Previsto originalmente para este jueves, el debate sobre la suspensión de las elecciones PASO que promueve el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se posterga un día. Se realizará el viernes a partir de las 13.

La razón es que los legisladores porteños esperan contar con la definición del debate de la suspensión de las PASO a nivel nacional, que se sabrá en el marco de la sesión de este jueves en la Cámara alta.

El oficialismo porteño no tiene los números asegurados para asegurar su cometido. En principio, aguarda la decisión que tomará el peronismo, que a su vez quiere ver lo que sucede en el Senado. Y los diputados de La Libertad Avanza esperan también ver qué decisión toman los peronistas.

No solo la suspensión de las PASO debatirán este viernes; también deben resolver el adelantamiento de las elecciones.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, el legislador de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés remitió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará que se renegocien todas las concesiones del distrito capitalino.

El texto en cuestión busca establecer “parámetros más justos” para las contrataciones que realiza el Estado porteño, de manera tal que promueve que los contratos vigentes se actualicen por inflación y que se retasen todas las tierras e inmuebles públicos.

La iniciativa en cuestión fue presentada luego de que se conocieran varias denuncias por irregularidades multimillonarias en la explotación de inmuebles y servicios públicos. Ante esta situación, el peronista pidió revisar y adecuar los contratos de concesión que están vigentes en la Ciudad.

De este modo, el proyecto promovido por Valdés busca impulsar una administración “más transparente en la contratación de los servicios y tierras públicas en la Ciudad”. También propone generar un modelo “más justo” en el valor de los alquileres.

Además, el proyecto excluye de la actualización a las asociaciones sin fines de lucro destinadas a actividades culturales, deportivas y educativas. También contempla que la diferencia obtenida por la actualización de los cánones se destine íntegramente al subsidio habitacional de la Ciudad.

La iniciativa propone generar un esquema más justo definiendo “criterios razonables para la actualización mensual de los valores que se abonan al Estado porteño, para que sean acordes a los valores vigentes de la economía en cada período”. De aprobarse esta ley, los cánones se ajustarían mensualmente por inflación, de acuerdo a la suba del Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC.

En ese sentido, Valdés afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires es de las más caras del mundo para alquilar, salvo que seas contratista de Jorge Macri o amigo del Pro” e insistió en que “las familias porteñas no llegan a pagar un alquiler, pero en la Ciudad hay una casta que se lleva las tierras más jugosas por un precio vil. Es una estafa a los vecinos”.

“La Ciudad tiene una crisis habitacional, miles de personas sin casa y alquileres impagables, y al mismo tiempo hay inquilinos VIP con contratos vencidos que se prorrogan todos los años y mantienen valores atrasados. Por eso, proponemos que la actualización de los cánones permita dar solución a esta situación financiando políticas de acceso a la vivienda”, concluyó señalando.

La iniciativa también lleva la firma de Alejandro Grillo, Matías Lammens y Claudia Neira (UP).

Por primera vez en lo que va del año, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, remitió a la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca introducir modificaciones en el Presupuesto 2024, a fin de ampliarlo por un total de 4.517.086.453.895 de pesos.

En los fundamentos de la medida, el alcalde local explicó los motivos por los cuales necesita realizar esas modificaciones crediticias. Entre los principales gastos se encuentra la educación, salud, seguridad, entre otros puntos.

De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.

Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.

“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.

Los diputados de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscarán expresar su “extrema preocupación” por los robos sucedidos en escuelas públicas en diversos barrios y comunas del distrito capitalino.

Al mismo tiempo que advirtieron que “estos hechos ponen en riesgo el funcionamiento y la continuidad de las actividades educativas”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “durante el fin de semana largo del 28 de marzo al 2 de abril, se produjeron dos nuevos hechos de robo en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Ladrones ingresaron a dos colegios y se llevaron casi 340 dispositivos electrónicos, entre tablets y notebooks” e indicaron que “el primero de los casos denunciado ocurrió el sábado 30 de marzo por la tarde. Fue en la Escuela N°15 DE 15 Manuel Antonio Acevedo, localizada en la calle Tronador al 2800, en el barrio de Coghlan. Personal de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el establecimiento educativo, luego de que unos vecinos denunciaron que ‘había personas guardando tablets en bolsas’”.

“Al llegar al lugar, los oficiales constataron que una de las vías de ingreso del colegio estaba forzada. Una vez adentro, la directora verificó que había un faltante de 138 tablets. Para ingresar a la escuela violentaron la reja y puerta lateral de la escuela, rompieron los candados de todos los racks donde se guardan las tablets y notebooks, llevándose más de la mitad de los equipos”, sostiene el documento.

Al mismo tiempo que rememora que “el otro hecho fue en la Escuela N°30 Distrito Escolar 9 Granaderos de San Martín, situada en Avenida Libertador al 4900, en el barrio de Palermo. Allí, delincuentes sustrajeron 200 notebooks. Este fue el segundo robo en ese colegio: a fines de enero se habían llevado más de 100 computadoras pertenecientes al Plan Sarmiento” e indicaron que “a raíz de aquel episodio, a mediados de marzo, el gobierno porteño repuso los materiales robados, los cuales se volvieron a robar”.

Sobre esa misma línea, los radicales manifestaron que “otros casos sucedidos y de público conocimiento fueron el de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas - Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como Lengüitas de donde se robaron 125 computadoras. A mediados de febrero pasado la Escuela N°9 Coronel Genaro Berón de Estrada fue asaltada por cuarta vez en un año y medio, los delincuentes se llevaron 200 netbooks pertenecientes al Plan Sarmiento”.

“Esta modalidad de robo que viene sucediendo en forma sistemática en muchas escuelas, debe preocuparnos y ocuparnos para que no se repitan y se resguarde la integridad de los establecimientos educativos”, sentenciaron.

La iniciativa lleva la firma de María Inés Parry, Lucio Lapeña, Francisco Loupias y Manuela Thourte (UCR-Ev).

Después de que se conocieran una serie de despidos en la administración pública, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley de emergencia laboral para el personal de la administración pública porteña debido a los despidos de trabajadores municipales registrados la última semana.

La iniciativa en cuestión busca establecer la continuidad laboral de todos aquellos trabajadores que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, cualquiera sea su relación contractual, incluidas las establecidas a través de organismos internacionales, sean permanentes, transitorios, de asistencia técnica, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra (LOyS), becarios, monotributistas, figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público; y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero de este año.

Además, prevé dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante los meses de diciembre y enero de 2023 y 2024 respectivamente, “debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo”.

Respecto del proyecto, Barry afirmó que “Jorge Macri busca aplicar el plan motosierra en la Ciudad con el despido de miles de trabajadores y trabajadoras. La crueldad incluyó dejar a familias sin ningún ingreso a dos días de la celebración de año nuevo. En la superavitaria Ciudad de Buenos Aires, se trata claramente de un alineamiento político del jefe de Gobierno con el presidente Javier Milei. Con mis compañeros del Frente de Izquierda estamos exigiendo una sesión extraordinaria cuanto antes para tratar esta crítica situación”.

“Se trata de trabajadores que realizan tareas esenciales para la población. Entre las despedidas se encuentran las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer de la línea de atención 144 y de los hogares refugio para mujeres víctimas de violencia machista como son el Mariquita Sánchez y el Hogar Eva Duarte mientras sigue habiendo un femicidio por día. Están queriendo dejar sin sustento a trabajadores también en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, en el sector de atención a personas en situación de calle, en el Instituto de la Vivienda, en áreas de salud mental, adicciones y de asistencia a barrios populares. También en medio ambiente, tránsito, la línea 108, la Subsecretaría de Atención Inmediata, Ecoparque, programas educativos, entre muchos otros”, añadió.

Finalmente, Barry concluyó señalando que “en la sesión especial que estamos reclamando, también queremos tratar el proyecto que presentamos de emergencia alimentaria en las escuelas públicas en el que solicitamos que se extienda el sistema de alimentación escolar durante el verano ya que no paramos de recibir denuncias de docentes y familias sobre la enorme cantidad de chicos y chicas que llegaban sin comer a la escuela”.

Durante el extenso debate sobre el recorte de fondos a la Ciudad, se advirtió una clara grieta entre oficialismo y oposición, y desde los primeros se enarboló en varios tramos un reproche que estuvo en sintonía con las referencias a la supuesta “opulencia” expuesta por el distrito más rico del país.

Fue en ese marco que el diputado camporista Marcos Cleri -una de las voces más presentes del Frente de Todos durante el debate de este miércoles- anticipó la presentación de otro proyecto que puede quitarle el sueño a Horacio Rodríguez Larreta.

“Este convenio lo que está haciendo es darle los recursos a la Ciudad de Buenos Aires en base al estudio que se ha hecho para poder cubrir los gastos de seguridad”, señaló Cleri en un pasaje, que agregó que lo que también estaba haciendo el convenio era poner de manifiesto que durante tres años el Gobierno de Mauricio Macri le dio a quien había sido su jefe de Gabinete “un aumento brutal de coparticipación a costa del Tesoro nacional que pagaron todos y todas las argentinas”.

Pero no se quedó Cleri en la crítica, pues luego anticipó que “después que termine este debate voy a presentar un proyecto de ley que voy a tomar de otras fuerzas políticas, para que la Ciudad de Buenos Aires deba paga lals regalías por todos y cada uno de los insumos que el Estado nacional le ha pasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no ha comprado, sino que han comprado todos los argentinos. Desde la tecnología que usó para seguridad, hasta la capacitación para las fuerzas de seguridad, y principalmente también, que debería hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con los insumos establecidos, mas todo lo que tiene que ver con la infraestructura que ya el Gobierno de la Nación y todos los argentinos antes de traspasar la seguridad a la Ciudad habían hecho la inversión”.

“Somos representantes del pueblo, queremos un país integrado, una patria grande, nadie se  salva solo, y hoy en el Día de la Soberanía Nacional, que a algunos les cuesta mucho, tenemos que poner a la Argentina de pie y para poder hacerlo tenmos que construir un país serio y para eso hay que poner, como decía Néstor Kirchner, las cosas en su lugar”.