Luego de que el presidente dijera que hay legisladores que quieren que les paguen coimas para aprobar el mega DNU, desde todos los sectores salieron a pronunciarse.
Previsiblemente, los dichos del presidente de la Nación en La Nación+ generaron duros cuestionamientos en el Parlamento. Desde la Coalición Cívica, que nunca comulgó con el presidente Javier Milei, salieron a fustigar su denuncia de pedido de coimas. La diputada Paula Oliveto Lago advirtió que “el presidente no mandó ningún proyecto de ley. Pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo. Si no lo hace sería una bravuconada no digna de su investidura”.
Sobre el mismo tema, la ahora legisladora porteña Graciela Ocaña reclamó que el presidente Milei “debe denunciarlos inmediatamente con nombre y apellido. No volvamos a instituciones sospechadas. En Argentina tenemos varios antecedentes: desde el diputrucho en el intento de sancionar la ley de privatizaciones de Gas del Estado o la Ley Banelco de reforma laboral”, sentenció
Por su parte, el santafesino Gabriel Chumpitaz observó que “el presidente de la Nación y sus funcionarios deberían denunciar a los presuntos legisladores que buscan coimas, y aportar las pruebas. Además, no conoce los tiempos reglamentarios del Congreso Nacional”.
A su vez, Martín Tetaz reclamó que el presidente debe denunciar inmediatamente a los legisladores corruptos, con nombre y apellido. No hay fuero que valga para un delincuente”.
Muy enfático fue el jefe del bloque UP de la Cámara baja, Germán Martínez. Tuiteó: “MUY GRAVE. Milei fue diputado hasta hace pocos días.
Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones”, señaló, para sentenciar luego: “Si no, impulsaremos una denuncia. NO VALE TODO”.
“Nuestro bloque (UP) tiene una postura clara respecto al mega DNU, incluso antes de su publicación”, agregó el santafesino, para quien “ese mega DNU avasalla al Congreso. Y debe ser retirado. Si no lo hacen, trabajaremos para que sea rechazado. La Constitución y la división de poderes no se negocian”.
La senadora nacional Carolina Moisés le recomendó al presidente “más prudencia en sus comentarios, por varias razones que seguramente desconoce”, y enumeró: “1. Tiene responsabilidades públicas y por ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. 2. No puede amenazar, ni injuriar a l@s representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa. 3. Pretender ensuciar nuestra tarea como legislador@s para apretarnos es un acto de cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas”.
Por otra parte, la senadora jujeña le recomendó mandar inmediatamente el DNU para su tratamiento en el Congreso de la Nación. “No puede aducir demoras cuando el que a propósito frena su ingreso es usted porque aún no ha cumplimentado el mandato de envío que el Poder Ejecutivo a su cargo tiene como responsabilidad…”. Le recomendó además revisar su gabinete “porque en tiempo récord han destrozado todo el andamiaje jurídico de la Nación 🇦🇷 poniendo en vilo a toda la sociedad argentina y ahora pretende romper con su posición la división de poderes que es la naturaleza del sistema democrático”.
Y concluyó advirtiendo que “tendrá que rendir cuentas ya que con su DNU ha demostrado quienes son los dueños de SU voluntad: la casta económica más rancia de la Argentina”. Por último, dijo que harían la denuncia correspondiente.
Por su parte, otra diputada massista como Mónica Litza preguntó: “Presidente Milei, lo de coimas en el Congreso lo dice con conocimiento de causa?”. Le recordó que “antes de ser presidente usted fue legislador. Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima? Lo invito a que vaya ante el juez federal en turno y haga las denuncias correspondientes. Mientras tanto, cumpla con la Constitución, trabaje de presidente y deje al congreso legislar”.
“Nosotros, bloque @diputados_todos no estamos negociando nada. Queremos que retire el DNU, en la Argentina”, cerró.
Luego el senador nacional de UP Carlos Linares planteó: “Resulta irresponsable y temerario que un presidente pretenda instalar la gravedad de un hecho institucional de las características que manifiesta sin la más mínima rigurosidad que se exige, y pretenda así afectar el buen nombre de todos. @JMilei denuncie ya! Es su deber”.
A su vez, el senador pampeano Daniel Pablo Bensusán expresó: “Milei debe entender que ya no es candidato ni columnista de programas, donde las frases rimbombantes no tenían ninguna importancia”. Para el legislador de UP, el presidente “tiene la obligación de denunciar cualquier delito del que tenga conocimiento”.
“Estos son los momentos en que se debe reforzar el camino del diálogo. El presidente debe pensar y trabajar por el interés de los millones de argentinos y no por el interés de grupos empresarios -agregó-.
Puede seguir insultando, pero siempre voy a estar del lado de los trabajadores, de las pymes, del sector productivo en general, de los derechos de la gente, y por sobre todo, defendiendo a los pampeanos”.
A Través de un proyecto encabezado por la diputada Latorre, los legisladores de la oposición sostuvieron que “quedó en evidencia la falta de relevamiento”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) presentó un proyecto de ley para identificar infraestructuras críticas de la energía e incluirlas en un plan nacional con el objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.
Además, Latorre expresó: “Presento nuevamente este proyecto, que busca identificar las infraestructuras críticas del sistema energético, ya que, desde su presentación en 2021, el oficialismo ha trabado su tratamiento porque tuvo paralizada a la Comisión de energía durante los últimos tres años”.
Las infraestructuras críticas son aquellos elementos que resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la integridad física, la seguridad, la defensa, el bienestar social, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o perturbación, total o parcial, afectaría significativamente al Estado y su población.
“Con el corte masivo de electricidad (del miércoles primero de marzo) quedó en evidencia la necesidad de contar con este relevamiento y con una planificación que permita identificar y recuperar la desinversión en infraestructura, que es fruto de años de populismo energético”, advirtió la legisladora mendocina.
Del mismo modo, explicó: “Los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar pueden mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia”.
Así también, enfatizó: “Deben protegerse para evitar perjuicios que no sólo pueden resultar en pérdidas multimillonarias y daños colectivos sino también en daños que afecten a las personas de manera individual”. “No obstante, como paso necesario simultáneo al objetivo de lograr un avance normativo a nivel nacional, es necesario avanzar en una mayor difusión de tema en todos los sectores del país”, señaló.
De todos modos, advirtió: “Debe destacarse la función del Estado como organismo fundamental necesario para definir la dirección de las políticas públicas necesarias para proteger las Infraestructuras de Información Críticas (I2C). Si bien los organismos privados tienen el mayor interés en el desarrollo de estos temas, los esfuerzos comunes no podrían lograr el efecto cascada necesario hacia todos los sectores sino a través del Estado”.
“El black out que sufrieron miles de argentinos desde la tarde de este miércoles, que deberá investigarse, era evitable con labores de mantenimiento en las maniobras de desenganche y con una infraestructura tecnologizada que lo permita”, señaló Latorre y ejemplificó: “En la provincia de Mendoza eso fue posible y, al igual que en 2017, la provincia pudo funcionar en isla y recuperar el servicio mucho antes que otros lugares del país”.
La iniciativa de Latorre tiene como coautores a los diputados: Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Margarita Stolbizer, Maximiliano Ferraro, Ximena García, Julio Cobos, Gustavo Bohuid, Paula Oliveto Lago, Laura Rodríguez Machado, Soledad Carrizo, Ana Clara Romero, Karina Banfi, Gabriela Brower de Koning y Gabriela Lena.
Los legisladores del FIT presentaron un proyecto para crear un comité que defienda a los vecinos afectados por los cortes y pidieron que se creen cuadrillas para atender la situación.
A raíz de los cortes de luz que azotaron a la Ciudad en los últimos días, los diputados del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y Amanda Martín presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca dar una respuesta inmediata a esa situación y para crear un “Comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética”.
Dicho Comité estaría integrado por un representante de cada bloque de la Legislatura, dos representantes de los Consejos Consultivos de las Comunas y de los barrios afectados, representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía y académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
De acuerdo al texto recientemente presentado, el Comité deberá realizar “un mapa de las zonas de la Ciudad afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados”, “disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia”, “organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto”, entre otras cuestiones.
Al respecto de la iniciativa, Solano indicó que es un proyecto que busca “atender a los damnificados por los cortes de luz: generación de cuadrillas para atender las emergencias, generadores eléctricos en donde se necesiten, resarcimiento por las pérdidas materiales. Rechazamos cualquier tarifazo y reclamamos la apertura de los libros de las privatizadas y la nacionalización del servicio eléctrico”.
Asimismo precisó que “los cortes de luz que estamos padeciendo en decenas de barrios de Capital y Gran Buenos Aires son responsabilidad de los que nos ha gobernado en las últimas décadas. Ellos montaron un régimen de privilegio para las empresas energéticas privatizadas, que consiste en otorgarle subsidios millonarios con tarifazos recurrentes para mantener dolarizada la tarifa. Sin embargo, no hay contraprestación: las inversiones para mejorar el sistema de distribución de energía no existen”.
“El tarifazo anunciado para este año es un premio a la extorsión de las empresas el Gobierno. Edenor y Edesur se valen además de una fuerte precarización de sus trabajadores para engrosar sus ganancias. Este hecho quedó crudamente graficado el año pasado, cuando decenas de trabajadores de Edesur, bajo la empresa EMA, fueron despedidos en medio de la pandemia solamente por reclamar condiciones básicas de trabajo”, completó.
En tanto Amanda Martín concluyó expresando su apoyo “a la población que realiza cacerolazos y movilizaciones para reclamar contra los cortes de luz. Rechazamos las intimidaciones que el gobierno de Larreta realiza montando grandes despliegues policiales. Al tarifazo y las privatizadas los derrotamos con la movilización y organización de los vecinos”.
