En medio de la tensión creciente entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la retención de fondos coparticipables y el uso discrecional de los recursos públicos, el diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge presentó una iniciativa legislativa que busca poner un freno a lo que califica como “desviaciones peligrosas del Poder Ejecutivo Nacional en materia presupuestaria”.

El proyecto, propone la modificación del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera para limitar de manera estricta la vigencia de los presupuestos reconducidos. Según la propuesta, si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el presupuesto general, solo podrá regir —de manera excepcional— el del año anterior, por un único período y sin posibilidad de prórrogas. Vencido ese plazo, el Estado nacional deberá restringirse exclusivamente a gastos en seguridad, defensa, salud y educación.

“El presupuesto es uno de los pilares de la República. Su manipulación discrecional pone en riesgo la credibilidad institucional, el equilibrio federal y la vigencia misma del Estado de Derecho”, enfatizó Brügge en los fundamentos de su propuesta, a la vez que advirtió que la actual interpretación de la ley habilita prórrogas indefinidas del presupuesto sin debate ni aprobación legislativa, lo que calificó como inconstitucional.

Un límite claro al Ejecutivo

En un mensaje directo al oficialismo, el legislador cordobés apuntó contra la reciente decisión del Gobierno de modificar por decreto el presupuesto 2024, sin discusión parlamentaria. Para Brügge, esto configura un “atropello a las competencias del Congreso Nacional y debilita la transparencia democrática”.

“El Ejecutivo no puede seguir gobernando con presupuestos vencidos indefinidamente, ni reasignar partidas a su antojo. Hay una Constitución, hay principios básicos del federalismo y hay responsabilidades institucionales que deben respetarse”, sostuvo.

La iniciativa va más allá de una modificación técnica. Establece que cualquier gasto dispuesto por fuera de los límites fijados será nulo de nulidad absoluta y que tanto el Presidente como los ministros y el jefe de Gabinete que suscriban los actos serán civil y penalmente responsables, debiendo el Estado reclamar el reintegro de los recursos comprometidos ilegalmente.

Contexto de conflicto con las provincias

La presentación del proyecto se da en un contexto de máxima tensión política. Los gobernadores reclaman que el Gobierno nacional retiene partidas que les corresponden por ley, mientras el Ejecutivo central se ampara en la prórroga del presupuesto 2023 para administrar discrecionalmente los recursos del Estado.

Brügge remarcó que la ausencia de un presupuesto actualizado afecta la planificación, la inversión pública y el desarrollo territorial, generando mayor desigualdad e incertidumbre social.

“El Congreso tiene la obligación de devolverle al país previsibilidad institucional. No se puede gobernar por decreto ni administrar los recursos públicos como si fueran propios. Estamos hablando de plata de los argentinos, de las provincias, de los municipios, de los hospitales, de las escuelas”, sentenció el diputado.

Comparación con modelos internacionales

El legislador incluyó en su iniciativa un análisis comparativo con otros países que enfrentan situaciones similares. En Estados Unidos, por ejemplo, si no se aprueba el presupuesto, se produce un shutdown o parálisis de la administración pública. En Alemania, México y España, las prórrogas presupuestarias están acotadas a pocos meses y bajo fuertes restricciones legales. En todos los casos, los Estados democráticos priorizan el debate legislativo y la legitimación parlamentaria del gasto público.

Responsabilidad y transparencia

Finalmente, Brügge recalcó que el objetivo de su proyecto es garantizar que cada peso del Estado tenga origen, destino y control legislativo. “El principio republicano exige que los funcionarios rindan cuentas. No podemos seguir naturalizando la ilegalidad ni la falta de control. Este proyecto es una herramienta para devolverle a la ciudadanía confianza en el sistema y en sus instituciones”.

De ser aprobado, el proyecto entraría en vigencia inmediatamente y aplicaría al ejercicio financiero en curso, sentando un precedente que podría cambiar radicalmente la forma en que se manejan los recursos del Estado en la Argentina.

Con esta presentación, Juan Fernando Brügge se posiciona como una de las voces más firmes en defensa del equilibrio entre poderes y la reconstrucción institucional del país en un año signado por el ajuste, la crisis y el debilitamiento del federalismo.

Los diputados de Vamos por Más (VxM) salieron a expresar públicamente su apoyo al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien anunció que volverá a la Justicia por la falta de acatamiento del Ejecutivo Nacional al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la devolución de los fondos coparticipables que Alberto Fernández le había quitado al distrito de manera unilateral durante la pandemia.

En ese sentido, Facundo Del Gaiso (VxM) explicó que “el presidente Javier Milei y Luis Caputo tienen que entender que no cumplir un fallo de la Corte es un alzamiento al orden democrático y es un delito penal, por eso están denunciados por la Coalición Cívica. No pueden seguir estafando y robando a los porteños como hizo el kirchnerismo”.

“Cómo Milei y Caputo siguen sin cumplir el fallo de la Corte por la coparticipación y estafando a los porteños, la Justicia debe embargarle a la Nación el 1,55 % de la masa de fondos y ordenarle que se lo transfiera a diario a la Ciudad, para sumarlo al 1,40 % que recibe”, opinó.

En tanto Hernán Reyes (VxM) concluyó opinando que “es una vergüenza lo que hacen con los porteños. Milei y Caputo son la continuidad de Alberto y Sergio Massa. Se quedan con los impuestos de la gente y les importa tres carajos cumplir con un fallo de la Corte Suprema”.

En medio del conflicto por el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación, pero que desde el Ejecutivo quieren pagar con bonos, diputados del Pro presentaron un proyecto para crear una Comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales coparticipables que efectuó el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre de 2019.

La iniciativa parlamentaria surge en el marco del conflicto de poderes desatado por el Gobierno nacional que “se resiste a cumplir con la normativa vigente vulnerando el federalismo en detrimento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El objetivo principal de la Comisión es “investigar y analizar el marco jurídico vigente en materia de percepción, administración y distribución de recursos coparticipables entre la Nación las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, así como la gestión, desempeño y cumplimiento de este marco jurídico por parte de los funcionarios enumerados en el artículo 53 de la Constitución Nacional, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la actualidad”.

También busca “determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.

Asimismo, la propuesta republicana plantea, en caso de ser necesario, realizar modificaciones en materia de coparticipación y recuerda que “la Corte Suprema recientemente ha resuelto que existe suficiente verosimilitud en el planteo según el cual el decreto 735/2020 y la ley 27.606 son contradictorios a la Constitución Nacional”.

La Comisión investigadora estaría integrada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías. El presidente correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República.

Entre las facultades, plantea que podrá recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; requerir y recibir declaraciones informativas o testificales; remitir oficios, solicitar informes, ordenar peritajes o requerir documentación, sobre los hechos que sean objeto de investigación; denunciar ante la justicia cualquier intento de entorpecimiento, obstrucción, demora, ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación.

El proyecto lleva las firmas de Cristian Ritondo, Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.

Diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución, a través del cual solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que garantice a las provincias la misma coparticipación que recibieron durante el periodo anterior, actualizado con la inflación interanual, y que dichos fondos sean transferidos a municipios y comunas.

“Pedimos que se incorpore al Decreto N° 352/20, de fecha 9 de abril de 2020, una cláusula que, en el marco del ‘Programa para la Emergencia Financiera Provincial’, establezca la obligatoriedad para las provincias de distribuir los fondos recibidos mediante dicho programa, en los Municipios y Comunas”, afirman los legisladores opositores.

Asimismo, indicaron que la transferencia de los recursos debería darse “en las mismas condiciones en que son recibidos, y de conformidad a los regímenes de coparticipación que cada una de ellas tengan establecidos en la legislación local”. 

El diputado Hugo Romero (UCR - Córdoba), impulsor del proyecto, afirmó que “con este proyecto nos aseguramos que cada provincia y por ende cada municipio (vía coparticipación provincial) cuente con los recursos mínimos necesarios que le permitan planificar y actuar frente a las necesidades de sus habitantes”.

Por su parte, el diputado Alejandro Cacace (UCR - San Luis), sostuvo que “necesitamos asegurar la vigencia del federalismo también en lo fiscal a nivel de los municipios”.