Vencida el pasado 5 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la norma que establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina de 850 millones de pesos.
La nueva ley de régimen de la actividad ovina y de llamas se sancionó este miércoles por 182 votos a favor, dos en contra -del Frente de Izquierda- y 0 abstenciones. Hacía tres meses que el proyecto tenía dictamen de comisión y finalmente pudo ser incluida en el temario de esta sesión maratónica, que comenzó en el mediodía del martes.
Al defender la iniciativa, el presidente de la Comisión de Agricultura, José Ruiz Aragón (FdT), precisó que “este proyecto de ley que viene del Senado tiene la idea de cambiar el concepto que la Ley Ovina tenía de recuperación del ganado ovino, y ya empezamos a hablar del fortalecimiento de esta producción”.
“Nosotros creemos además que hay que agregar algunas interpretaciones con los tiempos que vivimos y que vinieron para quedarse. Como también la participación de mujeres productoras en este rubro”, señaló.
Tras agradecer el aporte hecho por el exministro del área, Luis Basterra, el legislador correntino apuntó que “está claro que en la Argentina en años anteriores no se intentó que la producción tenga un empuje. Con la actualización de los montos estamos intentando que el sector tenga un empuje”.
“Este proyecto tiene como objetivo la promoción, consolidación y el crecimiento de la actividad ovina, incorporando la experiencia acumulada de los años anteriores, y también hablando de las nuevas demandas sociales y ambientales”, expresó el diputado. Y agregó: “Venimos reclamando por supuesto, y lo hemos dicho muchas veces, que el objetivo de máxima era cumplir con las necesidades del sector, pero que quede claro que todos los que hemos trabajado en la sanción de este proyecto de ley lo hemos hecho con la voluntad de que sea lo más satisfactorio posible”.
También, destacó que “estamos hablando de 850 millones de pesos que van a ser destinados a la Ley Ovina. Un sector que tiene una actividad que repercute mucho en la región patagónica, pero también está desarrollándose con creces en otros puntos del país, como Corrientes”. “Tenemos en cuenta al distribuir estos fondos no un solo factor, y en función de que la ley sea sancionada y no dilatar esa sanción es que hemos propuesto que en la reglamentación de la ley todas las provincias puedan discutir con Agricultura cómo va a ser aplicado”, completó.
“Tarde”, arrancó su discurso el radical Gustavo Menna, que expresó a continuación: “Por la prórroga, porque llega cuando la ley está vencida. Este régimen legal se instituyó en 2001; no es cierto que lo debamos al expresidente (Néstor) Kirchner como otros dijeron. Venció en abril de este año sin que hubiese una disposición de ir en auxilio a los productores del país. Puede ser por prejuicio al campo, por falta de información, por prejuicio…”.
El chubutense enfatizó que se trata de “algo importante para el país y la Patagonia, donde (la actividad) tiene un sentido geopolítico; no es cierto que la actividad está floreciendo y es incompresible que se tardó tanto en dar tratamiento a la ley. Chubut es la primera con más stock ganadero”.
Además, indicó que “es sumamente necesario mantener esta actividad porque le da trabajo a más de 125 mil personas, genera divisas y valor agregado, tiene y genera un rol estratégico para sostener la ruralidad y evitar que el campo se siga despoblando”.
Otro de los oradores fue el santafesino Luis Contigiani, quien manifestó que “es una ley que es una clara señal a los productores de ganadería ovina, cuya producción no tiene techo”. Sobre el consumo de carne ovina, el legislador del Interbloque Federal detalló que “no pasa del 1,1 per cápita anual, es una producción que produce lana para exportación, pero la carne va al mercado interno y tiene todo para creer en el mercado exportador. Genera casi 30 mil puestos de trabajo, tiene una alta importancia en arraigo rural y agregado de valor. Gracias a esta ley desarrollaron biotipos nuevos en genética, un tema de faena, todo para crecer”.
“Es una actividad que necesita apoyo, rapidez, previsibilidad”, subrayó, pero criticó que “debemos incorporar en el mecanismo de distribución y repartir por cantidad y productores y no solo por stock, porque el 90 por ciento de los productores están dentro de las 500 cabezas a nivel país que muestra una estratificación de pequeños y medianos productores ovinos”.
Finalmente, Contigiani advirtió: “Vamos a condenar a la ganadería ovina a ser una economía regional y tiene todo para crecer y a concentrar en pocas manos los beneficios que tiene el fondo de recuperación”.
En el cierre del debate, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo aseguró que “hacer esta ley es una victoria para la producción, y no solo para la Patagonia, sino para todo el país”. Esta actividad “ha significado para el Estado argentino que cada dólar que el Estado invirtió, tuvo un retorno de seis dólares por la recaudación” de la producción ovina, ponderó.
El legislador de Juntos Somos Río Negro, autor de uno del proyecto que se tomó en cuenta, sostuvo que este sector “necesita de este tipo de promoción y ayuda”, e insistió que es “una ley altamente positiva” que tiene “aspectos novedosos” respecto a la anterior. “Estamos ante una ley que ya mostró altamente su efectividad, que incluye ahora la mujer, que incluye a toda la cadena de industrialización, que la tenemos por 10 años más, y que nos va a permitir a lo ancho y largo del país desarrollar esta ganadería ovina que para muchos es su única posibilidad”, completó.
Puntos centrales de la nueva Ley Ovina y de Llamas
En la norma se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.
La ley establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla.
El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.
Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.
Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.
“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.
Diputados sesionará tras un acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la principal oposición. Como símbolo del acuerdo, los presidentes de los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio firmaron un pedido de sesión en forma conjunta.
Luego de la fallida sesión del pasado 5 de octubre, este martes la Cámara baja abrirá las puertas de su recinto por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo 2020. La sesión, que se presume muy extensa por la cantidad de proyectos previstos para tratar, se iniciará a las 11, y el temario incluye etiquetado frontal y los temas previstos para lo que terminó siendo una sesión en minoría, a principios de mes, y ha sumado entre otros la ley ovina.
Es el resultado de semanas de negociaciones -por momentos más aceitadas y por momentos no-, ante lo cual los jefes de bloques de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (CC) firmaron el pedido de sesión especial para el 26 de octubre junto al líder de la bancada del oficialismo Máximo Kirchner (FdT), que incluirá los temas consensuados entre ambas partes.
En la sesión también se producirá finalmente la asunción de los reemplazantes de los renunciantes Facundo Moyano, Cristina Alvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti, y el fallecido Eduardo Brizuela del Moral.
El plenario de la Cámara sesionó por última vez el 8 de julio con el informe del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y en cuanto a tratamiento de proyectos, hay que remontarse una semana más atrás en el tiempo, al 1 de julio. La última sesión con presencialidad plena de la Cámara de Diputados se registró el 27 de febrero de 2020.
El temario acordado incluye los siguientes temas:
A paso lento. La norma actual N° 25.422 venció el pasado 5 de abril. En julio se aprobó el dictamen en comisión de la Cámara baja. Pasaron 3 meses sin llegar al recinto. Reclamo de la oposición puso en el temario la ley nueva ley Ovina. El Senado la aprobó el 20 de mayo. La actual norma está vencida.
El proyecto de ley Ovina que modifica la actual Ley Ovina (N° 25.422), se convertirá en ley luego de que la Cámara de Diputados lo apruebe el próximo martes 26 cuando de inicio una maratónica sesión luego de varios meses de parálisis.
A pesar de que hay un acuerdo de todos los bloques parlamentarios de aprobar esta norma, hace 3 meses que tiene dictamen de comisión y espera llegar al recinto.
En los primeros días de julio este proyecto, que tiene media sanción del Senado, obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de todos los bloques parlamentarios y quedó listo para ser tratado en Diputados.
En esos tiempos ya se hablaba de que se debía sancionar con celeridad, ya que la vigencia de la norma actual venció el pasado 5 de abril, pero los tiempos legislativos en tiempos electorales generaron la demora.
En la sesión especial pedida por el Frente de Todos en los primeros días de octubre, la ley Ovina no estuvo incluída y fue uno de los pedidos de Juntos por el Cambio para consensuar una agenda. Por eso, en esta oportunidad, forma parte del orden del día.
Debate en Comisión
Cabe señalar también que durante el tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, desde la oposición y también algunos legisladores del Frente de Todos le hicieron críticas y manifestaron sus disidencias.
Uno de los cuestionamientos es por el “monto escaso que se fijó” en 850 millones de pesos, según planeó el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Torello mientras que su compañero de bancada Atilio Benedetti marcó como puntos en disidencia con “el sistema de reparto de los fondos y la falta de mecanismos de actualización de recursos”.
En tanto, el diputado santafesino Luis Contigiani afirmó: “Voy a acompañar esta ley porque creo que es un valor superior a las diferencias, que voy a llevar al recinto, para que tengamos ley ovina nacional”.
Al iniciar el debate, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Ruiz Aragón, señaló que “este proyecto que viene del Senado de alguna manera sintetiza la gran mayoría de las discusiones que se han dado en torno a este tema. Estamos en tiempo de descuento ya que la anterior ley venció hace más de 60 días”, recordó.
Por su parte, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo contó: “A fines de abril de 2021 llegamos a este proyecto unificado que consensuó las distintas ideas. Esta ley es una política de Estado que ha superado los cambios de gobiernos, vaivenes y crisis, y merece ser votada si es posible por unanimidad”, cerró.
Puntos centrales de la nueva ley Ovina
En el proyecto se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.
La iniciativa establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.
El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.
Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 del proyecto expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.
Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.
“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.
Tras la sesión fallida la semana pasada, oficialismo y oposición acercan posiciones para llevar al recinto un temario consensuado, que también incluiría la ley ovina.
Tras la caliente jornada que se vivió la semana pasada en Diputados, con tironeos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y una sesión que no fue por falta de quórum -era la primera presencial desde el comienzo de la pandemia-, la Cámara baja sesionaría el próximo martes 19 con la ley de etiquetado frontal de alimentos como principal tema.
Luego de que no consiguiera reunir el número necesario para sesionar el martes pasado, el oficialismo salió a disparar contra el mayor interbloque opositor con acusaciones tales como que los legisladores de esa bancada respondieron al “lobby empresarial” para que la ley sobre promoción de alimentación saludable no saliera.
En Juntos por el Cambio, donde hay varios integrantes a favor del etiquetado frontal, lamentaron que no se hubiera aceptado en la reunión de Labor Parlamentaria su propuesta para sumar la ley ovina al temario y, por otro lado, exigían comenzar a tratar en comisiones otras cuestiones, entre ellas el Presupuesto 2022 -sobre el que todavía no arrancó el debate-.
Con todo, tras el fracaso en el recinto, autoridades del Frente de Todos y del interbloque que integran el Pro, la UCR y la CC mantuvieron un encuentro para tratar de avanzar en un consenso. Esas negociaciones se extendieron durante el fin de semana largo y, como conclusión, se asoma una fumata blanca para sesionar recién la próxima semana.
Así, además de etiquetado frontal y ley ovina, el temario incluiría un paquete de proyectos sin mayor relevancia, pero sí por supuesto de interés para los autores de los mismos. Precisamente, por el número de las iniciativas que se contemplarán, se decidió que la sesión se realice la próxima semana, ya que esta también se vio acortada por el feriado del lunes. Además de los reclamos de JxC, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, también había escuchado los pedidos de otros bloques de la oposición.
Eso expresó el diputado del Pro tras no dar el quórum en la Cámara baja este martes para tratar los proyectos presentados por el oficialismo y dejó en claro que “no están en contra de la ley de etiquetado”.
La fallida sesión de la Cámara de Diputados de este martes sigue dando de qué hablar, en esta ocasión fue el diputado Ignacio Torres (Pro- Chubut) quien se refirió al tema y aseguró que “no están en contra del proyecto de ley de etiquetado frontal”, pero como representante de la provincia del sur afirmó que “no podemos estar ajenos a la necesidad de que se le de tratamiento a la Ley Ovina y la de reactivación productiva”, y tildo de “capricho” que no se haya incluido ese tema en la agenda porque tenía “consenso y voluntad política del Ejecutivo”.
“Me parece que no es tan sofisticado el análisis porque si nos hubiésemos sentado y dejado de lado temas como la Ley Ovina o la reactivación productiva para la Patagonia, la discusión seria otra”, comenzó en diálogo por la AM730 Torres y afirmó: “No estamos en contra de la ley de etiquetado frontal, en mi caso firme el dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor, lo que no podemos permitir, y que para mí es bueno, es el hecho de que la oposición pueda ser vinculante en la decisión de la agenda parlamentaria es que por primera vez pudimos ponerle un freno al atropello del oficialismo, o se trata esto o no se trata nada”.
En ese sentido, remarcó: “Nosotros necesitamos tratar con urgencia la Ley Ovina y reactivación productiva de qué sirve tener las etiquetas en los alimentos que no se pueden comprar”, y agregó: “Hay temas muy importantes para a la provincia, de hecho, en la discusión del interbloque me parece bien que hubo diputados mendocinos sentados porque tenían un interés particular con un proyecto, pero los que somos representantes de Chubut no podemos estar ajenos a la necesidad de que se le de tratamiento a la Ley Ovina y la de reactivación productiva”.
“La Ley Ovina el propio Matías Kulfas manifestó públicamente la necesidad de avanzar y consensuar, él como máximo representante del Gobierno en la materia dijo que iban a avanzar, lo dijo antes de las elecciones”, manifestó el diputado chubutense y sostuvo que “habiendo consenso y voluntad política del Ejecutivo nos llama mucho la atención el capricho por el que no lo pusieron en el temario. Incluso la discusión era sobre quién presentaba y se determinó que lo presente (Sergio) Massa, pero que salga”. Asimismo, destacó que “hay muchos productores están esperando que salga esta Ley que garantiza financiamiento e inversión en tecnología y el daño que genera no poder acceder a esos beneficios es grande”.
Por consiguiente, aclaró que “el dictamen es oficialista, no es un proyecto de la oposición, por eso creo que la propia interna del Gobierno jugó en contra de esta decisión de no ampliar el temario para que no haya quórum”, y cuestionó: “Esas mezquindades que priorizan peleas internas del Gobierno poniendo de rehenes a los argentinos. La ley de etiquetado se va a votar en la próxima sesión, pero lo mas importante es que vamos a poder agregar estos proyectos”.
Por último, el dirigente del Pro se refirió a la foto que se viralizó en redes en donde se ve a un grupo de referentes de su coalición detrás de una cortina en el palco de lo cual expresó: “En campaña no solo se dicen muchas pavadas, sino que se hacen operaciones bastante berretas”, y desmintió que era él quien estaba en la foto.
El interbloque opositor, comandado por el cordobés Mario Negri, quería incorporar a la sesión de este martes la ley ovina y además comprometer al oficialismo a que arranque con la discusión de otros temas en comisiones.
El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, comandado por el cordobés Mario Negri, ya había adelantado su decisión de no dar quórum en la sesión de este martes convocada por el oficialismo, por estar en desacuerdo con la forma en que se había realizado esa citación.
Sin embargo, en la previa de la reunión de Labor Parlamentaria, las autoridades del espacio mantuvieron un encuentro con el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y luego sí presentaron su propuesta formal ante los jefes de bloques en el Salón Delia Parodi.
Con la intención de negociar la inclusión de otros temas, y a cambio de dar quórum, los diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI solicitaron al Frente de Todos incorporar al temario de la sesión el proyecto de ley ovina -que tiene dictamen-.
Además, los legisladores de la oposición pidieron un compromiso para que, dentro de las dos próximas semanas, se comiencen a tratar en comisiones proyectos sobre boleta única, una reforma a la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y el Presupuesto 2022, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.
“Queremos que el Congreso funcione plenamente y se traten los temas prioritarios para la sociedad”, sostuvieron los referentes del interbloque.
Pero la propuesta no fue avalada y, mientras dentro del recinto Massa daba por caída la sesión, en el Salón Pasos Perdidos Negri lamentaba que “el oficialismo no aceptó nada de lo que planteó la oposición en Labor Parlamentaria”.
“Se debe sesionar hoy mismo, porque queremos que el Congreso se ponga en marcha, con todos los temas que planteamos”, dijo el radical, y anticipó que habría durante la tarde de este martes una nueva reunión para arribar a un acuerdo.
Lo cierto es que, una vez caída la sesión, el oficialismo dejó claro que no se retomaría nada. Y en lo que respecta a esta semana, con un feriado -el viernes 8 de octubre-, más la ausencia de Massa, quien viaja a Roma para participar del G-20 de presidentes parlamentarios, la chance de sesionar esta semana es nula.
El temario de la sesión de este martes, que fue la primera plenamente presencial desde el inicio de la pandemia y tras las elecciones PASO, tenía como tema principal a la ley de etiquetado frontal de alimentos, un proyecto que divide aguas, pero que encuentra varios votos en contra sobre todo dentro del bloque Pro, situación por la que el oficialismo fustigó fuerte al interbloque opositor.
Además, incluía una iniciativa sobre protección de los derechos de personas en situación de calle; proyectos vinculados a trabajadores viñateros; y la declaración del águila harpia como monumento natural.
El proyecto sigue siendo omitido al momento de elaborar los temarios de las sesiones en la Cámara baja.
Una de las objeciones de la principal oposición hacia el oficialismo en Diputados para la sesión de este martes es que se hayan omitido temas de interés en el temario. Uno de esos es la Ley Ovina, proyeto no incluido en el temario de la sesión pedida por el Frente de Todos.
Al respecto el diputado radical chubutense Gustavo Menna expresó su cuestionamiento y a través de las redes sociales anticipó que junto a sus pares patagónicos Ignacio Torres (Pro – Chubut), Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) y Lorena Matzen (UCR – Río Negro) “vamos a insistir en el tratamiento y aprobación de la prórroga de la Ley Ovina”.
Asimismo consideraron “inaceptable” que no haya sido incluido en el temario de la sesión de este martes.
El proyecto de ley Ovina que modifica la actual Ley Ovina (N° 25.422), obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de todos los bloques parlamentarios y ya está lista para ser tratada en el recinto de Diputados y que se convierta en ley con celeridad, ya que la vigencia de la norma actual venció el pasado 5 de abril.
La nueva ley Ovina recibió el aval de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura de la Cámara baja, a pesar de que desde la oposición y también algunos legisladores del Frente de Todos le hicieron críticas y manifestaron sus disidencias.
Uno de los cuestionamientos es por el “monto escaso que se fijó” en 850 millones de pesos, según planeó el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Torello mientras que su compañero de bancada Atilio Benedetti marcó como puntos en disidencia con “el sistema de reparto de los fondos y la falta de mecanismos de actualización de recursos”.
En tanto, el diputado santafesino Luis Contigiani afirmó: “Voy a acompañar esta ley porque creo que es un valor superior a las diferencias, que voy a llevar al recinto, para que tengamos ley ovina nacional”.
Al iniciar el debate, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Ruiz Aragón, señaló que “este proyecto que viene del Senado de alguna manera sintetiza la gran mayoría de las discusiones que se han dado en torno a este tema. Estamos en tiempo de descuento ya que la anterior ley venció hace más de 60 días”, recordó.
Por su parte, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo contó: “A fines de abril de 2021 llegamos a este proyecto unificado que consensuó las distintas ideas. Esta ley es una política de Estado que ha superado los cambios de gobiernos, vaivenes y crisis, y merece ser votada si es posible por unanimidad”, cerró.
Puntos centrales de la nueva ley Ovina
En el proyecto se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.
La iniciativa establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.
El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.
Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 del proyecto expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.
Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.
“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.
Aunque estaba previsto que sea una doble jornada entre miércoles y jueves, la sesión se corrió un día por el aislamiento al que se vieron obligados varios referentes de la Cámara baja.
A raíz de los aislamientos preventivos a los que se vieron obligados a cumplir varios referentes de la Cámara baja, se corrió en Diputados el esquema previsto para sesionar esta semana: en lugar de miércoles y jueves, los legisladores trabajarán en el recinto el jueves y viernes de esta semana.
El viernes pasado por la noche se conoció el caso positivo del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien había compartido reuniones presenciales con autoridades de Juntos por el Cambio y también del Frente de Todos, incluido el presidente del cuerpo, Sergio Massa.
Sin embargo, la sesión se mantendrá en pie y los diputados deberán, como indica el protocolo, someterse a los hisopados previos para poder participar de manera presencial. Aquellos exceptuados continuarán con su participación de manera remota, como hasta ahora.
El temario se prevé que contendrá proyectos de consenso, pero los “grandes temas” serán la reforma del monotributo, la nueva Ley Ovina -que no fue tratada en comisiones, pero hay acuerdo para su aprobación-, la creación de una bicameral de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y la nueva ley de biocombustibles impulsada por el Frente de Todos.
Oficialismo y oposición habían acordado días atrás realizar “sesiones de consenso” y no avanzar con temas ásperos como la ley de “Emergencia Covid” -para la cual el Frente de Todos no reunió los votos-, o mucho menos la reforma del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, el próximo jueves 8 de julio asistirá a brindar su informe de gestión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien concurrió a la Cámara de Diputados una sola vez, hace casi un año atrás. Dos días antes, el martes 6, se realizaría una nueva reunión con representantes de laboratorios que proveen vacunas contra el Covid.
Así se acordó durante la última semana entre el oficialismo y la oposición. Habrá que ver de qué manera impacta en la agenda el aislamiento de las principales figuras de la Cámara baja.
Según lo acordado la semana pasada entre las autoridades del oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles y jueves, para tratar una serie de proyectos consensuados.
Será luego de dos semanas en las que el recinto permaneció cerrado: una por la ausencia del presidente de la Cámara baja, de gira por Estados Unidos, y la siguiente por falta de acuerdo. Ahora, ya suscripto por todos los bloques la extensión del protocolo para sesionar y consensuados los temas, volverán a reunirse esta semana. Amén de las prevenciones adoptadas por los aislamientos dispuestos a partir de la confirmación del hisopado positivo del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, la Cámara baja tiene previsto que esta semana se realice una sesión con un temario muy extenso. Tanto que obligará a un desdoblamiento. Esto es, el Cuerpo se reunirá este miércoles y pasará por la noche a un cuarto intermedio para seguir al día siguiente.
Según pudo saber parlamentario.com, de momento el programa establecido se mantiene, y se tratará entonces la reforma del Monotributo, tema en la que existe consenso entre el oficialismo y la oposición en torno a esa reforma de la ley. También se debatirán los proyectos de Biocombustibles y Ley Ovina.
En el transcurso de los próximos días seguirán las negociaciones para incluir en ese temario más temas que puedan ser consensuados. “Van a tratar de que entre en el temario todos los temas que reúnan consenso”, precisó a parlamentario.com una fuente consultada.
En el marco de esas negociaciones se estableció que este martes se realice una nueva audiencia de los diputados con representantes de los laboratorios, para tratar el tema de las vacunas, como así también que la sesión informativa del jefe de Gabinete se realice el jueves venidero, 8 de julio.
Específicamente se estableció que en el marco de estas “sesiones de consenso” no se avanzará con proyectos ríspidos como son el que propone parámetros sanitarios y epidemiológicos para mitigar los contagios y las muertes por la segunda ola de la pandemia, ni mucho menos la reforma del Ministerio Público Fiscal.
En el caso de que el kirchnerismo quiera avanzar con temas polémicos, debería llamar a sesiones especiales y reunir el quórum correspondiente.
La iniciativa fue votada este jueves en el Senado por 60 votos a favor, uno en contra y una abstención. Incorpora la ganadería de llamas y fija que por un plazo de 10 años se destinará un presupuesto de 850 millones de pesos para estos sectores.
El Senado dio media sanción por 60 votos positivos, uno negativo -del entrerriano Edgardo Kueider- y una abstención -del salteño Juan Carlos Romero- al proyecto que modifica la actual Ley Ovina (N° 25.422), cuya vigencia venció el pasado 5 de abril.
La iniciativa incorpora a la ganadería de llamas y establece que por el plazo de 10 años se destinará en el Presupuesto Nacional un monto de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades.
El texto fue formalmente presentado por el jefe del Frente de Todos, José Mayans, pero se trabajó en coordinación para su redacción con el Poder Ejecutivo y, fundamentalmente, con la Cámara baja, con el objetivo de darle un rápido trámite.
Juntos por el Cambio y las senadoras Lucila Crexell y Clara Vega -de Parlamentario Federal- apoyaron el proyecto en general, pero en la votación en particular se opusieron en una serie de artículos que mencionaron durante el debate.
Miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), destacó que la iniciativa “ha logrado un enorme consenso dentro de la comisión” y se trata de “un proyecto sumamente importante para la vida social y económica de la Argentina”.
“La actividad ovina tiene una enorme importancia y una gran antigüedad, junto con los conquistadores llegaban las ovejas e iban poblando nuestras tierras”, recordó, y mencionó que la Ley 25.422 se aprobó en 2001 para salir al rescate de la actividad, y se prorrogó en 2010 hasta abril de este año.
Ahora, el proyecto de reforma “propone algunos nuevos caminos a transitar” para potenciar el sector, señaló el legislador puntano, dado que “se perdió casi el 70% de la producción ovina”, de la cual “el 55% se da en nuestra Patagonia, lo cual debemos proteger”, detalló.
“El consumo de carne es muy poco, entre 200 o 300 gramos por habitante por año; ahí tenemos un enorme espacio para crecer”, apuntó Rodríguez Saá, que precisó que se generan “14.600 toneladas de carne” al año y “47 mil toneladas de lanas”, de las cuales “el 74% sale sin lavar y sin peinar”. Sobre esto último, resaltó la necesidad de “mejorar y enriquecer con el trabajo argentino nuestra producción de lana”, de modo de generar valor agregado.
Por su parte, el entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) expresó que esta ley “es necesaria” y anticipó el acompañamiento en general de Juntos por el Cambio, pero planteó sus propuestas de modificación a la iniciativa. Si bien valoró el artículo 6 referido a los pequeños productores, aseguró que el artículo 12 “la echa por tierra”.
Al igual que lo explicara en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la cual es vice, el macrista señaló que la palabra “prioritariamente” pone “en desventaja a los medianos y pequeños productores”. En alusión al reparto de los fondos, De Angeli consideró que debe indicarse que “en un 60% se va a distribuir entre los productores y el 40% por la cantidad de ganado”, como establece la ley recientemente vencida.
“No pudimos conseguir de hacer ese cambio; sacar la palabra prioritariamente, para establecer una combinación. No queremos poner palos en la rueda, pero si no se acepta esa modificación, el artículo 12 lo vamos a votar en contra, porque está beneficiando a los que más cabeza de ganado tienen”, resumió, y reclamó también por colocar un índice de actualización al monto de 850 millones de pesos, ya que es de acá a diez años.
Objetó otro de los puntos del proyecto la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González (Pro), quien indicó que hace 20 años cuando se sancionó la norma se tuvo en cuenta la protección ambiental. “¿Queremos retroceder?”, se preguntó, en referencia a la derogación que se propone del artículo 3 de la actual Ley 25.422, el cual habla de que “la ganadería ovina deberá llevarse a cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales”.
“Deberíamos estar preparando a la agroindustria y a nuestro sector productivo en general para un mundo competitivo en donde la sostenibilidad toma valor no solo por una cuestión moral, sino toma valor económico. Nos vamos a quedar afuera de los mercados si no nos aggiornarnos”, sostuvo y advirtió: “No solo vamos a estar perjudicando al ambiente sino dañando la sustentabilidad en especial de los pequeños productores”.
La bonaerense subrayó que “permitir una carga de uso del suelo excesiva es claramente pan para hoy y hambre para mañana; porque ese suelo si no lo protegemos va a ser menos eficiente, va a rendir menos, va a generar menos”. Y agregó que “no” cree que “el sector haya pedido que se elimine este artículo” porque “es en beneficio de su producción”.
Desde Río Negro, el senador Alberto Weretilneck (JSRN) enfatizó que esta es “una ley que para los patagónicos es transcendente y sumamente importante” y constituye “la continuidad de una política de Estado”. Al repasar la evolución y caída del sector a lo largo de los años, el legislador lamentó que “menos de dos kilos y medio por año come cada uno de los argentinos” de carne ovina.
Para el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), la iniciativa “es una señal muy fuerte en defensa de las economías regionales” y “una demanda de muchos productores”. El radical valoró que, pese a las diferencias, en la comisión “todos estuvimos de acuerdo que entre los principales desafíos que tenemos en Argentina es darle valor agregado en origen a nuestra materia prima”.
Al plantear las propuestas de cambios, en línea con lo dicho por su par De Angeli, Zimmermann aprovechó para criticar el cierre de las exportaciones de la carne vacuna dispuesta por el Gobierno: “Creen que con esta medida se va a poder controlar la inflación, la verdad no entendemos esta enorme contradicción y no la acompañamos”.
Cerró el debate el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (FdT), quien dijo que esta ley “trae nuevos objetivos y un nuevo enfoque”, al tiempo de “una mirada y un desarrollo más integral de la cadena”. Puntualmente sobre la cuestión presupuestaria, el cordobés defendió el monto de 850 millones de pesos sin índice de actualización.
El oficialista destacó “el esfuerzo que hoy está haciendo el Estado, en un momento en que esto es extrapresupuestario, porque no está contemplado en el Presupuesto 2021” pasar de 20 millones de pesos a 850. “Es una demostración de la voluntad de nuestro presidente de desarrollar las actividades regionales”, expresó, y aseveró que los siguientes gobiernos podrán “en los próximos diez años ir recalculando el monto”, que “es suficiente para este momento”, ratificó.
Puntos centrales del proyecto
En el proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.
La iniciativa establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.
El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.
Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 del proyecto expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.
Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.
“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.
Jocoso, durante una reunión de comisión, el senador formoseño José Mayans recomendó probar la carne ovina que tiene propiedades afrodisíacas.
José Mayans, el jefe del bloque oficialista en el Senado, estaba defendiendo el proyecto presentado por él mismo para actualizar la ley de promoción a la ganadería ovina, cuando, entre risas, recomendó comer cordero por sus propiedades afrodisíacas.
Fue en un plenario de comisiones que se realizó este lunes, cuando el formoseño lanzó: “Así como el cerdo, está demostrado que el cordero tiene propiedades afrodisíacas. Así que bueno, para los que quieran probarlo, tienen que comer el cordero”. El consejo generó las risas entre algunos de sus pares conectados al Zoom.
En un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda, oficialismo y oposición avanzaron con la iniciativa, que fue acordada en conjunto con el Ejecutivo y la Cámara de Diputados.
En un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable un proyecto para modificar la actual Ley Ovina -25.422-, que venció el pasado 5 de abril.
De acuerdo al texto, que incorpora al régimen a la ganadería de llamas, el Poder Ejecutivo deberá asignar anualmente, mediante el Presupuesto Nacional, una suma de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades, por el plazo de 10 años.
La iniciativa, que contó con el respaldo de todos los bloques, fue presentada por el jefe del bloque oficialista, José Mayans, tras un trabajo acordado con el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados.
Durante su intervención, Mayans dijo que el proyecto podría tratarse sobre tablas en la sesión de esta semana. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, el entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) planteó sus inquietudes sobre una redacción que dejaría “en estado de debilidad” a los pequeños productores.
Ante esas diferencias, pero que no incidieron en el acompañamiento a la iniciativa -es decir, se pasó a la firma sin disidencias-, quedó en stand by la posibilidad que pueda llevarse al recinto esta misma semana.
Qué prevé el proyecto
De acuerdo al proyecto, se indica que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.
El proyecto establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.
El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.
Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 del proyecto, que fue el que despertó la inquietud de Juntos por el Cambio, es el que expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”. La palabra “prioritariamente” fue la que De Angeli propuso sacar del texto.
Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.
“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el proyecto.
El debate de los senadores
En el arranque de la reunión, el presidente de la Comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), señaló que “la actividad ovina ha sido una de las actividades más importantes en otra épocas”, pero “a fines del siglo XX fue decayendo la actividad, hasta que apareció una ley de promoción ovina, que permitió empezar a recuperar no solo los planteles, sino a los productores”.
“Creemos que es necesario incentivar esta actividad”, sostuvo el puntano, que agregó: “Tenemos una gran premura en que se apruebe porque nos hemos quedado sin la promoción y es para no dejar al desamparo a un sector tan importante como este”.
Por su parte, el rionegrino Martín Doñate (FdT) aseguró que para su provincia “es muy importante” y que esta ley constituye “una demanda muy fuerte en nuestra Patagonia”, por lo que agradeció los aportes del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.
A su turno, la santacruceña María Belén Tapia afirmó que esta ley “es un gran anhelo de todos los sectores productivos que tenemos acá en nuestra provincia”. Propuso que, en vez de llamas, se incluya la palabra camélidos, para alcanzar a los guanacos. Pero Mayans dijo que Basterra aclaró que se trata de promociones distintas, al igual que los caprinos.
El rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) se mostró “muy satisfecho” con el proyecto, que tuvo en cuenta aspectos de la iniciativa presentada en la Cámara baja por Luis Di Giacomo, el diputado de su espacio. “Estamos ante una política de Estado” que consiste en “recuperar y consolidar la ganadería ovina en todo el país”, enfatizó.
En su intervención, Alfredo de Angeli (Pro) consideró a la iniciativa como “una buena ley”, pero observó que aunque el artículo 6 “habla de los pequeños productores”, en el artículo 12 “se habla de que se va a tener en cuenta la cantidad de ganado” para la distribución de los fondos.
Sobre ello, reveló que productores le manifestaron su preocupación por que “se les puedan resentir” los fondos, y “se encontrarían en un estado de debilidad”. Entonces, propuso establecer porcentajes sobre el stock y las unidades productivas, algo con lo que coincidieron incluso luego los oficialistas Daniel Lovera y Silvia Sapag.
El entrerriano también planteó “cómo actualizamos esos 850 millones de pesos”, ya que “hoy es una buena moneda, pero en dos, tres o cuatro años no sabemos cómo va a ser el índice de actualización”.
Mayans respondió que el proyecto es fruto de “un trabajo conjunto muy importante” y “una especie de síntesis acordada con Diputados”, con lo cual no aceptó modificaciones al texto y expresó que si Juntos por el Cambio firmaba con disidencias sería complicado llevar la iniciativa al recinto esta semana.
“No se especifica actualización porque están muy celosos (en el Ejecutivo) del tema presupuestario y de tomar compromisos sin ver cómo va a evolucionar la economía y la inflación”, explicó.
Sobre la distribución de los fondos, el senador formoseño apuntó que “la autoridad de aplicación junto con la CAT establecerá los criterios de distribución”, por eso no se fijan porcentajes.
El rionegrino Di Giácomo pidió tratar un proyecto suyo en las comisiones de Presupuesto y de Agricultura y Ganadería. La norma venció el 5 de abril.
El diputado Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) insistió con el reclamo para prorrogar de forma “urgente” y también modificar la Ley Ovina 25.422, que venció el pasado 5 de abril.
Lo hizo a través de una nota enviada este lunes a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería, Carlos Heller y José Ruiz Aragón.
Di Giácomo pidió tratar en un plenario un proyecto que presentó junto a diputados de otros bloques en octubre pasado para prorrogar la norma por 20 años, aumentar el financiamiento para el sector y fijar nuevas medidas de promoción.
El rionegrino precisó que mantuvieron reuniones con los ministros de Agricultura y Producción de toda la Patagonia, funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación y la Mesa Ovina Nacional para lograr prórroga de dicha ley, “ya que no es solamente importante para la zona patagónica, sino también para todo el país”.
La Ley Ovina, sancionada en 2001, tuvo como objetivo fomentar la modernización, innovación y actualización de los sistemas productivos, y acrecentar así los puestos de trabajo en el sector, que tiene participación en el mercado externo.
El régimen establecido en la ley consiste en un sistema federal de créditos y subsidios administrados en las provincias, que financian proyectos a nivel de predio, mediante un Fondo Fiduciario llamado FRAO (Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina).
En 2011 -al cumplirse diez años de vigencia de la ley- se actualizó por última vez el monto de ese fondo, que llegó a 80.000.000 de pesos, y Di Giácomo propone llevarlo a 1.500.000.000 pesos.
La bancada opositora que preside Mario Negri solicitó una reunión para el próximo jueves a las 11, una hora antes de la pedida por el Interbloque Federal.
El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados solicitó una sesión especial para el próximo jueves 25, a partir de las 11, una hora antes de la pedida por el Interbloque Federal.
Luego que los jefes de los bloques avanzaran con la firma de la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto -que tendrá vigencia hasta el 30 de abril-, la bancada opositora llamó a sesionar con un temario propio.
Dentro de los temas incluidos, figura en primer lugar la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles”, con media sanción del Senado.
Se trata del proyecto que extiende la vigencia de la Ley 26.093 -que vence en mayo-, y que durante el verano no se debatió porque el Gobierno no lo incluyó en el temario de extraordinarias.
Por otra parte, Juntos por el Cambio quiere debatir en el recinto iniciativas vinculadas al escándalo por la vacunación “VIP”. Uno de los puntos es un proyecto de ley para otorgar “transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones contra el Covid-19”.
Otro expediente es el pedido de “informes verbales”, es decir la citación, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y a ministra de Salud, Carla Vizzotti; con todos los secretarios de la cartera de Salud, para que respondan “sobre la existencia de vacunatorios clandestinos y/o vacunaciones irregulares, y otras cuestiones conexas”.
También, la oposición quiere votar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el listado completo de las personas vacunadas contra el Covid-19.
Finalmente, el listado incluye un proyecto del radical Gustavo Menna para prorrogar por 10 años al Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, Ley Ovina, e incrementar en 1.600 millones de pesos el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) que se distribuye todos los años entre las provincias.
El legislador nacional radical Gustavo Menna advirtió que se trata de un proyecto “fundamental” para sostener a los productores ganaderos de Chubut y de toda la Patagonia.
El diputado nacional radical Gustavo Menna manifestó preocupación por que aún no se prorrogó la Ley Ovina, que vencerá el 5 de abril, y señaló que es “fundamental” para sostener a los productores ganaderos de Chubut y de toda la Patagonia.
En julio de 2020, el diputado presentó el proyecto de ley para prorrogar por 10 años al Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, Ley Ovina, y pidió incrementar en 1.600 millones de pesos el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) que se distribuye todos los años entre las provincias.
“La ley es clave para apoyar a los productores ganaderos de todo el país, pero en especial de la Patagonia y particularmente de Chubut, que es la provincia con mayor cantidad de cabezas de ganado ovino, en su mayoría minifundistas que necesitan los fondos que distribuye la ley para sostener su producción”, dijo al respecto el legislador chubutense.
“El Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina se creó hace 20 años por ley 25.422 y en 2011 fue prorrogado por otros 10 años mediante la ley 26.680, apunta a recuperar el stock ganadero, una actividad clave para la ocupación territorial, sostenimiento de la ruralidad y el arraigo de la población”, explicó el legislador.
“La Comisión de Agricultura y Ganadería no ha sido convocada para darle tratamiento a la prórroga y tampoco el Ministerio de Agricultura de la Nación ha promovido un proyecto propio ni instado el tratamiento del de mi autoría”, concluyó Menna.
El diputado de Juntos Somos Río Negro advirtió la necesidad de los productores de prorrogar la ley, pero consideró que tiene que ser “un régimen mucho más federal que el actual”.
El representante en la Cámara baja del Congreso Nacional por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo presento un proyecto de modificación del régimen de la ganadería ovina, regulado en la Ley 25.422. El 5 de abril de 2021 se cumple el plazo de vigencia de la Ley, es por eso que en el proyecto dispone su prórroga por 20 años, con actualización de la partida presupuestaria a 1.500 millones de pesos anuales.
“Tomamos como base el informe de la Mesa Ovina Nacional (MON) y desarrollamos una norma más federal que la vigente. Además, incluimos no solo a los productores, sino también a los derivados, la transformación y la comercialización, comprendiendo a todo el complejo relacionado con la producción”, manifestó al respecto el diputado rionegrino. El régimen establecido por medio de la ley consiste en un sistema de créditos y subsidios administrados en las provincias, mediante un Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina.
En este sentido, Di Giacomo argumentó que se plantea darles un mayor protagonismo y peso a las autoridades de aplicación provinciales, fortaleciendo el rol de la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (CAT), ya que “son estas las que tienen el contacto directo con los miembros del sector”.
“El proyecto de ley que impulsamos pretende consolidar los objetivos alcanzados, y a la vez fomentar el crecimiento de la actividad, como también el desarrollo de toda su potencialidad en las distintas regiones”. Al referirse particularmente a la producción en la provincia de Río Negro, que este invierno fue intensamente golpeada por las fuertes nevadas, dijo que “aquí la continuidad de los beneficios que otorga esta ley adquiere especial significación ya que el sector viene de sufrir contingencias negativas durante varios años y debemos asegurar el sostenimiento de su recuperación”.
La modificación a la ley propuesta “busca mantener las virtudes del régimen y al mismo tiempo mejorar ciertos aspectos, para darle mayor impulso al sector”. Es así que las políticas que se pretenden fijar incluyen la aplicación de una operatoria diferencial para pequeños productores ovinos, la inclusión en la ley de los programas PROLANA y CARNES, la operatoria con Planes de Trabajo y Proyectos de Inversión, la implementación de aportes provinciales, el desarrollo de proyectos de inversión con asistencia y supervisión técnica obligatoria y la aplicación de lineamientos obligatorios para aplicar pautas de bienestar animal, y las buenas prácticas laborales y ambientales, incluyendo las de pastoreo.
