Anticipándose a lo que será el proceso electoral que se llevará a cabo el año que viene, el diputado del Frente Liberal Republicano (FLR) Pablo Donati celebró en las redes sociales la decisión de la Cámara de Senadores de darle luz verde a la Boleta Única en Papel, la cual volverá a la Cámara baja, que deberá aceptar o rechazar la nueva versión.

En ese sentido, el legislador explicó que es “una muy buena noticia. Se aprobó en el Senado la implementación de la boleta única de papel, un sistema que va a beneficiar a todos los argentinos porque reduce costos y el fraude electoral, simplifica el proceso de votación y conteo de votos, y fomenta la equidad al dar la misma visibilidad a todos los candidatos”.

“Además, también combate el clientelismo al evitar la manipulación y compra de votos fuera de los centros de votación”, continuó el republicano.

Al mismo tiempo que apuntó contra los diputados de Unión por la Patria, a quienes les exigió que no frenen la iniciativa. “Esperemos que el kirchnerismo no voltee esta ley tan benefiosa para los argentinos en Diputados”, sentenció.

Tal y cómo viene ocurriendo desde hace varias semanas, la Comisión de Planeamiento Urbano, a cargo del diputado de La Libertad Avanza (LLA) Edgardo Alifranco, continúa avanzando con el debate y análisis del proyecto de modificación del Código Urbanístico, que fue impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

En la última reunión de la Comisión también estuvo la vicepresidenta primera de la misma, Paola Michielotto (VxM); la vicepresidenta segunda, María Bielli (UP); y el vicepresidente primero del Parlamento porteño, Matías López (VxM); junto a varios diputados de los diferentes bloques.

En cada una de las reuniones participan en promedio 30 vecinos por día. Además, por la complejidad del tema y para permitir un profundo análisis que asegure una amplia participación vecinal y de la sociedad civil, se diagramó un cronograma de trabajo que lleva ya un mes y medio de desarrollo desde que entró el proyecto a la Legislatura, el pasado 30 de julio. Este cronograma contempló una reunión informativa con la visita del Secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, para luego dar paso a una semana de reuniones diarias de los asesores que integran la comisión de Planeamiento.

Esta semana el debate se trasladó a las reuniones de los diputados en la Comisión de Planeamiento Urbano, a través de una segmentación temática diaria que divide el abordaje de los distintos títulos del Código en días distintos, con la constante presencia del equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano para aclarar dudas, responder preguntas y profundizar cuestiones que surgen durante la jornada.

En cada encuentro, además de los diputados, las reuniones contaron con una amplia participación vecinal, ya que las primeras horas de cada jornada fueron destinadas para que los vecinos puedan expresar su parecer sobre la temática en cuestión, con un promedio de 30 ciudadanos por día. También hicieron lo propio distintas instituciones y asociaciones, como fue el caso de la Asociación Amigos de la Estación Coghlan o los representantes del Consejo Profesional de Arquitectura que se hicieron presentes para emitir sus perspectivas sobre la temática.

La legisladora del Frente Liberal Republicano (FLR) Marina Kienast presentó su libro “Pupitres a Medida”, donde propone una reforma profunda del sistema educativo, poniendo el foco en los alumnos, y en la posibilidad de que cada niño reciba una educación personalizada.

En el texto, la diputada explica distintas propuestas de política pública para mejorar el sistema educativo: entre ellas se encuentran la de otorgar mayor autonomía a las escuelas, habilitar modelos innovadores de enseñanza y modernizar la formación docente, entre otras. Y también describe casos de escuelas innovadoras en Argentina, Uruguay y Estados Unidos que implementan con éxito las propuestas detalladas en la narrativa.

La presentación, que se llevó a cabo en el auditorio de la Globant Tower, contó con la presencia del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell; el director regional para América Latina de Fundación Varkey, Agustín Porres; el director ejecutivo de la Fundación María de Guadalupe, Luis Arocha; miembros del Gabinete Nacional y de la Ciudad; legisladores; empresarios; y miembros del sistema educativo en general.

El primero en tomar la palabra fue Torrendell, quien manifestó que la inversión en educación “no se trata solo de aumentarla, sino de asignarla de manera más justa y estratégica para impactar en el aprendizaje de todos los estudiantes, sin importar su contexto socioeconómico”, y finalizó diciendo que “en la educación estatal, los chicos que tienen menos recursos reciben cuatro veces menos inversión educativa que los que tienen más”.

En tanto Kienast planteó: “quiero agradecer especialmente a aquellos que vinieron a pesar de que pensemos distinto, porque estoy segura que de nuestros debates y de la diversidad de ideas, es que vamos a encontrar salidas y soluciones sostenibles en el tiempo a la crisis que estamos viendo de la educación”.

Al mismo tiempo que habló sobre su diagnóstico acerca de la realidad educativa actual, por lo que señaló que “no le gusta hablar de culpables, sino de responsables”, y que como adultos responsables “debemos empezar a actuar para cambiar el sistema educativo que está roto, obsoleto, mal financiado”. Y agregó: “la educación en el mundo está cambiando, y si nosotros no avanzamos hacia ese cambio, la brecha educacional va a seguir aumentando y se van a salvar solo los que ya tienen oportunidades”.

Por último, involucró a los asistentes a comprometerse y trabajar para que cada chico, nazca donde nazca, pueda desarrollarse y tener un futuro próspero. “¿Vamos a seguir poniendo parches, o nos vamos a animar a transformar el sistema educativo? Ya es hora de que Argentina deje de ser un país donde el origen de una persona determine su futuro”, cerró Kienast.

Tras una tensa jornada en el Congreso que incluyó disturbios en los alrededores, los legisladores de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) cuestionaron con dureza la decisión de los diputados nacionales de mantener el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Previsional.

En ese sentido, el oficialista Facundo Del Gaiso (VxM) planteó que “los jubilados perdieron otra vez. Varios diputados traidores le dieron la espalda y se sigue profundizando la injusticia con ellos. Desde la Coalición Cívica, el compromiso de defenderlos ante los atropellos siempre se mantendrá inalterable”.

Mientras que la vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad, Graciela Ocaña (CP), explicó que “estos Diputados que han dado vuelta su voto, deben dar explicaciones del porqué a los jubilados y en sus provincias. Como el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, para Javier Milei la casta son los jubilados”. Al mismo tiempo que Sol Méndez (CP) remarcó: “los jubilados no son la casta”.

A su vez la radical Aldana Crucitta (UCR-Ev) manifestó que lo sucedido “en el Congreso es inadmisible e incoherente con los lineamientos de nuestro partido. Exigimos la renuncia de Mariano Campero, Mario Cervi, Martín Arjol, José Federico Tournier y Luis Picat al bloque de la UCR por haber traicionado a nuestros jubilados y jubiladas”.

Por su lado el peronista Matías Barroetaveña (UP) aseveró que es un “día triste para nuestros jubilados y para nuestra democracia. Diputados que decidieron traicionar sus convicciones avalando el veto a la ley que ellos mismos votaron. Que la patria se los demande”; mientras que Juan Pablo Modarelli (UP) consideró que “otra vez el Congreso de espaldas al pueblo. Los traidores que votaron a favor del veto de Milei son cómplices del ajuste y la represión. Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”.

Además, María Bielli (UP) afirmó que “un Gobierno que prometió ir por la casta y terminó siendo la casta de la peor calaña: fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, sirviéndose de diputados que se venden al mejor postor” y remarcó que “los mismos que impulsaron una exención de impuestos para los más ricos que representa el 0,61% del PBI en la Ley Bases, hoy vetaron un aumento para jubilados que equivale al 0,41%”.

“Los jubilados están eligiendo entre comida y medicamentos. De la bronca de hoy saldrán las victorias colectivas de mañana porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”, completó.
Finalmente, Gabriel Solano (PO) señaló que “justifican el ajuste en nombre de que los “degenerados fiscales” gastan demás y eso genera inflación. Pero dicen que tienen superávit y la inflación es de las 5 más altas del mundo. Es claro que este ajuste implica un sacrificio que termina en un nuevo fracaso”.

En tanto Cele Fierro (FIT) concluyó planteando que “atropella a jubiladas. Balazos de goma a jubilados en las piernas. Gasean a niños. Este Gobierno solo merece que los echemos a patadas con huelga general y una enorme movilización en la calle en unidad. Tenemos que marcar un límite”.

De cara a la sesión del próximo 26 de septiembre, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzó en comisión con los dictámenes favorables de varios proyectos que serán incluidos en el temario para que los diputados puedan analizarlos en el recinto.

En ese sentido, la Comisión de Discapacidad y la de Legislación del Trabajo, ambas presididas por los diputados de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés y Matías Barroetaveña, recibieron a representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y vecinos que plantearon su adhesión al proyecto de ley que plantea la capacitación obligatoria en la temática de inclusión de personas con discapacidad para todos los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Entre los presentes en el encuentro se encontraba el director de la organización Aprendiendo a Jugar, Eduardo Sotelo; la representante de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Rosa Scioti; la representante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Mercedes Monjaime; y la titular de la Comisión para la Plena Participación de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), Hebe Jelonche.

Es así que Sotelo mencionó que “un contexto de equidad, equivale a entender y comprender que todos somos diferentes y todos tenemos necesidades que deben ser contempladas dentro de sus respectivas realidades”; mientras que Scioti advirtió que es necesaria dicha capacitación para que tanto los presentes como el resto de funcionarios públicos “estén preparados para recibir otras realidades”. Adhirió a sus palabras Monjaime, quien afirmó: “las modificaciones no vienen de la buena voluntad, sino de las acciones promovidas por el Estado”.

Por último, Jelonche completó las palabras de su anterior oradora al incluir que la “barreras que evitan el cambio, son derivadas del mito, del desconocimiento” y afirmó que se busca “poner en foco la inclusión activa, donde se jerarquice la discapacidad poniéndola en tema de desarrollo y equidad”.

Luego llegó el turno de Presupuesto, que tuvo una primera parte conjunta con Espacio Público para avanzar con la desafectación de dos inmuebles ubicados en Núñez donde la Comuna 13 quiere convertirlos en una Plaza.

La iniciativa es impulsada por Florencia Scavino, presidenta de la comuna, quien visitó la Legislatura para dar detalles del proyecto. Según la presentación, el objetivo es el emplazamiento de un nuevo Espacio Verde de proximidad con acceso universal, público y gratuito, de uso público y recreativo. Y en el diseño se respetará el área parquizada y especies arbóreas existentes.

Luego, la Comisión de Presupuesto prosiguió con la reunión propia y allí elevó dictamen para otorgar en concesión de uso al Club Atlético Platense, un predio ubicado en la intersección de las calles Manuela Pedraza y Crámer. Estuvo presente en la reunión de Comisión el vicepresidente del Club, Horacio Salvo, quien expresó que “esta lucha por la recuperación de la sede histórica es un acto de afirmación de identidad”, en referencia a que originalmente el club –antes de mudarse a Vicente Lopez- funcionó ahí.

Finalmente, en el Salón San Martín con la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano, que continúa trabajado para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la modificación del Código Urbanístico.

En la primera parte de la reunión participaron los vecinos e integrantes de distintas asambleas barriales de la ciudad para plantear sus opiniones. También participaron representantes del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y luego avanzaron con el debate propio de los legisladores.

Esta fue la tercera jornada consecutiva de trabajo en comisión del Código Urbanístico, que comenzó el lunes y continuará durante el resto de la semana.

En el marco de la crisis económica que atraviesa el país, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano apuntó con dureza contra el presidente de la Nación Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el índice de inflación del 4,2% de agosto, dado a que consideró que en este contexto “deberíamos tener deflación en vez de inflación”.

“El 4,2% de agosto muestra que la inflación vuelve a crecer desmintiendo todo el relato de Milei y Caputo. Argentina es récord mundial: tenemos la inflación más alta y los salarios más bajos”, siguió el legislador porteño.

Al mismo tiempo que remarcó que “la inflación mensual superior al 4% es más grave si se tiene en cuenta que convive con una depresión económica inducida por el propio Gobierno. En un cuadro de caída económica deberíamos tener deflación en vez de inflación” e indicó que “además, el índice inflacionario agudiza las presiones devaluatorias debido a que el tipo de cambio oficial sigue apreciándose por debajo de la inflación. Un salto devaluatorio llevará la inflación aún más arriba”.

Finalmente, Solano sentenció que “el plan de Milei-Caputo es un fracaso. Eso no lo puede ocultar ni las tracciones en el Congreso ni la tregua de la burocracia sindical. Más que nunca hay que movilizarse para derrotar a este Gobierno que nos lleva a una catástrofe económica y social”.

En medio de la sesión que se lleva a cabo en el Congreso Nacional, el legislador de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, analizó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Previsional y le pidió a los diputados nacionales que no le den lugar a esa medida.

A través de sus redes sociales, el lilito se preguntó: “¿cuándo nos convencieron de que los jubilados son el problema? No son las personas que trabajaron toda su vida y ahora dependen del Estado quienes tiene que cargar con el ajuste a niveles intolerables”.

“Es preocupante que hasta algunos jubilados puedan llegar a interiorizar ese discurso. ¿Qué nos pasa como sociedad que somos capaces de ser manipulados hasta ese punto? La fragilidad social, el miedo al pasado y a la inestabilidad económica, nos lleva a buscar respuestas fáciles y a desconfiar de quienes más aportaron y nos necesitan”, continuó y precisó que “no estamos hablando de economía, sino de valores, de solidaridad, de responsabilidad intergeneracional”.

Sobre esa misma línea, Reyes consideró que “lo más triste es ver a políticos que, por conveniencia o temor a quedar fuera del ‘discurso de época’, se entregan a una narrativa que ni siquiera entienden del todo o con la que no están de acuerdo. Votan por miedo, por cálculo, pero sacrifican los principios”.

“No es solo un tema de dinero, se trata de las razones que nos sostienen como sociedad. Cuando el viento cambie, probablemente se arrepientan de lo que votaron, pero el daño ya estará hecho”, sentenció.

En el marco de la sesión que se lleva a cabo en el Congreso Nacional para analizar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional, el trotskista Gabriel Solano (PO) le pidió a los diputados nacionales que rechacen la medida a fin de no perjudicar a los jubilados, quienes también se opusieron al veto.

En ese sentido, el legislador explicó que “el veto de Javier Milei es criminal y demuestra su carácter de ajustador y empobrecedor dado que anula un aumento realmente miserable para los jubilados que están en la pobreza” y remarcó que “la represión sufrida los últimos dos miércoles es otra muestra de lo que tiene este Gobierno para ofrecerle a los jubilados y al conjunto de los trabajadores cuando se organizan por sus derechos: gases y palo”.

“No podemos tener ninguna confianza en los diputados que ya le han votado muchas leyes y avalado la política de Milei, aún quienes dicen ser opositores. Especialmente los radicales que ya han votado y traicionado a los jubilados. Este giro generalizado hacia la derecha por todo el arco político tradicional también incluye a Cristina Fernández que en su carta ha consagrado un aval a la reforma laboral, a la previsional e incluso se hace cargo de ser la precursora de el RIGI con los acuerdos en Vaca Muerta”, continuó Solano.

Asimismo, el trotskista señaló que “es por eso que este miércoles vamos a una movilización con una columna independiente evidenciando la crítica a las centrales sindicales que han dejado pasar la Ley de Bases, como la represión y robo a los jubilados sin llamar al paro”.

“La cabecera de nuestra movilización la tendrán todos los sectores que hoy están dando una batalla por defender sus derechos: jubilados, el SUTNA que enfrentan centenares de despidos, los docentes universitarios que colmaron las calles en la marcha universitaria en defensa de la educación, el movimiento piquetero que enfrenta una campaña de persecución y desabastecimiento mientras millones de pibes se mueren de hambre”, completó.

Con la intención de garantizar los derechos de los niños, la diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca extender la obligatoriedad escolar desde los tres años en todo el territorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206.

Con la extensión de la obligatoriedad escolar se buscará “promover la educación, la alfabetización inicial y el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas a partir del juego, como estrategia pedagógica para alcanzar los aprendizajes”; “desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales, como el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura”; y “compartir con las familias el cuidado, la tarea educativa y la socialización a través de la comunicación y el respeto mutuo desde un enfoque integral del desarrollo infantil”.

En los fundamentos de la iniciativa, Thourte explicó que “la primera infancia es una etapa crucial en la experiencia educativa de los niños y niñas. Así lo demuestra la evidencia más reciente sobre el impacto de la educación inicial en el desarrollo cognitivo, emocional y social y particularmente en la trayectoria educativa (e incluso laboral)” e indicó que “por ello, garantizar educación temprana a todos los niños y niñas, resulta esencial para paliar la desigualdad social de origen y construir una sociedad más justa y equitativa que garantice el bienestar social de todos los habitantes de la Ciudad”.

“En la actualidad, la sala de 4 y 5 años está universalizada y la sala de 3 años ya cubre el 87% de la demanda de las familias. Si bien los datos son alentadores ya que evidencian una mayor democratización en el acceso, es necesario recalcar que el avance de la cobertura no necesariamente implicó equidad y calidad. Los análisis disponibles sobre la oferta y el acceso al nivel inicial muestran un escenario atravesado por fuertes desigualdades que perjudican a quienes tienen menor nivel de ingresos”, continuó la radical.

Al mismo tiempo que detalló que “el sistema presenta una gran fragmentación institucional. Estudios recientes realizados por Furman pusieron el foco en cómo se distribuye la cobertura del nivel inicial en función del nivel socioeconómico y el resultado es que existe una universalización en el acceso de los niños y niñas de las familias de mayores ingresos, pero no para los de hogares más pobres. En otras palabras, los sectores más aventajados ya tienen acceso a las salas de tres años, pero no los sectores que se verían más beneficiados por acceder”.

“Al extender la obligatoriedad se generan mayores condiciones para apostar por la calidad del nivel a través del fortalecimiento de la cohesión de la formación continua con una hoja de ruta clara, la mejora de la situación de las instituciones no oficiales que operan con escasa regulación, y la actualización de lineamientos curriculares para los más chicos en articulación con otros espacios de crianza, enseñanza y cuidado”, sentenció la legisladora.

Después de que se viralizara una entrevista a un chico de 14 años que perdió 400 mil dólares en apuestas online, los legisladores Hernán Reyes de Vamos por Más (VxM) y Eugenio Casielles de La Libertad Avanza (LLA) advirtieron sobre la peligrosidad de la ciber ludopatía en menores de edad y pidieron avanza con medidas que prevengan el avance de este flagelo social.

En ese sentido, Reyes aseguró que “es desgarrador conocer estos casos. Este es el impacto de la ludopatía entre los pibes, estamos obligados a hacer el máximo esfuerzo para acordar nuevas restricciones y forzar el cambio cultural” y consideró que “el juego de apuestas para algunos es recreativo, pero para muchos es un riesgo, especialmente cuando son jóvenes”.

Mientras que el libertario Casielles afirmó que “está en riesgo la vida de nuestros chicos. Como padre me preocupa esta epidemia que está destrozando familias enteras y enterrando el futuro de nuestros niños y jóvenes. Algo que se fomenta y prolifera en todos los medios de comunicación y redes”.

“Estoy y vengo trabajando para que no haya más chicos cayendo en la maldición del vicio, y cada vez haya más políticas públicas de prevención y concientización en escuelas y clubes. En este tema no puede haber banderas políticas de por medio”, continuó y sentenció que “la ludopatía infantil, el juego clandestino y la publicidad desleal deben ser temáticas de consenso en la política porteña y nacional”.

El diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés rememoró una conversación que tuvo con un joven de un barrio popular y se mostró sumamente preocupado por la “ruptura de los canales tradicionales para el ascenso social” en la Argentina, por lo que aseguró que el peronismo tendrá la obligación de reconstruirlos.

En ese sentido, el peronista aseveró que “los jóvenes están perdiendo la capacidad de planificar su futuro. Los canales tradicionales para el ascenso social en el país se quebraron y el deber del peronismo es reconstruirlos”.

“Hace un par de semanas, algunos meses ya, en un barrio popular me partió la cabeza un pibe que se me acercó y me dijo: ‘yo voté al peluca, porque como va a suprimir la educación pública obligatoria, nadie me va a pedir un título secundario para conseguir el laburo que yo quiero’. O sea, razonamientos que te rompen la cabeza, porque cuando la escuela, que era la escalera que teníamos todos para ascender en la pirámide social, se convirtió en la pared entre tus sueños de inmediatez. Porque estos sueños están acá adentro”, explicó Valdés.

Al mismo tiempo que destacó que “la gente que se supone que se puede hacer rico rápido. Por eso la explosión del juego online, por eso conductas que tienen que ver con una especie de emprendedurismo o de lo que llama Pablo Semán el ‘mejorismo’, de que yo tengo derecho a estar mejor pero no importa el camino y que la forma de hacer plata es rápida y no laburando”.

“Bueno, esa destrucción del tejido social y de los valores creo que es alimentada por este Gobierno perverso de Javier Milei y tenemos que poder ser la contracara de esto”, sentenció.

Con la intención de efectuar una serie de mejoras en salud, la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, a cargo de la diputada de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto, firmó el dictamen favorable de un proyecto de ley que busca autorizar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tomar deuda para realizar mejoras en materia de salud.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Alfonsín y contó con la presencia del vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (VxM); los diputados Lucio Lapeña (UCR-Ev), Claudia Neira (UP), entre otros.

Durante la reunión, se emitió dictamen sobre el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a obtener financiamiento hasta 85 millones de dólares con el objetivo de ser destinado a desarrollar una agenda digital estratégica en salud y a la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes para la red de servicios de salud pública de la Ciudad.

El texto en su artículo 4° especifica que las condiciones del endeudamiento serán determinadas en los respectivos contratos o convenios, con un período mínimo de amortización de un año y en los artículos siguientes, se faculta al Poder Ejecutivo a dictar normas reglamentarias, realizar coberturas de riesgos cambiarios o de tasa de interés, y suscribir los contratos necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público.

También se le autoriza a incorporar los créditos presupuestarios emergentes de la aplicación de esta ley en el presupuesto correspondiente.

Tras haber seguido de cerca el proceso electoral en Venezuela, la legisladora de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscará expresar su “más enérgico rechazo al pedido de aprehensión pronunciado por el régimen opresor chavista contra el presidente residente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia”.

En los fundamentos de la medida, Imas recordó que “el pasado 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo venezolano eligió poner fin al régimen chavista luego de 25 años en el poder” e indicó que “el sesgado Consejo Nacional Electoral (CNE) sin contar con la documentación respaldatoria anunció que Nicolás Maduro había resultado electo como presidente. Una vez más, el fraude chavista se hizo presente dándole al régimen la posibilidad de continuar controlando al Pueblo venezolano”.

“La oposición, ganadora de la elección, expuso las actas de escrutinio que confirmaban la clara victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. En respuesta al fraude las calles de las ciudades venezolanas y de grandes ciudades del mundo se llenaron de manifestantes que exigían el respeto por los resultados reales del sufragio. Por su parte, gran parte de la comunidad internacional se pronunció contra el fraude electoral”, siguió la legisladora, quien además precisó que “el régimen inició una persecución indiscriminada contra ciudadanos opositores a quienes captura y traslada a centros de detención y tortura”.

Sobre esa misma línea, Imas detalló que “recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una orden de aprehensión contra el presidente electo Edmundo González Urrutia por supuestos delitos de rebeldía, usurpación de funciones y conspiración dejando claro el intento de silenciar a la oposición”.

“Rechazamos todo tipo de maniobra que disuelva la división de poderes y vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el caso quien fue elegido para representar el futuro de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia”, sentenció.

El texto también lleva las firmas de Juan Pablo Arenaza (VxM), Pablo Donati, Marina Kienast (FLR) y María del Pilar Ramírez (LLA).

Días después de que se firmara el acuerdo de traspaso de las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remitió a la Legislatura local el texto para que sea ratificado por los legisladores y así poder ejercer el control, la administración, la potestad de fijar tarifas y recorridos de las mismas.

Se trata de un acuerdo realizado entre los dos Gobiernos se estableció una transición ordenada de las líneas de colectivo, en la que el Ejecutivo porteño asume la totalidad de los subsidios desde el primero de septiembre, haciéndose cargo de la gestión de las líneas, lo que permitirá que las tarifas de colectivo se mantengan por el momento en los actuales niveles de precios.

A su vez, la Ciudad, en la búsqueda de asistir a los pasajeros que utilizan el transporte, se hará cargo del programa Red SUBE en las líneas que administrará, lo que permitirá que se mantengan los descuentos del 50 y 75 por ciento en combinaciones de viaje en esas líneas dentro de las dos horas.

Por parte del Gobierno Nacional, se mantendrá el programa Red SUBE en todas las líneas interjurisdiccionales, es decir las que cruzan CABA y PBA, además de sostener la Tarifa Social en todo el país, con descuentos del 55% para las 5.3 millones de personas beneficiarias.

En los fundamentos del acuerdo presentado, Macri concluyó planteando que “en el marco del trigésimo aniversario del reconocimiento del carácter autónomo a esta jurisdicción, se destaca el valor del presente acuerdo como un hito en el camino hacia la consagración de la plena autonomía de la Ciudad”.

Tras varios hechos delictivos ocurridos en los últimos días, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles cuestionó con dureza el avance de la inseguridad en Argentina y pidió avanzar con el “delito cero”.

En ese sentido, el libertario se refirió al reciente conflicto que hubo en el Tren Sarmiento, donde dos grupos de afiladores de cuchillos se enfrentaron con gomeras y a las piñas, lo que provocó demoras en el servicio, que la unidad deba ser evacuada y la intervención de la policía. “Acostumbrarnos a esto es negar la posibilidad de una Nación. Esas imágenes no son aceptables ni un solo día. Y llevamos décadas. La transformación real tiene como hito la seguridad integral de todos”, expresó.

Luego se refirió a una entrevista que dio un delincuente que está preso, en el que el hombre aseguraba que tenía que matar a sus victimas antes de que lo atacaran a él. “No hay tolerancia posible, no hay convivencia posible. Cada día que salimos a la calle corremos el riesgo de enfrentar esta lógica. Necesitamos urgente una política de Delito Cero integral, consensuada y federal”, señaló.

Finalmente, analizó otro caso en el que la Policía de la Ciudad le retenía a un vendedor ambulante dos bolsas de paltas, provocando la resistencia del hombre. “Sostengo permanentemente la importancia del Delito Cero. Sin embargo, estas imágenes muestran no solo una desproporción absoluta en el uso de la fuerza, una carencia profunda en la capacitación de los uniformados y un enorme error en sus superiores inmediatos que son quienes deben adaptar la doctrina a las circunstancias, como manda la conducción de cualquier policía vecinal”, manifestó Casielles.

“Vivimos momentos críticos de transición y estas personas están no solo ganándose el pan honestamente, sino al mismo tiempo satisfaciendo a los vecinos. Lo cual se demuestra en el unánime y transversal repudio de cada uno de los que presenció la escena. No es por acá. Vergüenza ajena”, completó el libertario.

Con la intención de concientizar acerca de la importancia de la adopción de niños y adolescentes, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevará a cabo la jornada “Adoptar es Alumbrar” el próximo viernes 13 de septiembre a las 9 en el Salón Dorado.

La actividad es organizada por la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Aldana Crucitta y será abierta al público en general. La misma se dará en el marco del Día de la Adopción, esta jornada tiene como objetivo visibilizar y concientizar sobre el proceso de adopción en nuestro país priorizando el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes, por sobre la idea de que sea una alternativa para los adultos que desean formar una familia.

En este sentido, durante la jornada se desarrollarán diferentes paneles a través de los cuales se abordará el tema de manera transversal y transdisciplinaria. El rol fundamental de las ONGs en el proceso de adopción, el poder de los medios de comunicación a la hora de desterrar mitos y visibilizar esta política pública, testimonios personales de madres, padres, hijas e hijos durante el proceso y la visibilización de la adopción de niñas y niños con discapacidad haciendo especial hincapié en el abordaje integral y el trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones y familias para la generación de un entorno inclusivo y amoroso.

Además, habrá stands en los que se presentarán libros de diferentes autores y autoras relacionados con la temática como los de la Red Argentina por la Adopción, Anidar, Diversa Tu mente y autoras como Eugenia Cabo y Adriana Tucci, entre otros.

Quienes deseen participar podrán hacerlo a través del link de inscripción disponible en las redes sociales de la diputada Crucitta, @aldanacrucitta, y de la Red Argentina por la Adopción @red.argentina.adopcion.

El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual pidió interpelar a la ministra de Educación porteña, María de las Mercedes Miguel, acerca de la reforma educativa en el nivel secundario que se prevé implementar a través del “Plan Estratégico 2024-2027: Buenos Aires Aprende”.

En ese sentido, el trotskista aseveró que “se están produciendo cambios en los diseños curriculares, condiciones laborales docentes, y el régimen de cursada, los cuales se están llevado a cabo sin consulta pública ni participación legislativa” y remarcó que “la ministra tiene que responder porque avanza en una reforma a espaldas de las comunidades educativas”.

Sobre esa misma línea, planteó que “el ‘Plan Estratégico 2024-2027’ ha generado controversia debido a su implementación informal –avanzando en cambios sin una legislación que lo establezca-, o por resoluciones ministeriales, es decir actuando por decreto y facto sobre el sistema educativo, lo que ha derivado en cuestionamientos y rechazos de las comunidades educativas de distintas escuelas”.

“Entre las preocupaciones destacan la propuesta de reformas en la escuela secundaria, con la introducción de ‘modelos híbridos’ que insertan la virtualidad en la cursada pese a que en la pandemia se demostró su fracaso. A la vez esta reforma busca eliminar materias convirtiéndolas en áreas, realizando una primarizacion de la secundaria que ya fracaso en anteriores reformas educativas como la Ley Federal de los 90”, continuó Solano e indicó que “además se reforma el Diseño Curricular de los profesorados y carreras de formación docente, eliminando contenidos y materias, entre ellas atacan los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI)”.

A su vez, el diputado manifestó que “se han reportado cierres de cursos en escuelas nocturnas y el vaciamiento de la educación de adultos y de las escuelas de educación especial, medidas que generan incertidumbre e inestabilidad laboral entre los docentes”.

“La interpelación a la ministra busca que se dé respuesta a estos cuestionamientos y que explique por qué avanza con estás reformas pese al rechazo que están manifestando las comunidades educativas”, completo.

Después de que las imágenes se viralizaran en las redes sociales, los diputados de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP), Frente Liberal Republicano (FLR) y La Libertad Avanza (LLA) expresaron su repudio por la explosión de una carta bomba en La Rural como un intento de ataque al presidente y vicepresidente de esa entidad, Nicolás Pino y Marcos Pereda Born.

En ese contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó: “condeno enérgicamente el atentado contra Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Mi solidaridad con él y con quienes sufrieron este ataque”.

“Me comuniqué temprano con Nicolás, y le transmití mi apoyo y compromiso con el esclarecimiento de esta horrible situación, a la que respondimos de manera inmediata y profesional con el SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad. No hay lugar para la violencia en nuestra sociedad”, sentenció.

Por su parte la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña, Graciela Ocaña (CP), consideró que “la violencia no debe tener lugar en nuestro país. Quiero expresar mi solidaridad al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y en especial a su secretaria, quien resultó herida tras el ataque con cartas explosivas. Es fundamental que las autoridades encuentren a los responsables y se aplique la ley con firmeza”.

A su vez el libertario Eugenio Casielles (LLA) afirmó que no se le “ocurre un mejor ejemplo de ese pasado al que no debemos ver. Confío en que la justicia resuelva esto rápidamente para tranquilidad de todos”.

Mientras que la oficialista Silvia Imas (VxM) repudió “absolutamente el atentado contra las autoridades y empleados de La Rural. Rechazamos todo acto de violencia como método de hacer política. Esperamos que la justicia investigue y castigue a los responsables”.

Finalmente, Marina Kienast de FLR concluyó: “repudio fuertemente el ataque que sufrió la Sociedad Rural y expreso mi solidaridad con Nicolás Pino y su equipo. Espero que se esclarezca este hecho de suma gravedad. Estos episodios solo sirven para agrandar la grieta con quienes piensan distinto”.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, los diputados de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear una línea crediticia en el Banco Ciudad destinada a la refacción, acondicionamiento y mantención de centros de jubilados y pensionados.

El proyecto en cuestión establece que los beneficiarios de esta línea de créditos del Banco Ciudad, serán todas aquellas personas jurídicas inscriptas en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) dentro de la jurisdicción de la Ciudad.

De acuerdo a la iniciativa, la línea crediticia tendrá una tasa de interés porcentual anual de 5 puntos por debajo de los valores correspondientes a líneas de crédito para la refacción, acondicionamiento y mantención de los Centros de Jubilados y Pensionados, y un plazo que no podrá superar los diez años.

El texto también sostiene que el Banco Ciudad establecerá anualmente, de acuerdo a su disponibilidad crediticia, un cupo de créditos para la refacción, acondicionamiento y mantención de los Centros de Jubilados y Pensionados.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores precisaron que la misma “busca brindar apoyo financiero a los Centros de Jubilados y Pensionados de la Ciudad, reconociendo su importancia como espacios de encuentro, recreación y apoyo para las personas mayores” e indicó que “a través de estos créditos, se pretende mejorar las condiciones de los centros, permitiendo una mejor calidad de vida para los jubilados y promoviendo su integración y participación activa en la sociedad”.

“Los Centros de Jubilados y Pensionados son instituciones comunitarias que se dedican, entre otras cosas, a proporcionar diversos servicios, experiencias y actividades a personas en edad jubilatoria o bien, personas mayores. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ofreciendo una organización en cuyo espacio se puedan conectar, mantener activos, recibir apoyo en diversas áreas, como así también integrarse y comprometerse en diferentes temáticas sociales. Son esenciales para el bienestar y la socialización de las personas mayores”, sentenció.

En una reunión conjunta de la Comisión de Presupuesto, presidida por Paola Michielotto (VxM), y la Comisión de Vivienda, a cargo de Gustavo Mola (UCR- Ev), se presentó el titular de la Unidad Ejecutora de Renovación Urbana de la traza de la Ex AU3, Leandro Selim Saaied, para explicar el alcance de las obras que se prevén desarrollar en esa traza.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde también estuvo presente el diputado de VxM y vicepresidente primero de esa Casa, Matías López, junto a legisladores de las diversas bancadas.

Allí Selim Saaied presentó el proyecto de renovación urbana de la Ex AU3, con foco especial en el sector 4, que es aquel que se extiende entre las calles Av. De Los Incas y Riachuelo. El texto que se está trabajando busca autorizar la disposición de los inmuebles de dominio privado de esa zona de la Ex AU3 para avanzar con la reconstrucción del tejido urbano.

Además, esta iniciativa busca continuar trabajando sobre el Masterplan de la traza de la ex AU 3, avanzando sobre los 12.5 km que tiene el Sector 4, el cual atraviesa 8 barrios y 4 comunas.

Durante su exposición Saaied explicó que se llevó adelante un Proceso de Relevamiento Integral en donde se focalizaron “en tres vectores fundamentales: Acciones Legales, Acciones Técnicas y Acciones Legales”. Asimismo, concluyó precisando que “se realizaron relevamientos exhaustivos de 572 grupos familiares, con quienes se mantuvieron diálogos y se llevaron a cabo más de 160 reuniones con vecinos”.

Después de haber presentado el proyecto de la Ley de Reiterancia en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a insistir en la necesidad de la aprobación de una ley similar a nivel nacional, a fin de que los delincuentes que vuelven a cometer delitos deben esperar el juicio en situación de detenidos y no en libertad.

En ese sentido, el alcalde porteño explicó que “vinimos a ordenar la Ciudad y a darle seguridad a los vecinos. Tenemos una postura muy clara sobre el cumplimiento de la ley, pero se hace difícil cuando uno se cruza con una mirada de la Justicia y política muchas veces garantista” e indicó que “hace pocos días, volvimos a detener a un delincuente al que habíamos detenido 28 veces. Mi pregunta es para quienes los liberan: ¿cuántas veces tenemos que detener a un delincuente para que quede preso? No hay sistema de Justicia y de seguridad en el mundo que funcione bien de esta forma”.

Al mismo tiempo que remarcó que “estamos discutiendo el modelo de sociedad en el que queremos vivir y en eso vamos a ser inflexibles. Pedimos al Congreso por la Ley de Reiterancia. Hay algunos tipos de delitos que no han sido transferidos a la Ciudad todavía y que requieren una norma nacional”.

“Así que nuestro pedido al Congreso es una ley que tiene estado parlamentario y que puede ser aprobada. Sería la mejor manera de terminar con el garantismo y la puerta giratoria, esa lógica de detener a una persona 28 veces y la dejen en libertad se tiene que terminar, no podemos seguir conviviendo con ese esquema”, sentenció Macri.

Tras el traspaso por parte de Nación de las 31 líneas de colectivos con recorrido íntegro por la Ciudad, el legislador de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso, presentó en esa Casa un proyecto de declaración para que se efectivicen las transferencias de jurisdicción pendientes: el puerto, la estación de Retiro, la IGJ y parte de la Justicia.

El pedido se desprende a raíz de la normativa de 1994 determinó que la Capital Federal es autónoma, en tal sentido el artículo 129 sostiene: “la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”. Esto comprende la autonomía y la organización y el funcionamiento de sus propios órganos: legislativo, ejecutivo y judicial.

En ese sentido, Del Gaiso concluyó señalando que “este es el momento de tener una plena autonomía, el Gobierno nacional tiene terminar con la mafia de la Terminal de Retiro, transferir el Puerto, la IGJ y lo que falta de la Justicia. Así la Ciudad podrá tomar decisiones más cercanas a las necesidades y demandas de la gente”.

En un acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado y gracias a una iniciativa del radical Gustavo Mola (UCR-Ev), el actor Julián Kartun, quien interpreta a “Caro Pardíaco” e hizo de Luis Alberto Spinetta en la serie “El amor después del amor”, fue declarado “personalidad destacada de la Cultura”.

En el evento estuvieron presentes las diputadas de la UCR-Ev María Inés Parry, Aldana Crucitta; familiares, amigos y colegas del homenajeado.

En las alocuciones, el diputado Mola agradeció la presencia del público asistente, la oportunidad de celebrar esta distinción de personalidad destacada de la cultura a Julián Kartun y destacó: “es importante no solo celebrar un logro, sino valorar y apoyar el arte argentino, y a nuestros artistas. Julián es un claro ejemplo de talento y pasión por el arte, fuente de inspiración para la futura generación de artistas. Ha sabido transformar lo cotidiano en algo extraordinario”.

Luego, Kartun resaltó su agradecimiento a la Legislatura por este reconocimiento, en particular, “al diputado Gustavo Mola por su iniciativa y a toda la gente que hizo esto posible; a familiares y amigos, porque ellos son el motor y el alimento de lo que hacemos en el arte y en la cultura”.

Cabe recordar que Kartun, nacido en Villa Crespo, Buenos Aires, el 7 de noviembre de 1983, cuenta con una gran trayectoria multifacética en el mundo del arte argentino, convirtiéndolo en un ejemplo de talento, innovación y pasión por las artes. Su aporte a la escena cultural argentina es invaluable y su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistas.

Su versatilidad artística lo llevó a destacarse en diversos medios, formó parte del equipo del programa televisivo “Cualca” junto a Malena Pichot, Charo López, Julián Lucero y Julián Doregger, donde cautivaron al público con su humor ácido e inteligente. En el ámbito teatral participó en una amplia variedad de obras. En la pantalla grande trabajó con reconocidos directores y en películas como “Claudia” (2019) y “La última fiesta” (2016).

Uno de los hitos más recientes en su carrera es la de interpretar a Luis Alberto Spinetta en la serie “El amor después del amor”, un papel que exigió no solo talento, sino también una profunda comprensión de la esencia y el legado del músico.

Además de su exitosa carrera como actor, Julián Kartun es el líder y la voz principal de la banda musical “El Kuelgue”, que se distingue por un estilo musical único y marcó su identidad a lo largo de los años. La agrupación se convirtió en una de las bandas más convocantes del país, llevando su música más allá de nuestras fronteras, en diversos países de Latinoamérica.

En la actualidad, logró cautivar al público interpretando a “Caro Pardíaco”, que se convirtió en un verdadero fenómeno viral. Y logró resonar profundamente en el público a través de las plataformas digitales, especialmente en el programa “Se Extraña a la Nona”, del canal de streaming OLGA.

A 20 años de la tragedia, la Comisión de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Victoria Montenegro (UP), se reunió con familiares y sobrevivientes de Cromañón, quienes se acercaron a explicar un proyecto que, según contaron en la presentación, impulsan y promueve una reparación integral.

El proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de todos los beneficios que ya tienen por la Ley vigente las víctimas de la tragedia de Cromañón de forma vitalicia.

El texto prevé una reparación integral para víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de Cromañón que establece el carácter vitalicio de todas las reivindicaciones.

De esta manera, la iniciativa plantea que tanto las víctimas y sus familiares tengan acceso pleno al programa, acceso gratuito a medicamentos y digitalización de las historias clínicas. Además, asegura acompañamiento terapéutico y gerontológico, rehabilitación de adicciones y consumos problemáticos y políticas de inclusión real para personas con discapacidad.

También prevé la actualización del padrón de beneficiarios, incorporando a todas aquellas personas que puedan acreditar su condición de víctimas.

Más allá de este tema, la comisión emitió dictamen sobre la Declaración de beneplácito por el 20° aniversario de la recuperación del predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención “El Olimpo”; y sobre la Declaración de interés para la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la serie “Se Busca”.

Después de que el Gobierno Nacional vetara el nuevo aumento a las jubilaciones, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó con dureza la decisión del presidente Javier Milei y convocó a una nueva movilización en defensa de los derechos de los adultos mayores.

En ese sentido, el trotskista aseveró que “Milei no solo ajusta, sino que también provoca a los jubilados. Este miércoles volvemos a marchar reclamando un paro nacional para defender a las jubilaciones contra este Gobierno criminal” y destacó que “para encubrir el veto al muy módico aumento de las jubilaciones votado por el Congreso Nacional, el presidente Milei, ha lanzado una catarata de provocaciones y mentiras afirmando que los haberes previsionales se incrementaron bajo su Gobierno e incluso ‘volaron medido en dólares’”.

“Se trata de una mentira lisa y llana que oculta una caída directa de las jubilaciones. En este cuadro los más afectados fueron los cinco millones de jubilados que reciben los haberes mínimos debido al congelamiento del bono de 70 mil pesos”, aseveró.

Al mismo tiempo, Solano explicó que “las razones que invoca el decreto de veto son completamente antojadizas y arbitrarias. Sucede que el señalamiento de que no están determinadas las fuentes de financiamiento para enfrentar el aumento oculta que lo mismo sucede con muchos de los gastos llevados adelante por el Gobierno, como ser el aumento del presupuesto de la SIDE o la compra de material militar”.

“El Gobierno a decidió además reducir impuestos a los ricos afectando fuertemente la recaudación impositiva. Es decir que Milei invoca el equilibrio fiscal cuando se trata de ajustar a los jubilados, pero la omite cuando se trata de gastos que reclama el aparato de inteligencia y de represión”, remarcó.

Finalmente, Solano expresó que “es fundamental derrotar el veto y pararle la mano a este gobierno criminal. El próximo miércoles nos volveremos a movilizar junto a las organizaciones de jubilados”.
“Esta medida debe ser apoyada por todo el movimiento popular. La responsabilidad máxima le cabe a la CGT que debe convocar de inmediato un paro nacional y una gran marcha a Plaza de Mayo. Si no lo hacen pasarán a la historia por traicionar la causa de los jubilados en complicidad con el Gobierno de Milei”, completó.

Después de que el ex ministro Martín Guzmán revelara los motivos por los cuales Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo durante la pandemia del Covid 19, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro encabezó una nueva denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por “abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad”.

La denuncia fue realizada a través de la Fundación Apolo y también lleva las firmas del director de su equipo de asuntos legales, José Magioncalda, y del abogado Ignacio Falcón. La misma se basa en la presunta comisión de delitos tipificados en los artículos 248, 249 y 142 del Código Penal, que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.

El caso surge a raíz de las recientes declaraciones Guzmán, quien señaló que la prolongación de las restricciones durante la pandemia de Covid 19 fue, en parte, una estrategia política para fortalecer al gobierno. El ex funcionario afirmó: “en un momento pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno”.

En relación a esta situación, Yamil Santoro expresó que “no podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas para fines políticos. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia no solo afectaron gravemente la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, fueron utilizadas como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado”.

La denuncia en cuestión recordó los efectos que las medidas restrictivas impuestas durante la pandemia tuvieron sobre diversos sectores de la sociedad, especialmente en la economía, la educación y la salud. Además, subraya que estas medidas, “lejos de ser meras respuestas técnicas a una crisis sanitaria, habrían sido implementadas con intenciones políticas que perjudicaron a millones de argentinos”.

“Este es un caso que busca esclarecer la verdad detrás de las decisiones tomadas durante uno de los períodos más críticos de la historia reciente del país, y determinar si hubo un uso indebido del poder por parte de las máximas autoridades nacionales”, sentencia el documento.

En el marco de un acto que se desarrolló en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro llevó adelante el encuentro “Gimy, la primera víctima”, en el que se homenajeó a quienes fallecieron a causa del “terrorismo subversivo en la Argentina”.

El evento en cuestión llevó el nombre de Guillermina ‘Gimy’ Cabrera Rojo, una niña de tres años que es considerada la primera victima del “terrorismo subversivo” en nuestro país, cuando el 12 de marzo de 1960 estalló una bomba en su casa.

En el acto estuvo presente el representante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Arturo Larrabure; familiares de Margarita Obarrio, otra de las víctimas de la subversión; la empresaria Natalin Ivonne Corazza; y el coordinador general de Rumbo Libertad Venezuela, Eduardo Bittar.

Tras el encuentro, Bittar expresó: “agradecido infinitamente con la diputada Montenegro por el reconocimiento que me otorga en este grandioso homenaje a las víctimas del terrorismo que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡No tengo palabras ni forma de agradecer el cariño y el apoyo, más que con la lealtad y mi hermandad eterna!”.

“Hoy quedé conmovido y más convencido del nivel de amor y compromiso que tienes con tu país y la libertad. Gracias mi querida guerrera por rehacer la historia, esa mal contada por los villanos”, sentenció.

Los diputados de Unión por la Patria (UP) se solidarizaron en las redes sociales con Cristina Fernández de Kirchner a dos años del intento de magnicidio y le exigieron a la Justicia que avance con la investigación y encuentre a los “verdaderos ideólogos del intento de asesinato”.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (UP), consideró que “todavía la mayoría de los argentinos y argentinas no llegamos a dimensionar la gravedad del atentado del 1 de septiembre. De haberse concretado seguramente nos hubiésemos adentrado en años de violencia política como en los peores momentos de nuestra historia, porque si algo aprendimos, es que la violencia se sabe dónde empieza pero no donde termina”.

“La impunidad siempre fue la antesala de nuestros peores momentos. Por eso se tiene que saber quiénes fueron los verdaderos ideólogos del intento de asesinato de Cristina. De no tener justicia, nuestra democracia corre un gran riesgo”, remarcó.

Sobre esa misma línea, Matías Barroetaveña (UP) explicó que “se cumplen dos años de la ruptura del pacto democrático por el uso de la violencia política en el intento de magnicidio contra Cristina. También dos años de impunidad de quienes idearon y financiaron este atentado. Exigimos justicia y abrazamos a Cristina. A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos y el intento de asesinato, no nos han vencido”.

Además, María Bielli (UP) señaló que “pasaron dos años del atentado a Cristina. Se repite una pregunta que quedó sin responder: ¿quién la mandó a matar? La Justicia se niega a investigar a los autores intelectuales y a los que financiaron. No al pacto de impunidad”.

En tanto Andrés La Blunda (UP) remarcó que “hace dos años quisieron asesinar a Cristina. Hace dos años seguimos exigiendo conocer quiénes fueron los autores intelectuales del intento de magnicidio. Demonizada por los grandes medios de comunicación desde el 2008, inoculando odio en la sociedad, y luego perseguida por la justicia, el objetivo siempre fue el mismo: la quieren muerta o presa”.
“No vamos a parar hasta que se sepa la verdad. El atentado contra Cristina fue un atentado contra la democracia”, sentenció.

Finalmente, María Magdalena Tiesso (UP) concluyó remarcando que “a dos años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia se niega a investigar quiénes fueron los autores materiales y quiénes financiaron el ataque. Que se sepa la verdad y se haga justicia”.

Mientras el Congreso Nacional continúa analizando la ampliación de la Corte Suprema de Justicia por pedido del Gobierno Nacional, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo y advirtió que “quieren convertir a la Corte en Comodoro Py”.

En ese sentido, el oficialista recordó que “Comodoro Py uno de los símbolos más explícitos de la corrupción y la falta de justicia de la Argentina. Las causas de corrupción no avanzan, los políticos que roban siguen presentándose a elecciones y nunca hay condenas para los que empobrecen al país” y consideró que “la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema representa un límite para todos los que luchamos por la justicia en Argentina. Lo dijimos desde un principio”.

“La Corte es un lugar a cuidar porque es el refugio frente a los abusos de los gobiernos e incluso del Gobierno. La Corte logró mantener limitado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando quiso avanzar con todas las instituciones. Éramos pocos en la oposición y menos los que tenían el carácter para decir la verdad”, continuó y advirtió que “Lijo representa lo opuesto. Representa los acuerdos abajo de la mesa, las demoras en las causas de corrupción y las injusticias que ocurren al margen de los expedientes. Es el designado por Ricardo Lorenzetti en acuerdo con el actual y el anterior gobierno”.

Sobre esa misma línea, Reyes remarcó: “lo sé, nadie se quiere pelear con un actual juez de la Corte como Lorenzetti, y con un juez que podría llegar a la Corte o que, sino, quedará en Comodoro Py con las causas penales de los que no lo voten. Pero es tiempo de decir la verdad, antes de que sea demasiado tarde”.
“Es una decisión por 20 años. En las últimas décadas no se ha visto que un juez de la Corte pueda llegar con tantos cuestionamientos sobre su moral. No llevemos Comodoro Py a toda la justicia”, completó.

Después de que se llevara a cabo el Cris Morena Day en el teatro Gran Rex, el diputado de Vamos por Más (VxM) Facundo Del Gaiso impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscarán declarar “personalidad destacada en el ámbito de la cultura” a Cris Morena.

En los fundamentos de la iniciativa, Del Gaiso recordó que “en 2002, fundó una productora de multimedios bajo la marca Cris Morena Group, cuyos productos se comercializaron a través de Telefé Internacional en más de 35 países de Latinoamérica, Europa Oriental, Asia y Europa Occidental. Fue la primera productora argentina en exportar formatos al exterior, abriendo el camino para que otras producciones nacionales fueran reconocidas a nivel mundial”.

“Su capacidad para adaptar formatos televisivos a diferentes culturas es un testimonio de su talento y visión. Esto no solo beneficia a la industria televisiva, sino que también coloca a Argentina en el mapa del entretenimiento global”, rememoró y precisó que “con más de 30 años de trabajo junto a niños y jóvenes, ha enfrentado diversos desafíos artísticos, generando proyectos que se convirtieron en grandes éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos destacan Chiquititas, Floricienta, Rebelde Way y Casi Ángeles, además de decenas de otros productos juveniles. Las producciones de Cris Morena no solo entretienen, sino que también abordan temas importantes para la juventud, como la amistad, el amor, la familia y los desafíos de crecer”.

En ese sentido, el legislador remarcó que “en diciembre de 2019, la serie Rebelde Way llegó a la plataforma Netflix, generando gran repercusión entre la audiencia. En 2023, lanzó su primera serie para HBO Max, titulada Te Quiero y me Duele, inspirada en una canción dedicada a su hija Romina Yan”.

Sobre esa misma línea, Del Gaiso remarcó que “Cris Morena es también una destacada cazatalentos; ha descubierto a numerosas figuras nacionales e internacionales que iniciaron sus carreras en sus producciones. Es la productora detelevisión más exitosa de las últimas tres décadas en Argentina. Cada uno de sus programas incluye música, con canciones que ella misma compone y que han sabido adaptarse a los formatos de los tiempos”.

“A lo largo de su carrera ha dejado un legado imborrable en la cultura popular argentina. Su trabajo no solo ha entretenido, sino que ha influido en la formación de valores y en la identidad de varias generaciones. Su trayectoria merece ser reconocida formalmente, destacando su contribución al desarrollo cultural de Argentina y su impacto en la industria del entretenimiento a nivel mundial”, sentenció.

Los diputados de Unión por la Patria (UP), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y Confianza Pública (CP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual prevén expresar su “más enérgico repudio” a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acerca de la diversidad sexual.

En los fundamentos de la iniciativa los legisladores plantearon que observaron “con mucha preocupación que la persona que tiene a su cargo la Cartera de la cual dependen las políticas de prevención de las violencias por motivos de género y contra la discriminación, sostenga un discurso abiertamente misógino, biologicista, discriminatorio y anacrónico”.

“Las expresiones construyen sentido y eso en sí mismo constituye un peligro en términos del efecto social legitimador que implica. Esa es la batalla cultural que se está librando en contra de la igualdad y la justicia social. Pero, además, estas ideas tienen un correlato concreto que se refleja en la retirada deliberada del Estado del objetivo de erradicar la violencia con motivos de género a través del recorte y el ajuste de programas y equipos destinados a eso”, continuaron.

Al mismo tiempo que indicó que “estas declaraciones implican un retroceso de décadas y un ataque directo a conquistas históricas de derechos y consensos que no pueden volver a discutirse y a ponerse en cuestión. No hay más lugar para la violencia y la intolerancia”.

La iniciativa lleva la firma de Juan Pablo Modarelli, Matías Barroetaveña, María Bielli, Maia Daer, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Victoria Montenegro, Claudia Neira, Juan Pablo O´Dezaille, Graciana Peñafort, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés, Delfina Velázquez, Franco Vitali (UP), Aldana Crucitta, Francisco Loupias, Lucio Lapeña, Gustavo Mola, María Fernanda Mollard, María Inés Parry, Guillermo Suárez, Manuela Thourte (UCR-Ev) y Graciela Ocaña (CP).

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC ARI) Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero presentaron en la Justicia una acción de amparo, mediante la cuál le solicitaron una medida cautelar para que la Nación mantenga los subsidios al transporte público hasta que se plantee un modelo sostenible.

En ese sentido, Reyes explicó que “el Gobierno Nacional va por la quita de subsidios a las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires. Una medida intempestiva, violenta, ilegal y que va a hacer mucho daño” y remarcó que “las personas tienen que estar antes que las disputas políticas. El Gobierno de la Ciudad está reclamando por la coparticipación y el Gobierno Nacional contesta con esta quita selectiva de subsidios. Los perjudicados son siempre los mismos: los trabajadores que van tener boletos más caros y un sistema desordenado”.

“La Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tienen una relación en el transporte que hace imposible tener una política de precios diferenciados de los boletos para los que circulan por la Capital y los que salen o llegan al Conurbano”, continuó.

Al mismo tiempo que advirtió que “necesitamos una distribución justa que asimile las distintas realidades. Podemos reducir el peso de los subsidios en el presupuesto, pero debemos hacerlo con medidas que compensen a los trabajadores que hacen muchas combinaciones o que usan diariamente el transporte público. Sino es una injusticia que golpea más a los trabajadores y estudiantes”.

Finalmente, Del Gaiso recordó que “el artículo 75 de la Constitución establece que para hacer una transferencia de servicios, debe haber ley del Congreso, ley de la Legislatura y convenio de partes”.

“No puede Javier Milei, tirarte ‘los colectivos por la cabeza’, sin importarle cuánto va a pagar la gente el boleto”, sentenció.

Con la mirada puesta sobre los comicios de medio termino que se llevarán a cabo el año próximo, el diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés analizó el futuro del peronismo y aseveró que las nuevas generaciones serán las encargadas de renovarlo.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación de un curso de formación en la Comuna 5, donde afirmó que es necesario que “una nueva generación tome las riendas del peronismo para enfrentar la crisis actual y volver a disputar el futuro”.

En ese sentido, Valdés aseguró que “a nosotros nos da orgullo la historia de nuestro país, nos da orgullo porque el peronismo es la mejor idea que se le ha ocurrido al pueblo argentino y lo va a seguir siendo” y consideró que “tenemos que ser capaces de renovarlo, de ser esa generación que se crió a partir de la crisis del 2001, que pueda evitar la nueva crisis social que se viene”.

Además, precisó que dicha renovación debe ser de “la mano de las nuevas tecnologías, que lo haga de la mano de la ética de la solidaridad, que lo haga de la mano de la ética democrática, que no crea en las soluciones mágicas”.

“Esto de los dos tercios y aparece ‘Villacruel’, me parece que no hay nada más antiperonista que pensar en un golpe de Estado y que lo encabece la abogada de los genocidas, parémosla porque no tiene nada que ver con la historia de nuestro movimiento ni con nuestros valores”, sentenció.

Tras la polémica que generaron los dichos del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, acerca de la diversidad sexual, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha del presidente Javier Milei, Ramiro Marra, salió a respaldar al funcionario y explicó la postura del Gobierno Nacional al respecto.

A través de sus redes sociales el libertario señaló que “nadie en el Gobierno se opone a la orientación sexual de nadie” e indicó que “lo que el ministro Cúneo Libarona dijo en su discurso, es que el Gobierno se opone a las etiquetas de genero ajenas a las biológicas, como, por ejemplo: cisgénero, transgénero, trans binario, trans no binario, bigénero, género fluido, agénero, genderqueer, intersexual, intergénero, pangénero, etc. Todas pertenecientes al conjunto LGBTQ+”.

“El liberalismo respeta el plan de vida de cada persona, pero eso no implica que el Estado deba reconocer (sin fundamento científico alguno) le creación de genero según como se sienta cada persona. De lo contrario, tendríamos que estar hablando de tantas cantidades de géneros como personas existen en la tierra”, sentenció Marra.

Cabe recordar que, en su exposición ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, Cúneo Libarona justificó el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y del INADI. “Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia”, manifestó. “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos”, ratificó.

En un emotivo acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de “interés social y educativo” a las actividades realizadas por la Asociación Civil “Malvinas, educación y valores”, gracias a una iniciativa impulsada por la vicepresidenta tercera de esa Casa y legisladora de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña.

En ese sentido, Ocaña aseguró que “es un reconocimiento a la difusión de los valores de la gesta de Malvinas que la Asociación lleva a cabo con vocación cívica y compromiso total en una causa que nos une a todos los argentinos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Esteban Tries, resaltó que llevan adelante “una tarea basada en el amor con la tarea de reforzar la educación y los valores en esta causa irrenunciable, pase lo que pase”.

Participaron del evento los legisladores Sol Méndez, Sebastián Nagata (CP), Patricia Glize (VxM), Guillermo Suárez (UCR-Ev) y Alejandro Grillo (UP). También se hicieron presentes la profesora Tatiana Michal, directora de la Escuela de Comercio N° 34 “Monseñor Miguel de Andrea”; y el Brigadier Claudio Salaberry, director nacional de Formación del Ministerio de Defensa de la Nación.
Asimismo, las autoridades de la Asociación Civil “Malvinas, educación y valores “: el vicepresidente, José Cruz, y el padrino de la Asociación, Luis Landriscina.

Cabe recordar que la Asociación comenzó su labor en el año 2009, y ha sido ideada y llevada adelante por veteranos del Conflicto de Malvinas. A través de visitas a distintas instituciones educativas, escuelas, universidades, sociedades de fomento, y clubes a lo largo del país, difunden las experiencias vivenciadas en Malvinas, y se buscan formar a los jóvenes con valores humanos, cívicos y pacíficos para que, de manera estratégica y sin violencia, trabajen por la recuperación de la soberanía de las islas Malvinas.

En el marco del Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó a cabo un acto en el Salón Dorado en conmemoración a la adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional 27.575 sobre la persona donante, que se recuerda cada 29 de agosto.

El evento estuvo a cargo de la diputada de Vamos por Más (VxM) y autora de la iniciativa, Patricia Glize; y contó con la presencia del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; el presidente del Instituto de Trasplante del Ministerio de Salud, Fernando Cichero; subsecretaria de Planificación Administrativa de la Legislatura, Laura Sotillo; y la directora de la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia, Felicitas de Lasa.

En ese contexto, la legisladora oficialista explicó que “es una efeméride que se instala como una oportunidad para hablar con los niños sobre la decisión de ser donantes y homenajear a todos ellos”. Mientras que Tapia indicó que “la adhesión nos permite poner estos temas arriba de la mesa y nos permite generar una agenda; concientizando la importancia que tiene no solo el hecho de donar, sino sobre todo resaltar a quien dona y a la familia que está por detrás”.

Cabe recordar que la Ley impulsada por Glize fue promulgada en conmemoración de los 20 años del fallecimiento de Antonella Trivisonno, una niña de casi siete años de edad que perdió la vida en un trágico siniestro vial en la Ciudad de Rosario. Su familia pelea activamente desde ese suceso por la donación de órganos. Por eso, también fue homenajeada la familia de Antonela, representada por Silvia y Alejandro Trivisonno; y también estuvo presente Silvia Irigaray.

El proyecto tiene como propósito honrar el compromiso con el altruismo y la capacidad de dar a otros la posibilidad de vivir, en recuerdo de Antonella y la decisión de su familia en su día más triste, y en ella, a todas las personas o familias que han tomado la decisión de donar sus órganos o los de sus seres queridos.

El mismo surgió como una propuesta de la Dirección General de Asistencia a la Víctima de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional 27.575, sancionada el día 5 de noviembre de 2020 y publicada en el Boletín Nacional del día 26 de noviembre del mismo año.

Tras la epidemia de dengue que se vivió a principios de año en todo el país, el legislador de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña le exigió al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que active un protocolo anti dengue para evitar nuevos picos de la enfermedad.

A través de las redes sociales, el peronista consideró que “el Gobierno porteño debería activar programas de prevención y vacunación desde ahora si quiere evitar un pico de casos de dengue como en marzo y abril por los efectos del calentamiento global en la reproducción del mosquito, y considerando su mutación genética” e indicó que “este año presenté varios proyectos para poner en marcha un plan de Prevención y Vacunación gratuito contra el Dengue, haciendo foco en personas que hayan tenido la enfermedad, trabajadores de la salud y zonas al aire libre, y mayores con indicación médica”.

En este sentido, explicó que es necesario contar con un programa de vacunación gratuita contra el dengue y pidió “vacunar a todos los habitantes de CABA de 4 a 60 años con la vacuna aprobada por la ANMAT en 2023 y acercar territorialmente el programa a los barrios de menores recursos”. Además, exigió que se amplíen “los horarios de las Unidades de Atención por Dengue con mayor personal y asegurar la disponibilidad de test reactivos, repelentes y espirales en las Unidades y en todos los CeSAC”.

A su vez pidió “priorizar la vacunación gratuita para personas mayores de 60 años que la requieran solo con indicación médica o que hayan cursado previamente la enfermedad”.
“Las políticas de Salud en CABA y Nación brillan por su ausencia. Espero que, en la Legislatura, el oficialismo quiera, por lo menos, discutir estos proyectos en Comisiones, para cuidar a nuestra población y evitar otro colapso sanitario”, sentenció Barroetaveña.

En medio de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó la problemática del acceso a la vivienda que golpea al distrito y advirtió que este contexto termina expulsando a los más jóvenes.

“La crisis que hace tiempo atraviesa nuestro país genera que sectores como la juventud sean los primeros en sufrir y en sentir que su esfuerzo no vale, que la plata no alcanza y que independizarse se vuelve cada vez un sueño inalcanzable”, comenzó diciendo el diputado en sus redes sociales.

Al mismo tiempo que señaló que “la materialización de este problema se refleja, entre otras cosas, con la poca capacidad de acceso a alquileres por parte de los jóvenes, y con la vulnerabilidad a la que se exponen aquellos que tienen la posibilidad y suerte de alquilar” e indicó que “en la Ciudad este problema es probablemente aún más desafiante. Dentro de los pocos que sí tienen el ‘privilegio’ de poder alquilar, la gran mayoría de ellos lo hace a coste de vivir en condiciones de suma fragilidad económica y muchas veces condiciones asfixiantes”.

“Son tantos los desafíos que nos han legado que a veces la política olvida lo importante que es que la juventud pueda desarrollarse y arraigarse”, continuó Casielles.
Finalmente, el libertario sentenció que “la Ciudad necesita diagnosticar este problema y empezar a pensar una política de vivienda, microcréditos y creatividad urbana para poder ayudar a los jóvenes que no pueden independizarse del todo o que lo hicieron y sufren el martirio de simplemente querer vivir su vida adulta en un contexto sumamente difícil”.

“Si queremos que nuestros pibes dejen de irse, el acceso a la vivienda es uno de los pilares fundamentales de cualquier plan”, completó.

Con la intención de garantizar el bienestar animal de las mascotas, el diputado de Vamos por Más (VxM) Emmanuel Ferrario presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un paquete de iniciativas en el que prevé crear un registro voluntario de animales domésticos y la regulación de la actividad de paseadores y guarderías.

Debido a que de acuerdo a la última Encuesta Anual de Hogares de 2022 en el distrito capitalino hay unos 490 mil perros y 368 mil gatos, es decir, 16 canes y 12 felinos por cada 100 personas. Es por ello que el oficialista impulsó cinco proyectos de ley en la Legislatura que tienen como objetivo darles un régimen jurídico integral a los animales domésticos para garantizar su protección, y mejorar la convivencia en el espacio público.

De esta manera, la iniciativa de Bienestar Integral de los Animales de Compañía establece principios generales de tenencia responsable introduciendo artículos al Código Contravencional de la Ciudad, para sancionar toda acción que ponga en riesgo la integridad física o psíquica de los animales.

Dentro de ello se incluye la modificación del Régimen de Faltas. El proyecto de ley propone un notable aumento en las sanciones relacionadas con el maltrato animal en la ciudad. Otros puntos destacados incluyen la regulación más estricta sobre la venta, exhibición y tenencia irregular de animales y también aborda modificaciones en cuanto al abandono de animales domésticos y el mantenimiento de animales en instalaciones inadecuadas.

Otra de las propuestas centrales es la creación de un registro público de mascotas en la Ciudad donde los vecinos podrían anotar, siempre de manera voluntaria, a sus perros o gatos (otros animales no). Este registro permitirá a los tutores inscribir a sus animales en una base de datos oficial, lo que facilitará su identificación y rastreo en caso de pérdida o extravío. La idea es que este registro, además de servir como un mecanismo de control, también actúe como un incentivo para que los tutores adopten prácticas de tenencia responsable.

Además, se incentivará la colocación de microchips en los animales para facilitar su identificación. Este tipo de tecnología, que ya se utiliza en varias ciudades del mundo, ha demostrado ser muy efectiva para reducir el número de animales perdidos o abandonados.

Ferrario publicó también el proyecto de Ley de Paseo Responsable que propone la regulación de la actividad de los paseadores de perros, definiendo los derechos y obligaciones tanto de los paseadores, como de los tenedores de perros, con el fin de promover una convivencia armoniosa con el espacio público y con los vecinos.

En este contexto, se propone la creación del sello de paseadores responsables, al que se accederá aprobando un examen. Una vez obtenido el sello, será público el registro de paseadores responsables en los sitios oficiales y se llevarán a cabo programas de difusión para concientizar sobre la importancia de contratar paseadores con este sello.
El cuarto proyecto de ley establece una ley de caniles para identificar con claridad los estándares mínimos que tienen que cumplir los que se construyen. Por último, una ley de guarderías que establece requisitos y condiciones bajo las cuales deben operar las guarderías donde se dejan las mascotas cuando nos vamos por unos días de la ciudad.

Respecto de las iniciativas de su autoría, Ferrario aseveró que “para hacer estos proyectos nos reunimos con casi 200 ONG, instituciones y académicos. Es necesario que la Ciudad sea apta para todos, también para los animales. Y que tengamos normas claras de convivencia, incluso para aquellos que no tienen mascotas. Además, tiene que haber sanciones duras para el que no cumpla, que no sea gratis”.

“Creo que es importante que fortalezcamos la responsabilidad que tenemos todos aquellos que somos tenedores de animales de compañía, al momento de decidir incorporarlos a nuestra vida. Cuáles son las responsabilidades que eso conlleva. Y cuáles son las pautas de comportamiento que necesitamos para garantizar el bienestar de nuestro animal”, sentenció.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha del presidente Javier Milei, Ramiro Marra, analizó los índices de la macroeconomía y se mostró confiado en que es posible una recuperación.

A través de sus redes sociales, el libertario explicó que “prácticamente es total la recuperación económica en el mes de julio” y consideró que “lo peor ya pasó, ya tocamos piso, ahora nos queda subir. Fueron meses duros, pero va a valer la pena”.

Además, explicó que “la proyección de Econométrica para el mes de agosto, es que la inflación mensual se ubicaría +3,6%, donde el rubro alimentos y bebidas estaría creciendo al 3,0% mensual”.

“El déficit cero y la emisión cero son quienes consolidan el derrumbe de la tasa de inflación”, sentenció Marra.

Los legisladores Graciela Ocaña de Confianza Pública (CP) y Yamil Santoro de Republicanos Unidos (RU) denunciaron penalmente al director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, al mantener la jubilación de privilegio del ex presidente de la Nación Alberto Fernández.

En el escrito que presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los diputados también solicitaron que ambos reclamos se unifiquen en un sólo expediente, para facilitar su seguimiento administrativo.

Además, detallaron que el 16 de enero y 6 de febrero de este año se presentaron ante la ANSES sendas solicitudes para que no se le concediera la asignación vitalicia prevista por la Ley N° 24.018 a Fernández. Ante la falta de respuesta la diputada Ocaña presentó nuevos pedidos de acceso a la información para conocer el estado de las presentaciones iniciales y elevó un pronto despacho a la institución. Acciones similares también fueron realizadas por el equipo de la Fundación Apolo, sin respuesta.

“En tiempo récord, el organismo previsional decidió otorgar el privilegio requerido por el ex presidente, sin dar debida respuesta a los reclamos administrativos antes mencionados y sin agregar dichos reclamos al expediente en el cual tramitaba la solicitud de asignación. Resulta más que evidente que habiendo existido -al menos- dos presentaciones oponiéndose a la concesión de dicho privilegio, todo ello debió haber formado parte de un mismo expediente administrativo. Esto no ocurrió, vulnerándose de ese modo los principios que surgen del art. 1° de la Ley 19549”, sostuvieron los legisladores.

En ese contexto, Ocaña explicó que “es sabido que Alberto Fernández no vive en Argentina -requisito para poder cobrar su asignación de privilegio- y pasa más tiempo en su residencia de España. Habrá que ver, además, qué ocurre en las causas penales de público conocimiento que el ex presidente afronta” e indicó que “en su origen, las asignaciones de privilegio tenían que ver con el reconocimiento honorífico a una persona destacada como es el caso del presidente y/o los miembros de la Corte, pero Alberto Fernández no es una persona honorable y es una vergüenza para todos los argentinos”.

Mientras que Santoro precisó que “desde hace más de tres años, cuando denunciamos y promovimos las causas ‘Vacunatorio VIP’ y ‘OlivosGate’, somos testigos del nefasto accionar de Alberto Fernández y todo su gobierno. No hay que dejar de mencionar a Cristina Fernández de Kirchner, quien lo eligió para que ocupe un cargo tan relevante sólo porque era débil políticamente; ni de Sergio Massa, que su ambición nos dejó con una inflación indomable y con pobreza récord”.
“No vamos a permitir que los cuatro años de tragedia que vivimos queden en la nada. Por eso, tanto mi banca como el gran equipo que conforma Fundación Apolo seguirán combatiendo injusticias como esta jubilación de privilegio”, sentenció.

En el marco de una ciudad con población envejecida, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de “Interés para la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores” al Congreso Mundial de Apoyos y Cuidados de Personas Adultas Mayores, el cual se realizará por primera vez en Latinoamérica en la Facultad de Derecho del 27 al 30 de agosto.

Fue gracias a una iniciativa impulsada por la legisladora de Confianza Pública y vicepresidenta tercera del Parlamento porteño, Graciela Ocaña, quien le entregó la distinción a la coordinadora del evento, Isolina Dabove.

En ese contexto, Ocaña explicó que “es fundamental brindar apoyo y reconocimiento a quienes dedican su vida al cuidado y promoción de las personas mayores. En la ciudad de Buenos Aires uno de cada cuatro habitantes tiene más de 60 años. Debemos velar por sus derechos, su independencia y velar por políticas públicas que mejoren su calidad de vida”.

El evento en cuestión está organizado por la “International Guardianship Network (IGN)” organización no gubernamental, sin fines de lucro, dedicada a brindar información, capacitación, e intercambio académico, a profesionales, cuidadores de personas con discapacidad y dependencia, familiares, voluntarios y a todos aquellos vinculados a las tareas de apoyo, asistencia y representación de personas mayores de edad, y a la promoción de la vida independiente, en el campo jurídico, político, económico y social.

El mismo contará con más de 600 profesionales de diversas disciplinas, exponentes a nivel internacional reunidos bajo los siguientes ejes: autonomía, género, salud mental, diversidad cultural y marcos normativos, entre otros. Los lineamientos que se abordarán están en línea con los ya comprendidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (UN, 2006) y los de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (OEA, 2015).

Participaron del reconocimiento las Congresales Gloria Monique de Mees de la República de Surinam; Soledad Cisternas Reyes, Chile; Marina Baras, Uruguay; Ferran Blanco Ros, España; Gloria Cerrato Tomás, España; Laura Tamblyn Wats, Canadá, y Jochen Exler-König de Alemania, entre otros.
También las diputadas María Sol Méndez (CP), Patricia Glize (VxM), Aldana Crucita (UCR-Ev) y el diputado Pablo Donati (FLR).

Los diputados de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP) y Republicanos Unidos (RU) cuestionaron con dureza a la militante peronista y consultora política Mayra Arena, quien en las últimas horas justificó la corrupción en la obra pública.

Todo comenzó cuando la peronista visitó el streaming Blender, donde afirmó que cuando la “atacan en las redes tienen un video mío en el que yo digo que para mí la corrupción es un tema menor. Es una parte necesaria que aceita algunos engranajes que con corrupción funcionan mejor. Alberto Fernández tiene una de las más inútiles e inservibles, que es la de gulella o tramiterío. Es esa que va por los curros de seguros o de una ley, la cual es muy de los radicales”.

“Para mí es la peor corrupción porque es esa que cuando se va del país no le deja nada. Lo deja tal como está y, en materia de leyes, lo deja peor de lo que estaba”, continuó.
En tanto, sostuvo que está a favor de las irregularidades en la obra pública: “Es aquella por la que siempre he hablado que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo. Es decir, si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas. Roban pero hacen. Hacen, hacen y hacen. No me calienta. Aceita y estimula una obra que, por lo tanto, deja a la sociedad un poquito más equipada”, sentenció.

Atenta a sus dichos, Graciela Ocaña (CP) consideró las declaraciones de la militante como “vergonzosas” y explicó que “la plata que se roba no va a la gente y aceita los bolsillos de políticos y empresarios o escrupulosos”.

Mientras que el oficialista Darío Nieto (VxM) aseveró que “así piensan los que los militan. Así razonan los que los votan. Así gobiernan los que destruyeron la Argentina. Con la corrupción como bandera y la impunidad como religión” y que Hernán Reyes (VxM) destacó que “como generación política, es momento de barajar y dar de nuevo. La necesidad urgente de ser novedosos y ocurrentes ha llevado a muchos a ser tan superficiales que, incluso, la incorrección política ha terminado al servicio del poder y del statu quo. La gente, bien gracias”.

Finalmente, Yamil Santoro (RU) destacó que “la corrupción es uno de los elementos más destructivos que hay en una sociedad, frustrando o empeorando proyectos de todo tipo. Sostenida a lo largo del tiempo genera, además, efectos sistémicos devastadores. Por eso desde Fundación Apolo hemos asumido el desafío de hacerle frente”.

Debido al incremento de guardarías y pensionados para animales domésticos, los diputados de Vamos por Más (VxM), Partido Socialista (PS), La Libertad Avanza (LLA), Frente Liberal Republicano (FLR) y Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca regularlos.

De esta manera, los legisladores prevén gestionar las guarderías y pensionados, a fin de garantizar el bienestar integral y el cuidado responsable de los perros y gatos allí alojados, así como la protección de la salud pública de la Ciudad.

Para poder ser habilitados, estos lugares deberán contar con una infraestructura adecuada para el descanso y recreación; deben proveer un espacio seguro que proteja a los animales del frío, calor, lluvia, humedades u otras condiciones climáticas adversas, y mantener en todo momento el lugar en condiciones higiénicas, incluyendo espacios específicos para alojar a los animales en cuarentena; además, las guarderías deben solicitar la libreta sanitaria de cada animal y contar con un contacto de emergencia de un veterinario supervisor que asista a los animales cuando sea necesario. Al mismo tiempo las personas que trabajen en la guardería deben estar capacitadas en primeros auxilios para animales.

Por otro lado, el texto también plantea que estos pensionados deberán garantizar una alimentación adecuada para los animales, tanto en cantidad como en calidad; asimismo, debe haber una persona a cargo de la custodia de los animales en todo momento; las guaderías deberán establecer regímenes de comunicación con sus tutores y elaborar fichas identificatorias para cada animal; entre otras cuestiones.

Para que los animales sean admitidos en estos pensionados, sus dueños deberán presentar una libreta sanitaria que verifique las vacunas y tratamientos necesarios según lo indique la reglamentación; que informen sin tienen microchip subcutáneo o similar tecnología de identificación; acreditar los datos de los tutores; proveer al establecimiento collar y chapa identificatoria; entre otros puntos.

Además, el personal que trabaje en estos centros deberá estar formados en el bienestar integral de los animales de compañía; cuidados sanitarios y primero auxilios; así como también en pautas de convivencia de los animales de compañía con las personas humanas.

El proyecto también sostiene que no podrán desempeñar funciones en guarderías o pensionados quienes presenten antecedentes penales por delitos de destrucción, inutilización, desaparición o daño a un animal total o parcialmente.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores precisaron que “actualmente no existe normativa específica sobre el tema, lo que crea un vacío legal que genera riesgos para los animales y potenciales conflictos entre tutores, establecimientos y la comunidad en general. A través de una serie de encuentros con guarderías de animales de compañía de la Ciudad, pudimos observar de primera mano su funcionamiento y comprender mejor sus necesidades y desafíos. Estas interacciones nos permitieron obtener una visión integral y detallada de la situación actual y de las áreas que requieren atención y mejora”.

“Este proyecto representa un paso significativo hacia la mejora y regulación de las guarderías y pensionados de animales de compañía. Enmarcándose en una visión amplia de la Ciudad como un lugar que debe ser apto para la convivencia de todos sus habitantes, incluidos los animales de compañía, se aboca a establecer estándares claros y requisitos específicos para el desarrollo de sus actividades. En este sentido, representa un avance en pos de garantizar el bienestar de los animales y promover el cuidado responsable, asegurando un entorno seguro y saludable para todos”, sentenciaron.

La iniciativa es de autoría de Emmanuel Ferrario (VxM) y lleva las firmas de Jessica Barreto (PS), Eugenio Casielles, Lucía Montenegro (LLA), Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, María Luisa González Estevarena, Paola Michielotto, Hernán Reyes, Claudio Romero, Sergio Siciliano (VxM), Pablo Donati (FLR) y Manuela Thourte (UCR-Ev).

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidiera vetar la movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano le exigió a la Confederación General del Trabajo (CGT) que lleve adelante un paro y movilización contra la determinación del Ejecutivo.

En ese sentido, el trotskista afirmó que “el veto de Milei con el apoyo de Mauricio Macri es otro ataque a los jubilados y a los trabajadores en su conjunto” y consideró que “es imperioso que la CGT deje de sentarse a negociar con sectores del Gobierno y convoque con urgencia un paro nacional con una enorme movilización a Plaza de Mayo”.

“Y así rechazar el veto de Milei a la movilidad y el también anunciado veto contra los salarios docentes y presupuesto universitario de aprobarse en el Senado”, remarcó el legislador porteño.

Por lo que, finalmente, Solano explicó que “desde las centrales sindicales deberían estar organizando asambleas y medidas de lucha para defender las condiciones de vida y laborales de trabajadores y jubilados”.

“En un momento tan delicado donde crecen los despidos hay que tomar el ejemplo del SUTNA que frente a los despidos en Bridgestone oponen un plan de lucha”, completó.

Tras la última sesión ordinaria, la legisladora de Vamos por Más (VxM) y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto, dialogó con parlamentario.com acerca del proyecto que el Parlamento porteño aprobó para autorizar al Gobierno local a tomar una deuda por 75 millones de dólares para realizar una serie de obras viales en el distrito capitalino.

La medida recientemente aprobada por la Legislatura establece que los fondos serán utilizados para llevar a cabo obras en el marco del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad y todas estarán a cargo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). De este modo se buscará efectuar pasos bajo a nivel y puentes vehiculares y peatonales sobre autopistas y vialidades urbanas.

Atenta a esta situación, Michielotto aseveró que “en la Legislatura dimos un paso muy importante: aprobamos la autorizacion del financiamiento, solicitada por el Poder Ejecutivo, por parte de Organismos Internacionales de Crédito, para ejecutar obras de infraestructura” y remarcó que “este tipo de financiamiento da previsibilidad y transparencia, ya que garantiza que los desembolsos están correlacionados con los avances de las mismas”.

Sobre esa misma línea, la oficialista consideró que “no podemos desconocer la importancia de ejecutar obra púbica y como ello beneficia la calidad de vida de todos quienes viven y transitan la ciudad”.

“Las obras que se llevarán adelante forman parte del Master Plan diseñado por el jefe de Gobierno, las cuales contribuirán a mejorar la seguridad, la reducción de accidentes viales, la circulación vehicular, sumando espacios verdes, de esparcimiento para los vecinos y a reducir el caudal de las inundaciones, entre tantos otros beneficios”, continuó Michielotto y cerró remarcando que “este proyecto, es un instrumento clave para hacer realidad estas obras tan importantes y necesarias para la Ciudad”.

El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó con dureza un acto que se desarrolló en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad en homenaje a las victimas del terrorismo y criticó la presencia de Cecilia Pando, la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA).

En ese sentido, el trotskista afirmó que “la presencia de Cecilia Pando en un acto en el Salón Dorado de la Legislatura en defensa del genocidio demuestra que no es un exabrupto de un grupo de legisladores” y consideró que “está en perfecta consonancia con los diputados de LLA que fueron a visitar a Astiz y compañía en Ezeiza”.

“Los legisladores traen a la nefasta Cecilia Pando, quien felicitó a aquellos que fueron a ver a genocidas a la cárcel, por ende, el bloque de LLA de esta casa suscribe y se hace cargo de esa visita y de la defensa del terrorismo de Estado como política de Gobierno”, siguió el diputado.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “nosotros lo rechazamos y combatimos cualquier tipo de actividad y política negacionista. Contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el negacionismo y las políticas represivas con las que actúa este gobierno, por la memoria de los 30 mil desaparecidos”.

El auditor general de Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en el que se advierte sobre una serie de “debilidades e irregularidades” en el Parque de la Innovación, gestionado por la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El proyecto, aprobado en 2016 bajo la Ley 5558, tenía como objetivo transformar las tierras del Tiro Federal y destinarlas a universidades públicas y el polo tecnológico. No obstante, el informe detalla que no existe una unidad ejecutora responsable y los actos administrativos relativos a modificaciones presupuestarias no se encuentran publicados en el Boletín Oficial; además, los informes trimestrales no explican las causas de los desvíos financieros y los expedientes para certificados de obra básica y anticipos financieros no cumplen con los principios de completitud.

“Aunque en su página oficial se informa que el Parque de la Innovación potencia actividades de emprendedores, estudiantes e investigadores, esto está lejos de la realidad. Basta con señalar que aún no se resolvió la disputa por el traslado del Cenard o que las concesiones para la UBA y la UTN ni siquiera están licitadas”, comenzó diciendo Teszkiewicz y alertó que “las irregularidades son tantas que no se pudo constatar la aprobación de 50, ni existe control de los pesajes de contaminantes enviados a la provincia de Santa Fe”.

El documento también resalta, por ejemplo, que la empresa PELCO S.A. subcontrató a diversas empresas que no figuran en la oferta presentada ni en el expediente del proyecto. “El contrato tampoco especifica los procedimientos para la limpieza de obra, una grave omisión en términos de transparencia y cumplimiento normativo”, detalló el peronista.

En cuanto a los incumplimientos, la AGCBA señala que no se respetan las condiciones del Pliego General (PCG) en cuanto a cerco de obras y vigilancia, en contravención a la Ley de Tránsito 2148, que exige cerrar la vía pública durante las obras para garantizar el paso seguro de peatones. Asimismo, se incumple el decreto 911/96, que regula la Higiene y Seguridad en la Construcción, afectando el almacenamiento de materiales, limpieza de obra y medidas contra incendios.

“Prometieron un espacio urbano diferente y diverso, que ofrezca tecnología y educación, pero como siempre el gobierno macrista, demuestra que solo les interesa el negocio que hay detrás. Íbamos a tener un Silicon Valley en la Ciudad, pero lo único que está quedando es una montaña de irregularidades, negociados y prebendas”, sentenció.

En la última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una iniciativa de declaración mediante la cuál los legisladores locales expresaron su “preocupación” por el procesamiento por abuso sexual al intendente del Municipio de la Matanza, Fernando Espinoza, e instaron al Parlamento de la Provincia de Buenos Aires a expresarse sobre el hecho.

En los fundamentos de la medida, los porteños recordaron que Espinoza fue procesado en primera instancia por los delitos de “abuso sexual simple en concurso real con desobediencia”. “La acusación fue presentada por Melody Rakauskas, quien se desempeñó informalmente como secretaria privada en el municipio durante unas dos semanas a mediados de 2021. Según la denunciante, Espinoza se auto invitó tres veces a cenar a su departamento con el argumento de discutir cuestiones laborales, y en el tercer encuentro se produjo la situación de abuso sexual, que no llegó a traducirse en acceso carnal”, aseveraron.

En ese sentido, recordaron que “la jueza nacional en lo criminal y correccional, Fabiana Galletti, resolvió el procesamiento de Espinoza, destacando la ausencia de testigos en este tipo de delitos debido al marco de intimidad en el que suelen ocurrir. La jueza subrayó que los relatos de las víctimas deben ser valorados con especial atención” y destacaron que “el relato de la denunciante fue considerado creíble y respaldado por la prueba recolectada y el material aportado por la misma denunciante, que se encuentra incorporado digitalmente a la causa”.

“Espinoza fue embargado por un millón y medio de pesos y, aunque no se le dictó prisión preventiva, se le prohibió cualquier tipo de contacto o acercamiento con la presunta víctima. La jueza priorizó la legislación que establece que los organismos del Estado deben garantizar a las mujeres la amplitud probatoria para acreditar los delitos denunciados en cualquier procedimiento judicial o administrativo, cuestión no debemos dejar de destacar”, continuaron.

Asimismo, los diputados consideraron que “la gravedad de las acusaciones y el procesamiento de un funcionario público de tan alto rango para el Municipio como el Intendente de La Matanza generan una preocupación especial en la sociedad. Las acciones atribuidas a Espinoza no solo afectan la integridad de la denunciante, sino que también comprometen la confianza en las instituciones y en los funcionarios que tienen la responsabilidad de administrar el Estado y actuar como ejemplo de conducta ética”.

“Es fundamental que la sociedad y sus instituciones se pronuncien en contra de cualquier tipo de abuso y violencia, especialmente cuando estos actos son perpetrados por personas en posiciones de poder. Los delitos sexuales son una violación flagrante de los derechos humanos y una manifestación inaceptable de abuso de poder y control sobre las víctimas. Es necesario que los organismos del Estado y la sociedad en su conjunto repudien enérgicamente estos actos y trabajen para garantizar que las víctimas reciban el apoyo y la justicia que merecen”, completaron.

En medio del escandalo que envuelve al ex mandatario, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto de declaración mediante el cual expresaron su máxima preocupación ante las denuncias realizadas por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández y se solidariza con Fabiola Yañez.

En los fundamentos del texto, los legisladores consideraron que se debe “repudiar enérgicamente cualquier acto de violencia de género, y más aún cuando el perpetrador es una figura pública con responsabilidades políticas y sociales” y explicaron que “la denuncia realizada por la ex primera dama contra el ex presidente Alberto Fernández por ejercer violencia de género es un hecho gravísimo que no puede ni debe ser minimizado ni encubierto por ningún sector de la sociedad, y mucho menos por el ámbito político”.

“Resulta profundamente irónico y contradictorio que un Gobierno que se ha alzado con la bandera de los derechos humanos y de la defensa de las mujeres sea el escenario de tales acusaciones. Durante su mandato, Alberto Fernández ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de respetar y proteger los derechos de las mujeres, lo que hace aún más chocante y decepcionante que él mismo sea acusado de violencia de género. Esta situación deslegitima el discurso oficial y atenta contra los avances logrados en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género”, aseveraron.

Por lo que aseguraron que “este hecho no solo pone en duda su compromiso personal con estos valores, sino que también pone en tela de juicio la credibilidad de su partido político, que ha utilizado consistentemente la defensa de los derechos de las mujeres como una de sus banderas principales”.
“Además, es alarmante considerar que, mientras su Gobierno se enorgullece de haber fortalecido las leyes contra la violencia de género, promovido campañas de concientización, y hasta de crear un Ministerio como fue el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el propio Fernández podría haber sido un perpetrador de los mismos abusos que declaraba combatir. Este tipo de doble moral es inaceptable y socava los avances logrados en la lucha por los derechos de las mujeres”, sentenciaron.

Tal y como lo anticipó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de declaración mediante el cual volvieron a manifestar su preocupación por la falta de acatamiento por parte del Gobierno Nacional al fallo de la Corte Suprema de Justicia por los recursos coparticipables del distrito capitalino.

“La Legislatura de la Ciudad rechaza el agravio sistemático a los vecinos de esta Ciudad que se ven afectados por el nuevo incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional sobre el último acuerdo arribado a los efectos de cumplir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos’ (Expte. 1865/2020) que manda a otorgar el 2,95% de la masa de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires; y por el anuncio de recorte intempestivo de subsidios al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano en el AMBA”, sostiene el documento recientemente aprobado en el Parlamento local.

Al mismo tiempo que manifiesta que “esto supone un nuevo peso en las arcas de la Ciudad para afrontar gastos sin contar con los recursos que le corresponden por ley”.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “continuar con el incumplimiento de esta resolución implica atentar contra el derecho a la seguridad, el derecho a la educación y el derecho a la salud de todos los porteños. Cada día que pasa son que se transfiera el monto correspondiente supone un nuevo atentado contra la autonomía local, y contra los intereses de los habitantes de esta Ciudad” y precisó que “es por ello que es menester no solamente repudiar la situación, sino instar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que tome cartas en el asunto y aplique medidas cautelares ejemplares y efectivas para garantizar el cumplimiento de lo ordenado. Es a nuestro criterio un camino el trabar embargo sobre cuentas, con el objeto de recuperar los más de $800.000.000.000 que no le han sido transferidos a la Ciudad”.

“Asimismo, esta quita intempestiva de recursos que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires se ve agravada por el anuncio efectuado por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien anunció que se recortarán los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de septiembre”, sentenciaron.

En el marco de la primera sesión ordinaria tras el receso invernal, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó con 43 votos a favor y 9 en contra, al Gobierno porteño a tomar una deuda por 75 millones de dólares para realizar una serie de obras viales en el distrito capitalino.

La medida contó con el aval de los bloques Unión por la Patria (UP), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Vamos por Más (VxM), Frente Liberal Republicano (FLR), Confianza Publica (CP) y Republicanos Unidos (RU); mientras que Partido Obrero (PO) y Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) votaron en contra. A su vez, La Libertad Avanza (LLA) votó dividido.

De esta manera, el texto autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar operaciones de crédito público por el monto, las especificaciones y el destino del financiamiento indicados en la norma proyectada y por la que se establecen tres años como plazo mínimo de amortización.

Además, el documento sostiene que la toma de deuda podrá ser en dólares o su equivalente en pesos argentinos y podrá ser contraída con la Corporación Andina de Fomento, u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, y/o con el Estado Nacional.

La medida recientemente aprobada por la Legislatura establece que los fondos serán utilizados para llevar a cabo obras en el marco del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad y todas estarán a cargo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). De este modo se buscará efectuar pasos bajo a nivel y puentes vehiculares y peatonales sobre autopistas y vialidades urbanas.

Respecto de esta iniciativa, la legisladora de Vamos pro Más y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto, aseveró: “Con el financiamiento de estas obras, en el caso de los pasos bajo nivel, se pretende generar varios beneficios, priorizando la seguridad de los vecinos. Estas obras son soluciones que salvan vidas, reduciendo sustancialmente los accidentes, la congestión vehicular, mejorando el tránsito; disminuyendo la colisión entre vehículos y trenes, y mejorando la circulación peatonal y otros tantos beneficios”.

“En relación a las obras de la autopista Dellepiane, se contribuirá a mejorar la seguridad, sumando espacios verdes de esparcimientos para los vecinos y también se reducirá el caudal de eventuales inundaciones”, agregó.

Por su parte, el trotskista Gabriel Solano (PO) explicó los motivos por los cuales se opusieron a la iniciativa. “En general, todos los vecinos que se acercaron a la Legislatura rechazaron tanto las obras que tienen que ver con el tema de la autopista Dellepiane en la zona sur, como también lo que tiene que ver con la construcción de estos pasos bajo nivel en el Sarmiento”, recordó y precisó que “la Dellepiane actúa en la actualidad como una especie de barrera, de muro, que separa drásticamente al sur de la ciudad con el resto de la ciudad. Y el hecho de agrandar esta autopista con las colectoras y ese parque lineal, que en realidad es que construye una especie de espacio verde para disimular la falta de espacio verde real de la ciudad, va a incrementar ese hecho”.

Mientras que, en relación a los pasos bajo nivel, el diputado aseveró que “solamente va a haber un par de pasos bajo niveles que crean una crisis de tránsito. Son chiquitos, es difícil transitar por allí, va a haber más problemas de seguridad, perjudica varios comercios de la zona. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso”.
Asimismo, el radical Lucio Lapeña (UCR-Ev) remarcó que “este proyecto que se pone a consideración es un pedido de endeudamiento mejor que el original, más concreto que detalla las obras que va a estar afectado y quita obras que nuestro bloque había manifestado dudas u objeciones”.

“Es importante que el Gobierno realice las mesas de trabajo, a las que se comprometió, para acompañar las inquietudes de los vecinos antes y durante las obras, y ofrecer soluciones a los distintos problemas que su surjan”, continuó.

Al mismo tiempo que planteó que “el plan maestro que se quiere llevar a cabo en la Dellepiane es importante porque es la autopista con mayor cantidad de accidentes en CABA, ha quedado desactualizada y es necesario realizar obras para ordenar el tránsito, los accesos, las colectoras y, sobretodo, el transporte público ya que hoy las paradas de colectivos están casi en la calzada de la autopista y eso supone un riesgo para todos”.

Los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recordaron este jueves al doctor René Favaloro, en el marco del 101 aniversario de su natalicio, y precisaron que fue un “médico, inventor, educador y cardiocirujano argentino, que lucho incansablemente por la justicia y contra la corrupción, defendiendo siempre la integridad en la medicina”.

En los fundamentos del proyecto de declaración recientemente aprobado por el Parlamento porteño, los legisladores aseveraron que fue “un hombre cuya vida y obra han dejado una huella imborrable en la medicina y la sociedad argentina”.

Al mismo tiempo que recordaron que “su incansable labor, en colaboración con maestros, líderes religiosos, comerciantes y parteras, propició un cambio de actitud en la comunidad que permitió transformar sus conductas. Gracias a sus esfuerzos, lograron casi erradicar la mortalidad infantil, reducir las infecciones durante el parto y abordar la desnutrición, además de establecer un banco de sangre comunitario y ofrecer charlas educativas sobre la salud preventiva”.

Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “Favaloro es un símbolo indeleble del compromiso y la ética en la medicina. Su legado va más allá de los avances técnicos en cirugía cardiovascular; su vida fue un testimonio de la lucha inquebrantable por la justicia y la integridad en un sistema plagado de corrupción. Su carta de despedida no solo es un documento personal desgarrador, sino también un potente llamado a la reflexión y la acción para construir una sociedad más justa y honesta”.

Los diputados de la Ciudad se reúnen desde las 12.12 en el recinto para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que se tratará una iniciativa que busca establecer los mecanismos de financiamiento de una serie de obras viales, así como también otros proyectos relacionados a los fondos coparticipables del distrito y las denuncias contra Alberto Fernández.

De esta manera, uno de los temas más importantes es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que tuvo su tratamiento en la comisión parlamentaria de Presupuesto, que propone autorizar a la Ciudad a tomar préstamos para realizar obras viales a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

El texto del proyecto describe que las “operaciones de crédito público” serán por el monto, las especificaciones y el destino del financiamiento indicados en la norma proyectada y por la que se establecen tres años como plazo mínimo de amortización”. La cifra de los empréstitos suma 75 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
Además, establece que se realizarían “con la Corporación Andina de Fomento u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, y/o con el Estado Nacional”.

El temario incluye otros varios proyectos de declaración, como el que propone el Frente Liberal Republicano, al que adherirían otros bloques, manifestando “preocupación por la demora en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad”.
También -y por iniciativa de Confianza Pública- se votará un texto que expresa la “preocupación ante las denuncias realizadas por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández”.

Por primera vez tras el receso invernal, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar adelante una nueva sesión ordinaria en la que se evaluaran iniciativas relacionadas al financiamiento para realizar obras, los fondos de la Coparticipación y las denuncias contra Alberto Fernández.

Uno de los temas más importantes es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que tuvo su tratamiento en la comisión parlamentaria de Presupuesto, que propone autorizar a la Ciudad a tomar préstamos para realizar obras viales a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

El texto del proyecto describe que las “operaciones de crédito público” serán por el monto, las especificaciones y el destino del financiamiento indicados en la norma proyectada y por la que se establecen tres años como plazo mínimo de amortización”. La cifra de los empréstitos suma 75 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.

Además, establece que se realizarían “con la Corporación Andina de Fomento u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, y/o con el Estado Nacional”.

El temario incluye otros varios proyectos de declaración, como el que propone el Frente Liberal Republicano, al que adherirían otros bloques, manifestando “preocupación por la demora en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad”.

También -y por iniciativa de Confianza Pública- se votará un texto que expresa la “preocupación ante las denuncias realizadas por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández”.

Tras el inicio del debate sobre el Código Urbanístico, el legislador de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña analizó los cambios que se prevén introducir en esa norma y acusó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de querer “habilitar metros cuadrados construibles en las cinco comunas donde es más rentable”.

En ese sentido, el peronista aseguró que está “convencido que el Código necesita modificaciones, de hecho, ya es la tercera vez que proponen modificaciones, pero queda en evidencia la improvisación y que la única preocupación del Ejecutivo es habilitar metros cuadrados construibles en las cinco comunas donde es más rentable”.

Al mismo tiempo que indicó que “desde el Bloque UP insistimos que el problema principal de nuestra ciudad es la dificultad para acceder a una vivienda digna, se han multiplicado los desalojos y las personas en situación de calle, los alquileres se vuelven agobiantes, en CABA se requieren tres salarios mínimos para acceder a un dos ambientes”.

Sobre esa misma línea, Barroetaveña planteó que “el Ejecutivo dice que el proyecto contempla los reclamos de vecinos y vecinas que han llevado la voz a la Legislatura para frenar avances de la construcción indiscriminada en barrios como Villa Ortuzar, Chacarita y Villa Devoto pero habrá que discutirlo. A su vez, propone incentivos para los desarrollos en las zonas postergadas de la Ciudad como los barrios del Sur”.

“Sin embargo, el problema del desarrollo de las comunas del sur no tiene que ver con la construcción de edificios sino con el desarrollo de infraestructura, opciones de movilidad eficientes, mayor seguridad, oferta de servicios como hospitales y escuelas”, manifestó Barroetaveña.

Por lo que concluyó señalando que “lejos de un Estado presente, desarrollando una ciudad justa para los vecinos y vecinas, lo que tenemos es un gobierno que beneficia a los especuladores, llevándose puesta cualquier estrategia de mitigación del cambio climático y la demanda de más espacios verdes y de mejor calidad de vida”.

En el marco de una concurrida reunión en el Salón San Martín, la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por el libertario Edgardo Alifranco (LLA), inició el debate del proyecto que busca introducir modificaciones al Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de potenciar el sur del distrito.

En el encuentro estuvieron presentes vecinos de la Ciudad, representantes de organizaciones sociales, diputados, el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta; la subsecretaria de Gestión Urbana, Karina Burijson; el director de Planificación Urbana, Luis Cabillón; y el director de Antropología Urbana, Aníbal Del Olmo.

También presenciaron la reunión informativa el vicepresidente primero del Parlamento porteño, Matías López (VxM), y el vicepresidente segundo, Matías Lammens (UP).
En ese contexto, García Resta destacó la importancia de lograr un “desarrollo urbano sostenible” y destacó el trabajo realizado para desarrollar las modificaciones propuestas al Código Urbanístico. “Estamos en el medio de un proceso y parte de él tiene que ver con seguir trabajando como sabemos, que es escuchando y llegando a la mejor ley posible” afirmó el funcionario, quien destacó que este proyecto pretende abordar la “identidad barrial” y el “patrimonio”.

En su cierre, García Resta afirmó que el objetivo de este proyecto de Ley está focalizado en “que el código no sea un sistema de intereses, sino un sistema de incentivos” con dos objetivos puntalmente: “incentivar la Zona Sur de la Ciudad y fomentar la protección del Patrimonio”.

Cabe señalar que el proyecto en cuestión establece la prohibición de que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana; por lo que las alturas se ajustarán priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada zona. No obstante, sobre las avenidas si se podrán llevar adelante estos grandes desarrollos.

Además, busca promover la sustentabilidad urbana y la calidad ambiental del hábitat construido, por lo que cuando se inicie una nueva obra se deberán realizar de manera más permeable, permitiendo el ingreso de aire y sol. Asimismo, la reforma promueve la conservación y revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación definitiva de 4209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo.

También se buscará incentivar el desarrollo de los centros comerciales barriales y establece un impulso a la zona sur, porque estructura un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en esos barrios.

En medio de la epidemia de obesidad que atraviesa al mundo, el legislador de Vamos por Más (VxM) Claudio Romero impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de que estadios, cines, teatros y dependencias públicas y privadas que cuenten con sala de espera tengan asientos adaptados para personas con obesidad.

Según se desprende del texto, la obligatoriedad de contar con esas sillas será para espacios públicos o privados que cuenten con más de 100 asientos. Las butacas o similares deberán tener un ancho mínimo de 0,85 metros entre sus apoyabrazos, asegurando la resistencia adecuada y manteniendo el mismo estilo de construcción del asiento del local donde se encuentren instaladas.

“Estas butacas especiales podrán ser móviles y deberán ubicarse en los extremos de cada fila, próximas a las salidas de emergencia de las respectivas salas. Los establecimientos deberán contar con un 1% del total de su capacidad en asientos especiales para personas obesas, nunca siendo menos de 2. Se debe garantizar que la visibilidad desde estos asientos sea satisfactoria”, sostiene el proyecto.

Al mismo tiempo que se aclara que quedará prohibido que estos establecimientos cobren tarifas diferenciales a las personas que deban hacer uso de estos asientos. En caso de que no se cumpla con la norma se aplicarán multas, cuya recaudación será destinada al Ministerio de Salud de la Ciudad para la realización de programas y acciones relacionadas con la problemática de la obesidad.

“El acceso a la cultura y al entretenimiento debe ser garantizado para todas las personas, independientemente de su condición física o de salud. Sin embargo, para las personas con obesidad, algo tan simple como asistir a un espectáculo puede ser un gran problema. Enfrentan desafíos significativos relacionados con la accesibilidad y la comodidad en espacios públicos, especialmente en lugares como cines y teatros, donde los asientos estándar pueden resultar insuficientes o incómodos, dificultando su participación en dichos eventos”, aseguró Romero en los fundamentos del proyecto.

A la vez que concluyó planteando que “esta iniciativa busca garantizar las condiciones de accesibilidad para las personas con obesidad en espacios públicos y privados, promoviendo una mayor inclusión en la sociedad”.

Después de que en las redes sociales se viralizaran las imágenes del desalojo, los legisladores de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cuál buscarán obtener detalles acerca de la remoción de vendedores ambulantes en Parque Centenario.

En ese sentido, los peronistas exigirán al Ejecutivo porteño que explicite “los motivos por los que no se puede llevar adelante la venta ambulante en la zona, teniendo en cuenta que, para el código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires la venta ambulante no implica un delito” y que se indique la cantidad de vendedores desalojados.

Además, pidieron que se informe “si previamente a los operativos se constituyeron instancias de diálogo con los vendedores ambulantes perjudicados a fin de mantenerlos informados de las medidas que se iban a llevar adelante”, que se detalle “si se le ofreció alguna alternativa laboral a raíz de los desalojos en el marco de su misma actividad laboral” y que se remita “los dispositivos vigentes de actuación del Ministerio de Espacio Público y su correspondiente dependencia en lo que respecta al desalojo de vendedores ambulantes”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que el desalojo de los manteros se dio el pasado 17 de agosto alrededor de las 5 de la mañana e implicó a más de 300 feriantes. “Algunos se encontraban ya armando sus puestos a la hora del desalojo y otros se fueron enterando al llegar a la feria. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebró en su cuenta de X la realización del operativo que impidió que se instalen los trabajadores horas previas a trabajar el fin de semana perdiendo el ingreso representativo que esto significa”, señalaron.

Al mismo tiempo que recordaron que en el Código Contravencional en el artículo 88 se establece que “no constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria” y precisaron que “en este marco entendemos que las fuerzas de seguridad actuaron de manera contraria a lo previsto en el código, vedando un espacio legítimo para la comercialización sin ofrecer alternativa alguna”.

“Según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP, 2022), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron un total de 15 mil trabajadores y trabajadoras vendedores ambulantes. Este universo de trabajadores está compuesto en su gran mayoría por personas migrantes las cuales se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad e inestabilidad, siendo la actividad que realizan en el marco de la economía popular un trabajo que les permite subsistir”, completaron.
La iniciativa es de autoría de Victoria Freire (UP) y también lleva las firmas de Andrés La Blunda y María Magdalena Tiesso (UP).

Tras la epidemia que azotó al país el verano pasado y la dificultad de los usuarios para conseguir repelentes, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles pidió implementar políticas públicas que permitan frenar el avance del mosquito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, el legislador se pronunció en sus redes sociales. “¿Y si nos anticipamos esta vez? Estamos en época invernal y es por eso que de dengue se habla poco. Pero lejos estamos de haber solucionado el problema”, comenzó diciendo y precisó que “algunos informes indican que en lo que va de 2024 ya hubo más de 25 mil afectados. Esto triplica lo registrado en 2022/2023 y es más de 8 veces lo que se registró en 2019/2020”.

“Y es lógico. Porque el dengue, sabemos, es algo que vino para quedarse. La cuestión es qué hacemos con eso. Santa Fe, sin ir más lejos, anunció la compra de más de 160 mil vacunas. Córdoba otras 150 mil y más de 60 mil tests”, remarcó Casielles.

Al mismo tiempo que advirtió que “sin embargo, en nuestra Ciudad, que tiene particularidades que la hacen sumamente vulnerable a la proliferación de mosquitos y al desarrollo de la enfermedad, todavía estamos esperando novedades. ¿Qué se va a hacer en cuanto a infraestructura hospitalaria para afrontar lo que se viene? ¿Qué se va a hacer en cuánto a vacunación?”.

“Estamos en agosto y parece que falta mucho, pero la epidemia está a la vuelta de la esquina. ¿No es esta una prioridad?”, sentenció el diputado libertario.

El diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso, presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscará distinguir al periodista Joaquín Morales Solá como “personalidad destacada en el ámbito de la Cultura”.

En los fundamentos de la iniciativa, el oficialista recordó que “Morales Solá es un destacado periodista argentino, especializado en política y con una amplia trayectoria en medios gráficos y televisivos de nuestro país” y detalló su larga carre mediática, que incluyó su participación en el diario La Gaceta, Clarín, Telefe, la revista Noticias y La Nación.

“En 1989 fue condecorado con la Orden al Mérito de la República Italiana; en 1990 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica de España; en 1997, con la Orden al Mérito de la República Francesa; en 2002 con la Orden de Río Branco, otorgada por el gobierno de Brasil, y en 2005 el presidente de Francia Jacques Chirac lo condecoró con la Legión de Honor de la República Francesa. En 1987 ganó el Konex de Platino al mejor columnista de la década, premio compartido con José Claudio Escribano. En 1997 y en 2007 ganó por segunda y tercera vez consecutiva el Konex de Platino al mejor columnista político de la década”, rememoró el diputado.

A la vez que concluyó señalando que “a lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su análisis político, que abarca temas nacionales e internacionales y es considerado una de las voces más influyentes en el periodismo político argentino”.

Por iniciativa de la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevará a cabo este 21 de agosto a las 17 en el Salón Dorado un acto en conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas por el Terrorismo, en el que participarán “víctimas y familiares del terrorismo de los años 70” como así también los de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Esa jornada establecida por la resolución N°72/165 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 “a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales”, dado a que las mismas se ven afectadas por consecuencias que impiden disfrutar plenamente de sus derechos.

Además, dicha resolución manifiesta el “compromiso inquebrantable de intensificar la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y reafirmando que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera, cuandoquiera y por quienquiera que sean cometidos”.

En ese sentido, Fleitas aseveró que “la consigna ‘Memoria, verdad y justicia’ impulsada por organizaciones de la sociedad civil y por sucesivos gobiernos —así como lo que le corresponde por su parte al Poder Judicial y al Poder Legislativo—, no han contribuido a esclarecer determinados acontecimientos de nuestra historia reciente, sino que han facilitado su falseamiento, distorsión y ocultamiento, con la suma de consecuencias que esto acarrea”.

“No ha habido historia sino memoria, esto significa que mientras que la historia puede ser estudiada con fuentes serias y de forma neutral, como disciplina que busca el rigor de los datos y de las interpretaciones, la memoria es antojadiza, parcial y nebulosa”, sentenció la libertaria.

La Coordinadora Cromañón y la Asociación Civil “Nos pasó a todos” impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de todos los beneficios que ya tienen por la Ley vigente las victimas de la tragedia de Cromañón de forma vitalicia.

El texto prevé una reparación integral para víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de Cromañón que establece el carácter vitalicio de todas las reivindicaciones.
De esta manera, la iniciativa plantea que tanto las víctimas y sus familiares tengan acceso pleno al programa, acceso gratuito a medicamentos y digitalización de las historias clínicas. Además, asegura acompañamiento terapéutico y gerontológico, rehabilitación de adicciones y consumos problemáticos y políticas de inclusión real para personas con discapacidad.

El proyecto también prevé la actualización del padrón de beneficiarios, incorporando a todas aquellas personas que puedan acreditar su condición de víctimas.
En este sentido, Gonzalo Caneda Díaz, miembro de Coordinadora Cromañón, afirmó que “los legisladores tienen en sus manos el futuro de las víctimas de Cromañón” Y explicó que el único interés de la organización “es transformar la realidad, siempre con las víctimas como bandera”.

Finalmente, Luciano Frangi, otro de los integrantes de Coordinadora, sostuvo que “hoy reafirmamos nuestro deseo de que se vote nuestro proyecto de ley nuevamente por unanimidad”.

El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano analizó las cifras de la inflación difundidas por el Gobierno Nacional y comparó el consumo del mes de julio con el mismo periodo, pero en 2001 y advirtió sobre la fuerte caída que se aprecia, sobre todo en rubros como alimentos.

En ese sentido, el trotskista planteó que “las estadísticas de caída del consumo masivo en el mes de julio son brutales. Supera la caída que operó en el año 2001-2002 y supera también la caída durante la pandemia” y remarcó que “un dato muy importante es que esta caída del consumo masivo también abarca los alimentos, que cayeron casi 10%. El promedio general fue del 16%”.

“Esto es la consecuencia directa de la destrucción del salario, de las jubilaciones, de la desvalorización de los planes sociales y también es lo que prueba por qué está creciendo en Argentina la pobreza que alcanza a 7 de cada 10 pibes, la indigencia que involucra a casi al 20% de la población”, opinó.

Al mismo tiempo que advirtió que “la respuesta a esto tiene que ser inmediata y del conjunto de la clase trabajadora. Desde ya de los trabajadores que están sindicalizados y también los que están en este momento sin registrar. También de los movimientos sociales y piqueteros que ven cómo se destruyen planes sociales y cómo los comedores populares están siendo desabastecidos por Sandra Pettovello”.

“El Gobierno de Javier Milei, de manera consciente y planificada, está empobreciendo al pueblo argentino para beneficiar a una pequeña minoría capitalista que siempre ha gobernado con los Caputo y Sturzenegger”, sentenció Solano.

La diputada de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscará repudiar la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de declarar “persona no grata” a Alejandro Finocchiaro, por su proyecto para incluir a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial.

“La Legislatura de la Ciudad manifiesta su profunda preocupación y repudia los dichos vertidos por miembros de la CGT (Confederación General del Trabajo) el día 13 de agosto del corriente año, contra el diputado nacional Alejandro Finocchiaro”, sostiene la declaración.

En los fundamentos de la iniciativa, Imas recordó que “Finocchiaro es un docente universitario apasionado por la enseñanza. Es especialista en Gestión Educativa, Magister en Educación y Doctor en Historia. Fue subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente del GCBA entre 2011 y 2015. Fue director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2017 y continuó su labor al frente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación hasta el 10 de diciembre de 2019”.

“Ejerce la docencia en universidades públicas y privadas. Es autor de libros sobre educación y de artículos sobre política internacional, educación, historia y filosofía política publicados en el ámbito nacional. Desde 2021, desempeña el cargo de diputado de la Nación y preside la Comisión de Educación, lugar desde el cual brega por el fortalecimiento del área educativa en los distintos ámbitos de aplicación, la continuidad del aprendizaje, el derecho a la educación de calidad como servicio esencial”, siguió rememorando la legisladora.

Al mismo tiempo que detalló que “en ese contexto presentó un proyecto de ley que busca declarar a la educación, en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, como servicio estratégico esencial que garantice la protección y promoción integral de los derechos de niños y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo” y precisó que “el derecho a la educación constituye un eje fundamental en el progreso de nuestro país y debe ser una tarea prioritaria de la que no podemos apartarnos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar, también, el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo”.

“En consonancia con ese principio y tomando como fundamento la educación de quienes concurren a instituciones educativas del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudiamos los dichos vertidos por miembros de la CGT contra el diputado nacional Alejandro Finocchiaro al declararlo ‘persona no grata en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras docentes’”, sentenció.

Luego de que la Comisión de Presupuesto firmara el dictamen favorable de un proyecto que busca autorizar que la Ciudad tome deuda para desarrollar obras de mejoras en la autopista Dellepiane, la diputada de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira se mostró en contra de la iniciativa y exigió que las obras en el sur del distrito sean “planificadas”.

La peronista y los otros miembros del bloque UP no firmaron el dictamen de mayoría y aprovechó la ocasión para expresar su postura. “Necesitamos que Jorge Macri entienda que las obras del sur, son para los vecinos del sur. Planificar y poner en el centro a los vecinos, de eso se trata”, comenzó diciendo.

Al mismo tiempo que remarcó que “escuchamos al jefe de Gobierno diciendo que la zona sur es el norte aspiracional del conurbano o algo por el estilo. Bueno, para los vecinos de la Comuna 8, vecinos del sur en general, sus barrios son los lugares que habitan, los lugares donde van a la peluquería, donde tienen sus comercios, donde ponen todo el esfuerzo para poder llevar adelante actividades económicas en momentos que está tan difícil”.

“Entonces nosotros necesitamos que las obras sean planificadas, sean consultadas, que tengamos mesas de trabajo, que tengamos mesas de diálogo y que se avance coordinadamente y que se avance con un sentido claro, y no que se pase por encima a los intereses de los vecinos en función de, por ejemplo, hacer que el sur se configure como el lugar donde el resto de la Ciudad y el conurbano vamos a ir a ver recitales o donde vamos a mandar a nuestros presos o donde la autopista va a permitir que se pase por arriba del sur más rápido, pero los accesos van a ser más difíciles para los vecinos”, completó Neira.

Tras más de un mes sin sesiones, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para retomar la actividad parlamentaria en el recinto el próximo jueves, en la que se tratarán una batería de temas relacionados con tránsito y transporte y uso del espacio público.

En este contexto la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria avanzó en el análisis del Masterplan de Autopista Dellepiane y obras de infraestructura vial.

La reunión fue presidida por la legisladora de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto y participaron funcionarios de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y vecinos de los barrios de Lugano y Caballito, quienes expresaron sus distintas perspectivas respecto a las obras. Durante el encuentro, los ciudadanos hicieron hincapié en la necesidad de ampliar los espacios de participación ciudadana, con el objetivo de consensuar soluciones para la seguridad, el medio ambiente y la valorización de las propiedades en las áreas impactadas por las obras.

Por su parte, el ingeniero Diego Ficalora, de AUSA, aseguró que se están evaluando los puntos planteados por los vecinos y que varias de sus preocupaciones ya están siendo consideradas en el proyecto.

La empresa destacó que la modernización de la Autopista Dellepiane es fundamental, ya que fue construida en 1940 y necesita adaptarse a las normativas y exigencias actuales. El proyecto prevé la incorporación de un carril exclusivo para colectivos y la ejecución de una obra hidráulica en el Ramal Zelarrayán, destinada a prevenir inundaciones en el sector.

Estuvieron presentes los diputados Claudia Neira, Juan Modarelli (UP), Lucio Lapeña (UCR-Ev), Sebastián Nagata (CP) y Facundo Del Gaiso (VxM). La comisión concluyó con la firma del dictamen que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer préstamos para financiar estas intervenciones integrales, asegurando que se respeten los procesos participativos y se mitigue el impacto de las obras en la comunidad.

Otra Comisión que avanzó con temas propios de cara a la próxima sesión fue la de Protección y Uso del Espacio Público, presidida por el diputado Claudio Ferreño (UP), quien estuvo acompañado por los integrantes de la misma: Silvia Imas, Cecilia Ferrero, Ignacio Parera (VxM), María Fernanda Mollard, Guillermo Suárez (UCR-Ev), Victoria Freire, Andrés La Blunda y Maia Daer (UP).

Se trataron los pedidos de informes sobre: la licitación pública para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso del bien inmueble “El Tambito”; la presencia y ocupación en el espacio público de la ciudad de “decks gastronómicos y de esparcimiento”; y, finalmente, en relación con el accionar del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana en diversos temas de orden público.

Luego de que el Gobierno Nacional oficializara por decreto la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), se llevó a cabo el conversatorio “Los clubes en manos de sus socios” en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que integrantes de comisiones directivas de clubes y asociaciones expusieron sus preocupaciones al respecto de las mismas.

El encuentro fue promovido por el legislador de Unión por la Patria (UP) Alejandro Grillo y contó con la presencia de los diputados Maia Daer, Matías Barroetaveña, Juan Modarelli y Claudia Neira (UP); el presidente del Foro Social del Deporte, Alejandro Korz; la integrante de la comisión directiva del Club Atlético Los Andes, Ailín Osores; y el presidente de cultura de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Néstor Vicente.

En la apertura del conversatorio, Grillo planteó que los clubes de barrio son un modelo de construcción social. “Para quienes nos criamos en clubes, no tiene precio ir a un club. Ellos cobijan generaciones tras generaciones. Los vamos a defender”, afirmó.

Por su parte, Korz destacó que los clubes son espacios donde se defiende la democracia: “en los clubes hubo votos femeninos antes que en el país. En ellos se votó aun en tiempo de dictadura; eran espacios de resistencia.” En el mismo sentido, Osores agregó que los clubes son un lugar donde se ejerce, expresa y reproduce una cultura ciudadana.
Daer a su turno resaltó que la negativa a las SAD no se trata de una oposición caprichosa a ese modelo, sino la defensa de uno alternativo, de inclusión y desarrollo social. En ese sentido, remarcó el rol de los clubes para educar y contener a las infancias y personas mayores.

Vicente defendió la función de los clubes como “patria chica”. “Los clubes tienen un arraigo muy fuerte. En ellos la solidaridad logra vencer al egoísmo, aún cuando en la sociedad el egoísmo esté derrotando a la solidaridad. El amor no es anónimo y nosotros queremos seguir defendiendo el amor”, completó.

En el emotivo acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado, el periodista José Escribano fue declarado “personalidad destacada en el ámbito de la Cultura”, gracias a una iniciativa impulsada por la legisladora de Vamos por Más (VxM) María Luisa González Estevarena, en el que además se reconoció la extensa trayectoria y dedicación.
En el evento de declaración también estuvo presente el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Matías López (VxM), y los diputados Hernán Reyes y Paola Michielotto (VxM).

En el inicio de las alocuciones, González Estevarena señaló la importancia de establecer proyectos que “realzan el valor de las personas que contribuyeron, a lo largo de su vida” con la cultura de la Ciudad y de la Argentina. Luego calificó a Escribano como una “figura central” del periodismo nacional: “su nombre es sinónimo de integridad, dedicación y excelencia periodística. Su trabajo no solo informó a generaciones, sino que también dio forma al debate público y contribuyó a la comprensión de los acontecimientos nacionales e internacionales”.

Finalmente, Escribano agradeció a la diputada por la declaración, repasó su carrera en el diario La Nación y concluyó: “están quienes esperaba que estuvieran, la familia, los amigos, los académicos que me ilustran, los que luchan a diario por las libertades públicas y la decencia de quienes nos gobiernan”.

Cabe recordar que José Claudio Escribano es un destacado periodista argentino, cuyas columnas de opinión son consideradas de las más influyentes del país. Nació el 3 de diciembre de 1937 en Buenos Aires, integra desde 1956 el elenco de periodistas del diario La Nación e hizo su carrera profesional casi exclusivamente en ese medio, con algunas colaboraciones en revistas y en diarios de provincias y ciertas breves incursiones en el periodismo televisivo.

En 1961 fue jefe de la sección Política y Parlamentarias de La Nación, cuatro años más tarde corresponsal viajero para América Latina y a partir de 1968, subjefe de editoriales. En 1981 fue designado secretario general de redacción y más tarde subdirector del mismo diario.

Desde 1997 integra el Directorio de S.A. LA NACION. Fue miembro del Directorio de la World Association of Newspapers (WAN) y presidió por varios períodos la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y su Comisión de Libertad de Prensa. Fue condecorado por los gobiernos de Italia, España y Francia, que le confirió la Legión de Honor, entre otros laureles de su carrera

En medio del crecimiento de la ciberludopatía infantil, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó a cabo una jornada de debate en la que se analizaron los desafíos y preocupaciones que genera este flagelo en la era digital, en un contexto de aumento de los casinos online.

En el encuentro que se desarrolló en el salón Montevideo, estuvo presente el vicepresidente de la Legislatura porteña, Matías López; los legisladores Hernán Reyes, Cecilia Ferrero, Facundo Del Gaiso (VxM), Alejandro Grillo (UP), Francisco Loupias, Inés Parry y Manuela Thourte (UCR-Ev); y los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Carmen Polledo. También participaron el periodista Nicolás Cayetano y la influencer Bernardita Siutti (Mami Albañil), junto a los especialistas Leandro Faur y la psicóloga Victoria Gómez Bonilla, más conocida como La psico de Insta en Instagram.

Al inicio de la actividad, López manifestó que “la ludopatía es un desafío que nos preocupa” y reflexionó sobre la exposición de los chicos ante la tecnología afirmando que “los avances tecnológicos nos brindan soluciones en la vida diaria, pero también nos enfrentan a nuevos desafíos. La ludopatía es uno de ellos y hoy nos reúne aquí”.
“Un chico con problemas de ludopatía pierde no solo en lo económico, sino también su entorno, amistades, y familia. Entra en un círculo que lo aleja de sus objetivos y proyecto de vida”, siguió el oficialista.

Bajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en colaboración con todos los espacios políticos, comenzó el panel con el testimonio de Nicolás Cayetano, quien contó fuertes experiencias personales por haber sufrido esta problemática en primera persona y describió la ludopatía como “una enfermedad brava, silenciosa y solitaria”. Relató cómo perdió un departamento heredado debido a su adicción y resaltó la importancia de hablar abiertamente sobre el problema para iniciar el camino hacia la recuperación. “El primer día de mi recuperación fue cuando pude hablar con mi familia y contarles lo que me pasaba”, afirmó.

“La Ludopatía es el final, pero los pibes, a través del juego, pueden estar empezando” advirtió, y ante una pregunta de la diputada Thourte sobre qué cree que el periodista podría haber necesitado en medio de su problema, la respuesta de Cayetano fue contundente: “conocer dónde me metía me podría haber ayudado”, respondió, destacando el hecho de que hoy se esté visibilizando el tema.

La psicóloga Victoria Gómez Bonilla también hizo hincapié en el tiempo en que se detecta el problema: “uno de los problemas es que cuando los chicos empiezan con esto no llegan al consultorio, sino que lo hacen cuando ya es muy tarde” afirmó y advirtió sobre la relación entre el contexto digital y las adicciones, señalando que “los algoritmos nos conocen más que nuestra madre”.

Leandro Faur, con experiencia en prevención de adicciones, habló sobre la necesidad de regular mejor los estímulos que fomentan el consumo problemático de este tipo de juegos de azar y consideró que “es importante poder explicar por qué es riesgoso pasar cada vez más tiempo en estas prácticas de consumo”.

Por su parte, Bernardita Siutti contó su experiencia de cómo las empresas de apuestas ofrecen a los influencers mucho dinero para promocionar sus servicios y los convierten en “socios”. Su experiencia y ser mamá de tres hijos, la llevó no sólo a rechazar ofertas de casinos para promocionarlos en sus redes sociales, sino que comenzó una campaña para exponer a muchos influencers que promocionan empresas de apuestas. “Es muy peligroso y una tarea muy difícil trabajar en la prevención. Una persona que sufre de ludopatía puede recaer con solo un click”, advirtió.

Después de que Fabiola Yañez denunciara a Alberto Fernández por violencia de género, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra apuntó contra la ex primera dama, al señalar que si bien fue victima de agresiones por parte del ex mandatario, también fue cómplice en los hechos de corrupción ocurridos durante su gobierno.

De visita al piso de LN+, el libertario recordó que “todo este caso saltó por una investigación de un caso de corrupción. No hay que olvidarse, sino nos olvidamos de algunos delitos… cometen tantos delitos que nos olvidamos de algunos, que también son importantes”.

“La victima Fabiola Yañez de las agresiones físicas, psicológicas y todo lo que planteó en su denuncia, también fue cómplice de la corrupción porque estaba ahí al lado. Ella también plantea que vio casos de corrupción y recién ahora sale a hablar, porque saltó de un teléfono celular de un tercero. También hay que destacar eso, porque sino se pone en la escena de victima nada más y se olvida de la culpabilidad que tiene por otros hechos aberrantes, por ejemplo, la cuarentena”, continuó el hombre de confianza del presidente Javier Milei.

Por lo que señaló que “Fabiola Yañez sufrió violencia por parte de Alberto Fernández, pero no olvidemos que también fue cómplice de la corrupción y los actos ilegales de su gobierno” y concluyó explicando que “condenamos la violencia contra Fabiola, pero eso no la exime de rendir cuentas ante la justicia por sus actos”.

Luego de que el Gobierno Nacional retirara los subsidios al transporte público que circula exclusivamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diputada del Frente Liberal Republicano (FLR) y presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Marina Kienast, instó a la gestión de Javier Milei y el Gobierno porteño llegar a un acuerdo que beneficie a los usuarios.

En ese sentido, la legisladora aseveró que quizás llegó el “momento adecuado para que el subsidio deje de ir a las empresas, y pase a estar dirigido directamente al usuario” e insistió que “el usuario no puede ser el más perjudicado por la inoperancia del gobierno anterior, que mantuvo congelada las tarifas por casi cuatro años”.

Sin embargo, aseguró que “era necesario readecuar las tarifas, porque con esos valores tarde o temprano empeorará el servicio y el riesgo del deterioro puede ser trágico” y consideró que el Gobierno porteño “debe aceptar las competencias que le quiere transferir Nación, como lo hicieron el resto de las jurisdicciones, pero también debe discutir los detalles del traspaso de los fondos, que son necesarios para que el porteño no sufra más aumentos, que este año ya superaron el 600 %”.

También se refirió a la apertura de los medios de pago en el transporte: “la Ciudad tiene que actualizar las máquinas de cobro para que los usuarios puedan pagar con cualquier medio, como dispuso Nación hace unos días por decreto”.

Por último, Kienast aseguró que “están trabajando en una serie de leyes que buscan ponerles fin a muchos años de atraso, y que genere mejores beneficios para todos los porteños”.

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país y la Ciudad de Buenos Aires, el auditor general de Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz compartió un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en el que se alerta sobre “graves deficiencias” en la Unidad de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (UECNT), de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs).

Estas enfermedades son patologías de larga duración cuya evolución es generalmente lenta, representadas principalmente por enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas.

De acuerdo al informe, en relación a la provisión de insumos médicos, el informe detectó que el 88% de los CeSACs carecen de insumos para personas que padecen diabetes. Asimismo, un 55% manifestaron que la modificación de los Glucómetros, debido al cambio en la empresa licitante, generó inconvenientes en la población asistida. “Estas falencias dificultan el proceso de seguimiento de la enfermedad y su consecuente tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que son áreas que determinan el acceso a la posibilidad de mejorar sustancialmente de condiciones de una vida sana y buena alimentación”, advirtió el auditor.

Respecto a las fallas administrativas, el informe revela que el 100% de los centros no cuentan con estadísticas de elaboración propia desde que se implementó una herramienta informática. Por ejemplo, en relación al Programa de Prevención y Control del Tabaquismo no existen datos estadísticos. Además, el Sistema de prescripción electrónica que se establece para generar órdenes y recetas electrónicas no fue utilizado por el 55% de los CeSACs.

“Estas fallas imposibilitan el registro estadístico de las patologías crónicas. Con la ausencia de datos, la falta de implementación de módulos y la no parametrización de otros, dificulta el registro de datos por parte del profesional imposibilitando el cumplimiento de los objetivos específicos de la Unidad, que es usar la historia clínica electrónica única que permita el registro y seguimiento de las ENT para que los y las vecinas de la ciudad tengan una salud digna”, continuó Teszkiewicz.

A nivel presupuestario y de control, en diversos programas no cuentan con definición de cuáles son las metas físicas y además sufrieron desvíos por disminución de crédito. Siguiendo la línea de ausencias de control, la Comisión Asesora, creada para el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, no emitió informes.

El informe además resalta que el 56% de los CeSACs no cuentan con un Centro de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR). Este centro es asignado para la derivación de aquellos pacientes que requieran consultas o estudios de mayor complejidad. “Teniendo en cuenta que el CEMAR es de modalidad media, es decir un nivel de atención intermedia entre los CeSACs y los hospitales, es inconcebible que más de la mitad no lo incluyan. La única consecuencia es que satura la capacidad de los hospitales por la masiva demanda y complejiza la atención y asistencia masiva de los profesionales”, remarcó el auditor.

Al mismo tiempo que consideró que “resulta escandaloso que la cantidad de turnos protegidos ofrecidos no logra cubrir la demanda producida por el aumento de consultas en el primer nivel de atención, lo que deriva en que el 33 % de los CeSACs incluidos en la muestra refirieron no tener acceso a turnos protegidos”.

“No es el primer informe sobre salud donde surgen fallas e irregularidades que afectan de manera directa el acceso a los servicios por parte de vecinas y vecinos. Tampoco es la primera gestión del gobierno del PRO. Hace más de 16 años venimos observando que el engranaje funciona de la misma manera, desprotegiendo a los y las ciudadanas. Estamos hablando de la salud, pilar fundamental para poder desarrollarnos como personas, trabajar, estudiar y gozar de una vida sana. Entonces está claro que no son errores, es una gestión planificada con el objetivo de descuidar y desfinanciar la salud pública porteña”, sentenció el peronista.

En el marco de una nueva edición de “La Legislatura y la escuela”, estudiantes de la escuela N° 9 “José María Torres” impulsaron en el Parlamento porteño un proyecto de ley que busca crear la materia “educación financiera”, con intención de que los más jóvenes puedan adquirir hábitos y conceptos financieros saludables para su desarrollo económico futuro.

Según sostuvieron los alumnos, la incorporación de esta materia a la curricula escolar evitará “la formación de prácticas indebidas al manejar los recursos, así como desarrollar hábitos como ahorrar, gastar de manera responsable y evitar deudas”.

El proyecto también sostiene que “la educación financiera debería abarcar los siguientes ejes: administración del dinero, métodos de pago, servicios de billeteras digitales, realizar y recibir transferencias, ahorro y el cuidado sobre todo tipo de estafas”; además, deberá ser dictada por personal del establecimiento educativo y capacitados en el área de matemática y economía. “La frecuencia será una vez por semana para las escuelas de jornada simple y dos veces por semana en las escuelas de jornada completa”, sostiene el documento.

En los fundamentos de la iniciativa, los estudiantes explicaron que “es importante que los niños aprendan desde pequeños algunos conceptos y hábitos financieros para que puedan tomar decisiones económicas inteligentes en el futuro” y remarcaron que “el dinero es un recurso indispensable para la vida, pero si este no se gestiona correctamente también puede ser una fuente de problemas. Por eso, es fundamental que los niños aprendan desde pequeños algunos conceptos y hábitos financieros que les ayuden a tener una buena relación con el dinero para que puedan tomar decisiones económicas inteligentes en el futuro”.

“La educación financiera para niños y adolescentes busca inspirar a los sujetos en edad escolar a ser ciudadanos social y económicamente habilitados y capacitados, dotándolos de los saberes, aptitudes y habilidades necesarias para convertirse en agentes de cambio y transformación social. Por eso creemos necesario la creación de una materia que apunte: A la alfabetización financiera temprana refiriéndonos a la educación financiera desde los primeros años de vida escolar”, continuaron.

Al mismo tiempo que precisaron que “es en la etapa de la infancia cuando se comienza a cultivar la forma de pensar y las actitudes que determinan, en gran medida, como una persona se relaciona con su entorno y el dinero. Para plantar futuro en las nuevas generaciones. Comenzar a inculcar hábitos financieros saludables a temprana edad permite formar a niñas y niños con una actitud consciente sobre la planificación a largo plazo”.

“Desde las escuelas se puede contribuir al aprendizaje activo y practico, los estudiantes no solo desarrollarán habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, estudios de casos y análisis de situaciones reales. Dándoles una mayor independencia, siendo quienes en el futuro tomarán las riendas del país y tendrán a su cargo el cuidado y preservación de los recursos”, sentenciaron los estudiantes.

Los diputados de la Coalición Cívica (CC ARI) y el Pro presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál volvieron a manifestar su preocupación por la falta de acatamiento por parte del Gobierno Nacional al fallo de la Corte Suprema de Justicia por los recursos coparticipables del distrito capitalino.

“La Legislatura de la Ciudad rechaza el agravio sistemático a los vecinos de esta Ciudad que se ven afectados por el nuevo incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional sobre el último acuerdo arribado a los efectos de cumplir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos’ (Expte. 1865/2020) que manda a otorgar el 2,95% de la masa de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires; y por el anuncio de recorte intempestivo de subsidios al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano en el AMBA”, sostiene el documento recientemente presentado en el Parlamento local.

Al mismo tiempo que manifestó que “esto supone un nuevo peso en las arcas de la Ciudad para afrontar gastos sin contar con los recursos que le corresponden por ley”.
El texto lleva las firmas de Hernán Reyes, Juan Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero (CC ARI) y Claudio Romero (Pro).

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “continuar con el incumplimiento de esta resolución implica atentar contra el derecho a la seguridad, el derecho a la educación y el derecho a la salud de todos los porteños. Cada día que pasa son que se transfiera el monto correspondiente supone un nuevo atentado contra la autonomía local, y contra los intereses de los habitantes de esta Ciudad” y precisó que “es por ello que es menester no solamente repudiar la situación, sino instar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que tome cartas en el asunto y aplique medidas cautelares ejemplares y efectivas para garantizar el cumplimiento de lo ordenado. Es a nuestro criterio un camino el trabar embargo sobre cuentas, con el objeto de recuperar los más de $800.000.000.000 que no le han sido transferidos a la Ciudad”.

“Asimismo, esta quita intempestiva de recursos que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires se ve agravada por el anuncio efectuado por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien anunció que se recortarán los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de septiembre”, sentenció.

Tal y cómo lo anticipó parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició esta semana el análisis de una serie de iniciativas que buscan fortalecer el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), a fin de incentivar el cumplimiento de las obligaciones parentales.

De esta manera, la Comisión de Justicia, presidida por la radical María Inés Parry (UCR-Ev), se reunió con especialistas en la materia, quienes explicaron el alcance de la Ley 269, la cuál cumple 25 años, e indicaron que era necesario actualizarla. En el encuentro participó la subsecretaria de la Mujer, Carolina Barone; el subsecretario del Registro y Métodos Alternativos de Conflicto, Hernán Najenson; el director general de Asuntos Registrales, Agustín Ulanovsky; entre otros referentes relacionados de la temática. Además, estuvieron presentes en el encuentro los diputados María Bielli, Juan Manuel Valdés (UP), Fernanda Mollard (UCR -Ev) y Jessica Barreto (PS).

Cabe recordar que el RPAM de deudores cuenta con apenas 2.841 inscriptos en la Ciudad y alrededor de 10.000 en todo el país. Por ello, esta iniciativa busca validar la utilidad del registro, implementar nuevas medidas para incentivar el cumplimiento de estas obligaciones y profundizar las alianzas con el sector privado.

El diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano analizó la denuncia por violencia de género que recae sobre el ex presidente de la Nación Alberto Fernández y las causas por corrupción por las que están siendo investigados los principales dirigentes del peronismo, por lo que consideró que ese espacio está atravesando un “derrumbe político y moral” y le pidió a la izquierda “construir una nueva alternativa para la sociedad”.

En ese sentido, el trotkista aseveró que “las fotos de Fabiola Yañez con su ojo morado y sus brazos con moretones quedarán impregnadas en la retina del pueblo por largos años. Que estos hechos de violencia se hayan cometido dentro de la muy custodiada Quinta de Olivos, poblada de funcionarios y de integrantes de la Casa Militar cuando la víctima cursaba su embarazo, llena de significado político este acto de violencia machista contra una mujer” e indicó que “si la ola verde acertó al denunciar la responsabilidad del Estado en la violencia machista, este acto viene a corroborarlo de manera inapelable; es que dicha violencia la aplicó directamente el presidente de la Nación, o sea, el jefe del estado”.

“Como era previsible, la denuncia contra Alberto Fernández agravó la crisis del peronismo. Después de todo, el golpeador sigue siendo presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Los hechos aberrantes, además, salieron a luz cuando se investigaban negociados varias veces millonarios realizados con las pólizas de seguros del Estado. En síntesis, violencia machista, más corrupción. Esa investigación, que seguirá su curso, estaba convirtiéndose para el peronismo en un cáncer con metástasis que alcanzaba a todo el organismo. Los medios que siguen el caso ya habían anticipado que del negocio habían sido parte otros funcionarios”, explicó Solano.

Al mismo tiempo que indicó que “los repudios de rigor que se fueron sucediendo entre los dirigentes del gobierno del Frente de Todos se caracterizaron por la falta de credibilidad. ¿O acaso no son los mismos que defienden al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, actualmente procesado por abuso sexual de una de sus secretarias? ¿O no tuvieron en su bloque de senadores a José Alperovich a pesar de las denuncias de violación de su sobrina, que luego se corroboraron como ciertas en sede judicial? ¿O no eran, en el caso de los camporistas, aliados estrechos de Insaurralde, el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof que cayó en desgracia cuando se hicieron públicas sus fotos en un yate en Marbella?”.

“No estamos ante las excepciones inevitables de que habla Cristina Fernández de Kirchner en su descargo, sino ante una fuerza política podrida que se vale de los recursos del Estado para cometer atropellos contra las mujeres y luego encubrirlos. En la lista deben anotarse entre otras cosas la complicidad con las redes de trata y el negocio capitalista de la prostitución que incluye también a niñas y niños”, continuó.

Sobre esa misma línea, el trotskista opinó que “aunque Javier Milei busca aprovechar el derrumbe moral de Alberto Fernández y su fuerza política, lo cierto es que visto doctrinariamente el expresidente se ha convertido en el mejor alumno del libertario. ¿O no es Milei y la runfla que lo acompaña un grupo que se caracteriza por su animadversión a todo reclamo del movimiento de mujeres?” y remarcó que “tan potente es esa animadversión que no se ruborizan con la contradicción flagrante de invocar la golpiza sufrida por una mujer como la razón para desarmar las pocas medidas de protección estatal que se habían logrado conquistar con la movilización popular”.

Atento a esta situación, Solano indicó que “la podredumbre del régimen político emerge en momentos que la clase capitalista se vale del gobierno y la oposición cómplice para avanzar en un ataque histórico a las conquistas populares. Metodológicamente es necesario unir ambas cuestiones para superar las denuncias puntuales o personales y sacar conclusiones políticas de conjunto” y subrayó que “se trata de ajustar cuentas no solo con los Alberto Fernández, los Espinoza y los diputados defensores de genocidas, sino con todo un régimen que los cobija en función de intereses de los explotadores y opresores”.

“La izquierda debe recoger el guante y hacerse cargo del desafío que tiene delante de sí. Más que nunca debe realizar una impugnación general de todos los partidos que nos han gobernado en las últimas décadas y presentarse como alternativa de poder para los trabajadores y los sectores populares. El requisito número uno es bregar por su propia independencia política, rechazando todo seguidismo al peronismo-kirchnerismo en nombre de que el enemigo es la derecha. El mensaje debe ser claro: ‘Ante el derrumbe político y moral de un régimen, construir una alternativa política de la izquierda y de los trabajadores’”, completó.

Los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración a través del cuál expresaron su “profunda preocupación” por la denuncia de violencia de género, formulada contra el ex presidente Alberto Fernández, por quien fuera su pareja, Fabiola Yañez.

En ese sentido, los peronistas aseguraron que “corresponde reafirmar la convicción política respecto de que, en estos casos, siempre creemos en la denunciante” y exhortaron a la Justicia “a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes”.

En los fundamentos del texto recientemente presentado en el Palacio Legislativo, los diputados expresaron que “la lucha contra las violencias por motivos de género, constituye una clara política de Estado en nuestro país y nuestra Ciudad. Tanto es así que en esta Legislatura hemos sancionado la Ley 4203 de adhesión a la Ley Nacional 26.485 de ‘Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en donde desarrollen sus relaciones interpersonales’ con el objeto de prevenir y sancionar las distintas y variadas tipologías de violencias”.

“La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar. Ante la denuncia efectuada, resulta fundamental que los hechos sean totalmente esclarecidos y determinadas las responsabilidades correspondientes”, aseguraron y remarcaron que “vivir sin violencia es la única opción para que las mujeres y las diversidades puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de sus quehaceres”.

La iniciativa lleva la firma de Delfina Velázquez, Matías Barroetaveña, María Bielli, Maia Daer, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Juan Pablo Modarelli, Victoria Montenegro, Claudia Neira, Juan Pablo O’Dezaille, Graciana Peñafort, María Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés y Franco Vitali (UP).

Anticipandose a la visita que realizará a la Argentina en octubre, los legisladores de Vamos por Más (VxM) Patricia Glize y Sergio Siciliano presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cuál buscarán distinguir a James Paul Mc Cartney.

La intención de los oficialistas es reconocer al músico por su “trayectoria artística y contribución al acervo musical de la humanidad”.

En los fundamentos del texto recientemente presentado, los diputados repasaron la trayectoria musical del artista y su activismo animal y humanitario. “La visita de Sir Paul McCartney a nuestra ciudad es un evento de gran relevancia cultural, y es motivo de orgullo para todos los porteños”, precisaron.

Al mismo tiempo que recordaron que “el cantante ya vino a nuestro país  en otras ocasiones: dio su primer show solista en la Argentina en 1993 y la última vez que se presentó aquí en nuestra ciudad fue hace cinco años, cuando vino al Campo Argentino de Polo”.

“En definitiva, su legado musical ha trascendido generaciones y fronteras, y su impacto en la cultura global es innegable. Por estas razones, resulta más que adecuado y merecido otorgarle el diploma que aquí promovemos, destacando su trayectoria artística y su contribución al acervo musical de la humanidad”, completaron.

Con la mirada puesta sobre la sesión que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) María Inés Parry insistirá con un proyecto que buscará fortalecer el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), con el propósito de asegurar que quienes adeudan cuotas alimentarias cumplan con sus obligaciones parentales.

De esta manera, a 25 años de la creación de dicho registro, se buscará establecer la inscripción obligatoria de deudores alimentarios que adeuden dos cuotas consecutivas o alternadas en un año calendario. Además, se prevé introducir la obligatoriedad para instituciones financieras y públicas de consultar el Registro antes de otorgar créditos, renovar cuentas, o habilitar servicios a quienes se encuentren inscritos en el RPAM.

También incluye la realización de campañas de difusión y concientización sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, así como la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los adultos. Asimismo, la iniciativa legislativa propone restricciones más estrictas para los deudores alimentarios, incluyendo la imposibilidad de acceder a licencias de conducir, ser designados en cargos públicos o judiciales, y la exclusión de programas de vivienda social en caso de estar inscritos en la RPAM.

Además, se analiza la posibilidad de imponer restricciones para acceder a espectáculos deportivos y culturales.Finalmente, se contempla la colaboración con entidades públicas y privadas, tanto a nivel nacional como provincial, para ampliar los efectos del registro y garantizar que los deudores alimentarios enfrenten las consecuencias de su incumplimiento.

“Es fundamental que quienes no cumplan con sus responsabilidades enfrenten consecuencias reales y tangibles”, afirmó Parry.

Cabe recordar que se estima que solo uno de cada cuatro padres cumple con el pago de las cuotas alimentarias establecidas. Actualmente, el Registro (RPAM) de deudores cuenta con apenas 2.841 inscriptos en la Ciudad y alrededor de 10 mil en todo el país. Por ello, esta iniciativa busca: validar la utilidad del RPAM, implementar nuevas medidas para incentivar el cumplimiento de estas obligaciones y profundizar las alianzas con el sector privado.

La iniciativa también integra propuestas de las legisladoras María Bielli (UP), Sol Méndez (CP), Jessica Barreto (PS) y Facundo Del Gaiso (VxM), con el fin de consolidar un marco legal más robusto.