La vicejefa del bloque de la UCR ya había hecho un pedido de acceso a la información pública por este tema. También señaló que “las nuevas autoridades piden desestimar mi reclamo porque no encuentran la información”.
La vicepresidenta del bloque radical en la Cámara de Diputados, Karina Banfi, anunció este miércoles que irá a la Justicia a “exigir que me respondan la información sobre las irregularidades de la gestión (Sergio) Massa y (Matías) Tombolini por el SIRA (importaciones)”.
Del mismo modo, deslindó una crítica contra la actual gestión del Gobierno Nacional: “El exministro de Economía se fue sin responder y la actual administración quiere archivar mi pedido”.
A través de un hilo de X, Banfi recordó que “en octubre hice un pedido de acceso a la información pública sobre el funcionamiento del sistema de importaciones y el festival de coimas que denunciaba la prensa”. “Hoy las nuevas autoridades piden desestimar mi reclamo porque no encuentran la información”, remarcó.
En tal sentido, agregó: “Raro que la nueva gestión diga que no tiene la información de un tema tan popular. Al menos debería reprocharle a Massa no haber dejado los ‘papeles ordenados’”. Y amplió: “Sobran antecedentes en la Justicia que nos dará la razón. Los argentinos tenemos derecho a saber cuánta plata manejó Tombolini para Massa proveniente de los impuestos nuestros”.
Voy a ir a la Justicia a exigir que me respondan la información sobre las irregularidades de la gestión Massa y Tombolini por el SIRA (importaciones). El ex ministro se fue sin responder y la actual administración quiere archivar mi pedido. Abro hilo 🧵
— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) February 28, 2024
El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue un procedimiento electrónico que se utilizó para la gestión de las importaciones. En el mismo intervinieron la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Comercio, a cargo de Tombolini, y el Banco Central de la República Argentina.
Por tratarse de un insumo clave, el tema impacta en la industria chocolatera, ante lo cual la rionegrina Silvina García Larraburu hizo una presentación ante Matías Tombolini.
La senadora Silvina García Larraburu gestionó ante la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, la apertura de importaciones del cacao y sus derivados, insumos claves de la industria chocolatera.
Indicó la senadora que “actualmente hay demoras en la producción y dificultades en la cadena de comercialización, como consecuencia de los faltantes. Estamos hablando de una actividad que en Bariloche genera más de 5000 puestos directos de trabajo, y otros miles indirectos. Por eso es fundamental que garanticemos su continuidad”.
“El chocolate artesanal es un producto insignia de nuestra economía regional. Debemos procurar el funcionamiento de toda la cadena productiva y asegurar la permanencia de los puestos de trabajo”, concluyó.
La iniciativa pide que el secretario de Comercio informe sobre mora en la aprobación de Certificados del Sistema de Importación de la República Argentina y esclarezca la situación de desabastecimiento que afecta al sistema sanitario.
La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) presentó un proyecto de resolución citando con “urgencia” al Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, para que se presente ante la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y explique los motivos en las demoras en la aprobación de Certificados SIRA (Sistema de Importación de la República Argentina) para el ingreso al país de productos, repuestos y materias primas importadas para proveer al sistema de salud.
Según fundamentó Ocaña, dicha situación “ha sido denunciada recientemente por las Cámaras que agrupan a empresas del Sector de Productos Médicos”, y es por eso que pide que el funcionario “esclarezca la preocupante situación de desabastecimiento que está sufriendo el Sistema Sanitario y que pone en riesgo la salud de los argentinos al suspenderse tratamientos esenciales”.
El proyecto es acompañado por los diputados Antola, Marcela; Ascarate, Lidia Inés; Banfi, Karina; Carrizo, Ana Carla; Carrizo, Soledad; Figueroa Casas, Germana; Lena, Gabriela; Lospennato, Silvia Gabriela; Martínez, Dolores; Musacchio, Juan Martín; Poggi, Claudio Javier; Rezinovsky, Dina; Tortoriello, Aníbal.
“A raíz de una comunicación emitida por el Banco Central de la República Argentina en el mes de mayo, junto a la implementación técnica de los plazos de acceso al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), establecidos por la Secretaria de Comercio, los nuevos plazos impuestos en muchos casos difieren de la fecha de giro acordada con los proveedores del exterior, los cuales van desde los 180 a 365 días, impidiendo el normal abastecimiento del Sistema Sanitario”, argumentó Ocaña.
En ese sentido, alertó que “la situación de desabastecimiento afecta la realización de análisis clínicos y hasta puede llegar a obligar a suspender trasplantes y cirugías, lo cual pone en riesgo la salud de miles de argentinas y argentinos”.
“Sin contar con los insumos adecuados, no es posible un tratamiento eficaz. Si continúan las demoras en las importaciones de los insumos antes mencionados, la salud pública profundizará la crisis que ya viene sufriendo producto de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Alberto Fernández”, apuntó.
En esa línea, detalló que “el 70 % de las decisiones médicas se toman a partir de diagnósticos, pruebas y testeos de diferente índole”.
3025-D-2023El proyecto fue presentado por la diputada Jimena Latorre, quien advirtió por las consecuencias ante la falta de productos e insumos importados.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR), acompañada por su par Gabriela Lena (UCR), quien preside la Comisión de Comercio de la Cámara baja, presentó este jueves un proyecto de resolución donde solicita que la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, le informe sobre la utilización y aplicación de las Licencias No Automáticas (LNA).
En este sentido, la mendocina requirió que dicha repartición, a cargo de Matías Tombolini, explique y presente estudios, investigaciones o estadísticas que determinen el impacto negativo del ingreso por medio de licencias automáticas de productos dentro del listado de Licencias No Automáticas.
En la fundamentación de la iniciativa, la radical explicó que “si bien la Organización Mundial del Comercio reconoce el uso de estas políticas comerciales, lo hace para casos excepcionales”. “Nuestro país no respeta los principios fundamentales de dicha organización y su acuerdo, en cuanto a su uso limitado en el tiempo aumentando la cantidad de productos importados que requieren una licencia, que alcanzan hoy el 41 por ciento de las posiciones arancelarias de acuerdo a lo resuelto por el Ministerio de Economía de la Nación”, advirtió.
La legisladora de Juntos por el Cambio señaló que “el argumento para la profundización en la utilización de las LNA es la protección de la industria nacional y la evasión del dumping de productos extranjeros, pero resulta insuficiente y carece de credibilidad debido a que existen otras herramientas de política comercial, menos invasivas y restrictivas, como así también existen organismos estatales encargados de velar por la correcta introducción de mercaderías internacionales y la detección de competencia desleal de las mismas”.
Latorre cuestionó los productos contemplados dentro de las LNA, que en su mayoría son productos textiles, incluyendo prendas de vestir, telas y tapicería; productos electrónicos, como televisores, smartphones y computadoras; juguetes, tanto para niños como para adultos; neumáticos, para vehículos y maquinarias industriales; calzados, zapatillas y zapatos.
Sobre ello, argumentó que “al dificultar el ingreso de estos productos se generó un aumento en los precios, como sucedió con la industria del calzado y textil que, según el INDEC, alcanzó el 3,6% en los primeros tres meses del presente año. Idéntica situación atravesaron los productos electrónicos, juguetes y neumáticos”.
“Distintos sectores productivos se han manifestado y criticado la medida de las LNA, ya que no sólo son los productos terminados los que ingresan en esta medida, sino también los productos intermedios e insumos, como componentes, maquinarias, herramientas y tecnologías especializadas que no se encuentran disponibles o son limitadas en el mercado nacional”, apuntó.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se pronunció en contra de la falta de acceso a insumos importados, ya que limita la capacidad de las PyMEs para competir con empresas más grandes y sofisticadas, por lo que indirectamente se restringe su crecimiento y su capacidad para crear empleo. “Esto va a contramano del relato populista oficialista donde dice acompañar a las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad las asfixia con resoluciones como ésta”, denunció Latorre.
Según la Organización Mundial del Comercio, el uso indiscriminado de Licencias No Automáticas de importación es perjudicial para un país ya que genera incertidumbre en los mercados, ya que las empresas no están seguras de qué productos tendrán que importar con licencia y cuáles no. Sobre las consecuencias, la diputada advirtió que “esto puede derivar en el mediano plazo en una disminución de la inversión y una reducción en el comercio; aumenta los costos de producción. La demora en los plazos de aprobación de las LNA y la constante variación de los tipos de cambio, aumenta el precio final del producto para el consumidor; provoca represalias comerciales por parte de otros países, como la imposición de mayores aranceles o cuotas a los productos provenientes de países con LNA; y reduce la competencia en el mercado, generando una disminución en la calidad de los productos y un aumento de los precios”.
“Por todo esto nos encontramos obligados a preguntar y requerir respuestas de Tombolini”, subrayó la radical y añadió: “Tendrá que fundamentar con claridad sobre la ampliación de las LNA alcanzando un 41% del nomenclador, teniendo antecedentes negativos sobre la utilización de este tipo de instrumentos de política comercial por parte de la OMC”.
También, estuvieron en la reunión el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; y la Subsecretaria de Industria, Priscila Makari.
El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió a las autoridades de la empresa Ford Argentina, quienes le anunciaron una nueva inversión de 80 millones de dólares destinada a la producción de motores de alta tecnología para sus vehículos de la línea pick-up Ranger. Con este anuncio, el total de inversiones para la producción de este modelo de camioneta en el país alcanza un total de 660 millones de dólares.
“Esto nos permite a nosotros aumentar la integración nacional en los vehículos que se fabrican en Argentina. Eso significa agregar trabajo, dejar de importar productos, pero, sobre todas las cosas, generar mano de obra que se vende a otros países y que nos agrega o nos aumenta el volumen de reservas, tan importantes para fortalecer nuestra moneda”, aseguró Massa.
En la misma línea el ministro agregó: “Creo que es clave que, en la mesa, el Estado, los trabajadores y las empresas sigamos adelante trabajando juntos. Y creo que, en este momento de la Argentina, anuncios de inversión de este tamaño, del impacto en términos de generación de empleo para Tigre, pero para la Argentina, y sobre todas las cosas para el sector automotriz y autopartista, son muy importantes y me parece que hay que ponerlas en valor y seguir avanzando en el proceso de industrialización de la Argentina”.
“La decisión de continuar invirtiendo en Argentina es muy importante para Ford, y está alineada con nuestro objetivo de ofrecer lo último en tecnología global a los consumidores de Sudamérica”, sostuvo el presidente y CEO de Ford Sudamérica, Daniel Justo, y resaltó: “La mejora continua de nuestros productos y la competitividad, son clave para la sostenibilidad del negocio de Ford en la región. Esta nueva inversión demuestra el compromiso de Ford con el país”.
“Uno de nuestros objetivos es lograr la más amplia integración de autopartes local y regional posible de forma competitiva y eficiente”, destacó el presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, y puntualizó que “esta nueva inversión también fue posible gracias al profesionalismo y compromiso de cada uno de los trabajadores de Ford. Ellos están llevando adelante el proceso de transformación más grande en la historia de Planta Pacheco”.
Acompañaron a Massa el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; y la Subsecretaria de Industria, Priscila Makari.
También estuvieron presentes el director de Asuntos Gubernamentales y Comunicaciones en Ford Argentina, Carlos Galmarini; y por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) el secretario general, Ricardo Pignanelli; el subsecretario Gremial de Convenios y Leyes Laborales, Pablo Pagez; Julián Domínguez; y el delegado general de la Delegación Escobar, Mario Valor.
“Esta inversión habla de largo plazo y esa confianza concreta en el país nos ayuda al desarrollo nacional”, afirmó Mendiguren y agregó que el sector automotriz “demuestra con su realidad el potencial de la inserción industrial argentina en este mundo ultra-tecnológico y competitivo”.
En ese sentido, el secretario sumó que “en el primer bimestre del año la producción automotriz creció 30% y se siguen sucediendo inversiones estratégicas para hacer ese crecimiento más robusto durante el año”.
Durante el encuentro, las autoridades explicaron que la inversión contempla la transformación de la planta de motores de Pacheco con la incorporación de las últimas tecnologías y procesos productivos de la empresa Ford a nivel global, así como conceptos de manufactura 4.0. Y que con un 70% de la producción exportada desde Planta Pacheco hacia otros mercados de América Latina, Ford Ranger es un referente del segmento de pick-ups medianas en la región.
El inicio de producción de los nuevos motores en Planta Pacheco tendrá lugar durante el año 2024. Esta decisión es una demostración de la importancia de la operación de Ford Argentina y el compromiso de Ford con el país.
De acuerdo a datos de ADEFA, en febrero la producción en la industria automotriz creció un 22,9% interanual, las exportaciones subieron 19,7% y las ventas al mercado interno un 18,5%. En tanto, en el primer bimestre la suba en la producción fue del 30,5% contra el mismo periodo de 2022.
Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que dio detalles este jueves en una reunión realizada en el Senado.
Se presentó este jueves el proyecto para crear el Código de Protección de los Consumidores y Usuarios de la Nación, que establece nuevos sistemas para ayudar jurídicamente a consumidores perjudicados.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación General del Senado para su tratamiento, y de la presentación participó el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini.
La iniciativa, presentada en el Salón Azul de la Cámara alta, pertenece a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) y al diputado provincial José Luis Ramón (Protectora-FdT), ambos de la provincia de Mendoza.
El texto, ya presentado en Diputados durante el año 2021, busca establecer una representación y un cuerpo normativo que ampare a los consumidores y consumidoras en los ámbitos público y privado.
“La mayoría de las veces, nuestra relación con el consumo tiene que ver con la dignidad de la persona, pensemos en los servicios públicos, en los medicamentos, en los alimentos, en nuestra vestimenta, por ejemplo. Esta iniciativa constituye un cambio de paradigma con una visión humana, transversal y profundamente federal”, expresó Sagasti.
Al referirse a los temas de endeudamiento familiar y de las mujeres y la manipulación de la publicidad, Sagasti concluyó que ” la medida es una gran herramienta para estos problemas reales”.
Por su parte, Ramón destacó que ” los consumidores no podemos estar sometidos a las reglas del mercado que nos conducen a las desigualdades que ya tenemos”, y agregó que la medida busca obtener “un derecho autónomo y fuerte que nos proteja a todas y a todos”.
Los puntos principales del proyecto se refieren al patrocinio de los consumidores, a los servicios públicos, el etiquetado de los alimentos y a la participación del Estado en la asistencia a los consumidores perjudicados, entre otros.
El diputado radical cuestionó al Gobierno por la situación productiva del país. Además, percibió que las preocupaciones son, tanto desde la oposición, como del oficialismo.
El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) habló sobre la situación productiva de la economía nacional y disparó contra el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa (Economía): “Hay una economía que funciona con parches”.
En tal sentido, el diputado santafesino sostuvo que “no hay dólares para la producción, pero hay millones de dólares para comprar una deuda”, en relación a la medida del Gobierno a principios de año.
Entrevistado en Continental, Martín afirmó:“Lo que estamos viviendo en materia de producción es la crónica de un final anunciado”, y agregó: “Los sectores productivos nos dicen que el problema está en la importación”.
“Hay una falta de elementos esenciales como agua oxigenada y la mayoría de los empresarios tienen miedo a represalias de aparecer en listas negras (sobre
no tener aprobado en el sistema el permiso a importar)”, señaló el radical que expresó: “Hay rubros totalmente paralizados”.
Del mismo modo, añadió: “En materia económica cuando paralizas las importaciones estancas al sistema productivo”. “En Santa Fe han adelantado licencias para evitar perder puestos de trabajo”, relató el diputado.
En el final se refirió a la visita del secretario de Comercio, Matías Tombolini, a la reunión de Comisión homónima y explicó que “la preocupación es materia de consulta, tanto de la oposición como del oficialismo”.
El secretario de Comercio se presentó en la comisión homónima de la Cámara baja, donde respondió preguntas por alrededor de dos horas. Habló de un “récord de exportaciones el año pasado”. Final abrupto con reclamos de la oposición.
Una visita largamente esperada y reclamada por la oposición era la del secretario de Comercio a la comisión homónima de la Cámara de Diputados, que está comandada por Juntos por el Cambio. Y precisamente eso ocurrió este martes, con la presencia de Matías Tombolini, quien defendió el programa de “Precios Justos”, habló de un año (2022) “récord” en exportaciones y afirmó que “la importación no está prohibida en Argentina”.
El funcionario dio una breve exposición inicial y luego comenzaron las preguntas de los legisladores, las cuales atendió, pero cerca de las 14, cuando todavía no llevaba dos horas el encuentro -pues comenzó retrasado-, se retiró porque tenía una reunión con la UIA.
Su partida despertó los reclamos de diputadas de Juntos por el Cambio, entre las que se escuchó a Dolores Martínez, Marcela Campagnoli y Roxana Reyes, que se quedaron con varias consultas atragantadas. Según dijo la presidenta de la comisión, Gabriela Lena (UCR), faltaban 18 oradores por hablar.
El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, recordó que se había avisado que el secretario podía asistir hasta ese horario, pero que se prefirió dar celeridad al pedido, antes de que pasara otra semana sin su visita.
Finalmente, Tombolini se retiró de la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, y fue la vicepresidenta de la comisión, Silvana Ginocchio (FdT), quien entre murmullos aseguró que se pactaría una nueva reunión con Tombolini. Pero la nueva fecha no se fijó.
“No es y no podría ser la solución a la inflación”, aclaró Tombolini sobre “Precios Justos”
En el arranque de su exposición, el secretario de Comercio subrayó que desde que asumió se han desplegado “los programas que tienen que ver con las distintas herramientas que el ministro (Sergio) Massa planteó al asumir”. Tras explicar la reorganización que tuvo la Secretaría a partir de los cambios en Economía, detalló: “Comenzamos por el mes de agosto con un relevamiento del estado de cada una de las áreas y, por supuesto, trabajando en la integración de articular la administración del comercio interior con el comercio exterior”.
Sobre el lanzamiento del “conocido programa como Precios Justos”, lo calificó como “una herramienta de política pública que nosotros entendemos importante pero que no podría funcionar en el vacío”, es decir que no podría haber “un acuerdo voluntario de precios si antes no hay un orden fiscal y acumulamiento de reservas”. Así, explicó que si funcionara como algo “aislado” terminaría en “incumplimiento”.
El economista precisó que el programa “hoy aborda 600 empresas, 17 sectores” con un “alcance que supera los 50 mil productos” y “tiene un eje central que orbita sobre la pauta de precios de 3,2% desde febrero hasta el 30 junio”.
Tombolini reconoció que Precios Justos “no es y no podría ser la solución a la inflación, pues la solución es de orden macroeconómico”, sino “una herramienta dentro de un conjunto de herramientas que tienen como objetivo tratar de atender al problema más importante que tiene la Argentina , que es la inflación”.
Una vez que concluyó su breve introducción, el funcionario comenzó a contestar preguntas y ahondó en el tema. Sobre la consulta del diputado Fabio Quetglas (UCR) sobre si no consideraba mejor el libre mercado que los acuerdos de precios, el secretario insistió: “No es un programa que opere en el vacío, sino en una economía que tiene un conjunto de restricciones”.
“Son acordados de manera voluntaria y libre por parte de las empresas”, reiteró y defendió que “desde el Gobierno creemos que el Estado, en situaciones como la actual, tiene cosas para decir, por eso entendemos que es una herramienta que permite trabajar sobre las expectativas de inflación, buscando orden en los precios, previsibilidad y evitando abusos”.
Respecto de los controles sobre el cumplimiento en los precios y las sanciones, algo que consultó la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT), apuntó que “la Secretaría ha realizado 8.319 inspecciones en el período agosto-diciembre y 1.630 en el período enero y los días que van del mes de febrero”, además de fiscalizaciones web que se realizaron más de 15 mil en 2022 y más del 10 mil en lo que va del año.
El titular de la Secretaría de Comercio añadió que en 2022 hubo “31.982 multas y se han realizado 5.754 actas in situ” y un total de 492 millones de pesos en multas, encabezadas por supermercados, prepagas, bancos, telefonía, delivery y energía.
“Récord” de exportaciones en 2022
Avanzada la reunión, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical-JxC) lanzó: “Me preocupa que no vean que hay un sesgo antiexportador en ustedes”. El porteño también chicaneó sobre “Precios Justos” al preguntar si “es una promoción, es parte de un programa antiinflacionario, o es un ventilador”. Pero el funcionario le contestó sobre las exportaciones.
“En el último trimestre de 2022, 16.029 empresas lograron concretar importaciones por un monto de 16.332 millones de dólares, 19% de estas empresas generaron exportaciones entre octubre y diciembre de 2022 por un valor de 17.937 millones de dólares”, puntualizó Tombolini.
Y destacó que las exportaciones “fueron récord en Argentina en el año 2022”, pero “la priorización está en aquellos sectores que están atados a la promoción o generación de valor exportable”.
Restricciones a las importaciones
En su intervención, el diputado Ricardo López Murphy (RU-JxC) hizo hincapié en “el fenomenal atraso cambiario en el tipo de cambio controlado que se acumuló sobre todo en el año 2021 y hasta agosto (del año pasado), en la gestión previa” lo que ocasiona la “incapacidad de generar un superávit comercial suficiente, no solo para afrontar los déficit sino también los pagos de intereses”.
Pero hay además “una restricción al acceso de insumos que mes a mes se vuelve más dramática”, advirtió el liberal, y consultó entonces a Tombolini: “¿Qué tienen pensado para superar esa restricción? Sobre todo porque yo veo que se agudiza mes a mes”.
“En particular veo una brutal distorsión en la administración del comercio exterior”, apuntó el legislador y reclamó conocer “qué criterios se utilizan para darle un permiso a algunos y a otros no” en cuanto a las importaciones.
Al responder, el secretario de Comercio admitió que “los tipos de cambio múltiple son un problema para la Argentina”. “La unificación cambiaria como un punto de llegada es un objetivo compartido por todos”, agregó.
“Cuando hablamos de importaciones tenemos que decir todo, porque Argentina en el año 2022 importó 81.500 millones de dólares, 29% más que el año anterior. Por supuesto, tenemos el efecto de la importación de energía”, informó.
También señaló que “en el trimestre octubre-enero la variación solicitada en importaciones de dólares por parte del sector privado se incrementó un 49%, el Estado autorizó 7% más y continúa en estudio el restante”. “No está prohibida la importación en Argentina”, afirmó.
Luego aportó que “hay 21.463 empresas que solicitaron SIRA, de las cuales 97% de ellas fueron PyMEs y se aprobaron el 82% de las solicitudes hasta enero. En febrero el ratio creció más”.
“Sin duda la brecha genera tensiones en la demanda de importaciones”, expresó, pero ratificó la postura de la Secretaría en cuanto a que “los dólares que se usan para las importaciones no vayan a máquinas tragamonedas, a pelotitas de golf o a patines sobre hielo si son escasos”. “Entendemos que es más importante trabajar sobre insumos para la producción y sobre aquello que no se produce en Argentina”, remarcó.
Por su parte, el diputado Juan Martín (UCR-JxC) alertó que al recorrer las empresas de los parques industriales de su provincia, Santa Fe, observó que “muchos tienen problemas por falta de insumos para poder continuar con sus procesos productivos. Y fuera de los sectores que usted traía a colación, como pelotitas de golf o tragamonedas, se trata, por ejemplo, de cloruro de sodio para la industria láctica, de agua oxigenada para la frigorífica, muchas que impactan en la mesa de los argentinos”.
El radical subrayó que esto produce “impactos recesivos” que hacen que los empresarios estén “produciendo menos o pensando en cerrar sus fábricas”. Por eso, pidió un “un compromiso concreto para que estas empresas” puedan tener “la tranquilidad de que este año lo van a poder atravesar”.
Posteriormente, el funcionario le respondió a Martín que “lo mejor que se puede hacer en este sentido” es “solicitarle a la presidencia que esos reclamos nos los hagan llegar”. “Eso nos va a permitir atender esa situación”, cerró.
La Comisión de Comercio recibió al secretario del área, Matías Tombolini, invitado para exponer en torno al incremento de los precios.
El oficialismo atendió rápido el reclamo de la presidenta de la Comisión de Comercio, la radical Gabriela Lena. El funcionario asistirá este martes a las 12.
En el mismo día que está previsto que el INDEC dé a conocer el índice de inflación de enero, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se presentará por primera vez en una comisión de Diputados.
La presencia del funcionario viene siendo requerida por la oposición hace ya un tiempo largo, más precisamente en la voz de la presidenta de la Comisión de Comercio, la radical Gabriela Lena.
Ese reclamo volvió a replicarse en la última reunión que mantuvo la comisión la semana pasada, cuando Lena hizo público el pedido al jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien dijo que tomaba la solicitud.
La confirmación de la asistencia del secretario, quien llegó a ese cargo a mediados del año pasado con el desembarco de Sergio Massa en Economía, se confirmó rápidamente, y la reunión se realizará este martes a las 12 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
Hizo “ruido” todo el fin de semana la decisión oficial de autorizar a piqueteros oficialistas y camioneros a auditar supermercados, y ahora desde la oposición los califican de “grupos parapoliciales”.
Sin medias tintas, Elisa Carrió la emprendió este lunes contra el ministro de Economía, el secretario de Comercio Interior y el presidente de la Nación -en ese orden-, por autorizar el control de precios de parte de piqueteros oficialistas y camioneros. Al punto tal que presentó una denuncia penal.
La líder de la Coalición Cívica lo anunció a través de su cuenta de Twitter, donde este lunes tuiteó: “Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal”.
La acusación es por “los delitos de Incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos -artículos 209, 211, 213 bis, 246 y 248 del CP) contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra su ministro de Economía, Sergio Massa, y contra el secretario de Comercio, Matías Tombolini”.
Además, remarcaron que La Ley de Abastecimiento “en su artículo 12 prevé la firma de convenio marco para todas estas resoluciones de control de precios, stock, etc, destacando aquellos mecanismos aptos para el control de cumplimiento de la ley, sin aludir a organismos no gubernamentales”.
“La Resolución N’823/2022 del Ministerio de Economía, en la creación del programa ‘Precios Justos’, en su artículo 14 prevé la posibilidad de que particulares controlen y denuncien el incumplimiento de dicho programa, pero a través de un mecanismo específico que es el de uso de una aplicación móvil, con tarea de control de dichas denuncias, en manos de los inspectores del Ministerio, sin ninguna otra alusión”, plantearon en la denuncia.
En ese sentido, consideraron que “las autoridades denunciadas, se han colocado fuera de estas y de toda norma, arrasando los límites de sus competencias funcionales y avanzando sobre un ‘acuerdo’ cuyo objetivo no es otro que la sustitución de esos mecanismos legales, por vías de hecho. Dejan en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial”.
A su vez, remarcaron que dicho “acuerdo mafioso comporta la estructuración de un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque” cuyo objetivo “persigue amedrentar y disciplinar a super
mercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley y obviando toda la burocracia estatal”.
En el mismo sentido se expresaron desde la Fundación Apolo, cercana a Republicanos Unidos. Por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, se presentó una denuncia penal contra el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, por incumplir los deberes de funcionario público; y contra el líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y demás integrantes del gremio, al entender que estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de las fiscalizaciones de precios por el programa “Precios Justos”.
Los empresarios ya habían salido este fin de semana a cuestionar en particular las inspecciones del gremio Camioneros en supermercados, cosa que fue avalada por el ministro de Economía, que en una entrevista publicada en Infobae este domingo señaló que “los camioneros lo que hacen es abastecer en el proceso de información, no controlan. Todos, Gobierno, oposición, empresarios y trabajadores, tienen que participar en un objetivo patriótico, que es construir una economía sin inflación”.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió por su parte: “Todo dentro del Estado de Derecho. Nada fuera de este. Massa y Tombolini empoderaron a grupos de antecedentes violentos, en un peligroso camino que desde la CC no avalaremos. Mañana será tarde”, y concluyó: “La Justicia tendrá que hacerse cargo de impedirlo, en eso trabajamos”.
A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, diputado Maximiliano Ferraro, habló de “un país al margen de la ley”, y advirtió: “Como no tienen un plan consistente, ahora arman grupos de choque paraestatales para el control de precios. Desde la CCARI nos presentaremos a la justicia para que se impidan estos aprietes”.
El ministro Sergio Massa rubricó un convenio por 120 días para disponer una rebaja de hasta un 20% de los precios vigentes al mes de diciembre en las marcas y modelos de zapatillas de mayor rotación en el mercado.
El ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, acordó hoy con las principales fabricantes de zapatillas una rebaja de hasta un 20% de los precios vigentes al mes de diciembre en las marcas y modelos de zapatillas de mayor rotación en el mercado. Además, el acuerdo prevé un sendero de precios de hasta el 3% para los meses de enero, febrero, marzo y abril.
En ese sentido, el ministro Massa agradeció a los empresarios por participar en la iniciativa y remarcó que uno de los objetivos del acuerdo es el de aumentar la producción de calzado deportivo en el país en 2023.
“Pasar a un volumen de producción de 40 millones de pares es importante en términos de empleo y de inversión. Tenemos el desafío de cuidar los dólares, promover empleo y la inversión, y bajar la inflación; el hecho de acordar una rebaja promedio del 15% en calzado deportivo es importante porque vienen las Fiestas y el calzado deportivo es uno de los regalos más habituales. Además, por tratarse de trabajo argentino es más importante aún”, destacó el ministro.
Y agregó: “Necesitamos hacer un esfuerzo entre todos. Nosotros hacemos el esfuerzo para que los dólares vayan a la producción, por lo que quiero pedirles que tengamos la capacidad de cumplir cada una de las cosas en las que nos pusimos de acuerdo”.
Por su parte, Tombolini ponderó que el acuerdo “forma parte de la hoja de ruta propuesta a la Argentina por el ministro” y señaló que “es un puntapié para recomponer fuentes de trabajo en todo el país”.
“Creemos que es muy importante y esperamos que pueda estar en vidriera cuanto antes porque es muy importante ahora que vienen las Fiestas. Aspiramos a que en la vuelta al colegio los precios de venta al público sean inferiores a los de noviembre de este año”, aseguró.
Participan de este acuerdo las marcas Nike, Puma, Adidas, Topper, Fila, Umbro, Asics, Kappa, Crocs, Reebok, Vans, Hush Pupies, Rip Curl, Lotto, New Balance, All Star, Converse, Le Coq Sportif, Jaguar, DC, Kioshi, Decker, Addnice, Head, CooperShoes, Kalwer, Joma, Pony, Bicontinentar y Ferli
De esta manera, el Ministerio de Economía continúa impulsando medidas con el objetivo de llevar estabilidad a los precios de los principales productos de consumo masivo y así darles previsibilidad y alivio a los argentinos, además de recuperar el poder de compra de los salarios.
Estuvieron presentes en el encuentro en el Ministerio de Economía, por la Secretaría de Comercio, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich.
En tanto por las empresas estuvieron presentes, entre otros, Federico Tortora y José Papo (Nike), Gustavo Marques (Puma), Santiago Moreno Hueyo (Adidas), Diego Mohadeb (Topper), Brian Handley y Daniela Prado (Grupo Dass), Juan Pablo López (Distrinando), Hernán Grimoldi y Alberto Grimoldi (Grimoldi), Rodolfo Sotura y Fernando de la Sota (World Sport), Emmanuel Fernández y Juan Manuel Moreno (Grupo Pampeana), Jorge Roca (Cristobal Colón), Agustín Ramallo (Mariana SA), Jorge Coral (New Balance), Diego Vizcay y Claudio Cerruti (Addnice-Head), Markus Stefan Heydn (Coopershoes), Fernando De Vito (Ferli), Cecilia Marelli (ID Argentina), Elizabeth Guarino (Jaguar), Javier Khachadourian (Kalwe) y Juan Recce (Bicontinentar).
El objetivo de este acuerdo voluntario, que se mantendrá hasta marzo de 2023, es darle previsibilidad a la estructura de costos de las empresas que participan del programa Precios Justos.
El ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó un acuerdo con las principales proveedoras de insumos industriales para la producción de alimentos y bienes de consumo masivo por el cual dichas empresas no podrán modificar sus precios por encima del 3,9% en promedio respecto del mes de diciembre.
El objetivo de este acuerdo voluntario, que se mantendrá hasta marzo de 2023, es darle previsibilidad a la estructura de costos de las empresas que participan del programa Precios Justos debido a que uno de los factores fundamentales en la formación del precio de un producto son los costos de los llamados insumos difundidos.
En ese marco, el ministro Massa remarcó que “es realmente muy importante este acuerdo y este encuentro” al tiempo que subrayó que “el desafío de bajar la inflación tiene como responsabilidad primaria que nosotros tengamos la capacidad de ordenar las metas fiscales, la política monetaria, que tengamos un régimen de acumulación de reservas serio y sólido, y que podamos darles esos instrumentos de planificación económica para cada una de las compañías”.
“Es importante haber podido establecer un acuerdo o un sendero de precios que ya establecimos en combustibles y avanzar ahora en aluminio y cartón o en lo que representan el cloro y el vidrio para los envases, el plástico o los químicos. Nos da la posibilidad de que todas las empresas que participan en los procesos productivos en la Argentina tengan previsibilidad”, añadió.
Asimismo, indicó que estos acuerdos “permiten que el entramado de más de 41.000 PYMES que forman parte de la cadena de valor tenga la posibilidad de planificar” y remarcó que “el Estado hace un esfuerzo al darles instrumentos de previsibilidad en materia de acceso al mercado único y libre de cambios y queremos que ese esfuerzo sea compartido”.
Por su parte, Tombolini agradeció la predisposición de las empresas y destacó que “es la primera vez en la historia que los insumos difundidos entran en este tipo de acuerdos”.
“Seguimos trabajando en la hoja de ruta propuesta por el ministro Massa para bajar la presión inflacionaria y llevarle orden y previsibilidad a todos los sectores”, cerró.
Los insumos elaborados por las empresas que firmaron este acuerdo (vidrio, papel, aluminio, químicos, entre otros) son clave en las cadenas de valor de la industria, al constituir materias primas esenciales. De esta manera, el Estado incorpora al acuerdo una variable que permitirá sostener precios y abastecimiento acorde a las necesidades del mercado en todos los productos que integran la canasta de Precios Justos y que utilizan estos insumos básicos para su producción.
Participaron, por la Secretaría de Comercio, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich.
En tanto por las empresas estuvieron presentes Leandro Motzo (Alpac SRL), Emilio Larrañaga y Daniel González Blanco (Alpek Polyester), Martín Levinas y Mario Puches (Aluar), Fernando Bekes (Cafepa), Claudio Fazio (Cattorini Hnos), Hugo Ballester (Cristalería Rosario), Matías Campodónico y Matías Maciel (Dow Chemical), César Ferrari (Emsur Argentina SA), Alejandro Rastellino (Bolsapel), Adrián Saporiti, Ángel Catáneo y Pablo Golfman (Grupo Saporiti), Mariano Illanes (Guala Closures SA), Eduardo Sturla (Rigolleau), Gabriel Dezzutto (Serviflex SA), Tomás Botta y Gabriel Fernández (Tetra Pack SRL), Diego Pino y Federico Zin (Transclor) y Marcelo Celestini (Trivium Packaging Argentina SA).
Junto con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, acordó con las principales empresas fabricantes de celulares, bancos públicos y privados y cadenas de electrodomésticos la puesta en marcha del plan Ahora 10.
El ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, acordó hoy con las principales empresas fabricantes de celulares, bancos públicos y privados y cadenas de electrodomésticos la puesta en marcha del plan Ahora 10 por el cual se podrá comprar equipos móviles en 10 cuotas fijas, a precios máximos y a tasas preferenciales hasta el 15 de marzo. Además, el plan Ahora 12 volverá a financiar la compra de equipos de telefonía móvil en 3,6 y 12 cuotas fijas mensuales con tarjetas de crédito.
“La idea de este programa es que tenga 10 cuotas fijas al 48% y que el programa Ahora 12 sirva además como incremento del volumen de comercialización. Hablamos de más de 70 modelos de teléfonos, de distintos tipos y de todas las marcas, lo que da la posibilidad de elegir productos de que van de 40 mil a 200 mil pesos y pagarlo de manera más cómoda”, remarcó el ministro Massa durante el encuentro celebrado en el Ministerio de Economía.
Indicó, además, que “en paralelo el Estado asume el compromiso con todos los fabricantes de electrodomésticos y el sistema financiero en el acceso a divisas” y destacó que “es muy importante que establezcamos un criterio de precios máximos hasta 15 de marzo ya que permite darle certidumbre a la gente cuando va a realizar una compra”.
“Participan bancos, públicos y privados, las empresas de tarjetas de créditos y todas las cadenas. Para nosotros es muy importante lograr el objetivo de vender 1 millón de celulares por mes, entendiendo que de alguna manera es uno de los grandes productos de consumo masivo”, subrayó el ministro Massa.
Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, destacó que se trata de “un acuerdo importante que tiene un objetivo que sigue en línea con la hoja de ruta que planteó el ministro para consolidar el orden fiscal y la acumulación de reservas” al tiempo que remarcó que “con esos dos elementos podemos avanzar en el descenso de la inflación”.
“El acuerdo de precios es fundamental. No podemos dejar de atender lo que es el consumo y estamos comprometidos en volver a los niveles de venta y producción de celulares que Argentina supo tener”, consideró.
En tanto, la directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman, aseguró: “Celebramos esta iniciativa que fomenta el consumo de productos de fabricación nacional. La vuelta de celulares al Ahora 12 en todas sus versiones y este nuevo programa Ahora 10 con tasa diferencial sin dudas van a dinamizar la demanda. El mantenimiento de precios va a permitir que los consumidores puedan acceder a la última tecnología en un bien tan imprescindible como el teléfono celular”
Forman parte de este acuerdo voluntario con las empresas 72 modelos y formatos de equipos que se pueden adquirir en 10 cuotas fijas con una Tasa Nominal Anual del 48% en más de 2 mil bocas de comercialización en todo el país. Asimismo, con el plan Ahora 12 se podrán comprar los equipos en 3,6 o 12 cuotas fijas mensuales tanto en tiendas físicas como en sitios online.
De esta manera, la Secretaría de Comercio continúa trabajando en medidas y programas que tienen como objetivo ordenar los precios para llevar previsibilidad y alivio a los argentinos y recuperar el poder de compra de los salarios a partir de acuerdos voluntarios de senderos de precios con los distintos actores de la cadena de valor.
Participaron del encuentro en el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes; la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich; el presidente de la Cámara de Tarjetas de Crédito, César Bastién; el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); el director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA); el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario; y la representante de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Soledad Barrera.
Además, estuvieron presentes, en representación de las empresas, Fernando Maquieira (Mirgor), Luis Galli (Newsan), Manuel Sánchez Gómez y Alejandro Tazman (Frávega), Bruno Drobeta y Santiago Pezzatti (Samsgung), Martín Valle (Musimundo), Claudio Malaver (Rodó), Pierino Mastronardi (Cetrogar), Santiago Ambrosio (Megatone) y Gustavo Palma (Naldo Lombardi).
Arreciaron las críticas en las redes sociales luego de que las autoridades organizaran una reunión en la Secretaría de Comercio para buscar una solución al faltante de figuritas.
La polémica en torno al faltante de figuritas del Mundial se coló en la agenda oficial a partir de que la Secretaría de Comercio convocó a representantes de los kioscos y la empresa Panini para buscar una solución.
En ese marco, la secretaría que conduce Matías Tombolini anunció este martes a través de Twitter que “abrimos un canal de diálogo entre @ukraok y @PaniniArg, poniendo a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones”.
No se la iba a perder la oposición, que inundó las redes de críticas. El senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco sostuvo que los funcionarios de la Secretaría de Comercio “deberían renunciar del primero al último. ¡No pueden estar en sus cargos ni en figuritas! Miren su escala de prioridades mientras a la gente no le alcanza para comprar alimentos y medicamentos”.
En el mismo sentido, Waldo Wolff disparó: “La inflación corre a 3 dígitos anual y la preocupación del Gobierno son las figuritas del mundial. Pero el odio, la violencia y coso”.
La diputada cordobesa Adriana Ruarte tuiteó por su parte: “Seguimos la agenda del Gobierno. La Secretaría de Comercio recibe a los kiosqueros por faltante de figuritas. El presidente viaja a EEUU con una comitiva de 48 personas y de paseo va a probar guitarras. Lo caro que nos sale este Gobierno a los argentinos”.
A su vez, la salteña Virginia Cornejo ironizó: “El nuevo ‘Ministerio de Figuritas de la Nación’ reunido para solucionar el tema de la escasez en el país, de álbumes y figuritas del mundial. ¡Siempre en lo importante!”.
Previo a la reunión de la UIA con el secretario de Comercio Interior, Matías Tambolini, la senadora nacional Mariana Juri se reunió con Daniel Funes de Rioja en el marco de su visita al Senado de la Nación por el Día de la Industria. El dirigente empresario se comprometió a sumar los reclamos de las PyMEs […]
Previo a la reunión de la UIA con el secretario de Comercio Interior, Matías Tambolini, la senadora nacional Mariana Juri se reunió con Daniel Funes de Rioja en el marco de su visita al Senado de la Nación por el Día de la Industria. El dirigente empresario se comprometió a sumar los reclamos de las PyMEs mendocinas al pedido que la entidad presentó ante las autoridades nacionales.
Con el objetivo de mitigar los problemas de la producción mendocina, la senadora nacional Mariana Juri le entregó el listado de productos que sufren inconvenientes para ingresar al país.
“A partir de la reunión que mantuvimos junto a las cámaras empresarias de Mendoza con el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, consolidamos 98 productos que, de acuerdo a las PyMEs mendocinas, tenían los mayores problemas al momento de importarse. Se elaboró una nota y un informe con los nomencladores de importación de los artículos y se los elevamos a autoridades nacionales y hoy también a la UIA”, agregó Juri.
En concreto, en el listado pueden encontrarse válvulas antisísmicas, cilindros neumáticos, bridas, bujes, corchos, chapas para producción de bozales, ácido tartárico, bozales de aluminio, botellas, papel para etiquetas, ácido cítrico, barricas, acero al carbono, aceros inoxidables, entre otras.
“Cada uno de estos artículos fueron enviados con sus respectivas nomenclaturas para facilitar y agilizar la gestión administrativa de ingreso. Funes de Rioja nos agradeció el trabajo y se lo entregó al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, con quien se reunió hace algunas horas”, amplió la senadora.
Hay que recordar que a fines de julio, el ministro Vaquié y la senadora Juri lideraron un encuentro para relevar los problemas de las pymes en relación a las importaciones y en el que participaron la Federación Económica de Mendoza, la Unión Industrial de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, el Consejo Empresario Mendocino, Bodegas de Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la Asociación de Tomate 2000, la Cámaras de Comercio de San Rafael, Tunuyán, Malargüe, General Alvear y San Martín, entre otras entidades.
Por su parte, Daniel Funes de Rioja agradeció el compromiso de funcionarios y legisladores de Mendoza con las pymes y afirmó que “necesitamos un ambiente donde haya políticas de estado como las que tienen los grandes países desarrollados industrializados a los que queremos parecernos”, prosiguió e instó a “trabajar juntos: queremos diálogo, no se puede construir un país productivo y un país desarrollado si no es a través de ese diálogo y esos consensos”.
“Es fundamental que el Gobierno nacional garantice la provisión de insumos para que no se paralice la producción“, concluyó la senadora mendocina.
Con los tapones de punta Matías Tombolini reaccionó ante los dichos de la oposición referidos a tratar de quedarse con la presidencia de la Cámara baja.
La candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal dio la nota este miércoles al abonar la hipótesis que impulsan algunos opositores de tratar de quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de que Juntos por el Cambio tenga el número suficiente para alcanzar ese objetivo. Lo hizo en una transmisión por la red social Twitch, en la que expresó: “Ahora la oportunidad es frenar el quórum (del oficialismo) en ambas cámaras y tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso hace la diferencia. Y ninguna otra fuerza política que no sea Juntos por el Cambio lo puede lograr en esta elección”.
“Está más que claro que Vidal no busca representar a los porteños. Busca un cargo para justificar los pagos del departamento de Recoleta”, aseguró Matías Tombolini, candidato a diputado nacional por CABA, como respuesta a las expresiones de la exgobernadora bonaerense.
Y agregó: “Si toda la propuesta que nos ofrecen es cambiar la línea de sucesión, está claro que más que vocación por ofrecer ideas lo que tienen es ganas de ocupar un cargo”.
“Necesitamos construir diálogo para buscar soluciones concretas a los problemas que tenemos, mucho antes que pretender alterar el funcionamiento institucional”, sostuvo también el economista.
Además, indicó: “¿Qué proponen para hacer con las tarifas? ¿Qué opina de la negociación con la deuda que nos dejaron con el FMI? De esas cosas Vidal no parece estar hablando ni aportando ideas para buscar consensos”.
Por último, Tombolini afirmó que a María Eugenia Vidal “¿la tuvieron que correr del distrito porque no podía cerrar una interna, y va a conducir el Parlamento nacional? De verdad, ¿ese es el aporte que buscan hacer a la democracia?”.
