El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad se reunió con los diputados porteños para analizar en detalle la iniciativa, la situación económica del distrito capitalino y responder las consultas de los presentes.
Tal y cómo lo adelantó días atrás parlamentario.com, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé introducir modificaciones en el Presupuesto 2024, a fin de ampliarlo por un total de 4.517.086.453.895 de pesos. Tan es así que el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, se presentó ante los diputados para explicar el alcance de la misma.
Durante el encuentro, el funcionario explicó la situación económica del GCBA y respondió las preguntas de los legisladores. Además, dio detalles acerca del pedido que el distrito capitalino viene realizándole a Nación para que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, a través del cuál se restituyen fondos coparticipables que había sido quitados durante la gestión de Alberto Fernández.
En ese sentido, la legisladora de Vamos por Más (VxM) y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto, aseguró que “mientras la Ciudad continúa a la espera de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la CABA los fondos de coparticipación, y dado el impacto inflacionario sobre los gastos que se deben asumir, desde el Ejecutivo detallaron los objetivos de esta ampliación”.
“Las necesidades de los vecinos no se deben ni se pueden postergar”, completó.
Cabe recordar que el pedido de ampliación presupuestario fue impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y se destaca que los principales gastos serían para educación, salud, seguridad, entre otros puntos.
De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.
Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.
“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.
El jefe de Gobierno porteño remitió un proyecto de ley a la Legislatura, para introducir modificaciones crediticias destinado a la compra de insumos para educación, salud, seguridad, entre otros puntos.
Por primera vez en lo que va del año, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, remitió a la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca introducir modificaciones en el Presupuesto 2024, a fin de ampliarlo por un total de 4.517.086.453.895 de pesos.
En los fundamentos de la medida, el alcalde local explicó los motivos por los cuales necesita realizar esas modificaciones crediticias. Entre los principales gastos se encuentra la educación, salud, seguridad, entre otros puntos.
De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.
Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.
“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.
ProyectodeNorma__Expediente_855_2024.
La medida fue confirmada por el Boletín Oficial. Además, se instruye al jefe de Gabinete Posse a “adecuar el presupuesto que se prorroga con el fin de dar cumplimiento a los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la prórroga por un año de la vigencia del Presupuesto 2023, con la publicación de decreto 88/2023 en el Boletín Oficial.
“Considerando que a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024”, el anuncio establece que “a partir del 1ero. de enero de 2024 rigen las disposiciones de la Ley n° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias”.
La medida había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien firmó el decreto junto al presidente de la Nación, Javier Milei, y al jefe de Gabinetes, Nicolás Posse.
En tanto, en el artículo 2 se instruye al jefe de Gabinete a “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga mediante el artículo 1° del presente decreto con el fin de dar cumplimiento a los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”.
La inclusión de “sus modificatorias” alude a todas las ampliaciones y reasignaciones de gastos y recursos dispuestas a lo largo del año, por medio de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas por más de $ 11 billones.
De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Ley 27.701 estableció un crédito presupuestario inicial de 28 billones 954.031 millones de pesos y el vigente hasta la última modificación ascendía a 40 billones 75.656 millones, con un incremento del 38,4% respecto de la autorización inicial.
Asimismo, el resultado fiscal también tuvo modificaciones en relación con el marcado en la ley: de la suma de ampliaciones presupuestarias dispuestas por el Poder Ejecutivo, el déficit primario tuvo un incremento de 3 billones 888.620 millones de pesos y el financiero de 5 billones 414.227 millones.
De este modo, la prórroga deja sin efecto al proyecto de ley de Presupuesto 2024, que fue presentado en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre de este año, dentro de los plazos establecidos en la ley 24.156 de Administración Financiera, y en consecuencia, el año que comienza este lunes se ejecutará la prórroga del Presupuesto 2023 y sus modificatorias, tal como ya había ocurrido con los ejercicios 2011, 2020 y 2022.
En cuanto al incremento del déficit primario y financiero dispuesto por normas del Poder Ejecutivo que modificaron la ley de Presupuesto, el detalle es el siguiente:
. Decisión administrativa 122/2023: $52.328 millones.
. Decisión administrativa 242/2023: $48.751 millones.
. Decisión administrativa 356/2023: $22.347 millones.
. Decisión administrativa 435/2023: $15.212 millones.
. Decisión administrativa 540/2023: se incrementa el déficit primario en $73.903 millones y $ el financiero en $73.907 millones.
. Decisión administrativa 631/2023: $9.509 millones.
. Decreto de Necesidad y Urgencia 436/2023: se incrementa el déficit primario en 2 billones 484.704 millones de pesos y el financiero en 4 billones 6.204 millones.
. Decisión administrativa 814/2023: $416.556 millones.
. Decisión administrativa 884/2023: se incrementa el déficit primario en $192.680 millones y el financiero en $192.808 millones.
. Decreto de Necesidad y Urgencia 647/2023: se incrementa el déficit primario en $572.630 millones y el financiero en $575.605 millones.
Así lo afirmó en diálogo con parlamentario.com la diputada nacional Germana Figueroa Casas quien avizoró una cámara con “muchas más discusiones donde va a primar el diálogo”. Además, bregó para que “se tome en cuenta el pedido de seguridad y emergencia para Santa Fe”.
Con una nueva composición en el Congreso y ante un cambio de gobierno, parlamentario.com dialogó brevemente con la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) quien avizoró el futuro funcionamiento legislativo: “Creo que habrá muchas más discusiones donde va a primar el diálogo”. Respecto del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto, expresó: “No sabemos nada, no tenemos ninguna seguridad todavía de qué va a pasar”.
Al ser consultada respecto de las primeras medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei y a la espera del envío al Parlamento de “Ley Ómnibus”, la santafecina aseguró: “Para poder dar una opinión me gustaría esperar la llegada de la ‘Ley ómnibus’ o lo proyectos que se mencionan. Hay que esperar ver el funcionamiento de todo porque es pronto para dar una opinión y uno quiere apoyar a la persona que fue elegida por la gente. Estamos esperando cómo se da todo”.
“Con respecto a reducir funcionarios, al tema de bajar la pauta oficial obviamente son señales porque quizás no implica la reducción de déficit que uno necesita, pero son señales de que quieren hacer un gobierno austero que es lo que corresponde en un momento tan duro para el país”, expresó sobre el anuncio de este martes de la quita de pauta a medios de comunicación.
Por otro lado, avizoró la actividad legislativa dentro de la Cámara baja: “Creo que va a ser una cámara que va a tener muchas más discusiones de las que tuvo en los primeros dos años al estar más distribuido el poder, al ser un oficialismo que no tiene tantos diputados creo que va a primar el diálogo y eso es importante”.
“Hay muchos proyectos para tratar. Creo que va a tener mucho que ver la forma en que se plantean como por ejemplo la reforma laboral, tributaria hay mucho de baja de gastos que tenemos que ver y cuáles son las propuestas del Ejecutivo”, manifestó.
En su carácter de contadora pública se refirió al Presupuesto 2024, proyecto que ingresó al Congreso el pasado 15 de agosto y que solo tuvo tratamiento la separata del mismo en una sola reunión informativa que tuvo lugar el 25 de octubre: “Hay distintos rumores, no sabemos, no tenemos ninguna seguridad todavía, algunos dicen que van a reconducir el anterior, otros dicen que van a mandar un Presupuesto nuevo, así que estamos esperándolo”. Cabe recordar que el diputado nacional Carlos D’Alessandro (LLA) anticipó que prorrogarán el Presupuesto 2023.
“Estamos esperando esta Ley ómnibus. Hay algunos proyectos que estamos trabajando, pero le vamos a dar prioridad a esto porque tiene que ser algo factible y posible de que salga, así que esperando a ver qué sucede. Siempre viendo también qué pasa en Santa Fe, tenemos presentando ya y nos gustaría que se tome en cuenta el pedido de seguridad y emergencia para la provincia, pero también esperando a la ministra respecto de qué camino van a tomar. En el corto plazo es apoyo y tratar de construir algo bueno para el futuro”, planteó.
Por otro lado, Figueroa Casas respaldó la medida que tomó el gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, de eliminar la repitencia en las escuelas: “Es una buena medida porque hay que priorizar la educación empezar a prestar atención y muchas veces cuando el chico sigue pasando y pasando se pierde el control de quién le está yendo bien y a quién le va mal porque hay chicos que llegan a la universidad sin tener una buena comprensión de texto y otros que no terminan el colegio y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje y esperemos que sea una prioridad”.
El texto fue sancionado con 32 votos positivos y 26 negativos. La norma prevé subas en las partidas para educación, salud y promoción social; mientras que en seguridad se mantendrá el gasto.
A días de que Jorge Macri asuma como jefe de Gobierno, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó con 32 votos a favor y 26 en contra el Presupuesto 2024, el cual estima un total de gastos por 5.776.122 millones de pesos y un total de recursos por 5.800.018 millones de pesos.
La normativa contó con el acompañamiento de los bloques Vamos Juntos (VJ), Partido Socialista (PS), Frente Liberal Republicano (FLR), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y Republicanos Unidos (RU); y el rechazo de La Libertad Avanza (LLA), Frente de Todos (FdT), Consenso Federal (CF), Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y Partido Socialista (PS).
De esta manera, para el 2024 se proyecta, al igual que en el 2022 y 2023, un Resultado Financiero superavitario (Déficit Cero) estimado en 23.896,4 millones de pesos. Además, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2024 se espera una variación del nivel de actividad del 2,7%, un nivel de precios del 69,5% y un tipo de cambio de 607 pesos por dólar para fines del próximo año.
Por su parte, los ingresos y gastos corrientes proyectados para el ejercicio 2024 muestran un Resultado Económico Primario de 1.047.073,8 millones de pesos, representando un 18,1% de los ingresos corrientes. En tanto que el Resultado Primario (Recursos Totales menos Gastos Totales sin contabilizar los intereses de la Deuda) se estima superavitario en 198.397,9 millones de pesos, alcanzando un 3,4% de los recursos corrientes.
Es así que el gasto total estimado para el año que viene es de 5.776.122 millones de pesos, totalizando el gasto primario 5.601.620 millones de pesos. Los gastos corrientes previstos ascienden a 4.909.340 millones, lo que equivale a un crecimiento del 109,4% con respecto al Presupuesto del 2023. En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado es de 866.782 millones de pesos.
En la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 2.608.505 millones de pesos, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2023 y un proyectado de futuras negociaciones.
En tanto los servicios sociales como educación, salud y desarrollo social comprenden la mayor parte de la inversión para el 2024, con un 64% del gasto total y con un crédito previsto de 3.696.249 millones de pesos.
En cuanto a la Seguridad, los recursos destinados al área significan el 15,4%, con un crédito previsto de 891.190 millones de pesos.
Por su parte, Servicios de la Deuda muestra un crédito asignado de 174.813 millones, reduciéndose nuevamente el peso de la deuda en el presupuesto total. “Gracias a la política fiscal y de financiamiento llevadas a cabo desde 2015, se pasó del 3,9% destinado para el corriente año al 3% para el 2024”, sostiene el documento.
Durante la última sesión ordinaria del año también se aprobaron las modificaciones al Código Fiscal 2024 y la Ley Tarifaria.
El debate en el recinto
El presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos (VJ), Claudio Romero, agradeció “a toda la Comisión por el trabajo, hemos desarrollado una labor bastante ardua durante estos cuatro años. Estamos finalizando un ciclo y no quería dejar de mencionar a todos mis colegas”.
“Sabemos que año tras años hemos dado un gran cumplimiento al Presupuesto, por tercer año se presenta un Presupuesto equilibrado, con déficit cero”, planteó mientras recordaba que el Gobierno Nacional aún sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema en relación a los recursos coparticipables.
Por su lado, la peronista Claudia Neira (FdT) señaló que “no vamos a acompañar este Presupuesto, entiendo que es una herramienta esencial para la gestión del jefe de Gobierno y así lo hemos planteado en el seno de la Comisión” e indicó: “creemos que estamos votando un Presupuesto que es un ‘como si’, porque de esto va a quedar poco y nada: primero, porque fue presentado con anterioridad a la Ley de Ministerio que votamos días atrás, entonces hay un ministerio entero que no tiene partida presupuestaria. Hacía falta contemplar estas grandes cuestiones”.
A su turno la legisladora del FIT Alejandrina Barry recordó que “discutimos este presupuesto en el marco de la asunción de Javier Milei, que como ya se demostró que fue todo un chamuyo eso de que venía a ajustar a la casta. Milei tiene un plan brutal contra la clase trabajadora, que va impactar fuertemente” y advirtió que “este Presupuesto se presenta en ese contexto y recorta el gasto en áreas sumamente sensibles como la educación, salud o vivienda; paralelamente, se aumentan las partidas de seguridad y esto tiene un fin concreto: aumentar el control social y las protestas”.
Por su lado, el diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Lucio Lapeña explicó que “este Presupuesto seguramente tenga ampliaciones y sufra modificaciones por la inflación galopante, pero además este es un Presupuesto de transición. Todos conocemos los enormes desafíos que tenemos como país y el inevitable costo social que estamos pagando producto de las pésimas decisiones que se tomaron en campaña, ahora hay que pagar la cuenta”.
“Hay que destacar que este Presupuesto mantiene ejes que nosotros veníamos acompañando hace años: no se pone en juego la estabilidad, se priorizan fondos para obras y se aumenta la partida para Educación”, agregó.
La Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 9.11 para llevar a cabo una nueva sesión, en la que el jefe de Gobierno electo dará un discurso para anunciar las líneas principales de su mandato. Además, se debatirán numerosos proyectos de ley.
Tal y cómo lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 9.11 para llevar a cabo la última sesión ordinaria del año, en la que el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, prestará juramento y dará a conocer sus principales ejes de gestión.
En la sesión especial estará presente la vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, quien también prestará juramento, para comenzar a efectuar sus funciones a partir del 10 de diciembre próximo.
Por otro lado, la Casa continuará con el debate del Presupuesto 2024, el cual estima un total de gastos por 5.776.122 millones de pesos y un total de recursos por 5.800.018 millones de pesos. Para el año próximo se proyecta, al igual que en el 2022 y 2023, un Resultado Financiero superavitario (Déficit Cero) estimado en 23.896,4 millones de pesos. Además, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2024 se espera una variación del nivel de actividad del 2,7%, un nivel de precios del 69,5% y un tipo de cambio de 607 pesos por dólar para fines del próximo año.
Además, se designará a los nuevos integrantes de la Auditoría de la Ciudad y jueces y asesores en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.
Los diputados porteños se reunirán el jueves a partir de las 11 para llevar a cabo la última sesión ordinaria del año. En tanto, a las 9 se realizará una sesión especial en la que Jorge Macri y Clara Muzzio asumirán como jefe y vicejefa de Gobierno porteño.
Tal y cómo lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevará a cabo este jueves a partir de las 11 la última sesión ordinaria del año, en la que debatirán el Presupuesto 2024, el cual estima un total de gastos por 5.776.122 millones de pesos y un total de recursos por 5.800.018 millones de pesos.
Para el año próximo se proyecta, al igual que en el 2022 y 2023, un Resultado Financiero superavitario (Déficit Cero) estimado en 23.896,4 millones de pesos. Además, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2024 se espera una variación del nivel de actividad del 2,7%, un nivel de precios del 69,5% y un tipo de cambio de 607 pesos por dólar para fines del próximo año.
Por su parte, los ingresos y gastos corrientes proyectados para el ejercicio 2024 muestran un Resultado Económico Primario de 1.047.073,8 millones de pesos, representando un 18,1% de los ingresos corrientes. En tanto que el Resultado Primario (Recursos Totales menos Gastos Totales sin contabilizar los intereses de la Deuda) se estima superavitario en 198.397,9 millones de pesos, alcanzando un 3,4% de los recursos corrientes.
En el documento recientemente presentado en la Legislatura porteña, desde el Gobierno indicaron que el gasto total estimado para el año que viene es de 5.776.122 millones de pesos, totalizando el gasto primario 5.601.620 millones de pesos. Los gastos corrientes previstos ascienden a 4.909.340 millones, lo que equivale a un crecimiento del 109,4% con respecto al Presupuesto del 2023.
En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado es de 866.782 millones de pesos.
En la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 2.608.505 millones de pesos, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2023 y un proyectado de futuras negociaciones.
En tanto los servicios sociales como educación, salud y desarrollo social comprenden la mayor parte de la inversión para el 2024, con un 64% del gasto total y con un crédito previsto de 3.696.249 millones de pesos.
En cuanto a la Seguridad, los recursos destinados al área significan el 15,4%, con un crédito previsto de 891.190 millones de pesos.
Por su parte, Servicios de la Deuda muestra un crédito asignado de 174.813 millones, reduciéndose nuevamente el peso de la deuda en el presupuesto total. “Gracias a la política fiscal y de financiamiento llevadas a cabo desde 2015, se pasó del 3,9% destinado para el corriente año al 3% para el 2024”, sostiene el documento.
Por otro lado, ese mismo día, pero a las 9 de la mañana se llevará a cabo una sesión especial en la que el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, y su vicejefa, Clara Muzzio, prestarán juramento.
Según le informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com será el próximo 7 de diciembre. El texto prevé subas en las partidas para educación, salud y promoción social; mientras que en seguridad se mantendrá el gasto.
Tras varias semanas de análisis, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ya fijó la fecha del debate en el recinto para el Presupuesto 2024, el cual estima un total de gastos por 5.776.122 millones de pesos y un total de recursos por 5.800.018 millones de pesos.
Según le informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, que el texto llegará al recinto el próximo 7 de diciembre, cuando se celebrará la última sesión ordinaria del año- y contará con el despacho favorable de la Comisión de Presupuesto, a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ).
Para el 2024 se proyecta, al igual que en el 2022 y 2023, un Resultado Financiero superavitario (Déficit Cero) estimado en 23.896,4 millones de pesos. Además, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2024 se espera una variación del nivel de actividad del 2,7%, un nivel de precios del 69,5% y un tipo de cambio de 607 pesos por dólar para fines del próximo año.
Por su parte, los ingresos y gastos corrientes proyectados para el ejercicio 2024 muestran un Resultado Económico Primario de 1.047.073,8 millones de pesos, representando un 18,1% de los ingresos corrientes. En tanto que el Resultado Primario (Recursos Totales menos Gastos Totales sin contabilizar los intereses de la Deuda) se estima superavitario en 198.397,9 millones de pesos, alcanzando un 3,4% de los recursos corrientes.
En el documento recientemente presentado en la Legislatura porteña, desde el Gobierno indicaron que el gasto total estimado para el año que viene es de 5.776.122 millones de pesos, totalizando el gasto primario 5.601.620 millones de pesos. Los gastos corrientes previstos ascienden a 4.909.340 millones, lo que equivale a un crecimiento del 109,4% con respecto al Presupuesto del 2023.
En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado es de 866.782 millones de pesos.
En la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 2.608.505 millones de pesos, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2023 y un proyectado de futuras negociaciones.
En tanto los servicios sociales como educación, salud y desarrollo social comprenden la mayor parte de la inversión para el 2024, con un 64% del gasto total y con un crédito previsto de 3.696.249 millones de pesos.
En cuanto a la Seguridad, los recursos destinados al área significan el 15,4%, con un crédito previsto de 891.190 millones de pesos.
Por su parte, Servicios de la Deuda muestra un crédito asignado de 174.813 millones, reduciéndose nuevamente el peso de la deuda en el presupuesto total. “Gracias a la política fiscal y de financiamiento llevadas a cabo desde 2015, se pasó del 3,9% destinado para el corriente año al 3% para el 2024”, sostiene el documento.
El diputado de Consenso Federal explicó que “no se aprobará el Presupuesto 2024, sino que se prorrogará el 2023”. Además, le sugirió a Milei que “no se deje rapiñar por Macri”.
El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal – Buenos Aires), quien cumplirá su mandato este 10 de diciembre -mismo día de la asunción del presidente electo Javier Milei-, anunció que el nuevo gobierno “empieza con un brutal ajuste del 150%”.
Entrevistado en DTV, el jefe del bloque Federal explicó que “no intentará aprobar una ley de Presupuesto para 2024, sino que prorrogará la de 2023”. “Así, ejecutará de inmediato un primer ajuste de 150% global. Luego profundizará el ajuste por partidas mediante decisiones administrativas”, amplió.
Del mismo modo, afirmó que esa prórroga del Presupuesto 2023 “congela el gasto público y va a eliminar las partidas de obras públicas y jubilaciones y pensiones”.
La Ley de Leyes empezó a debatirse en Diputados el 25 de octubre tras el primer puesto de Sergio Massa en las elecciones generales. Sin embargo, el resultado del balotaje cambió todo y aun no hay confirmaciones respecto a la composición del Presupuesto 2024.
En medio de la campaña electoral, los diferentes bloques habían acordado no avanzar con la ley hasta no saber quién iba a ser el nuevo presidente de la Nación.
Por otro lado, aseveró que “debe haber una voluntad explicita para que haya consenso”, pero advirtió que “no es lo que están haciendo el presidente electo y su socio Mauricio Macri”.
“Me parece que Macri le está metiendo en la agenda pública el tema de la represión y eso es rapiña política. Le sugiero al presidente electo que no se deje rapiñar por Macri”, indicó el Topo Rodríguez.
También, se refirió a la posible privatización de YPF y amplió que “no está obligado a dar razones, pero no dio una sola razón y sería malo que se equivoque en los procedimientos porque no se puede hacer por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”.
Así las cosas, el diputado afirmó que “Milei es el extremo del extremo de materia política en el mundo”, y agregó que “él propone medidas extremas que requieren un máximo consenso en el Congreso”.
Para cerrar, el “Topo” Rodríguez aclaró que “nos fuimos del interbloque porque no queremos quedar pegados con Milei”. “Vamos a ser una oposición férrea, responsable, lúcida y democrática frente al gobierno de Milei”, cerró.
La macrista Sofía Brambilla solicitó obras para la localidad de Goya por casi 400 mil millones de pesos y consideró que “es de suma relevancia” que la “ley de leyes” tenga “una fuerte nota de federalismo”.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó que el Presupuesto General 2024 incluya obras claves para la provincia de Corrientes por casi $400 mil millones.
Se trata de obras como el Puente Vial Reconquista – Goya – Puente Nuevo y Accesos, con un presupuesto de $310 millones de pesos.
Además, la opositora solicitó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que se agreguen obras vinculadas al plan de defensas definitivas y de desagües pluviales de la ciudad de Goya por $21 mil millones de pesos. “Estas obras son indispensables no sólo para el crecimiento de Goya, sino para la región”, resaltó.
En este mismo sentido, la legisladora propuso que sean incluidas “las partidas necesarias para el financiamiento de las intervenciones en aeropuertos y aeródromos de la provincia de Corrientes, cuyo valor total estimado asciende a la suma de $13 mil millones”.
“Es sumamente relevante aportarle a la elaboración del Presupuesto General para el ejercicio 2024 una fuerte nota de federalismo, entendida como aquella que da prioridad a los proyectos diseñados por los gobiernos provinciales”, agregó la correntina.
Y completó: “Es dable destacar que en la concreción de estas obras se incluye la seguridad, el turismo y el comercio, con beneficios para todo el territorio. El desarrollo de estas infraestructuras son obras que potencian a la región, permitiendo un flujo constante de inversiones, comercio y turismo”.
Se realizó una reunión informativa de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes para debatir junto a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto fue remitido a la Legislatura porteña con un mes de demora. El texto prevé subas en las partidas para educación, salud y promoción social; mientras que en seguridad se mantendrá el gasto.
Un mes después de haber pedido la prórroga para presentar el texto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió este lunes a la Legislatura porteña el proyecto de ley de Presupuesto 2024, el cual estima un total de gastos por 5.776.122 millones de pesos y un total de recursos por 5.800.018 millones de pesos.
De esta manera, para el 2024 se proyecta, al igual que en el 2022 y 2023, un Resultado Financiero superavitario (Déficit Cero) estimado en 23.896,4 millones de pesos.
Además, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2024 se espera una variación del nivel de actividad del 2,7%, un nivel de precios del 69,5% y un tipo de cambio de 607 pesos por dólar para fines del próximo año.
Por su parte, los ingresos y gastos corrientes proyectados para el ejercicio 2024 muestran un Resultado Económico Primario de 1.047.073,8 millones de pesos, representando un 18,1% de los ingresos corrientes. En tanto que el Resultado Primario (Recursos Totales menos Gastos Totales sin contabilizar los intereses de la Deuda) se estima superavitario en 198.397,9 millones de pesos, alcanzando un 3,4% de los recursos corrientes.
Los gastos de la CABA
En el documento recientemente presentado en la Legislatura porteña, desde el Gobierno indicaron que el gasto total estimado para el año que viene es de 5.776.122 millones de pesos, totalizando el gasto primario 5.601.620 millones de pesos. Los gastos corrientes previstos ascienden a 4.909.340 millones, lo que equivale a un crecimiento del 109,4% con respecto al Presupuesto del 2023.
En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado es de 866.782 millones de pesos.
En la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 2.608.505 millones de pesos, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2023 y un proyectado de futuras negociaciones.
En tanto los servicios sociales como educación, salud y desarrollo social comprenden la mayor parte de la inversión para el 2024, con un 64% del gasto total y con un crédito previsto de 3.696.249 millones de pesos.
En cuanto a la Seguridad, los recursos destinados al área significan el 15,4%, con un crédito previsto de 891.190 millones de pesos.
Por su parte, Servicios de la Deuda muestra un crédito asignado de 174.813 millones, reduciéndose nuevamente el peso de la deuda en el presupuesto total. “Gracias a la política fiscal y de financiamiento llevadas a cabo desde 2015, se pasó del 3,9% destinado para el corriente año al 3% para el 2024”, sostiene el documento.
Impuestos y beneficios
Con respecto a los impuestos que recauda la Ciudad, al igual que en el 2022 y 2023, para el próximo año no hay aumento de impuestos ni creación de nuevos tributos.
De esta manera, el ABL continua sin modificaciones. Tal como sucede desde el 2018, se continuará actualizando mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad. Este cálculo se seguirá realizando de manera mensual y progresiva, a diferencia de la anterior metodología, que aplicaba el incremento directamente en la primera cuota y en su totalidad.
Mientras que en relación a las patentes, desde el Gobierno porteño informaron que seguirá “sin incremento de alícuotas y con tope por la inflación: El impuesto a abonar durante el 2024 tendrá como tope la inflación registrada durante el período Noviembre 2022-Octubre 2023. De esta manera, desde el GCBA se busca atenuar el impacto que el impuesto pueda tener por la suba desmedida de las valuaciones de los autos en el mercado automotor”.
Las obras que se vienen
El Presupuesto 2024 plantea una serie de obras que el flamante jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, deberá llevar a cabo. Entre ellas se encuentra el inicio de las obras dellas obras del Viaducto Sarmiento por 36.237 millones de pesos.
También se planean remodelaciones en edificios escolares por un total de $ 55.465 millones; en hospitales públicos por 60.547 millones; y en la red de subterráneos por 25.085 millones.
Además se planean mejoras en barrios populares, el Ecoparque y parques y espacios verdes.
Al encuentro asistieron el secretario de Hacienda y la subsecretaría de Ingresos Públicos quienes plantearon la necesidad de “analizar la redefinición de las políticas vinculadas a cada régimen promocional para aplicar un tratamiento tributario que sea gradualmente decreciente y por tiempo limitado”.
En medio del escenario electoral y mientras el foco político está puesto en el balotaje y en las internas dentro de JxC, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para iniciar el tratamiento de la separata del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.
Solo dos de los cuatro funcionarios invitados asistieron a disertar desde el Anexo “C” Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. En tanto Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP, no pudieron presentarse.
El motivo de la reunión fue para debatir la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.
Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.
Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.
Al comenzar la reunión Heller expresó que la intención del anexo es la de “mejorar el resultado fiscal para apuntar a un Presupuesto que dé superávit del 1% del PBI en 2024”. “Se pone a disposición de la Cámara de Diputados todos los elementos para analizar las cuestiones de la separata y el objetivo es posibilitar que los funcionarios puedan dar la más amplia definición posible”, agregó.
El primer expositor fue el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo, quien presentó al anexo del proyecto: “Esta separata, cuyo subtitulo es impacto del gasto tributario en las cuentas públicas, acompaña al Presupuesto 2024”.
“Formó parte del primer proyecto de este año fiscal y es el segundo año en que el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia de reparar el impacto del gasto tributario”, indicó Rigo, y siguió: “Para el 2024, cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario de 0,9% del PIB (Producto Interno Bruto), está en línea con los objetivos de política del Gobierno y es un valor que en un trienio significa un esfuerzo para consolidar el resultado fiscal”.
En esa línea, agregó: “Si miran los resultados de los últimos años, hay una curva descendente porque en 2023 fue de -1,9% y está previsto el 0,9 para el 2024. Es un sendero plurianual descendente”. También, sostuvo que “el gasto primario de la administración tiene una fuerte incidencia de ciertos gastos que resultan prioritarios en función de la situación económica que atraviesa nuestro país”.
Así las cosas, Rigo explicó que “el peso de los servicios sociales toma un 80% del gasto primario para 2024, que es lo que financia la asistencia social (Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y créditos que financian salud y educación)”.
De ese modo, añadió: “Si incorporáramos subsidios a la energía y el transporte ese gasto llega al 85% porque una porción significativa está asociado a aquellas políticas activas y a todas aquellas partidas destinadas a la seguridad social”.
En relación a ese gasto del 85% el secretario de Hacienda señaló que se busca “fortalecer el ingreso de los sectores más desfavorecidos”, y amplió: “Si matizamos que el 85% está destinado a estas partidas prioritarias, podemos lograr en 2024 un resultado fiscal equilibrado y un superávit robusto del 1% del PIB”.
Por otro lado, dilucidó que “tenemos que revisar algún capítulo a la asignación de recursos porque el Poder Ejecutivo viene siendo cuidadosamente activo en la reducción de gastos”. “Con cautela y análisis se ha avanzado en la reducción de los subsidios económicos, trasladando a sectores en capacidad de quienes pueden protegerlos”, consideró Rigo.
Luego, destacó que “el peso de los subsidios económicos en 2023 ha venido disminuyendo porque lo necesitamos para llegar al resultado del 1% en 2024 y debemos revisar el análisis de los gastos tributarios para fortalecer la recaudación impositiva”.
“El gasto tributario es la cantidad de recursos a los que renuncia el Estado nacional a los efectos de beneficiar en cargas impositiva y esto significa que en algún momento este Congreso ha dictado normas para reducciones permanentes a los efectos de eliminarlas, limitarlas o suavizarlas para que el erario público pueda hacerse de más recursos y lograr el 1% de superávit para 2024”, remarcó.
A su vez, Rigo explicó que “este conjunto de beneficios impositivos, alícuotas y regímenes de promoción conjuntamente con otros subsidios presupuestarios implican una pérdida de recaudación de 4,8% del PIB”, pero aclaró que “hay dos vertientes de explicación de esta pérdida de recaudación, en muchos casos de grandes firmas de grandes compañías y otros sectores”.
En tal sentido, agregó: “El 2,34% del PIB es la porción del 4,8 que corresponde al gasto tributario propiamente dicho, y ese 2,34 lo podemos clasificar en dos grupos que están presentes que se representará en 1,74 del PIB y el 0,64 que son de regímenes de promoción económica”.
Finalmente, Rigo afirmó que “desde el Poder Ejecutivo estimamos que esta discusión es imprescindible. En primer lugar, necesitamos una consolidación más fuerte porque el capítulo de gastos lo revisamos año a año”, y cerró: “En el contexto de la necesidad coyuntural proponemos que nos demos este espacio de revisión amplia y profunda para llegar al 1% del PIB”.
Luego fue el turno de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Fabiana Balestrini, quien remarcó que cuando se habla de gastos tributarios “hablamos de una pérdida de recaudación, se resignan recursos fiscales y se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas”, y subrayó que “todo gasto tributario tiene que estar ligado básicamente y fundamentado a una política pública”.
La funcionaria los clasificó en dos partes, por un lado, los que están contenidos en la Ley del Gravamen como impuestos a las ganancias, al valor agregado, “impuestos internos que también hay que revisar” y, por el otro lado, los que están contenidos en regímenes promocionales. “En ambos casos siempre tienen una característica en común su fundamento en una política pública”, indicó y explicó que las políticas públicas van cambiando porque las necesidades van cambiando con el tiempo y “ante la detección de un problema es lo que origina la necesidad de evaluar alternativas de políticas públicas”.
“Es lógico que las políticas públicas vayan acompañando ese movimiento porque de ninguna manera se puede permitir que se resignen o transfieran recursos públicos concentrados en ciertos sectores definidos y que la política pública dejo de ser necesaria o necesita una readecuación de alternativas”, explayó Balestrini e indicó: “Para qué seguir con un gasto tributario si no se analiza la base del mismo”.
La funcionaria señaló que el gasto tributario es 2.34 del PIB más un 2.38 de “aquellos otros beneficios que pueden tener impacto presupuestario en distintos ejercicios. Algunos vinculados con algunas medidas de diferimiento impositivo”.
Al explicar los diferentes regímenes y su composición, comenzó por aquellos cuyas exenciones o dispensas están contenidos dentro de la ley de origen. Así, arrancó con el impuesto a las ganancias del que explicó: “Es un 0.30 del PIB, si lo desmenuzamos tenemos exenciones que están incluidas en la Ley del Gravamen desde el momento de su creación, pero con el tiempo se fueron acotando y fiscalizando. Pero si vamos a otro tipo de ganancias o dispensas contenidos en ese mismo capítulo tenemos uno que habla de derechos de autor y hoy tienen un límite bajo de 10 mil pesos, pero lo más importante es que esta exención aplica a residentes argentinos y no para beneficiaros del exterior. Argentina acá no esta resignando recursos fiscales porque sobre esos beneficiarios del exterior si se retiene el impuesto”.
“Si vamos a lo que representa más de la mitad el gasto tributario originado por dispensas del impuesto a las ganancias es el caso de los salarios de los magistrados”, señaló y explicó que “esta exención estaba contemplada hasta 1996 y ahí se elimina, pero en ese mismo año el Poder Judicial sacó una acordada donde dice que esa exención sigue vigente. En 2016 para aplicar a las designaciones ahí comenzarían a tener un tratamiento de gravabilidad o sujeto al impuesto a las ganancias los salarios del Poder Judicial de quienes ingresaban a partir de 2017”.
Al respecto, consideró que “hay una situación inequitativa, pero más allá de eso, hay que analizar cuál es la política pública asociada a esta dispensa que representa más de la mitad del impacto”. Así, resaltó que “hay gastos tributarios que están vinculados a políticas públicas son políticas del Estado o del Gobierno”.
“Es importante destacar cómo operan las alícuotas reducidas en el impuesto al valor agregado porque este gasto tributario origina más de la mitad de lo que implica el impacto de los gastos originados en IVA como porcentaje del PIB son las alícuotas reducidas”, planteó Balestrini y analizó a “qué productos se aplican y sectores, vemos una que es la construcción de viviendas y se entiende que es una política pública sustentable que sigue vigente. Si lo vinculamos a productos de primera necesidad como carnes, panadería, verduras, frutas, luego de todo les digo que la misma alícuota reducida se aplica a las obras de arte, entendemos que no hay un tratamiento simétrico en este razonamiento”.
“Ese tratamiento de alícuotas reducidas sobre las obras de arte data desde el 97’ y no se revisan lo vigente y se agregan otras. Es necesaria la revisión y que nos llame la atención de que un tratamiento de alícuota reducida en un impuesto que se considera regresivo tenga tan simétrico tratamiento y se indique una alícuota del 10,5% para una comercialización de una obra de arte en relación a un producto de primera necesidad”, planteó.
La subsecretaria sostuvo que se están “enfocando en analizar las políticas públicas detrás de cada gasto tributario”, y aclaró que “no se trata de eliminar absolutamente todos los gastos porque hay que ver la política pública de atrás y ver cómo se instrumenta una reducción, pero tiene que tener un análisis con la política pública de fundamento”.
Por otro lado, recordó que en 2017 se modificó el Régimen de Imposición a los Combustibles Líquidos por un impuesto fijo actualizable y “se considera que pude ser mucho más impositivo, procedente y de impacto positivo y que se vuelva a un sistema de alícuota variable, es decir, un sistema de cuota valor a comparación de un impuesto fijo”.
Sobre las contribuciones a la seguridad social “tiene que ver con todos los beneficios que se han otorgado en materia de seguridad social en cuanto a reducción”. Además, consideró que “una manera de promoción del empleo vinculado a esta política pública de promoción del empleo puede ser una reducción de las contribuciones patronales, pero siempre planteada por un tiempo determinada, un control efectivo, de resultados e impacto y una reducción decreciente a lo largo del tiempo. Ningún beneficio debe ser para siempre, porque sino no es un beneficio que pueda lograrse evaluar en cuanto al resultado y el impacto que genera”.
En cuanto a las dispensas contenidas en la normativa, se refirió al impuesto a los bienes personales y a impuestos internos que tiene impuestos diferenciales, pero hay que revisarlo con profundidad porque hay asimetrías donde el agua mineral aún tributa impuestos internos a diferencia de otros tipos de bebidas como las alcohólicas que están exentos de impuestos”.
“Hay que hacer un análisis de todas las alícuotas diferenciales que comprenden este impuesto. Sobre bienes personales hay ciertas exenciones que tienen que ver con inversiones financieras y que fueron mutando a lo largo del tiempo con diferentes análisis, pero sigue rigiendo por el régimen de promoción de esas inversiones. SI lo comparamos con la exención de inmuebles rurales hay una dicotomía importante hasta el 2018 estaban gravados, luego pasaron a estar exentos y se genera una asimetría más”, detalló Balestrini.
Al cierre de su disertación habló de los Regímenes Promocionales que “hay 3 o 4 que representan la mayoría de lo que son gastos tributarios relacionados a los regímenes promocionales que datan de años o algunos son más recientes que se van renovando y aggiornando a las nuevas realidades. Se puede ver que hay una política pública atrás que tiene que ver con la exportación de servicios”.
También señaló que “hay Regímenes Promocionales que tienen que ver con las PyMEs que se han redefinido tratando de mejorar la trazabilidad. El Régimen de Promoción de Tierra del Fuego también tuvo su política pública ligada a la población de la isla, hay que analizar la redefinición de las políticas vinculadas a cada régimen promocional porque no tienen que ser permanentes, tampoco eliminarse como acción disruptiva, hay que analizar a qué política pública responde y a qué necesidades para aplicar un tratamiento tributario que sea gradualmente decreciente y por tiempo limitado, es la única forma”.
En tanto, indicó que hay que analizar otros conceptos impositivos que tienen impacto presupuestario por ejemplo las plataformas digitales porque “uno de los problemas que preocupa es la gravabilidad de las plataformas y de servicios digitales que significa establecer un régimen de retención dentro del impuesto a las ganancias para los beneficiarios del exterior y no a los consumidores finales, porque son corporaciones internacionales que no tributan en el país”.
El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, fue el primer legislador en realizar consultas y se refirió a tres temas. En primer lugar, sobre un estudio de asistencia efectiva para saber qué sectores están asistidos por encima del valor de la economía y que sectores no son asistidos; luego, sobre un proyecto de Marcelo Casaretto sobre OSDE y el 15% de grabación sobre la renta; y respecto de los magistrados, sobre la Ley de 2017 fue declarada inconstitucional por dos jueces, a la que consideró que “creemos que esa ley es constitucional”.
En su intervención, el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó: “Nosotros no sabemos cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo”, pero sí coincidió en “avanzar en un proceso integral de evaluación de impacto de cada política pública, eso es positivo. Se la puede dotar a la oficina de Presupuesto del Congreso para que lleve adelante ese estudio, es algo que hemos reclamado en cada oportunidad. Es algo que me parece perfecto y brillante”.
“Quisiéramos saber cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo respecto de cuáles son los gastos tributarios que planean eliminar”, planteó.
El diputado nacional y economista Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó: “Compartimos en JxC cierto desconcierto con este tema, pero valoramos la explicación”, y agregó: “Lo que nos produce desconcierto es que terminamos gastando más de lo que tenemos”.
Sin embargo, aclaró que “la información y la exposición es clara”. Del mismo modo parafraseó a Cristina Kirchner y relató que “la sigo a la vicepresidenta de la Nación cuando se refirió a esto con mucha contundencia como ‘planeros ricos’ y eso no se traduce en una decisión política de eliminar esto y esto”.
En tal sentido, refirió que “si me preguntan todo lo que implique una desigualdad ante el impuesto hay que quitarlo. Por mí, las eliminarías todas”, y cerró: “Si hemos comenzado una devolución del IVA, no le encuentro sentido a tener alícuotas vigentes”.
Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) manifestó: “Venimos marcando que cada tratamiento presupuestario no trae beneficios en las mayorías populares y los fondos fiduciarios que son incontrolables no están en la separata”.
También, advirtió que “en la exención de ganancias de fundaciones, bajo este régimen, hay bancos y aseguradoras. Queremos saber cuáles bancos no pagan cargas tributarias”. “No hay justificación para que las empresas sigan beneficiándose con bajas”, aseveró.
Finalmente, agregó que “este es un presupuesto de ajuste y creo que debemos avanzar en una modificación tributaria integral”, y concluyó: “Hay medidas muy parciales dentro del régimen tributario que es regresivo en su conjunto”.
A su turno, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, destacó la concepción que “está detrás de nuestro ministro de Economía que es este camino progresivo para poder lograr un resultado fiscal equilibrado. Me parece que eso es importante en este tiempo”.
“El superávit fiscal y comercial es una columna que nos gustaría recuperar y se los piensa como recortes de gastos y acá nos están proponiendo cómo podemos contribuir a un mayor equilibrio para los resultados de las cuentas públicas argentinas”, señaló y valoró la decisión política de “visibilizar” el tema y consideró que es “muy valioso” poner la separata del proyecto porque “se puede tratar mejor esos conceptos”.
También, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), consideró que “es necesario discutir sobre estos gastos no tributarios que ascienden al casi 5% del PBI, pero en un proceso electoral, sería un buen gesto tener la opinión del presidente electo sobre el Presupuesto porque es legítimo que el presidente electo lo que el necesita para gobernar el primer año”.
Se inició en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el debate sobre la separata que incluye exenciones impositivas en el Presupuesto Nacional 2024.
La reunión está prevista para este miércoles y asistirán los titulares de la AFIP, Aduanas, el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Ingresos Públicos de Economía.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizará este miércoles 25 de octubre una reunión informativa para comenzar a considerar una parte del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.
Concurrirán a la comisión Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.
Puntualmente comenzarán a analizar la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.
Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.
Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.
El diputado del Frente Pro sostuvo que eso se traduce a una “reducción de recursos para entrenamientos y equipamiento militar”, y que solo se “alcanzará a pagar el 91% de los sueldos”. Además, planteó que el recorte también se aplicó en educación y salud.
El pasado 15 de septiembre ingresó a la Cámara baja el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2024, pero aún no fue tratado en comisiones. Sin embargo, el diputado nacional y representante del Partido UNIR Alberto Asseff (Frente Pro) cuestionó que el texto enviado por Sergio Massa “es el más bajo de la historia en materia de defensa”.
En su carácter de presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados declaró en un reportaje radial que “Massa pasará a los registros como el superministro de Economía más devaluador, más emisor de moneda sin respaldo y como el candidato a presidente que utilizó descaradamente casi dos puntos del PBI para sostener su campaña electoral. Además, no sólo bajó en términos reales el presupuesto para educación y salud, sino que también materia de defensa nacional”.
“El presupuesto de Defensa está en su punto más bajo en la historia nacional”, alertó y señaló que “ello se traduce en una drástica reducción de recursos disponibles para entrenamiento, adiestramiento y reequipamiento”.
Asseff indicó que “el presupuesto del área quedó desfasado frente a la aceleración de la inflación y se evidencia una desinversión alarmante. Sólo alcanzará para pagar el 91% en sueldos y el resto para pagar servicios y mantenimiento de nuestras FFAA”, y agregó que “los soldados ya no reciben con normalidad sus almuerzos. Ni pensar en ejercicios reales u horas de navegación y de vuelos acordes con una fuerza de defensa normal”.
“El proyecto de ley de presupuesto 2024, prevé una inflación para 2024 de 69,5%, a pesar de que la realidad la muestra superior al 130%. De mantenerse la inflación actual el gasto real en defensa caerá más de un 10%. El país está en un pozo y allí mismo, bien el fondo, se halla nuestra defensa nacional”, concluyó el legislador.
El ministro de Hacienda explicó que la demora en la presentación del mismo se debe a que en el Presupuesto Nacional no se contempla el fallo judicial en materia de coparticipación y de las últimas medidas económicas adoptadas por Massa “que tendrán impacto tanto en las pautas macroeconómicas existentes como así también en las proyecciones de recaudación”.
En medio de la incertidumbre acerca del Presupuesto Nacional para el próximo año, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, remitió a la Legislatura porteña una carta en la que solicita prorrogar la presentación del Presupuesto 2024 debido a numerosas razones.
En la misiva, el funcionario recordó que “como es habitual, a mediados de año se dio inicio al proceso de formulación presupuestaria en todas las áreas de gobierno, con el objeto de plasmar las políticas públicas en torno a educación, salud, seguridad y asistencia social entre otras” y destacó que “en lo que respecta a la planificación presupuestaria, durante los últimos años, desde la Ciudad se han respetado –como referencia- las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional, a través de las cuales se determinan las proyecciones de gastos y recursos, como así también el programa de financiamiento. Esto es así con el objetivo de poder alcanzar una homogeneización con las cuentas nacionales”.
“Sin embargo, con posterioridad a la presentación del Presupuesto Nacional y el cuadro macro fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional ha anunciado e instrumentado una serie de medidas económicas y financieras que tendrán impacto tanto en las pautas macroeconómicas existentes como así también en las proyecciones de recaudación del año 2024”, detalló.
Sobre esa misma línea, Mura destacó que “la aprobación en el día de ayer de la Ley de reforma al Impuesto a las Ganancias y el proyecto de Ley sobre devolución del IVA para productos de la canasta básica para sectores de bajos ingresos, son medidas que inciden sobre la Coparticipación Federal de Impuestos y que, por lo tanto, afectan la recaudación de todas las provincias como así también la de esta Ciudad” e informó que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, “dejó trascender que para compensar la pérdida de recursos de las provincias, propondrá coparticipar una porción de los Impuestos al cheque y el Impuesto PAÍS. Resulta inevitable señalar que la puesta en marcha de estas medidas alterará las previsiones presupuestarias para lo que queda del presente año, así como también las proyecciones estimadas para el año 2024. Por ejemplo, la suba del piso del Impuesto a las Ganancias para lo que resta del corriente año implicará, para la Ciudad, una pérdida de recaudación superior a los 4.500 millones de pesos en materia coparticipable y el proyecto de ley de eliminación del Impuesto a las ganancias superará los 41.000 millones de pesos para el año 2024”.
“Por otra parte, también es de público conocimiento que el Gobierno nacional continúa en su inédita postura de incumplimiento en relación a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 21 de diciembre del 2022, a través del cual se determinó que el coeficiente que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de Coparticipación Federal de Impuestos es del 2,95%. En su proyecto de ley de Presupuesto 2024 presentado el 15 de septiembre, la actual administración nacional tampoco contempla el cumplimiento del fallo mencionado”, sentenció el funcionario porteño.
ProyectodeNorma__Expediente_2339_2023.Por Manuel Aguirre. El diputado de JxC cuestiona el pedido que hizo el candidato presidencial de La Libertad Avanza a Sergio Massa de no enviar el Presupuesto 2024 al Congreso y expresa que “su función es garantizar que se cumplan las leyes”.
En los últimos días, hemos sido testigos de una flagrante violación del imperio de la ley por parte de políticos que deberían ser los garantes de la democracia y el respeto a las instituciones. Y es que Javier Milei ha propuesto, sin ruborizarse, que el ministro de Economía retarde la presentación del presupuesto hasta después de las elecciones. ¿Qué pasa con la ley de Administración Financiera, que establece que el presupuesto debe ingresar a la Cámara de Diputados como máximo el 15 de septiembre próximo? ¿Eso no es importante?
Esta propuesta viene de alguien que es candidato a presidente de la Nación, pero que además es diputado nacional en ejercicio. Pareciera ser que se ha olvidado de que su función es precisamente representar al pueblo y garantizar que se cumplan las leyes. Pareciera ser qué a él y su partido no les importa esto y solo están dispuestos a violar la ley y a despreciar la democracia para alcanzar sus objetivos políticos.
Este tipo de propuestas no son nuevas en la política argentina. Hemos visto cómo los políticos utilizan la ley como un paño de cocina, twitteando y haciendo girar los datos para justificar sus propios intereses. Esta propuesta, disfrazada de estrategia política, es diferente y nos hace recordar los oscuros tiempos de la dictadura, cuando los golpes militares comenzaban con una violación del orden republicano. Es una llamada de atención que no podemos ignorar.
Esto es un ataque a la misma esencia de la democracia, la cual se basa en el respeto y en el principio de que todos somos iguales ante la ley. Cuando los políticos la comienzan a violar con impunidad, se establece un precedente peligroso. ¿Qué garantías tenemos de que no seguirán violando la ley en el futuro? ¿Qué garantías tenemos de que no se convertirán en una nueva dictadura?
Es hora de que los ciudadanos argentinos despierten y se den cuenta de lo que está en juego. Esto no es solo una cuestión de política, es una cuestión de principios y valores. La democracia no es una burocracia, es un sistema que se basa en el respeto a la ley y en la participación ciudadana. Si permitimos que los políticos violen la ley con impunidad, estamos poniendo en peligro la propia existencia de nuestra democracia.
Es hora de tomar partido. No podemos permitir que los políticos jueguen con la ley y con la democracia. Debemos exigir que se cumplan las leyes y que se respeten los principios de la democracia. Si no lo hacemos, seremos cómplices de la destrucción de nuestra democracia.
Las previsiones para Télam, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas, Correo y otros.
Uno de los subsectores que por su naturaleza comercial y figura jurídica opera fuera del Presupuesto de la Administración Nacional es el conformado por las Empresas Públicas. Sobre éstas se proyecta un universo para el ejercicio 2024 de 34 empresas y sociedades de mayoría estatal.
La aprobación definitiva de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado se realiza con posterioridad a la presentación del presente proyecto de ley. En consecuencia, la información que se incluye en el proyecto de Presupuesto ha sido elaborada a partir de estimaciones preliminares del presupuesto de cada entidad, por lo que resultan de carácter provisorio.
El universo de empresas está compuesto fundamentalmente por Sociedades del Estado (Radio y Televisión Argentina, TELAM, Ferrocarriles Argentinos, etc.) y por Sociedades Anónimas (Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial de la República Argentina, Nucleoeléctrica Argentina, etc.).
El monto de recursos estimados para el total de empresas públicas en el ejercicio 2024 alcanza los $7.688.335,6 millones, con un gasto estimado de $ 7.247.703,9 millones, arrojando un superávit financiero de $ 440.631,7 millones.
En cuanto a los recursos corrientes previstos para 2024 de las Empresas Públicas Nacionales, los mismos provienen, en mayor parte, de ingresos operativos (64,0%), producto de la venta de bienes y servicios. Al respecto, aproximadamente, el 77,8% de los mismos se concentra en sólo cinco empresas: Aerolíneas Argentinas S.A (30,7%) originados por su actividad aerocomercial; Energía Argentina S.A. (22,0%) provenientes mayoritariamente de la venta de combustible en el mercado interno; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (8,7%), a partir de la generación eléctrica de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse; Casa de Moneda S.E. (8,4%), relacionados a su actividad de emisión y acuñación del signo monetario nacional, de sellos postales, estampillas fiscales, entre otros objetos valorados; y el Correo Oficial de la República Argentina S.A. (8,0%), producto de la prestación del servicio postal.
Por otro lado, se destacan las Transferencias Corrientes provenientes del Tesoro Nacional, que representan el 33,4% de los ingresos corrientes del subsector. Las citadas transferencias se destinan mayoritariamente a la importación de combustibles por parte de Energía Argentina S.A. (ENARSA) (41,3%), al pago de remuneraciones y gastos de funcionamiento de la Operadora Ferroviaria S.E. (OFSE) (31,0%), y en menor medida a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (6,6%), y al Correo Oficial de la República Argentina S.A. (4,8%).
Asimismo, las Transferencias de Capital proyectadas, provenientes de la Administración Nacional, alcanzan al 17,2% de los recursos totales, participando con el 88,9% de dicho monto el financiamiento de las obras proyectadas por las siguientes empresas: Energía Argentina S.A (51,6%), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (26,1%), y Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (11,2%).
Con relación al gasto total del Sector de Empresas Públicas, cuyo importe asciende a $ 7.247.703,9 millones, se proyecta un incremento de un 78,1% respecto a la ejecución estimada 2023. Algo más del 82,5% del gasto total se encuentra explicado por sólo siete empresas: Energía Argentina S.A. (29,5%), Aerolíneas Argentinas S.A (18,5%), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (9,5%), Operadora Ferroviaria S.E. (8,9%), Correo Oficial de la República Argentina S.A. (5,8%), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (5,3%) y Casa de Moneda S.E. (5,0%).
Asimismo, el gasto en bienes y servicios alcanza el 47,2% del gasto total. Del total de las erogaciones de bienes y servicios se destacan los casos de ENARSA (38,1%), Aerolíneas Argentinas (23,0%), y Casa de Moneda S.E. (8,9%).
La Inversión Real proyectada se incrementa un 60,8% respecto a 2023. Más del 93% de la inversión real se concentra en Energía Argentina S.A. (48,0%), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (20,6%), Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (9,9%), Aerolíneas Argentinas S.A. (5,9%), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) (3,8%), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (2,7%) y Operadora Ferroviaria S.E. (2,2%).
La aerolínea de bandera tiene por objeto la prestación del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros y carga. A través de la Ley N° 26.466 la empresa y sus controladas pasaron a la órbita de
la administración estatal.
Para el año 2024 se proyectan ingresos corrientes por la suma de $ 1.304.132,8 millones, generados mayormente por la prestación del servicio de la actividad aerocomercial ($ 1.232.632,8 millones), y se completa con las transferencias del Tesoro Nacional previstas por $ 71.500,0 millones. Por su parte se prevé un incremento de los gastos totales en un 100,9%, respecto a 2023, entre los cuales se destacan los gastos operativos (91,7% del total del gasto) para el desarrollo de la actividad de la empresa, acompañados por las erogaciones destinadas a la inversión, estimadas en $ 87.314,1 millones para 2024.
La información fue difundida desde el Ministerio de Economía, mientras era aguardado el ingreso del texto a Mesa de Entradas de la Cámara baja. El valor del dólar oficial estimado para el próximo año es de poco más de $600.
El Ministerio de Economía cumplió en tiempo y forma con lo que establece el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, y envió este viernes 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2024, cosa que había quedado en tela de juicio a partir del pedido formulado por los diputados de La Libertad Avanza de aplazar esa presentación.
La noticia sobre la presentación del proyecto se fue postergando a lo largo del día, pero en las primeras horas de la noche se hicieron trascender desde el Ministerio de Economía detalles de la “ley de leyes” y justo sobre medianoche se difundieron los materiales con los textos correspondientes, cuyo tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda quedará para después del 22 de octubre y su llegada al recinto para después del 19 de noviembre, según trascendió.
Hechas esas consideraciones, vale decir que el proyecto elaborado por la cartera que conduce Sergio Massa prevé un crecimiento del 2,75% del PIB y una inflación anual del 70%.
El valor del dólar oficial es calculado en el orden de los 600 pesos para fines de 2024, lo que implica un 63,48% de incremento con relación al cierre de 2023.
Puntualmente el tipo de cambio oficial mayorista quedaría fijo en 350 pesos hasta el 15 de noviembre, para arribar a 366 pesos al 31 de diciembre de este año. Para fines de 2004 se contempla un valor del dólar de 607 pesos.
El total de los gastos corrientes y de capital establecidos para el próximo ejercicio son estimados en 67.844.268.955.282 pesos.
Se anticipa la posibilidad de alcanzar el equilibrio e incluso superávit en el caso de que el Congreso sancione una ley que permita reducir los gastos tributarios compuestos por exenciones y beneficios impositivos que en la actualidad perciben empresa y regímenes de privilegio.
Según el texto, tales recursos equivalen a 4,7% del PIB. En una separata, el Gobierno recomienda dejar de brindar tales beneficios y habla nuevamente de eliminar las exenciones en el pago de Ganancias para el Poder Judicial. Lo mismo que eliminaría la posibilidad de deducir IVA para los directores de compañía; cambios en bienes personales y rurales y en el régimen de promoción de Tierra del Fuego.
También habrá una fuerte suba de ingresos a través de los derechos de exportación, la recaudación del impuesto país (que ganará protagonismo en el peso relativo de la recaudación) y la caída de subsidios energéticos.
Asimismo la mejora estaría relacionada con los mayores ingresos que podrían generarse a partir de haber dejado atrás la sequía.
El proyecto contempla una caída proyectada del 2,5% del PBI y una tasa de inflación del 135%. El déficit fiscal es estimado en 1,9%.
En materia de recursos los ingresos crecerían en promedio un 111% en términos nominales (0,7% del PBI). Además del aumento por los derechos de exportación, se proyecta una suba real de los impuestos asociados al mercado del trabajo en un 4% versus 2023.
En efecto, luego de la caída del nivel de actividad en 2023, se prevé una recuperación del 2,75%, como así también que continúe el crecimiento del PIB a una tasa de 2% anual durante el período 2025-2026.
En 2024, el crecimiento del PIB estaría motorizado por el repunte del sector agropecuario (+32,2%), debido centralmente a la recuperación prevista en la cosecha de soja y maíz. A nivel sectorial, la industria y el comercio se proyectan con bajas de -0,5% y -0,8%, respectivamente, debido al fuerte arrastre estadístico negativo de 2023. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio un 6,1%, por encima de los servicios, que suben 0,9%. Por el lado de la demanda, se prevé la recuperación de todos los componentes; en particular, el consumo privado crece 0,8% y la inversión 1,6% (guarismos también afectados por el arrastre negativo de 2023).
En materia de exportación de bienes y servicios, se proyecta un salto en 2024 del 17,4% a partir de la recuperación prevista en la cosecha gruesa, manteniendo un sendero de crecimiento en 2025-2026, mientras que el volumen importado también continuaría avanzando traccionado por el crecimiento económico.
El valor exportado de bienes y servicios se proyecta con un incremento de 19,6% y el valor importado con una suba de 1,4% en 2024, resultando en un superávit comercial de 9.372 millones de dólares ese año, que desciende hacia adelante con el crecimiento económico (4.782 millones de dólares en 2026).
La recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social se estima que alcanzará en el año 2024 la suma de $84.274.027,8 millones de pesos, por lo cual será 105,5% superior a la proyectada para el año 2023, incrementándose 0,31 p.p. del PIB respecto al año anterior. La presión tributaria pasaría de 23,61% del PIB en el año 2023 a 23,92% en el año 2024. Este cambio en la presión impositiva total responde al efecto neto de modificaciones en el contexto macroeconómico y de medidas de política y administración tributaria en el año 2023.
La suba estimada de la recaudación nominal se explica por los aumentos proyectados de la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible y los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio y de los incrementos de las ganancias de las sociedades. En el mismo sentido incidirán los mayores ingresos esperados correspondientes a los regímenes de facilidades de pago.
El Impuesto al Valor Agregado neto de reintegros, que representa el 27,9% del total de la recaudación, ascenderá a $23.475.400,7 millones, aumentando 72,9% respecto al año 2023. El incremento de este tributo estará impulsado, principalmente, por el aumento del consumo en términos nominales y la mayor bancarización de la economía. En términos del PIB, el IVA neto de reintegros se reducirá en 1,15 p.p. en relación a 2023, producto de los créditos fiscales originados por las mayores percepciones aduaneras recaudadas en 2023. Esta es la principal variable explicativa de la menor presión tributaria del IVA total.
Los ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias alcanzarán en el año 2024 los $18.253.169,6 millones, lo que significa una suba de 112,2% respecto al año anterior y un aumento en términos del PIB de 0,23 p.p. En la dinámica de este impuesto inciden positivamente las subas proyectadas en los precios, el tipo de cambio, las remuneraciones, las importaciones –que se exteriorizan a través de una mayor recaudación proveniente de los regímenes de retenciones y percepciones- y en el crecimiento de los impuestos determinados de los períodos fiscales 2022 y 2023 – implicando un aumento en los pagos por anticipos-.
También incide de manera positiva en la comparación interanual los mayores pagos a cuenta del período fiscal 2022 con respecto a 2023 por parte de las sociedades. Asimismo, los efectos de los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países continuarán contribuyendo a la mejora en la fiscalización de este impuesto.
Los recursos originados en los Impuestos Internos Coparticipados serán de $1.890.900,8 millones, incrementándose 104,8% con respecto al año anterior. Esta variación se explica por el efecto neto de las variaciones esperadas en las ventas nominales de los productos gravados e importaciones.
La recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales se estima que alcanzará los $1.367.864,6 millones, mostrando un aumento de 68,5%. Los principales factores que explican esta suba son los aumentos de las bases imponibles sobre las cuales se aplica el impuesto y el mayor tipo de cambio. En sentido opuesto operarán en 2024 las mayores percepciones a cuenta del impuesto por consumos en moneda extranjera practicadas en 2023 y que son descontadas del saldo a ingresar por la declaración jurada anual. Por otro lado, los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países incidirán favorablemente en el cumplimiento de este impuesto.
Teniendo en cuenta la vigencia de los acuerdos de intercambio de información antes referidos, incluyendo el recientemente suscripto y en vigor celebrado con Estados Unidos de América, así como el proyecto de Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino, oportunamente impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, la estimación de recursos prevé para el año 2024, ingresos adicionales que representarían 0,18 p.p. del PIB, teniendo en cuenta que los acuerdos antes citados se encuentran plenamente vigentes y son herramientas eficaces para la detección actual de activos y rentas que no han sido declarados.
Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación mostrarán un incremento de 356,2% anual, aportando 9,1 p.p. al crecimiento de la recaudación total. Estos recursos pasarán de representar 0,63% del PIB en 2023 a 1,43% del PIB en 2024. El crecimiento se explica fundamentalmente por la recuperación de los saldos exportables, fuertemente disminuidos en 2023 por el efecto de la sequía y por el aumento del tipo de cambio.
Los recursos provenientes de los impuestos que gravan las compras al exterior –Derechos de Importación y Tasa de Estadística- ascenderán a $2.527.608,2 millones, monto que será 105,8% superior al registrado en el año 2023, y se mostrarán estables en términos del PIB. Los aumentos estimados en las importaciones y en el tipo de cambio nominal son las principales causas de la variación de estos gravámenes. También tendrá un efecto positivo la continua mejora en el control de las operaciones de comercio exterior por parte de la Aduana.
Los ingresos correspondientes al Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) alcanzarán los $4.156.024,2 millones, monto que será 184,4% superior al obtenido en el año 2023, impulsado principalmente por los cambios en la legislación vigente que aumentaron la base del tributo, el incremento del tipo de cambio, el aumento en las ventas de pasajes al exterior y una mayor utilización de las tarjetas de crédito y débito para operaciones en moneda extranjera.
Los aportes y contribuciones a la seguridad social, que incluyen los aportes personales y contribuciones patronales de los trabajadores en relación de dependencia, de los autónomos y del personal activo de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, ascenderán a $19.462.357,1 millones lo que implica un incremento de 105,2% frente a 2023 como resultado de los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles y de la recuperación de los puestos de trabajo. En términos del PIB, su recaudación alcanzará 5,52%, incrementándose en 0,06 p.p. frente a 2023.
El Gobierno proyecta un incremento del 2,5% del PIB, a partir de la recuperación del sector agroindustrial que dejará atrás la sequía y aportará alrededor de 0,8 puntos porcentuales de ese total. En Economía calculan el impacto de la sequía en 2023 en un 0,8% del PBI.
La fuerte caída del sector agropecuario impactó en otras actividades, en particular en la Industria, que registró una baja de 0,7% interanual, con caída en la elaboración de productos alimenticios. Tal es el caso de la
molienda de oleaginosas que, según datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero que elabora el INDEC, retrocedió 18,9% interanual, mientras que la elaboración de vino cayó -22,3% interanual, y hubo también una menor demanda de maquinaria agrícola (-7,2% interanual), entre otros.
Otros sectores productores de bienes que también registraron caídas fueron la pesca (-31,8% interanual) y electricidad, gas y agua (-6,3% interanual). En conjunto, estos tres sectores recortaron el crecimiento en 0,3 p.p.
La Ley de Administración Financiera establece el 15 de septiembre como fecha límite. Desde el oficialismo afirmaron que comenzarán a tratarlo después de las elecciones generales, tras el pedido de Milei a Massa.
De acuerdo al artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, este viernes vence el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de Presupuesto 2024 al Congreso. Desde el Ministerio de Economía confirmaron que cumplirán “en tiempo y forma”, aunque el tratamiento de la “ley de leyes” no comenzará de inmediato.
En medio de la campaña electoral y la catarata de anuncios económicos que el ministro/candidato Sergio Massa dispuso, la Cámara de Diputados deberá recibir el plan de gastos y recursos que reflejará el programa de gobierno del oficialismo para los próximos cuatro años, en caso eventualmente de seguir en la gestión.
Además de ver cómo será el reparto de partidas, el Presupuesto mostrará también las proyecciones sobre recaudación, a partir de cambios en materia impositiva, como por ejemplo el que tiene que ver con el impuesto a las Ganancias -cuya ley todavía no fue aprobada-.
Funcionarios revelaron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda que, para compensar la modificación, evalúan gravar a los inmuebles rurales e insistir -en una separata- con la propuesta para que los miembros del Poder Judicial, que ejercen desde antes de 2017, paguen Ganancias.
Esta semana, el diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, le envió una nota a Massa en la que le pidió suspender el envío del Presupuesto por el proceso electoral y “máxime teniendo en cuenta la competitiva performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones”, en alusión a las PASO.
La solicitud generó fuertes críticas por parte de Juntos por el Cambio, desde donde incluso llegaron a denunciar un “pacto” de ambos candidatos. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía aseguraron que lo enviarán este viernes, pero sí aceptaron que su tratamiento comience después de los comicios generales del 22 de octubre.
Para ello, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, anticipó que se reunirá con los jefes de bloques el próximo miércoles y acordarán una “hoja de ruta” para el debate de la “ley de leyes”.
Por otra parte, el interbloque Juntos por el Cambio reclamó que el Ejecutivo envíe además del proyecto una al adenda al Presupuesto 2023, producto de que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60% votada en 2022. Así lo establecía una clausula que se incorporó en las negociaciones para su aprobación.
Este será el último Presupuesto de la gestión del Frente de Todos que, en estos cuatro años, sólo tuvo dos presupuestos aprobados: en diciembre de 2019, al asumir, se prorrogó el Presupuesto 2019; en 2020 se consiguió sancionar el Presupuesto 2021; en 2021 salió rechazado de Diputados el Presupuesto 2022; y en 2022 sí se sancionó el Presupuesto 2023.
A través de un proyecto, el rionegrino sostuvo que esta propuesta “evitaría la violación de la ley actual como proponen Massa y Milei”.
El diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Rio Negro) presentó este jueves un proyecto de ley que le permita al Poder Ejecutivo realizar modificaciones la Ley de Presupuesto hasta el primero de marzo del siguiente en caso de heredarlo de otra gestión.
“La ley vigente establece que el presupuesto debe elevarse a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre de cada año. En la modificación proponemos que el Ejecutivo, en su primer año de gestión, podrá plantear modificaciones al Presupuesto que heredó de la gestión anterior”, sostuvo el rionegrino.
Del mismo modo, planteó que “esa modificación deberá elevarse antes del 1/3 y su tratamiento deberá ser expeditivo”, y agregó: “Su aplicación evitaría la violación de la ley actual como proponen ambos candidatos y le daría al gobierno entrante la posibilidad de proponer las modificaciones que considere”. De ese modo, Domingo completó: “Los candidatos a la presidencia de la Nación, Sergio Massa y Javier Milei, acuerdan incumplir la Ley al posponer la presentación del Presupuesto 2024 por razones electorales. Nosotros, en cambio, propusimos modificarla para evitar – como ellos proponen – ignorar nuestras normas”.
La titular de la Cámara baja cuestionó al expresidente Macri por el tema Ganancias. Además, anunció los proyectos que serán tratados en la próxima sesión en el recinto.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, confirmó que este viernes ingresa el proyecto de Presupuesto 2024 y la semana que viene se reunirá con los jefes de bloques para definir el cronograma de tratamiento y luego, será convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir “ley de leyes”.
“El ministro Sergio Massa me confirmó que va a cumplir con la manda constitucional y que va a mandar en tiempo y forma el Presupuesto y el lunes voy a convocar a Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y a los bloques para trabajar el día miércoles el cronograma de trabajo en relación al tratamiento del Presupuesto”, relató Cecilia Moreau.
Del mismo modo, anunció que en la próxima sesión en el recinto “vamos a estar tratando el proyecto de eliminación de Ganancias para trabajadores y jubilados, la creación de nuevas universidades y el acceso a trabajadores no registrados al mercado laboral de manera formal, sin que esto implique que los empleadores tengan que pagar durante dos años las cargas sociales”.
Para ello, Moreau expresó: “Son temas que afectan directamente la calidad de vida y la recuperación del salario de los argentinos, el tema de Ganancias y el de las Pymes, pero también la creación de universidades tiene que ver con universidades de cercanía, universidades en Río Tercero, en el Delta, y esto tiene que ver con el desarrollo de las localidades”.
También sostuvo que “son temas que afectan al trabajo y la educación, muy sensibles como para no acompañar”. “Me resulta extraño y realmente creo que se están equivocando electoralmente si no vienen los diputados de Juntos por el Cambio”, lanzó la presidenta de la Cámara de Diputados.
Además, consideró que “tenemos la oportunidad de dejar a 800 mil trabajadores afuera de este impuesto injusto que veníamos trabajando desde hace mucho, porque hay que reconocer que Sergio fue bajando progresivamente la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias”, y remarcó: “Me parece por lo menos cínico, hipócrita y mezquino que JxC no venga”.
Por última, ironizó que “todavía me acuerdo del aviso de (Mauricio) Macri donde él planteaba que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar las Ganancias, y no solamente pagaron más trabajadores sino más plata”.
Luego del pedido de Javier Milei para postergar el envío del proyecto al Congreso, desde Economía confirmaron que el ministro cumplirá con lo que establece la Ley de Administración Financiera, y se acordaría con el libertario retrasar sí su tratamiento.
Sorprendió el martes el pedido de los diputados nacionales de La Libertad Avanza enviado a Sergio Massa para incumplir lo que dispone el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, que dispone que el proyecto de ley de presupuesto se envíe al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año.
Semejante pedido causó la airada reacción de diputados de Juntos por el Cambio, que reclamaron al oficialismo cumplir con lo que dispone la ley, y reprocharon al candidato presidencial y diputado nacional Javier Milei desconocer lo que establece la ley.
Desde Economía en cambio no hubo inicialmente un rechazo taxativo al pedido; por el contrario, se dijo que se harían las consultas pertinentes, lo que llevó a miembros de la oposición a redoblar críticas, montados en ciertas sospechas.
Este jueves se confirmó que el ministro Massa enviará el proyecto de presupuesto en tiempo y forma este viernes y que la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, acordaría con Milei postergar el tratamiento del tema para después de las elecciones generales del 22 de octubre.
El argumento del diputado libertario es que en las elecciones de este año se va a definir un nuevo presidente para los próximos cuatro años y recuerda que él es uno de los candidatos, de hecho el más votado en las PASO.
La realidad es que postergando solo el debate del proyecto se está cumpliendo la ley, que se circunscribe a establecer la fecha de presentación del texto en cuestión, mas nada impone en torno al inicio de su tratamiento. Eso depende de cada gobierno. Veamos sino los antecedentes. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando concluía su mandato y no iba por la reelección, mandó el proyecto de Presupuesto 2016 al Congreso y el entonces ministro de Economía Axel Kicillof lo defendió en ambas cámaras. Su tratamiento fue rápido, al punto tal de aprobarse en el mes de octubre.
En la Cámara baja se aprobó el 8 de octubre de 2015, antes de las elecciones del 25 de octubre, y se convirtió en ley 23 días después, el 28 de octubre, cuando ya se sabía que había balotaje, mas no quién sería el futuro presidente. El balotaje se realizaría recién el 22 de noviembre.
¿Qué hizo Mauricio Macri? También mandó en fecha el proyecto, pero ya habían transcurrido las elecciones primarias de 2019 en las que a Cambiemos le fue bastante mal. El ministro de Economía Hernán Lacunza fue al Congreso al día siguiente de enviar el texto, para defenderlo. Pero fue solo una formalidad, pues el debate del texto se postergó para cuando cambiara la composición de ambas cámaras y se supiera quién sería el nuevo presidente.
Cuando la victoria del Frente de Todos se concretó, el Gobierno que asumió el 10 de diciembre anunció que se tomaría su tiempo para armar un nuevo proyecto una vez vieran todas las cuentas, luego dijeron que lo harían en el transcurso de la primera parte de 2020, y cuando vino la pandemia ya no se habló más del tema. No hubo Presupuesto 2020.
Otro dato para tener en cuenta es lo que sucedió con el tratamiento del Presupuesto 2022. En 2021 se realizaban las elecciones intermedias; para el 15 de septiembre de 2021 el oficialismo ya había perdido las PASO, pero Martín Guzmán cumplió en enviar el proyecto. Lo que no hizo fue ir a defenderlo de manera inmediata.
Por el contrario, pasaron casi tres meses y las elecciones generales, que el Frente de Todos volvió a perder.
Pero ni así el ministro fue al Congreso antes del recambio legislativo. Recién lo hizo el 13 de diciembre a la Cámara de Diputados, en una carrera contra reloj para lograr su aprobación antes de fin de año. Lo cual, debe aclararse, no es para nada novedoso: suele suceder con administraciones de cualquier tono político. Lo excepcional es que el titular del Palacio de Hacienda haya demorado tanto en presentarse ante los diputados.
El Gobierno de Alberto Fernández quería un trámite exprés, con su aprobación en el Senado antes de las fiestas, pero todo naufragó el 17 de diciembre, con el rechazo por 121 votos a favor, 132 en contra y una abstención.
La candidata a jefa de Gobierno por el FIT advirtió que el líder de La Libertad Avanza “quiere redoblar con tarifazos y despidos el ajuste que Massa ya está ejecutando”.
Después de que el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, le enviara una carta a Sergio Massa para que suspendiera la presentación del Presupuesto 2024 hasta que pasen las elecciones de octubre, la candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad por el FIT, Vanina Biasi, disparó con dureza contra el libertario.
En ese sentido, Biasi afirmó que “Milei pide que no se trate el presupuesto 2024 porque pretende imponer un ajuste aún más profundo que el que podría hacer votar Massa y el gobierno nacional antes del 10 de diciembre” y remarcó que “Milei sostuvo que redoblaría el ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional”.
“Lo que esto implica en forma concreta es avanzar en tarifazos masivos eliminando los subsidios, miles de despidos en el sector público y el desguace ya completo de la educación y la salud, para la cual tiene proyectos privatistas. Se trata de un plan que profundiza en el sentido de lo que ya viene haciendo el gobierno actual con jubilaciones y salarios de hambre que dejan a los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, aumento de la mano de obra no registrada y aumento de la indigencia”, sentenció.
Cabe recodar que en la misiva que Milei le envió a Massa, el libertario explicó que “dada la trascendencia de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de Presupuesto de cara al nuevo período presidencial que se iniciará el 10 de diciembre de 2023, se solicita respetuosamente a esa Presidencia evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N° 24.156, hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario que se convoca por el artículo 2° del decreto N° 237/2023, máxime teniendo en cuenta el competitivo performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones”.
Ante la solicitud planteada por los diputados libertarios ante el ministro/candidato Sergio Massa, diputados opositores cuestionaron que se sugiera incumplir la ley.
El inusual pedido de Javier Milei y Victoria Villarruel al ministro de Economía, Sergio Massa, de postergar la presentación del Presupuesto 2024 hasta después de las elecciones de octubre no cayó nada bien en el resto de la oposición.
Desde Juntos por el Cambio no tardaron en llegar las críticas, como la del presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, que les apuntó al oficialismo y a La Libertad Avanza: “El oficialismo debe respetar las leyes y la oposición libertaria al menos conocerlas. La Ley de Administración Financiera establece que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto antes del 15 de septiembre. No puede haber excepciones. Un candidato debería estar al tanto”, sostuvo el diputado cordobés.
A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, le apuntó directamente a Milei. En tono de campaña, el diputado, que va por su reelección, lanzó en las redes: “En un adelanto de lo que podría ser su gestión, Milei le pide al ministro de Economía y candidato a presidente que no cumpla con la Ley de Administración Financiera (remitir el proyecto de Ley de Presupuesto antes del 15 de septiembre)”.
“No necesitamos mayor menosprecio por la ley, sino todo lo contrario: máximo cumplimiento e instituciones sólidas y transparentes es parte fundamental del camino para construir un país ordenado”, agregó.
A su vez, la diputada Graciela Ocaña tuiteó: “¿Milei pide no se cumpla la Constitución Nacional? Si siendo candidato empezamos así, cómo sigue? Podría solicitar se postergue su tratamiento, nunca que se incumpla con la CN”. Aunque en rigor, es una ley la que establece la obligatoriedad de presentar el proyecto antes del 15 de septiembre: la de Administración Financiera.
También, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) se refirió al tema en cuestión por x: “Desde 1992, año de sanción de la Ley 24.156, el proyecto de Presupuesto para el año siguiente fue presentado siempre en término. 31 años respetando una regla básica: El PEN elabora, el Congreso discute. Sin proyecto, no hay debate. Sin debate no hay democracia”.
Del mismo modo, la diputada nacional Paula Oliveto (CC – ARI) expresó: “Queridos amigos de La Libertad Avanza, les quiero contar que es liberal respetar la ley. Que nadie debe estar por encima de ella. Que todavía no ganaron las elecciones y que si tanto les gusta Alberdi estudien la Constitución. No todo es campaña y redes sociales. Besis”.
El bloque de La Libertad Avanza envió una carta al ministro de Economía para que en función de las elecciones presidenciales que tendrán lugar este año se evalúe la posibilidad de no cumplir transitoriamente la Ley de Administración Financiera que ordena presentar el proyecto el 15 de septiembre.
El Ministerio de Economía de la Nación deberá presentar en Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados este viernes 15 de septiembre el proyecto de ley de Presupuesto 2024, conforme establece la Ley de Administración Financiera. Es norma y costumbre y como siempre hay gran expectativa por lo que pueda llegar a establecer el texto que por estos días concluyen de elaborar en el Palacio de Hacienda.
La novedad esta vez la dio este martes el bloque de La Libertad Avanza, cuyos miembros integran la fórmula presidencial de ese espacio, e hicieron una presentación ante el ministro de Economía, Sergio Massa, para suspender esta vez la presentación de la ley de leyes.
A través de una nota suscripta por los diputados nacionales Javier Milei y Victoria Villarruel, plantean que “dada la trascendencia de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de Presupuesto de cara al nuevo período presidencial que se iniciará el 10 de diciembre de 2023, se solicita respetuosamente a esa Presidencia evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N° 24.156, hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario que se convoca por el artículo 2° del decreto N° 237/2023, máxime teniendo en cuenta el competitivo performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones”.
El texto enviado por Milei y Villarruel refiere al artículo 26 de la citada ley que establece que “el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos”.
Los diputados libertarios citan también la Ley 25.152, de Administración de los Recursos Públicos, que dispone en su artículo 2° la presentación del Presupuesto Plurianual de la Administración Pública Nacional “cuya formulación requiere la cuidadosa elaboración de las hipótesis referidas al comportamiento de las variables macroeconómicas, de la recaudación tributaria y no tributaria nacional, de los gastos corrientes y de capital y del servicio de la deuda pública”.
Justifican su pedido en las elecciones primarias del 13 de agosto pasado, cuyo resultado apuntan que “si bien consagró a La Libertad Avanza como la coalición que cosechó el mayor número de votos, puso a las fuerzas políticas mayoritarias en una eventual paridad de preferencias ciudadanas”.
Así las cosas, los libertarios consideran que “dada la trascendencia de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de Presupuesto de cara al nuevo período presidencial que se iniciará el 10 de diciembre de 2023, se solicita respetuosamente a esa presidencia se sirva evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N° 24.156, mencionada más arriba, hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario que se convoca por el artículo 2° del citado Decreto N° 237/2023, máxime teniendo en cuenta el competitivo performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones”.
La nota de Milei y Villarruel agrega al final que “concluida esa instancia, el Poder Ejecutivo Nacional podría remitir a la Honorable Cámara de Diputados –en consenso con la fuerza política que resultare la más votada en la convocatoria del día 22 de octubre de 2023- el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional, para su análisis, discusión y eventual sanción”.
A través de la Resolución 408/2023 el Ministerio de Economía estableció el cronograma y las fechas de formulación del Presupuesto Plurianual 2024-2026. Tal como lo fija la ley, deberá ser presentado ante el Congreso el 15 de septiembre.
El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, fijó el cronograma de elaboración del proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2024 que deberá ser presentado ante la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre. También estableció las fechas de formulación del Presupuesto Plurianual 2024-2026
Así se desprende de la Resolución 408/2023 publicada este miércoles en el Boletín Oficial en la que se indica que el 18 de este mes, la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, comenzará a delinear la organización del trabajo para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2024 y el Presupuesto Plurianual 2024-2026 y la coordinación del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP).
A su vez, la Subsecretaría de Presupuesto invitará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a colaborar con las tareas de formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2024 y el Presupuesto Plurianual 2024-2026.
La Resolución también plantea que la Subsecretaría de Presupuesto podrá adecuar el cronograma a la marcha de los trabajos garantizando su finalización oportuna y requerir la colaboración de funcionarios de otras reparticiones que no estuvieran consignadas como áreas responsables en dicho cronograma.
“Las dependencias especializadas del Poder Ejecutivo Nacional deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y, sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas en particular”, precisa el texto.
Además, sostiene que “es necesario programar detalladamente las actividades para hacer efectiva esa participación y establecer las fechas de inicio y finalización de las actividades relevantes en el proceso de formulación presupuestaria, a fin de elaborar en tiempo y forma el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2024 y el Presupuesto Plurianual 2024-2026”.
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