La nueva ley de régimen de la actividad ovina y de llamas se sancionó este miércoles por 182 votos a favor, dos en contra -del Frente de Izquierda- y 0 abstenciones. Hacía tres meses que el proyecto tenía dictamen de comisión y finalmente pudo ser incluida en el temario de esta sesión maratónica, que comenzó en el mediodía del martes.

Al defender la iniciativa, el presidente de la Comisión de Agricultura, José Ruiz Aragón (FdT), precisó que “este proyecto de ley que viene del Senado tiene la idea de cambiar el concepto que la Ley Ovina tenía de recuperación del ganado ovino, y ya empezamos a hablar del fortalecimiento de esta producción”.

“Nosotros creemos además que hay que agregar algunas interpretaciones con los tiempos que vivimos y que vinieron para quedarse. Como también la participación de mujeres productoras en este rubro”, señaló.

Tras agradecer el aporte hecho por el exministro del área, Luis Basterra, el legislador correntino apuntó que “está claro que en la Argentina en años anteriores no se intentó que la producción tenga un empuje. Con la actualización de los montos estamos intentando que el sector tenga un empuje”.

“Este proyecto tiene como objetivo la promoción, consolidación y el crecimiento de la actividad ovina, incorporando la experiencia acumulada de los años anteriores, y también hablando de las nuevas demandas sociales y ambientales”, expresó el diputado. Y agregó: “Venimos reclamando por supuesto, y lo hemos dicho muchas veces, que el objetivo de máxima era cumplir con las necesidades del sector, pero que quede claro que todos los que hemos trabajado en la sanción de este proyecto de ley lo hemos hecho con la voluntad de que sea lo más satisfactorio posible”.

También, destacó que “estamos hablando de 850 millones de pesos que van a ser destinados a la Ley Ovina. Un sector que tiene una actividad que repercute mucho en la región patagónica, pero también está desarrollándose con creces en otros puntos del país, como Corrientes”. “Tenemos en cuenta al distribuir estos fondos no un solo factor, y en función de que la ley sea sancionada y no dilatar esa sanción es que hemos propuesto que en la reglamentación de la ley todas las provincias puedan discutir con Agricultura cómo va a ser aplicado”, completó.

“Tarde”, arrancó su discurso el radical Gustavo Menna, que expresó a continuación: “Por la prórroga, porque llega cuando la ley está vencida. Este régimen legal se instituyó en 2001; no es cierto que lo debamos al expresidente (Néstor) Kirchner como otros dijeron. Venció en abril de este año sin que hubiese una disposición de ir en auxilio a los productores del país. Puede ser por prejuicio al campo, por falta de información, por prejuicio…”.

El chubutense enfatizó que se trata de “algo importante para el país y la Patagonia, donde (la actividad) tiene un sentido geopolítico; no es cierto que la actividad está floreciendo y es incompresible que se tardó tanto en dar tratamiento a la ley. Chubut es la primera con más stock ganadero”.

Además, indicó que “es sumamente necesario mantener esta actividad porque le da trabajo a más de 125 mil personas, genera divisas y valor agregado, tiene y genera un rol estratégico para sostener la ruralidad y evitar que el campo se siga despoblando”.

Otro de los oradores fue el santafesino Luis Contigiani, quien manifestó que “es una ley que es una clara señal a los productores de ganadería ovina, cuya producción no tiene techo”. Sobre el consumo de carne ovina, el legislador del Interbloque Federal detalló que “no pasa del 1,1 per cápita anual, es una producción que produce lana para exportación, pero la carne va al mercado interno y tiene todo para creer en el mercado exportador. Genera casi 30 mil puestos de trabajo, tiene una alta importancia en arraigo rural y agregado de valor. Gracias a esta ley desarrollaron biotipos nuevos en genética, un tema de faena, todo para crecer”.

“Es una actividad que necesita apoyo, rapidez, previsibilidad”, subrayó, pero criticó que “debemos incorporar en el mecanismo de distribución y repartir por cantidad y productores y no solo por stock, porque el 90 por ciento de los productores están dentro de las 500 cabezas a nivel país que muestra una estratificación de pequeños y medianos productores ovinos”.

Finalmente, Contigiani advirtió: “Vamos a condenar a la ganadería ovina a ser una economía regional y tiene todo para crecer y a concentrar en pocas manos los beneficios que tiene el fondo de recuperación”.
En el cierre del debate, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo aseguró que “hacer esta ley es una victoria para la producción, y no solo para la Patagonia, sino para todo el país”. Esta actividad “ha significado para el Estado argentino que cada dólar que el Estado invirtió, tuvo un retorno de seis dólares por la recaudación” de la producción ovina, ponderó.

El legislador de Juntos Somos Río Negro, autor de uno del proyecto que se tomó en cuenta, sostuvo que este sector “necesita de este tipo de promoción y ayuda”, e insistió que es “una ley altamente positiva” que tiene “aspectos novedosos” respecto a la anterior. “Estamos ante una ley que ya mostró altamente su efectividad, que incluye ahora la mujer, que incluye a toda la cadena de industrialización, que la tenemos por 10 años más, y que nos va a permitir a lo ancho y largo del país desarrollar esta ganadería ovina que para muchos es su única posibilidad”, completó.

Puntos centrales de la nueva Ley Ovina y de Llamas

En la norma se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.

La ley establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.

Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.

Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla.

El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.

Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.

Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.

“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.

El Senado dio media sanción por 60 votos positivos, uno negativo -del entrerriano Edgardo Kueider- y una abstención -del salteño Juan Carlos Romero- al proyecto que modifica la actual Ley Ovina (N° 25.422), cuya vigencia venció el pasado 5 de abril.

La iniciativa incorpora a la ganadería de llamas y establece que por el plazo de 10 años se destinará en el Presupuesto Nacional un monto de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades.

El texto fue formalmente presentado por el jefe del Frente de Todos, José Mayans, pero se trabajó en coordinación para su redacción con el Poder Ejecutivo y, fundamentalmente, con la Cámara baja, con el objetivo de darle un rápido trámite.

Juntos por el Cambio y las senadoras Lucila Crexell y Clara Vega -de Parlamentario Federal- apoyaron el proyecto en general, pero en la votación en particular se opusieron en una serie de artículos que mencionaron durante el debate.

Miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), destacó que la iniciativa “ha logrado un enorme consenso dentro de la comisión” y se trata de “un proyecto sumamente importante para la vida social y económica de la Argentina”.

“La actividad ovina tiene una enorme importancia y una gran antigüedad, junto con los conquistadores llegaban las ovejas e iban poblando nuestras tierras”, recordó, y mencionó que la Ley 25.422 se aprobó en 2001 para salir al rescate de la actividad, y se prorrogó en 2010 hasta abril de este año.

Ahora, el proyecto de reforma “propone algunos nuevos caminos a transitar” para potenciar el sector, señaló el legislador puntano, dado que “se perdió casi el 70% de la producción ovina”, de la cual “el 55% se da en nuestra Patagonia, lo cual debemos proteger”, detalló.

“El consumo de carne es muy poco, entre 200 o 300 gramos por habitante por año; ahí tenemos un enorme espacio para crecer”, apuntó Rodríguez Saá, que precisó que se generan “14.600 toneladas de carne” al año y “47 mil toneladas de lanas”, de las cuales “el 74% sale sin lavar y sin peinar”. Sobre esto último, resaltó la necesidad de “mejorar y enriquecer con el trabajo argentino nuestra producción de lana”, de modo de generar valor agregado.

Por su parte, el entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) expresó que esta ley “es necesaria” y anticipó el acompañamiento en general de Juntos por el Cambio, pero planteó sus propuestas de modificación a la iniciativa. Si bien valoró el artículo 6 referido a los pequeños productores, aseguró que el artículo 12 “la echa por tierra”.

Al igual que lo explicara en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la cual es vice, el macrista señaló que la palabra “prioritariamente” pone “en desventaja a los medianos y pequeños productores”. En alusión al reparto de los fondos, De Angeli consideró que debe indicarse que “en un 60% se va a distribuir entre los productores y el 40% por la cantidad de ganado”, como establece la ley recientemente vencida.

“No pudimos conseguir de hacer ese cambio; sacar la palabra prioritariamente, para establecer una combinación. No queremos poner palos en la rueda, pero si no se acepta esa modificación, el artículo 12 lo vamos a votar en contra, porque está beneficiando a los que más cabeza de ganado tienen”, resumió, y reclamó también por colocar un índice de actualización al monto de 850 millones de pesos, ya que es de acá a diez años.

Objetó otro de los puntos del proyecto la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González (Pro), quien indicó que hace 20 años cuando se sancionó la norma se tuvo en cuenta la protección ambiental. “¿Queremos retroceder?”, se preguntó, en referencia a la derogación que se propone del artículo 3 de la actual Ley 25.422, el cual habla de que “la ganadería ovina deberá llevarse a cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales”.

“Deberíamos estar preparando a la agroindustria y a nuestro sector productivo en general para un mundo competitivo en donde la sostenibilidad toma valor no solo por una cuestión moral, sino toma valor económico. Nos vamos a quedar afuera de los mercados si no nos aggiornarnos”, sostuvo y advirtió: “No solo vamos a estar perjudicando al ambiente sino dañando la sustentabilidad en especial de los pequeños productores”.

La bonaerense subrayó que “permitir una carga de uso del suelo excesiva es claramente pan para hoy y hambre para mañana; porque ese suelo si no lo protegemos va a ser menos eficiente, va a rendir menos, va a generar menos”. Y agregó que “no” cree que “el sector haya pedido que se elimine este artículo” porque “es en beneficio de su producción”.

Desde Río Negro, el senador Alberto Weretilneck (JSRN) enfatizó que esta es “una ley que para los patagónicos es transcendente y sumamente importante” y constituye “la continuidad de una política de Estado”. Al repasar la evolución y caída del sector a lo largo de los años, el legislador lamentó que “menos de dos kilos y medio por año come cada uno de los argentinos” de carne ovina.

Para el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), la iniciativa “es una señal muy fuerte en defensa de las economías regionales” y “una demanda de muchos productores”. El radical valoró que, pese a las diferencias, en la comisión “todos estuvimos de acuerdo que entre los principales desafíos que tenemos en Argentina es darle valor agregado en origen a nuestra materia prima”.

Al plantear las propuestas de cambios, en línea con lo dicho por su par De Angeli, Zimmermann aprovechó para criticar el cierre de las exportaciones de la carne vacuna dispuesta por el Gobierno: “Creen que con esta medida se va a poder controlar la inflación, la verdad no entendemos esta enorme contradicción y no la acompañamos”.

Cerró el debate el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (FdT), quien dijo que esta ley “trae nuevos objetivos y un nuevo enfoque”, al tiempo de “una mirada y un desarrollo más integral de la cadena”. Puntualmente sobre la cuestión presupuestaria, el cordobés defendió el monto de 850 millones de pesos sin índice de actualización.

El oficialista destacó “el esfuerzo que hoy está haciendo el Estado, en un momento en que esto es extrapresupuestario, porque no está contemplado en el Presupuesto 2021” pasar de 20 millones de pesos a 850. “Es una demostración de la voluntad de nuestro presidente de desarrollar las actividades regionales”, expresó, y aseveró que los siguientes gobiernos podrán “en los próximos diez años ir recalculando el monto”, que “es suficiente para este momento”, ratificó.

Puntos centrales del proyecto

En el proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.

La iniciativa establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.

Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.

Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.

El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.

Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.

El artículo 12 del proyecto expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.

Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.

“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.

Presidida por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, la Comisión de Agricultura del Senado aprobó diferentes iniciativas.

Una de ellas es del senador entrerriano Alfredo De Angeli, y por la misma se prorroga por el término de diez años a partir del 5 de abril del 2021, la ley de ganadería ovina.

El senador De Angeli señaló que “la ley ovina es muy importante, es una de las más federales que hay. Es necesaria la prórroga porque se está dando mucho trabajo y no podemos quedar en el vacío”.

El senador por Buenos Aires Jorge Taina (FdT) consideró que estaba de acuerdo con la iniciativa y manifestó que “es apropiado el estímulo a la producción ovina, tenemos que mandar una señal al Ejecutivo de que hay una preocupación y una sensibilidad para apoyar a esta industria ovina y su desarrollo”.

La comisión también trató un proyecto del senadorcatamarqueño Dalmacio Mera (FdT) que declara de interés nacional la promoción y producción del camélido. En este punto los senadores de Juntos por el Cambio Julio Martínez y Silvia Giacoppo destacaron una iniciativa que iba en la misma línea y que fue presentada por el fallecido diputado radical Miguel Giubergia.

La senadora Giacoppo subrayó que “necesitamos que el proyecto de Giubergia se viabilice, que salga y que podamos promover el consumo de la carne de camélidos que no tiene grasas y tiene alto valor proteico y ponderar a los productores de esta zona tan inhóspita”.

Finalmente y acordando con una propuesta del senador Martínez, la comisión decidió avanzar con el estudio de ambos proyectos y buscar la posibilidad de unificarlos en un dictamen único.

También se firmó dictamen en favor de una iniciativa de la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu, que declara de interés “la Fiesta Nacional del Cordero Patagónico a realizarse en el mes de diciembre en la localidad de Sierra Colorada en la Provincia de Río Negro”.