina, sin orcas, sin antorchas, sino con sus banderas, remeras, con la frente en alto dignos, sobre todo”. “Sin odio, con amor, con dignidad y fortaleza porque la denigración al que el poder mediático y económico somete a quien no piensa o muestra la docilidad de sus intereses, es la práctica que venimos viendo”, ponderó.
Tampoco se olvidó de contestarle a la CGT quien más temprano anunció el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista y le reclamó al Gobierno “poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”, de cara a las elecciones 2023.
“Creo que de cara a lo que viene, de lo que necesitamos como país, los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados y senadores”, apuntó y planteó entre gritos: “Con la situación en la que está nuestro país juntarse para pedir una banca y después cuando tienen la banca el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen este es el problema”.
Además, dejó un reclamo salarial al Gobierno para los trabajadores: “También necesitan una suma fija que los saquen del ahogo a los que esta sometida su familia”.
Al cierre de su discurso, el diputado oficialista manifestó: “Esta plaza demuestra que podemos salir adelante y que podemos ofrecer a la sociedad argentina un 2023 un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga, la proteja y promueva, porque del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones la laboral, la impositiva y la ambiental”.
“Estos tres ejes son el punto de gran negociación que el poder económico y financiero quiere sobre el país porque sabe de la necesidad que tiene la banca y el Estado Nacional para afrontar las deudas contraídas por el expresidente Mauricio Macri, que puso de rodillas al país para que no pueda cuidar de sus recursos naturales como el litio”, acusó.
Por último, tildó a Macri de “maleducado” porque “dice que la sociedad argentina es una sociedad fracasada”. “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias y de lo que la hora demandada. Maleducado alguien que lo ha tenido todo en la vida por qué tratar así a su pueblo que confió en él”, cerró.
El senador racial Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno que “arbitre los medios necesarios” para “la pronta” reparación de los escáneres del puesto fronterizo de San Sebastián y del aeropuerto de la ciudad de Ushuaia.
El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios a fin de proceder a “la pronta” reparación de los escáneres del puesto fronterizo de San Sebastián y del aeropuerto de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Entre los fundamentos, Blanco advierte que “el narcotráfico se ha transformado en un flagelo que permea todos los estamentos de la sociedad corrompiéndola y transformando los territorios donde se asienta”, y que su provincia “no se encuentra exenta” de eso, ya que “su ubicación geográfica la convierte en territorio cuya posición es estratégica”.
“Es importante investigar a fondo todo lo que tenga que ver con la droga en la provincia y para ello es fundamental la prevención. Tenemos que saber de dónde y cómo viene, quiénes la distribuyen y comercializan”, argumenta en la iniciativa el radical.
PD-Solicitando-la-reparacion-de-los-escaneres-de-TDFFue durante un acto en Obras Sanitarias en celebración por el 17 de octubre. Los dirigentes anunciaron el lanzamiento de su propio espacio político y sindical exigiendo al Gobierno nacional lugares en las listas electorales.
La coalición oficialista no logró unificarse en un sólo acto para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista, motivo por el que la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este lunes uno de los eventos en el estadio Obras Sanitarias en el cual anunciaron el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista y le reclamaron al Gobierno nacional: “Queremos poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”.
Fue Gerardo Martínez, secretario general en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien exigió que el sindicalismo tenga lugares en las boletas electorales del 2023 y que no los dejen afuera de las mesas de negociación: “Queremos poner concejales, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales”.
“Decidimos crear un espacio político para estar presentes en los debates que necesita la Argentina”, enfatizó Héctor Daer, codirector de la CGT y secretario general de Sanidad y protestó: “Se nos dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada en los lugares en los que se define la política”.
Con dicho movimiento, la central obrera apunta a disputar espacios de poder y lugares en las listas electorales de cara a las elecciones de 2023. “Ambicionamos estar en la mesa de decisiones, no nos pueden dejar al margen. Está claro, queremos cargos. Pero no queremos más cargos a dedo", apuntó Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y líder del gremio Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN).
Según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo la inflación de septiembre fue 6,2% y acumula un 83% en los últimos doce meses. Legisladores del arco opositor remarcaron la “falta de un plan económico”.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes que la inflación del mes de septiembre fue de 6,2% y la acumulada interanual trepó al 83%, lo que despertó una ola de críticas por parte del arco político opositor hacia el Gobierno nacional y remarcaron la falta de un plan económico.
Uno de ellos fue el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien cuestionó: “Para poder ‘bajar’ la inflación del 7% al 6,2% el Gobierno suspendió el aumento de las tarifas y emitió en un mes un billón doscientos mil millones de pesos para pagar el ‘dólar soja’”, y expresó: “Alargan la mecha y le ponen más pólvora a la bomba que armaron para que le explote a otro”.
“El peor gobierno de la historia aplica otro golpe al bolsillo de los argentinos”, calificó el vicepresidente primero de la Cámara baja, el diputado del Pro Omar de Marchi, y enumeró: “La Argentina del dólar Soja, del dólar Catar, del dólar Coldplay”, advirtiendo que “se dirige descontrolada a los tres dígitos para la inflación interanual en 2022”.
El presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, relató: “Primero fue el Plan Guzmán, luego el Plan Platita, después el Plan Massa, pero la inflación en 6,2% en septiembre, una vez más”, y chicaneó: “En unos días largan el Plan Messi, que llegue el mundial, que nos vaya bien y tirar hasta el verano. Sin gestión y sin horizonte”.
“83% de inflación interanual, pero seguimos haciendo de cuenta que no pasara nada y actuando como si el peso fuera una moneda con algún valor. Hora de reaccionar frente a esta altísima inflación, entre los peores países del mundo, y de estabilizar los precios”, criticó el diputado radical Alejandro Cacace (San Luis).
En el mismo sentido se expresó la diputada entrerriana Gabriela Lena (UCR): “6,2% de inflación: menos salarios, menos jubilaciones, más pobreza. Ya es la inflación de Massa, el que según se dijo vino a salvarnos del desastre”.
“Los precios corren al 105% de velocidad anualizada y los Alimentos y bebidas al 117%. Argentina necesita una reforma monetaria radical; una convertibilidad con Brasil que derrumbe a la inflación”, advirtió el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical).
Por el Frente de Izquierda se manifestó Nicolás Del Caño quien apuntó: “En marzo decían que el plan de "estabilización" era el acuerdo con el fondo. Duplicó la inflación prevista en pocos meses. Ahora, después de este nuevo zarpazo al bolsillo, el plan de Massa es congelar salarios para ‘estabilizar’ la economía”.
También se sumó a las críticas el diputado bonaerense Florencio Randazzo: “Por más humo que vendan, la única verdad es la realidad. 83% de inflación interanual. Entre este gobierno y el anterior han pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores... Ojalá tengamos memoria a la hora de votar”.
Lisandro Nieri, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, señaló: “Nuevos datos de inflación y sigue el efecto de la emisión descontrolada. Esta clarísimo que no es la guerra ni la absurda cuarentena. Esto es y seguirá siendo producto de la política económica de Alberto y Cristina”.
Karina Banfi, vicepresidenta del bloque radical, remarcó que “el aumento de ropa, calzado y alimentos ya acumula en un tres dígitos anual. Sin rumbo. Necesitamos un plan para tener certidumbre. Seguimos esperando, seguimos demandándolo. #ElPeorGobiernoDeLaHistoria”.
6,2 % de inflación en el mes de septiembre. El aumento de ropa, calzado y alimentos ya acumula en un tres dígitos anual!! Sin rumbo. Necesitamos un plan para tener certidumbre. Seguimos esperando, seguimos demandándolo. #ElPeorGobiernoDeLaHistoria
— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) October 14, 2022
El diputado formoseño se manifestó sobre las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, que, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, dio origen al “dólar soja”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) compartió a través de sus redes sociales un documento elaborado junto a la Mesa Agropecuaria de la Fundación Alem en el que cuestionan las medidas establecidas del Gobierno Nacional que dio origen al “dólar soja”, y aseguró que “falta un programa económico y sobra improvisación”.
“Es una medida más que, además de ser aislada y no está contenida en un plan económico, tiene características negativas, ya que su discrecionalidad es compulsiva, tiene aspectos extorsivos y su plazo es cortísimo, lo cual constituye un combo que puede tener graves consecuencias”, mencionaron en el comunicado.
Otra de las críticas que elaboraron, es el carácter “cortoplacista” de la norma, “nadie puede arriesgar a pensar escenarios posibles para el día después respecto a los beneficios posibles. Y lo peor, sobre en las consecuencias negativas no mensuradas al momento de la sanción de la medida”, aclararon.
En ese contexto, afirmaron: “Todo parece indicar que se convalida que el ministro de Economía defina un precio según necesidades de caja o posición de reservas y los plazos por los cuales se interviene en el principal mercado aportante de divisas del país”. Además, agregaron: “Hoy lo hace sobre el complejo sojero y próximamente no sabemos a qué sector económico intervendrá. No desconocemos que circunstancialmente beneficia a algunos actores, pero es necesario advertir que también perjudica a muchos otros, por ejemplo, a quienes vendieron su soja durante estos últimos meses”.
“A través de esta medida el Gobierno genera un tipo más de cambio diferencial para un sector específico, pero no tiene en consideración al resto de las actividades económicas propias del sector agroindustrial ni a los otros sectores de la economía argentina”, criticaron y sentenciaron: “Atenta contra cualquier sistema de incentivo productivo y es posible que esto genere aún más distorsión en los precios relativos de productos e insumos”.
Los precios al consumidor subieron 7,4% en julio siendo el índice de inflación mensual más alto de los últimos 20 años. Desde el arco opositor cuestionaron al Gobierno: “Para el presidente la economía se está recuperando”.
Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó desde Chaco: “El tiempo me dio la razón, la economía se podía recuperar”, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer los datos de la inflación de julio: 7,4% siendo el índice de inflación mensual más alto de los últimos 20 años, tras lo cual desde la oposición le exigieron al Gobierno que “dejen de emitir y sáquenle la pata de encima a los que producen”.
“El índice de inflación mensual más alto de los últimos 20 años. Para el presidente, estas son las señales de que la economía se está recuperando. ¡Dios mío!”, escribió la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.
En el mismo sentido se pronunció el jefe del bloque UCR de Diputados, Mario Negri, quien expresó: “7,4% mensual, la inflación más alta de los últimos 20 años. Argentina es el país con la mayor inflación de Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. El gobierno dice que está bajando la pobreza y creciendo la economía. Mienten con impudicia y cinismo”.
“Otro triste récord para el gobierno de Alberto, Cristina y Massa. La inflación más alta en 20 años: 7,4 por ciento en julio. Este gobierno es una fábrica de pobreza”, lamentó Negri y exigió: “¡Dejen de emitir y sáquenle la pata de encima a los que producen!”.
También tuiteó la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi: “La inflación de julio fue de 7,4%. El valor más alto de la región. Sí, estamos peor que Venezuela (5,3%) y a años luz de Brasil que tiene deflación (-0,68%). El gobierno tiene que dejar de echar culpas -primero la pandemia, después la guerra- y presentar un plan de gobierno”.
"Estados Unidos tuvo inflación 0. En Brasil los precios bajaron 0,5% por la baja del petróleo. Ucrania tuvo 3%. Mientras que acá la inflación de este mes fue de 7.4%. Se ve que la guerra solo afecta a Argentina", comparó el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo.
El titular del interbloque de JxC en el Senado, el radical Alfredo Cornejo (Mendoza), sostuvo: “El día que la inflación alcanza el dato más alto desde 2002, el presidente @alferdez dice incoherencias. No hay vuelta atrás, se les agotó el relato”.
El senador radical Martín Lousteau aseguró: “7,4% de inflación en julio. El kirchnerismo alcanza un nuevo récord: la inflación mensual más alta de los últimos 20 años y el peor incremento interanual (71%) de los últimos 30”.
“Las malas decisiones hacen récord histórico: 7,4% la #inflación de julio. Entre los juegos de poder, sus internas y la persecución a la justicia, la inflación mensual alcanzó el valor más alto en los últimos 20 años”, indicó la diputada cordobesa Soledad Carrizo. Su par Gabriela Lena (Entre Ríos) señaló que “la inflación acumula en doce meses 71%. Eso es más pobreza, salarios y jubilaciones devaluadas. La prioridad de todo el gobierno debe ser solucionar este grave problema que afecta el sustento de los argentinos”.
El diputado del Pro Waldo Wolff comparó: “El mismo día en que la Argentina registra su mayor número de inflación en 20 años, el presidente @alferdez viaja al Chaco para contarnos que estamos creciendo. Hay que tener la cara de piedra para burlarse de una sociedad abatida, en donde ya no le alcanza ni al que labura”.
“La inflación más alta de los últimos 20 años #ElPeorGobiernoDeLaHistoria”, expresó de forma breve la secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato (Pro). “La inflación de Julio evaporó el aumento de los jubilados que anunciaron con bombos y platillos. Y todavía falta agosto. Una vez más los que trabajan y han trabajado pierden. El peor impuesto es el inflacionario”, manifestó la diputada Graciela Ocaña (Pro).
Además, el legislador Fernando Iglesias recordó que “hoy se cumplen 3 años de las PASO 2019. Dos días antes, el PBI crecía al 2,1% mensual (industria +3,6%-construcción +2,8%-energía +4,7%) la inflación era del 2,2 % mensual, el riesgo país era 871 pb, las reservas eran de us$64.278 millones y el dólar valía 46 pesos. ¡Viva Perón!”.
Desde el bloque Encuentro Federal se manifestó el diputado Emilio Monzó: “El Gobierno insiste con que la economía se recupera, pero el único dato que crece es el de la inflación mensual, hoy el más alto de los últimos 20 años. Y con la inflación aumenta la pobreza. El cambio de rumbo debe ser con hechos y resultados concretos, no con discursos vacíos”.
¿Te acordás cuando los heterodoxos se reían porque le decíamos que tanta emisión haría volar la inflación? Es más, llegaron a decir que emitir la bajaba. Heterodoxos, estructuralistas, hijos de Keynes y zurderío de todos los pelajes conozcan los rezagos de la política monetaria”, disparó el liberal Javier Milei.
El representante de su bloque en la Legislatura porteña Ramiro Marra sostuvo: “7,4% la inflación de julio, la suba más alta de los últimos 20 años y, a nivel interanual, la más alta desde 1992. Tenemos que retroceder a la peor crisis financiera de la historia del país para ver algo igual, así de grave es el Kirchnerismo, reventaron la economía”.
Por el lado del Frente de Izquierda se pronunció el legislador porteño Gabriel Solano quien calificó la inflación como un “massazo contra los trabajadores”.
Además, se refirió al comunicado que lanzó el Frente Patria Grande sobre una posible salida del bloque FdT: “No nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones”. También sostuvo que el juicio a CFK es una “persecución judicial que no tiene ni pies ni cabeza”.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, volvió a brindar su conferencia de prensa este jueves por la tarde luego de dos semanas en silencio. En esta ocasión adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de Régimen Especial para las empresas petroleras con el objetivo de brindarles incentivos para que exporten los excedentes.
En otro tramo de su ponencia, fue consultada por el comunicado que emitió el Frente Patria Grande, ya que los tres legisladores que responden al dirigente Juan Grabois advirtieron que podrían irse de la bancada oficialista, en disconformidad con las medidas anunciadas. En ese sentido, Cerruti se distanció y expresó: “No nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones o sectores políticos”.
Por otro lado, sostuvo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, considera que la causa vialidad contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es una “persecución judicial”.
“El presidente tuvo una larga reunión de trabajo junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la cual evaluaron cómo es la situación hoy luego de los cambios que se dieron y las medidas que se anunciaron. Avanzaron en la hoja de ruta y en la implementación de esas medidas”, contó Cerruti y sumó: “Lo primero que evaluaron es que recuperamos una sensación de estabilidad y habría pasado ese momento virulento, de especulación que vivimos en las últimas semanas y se está tranquilizando y normalizando como en el caso del dólar CCL con una pronunciada baja”.
En ese contexto, adelantó: “Le trajo para la firma, que van a firmar junto con el jefe de Gabinete, el proyecto que establece un Régimen Especial para las exportaciones de petróleo, el excedente de petróleo, a partir del 1 de enero del 2023. Luego se darán a conocer los detalles del decreto y los beneficios incentivos que se les dan a las empresas que puedan exportar el excedente de petróleo y que por lo pronto traigan mayores inversiones”.
Al ser consultada si en la reunión entre el presidente y el flamante ministro de Economía tuvieron en cuenta la evaluación que hace la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el recorte anunciado, el déficit y el congelamiento de empleados, respondió tajante con un “no”.
Respecto de la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario, a los que el presidente tildó de “sectores especuladores que esperan una devaluación”, Cerruti ratificó los dichos del jefe de Estado: “Los sectores especuladores que especulaban una devaluación quedó claro, clarísimo en las últimas semanas que existían, porque si no los movimientos no hubiesen tenido la fluctuación que tuvieron y que muchas veces dijimos que no obedecían a una situación real de la macro economía sino a diferentes pujas y situaciones de especulación”.
Por otro lado, le preguntaron sobre el comunicado emitido por diputados que responden al dirigente piquetero Juan Gabrois y la amenaza de irse del bloque oficialista por “los recortes anunciados por parte del ministro”, por lo cual Cerruti aclaró que “el ministro nunca hablo de recortes, habló de lo mismo que venimos hablando y que está llevando el ministro Juan Zabaleta desde hace muchos meses ya, que tiene que ver con vincular los planes sociales con el trabajo, que sean un proceso hacia el trabajo, que haya capacitación, que tengan un tiempo de durabilidad. El ministro Zabaleta ya había hecho un convenio con las universidades para auditar los planes sociales que efectivamente lo tengan quienes lo necesitan, que cumplan con las contraprestaciones que tiene que cumplir”, y lanzó: “No nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones o sectores políticos”.
“El Gobierno tiene políticas de conversación activas con todos los sectores y todas estas discusiones están en el Parlamento. El lugar para llegar a los consensos es ahí en donde se expresan las mayorías y minorías en la política”, remarcó la portavoz.
Por último, fue consultada por la opinión respecto del presidente sobre la causa vialidad en la que está imputada la vicepresidenta: “Es una muestra de clara persecución judicial que no tiene ni pies ni cabeza, es un disparate judicial”.
En medio de los rumores que hacen al presidente de Diputados dentro del Gabinete, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado criticó duramente al Gobierno.
En medio de los fuertes rumores sobre la incorporación de Sergio Massa al Gabinete nacional, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, criticó duramente al Gobierno y expresó: "Son increíbles".
“Tres semanas duró o duraría -si esta película de ficción convertida en realidad sigue su curso- la ministra de Economía (Silvina Batakis). El rumor de su reemplazo surgió cuando ella estaba volviendo de reunirse con el FMI, que ya deben estar pensando que esto es un chiste de mal gusto”, fustigó el mendocino.
Y agregó: "Ahora resulta que el salvador sería Massa, el mismo que llegó último en la conformación del Frente de Todos y al que incorporaron a último momento al frente oficialista. Al que todo el kirchnerismo tilda como el primer traidor". "Para ellos toda esta locura es muy normal”, cuestionó.
Para el legislador, en el Frente de Todos "son oficialistas y oposición. Cambian ministros como si fuesen fichas". "Si lo de Batakis termina siendo real, sería la segunda funcionaria que echan en un viaje, no estando presente”, continuó.
El radical consideró que "el presidente (Alberto Fernández) es testimonial y a la vice (Cristina Kirchner) lo único que le importa es su impunidad. En el medio, o peor, bien abajo y a punto a punto de ebullición, todos los argentinos".
"Pero para ellos todo esto es muy normal. Si el día de mañana cualquier director de cine hace una película de todo esto, en los créditos se leerá: 'Basada en hechos reales, aunque parezca ciencia ficción'", concluyó irónico Cornejo.
El legislador bonaerense dijo que “hace tres años y medio se hacen mal las cosas”. Además habló sobre los posibles cambios en el Gabinete y criticó a Axel Kicillof.
El diputado nacional Diego Santilli (Pro-JxC) habló este jueves sobre los potenciales cambios en el Gabinete nacional y afirmó que “no se trata si es (Silvina) Batakis, si es (Martín) Guzmán o es (Sergio) Massa, el problema real es que hay un Gobierno con ausencia de rumbo que lleva tres años y medio sin programa económico, y ahora se le suma la disputa entre el presidente y la vicepresidenta”.
En declaraciones a CNN Radio, el exvicejefe de Gobierno porteño afirmó que “el Gobierno (nacional) tiene un rumbo errático”, y explicó: “Argentina perdió un ingreso anual de 1.500 millones de dólares debido al cepo que hay en el trigo y en la carne”. Asimismo, agregó que “el pan sube de precio porque el Estado pone impuestos a los productores”.
Por otro lado, al momento de ser consultado sobre un hipotético traspaso del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, al Poder Ejecutivo, el macrista no descartó que “el sucesor sea algún diputado de los bloques de la oposición”, sin embargo admitió luego que “actualmente hay 116 legisladores opositores" en referencia a su bancada "contra 118 oficialistas”.
“La propia oposición evitó el default cuando el Poder Ejecutivo nos pidió ayuda hace cuatro meses”, enfatizó, mientras que destacó que “desde la oposición frenamos leyes perjudiciales contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Consejo de la Magistratura, pero no siempre te alcanza”.
Además, Santilli fue crítico con la situación actual de la provincia de Buenos aires: “El problema de los bonaerenses es que no hay gestión. El gobernador Axel Kicillof empeoró todos los problemas respecto a seguridad y educación de la provincia”.
“A los intendentes de la oposición, el gobernador les dice que todo funciona bien, pero todos observan, incluso los bonaerenses, los problemas de coparticipación, de desarrollo y de infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires”, continuó.
Por último, el opositor fue consultado sobre la posibilidad de adelantamiento de las elecciones y sostuvo que “los argentinos pagamos caro los problemas con la democracia, cuando uno es electo debe cumplir su mandato". Sin embargo, le pidió al Gobierno que “ponga un plan sobre la mesa, lo discuta en Congreso y ahí la oposición le otorgará responsabilidades”.
El senador del Pro se refirió a las tensiones entre el Gobierno y el campo y advirtió que “nos quieren llevar al barro, ahí ellos saben cómo pelear". En ese sentido lanzó: “Ellos tienen un doctorado en provocación, les importa absolutamente nada la paz social”.
El senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) se refirió a las tensiones entre el Gobierno Nacional y el campo, ante lo cual cuestionó: “No le podes dar un dólar miserable al productor para que venda su cosecha”. En ese sentido, advirtió que el oficialismo “nos quiere llevar al barro, ahí ellos saben cómo pelear”, y lanzó: “Ellos tienen un doctorado en provocación, les importa absolutamente nada la paz social”.
“Creo que le están moviendo la cadena al perro y se están equivocando porque por más que el perro te haya movido la cola en algún momento te muerde. No aprenden de los errores, se van a llevar un fiasco porque la gente está perdiendo la paciencia”, sostuvo Juez en diálogo por Radio Rivadavia.
A su vez, advirtió que “la gente tiene muy poca paciencia y de verdad que el horno no esta para bollos y así no funcionan las cosas”, y comparó: “No va a venir a obligar a nadie que haga algo del cual vos no participas absolutamente en nada y que lo haga a pérdida, porque vos no me vas a obligar a mi a vender un departamento y establecer un precio que no nos conviene”.
“Vos no le podes dar un dólar miserable al productor para que venda su cosecha cuando tenes cuatro menús distintos de dólares y el tipo con lo que vende después no puede comprar ni fertilizantes”, criticó el legislador cordobés.
En ese sentido, alertó que “la están queriendo pudrir y por eso no hay que entrar en el barro”, y reiteró: “Estos tipos nos quieren llevar al barro, ahí ellos saben cómo pelear y la gente tiene que ser inteligente”.
“En vez de sentarse a discutir, a planificar, a pensar y a analizar, quieren llevar a un nivel de confrontación en donde se sienten cómodos por eso no hay que darle ese espacio porque van a justificar sus locuras”, enfatizó Juez.
Por último, expresó: “El problema no es el dólar sino la moneda de mierda que tenemos que la gente no la quiere tener en el bolsillo porque sabe que con pesos no se ahorra. No es con mecánicas de otras épocas tratar de resolver los problemas de ahora”, y cerró: “Ellos tienen un doctorado en provocación, les importa absolutamente nada la paz social”.
El diputado radical aseguró que la crisis puede resolverse con un acuerdo al interior del oficialismo y con un plan económico definido. También apuntó contra la vicepresidenta porque “se siente con el poder político de desautorizar, de criticar y de vaciar de poder al presidente”.
En plena escalada del dólar y con preocupaciones por el número de la inflación, diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza) planteó que el Gobierno debe acordar un programa conjunto y terminar con la interna para definir un plan económico que garantice estabilidad, motivo por el cual aseguró el “apoyo” de la oposición. Por otro lado, apuntó contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, porque “se siente con el poder político de desautorizar, de criticar y de vaciar de poder al presidente”.
"En Economía, no debe salir más de lo que entra. En 2005, con Roberto Lavagna de ministro de Economía, y la variable macroeconómica que llevaron al país a que haya inflación de 7%, la única vez que después del fin de la convertibilidad con inflación de un dígito, era que había 3 puntos de superávit del PBI, balanza comercial positiva, reservas de libres disponibilidades del BCRA, y un único tipo de cambio, un dólar competitivo y no había restricción de importaciones", explicó en diálogo por la AM 550.
Y preguntó: “¿Por qué no intentan volver a esas medidas? Desde el 2010 Argentina no cambia”, y aconsejó: “Aprovechemos la experiencia porque por ahí algunas recetas no funcionan, pero ninguna puede funcionar cuando existe una variedad de tipo de cambio, cuando hay déficit fiscal, cuando no hay reservas”.
Para Cobos, el Frente de Todos debe poner en pie una mesa de acuerdos para darle solución al problema macroeconómico, que permita poder definir un plan de estabilidad y, también, resolver “sus problemas internos políticos porque acentúa la crisis económica”. Asimismo, aseguró que la oposición "está predispuesta" a apoyar al oficialismo ante la necesidad de un consenso o acuerdo para votar leyes.
"Si del Gobierno necesitan un acuerdo o un consenso para sacar leyes, para apoyar o no, criticar o sugerir ahí está la oposición para apoyar. Hemos sacado cosas en común cuando vimos que tienen sensatez y racionalidad. Para eso tenemos los bloques parlamentarios. El panorama es fácil de solucionar”, afirmó el legislador radical y enumeró: “Un rumbo económico, un gran consenso y que se pongan de acuerdo en el FdT y dejen atrás la crisis política que afecta la gobernabilidad del presidente”.
En referencia al plan de estabilización, el exvicepresidente aseguró que conllevará un alto costo, y detalló que “ningún plan económico funciona sin confianza, sin sentido, sin liderazgo. Esas cosas no están. No hay magia en la economía”.
Tras la asunción de Silvina Batakis al frente de Economía, Cobos señaló que la flamante ministra “no cuenta con el respaldo oficial necesario” porque “a la vicepresidenta no le han gustado las cosas que sugiere. El gobierno ha dicho que no se puede aplicar el proyecto de Salario Básico Universal y hay legisladores del FdT cristinistas que trabajan en eso, no se entiende”.
“No se apoyó al presidente con el FMI. Se perdieron dos años negociando con el Fondo para encontrar una salida que se la tuvo que dar la oposición porque la presidenta del Senado le votó en contra y no se buscó un camino alternativo”, cuestionó el mendocino y remarcó: “Se tienen que poner de acuerdo porque el rol no se entiende. El problema es que ella lo llevó a presidente, ella se siente con el poder político de desautorizarlo, de criticarlo, de vaciarlo de poder”.
A su parte, opinó sobre las recurrentes críticas del dirigente oficialista, Juan Grabois. "Me indigna sus palabras" porque “no ayudan en este momento”.
Por último, postuló que la UCR trabaja de cara a 2023 y resaltó las figuras de Gerardo Morales y Facundo Manes en el camino a la contienda presidencial. Además, destacó que Carolina Losada "está siendo bien vista desde el radicalismo".
“Están afectando a todo el proceso de elaboración del vino”, alertó el diputado mendocino y remarcó que Alberto Fernández asumió hace 955 días, pero “nunca gobernó”.
El diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, Omar De Marchi (Pro – Mendoza), alertó que las medidas cambiarias y las trabas a las importaciones que aplicó el Gobierno Nacional tienen un impacto negativo en la producción vitivinícola y que “están afectando a todo el proceso de elaboración del vino”.
"Las nuevas restricciones del BCRA a las importaciones y al acceso al dólar está afectando al proceso de elaboración del vino. Hay cada vez más problemas para comprar barricas, corchos, cajas y otros insumos que vienen del exterior. Muchos de los componentes de la industria del vino son importados y estas tenazas impuestas por el gobierno están ahogando al sector”, explicó el legislador del Pro.
En esa línea, enumeró las consecuencias que dichas medidas traen: “Incumplimientos de envíos al exterior, pérdida de mercados, problemas de provisión al mercado interno, reducción de trabajo en bodega y comercialización, pérdida general de competitividad”.
En ese contexto, destacó que “Mendoza es una gran provincia, con viñedos emblemáticos resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo de mendocinas y mendocinos. Ponerle trabas es “no poner primero a la gente” ya que en concreto esta medida perjudica a miles de familias que viven gracias al desarrollo de esta actividad”, en tanto alertó que “por culpa de un gobierno irresponsable y la falta de un plan, todo eso está en peligro”.
De Marchi remarcó que el presidente Alberto Fernández, asumió hace 955 días, pero nunca gobernó. “Nunca gobernaron y los resultados están a la vista: sin rumbo, sin plan y sin equipo, van a seguir destruyendo al sector productivo y al empleo”, concluyó el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación.
A instancias de la diputada radical Roxana Reyes, desde la bancada opositora sostienen que esa medida afecta “el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR - Santa Cruz) presentaron un proyecto exigiendo al Gobierno que desista de imponer a los usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica la renuncia a oponer el derecho al secreto fiscal, financiero y bancario en los formularios para tramitar el mantenimiento de los subsidios en el marco del programa “Segmentación Energética”, por afectar el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional e implicar además de una exigencia impuesta aprovechando el estado de necesidad de los usuarios.
“Esta garantía se verá vulnerada por la potestad del Estado Nacional de cruzar los datos consignados en la Declaración Jurada con la base de datos de la AFIP, SINTyS (datos tributarios y sociales), la ANSES, y los registros de propiedad. Tal mecanismo pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la ley citada más arriba”, expresaron.
En ese sentido, la diputada santacruceña afirmó que “más allá de que no sabemos hasta qué punto la seguridad informática y el Estado asegurarán el resguardo de nuestra información, nos sometemos a la incertidumbre de lo que podrán realizar los entes gubernamentales encargados del tema, a partir de la recolección, análisis y verificación de la información personal de cada usuario”.
“Ningún beneficio podrá suplantar, vulnerar ni omitir el derecho de un ciudadano, según establece el artículo 19 de la Constitución Nacional que indica: ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, concluyó Reyes.
Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Karina Banfi, Juan Martín, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Gabriela Lena, Mario Barletta, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Gerardo Milman, Alberto Asseff, Laura Rodríguez Machado y Héctor Stefani.
Dirigentes de distintas fuerzas políticas se expresaron en redes sociales al darse a conocer que el dólar libre llegó a los 302 pesos, su máximo histórico, y cuestionaron al oficialismo.
Este martes el dólar libre trepó a $302 para la venta con una ganancia de un 3,8% en el día y, en lo que va de julio, asciende $64 alcanzando así un nuevo récord nominal, por encima de los $295 intradiario del viernes pasado. Tras darse a conocer la noticia, dirigentes de distintas fuerzas políticas expresaron su preocupación en redes sociales y le exigen al Gobierno Nacional un plan.
El economista y diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) dejó una pregunta muy breve al oficialismo: “¿Van a seguir emitiendo?”. En el mismo sentido se pronunció la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri: “El dólar libre superó los $300. Alberto Fernández, Cristina Kirchner: ¿cuál es el plan?”.
“Que el dólar a $300 sirva para representar el FRACASO TOTAL del gobierno Kirchnerista y su modelo. Se van a ir en 2023, pero nos van a dejar a todos hundidos en la pobreza”, expresó el legislador porteño Eugenio Casiellles (Consenso Federal).
También se manifestó el legislador liberal Ramiro Marra: “Señores, llegamos. Gestión Kirchnerista, fracaso TOTAL”, acompañado de una imagen de la película ‘300’. Además, el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano sostuvo: “Dólar a $ 300 y te dicen que no van a devaluar”.
Además, el diputado liberal advirtió que “Argentina se encamina a un desastre como el Rodrigazo”, y disparó contra la ministra de Economía: “No le creo nada, es una persona incompetente y parte del problema”. También opinó del Salario Básico Universal.
El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) desmintió al periodista Jaime Rosemberg, a quien tildó de “mentiroso”, luego de haber difundido que el economista se había reunido con la vicepresidenta de la Nación: “No tengo nada que hablar, no me junto con quienes oprimen al país". Por otro lado, el liberal analizó la situación económica del país y advirtió: “Argentina se encamina a un desastre como el Rodrigazo”, y disparó contra la ministra de Economía: “No le creo nada, es una persona incompetente y parte del problema”. También opinó del Salario Básico Universal.
“Quiero desmentir esta mentira del periodista, si es que así se puede llamar, Jaime Rosemberg donde miente descaradamente. Primero trató de operar mintiendo, diciendo que la primera que había visitado a Cristina (Kirchner) era mi hermana. Como la mentira era tan burda, porque se puede chequear los registros de las personas que acceden a Congreso, ahora mutaron la mentira a decir que yo estaba reunido”, lanzó Milei en diálogo por Radio Rivadavia.
En ese sentido, aclaró: “Yo no tengo nada que hablar con la señora Cristina Fernández de Kirchner, mis propuestas son públicas, yo no tengo un plancito escondido debajo de la manga. Mis propuestas son públicas, yo no necesito hablar a solas con nadie”.
“Rosemberg es un mentiroso, si él tiene fuentes son mentiras, que venga y lo chequee. Que me demuestre que yo me junté alguna vez, es un mentiroso. Un operador barato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, apuntó el liberal.
Y dejó en claro: “Si me llama CFK no voy, no me junto con ninguno de la casta, no me junto con los que empobrecieron al país. Mi proyecto es totalmente distinto, mi proyecto no es suprimir a la gente, es devolverle la libertad a la gente”.
Por otro lado, al ser consultado por la utilización de pasajes para la promoción de su campaña, Milei respondió: “El dinero de los pasajes se le regresó, fue porque una de las cosas que me estaba haciendo el señor (Alfredo) Cornejo y el gobernador de Mendoza. Me cambiaban sistemáticamente las fechas para que no pueda dar la charla sobre dolarización, así como voltearon la presentación en la Bolsa de Comercio y en la Universidad Nacional de Cuyo”, y denunció: “Usaron el poder para eso y de la misma manera me movía las fechas y no podía cerrar los viajes”.
Sobre la economía y las medidas que el Gobierno Nacional debería adoptar señaló que “no puede hacer nada este Gobierno porque Argentina tiene una inflación que viene viajando, por lo menos, a un ritmo de 85% anual y si lo miras en alimentos a 120% y en brechas al 300%”, y alertó: “Argentina se encamina a un desastre como el rodrigazo. Necesitas un programa de estabilización”.
“No le creo nada a (Silvina) Batakis, es parte del problema no de la solución. Lo expliqué públicamente cuando me enteré que el cargo de lo habían dado a ella. Es una persona incompetente, que recita todas las cosas que hundieron a la economía del país y el problema central es que cuando haces un plan de estabilización tiene que ser creíble”, señaló el diputado de La Libertad Avanza.
En esa línea, explicó: “La credibilidad tiene dos dimensiones, una es la reputación y la reputación de Alberto Fernández es deplorable porque un día te dice una cosa, al otro día te dice otra cosa tiene todo el lastre de lo que implica el kirchnerismo en el país, la reputación es pésima”.
“Al mismo tiempo necesita de consistencia técnica y la realidad es que, tengas a quien tengas a los mejores, aún fracasaría por la pésima reputación que tiene el Gobierno y sumale a que ponen a alguien idóneo, esto no termina bien de ninguna manera”, sumó.
En ese contexto, reiteró: “Estamos en una situación muy delicada. El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos en el Rodrigazo”.
Por último, respecto al proyecto oficialista de un Salario Básico Universal sostuvo: “Es un disparate conceptual porque el salario es una retribución por una contraprestación de trabajo. Para dárselo a alguien, se lo tenes que sacar a otro es decir se lo sacas a alguien que trabaja para dárselo a alguien que no trabaja. No te esforzar por generas un producto que sirva al prójimo el sistema se derrumba”, y cerró: “La situación es extremadamente delicada en lo económico y eso tiene consecuencias sociales desgarradoras”.