Después de que en el último mes se escaparan once presos de distintas comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de Seguridad y diputada de Vamos por Más (VxM), Gimena Villafruela, y la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) y vocal de esa misma comisión, Claudia Neira, dialogaron con Parlamentario acerca de lo sucedido.

En ese contexto, ambas legisladoras fueron consultadas acerca de las causas que llevaron a que se pudieran fugar de cuatro comisarias del distrito capitalino. En ese sentido, Villafruela explicó que “la Ciudad no tiene Servicio Penitenciario ni cárceles propias. Así como la Policía de la Ciudad no está formada para cuidar a los presos, las Comisarías y Alcaidías no son lugares preparados para alojar delincuentes”, comenzó diciendo.

“Tanto la Nación como la Ciudad, heredan una situación provocada durante la gestión de Alberto Fernández que fue generar un crecimiento exponencial de los detenidos en la Ciudad producto de prohibir el ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia. En 2021, en la Ciudad había 60 presos, hoy tenemos más de dos mil. Hay una superpoblación en las Alcaidías y Comisarías, hay lugar para alojar mil y hoy tienen más de dos mil. Por todo esto es que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad están trabajando de manera conjunta para ir regularizando esta situación”, continuó.

Al mismo tiempo que remarcó que “el orden y la seguridad son ejes centrales en la Ciudad y eso se ve reflejado en los números: en el primer trimestre de gestión aumentaron las detenciones un 14%, sólo en el último mes aumentaron un 22%. Se detiene, en promedio, más de 80 personas por día. Estamos trabajando para cuidar al vecino y darle la tranquilidad que merece”.

Por su parte Neira, además de coincidir con Villafruela acerca de la sobrepoblación de las comisarías, explicó que “el ritmo de detenciones se encuentra en aumento. Desde el comienzo de esta gestión fueron detenidas más de seis mil personas, un promedio mucho mayor al de 2022, por ejemplo, donde en todo el año fueron detenidas poco más de 17 mil”.

“Todo esto genera una saturación del sistema que se traduce en este tipo de hechos, y pone en evidencia la necesidad de crear un Sistema Penitenciario propio de la Ciudad”, aseguró. En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que Nación traspase presos al sistema federal, la diputada oficialista señaló que “hay canales de diálogo abiertos permanentemente entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación para descomprimir la situación y llegar a un acuerdo favorable que garantice la seguridad para los vecinos”.

Gimena Villafruela, presidenta de la Comisión de Seguridad

Mientras que la peronista remarcó que “es fundamental que el Gobierno porteño avance en soluciones de corto y largo plazo en la materia: resulta tan necesaria la búsqueda de soluciones a través del Sistema Penitenciario Federal para descomprimir la sobrepoblación, como la asunción de la responsabilidad de crear un Sistema Penitenciario propio para resolver definitivamente el conflicto existente y, a la vez, anticiparse a transferencias penales futuras”.

“Por otra parte, ante el aumento de las competencias penales y teniendo en cuenta que continuará el proceso de nuevas transferencias de competencias a la Justicia de la Ciudad, presentamos una propuesta para ampliar de tres a cuatro la cantidad de juzgados de Ejecución penal estableciendo que, hasta tanto se pueda garantizar su puesta en funcionamiento, podamos contar con 4 secretarías de ejecución por zonas, para asegurar que se respeten todas las garantías constitucionales durante el cumplimiento de las penas, y colaborar en el desarrollo de un tratamiento post-penitenciario para la reinserción social de las personas liberadas”, continuó.

¿Vuelve el Consejo de Seguridad?

Desde que estas fugas comenzaron a darse de manera habitual, Neira reclamó en varias oportunidades la necesidad de que vuelva a reunirse el Consejo de Seguridad. “Creo que es imposible avanzar en todos los desafíos en materia de seguridad y de política penitenciaria sin la construcción de un diálogo institucional entre los diversos órganos que hacen a la elaboración de políticas públicas de la Ciudad. En este sentido, insistimos con la constitución del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito”, destacó.

“Este es un órgano que reviste jerarquía constitucional, que se encuentra previsto en la Ley de Seguridad Pública (N° 5.688), que cuenta con su propia Ley (N° 1.689) pero que, lamentablemente, no fue aún constituido. Sin embargo, sí existe una Unidad Enlace del Consejo en la órbita del Ministerio de Seguridad, que cuenta con presupuesto a pesar de no estar constituido el Consejo”, remarcó y precisó que “es fundamental, entonces, la conformación de este espacio para dar un marco de trabajo y planificación, partiendo del diálogo entre las instituciones públicas y con una perspectiva integral sobre las políticas de seguridad, prevención de delitos y de los mecanismos de detención de personas privadas de su libertad. Creemos que es viable y que se trata sencillamente de la voluntad política del Ejecutivo”.

Por su parte, Villafruela se mostró dispuesta a trabajar en la conformación de ese Consejo. “Si bien es un organismo que no está integrado únicamente por la Legislatura, sino por representantes de los tres Poderes de la Ciudad, estamos abiertos al diálogo en relación a este tema, como en muchos otros a los que me referí en preguntas anteriores”, explicó.

Finalmente, y atenta al trabajo parlamentario que se desarrollará dentro de la comisión de Seguridad, la diputada oficialista adelantó cuáles serán las prioridades para este año. “Estamos trabajando fuertemente en el proyecto de Ley de Reiterancia, presentado por el Poder Ejecutivo, que posibilita que, si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, espere su proceso presa, para finalmente terminar con la puerta giratoria. Ese proyecto de ley recae en las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, pero es una temática que está íntimamente ligada al área de Seguridad, por lo cual nos encontramos trabajando de forma articulada para lograr el mayor consenso posible y finalmente convertirlo en Ley”, indicó.

“Además, hace unos días se constituyó la Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Video Vigilancia, la cual tengo el orgullo de presidir, siendo un ámbito institucional necesario para el funcionamiento de dichos sistemas consagrados en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública”, precisó.

Claudia Neira, legisladora de Unión por la Patria

Mientras que Neira explicó que buscarán “mejorar el Mapa del Delito, integrando nuevas fuentes de información y publicando los datos actualizados en un tiempo razonable, algo que también venimos exigiendo al Ejecutivo ya que aún no contamos con los datos completos del año 2023. En ese sentido hemos presentado una propuesta para que el Gobierno tenga la obligación de publicar la información de cada año en el inicio de sesiones ordinarias del año siguiente, porque necesitamos tener acceso a esa información tan sensible para el desarrollo de políticas de prevención”.

“Por otro lado, creemos que es necesario poner prioridades en el abordaje de algunos barrios, como el caso de Constitución, donde hay una situación muy difícil por cómo se presenta la complejidad del delito. En ese sentido nosotros hemos acompañado un proyecto de los vecinos para declarar la emergencia urbanística y de seguridad en el barrio, proponiendo que el Estado establezca allí una zona de desarrollo prioritario para abordar el problema desde una mirada integral, reforzando especialmente los controles a las metaleras que siguen siendo el foco de mayor conflictividad para los vecinos del barrio”, subrayó.

A la vez que recordó que “a estos fines también venimos proponiendo un nuevo centro de monitoreo para el barrio en tiempo real, que permita una actuación rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad. Otra cuestión que para nosotros debería estar entre las prioridades en este mismo sentido es que el Gobierno porteño termine de asumir por completo la función de la seguridad en el barrio Ricciardelli (ex 1-11.14) que hoy no cuenta con presencia de la Policía de la Ciudad para garantizar la seguridad de los vecinos. Esa tarea aún está en manos de las fuerzas federales, y la Ciudad continúa cediendo su autonomía en materia de seguridad ya que la única fuerza que custodia el barrio es la Gendarmería nacional”.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, remitiera a la Legislatura porteña un proyecto en ese sentido, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro también pidió avanzar con la incorporación de la figura de la “reiterancia” en el Código Procesal Penal del distrito capitalino.

En los fundamentos de la iniciativa que presentó ante el Parlamento, Santoro consideró que “resulta lamentable que el delito sea para muchos una elección más deseable que el estudio o el trabajo, y son nuestras leyes penales y procesales penales, las que creamos, corregimos o derogamos, las que les brindan parte de las facilidades para que muchos sujetos elijan el camino del menor esfuerzo. Es hora de mirar con sensatez la problemática de la seguridad sin que el falso progresismo facilista, zaffaroniano y abolicionista nos intimide con sus cancelaciones y discursos falaces”.

“El delito debe ser penado, y no podemos corrernos un sólo centímetro de ese acuerdo social. El incremento de la inseguridad se torna preocupante, a diario asistimos a noticias que dan cuenta de ello y también que en la mayoría de los casos se observa que los delincuentes ya habían sido apresados y prontamente liberados, la famosa ‘puerta giratoria’, producto de un sistema que funciona deficientemente pero también de normativa insuficiente para encarcelar a los responsables”, siguió.

Sobre esa misma línea, recordó que el Ministerio del Interior presentó un Informe sobre Reincidencias Delictivas, del cual se observa que del total de la población que fue excarcelada en 2019, el 29, 2% ya había reincidido a los seis meses, luego ese porcentaje se incrementó al 44, 1% al año de haber salido. Al cabo de dos años, el 58,7% ya reincidió y a tres años de haber sido excarcelado el 65,6 % de los que estaban privados de su libertad volvieron a cometer un delito.

“Es por esto que creemos que la inclusión de la reiterancia como causal para mantener detenida a una persona en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires es una cuestión fundamental que hace a la seguridad de esos vecinos y para los millones que sin ser vecinos, transitan diariamente por nuestra ciudad, y sobre todo ha demostrado ser una herramienta muy útil para la prevención y para evitar que los delincuentes peligrosos puedan eludir la acción de la justicia por otros delitos graves, en la medida que hayan cometido otros previamente, en el marco de algunos supuestos que vamos a describir”, sentenció.

Siguiendo los lineamientos y lo propuesto por Patricia Bullrich durante la última campaña electoral, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó en la Legislatura porteña un proyecto para impulsar la “Ley de Reiterancia”, que endurece las penas de quienes vuelven a cometer delitos.

De esta manera, el texto recientemente ingresado en el Parlamento propone una modificación integral del Código Procesal Penal de la Ciudad, con el objetivo de endurecer las penas y que rija un criterio de justicia más severo para las personas que vuelven a cometer delitos.

En este sentido, se incorporarían varios artículos al mencionado Código, previendo expresamente el supuesto de “peligro de reiteración delictiva” y sumando a esas normas nuevas cláusulas que permitan “limitar la libertad personal del imputado, y aún dictar su prisión preventiva”.

Asimismo, se busca sumar “normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, las requisas y/o el secuestro de bienes procedentes de delitos o de elementos utilizados para cometerlos. Ello en tanto esas medidas constituyen la necesaria reglamentación de las pertinentes garantías constitucionales en juego, en función de la necesidad de su realización por el peligro de que con la demora se entorpezca el esclarecimiento de los hechos delictivos”, por lo que “se propone entonces que dichos medios de prueba puedan ser realizados por el personal policial, en función de la extrema urgencia, o por el fiscal en función de su urgencia y conocimiento”.

Tras la presentación del proyecto, Macri explicó: “proponemos que, si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, espere su proceso preso. Queremos que los delincuentes sean los que estén tras las rejas y que los vecinos de la Ciudad se sientan libres y seguros”.

“Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. Delito de adulto, pena de adulto. En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes”, completó el alcalde local.

Cabe señalar que el concepto de “reiterancia” es más estricto que el de “reincidencia”, que rige ahora. Con la reiterancia se busca que un delincuente espere el juicio preso. La reincidencia, en cambio, habilita la posibilidad de que el delincuente permanezca en libertad durante el proceso judicial, con la posibilidad de seguir delinquiendo. Esta modificación tiene el objetivo de evitar la llamada “puerta giratoria”, que hace que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra, con la chance de volver a delinquir.

Después de que se conociera el brutal asesinato de Uma -una nena de 9 años, hija de un custodio de Patricia Bullrich-, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, adelantó que le pedirá a la Legislatura porteña que avance con una Ley de Reiterancia.

A través de su cuenta de X -ex Twitter-, el alcalde porteño afirmó que le pedirá a sus legisladores trabajar en ese sentido. “Desde la Ciudad vamos a avanzar con nuestros legisladores en la Ley de Reiterancia para que rija un criterio de justicia más severo y estricto que reemplace al de la actual ley de reincidencia. Con más de dos procesos en curso por delitos cuya pena no sea excarcelable, el delincuente espera el juicio preso”, aseveró.

“Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes”, completó.

Cabe recordar que días atrás Macri ya había hecho otro singular pedido en pos de la seguridad: expulsar a los extranjeros que delinquen. “Hay expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen. Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina”, manifestó el pasado 11 de enero.

Atento a esta situación, Macri aseguró que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

“Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, completó.