Más temprano de lo que esperaba, la segunda oportunidad de subirse al Ejecutivo se le dio a Sergio Massa, en cuyos hombros radican quizá las últimas chances de un presidente que cedió el poco poder que le restaba, mas no tenía más alternativas. Planes y un respaldo necesario, que negocian.
Por José Angel Di Mauro
Silvina Batakis se pasó la primer semana de gestión armando su equipo de trabajo y la última la dedicó a su viaje a Estados Unidos para presentarse ante las autoridades del FMI y del Tesoro norteamericano. Si apenas duró poco más de tres semanas en el cargo, parece lógico reconocer que no se pudieran esperar resultados de un desempeño tan recortado.
En ese contexto cobra sentido la irónica referencia que sobre ella hizo el diputado del Pro Luciano Laspina: “Yo no sería tan duro con Batakis, porque después de Roque Fernández fue la ministra que menos inflación acumuló en su gestión”.
La fugaz ministra de Economía mostró temperamento al aceptar un cargo que nadie quería agarrar, en las circunstancias que lo hizo. Además, siempre quedó claro que no había sido la primera opción, razón por la cual arrancaba cojeando. Como sea, no se merecía semejante destrato, de ahí que se justifique su indignación al enterarse de su desplazamiento en pleno vuelo de regreso desde Estados Unidos. Si se recuerda la manera como despidieron a Felipe Solá, podríamos hablar de un curioso modus operandi de esta administración.
Ni pensar lo que deben estar diciendo de este gobierno las autoridades que recibieron en Washington y Nueva York a Batakis. También el fastidio del embajador Jorge Argüello, que armó contrarreloj una importante agenda. “La Griega” les dijo que contaba con el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Costará mucho recuperar la confianza de esos interlocutores.
La angustia de Batakis fue compensada de algún modo con su designación al frente del Banco Nación, en lugar de Eduardo Hecker, que se enteró de su despido participando de un acto en Catamarca. Cobra sentido la observación que le hizo el diputado Martín Tetaz cuando se conoció su nombramiento en Economía: no se le conoce trabajo en la actividad privada; ni antes de ser ministra de Economía de Daniel Scioli en la Provincia, ni cuando concluyó esa gestión y se refugió en la Municipalidad de Florencio Varela, hasta que en 2019 recaló en el Ministerio del Interior.
Tampoco Hecker quedará desempleado: lo ubicarán en el directorio del Banco Central. La generosidad infinita del Estado…
La crisis que presagiaba Sergio Massa cuando se dio por vencido tras haber negociado sin éxito todo el fin de semana de la salida intempestiva de Martín Guzmán, estalló más temprano que tarde. Dicen que cuando el titular de la Cámara de Diputados se resignó a continuar un tiempo más en el Poder Legislativo, tras no haber accedido el Presidente a sus condiciones, expresó algo así como un “nos vemos en la próxima crisis”. La reacción impiadosa de los mercados en los días sucesivos se ocupó de achicar los tiempos.
Los gobernadores, que le restaron apoyo a Batakis cuando se los convocó a Buenos Aires, emplazaron el miércoles 27 de julio al presidente Alberto Fernández. A esta altura, ya conocen los modos y sobre todo los tiempos del mandatario que da vueltas y más vueltas con cada problema que le toca afrontar; por eso es que cuando éste volvió a mostrarse renuente a tomar decisiones lo emplazaron: “Tenés que hacer algo ya”, le dijo un gobernador. El Presidente prometió decisiones para el fin de semana, y fue ahí que otro mandatario le advirtió que como iban las cosas el Gobierno no llegaría al Mundial.
Bien temprano, ese día Malena Galmarini había dado inicio a la ofensiva final con la publicación de un viejo spot de campaña con el tema “Todo vuelve”. Su esposo cerró esa jornada llena de rumores aclarando que recién el fin de semana se reuniría con el Presidente para adoptar definiciones, pero quedaba claro que sería antes: solo estaban esperando la llegada de Batakis para cuidar al menos un poco las formas.
Alberto Fernández accedió finalmente el jueves a recomponer su Gabinete. Se resistió a la salida de Vilma Ibarra,la guardiana de su firma; y tampoco accedió a correr a Miguel Pesce del BCRA, como Sergio Massa reclamaba para poner allí a alguien propio. La experiencia muestra que en general el Presidente termina soltando, por lo que nadie puede estar seguro de que a ellos no les irá como a Daniel Scioli y Julián Domínguez, sendos ministros eyectados, o a Mercedes Marcó del Pont, cuyo lugar fue para un cristinista. La vicepresidenta tenía desde hace rato en la mira a la AFIP y tarde o temprano alcanza sus objetivos. Del Pont ocupará el puesto de Gustavo Beliz, que concluyó su tercera experiencia gubernamental de la misma manera que las anteriores veces: mal.
Cuando le anunciaron que Massa -con el que se peleó feo en Estados Unidos- manejaría a partir de ahora la relación con los organismos internacionales de crédito, redactó su despedida, breve y con aire bíblico: “Dios los guarde”.
Habrá que reconocerle a Sergio Massa la osadía de entrar a un área donde nadie quiere estar y hay más chances de fracasar que de salir airoso. Si bien se venía manejando su desembarco en el Ejecutivo, se hablaba más de la posibilidad de ser jefe de Gabinete. Pero esa función, así como está, no era suficiente. Ya la ocupó Massa durante más de un año al reemplazar a Alberto Fernández durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, por lo que ahora quería un manejo de toda la botonera ministerial, sobre todo el área económica. Tal desembarco implicaba el desplazamiento de Juan Manzur, quien si bien no está satisfecho con esta experiencia, no quería alejarse de este modo. Y menos para pasar a la Cancillería, como se le ofreció.
Por eso se definió Massa por el plan B -que supo ser el plan A-, consistente en manejar toda el área Economía, absorbiendo dos ministerios. ¿Vale la pena semejante riesgo? El no duda que sí. Si bien ese sillón es una suerte de silla eléctrica en las actuales circunstancias, también es cierto que cualquier mejora que pueda alcanzar ameritará un reconocimiento.
La suerte de Massa -y del actual gobierno, podría decirse- se jugará en el término de ocho meses: desde agosto hasta marzo, pues después la Argentina entra en “modo electoral”. Durante ese tiempo debe conseguir resultados módicos que puedan valerle para recomponer una imagen que no necesariamente se acercará a la que supo tener en 2013, cuando se soñaba presidente seguro en dos años, pero al menos podría ser nuevamente competitivo. Para cumplir lo que siempre se propuso ser: el candidato presidencial del Frente de Todos.
Por eso es que a sabiendas de que donde estaba no tendría el lustre suficiente para jugar en 2023, siempre se imaginó en el Ejecutivo durante el último año de esta gestión. Crisis mediante, los tiempos se adelantaron.
Los riesgos son enormes, como muestran ejemplos recientes. Manzur llegó a la Jefatura de Gabinete con todos los bríos y enseguida se empezó a hablar del proyecto Juan XXIII, en alusión a una candidatura presidencial para el próximo año. Ya se sabe cuánto duró la musculatura política que se especuló le daría a esta alicaída administración.
Ni qué decir de Daniel Scioli, repatriado fugazmente para suceder a Matías Kulfas –hoy devenido en guitarrista de su pareja-, para volver ahora a Brasil tras un paso fugaz por Desarrollo Productivo. Y más allá en el tiempo y las circunstancias, recordemos los bríos con los que arrancó Adolfo Rodríguez Saá al reemplazar a De la Rúa. Duró una semana.
Como ministro de Economía, Massa no piensa en el Domingo Cavallo autosuficiente que aceptó precisamente el pedido de Fernando de la Rúa para acudir a su auxilio con plenos poderes en 2001. El Mingo gozó de esos “superpoderes” que le brindó el Congreso en marzo de ese año, pero no le evitaron ser arrastrado definitivamente por la mega crisis. El todavía presidente de la Cámara baja prefiere al Mingo de su primera gestión con Carlos Menem. O menos estruendoso, pero más cercano en el tiempo y a su paladar, quisiera compararse con Roberto Lavagna, al que cortejó desde el Frente Renovador y con el que se reunió días pasados antes de confirmarse su desembarco en el Ejecutivo.
La diferencia es que tanto Cavallo como Lavagna fueron ministros de Economía con presidentes fuertes en circunstancias excepcionales. No sería ese el caso actual.
Así las cosas, sabe que tiempo no le sobra y por eso arma este fin de semana el equipo que lo acompañará para presentar las medidas el miércoles. Los resultados previos no han sido malos, más bien auspiciosos. La baja de ese dólar que cuando sube todos los gobiernos dicen que “no mueve el amperímetro”, pero cuando baja se dan corte, no fue un dato menor. Massa confía en que contará con una “luna de miel” cuya extensión se adecuará a los resultados módicos que vaya alcanzando. Fue toda una señal el mensaje de bienvenida que el titular del BID, Mauricio Claver-Carone, le dedicó saludando su designación. Se sabe que el amigo de Donald Trump detestaba a Beliz, que le disputó su lugar al frente del BID y había descartado brindarle un préstamo a la Argentina, que terminó concediendo. El futuro superministro cuenta con que el Banco Mundial y precisamente el BID aceleren los préstamos para que las reservas crezcan. Tiene una premisa: conseguir dólares, para que la devaluación que inexorablemente deberá acontecer, sea con la mayor liquidez posible.
La vicepresidenta, con la que se reunió el jueves antes de los anuncios, no lo bendecirá a través de las redes sociales ni públicamente, como tampoco hizo con Batakis y muchos le reprochan. Se espera otra demostración, más contundente: una foto pública en los próximos días en la que aparezcan los tres referentes de la coalición gobernante. Esa sí sería una demostración de respaldo para darle musculatura política a la gestión en momentos decisivos.
En medio de las tensiones dentro del Frente de Todos, el senador cristinista quiere que el funcionario del riñón del presidente Alberto Fernández concurra a una comisión.
En medio de las tensiones dentro del Frente de Todos, el senador cristinista Oscar Parrilli exige que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, hombre del riñón del presidente Alberto Fernández, asista a la Cámara alta.
El pedido fue presentado ante el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Rubén Uñac, y reclama que el funcionario venga a dar explicaciones por la demora en la licitación de la represa Chihuido I, en Neuquén.
Se trata de una de las obras vinculadas a China, que estima la construcción de una represa sobre el Río Neuquén, en el marco del Plan Energético Nacional.
En la nota, el senador señaló que “han pasado más de siete años desde la decisión de avanzar con la obra y a la fecha se desconoce el estado. Primero durante el gobierno de (Mauricio) Macri, por desinterés o inacción se ha paralizado y, a la fecha, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la Secretaría de Energía, manifiestan que ya se ha dictaminado en forma favorable la financiación del proyecto en base la propuesta del gobierno alemán y que la decisión final recaería en la Secretaría de Asuntos Estratégicos”.
“Considerando la vital importancia para la provincia de Neuquén y para el país del desarrollo de la presente obra se solicita que proceda a invitar al Dr. Gustavo Beliz, en su carácter de secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, para que informe sobre el estado administrativo de la licitación por la obra mencionada e indique plan de acción a seguir y los plazos posibles para el inicio del proyecto”, agregó Parrilli.
La diputada oficialista cuestionó la manera en que el secretario de Asuntos Estratégicos se refirió a un proyecto para regular las redes sociales.
Aunque no dio demasiados detalles sobre el proyecto, el anuncio de Gustavo Beliz sobre una iniciativa para “regular” el uso de las redes sociales provocó una avalancha de críticas por parte de la oposición, e incluso la alerta desde entidades periodísticas.
Pero este miércoles también llegó una crítica desde el propio oficialismo, en la voz de la diputada massista Cecilia Moreau, quien aseguró que lo dicho por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, además de presidente de Consejo Económico y Social, le pareció “muy confuso”.
“Lo de Beliz me pareció muy confuso en el planteo y no me gustó, porque esas cosas de última se votan en el Congreso. Además, me pareció medio como descolgado, fuera de contexto”, expresó.
Entrevistada en la radio La990, la legisladora ahondó: “Primero, por el ámbito; segundo, no entendí lo que quería plantear; tercero, siempre que uno habla del tema de la libertad de expresión tiene que tener muy en claro qué quiere decir y no por tirar un título generar más confusión como la que generó”.
“En definitiva, por ejemplo, si quiere hablar del tema del bullying a los menores en las redes sociales, estamos todos de acuerdo. Ahora, fue muy confuso y la verdad es que yo esperaba que hubiera anuncios en términos de cómo vamos a hacer para discutir o para encarar la discusión que hoy es más importante para los argentinos, que es la inflación, no esto de las redes sociales”, agregó.
Sobre esto último, Moreau reclamó que hay que discutir “el cómo nosotros planteamos el tema económico, donde se le dé certidumbre a la gente, eso me parece que es tomar decisiones”.
“Y esas decisiones a veces pueden beneficiar a algunos u otros”, continuó, para cuestionar a los opositores que ven con “espanto” el proyecto presentado por senadores K para cobrar a los evasores un aporte que contribuya al pago de la deuda con el FMI.
Al respecto, la oficialista consideró que “no tienen cara. A mí me tocó ser legisladora la noche que votamos el blanqueo que excluía a los familiares (de funcionarios) y al otro día por decreto (Mauricio) Macri modificó la ley”. “Defienden a estos delincuentes de guante blanco que se llevaron la plata de Argentina”, reprochó.
Al retomar la cuestión de la inflación, la massista señaló que “la guerra contra la inflación y la recuperación del salario es parte del camino que decidimos comenzar a transitar en el 2019”, pero ahora hace falta “constituir un Frente de Todos en términos políticos que marque políticas de gobierno y de acción, y en eso deben estar representados todos los sectores del Frente de Todos, el que representa a Cristina (Kirchner), a Sergio Massa, a los gobernadores, a los movimientos sociales, y ponernos a trabajar en lo inmediato” que sería “un plan antiinflacionario profundo y terminar con la especulación de los que siempre ganan”.
En otra entrevista a radio Futurock, Moreau confesó: “Me dio vergüenza escucharlo a Beliz hablar del tema internet y el uso de las redes”. “La sensación de desconexión con la realidad es fuerte”, lanzó.
Pero también cuestionó a la oposición, que salió con los tapones de punta ante el anuncio. “Tenés la hipocresía de (Patricia) Bullrich que salió a criticar algo que no se entendía lo que era, porque me costó entender de qué hablaba Beliz”.
“Después tenés a los caraduras que salieron a hablar cuando metían presos a tuiteros por cualquier cosa”, sumó.
Legisladores de Juntos por el Cambio expresaron su rechazo a la iniciativa en la que trabaja el Gobierno para que las redes sociales “dejen e intoxicar la democracia”.
El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anunció desde el Centro Cultural Kirchner (CCK), en una convocatoria del Consejo Económico y Social encabezada por Alberto Fernández, que el Gobierno trabaja en “un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, y que van a “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”.
En ese contexto, el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, escribió a través de su cuenta de Twitter: “Gustavo Beliz quiere regular el uso de las redes sociales ‘para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia’. No son las redes sociales, es el relato, la impunidad, la falta de ejemplaridad, la obscenidad del poder”, y exigió que “respeten la Constitución Nacional, con eso alcanza”.
“La libertad de expresión es un derecho humano. Cualquier medida que regule el uso de las redes sociales supone una violación de este derecho fundamental”, posteó la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi, y denunció: “Ya están violando el acceso a la información pública, ahora van por la opinión, dos pilares de la democracia”.
En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, quien manifestó: “Como si faltara algo Gustavo Beliz dice que van a regular el uso de redes sociales. No pueden modificar la realidad gestionando y quieren hacerlo comunicando. Buscarán afianzar el relato. Un retroceso total”.
“Ahora resulta que el gobierno pretende imponer un ‘pacto para el buen uso de las redes sociales para que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia’. Tóxicos para la democracia son la censura y los gobiernos que deciden por todos qué es ‘lo bueno’. Eso se llama totalitarismo”, apuntó el senador radical Pablo Daniel Blanco.
También se sumó al rechazo de la propuesta el diputado del Pro Fernando Iglesias: “Esta es la fracción ‘liberal’ del gobierno. Imaginate cómo son los fascistas!”, y retomó las palabras de Beliz: “El buen uso de las redes sociales para el bien común y que dejen de intoxicar la democracia”, ante lo que exclamó: “Mamita querida…El Opus Dei aliado al peronismo. Pobre país!”.
“1⁰ Acto: Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional (Ricardo Forster). 2⁰ Acto: Observatorio de la Desinformación y Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Miriam Lewin). 3⁰ Acto: ¿Cómo se llama la obra? POLICÍA DEL PENSAMIENTO”, indicó la diputada Dina Rezinovsky (Pro).
Encuentro del Consejo Económico y Social en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sobre la norma con incentivos para la promoción de la actividad turística.
El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz, encabezaron un encuentro del Consejo Económico y Social en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) para dialogar con representantes del sector privado sobre la conformación de un régimen plurianual de incentivos para la promoción de la actividad turística.
Durante el encuentro, el ministro Lammens aseguró que “es fundamental contar con una nueva legislación que brinde previsibilidad para atraer inversiones en un sector que será estratégico en esta etapa de reactivación pospandemia. Buscamos generar un gran consenso con gobernadores y representantes de la industria para avanzar en esta ley tan importante para el futuro”.
Por su parte, Beliz agregó: “Procuramos que el Consejo Económico y Social sea un ámbito de diálogo, de encuentro en la diversidad y a su vez de generación de acuerdos sobre áreas muy importantes para la vida del país. Hemos avanzado este año en acuerdos importantes en diferentes áreas. Una de esas áreas es el turismo, que es un sector que está mostrando un momento de expansión luego de un año y medio muy duro por la pandemia”.
Además, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Fernando Gorbarán, declaró que “el sector ha llegado hasta acá básicamente por el apoyo del Estado y necesitamos empezar a trabajar en la etapa de reconstrucción y relanzamiento de la actividad. En ese sentido, el proyecto de ley va a dar previsibilidad para que lleguen las inversiones que tanto necesita el país”. El presidente de la CAT, Gustavo Hani, también participó del encuentro mediante videoconferencia.
Finalmente, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman, afirmó: “Estoy absolutamente convencido de que queremos lo mismo para el futuro de nuestro país. Este ámbito tiene que ser un ejemplo de lo que precisa la Argentina en cada uno de los sectores”.
Se trató del primer encuentro de una serie de reuniones que llevará adelante el Gobierno nacional con todos los actores de la industria a nivel federal, para que la nueva ley incluya los aportes de las provincias y el sector privado.
Con el objetivo de aumentar la participación del turismo en el PBI -que actualmente representa el 9%-, la nueva ley propone que el programa “PreViaje” sea una política de Estado. Además, incluye reducir contribuciones patronales para nuevos empleos, fomentar las contrataciones a sectores vulnerables, brindar un bono fiscal para proyectos de inversión, el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y beneficios para atraer el turismo receptivo, entre otras medidas.
El proyecto de régimen plurianual fue diseñado en conjunto con el Consejo Económico y Social (CES), un órgano colegiado y de participación ciudadana creado por el Poder Ejecutivo Nacional para la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas.
Son iniciativas que se enmarcan en el imaginario de un oficialismo que intenta “vender” un modelo de producción y trabajo en el que ha estado trabajando sin contactos con la oposición.
Por Emiliano Russo
El Gobierno anticipó su agenda legislativa para diciembre y también para las sesiones extraordinarias previstas para el verano próximo: si bien aparecen como prioritarios el tratamiento del Presupuesto 2022 y un plan económico plurianual que destrabe el acuerdo con el FMI, también en el menú hay varios proyectos discutidos en el Consejo Económico y Social (CES), un organismo conducido por el enigmático Gustavo Beliz que tiene como objetivo definir políticas de desarrollo de mediano plazo.
Son iniciativas que se enmarcan en el imaginario de un oficialismo que intenta “vender” para afuera y también hacia adentro, por ahora con suerte dispar, un modelo de producción y trabajo en el que ha estado trabajando el CES con la participación de empresarios, académicos y sindicalistas, pero sin representantes de la oposición. Este jueves el ministro Julián Dominguez presentaría el proyecto de Agroindustria, pero también el Ejecutivo desearía que tengan pronto tratamiento legislativo el de “electromovilidad” -para impulsar medios de energía alternativos-, o el de cannabis medicinal y cáñamo. En las gateras aún están el fomento al Turismo y la regulación del hidrógeno, ese combustible “milagroso” por el que el oficialismo espera una multimillonaria inversión de una empresa australiana en los próximos años tal como lo hizo saber Presidencia en la reciente cumbre climática de Glasgow.
Con la nueva integración del Congreso, con una mayor paridad por los escaños que ha sumado Juntos por el Cambio, no le será fácil al oficialismo poder dar pronto tratamiento a estos proyectos. Pero la intención de empujarlos e incluirlos en la agenda legislativa es parte de la estrategia de mostrar al Fondo que hay “un rumbo”.
Es en este marco en el que se inscriben los proyectos que formaron parte de las discusiones del Consejo Económico y Social. Una fuente del organismo adujo que el CES sería el “quincho” donde se consensuan las propuestas surgidas en los ministerios. Un ejemplo de esta dinámica sería lo sucedido con el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, que busca fomentar el desarrollo de la cadena productiva, además de promover la participación de las cooperativas del sector y de las PyMEs. Fue presentado hace meses por el ministro Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) ante consejeros y el propio Beliz.
Con la nueva integración del Congreso, con una mayor paridad por los escaños que ha sumado JxC, no le será fácil al oficialismo poder dar pronto tratamiento a estos proyectos.
El proyecto de Agroindustria también se trató durante la 10° reunión plenaria del Consejo, pero tendrá como protagonista del anuncio al ministro Domínguez, en el marco de una iniciativa que aborda uno de los grandes desafíos del sector: agregar valor a los productos agrarios para crear empleos y aumentar el ingreso de divisas vía exportaciones.
En octubre pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que fue trabajado por Desarrollo Productivo y puesto a consideración del CES. La iniciativa, anunciada luego de una recorrida por la planta de Toyota, en Zárate, por parte del presidente Alberto Fernández, declara de “interés nacional y estratégico” el diseño, el desarrollo y fabricación de medios de movilidad propulsados por energías alternativas, donde las baterías de litio tendrían preponderancia. Además, tiene por objetivo la reconversión y la utilización de vehículos sustentables, de producción nacional y plantea una serie de beneficios fiscales para estimular la demanda y promover una fuerte inversión en la industria automotriz.
“Distinto es el caso de lo que pueda salir de la Mesa del Hidrógeno, que busca regular la actividad y se discute en las comisiones del Consejo”, explicó la fuente consultada sobre la posibilidad que directamente surja un anteproyecto desde el organismo. Fue en este marco que el pasado 27 de octubre se llevó a cabo el Segundo Diálogo Público Privado “Oportunidades del Hidrógeno en Argentina y Potencial Régimen de Promoción”, durante el cual referentes del sector conversaron acerca del potencial del país para la producción y exportación de hidrógeno nacional al mundo.
El fomento al Turismo interno ya fue discutido por la institución y hoy está a consideración del ministerio a cargo de Matías Lammens, que ha iniciado una ronda de consultas con los distintos eslabones de la actividad. Se estima que la iniciativa parlamentaria sería presentada en los próximos días.
Dicha iniciativa fue presentada por ministro de Desarrollo Productivo y el secretario de Asuntos Estratégicos, la cual “impulsa la creación de un régimen promocional que incluirá beneficios impositivos, nuevas instituciones y financiamiento de largo plazo”.
El presidente Alberto Fernández visitó este martes la planta de la automotriz Toyota Argentina, en la localidad bonaerense de Zárate, donde el, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, presentaron el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que generará en los próximos 10 años “inversiones por 8.300 millones de dólares y 21.000 puestos de trabajo”.
El mandatario nacional, junto a empresarios del sector automotriz, realizó una recorrida donde pudo conocer una variada gama de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales.
Posteriormente, el ministro Kulfas explicó que la ley “surge del trabajo del Consejo Económico y Social (CES)” y “es un plan a 20 años que requiere de los consensos necesarios” para que “la Argentina sea una gran plataforma sudamericana y regional de fabricación de vehículos eléctricos y sus baterías y que podamos industrializar en la Argentina las materias primas”.
“La propuesta impulsa la creación de un régimen promocional que incluirá beneficios impositivos, nuevas instituciones y financiamiento de largo plazo. Además, se propone estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, lo que incrementará el aporte de la Argentina a la lucha global contra el cambio climático”, destacó el funcionario.
También, remarcó que “el proyecto plantea un régimen de beneficios tanto para la demanda, quienes compren vehículos eléctricos tendrán un bono verde que podrán descontar de manera directa del precio del vehículo, de artículos auxiliares como los cargadores, y se removerá de la base imponible de bienes personales a dichos vehículos”.
“Asimismo, prevé beneficios para la oferta, que incluye terminales, autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, serían temporales, con una duración de 20 años, y decrecientes en el tiempo para acelerar las inversiones”, agregó Kulfas.
De aprobarse la norma, el ministro de Desarrollo Productivo aseguró que “para el año 2030 se proyectan inversiones por 5.000 millones de dólares en terminales automotrices, lo que generaría 12.500 puestos de trabajo; por 1.500 millones de dólares en sectores autopartistas, que implicarían la creación de 6.000 empleos, y por 1.800 millones de dólares en el rubro de fabricantes de baterías, con 2.500 puestos de trabajo nuevos”.
Kulfas precisó que el proyecto propone “la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, que sería el primer régimen productivo argentino con una institución de I+D (Investigación y Desarrollo) con programas promocionales específicos, que buscarán promover el desarrollo científico, tecnológico y volcarlo al sistema productivo del sector”.
“El texto plantea que desde el año 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional, y cubre toda la movilidad terrestre, ya sean móviles livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micro movilidad, o los experimentales, entre otros”, aclaró.
Por último, el funcionario aseguró que “también impulsa un Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) que garantice la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que requerirá el régimen a lo largo de sus 20 años, que tomaría fondos de diversas fuentes y los aplicaría a la inversión necesaria para la reconversión”.
Por su parte, Beliz afirmó que “el país requiere de esta visión de futuro y una mirada estratégica” y que por eso el proyecto “va a ser discutido en el Parlamento para poder trazar ese horizonte de políticas de Estado”.
En su turno, el titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, indicó que “la industria automotriz genera más de medio millón de empleos en la Argentina y no puede perder el tren de la movilidad sustentable”, al tiempo que celebró la iniciativa oficial”, y enfatizó: “Estoy seguro que lo vamos a trabajar juntos, como lo hemos hecho para salir de la pandemia y para duplicar este año las exportaciones”.
Participaron también de la actividad el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y de Política Tributaria, Roberto Arias.
Es un mal momento para administraciones que el Gobierno argentino considera que no puede cuestionar, razón por la cual los desaires se suceden. Y se proyectan en organismos multilaterales donde Alberto Fernández no logra consumar alguna victoria en el plano internacional. Semana decisiva para las elecciones.
Por José Angel Di Mauro
El presidente necesita mejores asesores. No puede ser que cada vez que le hacen una pregunta incómoda, responda admitiendo su desconocimiento sobre tal o cual tema. En realidad, no es “tal o cual tema”; en general las polémicas sobre sus dichos surgen a partir de cuestiones controversiales para el espacio que él formalmente encabeza. Hablamos puntualmente de lo que sucedió esta última semana cuando Jorge Rial le preguntó sobre las protestas en Cuba y Alberto Fernández dijo no conocer exactamente la dimensión del problema en la isla.
No fue la misma postura que mostró por ejemplo con la situación en Colombia o las protestas en Chile, ocasiones en las que se pronunció inmediatamente. Sin que nadie le preguntara y a través de las redes sociales, aun a riesgo de quedar mal con naciones muy cercanas… Al menos geográficamente, no respecto de la ideología de sus gobiernos, motivo de las críticas.
Lo de Cuba fue una astilla en el pie toda la semana, por eso sorprende que el presidente volviera a dar un reportaje, cuando no había dudas de que le preguntarían sobre el tema. Debió haber tenido ensayada una respuesta más convincente, pero se limitó a cuestionar el bloqueo. Tema sobre el cual hizo hincapié el actual embajador argentino en La Habana, Luis Ilarregui, cuando se presentó ante los senadores de la Comisión de Acuerdos del Senado, el 11 de febrero del año pasado. Ese mismo día se trataron también allí los pliegos de Sabino Vaca Narvaja y Sergio Basteiro, propuestos por el Gobierno para representarnos en China y Bolivia, respectivamente. Países con los cuales este gobierno privilegia su relación.
Precisamente este último tuvo especial protagonismo estos días por la denuncia combinada entre nuestro gobierno y el boliviano contra Mauricio Macri por la supuesta colaboración en una conspiración contra Evo Morales.
“Los argentinos y los cubanos nos queremos mucho. Cualquier argentino que va a Cuba sabe que va a ser muy bien tratado; y a nosotros nos caen muy bien los cubanos. Por eso digo, como corolario, que lo de Cuba con Argentina es un amor de ida y vuelta”, expresó al terminar su exposición ante los senadores ese día el actual embajador en Cuba. País al que Cristina Fernández de Kirchner viajó en dos oportunidades como presidenta, y una decena de veces más cuando su hija estuvo internada en la isla por razones de salud. De ahí que recreara una relación tan especial con las autoridades de la isla, por lo que resultaría impensable que el presidente expresara críticas que también ha evitado por ejemplo hacia Venezuela.
Como sea, las relaciones exteriores son uno de los puntos débiles de esta administración. Hace pocos días lo comprobó una vez más al perder la Argentina la votación para ocupar la presidencia de la Corporación Andina de Fomento. Alberto Fernández tenía mucha esperanza de anotarse su primer gran triunfo internacional, pero Argentina no consiguió ni siquiera los votos de sus socios del Mercosur, y Colombia se quedó con ese puesto para el cual nuestro gobierno había propuesto a Christian Asinelli, un hombre cercano a Gustavo Beliz. No fue la primera derrota para Beliz, quien precisamente había sido impulsado el año pasado como titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y perdió la pulseada con el candidato de Donald Trump.
De derrota en derrota en el plano internacional, la elección que no quiere perder el Gobierno es la de noviembre próximo en la Argentina. Esa que desvela a esta administración y para la que está dispuesta a poner toda la carne en el asador, aunque ello suponga desatender las prevenciones de Martín Guzmán, cuyo cálculo del 29% de inflación anual representa un karma al que prefiere no referirse: con el 3,2% de junio ya el porcentaje interanual supera los 50 puntos.
Lejos de esos índices inmanejables, el ministro de Economía sigue abocado a la negociación de la deuda y en ese contexto le prometió en Venecia a Kristalina Georgieva que la Argentina no va a entrar en default con el FMI en septiembre. Va a pagar, le dijo, con los fondos extra que recibiremos de parte de ese mismo organismo, contradiciendo lo que votó el Senado para no usar esos dólares para la deuda. Dicho sea de paso, ese proyecto nunca llegó a ser tratado en Diputados, un ámbito donde el oficialismo no puede maquillar su condición minoritaria. Primera minoría, pero minoría al fin.
Para encabezar la lista está casi descartado Santiago Cafiero, un nombre que sugieren como un respaldo contundente al presidente, aunque en Casa Rosada lo ven exactamente al revés.
Son días decisivos los que vienen, de cara al sábado 24 en el que se acabará el misterio respecto de los nombres para las listas legislativas para las PASO. El oficialismo mantiene el misterio en el principal distrito del país. Allí asoma para muchos como número puesto el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, reconfirmado como favorito cuando el martes pasado ese distrito fue elegido para que el presidente anunciara un bono de $5.000 para los jubilados. Una medida enmarcada plenamente en la campaña, como ya de por sí lo está la vacunación.
Con todo, el marido de Jesica Sirio tiene ciertas prevenciones respecto de aceptar o no liderar la lista para diputados. Ya lo hizo en 2013, cuando perdió con Sergio Massa, pero más allá de ese resultado cabe recordar que a Insaurralde nunca le sentó bien el Legislativo y que renunció a su banca al cabo de un año. Espera más garantías para que valga la pena dejar su intendencia.
Para encabezar la lista está casi descartado Santiago Cafiero, un nombre que sugieren como un respaldo contundente al presidente, aunque en Casa Rosada lo ven exactamente al revés. Sobre todo porque está probado que cada lugar que pierde el albertismo -si es que el mismo existe- es ocupado por el kirchnerismo. Se ha sugerido también para encabezar la lista al ministro Gabriel Katopodis, quien tampoco está interesado a dejar su cargo. El único ministro que parecería dispuesto a hacerlo sería, dicen, Daniel Arroyo.
En tren de mencionar ministros de Alberto para encabezar, desde el kirchnerismo mencionaron ante este medio a Jorge Ferraresi, aunque más que un guiño al presidente, esa sería una señal hacia su vice.
Desde el massismo, Cecilia Moreau ofreció una salida original: Sergio Massa o Máximo Kirchner para encabezar la lista. “Porque a mí me parece que lo que se pone en juego en esta elección es qué modelo de conducción queremos para la Argentina y sobre todo para la provincia de Buenos Aires en los próximos dos años”, justificó durante una entrevista en FM Milenium. Si bien para la vicepresidenta del bloque oficialista en Diputados eso pondría en valor lo que significa el Frente de Todos, sería una jugada realmente riesgosa para cualquiera de los dos.
En tren de originalidades, no faltó quien sugiriera armar una interna en la Provincia, habida cuenta de que en la vereda opuesta todos los caminos conducen a las PASO entre Diego Santilli y Facundo Manes; una pulseada que comienza a resultar atractiva y que puede generar no solo atención, sino también votos, lo cual inquieta particularmente al oficialismo.
El incremento exponencial de la llegada de vacunas entusiasma mientras tanto al Gobierno nacional, que ha detectado en las encuestas un repunte que atribuyen a la mejora en materia sanitaria.
Como sea, es poco probable que el Frente de Todos plantee una interna bonaerense. Sí podría suceder en la Ciudad de Buenos Aires, donde hasta ahora era número puesto Leandro Santoro. Respaldada por Víctor Santa María -hombre fuerte del PJ porteño-, Gisela Marziotta quiere renovar su banca y se tiene fe para encabezar, convencida de ser la más idónea para enfrentar a María Eugenia Vidal. Parece que conoce muy bien a la exgobernadora, por haber ido juntas al mismo colegio.
El incremento exponencial de la llegada de vacunas entusiasma mientras tanto al Gobierno nacional, que ha detectado en las encuestas un repunte que atribuyen a la mejora en materia sanitaria. De todos modos, las vacunas no alcanzan a garantizar nada si la economía no mejora.
Una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados conocida el viernes no ofreció grandes sorpresas, pero sí datos nuevos. Igual que el mes anterior, el Gobierno aparece con un 42% de imagen positiva y 56% negativa, con el presidente con números similares (43% – 56%). Impera el pesimismo, con un 58,9% que cree que la Argentina va por el rumbo incorrecto, pero números en definitiva complicados tanto para el oficialismo como para la oposición. Proyectando indecisos, JxC tiene una intención de voto de 33,3%; el Frente de Todos sube a un 30,2%; el espacio de Randazzo suma un 8% y la izquierda asciende al 5,4%, a expensas de los libertarios (4,3%).
Un dato que esta consultora sugiere atender especialmente es que mientras muchas elecciones en pandemia han registrado un elevado abstencionismo en el mundo, en esta encuesta una mayoría manifestó una amplia voluntad de ir a votar. El 75,3% anticipó que es “muy probable” que vaya a votar en las PASO, y el 12,4% “algo probable”. Porcentaje que, de cumplirse, mostraría una asistencia récord: 87,7%. Lo cual, advierte la encuestadora, no es un buen indicador para los oficialismos.
Lo confirmó el flamante titular del organismo, Gustavo Béliz, durante el lanzamiento del organismo en el Centro Cultural Kirchner junto al presidente Alberto Fernández.
El Poder Ejecutivó enviará al Congreso un proyecto para consagrar el flamante Consejo Económico y Social, que fue lanzado este viernes en el Centro Cultural Kirchner por el presidente Alberto Fernández y que será encabezado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.
“Tenemos el mandato del presidente de que este Consejo se consagre a través de una ley que será enviada al Congreso y que reflejará las lecciones aprendidas de estas deliberaciones que son enormemente desafiantes y demandantes”, informó Béliz durante la presentación ante ministros, funcionarios, gobernadores, dirigentes gremiales y empresariales.
El Consejo estará dedicado a discutir políticas en torno a cinco áreas (Productividad e Integración Social; Medio Ambiente y Cambio Climático; Futuro del Trabajo; Seguridad Alimentaria y Cuidados; y Democracia Innovadora), en el marco de 30 mesas de trabajo.
Béliz explicó que se contará con un consejo asesor de rango internacional integrado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias; la economista Mariana Mazzucato; y los expresidentes de Chile, Ricardo Lagos; de Brasil, Dilma Rousseff; y de Uruguay, José “Pepe” Mujica.
También participarán como asesores los economistas Jeffrey Sachs, Luigino Bruni, José Antonio Ocampo; la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena; y la secretaria general de la Organización de los Estados Iberoamericanos, Rebeca Grynspan.
Con un llamado al diálogo, el presidente Alberto Fernández dijo que no cree que “los argentinos seamos una sociedad que nació genéticamente para odiarse”, aunque “algunos nos han hecho creer que el secreto es estar el uno contra el otro”.
Esos métodos “nos han dejado donde estamos”, señaló el mandatario, en referencia a que vivimos “en medio de una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual” y “una comunidad que condena al 40% de los argentinos a vivir en la pobreza, una comunidad donde los ingresos se concentran y no se distribuyen adecuadamente”.
“Lo moral de la política es llamar al otro a construir una sociedad más igualitaria”, sostuvo Fernández, que agregó: “La ética en la política no es solo no robar, eso es un valor agregado, garantizado, asegurado, no debe estar en discusión. La ética en la política es sacar del pozo al que está en el pozo. La ética de la política es que todos crezcan y tengan posibilidad de crecer”.
El presidente destacó que en el Consejo “tienen que sentarse todos los argentinos”. “Yo no tengo ni idea cuántos opositores hay acá, porque a nadie le pregunté lo que piensa, están acá en representación de sectores sociales, de instituciones de la economía, de instituciones los trabajadores, de los movimientos sociales, no tengo ni idea si son oficialistas o no lo son. Pero sí de lo que estoy seguro es que están convocados para que de una vez por todas construyamos un país con otra lógica, que es la lógica del diálogo, del encuentro”, enfatizó.
Para el jefe de Estado, “acá hay que hablar de todo, pero básicamente hay que hablar del futuro del país. ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo construimos? ¿Qué compromisos asumimos cada uno de los que estamos acá?”. “Esto no es una mesa para ver qué interés predomina, es una mesa para ver cómo los intereses confluyen hacia el desarrollo común”, insistió.
“Si bien es cierto que el capitalismo existe, también es cierto que el capitalismo debe ser repensado a la luz de la experiencia que la misma pandemia nos ha marcado”, reflexionó y aseguró que “no es posible pensar una economía sin ética, la economía no es números, la economía es una ciencia humanista aunque nos hayamos olvidado de eso”.
Por su parte, Béliz expresó que esta es “una iniciativa largamente reclamada, diseñada y soñada por distintos sectores”. “Convocamos a este Consejo porque creemos en la cultura del encuentro, en la potencia de la amistad social y en lo imperioso del desarrollo humano-integral”, manifestó.
El funcionario indicó que “este Consejo tiene que ser la voz de los que no tienen voz, de los descartados, de los que están en el basurero de la historia, de los que no tienen un lugar en la mesa de los argentinos y argentinas”.
El secretario de Asuntos Estratégicos consideró que “ingenuidad es pensar que tenemos un país con desarrollo humano integral caminando divididos, pensando fracturados o suponiendo que una parte de Argentina se puede imponer sobre la otra”.
“Tenemos que ser capaces de poner en marcha una inteligencia colectiva, un espíritu colaborativo, pensando en los que más están sufriendo, sabiendo que solamente podemos salir del pozo recordando aquella frase de que ‘para un argentino no hay nada mejor que otro argentino’”, afirmó Béliz.
Además, destacó que el Consejo cuenta con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). “El sistema de Naciones Unidas en su conjunto va a estar alimentando esta discusión”, resaltó Béliz.
La reforma judicial fue una de las principales obsesiones del Presidente, cuyo envío se anunció una y otra vez. Ahora parece que es en serio, pero las postergaciones obedecen al tamiz por el que debió pasar el texto original.
Por José Angel Di Mauro
Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.
Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.
Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exigirá un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en el verano.
Pero durante los más de siete meses que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a enviar, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando por el impuesto a las grandes fortunas…
El Presidente volvió a anunciar que en la semana mandaría al Congreso la reforma judicial, pero otra vez se postergó, aunque se da por descontado que ahora sí es inminente. La pandemia fue el elemento justificatorio para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial. Ahora el Parlamento le ha tomado la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el gobierno.
Como sea, eso sucederá, es decisión tomada. Porque más allá de las dilaciones, para Alberto Fernández ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el Presidente tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia, y Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. El tema está en cuánto de la letra original de ese proyecto será lo que vaya a prevalecer en el texto definitivo que se presentará, finalmente, en el transcurso de esta semana. Está claro que allí radica la razón de la demora. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en el la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del gobierno de Cambiemos.
Ahora el Parlamento le ha tomado la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias.
El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular, que maneja el Senado: allí tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.
Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.
El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -dicen que no le interesaría ocupar ese cargo- para pudiera asumir por Casal Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.
La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.
Muestra de que la reforma judicial mereció un intenso debate interno en el seno del oficialismo es la decisión ya tomada de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el Presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que se anunciará esta semana.
Estos temas están en primera fila de la agenda pública justo cuando el tan mentado pico de la pandemia está llegando. Cuando el número de contagios se supera día a día y la cifra de cien muertos diarios está naturalizándose dramáticamente. Algo que llevó a pensar en un posible retroceso en la cuarentena un poco más flexible implementada hace apenas una semana. Pero no es lo que se piensa en Olivos, donde argumentan que “por ahora” no están analizando esa posibilidad, pues si bien todos los números han ido para arriba, el índice de letalidad ha bajado y la ocupación de camas de terapia intensiva no ha llegado a porcentajes graves.
Hay otro argumento contundente: las cifras que tanto han alertado estos últimos días corresponden a cuando regía la cuarentena estricta, que evidentemente entonces ya no se estaba cumpliendo como en un primer momento, por múltiples y atendibles razones que ya hemos citado. Y ya se sabe que no hay peor cuarentena que la que no se cumple.
Mientras trata de delinear el post cuarentena, el gobierno espera despejar en los próximos días al menos uno de los nubarrones más serios que asechan desde el principio de su gestión: la deuda externa. Los bonistas se han abroquelado y el gobierno insiste en mantener una postura irreductible que apunta más hacia la interna, pues nadie imagina que la negociación vaya a naufragar por una diferencia de apenas 3 dólares, que se traducen en algo más de 2.200 millones.
Ya se sabe que no hay peor cuarentena que la que no se cumple.
En este contexto resultó curioso -sino incomprensible- que en plena negociación el Presidente afirmara ante el medio más influyente en el mundo de las finanzas, el Financial Times, que no cree en los planes económicos. Este fin de semana ese medio volvió a ocuparse de Alberto Fernández. El corresponsal de ese diario, Benedict Mander, lo había entrevistado el fin de semana anterior y ahora volvió a escribir sobre el mandatario argentino, en un artículo en el que Fernández insiste con una sentencia que repiten muchos en el oficialismo, quizá más como deseo que como certeza: “La pandemia es una oportunidad para repensar el capitalismo”.
En la nota se menciona a la vicepresidenta como “el poder detrás del trono”, graficando una sensación cada vez más imperante, pero también acota una sentencia bien concreta del Presidente, a contramano en este caso de lo que muchos en su gobierno sostienen y desean: “La globalización es irreversible”. Como para replantear aquello de que “la normalidad no existe más, es una fantasía”. El mundo seguirá siendo el mismo, en términos generales, después de la pandemia.
