A días de la masiva Marcha Federal Universitaria, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) difundió un reciente informe en el que se alerta sobre “graves deficiencias” en la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE).

El documento fue dado a conocer por el auditor general de Unión por la Patria (UP), Lisandro Teszkiewicz, quien indicó que “la UEICEE creada en 2014, se presentó como solución a los problemas del sistema educativo de la Ciudad, mientras que la oposición apuntaba a valorar el conocimiento profesional de los trabajadores de las áreas de evaluación y estadística, ya existentes en el Ministerio. Casi una década después y a la luz de la información del informe, no parece haber sido aquello que prometió sino más bien cáscara vacía o vaciada”.

El informe detalla las “alarmantes falencias encontradas”, como la falta de acreditación de la Coordinación General de Investigación Educativa y la “ausencia de informes de resultados en actividades cruciales en la evaluación educativa”. Además, en el texto se sostiene que “se observó que en algunos de los casos no se cuenta con los informes de resultados, lo que impide contar con el producto final de las mismas”. Es decir que no fue posible constatar la realización de “actividades de investigación en el organismo y no se cuenta con informes de las evaluaciones que se llevan a cabo en las escuelas”.

Según sostuvo el peronista, “esto conlleva a que es imposible indicar que el organismo esté cumpliendo con los objetivos establecidos por el artículo tercero de la ley que la creó, lo que deja al descubierto una falta de herramientas para la planificación y evaluación de políticas educativas por parte del Ministerio de Educación. Entre los que se encuentran: orientar las políticas educativas, producir información transparente y confiable del sistema educativo”.

“Las irregularidades internas también son preocupantes. Se observó la falta de sesiones del Consejo Consultivo y del no cumplimiento del decreto 514/14 por parte del Comité Científico Académico. Este decreto establece que el Comité debe realizar sesiones por lo menos tres veces por año. Además, se suma la omisión del concurso público para la designación del director ejecutivo”, continuó Teszkiewicz.

Sobre esa misma línea, el auditor agregó que “este accionar, por parte de la gestión del Pro parece ser la norma ya que la misma práctica de obviar concursos se repitió en la Universidad de la Ciudad, según el respectivo informe de auditoría publicado en abril de 2023”.

“Por otra parte, el informe expone falta de transparencia en la información al público de su página web. No cuenta con manuales de procedimientos para la coordinación, dirección, evaluación y control administrativo de las actividades del organismo. Asimismo, del listado del personal remitido por la Subsecretaría de Gestión de RRHH, surgió que siete agentes no se encontraban anotados en la unidad. Con datos inconsistentes entre lo planificado y lo efectivamente realizado, evidencia una clara manipulación de la información”, remarcó el funcionario.

Finalmente, el auditor concluyó planteando que “esta discrecionalidad en el manejo de la información expone con claridad que al Pro nunca le interesó ni la investigación educativa, ni la estadística, y en consecuencia tampoco la educación. Manipulan la información para tapar las enormes falencias de un sistema educativo porteño que no ha dejado de deteriorarse en las casi dos décadas de gobierno de este oficialismo”.

El auditor general de Unión por la Patria (UP), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires referido a la situación del sistema de mantenimiento edilicio de las escuelas de la CABA (Plan SIGMA), en el que se advierte sobre falencias en el mantenimiento de las escuelas relevadas y una sucesión de problemas en cada uno de los edificios.

Asimismo, el documento sostiene que existen tareas que deben cumplirse y registros donde aparecen cumplidas, pero la evidencia en los lugares registra que, o no se han hecho, o se hicieron de forma deficiente.

En ese sentido, Teszkiewicz explicó que “el informe muestra que enfrentamos serios riesgos para la integridad física de la comunidad educativa. Por ejemplo, en el Lenguas Vivas ‘Juan Ramón Fernández’, no funcionan las alarmas, las barras de puertas de emergencia, los detectores de humo, ni el sistema de bombeo para las mangueras y tampoco funcionan los nichos hidrantes. El panorama es realmente grave”.

“En otro establecimiento ubicado en la Comuna 10, se observó falta de pintura, mantenimiento y metales oxidados. Se reemplazaron cortinas de enrollar (originales de madera) por aluminio crudo, corredizas (de inferior calidad). La tendencia es reemplazar materiales originales por materiales de dudosa calidad. Las propias empresas incumplen las tareas de mantenimiento y luego facturan los trabajos aparte mediante las denominadas TOM (trabajos de obra de mantenimiento menor)”, continuó el auditor.

Al mismo tiempo que remarcó que “otra evidencia de la falta de control es la ausencia de planos originales de varios edificios, por lo que no se puede saber las condiciones en que las empresas concesionarias los recibieron ni la cantidad de metros cuadrados sobre los que se calculan los pagos” y recordó que en el documento se sostiene que “no se presentaron los registros correspondientes a ampliaciones y/o modificaciones ejecutadas en los edificios… no posee plano proyecto original aprobado conforme a obra en Avisos/permisos/modificaciones aprobadas y planos actualizados de los edificios: Benito Juárez 2702; Larrea 854; Av. Carabobo 286; Carlos Pellegrini 1515; y Edificio Av. Lisandro de la Torre 2288”.

Cabe señalar que la Dirección General Mantenimiento Escolar no designó un responsable ante la Agencia Gubernamental de Control (AGC) para atender temas relacionados con el mantenimiento edilicio en las escuelas, además la AGC no realizó inspecciones en el año auditado.

Por lo que el auditor peronista informó que “es indignante que el 13% de los ascensores fueron rechazados por las empresas de conservación, es decir, no tenían mantenimiento al momento de realizarse el informe, sin que el gobierno lo resuelva. Lo mismo pasa con el 27% de las instalaciones contra incendios. Esto es gravísimo”.

El informe aclara las dificultades para ingresar al sistema informático para las autoridades y el incumplimiento por parte de las empresas sobre el registro mensual de servicios de electricidad, gas y agua corriente. Esto es crucial para relevar las necesidades de cada edificio y evitar insuficiencia de los servicios.

“Todos los años al auditar el Plan SIGMA queda claro que la precariedad administrativa con la que se llevan a cabo los trabajos, el control deficiente sobre las empresas que prestan el servicio y el deterioro de las condiciones de los edificios demuestran que lejos de intentar mejorar la situación edilicia, desde que asumió el primer Macri hace 16 años lo único que quieren hacer son negocios con los edificios escolares. La Ciudad tiene una enorme cantidad de dinero, pero no le alcanza para que las niñas y niños vayan a escuelas decentes, o eso nos quieren hacer creer”, completó Teszkiewicz.

El auditor por el bloque Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se advierte sobre una serie de “fallas de control sobre las tareas de mantenimiento integral de edificios de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad”.

Según se desprende del documento, con un presupuesto de más de 1,6 mil millones de pesos, se atendieron 37 obras y contrataciones de trabajos y servicios, en las que se detectó la existencia de “falencias en el control, en virtud de no tener respaldo documentado y de la imposibilidad de acceder al sistema de registro e historial de órdenes de trabajo mediante el sistema de software denominado Sistema de órdenes de trabajo (SGOT)”.

En ese sentido, el auditor planteó que “por supuestas razones de seguridad, nos restringieron el acceso al material que se encuentra incorporado al sistema de órdenes de trabajo, negándole al equipo auditor clave de usuario, pero el material estaba en los servidores de la empresa de Telecom que fueron hackeados, según nos informó la propia Policía de la Ciudad”.

“Entonces guardan la información en sitios inseguros, pero por seguridad no nos dejan que la controlemos, si no fuera trágico, sería gracioso, pero no es más que una nueva muestra del desprecio del Gobierno de Larreta y Macri por las políticas de transparencia y control de gestión”, añadió.

Sobre esa misma línea, Teszkiewicz señaló que “se detectaron falencias y debilidades en el control interno, como incumplimientos respecto de lo dispuesto en los pliegos de condiciones que rigen las licitaciones del Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de los Edificios de la Policía de la Ciudad”.

“Parece mentira que la regla sea el no cumplimiento de los pliegos y la falta de respaldo documentado sobre los sistemas electrónicos que además presentan problemas de ciberseguridad. La policía de la Ciudad carece de una organización adecuada y esto es un grave peligro para los y las porteñas”, completó.

El auditor de Peronismo por la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe de la Auditoría General porteño en el cual se reveló una serie de deficiencias en la administración y ejecución del Programa Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), el cual tiene como objetivo impulsar la inclusión de las personas en situación de pobreza y con problemáticas de empleo, a través de la capacitación en oficios y un espacio de tutorías.

El informe en cuestión advierte sobre la ausencia de mecanismos adecuados de difusión para las convocatorias, que garanticen la concurrencia de aquellas personas interesadas en presentar proyectos para ser seleccionadas como Instituciones Capacitadoras, así como la falta de criterios claros para determinar la contraprestación monetaria a las instituciones capacitadoras.

Ante esta situación, Teszkiewicz explicó que “en algunos programas ni siquiera detallan la cantidad de docentes por participantes o las vacantes disponibles”.

Asimismo, el funcionario aseveró que “el 12% de los convenios firmados con privados fueron imputados de manera incorrecta lo que significa un desvío de fondos por más de 17,4 millones de pesos hacia actividades distintas de las del programa, esto es que el Gobierno porteño desfinancia lo que la Legislatura sancionó para inclusión laboral y lo destina a otros fines”.

Por otra parte, documento también pone en relieve la falta de una estructura organizacional definida deja sin asignar las responsabilidades de la ejecución y rendición de cuentas de los resultados del programa y genera debilidades en el control interno. “No hay información que permita corroborar que las organizaciones firmantes cuentan con plantel docente y con infraestructura adecuada para el dictado de los cursos. No podemos saber si los cursos tienen efectividad e impacto entre la población o siquiera si se dictaron”, añadió.

Siguiendo la línea de los problemas relacionados con la supervisión y evaluación de los proyectos institucionales, Teszkiewicz resalta:  “no hay información que permita corroborar que las organizaciones firmantes cuentan con plantel docente y con infraestructura adecuada para el dictado de los cursos. No podemos saber si los cursos tienen efectividad e impacto entre la población o siquiera si se dictaron”.

“Si ya teníamos un ambiente con problemas de control interno y desvíos de fondos, ahora el Gobierno de la Ciudad agrava la situación, este año el programa no tiene transferencias para financiamiento, por lo que tampoco se sabe si va a continuar, además aparecen otros dos programas con casi los mismos objetivos a los que si le dan presupuesto”, agregó.

Finalmente, Teszkiewicz concluyó aseverando que “en un contexto donde el desempleo y la pobreza se incrementan queda claro que para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, la inclusión laboral no fue ni es prioritaria”.

El auditor general Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se advierte acerca de una serie de fallas en la administración, la gestión de los recursos humanos y el manejo del presupuesto en la Carrera Docente.

Cabe recordar que esta área estratégica tiene como función principal gestionar las tareas de capacitación docente y administrar los concursos.

“El informe sobre Carrera Docente expone claramente la falta de interés del oficialismo respecto del cuidado de la capacitación docente y el desarrollo de una carrera profesional, más allá de sus discursos. Critican a los docentes, pero no les brindan las condiciones básicas para desarrollar una carrera profesional acorde con las necesidades de un sistema educativo sólido”, aseveró Teszkiewicz.

En ese sentido, consideró que “las fallas y los silencios en la falta de información adecuada, expuestos en el informe muestran serios desmanejos de cuestiones administrativas sensibles que afectan la eficiencia en la utilización de los recursos del área”.

Es que, de acuerdo al informe, se encontraron fallas respecto del manejo presupuestal, como la falta de transparencia que no respetarían la normativa que establece los mecanismos para la realización de modificaciones presupuestarias. Por ejemplo, sobre 22 actos administrativos de modificación presupuestaria correspondiente al programa Carrera Docente, no fueron publicados 12. De la misma manera, no fueron publicados cuatro actos administrativos sobre 8 en el Programa COREAP (Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales).

Por otra parte, se resaltan dos cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Por un lado, el informe indica la imposibilidad de tener indicadores respecto al tema, esto es porque el organismo no aportó la información solicitada de las plantas orgánicas funcionales, para tal fin. Por el otro, se detectaron “fuertes inconsistencias” respecto del personal afectado. Se observó la liquidación de haberes de trescientos veintidós agentes, pero la Subsecretaría de Carrera Docente contestó que ellos no respaldaron esa decisión.

En lo que respecta a la utilización de recursos, el documento sostiene que se transfirió 65.086.080 pesos a seis cooperativas para las rutinas de mantenimiento de las escuelas con empresas adjudicadas por la DGMESC (Dirección General de Mantenimiento Escolar) para el mantenimiento preventivo y correctivo de los establecimientos escolares de gestión estatal. Esto significa que por las mismas acciones de mantenimiento se distribuyen dos servicios que se superponen en sus funciones.

En cuanto a la capacitación docente, el informe detalla una tendencia hacia cursos no directamente relacionados con las disciplinas académicas, con una inclinación hacia temas administrativos, tecnológicos y enfoques institucionales alternativos. “Algunos datos generan dudas sobre la profundidad de estos cursos, como el caso de agentes que realizan cantidades de cursos en un año”, advirtió el auditor.

“Estas deficiencias son preocupantes en un contexto donde la capacitación docente requiere seriedad y solidez académica, especialmente si se pretende dar más peso a la formación en la valoración de los docentes para ascensos e incentivos salariales. La propuesta del Ministerio de Educación parece carecer de estos elementos fundamentales, lo que podría convertir la carrera docente en una mera formalidad en lugar de promover la excelencia en la formación”, completó Teszkiewicz.

El auditor porteño del Frente de Todos (FdT) Lisandro Teszkiewicz se refirió a un reciente informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad sobre el programa “Pase Cultural” y advirtió que solo se destinan 192 pesos por persona, por lo que no se logaría cumplir con el objetivo del mismo.

Es que desde que fue creado, el “Pase Cultural” persigue la finalidad de fomentar el consumo cultural entre estudiantes secundarios y docentes de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad brindando la posibilidad de adquirir bienes y servicios culturales a través de una tarjeta o la entrega de entradas. No obstante, el auditor explicó que “de acuerdo con las condiciones y pautas establecidas revela las debilidades de una gestión que ahogando presupuestariamente el programa y por sus ineficiencias no cumple con los objetivos planteados”.

En ese sentido, el funcionario indicó que “sería una broma de mal gusto si no resultara indignante que Horacio Rodríguez Larreta nos diga que fomenta los consumos culturales a través de este programa, cuando del presupuesto más grande del país destina solo 44 millones para atender a una matrícula de aproximadamente 203 mil alumnos secundarios y 26 mil docentes a razón de tan solo 192 por persona, que alguien me explique cómo puede disfrutarse cualquier actividad cultural por solo 192 pesos en esta Ciudad”.

“Pero la ineficiencia de Rodríguez Larreta no se queda solo en el ahogo presupuestario, en el informe se identificaron otras debilidades en el programa, entre las que se destacan la falta de planificación estratégica en cuanto a los recursos humanos, la falta de confiabilidad en la información estadística y la inconsistencia en la definición y presupuesto del programa”, agregó Teszkiewicz, quien además planteó que “la falta de una metodología objetiva para la inclusión de comercios y espacios culturales en el programa, demuestra que también en el acceso a la cultura existe el club de amigos de Horacio Rodríguez Larreta que lucra con la selección de los beneficiarios y en la distribución de los recursos”.

Al abordar las conclusiones del informe, el auditor advirtió que “resulta evidente que la gestión actual no solo es ineficiente en proporcionar acceso equitativo y transparente a la cultura de calidad para toda la población, si no que la abandona a su suerte utilizando los recursos presupuestarios para financiar a sus amigos y la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”.

“Esta estrategia de imagen, donde Larreta busca proyectar una imagen positiva y eficiente de la gestión, usando programas y acciones que no cumplen con sus objetivos, busca utilizar a la Cultura y la Educación como herramientas de marketing político, cuando la realidad demuestra una administración oscura e ineficiente que priva a estudiantes y docentes de sus derechos”, concluyó el auditor peronista.

El auditor por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe de la Auditoría General porteña que evaluó la ejecución presupuestaria del “Plan de Saneamiento Ambiental del GCBA (1° Y 2° Semestres) 2020”, el cual arrojó como resultado que el Ejecutivo local desvía el 64,46% de los fondos destinados al saneamiento del Riachuelo.

De acuerdo al informe existe una falta de consistencia en los criterios aplicados para definir cuáles son las partidas que se incluyen cuando la Dirección General de Presupuesto y Ejecución Presupuestaria de la ACUMAR (DGPEM) confecciona el Plan Integral de Saneamiento Ambiental y no consta la inclusión de parámetros que den cuenta del avance físico de las acciones planificadas para el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo.

En relación con el “Monitoreo de Calidad de Agua, Aire y Sedimento” y “Limpieza de Márgenes y Camino de Sirga”, en lo referido a las obras públicas construidas en el ámbito o territorio de la CMR, por orden judicial se concluye que la situación inicial de contaminación expuesta en la denominada “Causa Mendoza”, requiere por parte del Estado la continua ejecución de estudios y tareas sobre los predios ubicados en la delimitación topográfica de la Cuenca Hidrográfica Del Río Matanza-Riachuelo y sus linderos. Esto tiene como fin conocer la situación de contaminación ambiental y así planificar el saneamiento y/o recomposición de los distintos recursos y elementos afectados (agua, aire, suelo y sedimentos).

A su turno el informe de la auditoría porteña sostiene que del Plan Integral de Saneamiento Ambiental se verifica que no alcanza el objetivo dispuesto por la CSJN en la manda judicial que obliga a ACUMAR y las jurisdicciones relativas a la “Recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo)”.

Respecto de esta situación, Teszkiewicz afirmó que “a la inacción para resolver los gravísimos problemas de los habitantes de la Cuenca del Riachuelo, que van desde la necesidad de relocalizar sus viviendas, hasta el control de las enfermedades producidas por el plomo, Horacio Rodríguez Larreta, le agrega gravísimas irregularidades en el manejo del presupuesto y su ejecución, la Legislatura porteña decidió destinar  5.805.534.794 de pesos al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, pero un 64,46% de los fondos fueron desviados a otros gastos, es decir que de poco menos de 6 mil millones la Ciudad desvió 3.742.336.378 de pesos”.

Además aseveró que “la relocalización de las familias que viven a la vera del Riachuelo no solo es una orden judicial sino que es una necesidad sanitaria urgente. Según informa el propio IVC las últimas soluciones habitacionales fueron entregadas hace más de diez años (en 2012) y dejaron al 40% de las familias ya censadas en aquel momento sin una respuesta” e insistió en que “los barrios ‘El Pueblito’, ‘Magaldi’, ‘Luján’ y ‘Lamadrid’ siguen sin acceder a una solución integral y completa de su problemática habitacional, y parte de sus habitantes siguen expuestos a la contaminación y las enfermedades”.

“El Gobierno de ni siquiera cumple los plazos pactados para la realización de las transferencias correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, por un total de 31.000.000 de pesos”, señaló.

Al mismo tiempo que remarcó: “no se puede evaluar si resultó efectiva la reasignación de recursos del Fondo de Compensación Ambiental al Programa Camino de Sirga por 30.000.000 pesos, por la escandalosa sub ejecución, que llega al 34% de los créditos, y porque parte de las obras ya se habían realizado antes de firmarse el Convenio de Compensación”.

Sobre esa misma línea, Teszkiewicz precisó que las Actividades de Salud Ambiental se registraron solo en un 13,33% de los Programas de los Efectores de Salud Primaria (CESAC) que se encuentran ubicados dentro de los límites de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR). A lo que el auditor peronista agregó que “es inconcebible que no se hayan determinaron los parámetros de calidad a cumplir en el corto, mediano y largo plazo para los componentes aire, sedimento y suelo”.

“La Agencia de Control Ambiental no realiza tareas para el monitoreo de la calidad de suelos dentro de los límites de un territorio declarado judicialmente como contaminado, por lo que no podemos saber grado de contaminación donde se realiza una obra pública como es Camino de Sirga, es decir que Rodríguez Larreta no solo no cumple con el saneamiento, sino que hace obras sobre suelo contaminado y sin control”, destacó.

Por lo que concluyó señalando que “está claro nuevamente que para Rodríguez Larreta Ciudad Verde es un slogan y una campaña publicitaria, no acciones de gobierno. Cuando vamos a ver que hizo la ciudad más rica del país para atender el mayor foco de contaminación nos encontramos que hizo lo mismo que Larreta hace en todos lados, sub ejecución, desvíos de fondos, más una década sin soluciones habitacionales para las familias y abandono a los enfermos a quienes ni siquiera controlan el plomo en sangre”.

El auditor del Frente de Todos (FdT) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se da cuenta de “la falta de normativa y procedimientos operativos para las actividades del Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans (PITT), la Red Diversa, Casa Trans y Casa Orgullo, lo que implica que no se cumplan sus objetivos”.

En ese sentido, el informe describe falencias en materia de rendición de cuentas, ya que la normativa establecida por el Gobierno de la Ciudad para la tramitación de subsidios destinados a las organizaciones del colectivo LGBTIQ+ carece de los principios básicos para la rendición del subsidio otorgado. En particular, los expedientes electrónicos presentaron defectos en relación a los requisitos sobre la documentación requerida y el circuito de tramitación de los subsidios para las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+. Además, se encontró que el 42% de los actos administrativos aprobatorios de las modificaciones presupuestarias no habían sido publicados.

Atento a esta situación Teszkiewicz afirmó que “en nuestro informe se relevó que el programa recibió más de 700 CV desde su creación en el 2017, pero hasta la fecha sólo se incluyeron laboralmente a 100 personas, tanto en el ámbito privado como público, lo que resulta un número bastante irrespetuoso para las necesidades del colectivo, parece un insulto que con el presupuesto millonario que maneja Larreta en publicidad haya alcanzado a menos de mil personas con la propuesta de ingresar al programa, y no le haya podido resolver la inclusión laboral de más de cien”.

En cuanto a la Red Diversa, según la página web “cuenta con 100 integrantes de distintas áreas del gobierno. Este grupo incluye tanto personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ+, como todas aquellas que se encuentran comprometidas con la diversidad, la inserción e inclusión laboral y la visibilización del colectivo LGBTIQ”.

Además el auditor peronista advirtió que “en nuestro relevamiento descubrimos que sólo hubo 8 encuentros y 3 capacitaciones, lo que nuevamente es irrisorio frente a las dimensiones del desafío, una vez más se demuestra que el gobierno de Rodríguez Larreta, utiliza la temática sólo para su PROpaganda, sin dar soluciones y desarrollar políticas públicas serias y sostenibles”.

Al mismo tiempo que consideró que la falta de control interno presenta serias limitaciones para saber si se cumplen con los objetivos del programa y si se vulneran los derechos de la comunidad. “Esta auditoría sea un llamado de atención para que se tomen medidas y se implementen los cambios necesarios para garantizar la efectividad de este importante programa en la Ciudad de Buenos Aires”, continuó con su análisis el auditor del peronismo por la Ciudad.

“El procedimiento para las denuncias no cuenta con la definición de la derivación de las mismas, requisito formal para su efectivo tratamiento. En este contexto se carece de sistemas, procesos y procedimientos que permitan efectuar actividades de control externos a la gestión en los casos de denuncias reservadas que tramitan en el marco de la ley antidiscriminación y que salvaguarden la identidad de los involucrados. Asimismo, se ha observado la ausencia de un servicio legal específico para el abordaje de la ley antidiscriminación”, advirtió.

Sobre esa misma línea, Teszkiewicz afirmó que “es urgente y prioritario que el gobierno porteño tome en cuenta las graves fallas y deficiencias en su gestión, en materia de Diversidad y Género, las cuales vulneran los derechos de la población LGBTIQ+. Para Larreta este colectivo es tan poco importante que el Programa Integral de Promoción de Derechos LGBTIQ+, está en responsabilidad de una Subsecretaría que depende de la vicejefatura de Gobierno, en una ciudad donde el vicejefe de gobierno renunció para irse a hacer campaña a la Provincia de Buenos Aires”.

“Es hora que la ciudad más rica del país, que suele hacer gala de una diversidad cultural resaltante en el mundo, se haga cargo de sus responsabilidades con el colectivo LGBTIQ+ gestionando y financiando verdaderamente, que favorezcan la integración social, económica y laboral de su población, así como el acceso a la educación, a la salud y a todos los derechos ciudadanos que debería garantizar una democracia plena”, sentenció.

El auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe publicado por la Auditoría General porteña, expone irregularidades encontradas en la gestión del proyecto “Provisión de Agua Potable a Población Vulnerable” que depende del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

En ese sentido, el auditor destacó “la provisión de agua se lleva a cabo en camiones cisterna, privados, contratados a la empresa Ashira S.A., que no tienen claro cuáles  barrios deben ser asistidos y si se atienden de forma regular o eventual por no existir un cálculo exacto, de parte del IVC, ya que el programa no cuenta con profesionales especializados para realizar estudios de diagnóstico físicos” y remarcó que “parece mentira que la Ciudad más rica del país le lleve a parte de su población agua corriente en camiones, facturados por una empresa amiga del Jefe de Gobierno, en vez de hacer las inversiones necesarias para que el agua corriente llegue a todas y todos los porteños”.

Al mismo tiempo que informó que “el sistema de reparto de agua en camiones nos retrotrae a la época de la colonia cuando pasaba el aguatero; repartir agua en cisternas es un servicio paliativo y contingente, que no debería ser tomada como una política estable, es escandaloso que Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore (ministra de Desarrollo Social) y Christian Werle (presidente del IVC) en vez de llevar agua corriente a las y los vecinos, se gasten la plata en pagar los camiones de una empresa amiga”.

Asimismo detalló que la Ciudad no cuenta con un adecuado sistema de registro y seguimiento de los reclamos de los habitantes de los barrios “parece mentira que los reclamos de las y los vecinos solo los registran en una planilla Excel, a la que pomposamente llaman “base de datos de call center”, que cuando la vas a leer esta incompleta y que permite que cualquiera modifique o elimine reclamos, sumando que no le dan a los vecinos constancias de los reclamos y entonces no se puede hacer un  seguimiento de si los resuelven o no”.

“El colmo es que no se producen diagnósticos físicos, informes o mapeos sobre las zonas geográficas atendidas ni sobre las problemáticas socio habitacionales, entonces no podemos saber cuáles de los servicios no pudieron ser satisfechos ni que barrios están más afectados. Ya de por sí es indignante que Larreta reparta agua como en la colonia, pero que ni siquiera haya una planificación o una evaluación de si esos camiones, que contratan Migliore y Werler, le llegan a la gente. Así atendieron la pandemia y por eso tuvimos las situaciones que tuvimos en los barrios populares”, continuó Teszkiewicz.

Sobre esa misma línea, el auditor informó que “en la auditoría se detectó entre otras cosas, que no se encontró registro de la certificación del origen de las muestras de agua, a pesar de que el Pliego lo establece como requisito indispensable para la certificación mensual del servicio”.

También explicó que “se trata de un análisis físico (químico y bacteriológico) efectuado en cada camión cisterna, por un laboratorio habilitado. La empresa tiene que presentar los certificados , y ¿con que nos encontramos?, con que no podemos determinar a qué camión y a qué toma de agua pertenece cada certificado, es decir que no podemos saber cuál fue la calidad del agua que recibió cada barrio”.

El informe en cuestión advierte sobre las irregularidades en la ejecución en la licitación, llegan hasta los montos pagados, ya que ampliaron el monto de contrato incumpliendo con la Ley Nº 6.301 (Emergencia Económica y Financiera por Covid) que se encontraba vigente en ese momento.

“Para Larreta todo es un negocio, hasta el agua que se necesita en los barrios populares, y que en vez de urbanizar y llevar agua corriente, reparte el agua como en 1810 en pleno Siglo XXI y en la ciudad más rica del país. Parece mentira que gestionando tan mal las mínimas necesidades de los porteños pretenda ser presidente. ¿Si no puede dar agua en esta ciudad, se imaginan cómo atendería la sequía en todo el país o le llevaría agua a las zonas desérticas?”, cerró.

Después de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejará un nuevo periodo de sesiones ordinarias y planteara que una de sus prioridades sería la educación, el auditor general por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, cargó con dureza contra el alcalde local.

En ese sentido, el auditor planteó que “Larreta es un mentiroso profesional, se la pasa diciendo que la educación es una prioridad, pero los informes de la Auditoría demuestran que la única prioridad que tienen él y Soledad Acuña es hacer negocios con sus empresas amigas y desviar fondos hacia los privados”.

Además hizo referencia a un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad que expone irregularidades en la gestión financiera de la Dirección General de Educación de Gestión Privada dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad. “Resulta patente en el informe el desprecio que la gestión de Acuña muestra hacia los organismos de control, cuando se niega a otorgar la información necesaria para identificar la matrícula de los y las alumnas de nivel inicial”, indicó.

“Eso impide determinar si se cumplen o no con las metas presupuestarias, o si la asignación de recursos es compatible con lo que marca la ley. Los obstáculos que enfrentan los auditores para acceder a información indispensable, demuestran el interés de Acuña y Larreta por esconder sus negociados”, continuó y precisó que “en el caso de los establecimientos de nivel inicial de Gestión Privada el apagón informativo que genera el ejecutivo es crucial porque el estado es quien paga a través de transferencias el sueldo de los docentes y a su vez estos se designan en las escuelas a partir de las matrículas. En el informe se puede observar que de la información suministrada ‘no surge la documentación respaldatoria que aprobara la planta orgánica funcional de establecimientos educativos’”.

A su vez, Teszkiewicz afirmó que “mientras Larreta hace discursos, el cierre repentino del ‘Centro Educativo Nuevo Horizonte’, es una muestra de la inoperancia e ineficiencia del Ministerio de Educación en materia de control e intervención” y alertó acerca de que “una vez más hemos podido comprobar que la falta de control hace del sistema educativo de gestión privada un agujero negro. Esto que está en los informes de Auditoría sale a la luz pública cuando se cierran instituciones que se manejan como emprendimientos comerciales sin ningún tipo de contralor por parte del estado, avasallando los derechos de los y las vecinas de la Ciudad señala el auditor peronista”.

Por otra parte, el auditor general agregó respecto de la apertura del ciclo lectivo 2023. “Esta inclinación hacia la educación privada fue palpable en la escenografía montada el día lunes para el inicio del ciclo lectivo 2023. Esa forma de ver un acto escolar como un momento de marketing es muy descriptiva del pensamiento que está detrás de las políticas educativas de esta gestión”, destacó.

Asimismo, señaló que cuando el jefe de Gobierno en la apertura de sesiones aseguró que en el 2007 el “sistema educativo estaba abandonado”, Teszkiewicz aseveró que “miente descaradamente porque la situación no era tal hasta la llegada de Mauricio Macri y Larreta, y cada informe de Auditoría va confirmando como las deficiencias de su gestión erosionan el nivel educativo, pero también, el desprecio por la educación en general, y la educación pública en particular, más allá de lo que declama”.

“En el análisis presupuestario queda claro que la prioridad de Larreta son los negocios y no la educación, en este 2023 destinara $ 62.887.407.674 (sesenta y dos mil ochocientos ochenta y siete millones cuatrocientos siete mil seiscientos setenta y cuatro pesos) en transferencias a la educación privada, lo que representa más de 7 veces y media el monto que dedicará a la infraestructura de las escuelas públicas, con poco más de 8 mil millones, sin contar con la baja de más de 10 puntos que sufrió el presupuesto educativo desde que Juntos por el Cambio llegó al Gobierno de la Ciudad”, completó.

El auditor general por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, difundió un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se revelaron diversas irregularidades sobre “Compra de Insumos del Ministerio de Salud durante la Emergencia Sanitaria”.

En el documento, el organismo advirtió acerca de la falta de control interno en la contratación y adjudicación a las empresas que ofrecen estos insumos, pago de sobreprecios y contrataciones con proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.

Al analizar la adquisición de barbijos vemos que inicialmente la firma CINMOR S.R.L. suministró barbijos tricapa de un solo uso, marca Dimex, por un valor de 35 pesos la unidad; pero luego fue tramitada la adquisición de los mismos barbijos, a través de otra firma que se presentaba como representante de CINMOR S.R.L., por un valor de 68 y 71 pesos, lo que representa un incremento del 94,29% y 104% sobre el valor original.

Respecto de esta situación, Teszkiewicz aseveró que “Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós habían conseguido barbijos por 35 pesos de una empresa proveedora habitual del estado -CINMOR S.R.L.-, pero decidieron no comprárselos de manera directa sino a través de una ‘representante comercial’ llamada Roitz S.A., la cual no está habilitada para contrato con el estado por incumplir con los requisitos administrativos del Registro de Proveedores de la Ciudad, y le hicieron dos compras, una primera a 68 pesos y la segunda provisión de 600 mil barbijos tricapa de un solo uso, por un valor de 71,40 pesos, es decir un 104% más caro que los 35 ofertados por CINMOR S.R.L.”.

Además consideró que “estos sobreprecios escandalosos deberían alcanzar para que el ministro tuviera que dar explicaciones, pero no son las únicas irregularidades encontradas en el informe, también pudimos verificar que parte de los expedientes fueron armados luego de que se hubieran hecho las compras, llegando a algunos donde ya se había ejecutado el 60% del contrato cuando se incorporaron los valores de referencia al expediente, lo que quiere decir que Larreta compra y paga sin saber cuánto cuestan las cosas”.

Sobre esa misma línea, Teszkiewicz recordó que “la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires llegó a decir en uno de ellos que no iba a ‘convalidar lo actuado’ porque en el proceso de contratación no se cumplió con el artículo 11 de la Ley N° 1.218, el mismo Astarloa que no se ponía colorado para renovar las concesiones de Grúas a 55 mil pesos, le dice a Larreta esto es demasiado y yo no lo firmo”.

 “¿Qué es lo que la Procuración de la Ciudad no quiere convalidar? Las compras directas de insumos médicos realizadas a EZAY S.R.L. que es una empresa que se dedica al ‘asesoramiento técnico en cambio de marca’, es decir al marketing de negocios, pero la Ciudad le compró insumos médicos, y esto es a lo que la Procuración dice ‘¿no será mucho?’ ”, añadió.

Asimismo indicó que “en  el propio expediente de la contratación directa el Área de Legales dice: ‘se deja constancia de que la empresa no posea habilitación como distribuidor de productos médicos’, no cualquiera puede vender insumos médicos, pero la Ciudad se los compró a una consultora de imagen y marca” y remarcó: “da la sensación que un club de amigos del Larretismo que tienen empresas, y tenían dólares frescos para invertir, salieron al mercado compraron los insumos que la Ciudad necesitaba para que Larreta se los compre a ellos con sobreprecios”, precisa el auditor opositor”.

Continuando con el análisis del informe de auditoría, Teszkiewicz agregó: “si sobreprecios, contratos con empresas no registradas como proveedores del estado, o compras de insumos médicos a consultoras de imagen no fueran suficientes para el escándalo, encontramos que la ciudad tenía vigentes cuatro contratos con proveedoras de barbijos y camisolines, que funcionaban como órdenes de compra abierta, a los que podía requerir que le provean estos barbijos a un precio que había sido acordado antes de la pandemia, y en vez de usar esas licitaciones, salió a realizar compras directas con precios que aumentan entre un 94% y un 104% los costos de la ciudad y que provocaron una demora en la entrega de los productos, de entre 28 y 46 días, cuando la necesidad era urgente”.

“La concepción del Larretismo, ‘donde hay una necesidad nace un negocio’, fue llevada al extremo durante la pandemia, y convirtieron la ley de Emergencia Económica, en un festival de negocios del Club de amigos de Horacio Rodríguez Larreta”, concluyó el auditor.

El auditor general por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe publicado por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se expone las irregularidades encontradas en la gestión del programa “Red Primeros Meses” de Ciudadanía Porteña.

El mencionado programa consiste en el acompañamiento económico y social a embarazadas o madres de niños de hasta un año que ya forman parte del programa Ciudadanía Porteña “Con Todo Derecho”, con el objetivo de garantizar la salud tanto de las mujeres como de los bebés.

De acuerdo al informe difundido, en el 2020 los montos otorgados eran de tres mil pesos para el beneficio de embarazo y de 4500 para el beneficio de niño, en 3 cuotas. “Estos montos estuvieron sin actualización desde el año 2017 hasta 2021, pero también hay que tener en cuenta que esta ayuda social tiene restricciones, como por ejemplo que no se puede usar para comprar ropa, elemento básico, sin embargo hacerlo lleva a la suspensión del beneficio. Lo que podemos comprobar, una vez más, que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no está interesado en mejorar la vida de los ciudadanos para los que gobierna”, sostuvo Teszkiewicz.

Asimismo aclaró que “si bien hoy en día el monto actualizado ascendió a un promedio de 15.722 pesos, que varía según composición del hogar, índice de vulnerabilidad y situación de escolaridad, el ministerio lo sigue otorgando en tres cuotas”.

Cabe recordar que hace algunas semanas ANSES eliminó incompatibilidades con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la cual a partir de ese momento las beneficiarias de planes municipales y provinciales pueden cobrar dicha prestación y la Asignación por Embarazo pero inmediatamente Rodríguez Larreta  y su ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, suscribieron un decreto que anula la compatibilidad de los programas e impide acceder a este beneficio a quien perciba la asignación por embarazo nacional o la AUH.

Por lo que auditor peronista resaltó que “Rodríguez Larreta y Migliore, en la Ciudad más rica del país, con más de un billón de pesos de presupuesto para 2022 quieren ahorrarse las tres cuotas de cinco mil pesos que le dan a mamás vulnerables de la Ciudad usando los fondos del ANSES, debería ser un escándalo el nivel de inhumanidad con la que se maneja el Gobierno porteño”.

“La falta de seguimiento de las metas físicas programadas y ejecutadas da cuenta que poco les importa el destino de esas madres esos bebes y este programa, además, el informe de la auditoría muestra serias debilidades en el control interno del programa: donde se detectaron errores del sistema en el circuito de pago de los subsidios, circuito que además, no está formalizado”, continuó.

Al mismo tiempo que indicó que “hoy en día vemos que se incumplen los objetivos de creación de este programa que apuntaba a contribuir con la disminución de la mortalidad infantil y a fomentar la realización de los controles médicos periódicos. La invisibilidad de la política pública Materno Infantil de la Ciudad tiene que ver con no hacerse responsable por el presente ni por el futuro de una parte importante de nuestra sociedad” y concluyó señalando que “la pérdida de inscriptos en el programa, la no actualización del monto del subsidio durante cinco años, y la ausencia de articulación interinstitucional entre Trabajadoras Sociales de Referencia y el Ministerio de Salud para acompañar en los controles médicos es muestra de ello”.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el auditor del Frente de Todos (FdT) Lisandro Teszkiewicz difundió un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires respecto del programa de “Asistencia a familias de Alta Vulnerabilidad Social”, en el que se detallan diversas irregularidades en materia presupuestaria, estadísticas y de control interno.

De acuerdo al documento recientemente difundido, la Auditoría porteña observó “la reiteración en la subejecución presupuestaria, así como el desvío de aportes de un sector a otro sin saber el destino final de los fondos” y advirtió sobre una serie de cambios que se “produce dentro de las estructuras organizacionales, lo que hace que no solo se pierda de vista las funciones y responsabilidades, sino también la información que hace a la actividad propia; lo mismo respecto a las debilidades que se presentan en el control interno o la falta de manuales de procedimiento y protocolos de actuación”.

Respecto de esta situación, Teszkiewicz afirmó que “es una constante de los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en los últimos 15 años la falta de voluntad para resolver la problemática de las personas y familias en situación de calle, o frente al desalojo, tan grande es el abandono de las familias que el informe muestra como durante el año 2020 las Direcciones del área estuvieron largo tiempo vacantes, no se creó el equipo profesional que manda la Ley 3.706/10., para realizar evaluación de las familias, y mucho menos un equipo de seguimiento”.

 “Ya un informe del 2016 observaba que la falta de seguimiento a las familias asistidas, impide conocer la situación de los solicitantes del subsidio, si el subsidio contribuyó a mejorar su situación, si necesitan articulación con otros organismos, en definitiva, la falta de seguimiento y acompañamiento a las familias hace imposible evaluar si el programa tiene resultados positivos o no”, añadió el auditor.

En el informe publicado este año, se observa que el 25% de los subsidios habitacionales otorgados en 2020 se tramitaron judicialmente: 4.353 subsidios se entregaron por interposición de un amparo judicial. “Es escandaloso que quienes están atravesando una situación tan terrible como ser desalojados de su vivienda y terminar en situación de calle, deban recurrir a la justicia para que se apliquen políticas públicas establecidas por ley y que deberían alcanzar a todos”, agregó el funcionario.

Al mismo tiempo que indicó que “no es menor destacar que durante el año 2020 el valor máximo del monto otorgado fue de ocho mil pesos mensuales (por 12 meses), o una única cuota de 96 mil pesos, valores completamente fuera de la realidad en los alquileres de la ciudad, absolutamente insuficiente y por lo tanto incapaz de cumplir con el objetivo de darle a la población beneficiaria la posibilidad de dormir bajo techo”.  

Si bien el monto de la cuota otorgada ascendió en octubre de este año a 20.313 pesos mensuales o pago único de 243.756 de pesos, sigue quedando muy por debajo de los valores de mercado, una habitación con baño y cocina compartida, si se consigue, ronda los 40 mil mensuales. “Asistir a una persona o familia en situación de calle, otorgando montos que no alcanzan para el fin que están planteados, agregando trámites y requisitos burocráticos de casi imposible cumplimiento, como los ‘Presupuesto del hotel, en documento membretado’ demuestra que Rodríguez Larreta y María Migliore no quieren resolver el problema ni acompañar a las familias, mientras gastan fortunas en la publicidad de una supuesta integración que ellos mismos hacen imposible”, aseveró Teszkiewicz.

“Este informe de Auditoría deja al descubierto que la única política de Larreta y Migliore para las familias en situación de calle es el abandono”, sentenció.

Cabe recordar que el mencionado programa se trata de un subsidio habitacional transitorio que permite pagar el alquiler de habitaciones en inquilinatos, conventillos y hoteles, conocido como “Subsidio habitacional 690” y es la única herramienta con la que cuentan los habitantes de la Ciudad para efectivizar su derecho a la vivienda.

Formalmente tiene el objetivo de mejorar la situación de emergencia habitacional que poseen los ciudadanos y ciudadana que están en situación de calle, es un fortalecimiento transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales debiendo los fondos otorgados estar destinados a cubrir gastos de alojamiento, entendiéndose por situación de calle efectiva y comprobable aquella que registran las personas que en forma transitoria se encuentran sin vivienda o refugio, en razón de desalojo, u otras causas.

En medio de un complejo escenario en materia educativa a raíz de la toma de varios colegios, el auditor por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ) que se encuentran bajo la órbita de la Dirección General de “Escuela Abierta”, en el que se “demuestra la falta de control interno en el manejo financiero de los recursos humanos y el vaciamiento de fondos de las actividades destinadas a los niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo precisó que Escuela Abierta es un espacio lúdico, expresivo y recreativo destinado a complementar y fortalecer la formación de niños, niñas y adolescentes que concurren a los CAI y CAJ en sus propias escuelas en jornada extendida. Continuando programas creados durante las gestiones educativas de Daniel Filmus, Roxana Perazza, Alberto Sileoni y Ana María Clement busca favorecer el acceso igualitario a la educación y la cultura, al tiempo que debe propiciar actividades culturales, deportivas, recreativas y de expresión que favorezcan la inclusión social y educativa. Una de las actividades más destacadas es el de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e invierno.

En relación a esta situación, Teszkiewicz afirmó que “el último informe de auditoría expone que el desmanejo es de tal magnitud que los gastos que involucran 269 personas contratadas para prestar servicios en los CAI, no pudieron ser identificadas en la actividad que corresponde” y recordó que “lo mismo sucede con 104 personas que se desempeñan en los CAJ, de los que el Ministerio no pudo informar qué servicio prestan, siendo que muchos de ellos no cuentan con formación docente alguna”.

“Ya da vergüenza la falta absoluta de interés y compromiso por parte de la gestión de Rodríguez Larreta y Acuña para sostener políticas fundamentales que garanticen igualdad de oportunidades de acceso a la educación y la cultura a niños y jóvenes”, señaló.

El auditor del FdT también precisó que las maestras comunitarias trabajan con menores de edad que cursan el último año de la escuela primaria, brindando las herramientas y el acompañamiento necesarios para facilitar el tránsito por dicho año de la escolaridad. La mayoría de estos niños se encuentran en situación de vulnerabilidad social, por lo que el programa tiene mucha importancia en la promoción, implementación y evaluación de políticas educativas que contribuyan al desarrollo particular y social de la comunidad, así como la optimización de las condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje en procura de mejorar la calidad educativa.

“Cuando vamos a revisar el cuadro presupuestario del Programa Escuela Abierta nos encontramos con que al tiempo que todo el programa recibía un incremento promedio superior al 34%, que llega al 94% de incremento en los gastos de conducción, la partida destinada a los CAI y CAJ recibió solo un 16% y la de Música para la Equidad directamente se redujo en un 5%, demostrando que Soledad Acuña destina los recursos a pagar a sus funcionarios mientras deja sin fondos los programas que atienden a los estudiantes”, destacó Lisandro.

Al mismo tiempo que remarcó que “a partir de estos informes es que queda en evidencia además de la falta de control interno en las distintas áreas de la gestión, el desinterés del ejecutivo de la Ciudad que se abandona sus funciones como venimos observando hace años” y concluyó precisando que “el vaciamiento de programas educativos para destinar los fondos a los funcionarios militantes del Pro es una constante de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña” sentencia el auditor del Peronismo por la Ciudad”.

En un marco de máxima tensión por la toma de colegios en todo el distrito capitalino, el auditor porteño por el Frente de Todos (FdT) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se advirtió acerca de una serie de irregulares con las empresas que se encargan de la provisión de viandas para las escuelas estatales.

En el informe en cuestión se analizó el programa de “Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria”, en el cual se detallan diversas irregularidades en las contrataciones de las empresas concesionarias que proporcionan los alimentos a las escuelas de gestión estatal, tanto primarias como de nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto de esta situación, Teszkiewicz afirmó que “así como venimos exponiendo la pésima gestión de parte de Rodríguez Larreta y Acuña en educación abarca todos los aspectos, de las obras de construcción de escuelas, problemas de infraestructura que persisten, y múltiples falencias que encontramos en cada informe de auditoría, a las que se suma la falta de control de las empresas concesionarias que se encargan de la elaboración y transporte de alimentos, llegando a extremos como la falta de presentación de la documentación relativa a Habilitación y Certificado de Registro Nacional de Establecimiento en la AGC, o que las plantas elaboradoras de las empresas Caterind S.A, Arkino S.A. y Equis Quince S.A no fueran inspeccionadas por el ente, tal como dispone el propio Gobierno de la Ciudad”.

Asimismo en el informe se especifica que la empresa concesionaria Equis Quince S.A. no cumplió durante el período 2019 con el envío de muestras de laboratorio de su planta elaboradora para control de alimentos y sus resultados de productos lácteos respecto de los establecimientos escolares de Nivel Inicial y Primaria ante la AGC y Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA). La concesionaria Arsoni-Dassault-Hispan S.A. UTE, tampoco cumplió con el porcentaje total de muestras de laboratorio para control de alimentos.

“Acá tenemos una muestra más de que el Gobierno de la Ciudad no se preocupa del control de calidad de los alimentos que consumen niñas, niños y adolescentes, así como el personal educativo, sabiendo que para muchos chicos y chicas es la única comida del día, algo tan sensible y necesario como lo es la alimentación no recibe el control adecuado”, continuó el auditor.

Por otro lado, en el informe de la Auditoría también se observa que ninguna de las empresas concesionarias de alimentos cumplimentó con la presentación del Listado de lo que técnicamente se denomina Unidades de Transporte de Alimentos (UTAs), por lo que no hay detalle de las condiciones en las cuales se transportan los alimentos entre las plantas y hacia las escuelas. También que la Empresa Rodolfo Ferrarotti S.R.L. comparte el depósito de mercaderías y materias primas con la concesionaria Treggio S.R.L. en Pilar 1436, siendo que la habilitación fue extendida a la Av. Directorio N° 7042 Piso PB. “El último informe nos muestra que más de la mitad de las empresas relevadas no detalla ni los servicios prestados ni las cantidades facturadas, lo que no permite saber ni qué es lo que se paga ni a qué valor, algo realmente escandaloso en materia de contrataciones”, expresó el auditor.

Cabe recordar que desde el bloque del FdT vienen reclamando en torno a estas irregularidades, en ese marco Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña (FdT) presentaron un proyecto para modificar el sistema de adjudicación a los comedores escolares. Sin embargo el Gobierno de la Ciudad renovó la licitación por cinco años más de las empresas que prestan el servicio en la actualidad, “garantizando incluso la continuidad de empresas que anteriormente recibieron multas por parte de la propia gestión Horacio Rodríguez Larreta”, advirtió Lisandro.

“Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña demuestran una vez más que no defienden ni protegen los derechos de los chicos y chicas que asisten a las escuelas públicas, si no negocios. Mientras desfilan por las redes y los medios estigmatizando, y en actitud punitivista, a quienes reciben ayuda estatal, como lo es la Ciudadanía Porteña, los chicos y chicas cada día que pasa se alimentan peor. Este es un problema urgente que la Ciudad más rica del país tiene medios para resolver, pero prefiere ignorar mientras los amigos de siempre hacen negocios poniendo en riesgo la salud de alumnos, docentes y trabajadores de la educación”, sentenció el auditor.

El auditor por el Frente de Todos (FdT) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se analizó el funcionamiento de los servicios de guardia de hospitales de alta complejidad y advirtió acerca del “abandono” de la gestión del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el área de salud.

En el informe se observa que en los servicios de guardia de los Hospitales Fernández, Argerich, Santojanni y Durand, existe sobrecarga laboral para el personal de enfermería sumada a la falta de mantenimiento en las áreas de descanso para profesionales.

En el relevamiento se trabajó auditando las áreas críticas de las muestras, a fin de configurar el estado de situación de las guardias hospitalarias. Se detectó la falta de protocolos de atención o guías clínicas por lo que surge dificultad para sistematizar datos imprescindibles para el diseño de política pública. En relación al equipamiento (p.e. transductores, ecógrafos y electrocardiógrafos), se encontraron demoras en la reparación de equipamiento electrónico generando problemas y demoras en el diagnóstico de enfermedades de las y los pacientes.

Del mismo también se desprende la “falta de personal administrativo, que en cualquier sector pero primordialmente en el servicio de guardia, es la primera línea de atención y recepción de las y los pacientes, también responsables de las tareas de archivo, comunicación y estadísticas”. A esto se suma la “escasa dotación” de computadoras en áreas médicas, que hace muy difícil la sistematización de datos de la atención médica, por lo que “resulta imposible realizar una planificación acorde a la necesidad de la población y del servicio de salud”. Por su parte las deficiencias en el mantenimiento y limpieza en baños para público general en salas de espera “generan un cuadro de atención no solo deficiente si no insostenible”.

En particular, en el Hospital Fernández existe la necesidad de ampliación de la dotación y especialización de las y los profesionales en general, y  de médicas y médicos clínicos en particular; a lo que se suma la carencia de consultorio específico para tratar a pacientes con problemas de salud mental. En el Hospital Argerich falta estructura para el sector administrativo que funciona en la guardia del hospital. El Hospital Santojanni no cuenta con ecógrafo propio, ya que se encuentra roto hace tiempo y no se ha enviado a reparación; también existe un subregistro de prestaciones médicas por problemas con el empadronamiento y registro de pacientes en recepción. El Hospital Durand no cuenta en toda el área de guardia con ventilación forzada ni con acondicionadores de aire con filtros HEPA, y las salas de observación de pacientes se encuentran en gran deterioro.

Al respecto de esta situación, Teszkiewicz aseguró que “el personal de guardia realiza un trabajo que los debe mantener en alerta constante, que no tengan personal suficiente, áreas y horarios de descanso pone en riesgo la vida y la salud de las y los pacientes tanto como de las y los profesionales de la salud, sobre todo durante lo que fue la pandemia” e indicó que “en este informe también vemos como las áreas tan necesarias como son las de acopio para insumos no están en condiciones o no existen, por lo que el personal de salud tiene que improvisar a la hora de cuidar insumos médicos. Pero la falta de reparación del equipamiento médico ya tiene la complejidad de no poder resolver muchas urgencias y denota la total falta de interés de la gestión de Rodríguez Larreta en la salud de la población”.

Sobre esa misma línea explicó que “esta misma decidía pudimos comprobar cuando visitamos el CESAC 38 en el mes de Agosto, donde vimos como por la falta de reparación de una reveladora hace años, dos equipos de Rayos X, de costo millonario, son utilizados como estanterías para acopiar insumos”.

“Estas son solo algunas de las problemáticas que se pueden encontrar en el informe, que nos dan otra muestra del descuido del estado actual de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y el desprecio hacia el Sistema de Salud Pública de parte de Rodríguez Larreta y Quirós”, sentenció el auditor.

El auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se relevó que en el Control de los Recursos de la CABA se observan inconsistencias en el registro de los recursos tributarios -y de otros recursos- y el incumplimiento de la Ley N° 70.

De acuerdo al documento difundido, el objetivo principal fue examinar la concordancia entre las recaudaciones ingresadas en la Tesorería General en concepto de Recursos Tributarios, y de otros recursos, los registros efectuados en la Contaduría General y verificar su correcta exposición en la ejecución, para el periodo 2019.

Respecto de esta situación, Teszkiewicz afirmó que “esto nos ayuda a comprender lo que sucede cuando el ejecutivo envía a la Legislatura el presupuesto anual, con algunas cifras de ingresos que son muy inferiores a lo que en realidad va a ingresar, más aún cuando la magnitud de las diferencia no permiten considerar un error aceptable en la estimación” e indicó que “lo que hacen Horacio Rodríguez Larreta y Martín Mura es informar en el presupuesto menos recurso de los que tendrán, para justificar el ajuste en áreas como Educación, Salud o Desarrollo Social y, luego, cuando efectivamente ingresan los fondos enviar un proyecto de ‘ampliación presupuestaria’ justificando con argumentos difusos el motivo del aumento que se produjo, y destinando esos fondos ‘excedentes’ a su conveniencia”.

Al mismo tiempo que precisó que “algunos ejemplos resultan casi escandalosos y nos permitirán apreciar cómo el ejecutivo le esconde recursos a la Legislatura para después imputarlos sin control, entre ellos los ingresos presupuestados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) fueron más de mil millones de pesos por debajo de lo efectivamente ingresado, $1.145.665.388 para ser precisos, o los montos registrados por diferencia de cambio que con una diferencia de $3.816 millones de pesos entre lo presupuestado y lo efectivamente percibido, llega al 382% de diferencia en un contexto donde la devaluación durante el año auditado -2019- fue del 47%”.

Dicho esto, Teszkiewicz remarcó que “no sólo detectamos que Larreta esconde los recursos a la hora de informar a la Legislatura, también podemos observar como la tesorería de CABA acomoda las normas según le parece, por ejemplo le recibió al ‘Fideicomiso Financiero Privado Inmobiliario y de la Administración Buenos Aires Landmark’ del Grupo Whertein, por la compra de una parte del terreno del Tiro Federal, un pago parcial en dólares cuando la ley establece claramente que debía ser en pesos, y al ser consultado por la razón de esa irregularidad, la Tesorería alega que generaría costos adicionales para el comprador ingresar los fondos en pesos, es decir que evaluaron si era o no conveniente cumplir con la Ley, a la vez que decidieron ahorrarle costos a ese grupo económico, lo que parece conveniente para la gestión de Rodríguez Larreta tener el ‘gesto’ de cuidarle el bolsillo a Whertein”.

“En momentos en los que las instituciones del país requieren que todas las autoridades políticas cierren filas sin cortapisas en defensa de la Paz y la Democracias, las provocaciones de Rodríguez Larreta, usando una fuerza que debería velar por la seguridad de todas y todos los ciudadanos por igual, como policía partidizada, es que seguimos reafirmando con elementos concretas que la gestión de Juntos por el Cambio nada tiene que ver con cuidar a la ciudadanía, pero sí a los empresarios que hacen sus negocios a costas de todas y todos los porteños”, concluyó.

Tras la presentación del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, en el que dio detalles acerca del “Plan 54 Nuevas Escuelas”, el auditor general por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informo de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se advierte sobre un incremento del 17% en los precios de las contrataciones que se aplican dentro de ese plan.

Según consignó el auditor, en el informe se puede advertir que en materia presupuestaria las contrataciones sufrieron variaciones económicas con un promedio de aumentos del 17%. Mientras que en los plazos se observan demoras en la finalización de las obras, con un promedio de 489 días adicionales en relación a lo previsto según contrato de cada una de ellas, sin que el 85% de las mismas cumpla con el plazo planificado.

En ese sentido, Teszkiewicz aseveró que “el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no sólo gestiona mal sino que controla peor los trabajos que realizan las contratistas amigas” y remarcó que “las irregularidades son tantas que pudimos constatar que en casi el 85% de los casos se verificó falta de planificación en la confección de la licitación provocando mayores costos por las obras, en otro 85% no se cumplió el plazo de obra según contrato, en un 33% de los casos el sistema estructural estipulado en la licitación no pudo efectivizarse por ser incompatible con el tipo de suelo del terreno, generando nuevamente modificaciones y mayores gastos.

Sobre esa misma línea explicó que ·como ejemplo de la falta de planificación y control, en la ‘Escuela Infantil de Creación y Primaria’ en Villa Olímpica, no se contempló que la empresa de gas no brindaba servicio en la zona y como consecuencia, se tuvo que adoptar un sistema de calefacción eléctrico con las consecuentes modificaciones contractuales y aumento de los costos”.

“Cuando vamos a ver como tramitaron esos aumentos de costos nos encontramos con que en el 80% de los casos no se cumplió con el plazo previsto en la normativa para aceptar las adecuaciones solicitadas por los contratistas, y se aceptaron sin afectación preventiva del gasto, lo que incumple con la ley de administración financiera”, agregó.

Finalmente, el auditor del FdT concluyó señalando que “mientras la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad es uno de los problemas más que urgente a resolver, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña no solo incumplen su obligación de dar respuesta, sino que agravan la situación por su desidia en el control de las obras que provocan mayores costos y mayores plazos, y las famosas 54 nuevas escuelas nunca terminan de concretarse”.

El auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe publicado por la Auditoría General porteño en el que se advierte sobre “deficiencias en la ejecución presupuestaria en materia de infraestructura” de varios institutos relacionados a la música y el arte.

En el informe se hace especial mención a la infraestructura del Instituto Vocacional de Arte “Manuel José de Labardén”, el Instituto de Investigaciones en Etnomusicología, la Orquesta Emilio Balcarce y las Orquestas Juveniles, todas dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

En el documento se sostiene que de 2.050.000 de pesos presupuestados para “Puesta en Valor de Institutos y Organismos de Enseñanza Artística”, sólo se destinaron 5.500 de pesos para el mantenimiento edilicio previsto en la descripción del programa y, no se realizaron las intervenciones planificadas.

Al respecto del informe, Teszkiewicz sostuvo que “otra vez notamos en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta el desaliento y la desinversión en el sector educativo, y en este caso particular relacionado a la formación en disciplinas artísticas” y resaltó que “es bien sabido que la mirada del gobierno de Larreta está puesta en todo aquello que pueda generar un negocio, y es evidente que para él y Enrique Avogrado, la formación artística no entra en esa perspectiva, pero lo que resulta llamativo es que no se ejecute el plan de inversión mientras se incrementa el presupuesto”.

En el mismo sentido, el informe revela una obra realizada en el Instituto Vocacional de Arte “Manuel José de Labardén”, de demolición y construcción de un muro medianero, que no solo estaba imputada en otra actividad presupuestaria sino que sin haber cumplido el contratista con lo encomendado se pagó el total de lo previsto.

“No solo quedan sin resolver problemas de infraestructura como humedad en paredes y cimientos, sino también problemas eléctricos, de seguridad contra incendios y de acceso a personas con movilidad reducida. Esto último denota el peligro al que Rodriguez Larreta y Avogrado expone a los y las estudiantes y la discriminación que ejerce sobre los sectores de la ciudadanía que eligen la formacion artistica publica”, agregó Teszkiewicz.

A la vez que concluyó señalando que “sin embargo, no es necesario destacar que la mayoría de los edificios de la Ciudad no cuentan con ello, por lo que queda una vez más en evidencia la política de marketing vacío de contenido que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad”.

Luego de que el Gobierno porteño anunciara la incorporación de más empresas al programa de prácticas laborales, el auditor por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, cuestionó con dureza la forma en la que se implementan las jornadas laborales para los estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

En ese sentido, el funcionario se preguntó “¿cómo se va a poder conciliar una propuesta pedagógica inclusiva con la inserción de los estudiantes en empresas que impidan la utilización de los mismos como mano de obra barata? ¿Cómo se van a incorporar a los programas esas 120 horas de prácticas y 30 horas de ‘educación financiera’? ¿Qué contenidos van a eliminar para no requerir un mes más de clases en un ciclo lectivo ya muy extenso?”.

“La experiencia de lo que sucede en Educación en lo que respecta a infraestructura, comedores escolares, conectividad y más situaciones problemáticas, nos generan más incertidumbre qué certeza y lo vemos constantemente en los informes de auditorías publicados año tras año”, continuó y remarcó que “el problema del anuncio no son las prácticas laborales en abstracto, que como concepto están bien, sino el programa concreto que presentan Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta ya que no incorpora prácticas laborales al programa de educación media, sino que reemplaza contenidos educativos por prestar servicios en puesto de baja calificación y entrenamiento laboral, que no aportar capacidades significativas a las y los estudiantes, sin herramientas de control que permitan garantizar la no explotación laboral”.

Al mismo tiempo que recordó que “de las escuelas medias de la Ciudad egresan técnicas y técnicos mecánicos, en diseño de artesanías aplicadas a la industria, en alimentación, en química, en informática, en diseño de Indumentaria, bachilleres en ciencias sociales, en administración, en pedagogía, en artes, idiomas extranjeros, ciencias económicas, entre muchas otras especialidades” y concluyó señalando que “Acuña y Larreta quieren reemplazar esas formaciones por las de empleados y empleadas de sandwicherías, vigiladores y empresas de limpieza, demostrando una vez más que su gestión está destinada a mejorar los negocios a sus amigos empresarios, cómplices de una nueva forma de explotación laboral”.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer un informe mediante el cual expuso una serie de irregularidades en la sección de Educación Artística, encargada de coordinar la gestión de las escuelas superiores y medias, pertenecientes al Ministerio de Educación de la Ciudad, encabezado por Soledad Acuña.

El informe fue difundido por el auditor porteño por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, y establece en primer lugar que no se pudo seguir la evolución de la matrícula y los indicadores de los alumnos. Misma situación fue la que se produjo con el listado de personal comprometido en dichas actividades, por ejemplo, saber si se cubrieron todos los cargos de las diferentes áreas.

También expone el informe inconsistencias respecto de gastos, el 81% de los servicios públicos que se devengaron no pertenecían a establecimientos informados por la Dirección de Educación Artística, por lo que las imputaciones presupuestarias no se corresponden con el programa bajo estudio. En ese mismo sentido se evidenciaron problemas de registro de contratos de locación como el correspondiente al edificio de la calle Quito 4041/47 donde se desarrollaron actividades pertenecientes al Bachillerato de Orientación Artística para Adultos.

Por último, se detectó una cantidad relevante de docentes y directivos, sobre los que no se pudo constatar que hayan recibido el haber docente correspondiente a su cargo.

En relación al informe, Teszkiewicz afirmó que “nuevamente nos encontramos con inconsistencias en la administración de recursos por parte de la gestión de Rodríguez Larreta, en este caso en la Dirección de Educación Artística, donde por ausencia de información no se pudo verificar correctamente el cumplimiento de la meta física presupuestaria”.

A la vez que indicó que “esta situación no es extraña ya que la gestión de Larreta suele evitar el acceso a datos e información para que el organismo de control pertinente, en este caso la Auditoría de la Ciudad, realice su trabajo”.

“En definitiva, este informe es una muestra más, no es un caso aislado y extraño, de las ineficiencias de la gestión que caracteriza a Rodríguez Larreta y a su ministra Acuña para llevar adelante la gestión educativa de la Ciudad de Buenos Aires”, cerró el auditor porteño del Frente de Todos.

El auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe aprobado por unanimidad del Colegio de Auditores Generales de la Ciudad en el que se establece que el Gobierno porteño presenta “fallas preocupantes en la información que suministra al Registro Nacional de Tuberculosis (TBC) del Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica, generando de esta manera información poco confiable para la toma de decisiones a nivel nacional”.

El documento también señala que las campañas de prensa sobre TBC no tienen las características acordes a las necesidades específicas de la comunidad, los usuarios no acceden a información sobre los servicios y prestaciones disponibles, ni a una orientación acerca de los cuidados que deben practicar ni se promueven hábitos y costumbres saludables.

Además, destaca que no existen estadísticas de intervenciones sociales acerca del recupero de los pacientes que abandonan el tratamiento, ni existe seguimiento de las derivaciones realizadas. “Es muy importante que se puedan individualizar las acciones de Trabajo Social con pacientes del Programa de TBC, en especial en el seguimiento de los pacientes para evitar el abandono de tratamientos y recuperar a quienes abandonaron”, remarcó Teszkiewicz.

Con respecto a la notificación de pacientes detectados a la Red Nacional de TBC, el documento oficial afirma que existen fallas importantes en las notificaciones al informar su diagnóstico a los pacientes en muchos casos realizadas por otros efectores. Tampoco figura el tipo de tratamiento aplicado en los registros, a lo que Teszkiewicz agrega “cuando vamos a auditar los centros de salud nos encontramos con situaciones como que los trabajadores  que atienden a pacientes con TBC no reciben controles de salud periódicos, el ámbito de trabajo de Neumología no cuenta con las condiciones de bioseguridad que requiere el contacto de pacientes con  tuberculosis, el área de internación  de pediatría no tiene plazas de aislamiento para pacientes con TBC o la Unidad de Infectología de uno de los hospitales auditados que no cuenta con teléfono ni internet lo que hace muy difícil brindar el informe de los casos”.

“Queda claro que Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós descuidan la atención de la Tuberculosis introduciendo otro riesgo de salud en medio de un escenario de pandemia”, sostuvo el auditor.

Asimismo resaltó que “la tuberculosis en la Argentina debe estar en agenda y con seguimientos y control de los casos ya que continúa siendo un importante problema de salud pública con un grado de crecimiento en los últimos años, afectando especialmente a grupos de personas jóvenes” y consideró que “resulta vital la administración de un tratamiento completo y su correspondiente seguimiento con una información completa como una de las principales herramientas para el control de esta enfermedad que sigilosamente va en aumento y a la que la Red debe prestar una atención exhaustiva”.

Finalmente Teszkiewicz sentenció que “la tuberculosis es la novena causa de muerte en el mundo, por lo que la OMS está desarrollando una estrategia global a la que Argentina adhiere para controlarla totalmente en el 2035, pero Larreta y Quirós no contribuyen con su parte de la responsabilidad, y por desidia generan un incremento de esta enfermedad en el distrito más rico del país, en medio de una situación de pandemia por otra enfermedad que también ataca el sistema respiratorio, el nivel de irresponsabilidad de esta gente es absoluto”.

Al igual que lo hizo en otras oportunidades, el auditor porteño por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe oficial aprobado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sobre veintiún obras integrantes del proyecto “Regeneración Urbana” y aprovechó la ocasión para cuestionar con dureza la “falta de planificación” de las mismas.

En ese sentido, el auditor aseguró que “resulta increíble que el proceso global, es decir proyecto, contratación, y desarrollo, se encuentra libanizado entre una multiplicidad de organismos del ejecutivo, existen al menos cinco organismo de intervención directa y quince de intervención menor, esto genera ineficiencia en la gestión y dificultades para el control”.

Asimismo remarcó que “causa al menos sorpresa encontrar que las adjudicaciones se concentran en un elenco habitual de empresas (Algieri S.A. Avinco Construcciones S.A., Da Fre Obras Civiles SA, Blue Steel SA, Miavasa SA.) cuando los expedientes están plagados de incumplimientos y vicios de esas mismas firmas que bien justificaría buscar otros proveedores o realizar las obras con personal propio de la Ciudad”.

“Rodríguez Larreta se publicita como un gestor de obras, pero cuando analizamos los expedientes encontramos que no solo es ineficaz en la ejecución de los aspectos básicos de la gestión, que terceriza, sino que también es ineficiente en el control del cumplimiento de contratos y la calidad del trabajo de sus empresas amigas, impidiendo así la aplicación de eventuales sanciones y favoreciendo su recontratación indiscriminada”, sentenció.

Cabe recordar que según el informe el programa auditado ejecutó obras de regeneración urbana implementando planes de puesta en valor integral de distintas áreas distribuidas a lo largo de todo el territorio de la CABA, registrándose de manera sistemática situaciones de ineficiencia tales como falta de planificación, cambios reiterados en los presupuestos oficiales, omisión de denunciar incumplimientos de las contratistas, falta de constancias, ausencia de determinados certificados, ampliaciones de plazos, falta de aplicación de sanciones a las contratistas por deficiencias, vicios ocultos y/o fallas detectadas durante el Plazo de Garantía, que entre otras falencias se verificaron en las 21 obras auditadas.

De acuerdo a un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), el cual fue aprobado por unanimidad, reveló que el Gobierno local incumple la Ley 1502, que establece el régimen de incorporación y un cupo mínimo del 5% de personas con necesidades especiales al Sector Público del distrito capitalino.

El mismo fue dado a conocer por el auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, quien explicó que “en el texto del informe se puede leer que en el escalafón general las personas con discapacidad no llegan a representar el 4 % de la planta, y entre los docentes y profesionales no alcanzan el 1%, lo que demuestra que el nivel de discriminación de Horacio Rodríguez Larreta es absoluto, no cumple con la Ley, pero además, solo incorpora personas con discapacidad a los escalafones con menor formación y responsabilidad, y peores pagos, como si las personas que poseen alguna discapacidad no pudieran ejercer tareas profesionales o docentes”.

A la vez que agregó que “pero más aún, ciertos organismos como la Policía de la Ciudad, no tienen registro de tener una sola persona con necesidades especiales revistando en su plantel, esto demuestra un desprecio absoluto por la aplicación de la Ley, pero sobre todo por el derecho de las personas con discapacidad, y el concepto mismo de inclusión” y destacó que cuando se le pide a Larreta que nos envié la información sobre personas con discapacidad prestando servicio para el gobierno de la Ciudad, vemos que no cumple con la ley en cuanto a la cantidad mínima”.

Asimismo, Teszkiewicz detalló que “cuando vemos en detalle los listados de personas contratadas nos encontramos con que existen casos donde no cuentan con los certificados correspondientes, lo que se deduce que incumplimiento sería mucho mayor, y que prácticamente el gobierno de Larreta excluye a las personas con discapacidad de su plantilla”.

El análisis de la AGCBA, realizado sobre el registro dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dictamina que “al 31 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no alcanza el porcentaje de personas con discapacidad requeridos por la Ley N° 1502”, por lo que deja en evidencia el incumplimiento de una Ley pensada para hacer de la Ciudad de Buenos Aires un distrito inclusivo.

“La sociedad avanza cada vez hacia estándares mayores de inclusión y de protección de quienes se enfrentan a dificultades mayores para el desarrollo integral de sus proyectos de vida. De espaldas a esa realidad el Gobierno de Larreta asume un nivel inaceptable de discriminación impidiendo a las personas con discapacidad acceder a los puestos de trabajo que por Ley les corresponde. Esta es la verdadera cara de la administración Larreta”, sentenció.

Atento a la decisión del Gobierno de la Ciudad de retomar la presencialidad total de las clases, el auditor de la Ciudad por el Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz, se refirió a un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) acerca del Sistema Global de Mantenimiento (SIGMA) que se aplica en los establecimientos de educación pública y aseguró que el mismo presenta “numerosas falencias”.

El Plan SIGMA es un pilar fundamental para la educación pública, ya que según sostienen desde el Gobierno local busca “garantizar la conservación, mantenimiento y puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En ese sentido, Teszkiewicz advirtió que las falencias en el Plan SIGMA “generan un gran peligro para la comunidad educativa” y consideró que el informe aprobado por el organismo descentralizado del que forma parte “sacó a la luz la inconsistencia en la ejecución y rutina del plan de mantenimiento, demostró demoras en la ejecución, en los expedientes y comprobó la ausencia de indicadores de gestión”.

De acuerdo al informe de la AGCBA en 114 edificios educativos públicos, es decir el 14,50%, los controles de la instalación eléctrica no se cumplieron mensualmente; además, en 150 edificios con las mismas características, que representan el 19,84% del universo ingresado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar para rutinas, se realizaron menos de 12 rutinas, lo mismo sucedió en el rubro saneamiento/control de plagas.

Además establece que a la fecha de cierre del informe en cuestión no se han reemplazado la totalidad de los vidrios crudos existentes en establecimientos escolares que se hallan bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad. “Es evidente que el gobierno porteño no cumple con su obligación de asegurar las condiciones para el paso seguro de la comunidad educativa por las aulas, lo que implica la existencia de riesgos concretos”, sostuvo Teszkiewicz.

Al mismo tiempo que remarcó que “el desinterés del Ejecutivo porteño sobre la educación pública reviste gravedad en cualquier contexto, pero si tenemos en cuenta que el trabajo auditado es del 2019, nos deja en claro la escasa adecuación para que la educación pública pueda llevar adelante sus tareas de la forma en que corresponde”.

“¿Qué pasa si nos remitimos al contexto actual marcado por la pandemia del COVID-19?, ¿en qué condiciones puede estar un edificio para retomar las clases presenciales si en la gran mayoría de ellos no se realizaron rutinas ni los mantenimientos necesarios? Una vez más, estamos en presencia de la desidia y la falta de interés del gobierno de Larreta para la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires”, finalizó el auditor.

El auditor porteño por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, difundió este lunes un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad acerca de la situación en la que se encuentra el Hospital Tornú, ubicado en Parque Chas, en el que se da cuenta que sufre serios problemas de infraestructura como falta de elementos básicos de seguridad y de mantenimiento edilicio al menos desde el 2017.

El documento elaborado por el organismo de control sostiene que en el nosocomio se han perdido camas de internación, la falta de insumos, de recursos. Además, quedó relevado el desprendimiento de mampostería, roturas en paredes, pisos, cielorrasos, humedad en los cimientos del hospital y el mal estado de los sanitarios con mobiliarios rotos, cables y caños expuestos.

Es por ello que Teszkiewicz sostuvo que “los más alarmante es cuando una gestión negligente de políticas públicas, como es el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, conlleva riesgos a la seguridad de los pacientes y trabajadores” y ejemplificó la situación al señalar que “el 89% de los matafuegos del hospital se encontraba sin carga o con el mantenimiento vencido, y varios puestos contra incendio vacíos -sin matafuego- en múltiples pabellones del hospital”.

Asimismo, resaltó que el Tornú “no cuenta con la señalización adecuada o es inexistente” y agregó que “la falta de luces de emergencia o algo básico como puertas corta fuego, están ausentes en al menos 4 puntos relevantes del Hospital. Lo mismo sucede en algunas salidas de emergencias que están bloqueadas. Si todo esto no parece lo suficientemente alarmante, agregó que el hospital de agudos tiene pérdidas de gas en algunos mecheros y la presencia de material combustible en dos pabellones”.

Al mismo tiempo que señaló que “la higiene tampoco parece uno de los fuertes de la gestión del gobierno de la Ciudad” y remarcó que se “destacan la falta de separación entre áreas sucias y limpias en el sector de enfermería, falta de limpieza en múltiples pabellones, y la falta de campana de extracción de vapores, de campana con flujo laminar para solventes orgánicos, salida de aire con mal olor e inconvenientes con evaporación de líquidos en cuatro pabellones, lo que deriva en diversas plagas que pueden encontrarse al recorrer los edificios”.

“Lamentablemente, esta imagen que puede verse con detalle en el informe sobre el Tornú, es la imagen de muchos hospitales públicos de la Ciudad. También es la imagen de empresas de mantenimiento que incumplen sus obligaciones, de un gobierno que mira hacia otro lado, y por sobre todo es la imagen de una gestión, si puede llamársele de este modo, que ve lo esencial como un gasto, y que se llena la boca de discursos vacíos de contenido, mientras vacía el financiamiento de la salud”, sentenció el auditor del FdT.

Cabe recordar que el documento que deja en evidencia la situación edilicia del Hospital Tornú, fue aprobado por unanimidad en el Colegio de Auditores de la Ciudad.

En medio de la puja acerca de la presencialidad de las clases, el auditor porteño del  Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, denunció este miércoles la “destrucción sistemática de la infraestructura escolar pública” en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que los recortes en el área alcanzarían los 528 millones de pesos.

Según un informe elaborado por el bloque de legisladores del Frente de Todos, y sobre datos recogidos acerca de licitaciones dadas de baja y desafectaciones de fondos, “el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha quitado 528 millones de pesos a las escuelas públicas porteñas. El desfinanciamiento se suma a la subejecución en infraestructura escolar, que en el cuarto trimestre de 2020 llegó al 48 %”.

Además recordó que “numerosos informes elaborados por la Auditoría General de Ciudad (AGCBA), dan cuenta que tanto la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, y luego la de Rodríguez Larreta, han desfinanciado y afectando la infraestructura de las escuelas públicas” e indicó que “los documentos elaborados por la AGCBA dejan al descubierto fallas en el sistema de mantenimiento edilicio de establecimientos educativos que genera el deterioro de los edificios, situaciones de riesgo para la comunidad educativa, falta de transparencia en las licitaciones y contrataciones, incumplimiento de los pliegos; falta de rigurosidad en el cobro de multas a las empresas responsables y redeterminaciones de precios en las contrataciones que no constan fehacientemente en los expedientes o no se permitió a AGCBA acceder”.

En este sentido, Teszkiewicz, sostuvo que “la baja de licitaciones y desafectación de fondos de infraestructura escolar, por 528 millones, que hizo Horacio Rodríguez Larreta, es escandalosa e indignante, pero no sorprendente, porque se inscribe en una política sistemática de destrucción de la escuela pública iniciada por Mauricio Macri y que profundizaron Larreta y Acuña desde el mismo día que asumieron”.

“La lógica del negociado de la construcción e inmobiliario tampoco escapa Soledad Acuña que, primero, intentó disolver los 29 Institutos de Formación Docente para vender sus edificios centenarios, luego el cierre de cursos, y, finalmente, la desinversión y el abandono de los edificios escolares, sin olvidar la falta de vacantes, para empujar a las familias al sistema privado”, aseveró.

Mientras que el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto, que además integra la comisión de Educación en la Legislatura porteña, consideró que “el Gobierno porteño siente desprecio por lo público, para Rodríguez Larreta todo se dirime en el negocio de la construcción y los negociados inmobiliarios, como puede verse en la venta de tierras públicas a precio vil, como el caso del Tiro Federal, la privatización de espacios que deben ser públicos, como el caso de Costa Salguero y la costanera, o el derroche en macetones y jardines verticales en medio de la peor pandemia de la historia”.