La senadora nacional Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) se reunió este martes con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para conversar respecto a la situación de la Provincia.

También, estuvieron presentes los legisladores provinciales Rodolfo Ocaranza, Walter Berarducci, Claudio Viña, Alfredo Toscano y Rolando Alfaro, integrantes del Partido de la Justicia Social.

En diálogo con parlamentario.com, Ávila expresó que con Jaldo “coincidimos que siempre la prioridad debe ser Tucumán”. A su vez, resaltó que “Jaldo nos invitó a trabajar juntos. No quiere peleas. La gente quiere soluciones”.

“Estamos de acuerdo con la convocatoria del 25 de mayo y con el acompañamiento de las herramientas que se necesita brindar al Gobierno nacional”, acotó la senadora respecto a la cumbre entre los gobernadores y el presidente Javier Milei.

Del mismo modo, sostuvo que “tenemos que cuidar el futuro de las economías regionales de la producción de la Provincia y es en eso en lo que vamos a trabajar”.

También, estuvo presente el ex intendente de la ciudad capital y titular del PJS, Germán Alfaro quién expresó que: “Coincidimos con esa línea de trabajo. El presidente está recibiendo el apoyo de la gente. El gobernador nos ha invitado porque tenemos que trabajar juntos. Durante muchísimo tiempo hemos tratado de buscar responsables, y la gente lo que quiere es encontrar soluciones”.

Por si quedaba alguna duda, la diputada nacional Rossana Chahla fue declarada vencedora en las elecciones de la capital tucumana por una diferencia de 6.205 votos.

En las redes sociales, Chahla proclamó su “victoria histórica” y anunció: “Soy oficialmente la nueva intendenta de San Miguel de Tucumán. Estoy muy agradecida por todo el cariño y acompañamiento de los ciudadanos, la dirigencia, fiscales, autoridades y conductores del Partido Justicialista”.

El triunfo de la diputada del Frente de Todos fue oficializado por la Junta Electoral Provincial, que le otorgó a Chahla 158.564 (41,96%) frente a 152.359 (40,3%) de la postulante de Juntos por el Cambio Beatriz Avila.

El conteo de esta elección se había suspendido a medianoche del domingo 11 de junio y durante el recuento el intendente saliente, Germán Alfaro, denunció presuntas irregularidades y terminó abandonando la fiscalización del escrutinio.

“Este triunfo es una victoria para todos los capitalinos y un ejemplo de que con escucha, participación ciudadana, proyectos e ideas se pueden lograr grandes cosas”, sostuvo la ganadora, que agradeció a su familia, equipo y organizaciones por el apoyo en cada momento de esta elección. Y aseguró que “la historia recién comienza”, prometiendo trabajar “incansablemente por una ciudad ordenada, transparente, tecnológica, limpia, sustentable, inclusiva y segura”.

“Gracias por confiar en mí, las puertas siempre estarán abiertas para que todos los vecinos puedan participar de este gobierno”, concluyó Chahla.

Confirmado el ajustado triunfo de Rossana Chahla en la capital tucumana, hay que pensar ahora en quién va a completar el mandato de la intendenta electa, hasta 2025. Y ese lugar será para la actual intendenta de Aguilares, Elía Mansilla.

La futura diputada nacional ocupó en 2021 el tercer lugar de la lista que encabezó Chahla, exministra de Salud de la provincia de Tucumán. En esa oportunidad se impuso el peronismo, pero el resultado final otorgó dos diputados para el oficialismo y dos para Juntos por el Cambio. Así, por la lista ganadora ingresaron Rossana Chahla y Agustín Fernández, mientras que por Juntos por el Cambio los elegidos fueron Roberto Sánchez y Paula Omodeo.

En esa elección también se eligieron senadores nacionales. Por el Frente de Todos ingresaron a la Cámara alta Pablo Yedlin y Sandra Mendoza. Por JxC resultó elegido Germán Alfaro, quien renunció a la banca para seguir como intendente de San Miguel de Tucumán, por lo que asumió su esposa, Beatriz Avila, quien ahora continuará entonces en su banca hasta 2027.

Como Yedlin fue elegido en las elecciones del domingo pasado diputado provincial, en caso de asumir debería asumir el primer suplente, que es nada menos el gobernador saliente Juan Manzur. Habrá que ver ahora si Manzur, que por entonces seguía pensando en el Ejecutivo y era candidato a vicegobernador hasta que la Corte Suprema de Justicia se lo impidió, resuelve asumir en el Senado.

Elía Fernández de Mansilla deja a fin de año la intendencia en manos de su hija Gimena Mansilla, hija también del exsenador nacional Sergio Francisco Mansilla, actual legislador provincia.

La senadora Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social – Tucumán) presentó un proyecto reclamándole al Poder Ejecutivo por la paralización de las obras de la autopista entre San Miguel de Tucumán y Las Termas de Río Hondo.

En la iniciativa, la senadora consultó que “en particular, cual es la situación real de la obra frente a cada una de las cuestiones e inconvenientes planteados por la empresa contratista en su nota”.

Del mismo modo, agregó: “¿Cuál es el plazo original de obra, el grado de avance que la misma presenta al día de hoy y el plazo que demandaría las adecuaciones solicitadas por la empresa para reiniciar la ejecución del proyecto?”.

“En caso de no haberse realizado las obras para el traslado de las redes de las conexiones de gas y electricidad necesarias: ¿En qué plazo se ha proyectado concretar las mismas? ¿Qué gestiones se llevaron cabo para lograrlo?”, señaló Ávila.

En tal sentido, la senadora tucumana añadió: “La misma se torna esencial para mejorar las conexiones de la capital tucumana y nuestra vecina provincia de Santiago del Estero, y facilitar a los productores del Norte argentino el traslado de sus productos. En definitiva, la importancia de este proyecto para la economía regional y nacional se torna evidente”.

Así también, explicó que “neutralizar las obras implica dilatar la concreción de la autopista, por razones que necesitan ser analizadas en detalle y explicadas públicamente a la ciudadanía”

Por último, concluyó: “Este proyecto busca ahondar en las circunstancias que inciden en la solicitud de aplazamiento indefinido para la concreción de esta importante Obra Pública, dando a conocer públicamente las razones de ese pedido”.

Se calienta la interna tucumana. El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, gobernador tucumano en uso de licencia y precandidato a vicegobernador, criticó a la senadora nacional Beatriz Avila, ubicándola entre los casos de nepotismo que pululan en la política.

Previsiblemente, la senadora de Juntos por el Cambio salió a cruzarlo y habló de “dichos machistas, atrasados y obsoletos” del jefe de Gabinete de la Nación, de quien dijo que “minimiza mi labor legislativa y política, degradándome a la categoría de ‘mujer de’”, ante lo cual aclaró que “no voy a callarme. Esa es la típica respuesta de un machirulo”.

“A la política del Gobierno provincial le molesta que las mujeres alcemos nuestra voz. Le molesta que tengamos opiniones propias, le molesta que ocupemos lugares de liderazgo. Y sobre todo, le molesta que tomemos decisiones de lo que queremos y de lo que no queremos para nuestra provincia”, continuó.

En un extenso hilo de Twitter, Avila continuó: “Pero yo no me voy a callar. Soy mujer ante todo, soy mujer madre, mujer hija, mujer senadora, mujer periodista, mujer que impulsó leyes como la ley antitabaco, parto humanizado, obesidad, entre otras”.

Aclaró que también es esposa de Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán. “El intendente con quién comparto la vocación de transformar nuestra provincia. Con quien lucho codo a codo para que los tucumanos podamos vivir mejor y que volvamos a tener esperanza por nuestro futuro”.

“Nosotras, las mujeres, no vamos a permitir que se subestime nuestro trabajo y los lugares que a lo largo de la historia nos supimos ganar”, concluyó la senadora tucumana, que remató con un “basta de machismo”.

“A 24 horas de la muerte de un tucumano y a semanas de un brote de neumonía en un sanatorio, la provincia sigue sin identificar las causas y lo más serio es que no informa qué medidas de seguridad se tomaron para prevenir todo esto dado que seis personas fallecieron ya el año pasado de Legionella en circunstancias similares”.

Así lo expresó la senadora nacional Beatriz Avila, quien señaló que “el Ministerio de Salud respondió a mi pedido de informe, pero sin aclarar lo más importante”.

“Parece que volvimos al tiempo de Ibatín: se enferman y mueren personas en centros de salud y no sabemos las causas”.

En ese marco, se preguntó: “¿Cuál es la política de salud pública en Tucumán? ¿Intérnese en un centro médico y pague si sobrevive? Este gobierno tiene un jefe de Gabinete de la Nación médico y candidato a vice; una diputada nacional médica y candidata a intendenta; un senador médico que votó en contra de las vacunas contra el Covid para los chicos vulnerables”.

“¿Qué hicieron estos médicos para evitar la crisis de salud que vivimos en una provincia donde la única huelga la están haciendo los médicos del Sita? La desgracia de Tucumán es que tenemos políticos médicos rápidos para hacerse candidatos eternos pero lerdos para solucionar los problemas de décadas y décadas de la provincia, empezando por los de salud”, reclamó.

Avila indicó que cuando recorre el interior, uno de los principales dramas de la población son los sanitarios. “Si vives en una ciudad o pueblo de Tucumán no te enfermes, no de infartes, no quieras dar a luz en determinados horarios o lugares, vas a tener que esperar y trasladarte kilómetros porque los dejaron a la buena de Dios. Hacen abandono de miles de personas y todavía quieren seguir”, condenó.

El informe

La parlamentaria elevó un pedido de informe al ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, el 26 de enero, luego de conocerse la situación de cinco personas, que se encontraban seriamente afectadas por neumonía, dos con asistencia artificial, una de las cuales falleció el lunes en el Centro Privado de Cardiología. De esa manera pedía conocer el patrón del brote; si las causas eran ambientales o provocadas por el nosocomio; qué medidas se tomaron para evitar y detectar precozmente los casos en todos los centros de salud provinciales, públicos y privados; además de los protocolos de vigilancia y prevención, luego de la aparición de Legionella en 2022.

“Entre tantas aclaraciones, en la respuesta recibida, se indica que en los estudios preliminares del Malbrán no se identifica Legionella en las muestras aunque todavía faltan los resultados de estudios de alta complejidad. Se nos aseguró que en las instituciones afectadas se restringe el ingreso de nuevos pacientes de internación y que se reforzaron las medidas de bioseguridad tanto entre los trabajadores como entre los pacientes, cuidando la calidad del agua que se consume y los protocolos de limpieza y desinfección de tanques”, detalló.

“Lamentablemente, no recibimos respuesta sobre las medidas sanitarias que tomó el ministerio provincial para detectar precozmente y prevenir otros casos y el contagio de esta enfermedad. Cabe recordar que después de lo ocurrido en el sanatorio Luz Médica, hubo otro caso en diciembre, en el hospital Avellaneda, sobre el que no se informó públicamente el resultado y las posteriores medidas, por lo cual los hospitales públicos también son preocupantes”, alertó.

La senadora de Juntos por el Cambio señaló que su responsabilidad “es servir a la provincia garantizando la seguridad y salud de todos los tucumanos, por ello quedamos a la espera de estas respuestas”. “Que existan protocolos, que se cumplan, y que el Estado los controle, es el ABC del funcionamiento de la salud pública, de lo contrario los tucumanos seguiremos estando a merced de trampas mortales cada vez que debemos acudir a un centro de salud”, concluyó.

La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales se reunió, este martes en el Salón Illia, para debatir cuatro proyectos que transfieren inmuebles, propiedad del Estado Nacional a distintas provincias y municipios.

Al comenzar el encuentro, la presidenta de la Comisión, la senadora de JxC Beatriz Ávila destacó que “los expedientes en carpeta tienen informes favorables”.

En primer lugar, se trató el proyecto de ley de autoría del senador oficialista Edgardo Kueider que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, el dominio del inmueble según título inscripto bajo N° 482, registro de propiedades número 9190, tomo 45, folio 708 de la sección campaña del registro público de Gualeguaychú, Entre Ríos, propiedad del Superior Gobierno de la Nación.

Luego, se pasaron a la firma tres proyectos con media sanción de Diputados, uno que transfiere a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional a la Municipalidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires; otro que transfiere a título gratuito 3 inmuebles propiedad del Estado Nacional a favor de la Municipalidad de Montecarlo, provincia de Misiones y por último, uno que transfiere a título gratuito a la provincia del Neuquén el inmueble de dominio del Estado Nacional, ex Compañía de Comunicaciones de Montana Nº 6, ubicado en la ciudad de Neuquén, departamento de Confluencia.

También se trataron dos proyectos de declaraciones, uno que expresan beneplácito por la creación de casas de la provincia, en los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires y otro que declara de interés el 25º aniversario de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Finalmente, se debatió un proyecto de comunicación que solicita la apertura de una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero, una oficina migratoria en la ciudad de La Banda y un centro de documentación rápida.

Legisladores nacionales designaron este jueves las autoridades de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Asuntos Administrativos y Municipales.

Durante una reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador por Río Negro Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) fue ratificado como presidente de la misma en tanto el senador por Entre Ríos Alfredo De Angeli (Pro) lo fue como vicepresidente. En tanto, el senador por Santiago del Estero José Neder (Frente Nacional y Popular) fue designado como secretario.

Al comenzar su alocución, el senador Weretilneck se refirió a “la importancia que tienen todas estas actividades en la vida del país, el desarrollo de todas nuestras regiones, en lo que significa la balanza comercial inclusive”.

“Tenemos hoy ciento ocho expedientes, de los cuales cincuenta y uno son proyectos de ley, así que trataremos de coordinar una agenda trabajo”, informó a continuación.

Posteriormente se reunió la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales siendo designados como autoridades de la misma: la senadora por Tucumán Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) como presidenta, el senador por Corrientes Carlos Espínola (Frente Nacional y Popular) como vicepresidente y su par por La Pampa Daniel Kroneberger (UCR) como secretario.

La presidenta de la Comisión notificó que: “hay una carpeta que se la voy a distribuir a cada uno de los integrantes de esta Comisión sobre proyectos que ya se habían presentado anteriormente y nuevos que han presentado los senadores de las distintas bancadas”.

“Me parece importante poder, a través de esta Comisión, escuchar a todas las voces: a los miembros del Poder Ejecutivo nacional vinculados también con los municipios, a los gobiernos locales, a todos los senadores y a todos aquellos que ustedes propongan y que quisieran también que invitemos a la Comisión”, concluyó.

Con el fin de reprogramar la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros bajo criterios equitativos para líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, tres senadores de la oposición presentaron un proyecto de ley de boleto federal.

Puntualmente la denominación del mismo es Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de subsidios nacionales al Transporte Público de Pasajeros, y sus autores las senadoras Alejandra Vigo (Córdoba Federal) y Beatriz Avila, y el senador Alfredo Cornejo, –estos dos últimos de Juntos por el Cambio-, quienes brindaron este jueves por la mañana una conferencia de prensa en el Salón Auditorio Emar Acosta, del Anexo del Senado.

Tomó la palabra en primer lugar la senadora cordobesa, quien aclaró que la iniciativa “plantea con criterio federal una distribución justa y equitativa de los subsidios al transporte de pasajeros en la Argentina”, a partir del hecho de que “casi el 85% de esos subsidios se concentra en AMBA y el resto se distribuye en las provincias”, expresó Vigo. En el transcurso de la conferencia se aclararía que el AMBA recibe hasta el 87% del total de dichos recursos.

La tucumana Beatriz Avila puntualizó que el realizado por los tres senadores junto a asesores técnicos fue “un trabajo de muchísimos meses, porque el sistema de transporte público de pasajeros es esencial para todos los ciudadanos del país, y hemos visto la asimetría que existe entre los subsidios del AMBA y el interior”. Aclaró que el que estaban presentando es “un proyecto superador, porque es necesario darle un marco legal a esta temática transversal, para que un servicio esencial para los ciudadanos sea con precios muy similares en todo el país”.

En ese sentido contó que en su provincia tienen un boleto a 45 pesos, que hace que empresarios y ciudadanos no tengan un buen servicio, y lo comparó con la Ciudad de Buenos Aires, donde el precio es de 18 pesos y sin aumentos desde 2019, lo cual atribuyó a “esta mala distribución que existe con el resto del país”.

“En este proyecto se ha trabajado con parámetros objetivos de cómo hacer esta distribución donde están comparadas todas las provincias y también el AMBA”, continuó, aclarando que no se trata de “un proyecto en contra de nadie; es a favor de la ciudadanía, que quiere un transporte de calidad”.

A continuación, el mendocino Alfredo Cornejo celebró la presencia de “contrapartes técnicas de las provincias de Córdoba y Mendoza”, cuyos representantes estaban acompañándolos en el estrado. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio del Senado presentó la iniciativa como “federalismo en serio, no federalismo de discurso”, y lo graficó repitiendo que “hoy el 85% del subsidio del transporte queda en AMBA, pero el origen es el impuesto a los combustibles, que se cobra en todo el país; y de ese impuesto, de todo lo que se recauda, el 95% se aplica en AMBA. Solo el 15% va al interior del país. No hay nada más injusto y menos federal que la distribución de este impuesto a los combustibles”.

El exgobernador mendocino insistió en que “la mayor parte se la lleva el subsidio al transporte y el 85 u 87% se queda en AMBA”, aclarando que “nunca hemos estado peor en la distribución de ese subsidio. Ha empeorado en los últimos tiempos, con el afán de concentrar en las partes donde se definen las elecciones”, lo cual “ha hecho mucho más ineficiente el subsidio al transporte de lo que ya era”.

“Este proyecto intenta distribuirlo no caprichosamente, no a voluntad del Gobierno o de un funcionario, o burócrata, sino con criterios objetivos que lo hagan mucho más eficiente”, continuó, aclarando que “no agrega más gasto público, no se crea ningún impuesto, sino que se distribuye de otra forma”.

Esto es, se distribuye en función de la cantidad de pasajeros, por unidad y por kilómetro recorrido. “De manera que es eficiente en su distribución, procura ir directo al usuario y no indirecto como ahora. Con lo cual tiene una serie de virtudes que debiera ser aprobado por la mayoría de las provincias”, agregó, remarcando que “no es en contra de nadie en particular, sino que beneficia una distribución más equitativa”.

“Hoy hay una disparidad enorme”, insistió el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, que hizo hincapié en lo que se paga por el boleto en CABA y en trenes en el Gran Buenos Aires, que van de 18 a 20 pesos, mientras que en Córdoba el pasaje cuesta casi 60 pesos; en Tucumán $45; en Mendoza todavía está en $35, pero con un inmenso subsidio de parte de la provincia, aclaró. “Porque alguien paga estas cosas”, aclaró Cornejo.

El proyecto, agregó, “viene a remediar un problema, por eso esperamos que ambas cámaras debieran aprobarlo y estamos abiertos a correcciones que no cambien el espíritu y básicamente los aspectos técnicos para distribuir ese subsidio”.

Luego volvió a hablar la senadora Vigo, que aclaró que “la banda de aquí para cualquier usuario en AMBA va de 18 a 23 pesos; no hay ninguna ciudad en la Argentina, salvo en el AMBA, que el boleto esté en esos valores. Pagan allí siempre casi la mitad de lo que pagaría cualquier otro usuario”.

La senadora observó que “acá no se trata de sacarle a uno para darle a otro; me parece que esto va a redistribuir, con criterio federal  y que esté impuesto por una ley, que no sea el Gobierno de turno el que decide beneficiar a un sector y perjudicar a otro”.

Cornejo recordó sus tiempos como gobernador, cuando junto con el cordobés Juan Schiaretti suscribieron el Pacto Fiscal, donde lideraron una cláusula según la cual en 2019 se empezaban a hacer cargo en el AMBA de la regulación de los servicios de electricidad, gas y agua. Empero, el Pacto Fiscal luego se suspendió en buena parte de sus artículos, pero para 2021 estaba proyectado hacer más o menos lo que ahora ellos proponen. “Alberto Fernández lo suspendió, quedó prácticamente sin efecto y ha sido regresivo en materia de federalismo”, precisó el senador mendocino.

En el auditorio se hicieron presentes diputados y senadores nacionales, e incluso el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. Y junto a los senadores autores del proyecto estaban el director general de Transporte de la provincia de Córdoba, Mariano Plencovich, y el secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, quienes a continuación dieron detalles técnicos del proyecto.

Fue Mema quien detalló cómo fue que el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) fue “degenerándose” en materia de costos, y precisó que el 87% de los subsidios van para el AMBA y el 13% para las provincias. Además, agregó, el Tesoro ha comenzado a aportar también para el AMBA, mientras que se pone un límite para el interior en las compensaciones complementarias.

Plencovich comentó que al hacer la revisión del esquema de subsidios se observa que “mientras en el AMBA se empiezan a reconocer los costos, lo cual implica que es un fondo que allí no tiene techo, en el interior no se actualizan los costos. A partir de ahora ya se empiezan a desgastar los sistemas del interior en comparación con lo que sucede en el AMBA”.

Natalio Mema dio más datos: entre mayo y octubre de 2021, solo para el AMBA se destinaron 81 mil millones, mientras que para todo el interior fueron apenas 20.000 millones y luego se sumaron otros 8.000 millones.

Agregó luego que al desandarse el camino del Pacto Fiscal, “quedamos en el peor de los mundos”. Y mientras la energía está en manos de las provincias, eso no sucede con el AMBA.

Agregó que “el panorama actual es que cada colectivo del AMBA recibe 3,37 veces más que cada colectivo del interior del país”.

Asimismo se recordó que el Ministerio de Transporte de la Nación, con el ministro de Trabajo arreglan paritarias para el AMBA “que se pagan con fondos del Tesoro, y luego ese mismo gremio pide lo mismo en las provincias. El problema es cómo lo pagamos”, aclararon los expositores para recordar luego que toda la semana pasada tuvieron paros y ahora están en conciliación.

Cornejo insistió con eso: “El Gobierno nacional negocia con la UTA y luego las provincias tienen que hacerse cargo de una negociación con costos distintos”. Con el agregado, se sumó Beatriz Avila, de que “se está hablando de una base de 150mil pesos más un bono extra que en el interior no podemos pagar si no hay una nueva distribución del subsidio del transporte.

Vigo resumió puntualizando que lo que buscan es crear un fondo que incluya tres criterios de distribución: las unidades computables, el personal computable y los kilómetros recorridos. “Estamos dispuestos a escuchar los aportes que puedan acercarnos el resto de los senadores. Este es un tema transversal”, apuntó.

Los senadores nacionales Alfredo De Angeli, María Belén Tapia y Beatriz Avila encabezarán este martes una ceremonia en la que se distinguirá a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable.

Será en el marco de la celebración del tercer aniversario de la institución, y se celebrará este martes a las 18, en el Salón Auditorio Emar Acosta del edificio Alfredo Palacios, en Hipólito Yrigoyen 1702, 5° piso, de esta ciudad.

La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto para declarar ‘de interés’ los actos y festejos que realice la provincia de Tucumán, en el marco de las celebraciones con motivo del “Año del Bicentenario de la Fundación de la Industria Azucarera”, como un homenaje a todas las mujeres, hombres y niños que forman parte de las generaciones que escribieron la historia del azúcar desde la provincia para Argentina y el mundo. 

En los fundamentos del proyecto, Ávila destaca la importancia de reconocer el valor histórico de la industria azucarera para nuestra Nación, e indica que “este hecho histórico es la síntesis de la combinación de esfuerzo, iniciativa privada, inversión de capital, trabajo, producción agropecuaria y desarrollo industrial, que nos remonta desde el tiempo de la colonia hasta nuestros días”. 

La legisladora destaca ‘el círculo virtuoso’ que significó esta industria para la provincia a lo largo de estos dos siglos, y convocamos al “necesario reconocimiento y ejemplo al Obispo Colombres propulsor de la actividad y un merecido homenaje a toda la industria que atravesó nuestra historia provincial y nacional”. 

Finalmente, la diputada por el partido por la Justicia Social reitera la necesidad de “reivindicar un hecho fundamental que fue y es parte de nuestra nacionalidad, pido a mis pares el acompañamiento y sanción de este proyecto”. 

La diputada nacional Beatriz Ávila se refirió a la insólita fuga de Roberto Rejas, que debía cumplir una cadena perpetua por el crimen de Milagros Avellaneda y de su hijo Benicio, pero escapó por una ventana de un cuartel de bomberos en Tucumán a la espera de la sentencia firma, y sostuvo que se trata de “una prueba evidente del entramado de corrupción que involucra a los altos mandos de la policía, del servicio penitenciario y del poder judicial”. 

Para la legisladora “es imposible pensar en pedir seguridad, cuando las instituciones que deben garantizarla muestran este grado de corrupción. Esto es una prueba definitiva del grado de descomposición de las instituciones a las que nos llevó el alperovichismo que sigue en el poder”. 

Ávila presentó dos pedidos de informes ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Martín Soria, con la intención de “poder entender con mayor certeza cuál es la situación de nuestro país en relación a la crisis carcelaria y las detenciones realizadas en establecimientos no equipados para tales fines”. 

“A un Poder Judicial muy cuestionado por la sociedad, se le suma la complicidad de un sistema de seguridad y penitenciario deplorable que abre una nueva faceta de la impunidad reinante”, aseveró la legisladora nacional, y agregó: “Acá pareciera que hay piedra libre para delinquir, para matar y para ejecutar femicidios, total no pasa nada. Si hay condena, cuando la hay, no importa, no hay pena, hay una nueva y adicional variante de impunidad”. 

“La incompetencia y la indolencia es manifiesta, la gestión ha fracasado y no hay un solo responsable, pero el ministro de Seguridad es el principal culpable y debe hacerse cargo. Basta de castigar al pueblo tucumano, basta de proteger a delincuentes, basta de impunidad”, concluyó Ávila. 

Tucumán, como todas las provincias argentinas, sufre las duras consecuencias de esta larga pandemia. Basta recorrer el centro de su actividad comercial, para comprobar el alto impacto económico que ha ocasionado la misma. El cierre definitivo de locales, la baja considerable de consumo en todos los rubros, el resentimiento expuesto de la actividad laboral y del poder adquisitivo, son factores que aumentan la preocupación día a día. Y como si esto fuera poco, el declarado enfrentamiento político entre los máximos referentes del Poder Ejecutivo y el Legislativo ha venido a complicar aún más la realidad de los tucumanos.

Parlamentario dialogó en la capital provincial con dos referentes centrales de la vida política local: Germán Alfaro, intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y su esposa, la diputada nacional Beatriz Ávila. Ambos recibieron a este medio para dar su impresión acerca de cómo el tucumano vive este difícil momento y cuáles son, según ellos, los motivos que complican planificar soluciones a corto plazo, tanto en la provincia cómo en el país.

– ¿Cómo ve a Tucumán transitando esta situación de pandemia?

Germán Alfaro: Tucumán tiene una densidad poblacional importante, lo que pone a la provincia en una situación de contagio muy preocupante. Para ello, tenemos que estar muy preparados sanitariamente, en cuanto a la capacidad de camas, recursos humanos. Tomar muchas medidas para evitar la expansión y transmisión del virus. Esta segunda ola, por lo que nos dicen los números, es tan preocupante como la primera, con una meseta elevada.

– ¿Y en cuanto a la reacción de la sociedad?

GA: Este es un desafío para todas las sociedades del mundo. Algunas con mayor espalda económica, otras con menos. Como la nuestra, que venimos de una crisis. La crisis más la pandemia ha originado un combo de muy difícil resolución. Por ejemplo, ciudades como la que dirijo, San Miguel de Tucumán, tiene hasta el momento, alrededor de  400 PyMEs cerradas. Ha crecido el desempleo, hubo un visible aumento de la pobreza. Y todo esto produce una gran incertidumbre en la gente, temor, intolerancia. Cuando no se tienen solucionados los problemas dentro de la casa y más, cuando no existe ninguna seguridad de superar esta situación, la incertidumbre en la gente es inevitable.

– ¿El país también está envuelto en esto de no saber qué va a pasar?

Beatriz Avila: Venimos de un 2020 absolutamente atípico en todo el mundo. Y en nuestro país genera mucha incertidumbre lo que estamos viviendo. Pandemia más situación económica es el cuadro más preocupante. No sabemos cómo se va a resolver la inflación. Nadie puede decirnos cuándo se va a terminar de vacunar, cómo lo van a hacer… Y ya con estas dos cosas, el grado de incertidumbre es altamente preocupante. Por eso estoy convencida de que es el momento, para quienes tenemos representaciones políticas, de que podamos sentarnos a conversar, a dialogar, tirar todos para el mismo lado. No llevarle más incertidumbre a la gente.

Hay que tener mucho cuidado. Hay que poner mucha racionalidad, mucha sensatez. Este momento de crisis sanitaria, económica y social, es muy duro, muy preocupante para los argentinos. Y básicamente el norte argentino. Tucumán, con los mayores índices de pobreza e indigencia, aun por encima de la media nacional, genera mucha incertidumbre.

– ¿Qué otros temas afectan sensiblemente a los tucumanos?

GA: Bueno, Tucumán está siendo noticia por la crisis política que está atravesando en este momento. La pelea del gobernador (Juan Manzur) con el vicegobernador (Osvaldo Jaldo) no ayuda a transitar con mayor tranquilidad la situación  de pandemia que estamos viviendo.

Creo que es una equivocación muy grande estar enfrascados en esa lucha política y de poder, que nada tiene que ver con la agenda de la gente. Están totalmente equivocados. Esto también demuestra la mediocridad de la dirigencia política. Que no está a la altura de las circunstancias. La gente está esperando otro tipo de cosas. Pero, ellos se están peleando en plena pandemia. Tratando de demostrar quién tiene más poder sobre el otro. Mientras toda una sociedad va perdiendo el trabajo, se caen las PyMEs. Hay un gobierno que está totalmente ausente, sin iniciativa, totalmente paralizado. La provincia está en piloto automático en este momento. Y es realmente una desgracia. Porque tendríamos que estar preparándonos y pensar en la post-pandemia. Cómo vamos a solucionar los problemas después que baje esta curva de contagios. Porque nosotros estamos en una guerra. Y estamos a la espera de que nos caigan las bombas. La bomba es el virus. Y de una guerra, siempre se sale con una plan, una estrategia económica, política, social. Tuvimos dos guerras mundiales, y, en su finalización se salió con un plan concreto. Nosotros, tenemos que estar pensando en eso. El gobernador y el vicegobernador, debieran y tendrían que estar pensando en eso. Y no tratando de disputar el poder para 2023. Faltan dos años y medio. Y voy a ser duro: ¡Ninguno de los argentinos tenemos la seguridad de que vamos a sobrevivir a la pandemia!

– ¿Usted comparte las críticas que se le hacen al Congreso Nacional de haber hecho uso político de la salud en un escenario de pandemia?

BA: Cuando arrancó el tema de pandemia, los que formamos parte del arco opositor dejamos de ser oposición para ser referentes y dirigentes de acompañamiento al Gobierno nacional. Le hemos dado absolutamente todas las herramientas que nos solicitaron. No solamente para poder comprar las vacunas, que era la gran esperanza para proteger a todos los trabajadores de la salud, hacer las recetas digitales, el teletrabajo. Estuvimos siempre a disposición. Ahora, realmente querer politizar, ideologizar un tema tan sensible como es, el derecho a la vida, me parece un hecho, absolutamente repudiable.    

No acepto que en este tema, donde hemos dado todas las condiciones desde el Congreso Nacional, todas las herramientas legislativas que necesitaban, no hayan hecho las cosas con seriedad, prolijidad y transparencia. El por qué no se cerró la compra de la vacuna Pfizer, por ejemplo. El presidente por un lado y la ministra de Salud por otro, prometiendo millones de vacunas. Y hoy sabemos que es un porcentaje mínimo el que ha tenido acceso a la primera dosis y mucho menos la segunda. Con respecto a este tema, admito que hay grupos radicalizados, dentro del Gobierno, que sí han querido ideologizar de manera muy burda, inclusive con una gran falta de respeto hacia los argentinos, con un tema de gran sensibilidad. El Gobierno debería rever en su accionar y, sobre todo, en su muy mala comunicación en materia sanitaria.

– ¿Usted ha reclamado, permanentemente, en el recinto de la Cámara baja, más federalización. Cómo le cae el enfrentamiento puntual Nación-Provincia de Buenos Aires-Ciudad de Buenos Aires, cuando el resto del país está atravesando por idénticas situaciones de salud, económicas y sociales?

BA: Esto me da la razón de que, cuando hablamos de federalismo, para mí sólo es en lo genérico. En la realidad es absolutamente distinto. Lamentablemente hoy, estamos viviendo como si fuésemos un país unitario. Hoy, los mayores recursos están destinados a lo que llaman el AMBA, y con la pelea política que está manteniendo el presidente con uno de los mayores referentes de la oposición. En este momento, el federalismo sólo pasa en la palabra, pero en los hechos no es así. Cuando aprobamos la Ley del Impuesto a la Riqueza, yo dije que eran recursos que tenían que ser coparticipables. Pero no escucharon a las provincias. No es lo mismo la realidad que vive el AMBA con el norte o el sur del país. No existe el verdadero federalismo. Cuando aprobamos el Presupuesto, se hicieron artículos especiales que beneficiaban a provincia de Buenos Aires y a Ciudad de Buenos Aires. Sin contar las diferencias que existen en las tarifas del servicio eléctrico que se paga en CABA con las que se pagan en el interior, que es entre cinco o seis veces más. O el caso de los subsidios al transporte público, donde el AMBA recibe el 80% de los impuestos que pagamos todos los argentinos, frente al 20% que recibe el resto del país. Esto lo he reclamado, sigue siendo así y, lamentablemente, este gobierno que decía que venía a unir a los argentinos, yo creo que la realidad es absolutamente diferente. Así que como representante de Tucumán, voy a seguir hablando, voy a seguir insistiendo en la existencia de un verdadero federalismo, como habla la Constitución Nacional.

– Por su historial político se desprende que, más allá de su convicción y principios peronistas, usted siempre ha privilegiado la construcción política con acuerdos y proyectos, muy identificados con los reclamos ciudadanos. Tan es así que no dudó en manifestarle su público desacuerdo a (José) Alperovich cuando era gobernador y también a Manzur. ¿Eso le ha originado duros escollos, o al contrario, lo ha revalorizado ante el concepto que tiene la gente en usted?

GA: Yo creo que cuando la gente deposita su confianza en uno, cuando me vota, cuando me elige, yo tengo que asumir una responsabilidad. Esa responsabilidad hay que ejercerla. Manifestar y expresar todas las cosas que uno piensa. Mis convicciones, mis principios, jamás los voy a dejar de lado. Si me votaron, lo hicieron por las cosas que dije, por mis manifestaciones. Ahora, si eso me ha generado dolores de cabeza o beneficios políticos, yo creo que es lo de menos. Cuando uno es fiel a sus principios, a sus convicciones, es lo más importante. Es porque estoy obrando de acuerdo a lo que le dije a la gente.

– ¿Usted sigue siendo oposición. ¿Esa oposición la sigue realizando solo o tiene acompañantes?

GA: Hay un grupo de compañeros. Institucionalmente hablando, de intendentes, legisladores que forman parte de una oposición. No soy el único opositor. No voy a caer en esa soberbia. Sí represento a la ciudad que tiene el mayor número poblacional de toda la provincia. Quizá por eso se visibilice más lo que uno dice o la forma que uno actúe. También eso genera mayor responsabilidad. Pero hay un grupo grande que, con sus aciertos, errores, defectos y virtudes, quiere otro modelo de provincia.

– ¿Las alianzas de las que formó parte en 2015 y 2017 van a ser posibles en las elecciones de este año?

GA: Bueno, ese es el desafío. También los hechos fueron modificando la realidad y, el contexto se fue modificando. También la lectura política del momento. Esto es muy dinámico. Nosotros vamos a respetar la lectura política del momento. Y esta difiere muchísimo a las del 2015 y 2017. El Partido de la Justicia Social es un partido que ha crecido, se ha desarrollado. Dentro de la oposición, es el que más concejales y legisladores tiene dentro del principal distrito. Así que, algún mérito tenemos para que nuestra voz se escuche.

– Las controversias surgidas entre Nación y CABA llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora el Gobierno Nacional insiste en el Congreso, para intentar revertir políticamente, ese traspié en la Justicia. ¿Cuál es su impresión al respecto?

BA: Volvemos a toda la mirada centralista que tiene este Gobierno nacional. Uno ve cómo el Gobierno nacional intenta imponer su voluntad donde ellos no gobiernan. Lo veo con mucha preocupación, cuando se deja de lado todo el interior. Ahora llevó una situación política al ámbito judicial, donde la Corte falló a favor del federalismo. Determinando que CABA tiene su autonomía como el resto de las provincias. Hay que aprender a mirar al país en su conjunto. Todas las regiones no son lo mismo. Yo recuerdo que, cuando comenzó esto de imponer la cuarentena, CABA y Buenos Aires, tenían muchos casos. Y nosotros en el norte, a pesar de estar lejos de esa situación, estábamos todos encerrados. Ahora, cuando en el interior la cosa comenzó a complicarse, AMBA comenzaba a planificar cómo serían sus vacaciones. Por eso, que el Gobierno quiera avanzar sobre un fallo que ha determinado la Corte Suprema, creo que es inapropiado. Sí rescato que ahora se haya establecido el funcionamiento del sistema epidemiológico a través de una ley, y no mediante un DNU, como se hizo al comienzo. El ámbito es el Congreso de la Nación, donde tenemos que ver y discutir cuáles son los parámetros epidemiológicos, escuchar a los expertos en el tema y ver la realidad de cada región. La visión federalista, es el aporte que debe y tiene que dar el Congreso Nacional. Eso, en materia epidemiológica, es lo que tiene que debatirse ampliamente en el Parlamento. Pero lo que ha enviado el PEN, es una ley que tiene sus fallas. Avasalla las autonomías provinciales. Habla, directamente de que no haya presencialidad educativa, cuando el Gobierno Nacional no tiene a cargo ni una escuela. Las escuelas están a cargo de las provincias y también de algunos municipios. Celebro que se debata. Que sea la mejor ley que podamos sacar en el ámbito del Congreso de la Nación. Pero así como la envió el Ejecutivo, me parece que es inconstitucional. Y no hay ningún tema sanitario que pueda estar por encima de la Constitución Nacional.

GA: Lo lamentable de esto es que los problemas de gestión, los problemas de política, los tenga que resolver un fallo de la Corte. Esto es política, esto es gestión. Y los responsables de la gestión, de la administración de un país y de determinar políticas sanitarias, son quienes fueron elegidos por la gente. En este caso el presidente, el responsable de CABA. Y ahora, que se recurra a la Justicia porque no se ponen de acuerdo, en plena pandemia, habla también de la poca responsabilidad y de la mediocridad de la dirigencia.

– ¿Está en crisis la dirigencia política?

GA: Sí, sí que está en crisis.  Yo tengo 55 años. Y desde que tengo uso de razón, el país siempre estuvo en declive. No conocí una Argentina en progreso. No conocí una Argentina donde se mejore la calidad de vida en forma constante. Nuestro país es una montaña rusa. Nunca tuvimos un crecimiento sostenido. Pero bueno, hay que hacerse responsable. Porque somos nosotros a quienes eligió la gente para darle soluciones, mejorarle su calidad de vida, darle la oportunidad de vivir como corresponde. Pero, lamentablemente veo que la dirigencia ha fracasado. Somos una generación bastante frustrante. Vemos que muchos jóvenes se quieren ir del país. Yo les diría que no. Tienen que hacer el esfuerzo, tienen que hacer el sacrificio. Tienen que sentirlo al país, ponerse la camiseta. Y son ellos, tal vez, quienes puedan dar vuelta esta situación que una dirigencia no pudo hacerlo. Y asumo la responsabilidad que me alcance, desde este pequeño lugar del país.

Hacen falta mejores cuadros políticos. Hace falta más profesionalismo. Hace falta política. La política, no está. El ejemplo más claro es este: ir a un fallo de la Corte para resolver un problema político. La política, en el buen sentido de la palabra, esa que se ejerce para que la gente pueda vivir mejor, no está.

– ¿Esa carencia de dirigentes políticos, de calidad política, se debe también a que los partidos políticos ya no son lo que eran antes?

GA: Los partidos políticos han dejado de ser la cantera de formación de los cuadros políticos. Es por eso que existen muchos partidos políticos. Ha pasado a ser una herramienta electoral para ganar una elección. Cuando en realidad hay que capacitar a toda la dirigencia. Se puede ganar una elección, pero lo más importante es conducir ese proceso de responsabilidad que la gente nos ha delegado para gobernar. No se gobierna ganando una elección, sino con las medidas que se toman durante la gestión. Ganar una elección es fácil. Lo difícil, es gobernar. Y eso es lo que nos está faltando.

– ¿PASO o no PASO? Hay gente que dice que no son necesarias. Otros afirman que son indispensables.

GA: Por el momento que se está viviendo, es una locura pensar en las PASO. No podemos movilizar en menos de 30 días al país en medio del contagio. No sabemos, con precisión, qué cantidad de gente vacunada vamos a tener. Ahora hay una realidad. Se insiste con las PASO porque se quieren solucionar los problemas internos de los partidos políticos. ¿Pero cómo vamos a solucionar el problema de los partidos políticos con el dinero de la gente? A esos problemas que lo solucionen los partidos políticos. Con Beatriz, a través de nuestro partido, nos expedimos claramente sobre esa cuestión.

– A fin de año finaliza su mandato en el Congreso Nacional. ¿Tiene pensado renovar su banca o hay algún otro proyecto en mente?

BA: El Partido por la Justicia Social ya se expidió. Y tengo el honor de que me postule como candidata a senadora nacional. Hay mucho trabajo por hacer todavía en el Congreso. Desde Tucumán, tenemos mucho para aportar en defensa de la provincia, de la producción y el desarrollo de los tucumanos. Para mí sería un honor seguir estando en el Congreso Nacional como senadora nacional y representar a los tucumanos, a la provincia. Todavía tenemos mucho para ofrecer.

– Usted tiene más de dos años al frente de su gestión como intendente de San Miguel de Tucumán. No tiene reelección. ¿Ya tiene definido su próximo objetivo?

GA: Uno, por más que lo diga, no se retira, no se jubila de la actividad política. Se puede hacer política asesorando, acompañando, o directamente dirigiendo. Soy un hombre que no me anticipo a los hechos. Soy un convencido de que cada uno de los que estamos en este mundo tenemos un destino. Y nosotros tenemos que forjarnos ese destino. Desde ya que me gustaría tener una responsabilidad superior a la de intendente de San Miguel de Tucumán. Pero bueno, Dios y la Virgen dirán si es posible. Creo que tengo las condiciones necesarias. He aprendido a manejar el Estado. Así que, veremos qué es lo que pasa.

BA: Soñamos con otro Tucumán. Ese es el sueño que tenemos. Con otra construcción política a la actual, que gobierna la provincia desde hace más de 30 años. Creemos que se puede pensar en un futuro mejor. Confiamos que va a haber más institucionalidad. Que muchos tucumanos no se van a ir de la provincia y que va a ser en beneficio de todos. Este es el sueño que tenemos muchos tucumanos de bien.

“El Congreso hoy no es una escribanía”

– En su experiencia política, transcurridos tres años de diputada nacional, ¿qué cosas le gustaron y qué cosas no? ¿Tiene en cuenta el Parlamento la calidad de leyes producidas, las que el país necesita? ¿Se trabaja sobre acuerdos concretos, o los oficialismos hacen prevalecer su mayoría, en desmedro de las necesidades reales que tiene el país?

BA: Creo que el Congreso Nacional ha tenido un rol fundamental en la institucionalidad de nuestro país. Mi experiencia ha sido absolutamente positiva. Se han logrado grandes avances. Recuerdo que la primera ley que me tocó debatir fue en 2017, la reforma de la Ley Previsional. Con una gran marcha en los alrededores y con piedras al Congreso de la Nación, con momentos de muchísima tensión. Luego vino el debate de la Ley del Aborto. Más allá de que no la comparto, se han escuchado todas las voces. Se produjo un gran avance en cuestiones de género. Por ejemplo, la Ley Micaela o la Ley Brisa. O el tema de Medio Ambiente.

El Congreso es una institución con acceso a la información. Donde a pesar de las disidencias se puede debatir. No es una escribanía de gobierno, como lo fue en su momento. Hoy los proyectos se debaten, se modifican, tanto por propuestas del oficialismo, como de la oposición. Ahora, en cuanto a lo negativo, cuando se quieren imponer temas, ejemplo, reforma del Ministerio Público, hemos sido los diputados de la oposición quienes, con cierta sensatez, hemos frenado esto. Más allá de la puja incesante del oficialismo. Ahora, también es cierto que, cuando uno está formando un interbloque, dentro de grandes bloques, allí sí surgen los problemas. Porque quienes representamos a provincias chicas del interior, no tenemos la posibilidad de debatir como quisiéramos o presentar cambios que uno considera convenientes, ya que allí sí, las dos grandes fuerzas determinan el curso de la discusión. Pero en términos generales, el Congreso de la Nación ha estado y está funcionando acorde a las circunstancias.

La diputada tucumana Beatriz Ávila, integrante del Partido de la Justicia Social, le confirmó a El Parlamentario que no apoyará la reforma del Ministerio Público Fiscal que propicia el PEN. 

En una charla con El Parlamentario, la diputada tucumana desmintió categóricamente las versiones que la indicaban como dudosa, ante la posibilidad de tratarse la reforma del Ministerio Público Fiscal en la Cámara Baja. 

“El Gobierno nacional –expresó Ávila- da un paso temerario al intentar transformar a un importantísimo funcionario judicial, en un comisario político a merced de sus presiones e intereses”. Y agregó que el proyecto es, a todas luces, “un acto del más burdo ataque a las ya endebles instituciones de nuestro sistema republicano”. 

Cuando se le mencionó que algunos medios la presentaban cómo “indecisa”, en cuanto a su decisión respecto al tratamiento del proyecto, Avila fue contundente: “No sólo rechazo la iniciativa, sino que además no daré quorum, en caso que llegase al recinto para su tratamiento”.

En este sentod, insistió: “Este es un problema del oficialismo. Es un proyecto vergonzoso. Disminuir la mayoría exigida para la selección del procurador general, no significa ni más ni menos que cualquier mayoría circunstancial, como las muchas que hemos visto desde el regreso de la democracia, podrá por sí misma designar a quien debería ser ungido, fruto del consenso más exigente por la envergadurar de su cargo. Este procedimiento pretendido colocaría a este funcionario -a tiro de remoción- en orden al capricho o cualquier espurio interés del oficialismo”. 

La diputada remarcó que este procedimiento es, “ni más ni menos, la escalada de un Gobierno débil para dotarse, por medio de leyes, de atribuciones peligrosas. Tal como sucede con los poderes inconstitucionales que se quieren arrogar, convirtiéndolos en superpoderes de la pandemia”. 

La diputada nacional Beatriz Ávila participó de un encuentro con el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, junto a los legisladores provinciales Raúl Albarracín y Raúl Pellegrini, en el que se analizó la situación de la Ley de Biocombustible, y el proyecto de creación del Instituto Nacional de Azúcar y el Alcohol (INAA). 

Respecto a la Ley de Biocombustibles, Albarracín advirtió la “situación de zozobra” de la actividad azucarera provincial, por la posibilidad de que la ley pierda vigencia, y sostuvo que “es una necesidad imperiosa que obtengamos la prórroga, para que nuestra industria pueda seguir vigente y no solamente que tengamos que mendigar año de vigencia, sino que tengamos una ley perdurable en el tiempo y garantice una utilidad razonable para los productores y el sector industrial y también para que el corte en el combustible con el tiempo se vaya aumentado”. 

Durante el encuentro también se abordó el tema de la creación del Instituto Nacional de la Azúcar y el Alcohol, proyecto de la diputada nacional Beatriz Ávila, que indicó: “Así como lo tiene la yerba mate o como lo tiene el vino en beneficio de promover la actividad entre todos los productores y los industriales, porque planteamos que, si este instituto hubiera estado en vigencia, otra sería la realidad del sector”, explicó Ávila. 

A su vez, Albarracín señaló que “necesitamos contar con el apoyo necesario de los factores involucrados donde esto se pueda plasmar en una Ley concreta. Para la protección del desarrollo de las economías regionales”. 

La diputada nacional por Tucumán Beatriz Ávila presentó un proyecto de prevención de crímenes violentos con perspectiva de género, “Ley Paola Tacacho”, en homenaje a la joven asesinada de 6 puñaladas, luego de haber sido acosada y hostigada durante 5 años por su exalumno Mauricio Parada Parejas.

El proyecto busca establecer como obligatorio el uso de dispositivos tecnológicos que permitan localizar, en tiempo real, a presuntos agresores a los que se les haya impuesto una medida preventiva por crímenes violentos; siendo el uso de los dispositivos estrictamente obligatorio cuando la medida implique una prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la presunta víctima de agresiones.  

En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte gran cantidad de femicidios ocurridos: “de acuerdo a las estadísticas de la Casa del Encuentro, 3251 mujeres fueron asesinadas desde el 2008 hasta el 2019. Solo en el año 2021, en la Provincia de Tucumán, 4 mujeres fueron asesinadas antes de los primeros días de marzo”, y que “ninguna pudo obtener protección suficiente del Estado”.

Por esta razón, sostiene que “se torna necesaria la sanción de medidas que ayuden a la prevención de crímenes violentos (especialmente de aquellos que implican violencia de género) para poder garantizar realmente seguridad de nuestros ciudadanos”. En tal sentido, presentó esta ley, que ordena la utilización de dispositivos electrónicos que permitan localizar a los presuntos agresores a los que se les haya impuesto una medida preliminar y notificar a las autoridades correspondientes en caso de violación de la medida.

La diputada nacional Beatriz Avila celebró la aprobación del proyecto para prorrogar por un año la emergencia económica, productiva, financiera y social en el sector citrícola en ocho provincias argentinas, y en su intervención en el debate señaló que se trataba de una iniciativa “absolutamente imprescindible”.

El proyecto aprobado extiende el plazo -vencido en mayo pasado- de la Ley 27.507, que declaró la emergencia citrícola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, a las que ahora se agregaron Buenos Aires, Tucumán y Catamarca. 

Al respecto, la legisladora del Partido por la Justicia Social de Tucumán comenzó su alocución señalando que “sin duda” esta prórroga es “absolutamente necesaria para este sector, no solamente por el contexto mundial de pandemia que estamos atravesando, sino también por la recesión económica nacional e internacional que estamos viviendo en estos momentos”. 

En este sentido, advirtió que los cítricos representan una parte de la economía muy importante en nuestro país: “En el caso del limón para la provincia de Tucumán es absolutamente imprescindibles; y en el caso de cítricos dulces, como la naranja y la mandarina, para el NEA”, indicó Avila, y agregó: “Argentina es el segundo productor del mundo, y el primer exportador de los limones industrializados, y de esa producción, el 80% se produce en nuestra provincia Tucumán. Son muchos años que hemos dedicado los tucumanos para que esta producción llegue a los niveles que están. Haciendo un trabajo conjunto, entre el Estado y el sector privado para llegar a donde estamos”. 

Asimismo, destacó que el sector es además un gran generador de empleo, “no solo de manera directa con trabajadores rurales, sino también de manera indirecta. Quiero destacar también que este sector ha hecho grandes inversiones en el NOE y en el NEA para la industrialización de los cítricos, y obviamente que esta prórroga se justifica en este momento no solo por la pandemia y la recesión, sino que se agrega un tercer elemento como es la sequía por la que estamos atravesando”. 

Sobre las intensas sequías que se viven en el interior del país, la diputada señaló que, en Tucumán no se han podido cosechar las flores de abril, y que si continúa la sequía “la situación se va a volver mucho más crítica: ya la cosecha del año pasado fue la de menor volumen, y los precios no fueron muy buenos. Hay que resaltar que, pese a la pandemia, la cosecha del limón no se detuvo en ningún momento. Se mantuvieron con protocolos especiales, traslado de los trabajadores, distanciamientos y menor cantidad de gente, y eso también ha llevado mayores costos”, expresó al respecto. 

Finalmente, Avila manifestó su beneplácito por la incorporación del proyecto, que, si bien no formaba parte del temario de la sesión, los bloques aprobaron su tratamiento sobre tablas posibilitando la rápida sanción de la ley, aunque consideró que “deberíamos haberlo sacado mucho antes”. 

Debe haber tenido en cuenta la decisión que estaban tomando sus comprovincianos, cuando el presidente del interbloque oficialista de Diputados, Mario Negri, le recordó al Gobierno lo que había pasado con “la 125” en 2008. El radical cordobés ya debía saber que sin los cuatro votos de los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti se le hará muy cuesta arriba al oficialismo sacar adelante la reforma judicial que, en cambio, será aprobada con comodidad en el Senado.

Ya hubo un experimento que le sirvió al oficialismo para conocer mejor sus límites en Diputados. Fue con la intervención y expropiación de Vicentin, que obró como una suerte de “125 aggiornada”, y que volvió a poner en alerta a los legisladores de las zonas donde el voto del campo es más importante, léase el triángulo Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba. Ahí el Gobierno se curó en salud luego de que el presidente de la Cámara baja le transmitió que no era conveniente avanzar con un proyecto que solo les traería problemas. El proyecto nunca se mandó al Congreso.

A priori, la reforma judicial no ofrecía demasiados riesgos para un oficialismo con mayoría en el Senado y números acomodados en Diputados. Pero todo lo que ha rodeado a ese proyecto en plena pandemia no hizo más que ajustar los números propios al punto tal de encender luces de alarma en el oficialismo.

Vayamos a los datos concretos. El bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner cuenta con 119 miembros, pero ello no se traduce en la misma cantidad de votos. Son en realidad 117, pues el presidente de la Cámara no vota y además José Ignacio de Mendiguren está de licencia, pues preside el BICE. Y el oficialismo decidió congelar su situación de esa manera, de modo tal que ese voto con el que no cuenta no se transforme en uno opositor, ya que en caso de renunciar De Mendiguren debería asumir Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN de Margarita Stolbizer.

Le faltan entonces al oficialismo 12 votos para llegar a 129, y en general esos diputados los consigue en el interbloque Federal (11 miembros) y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados).

Es así que de esos 19 votos puede darse el lujo el oficialismo de prescindir de hasta 7 diputados. No más. El problema para el Frente de Todos es que ya 8 legisladores adelantaron que no acompañarán la reforma judicial.

En el caso del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, el mismo se divide de la siguiente manera: por Unidad y Equidad Federal están el citado Ramón, Pablo Ansaloni y Antonio Carambia. Estos dos últimos fueron elegidos en las listas de Cambiemos en 2017 y a fines del año pasado dejaron el oficialismo saliente, junto a la tucumana Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social, que también está en el bloque de Ramón.

Esposa del intendente de la capital tucumana, Avila viene exhibiendo en las últimas sesiones una notoria autonomía, votando diferenciada del resto de ese interbloque por ejemplo en el artículo de la moratoria que beneficia a Cristóbal López. En esas posturas la ha acompañado el santacruceño Carambia. Y ella por lo menos ya ha adelantado que no votará la reforma judicial.

Los restantes componentes del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo son los tres del Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, y el rionegrino Luis Di Giácomo. De modo tal que de estos 8 diputados, uno o dos no votarían la reforma.

Y llegamos al interbloque Federal, donde están los 4 integrantes del bloque Córdoba Federal, Paulo Leonardo Cassinerio, Carlos Mario Gutiérrez, Claudia Gabriela Márquez y Alejandra María Vigo; los 3 de Consenso Federal, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Emilio Sarghini; 2 del bloque Justicialista, Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos; y Luis Contiggiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Socialista). De todos estos, los 7 primeros han anticipado su rechazo a esta reforma judicial. Y hay versiones que señalan que el santafesino Luis Contiggiani tampoco acompañaría. ¿Qué ha dicho Estévez? Fue claro: “Entendemos que, tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe”.

Sí se descuenta que la neuquina Alma Sapag (MPN) votará a favor, y que los de la izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá se opondrán, como suelen hacer.

Con esos números, al oficialismo en Diputados le podrían llegar a faltar dos votos, en caso de llegar a confirmarse las bajas de los dudosos.

La diputada Beatriz Avila (Partido de la Justicia Social) rechazó por “inoportuno” el proyecto de Reforma Judicial impulsado por el Gobierno nacional, y aseguró que primero “hay que resolver los temas que preocupan a la sociedad, como la salud, la economía o la inseguridad”.

“Soy una militante social que a pesar de la pandemia sigue saliendo a los barrios y hoy la agenda de la gente está en otro lado y quienes tenemos responsabilidades políticas debemos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó la legisladora tucumana durante una videoconferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera).

En ese sentido, la diputada que integra el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, agregó que “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuantos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuantas empresas pequeñas o medianas van a cerrar”.

“Estamos en una situación que ha impactado en lo sanitario, cultural, político y social y tenemos que tener la responsabilidad suficiente para no introducir temas que no están en la agenda de la comunidad”, puntualizó.
Ante una consulta, puso como ejemplo que en las diferentes movilizaciones que se realizaron este lunes, tanto en el centro porteño como en ciudades del interior, el rechazo a la reforma estuvo presente “además del hartazgo por esta Cuarentena, el tema de no poder salir a trabajar o de no saber si se va a tener trabajo”.

Si bien cuestionó que “hubo un sector político que quiso capitalizar la protesta”, volvió a insistir en que “en los lugares en donde yo milito el tema de la reforma no está presente ni interesa”, en tanto además “tendrá un impacto presupuestario y económico y en este contexto tenemos que dar prioridad a lo que la ciudadanía y la gente está pidiendo”.
“Es cierto que tenemos que dar el debate pero no podemos apartarnos de estas prioridades y si bien el proyecto no llegó a Diputados y puede tener cambios en el Senado, hay otros temas para ocuparnos antes¨, insistió.

En otro tramo de la entrevista, la diputada Avila se pronunció a favor de continuar con el trabajo de la Cámara de Diputados en forma virtual, pese a que el protocolo actual venció el 7 de Agosto y debe ser refrendado por el cuerpo.

¨El Congreso no ha parado, las comisiones sesionan permanentemente y tenemos que seguir ocupándonos de temas como la salud, la economía o la seguridad, y los que vivimos en el interior no podemos ir al Congreso y luego regresar a nuestros lugares con el riesgo de contagios¨, explicó.
Sobre los proyectos de su autoría que ya están en condiciones de ser tratados por la Cámara, Avila destacó una iniciativa vinculada a niños en tratamiento oncológico que “intenta amparar a estos pacientes en una cobertura integral, que tiene que ver además del tratamiento propiamente dicho con la medicación, una vivienda digna o los pasajes para su atención”.

Por último, y respecto a su posicionamiento dentro del Interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo, explicó que como ha ocurrido en esta reciente etapa parlamentaria “iré resolviendo mi voto según esté de acuerdo o no con los proyectos como hice últimamente con la Ley de Moratoria o con las negociaciones que el ministro Guzmán ha tenido con los acreedores”.

La vacuna que viene

Beatriz Avila presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que la vacuna contra el Coronavirus “se incorpore en forma gratuita, federal y obligatoria” al calendario nacional.
Al hablar en una videoconferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), la legisladora explicó que la iniciativa “tiene 12 artículos y establece que la vacuna sea obligatoria y comience a aplicarse a los profesionales de la salud y todas las actividades esenciales que no han dejado de trabajar durante esta pandemia”.
“Las provincias se pueden adherir a esta problemática y nuestra intención también es que las obras sociales la puedan cubrir”, para que en la forma más rápida posible pueda llegar a toda la población del país.
Aclaró no obstante que “a la población hay que decirle que la vacuna va a estar, que hay que tener paciencia y empezar a convivir con esta nueva normalidad por varios meses más, sin crear falsas expectativas con las fechas”.

Un dato clave se verificó promediando el debate de la moratoria cuando expuso la diputada tucumana Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social, que integra el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que encabeza el mendocino José Luis Ramón. Es que la legisladora tucumana manifestó su apoyo en general al proyecto de ley, pero adelantó un rotundo rechazo al artículo 11 de la norma.

“Comparto plenamente los beneficios de esta moratoria, una herramienta necesaria para muchos contribuyentes, algo así como 4 millones; pero también la necesitaba el Estado nacional para incrementar sus ingresos”, señaló la legisladora tucumana, que recordó que “la obligación del Estado es estar y ayudar a las empresas, que son, a través del sector privado, las que generan la riqueza en nuestro país”.

“Pero quiero dejar también muy aclarado que en lo que respecta al artículo 11, debemos hacer respetar al Estado, porque sino después muchas empresas en estas condiciones pueden decir: ‘Bueno, está bien, no pago, total después va a haber una moratoria y después puedo inscribirme’”, advirtió.

Avila señaló que “es cierto que hay muchas empresas concursadas a las que tenemos que llevar alivio, pero también tenemos que distinguir a aquellos que han llegado a esta situación por la crisis económica, por la recesión, por la pandemia, de aquellas empresas cuyos titulares cometieron hechos delictuales, en contra del fisco nacional. Porque si no hacemos esa diferencia, vamos a estar queriendo esconder un elefante”.

La diputada tucumana describió las cinco maneras de esconder un elefante enumeradas por el filósofo Peter Kreeft, pero a las mismas le sumó una sexta: tratar de esconder a un elefante dentro de una manada. “En este caso lo que se trata de haer es esconder varios elefantes blancos importantes, y de ninguna manera puedo avalar este modo de ver este artículo”.

“Así que el Partido por la Justicia Social va a apoyar en general, pero no en particular, no voy a apoyar de ninguna manera este artículo 11”, concluyó.