La Justicia intimó este viernes al Poder Ejecutivo Nacional a brindar informes sobre el cierre de la agencia de noticias Télam, a raíz de una demanda iniciada por la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio.

La legisladora realizó la presentación el pasado 8 de marzo, tras el avance del Gobierno nacional que se concretizó -luego del anuncio del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa- con el cierre de la redacción, la baja del servicio web y el pase a dispensa de los trabajadores.

Este viernes, el Juzgado Contencioso Administrativo N°10 se declaró competente y requirió informes sobre los hechos al Poder Ejecutivo, que tendrá cinco días a partir de su notificación para realizarlos.

El Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N°20.705, por lo que “se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”, expresó la senadora.

Consultada por la importancia del caso, Di Tullio detalló: “El cierre de la agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fake news y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.

“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el Gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, enfatizó.

 

En pleno comienzo de clases y con una pobreza que trepa al 60%, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria – Buenos Aires) denunció que la administración de Javier Milei “cortó la ayuda a los comedores comunitarios y congeló las partidas para brindar alimentación en las escuelas de todo el país”.

“En este momento la ejecución presupuestaria muestra que están ajustando en la compra centralizada y en la transferencia de recursos en los convenios a comedores comunitarios y en algo más grave que es el Servicio Alimentario Escolar”, denunció la legisladora en una entrevista por la señal de América 24.

Tolosa Paz explicó que el presidente, además de “arrebatarle” a los gobernadores las partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que aporta el 0,16 % del PBI para aportar a la estructura salarial de los docentes, “dinamitó el Servicio Alimentario Escolar, y no llega la comida a las escuelas de todo el país, por lo que los gobiernos provinciales no van a poder garantizar que todos los alumnos tengan ese plato de comida”.

Al respecto, exigió que “el gobierno nacional tiene que cumplir con la ley de seguridad alimentaria y nutricional y ponerle presupuesto al Servicio Alimentario Escolar que está congelado en el mismo monto que el año pasado pese a tener una brutal inflación”.

En este sentido, la exministra de Desarrollo Social de la Nación volvió a ratificar que “Milei es un secuestrador de los recursos de las provincias, y ahora está en la etapa de extorsión pidiendo el rescate del botín que son los fondos de los gobernadores”.

“Empieza la fase extorsiva que nos lleva al 25 de mayo. El pacto de mayo es una prórroga, Milei fue al Parlamento a buscar tiempo para lograr algún aliciente o un reconocimiento del producto económico que lleva adelante con (Luis) Caputo, pero hoy en la calle la gente está mal y está pagando el ajuste. En lugar de ir a buscar los casi 4 puntos de PBI en exenciones impositivas de las grandes corporaciones, le metieron la mano en el bolsillo a 7 millones de jubilados y pensionados”, agregó.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó una cautelar por la cual suspende el artículo del DNU que derogaba la norma que restringe la venta de campos a extranjeros.

Esto fue a partir de una presentación del centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), encabezados por su presidente Rodolfo Carrizo, por la cual reclamaron dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 que había derogada la ley 26.737 del Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

El juez frenó la medida ya en vigencia y lo inscribió como amparo colectivo pues aplica a todos más allá de quien lo reclama. En su descargo, el Gobierno señaló que las cuestiones del DNU son políticas no judiciales y que el tema está en plena discusión en el Congreso de la Nación y que quienes reclaman no tiene legitimidad para hacerlo.

Desde el juzgado contestaron que “si bien el objeto estatutario de la Asociación actora se orienta a la defensa concreta de los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el bien jurídico Soberanía Nacional, en razón de su naturaleza colectiva e indivisible, no resulta susceptible de tutela parcial o selectiva”.

También, señalaron que “a mayor abundamiento, debe destacarse que la derogación de la norma legal tutelar, habilita sin más, la adquisición por extranjeros, de tierras rurales (en los términos vedados por la Ley derogada) en los mismos territorios ilegítimamente ocupados por el Reino Unido, que la Asociación actora tiene por objeto estatutario defender”.

Según el juez, el Gobierno no fundamentó “el por qué la derogación de la ley adecuadamente sumado a que sea también el odio proporcionado para hacerlo, esto es el dictado de un DNU sin haber pasado previamente por el Congreso nacional”.

“La motivación del acto estatal discrecional es un presupuesto básico porque si no está motivado no es posible controlarlo o, quizás, el control es más difuso y débil en este contexto. Si el Ejecutivo no da razones sobre su elección (o las brinda en forma insuficiente), aun cuando la decisión sea jurídicamente válida, no es posible controlarla en términos ciertos”, añadió el juez

La presentación del Gobierno ante otro revés 

Por otro lado, el Gobierno nacional solicitó este lunes el “salto de instancia” o “per saltum” a la Corte Suprema de Justicia para trate exclusivamente la medida cautelar que frenó la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23.

El recurso fue presentado por la abogada Jorgelina Sonzogno en representación de la Secretaría de Trabajo, donde le remarcó al máximo tribunal de justicia que “en el último proceso eleccionario nacional para el cargo de presidente y vicepresidente se debatieron varios temas, entre ellos, el rol del Estado”.

La presentación fue a partir de un expediente promovido por la Federación Única de Viajantes de la Argentina, quien obtuvo una medida cautelar contra aplicación del DNU, como también la obtuvieron otros sindicatos.

El texto presentado por el Poder Ejecutivo señala que “la fuerza política que triunfó -señala la presentación- expuso ante el pueblo argentino y su electorado un modelo de Estado y el rol que el mismo debía asumir a los fines regulatorios”.

“Considerando la cuestión federal y gravedad institucional invocada, corresponde que se conceda con efecto suspensivo. En consecuencia, solicitamos que, de manera simultánea a la admisión del remedio federal, declare los efectos suspensivos de la resolución recurrida”, especificó la apelación.

Además, advirtió los riesgos que implicarían las demoras en una definición sobre la validez o no del DNU y, en ese sentido, le apuntó al Congreso: “Es de público conocimiento en cuanto a los procedimientos previstos para la sanción de las leyes en nuestro país y en tal sentido debido a la crisis social y económica que atraviesa la República Argentina, es harto evidente, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes”.

 

Finalmente se conoció este lunes bien temprano el nuevo texto del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con las concesiones formuladas por el Poder Ejecutivo ante los requerimientos hechos por la oposición dialoguista. Allí refiere entonces que el proyecto estuvo “sujeto a una amplia deliberación ciudadana”, destaca la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo exponiendo ante el Congreso y también las exposiciones de referentes de la sociedad, organizaciones sociales, y quienes define como “representantes de grupos cuyos privilegios quedaron expuestos”.

Plantea el Ejecutivo que lo que elaboraron fue una nueva versión del proyecto que “ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión”, y aclara que la diferencia “no es solo cuantitativa”, ya que se pasa de 664 artículos a un proyecto de 523, “sino cualitativa”.

Destaca el Ejecutivo que “se ha elegido derivar algunos temas para una discusión más extensa en sesiones ordinarias”, en tanto que otros temas se han “reformulado”. Algunos mucho, otros poco, otros nada, se puntualiza.

Reconoce el Gobierno que el conjunto de temas que se decidió pasar a sesiones ordinarias incluye algunas sorpresas, al menos para el Ejecutivo. Por ejemplo, destaca que “el proyecto de juicio por jurados que usó el gobierno se basó en un proyecto previo de diputados de diferentes bloques como el Pro, UCR, Unión por la Patria, entre otros. El Gobierno había anticipado que siendo este un proyecto con apoyo de todos los bloques se hubiera celebrado que estas ideas fueran incluidas en el proyecto de Bases. Sin embargo, esto no sólo no ocurrió, sino que se pidió el diferimiento del tratamiento para sesiones ordinarias. El 1ro de marzo el Gobierno insistirá con esta propuesta, en esta ocasión propiciando el proyecto de los diputados y ex-diputados Carbajal, Pedrini, Tonelli, Rodríguez, Carrizo, Stolbizer y Frade, autores de la propuesta tomada como base”.

Justamente por haber visiones a favor y en contra se decidió transferir a sesiones ordinarias los temas de salud mental; los cambios en la ley de sociedades; la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, y tres temas de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos) todos proyectos que serán presentados en el comienzo del período ordinario del año legislativo. Más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial también se presentarán en ordinarias reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractual en adición a la incorporación del divorcio exprés, destaca el Gobierno.

Muchos otros temas se modificaron según el debate de las últimas semanas, destaca el texto remitido a los legisladores por el Poder Ejecutivo. Allí destacan que se acortó el plazo de las delegaciones, se precisaron las delegaciones legislativas y los mecanismos de ordenamiento administrativo, se incorporó una formula previsional de ajuste automático de haberes por inflación, se incorporaron restricciones al blanqueo pedidos por el Poder Legislativo, se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles. Se corrigieron errores en el capítulo de ambiente que desafortunadamente generaron una evitable confusión.

Finalmente, se rediseñó el capítulo de cultura, protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva sobre el sector y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del FNA (cuyo cierre ya no se propicia) e INCAA.

El resultado es un proyecto que incorpora gran parte del debate público, pero que mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario, desregulación económica, fortalecimiento de la educación y la cultura, seguridad y finalmente, mejora en el funcionamiento de la justicia.

El texto introductorio concluye con esta sentencia: “Habiendo receptado estas propuestas queda en el Congreso asumir la responsabilidad de avanzar con los cambios que necesita Argentina para salir de su estado de postración”.

Ley bases - Version final

Las modificaciones

Entre las cosas que señala el texto conocido este lunes está el tema de la movilidad jubilatoria, que a priori no figuraba en el texto conocido el viernes. Ahora se indicia que “el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”.

Por otro lado, establece la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. “Se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia”, cuestiona.

En cuanto a las emergencias, se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. La emergencia se limita a las materias económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio.

Asimismo, se redujeron y especificaron las bases de la delegación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la sección reforma del estado, se realizaron cambios en las facultades delegadas a los efectos reflejar, con mayor claridad, la materia delegada y se especificaron con mayor detalle las competencias asignadas al Poder Ejecutivo Nacional.

Privatizaciones

En el texto conocido el viernes se eliminaba YPF del listado de 41 empresas a privatizar. Ahora se mantiene esa premisa y se aclara que, para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos.

Por otra parte, se eliminó el artículo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la Ley N° 24.804 con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

Finalmente, se eliminó el articulo 11 manteniendo la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.

Economías Regionales

Además, se fija en 0% las retenciones para economías regionales -que originalmente se llevaban a un 15%- y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación y solo mantendrá la facultad para poder reducirlas. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

En lo que respecta a la reforma en el Régimen Federal de Pesca, un tema por el cual habían alertado los mandatarios patagónicos, el Ejecutivo argumentó que “la base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, por lo que “un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”.

Por ese motivo, precisa que el proyecto “propicia la licitación de cuotas pesqueras y se aclara que el sistema no va a ser internacional, cuya palabra fue removida de la versión original que había generado gran confusión”. En tanto, se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.

Hidrocarburos

Otra de las cuestiones que alertaron los gobernadores de provincias productoras fue la de los cambios en la Ley de Hidrocarburos, algo que se lleva varias modificaciones en el documento que fue enviado. Entre esas, se incluye “la aclaración ‘Nacional o Provincial’, según corresponda y, “a tono con la conciliación de las facultades Nación /Provincias, se mantuvieron las facultades de la autoridad de aplicación respectiva de controlar los programas de desarrollo y compromisos de inversión” por lo que se derogan los artículos 32 y 33 de la Ley 17.319); y la elaboración conjunta del pliego modelo entre Nación y Provincias.

También plantea que “se conciliaron los principios de dos leyes en la materia de hidrocarburos, a fin de unificar los objetivos de la política energética nacional”. Además, de que “la exportación e importación es libre y es un derecho”, por lo que se aclaró que “puede haber una objeción por parte de la Secretaría de Energía, limitada al momento de otorgar la solicitud y por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro”.

Desde el Ejecutivo señalan que “el sector requiere recuperar el dinamismo de las inversiones, razón por la cual se fijaron los objetivos de maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”. Por este motivo, propone un nuevo régimen de competencia de las licitaciones públicas en función de una oferta de regalías sobre un valor base del 15% afectado por un factor “X” de exclusiva elección del oferente; y el pliego podrá prever mecanismos de ajustes de las mismas.

Al respecto, fija un límite máximo de hasta 10 años para plazos más extensos que los fijados por la ley, aclarándose que, en ningún caso, la concesión puede ser fijada a perpetuidad.

A su vez, aclara que “dichos cambios no importan modificaciones a las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad, las cuales se seguirán rigiendo los plazos establecidos en la Ley 17.319”.

“De modo de reconocer a los titulares de las áreas ingresos actualizados, se modificaron los valores del canon anual por barriles, y su ajuste en función del precio del barril, se estableció un régimen de autorizaciones de transporte con libre acceso, de habilitación para el procesamiento; y se reguló la actividad de almacenaje bajo régimen de autorizaciones”, precisa.

Biocombustibles

Sobre este rubro, el Ejecutivo afirmó que “se tomó gran parte de las preocupaciones expresadas por todos los sectores intervinientes”. Por ello, se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales.

Por otra parte, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. En este punto, se incluyó que se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio.

“Se prevé un régimen único de licitaciones transparentes, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles. En este escenario de competencia, se previeron ciertas cláusulas que tienden a asegurar múltiples proveedores y equilibrar la participación de empresas grandes y PYMES. Por otra parte, se asegura un volumen de bioetanol de caña hasta 2030”, propone.

Bienes personales

Entre los cambios, se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores del impuesto a los Bienes Personales y se elimina el artículo 187.

“Aquellos contribuyentes que hayan cumplido en tiempo y forma la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2024, 2025 y 2026”, plantea y detalla que la reducción de las alícuotas del 1,25% y del 1,5% pasarán a ser del 1% y de 1,25% respectivamente.

Energía

Sobre este punto, el Gobierno decidió eliminar la facultad de crear fondos fiduciarios del sector energético. A su vez, se aclara que los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 (Zona Fría) estarán comprendidos en la reasignación de subsidios a realizar conforme el DNU 70/23.

Por otro lado, se incluye a las provincias en las mesas técnicas de trabajo para el diseño del modo de asignación de derechos de emisión y la implementación del modo para establecer los límites de derechos de emisión anuales.

Seguridad

Algo que ya había anticipado en las comisiones la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el capítulo de “organización de las manifestaciones” es que se elimina el artículo que hacía referencia a la manifestación de tres personas. Sin embargo, se agregará “pena en el Código Penal para bloqueos a comercio o industrias”.

Medio ambiente

Sobre legislación en materia ambiental, el Ejecutivo acepta eliminar el artículo 497 que modificaba la ley de quema y establece un plazo de 90 días para la autorización de quema; se elimina la inclusión de las zonas de categoría I y II como sujetas a proyectos de desmonte y se agrega un artículo “para garantizarle los fondos a la Ley de Bosques en 2024”; finalmente introduce cambios sobre las modificaciones a la Ley de Glaciares “para dar más claridad”.

También se incluyó la derogación de la Ley 27.604 que había modificado los artículos 22bis, ter y quater de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.

Educación

Algunos puntos de educación señalan que “se aclara que los estudios a distancia son solo para el ciclo orientado de la secundaria. A su vez, los estudios híbridos se limitan a las materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular normal”.

También, se eliminan las entidades gremiales del acuerdo de los aspectos laborales como el salario mínimo; y se mejoran los criterios para el financiamiento de universidades en base a comentarios y sugerencia de la oposición, entre otros.

Se introdujo un artículo a pedido de las provincias para permitir que la educación secundaria técnica pueda tener la misma duración que los secundarios orientados o hasta un año más.

Cultura

Respecto al capítulo cultura, se reducen las modificaciones al INCAA, se eliminan cambios en 8 artículos de la Ley 17.741 y se elimina la derogación de los artículos 22, 23, 25, 28, 30 y 41 de dicha norma.

Sobre el INCAA especifica que la asignación de recursos se mantiene, por lo que recibirá un monto indeterminado de recursos de manera automática. En tanto, el FNA “el problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura. En la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad-honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos”.

En tanto, el INAMU y CONABIP se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura. No modifican otros artículos de las Ley 26.801 ni de la Ley 23.351.

Se clarifica que las funciones del Instituto del Teatro serán absorbidas por la secretaria de Cultura y que los fondos para dicho sector no se verán afectados. Se vuelve a incluir el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica; se mantiene el Fondo Nacional de las Artes, pero se le pone un tope de gastos generales y funcionamiento interno; y se eliminan los cambios del CONABIP, salvo lo relacionado a financiamiento.

El Gobierno nacional apeló este lunes al fallo adverso del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, que habilitó días atrás la feria judicial de verano para analizar los amparos presentados que reclaman la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei.

“El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso”, afirmó la apelación presentada por la Procuración del Tesoro.

Según entienden los abogados del Gobierno liderados por Rodolfo Barra, el juez de feria “no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio juez natural”, que en este caso sería Esteban Furnari, del mismo fuero Contencioso.

En aquel fallo, el juez habilitó la feria para analizar el amparo contra el DNU presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el primero de todos los que luego le siguieron, y a su vez desarmó lo que tramitaba como “amparo colectivo”. Es que antes del inicio de la feria, el juez titular de ese juzgado, Furnari, decidió que lo que se resolviera en ese planteo tuviera impacto para todos no sólo a aquellos que se presentaron. Eso lo había inscripto como “amparo colectivo”, pero luego quedó trunco.

Lavié Pico, en cambio, dijo que cada planteo atacaba una cuestión diferente del DNU y por eso desarmó el amparo colectivo, algo contrario a lo que pretendía el Gobierno, que prefería concentrar todos los amparos en un único juzgado.

Además, el Gobierno cuestionó la decisión del juez de rechazar la solicitud al fuero laboral de dos expedientes donde han tenido resolución en contra del DNU, a raíz del amparo de la CGT y otro de la CTA.

La Procuración del Tesoro quiere quitarle al fuero del trabajo esos dos expedientes y que se acumulen en el juzgado en lo contencioso administrativo Federal. “Las partes y los jueces deben sujetarse al procedimiento procesal y ello marca un orden y brinda certidumbre a las posiciones adoptadas”, expresó la apelación.

Y agregó: “Al trastocar todas las actuaciones que se desenvolvieron en razón del proceso colectivo inscripto, la resolución aquí atacada por exceso jurisdiccional ha devenido a foja 0, convirtiéndose la resolución atacada en un improcedente virtual rechazo de inhibitoria, cuando su colega, Juez a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 2 ya había sentenciado admitir la inhibitoria”.

Además, el recurso sostiene que el fallo del juez de primera instancia “produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, en tanto produce la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias; precisamente lo que la CSJN procuró evitar”. Efectivamente, el Gobierno venía planteando la necesidad de acumular todo en un amparo colectivo.

Con la apelación, el Gobierno busca que el fallo de Lavié Pico sea revisado por Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Sergio Fernández -el más influyente dentro de ese fuero- y Carlos Grecco.

El recurso, de 57 carillas, reitera un pedido de inhibitoria y la incompetencia del fuero laboral. “No puede convalidarse la manipulación de las normas procesales para elegir el fuero más favorable, en menosprecio de la garantía del Juez natural, pues ello, constituye un abuso del derecho a peticionar y de la buena fe, que no puede ser aceptado a la luz de las normas que rigen el debido proceso”, sostuvieron los abogados del Estado.

El Gobierno Nacional reglamentó este martes los cambios para la renovación del Certificado Único de Discapacidad a través de la Resolución 322/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad estableciendo que los CUD se expedirán sin fecha de vencimiento.

La norma había sido sancionada por el Senado el pasado 13 de abril por unanimidad y promulgada en mayo, pero hasta el momento no había sido reglamentada.

Ante la mora para ello, el tema en cuestión fue citado en reiteradas ocasiones durante la última sesión de la Cámara de Diputados por propios y ajenos, entre ellos la diputada oficialista Marisa Uceda y la radical de Evolución Carla Carrizo.  También lo hizo el oficialista Eduardo Valdés, quien hizo una suerte de infrecuente acto de autocrítica, al reclamarle a su propio gobierno por su no reglamentación. Puntualmente expresó Valdés: “Es muy triste que el Ejecutivo se esté demorando en reglamentar la no renovación del certificado para hacerlo permanente. Desde acá le pido al Poder Ejecutivo que urgentemente reglamente eso, porque es indispensable”.

Por el lado de la Cámara alta, la senadora riojana Clara Vega había abierto una petición a fin de juntar firmas para que se ponga en marcha la Ley 27.711 en carácter de ser autora de uno de los proyectos.

La norma establece que el CUD podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento tanto en su versión física como digital de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente

De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento y tendrá una periodicidad entre 5 a 15 años.

A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.

Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.

Cabe destacar que, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya había avanzad en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y válido en todo el país que permite acceder a los derechos y a las prestaciones previstas en las Leyes Nacionales 22.431 y 24.901. La evaluación de su validez o no la hace una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, la cual determina si corresponde la emisión y posterior otorgamiento a quien solicite al CUD.

Entre los derechos que garantiza se encuentran la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera la persona. Viajes gratuitos en trasporte público terrestre, exención de pago de peajes e impuestos (municipales, patentes), libre estacionamiento en los lugares permitidos.

A tan solo una semana de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Alquileres que volvió con modificaciones del Senado por parte del oficialismo, este martes el Gobierno Nacional promulgó la norma bajo el Decreto 533.

El decreto que establece las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación contó con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, y los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Sergio Massa.

Tras su promulgación se espera que la norma entre en vigor este mismo mes o a inicios de noviembre a fin de darle certidumbre a los inquilinos y propietarios que hace años vienen reclamando por una nueva ley ante la problemática habitacional que se ve agravada por crisis económica que atraviesa el país.

La nueva ley mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.

Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”.

Además, establece que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”.

Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”. 

Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque.

Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

El camino en el Congreso

El 23 de agosto la oposición se alzó con el dictamen de minoría en la Cámara baja, el cual planteaba contratos por 2 años, ajustes de periodicidad acordado entre las partes no inferiores a 4 meses y proponía que las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Sin embargo, en el Senado el oficialismo propuso su propio dictamen modificando la media sanción de Diputados y el 28 de septiembre logró la media sanción en el recinto. Así, el pasado 11 de octubre el FdT consiguió ratificar su proyecto con modificaciones con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones.

El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas con la finalidad de establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

La iniciativa había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020 y fue sancionada por 227 votos afirmativos y 2 negativos el 28 de febrero pasado por la Cámara de Diputados, ya que de no ser tratada antes del comienzo de un nuevo período ordinario habría perdido estado parlamentario.

El decreto 393/2023 publicado en el Boletín Oficial estableció la reglamentación de la Ley 27.706 con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Esta ley propone instaurar el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, por el cual cada paciente portará toda su información y podrá acceder a la base datos en cualquier momento de manera virtual.

La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá entre sus funciones crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estructura organizativa del Programa y reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento.

Además, deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas; elaborar un protocolo de carga e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional; e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud privados y de la seguridad social; entre otros puntos.

En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social, reza el articulado.

Asimismo, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, indica.

También señala que “el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable”.

“El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso”, agrega.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación por las nuevas medidas económicas a las que consideraron con “impacto negativo en la actividad empresarial”.

“Las medidas anunciadas, oficializadas en la RG 5393 de AFIP, sientan un mal precedente donde el Poder Ejecutivo toma una decisión discrecional, eludiendo la discusión de los temas impositivos en el Congreso de la Nación, según lo dispuesto por la Constitución Nacional”, continuó el escrito.

Desde IDEA sostuvieron que “celebramos la búsqueda de alternativas para evitar un nuevo incumplimiento de nuestros compromisos con los acreedores”, pero advirtieron que “los cambios de alícuotas y la imposición de nuevos gravámenes atentan contra dos de los principales problemas que condicionan el crecimiento de la economía argentina desde hace tiempo”.

Por otro lado, la entidad empresarial expresó: “La escasez de reservas internacionales permanecerá mientras no se genere confianza. El punto de arranque de este largo proceso es el diseño y comunicación de un plan económico integral, que aborde la reducción de un gasto público alto, ineficiente, y hoy, infinanciable”.

Por último, manifestaron que “medidas como las tomadas por el Gobierno en el día de ayer sólo contribuyen a agravar las inconsistencias macroeconómicas, sin atacar la raíz del problema”.

El Gobierno continúa haciendo negocios con China que generan polémica e incertidumbre. Primero fue el intento de construir un puerto militar en Tierra del Fuego, ahora trascendió la compra de 12 aviones de combate JF-17 Thunder, por lo que la diputada nacional Karina Bachey (Pro – San Luis) presentó un proyecto solicitando informes al respecto.

En la iniciativa, la puntana pide al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través del organismo que corresponda y sobre todo bajo la órbita del Ministerio de Defensa, acerca de la supuesta compra de 12 aviones de combate JF-17 Thunder que se realizará a China.

Además, pide que detalle las especificidades técnicas respecto a la supuesta compra de 12 aviones de combate JF-17, que especifique los motivos que justificarían dicha compra, que detalle el valor final de la compra de los aviones y con qué fondos se realizarían, y por último que informe porque se elegiría a China para realizar dicha compra.

Entre los fundamentos, Bachey señala que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, “ya aprobó los detalles técnicos para concretar la compra” y analiza la posibilidad de viajar en septiembre. Además, afirma que la compra se financiará a través del Fondef, un fondo especial creado por ley para reequipar a las Fuerzas Armadas.

“Los aviones cuestas 50 millones de dólares cada uno, pero China ofrece financiarlos a 15 años”, informó y sumó: “El interés de China por tejer lazos diplomáticos con la región, en especial en las proximidades del Atlántico Sur, se reflejó con la visita de una delegación de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional, encabezada por su viceadministrador, Zhan Bin Xu. Se avanzó en la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de industria para la defensa y en los distintos sistemas de armas”.

La iniciativa es acompañada por los diputados José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Gabriel Chumpitaz, Carlos Zapata, Florencia Klipauka, José Núñez, María Eugenia Vidal, Gustavo Hein, Mercedes Joury, Marilú Quiroz y Claudio Poggi.

2966-D-2023

Luego de cinco meses de su anuncio, el Gobierno Nacional finalmente envió al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales que estará dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5 y 20% y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien.

El proyecto de “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado” tiene como antecedente original la firma, el pasado 5 de diciembre de 2022, del acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador Marc Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y está diseñado en el marco del entendimiento con Estados Unidos sobre intercambio de información financiera.

Massa estimaba que antes del 30 de diciembre debía llevarse adelante el tratamiento de este proyecto en el Congreso, pero eso no sucedió. Luego aspiró a que fuera tratado en extraordinarias, incluso figuró en el temario y le había pedido a Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, y Carlos Heller, conductor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se le diera rápido tratamiento. Sin embargo, nada de eso ocurrió, pues recién ahora fue enviado al Parlamento.

La iniciativa propone la creación del régimen especial “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado” que alcanzará a las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas (sujetos comprendidos en el art. 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias).

En caso de ser aprobada, la normativa permite exteriorizar tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos).

Respecto a las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio Banco Nación serán de un 5%, desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de un 10%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; un 20%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.

Además, establece la incrementación de las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación. “Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)”, plantea en el artículo 5.

En su capítulo dos, la iniciativa busca crear un “Régimen Simplificado” con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta USD 50 mil”.

Entre los considerandos más importantes, se destaca que, para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. También quedan excluidos únicamente del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario (se excluyen contribuyentes de alta capacidad contributiva).

Entre los beneficios que propone el proyecto enviado al Parlamento, informa que “no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados”, y “se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados”.

De esta manera, los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: Impuesto a las Ganancias, Impuestos Internos y al Valor Agregado, Impuestos Sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

Por otro lado, el capítulo 3 plantea las “Exclusiones para funcionarios públicos y sus familiares directos”. “Quedan excluidos los sujetos que entre el 1° de enero de 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas y, también, sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos”, establece el artículo 13.

“Además, se excluyen a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimiento tributarios en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida”, agrega.

Otro aspecto del texto es la incorporación de colaboradores como procedimiento para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en la Argentina. La función de los colaboradores permitirá la eventual detección y/o localización tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario.

Se aclara que la autoridad de aplicación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acordar con el colaborador, en los términos que a esos efectos fije la reglamentación, el monto de la recompensa, aunque esta no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado o un 5% de los bienes exteriorizados.

Quienes hagan uso de esta figura gozará de protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario. Además, la AFIP estará dispensada de aplicarles sanciones administrativas y de formularles denuncia penal tributaria, en caso de corresponder, cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de un acuerdo de colaboración.

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El Gobierno Nacional reglamentó este miércoles la Ley de Celiaquía y sus modificaciones que define la cobertura que deben brindar las obras sociales y prepagas en concepto de alimentos sin TACC, establece las adecuaciones que deberán realizar establecimientos gastronómicos para poder ofrecer un Menú Libre de Gluten seguro, y amplía la identificación de los medicamentos, en función del contenido o ausencia de gluten.

A través del decreto 218/2023 publicado en el Boletín Oficial, se explicita que la implementación de la ley busca que sea mayor la oferta de alimentos, “convirtiéndola en un derecho para todas las personas celíacas”.

“Que la mencionada Ley N° 26.588, modificada por la Ley N° 27.196, declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. Que por el Decreto N° 528/11 se aprobó la Reglamentación de la referida Ley Nº 26.588”, explica.

Desde la aprobación de la Ley 26.588 en 2009 –modificada por Ley 27.196 en 2015-, la ANMAT amplió y actualizó el listado oficial de Alimentos libres de gluten que en un principio era de sólo 1.400 productos y actualmente cuenta con más de 23.000.

La reglamentación define la cobertura que deben brindar las obras sociales y prepagas en concepto de alimentos sin TACC. Así, se establece por un lado la metodología mediante la cual se actualizará el monto de cobertura actual por parte de obras sociales y prepagas, y por otra parte se deja establecida la periodicidad con la que se realizarán las actualizaciones subsiguientes que serán cada 6 meses.

El monto de cobertura pasará de $2.672 a $7.806,73 contemplando la Canasta Básica de Alimentos (CBA) publicada por INDEC el 20 de abril de 2023.

Además, establece las adecuaciones que deberán realizar las instituciones y establecimientos para poder ofrecer un Menú Libre de Gluten seguro. ¿En dónde aplica este menú obligatorio? La legislación lo dispuso así en cárceles, establecimientos sanitarios, lugares de residencia y convivencia temporal, en comedores y kioskos de instituciones de enseñanza, en paradores de terminales. Y restaurantes y bares también tendrán que ofrecer opciones libres de gluten.

También todos los medicamentos deberán identificarse en función de su contenido o ausencia de gluten como “Libre de gluten” o “Este medicamento contiene gluten”. Cabe destacar que luego de la sanción de la Ley 26.588 en el año 2009, se estableció un logo oficial para identificar los envases o envoltorios de Alimentos Libres de Gluten (Resolución Conjunta N°201/2011 y N°649/2011).

¿Qué es la celiaquía?

Según la norma, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica, precipitada por la ingestión de proteínas del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno, comúnmente llamadas gluten, que afectan al intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos.

Entre las enfermedades intestinales la celiaquía es la más frecuente, estimándose su prevalencia en el 1 % de la población argentina. Las personas que padecen celiaquía deben realizar de por vida una dieta estrictamente libre de proteínas procedentes del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno (TACC), que son causantes del daño intestinal característico de la enfermedad celíaca.

El diputado nacional Leandro Santoro (Frente de Todos) consideró que “no hay distinciones políticas” ante al fallecimiento de una beba en situación de calle esta madrugada a metros de la Casa Rosada y dijo que “falló el Estado nacional y también el de la ciudad de Buenos Aires”.

“Frente al dolor de un caso trágico no hay distinciones políticas, es inadmisible que le pase esto a una familia en una democracia. Las personas en situación de calle son el principal problema que tenemos en la Argentina, falló el Estado nacional y también el Estado de la ciudad de Buenos Aires”, dijo el diputado en declaraciones para Radio 10

La beba de tres meses, que junto a sus padres se encontraban en situación de calle, falleció esta madrugada “presuntamente por dificultades respiratorias” a metros de Plaza de Mayo y la fiscalía interviniente investiga el caso por considerar una “muerte dudosa”, informaron fuentes policiales.

La pareja, procedente de la localidad bonaerense de Quilmes y que posee otros dos hijos (una de ellas melliza de la beba fallecida), está siendo acompañada y asistida por personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, desde el Programa Buenos Aires Presente, de acuerdo a lo indicado por el gobierno porteño.

“Le enviamos nuestras condolencias a la familia de la beba, nos solidarizamos con las personas que están pasando por esa situación”, expresó el legislador.

Por otro lado, Santoro realizó este viernes por la mañana actividades para una campaña de prevención contra el dengue en el barrio porteño de Mataderos, el distrito con más casos registrados de CABA.

Al respecto, remarcó que “generar una campaña de concientización es la única forma de prevenirlo, son clave para evitar que se expanda. Le recomendaría al jefe de gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larreta- que se focalice en su gestión como jefe de gobierno y deje la política nacional para después”.

Asimismo, apuntó contra Rodríguez Larreta y expresó que “si hay plata para algo en Buenos Aires es para publicidad, que la usen para la prevención. Hay miles de formas para concientizar frente al tema del dengue, pero no lo veo a Horacio haciéndolo”.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves que la pobreza en Argentina llegó al 39,2% -el primer aumento desde el segundo semestre de 2020 cuando pegó fuerte la cuarentena por la pandemia del coronavirus- y el número -que afecta a una proyección de más de 18 millones de personas- se metió de lleno en el año electoral con una dura crítica de la oposición.

Así, y teniendo en cuenta los datos oficiales del Estado, hay 31,1% de personas pobres y otro 8,1% que es indigente. Ante el dato frío, las críticas no tardaron en llegar.

El primero de ellos fue el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, quien apuntó: “Según el Indec, el 39,2% de los argentinos son pobres y el 8,1% son indigentes.  Esta es la herencia más catastrófica del Frente de Todos.  Con la inflación fuera de control cada día que pasa hay más argentinos que padecen hambre. El ritmo del drama social es vertiginoso”.

En el mismo sentido se manifestó el titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo: “La inflación sin control es más pobreza. Agudizaron todos los problemas que tenía el país y no hay más tiempo para parches, relatos y populismo. Sin una renovación dirigencial y de ideas Argentina está condenada al ostracismo”.

“Llegaron con promesas livianas y facilistas, pero con ningún proyecto bajo el brazo. Las consecuencias están a la vista, el fracaso absoluto del FDT va a costar muy caro, pero no es momento de resignarnos”, disparó.

No era Macri, no era la pandemia; era el kirchnerismo. La salida es con independencia del BCRA y convertibilidad con Brasil para terminar con la inflación, más ley de emergencia laboral pyme para recuperar la creación de empleo y fin del sesgo antiexportador x mejores salarios https://t.co/xK88Y9x6up

— Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) March 30, 2023

En un extenso y fuerte mensaje, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (Pro), indicó que “4 de cada 10 argentinos están por debajo de la línea de pobreza”, y preguntó: “¿Y saben qué es lo peor? Que este dato nace viejo. La situación en 2023 es más grave todavía. Alcanza con ver el aumento de la canasta básica: 16,1% la Canasta Básica Total y 19,8% la Canasta Básica Alimentaria. Y solo van tres meses del año”.

MÁS DE 18 MILLONES DE ARGENTINOS POBRES

Según los datos que publica hoy el INDEC, 4 de cada 10 argentinos están por debajo de la línea de pobreza.

¿Y saben qué es lo peor? Que este dato nace viejo. La situación en 2023 es más grave todavía. Alcanza con ver el aumento de la…

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 30, 2023

“A este ritmo, es evidente que vamos a terminar el año con más millones de argentinos pobres. Y ocurre algo inédito: que creciendo la actividad también crezca la pobreza. La explicación a esto es clara: MÁS DE 100 % DE INFLACIÓN”.

Y cuestionó que “cada vez que se habla de pobreza se vuelve de nuevo al tema de los planes sociales. Ya sabemos que los planes son solo una forma de supervivencia, no la superación del problema. De la pobreza no se sale con planes, sino con inclusión, educación y trabajo”.

Vidal expresó: “Necesitamos recuperar el futuro de la argentina. en un país en el que 2 de cada 3 niños son pobres, toda medida es urgente”. así, propuso impulsar cuatro propuestas:  poner a la primera infancia en el centro; mejorar la enseñanza y terminar con la deserción escolar; integración sociourbana y convertir planes en trabajo.

Desde la izquierda, Romina Del Plá señaló: “A 39,2% aumentó la pobreza en el último semestre. Más de 18 millones de personas. Brutal. La inflación, sobre todo en alimentos, se come los ingresos de los trabajadores. Alberto andaba por EE.UU mendigando monedas pero refuerza la entrega y una orientación más inflacionaria”.

A 39,2% aumentó la pobreza en el último semestre. Más de 18 millones de personas. Brutal.
La inflación, sobre todo en alimentos, se come los ingresos de los trabajadores.
Alberto andaba por EE.UU mendigando monedas pero refuerza la entrega y una orientación más inflacionaria. pic.twitter.com/39RmorSzbN

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) March 30, 2023

El presidente de la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, señaló que “mientras el índice de pobreza alcanza al 39,2 % de la población, lo que equivale a 18 millones de argentinos, el Gobierno nacional sigue sin reacción, sin propuestas, sin un mejor plan, paradójicamente, que otorgar planes”.

Y agregó: “Las principales herramientas de construcción de futuro como la generación de fuentes de trabajo, el incentivo a la producción y la educación parecen tampoco importarles. Están sumiendo al país en la pobreza total que va más allá de la pobreza económica”.

Por su parte, la diputada Laura Rodríguez Machado lamentó: “NÚMEROS que DUELEN El 39,2% de los argentinos se encuentra por debajo del índice de la pobreza. De los cuales el 8,1% cayó en la indigencia. Este relevamiento corresponde al segundo semestre de 2022 e implica un aumento del 1,9% respecto del primero”.

Mientras el gobierno sigue ocupado en una agenda alejada a la realidad, estos número duelen…
¿A quienes van a culpar a Macri, la pandemia, la guerra de Ucrania o la sequía?
¡¡Háganse cargo!! #peorgobiernodelahistoria pic.twitter.com/OTIrSGKcdm

— Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) March 30, 2023

También se expresó Graciela Ocaña: “No fue la Pandemia, no fue la Guerra y tampoco fue la sequía. Es el gobierno de los Fernández que dejó a más de 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza”.

En tanto la legisladora Mercedes Joury (Pro) apuntó contra el jefe de Gabinete, Agustín Rossi: “4 de cada 10 argentinos son pobres, y la pobreza infantil supera el 54,2%. Números que duelen y que van a empeorar. Ayer, el jefe de Gabinete nos habló de un país de maravillas, pero la única verdad es la realidad: son y multiplicadores de pobreza”.

Paula Oliveto (CC-ARI) planteó: “Más del 50% de argentinos son pobres e indigentes en la Argentina. Los jubilados y los trabajadores no llegan a comprar la canasta básica. Mercaderes de la pobreza con autos de funcionarios. Exitosa fábrica de pobres para seguir sometiendo y enriquecerse”.

La radical entrerriana Gabriela Lena lamentó que “nuestra querida Concordia, gobernada hace 40 años por el peronismo, es la ciudad más pobre del país”, y bregó: “Esto no da para más, vamos a cambiar Concordia, Entre Ríos y la Argentina”.

Ayer el Jefe de Gabinete vino a hacer un relato. Nos llevó al pasado para no hablar del presente. En su exposición no habló de inflación, ni de pobreza, ni de narcotráfico. Viven un mundo paralelo!#ElPeorGobiernoDeLaHistoria pic.twitter.com/qpSI25yKxJ

— Ingrid Jetter (@IngridJetter) March 30, 2023

El cordobés Hugo Romero (UCR) disparó: “Mientras en el Gobierno Nacional discuten candidaturas para las elecciones, el INDEC refleja los resultados de sus políticas económicas: la pobreza subió a 39,2%”, y preguntó: “¿El plan va seguir siendo el mismo? ¿Cuántos argentinos más pasarán a ser pobres hasta que termine la gestión?”.

La salteña Virginia Cornejo expresó: “Los datos de pobreza son muy preocupantes, la pésima gestión y la ineficacia para dar soluciones a los problemas de los argentinos, nos llevaron a estos números tan indignantes.  El 39,2% son POBRES. En #Salta 40.1%8,1% INDIGENTES. El 54,4% de los menores de 14 años, POBRES”.

A su turno, la senadora nacional Edith Terenzi (UCR– Chubut) planteó que “no hay más margen para gobiernos que no asumen la resolución de los problemas. Es momento de dar vuelta la página del populismo. Estos números son inmorales para los argentinos”.

Como el dólar, la inflación, los precios, como el engaño a los jubilados, la indiferencia a la discapacidad, y la asfixia tributaria. Como todo en este gobierno, la pobreza también subió: 3 puntos por semestre en 2022, Hoy 4 de 10 argentinos se hicieron pobres con @alferdez

— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) March 30, 2023

El liberal José Luis Espert disparó: “La pobreza se acerca al 40% afectando a más de 18.000.000 de argentinos. El plan deliberado de empobrecernos para luego hacernos esclavos de un plan social, le está saliendo perfecto al kirchnerismo, un verdadero fenómeno de genocidio económico y social”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño escribió: “El mismo día que el INDEC informa que el 54% de las pibas y pibes menores de 15 años son pobres, Massa anuncia más beneficios (y van…) a las cerealeras y grandes patronales agrarias. Cada vez es más evidente al servicio de qué intereses gobierna el FdT”.

“Mientras hunden a millones en la pobreza, siguen beneficiando a los grandes grupos empresarios, los especuladores financieros y pagando la deuda fraudulenta al FMI. El resultado de la gestión Massa que tanto elogia el Kirchnerismo”, cuestionó.

Su par de bancada Myriam Bregman sostuvo: “El dato más cruel es el aumento de la pobreza infantil. En el segundo semestre de 2022 la pobreza infantil (de 0 a 14 años) subió a 54,2%, es decir que hay alrededor de 6 millones pibes y pibas. Cumplir con el FMI no es gratis. Si te aplauden en Estados Unidos, es porque aumenta la pobreza en Argentina. Eso siempre fue así”.

“Los datos de pobreza son ofensivos. Lo que ganaron las grandes corporaciones con este gobierno, también. No todos se hunden con el Frente de Todos”, advirtió.

Diputado desde el 28 de febrero, Gabriel Mraida tuiteó: “11,5 millones los argentinos afectados por la pobreza. Cuando las medidas del gobierno nacional son asistencialismo, los números lo reflejan. Integrar para resolver la pobreza estructural!”.

11,5 millones los argentinos afectados por la pobreza. Cuando las medidas del gobierno nacional son asistencialismo, los números lo reflejan. Integrar para resolver la pobreza estructural! https://t.co/86RGFV3bAX

— Gabriel Mraida (@gabimraida) March 30, 2023

Por su parte, el legislador porteño Ramiro Marra no anduvo con vueltas. Dijo: “40% de pobreza, nos hicieron mierda. Están reventándole el presente y el futuro a los más jóvenes ¿ahora entienden porque eligen irse del país? No podemos seguir así”.

Desde julio, Alberto Fernández prohibió por decreto la contratación de empleados en el gobierno nacional, sin embargo, consultando el Boletín oficial puede constatarse que se viene eludiendo la prohibición a través de la creación de Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias. Frente a esta evidencia de que la medida no se está respetando, diputados de Juntos por el Cambio, con Germana Figueroa Casas a la cabeza, presentaron un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brinde explicaciones.

“Están usando la figura de las ‘unidades ejecutoras especiales temporarias’ para burlar la norma que ellos mismos dictaron. Es inaceptable que se siga aumentando el gasto público cuando tenemos tres dígitos de inflación anual, déficit y una presión impositiva insostenible por los sectores productivos”, aseguró Figueroa Casas, especialista en finanzas públicas.

El proyecto pide que se entregue en detalle a quién se contrató, en qué puestos y por qué monto utilizando esta figura de “unidades ejecutoras especiales temporarias”, algo que aparece en varios ministerios, desde la cartera que comanda Victoria Tolosa Paz hasta el propio Sergio Massa. Entre las más polémicas se encuentra la designación de una persona muy cercana al Superministro de Economía, Ezequiel Melaraña, compañero del secundario y presidente del Club Atlético Tigre.

“Sin eficiencia en el ámbito público no es posible el desarrollo económico, social e institucional de nuestro país. Claramente utilizar este tipo de herramientas para eludir la prohibición de tomar personal actúa en detrimento de la eficiencia y entorpece la creación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo. Es necesario contar con explicaciones y mirar cada caso en detalle para terminar con la burocracia estatal”, concluyó Figueroa Casas.

El proyecto contó con las firmas de los diputados nacionales Ingrid Jetter, Paula Omodeo, Ximena García, Marcela Antola, Dina Rezinovsky, Graciela Ocaña, Alberto Asseff, Omar De Marchi, Pamela Verasay, Sabrina Ajmechet, Lidia Ascarate, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Carlos Zapata, Álvaro Martínez, Hernán Lombardi, Pablo Torello y Ricardo López Murphy.

856-D-2023-UNIDADES-EJECUTORAS

El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley de creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, sancionada el 28 de febrero pasado por la Cámara de Diputados, por medio de la cual se establece la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 144/2023 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La iniciativa, que fue sancionada por 227 votos afirmativos y 2 negativos, había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020 y de no ser tratada antes del comienzo de un nuevo período ordinario podría haber perdido estado parlamentario.

La ley establece la creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas. por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.

La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá entre sus funciones crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estructura organizativa del Programa y reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento.

Además, deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas; elaborar un protocolo de carga e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional; e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud privados y de la seguridad social; entre otros puntos.

En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social, reza el articulado.

Asimismo, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, indica.

También señala que “el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable”.

“El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso”, agrega.

A un año de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le declarara “la guerra a la inflación”, los legisladores porteños de las diversas bancadas cargaron con dureza contra el Ejecutivo Nacional por el crecimiento de la inflación y aseveraron que la “economía está descontrolada”.

En ese sentido, el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad y diputado de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, afirmó que “una economía descontrolada, es reflejo de un gobierno sin confianza y sin plan, da como resultado los números que vemos cada mes” y recordó que “en febrero, se registró 6,6% de inflación. Si el kirchnerismo insiste en ‘volver’ a algo, debería ser al -0,4% de inflación que había cuando asumió en mayo del 2003”.

Mientras que el jefe del bloque VJ y hombre de confianza de Graciela Ocaña, Diego García Vilas, planteó que “somos un 102,5 % más pobres que el año pasado. La inflación quemó los salarios de los argentinos y sus perspectivas a futuro. Tenemos que apagar el incendio que nos deja el kirchnerismo”.

Sobre esa misma línea, el presidente de la Comisión de Presupuesto y del Pro Capital, Claudio Romero (VJ), manifestó que “en vísperas del primer aniversario de la guerra contra la Inflación decretada por Alberto Fernández, cruzamos la barrera de los tres dígitos y llegamos al 102,5% interanual. La derrota es absoluta” y aseveró que este “es el peor Gobierno de la historia”.

En tanto la oficialista Gimena Villafruela (VJ) remarcó que “la ausencia de políticas económicas del kirchnerismo nos tiene acostumbrados a estos aumentos desmedidos. Es hora de poner un freno. Con un plan integral, bajar la inflación es posible” y que María Luisa González Estevarena (VJ) destacó que “el Gobierno no para de superarse, pero siempre con malas noticias. La inflación no da tregua y ya superó el 100% interanual por primera vez en más de 30 años. Sin un plan ni rumbo, la inflación cada día empobrece más a todos los argentinos”.

Al mismo tiempo que Natalia Fidel (VJ) graficó la delicada situación económica que se vive en el país con un ejemplo en el que involucró a Franco, uno de sus hijos, quien se encuentra ahorrando el dinero que el Ratón Pérez le deja cada vez que se le cae un diente. “Franco junta lo que le trae el Ratón Pérez para comprarse un juguete. Cómo explicarle que en una Argentina con 102% de inflación su constancia no sirve. Los desafíos de la educación financiera en un país sin moneda…”.

En ese sentido, el jefe del bloque Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Marcelo Guouman, replicó en sus redes un mensaje de Martín Lousteau. “Una vez más, el número de inflación mensual e interanual deja en evidencia los errores repetidos de un Gobierno que sigue sin pensar soluciones para resolverlo. No es un problema exclusivamente económico, es un problema político.  Basta de parches”, completó.

A su vez la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Mercedes De Mendieta le preguntó a sus seguidores en las redes sociales: “¿viste los números de la inflación nacional? En febrero llegó al 6,6% y la interanual al 102,5%. Pero si vas al rubro alimentos y bebidas se va al 9,8% solo en febrero. Posta, no se aguanta más…”.

Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) consideró que “el nuevo salto de la inflación muestra el fracaso de la política del Gobierno y del supuesto plan de estabilidad suscripto con el FMI. Como lo dijimos oportunamente estamos ante una política inflacionaria deliberada para aplicar un fuerte ajuste contra el pueblo” e informó que “el golpe más duro lo reciben los sectores populares. El aumento de los alimentos llegó al 9.8%, lo que seguramente se traducirá en un nuevo salto de la pobreza y la indigencia. En este contexto el Gobierno quiere eliminar más planes sociales y reduce las partidas a los comedores”.

“Las paritarias del 60% que la burocracia sindical viene firmando a pedido del gobierno han quedado en ridículo y salta a la vista que sólo apuntan a rebajar los salarios y las jubilaciones”, continuó y concluyó señalando que “el fracaso de la política del Gobierno no tiene atenuantes. La oposición tradicional buscará explotar la crisis en su propio beneficio, pero la devaluación que promueve agravará la inflación ya fuera de control”.

Legisladores de distintos espacios políticos expresaron su enojo a través de las redes sociales por el asesinato de un nene de 11 años, identificado como Máximo Jerez, en la ciudad de Rosario tras un ataque a tiros que vincularon con un capo narco que despertó la furia de los familiares, vecinos y amigos del menor.

La exgobernadora bonaerense y diputada del Pro, María Eugenia Vidal, criticó: “Cuando el gobierno protege a los narcos, a los bunkers los tiran los vecinos. El baño de sangre en Rosario es responsabilidad de ustedes Alberto Fernández y Omar Perotti”.

En el mismo sentido se expresó Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos): “’A la noche a los que estamos acá nos van a cagar a tiros’. Los rosarinos se están defendiendo de los narcos con piedras y botellas. Mientras el presidente y Perotti siguen debatiendo quién se hace cargo, Rosario se desangra”.

La violencia suspende clases en Rosario, ataca a la policía en el Chaco, usurpa tierras y corta rutas en todo el país. Si este desmadre continúa, el país se desintegra.

NECESITAMOS ORDEN. pic.twitter.com/sZm8Q64S6S

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 6, 2023

En tanto el jefe del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, sostuvo: “Las imágenes de Rosario son desoladoras. En Córdoba es un delito que crece día a día. Los que se llenaron la boca con el “Estado presente” hoy están dejando a la sociedad a la intemperie del crimen organizado”.

“Rosario es la foto más cruda de lo que pasa en múltiples ciudades a lo largo de toda la Argentina. La responsabilidad la tiene el Estado que ante una emergencia sin precedentes sigue de brazos cruzados”, cuestionó el jefe del bloque UCR en el Senado, Luis Naidenoff.

La senadora santafecina Carolina Losada (UCR) escribió: “Cuando el Estado mira para otro lado y se lava las manos frente los problemas más graves, ante lo peor que puede pasar, la justicia por mano propia parece volverse la regla más peligrosa. Es URGENTE volver a un Estado de derecho que imponga el orden. Los rosarinos merecemos PAZ”.

El bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro) planteó: “La ausencia del Estado. lo que pasa cuando no se cumple el contrato social y no se garantiza la seguridad. Vecinos toman la causa por el chico asesinado en Rosario y atacan al supuesto narco que creen responsable. Todos saben dónde se vende la droga, como en cualquier conurbano”.

Bala. https://t.co/uOrVOGdrwC

— José Luis Espert (@jlespert) March 6, 2023

También se expresó la entrerriana Gabriela Lena (UCR): “La situación en Rosario es alarmante, tanto el Gobierno Provincial como Nacional han dejado desprotegidos a todos los rosarinos. No podemos permitir que los narcos tomen nuestras calles, no podemos permitir un gobierno cómplice de estas mafias”.

“Te matan por un celular en pleno Palermo. Rosario sangra. En el Conurbano todos los días matan a alguien. Demasiadas familias atravesadas por el dolor para que la política se distraiga en internas y peleas que no le cambian la vida a nadie”, manifestó la diputada Paula Oliveto Lago (CC)

En tanto, Graciela Ocaña (Pro) relató: “La gente en Rosario dijo ¡basta! Vecinos destruyendo la casa de un presunto narco. Esto sucede cuando la injusticia, la ausencia del Estado y el abandono, son las banderas de un Gobierno que le da la espalda a la gente. Así no hay futuro para nadie”.

“El Gobierno Nacional ha dejado a Rosario y sus ciudadanos solos. El presidente mientras tanto arroja palabras vagas y tira la pelota afuera ‘algo más habrá que hacer’. ¿Quién acciona si no es él?”, fustigó.

Y cerró: “La concepción que tienen es que los delincuentes son las víctimas a quien proteger, no un elemento a combatir. El peligro no sólo está en Rosario: si no se frena ahora la evolución de los carteles narcos todo el país será preso de esta mafia sanguinaria”.

Por su lado, el liberal Javier Milei habló de un “Estado fallido” y explicó: “Las imágenes que estamos viendo en TN de lo que sucede en Rosario no es otra cosa que la demostración de que Argentina es un Estado fallido producto de 100 años de fracaso de un modelo político y económico que sólo sirve a los intereses de los políticos”.

“El Estado (en todas sus definiciones contempla la seguridad), que sólo debería proveer funciones básicas se encuentra totalmente deformado para que los políticos hagan sus negocios y satisfagan a los intereses especiales que los pusieron ahí”, agregó.

En tanto, planteó que “la única salida a este estado de anomia absoluta es un cambio profundo de 180 grados que vuelva a poner al Estado al servicio de los argentinos; y no a los argentinos al servicio del Estado (políticos). Mientras continuemos con este modelo el único destino es la anomia absoluta”.

El gobierno de Rosario envió a la policía para proteger al Narco que mató al niño de 11 años y atacan con balas de gomas a los vecinos que fueron a exigir justicia.

Esto está pésimo, el "Estado presente" falló por completo. Eligieron a los NARCOS. pic.twitter.com/Ikwxs9PA8T

— Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) March 6, 2023

Por parte de la legislatura porteña, el referente de izquierda Gabriel Solano criticó: “El asesinato de un nene en Rosario desató una rebelión popular contra los narcos. La policía que sabe perfectamente donde están los bunkers de venta no hacen nada. Son cómplices de los narcos”.

El economista y diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) habló sobre la reunión que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri: “Escucho mi visión sobre las reglas electorales y de gobernanza, creo que la coalición necesita reglas de gobernanza para el futuro”. Por otro lado, criticó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa: “Este es el Gobierno que más ha endeudado”.

“Hablar de bomba económica es un término bastante habitual, si se observan los acontecimientos cada vez estamos en una situación más límite. Acaban de ir a negociar con el Fondo y los organismos multilaterales que les bajen las metas de reserva. Cada vez tenemos una deuda más grande en el Banco Central, cada vez tenemos más inflación y cada vez estamos más vulnerables a algún acontecimiento en marzo. Si lo llamamos globo o bomba es dar la sensación de una situación inviable”, explicó el diputado en diálogo por la AM990.

En ese sentido, López Murphy apuntó contra la gestión de Alberto Fernández: “Este Gobierno es el que más ha endeudado al país”, y comparó: “El gobierno de Cristina (Kirchner) de 2011-2015 endeudó al país por 15 millones por años. Macri aproximadamente en una cifra similar, y este en 40 mil millones por años, o sea este es un Gobierno que ha endeudado de una manera dramática”.

“Había 1 billón de lelics y ahora 12 millones, la deuda del Banco Central es una cuestión anormal y eso nadie se da cuenta. Ningún banco del mundo tiene estas características todos los depósitos nuestros tienen detrás bono público no hay otra cosa, no hay crédito privado. Eso configura una situación delicada”, alertó y continuó: “El país tiene un atraso cambiario en el tipo de cambio oficial muy grande con una brecha del 100% que hace que los resultados del comercio exterior sean absolutamente insuficientes para resolver los problemas que tenemos”.

En ese marco y en mira a los próximos comicios, manifestó: “De ganar, vamos a tener que hacer un cambio en nuestras instituciones económicas financieras de forma dramática. El BCRA deberá ser autónomo, no le podrá prestar a la tesorería, habrá que equilibrar las cuentas fiscales. Sin eso vamos a seguir metidos en una inflación incontrolable. Hay que hacer un montón de cosas para que vuelva a prevalecer el accionar de la sociedad civil, la argentina tiene que volver a prosperar, no estar estancada 10 años como ahora”.

Sobre el encuentro que mantuvo con Macri, contó: “Escuchó mi visión sobre las reglas electorales y de gobernanza. Creo que la coalición necesita reglas de gobernanza para el futuro no va a tener una figura prevalente como fue él en la etapa anterior y eso requiere que tengamos reglas de negociaciones. Le comenté la visión sobre la Ciudad y la idea de Republicanos Unidos de ser una alternativa en la Ciudad”.

“No importan los candidatos si tenemos claro el discurso y la propuesta y las reglas”, remarcó el economista

El titular del bloque Pro en el Senado, el misionero Humberto Schiavoni, apuntó contra el Gobierno nacional y provincial por la inseguridad y les exigió que tomen medidas porque “hay hechos muy graves que suceden sin que intervengan las fuerzas de seguridad”.

A través de su cuenta de Twitter, el senador planteó que “Misiones no es ajena a la grave inseguridad que padecen todos los argentinos. Vemos a diario episodios crecientes de delincuencia, que en muchas ocasiones está vinculada con el narcotráfico”.

En esa línea, denunció que “hay hechos muy graves que se suceden sin que intervengan las fuerzas de seguridad”, y ejemplificó: “En la localidad de Colonia Oasis por ejemplo hay serias denuncias de robos, ocupaciones de viviendas y hechos asociados al narco que atemorizan a todos los vecinos”.

“Exigimos a los gobiernos de la Nación y de la provincia que salgan de su pasividad e intervengan decisivamente para terminar con estos episodios que tienen en vilo a los misioneros”, remató su tuit.

El diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista – Santa Fe) presentó un proyecto de ley para exigirle al Gobierno nacional que se “haga cargo del crimen organizado en Rosario” y que declare la emergencia en seguridad pública en el área metropolitana de esa ciudad.

Así lo comunicó el santafecino a través de su cuenta de Twitter en cuya iniciativa expresa: “Declárese la emergencia en materia de seguridad pública, en todo el territorio del Área Metropolitana de Rosario, por el término de dos años y prorrogable por el mismo periodo, con el objeto de combatir el delito complejo y crimen organizado y garantizar la plena vigencia de lo derechos y garantías constitucionales de los habitantes”.

Además, solicita al Poder Ejecutivo que coordine e implemente en forma “urgente” en articulación con el Estado Provincial, los municipios de Rosario, las “acciones efectivas para garantizar la protección integral de la ciudadanía”.

Entre los objetivos centrales del proyecto, Estévez enumeró: “Consiste en crear un fondo especial de 9 MIL MILLONES DE PESOS; garantizar mayor presencia efectiva de las fuerzas de seguridad; fortalecer la Justicia Federal; ampliación de la Agencia Federal de Inteligencia en Rosario”.

EL GOBIERNO NACIONAL SE TIENE QUE HACER CARGO DEL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN ROSARIO.
Presentamos un proyecto para declarar la emergencia en seguridad en el área metropolitana de #Rosario
(1/5). pic.twitter.com/1AjTEgs7YQ

— Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) February 9, 2023

“Constituir una junta de emergencia en seguridad y un comité de crisis representado por el Gobierno nacional, provincial y gobiernos Locales; Coordinar con el Ministerio de Seguridad de la provincia para mejorar el control del servicio penitenciario en todas las unidades penales de la provincia”, sumó.

Por otro lado, también presentó un proyecto para solicitarle a la titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, que “designe a los integrantes del Senado en la Comisión Bicameral encargada de fortalecer la Justicia Federal en Rosario”.

“Los niveles de violencia sin precedentes que estamos viviendo en la ciudad de Rosario y las permanentes improvisaciones del Gobierno Provincial sin un plan concreto, medible, y verificable no admiten más postergaciones del Gobierno Nacional y su Ministerio de Seguridad”, informó el socialista.

Dejando de lado el horror antirrepublicano que constituye la intención del Gobierno de modificar, por decreto, la cantidad de miembros del Máximo Tribunal Judicial de la Nación, explicaré técnicamente esta cuestión.

Cuando un presidente de la Nación utiliza uno de los conocidos DNU (decretos de necesidad y urgencia), es porque está ejerciendo potestades que la Constitución Nacional le asigna al Congreso. Efectivamente, como la potestad de decidir la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde al Congreso, si el primer mandatario quiere ejercerla, necesita apelar a un DNU.

¿Qué condiciones impone la Constitución Nacional para que el presidente pueda ejercer atribuciones del Congreso a través de un DNU?

Que existan “circunstancias excepcionales” que le impidan al presidente esperar al Congreso; que el decreto esté firmado por todos los ministros, y que no sean cuestiones penales, impositivas, electorales o referidas a los partidos políticos. Si se superan estos requisitos, el decreto va a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que evaluará si ello efectivamente es así, emite un dictamen, y luego es necesario que al menos una de las dos Cámaras le dé su aprobación.

Pues veamos: por un lado, la firma de los ministros es fácil de lograr, y la modificación de la Corte no encaja en ninguno de los temas prohibidos para el dictado de decretos de necesidad y urgencia. El problema es que no existen circunstancias excepcionales que le permitan el presidente aumentar la cantidad de miembros de la Corte. Si bien la expresión “circunstancias excepcionales” es de interpretación subjetiva, aunque los presidentes suelen tener criterios muy laxos para efectuar dicha interpretación, para la Corte, dichas circunstancias solo se producen cuando hay hechos de guerra o naturales que le impidan a los legisladores acceder al Congreso para sesionar.

En este caso, no solo ya está previsto el inicio de sesiones extraordinarias para el próximo jueves, sino que además, el año pasado, el Senado dio media sanción a un proyecto mediante el cual se eleva a quince la cantidad de jueces de la Corte. Por lo tanto, es indudable que, siendo inminente el inicio de sesiones extraordinarias, y habiendo ya un proyecto con media sanción, las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para que el primer mandatario pueda dictar un DNU para ello, no están configuradas, por lo que un decreto de necesidad y urgencia, en este caso, sería absolutamente inconstitucional.

De cara a que se conozca el veredicto en el marco del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma, diputados nacionales reclamaron al Gobierno Nacional que incorpore al temario de extraordinarias el proyecto de ley inspirado en dicho caso.

El proyecto por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.

El autor de la iniciativa, el pampeano Martín Maquieyra expresó: “Es lamentable que el presidente no incluya el tratamiento de la Ley Lucio en el Senado. Necesitamos con urgencia que se trate cuando antes en la sesión para que finalmente sea ley. Lo único que falta es que los senadores aprueben el proyecto, no entiendo por qué el presidente decide no tratarlo”.

“Vamos a seguir reclamando para que lo traten. Junto a la familia Dupuy hemos hecho un esfuerzo enorme para tratarlo en un año y necesitamos que el Senado la apruebe con urgencia. Esperamos que el presidente reconsidere este hecho y lo incluya en el temario”, completó el legislador opositor.

Todos una mierda. https://t.co/IaT7Ggxlcd

— José Luis Espert (@jlespert) January 18, 2023

“Fui co-firmante del proyecto Ley Lucio de Martín Maquieyra recibimos y escuchamos a sus abuelos, trabajamos con organizaciones de protección de la infancia. Se aprobó el 9/11/22 en Diputados, pero falta el Senado. Alberto Fernández convocó a Extraordinarias con 27 proyectos. No lo incluyó”, reclamó la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC en la Cámara baja, Silvia Lospennato.

La vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, se sumó al pedido en redes y escribió: “Esperamos una condena ejemplar de perpetua para estas dos personas. Destitución a la jueza Pérez Ballester por mal desempeño. Justicia para Lucio exigimos y por eso impulsamos la Ley Lucio. Pedimos al gobierno nacional que se trate en extraordinarias y sea ley”.

Diputados nacionales del bloque Frente Pro le solicitaron al Gobierno nacional que reglamente la Ley que establece el Régimen de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen cáncer, a través de un proyecto de declaración.

Vale recordar, que la referida norma fue sancionada por unanimidad el pasado 30 de junio de 2022 “fruto del impulso y el valioso trabajo en conjunto de familias de pacientes oncopediátricos de todo el país, y marcó un hito en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer en el país”.

La Ley establece, entre otros puntos, una ayuda económica para las familias; la cobertura total de la medicación y los tratamientos, y el acompañamiento de un adulto durante la internación, sin que esto signifique gasto para la familia.

También incluye el uso del transporte público en forma gratuita, licencias extendidas para los papás, acompañamiento terapéutico, la garantía de viviendas acordes con las necesidades de los pacientes y, en caso de que la familia tenga que trasladarse más de 100 kilómetros para el tratamiento, un subsidio habitacional para cubrir el gasto de alojamiento.

El reciente pedido al Gobierno nacional se realizó a través de un proyecto presentado por los diputados del Pro Mercedes Joury, Cristian Ritondo, María Luján Rey, Soher El Sukaria, Adriana Ruarte y María Eugenia Vidal.

Al respecto, Ritondo manifestó que “se trata de una demora inadmisible que pone sobre la mesa la falta de gestión y de sensibilidad de un gobierno que vive una realidad paralela alejada de los problemas que preocupan a la sociedad”.

Y acotó: “La agenda real de los argentinos es la que tiene en cuenta temas como la ley que protege a los chicos con cáncer, exigimos la inmediata reglamentación”.

Por su parte, Joury dijo que “hace casi 7 meses que se sancionó esta Ley, pero a pesar del circo que hizo en la Casa Rosada el Gobierno en su promulgación, sosteniendo frente a los familiares que era una prioridad de gestión, todavía no la reglamentaron, mientras miles de niños y sus familias padecen las consecuencias de esta inacción”.

Asimismo, agregó la diputada que “en nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niños y niñas de entre 5 y 14 años, todos los años se diagnostican 1.500 nuevos casos, y se registran unos 400 fallecimientos, por eso le pedimos al gobierno que sea responsable y reglamente ya esta Ley tan necesaria”.

En tanto, Rey aseguró que “no se explica la demora, cuando el mismo presidente recibió a las familias que desde hace años luchan por esta Ley. Así y todo, habiéndose comprometido en la pronta reglamentación, seguimos esperando. No sorprende que el presidente no cumpla con su palabra, parece ser su costumbre”.

Asimismo, El Sukaria sostuvo “especular políticamente con un tema tan urgente, imprescindible y delicado como la salud es algo inadmisible e imperdonable. Basta de jugar con la vida de miles de personas”.

Hace unos días la senadora Beatriz Ávila presentó un proyecto para que el Gobierno Nacional emita billetes de mayor denominación ante el índice inflacionario registrado en 2022. Parece que desde el Ejecutivo recogieron la propuesta y estarían dispuestos a llevar a cabo dicha medida, lo cual fue destacado por el senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego).

“¡Era hora! Parece que al gobierno le cayó la ficha de la inflación y van a lanzar billetes de mayor denominación. Algo que desde la oposición venimos reclamando desde hace 2 años”, escribió en su cuenta de Twitter el radical.

En ese sentido, recordó que el 5 de agosto de 2021 presentó un proyecto solicitando la emisión de billetes de 5 y 10 mil pesos que “jamás fue tratado”. En ese sentido, sostuvo: “Esto no solucionará el problema inflacionario, pero ayudará de manera práctica a la gente”.

¡Era hora! Parece que al gobierno le cayó la ficha de la inflación y van a lanzar billetes de mayor denominación. Algo que desde la oposición venimos reclamando desde hace 2 años. pic.twitter.com/9l0LhPF4O1

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) January 16, 2023

“Emitir billetes de 5 y 10 mil pesos reducirá costos al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación, evitará el rápido agotamiento de los cajeros automáticos y ocupará menos espacio en toda la cadena de traslado”, explicó Blanco.

Por último, planteó: “Más de dos años tardó el gobierno en entender que aceptar la realidad no es una derrota sino la única forma de comenzar a poder cambiarla”.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó este jueves en su tradicional conferencia de prensa contra JxC y les pidió que “dejen de intentar extorsionar al Gobierno con solo tratar los temas que a ellos les interesa”, luego de detallar los 27 proyectos que enviará el Ejecutivo al Congreso para que sean tratados en extraordinarias, cuya convocatoria será publicada esta noche en el Boletín Oficial.

Según aseguró Cerruti el temario incluye un total de 27 proyectos en el que está incluido pedido de juicio político a la Corte, reforma del máximo tribunal y Consejo de la Magistratura. “El periodo de extraordinarias según la convocatoria se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, precisó.

Sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, que Juntos por el Cambio ya avisó que sus legisladores participarán del debate para bloquear el proyecto, Cerruti sostuvo que espera que “la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo este último tiempo”.

“Siempre hay tiempo para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso”, planteó y agregó: “Tenemos un extenso temario de 27 proyectos. Temas importantísimos para los argentinos que tienen que ver con el desarrollo productivo, con temas judiciales como la designación del Procurador, la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que la misma Corte ha pedido que se lleven adelante”.

“El temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los debates, de los consensos”, lanzó.

Y acusó a la oposición de intentar “extorsionar al Gobierno o a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesa”.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que la justicia socaba el Estado de Derecho”, disparó la funcionaria y sumó: “Eso lo comprobamos con la reunión de Lago Escondido que demuestra que la justicia en la Argentina actúa en contra del Estado de Derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico, con funcionarios y para organizar fallos judiciales y luego arman un intento de encubrimiento”.

Y siguió embistiendo contra la justicia: “Además por el fallo del Consejo de la Magistratura en la cual se autoproclamó presidente del Consejo el actual presidente de la Corte o por el fallo que hay con respecto a la Ciudad de Buenos Aires donde avanzaron sobre el resto de las provincias”.

“En Argentina hace falta una reforma judicial y por eso estamos enviando, y esperamos que la oposición lo tenga en cuenta, muchos proyectos como la designación del Procurador, como la ley del Consejo, como la designación de jueces, que tiene que ser tratado lo antes posible para”, remarcó.

El diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara baja, el mendocino Omar De Marchi (Pro), sostuvo que “el presidente ha perdido la brújula al llevarnos a discutir un tema que no es prioridad”, al hacer alusión al pedido de juicio político que impulsa el Ejecutivo contra la Corte Suprema.

En diálogo por CNN Radio, el legislador expresó: “No naturalicemos esto que nos pasa en argentina. En un país con 100% de inflación, que rompe los salarios, deshilacha las jubilaciones, esa es la agenda de la argentina que tendría que estar al tope de las prioridades y vemos al presidente pidiendo el juicio político a la Corte”, y planteó: “El presidente ha perdido la brújula o lo que hace es llevarnos a discutir un tema que no es prioridad”.

El diputado, sostuvo que “el gobierno está generando una bomba de tiempo en la gente que le va a explotar en la cara en cualquier momento porque la gente no es estúpida. Todo esto que ellos creen que puede ser una picardía para distraer a la sociedad se les viene en contra muy rápidamente. La gente se lo va a hacer saber con su voto”.

“Siguen el modelo del gobierno de Venezuela que es el de generar siempre un conflicto, dividir a la sociedad entre buenos y malos y son un gobierno oscuro”, señaló.

De Marchi, precisó que “van a tener que desempolvar al menos 10 juicios políticos porque hay al menos dos a Cristina Fernández de Kirchner y dos a Santiago Cafiero. Me imagino que van a poner todos arriba de la mesa”.

El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Asseff (Pro), propuso que el Gobierno Nacional invite al reciente reelecto presidente de Brasil, Lula Da Silva, a “visitar la Antártida”.

La iniciativa de Asseff de realizar en el territorio blanco una cumbre tiene como objetivo “dar un mensaje a propios y extraños de que los dos países más grandes de América del Sur están decididos a encontrar los caminos de integración y de apertura al mundo”.

El diputado señaló que “quizás pensando en grande el actual titular de la Casa Rosada en vez de enfrascarse en un juicio político a la Corte, imposible de realizar, se dedique a reforzar dos políticas de Estado como lo son la afirmación de la soberanía antártica y la integración de esta parte sureña de Occidente”.

“El 23 de enero vendrá a Buenos Aires el presidente Lula. Ojalá puedan ajustar la agenda y realizar este viaje a la Antártida”, bregó. El brasileño inició este domingo su tercer mandato al frente del país más grande de Sudamérica.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro) denunció que el Gobierno nacional en una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Economía, Sergio Massa, recortaron fondos del área de salud y alertó que “eso es menor calidad de vida para los argentinos”.

“Como siempre, cuando se trata del presupuesto, el Gobierno Nacional miente. Hace votar en el Congreso un presupuesto que tiene cantidades extraordinarias de dinero se supone para ampliar derechos, pero después cuando tiene efectivamente que gastar, ajusta. ¿Y dónde ajusta? Donde más duele”, relató el diputado bonaerense en un video que publicó en Twitter.

En ese sentido, denunció: “El gobierno de los Fernández vuelve a demostrar que tiene un presupuesto para la tribuna y otro real. Juan Manzur, Wado de Pedro y Sergio Massa acaban de recortar 5 mil millones de pesos en partidas del Ministerio de Salud y en transferencias a las provincias vinculados a la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles”.

“Entre muchas otras, algunas de ellas son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades neurológicas, dolencias asociadas directamente a la calidad y a la expectativa de vida de la población. Eso es menor calidad de vida para los argentinos”, precisó Finocchiaro.

Y apuntó: “Esta reducción de derechos, este nuevo ajuste a la salud de los argentinos nos deja a contramano de lo que está haciendo el mundo. En la misma decisión administrativa se incrementan los recursos destinados al Instituto de las Madres de Plaza de Mayo”.

El Gobierno Nacional realizó este martes una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95 por ciento.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.

El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.

Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa”, y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.

“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno nacional.

Y aseveró que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”.

“Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”, insistió.

Las presentaciones formalizadas habían sido anunciadas este lunes por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.

“Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados este lunes.

La medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016. El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.

En medio del conflicto por el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación, pero que desde el Ejecutivo quieren pagar con bonos, diputados del Pro presentaron un proyecto para crear una Comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales coparticipables que efectuó el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre de 2019.

La iniciativa parlamentaria surge en el marco del conflicto de poderes desatado por el Gobierno nacional que “se resiste a cumplir con la normativa vigente vulnerando el federalismo en detrimento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El objetivo principal de la Comisión es “investigar y analizar el marco jurídico vigente en materia de percepción, administración y distribución de recursos coparticipables entre la Nación las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, así como la gestión, desempeño y cumplimiento de este marco jurídico por parte de los funcionarios enumerados en el artículo 53 de la Constitución Nacional, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la actualidad”.

También busca “determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.

Asimismo, la propuesta republicana plantea, en caso de ser necesario, realizar modificaciones en materia de coparticipación y recuerda que “la Corte Suprema recientemente ha resuelto que existe suficiente verosimilitud en el planteo según el cual el decreto 735/2020 y la ley 27.606 son contradictorios a la Constitución Nacional”.

La Comisión investigadora estaría integrada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías. El presidente correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República.

Entre las facultades, plantea que podrá recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; requerir y recibir declaraciones informativas o testificales; remitir oficios, solicitar informes, ordenar peritajes o requerir documentación, sobre los hechos que sean objeto de investigación; denunciar ante la justicia cualquier intento de entorpecimiento, obstrucción, demora, ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación.

El proyecto lleva las firmas de Cristian Ritondo, Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.

6821-D-2022-proyecto

El Gobierno Nacional decretó feriado nacional para este martes 20 a través de un DNU, con el fin de que la gente pueda participar de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección Argentina en Qatar.

Sin embargo, dicha decisión cayó mal en el arco opositor y los legisladores y lo hicieron notar a través de las redes. Uno de ellos fue el titular del interbloque de JxC en el Senado, el radical Alfredo Cornejo: “Todos estamos felices por el triunfo de la Selección Argentina. Ahora bien, no era necesario someter a todo el país con un feriado nacional a paralizar la producción y la educación, por un festejo que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Como se consiguió el campeonato mundial de fútbol? Trabajando”, remarcó el diputado del Pro Alberto Asseff y comparó: “¿Cómo propone el(des)gobierno celebrarlo? No trabajando (decretando un feriado de país de quinta)”, y señaló: “Corregir este tipo de actitudes es también CAMBIO”. En otro tuit agregó: “Lo cierto es q este populismo ha destruido la cultura del trabajo y por ello refirmo el sentido de mi mensaje”.

El entrerriano Pedro Galimberti sostuvo: “La Selección @Argentina trabajó duro para darnos la tercera copa mundial de Fútbol. Contra esos valores @alferdez y el @FrenteDeTodos paralizan el país con un feriado innecesario. El trabajo y el esfuerzo se homenajean con más esfuerzo y más trabajo. Basta de demagogia populista”.

Ya la kirchneriaron… ni 24 horas pudieron aguantar. El mensaje era trabajar https://t.co/6Fyu7YlHwv

— Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) December 19, 2022

A su vez, el diputado de la CC-ARI Rubén Manzi planteó: “Lunes, asueto administrativo; martes, feriado nacional; viernes, asueto…. @alferdez, @RaulJalil_ok, no se les está yendo la mano? La Argentina necesita trabajar para salir adelante”, y manifestó: “Todo lo que nos enseñó la selección (esfuerzo, humildad, trabajo) es lo que ustedes desalientan”.

Por su parte, la diputada Sabrina Ajmechet lanzó: “El gobierno nos somete constantemente a vivir en una locura. No sabemos si mañana es feriado o no. Circula un decreto que es fake y los ciudadanos no sabemos cómo organizar nuestro día de mañana. Este nivel de improvisación y de maltrato no se soporta, arruinan hasta lo más feliz”.

El neuquino Francisco Sánchez (Pro) opinó: “Argentina tiene que aprender del ejemplo de trabajo, esfuerzo, productividad de la selección de Messi, Scaloni y compañía. Un asueto es contrario a esos valores, es solo un acto de populismo desesperado”.

“Feriado nacional por la llegada de la selección y llaman este miércoles a sesión de Diputados con 48hs de anticipación para tratar 21 proyectos de ley, ninguno prioritario para la gente. Peronia”, lanzó el liberal José Luis Espert.

El gobierno de científicos de las mil ideas productivas decretó un feriado nacional para recibir a los jugadores. El laburante de Chaco, Río Negro, Cordoba, PBA, etc, etc que no va a ver pasar a los jugadores ni cerca tampoco tiene que ir laburar.
Quedan 356 días y se van!

— Mercedes Joury (@MercedesJoury) December 19, 2022

“Declarar feriado para recibir a la Selección es no entender el ejemplo que nos dieron, no valorar el esfuerzo, el trabajo y la superación, volver a cargar las espaldas sobre el que emprende y no lo tenía previsto. Y además 0 federal: solo los que viven en Bs As podrán asistir”, rechazó por su parte la diputada del Pro Germana Figueroa Casas.

Decretar #FeriadoNacional es otro gran desacierto de un gobierno que no sabe cómo hacer para colgarse del mundial. El país necesita trabajar. Que pase algo extraordinario en CABA no tiene que implicar el cierre de las provincias ni el de los servicios esenciales de todo el país. pic.twitter.com/hD6FKpXIKh

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) December 20, 2022

El senador entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) criticó señalando que “este gobierno centralista declara FERIADO NACIONAL cuando los festejos ocurren en la Capital Federal y parte del conurbano. La improvisación de este gobierno atenta contra las pymes y la producción. BASTA!”, mientras que el radical formoseño Ricardo Buryaile se dirigió al mandatario: “Presidente Alberto Fernández, ¿qué sentido tiene este feriado nacional? ¿Los jornales de mañana se pagan al 100%? Se nota que nunca pagó uno. ¿Cree usted que los que viven en el interior van a venir al Obelisco a festejar? Basta de #Populismo”.

“El Gobierno no entiende el mensaje que la seleccion nos enseñó. Feriado Nacional. Esto también es uso político de un logro deportivo.  Obviamente, estamos felices por el tricampeonato pero ¿Era necesario un feriado nacional?”, se preguntó la diputada Graciela Ocaña, para rematar luego: “Hace más de 10 años que la Argentina no crece”.

Mientras organizaciones sociales amenazan con un acampe en la Avenida 9 de Julio en reclamo del pago de los planes sociales, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) dio a conocer un informe que reflejó que la pobreza subió al 43,1 %, lo que generó una fuerte reacción de la oposición en redes sociales contra el Gobierno Nacional.

“Según @ODSAUCA en Argentina el 43,1% de las personas son pobres, esto alcanza al 32,7% de los hogares. El cuarto gobierno kirchnerista solo trabaja por lograr la impunidad de los corruptos y se olvidó de la gente completamente. El Frente de Todos multiplica pobres día a día”, disparó el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri.

Según @ODSAUCA en Argentina el 43,1% de las personas son pobres, esto alcanza al 32,7% de los hogares.

El cuarto gobierno kirchnerista solo trabaja por lograr la impunidad de los corruptos y se olvidó de la gente completamente.

El Frente de Todos multiplica pobres día a día. pic.twitter.com/7guiFnmbkX

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 6, 2022

Por su parte, la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC en la Cámara baja, la macrista Silvia Lospennato (Pro), escribió: “La noticia del día debería ser que la pobreza subió al 43,1%. La UCA decidió difundirlo justo hoy que los medios están ocupados en otra cosa. Por eso usemos las redes para que se sepa”, y lanzó: “El kirchnerismo es pobreza. Háganse cargo”.

“¿Los integrantes de la mesa del hambre no tienen nada para decir el día que muestran que más de 17millones de argentinos son pobres? ¿Eran referentes preocupados por la situación social o militantes kirchneristas? No me respondan, ya respondieron ellos”, expresó la diputada Sabrina Ajmechet (Pro).

El bonaerense Alejandro Finocchiaro sostuvo: “Espantan los datos de la UCA: mayor pobreza estructural, personas con empleo que no alcanzan la canasta básica, falta de acceso al agua potable y servicios sanitarios, basurales. Fracaso de un ‘modelo de inclusión’ que no priorizó el trabajo genuino y ya excluyó 3 generaciones”.

“Brutal el informe de la UCA: en los últimos 10 años la pobreza creció 15 puntos porcentuales. ¡Qué se vayan todos!”, apuntó el legislador porteño de izquierda Gabriel Solano. En otro tuit describió: “La población ocupada tiene una remuneración promedio de $ 79.000. Supera apenas el 50% de la canasta de pobreza. El empobrecimiento de nuestro pueblo adquiere dimensiones intolerables”, y agregó: “El mismo día en que se conoce un informe de la UCA que señala que sin la asistencia del Estado el crecimiento de la pobreza sería aún peor, la ministra Tolosa Paz decide dar de baja más de 20.000 planes sociales”.

En medio del debate respecto al Presupuesto 2023, los diputados porteños de Republicanos Unidos (RU), UCR-Evolución (UCR-Ev) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) criticaron con dureza al Gobierno Nacional por los recortes en las partidas destinadas a educación y consideraron que “como la educación no es redituable electoralmente, siempre se deja de lado”.

En ese sentido, la radical Manuela Thourte (UCR-Ev) afirmó que “miles de chicos no volvieron a la escuela postpandemia, no aprenden contenidos mínimos. El 60% vive bajo la línea de pobreza” y lanzó: “¿qué hace el Gobierno Nacional? Manda al Congreso un presupuesto con una de las inversiones más bajas en educación de los últimos años. Al final, parece que no era con todos”.

Mientras que la oficialista Marina Kienast (RU) aseveró que “el gasto de un Gobierno habla de sus prioridades. Como la Educación no es redituable electoralmente, siempre se deja de lado: no solo bajan el presupuesto, sino que nadie propone cómo asignarlo de una manera más eficiente”.

En tanto el trotskista Gabriel Solano (FIT) concluyó precisando que es “una vergüenza que un gobierno que se dice nacional y popular recorte el 15% del Presupuesto educativo”.

Cabe recordar que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, también se metió en la polémica, al opinar que “la educación no puede ser la variable de ajuste del Gobierno Nacional. Después de postergarla por dos años, ahora bajan drásticamente el presupuesto”.

“Al mismo tiempo, en la Ciudad sube la inversión educativa, con un presupuesto equilibrado que hace foco en la obra pública y la seguridad, sin generar nuevos impuestos”, sentenció.

El senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) se metió de lleno en la acusación contra el participante de Gran Hermano “El Alfa” de parte del Gobierno nacional que anunció la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y disparó: ” La política está en Gran Hermano, discutiendo boludeces”.

En una entrevista con María Laura Santillán en CNN Radio, el dirigente planteó: “Jamás vi tanta mediocridad ni berreteada”. “La política está en Gran Hermano, discutiendo boludeces”, criticó y sostuvo: “Alfa no va a conseguir más fama que la que le regaló Gabriela Cerruti”. A su vez ironizó: “Estamos todos nominados a abandonar la casa”.

Además, aprovechó para apuntar contra el Gobierno nacional: “Este país es absolutamente inviable, así como está”. “¿Para qué van a hacer un esfuerzo la gente?”, se preguntó y remarcó que “la gente está desconectada de los políticos, y eso es bueno”.

Como salida de esta situación planteó las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo el año que viene: “Tenemos una oportunidad después de 24 años de populismo berreta. Ojalá la mesura nos llegue y podamos ser una alternativa seria para la gente”.

En otro momento de la entrevista, el cordobés dejó definiciones políticas respecto al conflicto interno que atraviesa la coalición opositora: “Estoy enojado con nuestras propias vanidades que no nos permiten enfocarnos en los temas”.

En ese sentido, aclaró que no va a “contribuir al desasosiego personalizando disputas”, y analizó: “Hay que aprender de los errores. Si no podemos juntarnos los que tenemos los mismos valores no nos merecemos gobernar”.

“No puede ser más importante la disputa que la posibilidad de acordar”, dijo en un tono conciliador en un momento donde la coalición opositora debate internamente si debe o no abrirse.

“Unidad nacional por la soberanía con justicia social”, así se titula el documento leído en la apertura del acto de celebración del Día de la Lealtad Peronista que se llevó a cabo este lunes en Plaza de Mayo -uno de los cuatro escenarios donde se conmemoró la fecha con un peronismo dividido- organizado por La Cámpora y los sectores sindicales alineados al kirchnerismo.

Entre los puntos principales del documento, se reclama una nueva Constitución, una reforma judicial, otra Corte, reflotar la Ley de Medios y derogar las Entidades Financieras.

El documento consensuado

“La unidad nacional solo será duradera en el tiempo si se construye con el pueblo como protagonista a través de sus organizaciones y deberá asentarse esencialmente en la búsqueda del bien común por el camino de la paz hacia la conquista plena de la Justicia Social.

La Justicia Social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra Soberanía, arrebatada desde hace tiempo por un poder fáctico corporativo que opera por encima del sistema democrático burlando la voluntad popular y frustrando sus legítimas aspiraciones.

Está claro que ese poder actúa con violencia para impedir que podamos ejercer nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y lo hace para preservar sus privilegios a través del control de sectores básicos de la economía, especulando y extorsionando desde adentro y desde afuera de nuestro territorio, utilizando el endeudamiento externo con el FMI como arma de disciplinamiento del Imperio en complicidad con grupos económicos locales, los medios monopólicos de comunicación como instrumento de manipulación de la opinión pública y el Partido Judicial como herramienta de persecución y proscripción necesaria para neutralizar las demandas populares y para sacar del escenario político a aquellos referentes que el pueblo considera que mejor interpretan sus anhelos.

La masiva y pacífica movilización popular en rechazo a la persecución de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en repudio al intento de magnicidio, ha demostrado que la violencia en todas sus expresiones no tiene destino, muy por el contrario, nos ofrece la oportunidad clara de consolidar el camino de la unidad nacional.

En ese sentido nos planteamos como objetivos imprescindibles a alcanzar en nuestra unidad en la acción lo siguiente:

• Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, articulando con las organizaciones libres del pueblo las políticas necesarias para imponer la soberanía alimentaria y garantizar que ninguna familia argentina tenga que soportar una injusta e intolerable situación de pobreza, implementando de manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de precios de los productos de la canasta básica.

• Un aspecto central para combatir la inflación que deteriora el poder adquisitivo de toda la población argentina es terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando un estricto control de precios de los insumos difundidos.  El Estado debe fijar valores de referencia a partir de los cuales se ordenen los integrantes de cada cadena de valor, perfeccionando un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría de Comercio, incorporando a los trabajadores y trabajadoras en dicho ámbito.

• Establecer como prioridad las políticas de aliento a la Producción y generación de Trabajo digno en sus diferentes formas organizativas fortaleciendo primordialmente el mercado interno, promoviendo la sustitución de importaciones y ordenando el destino nacional de la demanda dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal.

• Rediseñar el sistema financiero en función de ese objetivo derogando la actual Ley de Entidades Financieras, fortaleciendo la Banca Pública Estatal y desmontando los mecanismos de especulación para cortar definitivamente la fuga de capitales, verdadera sangría de nuestras riquezas nacionales que es urgente resolver. Convertir al sistema financiero en servicio público orientado a potenciar el desarrollo productivo, científico y tecnológico para un crecimiento con pleno empleo. Articular un sistema efectivo de control popular sobre el Banco Central de la República Argentina para garantizar que cumpla su rol en defensa del Proyecto Nacional, promoviendo un plan federal de inversiones apalancado sobre los fondos inmovilizados y profundizando la necesaria educación para lograr la inclusión financiera de todos los argentinos y argentinas.

• Impulsar una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos, adecuando el sistema a la capacidad de los contribuyen-tes, eliminando los que corresponden a ingresos alimentarios y dejando de naturalizar el impuesto al trabajo. En lo inmediato, ajustar los controles del Estado a través de los organismos pertinentes, para terminar con la brutal evasión y elusión de impuestos por parte de los grandes grupos empresariales.

• Establecer un estricto control estatal del Comercio Exterior. Plena recuperación de la soberanía sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena.

• En lo que respecta  a la urgente necesidad de fortalecer y revalorizar el sistema democrático en nuestro país se hace necesario garantizar el derecho a una comunicación responsable que no actúe como vocero de intereses subalternos y la restauración de un Poder Judicial ecuánime; en tal sentido se debe implementar de manera efectiva la Ley de Medios oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación y avanzar en una Reforma Judicial  y una nueva Corte Suprema de Justicia en camino hacia una Nueva Constitución Nacional.

El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías, o volver a quedar en manos de quienes impusieron un quebranto a la Nación, negaron nuestros derechos y destruyeron el entramado productivo.

Es hora pues, de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales y políticas, los pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales, el cooperativismo y todos los sectores que están identificados en los hechos con el interés nacional, dotados de la solidaridad imprescindible para la vida en comunidad, representativos de la inmensa mayoría de nuestro Pueblo, reemprendamos el camino para recuperar nuestro derecho a la autodeterminación, a nuestra Independencia Real, sin la que no hay Nación, Democracia, ni Justicia Social”.

A diferencia de otros años, la coalición oficialista no logró unificarse en un solo evento para celebrar el Día de la Lealtad Peronista este 17 de octubre, motivo por el que las distintas facciones del peronismo realizaron cada cual por su cuenta un acto. Uno de ellos fue encabezado en Plaza de Mayo por “La Cámpora” y los sectores sindicales más cercanos a la vicepresidenta de la Nación tales como el frente de gremios enrolado con Pablo Moyano, la corriente sindical del bancario Sergio Palazzo y las dos CTA que responden a Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy.

Sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, la palabra esperada era la del titular del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, cuyo discurso profundizó aún más la grieta interna del bloque, ya que volvió a criticar la renegociación de la deuda externa que hizo el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional y desmintió que “el tema esté solucionado”.

También dedicó parte de su ponencia en cuestionar la gestión anterior que “no tenían un plan de gobierno”, “destrozaron el Estado” y dejaron una deuda “impagable”. En suma, criticó a las cerealeras y a los medios de comunicación. Tampoco se olvidó de responderle a la CGT.

Críticas a la oposición, la deuda con el FMI y el mensaje para el Gobierno

“Feliz día de la lealtad a cada compañero peronista y para cada argentino que ama esta patria”, comenzó su alocución el titular del PJ bonaerense desde una Plaza de Mayo repleta de militantes con banderas y bombos. En esa línea, en ausencia de la vicepresidenta de la Nación, Máximo les acercó el “saludo y el abrazo de la compañera Cristina”.

El referente de la Cámpora recordó que “hace 6 años me tocaba hablar en esta Plaza en la marcha de la resistencia de las madres allá por abril -mayo del 2016. Ese día fue muy clara la postura y lo que dijimos sobre las políticas que se iban a desarrollar en nuestro país y en la oscuridad que se avecinaba para una sociedad que, entre el 2003 y 2015, había entendido que el sacrificio había tenido un sentido y que era que lentamente mejoraban sus condiciones de vida”.

Y siguió: “Claramente ese día que no había un plan de gobierno, que Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno, sino lo que se iba a llevar adelante era un verdadero plan de negocio, donde lo que menos contaba era la educación de los ciudadanos, la salud, la seguridad”.

“Destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir”, disparó y sostuvo que “muchas veces se dice que fue Néstor el que canceló la deuda con el FMI y la verdad es que la cancelaron a esa deuda los 45 millones de argentinos que, aún con necesidades, trabajaban para pagar sus impuestos y sacar al país adelante consciente de que la independencia económica es la que permite el diseño de políticas públicas que tengan que ver con la realidad del día a día que se vive en Argentina y no en oficinas que están muy lejos de nuestra patria”.

En esa línea, reiteró: “Ese daño, ese retroceso que muchos denunciamos antes de las elecciones que se produciría si ganaba Macri, finalmente y lamentablemente, sobre todo sucedió en nuestro país”.

A su vez, destacó que “son los trabajadores ya sean formales, de las economías populares o de los que ayudan todos los días, los que siempre han puesto el hombro”, y recordó que durante la pandemia que “se abalanzó sobre el mundo y la Argentina, nuestro país sin crédito, endeudado hasta la cabeza”, esos trabajadores que “arriesgaron su vida muchas veces dieron una gran mano mientras otros hacían zoom para ver qué hacían con la Argentina y son los mismos trabajadores los que aceptaron durante la pandemia un descuento en el salario entendiendo que al no asistir a sus lugares de trabajo era la mejor manera de colaborar con la Patria”.

 “Esos trabajadores que dan su vida, que aceptaban durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlos”, reclamó Máximo K. y destacó que “entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre del 2015 todos los días era peldaño por peldaño para salir del infierno. Cada cosa que se hizo siempre fue teniendo en cuenta que en el centro de la acción del Estado y de las políticas públicas debe estar el ser humano para así poder desarrollar un país, sueños, anhelos que tiene la sociedad ante esas demandas”.

En un párrafo aparte, lanzó críticas a los productores cerealeros: “Las grandes cerealeras de la Argentina lejos del ejemplo de los trabajadores que en la pandemia aceptaron ganar menos, las cerealeras cuando tenían que ayudar a la Argentina hubo que hacerles un precio especial porque sino no liquidaban los granos”.

Retomando el tema de la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y otros 60 mil millones de dólares con los acreedores privados, preguntó: “¿Ustedes vieron esa deuda en sus barrios? ¿vieron mejores hospitales, mejores escuelas? ¿más patrulleros?”, y respondió entre gritos: “Nada, lo que hubo fue nada. Nos han dejado una cuenta que es impagable de la manera en que está organizada”.

En ese sentido, recordó su renuncia como presidente del bloque Frente de Todos en Diputados y chicaneó: “Acá muchos hablan de me voy o me quedo, pero cuando hay que poner las condiciones nadie realmente lo hace”.

“Entendí que la palabra empeñada, que la historia nuestra de desendeudamiento que habíamos llevado durante años debía ser respetada. Ahora digo porque por ahí uno escucha algunas personas diciendo que el tema de la deuda esta solucionada, no está solucionado”, disparó.

En suma, precisó que “la curva de vencimientos que tiene el país, para cualquier candidato que aspire a ser presidente y gobernador es un verdadero problema. Pero cuando se planteaban estas grandes negociaciones nos decían ‘no importa, habrá que renegociar de vuelta’. Así nunca podremos planificar el país que deseamos y si el Estado nacional no puede planificar, menos van a poder planificar las familias argentinas”.

“La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas, de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos”, reclamó Máximo.

A continuación, lanzó críticas a los medios de comunicación que “siempre condenan a los compañeros”, y expresó: “Estoy feliz de ver esta plaza de compañeros, de verlos sin guillotina, sin orcas, sin antorchas, sino con sus banderas, remeras, con la frente en alto dignos, sobre todo”. “Sin odio, con amor, con dignidad y fortaleza porque la denigración al que el poder mediático y económico somete a quien no piensa o muestra la docilidad de sus intereses, es la práctica que venimos viendo”, ponderó.

Tampoco se olvidó de contestarle a la CGT quien más temprano anunció el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista y le reclamó al Gobierno “poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”, de cara a las elecciones 2023.

“Creo que de cara a lo que viene, de lo que necesitamos como país, los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados y senadores”, apuntó y planteó entre gritos: “Con la situación en la que está nuestro país juntarse para pedir una banca y después cuando tienen la banca el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen este es el problema”.

Además, dejó un reclamo salarial al Gobierno para los trabajadores: “También necesitan una suma fija que los saquen del ahogo a los que esta sometida su familia”.

Al cierre de su discurso, el diputado oficialista manifestó: “Esta plaza demuestra que podemos salir adelante y que podemos ofrecer a la sociedad argentina un 2023 un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga, la proteja y promueva, porque del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones la laboral, la impositiva y la ambiental”.

“Estos tres ejes son el punto de gran negociación que el poder económico y financiero quiere sobre el país porque sabe de la necesidad que tiene la banca y el Estado Nacional para afrontar las deudas contraídas por el expresidente Mauricio Macri, que puso de rodillas al país para que no pueda cuidar de sus recursos naturales como el litio”, acusó.

Por último, tildó a Macri de “maleducado” porque “dice que la sociedad argentina es una sociedad fracasada”. “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias y de lo que la hora demandada. Maleducado alguien que lo ha tenido todo en la vida por qué tratar así a su pueblo que confió en él”, cerró.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios a fin de proceder a “la pronta” reparación de los escáneres del puesto fronterizo de San Sebastián y del aeropuerto de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Entre los fundamentos, Blanco advierte que “el narcotráfico se ha transformado en un flagelo que permea todos los estamentos de la sociedad corrompiéndola y transformando los territorios donde se asienta”, y que su provincia “no se encuentra exenta” de eso, ya que “su ubicación geográfica la convierte en territorio cuya posición es estratégica”.

“Es importante investigar a fondo todo lo que tenga que ver con la droga en la provincia y para ello es fundamental la prevención. Tenemos que saber de dónde y cómo viene, quiénes la distribuyen y comercializan”, argumenta en la iniciativa el radical.

PD-Solicitando-la-reparacion-de-los-escaneres-de-TDF

La coalición oficialista no logró unificarse en un sólo acto para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista, motivo por el que la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este lunes uno de los eventos en el estadio Obras Sanitarias en el cual anunciaron el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista y le reclamaron al Gobierno nacional: “Queremos poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”.

Fue Gerardo Martínez, secretario general en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien exigió que el sindicalismo tenga lugares en las boletas electorales del 2023 y que no los dejen afuera de las mesas de negociación: “Queremos poner concejales, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales”.

“Decidimos crear un espacio político para estar presentes en los debates que necesita la Argentina”, enfatizó Héctor Daer, codirector de la CGT y secretario general de Sanidad y protestó: “Se nos dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada en los lugares en los que se define la política”.

Con dicho movimiento, la central obrera apunta a disputar espacios de poder y lugares en las listas electorales de cara a las elecciones de 2023. “Ambicionamos estar en la mesa de decisiones, no nos pueden dejar al margen. Está claro, queremos cargos. Pero no queremos más cargos a dedo”, apuntó Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y líder del gremio Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes que la inflación del mes de septiembre fue de 6,2% y la acumulada interanual trepó al 83%, lo que despertó una ola de críticas por parte del arco político opositor hacia el Gobierno nacional y remarcaron la falta de un plan económico.

Uno de ellos fue el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien cuestionó: “Para poder ‘bajar’ la inflación del 7% al 6,2% el Gobierno suspendió el aumento de las tarifas y emitió en un mes un billón doscientos mil millones de pesos para pagar el ‘dólar soja’”, y expresó: “Alargan la mecha y le ponen más pólvora a la bomba que armaron para que le explote a otro”.

“El peor gobierno de la historia aplica otro golpe al bolsillo de los argentinos”, calificó el vicepresidente primero de la Cámara baja, el diputado del Pro Omar de Marchi, y enumeró: “La Argentina del dólar Soja, del dólar Catar, del dólar Coldplay”, advirtiendo que “se dirige descontrolada a los tres dígitos para la inflación interanual en 2022”.

El presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, relató: “Primero fue el Plan Guzmán, luego el Plan Platita, después el Plan Massa, pero la inflación en 6,2% en septiembre, una vez más”, y chicaneó: “En unos días largan el Plan Messi, que llegue el mundial, que nos vaya bien y tirar hasta el verano. Sin gestión y sin horizonte”.

“83% de inflación interanual, pero seguimos haciendo de cuenta que no pasara nada y actuando como si el peso fuera una moneda con algún valor. Hora de reaccionar frente a esta altísima inflación, entre los peores países del mundo, y de estabilizar los precios”, criticó el diputado radical Alejandro Cacace (San Luis).

En el mismo sentido se expresó la diputada entrerriana Gabriela Lena (UCR): “6,2% de inflación: menos salarios, menos jubilaciones, más pobreza. Ya es la inflación de Massa, el que según se dijo vino a salvarnos del desastre”.

6,2% fue la inflación de septiembre 2022. Tres años sin un plan económico.

Así cayó el poder adquisitivo de los argentinos en el gobierno de los que prometían asado. pic.twitter.com/QtBVu3hXmi

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 14, 2022

“Los precios corren al 105% de velocidad anualizada y los Alimentos y bebidas al 117%. Argentina necesita una reforma monetaria radical; una convertibilidad con Brasil que derrumbe a la inflación”, advirtió el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical).

Por el Frente de Izquierda se manifestó Nicolás Del Caño quien apuntó: “En marzo decían que el plan de “estabilización” era el acuerdo con el fondo. Duplicó la inflación prevista en pocos meses. Ahora, después de este nuevo zarpazo al bolsillo, el plan de Massa es congelar salarios para ‘estabilizar’ la economía”.

También se sumó a las críticas el diputado bonaerense Florencio Randazzo: “Por más humo que vendan, la única verdad es la realidad. 83% de inflación interanual. Entre este gobierno y el anterior han pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores… Ojalá tengamos memoria a la hora de votar”.

Lisandro Nieri, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, señaló: “Nuevos datos de inflación y sigue el efecto de la emisión descontrolada. Esta clarísimo que no es la guerra ni la absurda cuarentena. Esto es y seguirá siendo producto de la política económica de Alberto y Cristina”.

Karina Banfi, vicepresidenta del bloque radical, remarcó que “el aumento de ropa, calzado y alimentos ya acumula en un tres dígitos anual. Sin rumbo. Necesitamos un plan para tener certidumbre. Seguimos esperando, seguimos demandándolo. #ElPeorGobiernoDeLaHistoria”.

6,2 % de inflación en el mes de septiembre. El aumento de ropa, calzado y alimentos ya acumula en un tres dígitos anual!! Sin rumbo. Necesitamos un plan para tener certidumbre. Seguimos esperando, seguimos demandándolo. #ElPeorGobiernoDeLaHistoria

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) October 14, 2022

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) compartió a través de sus redes sociales un documento elaborado junto a la Mesa Agropecuaria de la Fundación Alem en el que cuestionan las medidas establecidas del Gobierno Nacional que dio origen al “dólar soja”, y aseguró que “falta un programa económico y sobra improvisación”.

“Es una medida más que, además de ser aislada y no está contenida en un plan económico, tiene características negativas, ya que su discrecionalidad es compulsiva, tiene aspectos extorsivos y su plazo es cortísimo, lo cual constituye un combo que puede tener graves consecuencias”, mencionaron en el comunicado.

Otra de las críticas que elaboraron, es el carácter “cortoplacista” de la norma, “nadie puede arriesgar a pensar escenarios posibles para el día después respecto a los beneficios posibles. Y lo peor, sobre en las consecuencias negativas no mensuradas al momento de la sanción de la medida”, aclararon.

En ese contexto, afirmaron: “Todo parece indicar que se convalida que el ministro de Economía defina un precio según necesidades de caja o posición de reservas y los plazos por los cuales se interviene en el principal mercado aportante de divisas del país”. Además, agregaron: “Hoy lo hace sobre el complejo sojero y próximamente no sabemos a qué sector económico intervendrá. No desconocemos que circunstancialmente beneficia a algunos actores, pero es necesario advertir que también perjudica a muchos otros, por ejemplo, a quienes vendieron su soja durante estos últimos meses”. 

“A través de esta medida el Gobierno genera un tipo más de cambio diferencial para un sector específico, pero no tiene en consideración al resto de las actividades económicas propias del sector agroindustrial ni a los otros sectores de la economía argentina”, criticaron y sentenciaron: “Atenta contra cualquier sistema de incentivo productivo y es posible que esto genere aún más distorsión en los precios relativos de productos e insumos”.

Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó desde Chaco: “El tiempo me dio la razón, la economía se podía recuperar”, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer los datos de la inflación de julio: 7,4% siendo el índice de inflación mensual más alto de los últimos 20 años, tras lo cual desde la oposición le exigieron al Gobierno que “dejen de emitir y sáquenle la pata de encima a los que producen”.

“El índice de inflación mensual más alto de los últimos 20 años. Para el presidente, estas son las señales de que la economía se está recuperando. ¡Dios mío!”, escribió la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

En el mismo sentido se pronunció el jefe del bloque UCR de Diputados, Mario Negri, quien expresó: “7,4% mensual, la inflación más alta de los últimos 20 años. Argentina es el país con la mayor inflación de Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. El gobierno dice que está bajando la pobreza y creciendo la economía. Mienten con impudicia y cinismo”.

“Otro triste récord para el gobierno de Alberto, Cristina y Massa. La inflación más alta en 20 años: 7,4 por ciento en julio. Este gobierno es una fábrica de pobreza”, lamentó Negri y exigió: “¡Dejen de emitir y sáquenle la pata de encima a los que producen!”.

También tuiteó la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi: “La inflación de julio fue de 7,4%. El valor más alto de la región. Sí, estamos peor que Venezuela (5,3%) y a años luz de Brasil que tiene deflación (-0,68%). El gobierno tiene que dejar de echar culpas -primero la pandemia, después la guerra- y presentar un plan de gobierno”.

“Estados Unidos tuvo inflación 0. En Brasil los precios bajaron 0,5% por la baja del petróleo. Ucrania tuvo 3%. Mientras que acá la inflación de este mes fue de 7.4%. Se ve que la guerra solo afecta a Argentina”, comparó el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo.

El día que la inflación alcanza el dato más alto desde 2002, el presidente @alferdez dice incoherencias como éstas.

No hay vuelta atrás, se les agotó el relato. pic.twitter.com/4iCrTZGev8

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 11, 2022

El titular del interbloque de JxC en el Senado, el radical Alfredo Cornejo (Mendoza), sostuvo: “El día que la inflación alcanza el dato más alto desde 2002, el presidente @alferdez dice incoherencias. No hay vuelta atrás, se les agotó el relato”.

El senador radical Martín Lousteau aseguró: “7,4% de inflación en julio. El kirchnerismo alcanza un nuevo récord: la inflación mensual más alta de los últimos 20 años y el peor incremento interanual (71%) de los últimos 30”.

“Las malas decisiones hacen récord histórico: 7,4% la #inflación de julio. Entre los juegos de poder, sus internas y la persecución a la justicia, la inflación mensual alcanzó el valor más alto en los últimos 20 años”, indicó la diputada cordobesa Soledad Carrizo. Su par Gabriela Lena (Entre Ríos) señaló que “la inflación acumula en doce meses 71%. Eso es más pobreza, salarios y jubilaciones devaluadas. La prioridad de todo el gobierno debe ser solucionar este grave problema que afecta el sustento de los argentinos”.

El relato se les cayó a pedazos. El kirchnerismo dice que la emisión no genera inflación, pero somos 46 millones de argentinos sufriendo sus impericias. Imprimieron $400.000.000.000 en el "plan platita" y ahora lo estamos pagando todos. pic.twitter.com/GDFQDfxmWs

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 11, 2022

El diputado del Pro Waldo Wolff comparó: “El mismo día en que la Argentina registra su mayor número de inflación en 20 años, el presidente @alferdez viaja al Chaco para contarnos que estamos creciendo. Hay que tener la cara de piedra para burlarse de una sociedad abatida, en donde ya no le alcanza ni al que labura”.

Julio 2019 2,2%
Después de 3 años de mentiras y deterioro tenemos más del triple de inflación mensual, 7 veces más caro el dólar, tasas al 69% y 5 veces más leliqs en un proyecto de ajuste clásico y lo peor:
Desconexión de la realidad pocas veces vista por parte de un gobierno pic.twitter.com/k2EmIQg5FH

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) August 11, 2022

“La inflación más alta de los últimos 20 años #ElPeorGobiernoDeLaHistoria”, expresó de forma breve la secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato (Pro). “La inflación de Julio evaporó el aumento de los jubilados que anunciaron con bombos y platillos. Y todavía falta agosto. Una vez más los que trabajan y han trabajado pierden. El peor impuesto es el inflacionario”, manifestó la diputada Graciela Ocaña (Pro).

Además, el legislador Fernando Iglesias recordó que “hoy se cumplen 3 años de las PASO 2019. Dos días antes, el PBI crecía al 2,1% mensual (industria +3,6%-construcción +2,8%-energía +4,7%) la inflación era del 2,2 % mensual, el riesgo país era 871 pb, las reservas eran de us$64.278 millones y el dólar valía 46 pesos. ¡Viva Perón!”.

Desde el bloque Encuentro Federal se manifestó el diputado Emilio Monzó: “El Gobierno insiste con que la economía se recupera, pero el único dato que crece es el de la inflación mensual, hoy el más alto de los últimos 20 años. Y con la inflación aumenta la pobreza. El cambio de rumbo debe ser con hechos y resultados concretos, no con discursos vacíos”.

¿Te acordás cuando los heterodoxos se reían porque le decíamos que tanta emisión haría volar la inflación? Es más, llegaron a decir que emitir la bajaba. Heterodoxos, estructuralistas, hijos de Keynes y zurderío de todos los pelajes conozcan los rezagos de la política monetaria”, disparó el liberal Javier Milei.

El representante de su bloque en la Legislatura porteña Ramiro Marra sostuvo: “7,4% la inflación de julio, la suba más alta de los últimos 20 años y, a nivel interanual, la más alta desde 1992. Tenemos que retroceder a la peor crisis financiera de la historia del país para ver algo igual, así de grave es el Kirchnerismo, reventaron la economía”.

Por el lado del Frente de Izquierda se pronunció el legislador porteño Gabriel Solano quien calificó la inflación como un “massazo contra los trabajadores”.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, volvió a brindar su conferencia de prensa este jueves por la tarde luego de dos semanas en silencio. En esta ocasión adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de Régimen Especial para las empresas petroleras con el objetivo de brindarles incentivos para que exporten los excedentes.

En otro tramo de su ponencia, fue consultada por el comunicado que emitió el Frente Patria Grande, ya que los tres legisladores que responden al dirigente Juan Grabois advirtieron que podrían irse de la bancada oficialista, en disconformidad con las medidas anunciadas. En ese sentido, Cerruti se distanció y expresó: “No nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones o sectores políticos”.

Por otro lado, sostuvo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, considera que la causa vialidad contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es una “persecución judicial”.

“El presidente tuvo una larga reunión de trabajo junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la cual evaluaron cómo es la situación hoy luego de los cambios que se dieron y las medidas que se anunciaron. Avanzaron en la hoja de ruta y en la implementación de esas medidas”, contó Cerruti y sumó: “Lo primero que evaluaron es que recuperamos una sensación de estabilidad y habría pasado ese momento virulento, de especulación que vivimos en las últimas semanas y se está tranquilizando y normalizando como en el caso del dólar CCL con una pronunciada baja”.

En ese contexto, adelantó: “Le trajo para la firma, que van a firmar junto con el jefe de Gabinete, el proyecto que establece un Régimen Especial para las exportaciones de petróleo, el excedente de petróleo, a partir del 1 de enero del 2023. Luego se darán a conocer los detalles del decreto y los beneficios incentivos que se les dan a las empresas que puedan exportar el excedente de petróleo y que por lo pronto traigan mayores inversiones”.

Al ser consultada si en la reunión entre el presidente y el flamante ministro de Economía tuvieron en cuenta la evaluación que hace la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el recorte anunciado, el déficit y el congelamiento de empleados, respondió tajante con un “no”.

Respecto de la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario, a los que el presidente tildó de “sectores especuladores que esperan una devaluación”, Cerruti ratificó los dichos del jefe de Estado: “Los sectores especuladores que especulaban una devaluación quedó claro, clarísimo en las últimas semanas que existían, porque si no los movimientos no hubiesen tenido la fluctuación que tuvieron y que muchas veces dijimos que no obedecían a una situación real de la macro economía sino a diferentes pujas y situaciones de especulación”.

Por otro lado, le preguntaron sobre el comunicado emitido por diputados que responden al dirigente piquetero Juan Gabrois y la amenaza de irse del bloque oficialista por “los recortes anunciados por parte del ministro”, por lo cual Cerruti aclaró que “el ministro nunca hablo de recortes, habló de lo mismo que venimos hablando y que está llevando el ministro Juan Zabaleta desde hace muchos meses ya, que tiene que ver con vincular los planes sociales con el trabajo, que sean un proceso hacia el trabajo, que haya capacitación, que tengan un tiempo de durabilidad. El ministro Zabaleta ya había hecho un convenio con las universidades para auditar los planes sociales que efectivamente lo tengan quienes lo necesitan, que cumplan con las contraprestaciones que tiene que cumplir”, y lanzó: “No nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones o sectores políticos”.

“El Gobierno tiene políticas de conversación activas con todos los sectores y todas estas discusiones están en el Parlamento. El lugar para llegar a los consensos es ahí en donde se expresan las mayorías y minorías en la política”, remarcó la portavoz.

Por último, fue consultada por la opinión respecto del presidente sobre la causa vialidad en la que está imputada la vicepresidenta: “Es una muestra de clara persecución judicial que no tiene ni pies ni cabeza, es un disparate judicial”.

En medio de los fuertes rumores sobre la incorporación de Sergio Massa al Gabinete nacional, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, criticó duramente al Gobierno y expresó: “Son increíbles”.

“Tres semanas duró o duraría -si esta película de ficción convertida en realidad sigue su curso- la ministra de Economía (Silvina Batakis). El rumor de su reemplazo surgió cuando ella estaba volviendo de reunirse con el FMI, que ya deben estar pensando que esto es un chiste de mal gusto”, fustigó el mendocino.

Y agregó: “Ahora resulta que el salvador sería Massa, el mismo que llegó último en la conformación del Frente de Todos y al que incorporaron a último momento al frente oficialista. Al que todo el kirchnerismo tilda como el primer traidor”. “Para ellos toda esta locura es muy normal”, cuestionó.

Para el legislador, en el Frente de Todos “son oficialistas y oposición. Cambian ministros como si fuesen fichas”. “Si lo de Batakis termina siendo real, sería la segunda funcionaria que echan en un viaje, no estando presente”, continuó.

El radical consideró que “el presidente (Alberto Fernández) es testimonial y a la vice (Cristina Kirchner) lo único que le importa es su impunidad. En el medio, o peor, bien abajo y a punto a punto de ebullición, todos los argentinos”.

“Pero para ellos todo esto es muy normal. Si el día de mañana cualquier director de cine hace una película de todo esto, en los créditos se leerá: ‘Basada en hechos reales, aunque parezca ciencia ficción'”, concluyó irónico Cornejo.

El diputado nacional Diego Santilli (Pro-JxC) habló este jueves sobre los potenciales cambios en el Gabinete nacional y afirmó que “no se trata si es (Silvina) Batakis, si es (Martín) Guzmán o es (Sergio) Massa, el problema real es que hay un Gobierno con ausencia de rumbo que lleva tres años y medio sin programa económico, y ahora se le suma la disputa entre el presidente y la vicepresidenta”.

En declaraciones a CNN Radio, el exvicejefe de Gobierno porteño afirmó que “el Gobierno (nacional) tiene un rumbo errático”, y explicó: “Argentina perdió un ingreso anual de 1.500 millones de dólares debido al cepo que hay en el trigo y en la carne”. Asimismo, agregó que “el pan sube de precio porque el Estado pone impuestos a los productores”.

Por otro lado, al momento de ser consultado sobre un hipotético traspaso del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, al Poder Ejecutivo, el macrista no descartó que “el sucesor sea algún diputado de los bloques de la oposición”, sin embargo admitió luego que “actualmente hay 116 legisladores opositores” en referencia a su bancada “contra 118 oficialistas”.

“La propia oposición evitó el default cuando el Poder Ejecutivo nos pidió ayuda hace cuatro meses”, enfatizó, mientras que destacó que “desde la oposición frenamos leyes perjudiciales contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Consejo de la Magistratura, pero no siempre te alcanza”.

Además, Santilli fue crítico con la situación actual de la provincia de Buenos aires: “El problema de los bonaerenses es que no hay gestión. El gobernador Axel Kicillof empeoró todos los problemas respecto a seguridad y educación de la provincia”.

“A los intendentes de la oposición, el gobernador les dice que todo funciona bien, pero todos observan, incluso los bonaerenses, los problemas de coparticipación, de desarrollo y de infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires”, continuó.

Por último, el opositor fue consultado sobre la posibilidad de adelantamiento de las elecciones y sostuvo que “los argentinos pagamos caro los problemas con la democracia, cuando uno es electo debe cumplir su mandato”. Sin embargo, le pidió al Gobierno que “ponga un plan sobre la mesa, lo discuta en Congreso y ahí la oposición le otorgará responsabilidades”.

El senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) se refirió a las tensiones entre el Gobierno Nacional y el campo, ante lo cual cuestionó: “No le podes dar un dólar miserable al productor para que venda su cosecha”. En ese sentido, advirtió que el oficialismo “nos quiere llevar al barro, ahí ellos saben cómo pelear”, y lanzó: “Ellos tienen un doctorado en provocación, les importa absolutamente nada la paz social”.

“Creo que le están moviendo la cadena al perro y se están equivocando porque por más que el perro te haya movido la cola en algún momento te muerde. No aprenden de los errores, se van a llevar un fiasco porque la gente está perdiendo la paciencia”, sostuvo Juez en diálogo por Radio Rivadavia.

A su vez, advirtió que “la gente tiene muy poca paciencia y de verdad que el horno no esta para bollos y así no funcionan las cosas”, y comparó: “No va a venir a obligar a nadie que haga algo del cual vos no participas absolutamente en nada y que lo haga a pérdida, porque vos no me vas a obligar a mi a vender un departamento y establecer un precio que no nos conviene”.

“Vos no le podes dar un dólar miserable al productor para que venda su cosecha cuando tenes cuatro menús distintos de dólares y el tipo con lo que vende después no puede comprar ni fertilizantes”, criticó el legislador cordobés.

En ese sentido, alertó que “la están queriendo pudrir y por eso no hay que entrar en el barro”, y reiteró: “Estos tipos nos quieren llevar al barro, ahí ellos saben cómo pelear y la gente tiene que ser inteligente”.

“En vez de sentarse a discutir, a planificar, a pensar y a analizar, quieren llevar a un nivel de confrontación en donde se sienten cómodos por eso no hay que darle ese espacio porque van a justificar sus locuras”, enfatizó Juez.

Por último, expresó: “El problema no es el dólar sino la moneda de mierda que tenemos que la gente no la quiere tener en el bolsillo porque sabe que con pesos no se ahorra. No es con mecánicas de otras épocas tratar de resolver los problemas de ahora”, y cerró: “Ellos tienen un doctorado en provocación, les importa absolutamente nada la paz social”.

En plena escalada del dólar y con preocupaciones por el número de la inflación, diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza) planteó que el Gobierno debe acordar un programa conjunto y terminar con la interna para definir un plan económico que garantice estabilidad, motivo por el cual aseguró el “apoyo” de la oposición. Por otro lado, apuntó contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, porque “se siente con el poder político de desautorizar, de criticar y de vaciar de poder al presidente”.

“En Economía, no debe salir más de lo que entra. En 2005, con Roberto Lavagna de ministro de Economía, y la variable macroeconómica que llevaron al país a que haya inflación de 7%, la única vez que después del fin de la convertibilidad con inflación de un dígito, era que había 3 puntos de superávit del PBI, balanza comercial positiva, reservas de libres disponibilidades del BCRA, y un único tipo de cambio, un dólar competitivo y no había restricción de importaciones”, explicó en diálogo por la AM 550.

Y preguntó: “¿Por qué no intentan volver a esas medidas? Desde el 2010 Argentina no cambia”, y aconsejó: “Aprovechemos la experiencia porque por ahí algunas recetas no funcionan, pero ninguna puede funcionar cuando existe una variedad de tipo de cambio, cuando hay déficit fiscal, cuando no hay reservas”.

Para Cobos, el Frente de Todos debe poner en pie una mesa de acuerdos para darle solución al problema macroeconómico, que permita poder definir un plan de estabilidad y, también, resolver “sus problemas internos políticos porque acentúa la crisis económica”. Asimismo, aseguró que la oposición “está predispuesta” a apoyar al oficialismo ante la necesidad de un consenso o acuerdo para votar leyes.

“Si del Gobierno necesitan un acuerdo o un consenso para sacar leyes, para apoyar o no, criticar o sugerir ahí está la oposición para apoyar. Hemos sacado cosas en común cuando vimos que tienen sensatez y racionalidad. Para eso tenemos los bloques parlamentarios. El panorama es fácil de solucionar”, afirmó el legislador radical y enumeró: “Un rumbo económico, un gran consenso y que se pongan de acuerdo en el FdT y dejen atrás la crisis política que afecta la gobernabilidad del presidente”.

En referencia al plan de estabilización, el exvicepresidente aseguró que conllevará un alto costo, y detalló que “ningún plan económico funciona sin confianza, sin sentido, sin liderazgo. Esas cosas no están. No hay magia en la economía”.

Tras la asunción de Silvina Batakis al frente de Economía, Cobos señaló que la flamante ministra “no cuenta con el respaldo oficial necesario” porque “a la vicepresidenta no le han gustado las cosas que sugiere. El gobierno ha dicho que no se puede aplicar el proyecto de Salario Básico Universal y hay legisladores del FdT cristinistas que trabajan en eso, no se entiende”.

“No se apoyó al presidente con el FMI. Se perdieron dos años negociando con el Fondo para encontrar una salida que se la tuvo que dar la oposición porque la presidenta del Senado le votó en contra y no se buscó un camino alternativo”, cuestionó el mendocino y remarcó: “Se tienen que poner de acuerdo porque el rol no se entiende. El problema es que ella lo llevó a presidente, ella se siente con el poder político de desautorizarlo, de criticarlo, de vaciarlo de poder”.

A su parte, opinó sobre las recurrentes críticas del dirigente oficialista, Juan Grabois. “Me indigna sus palabras” porque “no ayudan en este momento”.

Por último, postuló que la UCR trabaja de cara a 2023 y resaltó las figuras de Gerardo Morales y Facundo Manes en el camino a la contienda presidencial. Además, destacó que Carolina Losada “está siendo bien vista desde el radicalismo”.

El diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, Omar De Marchi (Pro – Mendoza), alertó que las medidas cambiarias y las trabas a las importaciones que aplicó el Gobierno Nacional tienen un impacto negativo en la producción vitivinícola y que “están afectando a todo el proceso de elaboración del vino”.

 “Las nuevas restricciones del BCRA a las importaciones y al acceso al dólar está afectando al proceso de elaboración del vino. Hay cada vez más problemas para comprar barricas, corchos, cajas y otros insumos que vienen del exterior. Muchos de los componentes de la industria del vino son importados y estas tenazas impuestas por el gobierno están ahogando al sector”, explicó el legislador del Pro.

En esa línea, enumeró las consecuencias que dichas medidas traen: “Incumplimientos de envíos al exterior, pérdida de mercados, problemas de provisión al mercado interno, reducción de trabajo en bodega y comercialización, pérdida general de competitividad”.

En ese contexto, destacó que “Mendoza es una gran provincia, con viñedos emblemáticos resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo de mendocinas y mendocinos. Ponerle trabas es “no poner primero a la gente” ya que en concreto esta medida perjudica a miles de familias que viven gracias al desarrollo de esta actividad”, en tanto alertó que “por culpa de un gobierno irresponsable y la falta de un plan, todo eso está en peligro”.

De Marchi remarcó que el presidente Alberto Fernández, asumió hace 955 días, pero nunca gobernó. “Nunca gobernaron y los resultados están a la vista: sin rumbo, sin plan y sin equipo, van a seguir destruyendo al sector productivo y al empleo”, concluyó el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentaron un proyecto exigiendo al Gobierno que desista de imponer a los usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica la renuncia a oponer el derecho al secreto fiscal, financiero y bancario en los formularios para tramitar el mantenimiento de los subsidios en el marco del programa “Segmentación Energética”, por afectar el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional e implicar además de una exigencia impuesta aprovechando el estado de necesidad de los usuarios.

“Esta garantía se verá vulnerada por la potestad del Estado Nacional de cruzar los datos consignados en la Declaración Jurada con la base de datos de la AFIP, SINTyS (datos tributarios y sociales), la ANSES, y los registros de propiedad. Tal mecanismo pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la ley citada más arriba”, expresaron.

En ese sentido, la diputada santacruceña afirmó que “más allá de que no sabemos hasta qué punto la seguridad informática y el Estado asegurarán el resguardo de nuestra información, nos sometemos a la incertidumbre de lo que podrán realizar los entes gubernamentales encargados del tema, a partir de la recolección, análisis y verificación de la información personal de cada usuario”.

“Ningún beneficio podrá suplantar, vulnerar ni omitir el derecho de un ciudadano, según establece el artículo 19 de la Constitución Nacional que indica: ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, concluyó Reyes.

Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Karina Banfi, Juan Martín, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Gabriela Lena, Mario Barletta, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Gerardo Milman, Alberto Asseff, Laura Rodríguez Machado y Héctor Stefani.

Este martes el dólar libre trepó a $302 para la venta con una ganancia de un 3,8% en el día y, en lo que va de julio, asciende $64 alcanzando así un nuevo récord nominal, por encima de los $295 intradiario del viernes pasado. Tras darse a conocer la noticia, dirigentes de distintas fuerzas políticas expresaron su preocupación en redes sociales y le exigen al Gobierno Nacional un plan.

El economista y diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) dejó una pregunta muy breve al oficialismo: “¿Van a seguir emitiendo?”. En el mismo sentido se pronunció la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri: “El dólar libre superó los $300. Alberto Fernández, Cristina Kirchner: ¿cuál es el plan?”.

Con el dólar blue a $300 el Salario Mínimo en el país es equivalente u$s 151, en marzo del 2019 era de u$s 281, casi el doble.
Hoy el salario en Uruguay es de u$s 452, Chile u$s 430 y en Bolivia U$S 307.

Nos quieren pobres, brutos y dominados, ese es el plan.

— Luis Petri (@luispetri) July 19, 2022

“Que el dólar a $300 sirva para representar el FRACASO TOTAL del gobierno Kirchnerista y su modelo. Se van a ir en 2023, pero nos van a dejar a todos hundidos en la pobreza”, expresó el legislador porteño Eugenio Casiellles (Consenso Federal).

También se manifestó el legislador liberal Ramiro Marra: “Señores, llegamos. Gestión Kirchnerista, fracaso TOTAL”, acompañado de una imagen de la película ‘300’. Además, el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano sostuvo: “Dólar a $ 300 y te dicen que no van a devaluar”.

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) desmintió al periodista Jaime Rosemberg, a quien tildó de “mentiroso”, luego de haber difundido que el economista se había reunido con la vicepresidenta de la Nación: “No tengo nada que hablar, no me junto con quienes oprimen al país”. Por otro lado, el liberal analizó la situación económica del país y advirtió: “Argentina se encamina a un desastre como el Rodrigazo”, y disparó contra la ministra de Economía: “No le creo nada, es una persona incompetente y parte del problema”. También opinó del Salario Básico Universal.

“Quiero desmentir esta mentira del periodista, si es que así se puede llamar, Jaime Rosemberg donde miente descaradamente. Primero trató de operar mintiendo, diciendo que la primera que había visitado a Cristina (Kirchner) era mi hermana. Como la mentira era tan burda, porque se puede chequear los registros de las personas que acceden a Congreso, ahora mutaron la mentira a decir que yo estaba reunido”, lanzó Milei en diálogo por Radio Rivadavia.

En ese sentido, aclaró: “Yo no tengo nada que hablar con la señora Cristina Fernández de Kirchner, mis propuestas son públicas, yo no tengo un plancito escondido debajo de la manga. Mis propuestas son públicas, yo no necesito hablar a solas con nadie”.

“Rosemberg es un mentiroso, si él tiene fuentes son mentiras, que venga y lo chequee. Que me demuestre que yo me junté alguna vez, es un mentiroso. Un operador barato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, apuntó el liberal.

Y dejó en claro: “Si me llama CFK no voy, no me junto con ninguno de la casta, no me junto con los que empobrecieron al país. Mi proyecto es totalmente distinto, mi proyecto no es suprimir a la gente, es devolverle la libertad a la gente”.

Por otro lado, al ser consultado por la utilización de pasajes para la promoción de su campaña, Milei respondió: “El dinero de los pasajes se le regresó, fue porque una de las cosas que me estaba haciendo el señor (Alfredo) Cornejo y el gobernador de Mendoza. Me cambiaban sistemáticamente las fechas para que no pueda dar la charla sobre dolarización, así como voltearon la presentación en la Bolsa de Comercio y en la Universidad Nacional de Cuyo”, y denunció: “Usaron el poder para eso y de la misma manera me movía las fechas y no podía cerrar los viajes”.

Sobre la economía y las medidas que el Gobierno Nacional debería adoptar señaló que “no puede hacer nada este Gobierno porque Argentina tiene una inflación que viene viajando, por lo menos, a un ritmo de 85% anual y si lo miras en alimentos a 120% y en brechas al 300%”, y alertó: “Argentina se encamina a un desastre como el rodrigazo. Necesitas un programa de estabilización”.

“No le creo nada a (Silvina) Batakis, es parte del problema no de la solución. Lo expliqué públicamente cuando me enteré que el cargo de lo habían dado a ella. Es una persona incompetente, que recita todas las cosas que hundieron a la economía del país y el problema central es que cuando haces un plan de estabilización tiene que ser creíble”, señaló el diputado de La Libertad Avanza.

En esa línea, explicó: “La credibilidad tiene dos dimensiones, una es la reputación y la reputación de Alberto Fernández es deplorable porque un día te dice una cosa, al otro día te dice otra cosa tiene todo el lastre de lo que implica el kirchnerismo en el país, la reputación es pésima”.

“Al mismo tiempo necesita de consistencia técnica y la realidad es que, tengas a quien tengas a los mejores, aún fracasaría por la pésima reputación que tiene el Gobierno y sumale a que ponen a alguien idóneo, esto no termina bien de ninguna manera”, sumó.

En ese contexto, reiteró: “Estamos en una situación muy delicada. El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos en el Rodrigazo”.

Por último, respecto al proyecto oficialista de un Salario Básico Universal sostuvo: “Es un disparate conceptual porque el salario es una retribución por una contraprestación de trabajo. Para dárselo a alguien, se lo tenes que sacar a otro es decir se lo sacas a alguien que trabaja para dárselo a alguien que no trabaja. No te esforzar por generas un producto que sirva al prójimo el sistema se derrumba”, y cerró: “La situación es extremadamente delicada en lo económico y eso tiene consecuencias sociales desgarradoras”.

Este jueves por la tarde INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) dio a conocer el índice inflacionario del mes de junio: 5,3% e inmediatamente las repercusiones no se hicieron esperar. Legisladores de distintos espacios políticos lanzaron fuertes críticas al Gobierno Nacional y dejaron entrever el temor de que en los próximos meses la inflación sea de tres dígitos.

“La inflación acumula 64% en el último año y se aceleró en el primer semestre de 2022. La guerra que le declaró el Gobierno fue con palabras vacías y recetas vencidas. Si no hay un cambio de toda la política económica el Frente de Todos seguirá empujando a la gente a la pobreza”, escribió en sus redes sociales el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.

En el mismo sentido se pronunció el titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo: “Transitamos un momento de enorme riesgo. Tengan la responsabilidad de encarar un plan anti inflacionario antes de que sea tarde”.

Con estas nuevas cifras del INDEC, es claro que el Gobierno no sabe ni quiere bajar la inflación, por la irresponsabilidad en la gestión económica y la guerra interna del oficialismo. Trabajaremos con fuerza para salir de esta decadencia. ¡No vamos a resignarnos! pic.twitter.com/GdllyZ9ABO

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 14, 2022

“INDEC anunció 64% de inflación. Ciclo Batakis lleva casi 200.000 millones de asistencia del BCRA al Tesoro (casi 1billón de pesos en el año). Más compra de Títulos Públicos. Emisión es inflación”, cuestionó el diputado radical Lisandro Nieri y advirtió: “Seguirá creciendo, cada vez más difícil que sea sólo dos dígitos”.

La exgobernadora bonaerense y diputada del Pro, María Eugenia Vidal, sostuvo: “64% de inflación interanual” suena fuerte, pero se siente peor. Se siente cuando un trabajador no llega a fin de mes, se siente cuando un jubilado deja productos en la caja del super, se siente. La inflación sin techo se siente y duele”.

La diputada Gabriela Besana (Pro) manifestó: “La inflación sigue creciendo, 5,3% en junio y 64% interanual. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes para millones de argentinos. Mientras tanto, la novela del gobierno sigue siendo la única preocupación del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

“5,3% la inflación mensual de junio y 64% la interanual, la más alta de los últimos 30 años. No hay margen. Alberto Fernández y Cristina Kirchner deben asumir la responsabilidad de presentar un plan antiinflacionario serio y sostenible urgente”, exigió la diputada bonaerense Victoria Morales Gorleri (Pro).

Las medidas para pelear contra la inflación fueron y son puro humo. Irresponsabilidad sin límites.

La cifra de junio que compartió @INDECArgentina golpea los bolsillos de los argentinos una vez más. Detrás de la estadística hay miles de familias que sufren y la pasan mal. pic.twitter.com/BPvhK5ocPc

— Omar De Marchi (@omardemarchi) July 14, 2022

También, la cordobesa Soher El Sukaria (Pro) señaló que “preocupa que con este piso inflacionario siguen emitiendo descontroladamente. El único plan que proponen es subir impuestos. Inviable”. Su coterránea Laura Rodríguez Machado sumó: “El INDEC informó que la inflación de junio fue 5,3%. Superó a la registrada en mayo y llegó al 64% interanual, mientras el Gobierno sigue sin encontrar soluciones y prioriza los temas que le interesan a Cristina Fernández”.

La realidad nos dio la razón en rechazar el presupuesto del año pasado. Con el 5,3% del Indec en Junio , el gobierno supero la inflación estimada para este año en sólo un semestre. #ElPeorGobiernoDeLaHistoria

— Pablo Torello (@Pablo_Torello) July 14, 2022

“5.3% la inflación mensual de junio y 64% contra junio 2021. Rumbo a los 3 dígitos anuales en cualquier momento”, alertó el liberal José Luis Espert.

También se expresaron desde la Legislatura porteña. Uno de ellos fue Ramiro Marra (La Libertad Avanza) que apuntó: “5,3% inflación de junio, +64% con respecto a junio del año pasado. Así como viene la cosa, llegamos tranquilos a las 3 cifras para fin de año. Nos hicieron mierda”.

“La inflación del 5.3% de junio es altísima, pero será poco cuando se la compare con la inflación de julio. La política del gobierno nos está llevando al borde de una hiperinflación”, expresó el legislador del FIT Gabriel Solano.

Ah, sí. A todo esto: 5,3% de infla en junio, o sea 64% anual. ¿Saben por qué? Fundamentalmente, por falta de USD. ¿Y saben por qué faltan? Porque los que entran se van todos en pagar deuda. O sea, para decirlo claro: la inflación que sufrimos, también es parte del "stipendium".

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) July 14, 2022

El Gobierno nacional dispuso una medida que aumenta de 35% a 45% la percepción a cuenta del pago de bienes y ganancias para las compras y gastos en el exterior, lo que habitualmente es conocido como “dólar turista”. En ese contexto, la senadora tucumana Beatriz Ávila consideró que la nueva medida “viene a seguir fomentando la grieta” y se alinea “a los regímenes cuasi dictatoriales”.

Anta esta disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la parlamentaria sostuvo: “Nuevamente una medida sectaria del kirchnerismo, que más que solucionar el tremendo problema de falta de divisas que sufre el país por los desmanejos económicos de Alberto Fernández, viene a seguir fomentando la grieta tratando de culpar a los que viajan o realizan gastos en el exterior”.

Según la senadora, esta decisión se trata de “igualar para abajo”. “El ideal del kirchnerismo es todos iguales, pero sin educación, iguales, pero sin empleo genuino, iguales, pero sin importaciones, iguales, pero sin gasoil, iguales, pero dependiendo de los planes sociales para sobrevivir, iguales, pero sin importaciones para poder producir”, disparó.

En relación a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, Ávila recordó una de las primeras declaraciones de la funcionaria, quien dijo que “el derecho a viajar colisiona con el derecho a los puestos de trabajo”. La legisladora tucumana dijo que esa frase “evidencia la desesperación por agradar a Cristina (Kirchner) y, porque no, mimetizarse con los regímenes cuasi dictatoriales con los que les gusta codearse”.

“Esta medida, juntamente con las prohibiciones de pagar en cuotas pasajes y paquetes turísticos en el exterior y las compras en free shops, no tienen el volumen ni la envergadura para solucionar ninguno de los problemas monetarios del país. Simplemente se toman para generar más grieta y para dividir más a los argentinos entre quienes pueden viajar al exterior y quiénes no. Lamentable debut de una ministra, distraída en nimiedades, mientras se le escapa el dólar Blue, se le dispara el riesgo país y le estallan los índices de inflación”, cerró la legisladora opositora.

El diputado nacional Diego Santilli (Pro) cuestionó este lunes al Gobierno y aseguró que “la crisis económica la ha agravado la crisis política”. “Es hora de mostrar un plan económico en camino”, reclamó.

En esa línea, el macrista advirtió que “hay mucha preocupación en nuestra sociedad” porque “el salario dura para 15 días”. “Tenemos una clase media empobrecida. Hoy en Argentina el 17% de los trabajadores es pobre. Esto no ha pasado nunca”, subrayó.

En declaraciones a radio Mitre, el legislador de Juntos por el Cambio señaló que “Argentina necesita divisas, no se puede privar de exportar ninguno de los insumos que necesita exportar, necesita importación para poder producir”.

“Nueve de cada diez dólares que se pagan en exportaciones son para insumos que necesita la producción argentina”, agregó.

En otro tramo, cuestionó que “es el propio Gobierno el que con conferencias de prensa las últimas tres semanas ha puesto en vilo a toda la sociedad”.

“La angustia, el hartazgo, la desazón, la desilusión que tiene la sociedad es consecuencia de un plan económico que no existe y de un Gobierno que hace conferencias públicas donde se pelean unos con otros”, completó.

En un marco económicamente complejo, el legislador del FIT Gabriel Solano convocó a una nueva movilización para este sábado a las 14 a fin de expresar el rechazo contra el rumbo económico fijado por la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, y para volver a cuestionar con dureza el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido el trotskista aseguró que “este sábado nos movilizamos una vez más contra el pacto del Gobierno con el FMI. Este acuerdo ha agravado la crisis de una manera evidente en todos los planos” y remarcó que “la nueva ministra Batakis ya se definió por continuar los caminos de este acuerdo de ajuste, devaluación, caída de los salarios, pobreza y miseria social para el conjunto de la clase trabajadora del país”.

Al mismo tiempo que subrayó que “esto es ampliamente reconocido por Georgieva que luego de su reunión con Batakis confesó que ‘se necesitan acciones dolorosas’ para llevar adelante el plan económico que exigen” y recordó que “mientras tanto Cristina Fernández sale al rescate del acuerdo, del propio gobierno e incluso a las necesidades de la burguesía poniéndose a la cabeza del ataque a las organizaciones sociales que luchan promoviendo la criminalización de la protesta. También atacando las paritarias de los trabajadores promoviendo sumas fijas”.

“Porque ninguna de las propuestas de Cristina ni de un gobierno acabado van a sacarnos de esta crisis hay que ganar las calles este sábado. Como lo viene haciendo el movimiento piquetero e importantes sectores del movimiento obrero como el SUTNA, La 60, los docentes”, añadió y concluyó precisando que también se movilizarán “en defensa del salario y las jubilaciones frente a la inflación, por trabajo genuino, por el triunfo de todas las luchas. Contra la criminalización de la protesta y la persecución a las organizaciones. Contra la continuidad de un pacto colonial y el pago de la deuda”.

Cabe recordar que la movilización se llevará a cabo este sábado a las 14 en Av. De Mayo y 9 de julio.

A tres días de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el recinto de la Cámara de Diputados volvió a abrirse para la realización de una sesión con proyectos consensuados, pero la crisis en el Gobierno y la situación económica que atraviesa el país fueron las primeras cuestiones que se abordaron.

En una extensa reunión de Labor Parlamentaria que se llevó a cabo previo a la sesión, el oficialismo aceptó el pedido de la oposición para que hubiera cinco minutos por jefe de bloque para dejar una “reflexión” sobre la coyuntura nacional que estalló con el recambio en el Ministerio de Economía, comandado ahora por Silvina Batakis.

La primera oradora fue la diputada del PO-FIT Romina Del Plá, quien aseguró que “estamos frente al fracaso completo del gobierno del Frente de Todos que se ha manifestado en la renuncia del ministro Martín Guzmán. Un fracaso del conjunto del gobierno del Frente de Todos: de la pata albertista, de la pata cristinista, de la pata massista”. Y consideró que “no es otra cosa que el fracaso del acuerdo con el FMI”.

Al recordar la discusión sobre el arreglo con el Fondo en cuanto a “una deuda usuraria y fraudulenta que había que desconocer de plano”, la legisladora de la izquierda mencionó que desde ese sector habían advertido que “nos iba a llevar a un aumento de la pobreza, del ajuste, de la precarización laboral y por supuesto del endeudamiento”.

“Guzmán es nada más y nada menos que el ministro que cerró el acuerdo con el FMI” y “ocurrió lo que anticipamos, la devaluación, inflación, mayor ajuste, incluso un tarifazo que todavía no han podido terminar de armar, pero que se viene inexorablemente”, añadió.

Luego fue el turno del líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien expresó que “Argentina no solo está atravesando una nueva crisis, sino que es una crisis que se va a profundizar lamentablemente”, y señaló que es “la octava vez en 60 años que el país se encuentra en esta situación”, producto de “ocho planes económicos que terminaron igual”.

“Debería hacernos doler y a la política darnos vergüenza; cada siete años y medio Argentina se prende fuego por malos planes económicos”, dijo el legislador liberal, que opinó que hay que “cambiar tres denominadores comunes” como la sustitución de importaciones, las leyes laborales y además que “tenemos un Estado de un tamaño gigantesco, que no solo no sirve para nada, sino que demuele al sector privado”. “No nos va a ir nunca bien si seguimos discutiendo la Ley de Gravedad. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal”, concluyó.

Nuevamente desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman del PTS-FIT sostuvo que “estamos ante las consecuencias previsibles del acuerdo firmado con el FMI”, que se trata de “un acuerdo inflacionario, deliberadamente recesivo y que ata al conjunto de la economía a conseguir dólares”. “El FMI es el FMI, y sigue siendo el FMI, y se lo devoró a Guzmán”, lanzó y criticó que ese acuerdo “se fue construyendo ladrillo a ladrillo en este recinto” con, por ejemplo, el cambio de la fórmula de movilidad o los “presupuestos de ajuste”. “Las cosas van mal porque está todo mal en la economía, porque atarse al FMI significa esto que estamos viviendo hoy”, ratificó.

El jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, manifestó que “estamos pasando por una situación lamentable en nuestro país”, y que calificaba como lamentable porque “termina siendo perjudicial para todos”. Además, observó que la situación actual se debe a que falta “resolver desde el oficialismo hacia dónde vamos a dirigirnos desde el punto de vista político y económico”.

El diputado de Juntos Somos Río Negro cuestionó a la parte de la oposición -en referencia a Juntos por el Cambio- que “está más ocupada en ver quiénes ocupan distintas grillas de un premio que ya creen que han ganado”. En esa línea, diferenció que “somos mayoría en esta Cámara los que queremos arribar a consensos y estos consensos son absolutamente necesarios para que finalmente podamos resolver temas que están pendientes”.

Le siguió en la lista de oradores el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien hizo “un llamado al equilibrio, a la mesura, a la racionalidad en un momento muy delicado para la Argentina”, especialmente para “las familias más humildes, para la clase media trabajadora, para los que en cada rincón de la Argentina la pelean día a día para salir adelante”.

“El problema no es de la política” sino de “los que están soportando desde hace ya varios años los desaciertos, la imprudencia, la soberbia de los que gobiernan alejándose cada vez más”, reflexionó el bonaerense, que remarcó “el quiebre, la ruptura, la confrontación” que hay en la coalición de gobierno. “Se pierde la confianza por la crisis política”, analizó y agregó que “si la coalición de gobierno no se reconcilia con la sociedad es imposible un acuerdo más amplio”, al tiempo que advirtió que tampoco “se puede ir a un acuerdo con un gobierno que está quebrado”.

Por el bloque de La Libertad Avanza no habló su jefe, Javier Milei, sino su compañera de banca Victoria Villarruel, quien opinó que “estamos en un momento de los más graves de los últimos 20 años” con “un Gobierno y una oposición que van a contramano de lo que está sufriendo el pueblo argentino”. Además, cuestionó que se los cita a “tratar proyectos de ley que le interesan solo a pequeños sectores de la sociedad”.

“Eligen evitar discutir una reforma tributaria; eligen atarnos a los países atrasados y dictatoriales del mundo; eligen seguir destruyendo la seguridad jurídica, sin la que hay posibilidad alguna de crecimiento”, enumeró la porteña y sumó que “nadie se hace responsable de este desmadre, del socavamiento de las instituciones y de la falta de futuro para nuestro pueblo”.

Juntos por el Cambio encendió más la mecha

En el arranque de los discursos de Juntos por el Cambio, el porteño Ricardo López Murphy sostuvo que “estamos viviendo los albores de una gravísima crisis” que “se asocia a cuatro cosas muy básicas” como “la falta de gobernanza en la coalición oficialista; un mal diagnóstico y una pésima ejecución de las políticas que han diseñado; ideas profundamente equivocadas, como que el déficit no genera inflación o que la deuda en pesos no cuenta y podían emitir lo que quisiera; y que carecen de la más elemental credibilidad”. En su discurso llamó a “volver a la sensatez en materia económica”.

A su turno, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aseveró que “la política es la responsable de ordenar o desordenar la vida nacional, en general, y en particular la economía”, pero “tenemos un Gobierno que ha perdido prácticamente su credibilidad y no puede llevar adelante una política pública”. “Para ordenar un sistema económico lo primero que hay que ordenar es el Gobierno”, expresó y adhirió a los “llamados a la cordura y responsabilidad que se han hecho”.

Enfático, encendió la mecha el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien observó que “tenemos un presidente de la Nación sin entidad política y con leve, casi nula, entidad institucional y eso nos preocupa a todos”. También fue lapidario con Martín Guzmán, al calificarlo como “un oportunista, descarado, escandaloso, que se fue en este momento solo porque no se quiere hacer cargo de lo que va a pasar en pocos días, de que su modelo fracasó”. Y también se despachó contra Silvina Batakis: “Si tenemos suerte va ser una almacenera, si tenemos mucha suerte va a ser una buena almacenera”.

Por el bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo aclaró que “la oposición no está para cogobernar, para dar nombres de funcionarios u opinar sobre Gabinetes”, pero “si necesitan de nosotros para validar políticas públicas que insinúen una senda de solución a los problemas que nos aquejan, van a contar con nosotros”.

“¡Estamos para tirar un vaso de agua al incendio que ustedes provocaron, ya suficiente con la nafta que ustedes se encargan de tirarle día a día a la Argentina!”, lanzó y afirmó que son una oposición “leal” a “las instituciones de la República y no nos interesa, ni se nos ocurre, construir ni cimentar un triunfo electoral de las cenizas de un país en ruinas que hayan dejado ustedes por internas intempestivas y furiosas”.

Avanzados los discursos, el jefe de la UCR, Mario Negri, arrancó: “Tengan la tranquilidad que nosotros no empujamos a nadie. En otros tiempos nos empujaron a nosotros. Pero podemos decirles fraternalmente: no se empujen entre ustedes, porque la sociedad argentina va a terminar en un abismo”. “Estamos frente a un presidente débil, un Gobierno débil, pero que además en los últimos 30 días han triturado de una manera casi irresponsable, ineficaz, la confianza de la sociedad. Y han subido al máximo la incertidumbre”, advirtió.

En nombre del bloque Pro, el santafesino Luciano Laspina afirmó que se está ante “una situación extremadamente delicada” producto de “una crisis de solvencia” que se generó por el “descalabro fiscal que se ha generado en estos dos últimos años”. En ese sentido, repasó que, durante esta gestión, la deuda en pesos pasó de “900 mil millones a 8 billones de pesos”; y la deuda del Banco Central “trepó en 40 mil millones de dólares”. Asimismo, “el déficit fiscal volvió a niveles que no se veían desde 2015, destruyendo todo el esfuerzo que se había hecho en los años previos”.

“El ministro se fue no solo dejando una bomba, sino dejando una bomba en pleno proceso de estallido, lo cual es mucho más criticable, y esa es la herencia con la que ahora tiene que lidiar el nuevo equipo económico”, cuestionó el economista. También opinó que “la crisis política es el síntoma, no es la razón de la crisis”, sino que se trata de que “estamos asistiendo al final de un ciclo de populismo que lleva 20 años”.

Muy crítico de Guzmán, el presidente del Pro, Cristian Ritondo, dijo que “nosotros no estamos viendo una foto de este fin de semana, nosotros estamos viendo una película que empezó mucho tiempo atrás, pero que repitió uno de los peores capítulos el 10 de diciembre del 2019 cuando nos prometían que nos traían al joven maravilla que demostró no entender nada de política, pero tampoco nada de economía”. Y tampoco ahorró cuestionamientos a la flamante ministra: “La herencia de Guzmán a Batakis no es mucho peor que la que ella nos dejó a nosotros en provincia”. 

La defensa del oficialismo

Antes de la palabra del jefe del Frente de Todos, hablaron en el recinto dos diputadas del oficialismo. Una de ellas fue Rosana Bertone, quien aseguró que en comparación con la crisis de 2001 “hoy las provincias argentinas no tienen ni cerca esa realidad”, y enumeró que hay “pleno empleo, crecimiento industrial, actividad en el turismo, vuelos llenos”. “Esa es la realidad de Tierra del Fuego y me atrevo a decir que también de las provincias de la Patagonia”, sumó.

En tanto, la entrerriana Blanca Osuna subrayó que el Gobierno recibió “una crisis de doble herencia, de la herencia amarilla y la pandemia sobreviniente, de la deuda atroz”. Y salió al cruce de discursos en los que se criticó la política educativa: “Si hay algo que el macrismo destruyó absolutamente fue el sistema educativo”. “En cada uno de sus días dio la espalda a necesidades básicas y derechos fundamentales”, criticó a la gestión de Cambiemos y, tras reconocer que “hay problemas” y “el desafío de nuestro Gobierno es encararlos”, rechazó el “cinismo manifiesto” de Juntos por el Cambio.

Finalmente, Germán Martínez sostuvo que “hay desde hace un tiempo largo en la Argentina un plan sistemático para que los argentinos y las argentinas bajen los brazos. Y los sectores opositores, junto a aquellos sectores más concentrados de la vida económica argentina, tienen un plan absolutamente en tándem”. “No está todo mal en la Argentina, y tenemos la obligación de que se vea el vaso completo. Acá hay algunos que quieren que solo se vea lo que falta”, dijo el santafesino.

El interbloque de Juntos por el Cambio, encabezados por el diputado del Pro Waldo Wolff, presentaron este jueves un pedido de informe al Gobierno nacional sobre los vuelos del Airbus 340-600 de la aerolínea venezolana Conviasa trasferido por la iraní Mahan Air, puntualmente quieren saber si “vino al menos cuatro veces a la Argentina entre abril y mayo”.

En el nuevo pedido al Gobierno, que se suma a otros previos efectuados sobre el aterrizaje del Boeing 747 de Emtrasur retenido en Ezeiza, exige saber si la aeronave Airbus A340-600 matrícula YV3533 aterrizó en territorio argentino los días 28 de abril (vuelo V09990), 3 de mayo (Vuelo V03550), 9 de mayo (Vuelo V03602) y 17 de mayo (Vuelo V03550).

Además, solicitan que se “brinde nómina completa de los tripulantes de la aeronave Airbus A340-600 matrícula YV3533 en los vuelos referidos. Indique si alguno de ellos tiene antecedentes, y de ser así, los motivos”.

En otro punto, el proyecto pide “información precisa respecto de la titularidad de la aeronave, detalle el itinerario de cada vuelo y los motivos de su paso por la República Argentina”. En suma, quiere saber si recibieron alguna alerta, de forma previa o posterior”, al aterrizaje de la aeronave Airbus A340-600 matrícula YV3533.

Junto a otros 14 diputados hicimos un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Queremos saber tripulación y otros datos de vuelos similares al del avión Iraní ya tristemente célebre. pic.twitter.com/my3wXsZOWE

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) June 23, 2022

También solicita al Gobierno que informe si “ha pedido explicaciones respecto de la aeronave Airbus A340-600 matrícula YV3533, a los países de Venezuela e Irán. Y si Estados Unidos ha pedido explicaciones o brindada información respecto de la aeronave Airbus A340-600 matrícula YV3533. Y busca que informe si Estados Unidos ha pedido explicaciones o brindada información respecto de la aeronave Airbus A340-600 matrícula YV3533”.

“El acceso a la información creíble y transparente es un derecho básico de los ciudadanos y es clave para el funcionamiento de todo sistema democrático. Las preguntas planteadas vienen a escudriñar las evaluaciones axiológicas desarrolladas por el Gobierno Nacional respecto de los hechos expuestos”, señaló Wolff en sus fundamentos.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de 14 diputados y son Alejandro Finocchiaro, Gerardo Milman, Karina Bachey, Marilú Quiroz, Gustavo Hein, Virginia Cornejo, Laura Rodríguez Machado, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Fernando Iglesias, Omar De Marchi, Álvaro Martínez, Ana Clara Romero y Germana Figueroa Casas.

Tal como lo anticipó este jueves por la mañana en su conferencia de prensa la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el Gobierno nacional publicó un decreto de actualización presupuestaria que proyecta para el año en curso un déficit primario del 2,5% para las cuentas del sector público nacional, en línea con el Acuerdo de Facilidades Extendidas pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El decreto 331/2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial prevé “una proyección de déficit primario base caja del Sector Público Nacional (SPN) de 2,5% del PIB”. La ratificación de obtener un déficit primario del 2,5% forma parte del acuerdo con el FMI, que establece una reducción gradual del rojo de las cuentas públicas: en 2022, el déficit será del 2,5%, en 2023 del 1,9% y en 2024 del 0,9%.

Según el Gobierno, el DNU se firmó para “fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico”, por lo cual consideró necesario “adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales”.

Entre los puntos principales, se estableció que $60.148.154.728 millones se destinarán al “pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario”.

En este caso, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue autorizado a ampliar el límite de fondos y a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a esa decisión.

Por otra parte, la Casa Rosada mantuvo el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto en la Ley N 27.591 hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001.

La modificación presupuestaria, en su artículo 8, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir Letras de Liquidez del Tesoro en pesos a descuento (LELITES) hasta alcanzar un importe máximo en circulación de valor nominal $100.000.000.000 millones para afrontar las emisiones que se realicen durante diciembre de 2022 y cuyo vencimiento se produzca en enero de 2023.

Estos instrumentos serán emitidos a plazos menores o iguales a 30 días, y podrán ser suscriptos únicamente por los Fondos Comunes de Inversión.

Según lo dispuesto, esos instrumentos serán intransferibles y no contarán con cotización en Bolsas y mercados de valores locales o internacionales; serán emitidos a plazos menores o iguales a 30 días y podrán ser suscriptos únicamente por los Fondos Comunes de Inversión (FCI) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Asimismo, a través del DNU se estableció que las futuras suscripciones de títulos públicos cuya moneda de pago sea pesos se puedan realizar con instrumentos de deuda pública con igual moneda de pago. Por su parte, el Ministerio de Economía fue facultado para la emisión y colocación de títulos de deuda pública denominados “Bonos de Consolidación Décima Serie”, en pesos y a un plazo de siete años.

También, el Poder Ejecutivo estableció como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la ANSeS, la suma de $58.477.242.261 millones. Ese organismo será el encargado de determinar los montos totales a transferir a cada provincia.

En tanto, se prorrogó al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, por un importe de $38.000.000.000 millones, para “continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional”.

En este caso, el Ministerio de Transporte será el encargado de establecer los criterios de asignación y distribución de ese Fondo; por su parte, las provincias que adhieran deberán juntamente con las empresas de transporte implementar el sistema de boleto único electrónico.

Otros $5.870.000.000 millones fueron asignados al Fondo Nacional de Empleo, para la atención de los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. Por último, se aprobó el aporte de la Argentina al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por US$2.500.000 millones.

¿QUÉ DICE EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA?

El comunicado del Palacio de Hacienda indica que se “continuará con los esfuerzos iniciados en diciembre de 2019 para profundizar el desarrollo del mercado local de capitales, creando las condiciones para un financiamiento del Tesoro en condiciones que sean atractivas para los inversores y respeten los marcos de sostenibilidad de la deuda pública”.

“La política económica del Gobierno nacional tiene como objetivos el crecimiento sostenible con generación de empleo y el fortalecimiento de las condiciones para reducir la inflación”, puntualiza el comunicado oficial.

En este sentido, las autoridades consideran que “una condición necesaria para ello es que la política fiscal y monetaria se encuentren alineadas con el objetivo de robustecer la acumulación de reservas internacionales”.

A efectos de los objetivos económicos y sociales trazados, se mantendrán “las metas anuales del programa económico, que son los pilares sobre los cuales se asienta un proceso de estabilización que refuerce la tendencia de crecimiento económico y de recuperación sostenible de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social”.

De todas formas, se aclara que “el cambio en las condiciones económicas ha generado una modificación en la estacionalidad del gasto a lo largo del ejercicio fiscal”.

“El Gobierno nacional ha trabajado activamente para garantizar la seguridad energética minimizando el impacto del alza de los precios de la energía en el costo de mantenimiento del sistema”, señala e informa que “se alcanzó un nuevo acuerdo con Bolivia para garantizar el abastecimiento de gas natural”, y “complementariamente se alcanzó un intercambio de energía eléctrica con Brasil, que implicó una reducción de los costos necesarios para garantizar la seguridad energética”.

Y cerró: “A pesar de estos esfuerzos, el impacto de la guerra en los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y otros combustibles líquidos generó un incremento del gasto en subsidios, que se desacelerará a lo largo del año”.

PRESUPUESTO 2022

El proyecto de Presupuesto 2022 fue rechazado en la Cámara de Diputados el 17 de diciembre del año pasado, tras el voto negativo de las bancadas opositoras en una sesión que se extendió por más de 20 horas.

Frente a la negativa de la oposición de acompañar el proyecto de Presupuesto 2022, a los pocos días el Poder Ejecutivo prorrogó, a través del decreto 882/2021, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.

En esta actualización presupuestaria no se incluyó el costo de vida proyectado para este año, y el último dato de inflación se conoció el martes último con una suba de precios del 5,1% para el mes de mayo, alcanzando una variación interanual del 60,7%.

Tras el anuncio que hizo desde Casa Rosada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los tres integrantes de la conducción cegetista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, de elevar el piso para el pago del impuesto a las ganancias a 280.792 pesos, legisladores del arco político opositor cuestionaron al Gobierno y le señalaron que es consecuencia de la inflación.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores, el radical Alfredo Cornejo, se refirió al anuncio como “una medida transitoria porque a los salarios se los está comiendo la inflación”, y agregó: “Sin medidas para frenar la escalada inflacionaria es puro maquillaje, pan para hoy únicamente”.

Por su parte, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, afirmó: “Hizo bien Sergio Massa en exigir que se cumpla con el mandato del Congreso. Pero el gobierno tiene que ocuparse seriamente de la inflación, porque es el problema de fondo”.

El presidente de la bancada del Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, también apuntó a la inflación a la hora de hablar de la modificación del piso de Ganancias. En sus redes sociales subió una foto en donde se puede ver a Martín Guzmán y al presidente Alberto Fernández en una de las ventanas de la Casa Rosada y escribió: “¿Este equipo va a frenar la inflación?”.

¿Este equipo va a frenar la inflación? pic.twitter.com/PNJjTE6xll

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 27, 2022

El diputado radical Hugo Romero señaló: “Es buena la noticia de que los empleados en relación de dependencia que tengan sueldos hasta $280.792 no paguen ganancias”. Sin embargo, dijo que “lo malo es que los trabajadores autónomos siguen siendo discriminados. Este sector no puede esperar más, el gobierno debe fortalecer la equidad tributaria”.

A través de las redes sociales, el diputado del bloque Identidad Bonaerense Florencio Randazzo criticó: “¿De verdad anuncian esto como un logro?”, y consideró que “con la inflación galopante que hay, el aumento en el Mínimo no Imponible de Ganancias debería ser automático”.

“Realmente no tienen vergüenza… Dejen de vender humo y ocúpense de la inflación de una vez por todas”, enfatizó el exministro de Transporte.

¿De verdad anuncian esto como un logro? Con la inflación galopante que hay, el aumento en el Mínimo no Imponible de Ganancias debería ser automático.

Realmente no tienen vergüenza… Dejen de vender humo y ocúpense de la inflación de una vez por todas.

— Florencio Randazzo (@RandazzoF) May 27, 2022

En el mismo sentido se pronunció el radical Lisandro Nieri, quien expresó: “Es de caradura anunciar la suba solo del piso del impuesto como una mejora para los trabajadores”, y señaló que el problema es la inflación.

Es de caradura anunciar la suba solo del piso del impuesto como una mejora para los trabajadores. pic.twitter.com/StGGeBPij1

— Lisandro Nieri (@LisandroNieri) May 27, 2022

El senador chubutense Ignacio “Nacho” Torres denunció al Gobierno nacional porque “hay una intencionalidad de desactivar la lucha contra el narcotráfico en la provincia”, y señaló que “existe mucha connivencia de distintos sectores del poder” para que este flagelo siga expandiéndose.

En declaraciones en La Nación+ el legislador de JxC aseguró que “hay una intencionalidad del gobierno de desactivar la lucha contra el narcotráfico en la provincia”, y apuntó a la “connivencia” que existe de determinados sectores del poder para que prolifere la droga en todos los estratos sociales.

Esta semana los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y jueces federales se reunieron este jueves en Rosario en un fuerte gesto simbólico de respaldo a la lucha contra el narcotráfico en Santa Fé.

Al respecto el senador Torres planteó que la droga no solamente prolifera en las grandes ciudades como Rosario, sino que también “padecemos el narcotráfico en Chubut, donde es un problema muy sensible desde hace muchísimos años” y disparó que “existe mucha connivencia de distintos sectores del poder” para que este flagelo siga expandiéndose.

El legislador graficó que el triple crimen de Chubut ocurrido en Sarmiento en 2014, en el que mataron a una mujer y sus dos hijos adolescentes, es uno de los casos paradigmáticos que involucran la presencia de narcos en la provincia.

“Tuvimos un triple crimen en Chubut que desde que tengo uso de razón no vi una cosa así salvo en una serie de Netflix, y sin embargo hoy es una realidad”, expuso el senador refiriéndose a otros casos que también son moneda corriente en distintos puntos de la provincia.

Torres comparó que, durante el gobierno nacional anterior de Juntos por el Cambio, “la lucha contra el narcotráfico fue un eje central de la gestión, mientras que hoy parece que la agenda del gobierno de Frente de Todos pasa más por el revanchismo que por otra cosa”, concluyó.

A través de un proyecto de resolución presentado por la diputada nacional, Laura Rodríguez Machado (Pro -Córdoba) se solicita al Gobierno Nacional que informe, a través de la secretaría de Medios de Comunicación Pública, acerca una serie de cuestiones vinculadas a la distribución, por la Televisión Digital Abierta, de la señal del Gobierno Ruso en español Russia Today (RT), un acuerdo que fue firmado entre Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin.

En la iniciativa piden:

• Informe acerca de los motivos por los que el Gobierno Argentino sigue emitiendo o distribuyendo mediante la Televisión Digital Abierta la señal rusa denominada Russia Today y RT en español, a pesar de las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciado Santiago Cafiero, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde condeno la invasión rusa a Ucrania, siendo esta señal (RT) un medio de propaganda de la política exterior rusa, que omite la diversidad de opiniones, tampoco emite las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Rusia y el silenciamiento de las voces opositoras de su país de origen.

• Que contraprestación brinda a la Argentina el gobierno ruso por la emisión en nuestro país de la señal Russia Today y RT en español.

• Que costo tiene para los contribuyentes argentinos mantener la señal vigente en la grilla de la Televisión Digital Abierta.

•  Si la secretaria de Medios de Comunicación Pública informó, consultó o mantuvo reuniones con la cancillería argentina en relación a la decisión de permitir el uso de señales gratuitas de aire para continuar distribuyendo mediante el sistema de Televisión Digital Abierta y satelital la visión exclusivamente rusa de la invasión a Ucrania por parte de ese país y difundirla a 2022. Ello mediante una señal que brinda solo la versión del gobierno ruso sobre la invasión a Ucrania, haciendo uso gratuito de un recurso estatal para la difusión de contenidos denunciados como propagandísticos por diversas organizaciones internacionales y periodistas independientes rusos.

“El gobierno ruso a través de su oficina de propaganda, utiliza el instrumento denominado Russia Today para emitir información desde su absoluta perspectiva y totalmente parcial sobre la invasión de ese país sobre Ucrania”, fundamenta y agrega: “El canal Russia Today, no es un canal ruso, ya que no es parte de la veintena de canales obligatorios que los medios públicos rusos deben emitir. Es más, esa señal no se ve en Rusia siquiera. Es un medio de propaganda de las acciones de su gobierno. Los intereses estratégicos de la Federación Rusa en difundir al mundo propaganda política sobre su invasión a Ucrania se materializa en nuestro país en esta señal Russia Today”.

Cabe recordar que la diputada ya había presentado en el mes de febrero otro proyecto para que el Gobierno saque del aire a la señal Russia Today, en medio la invasión de la Federación Rusa a Ucrania.

La iniciativa es acompañada por Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Alejandro Finochiaro, Graciela Ocaña, Mercedes Joury, José Núñez, Virginia Cornejo, María Luján Rey, Alberto Asseff, Íngrid Jetter, Ana Clara Romero, Aníbal Tortoriello, Waldo Wolff y Héctor Baldassi.

PEDIDO-DE-INFORME-RT-convertido

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anunció desde el Centro Cultural Kirchner (CCK), en una convocatoria del Consejo Económico y Social encabezada por Alberto Fernández, que el Gobierno trabaja en “un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, y que van a “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”.

En ese contexto, el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, escribió a través de su cuenta de Twitter: “Gustavo Beliz quiere regular el uso de las redes sociales ‘para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia’. No son las redes sociales, es el relato, la impunidad, la falta de ejemplaridad, la obscenidad del poder”, y exigió que “respeten la Constitución Nacional, con eso alcanza”.

Gustavo Béliz quiere regular el uso de las redes sociales “para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.
No son las redes sociales, es el relato, la impunidad, la falta de ejemplaridad, la obscenidad del poder.
Respeten la Constitución Nacional, con eso alcanza.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 29, 2022

“La libertad de expresión es un derecho humano. Cualquier medida que regule el uso de las redes sociales supone una violación de este derecho fundamental”, posteó la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi, y denunció: “Ya están violando el acceso a la información pública, ahora van por la opinión, dos pilares de la democracia”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, quien manifestó: “Como si faltara algo Gustavo Beliz dice que van a regular el uso de redes sociales. No pueden modificar la realidad gestionando y quieren hacerlo comunicando. Buscarán afianzar el relato. Un retroceso total”.

Como si faltara algo Gustavo Beliz dice que van a regular el uso de redes sociales. No pueden modificar la realidad gestionando y quieren hacerlo comunicando. Buscarán afianzar el relato. Un retroceso total.

— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 29, 2022

“Ahora resulta que el gobierno pretende imponer un ‘pacto para el buen uso de las redes sociales para que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia’. Tóxicos para la democracia son la censura y los gobiernos que deciden por todos qué es ‘lo bueno’. Eso se llama totalitarismo”, apuntó el senador radical Pablo Daniel Blanco.

Esta es la fracción “liberal” del gobierno. Imaginate cómo son los fascistas!

“El buen uso de las redes sociales para el bien común y que dejen de intoxicar la democracia”.
Mamita querida…

El Opus Dei aliado al peronismo.
Pobre país!

pic.twitter.com/6nlpdlve60

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 29, 2022

También se sumó al rechazo de la propuesta el diputado del Pro Fernando Iglesias: “Esta es la fracción ‘liberal’ del gobierno. Imaginate cómo son los fascistas!”, y retomó las palabras de Beliz: “El buen uso de las redes sociales para el bien común y que dejen de intoxicar la democracia”, ante lo que exclamó: “Mamita querida…El Opus Dei aliado al peronismo. Pobre país!”.

“1⁰ Acto: Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional (Ricardo Forster). 2⁰ Acto: Observatorio de la Desinformación y Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Miriam Lewin). 3⁰ Acto: ¿Cómo se llama la obra? POLICÍA DEL PENSAMIENTO”, indicó la diputada Dina Rezinovsky (Pro).

1⁰ Acto: Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional (Ricardo Forster)
2⁰ Acto: Observatorio de la Desinformación y Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Miriam Lewin)
3⁰ Acto: 👇🏼
¿Cómo se llama la obra? POLICÍA DEL PENSAMIENTO https://t.co/ElITHGkSA3

— Dina Rezinovsky (@dinarezi) March 29, 2022

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) apuntó contra el Gobierno nacional, a través de sus redes sociales, por la suba de dos puntos de retenciones en la harina y el aceite de soja que dispuso por Decreto. Además, se dirigió al gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, y le consultó por la postura que adoptará en relación al tema.

“El campo entrerriano está en estado de alerta y movilización por las medidas del Gobierno nacional para el sector”, advirtió la diputada radical y preguntó: “¿Qué actitud va a asumir el gobernador Bordet? ¿Va a acompañar los reclamos de sus comprovincianos o se va a alinear con el gobierno de su partido?”.

En ese mismo sentido, señaló que “el país necesita ingreso de divisas y no debe ser poniendo un pie sobre los productores”, y recordó que “aumento de retenciones y cupos a las exportaciones son medidas que ya fracasaron”. “El campo ha sido siempre el sector más dinámico y el que aporta los mayores ingresos a las arcas del fisco”, destacó Lena.

A raíz de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional anule el convenio que firmó con Rusia para que brinde adiestramiento, en los centros académicos, a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de Argentina.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, había manifestado en la publicación oficial que se trataba de “un convenio para facilitar la capacitación y el entrenamiento de nuestros oficiales y suboficiales en instituciones militares de Rusia y es un paso que permitirá un mayor relacionamiento entre ambas Fuerzas Armadas”, y también había destacado las gestiones del secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, quien encabezó la comitiva que viajó a ese país para avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

En el proyecto de resolución de la Coalición Cívica, los legisladores sostuvieron: “Al considerar el empleo político de las fuerzas armadas rusas contrario a la normativa nacional vigente, solicita también que se denuncie el convenio ‘Admisión de personal militar de la República Argentina en instituciones para la capacitación de personal militar de defensa de la Federación Rusa’ firmado entre los ministros de Defensa de la Federación Rusa y de la Argentina”.

“No es momento de abrazar falsas utopías ideológicas ni de esperanzarse en el beneficio de quien, al margen de los hechos, espera paciente beneficios a otros negados. Es una crisis mundial que exige definiciones y asumir riesgos. La libertad tiene un precio y para sostenerla debemos estar dispuestos a pagar. En otros tiempos fuimos también tibios e incoherentes. El mundo tiene memoria y lo recuerda. No repitamos los errores del pasado”, resaltaron.

En ese sentido, consideraron que una forma de mostrar determinación “es cesar la cooperación con el agresor en aquellas áreas que son sensibles y que, en lo sustancial, representan una contradicción con el sistema de defensa nacional. Por caso, provocar la denuncia del convenio Admisión de personal militar de la República Argentina en instituciones para la capacitación de personal militar de defensa de la Federación Rusa firmado entre los ministros de Defensa de la Federación Rusa y de la Argentina”.

“Ello es necesario porque el empleo político que hace la Federación Rusa de sus fuerzas armadas es diametralmente opuesto al que contiene la doctrina argentina. El decreto N° 727/ 2006, cuya vigencia reestableció el actual Gobierno en 2020 (Mediante Decreto 571/ 2020 ) establece en su artículo 1ero que las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior”, agregaron.

En paralelo, la Coalición Cívica expresó sus “profundas condolencias” al pueblo de Ucrania “albergando la esperanza de una pronta solución por la vía pacífica. Nuestras oraciones y pensamientos acompañan el sentir de los ucranianos”. “La rápida evolución de los acontecimientos que implican una penosa involución para la Sociedad Internacional, no puede sorprendernos desprevenidos ni faltos de ideas para sostener los principios de las Naciones Unidas. Por tal motivo solicitamos a todos los integrantes de esta Honorable Cámara nos apoyen en este proyecto”, finalizaron.

En medio de la dramática situación que se vive en Corrientes a causa de los incendios forestales, el legislador del FIT Gabriel Solano responsabilizó al Gobierno de la Nación y el de esa provincia por la delicada situación ambiental que se vive en el lugar y pidió el avance de la ley de humedales en el Congreso.

En ese sentido, el trotskista afirmó que “hay un enorme abandono del Estado a poblaciones enteras que hace meses han tenido incendios crecientes. Alberto Fernández tardó más de dos meses en enviar aviones hidrantes a la provincia” y remarcó que “el gobernador de la provincia perteneciente a Juntos por el Cambio, Gustavo Valdéz, destinó autobombas a la limpieza del corsódromo mientras escasean los recursos para combatir el fuego y brigadistas y bomberos trabajan en absoluta precariedad”.

“El ministro de ambiente Juan Cabandié debe dar explicaciones y ser echado de su cargo con urgencia. Hace responsable al gobierno provincial pero esconde que el fuego recorrió en total más de 11 provincias del país. Crean un Ministerio de Ambiente y cajonean la ley más importante para ayudar a combatir este flagelo que es la Ley de Humedales”, señaló.

Asimismo Solano destacó que “la sequía histórica de Corrientes se sumó a las altísimas temperaturas y la escasez de la lluvia que es uno de los fenómenos más marcados del calentamiento global. Además la mayoría de los focos de incendio son intencionales para eliminar pastizales y tener nuevos territorios de explotación ganadera que también avanzó sobre los territorios de humedales” y aseguró que “la provincia de Corrientes y los productores ganaderos se opusieron a la Ley de Humedales. Todo este cuadro trae la enorme crisis que hoy vive la provincia”.

“Como medidas urgentes debería comenzar por la aprobación de la Ley de Humedales entre proyectos, y el financiamiento estatal tanto en asistencia a las familias, equipamiento como en sacar de la precarización a los trabajadores para poder prevenir y asistir. Para una salida de fondo es necesario terminar con el régimen de propiedad concentrada para la explotación capitalista, como sucede en Corrientes, y ponerla al servicio de los trabajadores y campesinos”, sentenció el legislador porteño.

A través de un comunicado, el interbloque Juntos por el Cambio en el Senado manifestó su “más profunda preocupación frente a los incendios que están castigando a diversas provincias de nuestro país” y cuestionó el accionar del Gobierno nacional.

La bancada presidida por el mendocino Alfredo Cornejo señaló: “Frente a tamaña emergencia instamos al Gobierno nacional para que, a través de las áreas correspondientes, actúe de manera inmediata y aumente los esfuerzos en pos de trabajar por el fin de los incendios”.

“Es inadmisible que las medidas del Gobierno solo se limiten a intentar dar consejos a los gobernadores o a pensar protocolos, que seguramente serán de utilidad en el futuro, pero poco resuelven la emergencia del ahora”, apuntaron los senadores.

Además, consideraron que “es necesario y urgente que la situación se establezca como de la más alta prioridad y que haya medidas concretas, acompañadas con la plena y exclusiva ocupación de los funcionarios competentes en la materia”.

Los diputados del bloque Encuentro Federal presentaron un proyecto que propone transferir a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires los fondos recaudados con el Impuesto PAIS, de forma automática y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación 23.548.

El proyecto fue presentado por Sebastián García de Luca y lleva las firmas de Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Domingo Amaya, legisladores de Juntos por el Cambio, Provincias Unidas y SER. En él se plantea una modificación del artículo 42 de la Ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública) a fin de que se incluya a los gobiernos provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución de los fondos que se recaudan con el Impuesto.

“Este año el Impuesto PAIS va a ser el de mayor crecimiento, alrededor de un 80% según estimaciones del presupuesto que presentó Guzmán. Y durante el 2020 y el 2021 el Gobierno nacional se quedó con todo el dinero recaudado para hacer frente a la pandemia, pero también los gobiernos provinciales y municipales asumieron enormes costos y desafíos” comentó García de Luca. Asimismo, explicó que “por no coparticipar este impuesto, en dos años las provincias resignaron $233.400 millones, que en el caso de la provincia de Buenos Aires fueron unos $50.000 millones”.

Por último, indicó que “tal como está planteado, este impuesto acentúa la concentración de recursos por parte del Gobierno nacional y no tenemos manera de enfrentar los problemas estructurales que tiene la Argentina si en las medidas que se toman no se respeta que somos un país federal”, puntualizó el ex secretario de Interior durante la gestión de Cambiemos.

PROYECTO-DE-LEY-Modificación-impuesto-pais-1

En medio de los incendios que afectan a distintas zonas del país, el Gobierno prepara una nueva ley de humedales luego de que el proyecto perdiera estado parlamentario en diciembre pasado debido a que no ingresó en el temario de las sesiones extraordinarias y, de esta forma, por tercera vez se truncó su tratamiento en el Congreso, como ya había sucedido en 2013 y en 2016.

Según informó la agencia Noticias Argentinas la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja en la redacción de un nuevo proyecto de humedales para intentar por cuarta vez darle tratamiento y poder convertirlo en ley. Además, la iniciativa estará acompañada de otros dos: uno tendrá como objetivo la creación de más Parques Nacionales y otro para profundizar la protección de especies.

La iniciativa, entre otras cuestiones, busca regular las actividades que se realizan en esos ecosistemas, pero choca contra la resistencia de sectores como la agroganadería, la megaminería y el negocio inmobiliario.

En agosto de 2020, miles de personas cortaron el Puente Rosario-Victoria para manifestarse contra los incendios en el Delta del Paraná y exigir una norma que protegiera a los humedales.

A principios de este año, se produjeron incendios en el Delta y en otras zonas del país, como la Patagonia, que afectaron cientos de miles de hectáreas, lo cual volvió a poner en el centro de la escena el tema de la protección de humedales.

La ley que acabe de perder estado parlamentario ponía el foco en la protección y conservación de la biodiversidad, con la tipificación de la quema de humedales como delito penal y sancionado con fuertes multas.

Un humedal es un tipo particular de ecosistema que se caracteriza por la presencia de un suelo fundamentalmente hídrico, no drenado y que se mantiene saturado de agua de manera temporal o permanente. El mismo posee una fauna y una flora que le son propias y son reguladores de temperaturas, morigeran los efectos de las inundaciones, retienen excedentes hídricos, además de atenuar los efectos de sequías prolongadas, entre otras características. En la Argentina, los humedales ocupan el 21 por ciento del territorio.

Luego de semanas de incertidumbre en torno a las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional por el pago de la deuda, este viernes el presidente de la Nación anunció que se llegó a un acuerdo con la entidad financiera. A raíz de eso, desde el propio oficialismo salieron en apoyo del entendimiento alcanzado.

“Logramos cerrar un acuerdo digno, necesario y que no nos condiciona. Este acuerdo con el FMI nos permite ordenar el presente y construir un futuro. Negociamos pensando en el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Sin restringir ningún derecho. Teníamos una deuda impagable y trabajamos para lograr un acuerdo que nos permita acceder a más financiamiento para seguir creciendo”, celebró la diputada Mónica Litza.

Negociamos pensando en el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Sin restringir ningún derecho.

Teníamos una deuda impagable y trabajamos para lograr un #acuerdo que nos permita acceder a más financiamiento para seguir creciendo

— Mónica Litza (@monicalitza) January 28, 2022

En el mismo sentido se pronunció Leandro Santoro: “El compromiso de campaña fue resolver la deuda sin aplicar planes de ajuste. Llegó el Covid-19 y la Argentina reestructuró con los acreedores privados. Hoy acuerda con el FMI un Programa de ordenamiento macro por crecimiento, sin afectar partidas sociales ni de desarrollo. Cumplimos”.

El compromiso de campaña fue resolver la deuda sin aplicar planes de ajuste. Llegó el Covidy la Argentina reestructuró con los acreedores privados. Hoy acuerda con el FMI un Programa de ordenamiento macro por crecimiento, sin afectar partidas sociales ni de desarrollo. Cumplimos.

— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) January 28, 2022

“Acompañaremos desde el Congreso el acuerdo que será enviado por nuestro presidente para ratificar sus términos”, adelantó la legisladora entrerriana Carolina Gaillard y señaló que “debemos mirar para adelante, para reconstruir la argentina que soñamos entre todos con inclusión, igualdad de oportunidades, trabajo, desarrollo y justicia social”.

https://twitter.com/CaroGaillard/status/1487089411179307009

En tanto, el senador santafesino Marcelo Lewandowski apuntó contra la oposición: “Juntos por el Cambio nos dejó una deuda impagable que le ponía un techo a las oportunidades de los argentinos”, y manifestó: “El Peronismo acordó un plan que nos devuelve el futuro. Ahora esperamos que los dueños del problema nos acompañen en el Congreso con la solución”.

Juntos por el Cambio nos dejó una deuda impagable que le ponía un techo a las oportunidades de los argentinos. El Peronismo acordó un plan que nos devuelve el futuro. Ahora esperamos que los dueños del problema nos acompañen en el Congreso con la solución.

— Marcelo Lewandowski (@marcelewan) January 28, 2022

A su vez, su par Roberto Mirabella posteó: “El acuerdo que Argentina alcanzó hoy con el FMI nos permite cumplir con los compromisos asumidos y seguir adelante en el camino de desarrollo y crecimiento. Este acuerdo que no impone ni condiciona es el resultado del gran trabajo de Alberto Fernández y Martín Guzmán y todo su equipo”.

El acuerdo que Argentina alcanzó hoy con el FMI nos permite cumplir con los compromisos asumidos y seguir adelante en el camino de desarrollo y crecimiento. Este acuerdo que no impone ni condiciona es el resultado del gran trabajo de @alferdez, @martin_M_guzman y todo su equipo.

— Roberto Mirabella (@mirabellarob) January 28, 2022

“El presidente anunció el acuerdo con el FMI que pasará por el Congreso Nacional. Vamos a pagar una deuda contraída en el gobierno de Macri de espaldas a la sociedad. Y vamos a pagar con un acuerdo q nos permite seguir creciendo y no a costa del hambre de los argentinos”, escribió la diputada Mara Brawer y apuntó contra la gestión de Cambiemos: “Tomaron una deuda histórica, no solo en monto para la Argentina, sino del FMI. Lo hicieron a espaldas de la sociedad y fugaron todas las divisas. El Congreso, y en especial la oposición, tiene hoy una responsabilidad fundamental, la de hacerse cargo y acompañar este acuerdo”.

https://twitter.com/MaraBrawer/status/1487085945627168772

El Presidente @alferdez anunció el acuerdo con el #FMI que pasará por el Congreso Nacional. Vamos a pagar una deuda contraída en el gobierno de Macri de espaldas a la sociedad. Y vamos a pagar con un acuerdo q nos permite seguir creciendo y no a costa del hambre de lxs argentinos pic.twitter.com/RCY5upzJRb

— Mara Brawer (@MaraBrawer) January 28, 2022

En una semana clave para el Gobierno nacional por la negociación con el Fondo Monetario Internacional, diputados del FdT pertenecientes a diferentes movimientos sociales, reafirmaron su apoyo a las gestiones que lleva adelante y consideraron a la entidad financiera como “corresponsable” por la “magnitud” del préstamo tomado por el gobierno de Mauricio Macri. Además, acusaron a la oposición de condicionar al Ejecutivo “en la negociación a favor de los intereses extranjeros”.

El comunicado que se titula “el pueblo argentino no necesita un ajuste” lleva las firmas de Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Verónica Caliva (Partido del Trabajo y del Pueblo-Salta), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Natalia Souto (Somos-Barrios de Pie) y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita),

“Si el Fondo Monetario Internacional empuja a la Argentina a una situación desestabilizante va a perder legitimidad”, comienza el texto retomando las palabas del ministro de Economía, Martín Guzmán, que hizo cargo al organismo de parte de la responsabilidad que le toca al haber entregado un préstamo incompatible con su propia normativa interna y con condiciones financieras impagables.

En ese sentido, recordaron que fue tomado por el gobierno de Macri y que “configura el préstamo más grande de la historia del FMI comprometiendo el futuro de varias generaciones de argentinos”, y denunciaron que “la dimensión del préstamo, la política de sobretasas, la falta de acuerdo del Congreso Nacional y lo que es más obvio, el destino del dinero – no se hizo una sola obra, se destinó a la timba financiera- no hacen mas que reafirmar el nivel de ilegalidad con que se llevó adelante semejante estafa al pueblo argentino”.

Por consiguiente, cuestionaron el “comportamiento del FMI a lo largo de la historia” porque “fue parte de los que financió el Golpe Militar de 1976, impulso las privatizaciones menemistas, debilitó a gobiernos democráticos para direccionar las políticas públicas y cuando logró terminó a su vez con los gobiernos y nuestro pueblo aptas para arriba”.

En ese marco, los diputados advirtieron que el único objetivo del Fondo es “condicionar la política económica de nuestro país – de los países- para poder subordinarnos a los intereses suyos”. En tanto, señalaron que en el 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner se “pagó toda la deuda” y eso “permitió sacarse de encima este condicionamiento ganando independencia económica y soberanía. Vinieron momentos de recuperación económica, justicia social y ampliación de derechos”.

Por ese motivo, destacaron que “es fundamental reafirmar con fuerte convicción soberana, que primero esta nuestra patria y que la deuda es con nuestro pueblo”, y manifestaron que “las prioridades de la economía argentina deben ser la producción nacional y la generación de empleo, dando respuestas al hambre, la pobreza, la desocupación y las grandes emergencias”.

En ese contexto, apuntaron contra la oposición que “contrajo la deuda” porque “no paran de atacar al Gobierno para condicionarlo en la negociación a favor de los intereses extranjeros. Para ello utilizan todos los recursos que tiene y distribuyen sin ninguna responsabilidad mentiras de escenarios caóticos”.

“Desde los movimientos sociales, los sectores de trabajadores y trabajadoras; desde las juventudes, las mujeres y diversidades y del pueblo organizado en su conjunto queremos expresar nuestro firme apoyo al gobierno del Frente de Todos, al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en esta histórica contienda que se está librando, contra los enemigos de los intereses argentinos y del bienestar de nuestra gente”, aseguraron.

Y cerraron: “El Fondo Monetario Internacional es corresponsable de esta situación”, y advirtieron que “no permitiremos un acuerdo que tenga consecuencias negativas sobre el empleo, la producción y el bienestar de nuestro pueblo”.

Uno de las actividades más golpeadas por la pandemia fue el turismo la cual poco a poco se está recuperando. En ese contexto, desde el Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para llevar al Congreso en marzo que incluiría distintas propuestas para apuntalar la actividad turística como por ejemplo exenciones impositivas, bono fiscal para inversiones y el establecimiento de Pre-Viaje como política pública para 2025.

Según se informó desde el ministerio de Turismo y Deportes, que encabeza Matías Lammens, al diario La Nación el programa para fomentar el turismo interno no tendría el mismo formato que hasta ahora, ya que la idea sería enfocarlo para apuntalar los meses de temporada baja en mayo, septiembre y octubre para destinos emergentes. En consecuencia, ya no se podría usar en temporada alta o en destinos de alta concurrencia, como sucedió hasta ahora, que no tuvo restricciones para aplicar al beneficio del 50 por ciento de reintegro de los gastos.

Lammens contó que se trabaja en un “Pre Viaje focalizado, en temporada baja con destinos emergentes, un poco quirúrgico, para los meses de mayo, septiembre y octubre que son complejos para la actividad”.

“Tenemos la visión estratégica de que el turismo es importantísimo para el desarrollo del país por eso invertimos mucho y generamos este programa que fue la estrella de la temporada”, manifestó el titular de la cartera de Turismo en Radio Provincia. También, hizo referencia a la pelea que tuvo con un usuario del programa: “Algunos por una cuestión política o personal terminan atacando un programa exitoso desde todo punto de vista”.

Cabe recordar que el programa en su primera edición, el año pasado, benefició a 600 mil personas y que esta temporada se estima que superará los 5 millones de usuarios que viajaron con reembolsos en tarjetas de créditos de hasta el 50 por ciento de sus compras con un tope de cien mil pesos, por cada beneficiario. Incluso para los jubilados afiliados a PAMI el crédito para volver a gastar en turismo asciende al 70 por ciento de la compra de viajes adquiridos.

La segunda edición del programa captó facturación más de 100.000 millones. El año pasado se cargaron 10.000 millones. La mayor parte de las personas que usaron el beneficio viven en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto los beneficiados por el movimiento entre provincias son Salta, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

La polémica continuaría en el Congreso de la Nación donde el Gobierno enviaría el proyecto de ley para reactivar el sector. En tanto más de 5 millones de usuarios tiene crédito para gastar en alojamiento, agencia de viajes, transporte, excursiones, alquiler de autos gastronomía, entretenimiento.

Tras la fallida reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y mientras el Gobierno corre a contrarreloj para encarar una posible negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la Mesa Nacional de JxC se reunió y emitió un comunicado en el que le reclaman al Ejecutivo “un plan económico” y ratificaron la vocación de diálogo a través del Congreso.

“La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió y reafirmó la necesidad de que el Gobierno Nacional tenga un plan que resuelva los graves problemas de desarrollo de los sectores de la economía, que favorezca la inversión productiva, el trabajo; y dé solución a la inflación, pobreza y fuga de talentos que golpea al conjunto de la sociedad argentina”, comienza el texto firmado, entre otros, por Mauricio Macri.

Además, agregan que “necesitamos un acuerdo serio y sin improvisaciones por el bien de toda la Argentina. Cuando exista una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente”.

En la misma línea, la coalición asegura que “Juntos por el Cambio ha dado siempre muestras de colaboración y responsabilidad para el logro de acuerdos financieros internacionales”.

Los dirigentes de JxC molestos por lo sucedido con la fallida reunión con el ministro de Economía, los integrantes de la Mesa Nacional resolvieron de común acuerdo ya no participar de un encuentro con el funcionario por más que los convoque a futuro para hablar sobre el tema de la deuda. En ese contexto, señalaron que el diálogo deberá mantenerse con los legisladores, quienes analizaran la propuesta que se le hará al FMI, si es que existe, cuando llegue al Congreso y allí será el ámbito donde JxC expresará su postura.

También acordaron un nuevo encuentro de la Mesa Nacional para el nueve de febrero, la cual se estima que sea presencial en su totalidad de miembros.

Participaron de la reunión los titulares de los partidos Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el jefe del bloque de senadores de UCR Luis Naidenoff; los titulares de los bloques de diputados Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC), y la diputada provincial de la CC Maricel Etchecoin.

También estuvieron presentes de forma virtual la titular del Pro Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, titular del Peronismo Republicano; el expresidente Macri; el jefe del interbloque de senadores de JxC Alfredo Cornejo; el jefe del bloque de senadores nacionales del Pro Humberto Schiavoni; el titular del bloque de diputados nacionales Cristian Ritondo (Pro) y el senador nacional Martín Lousteau.

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El INDEC reveló que el índice inflacionario del 2021 llegó al 50,9% lo cual despertó la preocupación de la oposición y el enojo. Por ese motivo, la diputada santacruceña Roxana Reyes junto a otros legisladores del bloque de la UCR pidieron al Gobierno nacional abandonar el relato y presentar un plan económico serio y real que combata las causas de la crisis.

“El Gobierno debe decirles a los argentinos cuál es la estrategia para que el país crezca y para eso deben presentar un plan económico. Es imposible hablar de crecimiento con la carga impositiva altísima que tenemos, el cambio de reglas de juego constante, este nivel de inflación, trabas a las exportaciones, limitaciones a las importaciones de lo que se necesita para la producción local”, sostuvo Reyes.

Además, la legisladora radical manifestó que “el Gobierno tiene un relato, que se adapta y va cambiando, pero que nada tiene que ver con la realidad que sufren los argentinos que ven cómo se deprecia el valor de su salario con una inflación anual del 50,9% solo superada por Venezuela y Sudán”.

“Con este nivel de inflación y sin un programa económico, sin reglas claras y con esta presión impositiva que impacta directamente en los ciudadanos y desalienta la inversión no se puede pensar en crecimiento y no se puede tapar con el relato”, cuestionó la diputada de JxC.

Para Reyes la inflación “es un problema muy serio que deteriora mes a mes el bolsillo de nuestras familias y que no está siendo atendido por el Gobierno, que mira para otro lado y prefiere tapar con discursos y publicidades este problema central de nuestro país”.

“Falta un programa, un rumbo en materia económica y reconocer que la inflación es el problema central”, señaló y agregó: “El Gobierno dice que va a conseguir superávit a partir del crecimiento que va tener la economía, pero en ningún momento plantea cómo va crecer esta economía; no hay más que una serie de enunciados lanzados al aire, sin programa, plan ni medidas.”

Sin inversiones no hay crecimiento

La diputada de la UCR indicó que “las previsiones de crecimiento de todas las consultoras de todos los organismos para este año son bajas porque esta es una economía que no tiene inversión, que tiene una carga impositiva altísima y que tiene un cambio de reglas de juego constante”.

Por otro lado, destacó que hay muchas dudas por la falta de un plan económico serio: “Desde el Gobierno dicen que vamos a crecer y que con eso se van a conseguir divisas y se va a pagar la deuda; pero nada dicen sobre qué medidas llevaran a ese crecimiento, que planes piensan aplicar y cuál es la estrategia para que el país crezca.”

El diputado nacional Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) consideró que “el peronismo no está representado en este Gobierno de ninguna manera” ya que “las políticas que lleva adelante no expresan al peronismo verdadero, como fuerza transformadora, con mirada social y del mundo”.

“No creo que el peronismo hoy esté expresado en el kirchnerismo. De ser un frente político que incluso llevó a un radical como candidato a vice (en referencia a Julio Cobos), terminó siendo un grupo de fundamentalistas”, apuntó el exministro del Interior de Cristina Kirchner.

Entrevistado por el diario Clarín, el chivilcoyano agregó: “No creo que el verdadero peronismo, el transformador, disruptivo, el de la inclusión social -y no de la asistencia a la exclusión- esté representado en el kirchnerismo”.

En relación a la deuda, el legislador del bloque Identidad Bonaerense, que comparte con Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló que “de la deuda tienen que hacerse cargo tanto Cambiemos, que fueron los que nos endeudaron, como los que gobiernan hace dos años, que en lugar de resolver el problema lo empeoraron”.

“Está claro que el acuerdo con el FMI no puede condicionar a que la Argentina crezca y pueda desarrollarse. Y si es así, a mí no me tengan en cuenta”, adelantó, al tiempo que reclamó que “tiene que haber una posición clara del Gobierno nacional. ¿Cuál es su posición? No se conoce”.

Además, consideró que en sus dos años de mandato, el resultado de la gestión de Alberto Fernández “ha sido pésimo. Al país le ha ido muy mal”.

Sin mencionarla, pero en alusión a las vacaciones en el Caribe de la titular del PAMI, Luana Volnovich, Randazzo recordó: “Cuando fui ministro solo me tomé fines de semana y me fui a Valeria del Mar. Sabía de la enorme responsabilidad que tenía por el lugar que estaba”.

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) informó este jueves que la inflación del mes de diciembre del 2021 fue del 3,8% y el acumulado anual fue del 50,9%, cuando el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, había proyectado una inflación del 29%. Tras darse a conocer los números, la oposición le salió al cruce al Gobierno nacional a través de las redes sociales.

“Inflación 2021: 50.9%. DATO MATA RELATO”, comenzó la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y agregó: “Argentina está dentro de los 5 países con la mayor inflación del mundo.​ Esto sigue siendo un problema crónico de nuestro país: desde la vuelta a la democracia, hemos tenido un 48% de inflación promedio (sin contar la hiper)​”.

Y continuó: “Es el peor de los impuestos,​ por​que ​es el que ​más perjudica a los que menos tienen. Al igual que la deuda, la inflación es hija del déficit. No hay forma de dejar de endeudarnos o de dejar de generar más inflación si no tenemos un plan económico que nos marque un rumbo serio”.

A su vez, consideró que “este gobierno no sólo tiene una inflación esperada por arriba de un 50% para este año, sino que también se endeuda a un ritmo más acelerado que el del gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri”, y cerró: “Ya es hora de que ​dejen ​el verso de lado y presente​n​ al Congreso un plan económico serio​ y ​que pueda sostenerse en el tiempo​. Basta de mentiras, excusas y echarle​ siempre la culpa a los demás”.

Argentina está dentro de los 5 países con la mayor inflación del mundo.​ Esto sigue siendo un problema crónico de nuestro país: desde la vuelta a la democracia, hemos tenido un 48% de inflación promedio (sin contar la hiper)​. pic.twitter.com/Bu43FldbtW

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 13, 2022

Ya es hora de que ​dejen ​el verso de lado y presente​n​ al Congreso un plan económico serio​ y ​que pueda sostenerse en el tiempo​. Basta de mentiras, excusas y echarle​ siempre la culpa a los demás.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 13, 2022

“50,9% la inflación 2021. Top 5 mundial de inflación. Terceros, detrás de Venezuela y Sudán. El 2022 será con más inflación, más pobreza, más deuda, más emisión, más presión tributaria. Es hora que dejen el relato y muestren un plan. Argentina no da más”, cuestionó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri.

50,9% la inflación 2021.
Top 5 mundial de inflación.
Terceros, detrás de Venezuela y Sudán.
El 2022 será con más inflación, más pobreza, más deuda, más emisión, más presión tributaria.
Es hora que dejen el relato y muestren un plan.
Argentina no da más.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 13, 2022

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, adhirió: “Inflación 50,9 % en 2021. Un Gobierno aplicando recetas que fracasaron, a bordo de un barco sin rumbo y sin plan, asfixiando con impuestos a los argentinos, con millones de personas que caen día tras día bajo la línea de pobreza. ¿Hasta cuándo, presidente?”.

#Inflación: 50,9 % en 2021.
Un Gobierno aplicando recetas que fracasaron, a bordo de un barco sin rumbo y sin plan, asfixiando con impuestos a los argentinos, con millones de personas que caen día tras día bajo la línea de pobreza.¿Hasta cuándo, presidente?

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 13, 2022

La inflación cerró 2021 en 50,9% y corrió en diciembre a una velocidad anualizada del 56,4%. Los precios que no controla el gobierno, ni están son estacionales (núcleo), volaron 54,9% en 2021 y se mueven en diciembre a una velocidad anualizada del 67,6%https://t.co/pS8jieao5Z pic.twitter.com/RmJ42BfSFW

— Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) January 13, 2022

Por su parte, el legislador de Evolución Radical Martín Tetaz posteó: “La inflación cerró 2021 en 50,9% y corrió en diciembre a una velocidad anualizada del 56,4%. Los precios que no controla el gobierno, ni están son estacionales (núcleo), volaron 54,9% en 2021 y se mueven en diciembre a una velocidad anualizada del 67,6%”.

“Cerramos el 2021 con una inflación del 50,9% y en una tendencia que será difícil de frenar. El poder adquisitivo se deteriora día a día. El gobierno, lejos de entender el problema, insiste con medidas que ya demostraron su ineficacia, como los controles de precios”, expresó el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe).

Por su parte, el referente del Pro Pablo Torello apuntó: “Inflación anual 50,9%. Más infla contenida en atraso de tarifas, regulados (salud, etc) BCRA ( leliq y pases) y dólar oficial anclado. Gobierno sin plan, sin ideas y malísima gestión. ¿Adónde nos llevan? ¿O ESE ES EL PLAN?”.

Inflación anual 50,9%. Más infla contenida en atraso de tarifas, regulados( salud, etc) BCRA( leliq y pases) y dolar oficial anclado. Gobierno sin plan, sin ideas y malísima gestión. Adonde nos llevan? O ESE ES EL PLAN?

— Pablo Torello (@Pablo_Torello) January 13, 2022

La radical Karina Banfi expresó: “Los números de hoy. Esperable no deseable. Tendremos un año con mayor pobreza y restricciones para crecer. Sin perspectiva de que el gobierno tenga un plan económico son tiempos difíciles. Más emisión y buscarán más impuestos.  Deben ordenarse y gobernar. ¡No jodan más!”.

Los números de hoy.
Esperable no deseable.
Tendremos un año con mayor pobreza y restricciones para crecer. Sin perspectiva de que el gobierno tenga un plan económico son tiempos difíciles. Más emisión y buscarán más impuestos.
Deben ordenarse y gobernar. No jodan más! https://t.co/8qObwNKzg1

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) January 13, 2022

Su correliginario Juan Martín sostuvo que “la inflación del 2021 cerró en 50,9% y con una tendencia preocupante. El poder adquisitivo de los argentinos se deteriora día a día. El gobierno mientras, sigue sin presentar un plan económico consistente e insiste con medidas que ya fracasaron, como los controles de precios”; en tanto que la santacruceña Roxana Reyes escribió: “Inflación del 50,9, economía sin inversión, con carga impositiva altísima, cambio de reglas de juego constante. Trabas a las exportaciones y a las importaciones para la producción local. Imposible que les crean sin plan de crecimiento a mediano plazo. Realidad mata relato”.

A su vez, Sebastián Salvador dijo: “Otra vez somos víctimas de la improvisación de un gobierno que no tiene un plan económico. 50,9% de inflación (con tarifas, naftas y dólar pisados) y con recetas que atrasan como darle a la maquinita sin parar”. Y agregó: “Tenemos un gobierno sin rumbo que atenta contra los argentinos”.

“50,1% dio la inflación anual del 2021, un saludo para Guzmán que proyectaban una inflación del 29%”, señaló el legislador porteño Ramiro Marra (La Libertad Avanza). En el mismo sentido se expresó el legislador de izquierda Gabriel Solano: “Guzmán pronosticaba el 29% de inflación y al final fue de 50.9%. Ahora pronostica el 33% para el 2022. ¿Cuánto será al final? ¿60% o llegamos a las tres cifras?”, y agregó: “La inflación del 3.8% de diciembre y el 50.9% de todos el 2021 no es solo el fracaso de Guzmán. Es por sobre todas las cosas una política de ajuste contra el pueblo. Mediante la inflación se ha desvalorizado las jubilaciones, los salarios y el gasto social del Estado”.

El Gobierno nacional anunció este jueves a través de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, asueto para todos los empleados de la Administración Pública Nacional con el objetivo de ahorrar energía y reducir el consumo, para así evitar cortes de luz que vienen afectando a miles de usuarios en medio de la ola de calor, por lo que harán trabajo a distancia por 48 horas. Dicha medida no fue bien vista por la oposición quienes salieron a cuestionarla.

“Nunca es prudente esto de liberar a la gente de que no cumple con su trabajo. En el fondo revela que no es necesario ese trabajo”, sostuvo el diputado nacional Ricardo López Murphy, ya que analizó que “si pueden estar ausentes y no pasa nada, es porque no agregan ningún valor”.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el exministro de Economía afirmó que “este mecanismo parece imprudente para los propios trabajadores”, y agregó: “Es una medida más de una serie de acciones que tienden a generar desaliento en la gente que hace esfuerzo, paga impuestos, trabaja, cumple con sus obligaciones”. “Me parece lamentable”, se quejó el dirigente opositor.

“El que se queda sin luz no trabaja, ni cobra y encima pierde su mercadería. El empleado del Estado cobra y se queda en su casa. El Gobierno de la contracultura del trabajo y del uso indecente de los recursos públicos. Adivinen de quién se copió la idea”, cuestionó en Twitter la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, cuyo posteo fue compartido por Waldo Wolff y Fernando Iglesias quien sumó: “Para el kirchnerismo, la Patria es #LaPatriaSubsidiada”.

El que se queda sin luz no trabaja, ni cobra y encima pierde su mercadería. El empleado del Estado cobra y se queda en su casa. El Gobierno de la contracultura del trabajo y del uso indecente de los recursos públicos. Adivinen de quién se copió la idea… pic.twitter.com/v8Jsj151Z2

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 13, 2022

En otro tuit, Iglesias cuestionó: “Los empleados públicos, a casa. Las empresas productivas, a apagar la maquinaria y las luces. Los que tienen cirugías programadas o viven del quinto piso para arriba, a rezar. Sigamos cuidándonos. #ReconstruccionArgentina #ArgentinaPresidencia”.

Los empleados públicos, a casa. Las empresas productivas, a apagar la maquinaria y las luces. Los que tienen cirugías programadas o viven del quinto piso para arriba, a rezar.
Sigamos cuidándonos. #ReconstruccionArgentina#ArgentinaPresidencia

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 13, 2022

“La recuperación de la economía es brutal señores; los empleados públicos se vuelven a la casa al mediodía para ahorrar energía. Otro ejemplo de planificación socialista que reemplaza al sistema de precios y vuelve a fracasar”, expresó el economista Martín Tetaz.

La recuperación de la economía es brutal señores; los empleados públicos se vuelven a la casa al mediodía para ahorrar energía. Otro ejemplo de planificación socialista que reemplaza al sistema de precios y vuelve a fracasar https://t.co/NdR3OAreh6 pic.twitter.com/O6nX7c7WXZ

— Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) January 13, 2022

También se sumó a las críticas, la legisladora radical Jimena Latorre (Mendoza) quien manifestó: “Según el axioma jurídico, ‘a confesión de parte, relevo de prueba’. ¡Vaya si esto es un reconocimiento de improvisación e ineficiencia del Gobierno de Científicos! A los fines de reducir el consumo ¡asueto para los empleados públicos!”, y agregó arrobando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Cerruti, al secretario de Energía, Darío Martínez, y al ministro de Economía, Martín Guzmán: “¡Basta de hipocresías! Al colapso de la red de distribución, las altas demandas le suman el colapso de abastecimiento de las generadoras térmicas. ¡El populismo se les está quedando sin recursos! no tienen qué más “regalar”.

“Sobran funcionarios e interventores y faltan políticas y sensatez! Reconozcan crisis energética en la que nos han sumido 14 años de kirchnerismo. Exijan a las empresas programas de contingencias… pero antes de exigir nada, tengan ustedes, como gobierno, ¡un programa!”, cerró la diputada mendocina.

Sobran funcionarios e interventores y faltan políticas y sensatez!!!
Reconozcan crisis energética en la que nos han sumido 14 años de Kirchnerismo!
Exijan a las empresas programas de contingencias…
PERO ANTES DE EXIGIR NADA, TENGAN Uds, COMO GOBIERNO, UN PROGRAMA!

— Jimena Latorre 💜🧡💚 (@JimehLatorre) January 13, 2022

En medio de una ola de calor que azota al país el consumo eléctrico se incrementó lo cual trajo como consecuencia en los últimos días masivos cortes de luz. Por ese motivo, el Gobierno nacional decretó asueto para todos los empleados de la Administración Pública Nacional con el fin de ahorrar energía, por lo que harán trabajo a distancia por 48 horas. Por consiguiente, desde la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores comunicaron que se sumarán a la medida dispuesta por el Ejecutivo.

“A los fines de reducir el consumo de energía eléctrica, los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las doce (12) horas, las y los agentes de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación deberán realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible, y se abstendrán de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo”, dispone el texto.

En ese sentido, consideran: “Que dicha medida fue implementada con el fin de reducir voluntariamente el consumo de energía eléctrica para así coadyudar a que la población pueda tener los servicios de agua y energía eléctrica. Que esta Cámara adhiere a los criterios expuestos y se ve en la obligación de contribuir a reducir el consumo de energía eléctrica en los inmuebles afectados a su normal funcionamiento”.

En paralelo, la Secretaría Administrativa del Senado emitió una resolución propia en la cual indicó: “Dispensase a los y las agentes del H. Senado de la Nación de concurrir al lugar de trabajo los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las doce (12) horas, a fin de reducir el consumo de energía eléctrica, debiéndose realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible”. En un segundo artículo, el Senado instruyó “a las distintas áreas para que implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales”.

Cabe recordar que no es la primera vez en la historia del país que se tomó dicha medida, ya que durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, precisamente un 6 de enero de 1989, en medio de una emergencia energética, declaró “asueto para todos los trabajadores estatales” por cuatro días como una medida extrema que ayudara a palear la demanda de luz en la zona del Gran Buenos Aires y puntos neurálgicos del interior del país.

2022001

Con la ola de calor que azota el país con temperaturas que llegaron a los 40 grados en lo que es considerado un récord histórico, miles de usuarios de distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano se vieron afectados por los cortes de luz. Motivo por el cual, despertó el enojo de varios diputados nacionales de la oposición que salieron a cuestionar al Gobierno a través de las redes sociales.

“El populismo energético tiene patas cortas. No es gratis congelar tarifas por 2 años, intervenir los entes y regalar la energía. Congelar tarifas se paga con más cortes, peor servicio y al costo más alto: no tener energía cuando más la necesitas”, comenzó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri y agregó: “En 2021 se gastaron cierro USD11mil millones (2,5% PBI) de subsidios a la energía y si todo sigue igual en 2022 superarán los 15 mil millones de dólares. Este gobierno multiplicó por 3 los subsidios a la energía. ¡Los resultados están a la vista!”.

Y cerró dirigiéndose al presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Señor presidente termine con esta política energética irresponsable y facilista que somete a condiciones inhumanas a gran parte de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales”.

Sr. Presidente termine con esta política energética irresponsable y facilista que somete a condiciones inhumanas a gran parte de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos escenciales.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 11, 2022

“Cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo”, criticó la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y agregó: “Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos”.

Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 11, 2022

En tanto, su par Fernando Iglesias no se guardó nada y posteó: “Lo peor de los cortes de luz es que al Gobierno no le llegan los mensajes de Joe Stiglitz sobre el milagro económico argentino”. “¡Aflojen con los bitcoins que tengo que prender el split, gorilas!”, lanzó en otro tuit. “Golpes de calor, cirugías suspendidas, enfermos cardíacos subiendo diez pisos por escalera, choques en las esquinas sin semáforos. Sigamos cuidándonos. Argentina Presidencia”, sumó.

Golpes de calor, cirugías suspendidas, enfermos cardíacos subiendo diez pisos por escalera, choques en las esquinas sin semáforos.
Sigamos cuidándonos.
Argentina Presidencia.

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 11, 2022

“Lamento no poder estar ahora en La Nación+ por zoom. Se cortó la luz, no anda la computadora y el teléfono solo logra contactarse por 3G. Como no puedo trabajar me voy a andar en bicicleta. Volvamos a la tracción a sangre, que es más ecológica. ¡Viva Perón!”, criticó Iglesias. También inició una encuesta: “¿Qué nombre le pondrías a los cortes de luz 2022?”, cuyas opciones son: “Néstor Kirchner, General Perón, Cristina capitana o Soy De Vido, quiero ver”.

Lamento no poder estar ahora en @lanacionmas por zoom. Se cortó la luz, no anda la computadora y el teléfono solo logra contactarse por 3G. Como no puedo trabajar me voy a andar en bicicleta. Volvamos a la tracción a sangre, que es más ecológica. Viva Perón!

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 11, 2022

Qué nombre le pondrías a los cortes de luz 2022?

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 11, 2022

En suma, el presidente del bloque Coalición Cívica Juan Manuel López criticó: “La política energética de este gobierno fue un desastre sin rumbo desde el primer día. Eso si, con la primera ley que envió al Congreso, el presidente intervino el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Desde ahí aprietan, no controlan y no permiten que se invierta”, y añadió: “Ya hicieron negocios y preparan el terreno para hacer otros. Nunca piensan en un buen servicio para los usuarios. Ya no hay margen para mentiras ni para la joda. Falta seriedad, decir la verdad a la sociedad y entender que si seguimos así cada día vamos a estar peor”.

Ya hicieron negocios y preparan el terreno para hacer otros. Nunca piensan en un buen servicio para los usuarios.
Ya no hay margen para mentiras ni para la joda. Falta seriedad, decir la verdad a la sociedad y entender que si seguimos así cada día vamos a estar peor.

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 11, 2022

Por su parte, Álvaro de Lamadrid escribió: “No hay luz, pero si oscuros negociados que denunciamos. En el anterior gobierno de CFK le cortaban la luz a la industria, ahora ni con eso alcanza. Hubo negociados de Massa con Edenor y graves acusaciones de De Vido. Denunciamos esa operatoria y pedimos explicaciones que faltan”.

NO HAY LUZ PERO SI OSCUROS NEGOCIADOS QUE DENUNCIAMOS.
En el anterior gobierno de CFK le cortaban la luz a la industria, ahora ni con eso alcanza. Hubo negociados de Massa con Edenor y graves acusaciones de De Vido. Denunciamos esa operatoria y pedimos explicaciones que faltan. https://t.co/DhJu9fRixE

— Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) January 11, 2022

“#cortesdeluz El Gobierno viene con el cuento de la Soberanía energética para estatizar las empresas y que las maneje la Cámpora. En vez de solucionar los problemas de la ciudadanía, crean la trampa para convertirla en relato. #SinLuz #OlaDeCalor”, tuiteó el referente del Pro Gerardo Milman.

#cortesdeluz El Gobierno viene con el cuento de la Soberanía energética para estatizar las empresas y que las maneje la Campora. En vez de solucionar los problemas de la ciudadanía, crean la trampa para convertirla en relato. #SinLuz #OlaDeCalor

— Gerardo Milman (@gmilman) January 11, 2022

Mientras que Ricardo López Murphy manifestó: “Otra vez miles de argentinos sin luz. Congelar tarifas y hacer populismo con los servicios no es gratis. Lo que no se paga, no funciona”, Por su parte, Hernán Berisso (Pro) sostuvo: “Querías pagar de luz menos que medio kilo de helado, acá tenes el resultado. Hoy con 40° te convertís en héroe. #CorteDeLuz”.

Otra vez miles de argentinos sin luz. Congelar tarifas y hacer populismo con los servicios no es gratis. Lo que no se paga, no funciona.

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) January 11, 2022

El Gobierno nacional reinstauró el pasado 24 de diciembre el sistema de “bandas tarifarias” para el transporte aéreo de cabotaje y también una serie de medidas de dudoso interés general respecto a la utilización de rampas y la “distribución igualitaria” de las frecuencias al extranjero. Por ese motivo, la senadora nacional Carolina Losada (JxC – Santa Fe) presentó un proyecto de ley para derogar el decreto 879/2021 y manifestó que “Argentina tiene que tener mayor oferta de vuelos para potenciar la conexión”.

“El Gobierno nos dice que para tomar la decisión se basaron en los resultados económicos negativos que encontraron en los balances de estas empresas transportistas que operan servicios regulares con venta libre de pasajes, pero lo que no dicen, aunque todos lo saben, es que Aerolíneas Argentinas es totalmente deficitaria, no solo por su baja productividad, sino también por su elefantiásica estructura”, argumentó Losada.

En ese sentido, expresó que “tenemos que cuidar nuestra aerolínea de bandera, pero no podemos hacerlo a costa de destruir a las compañías ‘low cost’, que a su vez ofrecen servicios a bajo costo y crean miles de puestos de trabajo, cubriendo rutas y horarios que ayudan a mejorar la interconexión del país”.

“Inicialmente la asistencia financiera que se esperaba por parte del Estado a la aerolínea de bandera rondaba los $ 55.685 millones, pero la partida se incrementó en más de un 10% en el transcurso del año y a la fecha alcanza los $ 63.551 millones.  Además, también cuenta con un cheque diario de 2 millones de dólares, está exentos de algunos impuestos y cuenta con una regulación propia de estacionamiento de sus aviones”, recordó la legisladora santafesina respecto de los beneficios que posee Aerolíneas Argentina por parte del Estado.

Y remarcó: “Este panorama nos lleva a un solo final: la monopolización, ya que a través de medidas como ésta se continuará dificultando la actividad de las “low cost” en Argentina” explicó Losada, indicando las numerosas empresas que decidieron abandonar el país disminuir el número de vuelos por día”.

La senadora opositora expresó: “No me sorprende la errática visión del gobierno, que ha hecho que en estos dos años nos hayan abandonado grandes empresas, entre ellas, mayormente las empresas aerocomerciales, ni tampoco la astucia con la que se declaran ser el gobierno del pueblo, mientras que, con este tipo de iniciativa, dejan sin acceso al transporte aéreo a personas que no pueden acceder a los costosos servicios que ofrecen otras compañías”.

En el marco de la firma del nuevo Consenso Fiscal, el Gobierno nacional analiza aplicar a partir de 2022 el impuesto a la transmisión gratuita de bienes o herencia, uno de los puntos clave que surge del debate en el acuerdo con los gobernadores, lo cual fue anunciado por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. Tras darse a conocer la noticia, desde los distintos bloques opositores salieron a rechazar la medida que había sido eliminado en la Argentina por el ministro de Economía de la última dictadura militar José Martínez de Hoz, en 1976.

“Digamos No al Impuesto a la Herencia. Daña al derecho de propiedad pudiendo resultar confiscatorio y por consiguiente inconstitucional. No a Consensos Fiscales con más impuestos. No a asfixiar a los contribuyentes para que paguen la fiesta cara de un Estado grande y bobo”, expresó en Twitter el diputado mendocino Luis Petri (UCR).

Digamos No al Impuesto a la Herencia. Daña al derecho de propiedad pudiendo resultar confiscatorio y por consiguiente inconstitucional.
No a Consensos Fiscales con más impuestos.
No a asfixiar a los contribuyentes para que paguen la fiesta cara de un Estado grande y bobo. pic.twitter.com/LUYc4gOhMd

— Luis Petri (@luispetri) December 27, 2021

En ese mismo sentido se manifestó el legislador Ricardo López Murphy: “El impuesto a la herencia es un impuesto al ahorro. El gobierno continúa con su deriva confiscatoria. Ya probaron demasiadas veces con robarle la plata a los contribuyentes, ¿no será hora bajar impuestos y terminar con los gastos superfluos del Estado y de los políticos?”.

El impuesto a la herencia es un impuesto al ahorro. El gobierno continúa con su deriva confiscatoria. Ya probaron demasiadas veces con robarle la plata a los contribuyentes, ¿no será hora bajar impuestos y terminar con los gastos superfluos del Estado y de los políticos?

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) December 27, 2021

“La única idea que se le cae a este gobierno es inventar nuevos impuestos”, cuestionó brevemente el diputado santafesino Luciano Laspina (Pro). Mientras que su par Gerardo Milman sostuvo: “Estoy en contra del impuesto a la herencia siempre y, en cualquier caso. Es una doble imposición, son bienes que ya pagaron impuestos”.

En tanto, el diputado nacional Fernando Iglesias precisó: “¿Impuesto a la herencia? Global, con mínimo no imponible de -digamos- us$20 millones, compensado con disminución de impuestos a la producción: a favor. Local, sin mínimo no imponible, en un país con impuestos confiscatorios: totalmente en contra. Solo provoca fuga de capitales”.

Por los libertarios se expresó José Luis Espert quien adelantó: “Desde ya les anticipamos el voto negativo de los legisladores de Avanza Libertad. Es, mínimo, triple imposición en algunos casos (Ganancias, Bienes Personales y Herencia). Totalmente confiscatorio e inconstitucional. Bajemos el gasto público”.

Desde ya les anticipamos el voto negativo de los legisladores de #AvanzaLibertad Es, mínimo, triple imposición en algunos casos (Ganancias, Bienes Personales y Herencia). Totalmente confiscatorio e inconstitucional. Bajemos el gasto público. https://t.co/OqRZXkf1Tl

— José Luis Espert (@jlespert) December 26, 2021