La Cámara baja trata la iniciativa impulsada por el oficialismo, que cuenta con los votos para darle media sanción. Fuerte rechazo de Juntos por el Cambio, que igualmente tendrá legisladores que votarán a favor.
La Cámara de Diputados arrancó a las 17.45 de este jueves el debate de la nueva ley de biocombustibles, impulsada por el Frente de Todos, que buscará darle media sanción y girarla al Senado. La lista de oradores es extensa y la votación se prevé cerca de la medianoche.
Entre los principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y se fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-.
Miembro informante del oficialismo, abrió el debate el mendocino Omar Félix, que afirmó que el proyecto se elaboró “teniendo en cuenta la protección y cuidado del medioambiente”, al tiempo que busca “dar previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica” al sector.
El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles argumentó que desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006 “el escenario ha variado” y en la actualidad “conviven grandes empresas junto a PyMEs” en “provincias con realidades diferentes”.
Por ello, el diputado del Frente de Todos defendió que se establezca “un marco legal que contemple las diversidades, permita que la actividad sea constante, procure la rentabilidad del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como a los mercados financieros”.
En defensa del rol de la Secretaría de Energía, que asume varias facultades, Félix sostuvo que es necesario “que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que se eviten futuras posiciones dominantes”.
Además, el legislador subrayó que el corte obligatorio para el biodiésel “se conserva el mismo porcentaje” del 5%, previsto en la actual ley, y “en el caso del bioetanol es del 12%” distribuido en 6% para la caña de azúcar y en otro 6% para el maíz. Mientras que la Secretaría de Energía -hoy a cargo de Darío Martínez- intervendrá “excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos” y las reducciones de los porcentajes serán “temporarias”, señaló.
Muy dura, la radical Jimena Latorre aseveró que el proyecto es de “cortoplacismo y mediocridad” y “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó la mendocina, que agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.
Para la diputada de Juntos por el Cambio esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”. También, negó que haya habido consenso con la industria y rechazó las funciones que tendrá la autoridad de aplicación, “que es de las que le gustan al oficialismo, con superpoderes”, cuestionó.
La legisladora advirtió que será el Estado el que decida “quién contrata, a qué precio, por qué cupo, y cierra las posibilidades a la inversión”. “Es una ley que fomenta la corrupción”, opinó.
Desde Córdoba, el oficialista Eduardo Fernández expresó que se trata de “una muy buena ley” que “sí otorga estabilidad fiscal, incentivos impositivos” y el “acompañamiento del Estado al desarrollo del sector”.
El diputado se refirió a los argumentos de sus comprovincianos de otros bloques que se oponen, “y nos dicen que si no legislamos como piden dos o tres empresas vendrán todos los males del mundo”. “Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, añadió y rechazó “echarle la culpa a este proyecto de ser anticordobés”.
En contra del proyecto, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez subrayó que esta iniciativa “significa resquebrajar el sistema de producción de biocombustibles en Argentina, donde paradójicamente la ley divide lo que no estaba dividido ni en la realidad, ni en el Senado. Este proyecto es el que rivaliza regionalmente y artificialmente, incentiva la división y la competencia entre regiones”.
“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.
Además, lamentó el “silencio” del gobierno bonaerense y acusó que el gobernador Axel Kicillof y su equipo productivo “han decidido hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera”, porque es en Buenos Aires donde “se refina, se procesa y se comercializa un importante volumen del petróleo que se genera en el país”.
Representante de una provincia petrolera, la neuquina Alma Sapag reconoció el “aporte del biodiésel y el bioetanol”, pero enfatizó que “la realidad es dinámica” y “la aparición en el horizonte productivo con la creación de Vaca Muerta” trajo un incremento en la producción de “reservas hidrocarburíferas en Argentina”.
“El cambio a fuentes de energía renovables y limpias será gradual”, observó y agregó que, según expertos, “los combustibles fósiles necesariamente nos acompañarán algunas décadas por delante”. En ese sentido, salió al cruce de los argumentos ambientales: “Argentina sólo representa el 0,5% de las emisiones totales de carbono”. La legisladora del Movimiento Popular Neuquino sumó que “nos debemos hacia el futuro un encuentro de todos los sectores”.
NOTICIA EN DESARROLLO
Así lo anticipó el diputado Omar Félix, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja.
El diputado nacional Omar Félix (Frente de Todos-Mendoza), presidente de la Comisión de Energía, adelantó que la semana próxima comenzará el debate sobre la Ley de Biocombustibles en la Cámara baja. Según mencionó, luego de una ronda de consultas en la Comisión de Energía seguiría un plenario con Presupuesto y Hacienda para firmar dictamen.
Acerca del debate, aseguró que “pensamos hacerlo durante esta semana. En principio la idea es poder tener una ronda de consultas con los sectores interesados, cámaras y demás y posteriormente durante la misma semana en otra convocatoria a la comisión ya poder emitir dictamen. Tal vez que sea en forma conjunta con Presupuesto y Hacienda dada las urgencias que tenemos y lo acotado de los tiempos. Pero esto también va a requerir una serie de acuerdos necesarios”..
“Se ha buscado tener el mayor consenso posible, creo que en este sentido se ha hecho un gran trabajo y se ha logrado un gran acuerdo sobre todo a partir de los objetivos y también de las urgencias porque tenemos un tiempo límite que es el 12 de mayo”, agregó Félix en diálogo con Diputados TV.
El legislador oficialista explicó que la Ley de Biocombustibles tiene dos grandes objetivos. El primero, “tiene que ver con el interés general, con el bien de todos los argentinos” afirmó, ya que “en un contexto de alto valor de los commodities que son insumos básicos para los biocombustibles y que generan aumentos en el producto final, o sea en el combustible en surtidor. Lo que se trata es de ponerle un equilibrio porque sino impacta en el bolsillo de todos los argentinos”.
“El otro gran objetivo es mantener la actividad de las empresas que hoy se dedican a los biocombustibles, que puedan tener la rentabilidad necesaria para sostener los puestos de trabajo, para seguir funcionando, para estar en actividad y que esto que también es un elemento importante desde el medioambiente pueda seguir en desarrollo”, determinó el presidente de la Comisión de Energía.
El diputado insistió una vez más en el consenso que intentaron tener entre todas las partes, las diferentes cámaras, los productores de maíz, de azúcar. Espera que ese mismo acuerdo se replique cuando la ley se vote en el Senado: “Hemos estado en contacto con muchos senadores y es visto también de esta manera”.
Sobre la importancia de la ley, el legislador mendocino expresó que en la actualidad las diferencias entre el tipo de combustible y la materia prima son “sustanciales”. El bioetanol de caña de azúcar es una materia prima que “no tiene el impacto de valores que tiene la soja o el maíz, que además cotizan en dólares”. Por eso, “Esta nueva ley contempla herramientas que le permiten al organismo de aplicación poder regular cortes y precios para que no sufra impacto en el producto final de la cadena”.
El oficialismo finalmente presentó la iniciativa, que establece una vigencia del nuevo marco hasta 2030. Dejaría sin efecto la Ley 26.093, cuya prórroga tenía media sanción del Senado.
Diputados del Frente de Todos presentaron finalmente este jueves en la Cámara baja el proyecto de ley sobre un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de “elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles”.
De acuerdo a la iniciativa, el nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la Ley 26.093.
En el proyecto se aclara que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, actualmente en manos del neuquino Darío Martínez.
El proyecto define como biocombustible “al bioetanol y al biodiesel que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación, y que se produzcan en plantas instaladas en la República Argentina a partir de materias primas nacionales cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos”.
Asimismo, indica que “las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”.
Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil -conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.
No obstante, la autoridad de aplicación “podrá elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal de 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras”.
1621-D-2021En el caso de “todo combustible líquido clasificado como nafta”, deberá “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.
En otro de los artículos del texto, se establece que “el abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que -ya sea en forma directa, o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas- no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiesel y/o de sus insumos principales”.
Sobre este punto, la autoridad de aplicación deberá “asignar dichas cantidades entre aquellas, a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior“.
El abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible, bajo los siguientes parámetros:
El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un porcentaje nominal de 6% de la mezcla mínima obligatoria. En caso de escasez general y comprobada, la autoridad de aplicación podrá reducir transitoriamente el porcentaje; o, por el contrario, elevarlo cuando considere conveniente. Las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar y superar el porcentaje de corte establecido, en función de las particularidades técnicas de sus respectivas plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejen en el precio final, del costo de los sustitutos, y del ahorro de divisas, hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición fisicoquímico del producto final.
El bioetanol elaborado a base de maíz tendrá un porcentaje nominal de 6% de la mezcla mínima obligatoria. La Secretaría de Energía podrá elevar el referido porcentaje nominal cuando lo considere conveniente, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, y/o ante situaciones de escasez de bioetanol a base de maíz por parte de las empresas elaboradoras autorizadas.
Del total de la eventual reducción del porcentaje de mezcla mínima obligatoria, serán soportados dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración, y un tercio por el resto de las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz que se encuentren habilitadas para el abastecimiento del mercado.
Por otra parte, el proyecto faculta a la autoridad de aplicación a arbitrar “los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
En cuanto a la determinación del precio, la adquisición de las cantidades de biodiesel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.
Las petroleras “podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”, reza el texto.
Y se añade que las metodologías de cálculo de los precios que implemente Energía “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.
Además, regula sobre infracciones y sanciones a las empresas; dispone que el biodiesel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2); y deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.
También se dispone la creación de una “Comisión Especial de Biocombustibles”, que tendrá por finalidad “el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.
Dicha Comisión estará presidida por la autoridad de aplicación y participarán de la misma los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, Secretaría de Energía, la que será asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles, “quien tendrá la función de la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.
La bancada presidida por Eduardo “Bali” Bucca solicitó debatir la iniciativa el próximo 25 de marzo. Qué dijo el oficialista Omar Félix, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles.
El Interbloque Federal, que preside el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, presentó este lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, una solicitud para sesionar el próximo 25 de marzo y tratar el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” en todo el territorio nacional.
Luego que este domingo el bloque Córdoba Federal anticipara la solicitud, el santafesino Enrique Estévez (PS), que también forma parte del interbloque, informó sobre el pedido de convocatoria a sesión especial para tratar la iniciativa que apunta a beneficiar a “una industria que contribuye al cuidado del ambiente, genera empleo y agrega valor”, señaló.
El proyecto recibió media sanción del Senado en octubre pasado y, pese a que se preveía que se trataría durante el verano, el mismo no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias ni en las ampliaciones posteriores que dictó el Poder Ejecutivo.
El reclamo de la oposición, e incluso de sectores del propio oficialismo, se basa centralmente en que la Ley 26.093 vencerá en mayo próximo y por eso “urge” darle aprobación definitiva.
Tras el pedido, la respuesta del oficialismo llegó mediante el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix, quien recordó que “en reiteradas ocasiones los representantes del gobierno nacional, particularmente el Presidente de la Nación @alferdez, y el presidente de la Cámara de Diputados @SergioMassa, han manifestado su voluntad de avanzar en el tratamiento legislativo del tema biocombustibles”.
“El régimen vigente desde 2006 se agota en mayo de este año. Así, después de 15 años de aplicación, es razonable detenerse en el análisis de su alcance, y determinar si se hacen necesarias correcciones para una realidad distinta al de su origen”, consideró.
El mendocino agregó que “tanto los representantes de la elaboración de biocombustibles como los de la industria petrolera han tenido y tienen la oportunidad de manifestar sus posiciones y de proponer aportes, que desde su perspectiva deberían o podrían incorporarse a la regulación de este tema”.
“No puede ni debe el gobierno nacional abordar esta problemática desde la perspectiva de un solo sector o una única región. Por el contrario, esta regulación debe resultar integradora de las necesidades y realidades diversas que cruzan nuestro país”, subrayó, mediante un hilo de tuits.
Finalmente, Félix aseguró que “está absolutamente clara la decisión de legislar respecto a este tema, ese es el compromiso político asumido. La prórroga del régimen actualmente vigente, o la elaboración de una nueva norma que lo actualice, será parte central de la agenda política de los días que vienen”.
Diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la medida dispuesta por la cual fueron designados por resolución Omar Chavi Félix y Santiago Igón, sin que dicha comisión se haya reunido.
Diputados de Juntos por el Cambio integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles presentaron este jueves la impugnación a la resolución de la Presidencia de la Cámara que designa como presidente de dicha comisión al diputado Omar Chafi Félix y como vicepresidente segundo al diputado Santiago Nicolás Igón.
Cabe consignar que esas designaciones se hicieron por resolución del presidente de la Cámara, del mismo modo que al inicio de la pandemia se asignaron las autoridades de la mayoría de las comisiones.
En el documento, se solicita la nulidad de la resolución R.P. 1361/20 y su revocación por haber sido dictada sin atribuciones y por no cumplir con lo establecido en el art. 106 del Reglamento que establece que la decisión de elegir a las autoridades de las comisiones es de los diputados y diputadas que integran cada una de ellas.
Además se exige que se habilite la sala virtual para tratar los temas solicitados en reiteradas oportunidades por los integrantes del Interbloque Juntos por el Cambio.
Afirman además que “se ha empleado un recurso antirreglamentario para resolver la acefalía de la comisión impidiendo al mismo tiempo que esta última se reúna, delibere y trate la grave situación del sector energético”.
Recuerdan desde la oposición que cuando se inició la cuarentena y ante la inexistencia de un protocolo de funcionamiento virtual fue que los bloques políticos de la Cámara habilitaron con carácter excepcional y por única vez que la Presidencia formalizara por resolución las propuestas de autoridades que esos mismos bloques le acercaron para posibilitar el reinicio de la actividad parlamentaria.
Aclaran que “hoy la situación es distinta, las comisiones están conformadas y no hay obstáculos para la convocatoria, reunión y deliberación en forma virtual”.
Asimismo, en la resolución que se impugna se afirma que “los integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles procedieron a la elección de sus autoridades” lo cual es una falsedad.
Advierten desde JxC que este año la Comisión de Energía y Combustibles no se reunió en ninguna oportunidad, “haciendo caso omiso su entonces presidente, diputado Darío Martínez, a los múltiples pedidos efectuados para tratar los proyectos presentados y la convocatoria de las autoridades del sector energético. Con el agravante que se ha obstruido también la fiscalización parlamentaria del desempeño de dos entes de control que se encuentran intervenidos, ENARGAS y el ENRE”.
El comunicado de Juntos por el Cambio sostiene que “en uno de los peores años en materia energética, y a casi un año de haber asumido, el Gobierno aún no define el rumbo en esta materia y todos los indicadores principales se derrumban, proyectando una crisis estructural en todo el complejo energético nacional”.
Recuerdan además que el protocolo de funcionamiento virtual permite la convocatoria y deliberación de las comisiones por esa vía, con lo cual “debió haberse hecho lo propio, no sólo para elegir autoridades en forma regular y democrática, sino para trabajar en el desarrollo energético y en el control de su ejecución”.
Suscriben esta impugnación los diputados nacionales Omar de Marchi, Jimena Latorre, Álvaro González, David Schlereth, Osmar Monaldi, Roxana Reyes, Héctor Stefani , Gustavo Menna y Jorge Rizzotti.
Es una iniciativa del diputado oficialista Omar Félix, que propone incorporar una categoría especial
El diputado nacional del Frente de Todos Omar Félix desarrolló una propuesta para incorporar en el Programa de Precios Cuidados, una categoría que comprenda a los materiales básicos para la construcción, a los fines de establecer referencias de precios logrando un marco de transparencia y previsibilidad al momento de construir.
La iniciativa busca facultar a la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo a elaborar el listado de productos básicos para la construcción, que serán incorporados dentro del “Programa Precios Cuidados”.
Además habla de la creación de un acuerdo de precios entre el Estado Nacional con las empresas productoras de insumos para la construcción y comercializadores, en el que además de convenir precios, se garantice la provisión en tiempo y forma de los materiales para adecuarse dentro de lo previsto a la programación de las obras.
“El presente proyecto de ley, pretende ser un paliativo a una situación de emergencia social y económica que está atravesando la República Argentina, como consecuencia de la pandemia”, destacó Félix.
El diputado considera esencial, apoyar el área de la construcción, a través de la adopción de serie de medidas que posibiliten cumplir con el objetivo esencial: como son la generación de empleo genuino.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) prevé una serie de recomendaciones de política, entre las que se encuentran: incorporar una mayor variedad de productos y otorgar un fuerte impulso al esquema federal y de insumos intermedios; mencionando a la construcción. Teniendo en cuenta que la escalada de precios viene impactando en los materiales, siendo que la mayoría de los insumos son producidos en Argentina.
La iniciativa pretende incorporar en el Programa de Precios Cuidados, a los materiales básicos para la construcción, teniéndose presente en la inclusión de tales productos, cemento; hierro; perfil galvanizado (montante y soleras), hierro perfilado; placa de roca de yeso; chapa acanalada; claves de electricidad; caños PVC y cloaca; ladrillos; áridos, y todo otro material que se estime necesario a los fines de establecer referencias de precios logrando un marco de transparencia y previsibilidad al momento de construir.
“Sobran los indicadores que evidencian el impacto económico de la pandemia de forma transversal en los distintos sectores productivos y de servicios.- La cooperación por parte de todos los sectores se convierte en un rol esencial para lograr reconvertir este parate económico, en el que nos vemos inmerso debido a la pandemia”, finalizó.
