Tal y como pasó varias veces a lo largo del año, los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución a través del cuál buscarán obtener información por la fuga de 17 presos de la Alcaidía Nº 9, en el barrio de Liniers, el pasado 24 de diciembre.

De esta manera, los peronistas buscarán conocer la cantidad de personas detenidas en el lugar y si al momento de la fuga se encontraba excedida la capacidad máxima de la alcaidía; la situación procesal penal de las personas que se escaparon; y si para huir se produjeron daños materiales en las instalaciones de la Policía de la Ciudad.

Además, le exigirán al Gobierno porteño que informe la cantidad de personal policial, por turnos, afectado a la custodia de las personas detenidas en la Alcadía Nº 9; si el lugar cuenta con dispositivos de seguridad electrónica como ser video vigilancia (CCTV), cerco perimetral, control de acceso, sistemas de detección y extinción de incendios y, además, con un software de gestión integral para la vigilancia de los contenedores carcelarios y cualquier otro espacio para el alojamiento de personas detenidas; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que este hecho motivó la remoción de la cúpula de la Policía de la Ciudad y precisaron que “está que no es la primera vez que ocurren fugas en este año 2024: durante el período comprendido entre el 31 de marzo al 16 de abril ocurrieron 4 fugas y en total se fugaron 17 detenidos del edificio anexo a la Comisaría Vecinal 1B (San Telmo), de la Alcaidía 3A (Balvanera), de la Comisaría Vecinal 6-B (Caballito). Luego, durante el fin de semana del 12 y 13 de octubre del corriente año, se tomó conocimiento de la presumible fuga de 6 personas detenidas en la Comisaría 4-D ubicada en el barrio de Barracas. Posteriormente, el 25 de noviembre del corriente año, se publicó otra fuga: esta vez se trató de 11 personas detenidas en la Alcaidía 4 Bis (barrio de Barracas)”.

Pese a esta situación, los peronistas rememoraron que “durante el mes de noviembre del corriente año se anunció que las autoridades del Gobierno porteño y del Ministerio de Seguridad de la Nación se reunieron para comenzar a trabajar en el traspaso de las competencias para la ejecución de penas”.

“Mientras tanto, continúan reiterándose hechos de fuga de personas detenidas en Alcaidías y Comisarías porteñas a cargo de la Policía de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Seguridad del GCABA. La respuesta a este pedido de informe permitirá dimensionar la magnitud de la problemática carcelaria en la Ciudad de Buenos aires y cómo se está gestionando la emergencia penitenciaria porteña en la actualidad”, sentenció.

La iniciativa lleva la firma del legislador de UP Matías Barroetaveña.

Los diputados de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución a través del cuál buscarán obtener detalles acerca de la fuga de once presos de una alcaldía de Barracas.

En este sentido, los legisladores buscarán conocer la situación procesal penal de las personas que se fugaron recientemente de la Alcaidía 4 Bis; si se produjeron daños materiales en el lugar durante el escape; y, la cantidad de personal policial, por turnos, afectado a la custodia de las personas detenidas allí.

También prevén informase acerca de si la Alcaidía cuenta con dispositivos de seguridad electrónica como ser video vigilancia (CCTV), cerco perimetral, control de acceso, sistemas de detección y extinción de incendios; si durante el último año se ha aumentado la cantidad de personal policial afectado a la custodia de las personas detenidas; y si las personas que se fugaron de la Alcaidía 4 Bis fueron recapturadas.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “es de público conocimiento que durante el transcurso del corriente año se reiteraron distintos hechos de fuga de personas detenidas en Alcaidías y Comisarías porteñas a cargo de la Policía de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Seguridad del GCABA” e indicaron que “distintos medios publicaron que durante el período comprendido entre el 31 de marzo al 16 de abril ocurrieron 4 fugas y en total se fugaron 17 detenidos del edificio anexo a la Comisaría Vecinal 1B (San Telmo), de la Alcaidía 3A (Balvanera), de la Comisaría Vecinal 6-B (Caballito)”.

“La respuesta a este pedido de informe permitirá hacer un diagnóstico acerca de las frecuentes fugas de personas detenidas en establecimientos porteños, sus causas y sobre cómo se está gestionando la emergencia penitenciaria porteña en la actualidad”, completaron.

Los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto mediante el cuál le exigirán al Gobierno local que de detalles acerca de la fuga de presos y/o detenidos en las Comisarías del Barrios de Barracas, los pasados domingo 12 y 13 de octubre.

De esta manera, buscarán que se informe la cantidad de personas detenidas en las comisarías del barrio y cuantas lograron fugarse; que se detalle la situación procesal penal de las personas que se fugaron durante el fin de semana del 12 y 13 de octubre; si las personas que se fugaron produjeron daños materiales en las instalaciones de la Policía de la Ciudad; y la cantidad de personal policial, por turnos, afectado a la custodia de las personas detenidas en la Comisaría Vecinal 4-D.

Además, se buscará conocer si dicha comisaría cuenta con dispositivos de seguridad electrónica como ser video vigilancia (CCTV), cerco perimetral, control de acceso, sistemas de detección y extinción de incendios y, además, con un software de gestión integral para la vigilancia de los contenedores carcelarios y cualquier otro espacio para el alojamiento de personas detenidas; y si dicha comisaría recibió alguna certificación por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en relación a la vigilancia de los contenedores carcelarios y cualquier otro espacio para el alojamiento de personas detenidas.

En los fundamentos de la iniciativa, los peronistas recordaron que “durante el transcurso del corriente año se reiteraron distintos hechos de fuga de personas detenidas en Alcaidías y Comisarías porteñas a cargo de la Policía de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Seguridad del GCABA” e indicaron que “distintos medios publicaron que durante el período comprendido entre el 31 de marzo al 16 de abril ocurrieron 4 fugas y en total se fugaron 17 detenidos del edificio anexo a la Comisaría Vecinal 1B (San Telmo), de la Alcaidía 3A (Balvanera), de la Comisaría Vecinal 6-B (Caballito)”.

“En este contexto de emergencia en materia penitenciaria, recientemente se tomó conocimiento de la presumible fuga de 6 personas detenidas en la Comisaría 4-D ubicada en el barrio de Barracas, durante el pasado fin de semana del 12 y 13 de octubre del corriente año, lo que motiva este pedido de informe para corroborar la verosimilitud de los hechos. La respuesta a este pedido de informe contribuirá a comprender mejor la dimensión de esta problemática y cómo se está gestionando la emergencia penitenciaria porteña en la actualidad”, completaron.

Debido a las fugas de presos que hubo en las últimas semanas, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron nuevos módulos de detención para descomprimir las comisarías porteñas y anunciaron más medidas para mejorar la seguridad.

En este sentido, el alcalde local explicó que “la situación actual en las comisarías y alcaidías de nuestra Ciudad exige una acción inmediata que garantice la seguridad de los porteños” y destacó que “por un lado, debemos mejorar la infraestructura. Esto incluye remodelaciones, modernizaciones y la instalación de módulos de detención adicionales en tres ubicaciones estratégicas de la Ciudad: la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas. Son 19 nuevos módulos, equipados y preparados para albergar a 300 detenidos”.

Además, anunció que se avanzará “en la construcción de una Alcaidía Central en la Ciudad, para aumentar todavía más la capacidad para albergar detenidos en condiciones adecuadas” e informó que “en paralelo, estamos colaborando con la Justicia para implementar el uso de dos mil tobilleras electrónicas para arresto domiciliario, y medidas para acelerar la deportación de delincuentes extranjeros”.

“Por último, si bien es algo que no tiene que ver directamente con los detenidos en nuestras comisarías y alcaidías, vamos a reiniciar las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar allí, por etapas y a medida que avance la obra, a los 1.800 presos de la cárcel de Devoto”, detalló.

Finalmente, Macri concluyó agradeciéndole “a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a su equipo, por su respaldo a este anuncio y por el trabajo coordinado que venimos haciendo entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad, para mejorar la seguridad y garantizar el orden en el espacio público”.

Después de que en el último mes se escaparan once presos de distintas comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de Seguridad y diputada de Vamos por Más (VxM), Gimena Villafruela, y la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) y vocal de esa misma comisión, Claudia Neira, dialogaron con Parlamentario acerca de lo sucedido.

En ese contexto, ambas legisladoras fueron consultadas acerca de las causas que llevaron a que se pudieran fugar de cuatro comisarias del distrito capitalino. En ese sentido, Villafruela explicó que “la Ciudad no tiene Servicio Penitenciario ni cárceles propias. Así como la Policía de la Ciudad no está formada para cuidar a los presos, las Comisarías y Alcaidías no son lugares preparados para alojar delincuentes”, comenzó diciendo.

“Tanto la Nación como la Ciudad, heredan una situación provocada durante la gestión de Alberto Fernández que fue generar un crecimiento exponencial de los detenidos en la Ciudad producto de prohibir el ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia. En 2021, en la Ciudad había 60 presos, hoy tenemos más de dos mil. Hay una superpoblación en las Alcaidías y Comisarías, hay lugar para alojar mil y hoy tienen más de dos mil. Por todo esto es que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad están trabajando de manera conjunta para ir regularizando esta situación”, continuó.

Al mismo tiempo que remarcó que “el orden y la seguridad son ejes centrales en la Ciudad y eso se ve reflejado en los números: en el primer trimestre de gestión aumentaron las detenciones un 14%, sólo en el último mes aumentaron un 22%. Se detiene, en promedio, más de 80 personas por día. Estamos trabajando para cuidar al vecino y darle la tranquilidad que merece”.

Por su parte Neira, además de coincidir con Villafruela acerca de la sobrepoblación de las comisarías, explicó que “el ritmo de detenciones se encuentra en aumento. Desde el comienzo de esta gestión fueron detenidas más de seis mil personas, un promedio mucho mayor al de 2022, por ejemplo, donde en todo el año fueron detenidas poco más de 17 mil”.

“Todo esto genera una saturación del sistema que se traduce en este tipo de hechos, y pone en evidencia la necesidad de crear un Sistema Penitenciario propio de la Ciudad”, aseguró. En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que Nación traspase presos al sistema federal, la diputada oficialista señaló que “hay canales de diálogo abiertos permanentemente entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación para descomprimir la situación y llegar a un acuerdo favorable que garantice la seguridad para los vecinos”.

Gimena Villafruela, presidenta de la Comisión de Seguridad

Mientras que la peronista remarcó que “es fundamental que el Gobierno porteño avance en soluciones de corto y largo plazo en la materia: resulta tan necesaria la búsqueda de soluciones a través del Sistema Penitenciario Federal para descomprimir la sobrepoblación, como la asunción de la responsabilidad de crear un Sistema Penitenciario propio para resolver definitivamente el conflicto existente y, a la vez, anticiparse a transferencias penales futuras”.

“Por otra parte, ante el aumento de las competencias penales y teniendo en cuenta que continuará el proceso de nuevas transferencias de competencias a la Justicia de la Ciudad, presentamos una propuesta para ampliar de tres a cuatro la cantidad de juzgados de Ejecución penal estableciendo que, hasta tanto se pueda garantizar su puesta en funcionamiento, podamos contar con 4 secretarías de ejecución por zonas, para asegurar que se respeten todas las garantías constitucionales durante el cumplimiento de las penas, y colaborar en el desarrollo de un tratamiento post-penitenciario para la reinserción social de las personas liberadas”, continuó.

¿Vuelve el Consejo de Seguridad?

Desde que estas fugas comenzaron a darse de manera habitual, Neira reclamó en varias oportunidades la necesidad de que vuelva a reunirse el Consejo de Seguridad. “Creo que es imposible avanzar en todos los desafíos en materia de seguridad y de política penitenciaria sin la construcción de un diálogo institucional entre los diversos órganos que hacen a la elaboración de políticas públicas de la Ciudad. En este sentido, insistimos con la constitución del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito”, destacó.

“Este es un órgano que reviste jerarquía constitucional, que se encuentra previsto en la Ley de Seguridad Pública (N° 5.688), que cuenta con su propia Ley (N° 1.689) pero que, lamentablemente, no fue aún constituido. Sin embargo, sí existe una Unidad Enlace del Consejo en la órbita del Ministerio de Seguridad, que cuenta con presupuesto a pesar de no estar constituido el Consejo”, remarcó y precisó que “es fundamental, entonces, la conformación de este espacio para dar un marco de trabajo y planificación, partiendo del diálogo entre las instituciones públicas y con una perspectiva integral sobre las políticas de seguridad, prevención de delitos y de los mecanismos de detención de personas privadas de su libertad. Creemos que es viable y que se trata sencillamente de la voluntad política del Ejecutivo”.

Por su parte, Villafruela se mostró dispuesta a trabajar en la conformación de ese Consejo. “Si bien es un organismo que no está integrado únicamente por la Legislatura, sino por representantes de los tres Poderes de la Ciudad, estamos abiertos al diálogo en relación a este tema, como en muchos otros a los que me referí en preguntas anteriores”, explicó.

Finalmente, y atenta al trabajo parlamentario que se desarrollará dentro de la comisión de Seguridad, la diputada oficialista adelantó cuáles serán las prioridades para este año. “Estamos trabajando fuertemente en el proyecto de Ley de Reiterancia, presentado por el Poder Ejecutivo, que posibilita que, si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, espere su proceso presa, para finalmente terminar con la puerta giratoria. Ese proyecto de ley recae en las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, pero es una temática que está íntimamente ligada al área de Seguridad, por lo cual nos encontramos trabajando de forma articulada para lograr el mayor consenso posible y finalmente convertirlo en Ley”, indicó.

“Además, hace unos días se constituyó la Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Video Vigilancia, la cual tengo el orgullo de presidir, siendo un ámbito institucional necesario para el funcionamiento de dichos sistemas consagrados en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública”, precisó.

Claudia Neira, legisladora de Unión por la Patria

Mientras que Neira explicó que buscarán “mejorar el Mapa del Delito, integrando nuevas fuentes de información y publicando los datos actualizados en un tiempo razonable, algo que también venimos exigiendo al Ejecutivo ya que aún no contamos con los datos completos del año 2023. En ese sentido hemos presentado una propuesta para que el Gobierno tenga la obligación de publicar la información de cada año en el inicio de sesiones ordinarias del año siguiente, porque necesitamos tener acceso a esa información tan sensible para el desarrollo de políticas de prevención”.

“Por otro lado, creemos que es necesario poner prioridades en el abordaje de algunos barrios, como el caso de Constitución, donde hay una situación muy difícil por cómo se presenta la complejidad del delito. En ese sentido nosotros hemos acompañado un proyecto de los vecinos para declarar la emergencia urbanística y de seguridad en el barrio, proponiendo que el Estado establezca allí una zona de desarrollo prioritario para abordar el problema desde una mirada integral, reforzando especialmente los controles a las metaleras que siguen siendo el foco de mayor conflictividad para los vecinos del barrio”, subrayó.

A la vez que recordó que “a estos fines también venimos proponiendo un nuevo centro de monitoreo para el barrio en tiempo real, que permita una actuación rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad. Otra cuestión que para nosotros debería estar entre las prioridades en este mismo sentido es que el Gobierno porteño termine de asumir por completo la función de la seguridad en el barrio Ricciardelli (ex 1-11.14) que hoy no cuenta con presencia de la Policía de la Ciudad para garantizar la seguridad de los vecinos. Esa tarea aún está en manos de las fuerzas federales, y la Ciudad continúa cediendo su autonomía en materia de seguridad ya que la única fuerza que custodia el barrio es la Gendarmería nacional”.

A raíz de las fugas de presos que se dieron en el último mes, el diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura de la Ciudad, Facundo Del Gaiso, se refirió a la crisis de seguridad que golpea al distrito capitalino. Además, explicó los motivos que llevaron a una merma en la actividad parlamentaria dentro de esa Casa.

En diálogo con el periodista Jorge Moure, el legislador definió a la Legislatura “como difícil, porque está muy atomizada” y aseguró que es “muy difícil lograr acuerdos para poder sesionar”.

Además, se refirió a la inseguridad de la Ciudad y con respecto a la fuga de presos de las comisarías porteñas, se mostró preocupado: “la situación no es normal. Se van a seguir escapando presos. Son delitos federales, dependen del Servicio Penitenciario Federal. Teníamos 60 presos por delitos federales y hoy tenemos mil Las comisarías no están preparadas para eso. Hay responsabilidad del Gobierno nacional”, advirtió.

Por otro lado, hizo un balance de los 100 días del Gobierno y la situación económica, y que si bien “la sociedad necesita seguir creyendo y no quiere volver atrás” hay mucha “incertidumbre" frente a la recesión que se viene.

En este sentido, agregó que “la gente la va a pasar mal. No veo empatía en el Gobierno ni preocupación por la clase media y los jubilados” y aseguró “estar muy preocupado porque los salarios no pueden subir porque sube la inflación, con tarifas que cuando lleguen van a presionar sobre la inflación. El que abre su comercio todos los días no vende, tiene que pagar sueldos, la luz. El jubilado no puede comprar alimentos ni medicamentos. No veo un gramo de humanismo en las políticas".

A raíz de la fuga de diez presos en menos de un mes, el diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura de la Ciudad, Facundo del Gaiso, exigió que el Gobierno Nacional intervenga para frenar esta situación y adelantó que desde la Coalición Cívica le enviaron una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitando el urgente traslado de los presos federales.

A través de sus redes sociales, Del Gaiso se preguntó: “¿tenemos que esperar que pase una tragedia para que el Gobierno Nacional se haga cargo de los presos que le corresponden al Servicio Penitenciario Nacional? ¿Cuándo lo hacia el kirchnerismo, denunciábamos que buscaban perjudicar a la Ciudad, si lo hace el Gobierno de Javier Milei no?”.

“Desde la Coalición Cívica, le enviamos una carta a la ministra de Seguridad, solicitando el urgente traslado de los presos federales. Tenemos 2005 presos federales custodiados por 2000 policías, que en vez de estar patrullando las calles están armando barricadas en las comisarías”, continuó el legislador.

Al mismo tiempo que concluyó planteando que “el maltrato a la Ciudad es similar del kirchnerismo como del Gobierno de Milei. No cumplen el fallo de la Corte por la Coparticipación, que implica un alzamiento al orden democrático. Con una deuda acumulada de 1 billón de pesos (el presupuesto total CABA es 6 billones)”.

A raíz de los incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional el pasado 4 de abril, los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron una iniciativa para que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, sea interpelado en la Legislatura porteña debido a las agresiones que recibieron los diputados nacionales Juan Marino y Lorena Pokoik (UP) por parte de agentes de la Policía de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “el 4 de abril se desarrollaban en simultáneo, en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, frente al Congreso Nacional, un acto de la Multisectorial por la Seguridad Social y un reclamo de sindicatos docentes” y precisaron que “pese a que el desarrollo de la jornada transcurría de modo pacífico, la Policía de la Ciudad decidió avanzar sin previo aviso sobre la manifestación de docentes”.

“Al momento del avance policial se encontraban presentes los diputados nacionales Juan Marino y Lorena Pokoik, que rápidamente se acercaron al cordón policial con sus credenciales de diputados nacionales en alto, para dialogar con algún responsable del operativo y así poder solucionar el conflicto. Frente a eso y sin mediar palabra, un efectivo de la Policía de la Ciudad, que no portaba identificación en su uniforme, les arrojó gas directamente a la cara”, aseveraron.

Sobre esa misma línea precisaron que “a esta grave falta debe sumarse el feroz ataque contra dos diputados nacionales, que reviste un acto de suma gravedad institucional, violatorio de la Constitución Nacional, que en su capítulo tercero establece criterios claros sobre la limitación del ejercicio de la fuerza pública sobre los representantes directos del pueblo elegidos democráticamente”.

Asimismo, consideraron que “resulta inadmisible la naturalización del ejercicio de la violencia por parte de agentes policiales, cuya misión fundamental es garantizar la convivencia ciudadana y el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Más aun cuando esa violencia es ejercida contra funcionarios de uno de los tres poderes del Estado, reconocido como fundamental por el sistema democrático argentino. A esta altura, no sólo representa una agresión a la persona y a la investidura de los legisladores, sino un riesgo real y latente de fractura del sistema democrático”.

“La conducción de las fuerzas de seguridad es el mayor deber político del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff. Es por ello que resulta menester que, en un acto de respeto por la institucionalidad, la división de poderes y de reafirmación del sistema democrático, se presente frente a este cuerpo legislativo a fin de dar cuenta sobre lo ocurrido el pasado 4 de abril”, sentenciaron.

En medio de la ola de inseguridad que azota a todo el país, el legislador de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución mediante el cuál le exigirá al Gobierno porteño que de detalles acerca de la fuga de once presos de las comisarias locales.

Es que según trascendió el pasado 31 de marzo se fugaron nueve presos del edificio anexo a la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, ubicada en el barrio de Balvanera; y este lunes ocurrió lo mismo con dos en la Alcaidía 3A, ubicada en San Telmo.

En este contexto, Barroetaveña pedirá a las autoridades que informen la situación procesal penal de las personas que se fugaron; la cantidad de Alcaidías de las que dispone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) así como cualquier otro espacio destinado al alojamiento de personas detenidas, detallando ubicación (dirección) y cantidad de metros cuadrados que suman todos ellos juntos.

También buscará conocer la cantidad de personal policial, por turnos, afectado a la custodia de cada una de las Alcaidías y cualquier otro espacio para el alojamiento de personas detenidas; y si las mismas recibieron alguna certificación de parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

Sobre esa misma línea, el peronista pidió que se informe “si existe algún tipo de control interno y externo acerca de las condiciones de alojamiento de las personas detenidas en las Alcaidías porteñas” y que se detalle el “presupuesto ejecutado por parte del GCABA, hasta la fecha actual, para el Nuevo Sistema de Comisarías de la Ciudad (15 Comisarías Comunales y 28 Comisarías Vecinales), discriminando la parte afectada a las Alcaidías”.

A su vez exigirá que se dé a conocer “la política penitenciaria desarrollada por el GCABA durante los últimos 10 años, en particular indicando estudios realizados y planes para la construcción de cárceles porteñas”.