El diputado socialista Esteban Paulón ya había intimado a funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo por la no publicación de las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y de Financiamiento Universitario, anticipando que realizaría una denuncia penal por incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad. Les había apuntado originalmente al presidente Javier Milei, Guillermo Francos, Mario Lugones, a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos creer cómo este gobierno se las ingenia para no cumplir ninguna ley y de la cual dependen miles de familias, profesionales, niños y niñas de todo el país que necesitan atención”, dijo entonces el santafesino de Encuentro Federal que también aseveró: “Son insensibles y autoritarios”.

Publicadas ambas leyes, pero suspendidas por el Poder Ejecutivo a instancias de que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento, Paulón sumó a su presentación a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, como así también al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ampliando la denuncia con una figura más que es la de malversación de caudales públicos, anticipó a parlamentario.com.

“Hacemos ampliación sobre la denuncia de la Emergencia en Discapacidad”, aclaró el diputado socialista.

Previsiblemente, la promulgación y suspensión de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica por parte del Poder Ejecutivo, tal cual había hecho antes con la Ley de Emergencia en Discapacidad, generó airadas reacciones de legisladores nacionales que hablaron de “crueldad” de parte del Gobierno de Javier Milei, lo acusaron de violar la Constitución y advirtieron con presentaciones judiciales.

El diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto le atribuyó a esta administración una “crueldad increíble”, y sostuvo que tanto Javier Milei, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Sandra Pettovello y Mario Lugones “violan la Constitución Nacional”

“Hoy promulgaron  la Ley 27.796  Emergencia Pediátrica y la Ley 27.795 Financiamiento Universitario, pero SUSPENDEN SU EJECUCIÓN. No pueden condicionar la vigencia de una ley.

DEBEN  reglamentarla, no suspenderla. Tu excusa de suspenderla No es válida, Francos puede reasignar partidas, lo autoriza la Constitución Nacional, que no respetás”, señaló y cerró, siempre dirigiéndose al presidente: “Escuchame, incumplís la CN, afectás la división de poderes, no financiás la Emergencia en Discapacidad, podría seguir... Solo decirte: nos vemos el 26/10”.

El socialista Esteban Paulón anticipó que “ante el incumplimiento, el tiempo de la justicia. Hoy ampliaremos la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público contra Javier Milei, Guillermo Francos, Mario Lugones y se sumará Sandra Pettovello. Las leyes están para cumplirse!”.

Ante el incumplimiento, el tiempo de la justicia.
Hoy ampliaremos la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público contra @JMilei @GAFrancosOk @Mariolugones_ar
y se sumará @SPettovelloOK.
Las leyes están para cumplirse! pic.twitter.com/puOD2MPQiP

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 21, 2025

También desde UP, Itai Hagman hizo un posteo titulado “Cada vez más monarca que presidente”, en el que escribió: “Después de que desde el Congreso insistiéramos con 2/3 para la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica (Garrahan), los tipos van y sacan un decreto que dice que no las van a cumplir hasta “que se indique la fuente de financiamiento.” Los mismos que le acaban de regalar 1500 millones de dólares a las cerealeras, y que lloraron en todos lados para pagar con la plata de todos la reimpresión de las boletas de PBA porque bajaron su candidato narco. Encima los caraduras meten en los considerandos la necesidad de tener un presupuesto nacional CUANDO FUERON ELLOS LOS QUE HACE DOS AÑOS ELIGEN GOBERNAR SIN PRESUPUESTO”.

Otro candidato de ese distrito, Martín Lousteau, señaló que “el domingo tenemos que pegarles una ubicada”, cerró Hagman, quien además es encabeza la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires”.

“El Gobierno sigue negándose a aplicar las leyes que sanciona el Congreso. Hay plata VIP: para bajar impuestos, reimprimir boletas sin Espert y financiar viajes a Miami. Pero no para jubilados, hospitales ni universidades”, cerró el senador nacional.

La cordobesa Natalia de la Sota señaló por su parte que “el presidente Milei vuelve a burlarse de las leyes aprobadas por el Congreso y ratifica su extrema insensibilidad. Ahora, suspendió la ejecución del Financiamiento Universitario y de la Ley del Garrahan. Plata hay, pero puede más el capricho ideológico. No vamos a bajar los brazos”.

Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), expresó: “Una vez más, el Gobierno se aparta de la ley y de la Constitución. Promulgó de manera condicionada y extorsiva las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica del Garrahan, introduciendo cláusulas para suspender sus efectos”. Agregó que este “es un Gobierno que, de forma arbitraria y deliberada, decide no cumplir con las normas sancionadas por el Congreso conforme al proceso democrático. Es crueldad, pero también un acto de desobediencia institucional sin precedentes”.

“No es tiempo de rechazar lo que ya se decidió. Es tiempo de cumplir. El Ministerio de Economía debe reasignar los recursos y partidas presupuestarias para atender las prioridades que definió el Congreso de la Nación. No estaríamos en esta situación si el propio Gobierno no hubiera bloqueado la discusión del presupuesto el año pasado”, añadió Ferraro.

En un prolongado posteo, el presidente de la CC dijo que “en una República, la división de poderes no es una formalidad ni una cuestión de edificios separados: implica respetar y acatar las decisiones de los otros poderes que equilibran y limitan al Ejecutivo. El Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y el Congreso insistió. Y ahora el Ejecutivo, con una inventiva inédita, intenta eludir el cumplimiento de la ley”. Y cerró: “Estas artimañas siempre tienen patas cortas. Tarde o temprano, el Gobierno no podrá seguir haciéndose el tonto y deberá cumplir con su obligación: respetar y ejecutar las leyes del Congreso”.

En tono de campaña, el senador Mariano Recalde posteó: “Esto nos jugamos el próximo domingo. Es Milei o el Garrahan. Es Milei o que tus hijos puedan ir a la universidad. Es Milei o Argentina”.

Esto nos jugamos el próximo domingo. Es Milei o el Garrahan. Es Milei o que tus hijos puedan ir a la universidad.

Es Milei o Argentina. pic.twitter.com/ei8vV431rE

— Mariano Recalde (@marianorecalde) October 21, 2025

“Ganaron para destruir. Este gobierno está en contra de los niños, niñas, adolescentes y la formación universitaria. Avanzaremos en las acciones legales que correspondan para garantizar educación y salud pública. La ley está para cumplirse”, posteó a su vez la socialista Mónica Fein.

A su vez, la diputada entrerriana de UP Blanca Osuna señaló que “la salud, la educación y la discapacidad no pueden esperar. Promulgan las leyes, pero las congelan. Ni la emergencia pediátrica, ni el financiamiento universitario, ni la emergencia en discapacidad entran en el “presupuesto”. Ajuste con firma y cinismo”.

Es todo un deja vu liberto. Ahora con el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Un nuevo acto de autocracia. https://t.co/9b3zqfxgEh

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) October 21, 2025

En una decisión que generará previsibles repercusiones negativas en su relación con la oposición con la que se reunió este lunes para dialogar sobre el debate del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero de manera parcial. Esto es, suspendiendo su aplicación hasta que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento de esas leyes.

Exactamente lo que desde la oposición le habían pedido el día anterior que no hiciera con esas dos leyes que esperó hasta el final para proceder del mismo modo como había hecho en su momento con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Si bien en ambos textos comunicó su promulgó, tal cual lo había hecho con la otra ley postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.

En ambos casos invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el decreto 759/25 aclara que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias correspondientes.

El decreto repasa los principales puntos de la ley, que dispone:

• ● Garantizar el financiamiento de las universidades públicas.
• ● Actualizar los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• ● Recomponer los salarios docentes y no docentes al nivel de la inflación, incorporando sumas no remunerativas a los básicos y estableciendo paritarias obligatorias.
• ● Reajustar becas estudiantiles (como Progresar y Manuel Belgrano) y regularizar ingresos científicos.
• ● Asegurar la infraestructura, tecnología y extensión universitaria.

El Ejecutivo estima que el costo total de la ley superaría 1 billón de pesos en 2025 y 2 billones en 2026, advirtiendo que el Congreso no especificó cómo se financiarán esos gastos, en violación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y del artículo 5° de la Ley 24.629, que suspende la ejecución de toda norma que disponga erogaciones sin prever recursos.

Por ese motivo, el decreto dispone que la Ley 27.795 queda promulgada pero sin ejecución inmediata, hasta que el Parlamento incorpore los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.

En el caso de la Emergencia en Pediatría, el decreto 760/25 señala también que la Ley 27.796, que declara por un año la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales, queda suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias al Presupuesto Nacional, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 24.629.

La Ley 27.796 dispone:

• ● La prioridad presupuestaria inmediata para insumos críticos, medicamentos, vacunas, infraestructura y personal esencial de hospitales pediátricos.
• ● La recomposición salarial inmediata del personal de salud (asistencial y no asistencial), incluidos los residentes, con valores reales no inferiores a los de noviembre de 2023.
• ● La exención del impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras del personal de salud.
• ● La designación del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en alta complejidad.
• ● La creación de una comisión de seguimiento con el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría.

El Ejecutivo justificó la suspensión de su ejecución señalando que la norma no prevé fuentes concretas de financiamiento y que su aplicación implicaría desfinanciar programas esenciales, como los de VIH-Sida, tratamientos de alto costo y subsidios para medicamentos de pacientes sin cobertura. Según el decreto, el costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, mientras que el Ministerio de Salud ya presenta un déficit de $102.400 millones.

En los fundamentos, el Gobierno advierte que el Congreso aprobó la ley “bajo la apariencia de defender una causa noble”, pero sin respaldo presupuestario, lo que —según el texto— pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.

Finalmente, el decreto promulga la ley formalmente, pero suspende su aplicación efectiva hasta que el Parlamento asigne los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.

La Cámara alta vuelve a reunirse este jueves con la intención y la certeza de infringirle al Gobierno nacional otro duro golpe. Es que se propone tratar nada menos que los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento Universitario. Los dos temas contarán con el apoyo de sectores movilizados para acompañar su aprobación y se da por segura la insistencia para con ambos temas por arriba de los dos tercios necesarios.

La sesión arranca bien temprano: a las 10 de la mañana, y se espera que el inicio tenga una fuerte carga política, con citaciones que irán desde el jefe de Gabinete hasta la secretaria General de la Presidencia. En el caso de Guillermo Francos, ya anticipó este miércoles José Mayans que le apuntarán en esta sesión, por la decisión de promulgar pero mantener suspendida la Ley de Emergencia en Discapacidad. La moción de censura está a la vista del funcionario.

Además de los temas centrales se tratarán otras cuestiones pendientes, como un acuerdo judiciales y acuerdos internacionales.

El primero de los temas que figuran en la agenda es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien días pasados estuvo en la Comisión de Acuerdos.

Luego se avanzará con el tratamiento de una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Después será el turno del tratamiento de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y el Financiamiento Universitario, que son por lejos las dos cuestiones que más expectativa despiertan.

El quinto tema es un proyecto de ley correspondiente a la senadora rionegrina Mónica Silva que declara Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se realiza cada año durante el ms de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro.

A continuación se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

La Cámara alta volverá a sesionar este jueves con la intención y la certeza de infringirle al Gobierno nacional otro duro golpe. Es que se propone tratar nada menos que los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento Universitario. Los dos temas contarán con el apoyo de sectores movilizados para acompañar su aprobación y se da por segura la insistencia para con ambos temas por arriba de los dos tercios necesarios.

Así se resolvió este martes en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que presidió la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y a la que asistieron los senadores Ezequiel Atauche, Francisco Paoltroni, José Mayans, Mónica Silva, Bartolomé Abdala, Juliana di Tullio, Carlos “Camau” Espínola, Carlos Arce, Mariana Juri, Fernando Salino, Lucila Crexell, Natalia Gadano, Martín Göerling Lara, Anabel Fernández Sagasti y Eduardo Vischi.

La sesión arrancará bien temprano, a las 10 de la mañana y además de los temas centrales se tratarán otras cuestiones pendientes, como un acuerdo judiciales y acuerdos internacionales.

El primero de los temas que figuran en la agenda es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien días pasados estuvo en la Comisión de Acuerdos.

Luego se avanzará con el tratamiento de una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Después será el turno del tratamiento de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y el Financiamiento Universitario, que son por lejos las dos cuestiones que más expectativa despiertan.

El quinto tema es un proyecto de ley correspondiente a la senadora rionegrina Mónica Silva que declara Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se realiza cada año durante el ms de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro.

A continuación se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

El vocero presidencial Manuel Adorni lanzó este jueves duras críticas contra la Cámara de Diputados, tras el rechazo a los vetos presidenciales sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. “Quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza”, afirmó.

Adorni sostuvo que el presidente Javier Milei “planteó responsabilidad” y que el Congreso “respondió con demagogia”, al aprobar normas que, según el Gobierno, comprometen el equilibrio fiscal. En ese sentido, detalló que el financiamiento universitario implicaría 12,9 billones de pesos anuales, lo que equivaldría a suspender todos los planes sociales por tres meses, los subsidios energéticos por cuatro meses o aumentar el IVA al 44% por 45 días.

Respecto a la Ley de Emergencia Pediátrica, el vocero indicó que su costo anual sería de 130 mil millones de pesos, lo que podría implicar “despedir a 66.550 empleados públicos, suspender el total del subsidio al transporte por un mes o las jubilaciones de privilegio por tres meses”.

Adorni también se refirió a la marcha del miércoles, en la que participaron gremios, organizaciones sociales y dirigentes políticos. “Se alinearon todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina”, expresó.

Finalmente, el vocero defendió las políticas del Gobierno en materia educativa y previsional, y llamó a renovar el Congreso en las elecciones del 26 de octubre para “evitar que el partido del Estado dilapide el futuro de los argentinos”.

Luego del debate del inicio de la sesión de Diputados que concluyó con la decisión de hacer un debate conjunto de los vetos, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, hizo un intento por convencer a sus pares para evitar debatir los vetos.

Recordó que el miércoles venidero se iniciaría el debate del Presupuesto 2026 en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, y ese día tratarían la actualización de los presupuestos de educación. En ese sentido señaló que la propuesta de aumentar las partidas presupuestarias para el año próximo serían adelantadas para este año, específicamente para los meses de octubre, noviembre y diciembre. “Que las actualizaciones se hagan ahora, en el plano de la educación universitaria”, sintetizó el cordobés.

Le contestó la diputada de Democracia para Siempre Danya Tavela, quien aclaró que “la discusión de hoy va mucho más allá de la discusión que empieza la semana que viene. No hay discusión retroactiva para el Presupuesto. Venimos reclamando actualizaciones presupuestarias desde 2024 que el Gobierno se olvidó de hacer”.

Tras ello, Bornoroni insistió, sin demasiado éxito, en que la propuesta sería adelantar las partidas para este mismo año, en un intento fallido para evitar los dos tercios que habilitarían a continuación el debate de Financiamiento Universitario al menos.

Sin mayor problema se alcanzó este miércoles a las 13.09 el quórum para desarrollar la sesión de Diputados cuyo tema central pasará por el debate de otros dos vetos presidenciales: el del Garrahan y Universidades. Fue tan rápido que se logró el número para arrancar, que ni siquiera estaba sentado en su sitial el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la diputada Cecilia Moreau fue la encargada de poner en marcha la sesión.

Además de los bloques convocantes, estuvieron sentados en sus bancas para dar quórum los diputados del bloque radical y los de Innovación Federal.

La sesión se da en el marco de un Palacio Legislativo rodeado de manifestantes convocados por la comunidad universitaria -y parte de la comunidad médica- movilizados para respaldar el reclamo de que se mantengan vigentes esas leyes, y por eso se esperan miles y miles de manifestantes frente a las puertas del Congreso para hacer escuchar su clamor.

Atendiendo esa cuestión fue que en el inicio mismo de la sesión, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, planteó una moción para votar directamente los vetos, sin debate. Al anunciar su propuesta, aclaró que no había participado de Labor Parlamentaria y por eso lo hacía en ese momento y lo justificó en tratar de dar celeridad al tratamiento de ambas insistencias. Tras un cuarto intermedio esa propuesta quedó de lado, pero se acordó acelerar los tiempos con un debate conjunto de los dos temas.

Ya en la reunión de Labor Parlamentaria se había decidido quitar algunas cuestiones del temario, como los decretos sobre el PENIA sobre prevención de embarazo adolescente, y el DNU 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

En la previa de esta sesión tan especial, lo único seguro era a priori la obtención del quórum. Porque no hay certezas de que la oposición vaya a contar con los dos tercios para rechazar los vetos, por ejemplo. Aunque hay muchas chances de que sí lo consigan con la Ley de Emergencia Pediátrica, no así con Financiamiento Universitario, tema en el cual hay muchas dudas de que logren alcanzar los bloques opositores el número suficiente.

Para uno y otro caso la atención está puesta en la manera que se votaron esos temas cuando sendas medias sanciones. Con la ley referida al Garrahan se consiguieron los dos tercios; con lo de las universidades se estuvo cerca. Este martes algunos diputados aliados del oficialismo dieron señales de no estar dispuestos a sostener el veto. Uno de ellos se diferenció de colegas de grandes centros urbanos, donde su accionar pasa desapercibido; en cambio ellos viven en comunidades pequeñas donde los reproches están a la vuelta de la esquina.

Con números tan estrechos, cada presencia o ausencia son claves. Al oficialismo le faltará por ejemplo Rocío Bonacci, quien se repone del serio accidente automovilístico que sufrió hace algunas semanas. En la oposición no estaría el formoseño Fernando Carbajal, como así tampoco va a estar el diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano, de viaje en la embarcación Sirius en cercanías de la Franja de Gaza.

La oposición contará con cuatro votos en contra de los otrora oficialistas cuatro miembros del bloque Coherencia.

Pero el hermetismo era generalizado en vísperas de la sesión. Una importante integrante de un partido aliado al Gobierno fue abordada por un periodista al salir de una comisión este martes y ante la pregunta del sentido de su voto aclaró que si bien esperaba que su bloque definiera más tarde su postura, ella ya tenía resuelto cómo votaría. No reveló el sentido de su voto, aunque sí que sería igual para ambos vetos.

Muy molesto por el secretismo imperante, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró este martes “inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en Diputados aún existan diputados y diputadas que no  hayan definido su voto en temas tan sensibles. No se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades”, posteó en sus redes sociales.

En vísperas de la sesión circuló un video del exgobernador Oscar Herrera Ahuad, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, pidiéndole a “nuestros diputados nacionales que mañana voten a favor de las universidades públicas”. Esa fue una señal alentadora para los que sostienen el rechazo al veto, que sumaron a esa postura a los diputados salteños y los de Tucumán, por citar solo algunos.

Un dato importante: los radicales votarían mayoritariamente a favor de la Ley de Financiamiento Educativo. Lo adelantó el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo. La secretaria Parlamentaria de esa bancada, Soledad Carrizo, posteó poco antes de la sesión: “En el camino del progreso nacional, es esencial apoyar la EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA. Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto legislativo y en las gobernaciones de varias provincias”.

En el caso de Misiones, hay que tener en cuenta que la palabra que vale es la del todopoderoso Carlos Rovira, a quien el referente radical de esa provincia Gustavo González atribuyó tener “un pacto” con el presidente Javier Milei para que los diputados de esa provincia favorezcan al Gobierno libertario en el Congreso a cambio de Aportes del Tesoro Nacional.

Da la casualidad de que el lunes trascendió que cuatro provincias habían recibido ATN: Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones. Y de ellas, con cuatro mil millones, Misiones era la que más dinero recibió. En definitiva, son contadas las veces que los diputados de esa provincia votaron contra los deseos del Gobierno nacional.

Las dudas se irán revelando a lo largo de esta prolongada jornada en la que algunos se atrevieron a anticipar un eventual empate en materia de vetos.

Otros temas

Entre los otros temas previstos hay uno no menor: el proyecto proveniente del Senado para modificar la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Como con el resto del temario, la oposición buscará forzar el tratamiento sobre tablas, que se descuenta no logrará, para después ir por el emplazamiento a comisiones, cuestión de dictaminar a plazo fijo y poder llevar en breve cada proyecto al recinto.

Entre esos temas figuran emplazamientos para tratar pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a raíz del escándalo sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a la hermana del presidente.

En el mismo sentido, se buscará otro emplazamiento para tratar un proyecto de "reforma democrática" de la ANDIS, hoy intervenida, tras la salida de Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen una serie de audios que desataron el escándalo y las denuncias.

Los otros temas

El temario incluye emplazamientos a comisiones sobre los proyectos para crear una comisión investigadora del caso fentanilo contaminado; iniciativas para jerarquizar el Plan ENIA, sobre prevención de embarazo adolescente; la emergencia en ciencia, tecnología e innovación; y el plan de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Finalmente, la oposición fue al recinto con la intención de rechazar tres decretos facultades delegadas: el 383/25, por el cual se dispuso un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina y un sector de la oposición considera inconstitucional, y el 396/25, que transformó el INA y fusionó INPRES en el SEGEMAR; y el 445/25 que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas

Todavía conmovido por la durísima derrota electoral del domingo 7 de septiembre, el oficialismo se enfrenta este miércoles por primera vez desde entonces a un nuevo desafío opositor. Es que a partir de las 13, los diputados de la oposición intentarán golpear nuevamente al Gobierno volteándole dos vetos presidenciales: el del Garrahan y Universidades.

Si bien la eventual victoria opositora no será todavía definitiva, prácticamente resultaría así pues en el Senado esos temas serán seguramente aprobados con holgura, como ya en su momento sucedió cuando ambos temas fueron allí convertidos en ley.

Será en el marco de una sesión que se dará en un marco muy especial, pues la comunidad universitaria -y parte de la comunidad médica- se movilizarán para respaldar el reclamo de que se mantengan vigentes esas leyes, y por eso se espera que miles y miles de manifestantes lleguen a las puertas del Congreso para hacer escuchar su clamor.

Esos dos temas son el plato fuerte de una jornada que se espera sea extensa, pues comprende una serie de temas que en total superan la veintena. En la reunión de Labor Parlamentaria se habló de diez horas de debate para los dos vetos, aunque luego habría habido acuerdo para reducir el debate de cada veto a tres horas.

Entre los otros temas previstos hay uno no menor: el proyecto proveniente del Senado para modificar la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Como con el resto del temario, la oposición buscará forzar el tratamiento sobre tablas, que se descuenta no logrará, para después ir por el emplazamiento a comisiones, cuestión de dictaminar a plazo fijo y poder llevar en breve cada proyecto al recinto.

Entre esos temas figuran emplazamientos para tratar pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a raíz del escándalo sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a la hermana del presidente.

En el mismo sentido, se buscará otro emplazamiento para tratar un proyecto de "reforma democrática" de la ANDIS, hoy intervenida, tras la salida de Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen una serie de audios que desataron el escándalo y las denuncias.

Las expectativas

En la previa de esta sesión tan especial, lo único seguro pareciera ser la obtención del quórum. Porque no hay certezas de que la oposición vaya a contar con los dos tercios para rechazar los vetos, por ejemplo. Aunque hay muchas chances de que sí lo consigan con la Ley de Emergencia Pediátrica, no así con Financiamiento Universitario, tema en el cual hay muchas dudas de que logren alcanzar los bloques opositores el número suficiente.

Para uno y otro caso la atención está puesta en la manera que se votaron esos temas cuando sendas medias sanciones. Con la ley referida al Garrahan se consiguieron los dos tercios; con lo de las universidades se estuvo cerca. Este martes algunos diputados aliados del oficialismo dieron señales de no estar dispuestos a sostener el veto. Uno de ellos se diferenció de colegas de grandes centros urbanos, donde su accionar pasa desapercibido; en cambio ellos viven en comunidades pequeñas donde los reproches están a la vuelta de la esquina.

Con números tan estrechos, cada presencia o ausencia son claves. Al oficialismo le faltará por ejemplo Rocío Bonacci, quien se repone del serio accidente automovilístico que sufrió hace algunas semanas. En la oposición no estaría el formoseño Fernando Carbajal, como así tampoco va a estar el diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano, de viaje en la embarcación Sirius en cercanías de la Franja de Gaza.

La oposición contará con cuatro votos en contra de los otrora oficialistas cuatro miembros del bloque Coherencia.

Pero el hermetismo era generalizado en vísperas de la sesión. Una importante integrante de un partido aliado al Gobierno fue abordada por un periodista al salir de una comisión este martes y ante la pregunta del sentido de su voto aclaró que si bien esperaba que su bloque definiera más tarde su postura, ella ya tenía resuelto cómo votaría. No reveló el sentido de su voto, aunque sí que sería igual para ambos vetos.

Muy molesto por el secretismo imperante, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró este martes “inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en Diputados aún existan diputados y diputadas que no  hayan definido su voto en temas tan sensibles.

No se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades”, posteó en sus redes sociales.

En vísperas de la sesión circuló un video del exgobernador Oscar Herrera Ahuad, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, pidiéndole a “nuestros diputados nacionales que mañana voten a favor de las universidades públicas”. Claro está que haber sido gobernador no implica en Misiones mayor influencia sobre los legisladores, potestad de la que sí goza en cambio el todopoderoso Carlos Rovira, a quien el referente radical de esa provincia Gustavo González atribuyó tener “un pacto” con el presidente Javier Milei para que los diputados de esa provincia favorezcan al Gobierno libertario en el Congreso a cambio de Aportes del Tesoro Nacional.

Da la casualidad de que el lunes trascendió que cuatro provincias habían recibido ATN: Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones. Y de ellas, con cuatro mil millones, Misiones era la que más dinero recibió. En definitiva, son contadas las veces que los diputados de esa provincia votaron contra los deseos del Gobierno nacional.

Las dudas se irán revelando a lo largo de esta prolongada jornada en la que algunos se atrevieron a anticipar un eventual empate en materia de vetos. Se verá.

Los otros temas

El temario incluye emplazamientos a comisiones sobre los proyectos para crear una comisión investigadora del caso fentanilo contaminado; iniciativas para jerarquizar el Plan ENIA, sobre prevención de embarazo adolescente; la emergencia en ciencia, tecnología e innovación; y el plan de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Finalmente, la oposición va al recinto con la intención de rechazar cuatro decretos, para lo cual requiere mayoría simple. Tres de ellos de facultades delegadas: el 383/25, por el cual se dispuso un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina y un sector de la oposición considera inconstitucional; el 396/25, que transformó el INA y fusionó INPRES en el SEGEMAR; y el 445/25 que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas. También el DNU 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

Axel Kicillof volverá a encabezar este miércoles una protesta contra el Javier Milei -al que hace una semana le propinó una paliza electoral- frente al Congreso, por el veto presidencial a las leyes de apoyo a los médicos del Garrahan y al Financiamiento Universitario, en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

Así, el gobernador bonaerense estrenará en las calles su título de “único peronista” -junto al mandatario de Formosa, Gildo Insfrán- que le ganó un mano a mano electoral al jefe de Estado y lo hará con la agrupación que creó y con la cual logró terciar frente a Cristina Fernández de Kirchner, líderesa de La Cámpora, y Sergio Massa, del Frente Renovador.

Kicillof ha dicho que Milei “no escuchó el veredicto de las urnas” el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria le sacó 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, sorpresivamente, porque hasta hace 60 días los libertarios iban adelante.

Asimismo, el gobernador peronista arremetió contra los vetos de Milei al financiamiento universitario, a la ley de emergencia pediátrica y a la de ATN de recursos económicos a las provincias.

“No hay un problema de déficit, tranquilamente podría haber sostenido las políticas para personas con discapacidad, emitió 17 billones de pesos para pagar los intereses en julio”, advirtió.

La concentración del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) está convocada para las 14,30, en Hipólito Yrigoyen 1584, sede de las Madres de Plaza de Mayo y a la Plaza de los Dos Congresos.

“Ya frenados el veto de Milei a discapacidad, este miércoles vamos a bancar a las universidades y al Garrahan. Sumemos fuerzas para defender el futuro”, dice el mensaje de la gobernación.

Kicillof ha resultado la figura política del año con el inesperado y rotundo triunfo sobre Milei, quien se puso la campaña al hombro porque pensaba que iba a ser un cómodo paseo electoral ante los candidatos peronistas. Y junto a Gildo Insfrán, es el único gobernador que le ha ganado a Javier Milei hasta el momento.

No es casualidad la participación del mandatario provincial en la marcha porque ya ha participado en otras manifestaciones callejeras del año pasado con su Movimiento Derecho al Futuro.

Pero esta vez será el estreno de su empoderamiento como principal dirigente de la provincia de Buenos Aires al haber impuesto su tesitura por sobre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa de una ingeniería electoral especial para la elección del 7 de septiembre.

Kicillof decidió en soledad con los 50 intendentes adelantar las elecciones provinciales y municipales -por primera vez en la historia- y separarlas de las legislativas a nivel nacional.

De esa forma. Kicillof retoma uno de sus puntales ejes políticos como es la participación personal en todo lo que sea protestas por derechos genuinos de la ciudadanía contra Milei. Y lo acompañarán su Gabinete y los intendentes que lo respaldan.

No es casualidad la participación del mandatario provincial en la marcha, porque ya ha participado en otras manifestaciones callejeras del año pasado con su Movimiento Derecho al Futuro, como la del rechazo a la ayuda a las universidades.

El bloque Nuevos Aires, integrado por legisladores que ingresaron al Congreso por las listas de La Libertad Avanza pero que luego se distanciaron del presidente Javier Milei, expresó su rechazo a los recientes vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica.

Carlos Luayza, Viviana Romano y Gustavo Cuervo señalaron que los resultados de las últimas elecciones “enviaron un mensaje inequívoco: la gente rechazó de manera contundente el rumbo del gobierno”. Sin embargo, advirtieron que “lejos de atender esa señal, el oficialismo sigue priorizando su lógica ideológica por sobre las demandas ciudadanas”.

Los diputados remarcaron que los vetos no son hechos menores ni aislados, ya que ambas leyes “representan derechos fundamentales: la educación como herramienta de igualdad y progreso, y la salud de los niños como prioridad social irrenunciable”.

“La gobernabilidad no puede sustentarse en la insensibilidad ni en la imposición ideológica —advirtieron—. Requiere escucha, responsabilidad y acciones que respondan a las prioridades concretas de la gente”.

Finalmente, desde Nuevos Aires concluyeron: “Rechazamos con firmeza estos vetos. La educación y la salud de nuestros niños no admiten retrocesos”.

Luego de que el Gobierno Nacional oficializara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano expresó su apoyo a la marcha que los estudiantes universitarios realizarán este miércoles y manifestó su rechazó a la decisión de Javier Milei.

En ese sentido, el trotskista aseveró que “un Gobierno que veta el financiamiento presupuestario para la universidad pública admitiendo que los salarios aumentaron un 128% cuando la inflación lo hizo en 220%; que veta la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y manda a una persona a difundir entre los periodistas información falsa y ‘en off’ contra los trabajadores que sostienen el hospital a pesar de percibir salarios por debajo de cualquier canasta básica; que reprime todos los miércoles a los jubilados que dejó en la pobreza es un Gobierno de hijos de puta, que es lo que manifiesta la gente en la calle”.

Al mismo tiempo que manifestó que “está muy claro que el pueblo está rechazando las políticas del Gobierno de Milei. Ya lo vimos en las urnas y el viernes en la primera respuesta popular al veto” e insistió en que “el miércoles 17 vamos a una gran marcha universitaria que reúne a todos los sectores para continuar este camino que tiene por objetivo el triunfo de las necesidades populares y por contrapartida la derrota de un gobierno de corruptos y chorros”.

“Nuestra campaña electoral será basada en un acompañamiento de las luchas como siempre lo hemos hecho. En nuestras listas van a encontrar referentes de cada una de ellas, jubilados, trabajadores despedidos de diferentes gremios, del Garrahan, universidades, juventud, del movimiento de mujeres y diversidades, todos los sectores más atacados por este gobierno. Es por eso que decimos que si alguien odia lo suficiente a Milei tiene que votar al Frente de Izquierda”, sentenció.

Se oficializó este lunes la convocatoria a la sesión especial solicitada por la oposición en la Cámara de Diputados, donde se buscará insistir con las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y Financiamiento Universitario, vetadas la semana pasada por el presidente Javier Milei. En las afueras del Congreso se espera una masiva movilización.

La reunión fue citada para las 13, con un temario amplísimo que incluye numerosos emplazamientos de comisiones y un conjunto de decretos, con el fin de rechazarlos.

Las leyes sobre Garrahan y Universidades, nacidas del reclamo de la desactualización presupuestaria y el atraso salarial tanto de médicos como docentes, y demás trabajadores de estos ámbitos, requieren los dos tercios de los votos de los presentes para lograr aprobar su insistencia y que pasen al Senado, donde La Libertad Avanza ya no tiene forma de blindar la decisión presidencial.

En la votación original, la Emergencia Pediátrica alcanzó los dos tercios en Diputados, mientras que Financiamiento Universitario quedó a un voto. Las ausencias y abstenciones de aquella vez terminarán por inclinar la balanza, además de la influencia que ciertos gobernadores puedan ejercer sobre sus legisladores, en medio de conversaciones que Casa Rosada busca reactivar mediante el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Los vetos no serán el único tema incómodo para el Gobierno: la oposición buscará emplazar a comisiones para tratar pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a raíz del escándalo sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a la hermana del presidente.

En el mismo sentido, se buscará otro emplazamiento para tratar un proyecto de "reforma democrática" de la ANDIS, hoy intervenida, tras la salida de Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen una serie de audios que desataron el escándalo y las denuncias.

Pero los proyectos engorrosos no terminan ahí. También se prevé votar un emplazamiento a comisiones para tratar la modificación de la Ley 26.122, sobre el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo. La iniciativa tuvo media sanción del Senado y busca limitar el uso de los DNU por parte del presidente.

En lo que será (todo estima habrá quórum) la primera sesión tras la dura derrota de LLA en las elecciones bonaerenses, el temario incluye emplazamientos a comisiones sobre los proyectos para crear una comisión investigadora del caso fentanilo contaminado; iniciativas para jerarquizar el Plan ENIA, sobre prevención de embarazo adolescente; la emergencia en ciencia, tecnología e innovación; y el plan de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Finalmente, la oposición va al recinto con la intención de rechazar cuatro decretos, para lo cual requiere mayoría simple. Tres de ellos de facultades delegadas: el 383/25, por el cual se dispuso un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina y un sector de la oposición considera inconstitucional; el 396/25, que transformó el INA y fusionó INPRES en el SEGEMAR; y el 445/25 que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas. También el DNU 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

De lograr el quórum, la sesión especial se llevará a cabo en medio de una gran movilización en las afueras del Congreso, con la convocatoria por parte de la comunidad universitaria, los médicos del Garrahan y las organizaciones de jubilados que cada miércoles marchan, acompañados por otros sectores políticos y sindicales.

Después de los vetos firmados por el presidente Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados definió la fecha para insistir con los proyectos de ley de declaración de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y el Financiamiento Universitario: será este miércoles 17 de septiembre a las 13. El pedido de sesión especial lleva las firmas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

El temario de la sesión es extenso e incluye, además, tres proyectos con pedidos de informes verbales: dos contra Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; y uno contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las iniciativas están relacionadas a las acusaciones contra el Gobierno luego del escándalo desatado en la ANDIS y las presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos.

El otro tema que pone en aprietos al Gobierno nacional dentro del temario es el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales al proyecto de modificación a la Ley 26.122 de marco regulatorio a los decretos de necesidad y urgencia. El proyecto de ley cuenta con la media sanción del Senado.

En ese sentido, la oposición también lleva al recinto los emplazamientos para dictaminar la creación de la comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado. La moción será para obligar a Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales, a presidir un plenario junto a Peticiones, Poderes y Reglamento.

En carácter de emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también están los proyectos de ley de emergencia en el sistema de ciencia y técnica; ley de Alzheimer; y planes de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Los tres textos tienen las firmas de cabecera, pero falta el dictamen del cuerpo que preside José Luis Espert.

Por otro lado, se buscará emplazar a comisiones el tratamiento de la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad, proyecto impulsado por Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. El tema tomó relevancia luego de la remoción de Diego Spagnuolo y la filtración de audios por el presunto pago de coimas en el organismo.

Finalmente, la oposición va al recinto con la intención de rechazar otros cuatro decretos: dos de facultades delegadas, el 396/25 que transforma el INA y fusiona INPRES en SEGEMAR, y el 77/25 que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas; y dos DNU, el 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género, y el 61/25 que aprueba el estatuto de la Policía Federal.

De lograr el quórum, la sesión especial se llevará a cabo en medio de una impresionante movilización en las afueras del Congreso de la Nación. A estas horas, la comunidad universitaria, los residentes del Garrahan y las organizaciones de jubilados de cada miércoles estarán presentes, pero puede que otros sectores se sumen al reclamo.

Si bien el flanco opositor había pensando en dos sesiones diferentes, tras el pedido ratificaron llevar todos los temas en una sola cita al recinto de la Cámara de Diputados. Según supo parlamentario.com, Unión por la Patria propuso dos fechas para todos estos temas, pero prevaleció la idea de Democracia para Siempre de llevar todo en una sola convocatoria.

Además este medio supo que sobre el final de la cumbre de la oposición para definir la estrategia parlamentaria, el presidente de la bancada Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se opuso a la incorporación del emplazamiento a la reforma de la Ley 26.122 (marco regulatorio de los DNU). Sin embargo, el tema está en el temario, pero el titular de bloque no firmó el pedido de sesión.

El pedido de sesión especial para ir al recinto de la Cámara baja con estos 13 temas lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca de Unión por la Patria; de Pablo Juliano, Facundo Manes y Carla Carrizo de Democracia para Siempre; de Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño y Mónica Fein de Encuentro Federal; y de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, entre otros.

La autocrítica que Javier Milei prometió realizar tras la derrota en las elecciones bonaerenses no tenía que ver, según lo dicho por él mismo en su discurso, con cambiar el programa económico de su gestión. Y así lo ratificó esta semana, cuando bajo el argumento de que nada ni nadie lo hará correrse del equilibrio fiscal, volvió a vetar leyes que considera van en contramano de ese objetivo.

No importó si los reclamos -tras dos años con presupuesto prorrogado- tienen que ver con causas sensibles: al igual que en discapacidad, al presidente no le tembló el pulso para observar de forma total las normas que preveían financiamiento para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales (en este caso, por segundo año consecutivo).

Mismo destino, que ya era anticipado, corrió la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, ideada originalmente por los 23 gobernadores y el jefe porteño, aunque en el camino algunos retiraron su apoyo, a través de sus legisladores, por los acuerdos electorales con La Libertad Avanza.

En medio de la campaña electoral, luego de la "paliza" en las urnas para LLA en la provincia de Buenos Aires, y en un contexto delicado para el Gobierno por la causa de presunta corrupción en la ANDIS que salpica a Karina Milei, la oposición buscará en el Congreso insistir con las leyes, para lo cual necesitará los votos de los dos tercios de los presentes en ambas cámaras.

Al igual que sucedió con la Emergencia en Discapacidad -un veto que logró revertirse-, la Emergencia Pediátrica (Garrahan) tuvo dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario tuvo un resultado más ajustado en la Cámara baja, pero también consiguió dos tercios, igual que en el recinto de Senadores.

Finalmente, la Ley de ATN salió con dos tercios de la Cámara alta, más no alcanzó esta mayoría en Diputados por varios votos.

Nuevamente, quienes estuvieron ausentes, quienes se abstuvieron o quienes cambien su voto, serán clave para inclinar la balanza para un lado u otro.

Aquí, un repaso por cómo fue la votación de cada una de las leyes vetadas:

Garrahan: dos tercios en ambas cámaras

La Ley de Emergencia Pediátrica, que prevé el sostenimiento y financiamiento del Hospital Garrahan, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto.

Los votos positivos fueron 159, cinco por encima de la cifra justa de dos tercios para la cantidad de diputados que había sentados en ese momento. Dentro del lote de voluntades a favor de la ley aportaron 96 de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 11 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.

También votó por el sí la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical, con 11. Mientras que el Pro se dividió y hubo 4 de sus integrantes que votaron positivamente: Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y María Eugenia Vidal.

Se sumaron en esa ocasión los tres salteños que forman parte de Innovación Federal; los tres tucumanos del bloque Independencia; los dos santacruceños de Por Santa Cruz; el neuquino Osvaldo Llancafilo, del MPN; la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; los santafesinos Mario Barletta (Unidos) y Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe); y la mendocina Lourdes Arrieta (Transformación).

En tanto, los 67 negativos fueron 37 de La Libertad Avanza junto a 4 de sus socios de Liga del Interior; 23 del Pro; Cecilia Ibáñez -en ese momento era del MID, ahora volvió a LLA- y Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad.

Las 4 abstenciones correspondieron a los chubutenses Jorge Ávila, de Encuentro Federal, y Ana Clara Romero, del Pro, quienes responden al gobernador Ignacio "Nacho" Torres. También se abstuvieron el porteño Ricardo López Murphy (RU) y la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).

Dentro de la veintena de ausentes -fueron 26 en total-, el Pro registró 6: Karina Bachey, Gabriela Besana, Sergio Capozzi, Luciano Laspina, Silvia Lospennato y María Sotolano.

Por su parte, por Innovación Federal no estuvieron cuatro misioneros y un rionegrino, que reportan a sus respectivos gobernadores.

En la UCR se ausentaron el chaqueño Gerardo Cipolini y los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay; mientras que por Encuentro Federal lo hizo el entrerriano Francisco Morchio. Todos responden a sus gobernadores, Leandro Zdero, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, respectivamente, quienes tienen acuerdos electorales con LLA en sus provincias.

Parte de LLA en ese momento, estuvo ausente Marcela Pagano, que ya rompió con el oficialismo. Tampoco estuvieron esa vez la tucumana Paula Omodeo y dos radicales "peluca" de Liga del Interior, todos del interbloque LLA.

El resto de las ausencias fueron 2 del MID, 2 de Unión por la Patria, 1 de Democracia para Siempre, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Futuro y Libertad.

Por amplísima mayoría, la ley se sancionó en el Senado el 22 de agosto con 62 votos afirmativos y 8 negativos, que fueron de seis libertarios, el formoseño -vuelto al mileísmo en su territorio- Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero. En tanto, estuvieron ausentes el jefe del bloque Pro, Alfredo De Angeli, y el salteño Juan Carlos Romero.

Financiamiento universitario: más ajustado en Diputados y amplísima mayoría en Senado

En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo corazón es la actualización de los salarios de docentes y no docentes, consiguió con lo justo los dos tercios de los presentes en la Cámara de Diputados, donde se votó el 6 de agosto y cosechó 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. El oficialismo quedó a dos votos de alcanzar el tercio de los presentes.

Gran parte del caudal de votos a favor lo aportaron las bancadas de la oposición: Unión por la Patria con 96, Encuentro Federal con 14, Democracia para Siempre con 11, la Coalición Cívica con 6 y el Frente de Izquierda con 5, Mario Barletta de Unidos; Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe, Osvaldo Llancafilo del MPN; y el santacruceño Sergio Acevedo.

Respecto a los aliados del oficialismo, votaron afirmativamente 11 de los 14 integrantes del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, quien también avaló con su voto; los tres tucumanos del bloque Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; los tres salteños de Innovación Federal que responden al mandatario Gustavo Sáenz; tres del Pro (Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González); Lourdes Arrieta de Transformación; y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo, cercana al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

Sin sorpresas, los 75 votos negativos fueron 38 de La Libertad Avanza; 27 del Pro; 5 de Liga del Interior; la tucumana Paula Omodeo; la santafesina Verónica Razzini, de Futuro y Libertad; el santacruceño José Luis Garrido; el fueguino Ricardo Garramuño; y la cordobesa Cecilia Ibáñez.

Por otro lado, las cinco abstenciones fueron de la santafesina Germana Figueroa Casas, la chubutense Ana Clara Romero y la puntana Karina Bachey, del Pro; el entrerriano Francisco Morchio de Encuentro Federal -alineado al gobernador Rogelio Frigerio-; y de Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos.

Respecto de los 18 ausentes, cinco fueron de Innovación Federal, los cuatros misioneros que responden a Hugo Passalacqua y el rionegrino Agustín Domingo; el chaqueño Gerardo Cipolini y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri de la UCR; el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el santafesino Gabriel Chumpitaz; Martín Arjol de Liga del Interior; Eduardo Falcone y Oscar Zago del MID; la sanjuanina María Ángeles Moreno; Silvia Lospennato del Pro; dos integrantes de Unión por la Patria y Marcela Pagano.

En esta ocasión, LLA había tenido ausente a Pagano, pero en los votos en contra habían estado Carlos D'Alessandro y Gerardo González, todos hoy dentro del bloque Coherencia y con relación rota con el oficialismo.

En cuanto al Senado, donde la norma se sancionó el 21 de agosto, los votos fueron 58 afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.

Además de los 34 miembros del interbloque de Unión por la Patria, votaron a favor 12 de 13 integrantes del bloque radical; 4 de Provincias Unidas; 2 del Pro, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri; la rionegrina Mónica Silva; la tucumana Beatriz Ávila; los dos santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; y los dos misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Por su parte, votaron en contra Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Bartolomé Abdala, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero de LLA; el misionero Martín Goërling Lara y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del Pro; y la santafesina Carolina Losada, de la UCR.

Finalmente, el salteño Juan Carlos Romero, de PU; y las senadoras del Pro Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut) se abstuvieron. Alfredo de Angeli y Francisco Paoltroni fueron los ausentes.

ATN: dos tercios en la cámara de origen y lejos en la otra

La ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de "forma automática y diaria" salió del Senado en la sesión ordinaria del 10 de julio por 56 afirmativos y 1 negativo.

Los votos a favor correspondieron 34 a UP, 8 de la UCR, 4 del Pro, 3 de Provincias Unidas, 2 del Frente Renovador de la Concordia Misionero, 2 de Por Santa Cruz, la tucumana Beatriz Ávila y la rionegrina Mónica Silva. En tanto, el único voto en contra fue del cordobés Luis Juez.

Los 15 ausentes en esa jornada fueron 6 de LLA; 5 de la UCR; 2 de Provincias Unidas; 1 del Pro y 1 de Libertad, Trabajo y Progreso.

Al votarse en la Cámara de Diputados el 20 de agosto, la norma salió aprobada, pero quedó 21 votos abajo de los dos tercios de los presentes.

Los votos a favor fueron 143: 95 de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 8 de Innovación Federal, 3 de Independencia, 3 del Pro, 3 de la UCR, 2 de Por Santa Cruz, 2 del MID, 1 de Transformación, 1 de Unidos, 1 de Defendamos Santa Fe, más Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro, quienes ese día rompieron con LLA.

Por su parte, los 90 en contra fueron 35 de La Libertad Avanza, 31 del Pro, 10 de la UCR, 4 de Liga del Interior, 2 de Futuro y Libertad, 2 de Producción y Trabajo, 1 de CREO, 1 de Somos Fueguinos, la exMID Cecilia Ibáñez y Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos. También votaron negativamente los entrerrianos Francisco Morchio, de Encuentro Federal, y Marcela Antola, de Democracia para Siempre, alineados al gobernador Frigerio.

Las abstenciones fueron 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda y una del Pro, de la chubutense Ana Clara Romero.

Finalmente, los ausentes fueron una docena: 3 de UP, 2 de DpS, 2 de Liga del Interior, 2 de LLA (uno fue Gerardo González, hoy en Coherencia), 1 EF, 1 UCR y 1 MPN.

La pulseada entre el Gobierno y la oposición en el Congreso suma nuevos capítulos con la serie de vetos que salieron de la Rosada sobre el cierre de esta semana. Puntualmente los de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, que salieron entre miércoles y jueves; y el que rechaza la modificación de la ley que rige la distribución de Aportes del Tesoro Nacional, publicado este viernes.

Hay una diferencia entre las tres leyes: las dos primeras tuvieron inicio en Diputados, mientras que la ley promovida por los gobernadores arrancó por el Senado. De tal manera, Financiamiento Universitario y la ley más conocida como Garrahan deberán ser tratadas primero en Diputados, mientras que la de ATN en la Cámara alta.

En la Cámara de Diputados se vienen haciendo especulaciones desde que se conoció el primero de los vetos, al caer la tarde del miércoles. Por lo pronto, los bloques opositores que monitorean la reacción ante el veto no se ponen de acuerdo. Este jueves se habló insistentemente de la posibilidad de pedir una sesión para el miércoles que viene a fin de tratar sendos vetos. Se dijo incluso que el pedido saldría entre jueves y viernes.

Lo cierto es que, según pudo verificar parlamentario.com, la demora en el pedido para sesionar es la falta de acuerdo sobre las fechas. Democracia para Siempre, el bloque de los radicales disidentes que encabeza Pablo Juliano, piensa en hacer una sesión el miércoles 17 de septiembre para ir con la insistencia de los dos vetos: tanto Garrahan como universidades.

El bloque Unión por la Patria analiza en cambio otra postura. En principio piden dos fechas: el 17, para tratar el veto a la Emergencia Pediátrica, y el 24 de septiembre universidades. Están debatiendo en esa bancada qué hacer y mantienen contacto permanente con DpS para resolver qué es lo más conveniente. Por eso todavía no se ha pedido una sesión para la semana próxima.

En el Senado, en tanto, analizarán en las próximas horas y en contacto con los gobernadores cuándo tratar el veto a la Ley de ATN. Allí es más fácil rechazar el veto, lo tienen claro. Pero ya antes de la última sesión habían esbozado la idea de sesionar el 18 de septiembre, no solo sobre vetos, sino otras cuestiones pendientes también.

Con tres vetos sobre la mesa y una oposición que aún no logra articular una respuesta unificada, el Congreso se convierte en el próximo campo de batalla entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas que buscan marcarle límites. La pulseada no solo pone a prueba la cohesión de los bloques, sino también la capacidad del Parlamento para ejercer su rol frente a un gobierno que no duda en usar el bolígrafo presidencial. Lo que ocurra en las próximas sesiones será clave para medir el verdadero peso de la oposición en esta etapa del mandato.

El Gobierno oficializó este miércoles, a través del Decreto 647/2025, el veto total al proyecto de ley N° 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto. La norma, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, había sido presentada como un intento de garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas en materia de salarios, becas, infraestructura y programas de investigación.

Según pudo saber parlamentario.com, el veto ya fue comunicado a ambas cámaras del Congreso.

El veto ya fue comunicado a ambas cámaras del Congreso. Respecto de la Ley de Emergencia en Pediatría, según pudo saber este medio, el veto ya fue comunicado y será anunciado durante la jornada de hoy, cuando vence el tiempo de diez días para decidir.

Y en cuanto a la Ley de ATN, el gobierno tiene todo este jueves y viernes, ya que fue informada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el 29 de agosto.

Si bien se esperaba que el veto fuera publicado en los primeros minutos de este jueves, salió publicado en una edición suplementaria del Boletín Oficial. El texto vetado obligaba al Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias de manera bimestral según la inflación, recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, transformar en remunerativas y bonificables todas las sumas adicionales, y reforzar los programas de becas estratégicas y de bienestar estudiantil.

Según los cálculos oficiales, la aplicación de la ley hubiera implicado un gasto adicional de más de $1,06 billones en 2025 y de más de $2 billones en 2026, montos que, de acuerdo al decreto, no contaban con fuentes de financiamiento “concretas, específicas, actuales y suficientes”.

En los considerandos, la Casa Rosada advirtió que aprobar la norma significaría “incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos”, lo que llevaría a financiarlo mediante emisión monetaria, con el consiguiente impacto inflacionario. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, señala el texto firmado por Javier Milei y sus ministros.

El Gobierno defendió la decisión como un ejercicio de la facultad constitucional prevista en el artículo 83, y recordó que la herramienta del veto ha sido utilizada por diferentes administraciones en los últimos 40 años. A su vez, adelantó que será en el Presupuesto 2026, a presentar el 15 de septiembre, donde se discutirá de manera integral el financiamiento del sistema universitario.

Con la devolución del proyecto al Parlamento, el Congreso tiene ahora la posibilidad de insistir con la sanción por mayoría especial, lo que abre un nuevo frente de disputa política. El tratamiento de esta ley había logrado reunir a la oposición dialoguista con sectores del kirchnerismo, en una señal de unidad frente al ajuste universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Senado el jueves 21 de agosto de 2025, con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Esta ley había sido impulsada por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y apoyada por buena parte de la oposición legislativa. Su objetivo principal es elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI; establecer una actualización bimestral del presupuesto según la inflación; garantizar la recomposición salarial para docentes y no docentes.

Incorporar al básico del convenio colectivo todas las sumas no remunerativas y no bonificables; crear carreras estratégicas y fortalecer actividades de extensión, ciencia y técnica. Asimismo somete a las universidades a control externo por parte de la Auditoría General de la Nación.

El veto presidencial no solo profundiza la tensión con el sistema de educación superior, que viene reclamando aumentos de partidas y mejoras salariales desde comienzos de año, sino que también coloca al Gobierno en un conflicto directo con las fuerzas opositoras que ya han dado señales de que podrían intentar revertir la decisión.

En un contexto en el que las universidades nacionales se preparan para un nuevo plan de lucha, la decisión de Milei confirma la prioridad absoluta del equilibrio fiscal sobre cualquier expansión del gasto, aun cuando se trate de un área altamente sensible y con fuerte impacto social.

A una semana de su sanción, el Senado comunicó formalmente este jueves al Poder Ejecutivo las leyes 27.795, de Financiamiento Universitario, y 27.796, de Emergencia Pediátrica, impulsadas por la oposición y que el oficialismo rechaza, objetando su costo fiscal.

Al igual que sucedió con aprobaciones anteriores, y bajo el argumento de que el Congreso busca "romper el equilibrio fiscal", se espera que ambas normas sean vetadas por el presidente Javier Milei.

En el caso de la Emergencia Pediátrica, que incluye el reconocimiento y garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su última presentación en la Cámara de Diputados evitó confirmar de manera explícita si el Gobierno rechazará la ley.

Respecto a la norma que busca garantizar el presupuesto de las universidades nacionales, con el foco centralmente puesto en la recomposición salarial de docentes y no docentes, el tema cuenta con el antecedente del año pasado, cuando Milei vetó una ley de similares características.

A partir de la comunicación formal comenzaron a correr los 10 días hábiles que el presidente tiene para "observar" parcial o totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá el próximo 11 de septiembre. Según el artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.

Asimismo, el artículo 83 establece que, en caso de desechar el Ejecutivo una ley, ambas cámaras pueden insistir en la aprobación de ésta con dos tercios de los votos.

Cuando se votó, la Ley de Emergencia Pediátrica alcanzó los dos tercios de los votos de los presentes en ambas cámaras para su aprobación: fue con 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados el 6 de agosto; mientras que en la madrugada del 22 de agosto en el Senado cosechó 62 votos a favor y 8 en contra.

En el caso de Financiamiento Universitario, a la norma le faltó solo un voto para los dos tercios en la Cámara baja, donde tuvo media sanción por 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones el 6 de agosto; en tanto, en el Senado sí superó los dos tercios, siendo sancionada con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones el 20 de agosto.

Un día antes de la sesión en el Senado en la que se sancionaron ambas normas, en la Cámara de Diputados terminó de aprobarse una de las leyes impulsadas por los gobernadores: la que establece la coparticipación a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional. Fue numerada como la 27.794, y tendría el mismo destino en manos del PEN.

En un contexto de derrota tras derrota para el oficialismo sobre la agenda parlamentaria, y con un clima que se espesa por los escándalos de presunta corrupción que impactan al Gobierno a raíz de la causa de los audios del extitular de la ANDIS, los vetos seguirán llegando al Congreso en plena campaña electoral.

Al haber tenido como cámara de origen a Diputados, será allí por donde deberá comenzar el trámite en caso que el Gobierno decida vetar este nuevo paquete de leyes.

Semanas atrás, el PEN desechó las leyes sobre jubilados y discapacidad. Cada una tuvo hasta ahora tres caminos distintos: la oposición logró los dos tercios de los votos para sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad; mientras que La Libertad Avanza consiguió a sus "héroes" para blindar el veto a la norma que establecía un 7,2% de incremento en las jubilaciones y suba de 40 mil pesos del bono.

En tanto, el veto a la vuelta de la moratoria quedó sin tratar, como también la emergencia para Bahía Blanca (que la Cámara alta ya había rechazado).

En la primera semana de septiembre, la oposición del Senado buscará ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), donde anteriormente fue sancionada por unanimidad. Una vez aprobada nuevamente la ley por esas mayorías, el artículo 83 de la Constitución Nacional indica que el Poder Ejecutivo debe promulgarla.

Al igual que el año pasado, el Senado sancionó la ley de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes y no docentes con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Sin embargo, una vez que el texto sea girado a la Casa Rosada el presidente Javier Milei volverá a vetarlo.

Además de los 34 miembros del interbloque de Unión por la Patria, votaron a favor 12 de 13 integrantes del bloque radical; 2 de Unidad Federal; 2 del Pro, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri; la rionegrina Mónica Silva; la tucumana Beatriz Ávila; los dos santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; los dos misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la neuquina Lucila Crexell; y la chubutense Edith Terenzi.

Por su parte, votaron en contra del financiamiento universitario Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Bartolomé Abdala, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero de La Libertad Avanza; el formoseño Francisco Paoltroni; el misionero Martín Goërling Lara; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero; y la santafesina Carolina Losada.

Finalmente, El salteño Juan Carlos Romero; y las senadoras del Pro Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut) se abstuvieron.

El debate

En su carácter de presidente de la Comisión de Educación del Senado, Eduardo “Wado” De Pedro, recordó: “Es la segunda vez que vamos a tratar el proyecto. En septiembre del año pasado se aprobó y octubre fue vetada. Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula y los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y, lamentablemente, por el aumento de los servicios y que los salarios no alcanzan, muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.

Así, explicó que el proyecto en su primer artículo habla de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria argentina. En su artículo dos, habla de los objetivos específicos donde asigna partidas por parte del Ejecutivo Nacional al financiamiento que tiene que ver con el ingreso y la permanencia de los estudiantes.

“En el artículo 3 estipula una recomposición como pasó un año de lo que tiene que ver con el presupuesto del 2024. Una recomposición basada en el IPC que trata de la inversión en el funcionamiento del as universidades, en la recomposición salarial, en el sostenimiento dela investigación y, por supuesto, aumento de las becas”, sumó De Pedro y agregó: “En el artículo cuatro se habla de la recomposición y actualización para este año del presupuesto tiene que ser de manera bimestral por el IPC”.

Además, indicó: “Este proyecto, a diferencia del anterior, tiene tres artículos más. El cinco es la obligación del Ejecutivo a convocar a la paritaria nacional docente que tiene que tener como piso la inflación medida por el IPC. También en el artículo 6 refiere a la obligación de actualizar el valor de las becas que hay distintos tipos”.

“En su artículo 7 estipula una partida presupuestaria para la regulación de ingresos a la carrera de investigador científico. Por último, todos sabemos que bajo el pretexto de no auditar y distintos manejos de presupuesto universitario, se hizo un ajuste tremendo que interfiere fuertemente en el funcionamiento”, precisó.

De Pedro manifestó que “en Argentina hay más de 2 millones estudiantes en universidades públicas estamos hablando de casi 10 millones de personas que están dentro del sistema. Tenemos que mencionar los 137 institutos universitarios de los cuales 57 son universidades nacionales y el esfuerzo de los más de 220 mil docentes y no docentes”.

“También recordemos que el 85% del presupuesto es para el salario de los docentes que está bajo la línea de pobreza. No tengo dudas de que este proyecto va a salir porque la educación universitaria es un orgullo nacional, es una de las formas que tenemos en el país de generar movilidad social ascendente. Para nosotros es la llave para que esos millones de jóvenes puedan forjar su futuro con dedicación”, remarcó.

En el tramo final de su intervención, el senador de UP indicó: “La educación universitaria es la llave para el desarrollo productivo del país. En unos pocos años vamos a necesitar de la economía del conocimiento y desfinanciamiento de la universidad esta haciendo lo contrario. El 90% de los chicos que van al secundario quieren ir a la universidad”.

“No sé cuál es la épica del presidente de atacar, ajustar y desprestigiar a la universidad argentina. Un presidente que piensa que el país puede desarrollarse desfinanciando instituciones, ciencia y tecnología, sin universidades, destruyendo la industria. El presidente está hipotecando el futuro de los argentinos y los quiere dejar sin universidades”, cerró.

A su turno, el senador radical Maximiliano Abad sostuvo que “muchas veces pienso qué es lo que podríamos estar discutiendo hoy si en el año 2024 se hubieran procesado y resuelto muchos de los reclamos sociales vinculados a salud, universidades y los haberes jubilatorios. Estaríamos discutiendo en ese caso cuáles son los lineamientos de un proyecto de país”.

“Estaríamos discutiendo una reforma tributataria profunda y la modernización del mundo del trabajo. Pero no, nosotros permanentemente retrocedemos, no avanzamos y el mundo en el cual estamos viviendo es muy duro, muy desafiante para los países emergentes, y nosotros permanentemente nos estamos dando tiros en los pies y tomando decisiones que nos perjudican”.

Para Abad, “no es un tema de recursos, recursos no faltan; lo que falta es un marco legal que los ordene y de prioridades a las prioridades que los argentinos tienen que tener”.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo consideró “evidente” que no hay voluntad de invertir en la educación en la Argentina, y tras resaltar la importancia de la educación en la movilización social ascendente, para el mejoramiento de la calidad de vida de cualquier argentino. Y por supuesto para el desarrollo, para la innovación, la creación y la tecnología del país. Sinónimos de desarrollo para el futuro”.

“Estos recursos que debieran ser elementales para el desarrollo y el futuro, evidentemente no se están produciendo; entonces es muy importante que quienes estamos convencidos mostremos nuestro compromiso inclaudicable”, sostuvo, agregando que “este proyecto que estamos tratando fija la recomposicióin de las partidas para el período mayo-diciembre 2024, según el IPC, y para este año mantiene el mismo criterio de actualización en forma bimestral. Algo que es absolutamente necesario, lógico y coherente”.

La senadora tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) supo ser aliada del oficialismo en los primeros meses del 2024. Sin embargo, hace meses que se viene desmarcando de la postura del Gobierno, tal es así, que anunció su voto en favor del financiamiento universitario. “Esta ley habla de un federalismo real”, defendió.

Con un discurso medido, añadió que las universidades generan “la movilidad ascendente que tienen nuestros jóvenes para construir el país grande que todos soñamos”. También advirtió al presidente de la Nación: “El Gobierno debería tener como prioridad la educación y la salud porque la educación pública universitaria no es un privilegio, es un derecho”. “Votamos por nuestros jóvenes, docentes, investigadores y porque soñamos un país inclusivo, moderno y soberano”, concluyó.

En su intervención, Martín Lousteau adelantó su voto positivo al financiamiento universitario, ya que presentó dos proyectos en el mismo sentido. “Hay más de 2 millones de estudiantes de grado, colegios universitarios secundarios, hospitales universitarios. Las universidades forman parte inescindibles y sustancial del sistema científico y tecnológico de Argentina”, señaló.

El radical apuntó que el Gobierno está atacando la posibilidad de acceder a una universidad, primero restringió los gastos de funcionamiento y, en los últimos tiempos, despreciando los salarios de los docentes.  “Es un Gobierno que atacó sistemáticamente las universidades. Primero dijo que la educación pública era adoctrinamiento, que había estudiantes fantasmas, las auditorias”, criticó el radical.

“Los salarios docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo, 3 de cada 10 pesos que tenían para vivir en el 2023. Hoy están por debajo del 2002 en términos de poder adquisitivo. Nunca habían caído tan bajo”, alertó el radical.

Sobre el final del debate, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti arrancó diciendo que este no era un problema de números, sino “ideológico y político”. Cuestionó la falta de presupuesto, que “aumenta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo” y consideró que “los genios de las auditorías hacen imposible a las autoridades universitarias gestionar previsiblemente sus recursos. Porque desde diciembre de 2023 a la fecha hubo 255 % e inflación y los recursos no crecieron ese porcentaje”.

“Entonces, las autoridades de las universidades nacionales se encuentran con el problema de que es imprevisible, porque no saben cuál va a ser el presupuesto real con el que van a contar. Además de que los servicios han crecido exponencialmente”, agregó.

Agregó que “el 70% de los docentes universitarios tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza”, y sostuvo que además “se han parado todas las obras de infraestructura que estaban en ejecución, porque todo el dinero que tenían ahorrado lo están gastando en pagar la luz, entre otras cosas”.

Y advirtió: “El presupuesto real universitario desde diciembre de 2023 a la fecha ha caído un 46,7%, eso es lo que estamos hablando hoy”.

Cerró el debate el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, quien sostuvo que “la educación pública universitaria es una prioridad para este Gobierno”, y remarcó que “cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con que había muchos niños que no sabían leer, que no comprenden texto”, y aseguró que “nos hemos encargado con preocupación de empezar a sacar a los niños de esa situación”.

Afirmó que “uno de cada 10 niños no saben leer, en los niveles socioeconómicos más bajos uno de cada 5 niños no saben leer; uno de cada dos no puede comprender textos; y todos estos datos ponen en evidencia muchos años de malos manejos de la educación en este país”.

Sostuvo que “se utilizaron nuestras aulas como lugar de lavado de cerebro y disputa ideológica”, y dijo que el Gobierno nacional puso manos a la obra y “empezó rápidamente a  invertir en alfabetización, y nos pusimos también a sacar las ideologías de adentro de la educación. Ideologías que venían envenenando las mentes de nuestros niños y jóvenes”.

Coincidió que este tema tendría que tratarse en el presupuesto, y sostuvo que “intentamos tener un presupuesto el año pasado con déficit cero y nos encontramos chocando con la clase política que no entendía lo que era tener un presupuesto con déficit cero. Entonces nos vimos con la imposibilidad de tener un presupuesto y hoy seguimos con estas discusiones”.

Atauche cuestionó las universidades creadas durante los tiempos del kirchnerismo, que “sacan” muy pocos egresados. “¿No les parece que con el costo exacerbado de las universidades estas inventadas no podríamos empezar a financiar realmente a las universidades que funcionan? -preguntó-. El 4% de los egresados se están llevando el 55% del presupuesto en salario. Las universidades estas producen el 4% de los egresados del país”.

Por eso dijo que “lo que estamos hablando es de lo mismo de siempre: ineficiencia, ineficacia… Los argentinos no estamos dispuestos a pagarle la fiesta a ninguna universidad a la que le cueste casi 500 millones de pesos cada egresado”.

Qué establece la ley

La redacción del texto contó, nuevamente, con la colaboración de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue impulsado por la diputada entrerriana Blanca Osuna y consensuado con textos presentados de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y algunos integrantes del radicalismo.

La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.

Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.

Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándolos por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.

Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.

Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.

Otra semana para el olvido tendrá el oficialismo en el Congreso con, primero, la sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles, donde no pudo sostener el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad -sí, por el contrario, lo hizo con el aumento a las jubilaciones-, tuvo otras votaciones adversas y además se partió el bloque de La Libertad Avanza.

El segundo turno es ahora en el Senado, donde desde las 11.17 de este jueves arrancó una sesión ordinaria en la que la oposición buscará sancionar las leyes de emergencia pediátrica, que prevé financiamiento para el Hospital Garrahan, y la de presupuesto universitario, similar a la que el año pasado el Gobierno vetó.

Ambas cuentan con media sanción de la Cámara baja y son resistidas por el oficialismo, bajo la premisa de que "atentan contra el equilibrio fiscal" por su costo fiscal sin fuente de financiamiento. En caso de sancionarse, correrían el mismo destino que todas las normas que se vienen aprobando en el Congreso: el veto del presidente Javier Milei.

Los dos proyectos tuvieron dictamen en plenario de comisiones este martes, pero la oposición reunió el número suficiente como para no tener que esperar una semana entre el despacho y el debate en el recinto, por eso pujó por una sesión. Es decir, cuentan con la mayoría de los dos tercios para habilitar su tratamiento sobre tablas y posterior sanción con un contundente número.

Así las cosas, este miércoles, mientras en Diputados se vivía una reunión intensa, del otro lado de Pasos Perdidos se realizó Labor Parlamentaria entre los jefes de bloques, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Minutos más tarde se convocó a la sesión de carácter ordinaria.

En el arranque de la sesión, hubo algunas cuestiones de privilegio y se aprobaron pliegos de ascensos militares.

Ante el tiempo que demanda el trámite parlamentario entre que una cámara comunica a la otra las aprobaciones, se descarta que el Senado pueda considerar este mismo jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El rechazo a los decreto

El temario incluye otro dolor de cabeza para LLA: la discusión de cuatro decretos delegados y un DNU del Poder Ejecutivo que ya cuentan con el rechazo de la Cámara baja y quedarán sin efecto con la decisión de una mayoría simple.

Se trata de los decretos 462/25, que dispuso la "transformación" del INTI e INTA; el 345/25, sobre reestructuración de organismos de cultura; el 351/25, que introdujo cambios sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que estableció el cierre de Vialidad Nacional; y el DNU 340/25 sobre un nuevo régimen de la marina mercante.

Finalmente, pasadas las 18, la oposición logró el rechazo de los cinco decretos. 

Una vez que pasó el primer tema, se aprobó con 58 votos afirmativos, 13 negativos y 0 abstenciones la habilitación del tratamiento del proyecto de financiamiento universitario y recomposición salarial docente.

Financiamiento Universitario se convirtió en ley

Después de diez horas de sesión ordinaria, el Senado convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario. La iniciativa salió con más de dos tercios: fueron 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Al texto sancionado solo se opusieron los seis integrantes del oficialismo junto a Francisco Paoltroni, Carolina Losada, Carmen Álvarez Rivero y Martín Goërling Lara.

De todos modos, el Poder Ejecutivo Nacional ya anunció que esta ley será vetada.

El tablero marcó 9, pero fueron 10 los votos en contra.

La presión de los senadores del interbloque Unión por la Patria tuvo éxito y consiguieron imponer una sesión para este jueves en el Senado, contrariando la intención inicial de hacerlo recién la semana próxima.

Así, a dos días de haber conseguido despacho de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, más los decretos delegados y acuerdos militares formarán el temario previsto para este jueves.

El temario fue acordado este miércoles en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.

La idea original era, como dijimos, sesionar recién la semana próxima, pero según pudo saber parlamentario.com, habría pesado la intención de quienes preferían que fuera esta semana porque estaban en Buenos Aires y no venir ya la próxima semana. Este miércoles los senadores Martín Lousteau, Mónica Silva, Beatriz Avila, Pablo Daniel Blanco, Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri le pidieron a la presidenta Villarruel convocar cuanto antes a sesionar para tratar financiamiento universitario y emergencia sanitaria de la salud pediátrica.

Finalmente se resolvió por la tarde confirmar la sesión que comenzará este jueves a partir de las 11.

Cabe aclarar que no hay ninguna posibilidad de tratar los vetos despachados por la Cámara baja, ya que deben ser enviados primero por las autoridades de Diputados.

Durante un segundo turno de plenarios de comisiones en el Senado, la oposición logró este martes el dictamen de mayoría del proyecto de ley de financiamiento universitario, que el kirchnerismo tiene la intención de llevar al recinto este mismo jueves, pero necesitará del respaldo de otros bloques para reunir los dos tercios que se requieren para habilitar su tratamiento sin esperar una semana entre el despacho y el recinto.

Así es que al concluir la extensa reunión -poco antes de las 20- el senador José Mayans intervino para decir: “El jueves, sesión ordinaria, queremos trabajar, y tenemos temas que son urgentes. Dejarlo para la otra semana sería dilatar vanamente, así que ojalá que reflexionen y que sesionemos el jueves”. Se refería al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, sentado a su lado y al que trataba de convencer.

El plenario de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda comenzó luego de un intenso debate que hubo por otro proyecto -que también rechaza el oficialismo-: la emergencia pediátrica, a raíz del conflicto del hospital Garrahan.

Tras elegirse como vicepresidente de Educación al radical Flavio Fama, el presidente de la comisión, el kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro, destacó que la media sanción surgió de una propuesta que "fue iniciada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), el frente estudiantil y el frente sindical. Es una propuesta que el Congreso recibe del ecosistema universitario".

Defendió que la ley busca traer "una solución para paliar la situación de urgencia que tiene el sistema", a la vez de "garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento" de las universidades. Al explicar todos los puntos del proyecto uno por uno, remarcó que, a diferencia de la ley vetada el año pasado, ésta "tiene algunas características nuevas" como la que "incorpora la obligación de volver a utilizar la paritaria nacional".

El senador señaló que esta norma alcanzaría al beneficio de "137 instituciones universitarias y 54 universidades nacionales" a las que asisten "más de 2 millones de jóvenes" y en las que dan clases "más de 220 mil docentes". Además, subrayó que "el 85% del financiamiento" previsto en la ley "va a ir al salario". Y dijo que lo aclaraba porque "después vemos en los medios prejuicios instalados y campañas sucias", cuando lo que se busca es que "los docentes no estén por debajo de la línea de pobreza".

A su turno, el radical Martín Lousteau expresó que "el tema vuelve porque no se soluciona" aunque el Gobierno dice lo contrario. Respecto a los números, indicó que el salario docente universitario "está 30% por debajo de noviembre de 2023", mientras que "las transferencias a las universidades están casi 30% por debajo" de lo que eran en esa misma fecha.

"De todo lo que da el Estado no hay nada que pueda transformar más la trayectoria, ya no de una persona sino de una familia, a través de generaciones, que tener un graduado universitario", enfatizó y sostuvo que "eso es lo que rompemos cuando desfinanciamos: el progreso real de una familia".

El porteño recordó que "hace dos años no tenemos presupuesto" y el presidente "ataca discrecionalmente las cosas que quiere atacar".

Muy duro en contra del Gobierno, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó que el presidente "no entiende para qué conduce el Estado" y rechazó: "Nos amenaza si no hacemos lo que él hace". Además, criticó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, por no convocar a debatir proyectos opositores en "una acción absolutamente dilatoria".

"Tuvo una indigna conducción de la comisión. Todavía no tratamos eso, ahora estamos en plenario; todavía no terminó", advirtió en relación a la intención de desplazarlo de la presidencia. Y también le pegó al diputado José Luis Espert, que conduce la comisión homónima en la Cámara baja, al que calificó irónicamente como "gran candidato" y lo llamó "un charlatán de feria que no trabaja".

El formoseño afirmó que "el presidente quiere que el Parlamento no funcione, porque no cree en la división de poderes, es lo más cercano a una dictadura". Sobre el proyecto, dijo que "es sumamente importante para el país" y concluyó: "Rechazamos las expresiones del presidente que nos amenaza que nos va a meter presos".

Atauche recogió el guante y arrancó: "Puede haber un presupuesto con déficit o con superávit. Nosotros desde La Libertad Avanza, desde el Gobierno, preferimos un presupuesto con superávit. Y este año (el proyecto) va a volver a decir déficit cero". "Los argentinos no queremos más déficit, salir a pedir plata prestada o emitir", insistió.

"No nos pueden enseñar a gobernar porque este Gobierno sacó de la pobreza a 10 millones de personas que ustedes metieron en la pobreza. Solamente ese logro demuestra que estamos en el camino correcto", defendió.

En una breve intervención, el radical chaqueño Víctor Zimmermann coincidió en que "este es un tema trascendente" y aunque manifestó estar "absolutamente de acuerdo con el aumento" a los docentes, indicó que la paritaria "es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional" y "más que ponerlo como una obligación, tendríamos que exhortarlo". También observó el artículo referido al incentivo para carreras científicas.

En un discurso que abriría un nuevo cruce con Atauche, la vicejefa de UP, Anabel Fernández Sagasti, rechazó -como lo hizo Mayans- la cadena nacional de Javier Milei el pasado 8 de agosto, al considerarlo un hecho "gravísimo". Luego, mencionó que "en el 2001 hubo una ley de déficit cero" durante un gobierno "en el que estaba Patricia Bullrich, que le recortó el 13% a los jubilados; estaba (Federico) Sturzenegger. Me acuerdo también de un legislador, Ricardo López Murphy... hablando de universidades, duró una semana al intentar recortarle a las universidades. Y también estaba (Guillermo) Francos, porque Francos está desde 1972 en el Estado".

"No es nada nuevo lo que están haciendo. Recortan, recortan, recortan, para luego decir que son deficitarias y cerrarlas", denunció y defendió que el kirchnerismo "fue la primera fuerza política que tuvo superávit gemelos de 2003 a 2009".

La mendocina lanzó: "Pero además, en esos años, desendeudamos a la Argentina, nos sacamos de las espaldas al FMI, que sus funcionarios que ahora tienen, como Sturzenegger, endeudaron a la Argentina. Tuvimos el haber jubilatorio más alto de todo el continente. Y mientras tanto lo que hacíamos era crear 17 universidades para que en cada una de las provincias haya una universidad pública. Y de yapa tirábamos satélites al espacio".

Nuevamente al tomar la palabra, Atauche devolvió que en la gestión anterior "dejaron 300% de inflación" y “el país yéndose casi hacia Venezuela”. Por el contrario, sostuvo que con el gobierno de Milei el país “tuvo la moneda que más se apreció en el mundo y en un mes logramos superávit gemelos”.

Pero luego enfatizó que durante la gestión anterior las universidades “tuvieron 14 meses los salarios sin actualizarse. Cuando llegamos nosotros hacía 14 meses que no se actualizaban y no los vi a ustedes golpeando ollas. ¡Catorce meses en un país con 200 puntos de inflación, sin actualizar!”.

“Me gusta la memoria, que dice la senadora que yo no tengo… Tengo edad para recordar el silencio de ustedes, durante 14 meses con 200 puntos de inflación que no se actualizó” el salario de los profesores universitarios, reiteró y cargó contra “las universidades que ustedes inventaron”. Sobre esto, precisó que la Universidad Pedagógica tuvo solo 9 egresados. “Promedio, si se aumenta el monto de las universidades, 484 millones de pesos” por cada egresado. Y siguió con la Universidad Guillermo Brown, con un promedio de 424 millones de pesos por egresado, según dijo.

¿Qué dice el proyecto con media sanción?

El proyecto de financiamiento universitario recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

La iniciativa tiene por objeto "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina".

De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC "en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas". Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.

"Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", agrega el articulado.

Además, exige que el PEN convoque "con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC".

Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.

También se contempla que la Auditoría General de la Nación "realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control".

Transcurrido el cierre de listas, el Senado retoma la actividad este martes con el objetivo de pasar a la firma los dictámenes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan. El kirchnerismo intentó darle celeridad al avance de los textos el jueves pasado, pero la maniobra no prosperó.

Resultó que, Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, envío una nota a los vocales donde aseguró que los plenarios convocados por Eduardo “Wado” de Pedro, titular de Educación y Cultura, y Lucía Corpacci, presidenta de Salud, no contaban con su consentimiento y carecían de validez.

Sin embargo, el jefe de bloque oficialista no puso reparos en que ambos tratamientos tuvieran lugar esta semana y finalmente accedió: la emergencia sanitaria será abordada este martes a las 15 en el plenario de Presupuesto, Salud y Población y Desarrollo Humano, presidida por la camporista Stefanía Cora; y financiamiento de universidades y recomposición de salarios docentes a las 16.30 junto a Educación y Cultura y la comisión que preside Atauche.

Previo a la difusión de la nota, el senador jujeño también había solicitado un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con los cálculos hechos sobre el impacto fiscal de ambas iniciativas.

Con el antecedente del 10 de julio pasado, el interbloque que conduce José Mayans tenía intenciones de llevar ambos dictámenes al recinto del Senado esta semana junto a los cinco decretos rechazados por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la maniobra de Atauche le permitió ganar una semana más de retraso y la sesión ordinaria que pretende hacer Unión por la Patria podría darse recién el próximo jueves 28 de agosto.

Pese a presidir las comisiones cabeceras de los proyectos con media sanción sobre emergencia pediátrica (Garrahan) y financiamiento universitario, el interbloque de Unión por la Patria en el Senado tuvo que retroceder en su intención de forzar plenarios este mismo jueves con el objetivo de dictaminar ambas iniciativas.

Un grupo de senadores “dialoguistas” no se subieron a la jugada del kirchnerismo, sumado a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, manifestó la voluntad de que el debate sea el próximo martes.

Así, sin respaldo para acelerar el debate, pues UP quería sesionar el jueves 21, los proyectos se tratarán el martes 19 y, según a usos y costumbres del Senado, deberá esperarse una semana para llevarlos al recinto, esto será recién a fines de agosto.

Ante la convocatoria a los plenarios para este jueves, decidida unilateralmente por los presidentes de las comisiones de Salud, Lucía Corpacci, y de Educación y Cultura, Eduardo “Wado” de Pedro, Atauche envió una nota a los integrantes de Presupuesto en la que aseguró que no había sido consultado previamente, por ende, la comisión “no ha dado su consentimiento para tal citación”.

“Se les ha hecho saber a los presidentes de las comisiones de Salud, y Educación y Cultura, que esta comisión está dispuesta a citar a los plenarios pertinentes a partir del día martes próximo, inclusive, en el horario que los presidentes de las comisiones cabecera lo consideren y en coordinación con la Secretaría Parlamentaria de la Cámara”, rezaba el texto.

Además, el jefe del bloque de La Libertad Avanza informó en la misiva que le solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice los cálculos sobre el costo fiscal de ambas iniciativas. Sobre la emergencia pediátrica, la OPC ya había elaborado un informe.

“Conforme al reglamento de la Cámara y a la práctica parlamentaria, es improcedente la pretendida convocatoria a la comisión de Presupuesto y Hacienda comunicada unilateralmente por presidentes de otras comisiones sin el consentimiento previo del presidente de la misma. En función de ello, le solicito tenga a bien desestimarla, y quedar a la espera de la convocatoria formal a plenario, conforme lo dispone nuestro reglamento, a partir del día martes 19 de agosto”, completó Atauche.

Además de Salud y Presupuesto, el proyecto vinculado al Garrahan fue girado a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, también en manos de UP, presidida por Stefanía Cora.

Con la marcha atrás de UP en su intención de apurar la discusión de leyes resistidas por el Gobierno, los plenarios fueron convocados para el martes 19 a las 15, en el caso de emergencia pediátrica, y a las 16.30 para financiamiento universitario.

Envalentonado por la autoconvocatoria a comisiones y una sesión ordinaria que ejecutó el mes pasado, el kirchnerismo también quería esta misma semana tratar en el recinto los cinco decretos del Poder Ejecutivo que fueron rechazados por la Cámara de Diputados y no requieren dictamen. Pero, sin apoyo de senadores de otros bloques, el asunto deberá esperar. En caso de votarse en contra en la Cámara alta, cuatro delegados desregulatorios y un DNU sobre la marina mercante, quedarían sin efecto.

Luego de la rotunda derrota que tuvo el Gobierno de Javier Milei en la sesión de Diputados de la semana pasada, la pelota quedó en poder del Senado. No porque no tuviera juego ya la Cámara baja; muy por el contrario, allí se abocaron a dar curso a los cinco emplazamientos votados el 6 de agosto. Pero a la Cámara alta pasaron nada menos que dos importantes medias sanciones, como así también los decretos rechazados en esa misma jornada.

Finalmente este martes se conocieron los giros que recibieron los proyectos aprobados en la Cámara baja. En el caso del financiamiento universitario, el proyecto tuvo dos giros: a Educación y Cultura, la comisión presidida por el camporista Eduardo “Wado” de Pedro, y Presupuesto y Hacienda, del jefe del bloque oficialista Ezequiel Atauche.

La emergencia pediátrica tuvo tres giros: Salud, de la catamarqueña de UP Lucía Corpacci; Población y Desarrollo Humano, presidida por otra camporista, Stefanía Cora, y Presupuesto y Hacienda.

En ambos casos, son opositores los presidentes de las comisiones cabeceras. La expectativa está puesta ahora en determinar cuándo son tratadas en comisión. Según confió a este medio una fuente parlamentaria, la intención sería convocar a tratarlas este mismo jueves, para dictaminar el mismo día, en cuyo caso estarían listos ambos temas para llevarlos al recinto el jueves 21. De no ser eso posible, el trámite en comisiones sería la semana próxima y la votación en el recinto la semana venidera.

Mencionamos también los decretos rechazados en Diputados. Son cinco en total, uno de ellos de necesidad y urgencia. Los mismos no pasan por comisiones, sino que están listos ya para ser abordados en el recinto. Razón por la cual se especuló con la posibilidad de que fueran tratados este mismo jueves. Era la intención del jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, quien encontró resistencias en miembros de los bloques dialoguistas, que no querrían aparecer “haciéndole el juego al kirchnerismo”, y moderarían el apuro.

Todo indica entonces que los decretos quedarán entonces para la próxima sesión, que si se dictaminan esta semana los textos aprobados el miércoles pasado en Diputados, todo formaría parte de una próxima sesión.

Los decretos son el 462/25, que dispuso la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, es el 345/25, que dispuso la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Está también el decreto 351/25, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

El cuarto decreto delegado fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte. Y por último el DNU 340/25, que dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad.

Con amplio aval de los bloques de la oposición, el proyecto de ley de financiamiento de universidades y recomposición de los salarios docentes fue aprobado con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Teniendo en cuenta que la votación se realizó con 233 legisladores presentes, el resultado final quedó a un solo voto de alcanzar los dos tercios.

Gran parte del caudal de votos a favor lo aportaron las bancadas de la oposición: Unión por la Patria con 96, Encuentro Federal con 14, Democracia para Siempre con 11, la Coalición Cívica con 6 y el Frente de Izquierda con 5, Mario Barletta de Unidos; Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe, Osvaldo Llancafilo del movimiento Popular Neuquino; y el santacruceño Sergio Acevedo también votaron a favor del proyecto.

Respecto a los aliados del oficialismo, votaron afirmativamente 11 de los 14 integrantes del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, que también avaló con su voto; los 3 tucumanos del bloque Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; los 3 salteños de Innovación Federal que responden a Gustavo Sáenz; 3 del Pro (Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González); Lourdes Arrieta de Transformación; y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo.

Por otro lado, las cinco abstenciones fueron de la santafesina Germana Figueroa Casas, la chubutense Ana Clara Romero y la puntana Karina Bachey del Pro; el entrerriano Francisco Morchio de Encuentro Federal -alineado al gobernador Rogelio Frigerio-; y de Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos.

Respecto de los 18 ausentes, cinco fueron de Innovación Federal, los cuatros misioneros que responden a Hugo Passalacqua y el rionegrino Agustín Domingo; el chaqueño Gerardo Cipolini y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri de la UCR; el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el santafesino Gabriel Chumpitaz; Martín Arjol de Liga del Interior; Eduardo Falcone y Oscar Zago del MID; la sanjuanina Ángeles Moreno; Silvia Lospennato del Pro; Marcela Pagano del oficialismo; y dos integrantes de Unión por la Patria.

Quiénes rechazaron el proyecto de financiamiento universitario

Sin sorpresas, los 75 votos negativos al proyecto de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes fueron 38 de La Libertad Avanza; 27 del Pro; 5 de Liga del Interior; la tucumana Paula Omodeo; la santafesina Verónica Razzini; el santacruceño José Luis Garrido; el fueguino Ricardo Garramuño; y la cordobesa María Cecilia Ibáñez del MID.

Por segundo año consecutivo, la Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento universitario, ante el reclamo del sector por el ajuste en las partidas y la situación derivada de contar con un presupuesto reconducido desde 2023.

El proyecto impulsado por los bloques de la oposición Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica -la izquierda también, aunque tenía una iniciativa más ambiciosa- cosechó 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación general.

Antes de pasar a la votación en particular, el diputado nacional Maximiliano Ferraro propuso una modificación que no fue considerada. Luego, se votaron los artículos del 1 al 4 que resultaron aprobados con 158 votos a favor 74 en contra y 2 abstenciones; el artículo 5 con 141 afirmativos, 83 negativos y 9 abstenciones; y del 6 al 9 con 158 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

Se trata de una propuesta de características similares a la que fue sancionada el año pasado, meses después de la gran Marcha Universitaria del 23 de abril de 2024. Sin embargo, esa norma fue vetada por el presidente Javier Milei y el oficialismo pudo sostener esa decisión en el recinto, en una sesión que tuvo lugar el 9 de octubre del año pasado.

A fines de mayo de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional acercó a los diputados una nueva propuesta. Los dictámenes pudieron firmarse el pasado 8 de julio, dado que previamente la oposición aprobó un emplazamiento de las comisiones de Educación y Presupuesto.

El proyecto, que ahora deberá tratarse en el Senado, tiene por objeto "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina".

De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC "en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas". Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.

"Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", agrega el articulado.

Además, exige que el PEN convoque "con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC".

Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.

También se contempla que la Auditoría General de la Nación "realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control".

El debate

En el rol de miembro informante, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Unión por la Patria), explicó que “en esta iniciativa figuran la recomposición presupuestaria, la convocatoria a paritarias y la actualización, la recomposición al bienestar estudiantil y a las becas, e incluye, además, las auditorías por tema universitario”.

En su discurso, la entrerriana responsabilizó al Gobierno nacional por el contexto que atraviesan las casas de altos estudios: “El sistema educativo nacional está vapuleado y ha sido empobrecido, y el salario de los docentes del país está por debajo de la línea de pobreza”.

Brevemente, la opositora recordó que este mismo proyecto fue vetado por Milei en el 2024 y aseveró que “es insólito; otra vez venimos a la carga por la necesidad de darle una respuesta a la universidad pública argentina, la cual es un emblema institucional del rol del Estado”. Además, llamó a este tratamiento como “auxilio”, reiteró que “el reclamo viene desde marzo del año pasado” y mencionó el apoyo al texto de los sindicatos docentes y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).

En el final de su intervención, Osuna acusó al Poder Ejecutivo de tener “un comportamiento, conductas y políticas ilegales”, y enfatizó que “se comporta incumpliendo leyes que este Congreso ha dado”. “La Constitución Nacional establece la responsabilidad del Estado en el sostenimiento de las universidades y la educación porque hay que saldar financieramente a la educación y no es un tema menor”, cerró.

A su turno, el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria) advirtió que “estamos perdiendo los mejores cuadros docentes de la universidad, y esto tiene que ver con el deterioro salarial, por eso defender el salario de los docentes universitarios como parte del financiamiento no es una cuestión corporativa”.

“El salario de los docentes universitarios tiene que ver con la cuestión pedagógica, con el proceso de aprendizaje y garantizar condiciones que permitan que la calidad educativa, de la cual estamos orgullosos quienes todos los años recibimos la ponderación que se hace de la universidad argentina, queremos seguir defendiendo”, agregó el legislador, quien es docente.

Y resumió: “Por eso apoyamos este proyecto; por eso creemos que todos los que tenemos la perspectiva, el ideal de construir una sociedad con más posibilidades para los que menos tienen, tenemos que defender esta iniciativa”. Yasky concluyó abogando porque la universidad pública “siga siendo la escalera del ascenso social”.

Luego tomó la palabra la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre), quien resaltó que “llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario. Nunca habíamos atravesado esta situación, ni siquiera en esos oscuros años ‘90, cuando el por entonces presidente Carlos Menem intentaba privatizar el sistema universitario y arancelarlo”.

“La segunda responsabilidad es también del Poder Ejecutivo Nacional -continuó-, porque tiene que garantizar la educación en todos sus niveles y, por supuesto, no lo cumple y sigue despreciando ese sistema. Esa falta de responsabilidad del Gobierno, porque no hay ley de presupuesto y porque tampoco se sostiene la universidad pública, nos traslada la responsabilidad a nosotros de aprobar un proyecto de financiamiento que salve el año 2025 de la crisis al sistema universitario”.

La exsubsecretaria de Políticas Universitarias durante la gestión Cambiemos expresó que “la mayoría de nosotros está formado en el sistema universitario argentino. Es una responsabilidad también moral que tenemos para quienes nos precedieron y nos dieron una oportunidad para formarnos, una oportunidad para generar una comunidad diferente”.

“Es urgente hacerlo, porque estamos asistiendo a un ajuste histórico; tenemos la mitad de los docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza con sus salarios. Estamos tirando por la borda más del 60% de historia de nuestro sistema científico tecnológico. Tenemos a nuestros estudiantes con becas de 35.000 pesos mensuales para poder costearse la carrera”, subrayó.

En una extenso discurso, que despertó numerosas reacciones de sus pares de la oposición, a los que les concedió todas las intervenciones que le pidieron, el diputado Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) dio datos sobre la inversión hecha por la actual administración en el sistema universitario. Por ejemplo, indicó que el mismo recibió en 2024 más de 3,8 billones de pesos, “con las actualizaciones que permitieron garantizar el funcionamiento y los sueldos docentes”. “Miren si no creemos que la educación es importante”, remarcó.

Se realizaron también transferencias adicionales para gastos operativos con una actualización del 270% para universidades nacionales respecto del Presupuesto 2023, apuntó y añadió que “para el 2025 se estableció un 20% más”, resaltando que las universidades públicas tienen una inversión por alumno que ronda los 2 millones de pesos.

Sobre el final, el mendocino aseguró: “Lo que pretendemos es apoyar a los estudiantes sin proteger a las autoridades políticas mañosas, sin importar el color político que gobierne la provincia, la universidad, porque lo que a nosotros nos importa son los estudiantes. Si quieren discutir un nuevo régimen universitario, pero que sea serio de verdad, pero con transparencia, con las cuentas claras, acá estamos. Por el contrario, si quieren seguir usando a la educación como una excusa para alimentar estructuras políticas corruptas, obviamente, no van a contar con nosotros, como no lo están contando hasta hoy día”.

En esa línea, el oficialista argumentó que ellos quieren una educación pública con “universidades abiertas y de calidad, pero no queremos cajas, no queremos acomodos, ni queremos kioscos ideológicos. Este bloque no viene a bancar la demagogia, vino a poner orden y ese orden también incluye a las universidades”.

En representación del bloque radical, el diputado porteño Martín Tetaz (UCR) alertó que “si no invertimos en educación y no recomponemos los ingresos de las universidades públicas, Argentina está destinado a ser un país subdesarrollado”. En ese sentido, aclaró que “no hablamos de aumento acá, si no de devolver lo que la inflación les quitó”.

En primera instancia, el economista reclamó por la ausencia de la ley de presupuesto para los últimos dos períodos y afirmó que a partir de eso “resulta imposible discutir cada tema”. “Estamos haciendo políticas públicas con el presupuesto de Sergio Massa (presentado en septiembre del 2022)”, y añadió que “el Presupuesto 2023 que sigue vigente establece un piso de asignación presupuestaria para la educación 1,33%”.

“Acá no hay gasto nuevo, ni se habla de creación de universidades”, subrayó en más de una oportunidad e insistió en que “si no se invierte en educación universitaria, no se acumula capital humano y se es más pobre hacia adelante”. “Ningún país del mundo invierte tan poco en educación superior como lo hacemos nosotros -120 dólares por alumno-“, observó Tetaz y valoró que aun así “tenemos universidad de calidad con funciones de docencia, extensión e investigación”.

El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo dijo que “no tener un presupuesto nacional actualizado trae como consecuencia dificultades en la aplicación de partidas, por lo que es necesaria la sanción de una ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, y la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica incluyendo de esta manera la situación del Hospital Garrahan”. Mencionó que "estamos de acuerdo en que se auditen los recursos o la planta de personal de organismos o instituciones que reciben recursos públicos, pero eso no puede estar supeditado a congelar partidas. En todo caso, debería existir un plan de contingencia mientras se desarrollan los controles correspondientes, en eso el Gobierno nacional se equivoca".

Integrante de la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro señaló que “no estamos simplemente frente a una situación de reordenar o reestructurar solamente cuestiones presupuestarias, porque esta misma discusión la vamos a tener cuando por fin se dignen a traer el presupuesto 2026. Esto se ve, no solamente en universidades, no es solamente en educación, es también en salud y en ciencia y tecnología”.

El presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro del Pro, defendió la postura del Gobierno nacional en contra de este proyecto y cargó fuerte contra el kirchnerismo: “Quieren prohibir lo que ellos hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández que es dar sumas en negro a las universidades”.

Luego de no cederle la palabra a Miguel Pichetto, quien luego le propinó una serie de respuestas, el diputado del Pro consideró que “en este proyecto se eliminan las paritarias como lo hizo Jorge Rafael Videla y no estamos discutiendo una cuestión universitaria”. “¿Por qué no discutimos si el no arancelamiento debe ser sine die?”, planteó.

“El colectivismo populista jamás va a entender que primero se genera riqueza porque no hay sociedad que pueda crear conocimiento y educación, si no se crea riqueza”, enfatizó Finocchiaro. En esa línea, agregó que “para eso tenemos que tener superávit fiscal”, y concluyó: “Si se aprueba este proyecto habrá más pobres en la Argentina”.

En última instancia, la diputada libertaria Nadia Márquez mencionó que “Massa congeló los gastos de funcionamiento de las universidades y Javier Milei la aumentó un 270% en 2024 y un 30% en el 2025”. Luego, señaló que “nos importa toda la educación y no la ‘pedorrada’ que nos vienen ofreciendo”, y concluyó que “vamos a cuidar el déficit”.

Luego de la intervención del diputado nacional Alejandro Finocchiaro, quien oficia como presidente de la Comisión de Educación, Miguel Pichetto, jefe de bancada de Encuentro Federal, pidió la palabra brevemente y le enmendó un sutil comentario: “No hagan tanto esfuerzo porque yo no veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal”.

Cuando el integrante del bloque Pro manifestaba su rechazo al proyecto de ley de financiamiento de la educación universitaria, Pichetto pedía una interrupción, pero Finocchiaro se la negó. Pocos minutos después, el presidente del bloque Encuentro Federal le aclaró que “no es mi característica la ansiedad y las emociones” porque “siempre trato con respeto a todo el mundo”.

Ya con la palabra concedida, Pichetto se dirigió a la gestión como funcionario de Cambiemos del diputado del Pro: “A mí me extraña mucho porque Finocchiaro fue ministro de Educación de un gobierno que, medianamente, a los grandes centros universitarios, en términos generales, les mantuvo un flujo de recursos universitarios, no así como el gobierno anterior que fue muy superior (en alusión al gobierno de Cristina Kirchner), en niveles razonables y nunca el Congreso tuvo necesidad de debatirlo”.

De paso, alzó uno de los reclamos que su bloque ha manifestado en los últimos dos períodos: “Esto es un tema de la política y del presupuesto, pero esto lo tenemos que discutir en el nivel del presupuesto y definir las prioridades porque llevamos dos años sin ley de presupuesto”. Sobre la defensa del superávit fiscal del exministro, Pichetto le endilgó: “No hagan tanto drama”.

Por último, el presidente de la bancada multisectorial fue tajante y remarcó: “No veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal, aunque me parece que es importante y que es un valor, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar”.

Después tomó la palabra el cordobés Pablo Carro y Finocchiaro pidió la palabra para responder que “es verdad lo que dice con la gestión que me tuvo como ministro, pero es verdad que, en algunas universidades, en consenso con los rectores, las ajusté”.

Finocchiaro rechaza el proyecto de ley de financiamiento universitario y defiende la postura del Gobierno nacional.

Cuando a las 12.20 y con la presencia de 132 diputados el presidente de la Cámara baja dio por iniciada la sesión, no hubo demasiadas sorpresas. Más allá de que a esta altura de las cosas, nadie puede garantizar nada, la oposición imaginaba que contaría con los votos para asestarle este miércoles un nuevo golpe al oficialismo, en el marco de una sesión que se anticipa extensa y en la que hay temas de los más diversos, pero todos malos para el Gobierno.

Esta es la sexta sesión especial de este período ordinario, la quinta impuesta por la oposición. Recordemos que la única donde el oficialismo pudo imponer su agenda fue la del 19 de marzo, en la que se trató y aprobó el decreto por el cual se habilitó al Poder Ejecutivo a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue, como dijimos, apenas una golondrina. en el resto de las sesiones la oposición consiguió la mayoría de las cosas que se propuso.

Los dos temas principales de esta sesión son el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica, tema vinculado al conflicto con el Hospital Garrahan. Pero una cuestión no menor, sino que por el contrario despierta singular interés, es el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que la oposición intenta rechazar este miércoles. Como no pasó por comisiones, para votarlo debe habilitar antes su tratamiento con los dos tercios, y si eso falla la oposición irá por el emplazamiento. Lo mismo pasará con las leyes impulsadas por los gobernadores y que ya cuentan con media sanción del Senado. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Sí la oposición irá por el emplazamiento con las leyes impulsadas por los gobernadores y que ya cuentan con media sanción del Senado. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Debate por $LIBRA

Los que imaginan una sesión muy extensa piensan por ejemplo que debates como el que se dará en torno a la situación de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, pueden llegar a demorar horas. Esa comisión nunca pudo designar autoridades, y acaban de cumplirse los tres meses autorizados por el proyecto oportunamente votado, para sesionar ese tiempo. Mientras el oficialismo considera que se venció el plazo de actuación, la oposición ratificó su vigencia y denunció un "bloqueo sistemático" por parte de LLA y aliados.

A la sesión llevarán un proyecto -sin dictamen- presentado por la Coalición Cívica, que propone modificar la resolución por la cual se creó la comisión sobre tres aspectos: la elección del presidente, el quórum y mayoría, y el plazo de actuación.

Otros proyectos sin despacho que incluye el temario sobre uno sobre promoción de la salud cerebral y otro que plantea la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Por impulso de UP, se tratarán 4 decretos delegados y 1 DNU, que no fueron debatidos en la Bicameral de Trámite Legislativo y ya se cumplió el plazo para que el pleno pueda discutirlos directamente dentro del recinto. Se aprueban o rechazan por mayoría simple.

Se trata de los siguientes decretos delegados: el que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía (462/2025); la reestructuración de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); y el que dispuso la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte -vinculado a Vialidad Nacional- (461/25). Asimismo, se encuentra el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante.

No se descarta que, conforme lo observado en las dos últimas sesiones, la sesión vaya a tener un final abrupto, que deje un tendal de temas para debatir.

NOTICIA EN DESARROLLO

Se oficializó este lunes la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados que fue solicitada por los bloques de la oposición, unidos en avanzar con una agenda que rechaza el Gobierno. Hablamos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

El temario para la sesión especial que se espera este miércoles, a partir de las 12, incluye el proyecto de emergencia pediátrica, vinculado al conflicto del hospital Garrahan, y el de financiamiento universitario, de similares características al vetado el año pasado por el presidente Javier Milei.

Además, se encuentra el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que ya fue tratado por el Senado, donde se rechazó la decisión del Ejecutivo.

La reunión citada para este miércoles se trata del primer "plato fuerte" parlamentario tras el receso invernal, y de un nuevo desafío para el oficialismo, que durante dos semanas estuvo en búsqueda de apoyos para sostener los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad, asunto que todavía no tiene fecha para el recinto.

Una vez más, el rol que jueguen los gobernadores será clave para el quórum. Pero, el antecedente de la última sesión, cuando aliados habituales de La Libertad Avanza se unieron a la aprobación del emplazamiento de comisiones para tratar temas como Garrahan y universidades, no es alentador para el oficialismo.

Además, la sesión incluye los proyectos con media sanción impulsados por todos los gobernadores para que Nación reparta fondos a las provincias a través de ATN y la recaudación del impuesto a los combustibles. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscaría aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-.

Otro tema será la recurrente situación de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que nunca pudo designar autoridades. El pasado 30 de julio se cumplieron 90 días desde la primera reunión y desde el oficialismo consideran que se venció el plazo de actuación. Sin embargo, la oposición ratificó su vigencia y denunció un "bloqueo sistemático" por parte de LLA y aliados.

A la sesión llevarán un proyecto -sin dictamen- presentado por la Coalición Cívica, que propone modificar la resolución por la cual se creó la comisión sobre tres aspectos: la elección del presidente, el quórum y mayoría, y el plazo de actuación.

Otros proyectos sin despacho que incluye el temario sobre uno sobre promoción de la salud cerebral y otro que plantea la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Por otra parte, por impulso de UP, se tratarán 4 decretos delegados y 1 DNU, que no fueron debatidos en la Bicameral de Trámite Legislativo y ya se cumplió el plazo para que el pleno pueda discutirlos directamente dentro del recinto. Se aprueban o rechazan por mayoría simple.

Se trata de los siguientes decretos delegados: el que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía (462/2025); la reestructuración de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); y el que dispuso la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte -vinculado a Vialidad Nacional- (461/25). Asimismo, se encuentra el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante.

El pedido de sesión había sido firmado por los presidentes de bloque Germán Martínez, de Unión por la Patria, y Pablo Juliano, de Democracia para Siempre; Emilio Monzó en representación de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica; y Sergio Acevedo de Por Santa Cruz, entre más de una veintena de rúbricas de las bancadas convocantes.

En la última jornada del receso invernal, la oposición en la Cámara de Diputados elevó un pedido para llevar a cabo una sesión especial el próximo miércoles 6 de agosto a las 12. Los proyectos de financiamiento de universidades junto a la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan son los temas principales del temario. 

Además, la nota presentada ante Martín Menem contempla el proyecto de declaración de emergencia y zona de desastre en Bahía Blanca vetado por el Poder Ejecutivo Nacional, que ya fue avalado por el Senado para convertirse en ley; y la moción para destrabar la autoridad de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, entre otros temas.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez de Unión por la Patria; y Pablo Juliano de Democracia para Siempre; Emilio Monzó en representación de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica; Sergio Acevedo de Por Santa Cruz. Sobre esas cinco bancadas, hay más de 20 rúbricas que acompañan la petición.

Con diputados y diputadas de diversos bloques pedimos sesión especial para el miércoles 6/8 a las 12 hs.

Garrahan. Universidades. Emplazamiento de temas de finanzas provinciales y de la emergencia en ciencia y tecnología. Rechazo de decretos delegados.

¡A trabajar el quórum! pic.twitter.com/3HZaZFtO3A

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) August 1, 2025

Del mismo modo, el temario incluye también los expedientes de rechazo a los decretos de necesidad y urgencia vinculados a la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional (461/2025): al que modifica el Régimen de Excepción de la Marina Mercante (340/2025); al que transformó el Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); la disolución de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); y la transformación de organismo del Ministerio de Economía (462/2025).

Finalmente, la oposición tiene la intención de emplazar a diferentes plenarios de comisión a los proyectos sobre la distribución automática de los recursos del fondo de aportes del Tesoro de la Nación a las provincias y la eliminación de fideicomisos, impulsados por todos los gobernadores, con media sanción del Senado; el nuevo régimen de salud mental; y la declaración de emergencia en ciencia y tecnología.

La Cámara de Diputados vuelve a sesionar después de más de un mes: la última cita en el recinto fue el 2 de julio cuando la oposición logró emplazar a sendos plenarios de comisiones los proyectos de ley sobre financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan.

A priori, estos serían las órdenes dentro del temario. Sin embargo, no sería descabellado que se incorporen otros temas más. Sobre todo, teniendo en cuenta que el próximo lunes, el Boletín Oficial va a publicar los vetos a las leyes sancionadas sobre actualización jubilatoria, prórroga de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad hasta 2027.

En el flanco oficialista, La Libertad Avanza logró ordenar las filas aliadas: incorporó a Liga del Interior (los radicales pelucas) dentro de un interbloque y suma apoyo del Pro más otros miembros del radicalismo que comanda Rodrigo de Loredo.

Si bien, el ambiente pre-electoral generó distancia con algunos legisladores cercanos a gobernadores como los tucumanos de Independencia, y los salteños y misioneros de Innovación Federal, el oficialismo tendrá la primera prueba especto al poder de blindaje de vetos: Será con la emergencia en Bahía Blanca.

Después del agitado encuentro por la emergencia en el Hospital Garrahan, el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Educación pasó a la firma el despacho de los proyectos de financiamiento universitario.  El dictamen reunió 49 firmas provenientes de los espacios que impulsaron los textos que también, acompañaron el emplazamiento en el recinto la semana pasada.

El casi medio centenar de avales tuvo la estampa de 34 integrantes de Unión por la Patria; 4 de Encuentro Federal; 6 de Democracia para Siempre; 2 de la Coalición Cívica; y 3 de Innovación Federal de la salteña Pamela Calletti y los misioneros Carlos Fernández y Yamila Ruíz.

Por otro lado, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría avalado por las rúbricas de Christian Castillo y Vilma Ripoll. La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior, el monobloque tucumano Creo, la bancada sanjuanina de Producción y Trabajo, el MID y el radicalismo no acompañaron los despachos.

La salteña Pamela Calletti junto a las diputadas de Democracia para Siempre. 

De todos modos, la diputada jujeña Natalia Sarapura, quien no integra ninguna de las dos comisiones reunidas, anunció en el cierre del plenario que va a apoyar la iniciativa. Tal como viene ocurriendo, podrían sumarse las voluntades de Julio Cobos, Fabio Quetglas y el monobloquista Mario Barletta.

El plenario estuvo dirigido por Alejandro Finocchiaro en su rol de presidente de la Comisión de Educación. Por su parte, José Luis Espert, responsable de Presupuesto y Hacienda, estuvo unos minutos al inicio, pero se retiró prematuramente. Esto fue cuestionado por Maximiliano Ferraro, quien cargó que "ni siquiera se queda a las reuniones que emplaza el pleno de la Cámara de Diputados”.

En la previa de la reunión, rectores universitarios, organizaciones estudiantiles, docentes y trabajadores no docentes acercaron documentos firmados por la comunidad exigiendo el avance del proyecto de ley.

La comunidad universitaria le acercó al cuaterno de bloques de la oposición cajas con más de 1.000 firmas.

El debate 

El primero en tomar la palabra fue el diputado nacional Christian Castillo del PTS, quien se refirió al plenario como un “tratamiento con postergación”, y consideró que se debió hacer “mucho antes porque el oficialismo decidió bloquear” la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Aseveró, además, que un ayudante de cátedra está cobrando en la actualidad un haber mensual de $282.000.

Ante el anuncio de su dictamen propio, enumeró que desde el Frente de Izquierda incorporaron un fondo especial adicional para los salarios; una resolución para el área de Ciencia y Técnica que “está pisoteado por el Gobierno”; y la recomposición de las becas estudiantiles debido “al problema de la deserción porque a los jóvenes no les alcanza”. “No aumentan los ingresos de los becarios del Conicet”, cargó.

Firmante del despacho de mayoría en representación de Encuentro Federal, el diputado santafesino Esteban Paulón remarcó que se trata de un “dictamen de mayoría de amplio consenso entre docentes, no docentes y espacios políticos de esta Cámara”. Luego, manifestó que “es la oportunidad de que Argentina sea un país con desarrollo y con movilidad social ascendente”.

Desde Unión por la Patria, el primer expositor fue Hugo Yasky, quien cargó contra el Poder Ejecutivo Nacional: “La educación básica también adolece de las consecuencias del recorte de las políticas que viene ejerciendo el gobierno que preside Javier Milei”. En otro tramo de la intervención, sumó que este “amplio consenso se dio con el apoyo de rectores, del CIN, de los gremios universitarios y todas las organizaciones gremiales estudiantiles”.

Luego, Lorena Pokoik agregó: “Necesitamos una universidad financiada que cuide a sus estudiantes, docentes e investigadores”. Destacó que del plenario salió “un gran dictamen de mayoría que va a poner a las universidades de pie”, y cerró con un mensaje para Casa Rosada: “Que al presidente no se le ocurra vetar el presente y futuro de los argentinos”.

Este es el dictamen de mayoría de financiamiento universitario.

Lleva 49 firmas.

UxP (34)
Encuentro federal (4)
Democracia (6)
CC (2)
Innovación (3) pic.twitter.com/nemgIbT7Mb

— Julia Strada (@Juli_Strada) July 8, 2025

También, el diputado nacional Daniel Arroyo, primero, pidió ir rápidamente al recinto y luego, alertó que “nadie sabe cómo se va a dictar el segundo cuatrimestre en la Argentina”. “El Gobierno decidió correrse y decidió que su tarea no tiene que ver con la educación”, manifestó

Con dificultades para expresarse, brevemente, el diputado cordobés Pablo Carro explicó que hay “10.000 docentes universitarios que ya renunciaron porque ganan miserias, el 7% del total sobre 150.000 en total con más de 220.000 cargos”. Luego, detalló que “el 70% cobra menos de $300.000; el 20% cobra $500.000; y solo el 10% cobra $1.000.000”.

También desde Unión por la Patria, la diputada nacional Mónica Macha sintetizó el contexto que atraviesan las casas de altos estudios en los últimos dos años. Destacó sobre “la necesidad de acompañar este proyecto construido con un gran consenso” y alertó como puntos negativos a los salarios docentes y no docentes, la infraestructura, las tareas de maestranza y los recursos para las becas. “La destrucción que lleva adelante del Gobierno se entrama con la destrucción del INTA, INTI y nuestro sistema de Ciencia y Tecnología”, agregó.

Del mismo modo, sostuvo que “el paso por la universidad es uno de los pasos en la movilidad social ascendente”, y expresó que se trata de una iniciativa para “defender los sueños y tener conciencia en las primeras generaciones de universitarios”. “Salir con el título en la mano es torcer el destino, es robarle al destino lo que tenía prevista en un proyecto de vida diferente”, indicó.

En el mismo sentido, la diputada nacional Roxana Monzón cuestionó: “147% aumentó el presupuesto en Defensa en este semestre del 2025 y el DNU 372/2025 reactiva el servicio militar voluntario ¿Qué país estamos construyendo? Claramente hay presupuesto para Defensa y el SMV, se abandona a los docentes, pero le aumenta a los militares”.

Integrante de la Comisión de Educación en representación de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro consideró que “estamos frente a una crisis fabricada y premeditada, y digo crisis fabricada y premeditada porque la política de educación superior del gobierno es de desprecio a la universidad pública, que más que un reordenamiento lo que estamos viendo en estos dos años es un claro vaciamiento del sistema universitario nacional, que va en correlato con un vaciamiento del sistema de lo público más que un reordenamiento serio en esa relación”.

En el final, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, comparó el avance este dictamen con el vetado en 2024 y explicó: “el año pasado emitimos dictámenes distintos, este año, por el aprendizaje y la vocación sistemática, tenemos un dictamen de mayoría con amplio consenso”.

Para concluir el plenario emplazado, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Danya Tavela, afirmó que “tenemos un compromiso real con la educación, y con la ciencia y la tecnología”. Destacó que “hubo sentido común porque es un proyecto altamente representativo”, y cerró con un mensaje dirigido a La Libertad Avanza, el Pro y los aliados: “A quienes no van a firmar ningún dictamen, piensen qué Argentina queremos construir”.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro) cuestionó a la oposición por impulsar el debate de leyes con costo fiscal, que buscan atender áreas sensibles afectadas por el ajuste del Gobierno nacional.

“Hace unos cuantos meses que el kirchnerismo y los eventuales aliados que va recolectando por cada tema han decidido golpear al Gobierno e intentan desestabilizarlo a través de la economía”, apuntó en declaraciones a radio Rivadavia.

Y acusó que esto lo han hecho “con una habilidad que siempre tuvieron, con la misma habilidad de Cristina (Fernández de Kirchner) disfrazada de viuda negra en el 2011, atraen temas nobles para intentar causar daño fiscal al Gobierno”.

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja admitió: “Lo del financiamiento universitario, soy profesor universitario, es un tema que hay que atender”. Sin embargo, aclaró que “también es verdad que no podés llevar una paritaria al Congreso de la Nación”, en relación a los proyectos de ley que buscan garantizar el presupuesto para este sector y la convocatoria a paritarias.

Según Finocchiaro, las propuestas en esa línea “vulneran la Constitución Nacional y los tratados con la Organización Internacional del Trabajo; y entonces le quitás a las partes autonomía y voluntad”.

Luego que la oposición lograra aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados, durante la última sesión, el emplazamiento a comisiones para tratar proyectos vinculados al desfinanciamiento del hospital Garrahan y las universidades nacionales, se oficializó en la agenda la citación a ambos plenarios para este martes.

En lo que respecta a los proyectos sobre emergencia pediátrica, las comisiones de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda fueron convocadas a partir de las 12; mientras que sobre el financiamiento de la educación universitaria, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda se congregarán a las 16. Ambas reuniones tendrán lugar en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

La intención de la oposición de obligar al debate a la Comisión de Presupuesto, presidida por el oficialista José Luis Espert, quien la mantiene cerrada para analizar cualquier tipo de iniciativa que desde el Gobierno sea rechazada u objetada por su costo fiscal, ya estaba hace un mes atrás, pero cuando iban a proponerse los emplazamientos en la sesión del pasado 4 de junio -ya de madrugada- la misma se quedó sin quórum.

Finalmente, los emplazamientos se votaron por una destacada mayoría, incluso con el aval de algunos aliados de La Libertad Avanza, en la sesión del pasado 2 de julio. Allí, Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, habló por universidades y Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud, por emergencia pediátrica. Ambos diputados de Unión por la Patria dejaron en claro que la convocatoria sería con el fin de dictaminar.

En el caso de emergencia pediátrica, vinculada a la crisis que atraviesa el prestigioso hospital de niños Garrahan, el proyecto ya había recibido despacho en las comisiones de Salud y, con más retraso, en Familias.

La iniciativa plantea declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el plazo de dos años, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

Entre sus puntos, se busca garantizar la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios; la recomposición inmediata de los salarios del personal; exención en Ganancias para todo el personal de salud; y adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos.

Asimismo, establece que "mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria".

Por su parte, sobre la cuestión de financiamiento universitario -en un dejà vu de la ley sancionada el año pasado y vetada luego por el presidente Javier Milei- fueron presentados proyectos por Mónica Macha (UP), Danya Tavela (DpS), Pablo Carro (UP), Christian Castillo (FIT) y Blanca Osuna (UP).

En este caso, el tema no sólo no fue tratado en Presupuesto, sino tampoco en Educación, que no se reunió en lo que va del año y está a cargo del diputado del Pro Alejandro Finocchiaro.

El último expediente ingresado con las firmas de Tavela y Osuna reproduce la propuesta acercada desde el Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos representantes participaron a fines de mayo de una audiencia con legisladores de la oposición.

El proyecto apunta a garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales; la recomposición de salario docente y no docente (por IPC desde diciembre de 2023);la convocatoria a paritarias; la actualización de los gastos de funcionamiento; la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos para carreras estratégicas y el financiamiento de becas.

Además, impulsa que se establezca un piso obligatorio de inversión en educación universitaria, que impacte de manera progresiva en la participación dentro del PBI: 2026 (1%); 2027 (1,1%); 2028 (1,2%); 2029 (1,3%); 2030 (1,4%); 2031 (1,5%).

En medio de una sesión muy disputada, la oposición logró emplazar el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el área de pediatría del Hospital Garrahan. La sorpresa la dieron algunos aliados de La Libertad Avanza que si bien no dieron quórum, votaron a favor de las mociones que elevó Unión por la Patria.

La moción de emplazamiento propuesta por Blanca Osuna para dictaminar la iniciativa de financiamiento de universidades para el próximo 8 de julio a las 16 resultó aprobada con 161 votos afirmativos, 68 en contra y 0 abstenciones. Los cinco bloques de la oposición aportaron 130 avales.

Los otros 31 fueron aportados por Innovación Federal con seis votos; uno del monobloquista santafesino Roberto Mirabella; el de Mario Barletta de Unidos; diez integrantes del radicalismo, entre ellos el jefe de bancada Rodrigo de Loredo; los dos miembros de Por Santa Cruz, José Luis Garrido y Sergio Acevedo; y el neuquino Osvaldo Llancafilo.

También lo hicieron a favor legisladores aliados del oficialismo: Eduardo Falcone y Osar Zago del MID; Mariano Campero y Martín Arjol de Liga del Interior; Héctor Baldassi y Sofía Brambilla del Pro; Nancy Picón Martínez y María Moreno de Producción y Trabajo; Lourdes Arrieta de Transformación; y la oficialista Marcela Pagano, quien dio quórum temprano.

Minutos después, Pablo Yedlin propuso el emplazamiento para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia sanitaria en la salud pediátrica del Hospital Garrahan en un plenario de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda que resultó aprobado con 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones.

A los 161 diputados nacionales que votaron a favor del financiamiento universitario, se sumaron el diputado salteño Pablo Outes de Innovación Federal; el catamarqueño Francisco Monti de Liga del Interior; y Álvaro González del Pro.

Después de tres horas con un vendaval de cuestiones de privilegio y cruces entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados emplazó los tratamientos de los proyectos de ley sobre financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica del Hospital Garrahan. Ambos debates quedaron convocados para el próximo martes 8 de julio.

Tras ser rechazado para el tratamiento sobre tablas, la diputada entrerriana Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, planteó la moción para emplazar al plenario de las comisiones de Educación, y Presupuesto y Hacienda para el próximo martes 8 de julio a las 16. Serán siete los proyectos de ley puestos a consideración para incremento del financiamiento de las universidades nacionales.

En tal sentido, la legisladora opositora cargó que “en consecuencia del veto que no se pudo rechazar en esta Cámara es que insistimos porque ya no está en discusión el derecho humano a la educación superior”. En síntesis, mencionó que el espíritu de las iniciativas busca mejorar “a los salarios de los educadores del nivel universitario tanto docente como no docente”, y cerró con un mensaje para el pleno: “Demos respuesta a una necesidad y urgencia que pone en crisis al desarrollo de la Argentina”.

Por su parte, la diputada nacional Danya Tavela de Democracia para Siempre sugirió enderezar “el norte de esta sesión en los temas que preocupan a la gente”. Luego aseveró que están “los niños en peligro porque principal hospital pediátrico está siendo desguazado, y las universidades y la ciencia están en peligro por la desfinanciación de este Gobierno”.

La moción de emplazamiento propuesta por Blanca Osuna resultó aprobada con 161 votos afirmativos, 68 en contra y 0 abstenciones. La Libertad Avanza, el Pro, Paula Omodeo de Creo, Verónica Razzini de Futuro y Libertad, María Cecilia Ibáñez del MID y Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos votaron en contra.

Emergencia en el Garrahan

En palabras del diputado tucumano Pablo Yedlin fue solicitado el emplazamiento para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia sanitaria en la salud pediátrica del Hospital Garrahan en un plenario de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda convocado para el martes 8 de julio a las 12.

Para este segundo tema, el titular de Acción Social y Salud Pública explicó que “3500 niños por año solo desde Tucumán vienen a tratarse su cáncer infantil o leucemia al Hospital Garrahan”. Luego, aseguró que este “este proyecto viene a asegurar un presupuesto digno al hospital y propone condiciones dignas para que el hospital trabaje”.

En segundo lugar, el diputado nacional Facundo Manes expresó que “lo del Garrahan no es falta de plata, es lo que el presidente quiere”, y aseveró que este es “un país que pone mas recursos en organismos de inteligencia para influir en periodistas y pagar trolls en redes sociales”.

“¿Ese es el país que queremos?”, cuestionó el legislador de Democracia para Siempre, quien agregó críticas contra el Gobierno nacional: “El Garrahan no es un gasto, es el corazón de la Argentina y un país también se mide por la compasión y la solidaridad porque sin salud pública no hay Nación”. “La salud es el motor del desarrollo porque una sociedad sana es más productiva y están en juego el alma de nuestro país”, cerró.

Tras la intervención del neurocirujano, la moción planteada por el tucumano Yedlin se aprobó con 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones. A quienes votaron en contra el primer emplazamiento, se sumaron el santafesino Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad y el neuquino Pablo Cervi de Liga del Interior.

Cuando todo parecía encausarse para continuar con los otros cinco emplazamientos, el recinto se desmadró y Martín Menem dio por terminada la sesión cuando se diluyó el quórum.

A las 12.23 se acabó el misterio, al confirmarse el inicio de la sesión pedida por la oposición. Y esto se logró con un quórum holgado: 136 diputados senados en sus bancas. Esta era una de las dos sesiones previstas para este miércoles, aunque al confirmarse la primera, se desactivó la segunda. Para esta primera sesión, solicitada por el bloque Democracia para Siempre y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, hay un amplio menú de temas pero sobresalen la cuestión del financiamiento universitario y la crisis en el Hospital Garrahan.

Con el aditamento de que la situación en el hospital pediátrico se ha agravado. Precisamente a partir de ello, Democracia para Siempre insistió con la necesidad “imprescindible de que todos los bloques den quórum a la sesión” convocada para este miércoles al mediodí. “El Garrahan se defiende en las bancas”, remarcó el bloque presidido por Pablo Juliano, que advirtió sobre “la decisión de ir a fondo con la crueldad del Gobierno nacional contra el principal hospital pediátrico del país”.

Costó, pero finalmente hubo acuerdo en Labor Parlamentario para una sesión corta que comenzará con el emplazamiento para el tema financiamiento universitario. Luego vendrá la cuestión del Garrahan y la emergencia pediátrica.

A continuación será el turno del emplazamiento por un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral; luego el proyecto denominado Crecer con Salud; los proyectos sobre PyMEs; huso horario y retenciones.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio se abordarían los temas que tienen dictamen: juicio por jurados y la reforma de la ley que rige los DNU.

Gran expectativa hay en torno a la posibilidad de que la oposición pueda alcanzar este miércoles el quórum para alguna de las dos sesiones pedidas en la Cámara de Diputados. En la primera, solicitada por el bloque Democracia para Siempre y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, hay un amplio menú de temas pero sobresalen la cuestión del financiamiento universitario y la crisis en el Hospital Garrahan.

La posibilidad de que haya sesión crecía, conforme se aproximaba la hora de la sesión. Costó, pero finalmente hubo acuerdo en Labor Parlamentario para una sesión corta que comenzará con el emplazamiento para el tema financiamiento universitario. Luego vendrá la cuestión del Garrahan y la emergencia pediátrica.

A continuación será el turno del emplazamiento por un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral; luego el proyecto denominado Crecer con Salud; los proyectos sobre PyMEs; huso horario y retenciones.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio se abordarían los temas que tienen dictamen: juicio por jurados y la reforma de la ley que rige los DNU.

Esta sesión tiene el aditamento de que la situación en el hospital pediátrico se ha agravado. Precisamente a partir de ello, Democracia para Siempre insistió con la necesidad “imprescindible de que todos los bloques den quórum a la sesión” convocada para este miércoles al mediodía. “El Garrahan se defiende en las bancas”, remarcó el bloque presidido por Pablo Juliano, que advirtió sobre “la decisión de ir a fondo con la crueldad del Gobierno nacional contra el principal hospital pediátrico del país”.

Se suma a esa situación complicada el anuncio del cierre de la residencia de pediatría del Garraham decidida por el Ministerio de Salud. “Lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada”, explicaron este miércoles los jueves. ¿Qué significa esto? “Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso”, plantearon los residentes.

A través de la red social X señalaron que “desde el Ministerio nos aseguran que con ‘el sello Garrahan’ es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda. Sin residentes, el Garrahan no funciona”.

“Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública”, advirtieron a través de un posteo en las redes sociales que los diputados que convocan a la sesión de este miércoles utilizaron para tratar de garantizar el quórum este mediodía.

Un quórum que se complica tanto para la sesión del  mediodía. Para la misma los temas son bien diversos y tienen en su mayoría un mismo hilo conductor que hace difícil -sino imposible- su tratamiento este miércoles: carecen de dictamen. Por eso el objetivo fundamental de esta sesión es emplazar a las comisiones para apurar el tratamiento de esos temas que la oposición quiere instalar como agenda.

Dos de esos proyectos sobresalen sobre el resto: el proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia en pediatría, elaborado a imagen y semejanza de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Son varios los proyectos que hay sobre el tema y la idea es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se avenga a dar dictamen y luego sean tratados en el recinto en plazo perentorio.

El temario incluye un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral -que tiene despacho de la Comisión de Salud-; una serie de proyectos para el impulso y desarrollo de las PyMEs; y uno sobre modificación del huso horario (un tema fetiche para el mendocino Cobos.

Pero en este temario hay dos temas que sí están en condiciones de tener media sanción en caso de aprobarse, por contar con los dictámenes necesarios. Una es la orden del día firmada en octubre de año pasado sobre la implementación a nivel nacional del juicio por jurados. Se había firmado con un amplio consenso, que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

El otro tema tiene que ver con la modificación de la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. La iniciativa intentó llevarse a una sesión en noviembre de 2024 que fracasó.

La otra sesión

Una parte más numerosa de la oposición sorprendió este lunes pidiendo su propia sesión para el mismo miércoles 2 de julio, en este caso para las 14.30. En este caso el pedido fue formulado por diputados de la bancada más numerosa, la de Unión por la Patria y Encuentro Federal, más la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre.

En este caso, el temario incluye el rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: el 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; rl 344 sobre organismos fusionados de la órbita del Ministerio de Justicia; el 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y el 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Asimismo fue incluido un proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

Al respecto, cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000. Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

En este caso, la sesión fue pedida por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky, de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

La apuesta que hacen los diputados opositores tiene a los gobernadores en la mira. Precisamente para captar la atención de varios de esos gobernadores, especialmente el cordobés, Democracia Cobos Sarapura y Barletta presentaron el lunes una ampliación de temario de la sesión de las 12. Se agregan los proyectos de retenciones que no han sido dictaminados ni por Agricultura ni Presupuesto. Es a pedido de los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, y como contrapartida aseguraría la presencia de diputados con los que se podrían acercar al quórum.

Se trata de seis expedientes vinculados con los derechos de importación, cuando el Gobierno de Javier Milei restableció las retenciones más altas a las exportaciones de soja, maíz, sorgo y girasol, luego de haberlas reducido temporalmente desde enero. Esta decisión fue oficializada mediante el decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Nadie sabe a ciencia cierta si la oposición tendrá éxito con alguna de las dos sesiones pedidas para este mismo miércoles. Ya de por sí el hecho de que sean dos las reuniones convocadas para temas muy diversos tiende a disolver las expectativas de que realmente haya quórum para alguna de las dos. Pero en eso trabaja una parte de la oposición desde hace casi dos semanas, cuando Democracia para Siempre y tres radicales con espíritu rebelde decidieron primerear con una sesión pedida para el segundo día del mes bisagra del calendario parlamentario.

La primera de las sesiones fue convocada para las 12 del mediodía y fue suscripta por los diputados de DpS, el monobloquista Mario Barletta y Julio Cobos y Natalia Sarapura, de la UCR. Los temas son bien diversos y tienen en su mayoría un mismo hilo conductor que hace difícil -sino imposible- su tratamiento este miércoles: carecen de dictamen. Por eso el objetivo fundamental de esta sesión es emplazar a las comisiones para apurar el tratamiento de esos temas que la oposición quiere instalar como agenda.

Dos de esos proyectos sobresalen sobre el resto: el proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia en pediatría, elaborado a imagen y semejanza de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Son varios los proyectos que hay sobre el tema y la idea es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se avenga a dar dictamen y luego sean tratados en el recinto en plazo perentorio.

El temario incluye un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral -que tiene despacho de la Comisión de Salud-; una serie de proyectos para el impulso y desarrollo de las PyMEs; y uno sobre modificación del huso horario (un tema fetiche para el mendocino Cobos.

Pero en este temario hay dos temas que sí están en condiciones de tener media sanción en caso de aprobarse, por contar con los dictámenes necesarios. Una es la orden del día firmada en octubre de año pasado sobre la implementación a nivel nacional del juicio por jurados. Se había firmado con un amplio consenso, que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

El otro tema tiene que ver con la modificación de la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. La iniciativa intentó llevarse a una sesión en noviembre de 2024 que fracasó.

La otra sesión

Una parte más numerosa de la oposición sorprendió este lunes pidiendo su propia sesión para el mismo miércoles 2 de julio, en este caso para las 14.30. En este caso el pedido fue formulado por diputados de la bancada más numerosa, la de Unión por la Patria y Encuentro Federal, más la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre.

En este caso, el temario incluye el rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: el 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; rl 344 sobre organismos fusionados de la órbita del Ministerio de Justicia; el 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y el 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Asimismo fue incluido un proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

Al respecto, cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000. Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

En este caso, la sesión fue pedida por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky, de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

Ampliación del temario

Quienes son optimistas respecto de la suerte de estas sesiones se amparan En el clima espeso que alcanza la relación entre el Gobierno y varios de los gobernadores cercanos al Ejecutivo. Eso podría garantizar la presencia de más de un diputado alineado con esos gobernadores.

Precisamente para captar la atención de varios de esos gobernadores, especialmente el cordobés, Democracia Cobos Sarapura y Barletta presentaron al caer la tarde de este lunes una ampliación de temario de la sesión de las 12. Se agregan los proyectos de retenciones que no han sido dictaminados ni por Agricultura ni Presupuesto. Es a pedido de los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, y como contrapartida aseguraría la presencia de diputados con los que se podrían acercar al quórum.

Se trata de seis expedientes vinculados con los derechos de importación, cuando el Gobierno de Javier Milei restableció las retenciones más altas a las exportaciones de soja, maíz, sorgo y girasol, luego de haberlas reducido temporalmente desde enero. Esta decisión fue oficializada mediante el decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Se oficializó este lunes el llamado a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este miércoles a las 12, a pedido de Democracia para Siempre, el monobloquista Mario Barletta y Julio Cobos y Natalia Sarapura, de la UCR.

La mayoría de los expedientes del temario no cuentan con el dictamen de todas las comisiones correspondientes, con lo cual se buscará emplazar a distintos plenarios para que avance rápido su tratamiento.

Entre esos temas, hay proyectos en relación al financiamiento universitario, similares a la ley que el año pasado el Gobierno nacional vetó; y otras iniciativas para declarar la emergencia pediátrica y de las residencias, a partir del conflicto del Hospital Garrahan.

Sobre presupuesto universitario se incorporaron seis expedientes. Hace un mes atrás, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional participaron de una reunión con diputados de la oposición para reclamar por una nueva ley.

Tanto el emplazamiento a comisiones por este tema como el del Garrahan -proyecto que ya tuvo dictamen en Acción Social y Salud Pública y recientemente en Familias, Niñez y Juventudes- iba a votarse en la última sesión que hubo en la Cámara baja, el pasado 5 de junio, pero la reunión se quedó sin quórum.

Al tocar partidas presupuestarias, deben pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cerrada por el oficialista José Luis Espert para debatir proyectos opositores con costo fiscal.

Por otra parte, el temario incluye un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral -también con despacho de Salud-; una serie de proyectos para el impulso y desarrollo de las PyMEs; y uno sobre modificación del huso horario.

¿Por qué este miércoles es fundamental dar quórum en la sesión que pedimos?

📚Por las universidades nacionales, para emplazar a la Comisión de Presupuesto y que avance una ley de financiamiento universitario. Porque la universidad pública construye futuro, igualdad y desarrollo…

— Marcela Coli (@Marcelacoli63) June 30, 2025

En tanto, hay dos temas que están en condiciones de tener media sanción en caso de aprobarse, por contar con los dictámenes necesarios. Una es la orden del día firmada en octubre de año pasado sobre la implementación a nivel nacional del juicio por jurados. Se había firmado con un amplio consenso, que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

El otro tema tiene que ver con la modificación de la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. La iniciativa intentó llevarse a una sesión en noviembre de 2024 que fracasó.

En el último tiempo la alianza entre Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda ha puesto en aprietos en la Cámara baja al oficialismo, que una vez más apostará a que la sesión no tenga quórum, con la ayuda clave -de por medio y una vez más- de los gobernadores. Sumado a que en esta ocasión, el radicalismo crítico que solicitó la sesión no consensuó el temario con los otros bloques.

Somos plenamente conscientes de los problemas generados por las políticas del Gobierno nacional en materia de educación, ciencia y tecnología. En ese contexto, y por decisión del propio Ejecutivo, hoy no contamos con un Presupuesto Nacional, lo que afecta directamente la autonomía financiera que la Constitución Nacional le otorga al sistema universitario, volviéndola prácticamente inexistente.

El sistema educativo argentino atraviesa una etapa crítica, signada por la incertidumbre y el desfinanciamiento. Según el economista Alejandro Morduchowicz, los recursos nacionales destinados a educación cayeron un 44% en la comparación interanual 2023-2024. Los recortes más significativos se produjeron en Educación Básica, Formación Docente y otras áreas fundamentales, con una caída del 69%. En el caso de las universidades, la disminución fue del 23,9%, acumulando una caída del 32% al proyectar hasta 2025.

A comienzos de este mes, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, informó que a esa institución le faltan 260 millones de pesos mensuales para poder funcionar adecuadamente. Esto representa casi la mitad de su presupuesto operativo. A ello se suma la suspensión o cancelación de numerosos proyectos de investigación por falta de financiamiento. Esta situación repercute directamente en la calidad del salario docente y en la continuidad del personal académico, que cada vez más se ve obligado a dejar el sistema en busca de oportunidades laborales más dignas, ya sea en el exterior o en otras actividades dentro del país.

Debemos cuidar a nuestras universidades, porque han sido —junto con la escuela técnica y la educación pública de calidad— el motor de la movilidad social ascendente más importante que ha tenido la Argentina. Hoy, nuestros estudiantes, docentes e investigadores, formados en ese sistema, brillan en el mundo. No son excepciones: son parte de una larga historia de excelencia académica y científica. Nuestro país cuenta con cinco Premios Nobel, y con instituciones reconocidas internacionalmente como el CONICET, la CONAE, la UNCuyo, la UTN, entre muchas otras. Cada una de ellas representa lo que somos capaces de construir cuando el Estado invierte, acompaña y prioriza la educación.

Por eso, ante la falta de Presupuesto Nacional, impulsamos la aprobación del proyecto que establece un presupuesto específico para el sistema universitario, garantizando su autonomía y su funcionamiento adecuado. Este martes vamos a emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con la aprobación de un presupuesto digno para nuestras universidades. Y no vamos a dejar de reclamar por la presencia activa del Estado en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la superior.

Además, este miércoles también abordaremos otra situación urgente que merece nuestra total atención: la del Hospital Garrahan. No estamos hablando de un hospital más, sino de un hospital pediátrico de referencia nacional, que se ha transformado en un verdadero hospital federal. Solo en lo que va de 2024, atendió más de 354 mil consultas de niños y niñas provenientes de todo el país. El Garrahan simboliza lo mejor de nuestro sistema de salud pública: acceso, equidad y calidad. Por eso, al igual que con las universidades, es fundamental garantizarle los recursos que necesita para seguir cumpliendo su rol. Cuanto el Estado se ausenta en áreas sensibles como la salud y la educación, las consecuencias las paga toda la sociedad.

Seguir por el camino del desfinanciamiento y la desatención es condenar a nuestro sistema educativo, científico y sanitario a un futuro oscuro, pero aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Tenemos la responsabilidad de tratar y aprobar estos proyectos de ley, y todos los diputados sin distinción partidaria, tenemos el deber institucional de dar quórum este miércoles y acompañar iniciativas que son claves para el presente y el futuro de la Argentina.

Con el proyecto de ley de financiamiento universitario como tema principal, la oposición dialoguista elevó este martes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un petitorio para realizar una sesión especial el próximo miércoles 2 de julio a las 12. La nota lleva las firmas de Democracia para Siempre, dos radicales y un monobloquista ex UCR.

También, está contemplado en el temario la declaración de la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan, en medio de los conflictos salariales. Por este tema, se han puesto a consideración dos textos que fueron presentados Encuentro Federal y Democracia para Siempre; y otro de Unión por la Patria.

Si bien ninguna de las dos iniciativas cuenta con dictamen, la idea central es que sean emplazados por el Cuerpo durante la sesión, fijando una fecha y horario de tratamiento en las respectivas comisiones. 

Los otros proyectos del temario son la creación de un programa nacional de salud mental, conocido como "ley de Alzheimer"; un nuevo régimen de incentivo para pequeñas y medianas empresas; modificación del huso horario; juicio por jurados en el ámbito de la administración de justicia federal; y modificación a la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia.

La única propuesta que cuenta con dictamen es la modificación al Régimen Legal de los DNU, tema que fue llevado sin éxito al recinto en noviembre pasado y que no prosperó por falta de quórum. La iniciativa cuenta con el rechazo explícito del Gobierno nacional, quien en aquella oportunidad, desactivó la sesión con la colaboración de los gobernadores provinciales.

A diferencia de lo que impone la ley vigente, los bloques dialoguistas consensuaron un despacho que establece plazos para tratar los decretos, la aprobación definitiva por parte de las dos cámaras, la caída definitiva con el rechazo de una sola y la posibilidad de aprobar artículos por separados sin tener que dejar vigente la totalidad del DNU.

Para las seis órdenes restantes, serán requeridos los dos tercios del Cuerpo para poder habilitar el tratamiento sobre tablas. Según supo este medio, la idea de quienes impulsan esta sesión es la de emplazar cada tratamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert.

Firmaron el pedido presentado ante las autoridades de la Cámara baja Pablo Juliano (jefe de bloque), Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Marcela Antola, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Melina Giorgi, Juan Carlos Polini y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el monobloquista de Unidos Mario Barletta; y Julio Cobos y Natalia Sarapura de la Unión Cívica Radical.

Un grupo de diputados opositores desafían una vez más al Gobierno nacional con una nueva ley de Financiamiento Universitario, el cual, fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada nacional Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC en la que recibieron a autoridades de universidades, sindicatos, docentes y estudiantes.

Según explicó la diputada Osuna durante el encuentro, la idea es pedir el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en la sesión oficializada para el 4 de junio. De conseguir el quórum y el voto afirmativo, pedirán que el 10 de junio se realice una reunión conjunta de carácter informativa para poder dictaminar el 11 e ir al recinto el 19 de junio.

Durante el 2024, el tema había unido a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. Sin embargo, el Gobierno vetó la norma que luego fue blindada en el Congreso por el oficialismo gracias al apoyo de aliados con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones el pasado 9 de octubre.

La diputada de UP Blanca Osuna motorizó la movida de este miércoles.

La presentación del proyecto

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Osuna explicó: “Estamos frente a un gran desafío, frente al conflicto que genera el desfinanciamiento de la educación. Que se contribuya a que efectivamente la toma de conciencia sobre el valor de la educación, sobre el sentido de la democracia, lo que significan los derechos, no se vacíen de contenido, estamos en ese punto y riesgo”.

“Que el cumplimiento y materialización de estas definiciones sobre educación, derechos y democracia, al diluirse en una práctica que trae consecuencias que es el desfinanciamiento, la destrucción de políticas activas, de algún modo, culmine con el descreimiento total por el sentido de la democracia”, alertó.

La entrerriana sostuvo: “Celebremos la política en el marco de lo son, de lo que deben ser las mejores negociaciones para los mejores procesos políticos que deben en beneficiar en este caso a estudiantes, docentes, etc. Una apelación solidaria porque en momentos donde la crueldad y la violencia pretenden imponerse, hay que ratificar un abrazo integral a todo el sistema educativo”.

“El sistema educativo son más que las universidades, vale la pena insistir porque el sistema educativo son las universidades que son punta de lanza y terminan con los niños que recién empiezan la escuela, con maestros mal pagos, con escuelas que se caen, con falta de programas, ese sea el mayor desafío en nuestras manos poder vertebrar toda la potencia posible para darle sentido a las negociaciones y acuerdos con la mayor altura, en contrario a la coacción y aprietes”, planteó.

Osuna explicó que presentaron una solicitud para que la comisión la integren legisladores de distintos bloques porque “ese es el otro valor a destacar, la diversidad de la representación nos da fuerza y lo hemos hecho reclamando ante al presidente de la comisión de Educación y el de Presupuesto y Hacienda que se traten los proyectos que obran en este cuerpo vinculados al financiamiento a la educación superior, por sobre todo a las universidades”.

A su turno, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Danya Tavela, comentó que la idea es “poder visibilizar el conflicto por el cual atraviesan las casas de altos estudios y todo el sistema educativo y poder ponerle letra a la falta de presupuesto que nos ocupa por segundo año consecutivo”.

“En el marco de la unidad y el federalismo tenemos una representación amplia del sistema universitario de todo el país y esto nos da fortaleza en el debate y discusión de lo que se viene dentro en el Congreso y la sociedad”, adelantó y cerró: “Hay que hacer unos kilómetros de los principales centros urbanos para desatacar el valor que tiene la universidad dentro de cada sociedad, el impacto que tiene la universidad argentina en casa región y las posibilidades de futuro. Queremos defender al sistema de los ataques que tiene y construir un futuro que se construye con igualdad de oportunidades, justicia y a partir de tener esa herramienta de la posibilidad de acceder a la educación para emprender el camino individual de la vida”.

Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, comentó: “Decidimos armar un proyecto para transmitir al Congreso que, desde la reforma universitaria, el no arancelamiento, la ceración de universidades, que pueda a llegar que tengamos hoy a más de 2 millones de estudiantes, 50 mil son de universidades públicas. Es el Congreso el que crea las universidades, el que interviene, el que financia y audita por eso nos debemos como tal”.

“La educación universitaria es el futuro de nuestro país, por lo tanto, el financiamiento del sistema universitario es pensar qué futuro de país queremos. Es un sistema tan eficiente y eficaz, con calidad de nuestros graduados y que lamentablemente del histórico 0,8%, que siempre esperamos llegar al 1% del PBI, hoy tenemos el 0,45% de esa inversión, esa pérdida del tercio”, detalló.

Alpa indicó: “Este proyecto muestra que la universidad pública argentina, es sistema, está unido para seguir debatiendo y en esa discusión de futuro de qué país queremos. La universidad argentina es pública, es no arancelada y buscando lo que implica un sistema de becas totalmente desactualizado”.

Así, agradeció y recordó la Ley 27.757 del año pasado que fue finalmente vetada por el Gobierno: “Fue una ley que, por el sistema constitucional, luego fue vetada, pero tuvo su aprobación de parte de diputados y senadores con una alta aprobación que es la representación del pueblo argentino a través de los representantes del Congreso”.

“Hoy queremos insistir, pero insistir inclusive con alguna alternativa de fuente de financiamiento”, remarcó y sumó: “Esta propuesta que estamos haciendo es similar en cuanto a que recordemos que se ha perdido el 33% de porcentaje de salario real docente y no docente”.

“Hubo una actualización que implicó poner al día respecto de la inflación del 2023, pero ahora no falta el 118% de la inflación del año pasado que, inclusive, por la forma que se distribuyó este presupuesto prorrogado en los primeros cuatro meses de este año estamos recibiendo las universidades nominalmente un 30% menos nominalmente”, indicó.

En esa línea, señaló que “también está la propuesta de actualización desde aquel momento manteniendo el equilibrio fiscal sin creación de impuestos. Es buscar una forma de asignación directa de los ingresos para que tengan una base para el sistema universitario, que la base del último presupuesto aprobado del 2023. Esa es la propuesta sin tocar absolutamente ni un impuesto ni coparticipación que le corresponde a las provincias”.

“Desde noviembre 2023 hasta enero del 2025 en números redondos con un 180% de inflación, los aumentos salariales fueron del 90% con lo cual hubo una pérdida del 90%, pero los ingresos tributarios aumentaron 210%, o sea, que ahí también es otra fuente de financiamiento que es el ingreso real de los impuestos tributarios sobre el ingreso prorrogado”, explicó.

También comentó que proponen un fondo para las carreras estratégicas, para que haya becas para que haya presupuesto, para esas carreras. “Seguimos trabajando en un sistema universitario público que esté pensando en las políticas de nuestro país. Es un aporte para que podamos tener una ley que asegure lo que dice la constitución respecto de la autonomía y autarquía universitaria”, cerró.

Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario: "Hoy nos acercamos esta propuesta al Congreso con la voluntad, la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas. Para caracterizarlo sintéticamente, es una propuesta, la que hoy presentamos, responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria que es el Congreso de la Nación. Es una propuesta razonable porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente el Estado".

"Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad. Los países desarrollados en las sociedades del conocimiento invierten 5 veces más de lo que lo hace en Argentina sin tener un sistema público de educación superior robusto”, comparó.

Bartolacci advirtió: “Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave, es delicada y requiere atención rápida y es un proyecto desde nuestra perspectiva necesario porque vuelve a poner las cosas en su justo lugar. Yo creo mucho que las sociedades son muchas veces más inteligentes que sus dirigencias y fue la sociedad argentina la que conmovedoramente el año pasado todas las veces que hizo falta dijo que no hay en las universidades sin el sistema científico de la nación un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.

Representante de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carballo, gremio que nuclea a estudiantes del país, indicó: “Tenemos un sistema universitario con carácter federal por eso discutir esto en el Congreso está a tono. Quisiéramos que esta situación con las universidades estuviese resuelta, pero lamentablemente en 2024 nos encontramos con un veto presidencial, luego de que sea aprobada en ambas cámaras. Es una clara postura del gobierno de dónde está puesta la prioridad”.

“Un país que se precie de tal, no puede no invertir en educación si piensa que tiene que estar en la senda del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo de desarrollo que está mirando el Gobierno nacional. Eso nos preocupa”, criticó y sumó: “Hay una situación crítica con las becas universitarias que en muchos lugares se utilizan en cada una de las áreas donde un estudiante tiene que destinar su presupuesto. Hoy hablamos de dos becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano congeladas en $35 mil y $81 pesos”.

La Comisión de Educación y Cultura del Senado se reunió este miércoles para ratificar a sus autoridades, quedando al frente de la misma el senador Eduardo “Wado” de Pedro, al vice Flavio Fama y a la secretaria Mónica Silva. Luego recibieron y escucharon estudiantes y gremios docentes y no docentes que expresaron preocupación por “la crítica situación de financiamiento que atraviesan las universidades públicas del país”.

Durante el encuentro, se definieron los principales ejes de trabajo para el período legislativo, incluyendo la convivencia escolar, la conectividad y los entornos digitales en el ámbito educativo, así como el financiamiento universitario. También, definieron como día y horario de encuentro los miércoles a las 17.

De Pedro comentó al inicio de la reunión que en comisión hay un total de “193 proyectos de ley pendientes, 533 de declaración, resolución y comunicación. Quedó un temario del año pasado y, si bien pudimos sacar la emergencia universitaria que fue vetada por el presidente, quedaron algunos proyectos pendientes que acordamos que son educación emocional, convivencia escolar y relacionamiento entre pares, entornos digitales escolares, conectividad, etc. Hay una agenda nutrida y nada cambió lamentablemente. Ojalá podamos acelerar y funcionar y cumplir las expectativas”.

La electa secretaria Silva expresó: “Me parece muy bueno que la Comisión de Educación y Cultura se constituya y escuche. Quienes somos educadores creemos profundamente en la necesidad de una escucha atenta a todas las voces. Esta es una oportunidad de escuchar para después tomar acciones”.

Financiamiento universitario

La Comisión de Educación y Cultura del Senado tiene en tratamiento nueve proyectos de ley presentados por distintos bloques políticos, que buscan garantizar el financiamiento del sistema universitario. Algunos de ellos apuntan a atender la emergencia presupuestaria, mientras que otros proponen un aumento progresivo de la inversión en educación superior.

En ese sentido, De Pedro destacó la importancia de trabajar junto a toda la comunidad universitaria en un nuevo acuerdo para una nueva ley de financiamiento y anunció que se convocará a todos los rectores de las universidades para discutir este tema.

“Con una mirada de cortísimo plazo, el gobierno nacional ha decidido desfinanciar deliberadamente a las universidades públicas, desmantelar la ciencia nacional y abandonar el conocimiento como política de Estado", cuestionó el legislador y destacó: “Las universidades públicas son el motor del ascenso social en la Argentina”.

El senador bonaerense informó que “las becas para estudiar hoy están planchadas. De marzo del 2023 a hoy tenemos una inflación acumulada del 204% y el aumento salarial docente en ese mismo periodo fue de 114% y el aumento de las becas de un 43%”.

"Nuestro sistema universitario es uno de los más grandes de América Latina y tiene un gran prestigio mundial. La sociedad tiene el derecho a gozar de los beneficios que se generan en las universidades", expresó Carlos de Feo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Su par Francisca Staiti agregó: "Hoy lo que vemos en las universidades es el multiempleo, docentes que tienen que buscar otros trabajos para sostener la economía familiar".

El docente de la UBA Daniel Ricci sumó: “"La infraestructura es importante, pero la calidad del sistema universitario se debe principalmente al esfuerzo cotidiano de los trabajadores universitarios. Si queremos tener un país desarrollado, hay que invertir en la educación pública",

“Queremos presentar una nueva ley de financiamiento universitario y no solo atender la problemática salarial sino también que las universidades vuelvan a tener un rol preponderante en generar valor agregado en sus territorios", explicó Facundo Lionel Romero de la Federación Argentina de Universidades.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 fue del 196%, mientras que los salarios docentes aumentaron apenas un 114%, lo que representa una pérdida de más de un tercio del poder adquisitivo. Esto está provocando una preocupante fuga de profesionales del sistema universitario.

El diputado nacional Pablo Carro (Unión por la Patria – Córdoba) presentó dos proyectos de ley: El primero sobre financiamiento universitario, por el cual busca garantizar el sostenimiento económico de las casas de altos estudios en la República Argentina; y el segundo para poner la cuestión a consideración del voto popular a través de una consulta popular vinculante.

La iniciativa propone que el Poder Ejecutivo Nacional actualice las partidas presupuestarias del año 2025 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. También deberá actualizar al 1° de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios correspondientes a las actividades presupuestarias de funcionamiento y hospitales universitarios.

El proyecto fue acompañado por Carolina Gaillard, Itai Hagman, Jorge Ricardo Herrera, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Sabrina Selva, Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi y Hugo Yasky. Al respecto, Carro señaló que “Milei no puede seguir desoyendo el reclamo de la sociedad; la situación del sistema universitario argentino es crítico”.

“Con este nuevo proyecto de ley buscamos reponer en la agenda legislativa el tema, que está lejos de agotarse en su conflictividad. Hoy vemos que la política del gobierno respecto del sistema universitario público mantiene y profundiza la línea de ajuste desde que asumió en diciembre de 2023. En ese marco, también, se están llevando a cabo esta semana jornadas de lucha en las universidades de todo el país”, añadió el cordobés.

Luego, Pablo Carro avanzó con la presentación de una iniciativa que plantea la convocatoria a una consulta popular vinculante y obligatoria sobre el Financiamiento Universitario, basándose en el articulo 40 de la Constitución Nacional respecto a que se “podrá someter a consulta popular un proyecto de ley”.

Esto surge para contraponerse al veto presidencial del presidente Milei con el antecedente de lo ocurrido en octubre de 2024 cuando la Cámara de Diputados ratificó el veto a la ley de financiamiento universitario.

En el cierre, Carro expresó: “Sólo para mencionar algunos datos del Observatorio de Salario y Presupuesto Universitario del gremio de los docentes e investigadores de la Universidad de Córdoba, la pérdida acumulada del poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y marzo del 2025 equivale a 5,5 salarios al valor actual; en abril, el salario debería aumentar un 51% para mantener el poder de compra de noviembre del 2023. Ante este panorama es necesario encontrar un instrumento constitucional que dé cuenta de la problemática de la falta de financiamiento universitario que pone en crisis total, a todo el sistema”.

En un contexto similar al del año pasado, los diputados nacionales Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley de financiamiento universitario con una actualización automática tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El último período legislativo estuvo marcado por la conflictividad universitaria a partir del atraso presupuestario, las marchas federales y el posterior veto del presidente Javier Milei, ratificado por la Cámara de Diputados en octubre. En esta ocasión, el texto busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino.

Además, la iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. También, propone recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.

Dentro del espíritu del proyecto de ley se establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).

La otra novedad del proyecto de ley es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.

En otro punto, propone un rol activo a la Auditoría General de la Nación, que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema

Y por último, prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.

Danya Tavela agregó que “frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, agregó: “La educación superior es una inversión estratégica para el futuro del país. Garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para promover el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la Argentina”.

“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, sostuvo Tavela.

A su vez, Maximiliano Ferraro expresó que “destruir las universidades es destruir el futuro del país”, y remarcó que “su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa”. “No nos da lo mismo y por eso impulsamos este proyecto, para garantizar su sostenimiento”, manifestó.

“Esta decisión no es aislada ni accidental: forma parte de un rumbo elegido que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por eso, defender la universidad pública es una causa irrenunciable para quienes creemos en un país con futuro, igualdad y oportunidades”, siguió el diputado nacional de la Coalición Cívica.

El proyecto de ley fue acompañado con las firmas de integrantes de Democracia para Siempre como Pablo Juliano, Melina Giorgi, Facundo Manes, Marcela Antola, Fernando Carabajal, Mariela Coletta y Marcela Coli; de la Coalición Cívica: Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade; y de Encuentro Federal con Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

Al acompañar este jueves al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se encargó de defender lo que fue el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento para las casas de altos estudios y lanzó dardos contra el Consejo Interuniversitario Nacional.

El funcionario respondió a los cuestionamientos de la oposición sobre las medidas del Gobierno respecto de la educación superior, y dijo desconocer "toda elucubración política" sobre la razón del veto, al contestarle al cívico Maximiliano Ferraro.

Respecto de un artículo que había sido rechazado tanto por el oficialismo como por Unión por la Patria en la votación original de la ley en la Cámara baja, sobre las auditorías a las universidades, el subsecretario expresó: "Al poner obligatoriamente en un artículo de la ley que era sólo la AGN, lo que pretendían era sacar a la SIGEN de las auditorías. Lo cual además era redundante, porque ya estaba la AGN, tal cual establece la Ley de Educación Superior".

"Igual ya sabemos la enorme velocidad que la AGN tiene para auditar, siendo la única auditoría actualizada de hace seis años y de una sola facultad de la Universidad de Buenos Aires", agregó.

Sobre los datos aportados por Ferraro, Álvarez lanzó que "tal vez sus fuentes le han mentido" porque "no existe ninguna polinómica para sacar el presupuesto universitario". "Si sus fuentes con el CIN, le recuerdo que el presidente del CIN tiene un alineamiento político claramente con un sector del radicalismo y su influencia política lo lleva a decir cualquier cosa", disparó.

A continuación, recordó que en el CIN "votaron seis veces establecer pautas de distribución presupuestaria objetiva y nunca lo cumplieron". "Nosotros estamos tomando esa idea", defendió y criticó al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien "dijo en una entrevista que no sabía cuánto presupuesto necesitaba" pero "quería el doble de algo que desconoce".

"Antes la plata la imprimían, entonces, ¿cuánto necesitas que te imprima? No había ninguna razonabilidad en la distribución del presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el presupuesto antes diputado? Por lobby en esta casa. Aquel diputado que tenía mayor vínculo con las universidades lograba mayor índice de presupuesto", enfatizó.

El subsecretario afirmó: "Nosotros el presupuesto lo hicimos ejecutando lo que realmente se ejecuta, no hay ni un sólo programa en las universidades que hoy se encuentre desfinanciado. Tenemos el 100% de los programas, de las carreras y de las actividades en las universidades financiados".

"El criterio de asignación de presupuesto nuestro es por la cantidad de carreras que están ejecución, la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la cantidad de gasto de electricidad real", agregó.

Luego, el funcionario apuntó contra la Universidad Nacional de Artes, al manifestar que "es una de las administraciones más desastrosas que existe, teniendo siete edificios en alquiler, de los cuales uno ya está con intimación de desalojo y dos casi". "Simplemente era pedir plata sin ninguna planificación", siguió.

"Ayer los vimos hacer bailes en la estación de Once, que me parece muy bien", dijo en referencia al flashmob que estudiantes realizaron este miércoles con la canción "Fanático" de la cantante Lali -que contiene dardos a Milei-, y la oposición aplaudió; para a continuación asegurar que sin embargo "esa universidad, que no cabe duda no es oficialista, va a tener un aumento de 431%". "A usted que le preocupa Areco, va a tener 388%", añadió en respuesta a Ferraro sobre la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.

Por otra parte, durante las preguntas, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, planteó: "Nosotros negociamos con ustedes que haya una garantía salarial para los docentes que menos cobran en las universidades nacionales, al cual ustedes accedieron. ¿Ya se les giró este mes la garantía?".

Álvarez informó que "ya está ejecutado el pago en este próximo salario, pero por cómo están las paritarias en el caso de la garantía salarial no docente no es de acción automática, requiere un acta previa y la vamos a firmar esta tarde con el sindicato para que el dinero llegue lo más rápido posible".

"El diálogo es permanente con todos. Yo fui a todas las reuniones paritarias, nunca se suspendió el diálogo", remarcó.

La reunión de la Comisión de Presupuesto se extendió por casi cinco horas (Foto: HCDN)

Primero en consultar este jueves, el diputado Ferraro había destacado la presencia de Álvarez: "Esperamos poderlo ver más seguido". Sobre tema universidades, el porteño recordó que "empezamos a debatir esto en el mes de abril y yo estoy convencido que ustedes querían el conflicto de poderes y el veto de la ley".

"Estamos en el reino del 'miente, miente que algo quedará'", expresó y resaltó que en el proyecto de ley "establecíamos la obligatoriedad de las auditorías" pero "muchos diputados de La Libertad Avanza con aliados votaron en contra", junto a UP. "Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que las universidades tienen que mejorar y auditarse; pero ustedes tendrían que haber acompañado la forma polinómica", reprochó.

Ferraro consultó entonces cuál era "el criterio de distribución de recursos" entre las casas de altos estudios y observó que "en gastos tributarios estimados tenemos estimados 27 millones de pesos; gastos de privilegios corporativos en la Argentina", que sumados a los recursos para defensa e inteligencia suman lo que representa el 45% para educación.

Por otra parte, durante la reunión, la diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlottauer preguntó sobre la constante acusación de "adoctrinamiento" en las universidades por parte del Gobierno.

"Obviamente ninguno de nosotros considera que una persona adulta, estudiante universitario, con capacidad crítica sea eficaz de ese adoctrinamiento, gracias a Dios, por eso tenemos gran apoyo entre estudiantes. Sin embargo, lo que nosotros llamamos adoctrinamiento es la imposición de una línea política a partir del uso abusivo de una posición de autoridad. Tenemos muchos casos de docentes que le dicen a los alumnos 'si usted es liberal, mi materia no la va a aprobar'. O el caso que autoridades les impiden a agrupaciones no oficialistas presentarse a elecciones", argumentó Álvarez.

Al ser consultado por la radical Danya Tavela sobre las partidas previstas para universidades, que "no representan lo que ha planteado el CIN, es del 53% de lo que solicitaron", el funcionario justificó: "Lo que presentó el CIN de 7,2 billones es un presupuesto expansivo porque incorporan un montón de cosas que son proyectos, no cosas que van a quedar desfinanciadas. Primero se evalúan esos proyectos, no significa desfinanciar". "El CIN hace lo que quiere y presentó ese proyecto de hiper expansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula y no controlan", criticó.

Por otro lado, afirmó que "el corte para las proyecciones presupuestarias es agosto y hay que incorporar todos los aumentos posteriores".

Al contestarle al diputado de la izquierda Christian Castillo, el subsecretario de Políticas Universitarias sostuvo que "no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria" para los docentes. "Los rectores sí se han actualizado los salarios de acuerdo a inflación", apuntó.

Y señaló que "hoy con el retroactivo que van a recibir de garantía salarial de octubre de 6,8% -los docentes y no docentes- se van a convertir en la mejor paritaria del Estado".

"Contra toda campaña del miedo, no vamos a cerrar ninguna universidad, no se van a desfinanciar las universidades y vamos a sostener la oferta", ratificó y le dijo al diputado del FIT estar de acuerdo con "universidad de los trabajadores". "Nosotros estamos de acuerdo; nosotros creemos que la universidad es de los trabajadores porque la pagan. Los trabajadores argentinos pagan la universidad. Nosotros creemos que a la universidad hay que retirarla del control de cierta burocracia y devolverla a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores", completó Álvarez.

Se lo veía contento al presidente el jueves. No era para menos: acababa de ganar una nueva batalla legislativa; esto es, en el ámbito donde su poder es más endeble. Mayor mérito.

Y eso que esta era bastante complicada. De hecho, antes del fin de semana los números los tenían en contra.

La tarde y noche del miércoles, tras la convalidación legislativa del veto, el presidente se la pasó en las redes, reposteando y likeando tuits, mas esta vez no escribió, ni para insultar, ni para felicitar a los que apoyaron. Al día siguiente celebró con el Gabinete, y esa mañana recibió a Fran Fijap, una de las estrellas del mundo mediático libertario que el día anterior había sido más protagonista que los diputados, con su performance en las calles, donde quisieron lincharlo.

Milei se hizo un tiempo para desembarcar a continuación en la casa de empanadas donde se refugió el youtuber la tarde anterior. Saludos, selfies, más pulgares en alto… Fue curioso ver ahí también a Karina Milei, Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Manuel Adorni, tentados por percibir in situ el calor popular. Eso sí, habrán hecho oídos sordos a los insultos que venían desde la vereda de enfrente.

Así, el presidente celebró con los propios. Más o menos lo que había descripto Miguel Pichetto en la sesión. El veterano legislador aprovechó para advertirle al Gobierno que si bien estaban creyéndose ganadores, en realidad perdían. Para ese momento, el poroteo daba -sin mayores precisiones- ganadora a la postura del Gobierno. Pero si bien habría un ganador festejando, el resultado sería abrumadoramente en contra del Gobierno.

De eso hablaba Pichetto, que le reprochó a la gestión libertaria que ya cerca de cumplir un año no hubieran podido consolidar “una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, la construcción razonable, la propuesta en ideas y de un camino cierto para la Argentina”. Eso es “institucionalidad”, remarcó Pichetto, que ve en cambio en el Gobierno “una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas”. Batallas que en el fondo pierden, dijo, porque lo que el jefe del bloque Encuentro Federal ve es una apuesta a “consolidar el partido del bloqueo y la minoría”.

En definitiva, puede que el Gobierno vea un éxito que reafirma el compromiso con su electorado, pero lo que les dice Pichetto es que ese desapego por lo institucional que es una marca en el orillo del primer mandatario no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores para que miren a la Argentina con cierto interés.

Como sea, el presidente siguió festejando el jueves, cuando se conoció la inflación y contrariamente a lo que todo indicaba, el Gobierno logró poner a la inflación en un número que arranca con 3. Y la comparación con Sergio Massa estaba cantada, pues esa fue la promesa que en enero del año pasado había hecho durante una entrevista con Jorge Fontevecchia: que la inflación podría estar en esas cifras para el mes de abril. Pasaron cosas… y eso lo consiguió ahora Milei.

Otro logro para el que trabajó la gestión de Alberto Fernández en general y Massa en particular fue también alcanzado el viernes pasado, cuando el directorio del FMI aprobó un recorte parcial y limitado en los sobrecargos que cobra a los países con altos nivel de endeudamiento con el organismo, como la Argentina. Con lo cual, nuestro país tendrá un ahorro de aproximadamente 3.200 millones de dólares.

Datos con los que celebró el gobierno en una semana que comenzó a tener señales positivas el domingo, con el posteo de Mauricio Macri en la red social X, donde pareció reconfigurar la postura que amagaba presentar el Pro de cara a este debate y terminó haciendo suyo el reclamo libertario sobre las auditorías, lo cual le valió una réplica particular de parte de la UBA. Las dudas persistían cuando se anunció que la “mesa de los lunes” se había suspendido, porque el bloque Pro esperaba primero tomar una decisión interna sobre qué hacer al día siguiente, en lugar de ir a la Casa de Gobierno. Sin embargo, sobre el mediodía se conoció un comunicado donde ya no quedaron dudas: más allá de las críticas a la gestión que expresaban, confirmaban su apoyo al veto.

Con el Pro no alcanzaba… pero sin ellos no se podía, así que con una base propia de casi 80 votos, el oficialismo salió a buscar los por lo menos 5 que le faltaban… o a forzar ausencias y abstenciones. Con una certeza: con los números todavía muy ajustados, el Gobierno tenía la convicción de tener ganada esa batalla, pues a la hora de la votación, si se complicaba, le alcanzaría con torcer alguno de los votos rebeldes, pero no tan firmes, y hacer faltar a algún diputado de ser necesario.

Logró reunir 85 voluntades, dos menos que un mes atrás con la movilidad jubilatoria, pero holgado por las ausencias y abstenciones que al final oficiaron como válvula de descompresión.

¿Pero de qué habla Pichetto cuando cuestiona que el Gobierno se autocelebre como “el partido de la minoría”? Que frente a ese tercio ha tenido del otro lado de la vereda a 159 diputados, y un mes antes a 153. En ninguno de los dos casos fueron dos tercios, pero en ambos se trató de mayorías notorias que debieran inquietar a un gobierno que se conforma con saber que está a salvo de un juicio político que nadie imagina pueda llegar a suceder.

Pero el oficialismo está en modo electoral. Da la pauta de ello la secretaria general de la Presidencia abocada de lleno al armado territorial, junto a Sebastián Pareja y el clan Menem. Con ese pensamiento, estos resultados “le suman” al Gobierno. Pues debe dejarle claro a la sociedad que necesita una mayoría parlamentaria que deberán conseguir en las próximas elecciones. Obvio, eso no sucederá, pero es relato.

Un estudio basado en la mejor elección que podría llegar a tener el oficialismo actual, arrasando en todos los distritos, le alcanzaría para obtener nada menos que 75 diputados. Repetimos: eso no puede suceder, pero vale como dato, pues así y todo La Libertad Avanza llegaría a tener entonces 107 diputados, a 22 del quórum.

Eso sí, ya no necesitaría mendigar ayuda para conseguir el tercio propio y podría vetar a destajo…

Fagocitado en parte por LLA y desaparecido como oposición visible Juntos por el Cambio, la principal oposición sigue siendo el peronismo, Unión por la Patria, el kirchnerismo… como se le quiera llamar. En ese contexto otro dato saliente de la semana que pasó fue la confirmación de Cristina Kirchner de aceptar presidir el PJ. Toda una curiosidad, cuando bien se sabe que los Kirchner siempre denostaron al Partido Justicialista, al que se referían despectivamente como “pejotismo”.

Pero la necesidad tiene cara de hereje, y es así que la exmandataria aparece dispuesta a hacer el “sacrificio” de aceptar presidir el PJ. Lo cual servirá para mantener bajo la férula K a la estructura partidaria, mal que les pese a quienes abogan por una renovación. ¿Por qué semejante cambio? Las explicaciones son varias, pero muchos caminos -sino todos- conducen a la situación judicial de CFK, quien ya se sabe que se desvela con esas cuestiones. Y tiene claro que en un mundo donde los expresidentes van presos o son condenados, le vendrá bien ser la presidenta del principal partido de oposición para enarbolar esa figura cuando la Cámara de Casación resuelva sobre su condena en la causa Vialidad.

Carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también.https://t.co/yoh8fuOt6m pic.twitter.com/h8StzEGYIE

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 7, 2024

Dato al margen. Ya hemos dicho que en La Libertad Avanza el único que tiene permitido referirse a la situación judicial Cristina Kircher es el propio Milei. El, como Macri en su momento, la necesita competitiva y -en lo posible- candidata. No le desagradaría que la expresidenta encabezara la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, en cuyo caso la enfrentaría la hermanísima presidencial, reeditando -imagina el Gobierno- el desafío definitivo de 2005 entre la ascendente CFK y Chiche Duhalde, en lo que se conoció como “la madre de todas las batallas”. Cristina enfrente sería factor suficiente para amalgamar a la oposición, o, sobre todo, eliminar la competitividad de terceros en discordia. La ganadora salió de esa elección tan competitiva que dos años después fue electa presidenta. ¿Y si el pingüino o pingüina funciona para el mileísmo?

A propósito de esto, el proyecto sobre “ficha limpia” fue despachado en las comisiones y está listo para llegar al recinto. Se daba por descontado que sería en la última sesión de Diputados, pero no figuró en el temario. Dicen que fue para evitar alargar la sesión con un tema que ameritaba gran debate.
Loable decisión, pero llamativa, cuando en Diputados esas cosas no parecen preocupar demasiado y estamos acostumbrados a sesiones maratónicas.

Habrá que ver si lo suman para la próxima sesión, que no tiene fecha. Pero el tema debería ser resuelto antes de fin de año, ya que se estila no tratar los temas electorales en años de elecciones. Y es un tema que necesitaría pasar luego por el Senado, donde el kirchnerismo resistirá seguramente su tratamiento. Así las cosas, hay muy pocas chances ya de que este proyecto sea aprobado en este ejercicio y se ponga en práctica en los próximos comicios.

¿Qué dice ficha limpia? Que los condenados en dos instancias serán excluidos de las listas electorales. La Cámara de Casación Federal confirmaría el próximo 13 de noviembre la condena de Cristina Fernández de Kirchner.

Después de que el Congreso Nacional convalidara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el diputado de Vamos por Más (VxM) y miembro de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, analizó el impacto que la medida podría tener en la educación universitaria pública y advirtió que “no hay proyectos de auditoría”.

A través de sus redes sociales, Reyes explicó que “nada crecer por destruir. El Gobierno insiste con el veto. No quiere auditorías para la UBA ni para las universidades. No hay proyectos de auditoría ni de transparencia universitaria ni nada. No hay política educativa, hay recorte, solamente hay teoría anti Estado”.

Al mismo tiempo que afirmó que “la teoría no es inofensiva. La teoría construye realidad. El kirchnerismo nos dejó un Estado roto, coptado, quebrado y Javier Milei propone destruirlo por completo” e indicó que “nos dicen que tengamos menos Estado porque hay que sacarle el pie de la cabeza a la gente, y está bien, pero con el mismo discurso de que hay que tener menos Estado, cerramos hospitales de salud mental, desfinancian el Garrahan, reducen presupuesto para las universidades, y le comen la movilidad a los jubilados. No, no es lo mismo”.

“Menos Estado para regular y asfixiar a la economía, sí. La producción es importante y las oportunidades son sagradas. No dejen a las personas sin educación, salud y jubilación, son las bases que permiten a las personas proyectar y tener una identidad de crecimiento, de futuro. Argentina está destruida, el Estado está tomado y desbastado, entonces reconstruyamos. Los argentinos queremos tener expectativa de futuro”, continuó.

Finalmente, Reyes concluyó planteando que “nos merecemos que haya una salud pública de calidad para los que no tienen sistemas privados, merecen poder ir a la universidad para formarse, ser profesionales y aumentar la productividad del país y de sus propias vidas. Y sin dudas que se merecen poder retirarse con dignidad, comprar sus medicamentos, vivir bajo un techo y proyectar su retiro. No dejemos que este pesimismo destruya la poca identidad de país de clase media que nos queda”.

Luego de que el Congreso de la Nación convalidara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, los legisladores porteños de las distintas bancadas que conforman la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cruzaron en las redes sociales.

En ese sentido, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes lanzó: “¿van a hacer otro asado? Qué lejos estamos del cambio que necesitábamos como país. Era con mejor educación, con mejor salud, con justicia independiente. Ni el pasado, ni este presente”. Mientras que Cecilia Ferrero (VxM) aseguró que “seguiremos luchando por defender el principal motor de ascenso social de nuestro país. Tristemente la maldad avanza”.

Al mismo tiempo que Silvia Imas (VxM) explicó que “el veto a la ley de financiación universitaria no ataca a la educación pública. La universidad no puede ser caja de la casta política. Hay que preservar el equilibrio fiscal y la libertad de la universidad. Los gastos deben ser auditados. Cuentas claras, es igual a gastos transparentes”.

Por su parte, la legisladora del Frente Liberal Republicano (FLR) Marina Kienast remarcó que “estamos en el rumbo correcto. Se ratificó que la única forma de que la educación pública sea de calidad es con inversión transparente, y no con despilfarro y tongo”.

Mientras que Pablo Donati (FLR) expresó su preocupación por “la decisión de frenar la financiación universitaria, ya que como egresado de la UBA, apoyo firmemente la educación pública y su fortalecimiento. Sin embargo, también es fundamental especificar de dónde saldrán los fondos para asegurar una implementación responsable y auditorías de los mismos”.

“No podemos permitir que las universidades públicas se conviertan en cajas políticas, utilizadas para financiar causas ajenas a la universidad. Apoyo la universidad pública y el aumento de su presupuesto, pero con transparencia y responsabilidad financiera en el manejo de sus fondos. Los argentinos tenemos derecho a saber adónde van a parar nuestros impuestos”, completó.

A su turno, la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña y legisladora de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, indicó que “la educación es el cimiento de todo crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestro país. Si queremos ser una Nación próspera, el camino es defender la Educación Pública, Laica y Gratuita. Este veto en la Cámara de Diputados es darle la espalda al progreso y a nuestro futuro. ¡Que el pueblo no olvide a quienes hoy les han negado las oportunidades!”.

Sobre esa misma línea, Sebastián Nagata (CP) consideró que “la educación debe ser una prioridad, no una opción. Es un derecho, y no un privilegio. El veto al financiamiento universitario es un retroceso para la educación pública” y que María Sol Méndez (CP) aseveró que “vetar el financiamiento de las universidades, es ir en contra de la educación pública, gratuita y de calidad”.

Por su lado, el libertario Ramiro Marra (LLA) celebró “la decisión del Congreso de vetar la irresponsable Ley de Financiamiento Universitario, que solo buscaba destruir el equilibrio fiscal. Este gobierno está comprometido a resolver los problemas económicos sin ceder a presiones mediáticas ni de la vieja política. Defendemos la educación pública y exigimos auditar las universidades para garantizar el buen uso de los fondos públicos”.

En contraposición, Matías Lammens (UP) consideró que “es un día muy triste para la gran mayoría de los argentinos. Algunos creen que enterraron la mejor herramienta que tiene la Argentina para que su gente progrese independientemente de su origen social. Coincido, pero también creo que puede ser el punto de inflexión en el que hasta los propios votantes del gobierno se den cuenta del daño que provocan este tipo de decisiones”.

A la vez que Andrés La Blunda (UP) aseveró que “la universidad pública, gratuita y de calidad nos permitió ser una Argentina diferente, un faro de excelencia y de igualdad para el mundo. Los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y aliados que votaron a favor del veto, votaron contra la herramienta de ascenso social más importante que tenemos. Quedó más claro que nunca lo que quiere Milei: cerrar universidades, hospitales y dejar a los jubilados a su suerte”. Mientras que Magdalena Tiesso (UP) explicó que “desfinanciar la universidad pública y someter a los docentes y no docentes a salarios de pobreza es el paso previo a destruirla. Los diputados que votaron en su contra, tarde o temprano, deberán rendir cuentas con el pueblo argentino”.

Por su lado, Victoria Montenegro (UP) cargó contra los diputados nacionales por avalar el veto. “Traidores a la Patria y al pueblo. A los que acompañaron este veto sepan que la impunidad no es para siempre”, remarcó.

En tanto Claudia Neira (UP) señaló que “votaron con Milei en contra de la Universidad. Decían que era un límite... no lo fue. Igualmente, no festejen, no van a poder contra la Universidad Pública. Nuestra fuerza es enorme. Vamos a seguir peleando en las aulas, en las instituciones y en las calles para defender nuestras Universidades y no van a poder”. Además, Juan Pablo O’Dezaille (UP) completó: “el Gobierno Nacional logró mantener en Diputados el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario para darle comienzo al vaciamiento de la Educación pública Superior pública gratuita y de calidad”.

Asimismo, la radical Manuela Thourte (UCR-Ev) precisó que “la Cámara de Diputados decidió darle la espalda al futuro de millones de jóvenes y a los que marcharon en todo el país. Muy triste. Vamos a seguir defendiendo la educación con propuestas e iniciativas que demuestren nuestro orgullo por las universidades públicas”.
Finalmente, el trotskista Gabriel Solano (FIT) concluyó planteando que “si creen que con el veto se termina la lucha se equivocan. Ahora mismo en las facultades hay asambleas, cortes de calle y ocupaciones. Mañana paro nacional en todo el país. Y la semana que viene a generalizar la lucha para derrotar a Milei y sus cómplices”.

Una vez más, como pasó con la Ley de Movilidad Jubilatoria, Diputados avaló un veto de la crueldad. Pero lo que es peor, están arremetiendo contra un sector clave y estratégico para el futuro del país. La Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales sólo buscaba recomponer el presupuesto de las casas de estudios, y los salarios de los docentes y no docentes acorde a la evolución de la inflación de este año.

No era un proyecto ambicioso, como fue la sanción en 2006 de la Ley de Educación que fijó la inversión del 6% del PBI; aspecto que ahora quieren suspender en el presupuesto 2025; Y claramente es mucho menos audaz que el proyecto que presentó nuestro espacio político a fin del año pasado que la elevaba del 6% al 8% del PBI; del cual un 1,5% iba a estar destinado a la educación universitaria.

No pretendíamos que este gobierno incremente la inversión educativa. Pero sí, impedir que las Universidades Nacionales entren en su licuadora. Por eso es falaz el argumento del desequilibrio fiscal. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso, evaluó que su implementación sólo implicaría un costo adicional del 0,14% del PBI.

Este fue un veto completamente ideológico. Frente a quienes piensan que la educación debe ser un derecho de pocos, de quienes puedan pagarla; desde Unión por la Patria sostenemos que es la herramienta por excelencia para la movilidad social ascendente de los argentinos y argentinas; el desarrollo del país en su conjunto; y permite democratizar el derecho a la educación superior a lo largo y ancho del país.

En la provincia, la Universidad Nacional de Río Negro tiene sedes en todas las regiones (Andina, Atlántica, Valle Medio y Alto Valle); actualmente tiene 11.333 estudiantes; y 3696 egresados, de los cuales el 54% son primera generación de estudiantes universitarios.

La UNRN pone en práctica al federalismo: les permite a nuestros jóvenes estudiar cerca de sus hogares; y en sus carreras y planes de estudio se despliega conocimiento situado, con identidad regional, con el fin de responder a las demandas y necesidades de nuestra población y entramado productivo.

Por otra parte, tenemos que tener presente que las universidades, además de asumir la crucial tarea de formar a los profesionales del mañana, son una pieza estratégica en el entramado científico nacional.

Sus áreas de investigación son fundamentales para el desarrollo de las vocaciones científicas entre los jóvenes universitarios de las carreras de grado y posgrado. En ellas se articulan las actividades de investigación y desarrollo, con las demandas sociales, económicas, regionales y/o locales.

Desde las Universidades Nacionales también surgen diversos esfuerzos por orientar la investigación científica a partir de recursos financieros propios. Así, se despliegan dispositivos donde se seleccionan temáticas, a fin de concentrar los recursos humanos y económicos en áreas competitivas para la universidad.

Al convalidarse el veto, el esfuerzo que hizo el conjunto de la sociedad para el sostenimiento de la Universidad Pública a lo largo de los años, corre serio peligro. Prueba fehaciente de esto es que en los primeros 7 meses de 2024 se ejecutó (a valores reales) un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023. Y el panorama desolador se prolonga a 2025 al evaluar el presupuesto general para el año que viene, el cual les otorga la mitad de los fondos que reclaman los rectores.

A su vez, si analizamos la evolución del salario docente, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 23,71%, respecto a noviembre de 2023. Como síntoma de esta época la decana de la Facultad de Agronomía de la UBA reveló que en lo que va del año renunciaron 30 profesores. Y la situación se replica en las distintas casas de estudios.

Están fomentando -una vez más- la fuga de cerebros. Lamentablemente le torcieron el brazo a Diputados. Ahora es responsabilidad de la sociedad toda, impedir que arrasen con una institución símbolo y emblema de nuestro país.

Silvia Lospennato arrancó su exposición durante el debate sobre el veto presidencial recordando la agresión que tuvo la semana pasada Horacio Rodríguez Larreta por parte de un grupo de estudiantes, siendo él, a su juicio, uno de los que más contribuyó por la educación pública, recordando su papel en la pandemia y en la educación en la Ciudad. Lo atacaron, dijo, mientras cerca de ahí estaba “Sergio Massa, que recortó los fondos universitarios en 50 mil millones, saltaba al lado de Guillermo Moreno, condenado por disfrazar los números de las estadísticas públicas”.

Lospennato dijo que a Rodríguez Larreta lo agredieron “por ser del Pro”.

Poco después, mientras avanzaba en su discurso recordando “los despilfarros y corrupción” de las gestiones kirchneristas, la diputada Carla Carrizo le pidió una interrupción, que su par del Pro le concedió. La legisladora radical recordó haber hecho campaña junto a Larreta, pero aclaró que la agresión “no fue porque era del Pro, fueron servicios (los que lo agredieron). Se quiso manchar la marcha, hubo mucha gente que estuvo ahí simplemente para estropear. Los ciudadanos no agreden, interpelan… Los servicios agreden”.

Lospennato aclaró que ella había dicho públicamente que esa marcha “fue genuina, mayoritariamente pacífica; pero también se mezclaron ahí gremios, políticos, sectores que se quisieron apropiar de la marcha”.

La intervención de Miguel Pichetto durante el debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario giró más allá del tema en debate. Fiel a su costumbre, el veterano legislador dio recomendaciones al Gobierno nacional respecto de lo que viene.

“Creen que ganan, pero en realidad pierden… Inevitablemente pierden”, arrancó, para agregar: “Como perdieron también con un sector muy importante como son los jubilados. A nueve meses de gestión, deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria institucional, es la crisis también de las extremas derechas del mundo, que plantean la crisis no solo del sistema político, sino de la propia derecha”.

En cierto modo apocalíptico, Pichetto comparó al Gobierno con “un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación; una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un poco de bienestar del Estado argentino”.

“¿Qué es lo que expresan con este plan económico, que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el ajuste al estilo de Martínez de Hoz? Ahora abrieron las exportaciones chinas… Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la Aduana, acá abrimos alegremente”, se quejó. Y recomendó: “Expliquen el plan económico, adónde nos llevan; dígannos adónde van, porque ahora tenemos que abordar el debate del Presupuesto… Esperamos que el ministro venga, que tenga un gesto con esta casa”.

Pichetto dijo creer sinceramente que “se equivocan, que me parece que si analizamos además los números del costo fiscal, de lo que significaba el apoyo a las universidades, no llegaba al 0,14%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una institución de esta casa, prestigiosa”.

Para Pichetto, “lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje. A tratar de ganar batallas que en el fondo pierden. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría. Ese no es el escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar a largo plazo con cierto interés”.

“La pobreza también tiene que ver con las variables institucionales; no va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional. Y si no consolidan una mayoría para poder gobernar”, advirtió, para agregar que “mirar las elecciones de medio término es un horizonte demasiado lejano”.

Le advirtió al oficialismo que “están perdiendo al electorado duro, fundamentalmente los jóvenes, y un sector importante que estaba enrolado en las filas del Pro, que son los jubilados”. Por último, llamó a “estar al lado de las universidades pública”, y finalizó: “Creo que están jugando con valores muy sensibles y me parece que el camino no es el adecuado, no es el conveniente para el país, ni tampoco para el Gobierno”.

El oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados el respaldo del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la sesión que había solicitado parte de la oposición. La misma se inició con la presencia de 144 diputados y se extendió por cuatro horas.

En el inicio del debate, la diputada Vanina Biasi pidió rechazar el veto presidencial y respaldó la toma de universidades en todo el país. “Todos esos estudiantes que están protagonizando vigilias, toma de universidades, son conscientes de que ese veto presidencial no puede pasar porque contribuye en el hundimiento de la educación pública en la Argentina”, enfatizó.

Asimismo, llamó a que si el veto fuera rechazado, redoblar la lucha, dado que “el presidente ya se declaró en rebeldía respecto de lo que vaya a resolver este Congreso. Es un presidente que ha decidido desacatar las leyes que se votan en este Congreso”.

A continuación, el diputado del MPN Osvaldo Llancafilo pidió “bajarle el tono a la descalificación, la violencia verbal, porque de ahí a la violencia física hay un trecho corto. Abogó por el conocimiento, especialmente el conocimiento académico, cuyo 62% es aportado en la Argentina por la universidad pública, señaló. Recordó que el Presupuesto vigente fue pensado en 2023 y tiene un retraso del 70%, y le endilgó la responsabilidad de no tener presupuesto este año al presidente actual y a Sergio Massa. Sumó el tema de las auditorías; se mostró de acuerdo con ellas y aclaró que “ese control lo tiene que ejercer el Ejecutivo, lo tiene que realizar el Ministerio de Capital Humano. No es bueno supeditar esas auditorías al problema de financiamiento que tienen las universidades”.

A su turno, la diputada Lourdes Arrieta, exoficialista, arrancó advirtiendo que su discurso no sería “para oídos sensibles”. Habló de un “debate sin sentido”, y se quejó de ser “tacaños” con la educación pública. Pidió atender para dónde va el financiamiento a las universidades: si a la infraestructura o los rectores. Alertó a los argentinos que con el IVA “están financiando a la universidad pública, pero también están financiando la SIDE, están financiando a los ñoquis, están financiando a los trolls, están financiando a la policía del pensamiento. En ese sentido, yo les pido perdón a los argentinos, porque el dinero no está siendo bien administrado”.

“Yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado; la universidad pública no debe ser un debate, sino si está bien administrada”, concluyó.

Uno de los votos en duda hasta el final fue develado durante esta sesión con el discurso de la diputada del bloque Producción y Trabajo de San Juan Nancy Martínez Picón, que confirmó que el voto de los sanjuaninos (o en su caso las dos diputadas sanjuaninas alineadas con el gobernador Humberto Orrego) sería en el mismo sentido que el 15 de septiembre pasado, cuando apoyó la ley de financiamiento universitario.

“Creemos que la educación es esencial para el desarrollo de la Nación”, expresó y repudió “la presencia en la marcha de quienes destruyeron la educación. La presencia de Sergio Massa, de CFK, haciéndose dueños hoy de un reclamo justo de un sector que es el futuro del país, de los jóvenes”. “Sabemos que hay que hacer un ajuste y que es necesario que el presidente le dijo a cada argentino en campaña y votaron. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo con cualquier otro sector, pero no con la educación que es el futuro del país”, planteó.

Martínez Picón sostuvo: “No podemos haber votado hace unos días la esencialidad de la educación y hoy dejar sin fondos a esa esencialidad. Tenemos que ser coherentes con lo que venimos votando. Este bloque desde San Juan siempre va a defender la universidad por varias razones”, y cerró: “El voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública”.

A su turno, desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro habló de “no darle la espalda a la universidad pública” y abogó por “desandar las mentiras que se han instalado con la ley que este Congreso ha sancionado y el presidente decidió vetar de manera absoluta”. Dijo que esta discusión tiene que ver con lo presupuestario, pero “se inscribe en un contexto mucho más profundo, que tiene que ver con la defensa de la división de poderes y el respeto de lo republicano, pero también con lo que hace claramente al financiamiento universitario y la asfixia que hoy está sufriendo la educación superior. Pero también la pretensión de querer instalar un debate peligroso y poco sustancioso de qué hacer y cómo transformar a las universidades”.

Autora de uno de los proyectos del Financiamiento Universitario, la salteña de Innovación Federal Pamela Calletti planteó: “Estamos debatiendo qué modelo de país queremos. Un país basado en la timba financiera o un país con progreso basado en el conocimiento accesible a todos los argentinos”.

“La intervención del Congreso es para poner racionalidad al asunto y poder garantizar un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la educación. Es increíble que tengamos que reafirmar algo tan básico y esencial”, criticó y sumó: “Sin un presupuesto debatido y aprobado en este Congreso el nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los fondos es absolutamente inconmensurable”.

Calletti resaltó que la Ley “garantiza los gastos de funcionamiento del Presupuesto 2023 actualizado por IPC por el INDEC y el salario docente y no docente es el 0,08 del PBI”, y desmintió que no hay auditorias porque “la Ley prevé la intervención de la auditoria con informes al Congreso y con control y monitoreo”.

“Cuando hablamos de universidad pública, hablamos de movilidad social ascendente intergeneracional, acceso al conocimiento y al progreso. En Argentina el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública tiene que ser una política pública irrenunciable para todos, gobierne quien gobierne. Mi voto es a favor de la ley y en contra del veto”, cerró.

Al confirmar su voto a favor, Agustín Domingo criticó la falta de diálogo en este tema y se quejó por la falta de presupuesto, que generó una “licuación” del presupuesto anterior, que benefició al Gobierno, dijo. “Las universidades, pese a que son autónomas para gastar, no tienen autonomía en sus recursos, dependen 100% del Estado nacional”, señaló, advirtiendo que el presupuesto que le asignaron la afectó fuertemente. Advirtió que si el Gobierno no está de acuerdo con cómo se manejan las universidades y se quiere generar un cambio, “el ajuste presupuestario no es la salida”. “La solución nunca puede ser atacar la autonomía universitaria licuando el presupuesto, y actualizar por debajo de la inflación, porque lo que vamos a hacer es profundizar los problemas”.

En su intervención, Miguel Ángel Pichetto dijo creer sinceramente que en el Gobierno “se equivocan, que me parece que si analizamos además los números del costo fiscal, de lo que significaba el apoyo a las universidades, no llegaba al 0,14%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una institución de esta casa, prestigiosa”.

Para Pichetto, “lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje. A tratar de ganar batallas que en el fondo pierden. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría. Ese no es el escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar a largo plazo con cierto interés”.

La radical Danya Tavela apuntó contra los “dialoguistas” que apoyan el veto presidencial: “Vamos a poder ver quiénes quieren a la Argentina y quiénes la odian. Quiénes quieren que sea un país para muchos y quiénes quieren que sea para pocos”, y planteó: “Para justificar una decisión política construyeron una nueva Ley Bases de las mentiras y falacias. Los alumnos si existen, las universidades se auditan y lo hace la AGN y con la Sindicatura General de la Nación. Es una campaña de desprestigio absoluta y mentiras y búsqueda de pérdida de valor y no lo han logrado”.

Tavela le alertó al oficialismo que “se van a encontrar con un problema si van a la justicia”. La radical se dirigió a los diputados que apoyan el veto y les pidió que “no sean cómplices de los errores y de la mala fe del Gobierno. No sean cómplices de que a este Gobierno también le vaya mal y sigamos acumulando derrotas y desesperanza en el país. No sean cómplices de la destrucción en Argentina, de destruir los sueños. Están haciendo todo lo posible para que los chicos se vayan del país. No se transformen hoy en casta, son hijos de la universidad pública Votemos por el futuro y no por el pasado”.

Con un discurso duro contra el presidente de la Nación, Facundo Manes señaló que “no lo dejaremos dormir si usted no permite soñar a nuestros jóvenes”. Asimismo, defendió que el sistema universitario argentino “nos da un propósito en la vida, nos ayuda a ser alguien y a tener empatía”.

Cerca del final de su intervención, Manes se dirigió a la juventud que se movilizó a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto presidencial: “Cuando la juventud se involucró, pasaron cosas grandes”. “No tengan miedo, no están solos, desafíen lo establecido y desafíen a las generaciones anteriores”, concluyó.

El jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, apuntó contra el Gobierno y lo acusó de "estirar, patear, dilatar y agravar la crisis universitaria", al tiempo que le reprocho que "no hay una sola propuesta sobre las reformas que seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas".

Durante la sesión de Diputados, la diputada Silvana Giudici se pronunció con firmeza acerca del conflicto sobre el aumento a los docentes destacando la defensa del Pro de la educación pública y el trabajo realizado para incluir la garantía salarial para los docentes que representa un aumento de 4 mil millones de pesos y alcanza a 51 mil cargos.

Diputados de LLA durante un pasaje de la sesión.

En el tramo final, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, observó que el reclamo universitario se enmarca dentro de otras medidas relacionadas con la educación que tuvo el Gobierno. “Si Milei quiere una Argentina con un 80% de excluidos es absolutamente razonable que quiera hacer añico la educación pública”, dijo.

El santafesino enfatizó que “sí hay plata” porque “mientras al conocimiento y a la inteligencia, con mayúscula, que brinda la universidad pública le cortan los fondos, a la inteligencia con minúscula, la de los espías, la comandada por Santiago Caputo y sus seguidores, a esa han llevado el crédito inicial del año 2024 de 65 mil millones de pesos a un crédito inicial el año que viene, en la Ley de Presupuesto, de 350 mil millones de pesos”.

En su discurso, el legislador no sólo apuntó contra el oficialismo, sino también a quienes colaboraron con sostener el veto. “Tenemos que revelarnos contra la política de los aprietes del Gobierno y de algunos jefes políticos territoriales que no se dan cuenta que este tema merece otro tipo de análisis
enero a septiembre”, expresó y agregó: “Acá no estamos discutiendo ni una rotonda, ni una ruta, ni la caja de jubilaciones y nada que se pueda comparar. Estamos debatiendo el futuro de la Argentina y algunos están todavía en la chiquita”.

Blanca Osuna señaló que "la  decisión de la Cámara baja que avaló el veto de la Ley de Financiamiento Universitario del presidente Milei, deja muchas pistas. Los 160 votos a favor y 84 en contra, ha dejado al descubierto un problema grave sin resolver para lo que resta del año. Pero si bien la oposición no logró alcanzar los dos tercios necesarios para ratificar la vigencia de la ley, lo que le quedó al oficialismo de LLA más el Pro y algunos trasnochados es consolidar una minoría que va a condicionar al Gobierno”.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna.

Por su parte, Eduardo Valdés valoró la creación de “universidades de cercanía”, y destacó que “la universidad pública nos dió 5 premios nobeles, algo inédito en la región, Saavedra Lamas, Houssay, Leloir, Pérez Esquivel y César Milstein. Todos hijos de la UBA”.

También desde UP, Leandro Santoro consideró que los que acompañen al oficialismo cometerán “verdaderamente un desatino histórico; yo no sé si son conscientes de los sueños que se van a frustrar como consecuencia de esta medida. Están haciendo un ajuste sobre una de las pocas cosas que funcionan bien en el país. En lugar de reconocer que la inflación licuó el salario de los docentes universitarios y ayudar al Gobierno a que encuentre una solución al conflicto, por prejuicios ideológicos están profundizando las tensiones sociales”.

“La idea del déficit fiscal va hacia la eliminación del Estado, por eso (el presidente) le recorta a los jubilados, por eso está pretendiendo arancelar las universidades, por eso terminó con las obras de infraestructura, por eso avanza sobre el financiamiento de la salud. Tiene una concepción fiscalista insensible”, cuestionó.

En representación del oficialismo, el diputado nacional José Luis Espert comenzó su intervención considerando que “la universidad pública no está en peligro”. En tal sentido, buscó minimizar el reclamo de la oposición y consideró que “es ridículo pensar que un gobierno, que estuvo detrás de la declaración como servicio esencial de la educación, está detrás de la destrucción de la universidad pública”.

Sin embargo, se manifestó crítico del actual sistema universitario: “Queremos mejores profesores, mejores graduados y mejores investigaciones, pero lo que no queremos es curros”. Tal como sucede en cada sesión, apuntó contra el kirchnerismo: “Destruir la educación pública es malgastar más de 3 millones de dólares”.

Y siguió: “La mayoría de los estudiantes tardan casi 10 años en terminar carreas que se podrían terminar en cinco; heredamos un sistema destruido donde solo 4 de 10 estudiantes son regulares (aprobar 2 materias o más)”. “Esto es una vergüenza ¿Dónde está la universidad pública inclusiva?”, cuestionó.

Para finalizar, Espert refirió que “la tasa de graduación de nuestro país es 40% más baja que la de Chile porque tenemos estudiantes universitarios crónicos”, señaló que “este proyecto no significa ningún cambio para la universidad”, y cerró que “las universidades deben ser auditadas por la AGN, a través de la SIGEN, donde el informe más reciente es del 2006”.

El bloque Pro se pronunció mayoritariamente en favor del veto presidencial.

La última oradora de la sesión fue la diputada libertaria Juliana Santillán, quien brevemente defendió su voto en virtud del veto presidencial y explicó que “busca la necesidad de proteger las finanzas públicas y asegurar la estabilidad de la República Argentina”. Asimismo, enumeró que este proyecto “presenta serias deficiencias fiscales, generaría incremento del gasto público en 1.5 billones de pesos y generaría tensiones fiscales insostenibles comprometiendo el equilibro fiscal”.

Por otro lado, destacó el aumento del 6,8% concedido a través del Ministerio de Capital Humano, y cerró: “No quieren perder sus cajas de financiamiento espurio, pero las universidades no han sido creadas para sostener armados políticos y usaron una causa noble, pero de objetivos oscuros”. “Las universidades deben ser auditadas y saber en qué se gasta”, concluyó.

La diputada nacional Sabrina Ajmechet anunció su apoyo al veto del Financiamiento Universitario, la educación universitaria argentina y el sueldo de sus docentes.

Consultada sobre el apoyo de su bloque a la medida decida por el presidente Javier Milei, la diputada explicó que la reunión del lunes “fue definitoria”.

“Cuando se votó la ley universitaria estuve ausente, pero este miércoles voy a apoyar el veto”, anticipó, y dijo que “las negociaciones van a seguir”.

Entrevistada por Nacho Girón en La Mañana de CNN, agregó: “La Argentina está ajustada y el ajuste recae sobre todos”. “El populismo universitario no nos trajo a un buen lugar”, acotó, y comentó que “el Pro va a poner todo lo que haya que poner”.

Ajmechet afirmó que “estuvimos en contra de la apertura de nuevas universidades” y aclaró que “nadie en el Pro piensa que la educación pública no tiene que existir”.

“Tenemos universidades que desprestigian a las demás”, remarcó la diputada, quien recordó que “hay universidades en el Conurbano que se abrieron sin criterio y son lugares de militancia”.

Finalmente, la legisladora indicó que “el salario universitario está atrasado, como todos”.

“El salario universitario quedó atrasado frente a otras paritarias estatales. Es loco que la paritaria universitaria se resuelva en el Congreso”, cerró.

El bloque Pro va a acompañar la decisión del veto presidencial con respecto al presupuesto universitario que será tratado este miércoles en la sesión especial solicitada en la Cámara de Diputados.

“El Pro siempre estuvo a favor de la educación pública y lo continuaremos sosteniendo en el tiempo. No cuestionamos la autonomía universitaria, su acceso ni su funcionamiento sino que, por el contrario, las promovemos. Creemos que es importante que se auditen las cuentas de las universidades, que se rindan cuentas de cara a la sociedad para que todos puedan conocer el detalle la inversión que se destina a la educación superior”, señalaron a través de un comunicado difundido en vísperas de esta sesión tan trascendente.

Y recordaron además que “también hemos estado a favor de eliminar el déficit fiscal, y hemos sido responsables en las sanciones de las leyes que nos ha tocado votar a lo largo de este período parlamentario. Es necesario saber de dónde se sacan los fondos para financiar las leyes que este Congreso aprueba”.

Cerraron el mensaje celebrando que el Gobierno nacional “haya escuchado nuestros pedidos en relación a mejorar la propuesta salarial a los docentes, y de la inclusión de la Garantía Salarial Docente para aquellos que están en las categorías salariales más bajas del sistema”.

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— PRO Diputados (@prodiputados) October 8, 2024

En vísperas de la trascendental sesión que se celebrará este miércoles en la Cámara de Diputados, los números que se manejan de cara a la sesión que comenzará a partir de las 11 muestran un grado de paridad extrema entre quienes apoyan y rechazan el veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Todo quedará librado a las presencias o ausencias estratégicas y a priori el poroteo de parlamentario.com estaría llegando al siguiente resultado: 162 votando por la continuidad de la ley y 83 en favor del veto. Habría 5 abstenciones y 7 ausencias. Así las cosas, el oficialismo estaría alcanzando el objetivo de contar con un tercio suficiente para evitar que frenen el veto. Las abstenciones serían determinantes, porque para los dos tercios la oposición necesitaría 166 diputados.

Durante toda la jornada los números estuvieron muy equilibrados, pero con una ventaja de la oposición. Pero tan finita que el oficialismo estaba convencido de conseguir los votos necesarios. Y los habría conseguido con los radicales, al caer la tarde, cuando dieron vuelta el resultado.

A favor del veto estamos sumando a los 39 votos de La Libertad Avanza. Contrariamente a lo que muchos están especulando, la diputada Lilia Lemoine salió al cruce de las versiones que indican que no estaría llegando a tiempo desde Ucrania, adonde viajó la semana pasada por una misión humanitaria. Ella aseguró este martes que llegará a tiempo a la sesión.

El que no estará, como ya informamos, es Oscar Zago, presidente del bloque MID, que entonces aportaría solo 2 de sus 3 votos posibles. Zago, extitular del bloque LLA, informó a este medio que el viaje comprometido era ya impostergable, pues 4 veces lo había cambiado.

El Pro aseguró este lunes su respaldo al veto. Para frenar algunas dudas, como las de Sabrina Ajmechet, representantes de esa bancada se reunieron con el Gobierno el lunes por la noche para pedirles “un gesto”, consistente en elevar la propuesta salarial al oficialismo a un 6,8% y poner una cláusula gatillo que permita que ningún docente perciba menos de 400.000 pesos. El Gobierno accedió y Capital Humano publicó en las redes sociales esa concesión, pasadas las 22 del lunes.

Así y todo, no estarían los 38 votos del Pro. Habría por lo menos 2 en contra, que serían de Alvaro González y Héctor Baldassi, y podría haber otras dos ausencias.

La UCR aportó para avalar el anterior veto presidencial 5 votos. Ahora habría 4. Consultado por este medio el diputado Luis Picat, mostró sus reservas a avalar la Ley de Financiamiento Universitario, resumiendo el dilema a una cuestión paritaria, pero aclaró que votaría como lo hizo cuando se trató la ley, el 15 de agosto pasado. Y esa vez él, como otros de los “héroes”, estuvieron ausentes. Ahora lo damos entonces entre los ausentes probables, pero en el oficialismo dan por descontado que si los necesitan porque los números están tan ajustados, votarán a favor del veto.

En definitiva, Mariano Campero, Picat, Martín Arjol y José Federico Tournier votarían a favor. El neuquino Pablo Cervi sería el único en no votar a favor del veto: se abstendría.  También se abstendría el catamarqueño Francisco Monti. El número de radicales que votarían la Ley de Financiamiento Universitario sería de 26.

Entre los 83 votos que estamos considerando a favor del veto, sumamos a los 3 tucumanos de Independencia, las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo y a la tucumana de Creo, Paula Omodeo. Sobre las sanjuaninas circuló la versión al caer la noche de que podrían no alinearse esta vez con el Gobierno, sino mantener el voto del 15 de agosto, cuando sumaron para la media sanción de esta ley. Ninguna de las dos contestó la consulta de este medio.

Entre los 167 que podrían alcanzar quienes buscarán voltear el veto estamos sumando a los 99 de Unión por la Patria, 2 del Pro, y 28 de la UCR. A los 29 que originalmente estábamos contabilizando se sumó este martes la ausencia de Fernando Carbajal, quien se encuentra de licencia, por lo que un voto seguro en contra será ausencia.

Encuentro Federal podría sumar a 14 de sus 16 miembros. Se ausentaría Ricardo López Murphy y habría que ver si alguno alineado con gobernadores termina transformando su voto a favor por ausencia. Tampoco estará en la sesión la cordobesa Alejandra Torres, debido a que está transitando problemas de salud, entre ellos Covid, según anunció este martes  por la noche, a través de sus redes sociales. Era un voto a favor de la ley, que pierden los que quieren sostener la norma. También se ausentaría Jorge “Loma” Avila.

Los del bloque de Innovación Federal parecía que votaría como el 15 de septiembre apoyando la ley. Pero este miércoles trascendió que tres de los misioneros se abstendrían. Innovación Federal sumaría entonces a 5 de sus 8 miembros al apoyo a la ley.

La Coalición Cívica sentaría en sus bancas a sus 6 miembros para votar a favor de la ley, lo mismo que los 5 de la izquierda, los 2 santacruceños y los monobloquistas Osvaldo Llancafilo (MPN) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo), aunque quienes porotean esta sesión no están muy seguros de contabilizarla y no descartan que se abstenga. Entre los ausentes, tendríamos a un diputado del MID, 2 del Pro, un radical, una cordobesa de Encuentro Federal y el chubutense de esa bancada.

Con estos números tan ajustados, el oficialismo podría llegar a tener algún voto más a favor, que podría salir de algún ausente del Pro. Por eso es que el bloque La Libertad Avanza llega a esta sesión con números justísimos… pero muy confiado.

Si bien había trascendido que la “mesa de los lunes” había sido suspendida esta vez porque los diputados del Pro estaban abocados a resolver qué harían el miércoles en la sesión sobre el veto presidencial, al final se terminó haciendo.

Al caer la tarde, se realizó en la Casa de Gobierno una reunión entre el oficialismo y representantes del Pro y el MID. En ese marco, el Pro pidió al Gobierno que mejore su oferta y agregue la garantía salarial que beneficia a los docentes universitarios que menos ganan.

Desde el Pro pidieron que el aumento ofrecido a los docentes sea del 6,8%, con una cláusula gatillo para que ningún docente gane menos de 400.000 pesos. Así lo informó Sabrina Ajmechet, uno de los votos reacios a apoyar el decreto, según había trascendido, aunque en este caso la diputada aclaró que de aceptar el Gobierno, no tendría problemas en apoyar el veto.

“Esperamos una pronta respuesta del Gobierno”, señalaron los diputados del Pro en la cuenta social del bloque.

Pasadas las 22, tal cual habían acordado con el Gobierno, el Ministerio de Capital Humano anunció que ofrecerá un aumento de 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las universidades nacionales para el mes de octubre. “Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, señaló la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

Según informó Capital Humano, esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la administración pública nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente.

Participaron de la reunión, por el bloque Pro, el presidente del bloque, Cristian Ritondo; el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro y Silvana Giudici.

Por el gobierno estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell y el vicejefe de Gobierno del Interior, Lisandro Catalán.

Estuvieron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

Asimismo, en nombre del MID, asistió el diputado Eduardo Falcone.

En vísperas de la sesión especial por la que Diputados tratará el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario vetado por el presidente Javier Milei, el Pro, presidido por Mauricio Macri, emitió un comunicado donde remarcó la postura del bloque en la Cámara baja cuando se trató el tema en agosto pasado y señaló que “seguimos pensando lo mismo”, en alusión a no insistir con la iniciativa.

“Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal para que nuestro país siga adelante”, manifestaron a través del texto publicado por el partido amarillo, en donde también criticaron a sus exaliados en Cambiemos y Juntos por el Cambio: “Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la Unión Cívica Radical que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias”.

En tal sentido, señalaron que “el Pro siempre ha defendido la bandera de la educación pública”, y cargaron que “lo demostró durante la presidencia de Mauricio Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, enumeraron una serie de críticas contra la gestión del Gobierno de Javier Milei respecto a las universidades, por la que aseveraron que el Poder Ejecutivo “se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado”. “Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa”, agregaron.

Las críticas al Gobierno de Milei 

Entre los fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional, citaron: “Decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024; no terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades; y no constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN”.

Asimismo, sumó que el Gobierno de Milei “tampoco derogó la resolución del exprocurador (Carlos) Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades”, cuestionó: “No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la Auditoría General de la Nación, y agregó: “Llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes”.

En el final del comunicado emitido por el partido presidido por Mauricio Macri, instaron al Gobierno a “convocar a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios, incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de Presupuesto 2025 de manera prioritaria y derogue la resolución mencionada y avance en las tareas pendientes sobre la AGN para garantizar la transparencia del gasto universitario”.

La Cámara baja oficializó la convocatoria a sesionar este miércoles a partir de las 11 para debatir el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario. Tres pedidos fueron realizados por distintos bloques de la oposición un día después de la gran marcha universitaria reclamando por la vigencia de la norma.

Luego que ingresara formalmente al Congreso el decreto 879/24, publicado en el Boletín Oficial, se presentaron tres solicitudes para tratar el tema. Según supo parlamentario.com, Encuentro Federal, la bancada presidida por Miguel Pichetto, quería que todos los bloques suscribieran juntos, pero desde la conducción del bloque de la UCR no querían dejar la firma estampada junto a Unión por la Patria.

Así las cosas, el primer pedido enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el de los radicales. La segunda solicitud fue la de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, y la tercera de UP. Todos para el mismo día y horario, con lo cual la nota suscripta por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, hace referencia a las solicitudes formuladas por Rodrigo de Loredo, Miguel Pichetto y Germán Martínez para "considerar el expediente 17-PE-2024, Mensaje Nro. 0057/2024 de fecha 2 de octubre de 2024, comunicando el dictado del Decreto 879/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757".

Aunque el oficialismo cuenta con el antecedente reciente a su favor de haber logrado sostener la decisión del presidente Javier Milei en torno a la ley que recomponía jubilaciones, con la ayuda de los bautizados “87 héroes”, el panorama no parece en este caso favorable -por ahora- para La Libertad Avanza.

Si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley. Pero los números necesarios, tanto para un lado como para el otro, disminuyen a medida que hay ausentes (con dos tercios de los presentes se lograría ratificar la ley). Así, con que al Gobierno le falte alguno de sus “héroes”, estaría complicado. Envalentonamiento o ingenuidad para el oficialismo haber creído que ese tercio que logró el pasado 11 de septiembre se convertiría en un mágico número automático.

Dentro de los apoyos que buscará LLA están los cinco diputados de la UCR que, polémicamente, acompañaron a blindar el veto de la movilidad jubilatoria. Después de eso, sumado a la causa universidades, por la cual el partido centenario levanta bandera, se encuentran aún más presionados. En la votación original dos de ellos estuvieron ausentes y los otros tres votaron a favor de la ley. Si alguno no votara esta vez junto al Gobierno y además se ausentara, colaboraría con la oposición. Dentro de la bancada radical aseguran que están “trabajando uno a uno los votos para la insistencia”.

También es mirado con atención que harán los ocho integrantes de Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro. En el caso jubilaciones, pasaron del voto a favor a la abstención. A la Ley de Financiamiento Universitario la acompañaron positivamente. Los salteños están dispuestos a ratificar el voto a favor, según lo anunció la propia jefa del bloque, mientras que los demás todavía no se sabe. Aunque este lunes hubo definiciones por parte de un misionero.

En este marco, LLA tuvo este lunes una buena noticia, al anunciar el Pro que apoyará el veto. Amén de algunos díscolos, como el larretista Álvaro González y Héctor Baldassi, ausentes en la primera votación, que ya dieron indicios de que votarán en contra del veto. El porteño participó de la marcha de este miércoles, mientras que el cordobés publicó un sugestivo mensaje en sus redes. Cuando salió la media sanción hubo además otros cuatro legisladores del Pro ausentes. Este miércoles podría haber más que disientan con la postura oficial del bloque.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados por los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.

Tal cual adelantó la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo adelantó este domingo que en el caso de que el Congreso rechace el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno irá a la Justicia.

El argumento que utilizarán en ese ámbito es el que ya expresó precisamente en el texto del veto: “Están presentando un gasto sin contrapartida”, señaló el ministro en el programa La Cornisa, de La Nación+.

Caputo señaló que en el caso de que las dos cámaras logren los dos tercios para rechazar el veto presidencial conocido el jueves pasado, “lo vamos a apelar, porque está mal”. Explicó el funcionario que “lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”.

“Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”, señaló Caputo, quien consideró “lógico” que el tema se discuta en el marco del debate del Presupuesto 2025. Ese es para él lo que sería lógico.

En otro pasaje puso como ejemplo los recursos de las universidades y citó el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023, dijo, “recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.

El veto figura en el decreto número 879 y dice que “citando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional recuerda que se debe exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Recuerda además que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”. Señala el texto que los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación”, sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio.

Con toda la expectativa puesta esta semana en lo que vaya a hacer el Pro en la sesión del miércoles para tratar el veto presidencial sobre Financiamiento Universitario, el expresidente Mauricio Macri se pronunció en torno al tema, y si bien no se expresó puntualmente sobre el veto, dejó señales tranquilizadoras para el Gobierno.

“En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”, señaló el presidente del Pro, en sintonía con la postura del Gobierno de reclamar auditorías en las universidades.

Para Macri “acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”.

“La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos. Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas”, apuntó el exmandatario, que agregó que  “para el populismo, todas las instituciones son herramientas para acumular poder. Por eso, cuando estuvieron en el gobierno, intentaron apoderarse de la justicia, silenciar a los medios y corromper a las universidades mediante la manipulación de los presupuestos. Las consecuencias de esa manipulación siguen hasta hoy”. Y remató: “El manejo del dinero sigue siendo opaco en muchas universidades”.

En un extenso comentario en la red social X, Macri habló de un “momento bisagra de la historia argentina”, en el que “debemos aspirar a universidades que formen los recursos humanos que el país necesita para enfrentar los inmensos desafíos que tenemos por delante. Es crucial fortalecer las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son verdaderamente estratégicas”.

Y cerró: “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”.

El Gobierno vivió la segunda masiva manifestación en su contra el miércoles pasado con una sensación de alivio. Si bien lo sucedido no justificaba las caras de satisfacción de más de un funcionario, el balance que el “tridente de hierro” hacía en la intimidad del poder al caer la tarde del miércoles era medianamente satisfactorio.

El solo hecho de que la manifestación en favor de las universidades nacionales en la Plaza del Congreso hubiera sido menos nutrida que la del 23 de abril pasado -que verdaderamente los tomó por sorpresa y les causó impacto-, era un consuelo suficiente para quienes nerviosamente temían por lo que fuera a suceder esa tarde.

Los propios protagonistas de la marcha del 2 de octubre reconocían -sin pesar- que en la movilización de abril “no se podía caminar”, de tan apiñados que estaban; en cambio esta vez, podían circular sin mayor esfuerzo. Pero fue inocultable que el número de manifestantes fue esta vez igualmente elevado, y debe multiplicarse por la cantidad de gente que se movilizó en las principales ciudades del país.

Así y todo, por recomendación de los estrategas comunicacionales, el oficialismo evitó minimizar la movilización, y su cuestionamiento fue hacia las presencias en la misma. Ya de por sí habían celebrado cuando la CGT confirmó su participación; pero se regodearon cuando, mate en mano, Sergio Massa insistió en mostrarse en una marcha por la educación -ni qué decir cuando se abrazó con Guillermo Moreno-, y cantaron hurras cuando Cristina Kirchner alentó a las masas desde el balcón del Instituto Patria. El maltrago que pasó Martín Lousteau, con su reacción huidiza ante el atosigamiento libertario, y la intemperancia de un custodio; más el desasosiego de Horacio Rodríguez Larreta empapado por intolerantes que rechazaron su presencia, divirtieron a los popes del Gobierno.

Sonó curioso que mientras el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, expresaba un no muy convincente repudio circunstancial hacia las agresiones a dirigentes opositores, desde Olivos el presidente no paraba de likear y replicar en sus redes los episodios con Lousteau y Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta, agredido durante la marcha universitaria.

Tuvo eso sí el presidente la deferencia y tacto de no publicar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario antes de la marcha, pero sí lo confirmó a través de un comunicado esa misma noche, y apareció en el Boletín Oficial ni bien el reloj alumbró un nuevo día. Desde la oposición amigable se fastidian con la falta de aplomo oficial en la materia y lamentan que no escuchan sus recomendaciones respecto de que un gobierno en minoría extrema debe ser muy cauteloso con esas herramientas institucionales que solo pueden sostener las administraciones más nutridas legislativamente hablando. No es que el veto y los DNU queden circunscriptos a gobiernos con mayorías parlamentarias, pero al menos necesitan dominar algo más de un tercio en alguna de las dos cámaras para blindarse en serio. Esa es la razón por la que a ningún gobierno se le rechazó nunca un veto.

Desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández, los presidentes emitieron 191 vetos totales, ninguno de los cuales fue jamás revertido. Milei lleva dos, y este miércoles se enfrenta a la posibilidad cierta de que la Cámara baja reúna los dos tercios necesarios para rechazarlo. Si eso sucede, después deberá transitar el Senado, pero allí no tiene ninguna chance de revertir el eventual rechazo.

Los “dadores de gobernabilidad” que le recomendaron no emprender el camino del veto son los mismos a los que hoy el Gobierno intima a no ir contra el veto, so pena de ser expulsados del paraíso…

El Gobierno le habla especialmente al Pro, que ha dejado trascender que no está cómodo votando a favor del veto y en contra del financiamiento de las universidades. La réplica viene desde la misma fuerza, aunque ya todos en el partido amarillo la entienden fuera de la misma: Patricia Bullrich, que de ella hablamos, dijo en referencia al partido que ella presidió hasta hace 9 meses que “sería inconsistente” un voto a favor cuando ya lo votaron en contra.

Karina Milei y Patricia Bullrich con sus diputados provinciales en la Casa Rosada.

Párrafo aparte merece la ministra de Seguridad, que los últimos días ha dado pasos determinantes en su alejamiento del Pro. Esta semana sumó a sus diputados provinciales a la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, y es más, la formalización del pase se hizo con una foto en Casa Rosada. Pero más que eso enojó a Mauricio Macri la postura del bullrichismo durante el debate en la Legislatura porteña del Código Urbanístico, donde los legisladores que responden a la ministra se diferenciaron del oficialismo porteño denunciando un pacto con el kirchnerismo. “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno”, reprochó públicamente Macri, a través de las redes sociales. Dejando claro que la ruptura es total, Bullrich replicó: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote (…) Yo no miento, solo revelo lo que pasó”.

Con vistas a la votación clave del miércoles, hubo un encuentro “secreto” -que igual trascendió- entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, en el que el asesor todoterreno intentó acercar posiciones de cara a la sesión sobre el veto. Parece que sin demasiado éxito, aunque no está resuelto aún cómo votarán los diputados del Pro. El exmandatario está haciendo control de daños y por eso la reunión de la semana con los senadores de su bancada. Uno de ellos, muy cercano a las posiciones del Gobierno nacional, pero que no tuvo empacho en mostrar su genuino enojo hace dos semanas cuando el bloque libertario se abstuvo a la hora de votar la emergencia en la provincia de Córdoba por los incendios, ya adelantó que si el veto se discute en el Senado él votará en contra. Hablamos de Luis Juez, presidente del bloque, pese a no ser del partido.

El expresidente reunió a sus senadores en Acasusso.

Como compensación, el veto tendrá el respaldo de su comprovinciana del Pro Carmen Alvarez Rivero, muy alineada con las posturas de ajuste estricto del Gobierno nacional.

Pero para que el tema llegue al Senado, primero la oposición debe conseguir los 2/3 este miércoles, y la postura del Pro será clave. El tema será discutido en una reunión este martes. Previamente en Casa Rosada, durante la reunión de la “mesa de los lunes”, el Gobierno oteará el semblante de los representantes del Pro. También forman parte de esa mesa los diputados del MID, tres votos seguros para el oficialismo, aunque esta vez serán dos, pues su presidente, Oscar Zago, estará de viaje. “Tengo un viaje programado hace cuatro años, que ya lo cambié tres veces”, confió a este medio este diputado que hace algunos meses se fue en malos términos de la presidencia del bloque oficialista.

Para ese día, cada voto vale oro y por eso más de uno se inquietó cuando vio este viernes que Lilia Lemoine estaba en Ucrania. Muy cercana a Javier Milei, la blonda legisladora aclaró que el viaje -costeado por dos ONG- había sido informado a las autoridades de la Cámara, pero emprenderá la vuelta anticipadamente para estar sin falta el miércoles en la sesión.

El bloque Pro se reunirá un día antes para resolver si en definitiva dan libertad de acción. Por lo menos cuatro diputados no estarían dispuestos a apoyar el veto. Podrían ser suficientes; pero si la postura fuera más amplia, precipitaría el inexorable rechazo del veto. En la semana, luego de firmar el veto, Milei publicó en sus redes sociales una imagen donde puso de un lado a La Libertad Avanza y del otro al justicialismo, la UCR, la izquierda y el kirchnerismo. En el medio, trazó una grieta. Ahí falta el Pro, y la imagen sonó para algunos a advertencia. Para otros, partidarios de tomar distancia de una vez por todas, fue una señal de ninguneo.

La pregunta que muchos se hacen es si esa decisión será tomada finalmente por Mauricio Macri, quien ya ha tomado conocimiento de que en el interior del oficialismo se confiesa sin rodeos que “el enemigo es Macri”. No el kirchnerismo, mucho menos Cristina Kirchner.

Una señal confirmatoria la tuvo en ese sentido un diputado de La Libertad Avanza que durante la sesión del martes pasado tuvo un pasaje muy duro para el kirchnerismo en general -lo cual es común en los discursos libertarios-, pero terminó nombrando lapidariamente a la expresidenta. Y lo reprendieron por eso.

El único que puede mencionar a Cristina Kirchner en LLA es Javier Milei.

La diputada nacional del Pro Sabrina Ajmechet es una de las figuras de esa bancada auscultada por el voto que vaya a tener con relación al veto presidencial por la Ley de Financiamiento de las Universidades. Sucede que cuando se votó el tema en Diputados, ella fue una de las cuatro significativas ausencias de su bloque.

Consultada sobre el tema por CNN Radio, se quejó, eso sí, por cierta politización de la marcha del miércoles. “Muchos estudiantes y profesores estuvieron muy molestos con las presencias políticas”, reconoció.

La legisladora sostuvo que el tema de la universidad pública “es un fenómeno muy complejo, porque como ya vimos en la primera marcha universitaria, la realidad es que los argentinos valoramos mucho la universidad pública y gratuita porque es parte de nuestro ADN”.

“Al mismo tiempo, la marcha tuvo una utilización política, ya que hubo figuras como Sergio Massa, Martín Lousteau o Guillermo Moreno, que están convirtiendo esto en una marcha opositora al Gobierno, y no en una marcha en defensa de la universidad pública”, cuestionó.

Para Ajmechet, “durante los 20 años de kirchnerismo se crearon muchas universidades; algunas son muy valiosas, pero otras son un desastre. La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo es un ejemplo de una estafa, y eso lo pagamos todos los argentinos”.

Sin adelantar qué hará el miércoles que viene, cuando llegue el momento de votar sobre el veto presidencial, Ajmechet dejó algunas señales al aclarar que a su juicio “el reclamo de los universitarios es legítimo”. Con todo, observó que “el problema es cuando lo utiliza el ‘club del helicóptero’ para desestabilizar. Hay que aumentar los sueldos docentes porque las universidades tienen un retraso en los salarios y estos deben ajustarse a la inflación. El reclamo salarial docente es justo”.

“Nosotros siempre hemos estado a favor de la responsabilidad fiscal y de no avalar una ley que no se sabe de dónde saldrá el presupuesto. Pero del otro lado está la defensa de la universidad pública, y en el Pro estamos muy firmes en eso”, cerró Ajmechet.

Si bien el misionero Martín Arjol es uno de los diputados de la UCR que votaron a favor del veto sobre jubilaciones, el legislador puso en duda ahora su posición sobre el rechazo presidencial a la ley de financiamiento educativo

Entrevistado en La Mañana de CNN, Arjol reconoció que en el radicalismo “hay similitudes del rumbo económico que toma el Gobierno nacional, con el cual tenemos diferencias, pero me considero distinto porque creo que el equilibrio fiscal es el camino”.

Y acotó: “Para salir de esta situación, necesitamos una baja constante de la inflación y que la recomposición salarial vaya ganándole al proceso inflacionario”.

“Sigo siendo radical y tengo diferencias con el presidente”, aclaró el misionero. El partido no ve la necesidad de acompañar a un presidente con una debilidad institucional pero que tiene claro el rumbo económico”, advirtió.

Además, el diputado radical dijo que “en el transcurso de este camino hasta tratar el presupuesto habrá más radicales de la posición que tuvimos los cinco. Habrá más radicales con peluca”.

Consultado por Nacho Girón sobre la Ley de Financiamiento Educativo, recordó haber votado de manera afirmativa en general. “Voté en lo particular negativo donde se incorporaron algunos costos fiscales”, comentó, y agregó: “Voy a plantear mi posición en el bloque y de ahí ver cuál va a ser la postura a tomar”.

Con todo, sobre el contenido de la ley, explicó: “Entiendo el valor de la universidad pública, pero no está en riesgo. Es una discusión salarial que la tiene que solucionar el Gobierno nacional, pero todos los sectores han perdido en cuanto a la inflación. ¿No tendrían esa paritaria por ley los médicos o los empleados públicos? Estoy de acuerdo en la discusión por el retraso salarial, pero el contenido de la ley con un festival universitario es con la que no estoy de acuerdo”.

Pese a que miles de personas de la comunidad educativa se congregaron el miércoles pasado en la Plaza del Congreso, el presidente Javier Milei firmó el veto total de la Ley de Financiamiento Universitario que fue publicado al día siguiente. Integrantes de toda la oposición también fueron parte de la marcha federal y ya hay tres pedidos para llevar el tema al recinto el 9 de octubre a las 11.

Con el antecedente del blindaje al veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno repitió el uso de la facultad constitucional, aunque en este caso no tenga garantizadas, a priori, las 87 adhesiones necesarias para evitar que el proyecto de ley que incrementa las partidas presupuestarias a las casas de altos estudios para este período y recompone los salarios docentes y no docentes desde el 1ero. de diciembre del 2023 conforme a los índices de inflación del INDEC, avance hacia su aprobación.

Por su parte, en la oposición, la más férrea y la dialoguista, buscan acercarse al número de 172 diputados que garanticen rechazar el veto de Milei. Este número es en caso de que la asistencia al recinto sea perfecta y los 257 legisladores se sienten en su banca. Por lo pronto parlamentario.com confirmó que un jefe de un bloque aliado del oficialismo no estará presente el próximo miércoles.

Ahora bien, ¿quiénes buscarán que la Ley de Financiamiento Universitario sortee el veto en la Cámara de Diputados? Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, gran parte de la bancada radical, casi todos los integrantes de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el monobloque de Neuquén, los santacruceños, la mitad de Innovación Federal, la exlibertaria Lourdes Arrieta  y al menos un diputado del Pro: Álvaro González. De estas confirmaciones, suman 159 votos, a 13 de garantizar totalmente el rechazo al veto.

Comparando con la votación del 15 de agosto, cuando Diputados aprobó el texto (sin 2/3) por 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención, Unión por la Patria registró entonces 15 ausencias que se entiende no ocurrirán en esta ocasión. Aquella vez, los entrerrianos Gustavo Bordet y Carolina Gaillard, el chubutense José Glinski, Leopoldo Moreau, Agustina Propato y Rodolfo Tailhade, entre otros más, no estaban en el recinto a la hora de la votación.

Por el lado del FIT – U, los cinco diputados nacionales repetirán. Lo mismo ocurrirá con los 6 integrantes de la Coalición Cívica, espacio que lidera Elisa Carrió, quien estuvo presente en la marcha federal universitaria el pasado 2 de octubre y fue cuestionada por la publicación de Oficina del Presidente por “unirse públicamente” con Cristina Kirchner, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

En el bloque radical, con la confirmación de la santacruceña Roxana Reyes, a estas horas, aportarían 27 votos positivos. Si bien en la votación de agosto hubo cuatro ausencias y una abstención (el mendocino Lisandro Nieri), lo ocurrido con la fórmula de movilidad previsional, cuando cinco legisladores de la Unión Cívica Radical acordaron con Casa Rosada blindar el veto a ese proyecto, pone en incógnita lo que harán Mariano Campero, Luis Picat, José Torunier, Pablo Cervi y Martín Arjol. Estos últimos tres habían votado a favor de las universidades. Campero y Picat no estuvieron esa vez y se estima que votarían a favor del veto.

En el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, hay 15 adhesiones confirmadas sobre 16 integrantes de la bancada multisectorial: Ricardo López Murphy estuvo ausente en la anterior votación de la Ley de Financiamiento Universitario y aún no se ha expresado con relación a este veto presidencial.

En el bloque Innovación Federal, la jefa de bancada Pamela Calletti confirmó su rechazo al veto de Milei y señaló que “esta vez el Gobierno no tiene los votos”. Al igual que ella, los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega ratificarán su aval a la Ley de Financiamiento Universitario. Por su parte, los cuatro diputados misioneros y el rionegrino Agustín Domingo no se han pronunciado aún sobre el tema.

Por otro lado, el monobloquista neuquino Osvaldo Llancafilo y los dos diputados santacruceños Sergio Acevedo y José Luis Garrido acompañarán a la oposición para eludir el veto presidencial de Javier Milei en la sesión de este martes en el recinto de la Cámara de Diputados. En las últimas horas, la exintegrante del oficialismo, la mendocina Lourdes Arrieta, señaló que su voto va a ser "a favor del prójimo, en este caso, los estudiantes".

En contraposición, el oficialismo tiene seguros los 39 votos de La Libertad Avanza, los 3 de Independencia y el de la tucumana Paula Omodeo. En el MID, el jefe de bloque, Oscar Zago, será un ausente debido a un viaje al exterior, por lo que solo aportarán los votos de María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. Si contamos estos cuatros espacios, suman 45 votos seguros en favor del veto.

La gran incógnita es el bloque Pro: Por un lado, el diputado Álvaro González, presente en la Plaza de los dos Congresos, confirmó su rechazo al veto. Antes, mientras se llevaba a cabo la movilización, el cordobés Héctor Baldassi había posteado un sugestivo mensaje en X, por el que afirmó que “la prioridad debe ser el financiamiento de la educación superior”.

Fuentes consultadas confirmaron a este medio que en el Pro hay diferentes posturas respecto a la sesión del miércoles, pero que será tratado en una reunión de bloque el martes, luego del encuentro semanal de cada lunes entre los referentes de la bancada con funcionarios de Casa Rosada.

A la espera de la sesión que definirá el destino de la Ley de Financiamiento Universitario, las diputadas sanjuaninas Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno -aliadas al oficialismo- aún no dieron indicios sobre su voto.

De esta manera y a pocos días de la sesión especial, habría 159 votos confirmados en contra del veto total a la ley; 45 que lo ratificarían; 52 votos en duda(el Pro, 6 de la UCR, las 2 sanjuaninas, 5 provinciales y Ricardo López Murphy); y, por el momento, un solo ausente confirmado.

El Gobierno del presidente Javier Milei se está pasando de la raya. Enamorado de su fanático “ajuste brutal” y alentado por la irresponsabilidad de Santiago Caputo, el líder libertario elige transitar por los senderos de la abierta ilegalidad.

La amenaza de no acatar las decisiones del Congreso, provoca una fisura en la institucionalidad republicana y cuestiona la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.

Desde el Poder Ejecutivo juran que no cumplirán con la Ley de Financiamiento Universitario ante un eventual rechazo al veto por parte del Congreso.

Hacen trascender a los medios que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Sin embargo, lo que el Gobierno no dice es que ninguno de los gastos que la administración nacional ejecuta en 2024, estuvo efectivamente previsto en el Presupuesto General, ya que el Poder Ejecutivo decidió no formular un presupuesto para el presente ejercicio anual, sino prorrogar el de 2023 para este año.

Es por esa misma razón que la administración nacional permanentemente actualiza, amplía y reasigna partidas a través de decretos, resoluciones y decisiones administrativas durante 2024.

En este contexto, es indudable que le corresponde al Poder Ejecutivo asignar los fondos para adecuarse a las nuevas exigencias del Financiamiento Universitario.

La misma Ley 24.156 de Administración Financiera establece, en su artículo 27, inciso c) que, en caso de estar en vigencia el Presupuesto del año anterior, es el Poder Ejecutivo quien “incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”.

No acatar un eventual rechazo al veto presidencial por parte del Congreso, significaría romper la legalidad y violar la institucionalidad vigente.

La sociedad argentina no lo merece.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario ante el veto firmado por el presidente Javier Milei, desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la justicia y aclararon que “no” están en contra de la universidad pública y de darle más presupuesto, sino de “asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, por lo que reiteraron la necesidad de auditarlas.

Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, somos grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, y explicó: “Esos hechos, durante muchísimos años en Argentina, nos han hecho mucho daño. Fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy y, la verdad, es que el no saber el aplicar algo donde no tenemos el dinero va a perjudicar a todos los argentinos”.

“El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025 y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional donde invitamos a la política a debatir en ese marco sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas porque hay algo básico que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y merecen saber a dónde va su dinero”, planteó.

Así, reiteró: “Eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos”.

Marcha universitaria

Al ser consultado por la multitudinaria marcha que hubo en todo el país en defensa de la educación universitaria pública, el vocero expresó: “Hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina y que, lamentablemente, tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa que le quitó 50,000 millones de pesos al presupuesto educativo y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual que, encima, es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que por supuesto se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios”.

También apuntó contra el senador radical Martín Lousteau que “dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún prurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, nueve veces más que un docente”.

“También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector”, criticó y chicaneó: “Estuvo hasta Moyano. Vaya a saber qué tiene que ver Moyano con el reclamo del Genuino de las universidades”.

El veto a la ley

Adorni hizo hincapié en el artículo 38 de la Ley 24.156: “en lo específico de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, se respaldó en el Reglamento interno de la Cámara de Senadores: “Esto no existe en Diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto de manera textual que importe gastos, incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo”.

El vocero sostuvo que el impacto total del proyecto constituiría un total 1.5 billones de pesos que “afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, y explicó que cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas hay tres maneras de financiarlo que las tiene que indicar el Congreso.

“Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer, porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza. La otra alternativa es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, porque esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma y, además de eso, la tercera alternativa que habría es subir impuestos”, detalló.

El vocero informó que de acuerdo a los últimos datos del 2022: “Del total de estudiantes registrados, hay inscriptos un millón de los que 750,000 estudiantes, o sea, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea unos 710,000 el 20% tenía una materia aprobada o ninguna y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información o sea hay 671,000 alumnos y un poquito más que no se tiene información”.

“Somos el país con menor cantidad de recibidos dos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos como el Instituto Universitario Nacional de Madres de Plaza de Mayo que recibía 1500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo tuvo obtuvo 16 egresados como resultado”, cuestionó.

Respecto del futuro del veto en el Congreso, Adorni dijo “no saber” cómo van a votar y negó que eso se haya hablado en la reunión de Gabinete. Sin embargo, adelantó: “Ante un revés esta la posibilidad de ir la justicia no hay nada descartado. Recurrir a la justicia es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad”.

Además, afirmó que no iniciaron diálogo con el bloque Pro, uno de los llamados espacios dialoguistas, y reiteró: “No sabemos cuál será el futuro de la ley y del veto, no sabemos cómo se van a suceder los hechos”.

“Cada diputado es dueño de su opinión, de su voto y lo que haga cuando le toque votar. Con el Pro hemos trabajado juntos en un montón de cuestiones incluso en el veto a jubilados que tenía defectos como no especificar la asignación de recursos como pasa con la de universidades que rompe con el equilibrio fiscal y, tal vez, este veto tenga la misma lógica porque no propone de dónde salen los recursos. Es un tema legislativo y no sabemos qué va a hacer cada bloque”, explayó.

“Esta discusión se termina si nos abren los presupuestos, se muestra en qué se gasta el dinero, cuánto se necesita, cuánto se gasta de más y se terminó la discusión”, precisó y apuntó: “Esto lo ha usado la vieja política para meternos en un debate de ‘universidad pública sí, universidad pública no’. Y ese no es el debate porque el 100% de los argentinos estamos de acuerdo con la universidad pública. Lo que algunos estamos de acuerdo es que también es universidad pública tiene que ser sana en términos de recursos, no tiene que usarse para hacer negocio con la política y tiene que ser efectivamente para tener los mejores profesionales del mundo”.

El segundo veto presidencial de la era Milei abre expectativas respecto de lo que pueda llegar a suceder cuando la oposición lleve el tema al recinto para definir la suerte de esa decisión presidencial. Por eso resulta indispensable conocer cómo votaron los diputados en oportunidad de alcanzarse la media sanción, para tener una idea de las posibilidades de que alcancen los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.

Recordemos cómo fue ese debate. Había cuatro dictámenes y el de mayoría era el de Unión por la Patria, que a la hora de votar fue rechazado por 90 votos afirmativos y 126 en contra. Se procedió a votar entonces el primer dictamen de minoría, que correspondía al oficialismo y también tuvo resultado negativo, con 86 votos a favor y 130 en contra.

El tercer dictamen era el promovido por la UCR y fue el que se aprobó, con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al mendocino Lisandro Nieri. Sucedió poco antes de las 8 de la mañana.

Los votos a favor

Por ser el bloque más numeroso de la oposición, la mayor cantidad de votos positivos los aportó Unión por la Patria: 84 votos de sus 99 diputados.

La Unión Cívica Radical sumó 29 de sus por entonces 34 miembros.

Encuentro Federal anotó 11 diputados. Estos fueron Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Francisco Morchio, Esteban Paulón, Florencio Randazzo y Alejandra Torres.

Innovación Federal sumó a sus 8 diputados.

La Coalición Cívica aportó 3 votos a favor, de Victoria Borrego, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Los 2 de Por Santa Cruz, Sergio Acevedo y José Luis Garrido, votaron a favor.

También votó a favor el neuquino del MPN Osvaldo Llancafilo.

Los 5 diputados de la izquierda votaron a favor.

Quiénes votaron en contra

Obviamente la gran mayoría de los miembros de La Libertad Avanza votó en contra. Sumaron 36 votos en ese sentido y tuvieron una ausencia.

De sus socios del Pro, 33 de los 37 miembros del bloque votaron en contra. Los restantes no votaron.

Los 3 diputados del MID se opusieron también.

2 de los 3 diputados peronistas tucumanos de Independencia votaron en contra: Agustín Fernández y Elia Marina Fernández.

También se opusieron las 2 de Buenos Aires Libre, y la tucumana Paula Omodeo, de Creo.

Las ausencias

Hubo 35 ausentes. La mayor cantidad correspondió a Unión por la Patria: 15. Estos fueron Fernanda Ávila, Gustavo Bordet, Leila Chaher, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Carolina Gaillard, José Glinski, Roxana Monzón, Leopoldo Moreau, Sebastián Nóblega, Julio Pereyra, Agustina Propato, Rodolfo Tailhade y Natalia Zabala Chacur.

El radicalismo tuvo 4 diputados que faltaron a la hora de votar: Mariano Campero, Gerardo Cipolini, Luis Picat y Juan Carlos Polini.

5 ausencias fueron de Encuentro Federal: Jorge Ávila, Juan Brügge, Ricardo López Murphy, Miguel Pichetto y Margarita Stolbizer.

La Coalición Cívica aportó 3 ausentes: Marcela Campagnoli, Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago.

Las 2 diputadas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador sanjuanino Humberto Orrego, no estuvieron a la hora de votar. Hablamos de María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez.

Del bloque Independencia, no estuvo Gladys Medina.

4 del Pro: Sabrina Ajmechet, Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti y Alvaro González.

Y por último, estuvo ausente por La Libertad Avanza el formoseño Gerardo Gustavo González.

Al día siguiente de la masiva marcha en favor de un mayor presupuesto universitario y poco después de que el Gobierno lo confirmara a través de un comunicado difundido por la cuenta Oficina del Presidente, se conoció el veto presidencial al proyecto de ley que introduce modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional.

La norma vetada pretendía garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino durante el año 2024, como así también disponía que el Poder Ejecutivo actualizara las partidas presupuestarias del año 2024 con el fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales.

El veto lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.

El texto describe inicialmente los alcances de la norma frenada, por considerar que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Citando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional recuerda que se debe exigir de forma expresa que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Recuerda además que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”. Señala el texto que los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación”, sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre - diciembre del actual ejercicio.

Respecto de la recomposición de los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional encomendada por el artículo 5º del proyecto de ley al Poder Ejecutivo Nacional, el crédito vigente para la ejecución de las actividades 12 y 13 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” “resultaría insuficiente para atender lo previsto por el proyecto de ley en examen”.

Según el veto, la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000.

Para el Gobierno, “se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de $1.516.944.675.060.

Además, el Gobierno dice que la recomposición salarial para el personal de las entidades de educación representó un incremento del orden del 87 % por el período comprendido entre diciembre 2023 y agosto 2024, y en términos comparativos con el resto del personal de la administración pública nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el 78 %, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC para ese período alcanza un 144%.

Asimismo la vigencia de esta ley establecería, según el Gobierno, un privilegio para el personal de las universidades nacionales respecto del resto del personal de la administración pública nacional, por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo.

La Oficina del Presidente informó este miércoles por la noche que el presidente Javier Milei vetará lo que definió como “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.

“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, agrega el comunicado conocido a pocas horas de la publicación en el Boletín Oficial. Agrega el texto que el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025.

Inmediatamente después de concluida la masiva movilización universitaria, el Gobierno reafirmó “su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.

A continuación, la Oficina del Presidente se refiere a la manifestación de este miércoles, que define como “política”, y en tal sentido señala que el Poder Ejecutivo “celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente”. Agrega que “esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.

Finalmente se advierte que “esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”, y concluye diciendo que “el objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.

Mientras transcurría la sesión en la Cámara baja, diputados de la oposición dialoguista dieron una conferencia de prensa este martes, en la que convocaron a la ciudadanía a acompañar la marcha universitaria de este miércoles y aseguraron que, en caso que el presidente Javier Milei confirme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, insistirán con la misma. 

La diputada radical Danya Tavela manifestó la “profunda preocupación que tenemos por la crisis que transita el sistema universitario argentino” y llamó “a todos los ciudadanos del país a acompañar la manifestación del día de mañana”. También ratificó el “acompañamiento e insistencia a la Ley de Financiamiento Universitario en el caso que el presidente la vete”. 

Por su parte, la socialista Mónica Fein afirmó: “Estamos aquí para ratificar lo que hemos votado. Lo que el Congreso decidió en ambas cámaras no se negocia, no se veta”. “En caso que (el presidente) decida vetar, acompañaremos por supuesto en las calles la manifestación libre de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y de la ciudadanía que quiere una universidad abierta, libre y gratuita”, sostuvo. 

La legisladora de Encuentro Federal consideró que “no es el mecanismo del veto el mecanismo que construye futuro, desarrollo y ciencia en nuestro país”. 

También presente en el Salón Pasos Perdidos, el senador radical Martín Lousteau dijo: “Estamos acá porque casi una de las cosas que le da el Estado argentino a las familias hoy, para poder soñar con un futuro mejor para sus hijos, es la educación, y fundamentalmente la educación universitaria”.  

“Este es un Gobierno que ataca permanentemente a la educación universitaria. No tiene una agenda de cómo mejorarla. No está convocando a los rectores. Lo que hace sistemáticamente es atacar”, enfatizó el presidente de la UCR Nacional, que denunció “una intención de destruir la universidad pública”. 

El diputado de Encuentro Federal Carlos Gutiérrez expresó que “desde la Córdoba universitaria” junto a sus comprovincianos afirmaban el “apoyo irrestricto a la educación pública”. “Se equivoca el Gobierno cuando confunde, tal vez la necesidad de controlar mejor ciertas cuestiones que tienen que ver con la administración, con aquel valor que atraviesa a la sociedad” que tiene que ver con que “no hay una sola familia argentina que no crea que una de las herramientas para ascender en la vida es el estudio”, subrayó. 

Finalmente, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseguró que “para nosotros es una prioridad una educación pública gratuita y de calidad”. “A nosotros no nos da lo mismo la asfixia y el desfinanciamiento que están teniendo las universidades desde el principio”, agregó. 

Y advirtió: “Vamos a insistir con la Ley de Financiamiento y le advertimos al presidente de la Nación que deje de tener un conflicto de poderes en términos de cómo se ha pronunciado el Congreso de la Nación con respecto a las universidades. Seguramente construiremos las mayorías para insistir”. 

En la breve conferencia estuvieron presentes los diputados Álvaro González (Pro); Jorge Rizzotti, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Mariela Coletta, Carla Carrizo, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Fabio Quetglas, Danya Tavela, Julio Cobos, Natalia Sarapura (UCR); Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein (EF); Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli (CC-ARI); y los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).

Por su parte, minutos después, diputados de Unión por la Patria también dieron declaraciones en Pasos Perdidos. La entrerriana Blanca Osuna recordó que “este financiamiento fue una insistencia que planteó nuestro bloque desde el inicio del año”. “Vamos a insistir con la ley”, confirmó y señaló: “Nuestra presencia en la marcha de mañana va a ser a favor de la universidad y de la escuela pública. Hay que reclamar por el conjunto del sistema educativo”. 

En tanto, su par Hugo Yasky observó que “si hay coherencia en todos los que se han manifestado públicamente en rechazo al veto y en apoyo al presupuesto, ese veto acá en la Cámara no pasa. Pero tiene que haber coherencia”. “Ojalá eso suceda, porque la marcha va a ser masiva y esperamos que el Gobierno respete el derecho a manifestarse”, agregó. 

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”, es una frase que erróneamente se le atribuye a Albert Einstein, quien en realidad nunca la dijo, ni tampoco la escribió. Muy parecida a lo que en campaña y desde la primera magistratura suele decir el presidente Javier Milei: “Difícilmente haciendo siempre lo mismo obtengamos resultados diferentes...”. Está claro a qué se refiere: un pleno apostado a quienes nunca gobernaron y proponen hacer exactamente lo contrario a lo hecho en un siglo. Recomendación que, dicho sea de paso, no aplica para sí mismo.

Si ya vivió como un trago muy amargo la gigantesca marcha universitaria del 23 de abril pasado, ¿por qué imaginar que la de este miércoles será diferente, cuando las razones de entonces siguen vigentes y el clima social comienza a hacerse más espeso?

Aquella vez, en lo más alto del poder circularon pases de facturas por no haber evitado semejante movilización que tomó al poder central desprevenido. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que la marcha de esta semana podrá generar menor adhesión? Por el contrario, todo indica que el impacto será grande. ¿Es buen momento, cuando el presidente viene de rechazar una mejora para los jubilados y comienza a flaquear (un poco) en las encuestas?

Sin mayor ilusión de éxito, el Gobierno ya hizo el esfuerzo para evitar la protesta con la oferta de 6,8% de aumento a los gremios docentes, equiparándolos con los empleados estatales. Tras el previsible rechazo, ya no hay muro de contención para la protesta. O sí, pero nadie cree posible esa medida que podría, sí, evitar el escenario de este miércoles: no vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada el 13 de septiembre.

Si bien todavía sigue demorando esa medida, no ha habido ni una señal de que el presidente vaya a reconsiderar el veto total que ha trascendido. No lo hizo con la Ley de Movilidad Previsional, aun a sabiendas de que un veto parcial le solucionaba el problema, pues ya le habían transmitido que en ese caso no hubiera habido rechazo de parte de la oposición dialoguista. Así y todo, Javier Milei igual aplicó el veto total… y después festejó como un triunfo su ratificación, más allá de los 153 votos en contra, casi el 60% de la Cámara baja.

Por lo que dicen quienes no han podido convencer a Milei de lo contrario, para él morigerar el veto sería dar una muestra de debilidad que es lo que están esperando los opositores para avanzar en consecuencia. Se sabe que el presidente no tiene medias tintas, por eso en esas circunstancias ve intenciones destituyentes. Tan extremista es, que con cierta dosis de certeza considera que su base de sustentación es el miedo de sus rivales a alguien que juega siempre al fleje. No piensa aflojar en eso que considera un activo: la locura que le atribuyen es, para Milei, la base de su fortaleza.

¿Por qué demora entonces el veto si lo firmará de todas formas? Porque le sirve que se piense que puede llevar a evitarlo. Y porque tampoco come vidrio: será después de la marcha, convocada para el miércoles 2, justo un día antes de la fecha límite para vetar. Lo firmaría ese mismo día y saldrá publicado en el Boletín oficial el jueves.

Está claro que la agenda legislativa está muy atada al día a día de la gestión gubernamental. Esta semana será clave y el martes 1 de octubre se preveía el inicio del debate en comisión en Presupuesto y Hacienda (sin la presencia de Luis Caputo; por más berrinche que haga la oposición, Toto no pisa más una comisión), y el miércoles era la sesión de Diputados. Por la marcha, mejor dejar el miércoles libre, pero no se pasó al jueves para evitar darle a la oposición una tribuna en el recinto ese día, si es justo sale el veto. La sesión se corrió entonces para el martes y el Presupuesto arrancará el 8. Tiempo hay, pero sería recomendable para el oficialismo no jugar tanto al límite en un Congreso con minorías tan extremas y volátiles: dicen que será un debate en espejo, con senadores recomendando cambios desde las sombras mientras avanza el debate en Diputados, pero nada garantiza que no vayan a introducir modificaciones cuando les toque, así que mejor sería tener días de reserva, por si acaso.

Mientras tanto, el Gobierno sigue sumando frentes y acelera con la privatización de Aerolíneas Argentinas. El arranque fue el miércoles pasado, con una larga presentación de dos funcionarios, mas sin el presidente de la empresa, al que habían anunciado pero bajaron ante la certeza de que sería blanco de críticas. Lo corroboró sobre el final una diputada camporista que recordó su pasado en las gestiones kirchneristas y de Alberto Fernández. Lo llamó “traidor” y hasta relató haberlo visto “llorando” en el VIP del bunker de Sergio Massa cuando la derrota del balotaje.

La avanzada del Gobierno en la materia cerró el viernes con el anuncio de un decreto para privatizar la empresa. En rigor, no es que se vaya a prescindir del Congreso -lo cual es imposible-, sino cumplir un formalismo que establece la ley: la declaración de la empresa como “sujeta a privatización”. Esto no cambia nada el proceso que ya se ha iniciado en el Parlamento y que a priori encontraría luz verde en Diputados, donde ya se aprobó durante el debate de la Ley Bases. Pero esa misma experiencia preanuncia un rechazo en el Senado, donde el oficialismo sabe que no tiene los votos para convertir el proyecto en ley. A priori, arranca con 37 votos en contra en la Cámara alta.

¿Por qué encara esta pelea La Libertad Avanza si sabe que la pierde? Porque hace a su relato. Como así también sumará la aprobación de la Boleta Única de Papel este martes, cambiando radicalmente el sistema de votación. Son elementos discursivos que suman y que le permiten a un gobierno en minoría extrema manejar la agenda.

Y sumar temas de debate que, por ejemplo, desvíen la atención que podría llevarse el índice de pobreza conocido esta semana.

Con su oferta salarial a los gremios aeronáuticos, el oficialismo sabía que cimentaba un camino para la pelea en el que Biró y compañía entraron fácilmente, con medidas de fuerza que dieron pie a lo que el Gobierno planeaba, que era plantear la privatización más temprano de lo que esperaban. Si eso no llega a buen puerto, se sabrá el año que viene, electoral, y serán elementos para justificar la necesidad oficialista de contar con una mayor dotación legislativa.

En cambio el Gobierno frenó esta última semana un triunfo sobre la patria sindical, cuando ya tenía garantizado el dictamen de mayoría para aprobar una reforma muy parecida a la ley Mucci que Alfonsín intentó y no pudo aprobar: no más reelección indefinida en los gremios; se garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos; obliga a los gremialistas a presentar declaraciones juradas; democratiza las obras sociales, y prohíbe la cuota solidaria. Martín Tetaz, que tenía garantizadas las firmas para el martes, se enteró ese mismo día de que los diputados de La Libertad Avanza y del Pro se bajaban; estalló en furia y tuvo que suspender la reunión de la comisión. Al rato, el bloque Pro aclaró por comunicado que ellos seguían respaldando el proyecto, que por otra parte contempla propuestas suyas. Pero lo cierto es que la noche anterior el presidente de la Cámara les había dicho que a pedido del Gobierno frenaran el dictamen. Curiosamente para un gobierno de estas características, un día decidieron no dar una pelea…

Como la decisión generó malestar en las filas del Pro, después tuvieron que emitir el comunicado aclaratorio.

En la semana, el Gobierno invitó a los radicales a sumarse a la mesa de los lunes, que ya integran LLA, el Pro y el MID, pero los diputados del partido centenario rechazaron el convite porque “les parecía mucho”, y el diálogo se trasladó al Congreso, donde se reunieron con Martín Menem y Federico Sturzenegger, entre otros. Hablaron de la agenda legislativa y sobre el fiasco de la reforma sindical, les dijeron que tenían que elegir las batallas que debían dar y manejar los tiempos.

Los radicales no se fueron muy convencidos con eso, pero piensan insistir este jueves: ya convocaron a las 10 de la mañana de ese día a una reunión para hacer lo que la semana pasada no pudieron. De buen diálogo con muchos dirigentes cegetistas, el Gobierno prefiere mantener ese tema como un proyectil en la recámara, para usar cuando en todo caso lo necesite, o a modo de amenaza.

Tampoco les interesa demasiado avanzar con una propuesta que no es propia, y que pueda reivindicar el radicalismo en general y Martín Tetaz en particular. Se verá.

A la espera de que el presidente Javier Milei vete por completo el proyecto aprobado por el congreso que aumenta las partidas presupuestarias para las universidades, el diputado nacional Hernán Lombardi (Pro) aseguró que, en el caso de que suceda, acompañaría el veto total debido a que "pone en riesgo" el equilibrio fiscal que busca mantener el Gobierno.

En diálogo con Radio Splendid, sostuvo que "el sentido de oportunidad de las medidas que se toman" en este momento, se tiene que limitar "resolver el tema universitario" y no en "horadar al Presidente y al plan económico" que lleva adelante, por eso también estuvo de acuerdo y acompañó el veto de la ley sobre la reforma jubilatoria.

"Mi origen proviene del radicalismo universitario. Me recibí en el Nacional Buenos Aires, y después en la UBA. Soy un agradecido y siento que debo devolver lo que me dio. Estoy de acuerdo en aumentar el presupuesto, pero diciendo de dónde lo sacan. En eso está el PRO, en el equilibrio", señaló el diputado.

Paralelamente, indicó que "ya entró la ley de presupuesto" y que, a partir de ahora, se comenzarán a mover partidas para aumentarlo, sin dejar de informar de dónde sale el dinero y "sin aumentar impuestos, ni tomar deuda, ni emitir" dinero.

Además, expresó que "a corto plazo", la caja chica la maneja el Gobierno y que, por eso, cualquier cosa "que ponga en riesgo el equilibrio fiscal", como por ejemplo la emisión monetaria, que "erosiona" los salarios y las jubilaciones, las vetarán y añadió: "Nosotros votamos a favor de los jubilados".

Por otro lado, se refirió a la privatización de Aerolíneas Argentinas y a las empresas privadas que tomarían los vuelos que queden sin operar por medidas de fuerzas sindicales y opinó: "Aerolíneas no tiene la infraestructura para hacer la inversión necesaria. La estructura de la empresa no está preparada para tener más vuelos, más aviones y más frecuencia”.

Asimismo, expresó que "como ciudadano quiere un país más conectado", con "más vuelos, más baratos", pero que, para lograrlo, se necesita "mayor inversión, generar más trabajo y más turismo" dentro del país. "Hoy Aerolíneas no puede pagar esa inversión. A Latam le va bien en toda América Latina. Acá le fue mal porque Aerolíneas maneja todo el negocio aeronáutico", sentenció.

Si bien nunca expresó concretamente que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario, todos dan por descontado desde su aprobación que Javier Milei tomará esa decisión respecto de esa norma. Diversas figuras del Gobierno también dieron señales en ese sentido. Sin embargo, el presidente todavía no estampó la firma correspondiente. Pasan los días y crecen las expectativas sobre el tema.

Recordemos que el veto es una facultad habilitada por la Constitución Nacional en el artículo 83°. Es una prerrogativa que el presidente de la Nación puede ejercer para casi todo tipo de leyes. Pero tiene un plazo para vetar: 10 días. Si eso no ocurre en ese tiempo, la ley queda automáticamente promulgada.

Ahora bien, ¿cuándo vence ese plazo? Porque recordemos que el proyecto de Financiamiento Universitario fue convertido en ley en el Senado el pasado 13 de septiembre, por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Si tomamos esa fecha como punto de partida para su veto o promulgación, el plazo vencería este jueves 26 de septiembre. Así que teniendo en cuenta que el presidente Milei está en Estados Unidos y recién emprende la vuelta el miércoles, se acotarían mucho los tiempos.

Pero tiene más, pues el plazo comienza a correr a partir de que la ley se comunica, y eso sucedió el jueves 19. Así las cosas, la fecha límite es el 3 de octubre próximo.

Hasta entonces el presidente Milei tiene tiempo de seguir analizando qué es lo que hará. Recordemos que para el 2 de octubre está prevista una nueva marcha universitaria, que se prevé masiva, como contundente fue la del pasado 23 de abril. El presidente podría aguardar a que la misma se concrete y recién después vetar la ley, pero sonaría muy desafiante que el decreto se conociera al día siguiente, como respuesta.

Así como para el caso de la Movilidad Jubilatoria se le recomendó al presidente no ir al veto total, sino hacer uno parcial, que podría atemperar los ánimos y evitar un contraataque en los recintos, para este caso le han sugerido lo mismo, y abrir negociaciones con algunos rectores. Pero algunas fuentes consultadas sostienen que el presidente ha dicho que no tiene otra opción que aplicar un veto total, pues lo contrario sería una muestra de debilidad que no está dispuesto a dar. Con la decisión tomada, en ese caso, habrá que aguardar una definición para cuando el presidente haya regresado de Nueva York.

Con una marcha convocada por las universidades nacionales en las afueras del Congreso, el Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.

Desde el bloque Cambio Federal anunciaron disidencia en algunos puntos del texto y propusieron la votación en particular de los 9 artículos del proyecto en revisión. Sin embargo, todos fueron ratificados con dos tercios de los votos.

El proyecto fue motorizado por la oposición unida, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la Cámara baja. Tal como pasó con el tema de jubilaciones, el Gobierno anticipó que vetará cualquier medida que considere atenta contra el equilibrio fiscal o no tiene determinado de dónde saldrán los recursos para su implementación. Es por eso que se la flamante ley podría correr en manos del presidente Javier Milei la misma suerte que la Movilidad Previsional. Viene el oficialismo de una victoria en este sentido, al haber logrado sostener el veto en Diputados.

De acuerdo a la norma, "el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales".

Asimismo, se encomienda al Gobierno a "recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo".

También indica que "desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación" informada por el INDEC.

Otro de los artículos busca garantizar "la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles".

Oposición unida

Como miembro informante del proyecto, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro presentó el dictamen para el incremento del financiamiento universitario y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación actual del sector. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”, inició.

El legislador de Unión por la Patria agregó que “hoy tenemos más de dos millones de estudiantes universitarios y estamos ante un gobierno que ataca los principios fundamentales de la educación”. Asimismo, amplió: “Nuestro sistema tiene 57 universidades nacionales y estamos hablando del salario de 120.000 docentes y no docentes”.

Respecto a los números actuales del presupuesto de las casas de altos estudios, afirmó que “están funcionando con la mitad”, y sumó: “El presupuesto actual es 0,34% del PBI cuando siempre fue el 0,7. El 80% de los docentes están por debajo de la pobreza y estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 33%”. En esa línea, cuestionó la no prorrogación del Fonid.

Por otro lado, criticó que “se frenaron todas las obras del sistema universitario”, y se refirió a las Becas Progresar: “Los estudiantes cobran 20.000 pesos para viajar, comprar libros y comer”. “El Gobierno tiene que escuchar esta realidad y tomar nota por la marcha de estudiantes universitarios de nuestro país”, cargó.

Por último, De Pedro sostuvo que este proyecto “en 8 artículos viene a subsanar este desastre hecho por Milei que son los recursos mínimos para garantizar los recursos básicos”. “Estamos votando una ampliación que según la Oficina de Presupuesto del Congreso significa el 0,14% del PBI”. “Queda claro que el modelo del presente y el futuro está ligado con la educación”, concluyó.

El senador radical Martín Lousteau intervino por más de 15 minutos, en donde detalló el contexto económico y social en el que se debate este proyecto. Lanzó críticas contra la gestión anterior, pero enfatizó sus cuestionamientos a la actual: “El Gobierno recibió un desastre y está claro que se debía ordenar todo eso, pero lo hace sobre un enorme esfuerzo de la población”.

Mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto actual y explicó que “a los salarios docentes les pasó esto, pero peor porque el Gobierno agarró un billete de 100 y se lo dejó en 70, ya que no se le reconoció (al personal docente y no docente) la inflación del 25 y el 20% de diciembre y enero”.

Lousteau mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto de las universidades.

Con relación al sistema universitario, sintetizó que aportan “valores y crecimientos para nuestro país”, y cuestionó que la educación, las jubilaciones y la obra pública no hayan estado en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “¿No hay libertad para los jóvenes para construir un futuro? La inversión en universidades es del 0,14% del PBI -equivalente a 740.000 millones de pesos- y con el Blanqueo se pronostican 40.000 millones de dolares”.

El senador santacruceño José Carambia destacó que "todo financiamiento educativo no es un gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo que genera talento y futuro”, y le envio un mensaje al Gobierno nacional: “Eso lo tiene que entender nuestro señor presidente para ver si veta o no veta porque la economía no son solo números, hay sueños y esperanzas detrás”.

También, se refirió a lo ocurrido en la jornada del miércoles pasado respecto al proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria: “Seguramente esto va a ser vetado y cuando vuelva, no cambiemos los votos como hicieron ocho diputados en la Cámara baja”.

El santacruceño pidió diferenciarse de la Cámara de Diputados y exigió mantener el sentido del voto cuando el proyecto sea vetado.

El senador salteño Juan Carlos Romero adelantó su voto positivo al proyecto “porque creo en la educación pública”, aunque admitió que “hay muchas cosas que corregir”.
“La educación es una inversión; pero la inversión necesita resultados”, observó, señalando que cuando llegue al Congreso el Presupuesto será el momento de analizar “cómo repartimos con equidad” y en ese marco “la educación es una prioridad”.

“Debemos preocuparnos de la calidad educativa”, enfatizó, para agregar que habrá que ver en materia de resultados la cantidad de egresados. Asimismo consideró que “fue un error crear más universidades”, lo cual representó una “duplicación de oferta, en algunos casos unas cerca de otras”.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, aclaró que no se estaba hablando en ese debate solo de números, sino de “pensar el futuro como sociedad, el futuro que queremos como país, un futuro con oportunidades para todos. Y este es un instrumento fundamental”.

“Si hay algo que nos iguala es la educación”, enfatizó, valorando el papel de su partido en el tema universitario. Habló de la reforma universitaria de 1918 y resaltó la importancia de contarles a los jóvenes “la historia como es”.

Advirtió que no todo es “el libre mercado”, sino que “la educación es lo que nos va a dar la posibilidad de una sociedad ascendente”. Sostuvo que la situación universitaria “está en una situación crítica”, habló de problemas de infraestructura, pero también la necesidad de inversiones para laboratorios, aulas y bibliotecas. También alertó sobre las dificultades de los docentes, la falta de recursos para becas para sectores humildes, pero también hizo observaciones sobre la calidad educativa. En ese sentido cuestionó la creación de nuevas universidades en tiempos del kirchnerismo, reclamando “un gran debate sobre cómo vamos a seguir creando las instituciones universitarias”.

En el cierre de Unión por la Patria, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti aseveró: “Espero que todas las palabras que escuchamos de la movilidad social ascendente no sean palabras que se lleve el viento y no solo en el veto, sino en el recorte que habrá en el presupuesto”. “Que no se las lleve el viento por una rotonda o por un puente”, ironizó.

En alusión a lo ocurrido en la Cámara baja con la fórmula previsional y dando por hecho que esta sanción será vetada por el presidente Javier Milei, la mendocina cuestionó que “las palabras de algunos legisladores cambian de una semana a la otra”, pero auguró: “Veremos en unas semanas si la palabra de los legisladores tiene que ver con los hechos o no”.

Para culminar su intervención, la senadora reiteró que “la igualdad de oportunidades es salir de la misma largada que los demás y eso es con una universidad que te dé la posibilidad de progresar”. “La verdadera libertad es cuando uno tiene la misma bandera de salida que el resto de la Nación”, concluyó.

Cerró la lista de oradores el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, que aseguró que para el oficialismo “la educación pública es sumamente importante”, pero aclaró que al llegar al Gobierno “a los docentes se les debían tres meses: octubre, noviembre y diciembre”. El Gobierno se puso al día, recordó, asegurando que actualizaron el presupuesto de las universidades en el 70%, algo que no se hacía desde 2022.

Con ello consideró que queda demostrado que al Gobierno le interesa realmente la educación, “y no somos un relato”. Habló luego del “desmanejo” del año anterior, electoral, y de “silencios cómplices”.

Atauche aseguró que la última paritaria había cerrado con cero por ciento de aumento, a pesar del 200% de inflación. “En agosto, Massa recortó el presupuesto universitario en 70 mil millones de pesos; y tuvo la complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario. Nadie lo abucheó, no hubo ninguna marcha… Qué capacidad de conseguir cómplices en un año electoral”, ironizó.

El senador jujeño pidió “decirles la verdad a los argentinos en un montón de cosas”. “Y todo este silencio hoy se convirtió en muchos reclamos de los mismos que siempre estuvieron callados y hoy salen a reclamar lo que no reclamaban antes”, remarcó. Según Atauche, los presupuestos universitarios “alcanzarían bien si se gastaran bien, y si no financiaran campañas políticas”.

Se inició a las 14.16 de este jueves la sesión ordinaria en el Senado en la que el oficialismo buscará conseguir la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que en ese caso volverá con cambios a la Cámara de Diputados; y, por otra parte, la sanción de la ley de financiamiento universitario, que el presidente Javier Milei anticipó correrá la misma suerte que la Movilidad Previsional: el veto.

La reunión de este jueves había sido convocada la semana pasada, luego que el oficialismo y los bloques dialoguistas acordaran postergar todo una semana más. Esto provocó el rechazo de Unión por la Patria, que el jueves pasado se hizo presente igualmente en el recinto y luego los senadores dieron una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.

Ya en el arranque de esta semana estuvo nuevamente en duda la realización de la sesión, pero este miércoles, tras una reunión en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de la oposición aliada, se llevó a cabo una nueva reunión de Labor Parlamentaria y se excluyó uno de los puntos del temario.

Sin embargo, en el inicio de la sesión, el interbloque Unión por la Patria, a través de su jefe de bancada José Mayans, solicitó una moción para incorporar al temario el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la SIDE. Posteriormente, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, propuso que se incorpore el decreto, pero como tercer tema de la jornada. La oposición más férrea acompañó la moción del radicalismo y así se introdujo el DNU.

El 21 de agosto pasado el decreto en cuestión tuvo el rechazo de la Cámara baja y correría la misma suerte en el Senado, donde para ellos requiere de mayoría simple. Si ocurre, sería la primera vez que el Congreso rechace en ambas cámaras un decreto de necesidad y urgencia.

Después de la cumbre en Casa de Gobierno, con Milei abocándose de nuevo a las negociaciones parlamentarias, se envió formalmente al Senado una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una "sesión secreta", con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los fondos asignados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados. Pero Mayans explicó este jueves que para su realización necesitan de dos tercios, y ellos no se prestarían.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos, una mayoría absoluta. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

En el caso de la BUP, el proyecto se había dictaminado en enero, pero quedó sin chances de tratarse en sesiones extraordinarias por no reunir los votos suficientes. Luego de un nuevo plenario de comisiones realizado días atrás, funcionarios del Poder Ejecutivo acercaron a los bloques dialoguistas un nuevo borrador. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. Pero en el Gobierno hay apuro para que los cambios se puedan implementar de cara las elecciones del año próximo.

En cuanto al financiamiento universitario -ley por la cual hay este jueves una marcha a favor en las afueras del Congreso- se trata de una iniciativa que fue aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos.

En momentos en que el presidente Javier Milei ha redoblado sus críticas al Poder Legislativo, las dos cámaras se aprestan esta semana a asestarle mandobles que resentirán sin lugar a dudas más la ya de por sí frágil relación.

Prueba de lo complicado que es el relacionamiento que el primer mandatario ha elegido para con el Congreso, vale cualquier discurso que brinde en el momento que sea. En todos desgrana un sinnúmero de críticas con epítetos de todo calibre. Vale como muestra esta frase emitida por Milei en el exCCK el jueves pasado: “Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años que cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.

Independientemente de esa resolución sobre un espacio que él mismo habitó junto a quien sería finalmente su compañera de fórmula en las elecciones, durante dos años completos, está claro que la oposición no está haciendo otra cosa que cumplir con lo que anticipó una vez brindó los votos para aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal: retomar su agenda propia.

Hablamos, claro está, de aquella oposición denominada “colaborativa”, pues la de Unión por la Patria en ningún momento se alineó, ni se espera que lo haga, con alguna de las políticas implementadas por la administración libertaria. Es, ni más ni menos, que la postura que asumió entre 2019 y 2023 lo que se conocía como Juntos por el Cambio, razón por la cual nadie debería rasgarse las vestiduras por el tipo de oposición que hoy ejercen los bloques conducidos por José Mayans y Germán Martínez, en cada una de las cámaras.

De cómo ahora lo que fue JxC termina votando en ocasiones con Unión por la Patria hay diversas explicaciones y matices. Aun cuando el mismo Pro aparece ejerciendo ese tipo de actitudes.

De hecho, el partido de Mauricio Macri dijo en su momento, promediando el debate de Bases y visto el relacionamiento del propio Milei con el principal partido aliado, que pasada esa instancia ellos mismos comenzarían a mostrar una conducta más autónoma.

Todas las estaciones de esta relación tan especial entre el oficialismo y la oposición más cercana se vieron en la semana negra que tuvo el oficialismo, cuando en tres días consecutivos recibió derrotas en comisiones y recintos. Martes: Bicameral de Inteligencia, con la elección de Martín Lousteau. Miércoles: aprobación con 2/3 de la ley Financiamiento Universitario, con votos del Pro. Jueves: el Senado convirtió en ley el proyecto sobre Movilidad Previsional, también con 2/3 de los votos.

Ahora el oficialismo se apresta a tener otra semana muy complicada en materia legislativa. Aunque tal vez consiga contener una de las tres derrotas que podría llegar a sufrir, con lo cual podría compensar su pesar y dar un mensaje hacia el Poder Legislativo y los mercados.

La sesión del jueves en el Senado ya ha sido oficializada. De hecho, debió haber sido la semana que pasó, miércoles o jueves, pero el oficialismo consiguió ganar tiempo. Se verá si consigue algo más que eso, pero lo cierto es que ese respiro debe atribuírselo a la cuestionada internamente Victoria Villarruel, que primero consiguió evitar la sesión para el miércoles y luego puso en punto muerto la convocada individualmente por Unión por la Patria para el día siguiente.

No podía resistir más y por eso este jueves a partir de las 14 deberá enfrentar lo que a todas luces aparece como dos traspiés seguros. La oposición conseguirá convertir en ley -seguramente con dos tercios de los presentes-  la media sanción proveniente de Diputados del Financiamiento de las Universidades Nacionales. Un tema sobre el cual el presidente no ha anunciado abiertamente el veto que muchos ya dan por seguro y juran haberlo escuchado al propio Milei anticiparlo, pero que el Gobierno resiste. Y después, será el turno del decreto de necesidad y urgencia N° 656/24, que asigna adicionalmente al Presupuesto General de la Administración Nacional fondos destinados a la SIDE para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Ese tema figura tercero en el temario de esa sesión del jueves 12 de septiembre, fecha que quedará en la historia como la primera vez en que el Congreso le rechazó un DNU a un gobierno.

Estas derrotas buscará el oficialismo matizarlas con la aprobación de un tema no menor, como es la Boleta Única de Papel, que será con modificaciones, por lo que deberá volver a Diputados, pero con garantías de aprobación. Antes, deberá asegurarse el oficialismo de que están los votos para conseguir aprobar este texto que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral), cosa que hasta la última semana no estaba garantizada.

Un día antes, toda la atención estará puesta en Diputados, donde un conglomerado opositor ha pedido a partir de las 10 de la mañana una sesión para tratar sin dictamen el veto presidencial del lunes pasado contra la Ley de Movilidad Previsional. En el pedido de sesión figura el radicalismo en todas sus versiones, diputados de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros, pero a los que se sumarán automáticamente los diputados de Unión por la Patria, con lo que está garantizado el quórum para arrancar.

Después vienen dos votaciones para las que la oposición necesitará 2/3. Primero, para el tratamiento sobre tablas de ese tema que no ha pasado por las comisiones correspondientes (Previsión Social y Presupuesto y Hacienda); después, para vetar. Si no se consigue esa sumatoria de votos, el veto queda vigente y fin de la historia. Si la oposición lo logra, debe pasar por el Senado, que por composición le da más garantías a esa oposición que quiere voltear el veto.

¿Qué tan sólida está la oposición en este tema? No tanto, advierten desde los sectores convocantes. Una diputada del radicalismo que bajará a dar quórum y está dispuesta a votar contra el veto aclaraba ante este medio el jueves pasado que creía que entre 6 y 8 diputados están reticentes al rechazo. Y podrían expresarlo con el voto o con la ausencia, que es tan importante como la otra alternativa.

Se sabe que el Gobierno está trabajando sobre los gobernadores para garantizar “que bajen diputados de la sesión al menos”. Se verá el poder de convencimiento que hay en este tema emblemático, que podía llegar a dejar un mensaje contundente para propios y extraños y alcanzaría también a compensar en alguna medida los traspiés del día siguiente.

A priori, los números están muy finitos, sobre todo para el miércoles, pero será para alquilar balcones… o al menos reservarse desde temprano un lugar en los palcos de ambos recintos para esas sesiones que serán -sin exagerar, por los motivos expuestos- históricas.

El interbloque de Unión por la Patria de Senado anunció que este jueves a las 14 bajará al recinto, tras haber pedido a la Secretaría Parlamentaria que garantice el funcionamiento del recinto para tratar el proyecto de financiamiento universitario y el DNU de los fondos de la SIDE.

“Esperamos poder contar con la presencia de los otros bloques para poder darle repuesta a todos las universidades del país y ponerle un punto final al despilfarro que hizo este Gobierno con los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia”, expresaron a este medio miembros de la bancada UP.

Mientras tanto enviaron una nota a la presidente del Cuerpo, Victoria Villarruel, argumentaron una serie de cuestiones reglamentarias que justificarían su pedido. A juicio del bloque que conduce José Mayans, considerando que “en el plenario de Labor Parlamentaria no se ha logrado acuerdo, ni se ha distribuido el plan de Labor en los plazos reglamentariamente previstos, venimos por la presente a informarle nuestra voluntad de celebrar una sesión ordinaria el día jueves 5 de septiembre y a formular una propuesta sobre los temas a tratar”.

En tal sentido requirieron a la titular del Cuerpo arbitrar los medios necesarios en orden a garantizar las condiciones necesarias para la celebración de una sesión ordinaria a celebrarse a  partir de las 14 horas de este jueves.

El temario de esa sesión pedida incluye solamente el financiamiento de Universidades Nacionales y el tratamiento del DNU 656/24 que asigna adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional fondos destinados a la SIDE.

De acuerdo con lo convenido este miércoles en la reunión de Labor, UP no tendría número para sesionar. Aunque estaría cerca, si ellos tienen listos a sus 33 senadores para sentarse en sus bancas. Como sea, la movida les servirá para exponer al resto de la oposición si no los acompaña.

En efecto, desde Unión por la Patria, llaman a tratar “estos dos temas que nos parece que son fundamentales para la Nación” y consideran que “hay que fijar posicionamiento y esperemos que también nos acompañen todos aquellos que dicen defender la educación pública y que también se sienten indignados por este financiamiento de 100 mil millones de pesos a la SIDE cuando sabemos lo que está pasando con los jubilados y toda la gente que la está pasando mal en la Argentina”, señaló la senadora Anabel Fernández Sagasti.