Luego de que se conociera que los Registros de la Propiedad Automotor tendrían un aumento de más del 300%, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, presentó un reclamo administrativo al Ministerio de Justicia de la Nación con el fin de eliminar dichos registros y reemplazarlos por la implementación del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

La nota responde a la necesidad de adaptar la administración pública a los tiempos actuales y “promover una gestión eficiente y moderna”.

En el documento, la Fundación expone que “resulta absolutamente ineficiente y contrario a derecho, que los registros de la propiedad del automotor continúen con un sistema de tramitación presencial y sobre la base de expedientes en soporte papel, al solo efecto de beneficiar a una estructura anticuada y de características parasitarias”.

Asimismo, precisaron que resulta esencial que el Registro de la Propiedad Automotor incorpore herramientas digitales que permitan realizar gestiones de manera remota. Para la ONG, la adopción del sistema TAD facilitará la realización de trámites, reduciendo costos y tiempos tanto para la administración como para los ciudadanos.

De esta manera, desde la mencionada Fundación subrayaron que “esta iniciativa no solo está respaldada por la normativa vigente, sino que también responde a criterios de eficiencia y ética pública, en línea con los principios de modernización de la administración”.

En este sentido, se le solicitó al ministro de Justicia que tome “las medidas necesarias para implementar el sistema TAD en todos los trámites relacionados con el Registro de la Propiedad Automotor, contribuyendo así a una administración pública más ágil y eficiente”.

En medio de la fuerte interna que atraviesa a los liberales tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró en las redes sociales la determinación de La Libertad Avanza (LLA) de nombrar nuevamente como jefe de esa bancada a Ramiro Marra.

A través de sus redes sociales, Santoro expresó: “quiero felicitar a Ramiro Marra por recuperar la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura porteña. El reconocimiento a la gente que trabaja y se esfuerza es fundamental dentro del ethos liberal. Bienvenido sea que se haya corregido una injustica y un error. ¡Viva la libertad carajo!”.

Cabe recordar que algunas semanas atrás, justo para el inicio del nuevo año parlamentario, los libertarios habían nombrado como jefa de bloque a María del Pilar Ramírez, quien mantiene una estrecha relación con Karina Milei. Lo cierto es que la determinación no cayó nada bien en algunos sectores del espacio, quienes preferían que Marra, hombre de confianza de Javier Milei, siguiera en esa posición.

Y si bien el nombramiento de Ramírez ya había sido oficializado ante la Legislatura, la decisión del diputado nacional Oscar Zago de conformar Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), una bancada propia, apuró los cambios en la Ciudad, a fin de evitar un quiebre mayor en este ámbito.

Es que en esta Casa, LLA cuenta con nueve integrantes, de los cuales dos responden a Zago –Edgardo Alifraco y Sandra Rey-. Tan es así que el diputado nacional había anticipado que la conformación del MID podría llegar al Parlamento porteño, dado a que también estaban disconformes con el apartamiento de Marra de la jefatura del bloque.

De esta manera, y a fin de evitar la ruptura del bloque, los legisladores porteños decidieron que Marra vuelva a ser el jefe de la bancada LLA y ya remitieron la nota a las autoridades de la Legislatura local. Por lo que durante la próxima sesión ordinaria será ratificado en el cargo.

Quiero felicitar a @RAMIROMARRA por recuperar la presidencia del bloque de LLA en la @LegisCABA. El reconocimiento a la gente que trabaja y se esfuerza es fundamental dentro del ethos liberal. Bienvenido sea que se haya corregido una injustica y un error. VLLC

— Yamil Santoro Rudko (@yamilsantoro) April 17, 2024

Tras el planteo presentado por la Fundación Apolo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución mediante la cual se derogaron las medidas que habían establecido la paridad de género obligatoria en sociedades, asociaciones y fundaciones. Atento a esta situación, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la decisión.

En ese sentido, el legislador destacó la decisión de la IGJ que “encauza por el camino de la libertad al derecho de asociación, permitiendo que sea la idoneidad, y no otra cosa, el criterio de acceso a cargos directivos en organismos privados”, al tiempo que resaltó el trabajo del equipo de legales de la ONG.

Cabe señalar que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal decretó la inconstitucionalidad de la medida impugnada, pero solo con efectos para la fundación litigante.

Recientemente, la ONG que combate los casos de corrupción había presentado un reclamo administrativo ante la Inspección General de Justicia, requiriendo la derogación que hoy decidió dicho organismo. De esta forma, ninguna de las entidades que regula la Inspección General de Justicia se encuentra obligada ahora a implementar la paridad de género en sus órganos de administración.

Entre los argumentos brindados por el tribunal que recoge la resolución conocida hoy, cabe destacar el que se refiere a que había sido “[…] la propia inspección general de justicia quien expresamente reconoció, en los considerandos de la resolución 34/2020 en pugna y como atribución que la Constitución reservó al Congreso de la Nación, la de ‘legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad’ (art. 75, inc. 23, C.N.; cfr. considerando 4º, resolución cit.), fundamento de la decisión en crisis; lo cual —valga recordarlo— responde al debate que se suscitó en el seno de la Convención Nacional Constituyente del año 1994 (cfr. Diario de Sesiones, 22º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); 23º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); y 34º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación), del 2, 3 y 19 de agosto de 1994, respectivamente)”.

El diputado porteño Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley de “libre elección de medios de pago en el transporte público”, a fin de habilitar el pago electrónico en los servicios de transporte público regulados por el distrito capitalino, sin tener que preocuparse por acreditar saldo en la tarjeta SUBE como única forma de poder viajar.

Las principales características de la presentación incluyen varios aspectos. Sobre la ampliación de los medios de pago, se informó que se permitirá el pago mediante la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito con tecnología sin contacto, billetera digital, aplicación móvil, código QR u cualquier otro medio digital que sea establecido por la autoridad de aplicación.

Al respecto del alcance del proyecto, incluye el Subterráneo de Buenos Aires, el Premetro, las líneas de colectivo que operen exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad Autónoma y cualquier otro medio de transporte público que funcione dentro del distrito.

Finalmente, sobre las facultades de la autoridad de aplicación, el proyecto explicita que la autoridad designada por el Poder Ejecutivo estará facultada para realizar convenios con empresas públicas y privadas, acordar beneficios relacionados con el valor del servicio y emitir disposiciones complementarias para la reglamentación de la ley.

Respecto de la iniciativa, Santoro manifestó que “hay una necesidad de modernizar y desmonopolizar las formas de pago en el transporte público, para darle a los usuarios la posibilidad de elegir el medio de pago que les resulte más conveniente y cómodo” y concluyó destacando que esta iniciativa acompaña la política de competencia y desmonopolización anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo denunció a los titulares de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ATE Capital, Roberto Aguiar y Daniel Catalano, por promover la toma de edificios públicos.

La denuncia también lleva la firma de José Magioncalda y Juan Martín Fazio, y fue realizada por convocar, promover y organizar actos de fuerza contra el orden público y atentados contra la autoridad perpetrados durante las protestas en los edificios de la Secretaría de Trabajo y el ex- INADI.

En el documento que la Fundación presentó ante la Justicia se explica que “no obstante el operativo de seguridad coordinado entre fuerzas de la ley federales y porteñas, los manifestantes organizados por los denunciados, procedieron a ingresar y tomar por la fuerza algunas oficinas públicas, impidiendo las actividades de funcionarios públicos que allí cumplen servicio”.

“Si los manifestantes ingresaron contrariando las órdenes de autoridad pública y violentando su operativo, impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habrían configurado atentados a la autoridad de los Arts. 237 y 247 del Código Penal”, concluye el texto.

Sin lugar a dudas el disparador de esta iniciativa fue la polémica que se armó en torno a una diputada nacional que confesó contar solo con sexto grado. A partir de ello, un legislador porteño reclama que sea obligatorio en la Ciudad contar al menos con el título secundario.

“Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”, se pregunta el diputado porteño Yamil Santoro, autor de un proyecto sobre el tema, que ahora quiere motorizar a través de una petición presentada en la plataforma Change.org.

Allí, Santoro plantea: “Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”.

“Aunque no lo creas, esta insensatez hoy es realidad. Por eso, presentamos un proyecto de ley para que los candidatos a jefe de Gobierno, Legisladores y Comuneros de la CABA deban tener secundario completo -agrega el legislador-. Desde Republicanos Unidos creemos que la función pública no es un privilegio sino una responsabilidad, que debe ser llevada con transparencia, eficacia y buen criterio”.

Santoro pide la firma “para subirle la vara a los políticos” argumentando que “debemos estar a la altura del cargo al que nos presentamos, por respeto a los vecinos y en pos del buen gobierno”.

Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?

Desde @repunidosCABA creemos que la función pública no es un privilegio sino una responsabilidad, que debe ser llevada con transparencia, eficacia y buen… pic.twitter.com/LN1idwCqLc

— Yamil Santoro Rudko (@yamilsantoro) March 26, 2024

Luego de la polémica que se generó en torno a los estudios de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho, que admitió no haber terminado la primaria, el legislador de Republicanos Unidos presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos que se postulan para cargos electivos” en el distrito.

El proyecto de ley propone modificaciones en diversos artículos del Código Electoral, entre los cuales se destaca la inclusión de requisitos educativos para los precandidatos.

El texto explica que aquellos que deseen postularse para cargos electivos deberán contar con título secundario, terciario o universitario. Además, se establece que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas. Además busca regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro expresó la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los principios democráticos y constitucionales. En este sentido, sostiene que la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.

“La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”, completó.

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El legislador porteño Yamil Santoro (Republicanos Unidos), presentó un proyecto de declaración en el cual expresa su preocupación por la frase expresada por Estela de Carlotto cuando, en referencia al Gobierno de Javier Mieli, señaló: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”. La presentación fue acompañada por Rebeca Fleitas, Patricia Glize, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Facundo Del Gaiso, también diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La frase fue vertida por Estela de Carlotto en el marco de la marcha por el 24 de marzo, celebrada el domingo. En ese sentido, los firmantes consideran que estas palabras constituyen una clara incitación a la desestabilización del gobierno constitucional, lo cual atenta contra el sistema democrático de nuestro país.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que dichas expresiones representan una lógica perversa que busca socavar la legitimidad del gobierno elegido democráticamente, y que supone que solo aquellos que comparten su misma orientación política e ideológica pueden gobernar legítimamente.

Asimismo, hacen hincapié en la importancia de defender el orden constitucional y republicano, así como en la necesidad de repudiar expresiones desestabilizadoras que pongan en riesgo la estabilidad democrática del país.

“Es deber ineludible de las fuerzas democráticas la de defender el orden constitucional y republicano, y manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio a las expresiones desestabilizadoras y destituyentes como las de la señora Estela de Carlotto”, expresa el texto.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, remitiera a la Legislatura porteña un proyecto en ese sentido, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro también pidió avanzar con la incorporación de la figura de la “reiterancia” en el Código Procesal Penal del distrito capitalino.

En los fundamentos de la iniciativa que presentó ante el Parlamento, Santoro consideró que “resulta lamentable que el delito sea para muchos una elección más deseable que el estudio o el trabajo, y son nuestras leyes penales y procesales penales, las que creamos, corregimos o derogamos, las que les brindan parte de las facilidades para que muchos sujetos elijan el camino del menor esfuerzo. Es hora de mirar con sensatez la problemática de la seguridad sin que el falso progresismo facilista, zaffaroniano y abolicionista nos intimide con sus cancelaciones y discursos falaces”.

“El delito debe ser penado, y no podemos corrernos un sólo centímetro de ese acuerdo social. El incremento de la inseguridad se torna preocupante, a diario asistimos a noticias que dan cuenta de ello y también que en la mayoría de los casos se observa que los delincuentes ya habían sido apresados y prontamente liberados, la famosa ‘puerta giratoria’, producto de un sistema que funciona deficientemente pero también de normativa insuficiente para encarcelar a los responsables”, siguió.

Sobre esa misma línea, recordó que el Ministerio del Interior presentó un Informe sobre Reincidencias Delictivas, del cual se observa que del total de la población que fue excarcelada en 2019, el 29, 2% ya había reincidido a los seis meses, luego ese porcentaje se incrementó al 44, 1% al año de haber salido. Al cabo de dos años, el 58,7% ya reincidió y a tres años de haber sido excarcelado el 65,6 % de los que estaban privados de su libertad volvieron a cometer un delito.

“Es por esto que creemos que la inclusión de la reiterancia como causal para mantener detenida a una persona en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires es una cuestión fundamental que hace a la seguridad de esos vecinos y para los millones que sin ser vecinos, transitan diariamente por nuestra ciudad, y sobre todo ha demostrado ser una herramienta muy útil para la prevención y para evitar que los delincuentes peligrosos puedan eludir la acción de la justicia por otros delitos graves, en la medida que hayan cometido otros previamente, en el marco de algunos supuestos que vamos a describir”, sentenció.

El diputado de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para ponerle un freno a un decreto firmado por el ex presidente Alberto Fernández, mediante el cuál se habilitan las custodias en el exterior para los ex mandatarios.

El escrito fue presentado a través de la Fundación Apolo y también lleva la firma de José Magioncalda y Christian Cao, buscando así complementar la medida de amparo que la misma Fundación había presentado en diciembre pasado, donde pedían que el Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, “cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad”.

El Decreto en cuestión data del 9 de diciembre del año pasado, cuando fue publicada la edición extraordinaria del Boletín Oficial N° 35.317 Año CXXXI como “decreto de autodefensa exmandataria internacional”. Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional.

Esta medida modifica el decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos debía ‘proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia’”.

De esta manera, el escrito recientemente presentado en la Justicia plantea que “el privilegio impugnado –la concesión de la custodia personal a perpetuidad y donde esté el exmandatario presente- importa un costo muy importante para el erario público. Esta asignación de dinero para la custodia de ‘exmandatario/s’ a perpetuidad en todo el planeta implica distraer fondos públicos para las funciones del Estado”.

Además, advirtieron que no se especifican los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el ex mandatario esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección. ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio. “En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.

Después de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, el legislador de Republicanos Unidos (U) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo -bajo la representación de José Magioncalda y Juan Martín Fazio– se presentaron ante la Justicia para interponer un recuso de Alzada contra la resolución de la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que evita y se desentiende de su reclamo para derogar el régimen vigente que obliga a sociedades, asociaciones y fundaciones a implementar paridad de género.

Según explicaron desde la mencionada fundación, “el planteo de Apolo ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente” y destacaron que “las facultades suficientes de la I.G.J. para dejar sin efecto sus propias resoluciones, esta funda su evasiva en que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente pronunciamiento sobre el tema en un juicio particular, por lo que no la I.G.J. no tomará decisión alguna hasta que la Corte falle”.

Sobre esa misma línea, recordaron que “las sentencias judiciales rigen particularmente para las partes de un juicio, de modo que nada obsta al Inspector General de Justicia Dr. Vítolo a derogar una norma general de acuerdo con su propio criterio sobre la conveniencia y legitimidad de mantener el régimen que impone paridad de género”.

“Asimismo, Fundación Apolo explica en su apelación que la negativa a tomar una decisión vulnera el derecho a peticionar antes las autoridades de todo ciudadano, que supone el derecho a recibir una respuesta fundada en razones de hecho y de derecho; y cita un precedente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que determina que “no decidir o decidir fuera de plazo constituyen conductas irregulares de la Administración que perjudican al particular y atentan contra el accionar eficaz de aquella”, agregaron a través de un comunicado.

El recurso de Alzada interpuesto deberá resolverlo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “ratificando la política de género establecida en la gestión de Alberto Fernández, o haciendo lugar al planteo de Fundación Apolo, que ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente para personas jurídicas”, completaron.

Luego de la polémica que se generó en torno a los estudios de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos que se postulan para cargos electivos” en el distrito.

De esta manera, el proyecto de ley propone modificaciones en diversos artículos del Código Electoral, entre los cuales se destaca la inclusión de requisitos educativos para los precandidatos.

El texto explica que aquellos que deseen postularse para cargos electivos deberán contar con título secundario, terciario o universitario. Además, se establece que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas. Además busca regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro expresó la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los principios democráticos y constitucionales. En este sentido, sostiene que la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.

“La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”, completó.

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En el marco del feriado XL por los feriados de carnaval, el presidente del bloque Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para ordenar y reorganizar los carnavales y que los mismos sean realizados en espacios específicos, evitando así cortes de calles y favoreciendo la libre circulación de los vecinos.

De esta manera, el diputado explicó que “según datos publicados en la web del Gobierno de la Ciudad, el año pasado se llevaron adelante 22 corsos en calle, generando 347 cortes totales de calle que afectaron la circulación” e indicó que “el esquema actual habilita de manera permanente el corte de calles durante días, afectando seriamente a quien no quiere ser parte de estos festejos y a los servicios de ambulancias o policía”.

“La Ordenanza 52.039 instaba al Gobierno al desarrollo de los carnavales en los espacios destinados al efecto: clubes barriales, asociaciones, autódromo, etc. Creemos importante volver al espíritu original”, aseveró.

Es por ello que la iniciativa busca establecer dos limitaciones: la primera es que no se produzcan cortes calles para realizar corsos (salvo que lo habilite la Comuna expresamente), y la segunda es que las prácticas se desarrollen en lugares preparados acústicamente, para evitar molestias en los vecinos. Como instancia adicional, el proyecto también incluye la derogación de la Ley 1.527.

En consonancia con lo planteado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro insistió en la Legislatura porteña con un proyecto impulsado por Roberto García Moritán y Marina Kienast (FLR) en 2022, mediante el cual se buscará establecer mecanismos de reintegro con las provincias por los gastos generados al atender a residentes de fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al tratarse de una versión renovada de esa iniciativa, se agregó el acceso prioritario a la atención médica para las personas argentinas con domicilio legal en la Ciudad.

De esta manera, para recuperar los costos de atención, los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe cuando una persona argentina con domicilio legal fuera de la jurisdicción del distrito capitalino sea atendida en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones. Mensualmente se remitirán los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados.

El proyecto propone además que todos los establecimientos de salud de la Ciudad atiendan prioritariamente a los residentes de Buenos Aires, garantizando así que los servicios de salud estén disponibles para aquellos que residen en la jurisdicción y contribuyen al sistema de manera directa a través de sus impuestos. La presentación también busca modificar el artículo 33 de la Ley 153 para incluir los ingresos generados como recursos para fortalecer el presupuesto de salud.

Por último, se faculta -en caso de ser aprobada- al jefe de Gobierno, o a quien éste designe, a suscribir acuerdos de reciprocidad sanitaria con ciudades o provincias argentinas para establecer condiciones para la atención sanitaria de los no residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto de la iniciativa, Santoro concluyó planteando que “desde Republicanos Unidos ya habíamos trabajado en recuperar los recursos de los porteños, que se usan día a día en atender a residentes de otras provincias. Ahora, queremos complementar ese trabajo, priorizando a su vez a nuestros vecinos en el orden de atención. Esto es reconocer a quienes pagan de forma directa por un servicio”.

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmara la mudanza de la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro avaló sus dichos y reafirmó su posición a favor de ese traslado.

Cabe recordar que el bloque legislativo de RU había manifestado anteriormente su apoyo a esta medida, solicitando formalmente la mudanza y reiterando esta petición en diversas ocasiones. “La decisión del presidente Milei de avanzar con este traslado demuestra un compromiso firme con los principios de paz, seguridad y respeto a la soberanía de Israel”, señaló.

“Apoyamos la decisión del presidente Milei de mudar la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén. Esta medida refuerza los lazos de amistad y cooperación entre Argentina e Israel, dos naciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad”, agregó Santoro.

El legislador ya había presentado este mismo pedido en los años 2018 (gobierno de Mauricio Macri); 2020 (gobierno de Alberto Fernández); y el 15 de diciembre pasado, post asunción presidencial

“El traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén envía un mensaje claro de apoyo al derecho del pueblo israelí a determinar su propia capital y a vivir en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Además, refuerza el compromiso de Argentina con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la estabilidad en la región. Solo tres países tienen Embajada en Jerusalén en este momento. Entre ellos se cuenta Estados Unidos, quien mudó su embajada por decisión del expresidente Donald Trump”, destacó.

Además, desde Republicanos Unidos reiteraron “su compromiso de trabajar en favor de una política exterior basada en principios de justicia, paz y respeto mutuo entre las naciones, y espera que esta decisión contribuya a promover el diálogo y la cooperación en el Medio Oriente”.

Luego de que se viralizaran las imágenes de los golpes y amenazas que recibió, el joven militante de La Libertad Avanza (LLA), Patricio Chazarreta, que fue agredido por un periodista y militantes de organizaciones kirchneristas y de izquierda durante una marcha en contra de Ley Ómnibus, inició acciones legales contra los victimarios y será representado por el legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro y la Fundación Apolo.

El joven hizo una denuncia penal y contravencional por “lesiones, discriminación por odio político y hostigamiento las agresiones verbales y físicas” cometidas por los manifestantes.

Chazarreta tiene 23 años y es oriundo de Morón. Sobre el hecho, refirió que “estábamos con un grupo de amigos y se acercaron manifestantes a recriminarnos. En ningún momento creí que estaba molestándolos, y como vi que había policías y gente del Congreso no me imaginé que iba a pasar algo. No quisimos provocar, nos atacaron cuando nos estábamos yendo. El tipo que me pegó ya tenía antecedentes de agredir a otros por su posición política”.

La denuncia destaca que la “única motivación posible de las agresiones fue la portación de una gorra con la leyenda ‘Las fuerzas del Cielo’, que se asocia con el partido La Libertad Avanza, por lo que debe evaluarse la incitación a persecución u odio por opinión política”.

Asimismo, se contestó que el saldo del golpe que le propinó el periodista Germán Enrique Garriga fue una inflamación, dolor en la mandíbula y dificultad para morder.

Buscando simplificar controles y achicar costos, el jefe del bloque de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear el “programa de inspección polivalente”, a fin de que, en varias áreas de control, un sólo inspector realice las inspecciones y avise 30 días antes al comerciante que será inspeccionado.

El proyecto en cuestión también lleva las firmas de las diputadas de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas y Patricia Glize y la de Confianza Pública (CP) Graciela Ocaña.

La iniciativa establece que la autoridad de aplicación de este será la “Agencia Gubernamental de Control”, la que tendrá la responsabilidad de realizar la mayoría de los controles de la actividad comercial, incluyendo fiscalización de la ley de publicidad exterior y actividades desarrolladas en espacios públicos, entre otras. Sólo quedarían fuera de este régimen las inspecciones por temas tributarios y laborales, áreas que por su sensibilidad pueden requerir visitas sorpresivas.

Cabe señalar que en virtud del marco normativo vigente, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la Subsecretaría de Control de Higiene Urbana, la Dirección General de Fiscalización, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Gubernamental de Control. Asimismo, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos e involucra a más de cinco inspectores, que ingresan a un mismo local para controlar en diferentes momentos. Esto derivan en más tiempo y trabajo de los comerciantes en controles e inspecciones.

Respecto de la iniciativa, Santoro señaló que “el proyecto implica el reemplazo de la fiscalización de tipo estructural vigente por una fiscalización de tipo coyuntural, cuyo foco estaría puesto en la detección de faltas furtivas y su subsanación” e indicó que “este cambio de paradigma no solo implicaría un ahorro significativo de recursos a corto plazo, sino que además su implementación demandaría costos triviales, ya que no exige un cambio estructural, sino sólo un cambio de diseño. Pero como contrapartida, nos ahorraríamos miles de inspecciones duplicadas”.

Asimismo, precisó que “en este marco, la fiscalización de buena parte de la actividad comercial sería realizada por una única figura, el inspector polivalente, quien estaría facultado para controlar la documentación, las posibles faltas y su corrección, evitando la duplicidad de inspecciones a la misma entidad inspeccionable”, explicó.

Además, el proyecto prevé que los organismos gubernamentales, salvo trabajo y AGIP, avisen al titular de la actividad comercial no menos de 30 días hábiles que será visitado y sobre qué versará la inspección.

“El proceder actual y la distribución de funciones y facultades, conlleva un evidente despilfarro de recursos públicos en claro perjuicio de los contribuyentes. Por ello, centramos nuestro interés en modernizar el procedimiento de fiscalización de la actividad comercial”, finalizó el legislador.

En medio del debate por la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y apoderado de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para pedir que esa fundación sea aceptada como “amicus curiae” para aportar su análisis en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del DNU del presidente Javier Milei.

El pedido se basa en que esta decisión “pone un freno injustificado a medidas necesarias y urgentes para revertir aspectos de nuestra legislación que han distorsionado las relaciones del trabajo, muchas veces, a favor de estructuras prebendarias y corporativas”.

Al mismo tiempo que señaló que uno de los argumentos más representativos de la presentación es el “deterioro económico de nuestro país” que además “no es ajeno a su deterioro institucional”. Asimismo, se remarca que “el desastre económico que padecemos se ha sostenido sobre la base de normas y hechos que, a lo largo de muchos años, han desnaturalizado los principios y valores que garantiza la Constitución Nacional”.

De esta manera, mediante un escrito, la Fundación afirma presentarse “en carácter de ‘amicus curiae’ expresando las razones por las cuales son ajustadas a derecho, urgentes y necesarias, las normas que se pretenden impugnar en estos actuados, así como a expresar las razones por las cuales resulta improcedente la medida cautelar dictada a los efectos de suspender la normativa en cuestión”.

“Debe entenderse que las leyes pueden reglamentar derechos, pero no pueden ir contra la naturaleza de las cosas. Tal como ocurre en la economía, cuando se emite moneda sin respaldo, la emisión legislativa de derechos, sin respaldo en la realidad, ha reducido sensiblemente el trabajo legal, mientras la realidad, que tiene vida propia, ha llevado al 40% de los trabajadores a la clandestinidad y la desprotección más absoluta”, agregaron desde la Fundación.

Además, desde la mencionada Fundación sostuvieron que la medida que frena el decreto no tiene justificación: “este fallo favorable suspende todas las normas impugnadas por quienes detentan el monopolio de la representación sindical”.

“El DNU busca avanzar hacia un nuevo sistema económico que, como tal, abarque reformas en la Administración Pública, en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo y en otras áreas que hacen al desarrollo del país. Y no se advierte una afectación directa de derechos adquiridos de ningún trabajador”, completaron.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, le pidió a la Justicia que se investigue el desempeño tanto de la Secretaría de Comercio de la Nación, como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y también del Banco Central, por el manejo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en el que se advirtieron supuestas irregularidades vinculadas a la autorización de importaciones.

El texto recientemente presentado también lleva la firma de José Magioncalda, otro de los representantes de la mencionada fundación, y cuenta con el patrocinio legal del abogado Juan Fazio.

En el escrito se solicita que se libre oficio al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación en la que consten los procedimientos correspondientes al sistema. Y también pide la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre afirmaciones vertidas contra el ex secretario de Comercio, Matías Tombolini, durante el debate presidencial.

Además, manifiesta que “se libre oficio a la Secretaría de Comercio, al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación que obre en su poder, en la que conste todo el procedimiento a seguir en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y de dónde surjan cuáles son los funcionarios habilitados en el sistema para dar por concluidas las distintas etapas del mismo, hasta la autorización de importación, inclusive”.

“La supuesta operatoria ilícita cuya investigación se solicita, importaría un gravísimo daño en la economía argentina, y una enorme lesión en la confianza en las instituciones, de la que debieran gozar los ciudadanos. Por esa razón, es que resulta de suma importancia que el Poder Judicial investigue los hechos aquí denunciados”, agrega el documento.

Cabe destacar que por diversos medios se difundió la existencia de posibles situaciones ilícitas, vinculadas a la autorización de importaciones, que apuntan a la Secretaría de Comercio de la Nación, que en su momento era conducida por Tombolini. Incluso, la denuncia menciona una afirmación de la ex candidata a presidente de Juntos, Patricia Bullrich, durante el debate presidencial en el cual le recriminó al ex ministro de Economía, Sergio Massa, tener “un Tongolini en tu Gobierno”, haciendo un juego de palabras con el apellido de Tombolini y un “tongo” (que en lunfardo significa trampa). Ante esto, se solicita también la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre esas manifestaciones vertidas.

Asimismo, es preciso señalar que las autorizaciones de las importaciones se encontraban hasta hoy atadas a un procedimiento denominado SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) en el que intervienen la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina. En este sentido, no fueron pocos los emprendedores y empresarios Pyme que denunciaron anónimamente ante medios y en redes sociales, irregularidades en estas operaciones.

Ante reiteradas afirmaciones como estas, la Fundación Apolo sentenció: “en el caso que nos ocupa, la operatoria ilícita descripta, importa la recepción de dádivas a cambio de hacer, es decir, a cambio de acelerar autorizaciones de importación y, previo a ello, la implementación de un oscuro sistema de importaciones donde prima la arbitrariedad”.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto al representante de la Fundación Apolo, José Magioncalda, presentaron ante el Tribunal un amparo para detener el decreto que habilita custodias en el exterior para expresidentes de la Nación.

El amparo fue presentado con el patrocinio de Christian Cao y se le pide al Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad que surge del Decreto 735/2023.

Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional. La medida implementada por el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, modifica el Decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos” debía “proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia”.

Además, según destaca Fundación Apolo, el decreto no identifica cuáles son las personas/funcionarios que la Casa Militar deberá proveer de seguridad personal, ya que la figura de “Ex mandatarios” (sic) resulta imprecisa y no jurídica.

Por lo que desde la mencionada fundación consideraron que “el decreto 735/2023 pretende imponer arbitraria e irrazonable y disociado del sistema republicano, un privilegio que reúne características inespecíficas”, destacaron desde la Fundación y agregaron que “lo burdo y precario del decreto –evidentemente de redacción apresurada el último día de un mandato presidencial- agrava la irrazonabilidad del privilegio que pretende cristalizar”.

Además, advirtieron que pasa por alto la falta de especificación de los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el “exmandatario” esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección, ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio.

“En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.

A días de haber asumido sus funciones en la Legislatura porteña, el diputado por Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó un proyecto de ley que busca derogar el “Convenio Marco de Cooperación suscripto con el Gobierno de la Ciudad de San Petersburgo de la Federación de Rusia- y la Ordenanza N° 44536 -Hermanamiento Moscú- “, al considerar que el país europeo viola los derechos humanos “sistemáticamente”.

El proyecto se enmarca, además, en la reciente visita de Volodímir Oleksándrovich Zelenski​ a la Argentina para la asunción de Javier Milei como presidente.

En ese contexto, Santoro manifestó que “no podemos permanecer indiferentes ante la invasión rusa en Ucrania” y que la medida sería “un gesto concreto de apoyo” al país presidido por Volodímir Oleksándrovich Zelenski. “La defensa de los principios democráticos y la soberanía de las naciones es una responsabilidad compartida por la comunidad internacional”, remarcó el legislador.

En ese sentido, el texto presentado por Santoro concluye explicando que las normas mencionadas “tenían el objeto de estrechar lazos con las ciudades de Moscú y San Petersburgo, en un contexto de paz y amistad. Pero en la actualidad, no podemos hacer caso omiso de las injusticias que se están llevando a cabo y hasta tanto no haya una resolución pacífica y Rusia se retire del territorio ucraniano nos corresponde la obligación de suspender dichos lazos”.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca simplificar la fiscalización comercial, para lo cual se propone que todos los controles sobre la actividad comercial sean llevados a cabo por un único organismo del Gobierno porteño.

El texto recientemente presentado explica que se busca simplificar la fiscalización comercial para que un solo inspector pueda realizar las tareas que hoy llevan a cabo, al menos, cuatro organismos y seis personas diferentes.

En ese sentido, se propone la creación del Programa de Inspección Polivalente, cuya autoridad de aplicación será la Agencia Gubernamental de Control, y a la que se le agregarán una serie de responsabilidades, tales como “administrar el Registro de Generadores Especiales y el Registro de Transportadoras de Materiales Áridos y afines”, “coordinar la fiscalización y control en materia de higiene urbana” y “gestionar la administración del Registro de Generadores Especiales (ReGE)”.

Sobre esa misma línea, dicho programa podrá “intervenir en la atención de reclamos, en materia de higiene urbana, a través del control de las conductas en infracción en el ámbito de su competencia”, “planificar, organizar e intervenir en las fiscalizaciones y controles en materia de residuos domiciliarios, generadores especiales, volquetes y áridos en el marco del plan operativo anual” y “controlar la separación en origen de Residuos Sólidos Urbanos por parte de los generadores en cumplimiento con la normativa vigente”.

Respecto de la iniciativa, Santoro explicó que “este proyecto está pensado para simplificarle la vida al comerciante. Hoy, si tenés un negocio, hay por lo menos cuatro organismos distintos y unos seis inspectores con los que tenés que organizar tus horarios para que te habiliten a trabajar. Queremos que esa inspección la realice una sola persona que responda a una única entidad”.

“Es decir, logramos que el comerciante no malgaste su tiempo en trámites engorrosos y a la vez ahorramos dinero del contribuyente. Nuestra política va en ese camino: descomprimir la burocracia estatal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, sentenció.

El flamante legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto al director de asuntos legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda, solicitó ante la Justicia la impugnación de una disposición del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a través de la cual se busca que 13 jefes de ese organismo sean nombrados como personal no jerárquico antes el cambio de Gobierno.

Según explicaron los denunciantes, esto se debe a que se “intenta reacomodar a funcionarios transitorios de la gestión kirchnerista en la nueva gestión para garantizarles un ingreso, a pesar de no fundarse necesidades específicas”.

De acuerdo a la denuncia, mediante una disposición de la Jefatura de Gabinete de Asesores del PAMI del 27 de noviembre de este año, se limitaron las funciones de 13 jefes del organismo cuyo nombramiento finalizaría el 9 de diciembre de 2023, para renombrarlos como personal no-jerárquico y así extender la relación de empleo antes de que cambie el Gobierno.

“La medida omite expresar razones que la justifiquen, resultando arbitraria. Por ello, Fundación Apolo interpuso recursos administrativos fundamentando la nulidad de la Disposición”, destaca el escrito, y agrega que “Fundación Apolo tiene por objeto velar por el cumplimiento, promoción y protección integral de los principios republicanos y el respeto por las instituciones, asegurando y promoviendo el cumplimiento de las normas y valores que rigen la vida en sociedad, a nivel local, provincial y nacional e internacional”.

“Del acto administrativo que nos ocupa no surge su finalidad en concreto, diluyéndose el intento de esbozarla en la vaga expresión: ‘lograr un servicio eficaz y de calidad’. No se advierte cómo se brinda eficacia y calidad al servicio al desvincular al personal ya empleado, y presuntamente idóneo, para cumplir funciones jerárquicas. Al contrario, a falta de mayores fundamentos en el acto, la decisión luce incoherente. Objetivamente, la medida favorece a las personas mencionadas en el anexo, garantizándoles puestos de trabajo de menor jerarquía aún cuando tienen preparación y vienen desarrollando otro tipo de puestos (jerárquicos)”, remarcaron desde la fundación.

Por lo que concluyeron advirtiendo que “el acto crea artificial y arbitrariamente una suerte de permanencia para personal no seleccionado por concurso, contrariando lo establecido por el Art. 16 c) del CCT aplicable”.

Anticipándose al recambio que se generará en la Legislatura el próximo 10 de diciembre, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y su par por La Libertad Avanza (LLA) Oscar Zago declinaron -durante la sesión ordinaria de este jueves- a sus bancas y asumieron sus reemplazantes.

En el caso de García Moritán su decisión estuvo fundamentada en que el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, lo convocó para formar parte de su gabinete como ministro de Desarrollo Económico. En su lugar asumió otro de los referentes de RU, Yamil Santoro, quien prevé quedarse en el cargo hasta diciembre de 2025, cuando se venza el mandato.

“Lo increíble es la sensación que tengo en este momento, no pensé sentir esa sensación de nostalgia y gratitud. Quiero agradecerles a todos los trabajadores de la Casa, a mi equipo de despacho y a los legisladores opositores, porque a pesar de los tonos y las diferencias ideológicas, siempre buscamos lo mejor para los porteños. Gracias a mis compañeros de Juntos por el Cambio. Ser parte del equipo de Macri es un tremendo honor”, expresó García Moritán.

Por su parte, Santoro manifestó: “Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en estos más de 15 años de militancia y trabajo. Desde el 2008 tuvimos el sueño de crear un espacio liberal en la Argentina, hoy tenemos un presidente de la Nación que comparte muchas de nuestras ideas, sino que en otros bloques también abrazan el camino de la libertad”.

Por su parte, Zago declinó a su banca para poder asumir como diputado nacional, cargo en el cual fue electo en los comicios del pasado 22 de octubre. En su lugar asumió Jorge Mario Reta, de acuerdo a lo establecido por la lista de candidatos proclamada en las elecciones de medio término del 2021.

“Esta es la tercera vez que me retiro de este precioso recinto. Cuando entro a este recinto vengo con algunos amigos y cuando me voy, siempre tengo más. Ojalá lo puedan sentir así y si alguno, en algún momento, se sintió agraviado por mí, pido disculpas, jamás fue mi intención. Le agradezco a los trabajadores de la Casa, es un orgullo tenerlos; gracias al cuerpo en general y especialmente a mi bloque, donde me sentí muy cómodo”, manifestó Zago antes de abandonar su banca.

El legislador porteño Roberto García Moritán, y el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro, denunciaron penalmente al ministro y candidato a presidente Sergio Massa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal). La misma está motivada en la ruptura de la veda electoral, al realizar un anuncio de créditos a través de la ANSES, a sólo 18 días de las elecciones.

Suscribe también el documento el abogado José Magioncalda, quien fue postulado por Republicanos Unidos como candidato a auditor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Juan Martín Fazio, referente de ese partido liberal.

Recordemos que el artículo 64 quater del Código Nacional Electoral especifica que queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada a la celebración de elecciones lanzar o promocionar planes o programas de alcance colectivo y “la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”. Violar esta veda implica de por sí una posible inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos. No obstante esto y al ser Sergio Massa actualmente un funcionario público, romper la veda electoral lo hace alcanzable también por la justicia penal (art 248 del Código Penal).

Al respecto, Moritán afirmó que “la utilización del estado para su beneficio es algo típico del kirchnerismo. Hicieron campaña con el plan platita, utilizaron el transporte público para llevar adelante una campaña del miedo y ahora violan el código electoral. No podemos ser pasivos frente a estos atropellos”.

Por su parte, Santoro detalló que “junto a Roberto denunciamos este nuevo exceso de Massa de cara a las elecciones. No puede llevarse por delante la legislación del país para saciar su vocación de poder. No todo vale y se lo vamos a demostrar a través de la justicia”.

A semanas de que se lleven a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el apoderado del partido Republicanos Unidos (RU) y dirigente liberal, Yamil Santoro, confirmó que ese espacio liberar “no podrá integrar” el frente de Juntos por el Cambio (JxC) en los próximos comicios.

Según señaló el dirigente “la situación se explica porque el sector que lidera Ricardo López Murphy -que había retirado su candidatura en el espacio para no afrontar la derrota en la interna-, bloqueara la realización de una convención partidaria que apruebe nuevamente su integración”. Al mismo tiempo confirmó que la pre candidatura de Roberto García Moritán para jefe de Gobierno sigue en pie, aunque no dentro de la coalición de JxC.

Respecto de esta situación, Santoro afirmó que “lamentablemente, el sector liderado por Ricardo López Murphy tomó la decisión de impedir que el partido que lo llevó a ser diputado nacional, integre este año la coalición opositora” y destacó que “contrario a su discurso público, donde procura que hay que ensanchar la coalición con personas que compartan valores, ideas y demás, Ricardo, por intereses mezquinos y personales luego de haber perdido una disputa interna, resolvió unilateralmente junto a su sector, excluirnos de la posibilidad de formar parte de la gran coalición””.

“En ese marco lo que les quiero dejar claro, es que no van a doblegar nuestra voluntad de representar a los porteños, ni nuestras ganas de impulsar las ideas de la libertad. Porque a pesar de los tramposos y traidores, daremos la lucha para que triunfe la libertad”, completó.

Este miércoles a las 18.30 se llevará a cabo un plenario de afiliados del partido liberal Republicanos Unidos, en el marco de una interna muy compleja entre los dirigentes representados por Yamil Santoro y Roberto García Moritán, por un lado; y Ricardo López Murphy, por el otro.

Los desencuentros comenzaron en 2022, cuando López Murphy decidió no preparar su plataforma como presidenciable y apuntó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La foto con Patricia Bullrich y sus posteriores declaraciones de que haría “cuanto estuviera a su alcance” para que ésta sea presidente, causaron malestar entre las filas del partido. Es que esta decisión se supone la tiene que tomar la convención del partido, formada por 45 convencionales de distintos sectores liberales, muchos de los cuales se enteraron por los medios de esta idea.

Incluso hubo una denuncia ante el Tribunal de Garantías, Derechos y Obligaciones del partido contra el actual presidente del partido, que responde a la línea de López Murphy. Este afirmó su apoyo a la candidatura del ex ministro de Economía de la Alianza, y a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, siendo la autoridad máxima del partido. Muchos de los afiliados entendieron que la candidatura “no estaría oficializada, y tampoco se ha llevado a cabo elección interna que dé cumplimiento a lo establecido por el Art. 56 de la Carta Orgánica”.

Sin embargo, desde la aprobación del reglamento y cronograma electoral se sucedieron varias irregularidades. La más relevante y la que desató la existencia del Plenario:

1) La Junta Electoral, con mayoría de López Murphy, se atribuyó la facultad de designar certificadores de firma (no previsto por carta orgánica) y removió a todos excepto los propios. Esto imposibilita que el campamento de García Moritán incorpore nuevos afiliados. También están ocurriendo otras arbitrariedades para limitar la competencia.

2) El Tribunal de Garantías del partido frenó la medida;

3) Dos de los tres apoderados (Guillermo Smith y Pablo Torres Barthe, pertenecientes a campamento RLM) presentaron un escrito en la justicia con la resolución del punto 1, diciendo que era suficiente con la firma de ellos dos para que se le dé curso (acompañando un acta vieja del partido donde decía que era suficiente con dos de tres apoderados);

4) El restante apoderado (Yamil Santoro) se presentó ante la justicia acompañando la última acta vigente dónde dice que se necesita a los tres apoderados para dar curso a presentaciones judiciales;

5) El juzgado se anoticia de esto y “frena todo”, exigiendo de ahora en más que los tres apoderados firmen cualquier presentación. Esto congela al momento la incorporación de nuevos afiliados, lo que para muchos precandidatos independientes de “Republicanos Unidos” es lo mismo que la prohibición a su candidatura, ya que esos mismos afiliados que habían incorporado al partido, son quienes firman sus avales para poder ser candidatos en la interna.

Ante esta situación, varios sectores no alineados con López Murphy convocaron a un plenario de afiliados este miércoles a las 18:30 en la Sociedad Científica Argentina, dónde los distintos sectores del partido debatirán opciones para destrabar esta intransigencia y desarrollar un marco que permita una sana competencia entre afiliados.

El precandidato a diputado nacional Yamil Santoro (Republicanos Unidos) destacó la competencia interna de Juntos por el Cambio que propone el espacio y cuestionó al legislador Javier Milei por “no validar su liderazgo en un esquema competitivo”.

Santoro remarcó que “no se me ocurre nada menos liberal que una persona que no está dispuesta a competir”. Además, agregó: “Fui la persona que estuvo en la mesa de negociación tratando de generar una interna con Ricardo López Murphy (diputado nacional), y Milei se asustó”.

Asimismo, señaló que “Republicanos Unidos es el único partido liberal que tiene internas abiertas y fuimos los únicos que logramos bajar impuestos y el gasto”. De esa manera, explicó: “Somos el bloque más eficiente en la Legislatura porteña ¿Cuántos aprobó el bloque de Milei? Cero ¿Republicanos Unidos? Nueve”.

Así también, manifestó: “Ser liberal no es una religión, no somos robots que seguimos un modelo lógico deductivo con premisas cerradas”. “Justamente el liberalismo nace como un opuesto a estas definiciones dogmáticas donde el individuo renuncia a su juicio crítico para tomar verdades”, aseveró.

Por otro lado, Santoro aseguró que Ricardo López Murphy es un referente de peso en la cuestión pública: “Siente los problemas del país y las necesidades productivas como una carga personal y, como hombre de la política, le interesa resolver”.

“Es de los últimos estadistas vivos y es una persona que genuinamente piensa qué es lo que le conviene al país. Por eso me gustaría que acepte el desafío de ser candidato a presidente, porque pondría a la agenda que importa sobre la mesa”, manifestó.

Por último, indicó: “Para CABA tenemos otro gran candidato que es Roberto García Moritán”, y cerró: “Más allá de si puede ser o no candidato para CABA, creo que la diferencia que Ricardo puede hacer en la discusión nacional es única, no veo que lo pueda hacer otro”.

Días después de haberlo denunciado por el delito de sedición, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y otros referentes de ese mismo espacio ampliaron su denuncia contra el presidente de la Nación, Roberto García Moritán, dado a que consideraron que “mantiene la decisión de incumplir la sentencia aunque proponga abonar con bonos”.

Asimismo, pidió que se analice la conducta frente al caso de Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro y Silvina Batakis.

La ampliación de la denuncia se debe a que García Moritán y Yamil Santoro –el otro dirigente de RU que encabezó el escrito- consideran que el presidente “pretende eludir el cumplimiento ritual de la sentencia de conformidad con lo dispuesto” por la Corte Suprema. El escrito presentado considera “que la legislación y la orden judicial refieren a ‘transferencias’ de fondos, y no a depósitos de bonos. Ello hace el incumplimiento del Poder Ejecutivo manifiesto”.

A su vez expresaron que “lo adelantado por el Poder Ejecutivo sobre las acciones a tomar importa una reedición de la conducta típica prevista en el art. 230 del Código Penal” y que  “en tanto pretende eludir el cumplimiento (…) de conformidad con lo dispuesto específicamente en la sentencia en base al Art. 75 inc. 3° de la Constitución Nacional y el Art. 6° de Ley 23548 en relación a la automaticidad y periodicidad diaria de la entrega de fondos según el porcentaje indicado (2,95% de la masa de fondos definida en el Art. 2° de Ley 23548”.

Por último, los denunciantes explicaron que “toda vez que la sentencia ha sido notificada a los Ministerios del Interior y de Economía, y que la ley prevé la actuación del Banco de la Nación Argentina, debe analizarse asimismo la conducta de participación de los implicados ministros Sergio Massa y Eduardo de Pedro, y de la Presidente del Banco de la Nación Argentina Silvina Batakis”.

Cabe recordar que días atrás el presidente anunció a través de las redes sociales su decisión de pagar con bonos lo que determinó la Justicia. “Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, sostuvo.

La agrupación de abogados Bloque Constitucional amplió la denuncia que oportunamente efectuara contra Cristina Fernández de Kirchner por la designación del senador Claudio Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

El escrito pide se investigue la responsabilidad penal de la senadora presidente provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Abdala, que resolvió la designación de Doñate para el próximo mandato, y la responsabilidad de los senadores oficialistas que votaron, en la sesión del día de hoy, favorablemente, refrendar lo actuado por Ledesma Abdala.

En el escrito, que lleva la firma de Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Fazio y Pedro Pusineri, entre otros, se sostiene que “ante la necesidad de designar a la totalidad de los representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura por un nuevo período, dicho cuerpo, no obstante el criterio interpretativo sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, decidió designar nuevamente al senador Claudio Martín Doñate, como representante por la segunda minoría del Senado”, pese a que la segunda minoría, corresponde al bloque Pro.

Recientemente, la Corte Suprema había cuestionado la maniobra del kirchnerismo consistente en desdoblar el bloque oficialista para crear un bloque que representara la segunda minoría y así designar a un oficialista en lugar de un opositor.

La sede de gobierno de CABA fue el epicentro de un interesante debate sobre el uso de armas menos letales por parte las fuerzas de seguridad porteñas, que fue presentado por la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico (UCPE), a cargo de Yamil Santoro, y el programa Dialogando BA, coordinado por Hernán Charosky.

El encuentro contó con la participación de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la CABA; Carolina Fernández Blanco, coordinadora del curso “Bases para una legislación racional”; Guillermo Iglesias Giuliano, exdirector de Operaciones Especiales de Seguridad Aeroportuaria; y Federico Soñora, fiscal a cargo de la UFI Nro 4 de Moreno (provincia de Buenos Aires). También participó el diputado nacional Ricardo López Murphy. Luego de las palabras de los oradores, se formaron mesas de diálogo conjunto para discutir la temática.

Durante las exposiciones en panel, el ministro D’Alessandro manifestó: “Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante la seguridad de la Ciudad, que tiene 3 millones de habitantes y recibe además otros 4 millones diariamente. El estado debe dar las herramientas necesarias para que nuestros policías puedan realizar su tarea. Ellos enfrentan diariamente situaciones donde deben decidir en fracciones de segundos cómo y con qué proporcionalidad deben intervenir. Para cuidado de terceros y para su integridad física” detalló. “Es muy difícil exigirle al policía que desempeñe su vocación de servicio cuando el Estado, por discusiones políticas e ideológicas, no le está dando las herramientas para poder cuidarse. Ningún policía ingresa a la institución para matar ni para ser asesinado”, amplió.

Por su parte, el diputado por Republicanos Unidos Ricardo López Murphy sostuvo que impulsará un debate en el Congreso y apuntó que “la abundancia de prejuicios ideológicos no nos han permitido entender de manera inteligente los dilemas que tenemos. Y son dilemas intensos en la necesidad de mantener el orden público. Naturalizamos el desorden y eso le crea a nuestro país un retroceso enorme”.

Santoro, moderador del encuentro, destacó sobre el encuentro que: “Nos interesa explorar una agenda vanguardista de la Ciudad, que plantea abordar estos temas de alta relevancia para la ciudadanía con margen de mejora, en un ámbito propicio para el debate y con especialistas y horizontalidad, para pensar entre todos cuál es el mejor camino para el futuro de la Ciudad”.

Asimismo, Charosky, coordinador del programa Dialogando BA, señaló: “La metodología Dialogando Buenos Aires permite incluir visiones diversas sobre un mismo tema y es muy adecuada para una propuesta de discusión como esta de armas no letales, porque es innovadora pero al mismo tiempo también es polémica. Entonces darle a esa innovación una base de legitimidad ancha donde haya pluralidad, garantiza que cualquier paso que quiera darse a futuro, tenga el apoyo de esta discusión pública”.

Federico Soñora, al respecto dijo que “las consecuencias serían menores para todos ante cualquier error. Aporta mucho en este sentido. Hay un gran abanico de posibilidades de riesgo usando una pistola 9 milímetros y entiendo que ya no hay discusión sobre si se utiliza o no un arma menos letal, la discusión ya debería ser cómo la implementamos”.

En tanto, Giuliano manifestó que “Hay muchas opciones hoy, que se ha entendido en el resto del mundo que son necesarias, con toneladas de  evidencia de casos de éxito, donde se implementan dispositivos como estos y todos pueden contar la historia.” Por último, Fernández Blanco refirió: “este es un debate que nos debíamos, que está bien tener porque es un debate innovador, pero que en realidad estaba postergado. Porque hace muchísimo tiempo que convivimos con este tipo de armas”.

El dirigente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, junto a  la diputada porteña Marina Kienast, y los abogados José Lucas Magioncalda y José Martín Fazio, del equipo legal del partido; denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Sergio Massa, por “utilizar la comunicación oficial para presionar al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal, con clara intención de favorecer, en un proceso, a la vicepresidente Cristina Elizabet Fernández de Kirchner”.

En la presentación, los firmantes señalaron que “si el titular del Poder Ejecutivo Nacional tiene vedada su intromisión en la causa ‘Vialidad’, la misma prohibición rige respecto de los titulares de los Ministerios y, por tanto, debiera investigarse la conducta descrita respecto de Sergio Massa”.

Asimismo, en el texto explicaron que “dentro de los principios, declaraciones y garantías que emanan de la Constitución Nacional, se encuentra la división de poderes, encontrándose expresamente prohibido que el Poder Ejecutivo se arrogue ‘el conocimiento de causas pendientes’ (art. 109, CN)”.

Y, en ese sentido, resaltaron que “los dichos de Alberto Fernández y el comunicado que él mismo exhibe” en su perfil “de la red social Twitter, ‘condena’ la tarea de la Justicia y del Ministerio Público, en la causa ‘Vialidad’, calificándola como ‘persecución’, y aplica una visión conspirativa sobre el desarrollo del mencionado proceso”. Por ello, el mandatario “podría encontrarse incurso en las previsiones de los arts. 248 del Código Penal”.

Al respecto, Santoro refirió que “enfrentaremos en la Justicia a quienes intentan manipular la división de poderes. Cristina es la jefa de una asociación ilícita que, con total desprecio por la ciudadanía, se dedicó a robarle a todos los argentinos, le hizo fraude al estado y debe ser condenada. El imperio de la ley nos da orden y prosperidad”.

Por su parte, la legisladora porteña sostuvo: “La injerencia de Fernández y Massa en el curso de la causa ‘Vialidad’ atenta contra el principio de división de poderes de nuestra República. Pese a los numerosos intentos de CFK de imponerse sobre la Justicia, esta puede actuar con independencia en contra de la corrupción”.

“Los dichos del funcionario contrarían las normas de la ley fundamental, en sus arts. 1, 103 y 109, contrariando el principio republicano de gobierno, el deber de no proceder en exceso de sus facultades, expresamente establecidas en la carta magna, y el de no entrometerse en la esfera del Poder Judicial”, culmina el escrito.

El presidente de Republicanos Unidos de la CABA Yamil Santoro reflexionó sobre la media sanción que obtuvo el proyecto de Boleta Única en Diputados, y sostuvo que no debería ser una cuestión partidaria sino “una conquista democrática que hay que exigir”. 

Además, aseguró que se acercará al Congreso durante su tratamiento en la Cámara alta: “Personalmente voy a ir al Senado el día que se vote la boleta única papel. Espero que seamos millones los que nos movilicemos en todo el país. No es una cuestión partidaria, ni siquiera ideológica, es una conquista democrática que hay que exigir. Espero verlos a todos”. 

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente liberal invitó a “ir al Senado el día que se vote la boleta única papel. Espero que seamos millones los que nos movilicemos en todo el país. No es una cuestión partidaria, ni siquiera ideológica, es una conquista democrática que hay que exigir. Espero verlos a todos”. 

Asimismo, les pidió a los simpatizantes de todas las fuerzas que “ese día dejemos las diferencias de lado y hagamos fuerza para impulsar juntos un cambio de página en la historia de la Argentina. Tenemos la chance de vivir en un país mejor”. 

En este marco, invitó a priorizar el consenso político y a todas las fuerzas partidarias a movilizarse en búsqueda de que el Senado apruebe la nueva Ley: “Argentina tiene muchos problemas, es claro que hay visiones diferentes, pero con una mejor competencia democrática y debates francos estoy seguro de que vamos a poder salir adelante. Por eso les pido que hagamos una movilización histórica que evidencie que queremos otro país”. 

El presidente del partido “Republicanos Unidos” en CABA, Yamil Santoro, cuestionó las críticas de la presidenta del Pro respecto del voto en contra al Acuerdo con el FMI por parte del diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos/Juntos por el Cambio).

En declaraciones radiales, Santoro observó que “las palabras de Patricia Bullrich me apenan profundamente. En Juntos por el Cambio necesitamos más gente haciendo lo que corresponde en lugar de lo que le conviene. En tal sentido, Ricardo es indispensable y deberían darle las gracias por ser como es”.

Patricia Bullrich expresó que la posición de López Murphy fue “individualista” y que “no respondió a la coalición”.“Algo que debe diferenciarnos del Frente de Todos es la integridad. Eso implica, entre otras cosas, ser fiel a las propias convicciones y actuar en consecuencia” amplió el abogado liberal.

Para finalizar, Santoro afirmó que “someter a los diputados del partido que uno preside en contra de sus convicciones lejos está de ser una virtud liberal. Por suerte Ricardo votó como pensamos la gran mayoría de los integrantes de Republicanos Unidos. Ojalá contagiemos de Libertad a otros liderazgos”.

El diputado nacional y exministro Ricardo López Murphy votó en contra de la aprobación del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario internacional. “El acuerdo kirchnerista es pésimo para el país y un impuestazo encubierto. Mi voto es negativo”, publicó en la red social twitter.

Integrantes de Republicanos Unidos de la CABA y de la provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes en Expoagro 2022, el encuentro nacional del que forma parte la cadena de negocios e industria del agro argentino y de la Región.  

La feria, de la que participan unas 600 empresas vinculadas al sector, muestra en gran medida la capacidad que tiene el país de convertirse en una verdadera potencia productiva e industrial.  

Al respecto, el legislador porteño Roberto García Moritán afirmó: “Las cadenas agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan a nuestro país. Mientras tanto, en Argentina se desincentiva al que invierte. Este gobierno está aniquilando a los pequeños y medianos productores. Estamos matando a nuestra gallina de los huevos de oro”. 

Por su parte, el presidente de Republicanos Unidos CABA y director general del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad, Yamil Santoro, completó: “Cuando este gobierno se jacta de querer eliminar los monopolios, lo que generan con estos impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones y las restricciones cambiarias es que los pequeños y medianos productores vendan sus campos a las grandes empresas”. 

En la Expoagro también dijeron presente el economista y excandidato a diputado nacional por RU Gustavo “Lacha” Lázzari; el referente de Republicanos Unidos PBA Sebastián Pascual y cuadros de otros espacios liberales de la provincia de Buenos Aires. 

Ante la difusión de la información de la incorporación del diputado nacional Ricardo López Murphy al bloque Frente Pro, desde Republicanos Unidos salieron a aclarar que el economista continúa integrando el bloque “Republicanos Unidos”, dentro del interbloque de “Juntos Por el Cambio”.

“Nuestro partido participó de la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado de la misma, nos incorporamos a la lista de candidaturas del espacio, pero siempre con libertad de narrativa y opinión. Esto es respecto de los distintos partidos que componen el frente, y sosteniendo las críticas realizadas en su momento a la anterior gestión ya que consideramos importante evitar cometer los mismos errores”, expresó Republicanos Unidos a través de un comunicado.

Allí precisaron que consideran que “esta independencia continúa siendo necesaria para honrar el voto liberal de casi 200 mil electores que confiaron en Republicanos Unidos como una opción para devolver a nuestro país en una senda de crecimiento y desarrollo”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, que desmintió las informaciones circulantes y aclaró que tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados mantienen su bloque propio dentro del interbloque de Juntos por el Cambio.

Dirigente del partido Republicanos Unidos presentaron una denuncia contra el cuestionado presidente de Nicaragua Daniel Ortega por encubrimiento (art. 277 del Código Penal). Asimismo, se solicitó se investigue la posible comisión de delito (arts. 274 y 249 del Código Penal) por parte del canciller argentino Santiago Cafiero y el embajador argentino en el mencionado país, Daniel Capitanich. La misma se da en el marco del acto de reasunción de Daniel Ortega del que participó Mohsen Rezai, incluido en las alertas rojas de Interpol debido a la causa AMIA. 

La denuncia fue presentada por Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Martín Fazio, José Luis Patiño y Paulo Vitaver, dirigentes del partido Republicanos Unidos. Si bien la misma fue sorteada en el juzgado criminal y correccional nro. 2, a cargo del juez Ramos, se espera que sea derivada al juzgado nro. 6, subrogado por el Dr. Rafecas, que lleva adelante la causa AMIA. 

“Por principio de soberanía, en delitos cometidos en otro país que tienen efectos en Argentina corresponde que intervenga nuestra Justicia. Consideramos que el dictador Ortega encubrió a un acusado con pedido de captura. No solo no lo detuvieron, aunque sea provisoriamente, sino que lo recibieron con honores”, explicó Santoro. 

“En ese contexto, lo ocurrido con Santiago Cafiero como canciller y con Daniel Capitanich como embajador no sólo es una vergüenza, sino también consideramos puede llegar a ser delito.  No activaron mecanismo alguno para detención del iraní, ni para la sanción de las autoridades nicaragüenses por su evidente conducta de encubrimiento”, amplió José Magioncalda, del grupo de denunciantes. 

Republicanos Unidos ya participó de otras denuncias resonantes para la política argentina, como las generadas por los escándalos generados por el “Vacunatorio VIP” y el “OlivosGate”. 

El presidente del partido liberal “Republicanos Unidos” Yamil Santoro se incorpora al GCBA: asume en el equipo de coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico. Este es un órgano consultivo, previsto en la Constitución porteña, que reúne a más de un centenar de instituciones para discutir y generar políticas de estado.  

La incorporación de Santoro se da luego de conversaciones entre las partes y bajo la consigna de “trabajar en conjunto, pero con cada espacio político manteniendo su independencia”. Según explicó el propio Santoro: “Me incorporo en un rol de planificación estratégica y de control con la idea de potenciar el trabajo que se vino realizando”.

“Como liberales, tenemos muchas ideas que creemos que pueden mejorar la vida diaria de los porteños. Creemos que hay puntos que se pueden mejorar de la gestión porteña y las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol clave para identificar el mejor camino a seguir” afirmó el abogado. 

“En simultáneo seguiré trabajando en el desarrollo de Republicanos Unidos en todo el país junto a Ricardo López Murphy, quien nos representa en el Congreso Nacional; con Roberto García Moritán y Marina Kienast desde nuestro bloque en la Legislatura Porteña”, agregó. 

Santoro, que en la campaña fue referente de estrategia electoral de Republicanos Unidos y candidato a legislador porteño, finalizó: “En las últimas elecciones el 25% de los porteños votaron opciones liberales. Con distintos referentes y partidos, es cierto, pero es innegable que nuestras ideas han sido puestas en valor. Queremos honrar ese apoyo asumiendo mayores desafíos y trabajando en nuevos campos dónde defenderlas”. 

El partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires realizó un encuentro con vecinos en el Círculo Italiano junto al precandidato a diputado nacional Ricardo López Murphy y el candidato a Legislador Yamil Santoro. 

Los anfitriones Mónica Alonso, presidente del Partido Demócrata de Capital Federal y Bernarda Fait, directora del Ente de Servicios públicos de la ciudad, recibieron a los candidatos de Juntos por el Cambio. 

En el marco del apoyo expresado por los demócratas a Horacio Rodríguez Larreta, se organizaron una serie de encuentros con vecinos junto a los candidatos a legisladores y diputados nacionales que apoya el jefe de Gobierno. 

Ante los vecinos presentes, el López Murphy comentó las propuestas y proyectos a presentar en la Cámara de Diputados si es electo. Asimismo, tomo nota de las inquietudes y sugerencias de los presentes que se acercaron al Círculo italiano. 

Asimismo, el candidato a legislador porteño Yamil Santoro expresó sus ideas y la necesidad de reforzar la presencia de legisladores de Juntos por el Cambio para seguir transformando la ciudad. 

Quién estuvo encargado de cerrar el nutrido encuentro fue la joven dirigente partidaria Bernarda Fait, quien agradeció la presencia de ambos candidatos. 

La ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, informó este viernes al juzgado a cargo de la medida cautelar que pide proteger el “Memorial de las Piedras”, qué estarán realizando un cerramiento provisorio a fin de intensificar “las medidas de salvaguarda y protección”. Esta situación se decidió a la espera de que el gobierno nacional informe a la justicia qué medidas tomará, dados los sucesos agraviantes ocurridos el pasado 17 de octubre.

Vale recordar que los diputados nacionales Waldo Wolff y José Luis Patiño, la candidata a diputada nacional Sandra Pitta y el candidato a legislador por la Ciudad Yamil Santoro presentaron el 17 de agosto pasado una medida cautelar ante la justicia. Esta, patrocinada por el abogado Christian Cao quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4.

La cautelar solicita que las piedras puestas por todos los ciudadanos en conmemoración a sus víctimas “se conserven, garanticen y resguarden (…) hasta que sean repuestos en el Memorial”. La medida tiene por finalidad garantizar el acceso libre a las piedras, en un espacio público con libre circulación y a fin de que todos aquellos que quieran hacerlo, puedan rendirle homenaje libremente a sus fallecidos.

Muzzio, en su presentación, detalla que su ministerio ya había realizado tareas para proteger las piedras. Entre estas menciona la colocación de un vallado perimetral móvil, la supervisión por parte del cuerpo de fiscalización del espacio público y tareas de limpieza e iluminación. La funcionaria observó que con los sucesos agraviantes  ocurridos en la plaza en la última marcha, estas se vieron “significativamente superadas”.

Este miércoles y bajo la consigna “Debato lo que sea con quién sea”, los candidatos de Juntos por el Cambio conversaron en distintos puntos de la ciudad con los vecinos que se prestaron a hacerlo. Entre los referentes que debatieron con vecinos interesados estuvieron Ricardo López Murphy, Emmanuel Ferrario, Roberto García Moritán y Yamil Santoro. También se sumó a la jornada el diputado nacional Fernando Iglesias.

La movida política del frente tuvo distintas sedes en las plazas porteñas: la Sudamérica, Emilio Mitre, Plaza Almagro, San Martin o Lavalle fueron algunos de los puntos donde se congregaron los candidatos y recibieron a los vecinos para charlar de economía, educación y seguridad, entre otros temas. Si bien mayormente las charlas de política fueron amenas, con algunos vecinos hubo debate sobre ideas para mejorar, sobre todo, la situación económica.

El resto de los candidatos que se animaron a debatir en la calle con temática libre fueron Hernán Reyes, Inés Parry, Sol Méndez, Lucio Lapeña, Marina Kienast, Jessica Barreto y Darío Nieto.

El precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio Yamil Santoro apuntó contra el diputado K Rodolfo Tailhade y lo acusó de “haber presentado un certificado médico para faltar al Congreso un día antes del asado de fin de año en la Quinta de Olivos”, en referencia al brindis que protagonizó el presidente con legisladores del oficialismo y que por estos días volvió a ponerse en agenda, tras el escándalo por el cumpleaños de la primera dama.

“El día anterior al asado, Tailhade había presentado en la sesión de Diputados un escrito médico para justificar que estaba con problemas médicos y no podía asistir presencial. Se ve que ocurrió un milagro”, lanzó el dirigente que integra la lista Republicanos Unidos, referenciada en el exministro de Economía Ricardo López Murphy.

En diálogo radio Rivadavia, Santoro recordó que denunció a los 60 legisladores del Frente de Todos que asistieron al festejo de fin de año en la residencia presidencial.

“Hicieron el asado en la Quinta de Olivos mientras a nosotros (el presidente Alberto Fernández) nos pedía que no nos juntáramos a despedir el año para no matar a nuestros familiares”, se quejó.

E insistió: “Mientras nosotros no podíamos salir a trabajar, no podíamos despedir a nuestros muertos, no podíamos educar a nuestros hijos, en la Quinta de Olivos se vivía una realidad paralela por encima de la ley”.

Además, el postulante de Juntos por el Cambio se refirió a la decisión judicial de desestimar la denuncia contra el jefe de Estado y el líder camionero, Hugo Moyano, por el asado que compartieron en Olivos en agosto de 2020, cuando regía el aislamiento.

“Las razones por las cuales se desestimó la denuncia son bastante flojas y poco creíbles. Aprovecharon mientras la jueza natural de la causa, que es (Sandra) Arroyo Salgado, no estaba pudiendo hacerse cargo, este juez subrogante, Mirabella, aprovechó rápidamente para exculpar al presidente y al clan Moyano por este incumplimiento de la cuarentena. Esa fue la primera denuncia vinculada al Olivos Gate”, finalizó el dirigente opositor.

Luego de que diputados y senadores de la oposición advirtieran sobre la cantidad de DNU que se firmaron en el marco de la pandemia y que todavía no tuvieron tratamiento en el Congreso, el tema pasó al plano judicial. La Fundación Apolo, presidida por el abogado José Magioncalda, presentó un amparo contra la inactividad del Congreso en la revisión de esos decretos.

Yamil Santoro, apoderado de la fundación y presidente del Partido Mejorar, solicitó la medida este martes frente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 6, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El amparo está dirigido a las autoridades de ambas Cámaras, Sergio Massa y Cristina Kirchner.

El amparo radica en “la omisión consistente en incumplir la obligación de convocar al tratamiento de oficio de Decretos de Necesidad y Urgencia dictados en el año en curso, luego de que se encontraran vencidos los plazos constitucionales para la elevación , a ambos cuerpos, de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de la Ley 26.122”.

Según el artículo 19 de dicha norma, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo “tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras”.

Vencido ese plazo sin que haya despacho, las Cámaras deben abocarse “al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.

Santoro sostuvo que “las particulares circunstancias que atraviesa Argentina en el contexto de la pandemia no deben funcionar como excusas para el atropello de las instituciones democráticas”, y agregó que “el Congreso debe hacer honor a la función de control de los demás poderes del Estado que supone el sistema republicano”.

La Fundación Apolo y el Partido Mejorar sostuvieron que “la omisión del Poder Legislativo importa una lesión de las instituciones de la república, de la división de poderes y de las garantías constitucionales de la ciudadanía argentina”.