Tal cual adelantó la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo adelantó este domingo que en el caso de que el Congreso rechace el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno irá a la Justicia.

El argumento que utilizarán en ese ámbito es el que ya expresó precisamente en el texto del veto: “Están presentando un gasto sin contrapartida”, señaló el ministro en el programa La Cornisa, de La Nación+.

Caputo señaló que en el caso de que las dos cámaras logren los dos tercios para rechazar el veto presidencial conocido el jueves pasado, “lo vamos a apelar, porque está mal”. Explicó el funcionario que “lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”.

“Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”, señaló Caputo, quien consideró “lógico” que el tema se discuta en el marco del debate del Presupuesto 2025. Ese es para él lo que sería lógico.

En otro pasaje puso como ejemplo los recursos de las universidades y citó el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023, dijo, “recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.

El veto figura en el decreto número 879 y dice que “citando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional recuerda que se debe exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Recuerda además que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”. Señala el texto que los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación”, sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio.

Con toda la expectativa puesta esta semana en lo que vaya a hacer el Pro en la sesión del miércoles para tratar el veto presidencial sobre Financiamiento Universitario, el expresidente Mauricio Macri se pronunció en torno al tema, y si bien no se expresó puntualmente sobre el veto, dejó señales tranquilizadoras para el Gobierno.

“En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”, señaló el presidente del Pro, en sintonía con la postura del Gobierno de reclamar auditorías en las universidades.

Para Macri “acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”.

“La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos. Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas”, apuntó el exmandatario, que agregó que  “para el populismo, todas las instituciones son herramientas para acumular poder. Por eso, cuando estuvieron en el gobierno, intentaron apoderarse de la justicia, silenciar a los medios y corromper a las universidades mediante la manipulación de los presupuestos. Las consecuencias de esa manipulación siguen hasta hoy”. Y remató: “El manejo del dinero sigue siendo opaco en muchas universidades”.

En un extenso comentario en la red social X, Macri habló de un “momento bisagra de la historia argentina”, en el que “debemos aspirar a universidades que formen los recursos humanos que el país necesita para enfrentar los inmensos desafíos que tenemos por delante. Es crucial fortalecer las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son verdaderamente estratégicas”.

Y cerró: “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”.

El Gobierno vivió la segunda masiva manifestación en su contra el miércoles pasado con una sensación de alivio. Si bien lo sucedido no justificaba las caras de satisfacción de más de un funcionario, el balance que el “tridente de hierro” hacía en la intimidad del poder al caer la tarde del miércoles era medianamente satisfactorio.

El solo hecho de que la manifestación en favor de las universidades nacionales en la Plaza del Congreso hubiera sido menos nutrida que la del 23 de abril pasado -que verdaderamente los tomó por sorpresa y les causó impacto-, era un consuelo suficiente para quienes nerviosamente temían por lo que fuera a suceder esa tarde.

Los propios protagonistas de la marcha del 2 de octubre reconocían -sin pesar- que en la movilización de abril “no se podía caminar”, de tan apiñados que estaban; en cambio esta vez, podían circular sin mayor esfuerzo. Pero fue inocultable que el número de manifestantes fue esta vez igualmente elevado, y debe multiplicarse por la cantidad de gente que se movilizó en las principales ciudades del país.

Así y todo, por recomendación de los estrategas comunicacionales, el oficialismo evitó minimizar la movilización, y su cuestionamiento fue hacia las presencias en la misma. Ya de por sí habían celebrado cuando la CGT confirmó su participación; pero se regodearon cuando, mate en mano, Sergio Massa insistió en mostrarse en una marcha por la educación -ni qué decir cuando se abrazó con Guillermo Moreno-, y cantaron hurras cuando Cristina Kirchner alentó a las masas desde el balcón del Instituto Patria. El maltrago que pasó Martín Lousteau, con su reacción huidiza ante el atosigamiento libertario, y la intemperancia de un custodio; más el desasosiego de Horacio Rodríguez Larreta empapado por intolerantes que rechazaron su presencia, divirtieron a los popes del Gobierno.

Sonó curioso que mientras el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, expresaba un no muy convincente repudio circunstancial hacia las agresiones a dirigentes opositores, desde Olivos el presidente no paraba de likear y replicar en sus redes los episodios con Lousteau y Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta, agredido durante la marcha universitaria.

Tuvo eso sí el presidente la deferencia y tacto de no publicar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario antes de la marcha, pero sí lo confirmó a través de un comunicado esa misma noche, y apareció en el Boletín Oficial ni bien el reloj alumbró un nuevo día. Desde la oposición amigable se fastidian con la falta de aplomo oficial en la materia y lamentan que no escuchan sus recomendaciones respecto de que un gobierno en minoría extrema debe ser muy cauteloso con esas herramientas institucionales que solo pueden sostener las administraciones más nutridas legislativamente hablando. No es que el veto y los DNU queden circunscriptos a gobiernos con mayorías parlamentarias, pero al menos necesitan dominar algo más de un tercio en alguna de las dos cámaras para blindarse en serio. Esa es la razón por la que a ningún gobierno se le rechazó nunca un veto.

Desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández, los presidentes emitieron 191 vetos totales, ninguno de los cuales fue jamás revertido. Milei lleva dos, y este miércoles se enfrenta a la posibilidad cierta de que la Cámara baja reúna los dos tercios necesarios para rechazarlo. Si eso sucede, después deberá transitar el Senado, pero allí no tiene ninguna chance de revertir el eventual rechazo.

Los “dadores de gobernabilidad” que le recomendaron no emprender el camino del veto son los mismos a los que hoy el Gobierno intima a no ir contra el veto, so pena de ser expulsados del paraíso…

El Gobierno le habla especialmente al Pro, que ha dejado trascender que no está cómodo votando a favor del veto y en contra del financiamiento de las universidades. La réplica viene desde la misma fuerza, aunque ya todos en el partido amarillo la entienden fuera de la misma: Patricia Bullrich, que de ella hablamos, dijo en referencia al partido que ella presidió hasta hace 9 meses que “sería inconsistente” un voto a favor cuando ya lo votaron en contra.

Karina Milei y Patricia Bullrich con sus diputados provinciales en la Casa Rosada.

Párrafo aparte merece la ministra de Seguridad, que los últimos días ha dado pasos determinantes en su alejamiento del Pro. Esta semana sumó a sus diputados provinciales a la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, y es más, la formalización del pase se hizo con una foto en Casa Rosada. Pero más que eso enojó a Mauricio Macri la postura del bullrichismo durante el debate en la Legislatura porteña del Código Urbanístico, donde los legisladores que responden a la ministra se diferenciaron del oficialismo porteño denunciando un pacto con el kirchnerismo. “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno”, reprochó públicamente Macri, a través de las redes sociales. Dejando claro que la ruptura es total, Bullrich replicó: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote (…) Yo no miento, solo revelo lo que pasó”.

Con vistas a la votación clave del miércoles, hubo un encuentro “secreto” -que igual trascendió- entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, en el que el asesor todoterreno intentó acercar posiciones de cara a la sesión sobre el veto. Parece que sin demasiado éxito, aunque no está resuelto aún cómo votarán los diputados del Pro. El exmandatario está haciendo control de daños y por eso la reunión de la semana con los senadores de su bancada. Uno de ellos, muy cercano a las posiciones del Gobierno nacional, pero que no tuvo empacho en mostrar su genuino enojo hace dos semanas cuando el bloque libertario se abstuvo a la hora de votar la emergencia en la provincia de Córdoba por los incendios, ya adelantó que si el veto se discute en el Senado él votará en contra. Hablamos de Luis Juez, presidente del bloque, pese a no ser del partido.

El expresidente reunió a sus senadores en Acasusso.

Como compensación, el veto tendrá el respaldo de su comprovinciana del Pro Carmen Alvarez Rivero, muy alineada con las posturas de ajuste estricto del Gobierno nacional.

Pero para que el tema llegue al Senado, primero la oposición debe conseguir los 2/3 este miércoles, y la postura del Pro será clave. El tema será discutido en una reunión este martes. Previamente en Casa Rosada, durante la reunión de la “mesa de los lunes”, el Gobierno oteará el semblante de los representantes del Pro. También forman parte de esa mesa los diputados del MID, tres votos seguros para el oficialismo, aunque esta vez serán dos, pues su presidente, Oscar Zago, estará de viaje. “Tengo un viaje programado hace cuatro años, que ya lo cambié tres veces”, confió a este medio este diputado que hace algunos meses se fue en malos términos de la presidencia del bloque oficialista.

Para ese día, cada voto vale oro y por eso más de uno se inquietó cuando vio este viernes que Lilia Lemoine estaba en Ucrania. Muy cercana a Javier Milei, la blonda legisladora aclaró que el viaje -costeado por dos ONG- había sido informado a las autoridades de la Cámara, pero emprenderá la vuelta anticipadamente para estar sin falta el miércoles en la sesión.

El bloque Pro se reunirá un día antes para resolver si en definitiva dan libertad de acción. Por lo menos cuatro diputados no estarían dispuestos a apoyar el veto. Podrían ser suficientes; pero si la postura fuera más amplia, precipitaría el inexorable rechazo del veto. En la semana, luego de firmar el veto, Milei publicó en sus redes sociales una imagen donde puso de un lado a La Libertad Avanza y del otro al justicialismo, la UCR, la izquierda y el kirchnerismo. En el medio, trazó una grieta. Ahí falta el Pro, y la imagen sonó para algunos a advertencia. Para otros, partidarios de tomar distancia de una vez por todas, fue una señal de ninguneo.

La pregunta que muchos se hacen es si esa decisión será tomada finalmente por Mauricio Macri, quien ya ha tomado conocimiento de que en el interior del oficialismo se confiesa sin rodeos que “el enemigo es Macri”. No el kirchnerismo, mucho menos Cristina Kirchner.

Una señal confirmatoria la tuvo en ese sentido un diputado de La Libertad Avanza que durante la sesión del martes pasado tuvo un pasaje muy duro para el kirchnerismo en general -lo cual es común en los discursos libertarios-, pero terminó nombrando lapidariamente a la expresidenta. Y lo reprendieron por eso.

El único que puede mencionar a Cristina Kirchner en LLA es Javier Milei.

La diputada nacional del Pro Sabrina Ajmechet es una de las figuras de esa bancada auscultada por el voto que vaya a tener con relación al veto presidencial por la Ley de Financiamiento de las Universidades. Sucede que cuando se votó el tema en Diputados, ella fue una de las cuatro significativas ausencias de su bloque.

Consultada sobre el tema por CNN Radio, se quejó, eso sí, por cierta politización de la marcha del miércoles. “Muchos estudiantes y profesores estuvieron muy molestos con las presencias políticas”, reconoció.

La legisladora sostuvo que el tema de la universidad pública “es un fenómeno muy complejo, porque como ya vimos en la primera marcha universitaria, la realidad es que los argentinos valoramos mucho la universidad pública y gratuita porque es parte de nuestro ADN”.

“Al mismo tiempo, la marcha tuvo una utilización política, ya que hubo figuras como Sergio Massa, Martín Lousteau o Guillermo Moreno, que están convirtiendo esto en una marcha opositora al Gobierno, y no en una marcha en defensa de la universidad pública”, cuestionó.

Para Ajmechet, “durante los 20 años de kirchnerismo se crearon muchas universidades; algunas son muy valiosas, pero otras son un desastre. La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo es un ejemplo de una estafa, y eso lo pagamos todos los argentinos”.

Sin adelantar qué hará el miércoles que viene, cuando llegue el momento de votar sobre el veto presidencial, Ajmechet dejó algunas señales al aclarar que a su juicio “el reclamo de los universitarios es legítimo”. Con todo, observó que “el problema es cuando lo utiliza el ‘club del helicóptero’ para desestabilizar. Hay que aumentar los sueldos docentes porque las universidades tienen un retraso en los salarios y estos deben ajustarse a la inflación. El reclamo salarial docente es justo”.

“Nosotros siempre hemos estado a favor de la responsabilidad fiscal y de no avalar una ley que no se sabe de dónde saldrá el presupuesto. Pero del otro lado está la defensa de la universidad pública, y en el Pro estamos muy firmes en eso”, cerró Ajmechet.

Si bien el misionero Martín Arjol es uno de los diputados de la UCR que votaron a favor del veto sobre jubilaciones, el legislador puso en duda ahora su posición sobre el rechazo presidencial a la ley de financiamiento educativo

Entrevistado en La Mañana de CNN, Arjol reconoció que en el radicalismo “hay similitudes del rumbo económico que toma el Gobierno nacional, con el cual tenemos diferencias, pero me considero distinto porque creo que el equilibrio fiscal es el camino”.

Y acotó: “Para salir de esta situación, necesitamos una baja constante de la inflación y que la recomposición salarial vaya ganándole al proceso inflacionario”.

“Sigo siendo radical y tengo diferencias con el presidente”, aclaró el misionero. El partido no ve la necesidad de acompañar a un presidente con una debilidad institucional pero que tiene claro el rumbo económico”, advirtió.

Además, el diputado radical dijo que “en el transcurso de este camino hasta tratar el presupuesto habrá más radicales de la posición que tuvimos los cinco. Habrá más radicales con peluca”.

Consultado por Nacho Girón sobre la Ley de Financiamiento Educativo, recordó haber votado de manera afirmativa en general. “Voté en lo particular negativo donde se incorporaron algunos costos fiscales”, comentó, y agregó: “Voy a plantear mi posición en el bloque y de ahí ver cuál va a ser la postura a tomar”.

Con todo, sobre el contenido de la ley, explicó: “Entiendo el valor de la universidad pública, pero no está en riesgo. Es una discusión salarial que la tiene que solucionar el Gobierno nacional, pero todos los sectores han perdido en cuanto a la inflación. ¿No tendrían esa paritaria por ley los médicos o los empleados públicos? Estoy de acuerdo en la discusión por el retraso salarial, pero el contenido de la ley con un festival universitario es con la que no estoy de acuerdo”.

Pese a que miles de personas de la comunidad educativa se congregaron el miércoles pasado en la Plaza del Congreso, el presidente Javier Milei firmó el veto total de la Ley de Financiamiento Universitario que fue publicado al día siguiente. Integrantes de toda la oposición también fueron parte de la marcha federal y ya hay tres pedidos para llevar el tema al recinto el 9 de octubre a las 11.

Con el antecedente del blindaje al veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno repitió el uso de la facultad constitucional, aunque en este caso no tenga garantizadas, a priori, las 87 adhesiones necesarias para evitar que el proyecto de ley que incrementa las partidas presupuestarias a las casas de altos estudios para este período y recompone los salarios docentes y no docentes desde el 1ero. de diciembre del 2023 conforme a los índices de inflación del INDEC, avance hacia su aprobación.

Por su parte, en la oposición, la más férrea y la dialoguista, buscan acercarse al número de 172 diputados que garanticen rechazar el veto de Milei. Este número es en caso de que la asistencia al recinto sea perfecta y los 257 legisladores se sienten en su banca. Por lo pronto parlamentario.com confirmó que un jefe de un bloque aliado del oficialismo no estará presente el próximo miércoles.

Ahora bien, ¿quiénes buscarán que la Ley de Financiamiento Universitario sortee el veto en la Cámara de Diputados? Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, gran parte de la bancada radical, casi todos los integrantes de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el monobloque de Neuquén, los santacruceños, la mitad de Innovación Federal, la exlibertaria Lourdes Arrieta  y al menos un diputado del Pro: Álvaro González. De estas confirmaciones, suman 159 votos, a 13 de garantizar totalmente el rechazo al veto.

Comparando con la votación del 15 de agosto, cuando Diputados aprobó el texto (sin 2/3) por 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención, Unión por la Patria registró entonces 15 ausencias que se entiende no ocurrirán en esta ocasión. Aquella vez, los entrerrianos Gustavo Bordet y Carolina Gaillard, el chubutense José Glinski, Leopoldo Moreau, Agustina Propato y Rodolfo Tailhade, entre otros más, no estaban en el recinto a la hora de la votación.

Por el lado del FIT – U, los cinco diputados nacionales repetirán. Lo mismo ocurrirá con los 6 integrantes de la Coalición Cívica, espacio que lidera Elisa Carrió, quien estuvo presente en la marcha federal universitaria el pasado 2 de octubre y fue cuestionada por la publicación de Oficina del Presidente por “unirse públicamente” con Cristina Kirchner, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

En el bloque radical, con la confirmación de la santacruceña Roxana Reyes, a estas horas, aportarían 27 votos positivos. Si bien en la votación de agosto hubo cuatro ausencias y una abstención (el mendocino Lisandro Nieri), lo ocurrido con la fórmula de movilidad previsional, cuando cinco legisladores de la Unión Cívica Radical acordaron con Casa Rosada blindar el veto a ese proyecto, pone en incógnita lo que harán Mariano Campero, Luis Picat, José Torunier, Pablo Cervi y Martín Arjol. Estos últimos tres habían votado a favor de las universidades. Campero y Picat no estuvieron esa vez y se estima que votarían a favor del veto.

En el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, hay 15 adhesiones confirmadas sobre 16 integrantes de la bancada multisectorial: Ricardo López Murphy estuvo ausente en la anterior votación de la Ley de Financiamiento Universitario y aún no se ha expresado con relación a este veto presidencial.

En el bloque Innovación Federal, la jefa de bancada Pamela Calletti confirmó su rechazo al veto de Milei y señaló que “esta vez el Gobierno no tiene los votos”. Al igual que ella, los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega ratificarán su aval a la Ley de Financiamiento Universitario. Por su parte, los cuatro diputados misioneros y el rionegrino Agustín Domingo no se han pronunciado aún sobre el tema.

Por otro lado, el monobloquista neuquino Osvaldo Llancafilo y los dos diputados santacruceños Sergio Acevedo y José Luis Garrido acompañarán a la oposición para eludir el veto presidencial de Javier Milei en la sesión de este martes en el recinto de la Cámara de Diputados. En las últimas horas, la exintegrante del oficialismo, la mendocina Lourdes Arrieta, señaló que su voto va a ser “a favor del prójimo, en este caso, los estudiantes”.

En contraposición, el oficialismo tiene seguros los 39 votos de La Libertad Avanza, los 3 de Independencia y el de la tucumana Paula Omodeo. En el MID, el jefe de bloque, Oscar Zago, será un ausente debido a un viaje al exterior, por lo que solo aportarán los votos de María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. Si contamos estos cuatros espacios, suman 45 votos seguros en favor del veto.

La gran incógnita es el bloque Pro: Por un lado, el diputado Álvaro González, presente en la Plaza de los dos Congresos, confirmó su rechazo al veto. Antes, mientras se llevaba a cabo la movilización, el cordobés Héctor Baldassi había posteado un sugestivo mensaje en X, por el que afirmó que “la prioridad debe ser el financiamiento de la educación superior”.

Fuentes consultadas confirmaron a este medio que en el Pro hay diferentes posturas respecto a la sesión del miércoles, pero que será tratado en una reunión de bloque el martes, luego del encuentro semanal de cada lunes entre los referentes de la bancada con funcionarios de Casa Rosada.

A la espera de la sesión que definirá el destino de la Ley de Financiamiento Universitario, las diputadas sanjuaninas Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno -aliadas al oficialismo- aún no dieron indicios sobre su voto.

De esta manera y a pocos días de la sesión especial, habría 159 votos confirmados en contra del veto total a la ley; 45 que lo ratificarían; 52 votos en duda(el Pro, 6 de la UCR, las 2 sanjuaninas, 5 provinciales y Ricardo López Murphy); y, por el momento, un solo ausente confirmado.

El Gobierno del presidente Javier Milei se está pasando de la raya. Enamorado de su fanático “ajuste brutal” y alentado por la irresponsabilidad de Santiago Caputo, el líder libertario elige transitar por los senderos de la abierta ilegalidad.

La amenaza de no acatar las decisiones del Congreso, provoca una fisura en la institucionalidad republicana y cuestiona la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.

Desde el Poder Ejecutivo juran que no cumplirán con la Ley de Financiamiento Universitario ante un eventual rechazo al veto por parte del Congreso.

Hacen trascender a los medios que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Sin embargo, lo que el Gobierno no dice es que ninguno de los gastos que la administración nacional ejecuta en 2024, estuvo efectivamente previsto en el Presupuesto General, ya que el Poder Ejecutivo decidió no formular un presupuesto para el presente ejercicio anual, sino prorrogar el de 2023 para este año.

Es por esa misma razón que la administración nacional permanentemente actualiza, amplía y reasigna partidas a través de decretos, resoluciones y decisiones administrativas durante 2024.

En este contexto, es indudable que le corresponde al Poder Ejecutivo asignar los fondos para adecuarse a las nuevas exigencias del Financiamiento Universitario.

La misma Ley 24.156 de Administración Financiera establece, en su artículo 27, inciso c) que, en caso de estar en vigencia el Presupuesto del año anterior, es el Poder Ejecutivo quien “incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”.

No acatar un eventual rechazo al veto presidencial por parte del Congreso, significaría romper la legalidad y violar la institucionalidad vigente.

La sociedad argentina no lo merece.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario ante el veto firmado por el presidente Javier Milei, desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la justicia y aclararon que “no” están en contra de la universidad pública y de darle más presupuesto, sino de “asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, por lo que reiteraron la necesidad de auditarlas.

Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, somos grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, y explicó: “Esos hechos, durante muchísimos años en Argentina, nos han hecho mucho daño. Fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy y, la verdad, es que el no saber el aplicar algo donde no tenemos el dinero va a perjudicar a todos los argentinos”.

“El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025 y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional donde invitamos a la política a debatir en ese marco sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas porque hay algo básico que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y merecen saber a dónde va su dinero”, planteó.

Así, reiteró: “Eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos”.

Marcha universitaria

Al ser consultado por la multitudinaria marcha que hubo en todo el país en defensa de la educación universitaria pública, el vocero expresó: “Hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina y que, lamentablemente, tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa que le quitó 50,000 millones de pesos al presupuesto educativo y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual que, encima, es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que por supuesto se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios”.

También apuntó contra el senador radical Martín Lousteau que “dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún prurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, nueve veces más que un docente”.

“También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector”, criticó y chicaneó: “Estuvo hasta Moyano. Vaya a saber qué tiene que ver Moyano con el reclamo del Genuino de las universidades”.

El veto a la ley

Adorni hizo hincapié en el artículo 38 de la Ley 24.156: “en lo específico de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, se respaldó en el Reglamento interno de la Cámara de Senadores: “Esto no existe en Diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto de manera textual que importe gastos, incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo”.

El vocero sostuvo que el impacto total del proyecto constituiría un total 1.5 billones de pesos que “afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, y explicó que cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas hay tres maneras de financiarlo que las tiene que indicar el Congreso.

“Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer, porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza. La otra alternativa es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, porque esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma y, además de eso, la tercera alternativa que habría es subir impuestos”, detalló.

El vocero informó que de acuerdo a los últimos datos del 2022: “Del total de estudiantes registrados, hay inscriptos un millón de los que 750,000 estudiantes, o sea, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea unos 710,000 el 20% tenía una materia aprobada o ninguna y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información o sea hay 671,000 alumnos y un poquito más que no se tiene información”.

“Somos el país con menor cantidad de recibidos dos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos como el Instituto Universitario Nacional de Madres de Plaza de Mayo que recibía 1500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo tuvo obtuvo 16 egresados como resultado”, cuestionó.

Respecto del futuro del veto en el Congreso, Adorni dijo “no saber” cómo van a votar y negó que eso se haya hablado en la reunión de Gabinete. Sin embargo, adelantó: “Ante un revés esta la posibilidad de ir la justicia no hay nada descartado. Recurrir a la justicia es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad”.

Además, afirmó que no iniciaron diálogo con el bloque Pro, uno de los llamados espacios dialoguistas, y reiteró: “No sabemos cuál será el futuro de la ley y del veto, no sabemos cómo se van a suceder los hechos”.

“Cada diputado es dueño de su opinión, de su voto y lo que haga cuando le toque votar. Con el Pro hemos trabajado juntos en un montón de cuestiones incluso en el veto a jubilados que tenía defectos como no especificar la asignación de recursos como pasa con la de universidades que rompe con el equilibrio fiscal y, tal vez, este veto tenga la misma lógica porque no propone de dónde salen los recursos. Es un tema legislativo y no sabemos qué va a hacer cada bloque”, explayó.

“Esta discusión se termina si nos abren los presupuestos, se muestra en qué se gasta el dinero, cuánto se necesita, cuánto se gasta de más y se terminó la discusión”, precisó y apuntó: “Esto lo ha usado la vieja política para meternos en un debate de ‘universidad pública sí, universidad pública no’. Y ese no es el debate porque el 100% de los argentinos estamos de acuerdo con la universidad pública. Lo que algunos estamos de acuerdo es que también es universidad pública tiene que ser sana en términos de recursos, no tiene que usarse para hacer negocio con la política y tiene que ser efectivamente para tener los mejores profesionales del mundo”.

El segundo veto presidencial de la era Milei abre expectativas respecto de lo que pueda llegar a suceder cuando la oposición lleve el tema al recinto para definir la suerte de esa decisión presidencial. Por eso resulta indispensable conocer cómo votaron los diputados en oportunidad de alcanzarse la media sanción, para tener una idea de las posibilidades de que alcancen los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.

Recordemos cómo fue ese debate. Había cuatro dictámenes y el de mayoría era el de Unión por la Patria, que a la hora de votar fue rechazado por 90 votos afirmativos y 126 en contra. Se procedió a votar entonces el primer dictamen de minoría, que correspondía al oficialismo y también tuvo resultado negativo, con 86 votos a favor y 130 en contra.

El tercer dictamen era el promovido por la UCR y fue el que se aprobó, con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri. Sucedió poco antes de las 8 de la mañana.

Los votos a favor

Por ser el bloque más numeroso de la oposición, la mayor cantidad de votos positivos los aportó Unión por la Patria: 84 votos de sus 99 diputados.

La Unión Cívica Radical sumó 29 de sus por entonces 34 miembros.

Encuentro Federal anotó 11 diputados. Estos fueron Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Francisco Morchio, Esteban Paulón, Florencio Randazzo y Alejandra Torres.

Innovación Federal sumó a sus 8 diputados.

La Coalición Cívica aportó 3 votos a favor, de Victoria Borrego, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Los 2 de Por Santa Cruz, Sergio Acevedo y José Luis Garrido, votaron a favor.

También votó a favor el neuquino del MPN Osvaldo Llancafilo.

Los 5 diputados de la izquierda votaron a favor.

Quiénes votaron en contra

Obviamente la gran mayoría de los miembros de La Libertad Avanza votó en contra. Sumaron 36 votos en ese sentido y tuvieron una ausencia.

De sus socios del Pro, 33 de los 37 miembros del bloque votaron en contra. Los restantes no votaron.

Los 3 diputados del MID se opusieron también.

2 de los 3 diputados peronistas tucumanos de Independencia votaron en contra: Agustín Fernández y Elia Marina Fernández.

También se opusieron las 2 de Buenos Aires Libre, y la tucumana Paula Omodeo, de Creo.

Las ausencias

Hubo 35 ausentes. La mayor cantidad correspondió a Unión por la Patria: 15. Estos fueron Fernanda Ávila, Gustavo Bordet, Leila Chaher, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Carolina Gaillard, José Glinski, Roxana Monzón, Leopoldo Moreau, Sebastián Nóblega, Julio Pereyra, Agustina Propato, Rodolfo Tailhade y Natalia Zabala Chacur.

El radicalismo tuvo 4 diputados que faltaron a la hora de votar: Mariano Campero, Gerardo Cipolini, Luis Picat y Juan Carlos Polini.

5 ausencias fueron de Encuentro Federal: Jorge Ávila, Juan Brügge, Ricardo López Murphy, Miguel Pichetto y Margarita Stolbizer.

La Coalición Cívica aportó 3 ausentes: Marcela Campagnoli, Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago.

Las 2 diputadas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador sanjuanino Humberto Orrego, no estuvieron a la hora de votar. Hablamos de María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez.

Del bloque Independencia, no estuvo Gladys Medina.

4 del Pro: Sabrina Ajmechet, Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti y Alvaro González.

Y por último, estuvo ausente por La Libertad Avanza el formoseño Gerardo Gustavo González.

Al día siguiente de la masiva marcha en favor de un mayor presupuesto universitario y poco después de que el Gobierno lo confirmara a través de un comunicado difundido por la cuenta Oficina del Presidente, se conoció el veto presidencial al proyecto de ley que introduce modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional.

La norma vetada pretendía garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino durante el año 2024, como así también disponía que el Poder Ejecutivo actualizara las partidas presupuestarias del año 2024 con el fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales.

El veto lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.

El texto describe inicialmente los alcances de la norma frenada, por considerar que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Citando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional recuerda que se debe exigir de forma expresa que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Recuerda además que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”. Señala el texto que los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación”, sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio.

Respecto de la recomposición de los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional encomendada por el artículo 5º del proyecto de ley al Poder Ejecutivo Nacional, el crédito vigente para la ejecución de las actividades 12 y 13 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” “resultaría insuficiente para atender lo previsto por el proyecto de ley en examen”.

Según el veto, la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000.

Para el Gobierno, “se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de $1.516.944.675.060.

Además, el Gobierno dice que la recomposición salarial para el personal de las entidades de educación representó un incremento del orden del 87 % por el período comprendido entre diciembre 2023 y agosto 2024, y en términos comparativos con el resto del personal de la administración pública nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el 78 %, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC para ese período alcanza un 144%.

Asimismo la vigencia de esta ley establecería, según el Gobierno, un privilegio para el personal de las universidades nacionales respecto del resto del personal de la administración pública nacional, por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo.

La Oficina del Presidente informó este miércoles por la noche que el presidente Javier Milei vetará lo que definió como “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.

“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, agrega el comunicado conocido a pocas horas de la publicación en el Boletín Oficial. Agrega el texto que el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025.

Inmediatamente después de concluida la masiva movilización universitaria, el Gobierno reafirmó “su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.

A continuación, la Oficina del Presidente se refiere a la manifestación de este miércoles, que define como “política”, y en tal sentido señala que el Poder Ejecutivo “celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente”. Agrega que “esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.

Finalmente se advierte que “esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”, y concluye diciendo que “el objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.

Mientras transcurría la sesión en la Cámara baja, diputados de la oposición dialoguista dieron una conferencia de prensa este martes, en la que convocaron a la ciudadanía a acompañar la marcha universitaria de este miércoles y aseguraron que, en caso que el presidente Javier Milei confirme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, insistirán con la misma. 

La diputada radical Danya Tavela manifestó la “profunda preocupación que tenemos por la crisis que transita el sistema universitario argentino” y llamó “a todos los ciudadanos del país a acompañar la manifestación del día de mañana”. También ratificó el “acompañamiento e insistencia a la Ley de Financiamiento Universitario en el caso que el presidente la vete”. 

Por su parte, la socialista Mónica Fein afirmó: “Estamos aquí para ratificar lo que hemos votado. Lo que el Congreso decidió en ambas cámaras no se negocia, no se veta”. “En caso que (el presidente) decida vetar, acompañaremos por supuesto en las calles la manifestación libre de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y de la ciudadanía que quiere una universidad abierta, libre y gratuita”, sostuvo. 

La legisladora de Encuentro Federal consideró que “no es el mecanismo del veto el mecanismo que construye futuro, desarrollo y ciencia en nuestro país”. 

También presente en el Salón Pasos Perdidos, el senador radical Martín Lousteau dijo: “Estamos acá porque casi una de las cosas que le da el Estado argentino a las familias hoy, para poder soñar con un futuro mejor para sus hijos, es la educación, y fundamentalmente la educación universitaria”.  

“Este es un Gobierno que ataca permanentemente a la educación universitaria. No tiene una agenda de cómo mejorarla. No está convocando a los rectores. Lo que hace sistemáticamente es atacar”, enfatizó el presidente de la UCR Nacional, que denunció “una intención de destruir la universidad pública”. 

El diputado de Encuentro Federal Carlos Gutiérrez expresó que “desde la Córdoba universitaria” junto a sus comprovincianos afirmaban el “apoyo irrestricto a la educación pública”. “Se equivoca el Gobierno cuando confunde, tal vez la necesidad de controlar mejor ciertas cuestiones que tienen que ver con la administración, con aquel valor que atraviesa a la sociedad” que tiene que ver con que “no hay una sola familia argentina que no crea que una de las herramientas para ascender en la vida es el estudio”, subrayó. 

Finalmente, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseguró que “para nosotros es una prioridad una educación pública gratuita y de calidad”. “A nosotros no nos da lo mismo la asfixia y el desfinanciamiento que están teniendo las universidades desde el principio”, agregó. 

Y advirtió: “Vamos a insistir con la Ley de Financiamiento y le advertimos al presidente de la Nación que deje de tener un conflicto de poderes en términos de cómo se ha pronunciado el Congreso de la Nación con respecto a las universidades. Seguramente construiremos las mayorías para insistir”. 

En la breve conferencia estuvieron presentes los diputados Álvaro González (Pro); Jorge Rizzotti, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Mariela Coletta, Carla Carrizo, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Fabio Quetglas, Danya Tavela, Julio Cobos, Natalia Sarapura (UCR); Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein (EF); Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli (CC-ARI); y los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).

Por su parte, minutos después, diputados de Unión por la Patria también dieron declaraciones en Pasos Perdidos. La entrerriana Blanca Osuna recordó que “este financiamiento fue una insistencia que planteó nuestro bloque desde el inicio del año”. “Vamos a insistir con la ley”, confirmó y señaló: “Nuestra presencia en la marcha de mañana va a ser a favor de la universidad y de la escuela pública. Hay que reclamar por el conjunto del sistema educativo”. 

En tanto, su par Hugo Yasky observó que “si hay coherencia en todos los que se han manifestado públicamente en rechazo al veto y en apoyo al presupuesto, ese veto acá en la Cámara no pasa. Pero tiene que haber coherencia”. “Ojalá eso suceda, porque la marcha va a ser masiva y esperamos que el Gobierno respete el derecho a manifestarse”, agregó. 

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”, es una frase que erróneamente se le atribuye a Albert Einstein, quien en realidad nunca la dijo, ni tampoco la escribió. Muy parecida a lo que en campaña y desde la primera magistratura suele decir el presidente Javier Milei: “Difícilmente haciendo siempre lo mismo obtengamos resultados diferentes…”. Está claro a qué se refiere: un pleno apostado a quienes nunca gobernaron y proponen hacer exactamente lo contrario a lo hecho en un siglo. Recomendación que, dicho sea de paso, no aplica para sí mismo.

Si ya vivió como un trago muy amargo la gigantesca marcha universitaria del 23 de abril pasado, ¿por qué imaginar que la de este miércoles será diferente, cuando las razones de entonces siguen vigentes y el clima social comienza a hacerse más espeso?

Aquella vez, en lo más alto del poder circularon pases de facturas por no haber evitado semejante movilización que tomó al poder central desprevenido. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que la marcha de esta semana podrá generar menor adhesión? Por el contrario, todo indica que el impacto será grande. ¿Es buen momento, cuando el presidente viene de rechazar una mejora para los jubilados y comienza a flaquear (un poco) en las encuestas?

Sin mayor ilusión de éxito, el Gobierno ya hizo el esfuerzo para evitar la protesta con la oferta de 6,8% de aumento a los gremios docentes, equiparándolos con los empleados estatales. Tras el previsible rechazo, ya no hay muro de contención para la protesta. O sí, pero nadie cree posible esa medida que podría, sí, evitar el escenario de este miércoles: no vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada el 13 de septiembre.

Si bien todavía sigue demorando esa medida, no ha habido ni una señal de que el presidente vaya a reconsiderar el veto total que ha trascendido. No lo hizo con la Ley de Movilidad Previsional, aun a sabiendas de que un veto parcial le solucionaba el problema, pues ya le habían transmitido que en ese caso no hubiera habido rechazo de parte de la oposición dialoguista. Así y todo, Javier Milei igual aplicó el veto total… y después festejó como un triunfo su ratificación, más allá de los 153 votos en contra, casi el 60% de la Cámara baja.

Por lo que dicen quienes no han podido convencer a Milei de lo contrario, para él morigerar el veto sería dar una muestra de debilidad que es lo que están esperando los opositores para avanzar en consecuencia. Se sabe que el presidente no tiene medias tintas, por eso en esas circunstancias ve intenciones destituyentes. Tan extremista es, que con cierta dosis de certeza considera que su base de sustentación es el miedo de sus rivales a alguien que juega siempre al fleje. No piensa aflojar en eso que considera un activo: la locura que le atribuyen es, para Milei, la base de su fortaleza.

¿Por qué demora entonces el veto si lo firmará de todas formas? Porque le sirve que se piense que puede llevar a evitarlo. Y porque tampoco come vidrio: será después de la marcha, convocada para el miércoles 2, justo un día antes de la fecha límite para vetar. Lo firmaría ese mismo día y saldrá publicado en el Boletín oficial el jueves.

Está claro que la agenda legislativa está muy atada al día a día de la gestión gubernamental. Esta semana será clave y el martes 1 de octubre se preveía el inicio del debate en comisión en Presupuesto y Hacienda (sin la presencia de Luis Caputo; por más berrinche que haga la oposición, Toto no pisa más una comisión), y el miércoles era la sesión de Diputados. Por la marcha, mejor dejar el miércoles libre, pero no se pasó al jueves para evitar darle a la oposición una tribuna en el recinto ese día, si es justo sale el veto. La sesión se corrió entonces para el martes y el Presupuesto arrancará el 8. Tiempo hay, pero sería recomendable para el oficialismo no jugar tanto al límite en un Congreso con minorías tan extremas y volátiles: dicen que será un debate en espejo, con senadores recomendando cambios desde las sombras mientras avanza el debate en Diputados, pero nada garantiza que no vayan a introducir modificaciones cuando les toque, así que mejor sería tener días de reserva, por si acaso.

Mientras tanto, el Gobierno sigue sumando frentes y acelera con la privatización de Aerolíneas Argentinas. El arranque fue el miércoles pasado, con una larga presentación de dos funcionarios, mas sin el presidente de la empresa, al que habían anunciado pero bajaron ante la certeza de que sería blanco de críticas. Lo corroboró sobre el final una diputada camporista que recordó su pasado en las gestiones kirchneristas y de Alberto Fernández. Lo llamó “traidor” y hasta relató haberlo visto “llorando” en el VIP del bunker de Sergio Massa cuando la derrota del balotaje.

La avanzada del Gobierno en la materia cerró el viernes con el anuncio de un decreto para privatizar la empresa. En rigor, no es que se vaya a prescindir del Congreso -lo cual es imposible-, sino cumplir un formalismo que establece la ley: la declaración de la empresa como “sujeta a privatización”. Esto no cambia nada el proceso que ya se ha iniciado en el Parlamento y que a priori encontraría luz verde en Diputados, donde ya se aprobó durante el debate de la Ley Bases. Pero esa misma experiencia preanuncia un rechazo en el Senado, donde el oficialismo sabe que no tiene los votos para convertir el proyecto en ley. A priori, arranca con 37 votos en contra en la Cámara alta.

¿Por qué encara esta pelea La Libertad Avanza si sabe que la pierde? Porque hace a su relato. Como así también sumará la aprobación de la Boleta Única de Papel este martes, cambiando radicalmente el sistema de votación. Son elementos discursivos que suman y que le permiten a un gobierno en minoría extrema manejar la agenda.

Y sumar temas de debate que, por ejemplo, desvíen la atención que podría llevarse el índice de pobreza conocido esta semana.

Con su oferta salarial a los gremios aeronáuticos, el oficialismo sabía que cimentaba un camino para la pelea en el que Biró y compañía entraron fácilmente, con medidas de fuerza que dieron pie a lo que el Gobierno planeaba, que era plantear la privatización más temprano de lo que esperaban. Si eso no llega a buen puerto, se sabrá el año que viene, electoral, y serán elementos para justificar la necesidad oficialista de contar con una mayor dotación legislativa.

En cambio el Gobierno frenó esta última semana un triunfo sobre la patria sindical, cuando ya tenía garantizado el dictamen de mayoría para aprobar una reforma muy parecida a la ley Mucci que Alfonsín intentó y no pudo aprobar: no más reelección indefinida en los gremios; se garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos; obliga a los gremialistas a presentar declaraciones juradas; democratiza las obras sociales, y prohíbe la cuota solidaria. Martín Tetaz, que tenía garantizadas las firmas para el martes, se enteró ese mismo día de que los diputados de La Libertad Avanza y del Pro se bajaban; estalló en furia y tuvo que suspender la reunión de la comisión. Al rato, el bloque Pro aclaró por comunicado que ellos seguían respaldando el proyecto, que por otra parte contempla propuestas suyas. Pero lo cierto es que la noche anterior el presidente de la Cámara les había dicho que a pedido del Gobierno frenaran el dictamen. Curiosamente para un gobierno de estas características, un día decidieron no dar una pelea…

Como la decisión generó malestar en las filas del Pro, después tuvieron que emitir el comunicado aclaratorio.

En la semana, el Gobierno invitó a los radicales a sumarse a la mesa de los lunes, que ya integran LLA, el Pro y el MID, pero los diputados del partido centenario rechazaron el convite porque “les parecía mucho”, y el diálogo se trasladó al Congreso, donde se reunieron con Martín Menem y Federico Sturzenegger, entre otros. Hablaron de la agenda legislativa y sobre el fiasco de la reforma sindical, les dijeron que tenían que elegir las batallas que debían dar y manejar los tiempos.

Los radicales no se fueron muy convencidos con eso, pero piensan insistir este jueves: ya convocaron a las 10 de la mañana de ese día a una reunión para hacer lo que la semana pasada no pudieron. De buen diálogo con muchos dirigentes cegetistas, el Gobierno prefiere mantener ese tema como un proyectil en la recámara, para usar cuando en todo caso lo necesite, o a modo de amenaza.

Tampoco les interesa demasiado avanzar con una propuesta que no es propia, y que pueda reivindicar el radicalismo en general y Martín Tetaz en particular. Se verá.

A la espera de que el presidente Javier Milei vete por completo el proyecto aprobado por el congreso que aumenta las partidas presupuestarias para las universidades, el diputado nacional Hernán Lombardi (Pro) aseguró que, en el caso de que suceda, acompañaría el veto total debido a que “pone en riesgo” el equilibrio fiscal que busca mantener el Gobierno.

En diálogo con Radio Splendid, sostuvo que “el sentido de oportunidad de las medidas que se toman” en este momento, se tiene que limitar “resolver el tema universitario” y no en “horadar al Presidente y al plan económico” que lleva adelante, por eso también estuvo de acuerdo y acompañó el veto de la ley sobre la reforma jubilatoria.

“Mi origen proviene del radicalismo universitario. Me recibí en el Nacional Buenos Aires, y después en la UBA. Soy un agradecido y siento que debo devolver lo que me dio. Estoy de acuerdo en aumentar el presupuesto, pero diciendo de dónde lo sacan. En eso está el PRO, en el equilibrio”, señaló el diputado.

Paralelamente, indicó que “ya entró la ley de presupuesto” y que, a partir de ahora, se comenzarán a mover partidas para aumentarlo, sin dejar de informar de dónde sale el dinero y “sin aumentar impuestos, ni tomar deuda, ni emitir” dinero.

Además, expresó que “a corto plazo”, la caja chica la maneja el Gobierno y que, por eso, cualquier cosa “que ponga en riesgo el equilibrio fiscal”, como por ejemplo la emisión monetaria, que “erosiona” los salarios y las jubilaciones, las vetarán y añadió: “Nosotros votamos a favor de los jubilados”.

Por otro lado, se refirió a la privatización de Aerolíneas Argentinas y a las empresas privadas que tomarían los vuelos que queden sin operar por medidas de fuerzas sindicales y opinó: “Aerolíneas no tiene la infraestructura para hacer la inversión necesaria. La estructura de la empresa no está preparada para tener más vuelos, más aviones y más frecuencia”.

Asimismo, expresó que “como ciudadano quiere un país más conectado”, con “más vuelos, más baratos”, pero que, para lograrlo, se necesita “mayor inversión, generar más trabajo y más turismo” dentro del país. “Hoy Aerolíneas no puede pagar esa inversión. A Latam le va bien en toda América Latina. Acá le fue mal porque Aerolíneas maneja todo el negocio aeronáutico”, sentenció.

Si bien nunca expresó concretamente que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario, todos dan por descontado desde su aprobación que Javier Milei tomará esa decisión respecto de esa norma. Diversas figuras del Gobierno también dieron señales en ese sentido. Sin embargo, el presidente todavía no estampó la firma correspondiente. Pasan los días y crecen las expectativas sobre el tema.

Recordemos que el veto es una facultad habilitada por la Constitución Nacional en el artículo 83°. Es una prerrogativa que el presidente de la Nación puede ejercer para casi todo tipo de leyes. Pero tiene un plazo para vetar: 10 días. Si eso no ocurre en ese tiempo, la ley queda automáticamente promulgada.

Ahora bien, ¿cuándo vence ese plazo? Porque recordemos que el proyecto de Financiamiento Universitario fue convertido en ley en el Senado el pasado 13 de septiembre, por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Si tomamos esa fecha como punto de partida para su veto o promulgación, el plazo vencería este jueves 26 de septiembre. Así que teniendo en cuenta que el presidente Milei está en Estados Unidos y recién emprende la vuelta el miércoles, se acotarían mucho los tiempos.

Pero tiene más, pues el plazo comienza a correr a partir de que la ley se comunica, y eso sucedió el jueves 19. Así las cosas, la fecha límite es el 3 de octubre próximo.

Hasta entonces el presidente Milei tiene tiempo de seguir analizando qué es lo que hará. Recordemos que para el 2 de octubre está prevista una nueva marcha universitaria, que se prevé masiva, como contundente fue la del pasado 23 de abril. El presidente podría aguardar a que la misma se concrete y recién después vetar la ley, pero sonaría muy desafiante que el decreto se conociera al día siguiente, como respuesta.

Así como para el caso de la Movilidad Jubilatoria se le recomendó al presidente no ir al veto total, sino hacer uno parcial, que podría atemperar los ánimos y evitar un contraataque en los recintos, para este caso le han sugerido lo mismo, y abrir negociaciones con algunos rectores. Pero algunas fuentes consultadas sostienen que el presidente ha dicho que no tiene otra opción que aplicar un veto total, pues lo contrario sería una muestra de debilidad que no está dispuesto a dar. Con la decisión tomada, en ese caso, habrá que aguardar una definición para cuando el presidente haya regresado de Nueva York.

Con una marcha convocada por las universidades nacionales en las afueras del Congreso, el Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.

Desde el bloque Cambio Federal anunciaron disidencia en algunos puntos del texto y propusieron la votación en particular de los 9 artículos del proyecto en revisión. Sin embargo, todos fueron ratificados con dos tercios de los votos.

El proyecto fue motorizado por la oposición unida, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la Cámara baja. Tal como pasó con el tema de jubilaciones, el Gobierno anticipó que vetará cualquier medida que considere atenta contra el equilibrio fiscal o no tiene determinado de dónde saldrán los recursos para su implementación. Es por eso que se la flamante ley podría correr en manos del presidente Javier Milei la misma suerte que la Movilidad Previsional. Viene el oficialismo de una victoria en este sentido, al haber logrado sostener el veto en Diputados.

De acuerdo a la norma, “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.

Asimismo, se encomienda al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.

También indica que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.

Otro de los artículos busca garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.

Oposición unida

Como miembro informante del proyecto, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro presentó el dictamen para el incremento del financiamiento universitario y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación actual del sector. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”, inició.

El legislador de Unión por la Patria agregó que “hoy tenemos más de dos millones de estudiantes universitarios y estamos ante un gobierno que ataca los principios fundamentales de la educación”. Asimismo, amplió: “Nuestro sistema tiene 57 universidades nacionales y estamos hablando del salario de 120.000 docentes y no docentes”.

Respecto a los números actuales del presupuesto de las casas de altos estudios, afirmó que “están funcionando con la mitad”, y sumó: “El presupuesto actual es 0,34% del PBI cuando siempre fue el 0,7. El 80% de los docentes están por debajo de la pobreza y estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 33%”. En esa línea, cuestionó la no prorrogación del Fonid.

Por otro lado, criticó que “se frenaron todas las obras del sistema universitario”, y se refirió a las Becas Progresar: “Los estudiantes cobran 20.000 pesos para viajar, comprar libros y comer”. “El Gobierno tiene que escuchar esta realidad y tomar nota por la marcha de estudiantes universitarios de nuestro país”, cargó.

Por último, De Pedro sostuvo que este proyecto “en 8 artículos viene a subsanar este desastre hecho por Milei que son los recursos mínimos para garantizar los recursos básicos”. “Estamos votando una ampliación que según la Oficina de Presupuesto del Congreso significa el 0,14% del PBI”. “Queda claro que el modelo del presente y el futuro está ligado con la educación”, concluyó.

El senador radical Martín Lousteau intervino por más de 15 minutos, en donde detalló el contexto económico y social en el que se debate este proyecto. Lanzó críticas contra la gestión anterior, pero enfatizó sus cuestionamientos a la actual: “El Gobierno recibió un desastre y está claro que se debía ordenar todo eso, pero lo hace sobre un enorme esfuerzo de la población”.

Mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto actual y explicó que “a los salarios docentes les pasó esto, pero peor porque el Gobierno agarró un billete de 100 y se lo dejó en 70, ya que no se le reconoció (al personal docente y no docente) la inflación del 25 y el 20% de diciembre y enero”.

Lousteau mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto de las universidades.

Con relación al sistema universitario, sintetizó que aportan “valores y crecimientos para nuestro país”, y cuestionó que la educación, las jubilaciones y la obra pública no hayan estado en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “¿No hay libertad para los jóvenes para construir un futuro? La inversión en universidades es del 0,14% del PBI -equivalente a 740.000 millones de pesos- y con el Blanqueo se pronostican 40.000 millones de dolares”.

El senador santacruceño José Carambia destacó que “todo financiamiento educativo no es un gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo que genera talento y futuro”, y le envio un mensaje al Gobierno nacional: “Eso lo tiene que entender nuestro señor presidente para ver si veta o no veta porque la economía no son solo números, hay sueños y esperanzas detrás”.

También, se refirió a lo ocurrido en la jornada del miércoles pasado respecto al proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria: “Seguramente esto va a ser vetado y cuando vuelva, no cambiemos los votos como hicieron ocho diputados en la Cámara baja”.

El santacruceño pidió diferenciarse de la Cámara de Diputados y exigió mantener el sentido del voto cuando el proyecto sea vetado.

El senador salteño Juan Carlos Romero adelantó su voto positivo al proyecto “porque creo en la educación pública”, aunque admitió que “hay muchas cosas que corregir”.
“La educación es una inversión; pero la inversión necesita resultados”, observó, señalando que cuando llegue al Congreso el Presupuesto será el momento de analizar “cómo repartimos con equidad” y en ese marco “la educación es una prioridad”.

“Debemos preocuparnos de la calidad educativa”, enfatizó, para agregar que habrá que ver en materia de resultados la cantidad de egresados. Asimismo consideró que “fue un error crear más universidades”, lo cual representó una “duplicación de oferta, en algunos casos unas cerca de otras”.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, aclaró que no se estaba hablando en ese debate solo de números, sino de “pensar el futuro como sociedad, el futuro que queremos como país, un futuro con oportunidades para todos. Y este es un instrumento fundamental”.

“Si hay algo que nos iguala es la educación”, enfatizó, valorando el papel de su partido en el tema universitario. Habló de la reforma universitaria de 1918 y resaltó la importancia de contarles a los jóvenes “la historia como es”.

Advirtió que no todo es “el libre mercado”, sino que “la educación es lo que nos va a dar la posibilidad de una sociedad ascendente”. Sostuvo que la situación universitaria “está en una situación crítica”, habló de problemas de infraestructura, pero también la necesidad de inversiones para laboratorios, aulas y bibliotecas. También alertó sobre las dificultades de los docentes, la falta de recursos para becas para sectores humildes, pero también hizo observaciones sobre la calidad educativa. En ese sentido cuestionó la creación de nuevas universidades en tiempos del kirchnerismo, reclamando “un gran debate sobre cómo vamos a seguir creando las instituciones universitarias”.

En el cierre de Unión por la Patria, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti aseveró: “Espero que todas las palabras que escuchamos de la movilidad social ascendente no sean palabras que se lleve el viento y no solo en el veto, sino en el recorte que habrá en el presupuesto”. “Que no se las lleve el viento por una rotonda o por un puente”, ironizó.

En alusión a lo ocurrido en la Cámara baja con la fórmula previsional y dando por hecho que esta sanción será vetada por el presidente Javier Milei, la mendocina cuestionó que “las palabras de algunos legisladores cambian de una semana a la otra”, pero auguró: “Veremos en unas semanas si la palabra de los legisladores tiene que ver con los hechos o no”.

Para culminar su intervención, la senadora reiteró que “la igualdad de oportunidades es salir de la misma largada que los demás y eso es con una universidad que te dé la posibilidad de progresar”. “La verdadera libertad es cuando uno tiene la misma bandera de salida que el resto de la Nación”, concluyó.

Cerró la lista de oradores el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, que aseguró que para el oficialismo “la educación pública es sumamente importante”, pero aclaró que al llegar al Gobierno “a los docentes se les debían tres meses: octubre, noviembre y diciembre”. El Gobierno se puso al día, recordó, asegurando que actualizaron el presupuesto de las universidades en el 70%, algo que no se hacía desde 2022.

Con ello consideró que queda demostrado que al Gobierno le interesa realmente la educación, “y no somos un relato”. Habló luego del “desmanejo” del año anterior, electoral, y de “silencios cómplices”.

Atauche aseguró que la última paritaria había cerrado con cero por ciento de aumento, a pesar del 200% de inflación. “En agosto, Massa recortó el presupuesto universitario en 70 mil millones de pesos; y tuvo la complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario. Nadie lo abucheó, no hubo ninguna marcha… Qué capacidad de conseguir cómplices en un año electoral”, ironizó.

El senador jujeño pidió “decirles la verdad a los argentinos en un montón de cosas”. “Y todo este silencio hoy se convirtió en muchos reclamos de los mismos que siempre estuvieron callados y hoy salen a reclamar lo que no reclamaban antes”, remarcó. Según Atauche, los presupuestos universitarios “alcanzarían bien si se gastaran bien, y si no financiaran campañas políticas”.

Se inició a las 14.16 de este jueves la sesión ordinaria en el Senado en la que el oficialismo buscará conseguir la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que en ese caso volverá con cambios a la Cámara de Diputados; y, por otra parte, la sanción de la ley de financiamiento universitario, que el presidente Javier Milei anticipó correrá la misma suerte que la Movilidad Previsional: el veto.

La reunión de este jueves había sido convocada la semana pasada, luego que el oficialismo y los bloques dialoguistas acordaran postergar todo una semana más. Esto provocó el rechazo de Unión por la Patria, que el jueves pasado se hizo presente igualmente en el recinto y luego los senadores dieron una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.

Ya en el arranque de esta semana estuvo nuevamente en duda la realización de la sesión, pero este miércoles, tras una reunión en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de la oposición aliada, se llevó a cabo una nueva reunión de Labor Parlamentaria y se excluyó uno de los puntos del temario.

Sin embargo, en el inicio de la sesión, el interbloque Unión por la Patria, a través de su jefe de bancada José Mayans, solicitó una moción para incorporar al temario el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la SIDE. Posteriormente, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, propuso que se incorpore el decreto, pero como tercer tema de la jornada. La oposición más férrea acompañó la moción del radicalismo y así se introdujo el DNU.

El 21 de agosto pasado el decreto en cuestión tuvo el rechazo de la Cámara baja y correría la misma suerte en el Senado, donde para ellos requiere de mayoría simple. Si ocurre, sería la primera vez que el Congreso rechace en ambas cámaras un decreto de necesidad y urgencia.

Después de la cumbre en Casa de Gobierno, con Milei abocándose de nuevo a las negociaciones parlamentarias, se envió formalmente al Senado una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una “sesión secreta”, con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los fondos asignados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados. Pero Mayans explicó este jueves que para su realización necesitan de dos tercios, y ellos no se prestarían.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos, una mayoría absoluta. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

En el caso de la BUP, el proyecto se había dictaminado en enero, pero quedó sin chances de tratarse en sesiones extraordinarias por no reunir los votos suficientes. Luego de un nuevo plenario de comisiones realizado días atrás, funcionarios del Poder Ejecutivo acercaron a los bloques dialoguistas un nuevo borrador. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. Pero en el Gobierno hay apuro para que los cambios se puedan implementar de cara las elecciones del año próximo.

En cuanto al financiamiento universitario -ley por la cual hay este jueves una marcha a favor en las afueras del Congreso- se trata de una iniciativa que fue aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos.

En momentos en que el presidente Javier Milei ha redoblado sus críticas al Poder Legislativo, las dos cámaras se aprestan esta semana a asestarle mandobles que resentirán sin lugar a dudas más la ya de por sí frágil relación.

Prueba de lo complicado que es el relacionamiento que el primer mandatario ha elegido para con el Congreso, vale cualquier discurso que brinde en el momento que sea. En todos desgrana un sinnúmero de críticas con epítetos de todo calibre. Vale como muestra esta frase emitida por Milei en el exCCK el jueves pasado: “Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años que cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.

Independientemente de esa resolución sobre un espacio que él mismo habitó junto a quien sería finalmente su compañera de fórmula en las elecciones, durante dos años completos, está claro que la oposición no está haciendo otra cosa que cumplir con lo que anticipó una vez brindó los votos para aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal: retomar su agenda propia.

Hablamos, claro está, de aquella oposición denominada “colaborativa”, pues la de Unión por la Patria en ningún momento se alineó, ni se espera que lo haga, con alguna de las políticas implementadas por la administración libertaria. Es, ni más ni menos, que la postura que asumió entre 2019 y 2023 lo que se conocía como Juntos por el Cambio, razón por la cual nadie debería rasgarse las vestiduras por el tipo de oposición que hoy ejercen los bloques conducidos por José Mayans y Germán Martínez, en cada una de las cámaras.

De cómo ahora lo que fue JxC termina votando en ocasiones con Unión por la Patria hay diversas explicaciones y matices. Aun cuando el mismo Pro aparece ejerciendo ese tipo de actitudes.

De hecho, el partido de Mauricio Macri dijo en su momento, promediando el debate de Bases y visto el relacionamiento del propio Milei con el principal partido aliado, que pasada esa instancia ellos mismos comenzarían a mostrar una conducta más autónoma.

Todas las estaciones de esta relación tan especial entre el oficialismo y la oposición más cercana se vieron en la semana negra que tuvo el oficialismo, cuando en tres días consecutivos recibió derrotas en comisiones y recintos. Martes: Bicameral de Inteligencia, con la elección de Martín Lousteau. Miércoles: aprobación con 2/3 de la ley Financiamiento Universitario, con votos del Pro. Jueves: el Senado convirtió en ley el proyecto sobre Movilidad Previsional, también con 2/3 de los votos.

Ahora el oficialismo se apresta a tener otra semana muy complicada en materia legislativa. Aunque tal vez consiga contener una de las tres derrotas que podría llegar a sufrir, con lo cual podría compensar su pesar y dar un mensaje hacia el Poder Legislativo y los mercados.

La sesión del jueves en el Senado ya ha sido oficializada. De hecho, debió haber sido la semana que pasó, miércoles o jueves, pero el oficialismo consiguió ganar tiempo. Se verá si consigue algo más que eso, pero lo cierto es que ese respiro debe atribuírselo a la cuestionada internamente Victoria Villarruel, que primero consiguió evitar la sesión para el miércoles y luego puso en punto muerto la convocada individualmente por Unión por la Patria para el día siguiente.

No podía resistir más y por eso este jueves a partir de las 14 deberá enfrentar lo que a todas luces aparece como dos traspiés seguros. La oposición conseguirá convertir en ley -seguramente con dos tercios de los presentes-  la media sanción proveniente de Diputados del Financiamiento de las Universidades Nacionales. Un tema sobre el cual el presidente no ha anunciado abiertamente el veto que muchos ya dan por seguro y juran haberlo escuchado al propio Milei anticiparlo, pero que el Gobierno resiste. Y después, será el turno del decreto de necesidad y urgencia N° 656/24, que asigna adicionalmente al Presupuesto General de la Administración Nacional fondos destinados a la SIDE para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Ese tema figura tercero en el temario de esa sesión del jueves 12 de septiembre, fecha que quedará en la historia como la primera vez en que el Congreso le rechazó un DNU a un gobierno.

Estas derrotas buscará el oficialismo matizarlas con la aprobación de un tema no menor, como es la Boleta Única de Papel, que será con modificaciones, por lo que deberá volver a Diputados, pero con garantías de aprobación. Antes, deberá asegurarse el oficialismo de que están los votos para conseguir aprobar este texto que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral), cosa que hasta la última semana no estaba garantizada.

Un día antes, toda la atención estará puesta en Diputados, donde un conglomerado opositor ha pedido a partir de las 10 de la mañana una sesión para tratar sin dictamen el veto presidencial del lunes pasado contra la Ley de Movilidad Previsional. En el pedido de sesión figura el radicalismo en todas sus versiones, diputados de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros, pero a los que se sumarán automáticamente los diputados de Unión por la Patria, con lo que está garantizado el quórum para arrancar.

Después vienen dos votaciones para las que la oposición necesitará 2/3. Primero, para el tratamiento sobre tablas de ese tema que no ha pasado por las comisiones correspondientes (Previsión Social y Presupuesto y Hacienda); después, para vetar. Si no se consigue esa sumatoria de votos, el veto queda vigente y fin de la historia. Si la oposición lo logra, debe pasar por el Senado, que por composición le da más garantías a esa oposición que quiere voltear el veto.

¿Qué tan sólida está la oposición en este tema? No tanto, advierten desde los sectores convocantes. Una diputada del radicalismo que bajará a dar quórum y está dispuesta a votar contra el veto aclaraba ante este medio el jueves pasado que creía que entre 6 y 8 diputados están reticentes al rechazo. Y podrían expresarlo con el voto o con la ausencia, que es tan importante como la otra alternativa.

Se sabe que el Gobierno está trabajando sobre los gobernadores para garantizar “que bajen diputados de la sesión al menos”. Se verá el poder de convencimiento que hay en este tema emblemático, que podía llegar a dejar un mensaje contundente para propios y extraños y alcanzaría también a compensar en alguna medida los traspiés del día siguiente.

A priori, los números están muy finitos, sobre todo para el miércoles, pero será para alquilar balcones… o al menos reservarse desde temprano un lugar en los palcos de ambos recintos para esas sesiones que serán -sin exagerar, por los motivos expuestos- históricas.

El interbloque de Unión por la Patria de Senado anunció que este jueves a las 14 bajará al recinto, tras haber pedido a la Secretaría Parlamentaria que garantice el funcionamiento del recinto para tratar el proyecto de financiamiento universitario y el DNU de los fondos de la SIDE.

“Esperamos poder contar con la presencia de los otros bloques para poder darle repuesta a todos las universidades del país y ponerle un punto final al despilfarro que hizo este Gobierno con los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia”, expresaron a este medio miembros de la bancada UP.

Mientras tanto enviaron una nota a la presidente del Cuerpo, Victoria Villarruel, argumentaron una serie de cuestiones reglamentarias que justificarían su pedido. A juicio del bloque que conduce José Mayans, considerando que “en el plenario de Labor Parlamentaria no se ha logrado acuerdo, ni se ha distribuido el plan de Labor en los plazos reglamentariamente previstos, venimos por la presente a informarle nuestra voluntad de celebrar una sesión ordinaria el día jueves 5 de septiembre y a formular una propuesta sobre los temas a tratar”.

En tal sentido requirieron a la titular del Cuerpo arbitrar los medios necesarios en orden a garantizar las condiciones necesarias para la celebración de una sesión ordinaria a celebrarse a  partir de las 14 horas de este jueves.

El temario de esa sesión pedida incluye solamente el financiamiento de Universidades Nacionales y el tratamiento del DNU 656/24 que asigna adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional fondos destinados a la SIDE.

De acuerdo con lo convenido este miércoles en la reunión de Labor, UP no tendría número para sesionar. Aunque estaría cerca, si ellos tienen listos a sus 33 senadores para sentarse en sus bancas. Como sea, la movida les servirá para exponer al resto de la oposición si no los acompaña.

En efecto, desde Unión por la Patria, llaman a tratar “estos dos temas que nos parece que son fundamentales para la Nación” y consideran que “hay que fijar posicionamiento y esperemos que también nos acompañen todos aquellos que dicen defender la educación pública y que también se sienten indignados por este financiamiento de 100 mil millones de pesos a la SIDE cuando sabemos lo que está pasando con los jubilados y toda la gente que la está pasando mal en la Argentina”, señaló la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Tras jornadas con indefinición y reuniones frenéticas, el oficialismo y la oposición dialoguista del Senado resolvieron este miércoles volver a postergar una semana la realización de una sesión. Según se acordó en Labor Parlamentaria, el próximo jueves 12 a las 14 se abrirá el recinto para tratar el proyecto de boleta única de papel, la iniciativa de financiamiento universitario y el DNU sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE. 

De esta manera, La Libertad Avanza ganará una semana más para, primero, volver a asegurarse los votos sobre la ley que cambia la herramienta de votación a nivel nacional. Segundo, retrasar dos nuevas derrotas legislativas, que igualmente se anticipa ocurrirán, como lo son la sanción de la ley sobre presupuesto universitario -que correría en manos del Gobierno la misma suerte que la Movilidad Jubilatoria- y el rechazo al DNU sobre la SIDE, algo que sería histórico, pues hasta ahora nunca ambas cámaras del Congreso dejaron sin efecto un decreto. 

Ante las votaciones adversas que le esperaban al oficialismo en estos dos temas, la intención para apaciguar tal suceso era lograr al menos la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que ya la semana pasada se había postergado. Sin embargo, LLA se encontró con que los votos no estaban asegurados. Diferencias planteadas desde la UCR sobre el último borrador de dictamen enviado por el Gobierno encendieron las alarmas sobre la mayoría absoluta que requiere la iniciativa, por tratarse de una cuestión electoral. 

De esta manera, entre lunes y martes no se pudo definir si el recinto se abría este miércoles o jueves. Finalmente, este miércoles, mientras en la Cámara de Diputados culminaba abruptamente la visita de Guillermo Francos, se llevó a cabo Labor Parlamentaria en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Dispuestos a asestar dos golpes al Gobierno con la sanción de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU 656/24, los líderes de Unión por la Patria reclamaron con énfasis sesionar este mismo jueves con ambos temas. Pero la mayoría resolvió patear todo una semana. “Los votos para boleta única se sabe que están, pero hay que asegurarlos. Es darle una semana más al Gobierno”, expresó ante este medio uno de los participantes de la reunión. 

Molestos con la decisión, los integrantes del interbloque Unión por la Patria anunciaron que este jueves bajarán al recinto para sesionar.

Al ser consultado por la prensa sobre si el proyecto de BUP tiene los votos necesarios, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, expresó: “Nosotros entendemos que sí, somos optimistas”. Inmediatamente, sobre por qué entonces no se sesionaba este jueves, el oficialista contestó que “por razones de viaje de algunos senadores”. “Están los votos en la mente de varios senadores para sacar boleta única, pero necesitamos que estén sentados en el recinto y eso se va a poder producir el jueves que viene”, completó. 

Con la mira en implementar la boleta única de papel en las elecciones del año que viene, el Gobierno sabe que está a contrarreloj con el proyecto de ley. Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Poder Ejecutivo acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaba clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias. Pero ahora, LLA se encontró con resistencias al interior del radicalismo.  

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. 

Por otra parte, este martes tuvo dictamen en las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda el proyecto de financiamiento universitario. La iniciativa, aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizado por la oposición, éste es otro proyecto que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”. 

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo sabe que el DNU 656/24 va camino al rechazo. Para esto, se necesita solo mayoría simple. 

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras.

Acta de Labor 4-09-24 

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical Carolina Losada anticipó que su bloque insistirá con la Ley de Movilidad Previsional, que fue vetada recientemente por Javier Milei, “si el Gobierno no da una propuesta superadora”.

Porque, advirtió, “los jubilados no tienen  posibilidad de hacer otra cosa. No llegan a cumplir con la canasta básica y les quitaron prestaciones”.

Entrevistada en Mañana Sí (radiosi.com.ar), la senadora santafesina también se expresó a favor del financiamiento a las universidades públicas y dijo que “los profesores universitarios, adjuntos y ayudantes tienen que ganar mucho más. Un ayudante con media dedicación gana $144.000. Muchas veces son los adjuntos los que dan las clases”.

Por otro lado, Losada se mostró satisfecha con el “Plan Bandera” que lleva adelante el Ministerio de Seguridad para el combate del delito y crimen organizado: “Está dando resultado en Santa Fe. Siempre dijimos que el hecho de que la policía esté armando operativos diferentes es una forma de estar presente y hacer sentir a los vecinos más seguros”, expresó, y agregó que “si bien el problema no está del todo solucionado, en poco tiempo se avanzó”.

Finalmente, ante la consulta de cuál será su postura frente a la votación para que el juez Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia aclaró que “en el radicalismo no hay una posición común sobre el tema”, pero expresó que “no votará el pliego” junto a Pablo Blanco, senador de Tierra del Fuego, debido a que “un juez que tiene el juzgado más ineficiente de todos los de Comodoro Py, que deja causas dormidas, no cuenta con la legitimidad de la gente ni la credibilidad”.

“Lo único definido es la indefinición”, deslizó este martes un senador para graficar las dudas en torno a la posibilidad o no de sesionar este miércoles o jueves. O miércoles y jueves, como se barajó durante buena parte del día. Al final, la sensación era que al final no habría sesión de miércoles, tan solo porque sonaba desprolijo que se la convocara el mismo día.

Como sea, los senadores están en Buenos Aires, pendientes de una convocatoria que oscila entre miércoles y jueves, aunque al caer la noche de este martes se daba por seguro que sería el jueves. Con reunión de Labor Parlamentaria este miércoles a las 17.

Ya desde la semana pasada estaba la intención del oficialismo de abrir el recinto para tratar la iniciativa de BUP. Desde el Poder Ejecutivo hay un pedido constante ante los tiempos que corren si se pretende implementar en las elecciones del año próximo.

Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Gobierno acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaría clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias. Recordemos que por tratarse de una ley electoral, necesita mayorías especiales, de manera tal que no vale desempate de Victoria Villarruel.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no.

Por otra parte, y tal cual se había anunciado al constituirse la Comisión de Educación, este martes se reunió un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de financiamiento universitario con media sanción de Diputados. Y tal cual lo esperado, se firmó el dictamen para llevar el tema al recinto. Si bien en la Cámara alta se respeta el plazo de siete días para que un dictamen vaya al recinto, en la última sesión se aprobó una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada con o sin despacho de comisión en la próxima sesión.

El proyecto aprobado por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizada por la oposición, ésta es otra iniciativa que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”.

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo no evitaría que el DNU 656/24 sea tratado, con altísimas chances de ser rechazado. Se necesita mayoría simple.

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras. Y una nueva derrota para el oficialismo libertario, en marcada minoría parlamentaria y con una relación con los dialoguistas que no es la misma que al comienzo de la gestión.

Las comisiones de Educación y Cultura; y Presupuesto y Hacienda del Senado tuvieron un encuentro plenario este martes para dictaminar el proyecto de Financiamiento Universitario que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara alta y cuenta con las voluntades necesarias para ser sancionada.

En el inicio de la reunión, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, dio lugar a la finalización del proceso de designación de autoridades al ratificar al catamarqueño Flavio Fama como vicepresidente primero propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical.

En defensa del dictamen aprobado, el senador De Pedro, en su rol de autoridad del plenario, aclaró que “se está debatiendo el presupuesto mínimo para que las universidades puedan funcionar garantizando los haberes docentes”. Del mismo modo, manifestó: “Para que el Gobierno nacional recapacite, desde noviembre hay una una inflación acumulada del 135%, pero la recomposición salarial fue de apenas el 57% y el poder adquisitivo bajó un 33%”, y añadió: “El 80% de los docentes se encuentran debajo de la línea de la pobreza”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, señaló que “es un tema que a nosotros nos preocupa y desde el Gobierno hemos levantado un 70% el presupuesto”, pero advirtió que “desde el 2022 no se levantaba y antes no se reclamaba” -en tono irónico-. “Debemos cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos”, deslizó.

En tal sentido, refirió que “eso debería ser parte de la discusión”, agregando que “el impacto fiscal de esta medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ronda los 800 millones de dólares y el Ministerio de Capital Humano informó que ronda los 1.100 millones”. “Entendemos que hay cuidar el déficit cero porque es la forma en la que vamos a disminuir la inflación”, sumó y aseveró: “Esto tiene un alto costo fiscal”.

En el cierre, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fustigó al Gobierno nacional y anticipó que buscarán llevar este debate al recinto para una sesión ordinaria estipulada para este miércoles 4 de septiembre. En caso de no ser así, la sesión se llevaría a cabo al día siguiente.

El debate 

Tras ser designado autoridad del plenario, el catamarqueño Fama le contestó al jefe de bancada oficialista: “El sistema universitario no está pidiendo presupuestos adicionales”, y agregó que “nunca se había dudado de los informes de la OPC, pero ahora empezamos a dudar”. Confirmó su voto afirmativo en la sesión venidera en el Senado.

Por otro lado, se refirió a la discrecionalidad en el uso de los fondos: “Hay sospecha de maniobra poco santa en el uso de los fondos, pero si hay un sistema federal, libre e inclusivo ese es el universitario argentino”. “Si hay algo que verdaderamente iguala a los argentinos es nuestro sistema de educación superior público que depende del Gobierno nacional”, afirmó el radical, y concluyó: “Dentro de la autonomía universitaria, se debe respetar la Ley de Administración Financiera”.

En la misma línea que su compañero de bloque, el senador Martín Lousteau cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Me llama la atención que se diga que este gobierno tiene preocupación especial por la educación cuando la comisión de Educación recién constituyó la semana pasada, no se prorrogó el FONID y hubo una gran marcha universitaria”.

Al igual que Fama, anticipó su voto a favor del proyecto en cuestión y continúo con las críticas al Poder Ejecutivo Nacional: “El presidente habla de la educación como adoctrinamiento y aún hoy no terminan de cumplir con los gastos de financiamiento, nos lo dicen los rectores”. “Si le preocupara la educación, no se hubieran comido dos meses por la pérdida de salario de los docentes. No se aprecia ese desvelo por la educación”, cerró.

Luego de las intervenciones de Carlos Linares y Fernando Salino, el senador neuquino Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) mencionó lo ocurrido en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y los problemas que hubo por la intervención policial y lo catalogó como “intento de violación de la autonomía universitaria”. En tal sentido, anunció que va a presentar una cuestión de privilegio por el hecho.

A su turno, la senadora misionera Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) remarcó su aval al proyecto y cargó: “Hay que pensar en solidas políticas educativas y científicas si queremos hablar de prosperidad nacionaly nosotros vamos a actuar con en concordancia con nuestros pares de la cámara baja”. “Creemos firmemente que la universidad debe contar con los recursos para su funcionamiento”, reiteró.

Por último, el formoseño José Mayans confirmó que “vamos a tratar de hacer la ordinaria este miércoles” (en estos momentos se negocia en el seno del Senado hacer la sesión este 4 de septiembre para tratar Financiamiento Universitario, el DNU 656/24 por el que el Gobierno le otorgó 100.000 millones a la SIDE y Boleta Única de Papel). “La propuesta de tratamiento que tenemos es ir mañana con los temas que le preocupan a la sociedad y creo que vamos a llegar a un acuerdo”, remarcó.

En la previa del tratamiento en la Cámara alta del proyecto de financiamiento universitario, los tres senadores por la provincia de Buenos Aires se reunieron con rectores y vicerrectores de universidades nacionales situadas en el distrito más populoso. 

Del encuentro participaron los kirchneristas Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, quienes en sus redes compartieron fotos de la jornada y expresaron su apoyo a la iniciativa por la que reclama la comunidad universitaria. 

El proyecto, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 15 de agosto pasado, se encamina a convertirse en ley esta semana en el recinto del Senado. Por su costo fiscal, en el Gobierno ya anticiparon que correría la misma suerte que la Ley de Movilidad Jubilatoria: el veto. 

“Los tres senadores por la provincia de Buenos Aires nos reunimos con 20 rectores y vicerrectores de universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires para reafirmar nuestro compromiso con el proyecto de ley de financiamiento universitario”, escribió “Wado” de Pedro en sus redes. 

El presidente de la Comisión de Educación y Cultura señaló que “la educación no es un gasto, es una inversión. El sistema educativo, el nivel académico y el sistema científico tecnológico son un orgullo para la Argentina”. “Más allá de cualquier diferencia partidaria, hoy estamos juntos en defensa de las universidades nacionales”, destacó. 

Por su parte, Di Tullio publicó: “Nos reunimos con rectores y vicerrectores de las universidades nacionales para poner en común la importancia de la sanción de la ley de financiamiento universitario que ya cuenta con media sanción en Diputados. Acordamos algo fundamental: la defensa de la educación es con todos y todas”. 

En tanto, Abad mencionó la invitación al plenario de Consejo Interuniversitario Nacional en la Universidad de Lomas de Zamora y señaló que los asistentes coincidieron “en la necesidad de contar con un presupuesto y una actualización salarial que asegure el funcionamiento del sistema universitario y que esa prioridad debe tener fuerza de ley”. 

¿Dos de cal y una de arena? Un famoso dicho parafraseado podría utilizarse para vislumbrar otra semana complicada para el oficialismo en el Senado, con la eventual sanción de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU que otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE por parte de la oposición. Como contrapartida, La Libertad Avanza acelera las negociaciones para luego de más de dos años congelado aprobar -con modificaciones- el proyecto de boleta única de papel.

El llamado a una o dos sesiones (para miércoles y jueves) todavía no está oficializado, y tampoco fue convocada Labor Parlamentaria, la reunión formal de jefes de bloques. Sin embargo, ya desde la semana pasada estaba la intención del oficialismo de abrir el recinto para tratar la iniciativa de BUP. Desde el Poder Ejecutivo hay un pedido constante ante los tiempos que corren si se pretende implementar en las elecciones del año próximo.

Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Gobierno acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaría clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Al tratarse de un tema electoral, en un eventual empate, la vicepresidenta Victoria Villarruel no podría definir, pues se requiere de una mayoría absoluta de 37 votos. Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no.

Por otra parte, para este martes a las 16.30 fue convocado un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de financiamiento universitario con media sanción de Diputados. Si bien en la Cámara alta se respeta el plazo de siete días para que un dictamen vaya al recinto, en la última sesión se aprobó una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada con o sin despacho de comisión en la próxima sesión.

El proyecto aprobado por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizada por la oposición, ésta es otra iniciativa que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”.

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo no evitaría que el DNU 656/24 sea tratado, con altísimas chances de ser rechazado. Se necesita mayoría simple.

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras. Y una nueva derrota para el oficialismo libertario, en marcada minoría parlamentaria y con una relación con los dialoguistas que no es la misma que al comienzo de la gestión.

En la antesala del tratamiento en comisiones -y posteriormente el recinto del Senado- del proyecto de ley sobre financiamiento universitario, la Oficina de Presupuesto del Congreso evaluó el impacto fiscal que tendría la medida para este año y estimó un 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones.

La iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados por 143 votos positivos, 77 negativos y 1 abstención el pasado 15 de agosto propone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del IPC en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por el IPC informado por el INDEC, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Asimismo, establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1ro. de diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto como ley, tomando en cuenta aumentos ya otorgados, y luego una actualización mensual por la inflación informada por el INDEC.

Según el informe de la OPC, para el ejercicio vigente “se estimó un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”. En el detalle, la actualización por IPC anual 2023 para gastos de funcionamiento representa unos $210.742 millones, el 0,04% del PBI.

En tanto, la actualización bimestral por IPC 2024 para gastos de funcionamiento sería de $86.254 millones, el 0,02% del PBI; y la recomposición de salarios de personal docente y no docente se lleva la mayor partida, con $441.600 millones, el 0,08% del PBI.

En el estudio que fue requerido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se señala que “el impacto derivado del artículo 3 del proyecto se estima en $210.742 millones y surge de comparar el presupuesto actualizado ($310.427 millones) con el crédito inicial ($99.685 millones). Por su parte, el impacto del artículo 4 se proyectó en $86.254 millones que resulta de la diferencia entre el impacto final ($296.995 millones) y el impacto del artículo 3”.

En el monto que representa los incrementos para el personal, los salarios de docentes y autoridades costaría $277.187 millones, mientras que los salarios de no docentes $164.413 millones, un total de $441.600 millones.

Respecto al artículo que establece “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”, el organismo de asistencia técnica a los legisladores lo incluyó dentro de los “impactos fiscales no cuantificables”.

“El mismo no especifica a qué becas estudiantiles se refiere ni se establecen parámetros para la actualización de su monto ni la incorporación de becarios, por lo que no es posible estimar el impacto fiscal”, sostuvo la OPC.

Luego de la media sanción de un proyecto de ley que garantice el financiamiento universitario y recomponga los salarios de docentes y no docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su “satisfacción” y reconocimiento sobre “el responsable trabajo de legisladoras y legisladores que permitió dar este sustancial paso para todo el sistema universitario nacional”.

“Este trabajo legislativo es un enorme reconocimiento a las universidades nacionales y da cuenta de lo que las comunidades universitarias, las representaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, el CIN y el país todo reclamó a lo largo de todo el año: la necesidad de un sistema universitario fuerte al servicio de la Nación, un presupuesto para funcionar, salarios dignos para una universidad de excelencia y becas dignas para nuestros estudiantes”, señalaron.

Desde el organismo agradecieron a los diputados que “trabajaron responsablemente para aprobar este proyecto, por su apoyo constante al sistema universitario público que da esperanzas en un año muy complejo, por poder otorgar, finalmente, a la universidad pública la jerarquía y centralidad que la Nación requiere y que la sociedad argentina reclamó en la conmovedora manifestación de apoyo en abril de este año”.

“Nos ponemos a disposición de la Honorable Cámara de Senadores y solicitamos el tratamiento urgente para que el proyecto, que adquirió media sanción, se convierta en ley rápidamente”, sostuvieron.

El CIN consideró que se trata de una ley que “otorgará previsibilidad al sistema y resolverá sus problemas”. “Necesitamos revertir con celeridad la angustiante situación salarial que atraviesan docentes y no docentes de las universidades, y recuperar la normalidad en el desarrollo de nuestras actividades, para que la universidad siga aportando a un país que, por sus problemas, necesita mucho de ella”, concluyeron en el comunicado.

Ya entrada la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Financiamiento de Universidades Nacionales. Había cuatro dictámenes y el de mayoría era el de Unión por la Patria, que a la hora de votar fue rechazado por 90 votos afirmativos y 126 en contra.

Se procedió a votar entonces el primer dictamen de minoría, que correspondía al oficialismo y también tuvo resultado negativo, con 86 votos a favor y 130 en contra.

El tercer dictamen era el promovido por la UCR y antes de ser votado la diputada Danya Tavela pasó a leer las modificaciones previamente acordadas con otros bloques. Desde UP, la diputada Blanca Osuna propuso una serie de modificaciones, la mayoría de las cuales fueron aceptadas.

Antes de la votación, la diputada Daiana Fernández Molero pidió conocer el costo fiscal de ese dictamen, y con ironía el diputado radical Martín Tetaz dijo que el mismo tenía “el costo fiscal de los fondos especiales de la SIDE, más la pauta publicitaria de YPF”.

La tercera fue la vencida, pues la votación fue esta vez positiva por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri.

El proyecto fue incorporado al debate por la fuerte presión que ejerció el radicalismo en la previa de la sesión, pues había convocado a una sesión especial para el miércoles por la tarde para debatir solo este tema, y en el marco de las negociaciones con el oficialismo para el quórum, logró que les permitieran sumarlo al cronograma de esta jornada. Caso contrario, el bloque radical no hubiera dado quórum y la sesión se caía.

El debate en el recinto

En defensa del dictamen de mayoría expuso la diputada Blanca Osuna, quien se refirió a lo que definió como “una situación de extrema emergencia que expone a las universidades argentinas a una situación de altísimo riesgo”.

“Financiamiento de las universidades nacionales es un título mentiroso”, aclaró en ese sentido. La vicepresidenta de la Comisión de Educación enfatizó que “la educación superior es un derecho; un derecho no transable, un derecho humano y es un bien social”.

La entrerriana señaló que en el presupuesto destinado a pago de salarios de docentes y no docentes “las caídas oscilan entre el 40 y el 30%, y el ajuste de esas partidas repercute en el valor adquisitivo de los salarios”.

“No hay muchas cuestiones de fondo conceptuales. Acá es: o se honra la responsabilidad que el Estado tiene, o se le da la cara a las posibilidades reales de desarrollo nacional que tienen o que cobijan ese puñado de 62  universidades públicas nacionales que están ubicadas a lo largo y ancho del país”, remarcó sobre el final de su exposición. “Hacer lo que hay que hacer es financiar la educación pública, que es un derecho que debe ser sostenido por el Estado nacional”, cerró la diputada Osuna.

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert expuso en defensa del dictamen del oficialismo considerando “falso” que el Gobierno no esté haciendo nada por la educación superior. “Estamos incrementando las partidas necesarias para que las universidades funcionen y funcionen bien”.

“Hay al menos cinco puntos en los que me quiero focalizar para que toda la comunidad universitaria sepa y comprenda –continuó-. Las transferencias totalizaron 1,4 billones de pesos el año pasado, durante el Gobierno de Alberto Fernández, y el crédito de este año es de 3,0 billones; un 120% más, diez puntos por encima de la inflación que el Gobierno estima para 2024”.

Espert explicó que “en términos reales, el presupuesto educativo aumentaría 10%; no hay ningún ajuste en la educación superior”. En el caso de los gastos de funcionamiento, el Gobierno, en acuerdo con el CIN, terminará dando un aumento del 270% durante el presente año. “Más del doble de la inflación para 2024”, explicó, detallando que se pagó así: marzo, 70%; mayo, otro 70; y el resto se otorgará en cuotas iguales hasta completar el porcentaje mencionado.

“Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei afrontamos el pago de una deuda que heredamos por 14 mil millones de pesos y nos pusimos al día”, planteó Espert, asegurando que están reactivando también las obras de infraestructura.

Por último, admitió que sin duda los salarios docentes están retrasados respecto de otros trabajadores del Estado; “sin embargo la mesa de negociación salarial se mantiene abierta, el diálogo entre las universidades nacionales y docentes está vigente, ocurre, existe… Mal haríamos desde el Congreso en sancionar una ley que aborte el diálogo libre que se está desarrollando”, dijo.

Asimismo señaló que “desde nuestro punto de vista, el dictamen de mayoría, como no podía ser de otra manera tratándose del gobierno anterior, es humo, pura demagogia legislativa”, aseguró, advirtiendo que “no podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero, porque es el instrumento para mantener a raya la inflación”.

“Algunos, emborrachados de populismo, pretenden golpear la política de déficit cero; no se lo vamos a permitir, hasta aquí llegamos: kirchnerismo nunca más”, cerró.

A continuación, defendió otro de los dictámenes de minoría Danya Tavela. La diputada radical dijo que “el ajuste de la economía tiene que pasar por aquellos gastos superfluos, como lo que le van a poner a la SIDE, o lo que ya se gastó”. “Lamentablemente este Congreso, como hace habitualmente, llega tarde y mal, porque tuvimos una marcha el 23 de abril, presentamos muchos proyectos, nos autoboicoteamos para que no salga ninguno para cumplirle vaya a saber Dios a quién, y finalmente termina el proceso a medio resolverse y estallando en el inicio del segundo cuatrimestre el conflicto salarial”, expresó.

Tavela afirmó que “han aumentado los salarios de todo el Estado nacional un 50%” y se preguntó por qué un docente universitario doctorado, un titular exclusivo de cátedra tiene el mismo salario que un jefe de despacho de Diputados”. “Si realmente queremos ingresar en la modernidad, este es un tema que debemos abordar y debatir”, remarcó, advirtiendo que les están faltando el respeto a los docentes porque no los convocan a la paritaria.

Compartió el tiempo con el diputado Maximiliano Ferraro, quien advirtió que “llegamos tarde porque algunos no cumplen la palabra, por impericia, por mala leche… Porque se suma también a la degradación en términos del debate, de todos. Que cuando el fulbito para la tribuna está, hacemos alarde de la importancia de la educación, pero en los dos últimos debates que tuvimos en las últimas horas, no éramos más de 40 diputados”.

“Hoy venimos a plantear algo que era evidente, porque no era solamente una cuestión de gastos de funcionamiento”, dijo. “¿Con quién quieren romper la palabra empeñada? Si yo estoy acá es para bancar la palabra”, aclaró, reprochando de paso que no se hubiera cumplido con el objetivo de tener una sesión específica sobre el tema educación. “Por eso a las 5 y cuarto de la mañana sigo en este recinto, para cumplir la palabra, porque me comprometí con el CIN, con el movimiento estudiantil reformista y con una pésima decisión que acordaron en su momento Sergio Massa con el actual presidente Javier Milei, que es no tener presupuesto y hoy las universidades estén a merced de lo que decida el ministro de Economía”, remarcó, alertando sobre la “asfixia” que sufre el sistema universitario.

Por el último dictamen de minoría, Christian Castillo habló de la “emergencia universitaria”, recordando los paros que hubo esta semana en la universidad. Explicó por qué: “Mientras el aumento de los salarios universitarios fue del 80,4%; la inflación aumentó el 134,3%. La pérdida de salarios es el doble de lo que ha perdido la administración pública nacional. Si no damos una respuesta, vamos a entrar a un paro por tiempo indeterminado en las universidades”.

“Discutir financiamiento universitario sin discutir salarios, es discutir nada”, resumió, proponiendo una recuperación de lo perdido en el IPC como única solución para el sector, y formuló un aporte del dictamen de la izquierda al dictamen de mayoría.

“Si no se vota la recuperación salarial y que no se pierda hasta fin de año, no perdamos el tiempo”, intimó.

“Hoy un docente universitario cobra exactamente la mitad de lo que cobraba en diciembre de 2015. En 2015 perdimos con Macri, perdimos con Alberto, nos hundimos con Milei. La caída salarial de este tiempo es la más importante de los 40 años de democracia; esta situación en la que estamos hoy en las universidades es peor que la hiperinflación en el 89  y peor que en 2001. Hoy un docente que ingresa a la carrera cobra por hora de trabajo 3.657 pesos. ¿Qué profesional que sale de la universidad pública te da una hora de trabajo por esa plata?”, detalló a su turno el diputado de UP Pablo Carro, docente universitario.

Cerró el debate al filo de las 7.30, el diputado Santiago Santurio, quien calificó al Gobierno anterior como “un modelo agotado e hipócrita, que prometía cosas que no daba y lo único que hacía era pantomimas muy caras para todos los argentinos y muy beneficiosas para ellos”.

En un discurso que rozó otros ámbitos, el legislador de LLA dijo que durante la campaña, el presidente Alberto Fernández le decía a Javier Milei “que era un peligro para las mujeres”. “Nos acusaban de dictadura cívico-libertaria; la verdad, basados en la nada misma; pero cuando hablamos de Venezuela, para saber si son una dictadura, dicen ‘abran las actas’”.

“Nos vienen a decir a nosotros que atentamos contra la universidad pública cuando fueron ustedes los que la desfinanciaron”, lanzó, para hacer hincapié luego en la mora de los pagos para el funcionamiento por parte de la anterior administración. “El promedio de demora en los pagos de 2023 fue de 68 días”, detalló a modo de ejemplo.

El texto aprobado

A continuación, transcribimos el texto aprobado, con sus modificaciones incorporadas detalladas:

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina durante el año 2024.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales de conformidad con lo establecido en los artículos tercero, cuarto y quinto de la presente ley.

Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a actualizar al 1º de enero de 2024 el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias 14 “Asistencia financiera para el funcionamiento universitarios” y 15 “Asistencia financiera a hospitales universitarios” , 16 “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y 25 “Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria” del programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano previsto en el anexo I de la decisión administrativa 5/2024, por la variación anual del año 2023 del índice de precios al consumidor (IPC) informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).

Art. 4º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias 14 “Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitarios” y 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios” , 16 “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y 25 “Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria” del programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, por el índice general de precios al consumidor informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).

Los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional en las actividades mencionadas en el primer párrafo de este artículo al Programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior” durante el año 2024 y anterior a la sanción de esta ley podrán ser descontados de la aplicación retroactiva del índice mencionado en el primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO 5°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional a recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo. 

Desde el mes siguiente a la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional en el Programa Nº 26 de “Desarrollo de la Educación Superior” para la asistencia a salarios docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la presente ley deberán tomarse a cuenta de la recomposición que tiene por objetivo la presente ley.

ARTÍCULO 6°.- Lo establecido en el artículo 5 de la presente ley no será de aplicación, siempre y cuando, las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones que representan a los trabajadores de la Educación superior y las escuelas pre universitarias. 

Art. 8º – La Auditoría General de la Nación conforme los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521 realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones.

ARTÍCULO 9º – Queda establecida la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

Art 10º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El artículo rechazado

Durante la votación en particular, fue rechazado el artículo 7°, que tenía que ver con los mecanismos de seguimiento y evaluación. La votación resultó negativa por 50 votos a favor, 165 en contra y 5 abstenciones.

Al caerse ese artículo, el diputado Ferraro –visiblemente molesto- quiso dejar bien claro de qué se trataba el artículo. Dijo que había sido incorporado luego de ser acordado con el oficialismo y todos los bloques en el marco del debate de la Ley de Bases. “Y lo que estamos haciendo con el voto negativo, para dejarlo bien en claro, votaron en contra de una distribución mucho más eficiente transparente, y en contra de las auditorías que tanto reclamaron previo y posterior a las marchas”. Señaló que habían establecido ahí “cómo se iban a asignar los recursos, cuáles eran los criterios y un montón de cosas que habíamos mejorado en la redacción de la ley”.

Esto decía el artículo en cuestión:

Art. 7º – Incorpórese como artículo 58 bis de la ley 24.521 el siguiente:

Artículo 58 bis: El aporte del Estado nacional para las instituciones de Educación Superior Universitaria de Gestión Estatal se distribuirá en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión, garantizando la distribución presupuestaria histórica de cada institución y aplicando estos criterios para asignar montos incrementales.

Los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto anual general de la administración pública nacional, y su distribución se realizará de forma pública y transparente debiendo el Poder Ejecutivo al momento de remitir el presupuesto al Congreso Nacional informar los criterios utilizados para la elaboración del mismo. A su vez, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y acordados entre el Poder Ejecutivo nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional. La asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la Educación Superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación, y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este aporte del Estado nacional no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional. Siempre serán recursos complementarios. 

La mencionada asignación de presupuestos a las Universidades Nacionales, incluidas las de reciente creación, deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en el presente artículo y con expresa consideración de la recomendación del CIN e incorporando todos los criterios que dicho organismo considere relevantes para la conformación del presupuesto.

Luego de la convocatoria fallida el pasado miércoles 7, en la Cámara de Diputados se presentaron tres pedidos de sesiones diferentes entre el próximo miércoles 14 y jueves 15 de agosto.

Después que el bloque Encuentro Federal solicitara abrir el recinto para tratar el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE; y que el oficialismo hiciera lo propio, junto a sus aliados del Pro, replicando el temario que no se pudo tratar y sumando el proyecto para declarar la educación como servicio esencial, la Unión Cívica Radical presentó otro pedido.

En la solicitud, los radicales llaman a sesionar el miércoles 14 a las 14, “o al término de la sesión especial” que fue pedida por macristas y libertarios a las 11. El temario tiene como único tema el orden del día referido al proyecto sobre financiamiento universitario.

El pedido lleva las firmas de Danya Tavela, Mario Barletta, Carla Carrizo, Melina Giorgi, Rodrigo de Loredo, Fernando Carbajal, Julio Cobos, Pedro Galimberti, Marcela Antola, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Gabriela y Martín Tetaz.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione “con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones”. “Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria”, aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Ante la prórroga del Presupuesto 2023 por parte de la gestión libertaria y la falta de actualización en las partidas, lo que despertó el fuerte reclamo desde las casas de altos estudios, el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento.

Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. “Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada”, resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para “alcanzar una mayoría”, dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

En la nota enviada al presidente del Cuerpo, Martín Menem, los radicales pidieron que la sesión sea a las 14 o al término de la otra pedida para ese día, “para que no haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer”, dijeron.

El senador nacional Daniel Bensusán (UP – La Pampa) presentó un proyecto de ley que propone garantizar el presupuesto universitario argentino y establecer la actualización de forma escalonada y sin pausas.

El objetivo de la iniciativa contempla “la necesidad de aumentar el presupuesto universitario hasta llegar al 1,5% del Producto Bruto Interno, en el año 2030”.  “La importancia de contar con una ley es que esta inversión debe primar como política de Estado, más allá del color político que gobierne a la Argentina”, agregó el pampeano.

De igual modo, aseveró que “un pueblo sin educación nunca podrá atravesar crisis como la que afronta nuestro país. Gran parte de la sociedad argentina tiene dilemas básicos como pagar determinadas obligaciones o acceder a derechos. En función de esto es que no se debe perder de vista que la educación brinda herramientas de crecimiento, y la universitaria, además, es movilizadora social ascendente por excelencia”.

Además, mencionó a la multitudinaria marcha federal universitaria de abril pasado y añadió que “hubo una masiva muestra de las familias argentinas movilizadas, en defensa de la educación universitaria pública y gratuita”. ·No fue casual. Todos valoramos el esfuerzo que significa brindar la posibilidad de un estudio universitario a nuestros hijos. y que ese esfuerzo sería inútil si se arancelan las universidades públicas, o se desfinancian, como pretendió hacer este gobierno nacional”, enfatizó.

Para terminar, Bensusán expresó que “nuestro país no solo es faro en lo que hace a calidad en la enseñanza universitaria, sino en el acceso a ella”. “Las sucesivas reformas, sobre todo la gratuidad, dieron posibilidades para que seamos vistos como ejemplo en otros países”, concluyó.

Convertidas en ley las leyes fundacionales de la gestión actual, toda la expectativa está puesta ahora en los temas que dominarán la escena parlamentaria de las próximas semanas. Y la atención está obviamente en los temas que llegarán al recinto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una sesión pedida por la oposición, que debería llevarse adelante esta misma semana.

Eso no sucederá. Al menos esta semana.

Esa sesión fue pedida el 4 de junio pasado, con las firmas de los diputados radicales Rodrigo de Loredo, Marcela Antola, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela y Pamela Verasay.

La convocatoria fue formulada el mismo día de la sesión en la que la oposición logró aprobar la nueva fórmula jubilatoria. Recordemos que en el inicio de esa reunión, Unión por la Patria impulsó pedidos de apartamiento del reglamento para sumar al temario previsto para esa jornada. Y a la hora de la votación nominal, las diputadas Marcela Antola y Danya Tavela argumentaron el no acompañamiento al pedido de Unión por la Patria señalando que ya había sido pedida una sesión especial para tratar esos temas el 3 de julio venidero.

En efecto, paralelamente al inicio de la sesión, el bloque radical había pedido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, una sesión especial para el miércoles 3 de julio a las 11 de la mañana, con el fin de tratar los órdenes del día 71 y 72, referidos al Financiamiento de Universidades Nacionales, y modificación de la Ley 25.053 del FONID.

En esa ocasión, el pedido de sesión especial fue impulsado precisamente para liquidar cualquier expectativa respecto a que fuera a abordarse a continuación de la sesión que se estaba llevando a cabo la sesión posterior puesta en la agenda por UP.

Según confiaron fuentes del bloque radical, esa sesión quedó para el mes de agosto. Pasa que durante la negociación por Ganancias, hubo un pedido del Gobierno a los gobernadores de Juntos por el Cambio para que el tema educativo quedara para más adelante. Y como muestra de buena voluntad, se decidió esta postergación para después del receso invernal.

En el inicio de la sesión especial de este martes pedida por el bloque radical de Diputados, Unión por la Patria impulsó pedidos de apartamiento del reglamento para sumar al temario previsto para esta reunión citada para las 11 de la mañana, los temas de la sesión de las 14 requerida por UP. Y a la hora de la votación nominal, las diputadas Marcela Antola y Danya Tavela argumentaron el no acompañamiento al pedido de Unión por la Patria señalando que ya había sido pedida una sesión especial para tratar esos temas el 3 de julio próximo.

En efecto, paralelamente al inicio de la sesión, el bloque radical pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, una sesión especial para el miércoles 3 de julio a las 11 de la mañana, con el fin de tratar los órdenes del día 71 y 72, referidos al Financiamiento de Universidades Nacionales, y modificación de la Ley 25.053 del FONID.

El pedido fue suscripto por los diputados Rodrigo de Loredo, Marcela Antola, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela y Pamela Verasay.

Ese pedido de sesión especial fue impulsado precisamente para liquidar cualquier expectativa respecto a que fuera a abordarse a continuación de la sesión que se estaba llevando a cabo la sesión posterior puesta en la agenda por UP.

Tras varias horas de fuertes cruces entre diputados, la oposición en la Cámara baja logró aprobar este martes el emplazamiento de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que, con día y hora, apuren los dictámenes de los proyectos relacionados al financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. 

En medio de reclamos y discusión por cuestiones reglamentarias, pasadas las 18.30 el presidente del Cuerpo, Martín Menem, sometió a votación el temario con el cual el bloque de la Unión Cívica Radical solicitó la sesión. Ninguno de esos proyectos contaba con dictamen, por lo que -previsiblemente- no se alcanzaron los dos tercios de los presentes para tratarse sobre tablas. La votación resultó con 131 positivos, 101 negativos y 0 abstenciones.

Posteriormente se pasó a votar la moción de pedido de emplazamiento de las comisiones realizadas por el jefe del radicalismo, Rodrigo de Loredo, y el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez. Por un lado, uno se refirió al financiamiento de las universidades, y el otro al FONID, respectivamente. Esto abrió un ida y vuelta con Menem, que planteó que eran dos mociones distintas y por lo tanto tenían que hacerse dos votaciones. Después de insistir, la UCR y UP lograron que se voten en conjunto. 

De esta manera, el emplazamiento dispone que el plenario de Educación y Presupuesto se reúna este jueves a las 14, con “la obligación de emitir dictamen” sobre presupuesto de las universidades nacionales; mientras que en esa misma reunión deberán tratarse las iniciativas sobre el FONID, para dictaminar sobre ésta cuestión el próximo martes 28 de mayo a las 15. Fue aprobado con 152 votos a favor, 81 en contra y 0 abstenciones. 

Positivamente lo hicieron los bloques de Unión por la Patria, UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.

Mientras que rechazaron La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, el MID, los tucumanos de Independencia, Buenos Aires Libre y Creo. Además votaron negativamente Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal -el único de su bancada- y los sanjuaninos de Producción y Trabajo. 

La sesión de este martes estuvo en duda hasta minutos antes; si bien no había sido levantada por sus impulsores, los radicales se congregaron en las oficinas de De Loredo a poco tiempo del inicio y evaluaron qué harían luego que desde el Gobierno nacional llegara el anuncio de que se había acordado con el Consejo Interuniversitario Nacional un aumento del 270% (para gastos de funcionamiento, no de salarios) para todas las universidades, como sucedió antes con la UBA. Un incremento que regirá para este año. 

Pero previamente, el oficialismo ya había intentado frenar la sesión con la convocatoria al plenario de Educación y Presupuesto para este jueves a las 16. Ahora el emplazamiento fue para dos horas antes. Cuando este lunes la Libertad Avanza y sus aliados del Pro movieron esa ficha ya había incluso radicales que sugerían no ir a la sesión, por más que era su propio espacio el que la había pedido. ¿El argumento? No quedar “pegados al kirchnerismo”.

Unión por la Patria ya había avisado que bajaría a dar quórum y que además pediría por el emplazamiento para tratar los proyectos relacionados al FONID. Así fue finalmente. 

A las 14.22 se alcanzó el quórum, con la presencia holgada de 138 legisladores. A los diputados de la UCR y UP se sumaron por la Coalición Cívica cinco de seis de sus integrantes: Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Marcela Campagnoli. 

También dieron el presente los cinco legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Christian Castillo. 

Por Hacemos Coalición Federal, sólo cuatro diputados estuvieron para el quórum -los demás, como Miguel Pichetto, bajaron luego- y fueron: los cordobeses Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño; y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón. 

Además, se sentaron en sus bancas para aportar al número Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). 

La sesión transcurrió durante horas por otros temas: hubo más de una veintena de cuestiones de privilegio, tres homenajes y pedidos de apartamiento del reglamento para tratar repudios contra el secretario de Culto, Francisco Sánchez, lo pidió la massista Cecilia Moreau; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a solicitud de la macrista Silvia Lospennato; y el presidente español, Pedro Sánchez, a propuesta del libertario Nicolás Mayoraz. Sin los dos tercios, ninguno prosperó. 

La sesión había sido pedida por el bloque que conduce Rodrigo de Loredo el viernes pasado.

El oficialismo y sus aliados del Pro cuestionaron en varios tramos la realización de la sesión, al recordar que el plenario ya estaba citado para este jueves. Algo sobre lo que hizo énfasis el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien no ocultó su malestar por el avance de la sesión -que calificó de “ridícula, ignominiosa, desprolija y grave”- y responsabilizó al jefe del bloque radical, a quien acusó de “faltar a su palabra”, ya que según el macrista el viernes se había acordado llevar estos temas directamente al plenario de esta semana. 

“Quién sabe qué culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”, lanzó y desafió: “Quiero, por su intermedio señor presidente (dirigiéndose a Menem), manifestarle al diputado De Loredo que no sólo tengo honor para mantener mi palabra, sino que tengo coraje y hombría de bien para mantener mis dichos”.

Al responderle, De Loredo expresó: “Esas reuniones nocturnas a las que usted le asigna una relevancia tan trascendente, y además las falsea, no son a las que le damos prioridad”. “Nosotros le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida y la palabra en público”, retrucó el cordobés. En su discurso, afirmó que estaban presentes “por una cuestión de tiempo, porque el tiempo está pasando y las soluciones no aparecen”. 

Ante la extensa previa de la votación, el líder de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, se quejó: “Esta tarde nos deja una experiencia lamentable. Esto ha sido interminable y lamentable”. “Tienen que funcionar las comisiones y tiene que haber trabajo de comisiones con dictámenes, porque eso nos permite ordenar el recinto, sino como dijo el diputado (Leopoldo) Moreau, es debate libre”, sostuvo. 

“Nosotros no vamos a avalar con dos tercios el tratamiento del financiamiento universitario. Tiene que haber dictamen de comisión y saber con certeza lo que se va a votar”, insistió y aclaró que desde su bloque no iban a hacer “demagogia barata”. 

Por otro lado, en línea con un reclamo que Germán Martínez había planteado anteriormente, Pichetto le reclamó a Menem que “hay que armar las bicamerales presidente, porque hay organismos del Estado que requieren control”. 

Casi en el cierre, la diputada radical Danya Tavela, referente del ámbito universitario, lamentó el “debate descalificador, lleno de agravios, de aprietes, de amenazas, de códigos que se rompen”. “Hicimos un recorrido conjunto respecto de este tema con todos los espacios políticos que integran esta cámara, a veces con acuerdos, a veces con diferencias, pero siempre tratando de encontrar el equilibrio y respetándonos. Lamentablemente hoy ese nivel de diálogo pareciese que no va a poder sostenerse en el tiempo”, manifestó. 

Además, recordó que “las respuestas las venimos trabajando con el sistema universitario argentino desde hace más de dos meses” porque “hay una clara intención de este Gobierno de desfinanciar la ciencia y la educación”. 

Si bien celebró el anuncio realizado esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la exsecretaria de Políticas Universitarias aclaró: “Lo que no vamos a celebrar es el intento de dividir al sistema universitario argentino, de cuestionar su legitimidad y de finalmente poner en duda lo que significó la marcha del 23 (de abril)”. 

En la previa de la sesión especial que solicitó el bloque de la Unión Cívica Radical por el tema del financiamiento universitario, el oficialismo activó un mecanismo -al igual que en otras ocasiones- con la intención de darla de baja: se convocó a un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

Hasta ahora, los proyectos fueron debatidos en el marco de la comisión cabecera, con invitados. En el cierre de la última jornada, de la que participó el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que el debate estaba agotado y reclamó pasar al dictamen urgente.

En el cierre de la semana, pese al anuncio del Ministerio de Capital Humano, la UCR solicitó una sesión especial. Cabe recordar que el pasado 24 de abril, un día después de la multitudinaria marcha en defensa de las universidades públicas, Unión por la Patria convocó a una sesión que fracasó, pero estuvo a cinco diputados del quórum. En esa ocasión, 14 radicales bajaron al recinto.

Frente al llamado a un plenario de Educación y Presupuesto para este jueves a las 16 (Educación estaba recién citada para la última semana de mayo), y cuando todavía Martín Menem no formalizó la sesión, desde UP recordaron su predisposición de asistir.

“El bloque de diputados UCR pidió para mañana una Sesión Especial por el tema Universidades. Desde UP vamos a dar quórum, coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses”, avisaron.

Y, además, anticiparon que pedirán incluir el debate sobre los proyectos que buscan la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Al no tener dictamen los proyectos, su aprobación requeriría dos tercios de los votos de los presentes, algo difícil de lograr. El objetivo, hasta ahora no alcanzado, viene siendo por parte de la oposición, en este y otros temas, lograr el emplazamiento de las comisiones. Esta vez, como pasó anteriormente con la fórmula de movilidad jubilatoria, el oficialismo ya se anticipó con llamar a las comisiones. Se verá cuál es la decisión de la UCR.

A casi un mes de la marcha federal que movilizó a una multitud en defensa de universidad pública, y en el marco del debate de proyectos de ley sobre el financiamiento de la educación superior, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, asistió este martes a la comisión homónima de la Cámara de Diputados. 

“Estamos progresivamente aumentando el presupuesto, por supuesto no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable”, aseguró sobre las partidas destinadas a las universidades nacionales, luego del reclamo que se dio por los fondos que se encontraban congelados en el arranque de las clases. 

Cabe recordar que, un día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano informó -mediante un comunicado- que había establecido un “cronograma de pagos” con el Consejo Interuniversitario Nacional y que había depositado el “100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”. También indicó que dicho depósito incluyó un aumento del 70% de las transferencias, por un total de $10.075.851.995.

Ese incremento fue el que destacó este martes el funcionario, quien además consideró que “la comparación permanente que se hace con el año pasado tiene una cierta injusticia”. “Es más sencillo distribuir recursos en un contexto de emisión monetaria fuerte que en un contexto de restricción, porque se quiere sanear la economía”, lanzó. 

Torrendell aseveró que “aunque los recursos puedan escasear, proporcionalmente la apuesta por la educación resulta simbólica y efectivamente consistente”. “Entiendan que llevamos cinco meses de un Gobierno que está enfrentando de forma novedosa toda esta situación”, agregó. 

En ese sentido, insistió: “La educación para nosotros es vital y el presupuesto universitario también. Se plantea que parecería que esto no es así, a partir de comparaciones con las situaciones previas. Y no podemos comparar lisa y llanamente la situación actual con la anterior, como si eso demostrara una minusvaloración del presupuesto universitario, en un contexto de crisis económico relevante, en donde se quiere hacer un tratamiento de las cuentas públicas ordenado”. 

Durante su exposición inicial, el secretario de Educación señaló que “lógicamente hay un pedido de previsibilidad, que es razonable y entendible” por parte de la comunidad universitaria; y reveló que cuando asumieron en diciembre había “una deuda de 360 millones de pesos de los dos meses y medio previos” con el sector, que pudieron pagar “rápidamente”. Sin embargo, todavía “hay otras deudas que abordar en el sistema educativo”. 

“Entiendo el anhelo de previsibilidad, pero también es complejo”, dijo y habló de un cambio de paradigma sobre el financiamiento de la educación, “que pase más de la lógica de distribuir recursos a una lógica centrada en lo que podríamos llamar una eficiencia integral, que contemple dos dimensiones”, propuso. En esa línea, explicó que debe financiarse de manera que “los recursos vayan a los que menos tienen” y además “distribuir los recursos para que efectivamente los alumnos aprendan, que haya una mejora en los aprendizajes”. “Argentina lleva muchas veces esta lógica de repartir recursos y no de vincularlos con un direccionamiento inteligente”, sumó. 

Sobre la cuestión salarial, el funcionario reconoció que “evidentemente hay una pérdida en relación a la inflación de los salarios del mundo educativo y docente”. “Hemos estado convocando a paritarias y, aunque no se pudo acordar, hemos otorgado aumentos durante estos meses. La idea es seguir ampliándolo, de manera de ir mejorando paulatinamente la situación salarial”. 

Torrendell apuntó que “el aumento de 70% de los gastos de funcionamiento” a las universidades “ ya se ha abonado” y anunció: “El mes que viene, sobre los gastos de funcionamiento de mayo, también va a haber un segundo aporte”. Este nuevo aumento no lo especificó, como tampoco los fondos que se enviarán a las casas de altos estudios que tienen hospitales. Más tarde, los diputados Daniel Arroyo (UP), Danya Tavela (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) le pidieron que envíe el detalle de esas partidas.

A su vez, prometió que se fortalecerán los programas de ciencia y técnica y se continuará con las becas doctorales. “Nuestra idea es, en diálogo con (el Ministerio de) Economía, por lo menos iniciar las obras que se puedan, priorizar las de educación y con las universidades que están con obras más avanzadas”, expresó sobre la cuestión infraestructura. 

“El presupuesto reconducido del 2023 a 2024 es de 1,4 billones. Con lo que se ha aumentado hasta ahora, si se congelara todo, ya este año el gasto con las universidades llega a 2,5 billones. Nosotros vamos a seguir ampliando los salarios y los gastos de funcionamiento”, aseguró. También informó que cualquier universidad que requiera de recursos extra para el pago de tarifas de energía o seguridad, podrá pedir ayuda para afrontarlo y “eso va a ser abonado”.  

Al momento de las preguntas, el diputado Ferraro manifestó: “Creo que usted entiende de lo que estamos hablando, quizás también la ministra de Capital Humano, a quien no conozco. Pero acá los que no están entendiendo y hay que hacerles entender, con un fuerte tirón de orejas, son dos funcionarios: el jefe de Gabinete, el señor (Nicolás) Posse, y el ministro de Economía, (Luis) Caputo”. 

Para el cívico hay que determinar “de qué manera salimos del látigo y billetera por parte del ministro de Economía y del jefe de Gabinete” y “el Gobierno nacional nos marca una previsibilidad y un camino de cómo va a ser el financiamiento universitario en estos siete meses que quedan del año”. 

“Para que la inversión sea correcta no es solo distribuir recursos”, sostuvo Torrendell, que no detalló números y dijo que el trabajo hacia el presupuesto del año próximo “comienza en breve” y se llevarán adelante, para ellos, reuniones con el CIN. 

Uno de los temas que surgió fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que la gestión de Javier Milei decidió no prorrogar. El radical Julio Cobos recordó que “el FONID surgió en un gobierno que es admirado por el actual presidente, de hecho hoy se ha inaugurado un busto en homenaje al presidente Carlos Menem”, señaló en referencia al acto que hubo este martes en Casa Rosada. Y mencionó a continuación que eso se hizo “de manera de compensar la descentralización que se hizo hacia las provincias, en materia de funciones y operaciones; pero que no fue oportunamente acompañado por sus recursos”. 

Torrendell afirmó que no hubo un ajuste sobre los fondos que estaban previstos para el FONID, porque no se han quitado a la Secretaría de Educación, sino que se los va a “redireccionar a la mejora de los aprendizajes” como en alfabetización. Indicó que la ley de 1998 “no instaló para siempre” a este Fondo. “El FONID surge para compensar el problema del salario docente, por las diferencias de salarios provinciales, pero eso se resolvió con la Ley de Financiamiento Educativo de 2006”, consideró, avalando así la decisión. Y agregó que la idea del Gobierno es “ordenar las economías nacional y provinciales, para que las provincias se hagan cargo de lo salarial”. 

Al consultarle la diputada radical Danya Tavela qué opina sobre los proyectos que están en debate y que buscan establecer un régimen de financiamiento universitario -ella es autora de uno-, el secretario de Educación precisó que el año pasado el presupuesto para universidades tuvo un esquema de “ 90% a salarios, 5% para gastos de funcionamiento y otro 5% en todo lo que fue programas”. Torrendell recomendó no establecer porcentajes fijos, haciendo un esquema inflexible, sino “debatir con los rectores” qué es lo que conviene. 

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón le preguntó al funcionario por la resolución del mes de febrero mediante la cual “la ministra (Sandra Pettovello) dispuso parar con el funcionamiento de universidades que se habían creado a fines de 2023: Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. ¿En qué situación se encuentra esa revisión?”. 

“Sobre Delta y Pilar hubo dos cautelares; la situación de la de Madres de Plaza de Mayo es bastante compleja, porque tiene asambleas impugnadas, no tenemos autoridades hoy constituidas; en el caso de Ezeiza es provincial y por un convenio tiene que ser trasladada a Nación. La de Río Tercero se me escapa en qué situación está. En la resolución se planteó una revisión del proceso previo a la ley. Esas universidades son leyes, la idea es verificar el estado en el que están, continuar en los casos que se pueda y si hay alguna dificultad la traeremos aquí”, contestó. 

En la reunión, que se extendió por más de tres horas, también expusieron rectores de universidades; el director del Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), Marcelo Melo; y la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, quien aseveró que “a todos los ministros nos afecta que el Ministerio haya devenido en Secretaría de Educación”. 

“El sistema educativo argentino en estos cinco meses del gobierno de Javier Milei está sufriendo un cruel desfinanciamiento”, denunció, y reclamó que se traten “urgentemente” los proyectos de ley presentados sobre la continuidad del FONID. 

La funcionaria provincial sostuvo que “hay una desinversión en materia educativa que pone en riesgo la garantía de derechos y la ampliación de oportunidades”. “La falta de definiciones respecto de la continuidad de programas nacionales nos quita toda posibilidad de previsibilidad y nos introduce en un escenario de incertidumbre”, añadió. 

Hacia el final, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, resaltó que “las dos palabras que más resonaron fueron previsibilidad y urgencia”. “No da para más este debate, el intento de patearlo para adelante es un proceso de dilación inaceptable”, enfatizó y exigió tener una fecha de dictamen. Más adelante, el socialista Esteban Paulón propuso que se dictamine el 21 de mayo. Sin embargo, el presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro, cerró la segunda reunión informativa sin precisar cuándo será el próximo encuentro. “Se avisará por Secretaría”, finalizó. 

Foto: HCDN

Durante una reunión informativa de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, autoridades de universidades, profesores y estudiantes expusieron sobre su preocupación por el retraso presupuestario y el financiamiento del sector, tema que comenzó a tratarse la semana pasada. 

El próximo martes 14 de mayo asistirá el secretario de Educación, Carlos Torrendell, según informó el presidente de la comisión, el macrista Alejandro Finocchiaro. En el cierre, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna reclamó que “nos aboquemos lo más urgentemente posible a tener una reunión plenaria con Presupuesto y Hacienda. Es crucial lograr dictamen en base a los proyectos presentados”. 

Primera invitada en hablar, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, consideró que “la discusión entre el tema del financiamiento universitario y el FONID no son dos temas separados. En Argentina durante muchísimos años hemos peleado por el financiamiento educativo, que incluye a las universidades y a las escuelas”. En ese sentido, dijo que todos los niveles “forman parte de un mismo plexo normativo” y “la Ley de Financiamiento Educativo prevé fondos para ambos sistemas”. 

“Estamos en una situación crítica, donde no sólo se dejó de pagar el FONID, sino que el Estado Nacional dejó de enviar los fondos para los comedores y copa de leche, refuerzo nutricional a las provincias”, denunció y alertó también que “se dejaron de enviar los fondos para construcción de escuelas”. 

Alesso habló de “consecuencias dramáticas para la educación pública”. “Quieren maestros de Finlandia pero con sueldos de Nigeria”, cuestionó y remarcó: “La Cámara de Diputados debe velar por las leyes que aquí se votaron”. 

Sonia Alesso

A su turno, Lucía Ortega, doctora en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, valoró que con la marcha del pasado 23 de abril quedó demostrado que la educación pública, gratuita y de calidad “no está puesta en cuestión, ese es un principio que la sociedad planteó que es fundamental para nuestro desarrollo y futuro”. 

“Es necesario que haya financiamiento para todos los gastos que necesitan las universidades. Con una inflación de 300% anual, un presupuesto congelado significa que solamente alcanza para uno de cada cuatro pesos que alcanzaba el año pasado”, resaltó. 

Ortega aclaró que “hay que tener en cuenta que viene un desfinanciamiento de hace varios años” sobre el sector, pero “el salario docente desde noviembre del año pasado hasta acá cayó cerca de un 30%”. “Con el retraso que hay se necesitaría un aumento del 54% para poder tener el poder adquisitivo de noviembre pasado”, precisó. 

Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz, relató que desde el cambio de gobierno se fueron “perdiendo sucesivamente distintas acciones, proyectos y actividades que teníamos y que de a poco van mermando en las universidades”, como por ejemplo la suspensión de proyectos de infraestructura y de las transferencias para la compra de equipamiento para proyectos de ciencia y tecnología. 

“En el sistema universitario hay gran preocupación y una gran angustia, los organismos de doble dependencia, investigadores e investigadoras, están viendo que las líneas de trabajo se están cayendo”, expresó e informó que “el crédito vigente cae para el grueso de los organismos de ciencia y tecnología en el orden del 30% real, siendo el INTI e INTA los que menos descienden y siendo las universidades nacionales las más afectadas, con una caída del 84% real respecto de 2023”. 

Kusinsky agregó: “El escenario que estamos atravesando está poniendo en juego el desarrollo de la ciencia y tecnología, no solo para este momento, sino para el futuro”. 

Por su parte, Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades, opinó que “hay un antes y un después desde la marcha del 23” de abril, porque el reclamo de la comunidad universitaria se convirtió “en un reclamo de todos los argentinos”. “Los docentes universitarios, igual que los no docentes, perdimos en cuatro meses del gobierno de (Javier) Milei más del 50% de nuestros salarios frente a la inflación y esta es la pérdida salarial más grande de la historia”, dijo.  

Norberto Heyaca, de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN, enfatizó que “el pueblo pidió universidad pública” y en un mensaje a los legisladores manifestó: “De ustedes depende que esa universidad tenga presupuesto y a partir de eso tenga certezas, objetivos, motivación y futuro. Tengo la esperanza que puedan llevar adelante un buen proyecto”. 

Alejandro Finocchiaro (Foto: HCDN)

Entre los oradores, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sostuvo que “las universidades estamos atravesando un ajuste presupuestario que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente. Si suponemos que en abril la inflación va a ser del 9%, los gastos de funcionamiento en términos interanuales se van a ver reducidos un 60%”. 

Pinazo indicó que Argentina es el país de la región con más alta matrícula universitaria, sin embargo “en términos de PBI gasta menos en educación superior que Brasil, Chile y Uruguay”. 

“La universidad pública gasta alrededor de una cuarta parte de lo que el Estado deja de recaudar en exenciones impositivas”, señaló y comparó que el año pasado el gasto universitario fue de “alrededor de 80 mil millones de dólares y solo una empresa, Mercado Libre, recibió exenciones impositivas por más de 100 mil millones de dólares”. 

Ileana Celotto, secretaria general Asociación Gremial Docente de la UBA, denunció: “Las universidades estamos sufriendo una brutal asfixia presupuestaria, al momento solo se ejecutó el 70% sobre el funcionamiento, que representa un 8 o 9% del total del presupuesto. Se ejecutó el 22 de abril, un día antes de la marcha universitaria, como para que nos nieguen que el manejo de los fondos hacia la educación superior no tiene por este Gobierno un objetivo político”. 

“El 90, 92% restante del presupuesto, la mayoría, que se destina a salarios, no hay sobre eso ninguna novedad, no hubo ningún aporte presupuestario”, afirmó y lamentó que “desde hace añares el presupuesto universitario está siendo ajustado; evidentemente todos los gobiernos lo vienen ejecutando”. 

Al hacer hincapié en el salario docente, Celotto contó que “un ayudante de primera, a cargo de alumnos, con título universitario y muchas veces también de posgrado, de dedicación semiexclusiva, lo que equivale a la carga horaria de un maestro de jornada simple, tiene un salario en abril de 247.025,16 pesos”. “La mayoría de nuestra docencia universitaria está por debajo de la línea de la pobreza”, advirtió. 

Al comienzo de la reunión se llevó a cabo la elección de la secretaria segunda, donde fue designada la diputada libertaria María Celeste Ponce. 

A una semana de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales, la Comisión de Educación de Diputados debatirá este jueves sobre el tema, en una reunión que fue convocada para las 15 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja.

El encuentro fue citado luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran “con carácter urgente” dar tratamiento en la comisión a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.

La reunión fue convocada además luego de una sesión fallida, impulsada por Unión por la Patria, para abordar la cuestión en el recinto. Desde este bloque, su jefe, Germán Martínez, intentó este martes sin éxito emplazar a la comisión para que debata además sobre un conjunto de iniciativas que plantean la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Al recoger el guante, el presidente de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, aseguró durante la última sesión que este jueves propondría un cronograma de trabajo para el tratamiento del presupuesto universitario y otros asuntos. Entre ellos mencionó un proyecto anhelado desde hace tiempo por el Pro: el que declara a la educación como servicio esencial.

El pasado 23 de abril, una multitud marchó hacia Plaza de Mayo en reclamo de la actualización presupuestaria para el funcionamiento de las universidades nacionales. Horas antes, el Ministerio de Capital Humano aseguró -mediante un comunicado- que había establecido un “cronograma de pagos” con el Consejo Interuniversitario Nacional y que había depositado el “100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”. También indicó que dicho depósito incluyó un aumento del 70% de las transferencias, por un total de $10.075.851.995.

La diputada nacional radical Danya Tavela se diferenció como más de una docena de miembros de su bloque el miércoles, al participar de la sesión convocada por UP, y en ese marco anticipó en esa reunión que pedirían una sesión especial para el 2 de mayo, a fin de tratar los mismos temas que querían abordar ese día.

Este jueves fue una de las firmantes, junto al jefe de su bancada, Rodrigo de Loredo, de un pedido para tratar “con carácter de urgente” en la Comisión de Educación un proyecto sobre el Régimen de Financiamiento de Universidades Nacionales, que es de la propia Danya Tavela. El pedido fue acompañado por el también radical Pablo Juliano, sus pares de Hacemos Coalición Federal Miguel Pichetto y Maximiliano Ferraro, y el bloque Innovación Federal. 

El pedido tuvo rápida respuesta, pues el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, convocó poco después a los miembros de la misma a reunirse el jueves 2 de mayo a las 15, en la Sala 4, piso 3° del Anexo A de Diputados, a fin de completar la designación de autoridades y posteriormente tratar el proyecto pedido.

La idea de los radicales que impulsaron la reunión era, así como hicieron con el tema previsional, buscar emitir dictamen en esa comisión para llevarlo al recinto.

El problema con el que se topan es el mismo que se encontraron con la cuestión de la movilidad jubilatoria: el proyecto debe ser tratado también por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que su presidente, José Luis Espert, en sintonía con el Gobierno nacional, se resistió a convocar a su comisión para tratar el tema previsional, y se espera que suceda lo mismo con este tema.

Después de que el presidente de la Nación, Javier Milei, emitiera un comunicado en el que aseguró que “en ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales”, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano salió a cuestionarlo con dureza y advirtió que “insiste con las provocaciones y con el ajuste”.

En ese sentido, el trotskista aseveró que “lejos de escuchar el mensaje dado por la histórica movilización universitaria que reunió alrededor de un millón de personas en todo el país, el presidente Javier Milei ha decidido continuar con su campaña de provocaciones y mentiras” y consideró que “el comunicado titulado ‘Causas nobles. Motivos oscuros’ muestra que la decisión del Gobierno es profundizar el ajuste mientras provoca a quienes reclaman por la educación y la universidad pública”.

“En su comunicado Milei miente alevosamente. Dice que están los fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales cuando los números muestran exactamente lo contrario. Es que luego de los supuestos ́ refuerzos ́ el presupuesto 2024 será de 1.440.397 millones de pesos, sólo un 4.1% más que el del 2023 (1.385290 millones de pesos). Esto a pesar de que durante el año pasado la inflación fue de 211.4% y en el trimestre del 2024 ya acumula un 51.6%. Es decir que la desvalorización del presupuesto es alevosa e innegable”, continuó Solano.

Al mismo tiempo que aseguró que “en su comunicado el presidente mentiroso no se refiere en ningún momento a las partidas destinadas al pago de salarios de los docentes y no docentes, que componen más del 80% del presupuesto total de las universidades nacionales. Dicho aumento debiera servir para recuperar lo perdido durante el gobierno anterior sumado al impacto inflacionario generado por Milei con su mega devaluación”.

“La impostura de Milei llega a extremos irritantes. Quiere hablar como representantes de la población que está bajo la línea de pobreza cuando las medidas aplicadas por su gobierno crearon más de tres millones de pobres. ¡El récord de un millón de pobres por cada mes de Gobierno!”, agregó y concluyó señalando que “la conclusión que deja el comunicado del presidente mentiroso es que es necesario profundizar la movilización para lograr conseguir el presupuesto que necesita la universidad para su funcionamiento y para el pago de los salarios”.