Después de haber expuesto en las redes sociales el video en el que se puede ver a María Bielli y parte de sus asesores ingresando a su despacho de forma abrupta, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro solicitó a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le aplique una multa a la peronista.

En el escrito que presentó en la Casa, el republicano pidió que, en virtud de lo establecido en el Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad, se le aplique a la legisladora una multa “correspondiente al monto de su retribución mensual, como consecuencia de los hechos de inconducta en el ejercicio de sus funciones”.

En ese sentido, Santoro recordó que “el 12 de junio de 2025, la diputada María Bielli irrumpió violentamente en mi despacho, ubicado en el cuarto piso de esta Legislatura, acompañada por al menos tres personas no identificadas. El ingreso se produjo sin autorización, con un nivel de violencia inusitado, patearon la puerta e ingresaron a los gritos, generando un clima de intimidación y caos institucional impropio de esta Casa” y precisó que la peronista “profirió insultos, amenazas y expresiones agresivas hacia las colaboradoras presentes, quienes se vieron directamente afectadas tanto en lo emocional como en lo laboral. Parte del mobiliario fue arrojado al suelo, se generó una situación de máxima tensión, y el episodio derivó en la intervención de personal de despachos vecinos que, alarmados por los gritos, se acercaron a asistir y contener la situación”.

“Los hechos no fueron casuales. Horas antes, en el marco de mis funciones como presidente de una organización de la sociedad civil dedicada a la lucha contra la corrupción, habíamos presentado un escrito judicial solicitando que la expresidenta condenada por corrupción cumpliera su pena de manera efectiva, de acuerdo con criterios de igualdad ante la ley. La posición sostenida públicamente fue clara: los beneficios especiales deben aplicarse con criterio restrictivo y no transformarse en privilegios personales sin justificación médica real”, continuó el legislador.

Sobre esa misma línea, Santoro remarcó que “esa intervención judicial legítima provocó una reacción política desmedida por parte de la diputada Bielli, quien incluso reconoció en su cuenta de X que fue a buscarme personalmente a mi despacho, justificando su accionar por el contenido del planteo judicial” e indicó que “el propio reconocimiento público de los hechos, lejos de aclarar o atenuar la situación, confirma el carácter deliberado del episodio. No fue un impulso, ni una confusión: fue una decisión consciente de trasladar un desacuerdo político al terreno de la intimidación personal y la violencia institucional”.

“La gravedad del hecho trasciende lo personal. El uso violento e indebido de los espacios de trabajo legislativos, el ingreso intempestivo con personas externas, la agresión al personal y el intento de intimidación a un legislador por el ejercicio de sus funciones constitucionales constituyen una conducta profundamente incompatible con la responsabilidad pública y los deberes de decoro que exige el Reglamento Interno”, sentenció.

Después de que el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro la acusara de "patotear" a su equipo de trabajo, las legisladoras de Unión por la Patria (UP) se solidarizaron con María Bielli (UP).

Tras la difusión del vídeo en el que se puede ver a la kirchnerista y sus colaboradores ingresando intempestivamente al despacho de Santoro, Victoria Freire (UP) salió a respaldar a su compañera de bancada. "Das vergüenza por llorón y por el triste papel que querés haces con ese recurso. Sos un bufón de los que atentan y persiguen en este país y no te votó ni tu hermano. Bobo", le espetó.

Mientras que Delfina Velázquez (UP) añadió: "¿Linchar? Los que están buscando linchar son ustedes, pero el ladrón ve a todos de su condición. Llorones, solo les dijeron a viva voz que no jodan con Cristina".

Finalmente, la ex legisladora de UP y quien supo compartir el bloque con Bielli, Ofelia Fernández, también salió a responderle al republicano. "Te pego unos gritos pedazo de lloron. Cuando el marido de Pampita (N.d.R: Roberto García Moritán) antes de heredarte su banca se tiraba encima de mi puerta para hacer videitos, no te preocupaba tanto", sentenció.

Después de que se conociera el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció que la legisladora de Unión por la Patria (UP) María Bielli y sus colaboradores irrumpieron en su despacho para "amenazarlo", luego de que esté pidiera en la Justicia que la ex mandataria sea albergada en una prisión común o un domicilio austero.

El conflicto entre ambos se desató después de que Santoro, a través de la Fundación Apolo, se presentará ante la Justicia para que se fijen condiciones estrictas de austeridad y control si se le concede el cumplimiento de la condena fuera del penal.

Ante está situación, Bielli habría acudido a su despacho para reclamarle por la presentación, lo que quedó plasmado en las cámaras de seguridad de la Legislatura de la Ciudad y que luego el propio Santoro compartió en sus redes.
"Acabamos de presentarnos desde la Fundación Apolo en la causa donde Cristina Fernández de Kirchner resultó condenada para solicitar que sea albergada en carcel común o, en su defecto, en una residencia austera y en adecuadas condiciones de aislamiento. Debe cumplir un castigo, no estar de joda", comenzó diciendo el republicano en sus redes sociales y agregó: "la prisión domiciliaria es un privilegio, no un derecho. Debe ser usado con criterio restrictivo, máxime cuando no hay riesgo de salud inherente a cumplir la pena como cualquier otro ciudadano. Basta de privilegios infundados".

Luego mostró el vídeo en el que se ve a la peronista y su equipo ingresar a su despacho. "A raíz de este recurso, la diputada kirchnerista María Bielli acaba de caer con una patota a mi despacho para vaya uno a saber que fin. Revolearon muebles y amenazaron a mi equipo a los gritos. Son cavernícolas. Son el pasado. No vuelven más", añadió.

"Acá se puede ver a la patota kirchnerista, liderada por la diputada K Maria Bielli, entrando a mi despacho para lincharme. Esto son. Violencia sin sentido", continuó Santoro y concluyó señalando que "igual, me da pena. Que desequilibrada mental tenés que estar como para ir al despacho de otro a gritar, pelear y romper cosas por una vieja delincuente y un recurso legal. Pena por las chicas de mi despacho que pasaron por un mal rato, a mi estas cosas me dan más energia siempre".

Por su parte, Bielli reposteó el vídeo en sus redes sociales y buscó aclarar la situación. "Pensé que ibas a estar trabajando y te fui a ver para intercambiar opiniones personalmente. Enojada sí, con bronca sí. Está en riesgo el Estado de Derecho y vos estás jugando a tener más likes Santoro", sentenció la kirchnerista.

Acá se puede ver a la patota kirchnerista, liderada por la Diputada K Maria Bielli, entrando a mi despacho para lincharme.
Esto son.
Violencia sin sentido. https://t.co/VNHygUdB84 pic.twitter.com/QMUBX81HDR

— Yamil Santoro (@yamilsantoro) June 12, 2025

Cinco meses después de haberlo denunciado y luego de que de que Nicolás Maduro volviera a tomar el poder en Venezuela, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro informó que la Justicia reconoció como querellantes en la causa penal contra Diego Omar Suárez, conocido de manera pública como "Michelo", a la Fundación Apolo, que el preside.

La denuncia en contra del influencer se debe a que el legislador advirtió que promueve el régimen dictatorial en ese país, lo que podría implicar penas de prisión. La presentación judicial, formulada ante la Justicia Nacional, alega la comisión de los delitos de apología del crimen e intimidación pública, previstos en los artículos 213 y 212 del Código Penal, respectivamente. De ser hallado culpable, Suárez podría enfrentar penas de prisión.

Según sostiene Santoro en su denuncia, Suárez habría utilizado sus plataformas digitales, como TikTok e Instagram, para defender el régimen autoritario de Venezuela, promoviendo abiertamente actos de violencia institucional, desapariciones forzadas y persecución política. Además, la misma incluye la exaltación de líderes vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y la justificación de un sistema político fraudulento.

También señala expresiones antisemitas vertidas por Suárez en sus redes sociales, calificándolas como un delito grave que fomenta el odio y la división en la sociedad argentina. Estas manifestaciones, si bien son tratadas como un delito adicional, refuerzan la gravedad de su accionar al alinearse con prácticas represivas y discriminatorias.

Tras la decisión de la Justicia, Santoro se volcó a las redes sociales para darla a conocer. “Michelo: tengo novedades. Muchos me preguntan: ¿en qué quedó la denuncia que le hice a Michelo? Nos presentamos como querellantes en la causa penal, y la Justicia ya nos reconoció”, indicó.

“Ahora es nuestra responsabilidad que pague por los delitos cometidos. Nos vamos a encargar de que rinda cuentas ante la Justicia”, completó Santoro.

Tras una elección con más del 46% de ausentismo, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para amnistiar a los ciudadanos que no emitieron su voto en los comicios del pasado 18 de mayo.

La propuesta se apoya en un antecedente de 2007 en el que también se otorgó una amnistía por razones similares y busca eximir de las sanciones previstas en el artículo 259 del Código Electoral porteño, que establece multas de hasta $219.486 por no votar sin justificación.

En ese sentido, Santoro aseveró que “si una persona, conociendo la sanción, decide no votar, está bien que reciba una penalidad. Pero si no conoce la sanción, se convierte en una medida injusta con fines recaudatorios, que genera enojo y distancia con el sistema. La amnistía busca reparar esa falla y permitir que en el futuro el voto se ejerza con libertad y responsabilidad”.

Asimismo, remarcó que, al perdonar la posible sanción, le ahorrarían al privado hasta 316 mil millones de pesos. Según datos oficiales, apenas el 53,35% del padrón participó en los comicios, lo que representa aproximadamente 1,6 millones de votantes sobre un total de más de 3 millones de electores habilitados.

Para Santoro, este nivel de ausentismo “afecta la legitimidad institucional” y evidencia la necesidad de “restablecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, en lugar de castigarlo con medidas recaudatorias”.

El proyecto se fundamenta en el principio de equidad y en un antecedente directo: la Ley Nº 2.562, sancionada en 2007, por la cual se concedió una amnistía a los ciudadanos que no votaron o incumplieron funciones electorales durante las elecciones locales de ese año. “Cuando las condiciones no son adecuadas para exigir plenamente el deber electoral, la Legislatura ha sabido actuar con sensatez y razonabilidad”, recordó el diputado.

La propuesta establece que esta amnistía sea “por única vez” y exhorta, en caso de que no prospere, a que los otros poderes evalúen la aplicación de sanciones alternativas, como trabajos de utilidad pública, y que se adopte un criterio de progresividad basado en antecedentes personales de incumplimiento.

“Estoy convencido de que las leyes deben respetarse, y el voto es obligatorio. Pero también creo que hubo una gran falla institucional en comunicar la obligatoriedad de estas elecciones y las consecuencias de no votar. Por eso, sería un error sorprender a los ciudadanos con semejantes sanciones sin aviso previo”, sentenció Santoro.

Con una Legislatura más atomizada que nunca, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro reflexionó como será el funcionamiento del Parlamento de la Ciudad tras los resultados electorales y los desafíos que deberá enfrentar el oficialismo local.

En ese sentido, el diputado consideró que en estos comicios “se perdieron varios espacios que agregaban valor en la Legislatura. Pongo el caso de Paula Oliveto Lago, por el caso de Ramiro Marra, que individualmente, cada uno desde su lugar, hubiera ayudado a dotar a la Legislatura de un poco más de matices”.

Al mismo tiempo que opinó que el desarrollo de la actividad legislativa será más complejo que nunca. “Creo que esta Legislatura que se viene va a ser muy, muy difícil para el oficialismo de la Ciudad”, continuó Santoro.

Por lo que advirtió que son limitadas las opciones del Gobierno de Jorge Macri. “O el Pro va a un esquema de cogobierno, casi te diría de claudicación, o directamente queda como pato rengo y lo van a sabotear desde dentro”, subrayó.

“La gobernabilidad ya está comprometida. A partir de acá tiene o que tender a un Gobierno de coalición, o ver como se parapeta en el Legislativo. Pero entre el número que ahora sacó Leandro Santoro más La Libertad Avanza (LLA), ya no le queda otra más que acordar con alguno de los dos espacios”, sentenció el diputado.

Ya sobre el tramo final de la campaña electoral de cara al 18 de mayo, el candidato de la Unión Porteña Libertaria (UPL) Yamil Santoro salió a recorre la Ciudad de Buenos Aires con una ruleta en la figuran sus cien proyectos de ley, elaborados en el marco de su campaña electoral.

De esta manera, el actual legislador de Republicanos Unidos (RU) recorrerá distintos puntos de la ciudad con una ruleta interactiva que permitirá a los ciudadanos conocer sus propuestas y, además, participar por un premio de cien mil pesos.

En ese sentido, Santoro explicó que “no son promesas, no es chamuyo, no son declaraciones de intención. Son proyectos redactados y terminados que vamos a estar metiendo acá en la Legislatura porteña para mejorarte la vida”.

La ruleta cuenta con 101 casilleros: cien estarán asignados a los proyectos de ley, mientras que el número 101 llevará el nombre del legislador. Quienes giren la ruleta podrán informarse sobre cada propuesta, y si la suerte los acompaña y cae en el cuadro de “Yamil Santoro”, se llevarán un premio de cien mil pesos. “Es una porción de mi sueldo. ¿Cómo llegamos a ese número? Con una regla mnemotécnica fácil: cien proyectos, Yamil Santoro, cien mil es lo que podés ganar si te toca mi nombre”, remarcó.

Cabe señalar que los proyectos se agrupan en tres áreas centrales en la tarea del legislador: “más seguridad”, “más orden” y “menos impuestos para los vecinos”.

En el marco del Día del Animal, el candidato a legislador porteño por la Unión Porteña Libertaria (UPL) Yamil Santoro se presentó al ciclo “La Ciudad Debate 2025” junto a su mascota Violeta, una perrita.

Según explicó el candidato la decisión de asistir con la perrita al evento de cara a los comicios del 18 de mayo, tenía como objetivo concientizar acerca de la importancia de la adopción y el cuidado animal.

“Es el Día del Animal y muchos de nuestros proyectos tienen que ver con mejorar los derechos de los animales. Fomentar la adopción quitándole impuestos a los refugios de animales”, señaló.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal hizo lugar al recurso presentado por la Fundación Apolo -a cargo del legislador de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro- y ordenó reabrir la causa contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores en territorio argentino, durante su estadía como asilado político.

Además, el tribunal reconoció a la mencionada fundación como parte querellante en el expediente, revocando así la decisión del juez de primera instancia que había rechazado ambas solicitudes.

Por un lado, la Cámara consideró que el archivo de la causa fue “prematuro” y que la denuncia original, junto con su ampliación, aporta “información concreta que amerita ser investigada a fondo”. Por el otro, valoró la trayectoria y el objeto social de la Fundación Apolo, vinculada a la defensa de los derechos humanos, para admitirla como querellante y permitirle ejercer un rol activo en la investigación.

En este sentido, Santoro planteó que “la gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas exige un compromiso absoluto de la Justicia. No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política”.

“Este fallo es un avance importantísimo. La Cámara nos dio la razón: no solo hay indicios suficientes para investigar, sino que además reconoció nuestro rol en la defensa de las víctimas”, concluyó señalando.

Cabe recordar que la ONG anticorrupción había denunciado a Evo Morales por presuntas infracciones a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que sancionan la trata de personas, además de otros delitos conexos. Según testimonios, el ex mandatario habría recibido menores de edad durante su permanencia en Argentina en 2019, bajo el supuesto encubrimiento de favores políticos. Una de las principales testigos, Angélica Ponce, declaró en Bolivia, pero nunca fue citada por la Justicia argentina, lo que motivó el planteo de Fundación Apolo para reabrir el caso y avanzar con medidas de prueba claves.

Con estas resoluciones, la causa vuelve a instrucción y la Fundación Apolo queda habilitada para impulsar diligencias, presentar nuevas pruebas y velar por el avance de la investigación en los tribunales federales.

Con la mirada puesta sobre los comicios del próximo 18 de mayo, el candidato por la Unión Porteña Libertaria (UPL) y actual legislador de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, participó de un mano a mano con parlamentario.com en el que analizó las dificultades que está atravesando el Pro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, el diputado se refirió a las versiones que indican que el macrismo está llegando a su fin en el distrito capitalino, dado a que son numerosas las encuestas que los ubicarían como la tercera fuerza en cuanto intención de voto. “Ojalá esta sea la elección que jubile a muchos y abra la puerta a muchos nuevos”, manifestó, remarcando la importancia de que la dirigencia política de espacio a otras voces.

Además, se refirió a la polémica con la que inició su candidatura, luego de que al momento de presentar las listas pusiese como cabeza de nómina a Leandro Santoro, su hermano, que nada tiene que ver con el Leandro Santoro que se referencia en Unión por la Patria (UP). “Fue una estrategia de instalación, de generar conversación en los medios y que buscó mostrar que había dos ‘Santoros’ en esta elección: uno kirchnerista y otro liberal”, planteó.

- ¿Cómo ve a la Ciudad? ¿Qué cree que se puede mejorar?

-A Buenos Aires la veo descuidada, sin un proyecto que ordene los enormes esfuerzos que día a día hacen los que estudian, invierten y trabajan. Se puede mejorar pensando en cuál es la Ciudad que queremos tener, y no tengo dudas de que podemos ser la capital del progreso Latinoamericano de este siglo. Pero para eso hay que empezar a ordenarse, a pensar y a discutir los problemas que tenemos para luego apostar.

- Si bien usted ya es legislador, en caso de ser reelecto: ¿Qué iniciativas planea llevar adelante?

-Asumí el compromiso de presentar de acá al día de la elección 100 proyectos de Ley. No propuestas, sino proyectos redactados uno arriba del otro que van a ser la agenda de trabajo que pretendo impulsar en mi segundo mandato como legislador porteño, en caso de ser reelecto.

Por ejemplo, ordenar el espacio público, prohibiendo y regulando la actividad de trapitos, cartoneros, ocupas y manteros, así como eficientar y mejorar la calidad del gasto público quitando impuestos, eliminando regulaciones, cerrando áreas del Gobierno que no resulten necesarias. Todas cuestiones para que, en definitiva, el día a día en la Ciudad de Buenos Aires sea mejor y más disfrutable para los porteños.

También vamos a discutir cómo se maneja el Gobierno en torno a las villas. Por ejemplo, hoy en día les estamos subsidiando la luz y, en algunos casos, se les paga la totalidad de la factura.

Y tenemos una agenda fuertemente orientada a mejorar la condición de vida de las mascotas en la Ciudad de Buenos Aires.

Todo esto lo van a poder encontrar en mis redes y es una manera práctica de ver en qué estamos trabajando y qué pueden esperar de mí ocupando una banca.

- Su campaña electoral no pasó desapercibida, sobre todo por los conflictos con Unión por la Patria y Leandro Santoro. ¿Qué opinión le merece todo lo ocurrido?

-En relación a la campaña de contraste con Unión por la Patria o Leandro Santoro, lo cierto es que de nuestro lado fue una estrategia de instalación, de generar conversación en los medios y que buscó mostrar que había dos ‘Santoros’ en esta elección: uno kirchnerista y otro liberal. Con los pocos recursos con los que contamos, recurrimos a mecanismos lícitos y válidos. Gracias a ese riesgo que tomamos, conseguimos que nuestra lista tenga una visibilidad enorme, que nos permitió contar por qué y para qué había que votarnos en esta elección.

- ¿Confía en que Unión Porteña Libertaria pueda hacer una buena elección y conseguir más de una banca en la Legislatura?

-Unión por la Patria puede llegar a conseguir dos o más bancas, pero fuera de la especulación electoral, teniendo en cuenta que competimos con varios pesos pesados, me importa jerarquizar al proceso electoral a lo largo de esta campaña siendo la lista que más propuestas pone sobre la mesa, que trabajaba más y que no recurre a fondos públicos o recursos mal habidos. En definitiva, creemos que más allá del resultado es fundamental ser ejemplar en el proceso de campaña.

- Por último, ¿Cree que el macrismo está presenciando su fin en la Ciudad?

-En relación al fin del macrismo, creo que es una gran oportunidad para las nuevas generaciones políticas y es momento de dar espacio a los talentos jóvenes. No me refiero a un tema de edad, sino a la generación política que hasta ahora no ha tenido la responsabilidad de liderar. Del Pro pueden ser Ignacio Torres, Martín Chiesa y Darío Nieto, por ejemplo, y que sean ellos los protagonistas de las conversaciones y no personas que ya han tenido su oportunidad y la han desaprovechado. Ojalá esta sea la elección que jubile a muchos y abra la puerta a muchos nuevos.

Semanas después de que Hamas entregara sus cuerpos, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y candidato por la Unión Porteña Libertaria (UPL), Yamil Santoro, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto para crear la calle peatonal “Vía Bibas” en el barrio de Belgrano, como forma de rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y preservar su memoria de forma permanente.

La iniciativa establece la afectación a vía pública del tramo comprendido bajo el viaducto del FFCC Mitre, entre Avenida Monroe y la calle Sucre —espacio conocido actualmente como “Via Viva”—, y propone su nueva denominación con valor normativo.

La calle llevaría el nombre de “Vía Bibas”, como expresión de memoria viva frente al sufrimiento de Yarden Bibas, su esposa Shiri Silberman y sus hijos Ariel y Kfir y que les costaría la vida a los tres últimos. Esta familia, de raíces argentinas fue secuestrada durante el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del Estado de Israel.

Yarden fue liberado el 1° de febrero de 2025, pero su esposa e hijos fueron asesinados en cautiverio. Sus cuerpos fueron restituidos recién el 20 de febrero, tras más de 500 días de angustia e incertidumbre.

En este contexto, Santoro señaló que “este proyecto no sólo busca regularizar la nominación de un espacio urbano utilizado por miles de vecinos, que actualmente no tiene el reconocimiento legal como calle, sino que también busca dejar testimonio de una tragedia que nos afecta como país y Ciudad por las muchas víctimas con raíces argentinas y porteñas” y recordó que esta iniciativa posee una petición en change.org asociada, que lleva al momento recolectadas más de 65 mil firmas.

Además, consideró que “nombrar esta calle es una forma de honrar a todas las víctimas del atentado del 7 de octubre de 2023 memoria y decirle nunca más al terrorismo. Espero que los que aún siguen secuestrados regresen pronto con vida” y concluyó señalando que “esta calle no es solo un homenaje. Es un recordatorio permanente del costo del odio y de la necesidad de reafirmar la paz, la convivencia y los valores democráticos”.

El legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) y candidato a renovar su banca por Unión Porteña Libertaria (UPL), Yamil Santoro, patrocinó una denuncia de la fundadora del emprendimiento Estilo Sanar, liderado por María Victoria Ordieres, contra la lista “Es Ahora Buenos Aires”, que lleva como primer candidato a Leandro Santoro, por haber utilizado un logotipo que replica casi de forma exacta el símbolo gráfico que identifica a su proyecto desde hace años.

El símbolo objetado es una “S” estilizada con forma de corazón, utilizada por Estilo Sanar desde su fundación. Y según consta en la denuncia, la agrupación de Santoro la incorporó sin modificaciones a su presentación partidaria, sin consultar ni acreditar ningún tipo de autorización.

La impugnación se sostiene en los principios establecidos en la Ley de Marcas, el Convenio de París y el Código Electoral porteño, que prohíben expresamente el uso de elementos gráficos que generen confusión o vulneren la identidad visual de otros actores de la vida social.

En ese sentido, Santoro explicó que “este no es un caso de homónimos, ni una jugada política: es una ciudadana a la que le copiaron el logo sin permiso para usarlo en una campaña electoral. Es un acto de apropiación ilegítima que viola derechos adquiridos, confunde al electorado y muestra el desprecio de ciertos espacios por el trabajo ajeno”.

Mientras que Ordieres sostuvo en su presentación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad que “no hay ningún derecho a usar una imagen que no les pertenece. Pedimos que la Justicia actúe con celeridad y ordene a los responsables el inmediato retiro del material proselitista”.

Cabe recordar que Leandro Santoro había cuestionado el logo de Unidad Porteña Libertaria, la fuerza que lidera el legislador liberal, por considerar que era muy similar al de su anterior espacio político, Unión por la Patria.

Con la mirada puesta en los comicios del próximo 18 de mayo, la fuerza Unión Porteña Libertaria presentará este martes de manera oficial su lista de candidatos a legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuál es encabezada por Yamil Santoro.

El evento se realizará este martes 8 de abril a las 18 en la sede de la Sociedad Científica Argentina, ubicada en Av. Santa Fe 1145. Participarán referentes de los partidos Libertario y Demócrata Cristiano, junto a los principales candidatos del espacio, militantes y vecinos.

Encabezada por el actual legislador liberal Yamil Santoro, la lista está integrada por referentes de los partidos Libertario y Demócrata Cristiano, así como por figuras destacadas del ámbito académico, empresarial y social. Entre los principales candidatos se encuentran Leo Piccioli, el rabino Fernando Fishel Szlajen, Elizabeth Márquez, William Gibson, Tomás Gandini, Luis Díaz de la Torre, Luis Guisbert, Gustavo Semeria y Ximena de Tezanos Pinto.

En este contexto, Santoro concluyó señalando que “nuestra lista representa a quienes quieren una Buenos Aires libre, pujante y moderna. Somos la alternativa para quienes creen en un Estado eficiente, menos burocracia y más oportunidades para los emprendedores y trabajadores”.

Con la mirada puesta sobre los comicios del próximo 18 de mayo, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y aspirante a renovar su banca por Unión Porteña Libertaria (UPL), Yamil Santoro, denunció ante la Oficina Anticorrupción al vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, “por utilizar recursos y medios públicos para autopromoción”.

De esta manera, el legislador porteño exigió que Adorni entre en un periodo de licencia en su rol como vocero mientras dure la campaña electoral. “La semana pasada habíamos hecho una presentación ante la OA para que le exijan una licencia, justamente anticipando posibles conflictos de interés. No pasó ni una semana y la amenaza republicana señalada se concretó”, afirmó.

El pedido de Santoro se fundamenta en la posible utilización indebida del cargo para fines electorales, lo que podría configurar una confusión entre el rol institucional de Adorni y su nueva condición de candidato. Según el documento, su permanencia en el cargo mientras se encuentra en campaña representaría “un inaceptable aprovechamiento de su función para una finalidad ajena a la misma”, contraviniendo principios básicos de la ética pública.

En ese sentido, el texto aduce que “consideramos que, en el caso que nos ocupa, estamos frente a la promoción de un funcionario público y, lo que es peor aún, de un candidato que, a partir de esta maniobra lesiva de la ética pública, compite en el proceso electoral vulnerando el principio de equidad”.

“Manuel Adorni no puede seguir ejerciendo como vocero presidencial mientras es candidato. Su permanencia en el cargo mientras hace campaña representa un uso indebido de su función y atenta contra los principios básicos de la ética pública. Si el Gobierno realmente apuesta por la transparencia, debe exigirle que renuncie o se tome licencia de inmediato”, sentenció Yamil Santoro.

A más de un año de haber denunciado una supuesta defraudación contra el Estado Nacional, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y candidato a renovar su banca por Unión Porteña Libertaria (UPL), Yamil Santoro, presentó una ampliación de la misma contra Elías Piccirillo -el ex marido de Jesica Cirio-, basada en nuevos elementos probatorios que indicarían su presunta participación en una estructura delictiva dedicada al lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos de gravedad.

La denuncia en cuestión también lleva la firma del abogado José Lucas Magioncalda, en representación de la Fundación Apolo.

El texto judicial amplía la denuncia inicial que realizaron en diciembre de 2023 sobre las irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (S.I.R.A.). En esa oportunidad, se solicitó que se investigue el funcionamiento del sistema por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a la autorización de importaciones y la obtención de dólares a precio oficial para su posterior comercialización en el mercado paralelo. Ahora, con nueva evidencia, se identifica a Piccirillo como parte central de este esquema fraudulento.

Durante un programa periodístico, se reveló información clave sobre un mecanismo de fraude aduanero y cambiario que involucraría a Piccirillo. En esa emisión se describió cómo operaba un esquema de simulación de importaciones mediante la manipulación del S.I.R.A., permitiendo el acceso a dólares a precio oficial para su posterior comercialización en el mercado paralelo. Esta operación generó un perjuicio directo al Estado y constituyó el delito de defraudación a la administración pública.

Es por ello que Santoro señaló que “cuando presentamos la primera denuncia sobre el SIRA advertimos que se trataba de un sistema diseñado para la discrecionalidad y la corrupción. Con esta ampliación, queda en evidencia que no solo había irregularidades, sino una organización delictiva que utilizó el Estado como herramienta de saqueo”.

Además, las investigaciones periodísticas también sugieren que Piccirillo actuó con la complicidad de funcionarios de alto nivel, que podrían incluir a autoridades de Aduana y del Banco Central, quienes podrían haber facilitado el acceso irregular a las divisas. Estos indicios reforzarían la hipótesis de una asociación ilícita.

En ese sentido, se señala que Piccirillo habría utilizado los fondos obtenidos de manera fraudulenta para adquirir en junio de 2023 el 19% de las acciones de Valle Fértil S.A., controlante del Banco Sucrédito, con una fuerte presencia en Tucumán. Además, en un allanamiento en la residencia de su suegra se halló un documento que detalla un gasto de 206 millones de pesos en su casamiento con Jesica Cirio, financiado presuntamente con recursos de una fundación que él mismo presidía. Estos hechos encuadrarían, según informó Santoro, en los delitos de lavado de activos de origen delictivo y enriquecimiento ilícito.

“Estamos ante un caso de una gravedad institucional sin precedentes, donde un entramado de funcionarios y empresarios montó un esquema de desfalco al Estado. Exigimos una investigación profunda y que la justicia actúe con celeridad”, sentenció Yamil Santoro.

El legislador Yamil Santoro anunció finalmente que será él quien encabece la lista de "Unión Porteña Libertaria" en las próximas elecciones, tal cual había adelantado el sábado parlamentario.com. En un mensaje directo y desafiante, explicó las razones detrás de las acciones iniciales de su espacio político y señaló las contradicciones del kirchnerismo.

“Hace poco lanzamos la lista de la Unión Porteña Libertaria, la única lista liberal republicana que trabaja para los porteños. Sí, cuando lanzamos tomamos algunos elementos de la identidad visual de otros espacios políticos. También es cierto que buscamos un primer candidato, Leandro Santoro, mi hermano, que tuviera un nombre parecido al de los kirchneristas”, explicó Santoro.

En una respuesta directa al kirchnerismo, el dirigente justificó esta decisión como una manera de exponer los métodos con los que esta fuerza ha operado durante décadas. “Lo hicimos a propósito, para que sientan lo que millones de argentinos sentimos a lo largo de los años cuando nos vimos atropellados, estafados, robados e indignados por las barbaridades que hicieron ustedes. Ahora aparecen llorando y diciendo: ‘¡Ay, qué chorros que son, estafadores!’. Muchachos, son ustedes los que estafan al electorado cambiando elección tras elección su identidad visual, para que nadie sepa quiénes son”, enfatizó.

Santoro también cargó contra la corrupción y la falta de transparencia del kirchnerismo, señalando que “son ustedes los delincuentes que se abrazan con personas condenadas, al punto tal de llevarlos como candidatos en su lista”.

En este contexto, confirmó que encabezará la boleta y reafirmó su compromiso con los valores liberales y republicanos. “Nosotros no somos como ustedes. Por eso no va a ser mi hermano, el ‘Leandro Santoro Bueno’, quien lidere nuestra boleta, y no vamos a ir con un logo que se confunda. Vamos a ir con una lista orgullosamente liberal, que voy a estar liderando yo, para hacerle frente a la corrupción kirchnerista, como lo hemos hecho todos estos años”, sostuvo.

Entre las características curiosas de estas elecciones porteñas que han adquirido una importancia inédita, se conoció en las últimas horas una novedad que dio mucho que hablar. Es que el candidato liberal Yamil Santoro, que buscará su reelección, decidió bajarse del primer lugar de la lista de Unión Porteña Libertaria, para dejarle ese lugar a su hermano Leandro. De tal manera, se da la curiosidad de que el 18 de mayo competirán dos Leandro Santoro al frente de listas separadas: el libertario, y el de Unión por la Patria.

Unión Porteña Libertaria oficializó su lista de candidatos para las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá como eje de campaña un compromiso con la defensa de la libertad, el orden público y la defensa de las instituciones. La nómina incluye a referentes de tres fuerzas, comprometidos con impulsar una agenda de transformación real para los porteños.

La insólita jugada de quien es considerado por muchos una suerte de aliado del jefe de Gobierno Jorge Macri parecía estar destinada a no solo quitarle votos a La Libertad Avanza, sino también a la lista del peronismo porteño.

El argumento de Yamil Santoro es que prefiere no ser primer candidato para dedicarle tiempo a terminar su tesis doctoral. Lo cierto es que ya había protagonizado la lista de Yamil Santoro una polémica con el peronismo porteño, al presentar el logo de Unión Porteña Libertaria, con similitudes muy claras con el logo de Unión por la Patria. Ante el planteo hecho desde ese espacio de haber “robado” el logo de Unión por la Patria (UP) para “confundir al electorado”, Santoro acusó al kirchnerismo de buscar judicializar el debate en lugar de “enfocarse en los problemas reales de la Ciudad”.

“Inicialmente, me parece bastante insólita la discusión sobre el logo. Como si en la Ciudad no hubiera cosas importantes sobre las cuales es necesario trabajar”, comenzó diciendo Santoro. Al mismo tiempo que se pronunció sobre las críticas en relación con los colores utilizados en la identidad visual de su espacio, subrayando que “los colores de la escarapela no pueden tener exclusividad para ningún partido político. Lo mismo ocurre con la silueta de la Ciudad de Buenos Aires”.

La lista libertaria

A los Santoro libertarios Los acompañarán referentes de diversos ámbitos, como Elizabeth Márquez, Fernando Fishel Szlajen, Leo Piccioli, William Gibson, Tomás Gandini, Ximena Tezanos Pintos, Luis Díaz de la Torre, Luis Guisbert y Gustavo Semeria.

“Nuestra lista representa a quienes quieren una Buenos Aires libre, pujante y moderna. Somos la alternativa para quienes creen en un Estado eficiente, menos burocracia y más oportunidades para los emprendedores y trabajadores”, destacaron desde el espacio.

La nómina también incluye a Paula Scauzillo, Leandro Ezequiel Campelo, Laura Rivero, Matías Rosales, Milena Rendich, Claudia Cordón, Javier Romano, Mayra Martínez, Cristian Heredia, Rosario Cisneros, Lorena Varela, Liliana Duré Ortiz, Cristian Julio Iuale, Liliana Borysiuk, Ignacio Falcón, Virginia Lorenzi, Julián Rodríguez, Patricia Frontera, Yamila Soledad Ortiz, Ludwing Ilich Maldonado Mattos y Alejandra Falbo.

En los próximos días, los candidatos de la fuerza llevarán adelante distintas actividades y encuentros con vecinos para presentar sus principales propuestas, enfocadas en la reducción del gasto público, la seguridad y la promoción del empleo genuino.

Este espacio, que busca garantizar el respeto por los derechos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, está conformado por los partidos Libertario y Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las características curiosas de estas elecciones porteñas que han adquirido una importancia inédita, se conoció en las últimas horas una novedad que dio mucho que hablar. Es que el candidato liberal Yamil Santoro, que buscará su reelección, había decidido bajarse del primer lugar de la lista de Unión Porteña Libertaria, para dejarle ese lugar a su hermano Leandro. De tal manera, se daría la curiosidad de que el 18 de mayo competirían dos Leandro Santoro al frente de listas separadas: el libertario, y el de Unión por la Patria.

Al final, se trató de un globo de ensayo, o una humorada destinada a dar que hablar, porque según pudo saber parlamentario.com, al final será el propio Yamil el que encabece su lista, en busca de la reelección, y no su hermano Leandro.

La insólita jugada de quien es considerado por muchos una suerte de aliado del jefe de Gobierno Jorge Macri parecía estar destinada a no solo quitarle votos a La Libertad Avanza, sino también a la lista del peronismo porteño.

El argumento de Yamil Santoro era que prefería no ser primer candidato para dedicarle tiempo a terminar su tesis doctoral, pero en definitiva todo terminó siendo una jugada publicitaria.

Ya había protagonizado la lista de Yamil Santoro una polémica con el peronismo porteño, al presentar el logo de Unión Porteña Libertaria, con similitudes muy claras con el logo de Unión por la Patria. Ante el planteo hecho desde ese espacio de haber “robado” el logo de Unión por la Patria (UP) para “confundir al electorado”, Santoro acusó al kirchnerismo de buscar judicializar el debate en lugar de “enfocarse en los problemas reales de la Ciudad”.

“Inicialmente, me parece bastante insólita la discusión sobre el logo. Como si en la Ciudad no hubiera cosas importantes sobre las cuales es necesario trabajar”, comenzó diciendo Santoro. Al mismo tiempo que se pronunció sobre las críticas en relación con los colores utilizados en la identidad visual de su espacio, subrayando que “los colores de la escarapela no pueden tener exclusividad para ningún partido político. Lo mismo ocurre con la silueta de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Entiendo que el kirchnerismo está acostumbrado a robar, pero no todos vemos el mundo de esa manera. Y si quieren presentar algún recurso, no tengo problema: los veremos en tribunales. Ya estoy más que acostumbrado a ir a la justicia contra el kirchnerismo, como lo demuestra nuestro trabajo denunciando el Olivosgate, el Vacunatorio VIP, las SIRAs de Massa o la estafa de Cristina con su jubilación”, siguió el legislador.

Asimismo, el candidato destacó que, con la incorporación del Partido Libertario al frente, se introdujo una nueva identidad visual que incluye los colores de dicha agrupación. “Dicen que buscamos copiar a Juntos por el Cambio, pero si realmente quisiéramos confundir a los votantes del otro Santoro, no usaríamos elementos visuales de JxC. Todo esto parece una excusa para intentar ganar en un escritorio lo que no pueden lograr con trabajo y propuestas”, enfatizó.

El diputado liberal porteño Yamil Santoro, patrocinado por el letrado José Lucas Magioncalda, presentó un escrito ante la Oficina Anticorrupción solicitando que se recomiende al Poder Ejecutivo Nacional el apartamiento de Manuel Adorni del cargo de secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, una vez que se oficialice su candidatura a diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pedido de Santoro, que además es candidato a legislador porteño por "Unión Porteña Libertaria", se fundamenta en la posible utilización indebida del cargo para fines electorales, lo que podría configurar una confusión entre el rol institucional de Adorni y su nueva condición de candidato. Según el documento, su permanencia en el cargo mientras se encuentra en campaña representaría "un inaceptable aprovechamiento de su función para una finalidad ajena a la misma", contraviniendo principios básicos de la ética pública.

En el escrito se citan disposiciones de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece la obligación de los funcionarios de actuar con honestidad, probidad y buena fe, velando por los intereses del Estado y evitando cualquier beneficio personal indebido. Asimismo, se menciona el Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/99), cuyo artículo 9° exige a los funcionarios evitar acciones que pongan en riesgo la finalidad de la función pública y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Las normas vigentes no solo prohíben conductas lesivas de la ética pública, sino también aquellas que puedan poner en riesgo la credibilidad del Estado. La comunicación institucional del Gobierno debe ser imparcial y no estar contaminada por intereses electorales”, sostiene el denunciante en la presentación.

Por todo lo expuesto, Santoro solicita que, una vez oficializada la candidatura de Adorni, se le exija la renuncia o, en su defecto, se disponga su apartamiento mediante una licencia sin goce de sueldo, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de los principios republicanos.

A días de que venza el plazo de inscripción de las listas de candidatos, el dirigente de Unión Porteña Libertaria (UPL) Yamil Santoro lanzó en las redes sociales una convocatoria para que los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumen a su lista de aspirantes a una banca en la Legislatura local.

Con un tuit en el que sumó un formulario para que completen los interesados, el actual legislador de Republicanos Unidos (RU) se preguntó: “¿te animás a ser diputado? Este sábado cierran las listas para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, y voy a encabezar la lista de Unión Porteña Libertaria”.

“Creo en la meritocracia y en la importancia de rodearse de los mejores para transformar la Ciudad. Si alguna vez pensaste que podrías hacer un mejor trabajo que los diputados actuales, esta es tu oportunidad”, completó.

De esta manera, Santoro invitó a los aspirantes a dejar sus datos de contacto y a que le expliquen los motivos por los cuales quieren integrar la lista de UPL y sus propuestas para mejorar el distrito capitalino.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEcwTFCAaOc4DGuJoM9nsB_H-4lQbiI0Vz9w4g1zAkgK9wAA/viewform

Luego de que se presentaran las alianzas electorales, el peronismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusó a Yamil Santoro (RU) de haber “robado” el logo de Unión por la Patria (UP) para “confundir al electorado”, por lo que el legislador porteño salió a defenderse de las criticas y enfrentó al kirchnerismo.

En ese sentido, el candidato por Unión Porteña Libertaria se refirió a la controversia generada en torno al logo de su espacio político y desestimó la relevancia del debate. “Inicialmente, me parece bastante insólita la discusión sobre el logo. Como si en la Ciudad no hubiera cosas importantes sobre las cuales es necesario trabajar”, comenzó diciendo Santoro.

Al mismo tiempo que se pronunció sobre las críticas en relación con los colores utilizados en la identidad visual de su espacio, subrayando que “los colores de la escarapela no pueden tener exclusividad para ningún partido político. Lo mismo ocurre con la silueta de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Entiendo que el kirchnerismo está acostumbrado a robar, pero no todos vemos el mundo de esa manera. Y si quieren presentar algún recurso, no tengo problema: los veremos en tribunales. Ya estoy más que acostumbrado a ir a la justicia contra el kirchnerismo, como lo demuestra nuestro trabajo denunciando el Olivosgate, el Vacunatorio VIP, las SIRAs de Massa o la estafa de Cristina con su jubilación”, siguió el legislador.

Asimismo, el candidato destacó que, con la incorporación del Partido Libertario al frente, se introdujo una nueva identidad visual que incluye los colores de dicha agrupación. “Dicen que buscamos copiar a Juntos por el Cambio, pero si realmente quisiéramos confundir a los votantes del otro Santoro, no usaríamos elementos visuales de JxC. Todo esto parece una excusa para intentar ganar en un escritorio lo que no pueden lograr con trabajo y propuestas”, enfatizó.

“Quiero agradecer a todos los que manifestaron su apoyo y acompañan nuestro trabajo, por una Ciudad liberal, eficiente en sus servicios y con menos impuestos para los que producen”, completó Santoro.

Se realizó en el Auditorio Angélica Zapata de la Universidad del CEMA el IX Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso "Una Senda Hacia la Paz", que este año tuvo como lema "La Dignidad Humana y la Libertad Religiosa: pilares de una Nación". Esta nueva edición fue convocada por su presidente, Gustavo Guillermé, y el presidente del Área Sudamérica Sur de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Élder Joaquín Costa.

"Pensando la transformación de Argentina 2025-2055 estamos convencidos de que la educación y la cultura son los pilares de una Nación. Argentina debe volver a destacarse en el ámbito educativo, como lo hizo durante muchos años, siendo un referente para otras naciones”, expresó Guillermé.

Y agregó: “El 2025 nos encuentra en un mundo marcado por las guerras, exigiendo la liberación de los secuestrados el 7 de octubre en Israel por los asesinos terroristas de Hamas. También nos encuentra con terroristas en Siria asesinando personas por el solo hecho de ser cristianas y, en Argentina, hoy se cumplen 33 años del atentado a la Embajada de Israel. Pero desde nuestro congreso seguimos pensando y afirmando que la luz le ganará a la oscuridad”.

La jornada contó entre sus principales oradores con la participación de los legisladores porteños Yamil Santoro y Lucía Montenegro; la Dra. María del Carmen Magariños, rectora de la Universidad John F. Kennedy; la Dra. Rita Gajate, rectora de la Universidad Católica de La Plata; el Dr. Héctor Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay y presidente de REALCUP; y el Dr. Alberto Taquini, miembro de la Academia Nacional de Educación, quienes coincidieron que “para alcanzar y mejorar la educación de calidad debemos garantizar el acceso a la educación, superando la brecha digital”.

La legisladora Lucía Montenegro fue la encargada de abrir el panel “Solidaridad y acción social: las religiones, la política y las ONG en la ayuda” y manifestó que “la política es un servicio a los demás”. "Descreo de la justicia social. Como dice nuestro presidente Javier Milei, es arrebatarles a unos para darles a otros. Un Estado solidario es un mandato de la sociedad", sostuvo y lamentó que "por décadas nuestro país sufrió la inundación de la corrupción”.

A su turno, Yamil Santoro consideró que “el Estado es esencial para generar las condiciones de igualdad y para eso hay que buscar mejores mecanismos de articulación entre el Estado y las organizaciones civiles y religiosas”. Y añadió: “Si queremos resolver el hambre hay muchas maneras, pero es difícil que el Estado pueda llegar a decisiones inteligentes y suficientes. Por eso el tercer sector tiene un rol fundamental viendo que las cosas se hagan y para eso hay que involucrarse”.

También estuvieron presentes jóvenes líderes que conversaron sobre la base del diálogo interreligioso en Argentina: la Hermana Tamara Runia, presidenta General de Mujeres Jóvenes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; el Lic. Federico Wals, director Cono Sur de AXON Marketing + Communication y ex secretario de prensa del Cardenal Bergoglio; el Sr. Tomas Pener, generalista social en Olami Soho; el Sr. Maximiliano Van Kruijssem, coordinador de actividades de educación espiritual de la Comunidad Bahai Argentina y Frank Maier, estudiante de Ciencias Políticas en la UCEMA. Todos coincidieron que “como personas de fe debemos combatir todos los odios, tenemos que abrir los brazos y construir entre todos la tolerancia y la paz. Hay que seguir cultivando la cultura del encuentro porque todo se pierde con la guerra y todo se gana con la paz”.

“Este Congreso que tiene como lema desde sus inicios 'Una senda hacia la Paz' solo quiere ser el vehículo que ayude a la unidad, al encuentro de todos y cada uno de los argentinos. Nos merecemos vivir en paz, sin odios ni resentimientos”, cerró Guillermé y pidió rezar por la salud del papa Francisco.

Tras la celebración de los carnavales, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cuál buscará ordenar ese tipo de festejos y evitar los recurrentes cortes de calles y la contaminación sonora que afectan a los vecinos.

La iniciativa busca que las celebraciones se realicen en plazas, parques, clubes de barrio y centros culturales, prohibiendo el corte de calles salvo expresa autorización de la Comuna respectiva. De manera tal que estas prácticas y los festejos puedan llevarse a cabo en espacios adecuados para minimizar el impacto acústico y evitar molestias.

Además, la propuesta legislativa plantea la derogación de la Ley N° 1.527, que creó el Programa Carnaval Porteño, y de la Ley N° 1.832, que regula la comercialización de productos y la organización de los festejos. También elimina las ordenanzas que declaraban al carnaval como patrimonio cultural, “lo que permitirá actualizar el marco normativo y eliminar regulaciones innecesarias”.

En ese sentido, Santoro explicó que “los porteños tienen derecho a celebrar el Carnaval, pero también tienen derecho al descanso y a transitar libremente sin que se les corten las calles. Los fines de semana de febrero y marzo, las murgas interrumpen la circulación de vehículos y hacen ruido. Mientras algunos las disfrutan, la mayoría las padecen”.

Por otro lado, el diputado remarcó que “este año, para gestionar todo el operativo del Carnaval Porteño se destinarán $1.016.834.461 (el monto se puede verificar en https://buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/presupuesto-2025)”.

“No se trata de prohibir el Carnaval, sino de organizarlo de manera que todos podamos disfrutar de la Ciudad sin imposiciones ni restricciones que afectan la vida diaria de los porteños”, sentenció.

En el marco de un año signado por las elecciones de medio termino, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro anticipó que participará de los comicios y buscará su reelección, por lo que le pidió al electorado que lo acompañe en su cruzada.

A través de un extenso posteo que compartió en sus redes sociales, el republicano manifestó: “arranca mi último año como diputado. Comenzaron las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, inauguradas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Inicia así, el último año de mi primer periodo como legislador porteño (también llamado diputado de la Ciudad de Buenos Aires)”.

“Para mí es un sueño cumplido. Trabajamos junto a mi equipo muchos años para ocupar esta banca. No solo para estar sentado ahí sino para poder honrarla con la excelencia y prepotencia de trabajo que nos caracteriza”, continuó y precisó que “representamos al liberalismo porteño, siendo el único bloque liberal de la CABA con resultados concretos bajando impuestos, gasto público y regulaciones, así como también logrando distintas leyes que mejoran la calidad de vida de los porteños y, también, impidiendo que malas ideas terminen siendo leyes. Y siendo los únicos que, sin perder de vista los valores y la ideología pone primero a los porteños”.

Sobre esa misma línea, Santoro remarcó que “este año hay elecciones legislativas. El domingo 18 de mayo aquellos que tengan domicilio en la CABA podrán votar a sus representantes. Van a definir quienes ocuparán una banca los cuatro próximos años” y detalló: “tomé la decisión de ser candidato. Voy por mi reelección y voy a pedir que me acompañes y me ayudes. Estoy convencido de que mi banca y la del equipo que me acompaña hizo, hace y hará una diferencia que beneficia a todos los que viven y visitan la Capital”.

A su vez, le agradeció “a todos los que me están ayudando. Es lindo ver, tras 19 años de participación política activa, que hay tanta gente dispuesta a ayudarme. Sea donando tiempo o dinero, abriendo una puerta, generando una reunión, invitándome a un evento, todo ayuda. No saben la fuerza que me dan los mensajes que recibo, los gestos de afecto o de respeto que tan generosamente me dan. Gracias los quiero mucho”.

“No cuento con grandes fortunas, ni sponsors ni grandes partidos que me bancan. Cuento con algo mucho más importante: coraje, vocación, amigos y muchas ganas de trabajar. Voy a dejar todo en la cancha. Ojalá puedan recompensarme con su ayuda y su voto”, completó Santoro.

Después de que Hamas entregara sus cuerpos tras más de un año de tenerlos secuestrados, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para reemplazar la denominación de la calle "Estado de Palestina" por "Familia Bibas", lo que provocó el apoyo de más de 26 mil porteños en 48 horas.

Los vecinos expresaron su apoyo a la iniciativa a través de una petición en Change.org, como una forma de homenajear a las víctimas del ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El proyecto, que busca recordar a Yarden Bibas (entregado vivo), Shiri Silberman y sus hijos Ariel (de cinco años) y Kfir (nueve meses), secuestrados por la organización y asesinados durante su cautiverio.

Respecto a su propuesta, Santoro explicó que “es fundamental recordar y honrar a las víctimas del terrorismo. El accionar de Hamás a partir de la invasión del 7 de octubre configura un ataque contra Occidente en su conjunto, dejando un saldo de más de 1.200 muertos de múltiples nacionalidades. Fue un ataque contra todos los que creemos en valores tales como la Libertad, la tolerancia y el diálogo”.

Por ese motivo, agregó, “hasta tanto no se logre instituir una autoridad palestina que no responda al terrorismo no veo razones para que la Ciudad de Buenos Aires homenajee a un Estado terrorista de forma alguna”.

De aprobarse, la modificación alcanzará a la calle ubicada en el barrio de Almagro, que se extiende entre Teniente General Juan Domingo Perón y José Antonio Cabrera.

El legislador liberal Yamil Santoro presentó este jueves en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para reemplazar la denominación de la calle "Estado de Palestina" por "Familia Bibas", en homenaje a las víctimas del ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. La iniciativa busca recordar a Yarden Bibas (entregado vivo), Shiri Silberman y sus hijos Ariel (5 años) y Kfir (9 meses), secuestrados por la organización y asesinados durante su cautiverio.

De aprobarse, la modificación alcanzará a la calle ubicada en el barrio de Almagro, que se extiende entre Teniente General Juan Domingo Perón y José Antonio Cabrera.

Santoro fundamentó su propuesta asegurando que “Hamás es muerte” y que “las víctimas del terrorismo deben ser recordadas”. El legislador destacó que la familia Bibas tenía raíces argentinas y vivía en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más golpeadas por el ataque del grupo terrorista.

“La confirmación del asesinato de los dos nenes y su madre es un dolor muy profundo para todos. Hamás es muerte, no tienen otra vía de acción. Incluso es muerte para la propia gente que dicen defender. Y por eso proponemos acciones como este cambio, porque las víctimas del terrorismo deben ser recordadas”, sostuvo Santoro.

Y añadió: “Reconocer a un estado fallido, apropiado por el terrorismo, constituye un deliberado acto de olvido y omisión a las atrocidades cometidas, puesto que nada justifica los actos de salvajismo aberrante por los que atravesaron la familia Bibas y otras tantas víctimas”.

A raíz de un escrito impulsado por la Fundación Apolo -a cargo del legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro-, la jueza María Rita Acosta, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, quien resolvió citar al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, y al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

El Habeas Corpus impulsado por la mencionada fundación tiene como objetivo que el Estado Nacional adopte medidas urgentes para hacerse cargo de los detenidos por causas de jurisdicción nacional y federal que actualmente se encuentran alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada hoy por Jorge Macri.

En la cédula, la magistrada resolvió citar a una audiencia a Santoro, José Magioncalda e Ignacio Falcón, en representación de Apolo; a Martina Gómez Romero, a cargo de la Defensoría Oficial N° 9; al fiscal designado; al letrado apoderado del Servicio Penitenciario Federal, Raúl Emanuel Carballo; al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal; al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Daglio; al jefe de la División Enlace con el Poder Judicial y Servicios Penitenciarios de la Superintendencia de Seguridad Comunal de la Jefatura de la Policía de la Ciudad y al director de la Dirección Autónoma de Alcaidías de la Policía de la Ciudad.

En el escrito original presentado por Apolo, los peticionantes argumentan que la omisión del Estado Nacional que hoy comanda Javier Milei en garantizar cupos en establecimientos federales derivó en una “delegación tácita e impropia de responsabilidades entre distintos niveles estatales”, lo que agrava el problema de sobrepoblación carcelaria en la Ciudad. “Al 31 de diciembre de 2024, el 93,3% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encontraban privadas de su libertad por causas en la Justicia Nacional o Federal”, sostiene el escrito.

Por otra parte, el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, acompañado como prueba en la presentación judicial, revela que al cierre de 2024 había 2.141 personas alojadas en centros de detención no penitenciarios en la Ciudad. “Las comisarías y alcaidías porteñas no solo operan con una sobrepoblación del 35%, sino que también carecen de espacios adecuados para la atención de la salud, la alimentación y la visita de familiares, lo que representa una violación sistemática de derechos fundamentales”, subraya la presentación.

En relación a este tema, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, asistirá el próximo martes a la Legislatura; donde asistirá a la Comisión de Seguridad.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la reciente salida del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Mariano De los Heros, quien había sido denunciando por mantener el pago de pensiones a ex presidentes.

En ese contexto, el legislador recordó que “en diciembre de 2023, desde la Fundación Apolo, le presentamos al Gobierno de Javier Milei un planteo pidiendo que ni María Estela Martínez de Perón, Cristina Kirchner (también la pensión que percibe de Néstor Kirchner) y Alberto Fernández, ni el ex vicepresidente, Amado Boudou -todos por razones distintas-; debían cobrar la pensión para ex presidentes que es una suma bastante importante y mes a mes recibe cada uno de ellos”.

Además, añadió en diálogo con Radio Mitre que De los Heros “durante casi un año se mantuvo en silencio sobre este tema. Y, en agosto del año pasado, decidimos meter con la diputada Graciela Ocaña una denuncia penal, que hizo que poco tiempo después efectivamente den de baja la pensión”.

No obstante, cuestionó con dureza la forma en la que se dio su abrupta salida, al señalar que “cuando una persona que no sigue la instrucción recibe la guillotina, algún malestar me genera”. Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias de este tipo de decisiones políticas a largo plazo: “al corto plazo puede servirle al Gobierno, pero va dejando heridos, fricciones, rupturas que en el tiempo hace más difícil el proyecto”.

En este sentido, añadió: “Si vos en el medio te cargas a Diana Mondino, Victoria Villarruel, Ramiro Marra... empieza a mandar un mensaje complejo a la gente que evalúa acercarse a ese espacio”.

En cuanto a la situación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador fue enfático en señalar la responsabilidad del Gobierno Nacional: “más del 90% de los presos en la Ciudad de Buenos Aires no deberían ser juzgados ni condenados por la jurisdicción porteña” y denunció que “hay un problema que se arrastra desde la pandemia, con más de 1.800 detenidos que no son responsabilidad de CABA. La responsabilidad de solucionar esto es del Gobierno Nacional, no de los porteños”.

Santoro explicó que la Ciudad tiene pocos delitos bajo su competencia que terminan en prisión efectiva, lo que hace innecesario un sistema penitenciario de gran escala. Y alertó sobre las consecuencias del hacinamiento: “si se suman dos mil personas en un espacio sin capacidad, se generan malas condiciones para los presos y problemas de seguridad”.

Por otro lado, el diputado criticó la demora del Gobierno Nacional en la transferencia de fondos para la construcción de una cárcel en la Ciudad y propuso alternativas: “si el Estado no tiene herramientas o incentivos para desarrollar soluciones a corto plazo, se puede abrir una licitación y establecer un esquema público privado para la construcción de cárceles”.

“El Gobierno Nacional debe firmar acuerdos con provincias y prisiones en condiciones de albergar detenidos y trasladarlos. No puede ser que, por falta de infraestructura nacional, el problema se traslade a la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene capacidad, y encima termine siendo atacada por el Gobierno Nacional”, sentenció Santoro.

A raíz de la fuga de seis detenidos de una alcaldía de Caballito, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro advirtió sobre la delicada situación en la que se encuentran los centros de detención en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que la mayor parte de los presos son responsabilidad del Gobierno Nacional.

A través de sus redes sociales, el legislador se preguntó: “¿de quién son responsabilidad los presos que están detenidos en la CABA? De los aproximadamente dos mil presos que hay, 90% aproximadamente son de responsabilidad del Gobierno Nacional por estar bajo jurisdicción judicial nacional”.

“Por una serie de malas decisiones judiciales y políticas hoy los porteños nos estamos haciendo cargo de un problema que no es ni debe ser nuestro. No contamos con infraestructura adecuada para tanta gente ni tenemos por qué tenerlo siendo que aún no contamos con transferencia de delitos que exija, para hoy, contar con tantas plazas carcelarias”, remarcó.

Al mismo tiempo que remarcó que “como liberal, creo que cada cual debe hacerse cargo de su problema y de los costos asociados. Este problema de arrastre hace que un sistema que no fue diseñado ni pensado para este volumen de presos sencillamente tienda a colapsar. Esto está mal”.

“No es una opinión personal, no es algo que se me ocurra, son los datos que surgen del informe elaborado por la procuración penitenciaria nacional”, completó Santoro.

En consonancia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca agravar las penas contra los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, y los limpiavidrios.

De esta manera, la iniciativa propone sanciones más severas, incluyendo arresto efectivo y multas diez veces mayores, para quienes exijan dinero por estacionar en la vía pública sin autorización legal. También contempla penalidades para clubes y organizadores de eventos que faciliten esta actividad

La propuesta contempla hasta 60 días de arresto y multas significativamente más altas para quienes organicen esta actividad ilegal.

Además, el texto duplica las sanciones si se comprueba que la conducta incluye amenazas o discriminación de género. También, se prevén penalidades para clubes y entidades organizadoras de eventos masivos cuando se demuestre que permiten o fomentan la presencia de trapitos en sus inmediaciones.

En tanto, en el caso de eventos deportivos y recitales, donde suele haber una amplia concurrencia de trapitos, el proyecto habilita al Ministerio Público Fiscal a disponer oficinas móviles para recibir denuncias en el lugar y actuar de manera inmediata. También se faculta a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones en flagrancia, garantizando una respuesta efectiva ante situaciones de extorsión o amenazas.

Tras la presentación del proyecto, Santoro señaló que “no podemos seguir permitiendo que los vecinos sean extorsionados para pagar por un servicio ilegal impuesto bajo coerción” y destacó que la problemática no solo afecta el orden público, sino que está vinculada a situaciones de violencia e intimidación, como fue el caso del médico atacado en Flores.

Luego de que el Gobierno Nacional impulsara una denuncia contra Cristina Fernández de Kircher por la presunta percepción indebida del adicional por “zona austral” en sus asignaciones previsionales, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la iniciativa y remarcó que “la corrupción en Argentina tiene los días contados y los chorros también”.

A través de sus redes sociales, Santoro explicó que el “Gobierno de Javier Milei denunció a CFK por estafar a la ANSES y a todos los argentinos al mentir sobre su domicilio y cobrar más de seis millones de pesos mensuales de forma ilegal” y recordó que “la misma denuncia que presentamos en diciembre de 2023 desde la Fundación Apolo y la cual se unirá la del Gobierno Nacional”.

“¿De qué va a vivir Cristina? Las cosas no nacen de un repollo. Desde la Fundación Apolo le pedimos al Gobierno de Milei en diciembre del 2023 que, a Cristina, Alberto Fernández, Amado Boudou e Isabelita Martínez de Perón les saquen la pensión, porque legalmente no correspondía que la cobrasen”, continuó y precisó que “ocho meses después metimos, además, otro reclamo porque recordarán que apareció que Alberto fajaba a Fabiola Yañez; y a fines de agosto denunciamos penalmente a Mariano de los Heros, titular de ANSES, porque se venía haciendo el bol… con este planteo que habíamos hecho. Recién en noviembre, cuando Casación confirma la sentencia de Cristina, ANSES decide sacarle la pensión tanto a ella como a Boudou”.

Sobre esa misma línea, el legislador porteño detalló que “un poquito después, Cristina mete el reclamo para que le devuelvan la pensión que ahora ANSES le acaba de rechazar y nosotros le metimos una denuncia penal por defraudación al Estado. Denuncia penal que tres meses después, ósea ahora, el Gobierno de Javier Milei también presentó y va a terminar unificada con la nuestra”.

“Y a buena hora que se estén corrigiendo los entuertos de la Argentina. En definitiva, es una gran noticia que el Gobierno Nacional decida avanzar en la lucha contra los corruptos. Trabajando juntos, sociedad civil y el Gobierno, vamos a lograr que los corruptos nunca más vuelvan al poder en la Argentina”, sentenció Santoro.

Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, convocara a sesiones extraordinarias, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro insistió en la necesidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó con dureza el proyecto que solo busca suspenderlas.

A través de sus redes sociales, Santoro explicó: “las PASO no sirven. Son un gasto millonario y solo benefician a los políticos para resolver sus internas, mientras los ciudadanos pagamos la cuenta. Ahora proponen suspenderlas… pero si no funcionan, ¿por qué no eliminarlas para siempre?”.

“En estas sesiones extraordinarias, junto a otros diputados, vamos a pelear para que las PASO desaparezcan definitivamente de CABA”, destacó.

Al mismo tiempo que indicó que “dentro de los temas que vamos a estar tratando en las sesiones extraordinarias está la eliminación de las PASO. ¿Qué son las PASO? Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que obligaban a cada uno de ustedes tuviera que ir a votar antes de las elecciones generales para elegir a los precandidatos de los distintos frentes políticos. En criollo, tenían que resolver ustedes los temas que la política no podía resolver por si misma”.

Y remarcó: “a buena hora que se eliminen y ojo con esto, poque ahora lo que mandaron a la Legislatura es un proyecto para suspenderlas. Ahora, si uno cree que las PASO son malas para una elección, es que son malas para todas las elecciones”.

“Así voy a estar trabajando personalmente junto a otros diputados para que se eliminen las PASO en la Ciudad de una vez y para siempre. Y no que eso estemos viendo elección tras elección, ver que conviene en cada caso e ir cambiando las reglas, porque en definitiva lo que necesitamos son reglas claras, estables y previsibilidad institucional”, completó.

La ley que establece un régimen de patrocinio privado para proyectos científicos, tecnológicos e innovadores, impulsada por el legislador liberal Yamil Santoro, fue promulgada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Este avance representa un paso clave hacia la consolidación porteña como un polo regional de ciencia y tecnología.

“La promulgación de esta ley es un logro importante para el desarrollo de nuestra Ciudad. Fomenta la inversión privada en áreas estratégicas, posicionando a Buenos Aires como referente en innovación, mientras crea oportunidades inclusivas y sostenibles”, destacó Santoro.

El régimen otorga beneficios fiscales, permitiendo a los patrocinadores deducir hasta el 50% de sus aportes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los proyectos serán evaluados por el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Ciudad, que definirá su viabilidad en base a criterios estratégicos establecidos por la normativa.

El monto destinado al régimen es de $2.000.000.000 y será actualizado anualmente. Además, el Poder Ejecutivo podrá ampliar ese monto por encima de la actualización. La ley prioriza aquellos proyectos que promuevan la contratación de personal —en especial mujeres y grupos vulnerables—, la exportación de bienes o servicios, la inversión en investigación y desarrollo, y la mejora de la calidad de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“Este régimen no solo incentiva la participación del sector privado en áreas clave para el futuro, sino que asegura que estos aportes generen un impacto concreto y positivo en nuestra sociedad”, agregó el legislador.

Para acceder a los beneficios, los patrocinadores deberán estar al día con sus obligaciones fiscales.

Después de que Nicolás Maduro volviera a tomar el poder en Venezuela, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció penalmente a Diego Omar Suárez, conocido de manera pública como "Michelo", por promover el régimen dictatorial en ese país, lo que podría implicar penas de prisión.

La presentación judicial, formulada ante la Justicia Nacional, alega la comisión de los delitos de apología del crimen e intimidación pública, previstos en los artículos 213 y 212 del Código Penal, respectivamente. De ser hallado culpable, Suárez podría enfrentar penas de prisión.

Según sostiene Santoro en su denuncia, Suárez habría utilizado sus plataformas digitales, como TikTok e Instagram, para defender el régimen autoritario de Venezuela, promoviendo abiertamente actos de violencia institucional, desapariciones forzadas y persecución política. Además, la misma incluye la exaltación de líderes vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y la justificación de un sistema político fraudulento.

También señala expresiones antisemitas vertidas por Suárez en sus redes sociales, calificándolas como un delito grave que fomenta el odio y la división en la sociedad argentina. Estas manifestaciones, si bien son tratadas como un delito adicional, refuerzan la gravedad de su accionar al alinearse con prácticas represivas y discriminatorias.

El escrito cuenta con fundamentos legales basados en pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en decisiones judiciales locales que condenaron acciones similares en el pasado. Además, subraya cómo estas conductas buscan erosionar los principios democráticos y los derechos humanos en el país.

Por lo que Santoro concluyó señalando que “es inadmisible que en una democracia alguien reivindique dictaduras violentas y represivas. Los discursos de odio y las apologías hacia regímenes autoritarios no tienen lugar en nuestra sociedad. Vamos a garantizar que estas conductas sean sancionadas y que los valores democráticos prevalezcan”.

En el marco de un año signado por las elecciones de medio término, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro participó de un mano a mano con parlamentario.com en el que analizó la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, de desdoblar los comicios en el distrito capitalino.

Además, se refirió a sus prioridades legislativas para este año y la posibilidad de una alianza electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro.

-¿Cuáles serán las prioridades de Republicanos Unidos para este año?

- No sé si hablar de las prioridades de Republicanos Unidos. Prefiero hablar de mis prioridades. Y en ese marco es armar una propuesta liberal competitiva para la Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Hay algún tema del año pasado que le haya quedado en tintero?

- Hay varios temas que me quedaron en el tintero, sobre todo de reducción de gasto público, de desalojos exprés, de eliminación de burocracia innecesaria, de simplificación de regulaciones, así que vamos a seguir presionando en esa agenda para lograr que los porteños vivan con un estado más eficiente, más barato y que les rompa menos la paciencia a los contribuyentes.

- Hace unos días Jorge Macri anunció el desdoblamiento de las elecciones en CABA. ¿Qué opinión le merece su decisión?

-Estoy a favor, pero no debería ser una potestad del poder ejecutivo. Las elecciones porteñas deberían ir siempre separadas de las nacionales. Así podemos discutir los temas de la Ciudad.

- Pensando en el escenario electoral y ante la posibilidad de una alianza entre el Pro y LLA. ¿Desde RU estarían dispuestos a sumarse?

- Personalmente estoy a favor de integrar una coalición liberal amplia. Me siento más cerca de LLA y del Pro que de cualquier otro espacio que integraba Juntos por el Cambio. Creo que es hora de pasar de una gran coalición republicana a una gran coalición liberal. Hay que hacer fuerza entre todos para cambiar nuestra historia.

- Por último, ¿Apoyaría el proyecto de eliminación de las PASO?

-Estoy a favor de eliminar las PASO, no así de suspenderlas. Me parece que las políticas públicas electorales tienen que ser estables en el tiempo. No se puede estar cambiando la cancha en cada elección en base a la conveniencia de algunos.

Días después de haber presentado la iniciativa en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro volvió a pedir que se elimine la denominación “Rodolfo Walsh” de la estación de la Línea E del subterráneo, dado a que consideró que hace alusión a “un asesino”.

Esto se debe a que en un reciente fallo judicial confirmó que el periodista y escritor participó en un atentado ocurrido en 1976, que dejó 23 muertos y más de cien heridos.

“Hay un asesino en el subte. En 1976, Rodolfo Walsh planeó un atentado que dejó 23 muertos y más de 100 heridos. Hoy, una estación de subte lleva su nombre. Irónico, ¿no?”, indicó en sus redes sociales.

Al mismo tiempo que recordó que “no solo presentamos un proyecto de ley para devolverle el nombre original a la estación ‘Entre Ríos’ de la línea E. También abrimos un change para que la ciudadanía pueda firmar y apoyar la propuesta” y concluyó pidiendo: “basta de homenajear terroristas”.

Cabe recordar que el cambio de denominación para la estación de subte ubicada en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos se concretó a partir de que en marzo de 2013 la Legislatura porteña aprobó en doble lectura y con 47 votos a favor, la adición del nombre de Rodolfo Walsh a Entre Ríos, para homenajear a quien fue asesinado precisamente en la esquina de San Juan y Entre Ríos el 25 de marzo de 1977 en un enfrentamiento con un grupo de tareas.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca cambiar la denominación de la actual calle “República Bolivariana de Venezuela” por la de “Venezuela”.

En los fundamentos de la iniciativa, el diputado explicó que “la denominación de ‘República Bolivariana de Venezuela’ corresponde al régimen político autoritario, violento, fraudulento e ilegítimo que ha llevado al pueblo de esa nación sudamericana a una catástrofe humanitaria, carente de libertades fundamentales y de oportunidades de progreso”.

“La creciente emigración hacia otros países del continente americano o hacia Europa de millones de venezolanos, desesperados por la pauperización y la opresión a los que los somete el régimen chavista-madurista, debería ser lo suficientemente elocuente del fracaso del llamado ‘socialismo del siglo XXI’”, añadió.

Al mismo tiempo que remarcó que “el 25 de enero del corriente año, se realizará el nuevo Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, y todas las señales permiten anticipar que las recomendaciones no sólo han sido desoídas, sino que además ha empeorado en los últimos tres años”.

“El pueblo de Venezuela y su histórica nación, con la que nos unen lazos de amistad, solidaridad, la gesta de la emancipación del continente y un origen y destino hispanoamericano común, merece y debe ser recordado en nuestra ciudad, pero no por el régimen despótico, opresor, ilegítimo y fraudulento que se autodenomina ‘República Bolivariana’. Nuestra solidaridad democrática también debe expresarse a través de los símbolos y las actitudes”, sentenció Santoro.

El diputado porteño Yamil Santoro anunció este jueves la presentación de un proyecto, junto con su par Ramiro Marra, para reformar el Código de Tránsito y evitar casos como el de un trabajador de una aplicación de transporte llamado Ciro, sancionado porque la pasajera que llevaba había consumido más alcohol que el que se autoriza.

Sucedió el 1° de enero, cuando un control de alcoholemia en horas de la madrugada estableció que una joven que iba como pasajera de una moto estaba excedida en el porcentaje de alcohol permitido. En esas circunstancias, Ciro, un trabajador de Uber moto, fue sancionado por esa situación, según establecen las normas: se le incautó la moto, debió pagar una multa y se perdió la jornada de trabajo.

Si se aprueba la ley que promueve Yamil Santoro, los agentes de tránsito multarán y bajarán de la moto al acompañante alcoholizado, mientras que el conductor sobrio podrá seguir viajando con su moto, explicó el autor del proyecto.

Santoro había adelantado ese mismo día que presentaría un proyecto en ese sentido, aclarando que los agentes de tránsito de la Ciudad habían actuado conforme a derecho en el caso del Uber moto. “El problema es que la ley es absurda y plantea una consecuencia excesiva que no guarda relación con el bien jurídico tutelado”, detalló el legislador de Republicanos Unidos.

El proyecto presentado modifica el artículo 5.4.5 del Código de Tránsito, estableciendo que, en caso de que los acompañantes en moto superen los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, la autoridad de control ordenará su descenso inmediato. Y libera al conductor de cualquier responsabilidad, si cumple con los límites legales de alcoholemia.

Se busca con ello evitar situaciones que afecten a choferes que, cumpliendo con su responsabilidad de no tomar alcohol, puedan verse afectados por pasajeros que no les informen o les mientan sobre si ellos consumieron.

Con @RAMIROMARRA presentamos un proyecto de ley para reformar al código de tránsito y evitar casos como el de @ciro_nah.
Si se aprueba, los agentes de tránsito multarán y bajarán de la moto al acompañante alcoholizado. El conductor sobrio podrá seguir viajando con su moto. pic.twitter.com/3Wq5EAvVy6

— Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 2, 2025

Luego del fallo judicial reciente que confirmó que el periodista y escritor desaparecido Rodolfo Walsh participó en un atentado ocurrido en 1976, que dejó 23 muertos y más de cien heridos, los diputados porteños Yamil Santoro y Ramiro Marra presentaron un proyecto de ley para devolverle el nombre original a la estación "Entre Ríos" de la línea E del subte.

“Basta de homenajear asesinos”, posteó Santoro en la red social X. Y agregó allí: “Es momento de honrar a las víctimas y defender nuestra memoria histórica”.

El proyecto lleva también las firmas de Silvia Imas, Jorge Reta, Pablo Donati y Rebeca Fleitas. Precisamente esta última legisladora de La Libertad Avanza había presentado un proyecto similar a principios de este año, el 15 de marzo pasado, que fue acompañado por sus pares Donati, Imas, Marra, Reta, Santoro Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey y Leonardo Saifert.

En este caso, el proyecto presentado propone eliminar el nombre de Rodolfo Walsh a la denominación de la citada estación de subte, basado “en fundamentos históricos, jurídicos y éticos respaldados por un reciente fallo judicial”.

El fallo judicial corresponde al caso “Salgado, José María y otros s/recurso de apelación”, y establece “la responsabilidad de Walsh en la planificación del ataque a la Superintendencia de Seguridad Federal ocurrido el 2 de julio de 1976”.

El proyecto destaca que dicho atentado “dejó 23 muertos y más de 100 heridos, con evidencias de premeditación y alevosía que califican el hecho como un acto de terrorismo con graves violaciones a los derechos humanos”.

Agrega el texto que no se puede “relativizar crímenes de esta magnitud permitiendo que figuras involucradas en graves violaciones a los derechos humanos sean homenajeadas en espacios públicos”.

Para los autores del proyecto, mantener el nombre de Rodolfo Walsh representaría “una contradicción con los valores democráticos y un mensaje erróneo hacia la sociedad, ya que implica relativizar la gravedad de los actos de terrorismo”.

Aclaran los legisladores que el cambio sugerido “no es un juicio sobre la obra literaria o periodística de Walsh, sino una decisión basada en hechos judicialmente comprobados que lo vinculan con crímenes atroces. Es tiempo de hacer justicia a las víctimas y sus familias, alcanzando el ideal de verdad”.

El cambio de denominación para la estación de subte ubicada en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos se concretó a partir de que en marzo de 2013 la Legislatura porteña aprobó en doble lectura y con 47 votos a favor, la adición del nombre de Rodolfo Walsh a Entre Ríos, para homenajear a quien fue asesinado precisamente en la esquina de San Juan y Entre Ríos el 25 de marzo de 1977 en un enfrentamiento con un grupo de tareas.

Con el objetivo de reducir los gastos del Estado, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que propone la creación de un “Sistema de reintegro de gastos generados por personas privadas de la libertad”, con el objetivo de que las personas condenadas con sentencia firme paguen los costos vinculados a su detención.

Este sistema busca que las personas condenadas con sentencia firme asuman los costos vinculados a su detención en cárceles, alcaldías o comisarías de la Ciudad, computados desde el día de su detención, cuyo valor diario asciende a 27 mil pesos por detenido. Esto representa un gasto mensual de 810 mil pesos por persona y un total de más de 2.200 millones de pesos mensuales para el presupuesto porteño.

La iniciativa establece que la obligación de pago será exigible únicamente a personas con condena firme. Además, quienes no puedan abonar los costos deberán realizar labores generales en los establecimientos donde cumplen su pena, es decir, podrán pagar parte del costo de su detención con trabajo.

Según la propuesta, el Gobierno será responsable de calcular el costo diario de detención, establecer métodos de cobro y determinar las labores que podrán realizar los detenidos. Asimismo, establece que una vez cubiertos los costos de estadía, los internos podrán inclusive generar más fondos para si al realizar trabajos amparados por la Ley Nacional N° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad.

Respecto de esta iniciativa, Santoro señaló que “hoy los costos de alojamiento y cuidado de las personas privadas de la libertad recaen completamente sobre los contribuyentes de la Ciudad. Con esta iniciativa, buscamos aliviar esa carga, asignando a los responsables el costo de su detención, siempre bajo principios de dignidad humana y proporcionalidad. Además vale aclarar que muchos de los detenidos en CABA son responsabilidad del Gobierno Nacional, quien debería hacerse cargo de este costo o de llevárselos a prisiones de su jurisdicción”.

“Esta medida no busca ser punitiva ni extender la pena de los condenados, sino promover un equilibrio financiero que permita una mejor asignación de recursos públicos. Haciendo que cada cual se haga responsable de lo que le corresponde”, subrayó el legislador liberal.

Finalmente, Santoro concluyó destacando que esta “es una manera de incentivar la responsabilidad individual y aliviar las cuentas públicas sin descuidar el respeto por los derechos humanos y la reintegración social”.

Después de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobara el Presupuesto 2025, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró el recorte presupuestario por 330 mil millones de pesos y lo calificó como “fundamental para alinear las finanzas públicas con los principios de austeridad y eficiencia”.

En ese sentido, el diputado explicó que “logramos un recorte en el presupuesto de 330 mil millones. No logramos todo lo que queríamos, pero hemos alcanzado casi el 66% de nuestros objetivos iniciales” y agregó que “cuando llegamos a esta Legislatura lo hicimos con la vocación de representar un liberalismo posible. Junto con Ramiro Marra establecimos una posición firme: no íbamos a votar este presupuesto sin un recorte en la cantidad de gastos”.

“Habiendo asumido que dejar al Gobierno de la Ciudad sin presupuesto generaría condiciones fiscales y tributarias peores a las que se están discutiendo, focalizamos nuestros esfuerzos en achicar los gastos y reducir impuestos, entre ellos ABL y patentes” y reconoció el trabajo de la gestión de la Ciudad en aceptar ajustes importantes que contribuyen a la sostenibilidad fiscal.

Sobre la relación entre los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el Pro, Santoro sentenció: “la convivencia entre el PRO y La Libertad Avanza va a depender mucho de lo que ocurra distrito por distrito”.

Después de que se confirmara la condena en su contra a seis años de prisión por la causa Vialidad, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, denunció a Cristina Fernández de Kirchner por fraude y pidió que se restituyan los beneficios previsionales que la ex mandataria habría percibido “de manera indebida” al declarar su domicilio en Río Gallegos a pesar de vivir en la Ciudad.

La denuncia es por el presunto delito de “defraudación contra la administración pública”, tipificados en los artículos 172 y 174 del Código Penal, y pidió que se apliquen “las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas” que se le atribuyen.

La presentación judicial, que también lleva la firma del abogado José Magioncalda, con el patrocinio del letrado Ignacio Falcón; se fundamenta en los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido de manera indebida al declarar su domicilio en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a residir habitualmente en la Ciudad.

Según lo informado, Fernández de Kirchner habría recibido un suplemento correspondiente a la “zona austral”, destinado a quienes habitan en regiones patagónicas, como parte de su asignación vitalicia. Este beneficio habría significado un incremento en sus ingresos de más de seis millones de pesos al momento de su suspensión, “afectando de manera directa a las arcas públicas”.
Además, funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que habrían permitido el otorgamiento de dicho suplemento también son señalados en la denuncia, por su posible responsabilidad en la administración de estos recursos públicos y acusados de “malversación de caudales públicos”.

De esta manera, la Fundación Apolo solicitó a la Justicia que investigue si estos hechos configuran un delito doloso contra el Estado y que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la irregularidad. Asimismo, pidió que se tomen las medidas necesarias para recuperar los pagos indebidos y resarcir el daño económico ocasionado al patrimonio público.

Cabe recordar que Santoro, junto a la diputada de Confianza Pública (CP) Graciela Ocaña, habían denunciado en agosto de este año al director de la ANSeS, Mariano de los Heros, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad y por la posible comisión del delito de malversación de caudales públicos. En el escrito también solicitaron que ambos reclamos se unifiquen en un sólo expediente, para facilitar su seguimiento administrativo.

En consonancia con el pedido del Gobierno Nacional de reducir el gasto, el legislador de Republicanos Unidos (UR) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca modificar la remuneración de los miembros de las Juntas Comunales.

La iniciativa propone que solo el presidente de cada Junta reciba una remuneración equivalente al 70% del ingreso bruto de un diputado porteño, mientras que los demás miembros desempeñarán sus funciones ad honorem, eliminando así los gastos asociados a 90 comuneros en toda la Ciudad.

Actualmente, la normativa establece que todos los miembros de las Juntas Comunales perciben una remuneración equivalente al 60% del ingreso bruto total de un legislador porteño, con un adicional del 10% para el presidente de la Junta, lo que se traduce en un costo mensual de casi 310 millones de pesos (casi cuatro millones de dólares al año). “Esto es un gasto elevado considerando que las funciones de los comuneros no presidentes se limitan mayormente a cuestiones políticas”, advirtió Santoro.

Al mismo tiempo que indicó que “el proyecto promueve una mayor austeridad en el uso de los recursos públicos y fomenta un modelo de participación cívica basado en la vocación de servicio y no en incentivos económicos. Es momento de ajustar los gastos y priorizar a quienes realmente asumen mayores responsabilidades”.

“Con esta medida, el Estado porteño reduciría de manera significativa el costo destinado a las Juntas Comunales, mientras se incentiva un compromiso ciudadano genuino en la gestión de problemáticas vecinales”, añadió el diputado y concluyó remarcando que “la iniciativa responde además a demandas sociales de mayor austeridad republicana y eficiencia en la gestión pública. De ser aprobada, la ley entrará en vigencia con el vencimiento de los mandatos actuales de los miembros de las Juntas Comunales”.

Después de que la Fundación Apolo impulsara una denuncia contra el ex presidente de Bolivia Evo Morales por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro agradeció el acompañamiento del pueblo boliviano.

En ese sentido, el legislador aseguró que “es increíble el apoyo de la comunidad boliviana que recibimos por la denuncia presentada desde Fundación Apolo contra Evo Morales. Están realmente agradecidos de que alguien haga justicia por ellos” y aseveró que “hay muchísimas pruebas en su contra que, debido al silencio cómplice de su entorno político, tardaron en salir a la luz”.

“Gracias al Gobierno de Javier Milei y en especial a la ministra Patricia Bullrich por respaldar nuestra denuncia. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la causa se investigue a fondo. Si Evo Morales es culpable debe ir preso”, sentenció.

La Fundación Apolo, representada por su director Yamil Santoro, el jefe de legales, José Magioncalda, y con el patrocinio del abogado Ignacio Falcón; denunció penalmente en Argentina al expresidente de Bolivia Evo Morales, por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores. La presentación judicial, respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas, se basa en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.

De acuerdo con la denuncia, diversas fuentes señalan que Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales en un contexto que, según testimonios, configuraría un patrón de explotación y abuso de poder. En un testimonio público, Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, denunció que durante sus visitas a Morales en Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como "serviles" en la residencia del expresidente. Ponce también afirmó que Morales recibía "niñas como obsequios" de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente.

Además, la Fundación Apolo recordó que no es la primera vez que el expresidente enfrenta denuncias de esta índole. En 2020, medios bolivianos difundieron información sobre una supuesta relación entre Morales y Noemí Meneses Chávez, una joven que habría tenido tan solo 14 años cuando comenzó una relación con el exmandatario. En el 2020, Migraciones se negó a informar ante el reclamo de Apolo sobre el ingreso de una supuesta víctima de abuso, invocando confidencialidad sobre la información de personas que ingresan o egresan del país. Por ese motivo, se presentó un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública que posteriormente fue rechazado.

El texto subraya la gravedad de los hechos y sostiene que estas conductas vulneran no solo derechos fundamentales, sino también normas de derecho internacional en cuanto a la protección de menores y el combate a la explotación y tráfico de personas. Apolo insta a la Justicia argentina a iniciar una investigación exhaustiva que determine si Morales incurrió en acciones punibles bajo el marco legal local y que resguarde los derechos de las posibles víctimas.

Tras el paro de transportes de los últimos días, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar el transporte colectivo de pasajeros y el subterráneo como servicios públicos esenciales en el distrito capitalino.

De esta manera, el texto prevé asegurar la prestación continua de estos servicios, considerados de vital importancia para la vida cotidiana de millones de porteños, especialmente en momentos de conflicto laboral.

El proyecto establece que, en caso de interrupciones derivadas de conflictos de trabajo, se deberán garantizar servicios mínimos para evitar que la población quede sin alternativas de movilidad. La propuesta también contempla que la autoridad de aplicación establezca sanciones para quienes incumplan con la prestación de los servicios mínimos durante las interrupciones, con el fin de asegurar el funcionamiento continuo de este servicio estratégico para la economía y la vida social de la Ciudad.

En este contexto, Santoro aseveró que “el transporte público no puede ser rehén de conflictos laborales. Necesitamos garantizar su continuidad para proteger los derechos de los ciudadanos que dependen de él cada día” y advirtió que la paralización del transporte público afecta de manera significativa la vida de los ciudadanos, quienes dependen de estos servicios para desplazarse a sus lugares de trabajo, estudios y otras actividades fundamentales. “El ejercicio del derecho de huelga es legítimo, pero cuando afecta a los derechos de otros, como la movilidad de la ciudadanía, debemos encontrar un equilibrio”, argumentó.

Sobre esa misma línea, el diputado recordó que otras jurisdicciones, como la Provincia de Córdoba, ya han implementado normativas similares, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en situaciones de conflicto. “Este proyecto busca aplicar el mismo criterio: garantizar un mínimo de operatividad en un servicio esencial para el desarrollo de la vida diaria y la economía de la Ciudad”, explicó.

El diputado subrayó que el proyecto de ley respeta el derecho de huelga y la libertad sindical, al tiempo que prioriza la necesidad de que los servicios públicos esenciales continúen operando, en línea con la Constitución Nacional y tratados internacionales. “El equilibrio entre derechos es la clave; la ciudadanía debe estar protegida ante los conflictos y no puede ser la más perjudicada en cada medida de fuerza”, concluyó Santoro.

Por segunda vez en esta semana, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un proyecto que busca revisar la Ley de Medios Vecinales. En este sentido, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro pidió derogar la norma y que las Comunas incorporen al sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad, de modo equitativo, los links de acceso a las publicaciones digitales de los medios vecinales.

A través de sus redes sociales, el legislador precisó que presentó “un proyecto en la Legislatura para eliminar el Registro de Medios Vecinales que les cuesta a los porteños más de 2.500 millones de pesos al año” y recordó que “hoy, quien quiera ejercer la libertad de expresión y el periodismo ciudadano puede hacerlo gratis desde cualquier red social, sin tener que recurrir al dinero de los contribuyentes”.
“Proponemos con nuestra iniciativa que estos periódicos, webs y radios vecinales, que son utilizados como caja de la política, puedan funcionar incorporándose a la web de la Ciudad de manera equitativa”, completó.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro explicó que “las condiciones de pobreza que atraviesa gran parte de la ciudadanía, tanto en nuestra ciudad como en el resto de nuestro país, y la crisis económica sin precedentes que nos encontramos atravesando, obligan a quienes ejercemos funciones públicas a reducir aquellos gastos que no son prioritarios y que jamás hubiesen existido de haber imperado el sentido común”.

“Como es de público conocimiento, y tal como se ha acentuado por la evolución tecnológica y por las prácticas adquiridas durante la pandemia, cualquier ciudadano puede hoy encarar la actividad periodística vecinal, de manera totalmente gratuita, mediante la publicación en redes sociales o la emisión de programas audiovisuales en internet. Si es que alguna vez esta política pública tuvo sentido, ciertamente ha dejado de ser el caso”, siguió.

Al mismo tiempo que destacó que “el financiamiento estatal de la prensa ha sido un condicionante de la libertad de expresión y un frecuente motivo de cooptación por parte de la dirigencia política de los medios subsidiados” e indicó que “dicho financiamiento, no obstante, ha sido tolerado en razón de las dificultades financieras que, históricamente, han sufrido los medios de comunicación en nuestro país y en otras naciones”.

“En fin, ha primado la idea de que el financiamiento estatal es el mal menor, cuando la alternativa es que no existan medios de prensa o que existan en un número inaceptable para que la ciudadanía acceda a una oferta mediática plural”, precisó.

No obstante, Santoro explicó que “en el caso de los medios vecinales que, por sus características y adelantos tecnológicos antes comentados, se encuentran en condiciones de prescindir de la edición en papel y utilizar servicios gratuitos de internet, la subvención estatal no representa ningún aporte saludable, sino un mero condicionamiento”.

“En definitiva, tanto por razones de estricta austeridad republicana, de libertad de expresión y de impacto tecnológico en la capacidad y libertad de difundir ideas y noticias, es que propongo, a través del presente proyecto, la derogación de la ley 2587, así como la equitativa difusión de los medios vecinales en la página web oficial, requiriendo a mis colegas el acompañamiento de esta iniciativa”, cerró.

El espacio Republicanos Unidos, por medio del legislador porteño Yamil Santoro, celebró el procesamiento del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por el escándalo de las “vacunas VIP” en medio de la pandemia de Covid – 19. Desde el espacio liberal, destacaron el aporte del exdiputado nacional José Luis Patiño.

La denuncia fue presentada en febrero de 2021, poco después de que el periodista Horacio Verbitsky revelara que había accedido a una vacuna contra el COVID-19 sin pertenecer a los grupos de riesgo prioritarios. Este hecho destapó el escándalo, que no solo provocó la renuncia de González García, sino que también desencadenó la primera denuncia penal del país sobre el tema, firmada por Republicanos Unidos.

La misma fue luego ampliada para incluir a más de 70 personas, entre ellas funcionarios y personalidades como Carlos Zannini, Eduardo Duhalde, Hugo Moyano, y más tarde, al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“Estamos orgullosos de haber sido los primeros en denunciar este atropello. El procesamiento de Ginés González García es un paso crucial hacia la justicia. No descansaremos hasta que se garantice que todos los responsables rindan cuentas”, afirmó Yamil Santoro, referente del espacio liberal.

El escándalo del Vacunatorio VIP, que permitió que personas cercanas al gobierno accedieran de forma privilegiada a las vacunas en medio de una crisis sanitaria, fue ampliamente repudiado por la sociedad. “No podemos tolerar que se juegue con la vida de los argentinos. La justicia debe actuar con firmeza y garantizar que no haya impunidad”, agregó Santoro.

“El procesamiento de González García marca un hito en la lucha contra la impunidad en uno de los capítulos más oscuros de la pandemia en Argentina. Republicanos Unidos, como denunciante en la causa, continuará impulsando para que se esclarezca por completo lo sucedido y se sancione a los responsables”, concluyeron desde el espacio.

Luego de que se acumularan en las calles la basura y se viralizaran los videos en donde los camiones recolectores arrojaban los residuos a la vía pública, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció por “atentado a la autoridad” a integrantes del gremio de Camioneros.

La presentación judicial también lleva la firma de los abogados Juan Fazio y José Magioncalda, en la cuál se alega la posible comisión del delito de atentado contra la autoridad, conforme al artículo 237 del Código Penal.

Según las publicaciones periodísticas citadas en la presentación judicial, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, rechazó una “protesta extorsiva” llevada a cabo por el sindicato de Camioneros. Esta medida de fuerza dejó a la Ciudad inundada de basura y motivó al Gobierno porteño a suspender la preadjudicación de un millonario contrato de acarreo de grúas de automóviles, el cual resultaba “muy oneroso y comprometía las arcas públicas con una erogación de 360 millones de dólares y un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas”.

Asimismo, se detalla que Jorge Macri afirmó que la decisión se tomó debido a los altos costos y al impacto financiero negativo para la Ciudad. Según el alcalde porteño, la protesta del sindicato de Camioneros podría estar vinculada a la empresa de acarreo Ashira-Ecoba SA, sospechada de tener vínculos con el sindicato.

En un video compartido por el jefe de Gobierno en redes sociales, se observa cómo un camión de basura vuelca adrede su contenido en una avenida de la Ciudad. Por lo que los hechos denunciados podrían encuadrarse en el tipo penal de atentado contra la autoridad, que implica el uso de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

En este sentido, desde RU sostienen que “las acciones del gremio de Camioneros intentaron forzar a las autoridades porteñas para que dejara sin efecto una decisión legítima con importantes implicancias económicas”.

La denuncia solicita que se requiera al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los videos de cámaras en la vía pública para corroborar los hechos y determinar los datos del camión y los responsables. Además, se pide investigar los hechos denunciados y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten autores de los mismos.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) y uno de los autores de la denuncia original a Ginés González García por el escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”, Yamil Santoro, reflexionó sobre el avance de la investigación y el procesamiento del ex ministro de Salud de la Nación por el funcionamiento de un circuito ilegal de vacunación contra el Covid 19.

En ese sentido, el republicano explicó que “seguimos esta causa desde el primer día, porque el compromiso de quienes representamos a la ciudadanía es fundamental para terminar con la corrupción que representaron decisiones como está, o como el Olivosgate” y recordó que “en su momento fue muchas veces una pelea desigual, contra un gobierno que hacía de los privilegios a la casta una política de estado. No obstante, hoy seguimos combatiendo hechos de corrupción con la misma energía”.

“Las elecciones del año pasado nos mostraron que para la Argentina fue importante castigar al gobierno kirchnerista. Ahora, con esta medida, vemos que la justicia avanza. Eso nos da fuerza para seguir. Agradezco al equipo legal de la Fundación Apolo, que tanto colaboro con nosotros en este tema, y tantos otros de enorme importancia en el combate contra la corrupción”, sentenció Santoro.

Cabe recordar que la denuncia fue realizada por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en febrero de 2021. El escándalo se hizo público cuando el periodista Horacio Verbitzky admitió en su programa de radio haber accedido a la vacuna en el edificio del ministerio de Salud, tras solicitarlo a González García directamente. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, arrojó Verbitzky. Sin embargo, tras un mensaje del secretario del ministro, en lugar de acercarse al establecimiento de El Palomar fue vacunado en el propio ministerio.

El exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación y exdirector del Teatro Colón, Darío Lopérfido, participó del primer desayuno exclusivo para miembros de la Fundación Apolo moderado por el director general de la Fundación, el legislador Yamil Santoro. Durante la charla con los presentes, le preguntaron cómo veía su regreso a la arena política porteña, quizás para algún cargo electivo el año que viene.

“Si hubiera condiciones y gente que piensa en mí como una posibilidad, lo pensaría seriamente, porque ahora hay una tendencia dominante más alineada con lo que yo pienso. Entonces creo que podría aportar en la línea de lo que está pasando en el país y eso me parece interesante. Contrariamente a otro momento en el que veía que iba a ser testimonial, ahora me imagino que podría estar en un sistema de mayorías. Y mayorías que pensamos todas más o menos lo mismo. Con lo cual se abre una puerta que hasta hace seis meses yo tenía cerrada”, respondió.

Lopérfido es autor de los libros “Derechos Culturales en el Mercosur”, “Legislación Cultural en la Ciudad de Buenos Aires” y “La decadencia del relato K”, entre otros; asiduo columnista en medios relevantes de habla hispana y fue presidente de “Ópera Latinoamérica”, la asociación que nuclea a los teatros líricos de la región. Durante el encuentro en la Fundación Apolo, anunció que es probable que regrese a la escena política argentina como parte de una propuesta liberal y destacó su condición de afiliado al partido Republicanos Unidos, espacio político que fundaron junto a Yamil Santoro, Manuel Adorni, Ricardo López Murphy y que luego sumó a otras figuras tales como el actual ministro de Desarrollo Económico de la CABA, Roberto García Moritán.

El ciclo de desayunos para miembros de la Fundación Apolo busca generar conversaciones con actores relevantes de la política, y este evento inaugural tuvo como ejes temáticos “la democracia del mundo en peligro y el futuro político de la Argentina”. La ONG líder en anticorrupción organiza estos encuentros, que se realizarán dos veces al mes, como parte de su programa de formación.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció, a través de la Fundación Apolo, a varios exfuncionarios y entidades públicas, así como particulares vinculados con la gestión del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado mediante el Decreto 819/2019, por “presuntas irregularidades”.

La denuncia en cuestión también lleva la firma del líder del equipo legal de la mencionada Fundación, José Magioncalda, y del abogado Juan Martín Fazio. En la misma se destaca la actuación de Tandanor S.A.C.I.yN., empresa pública naval, involucrada en el convenio con el FISU para la realización de obras de Integración Socio Urbana, las cuales habrían sido ejecutadas de “manera irregular y sin cumplir con los términos establecidos”.

Entre los denunciados figuran la ex secretaria de Integración Socio Urbana y presidente del F.I.S.U, Fernanda Miño; la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana; los miembros del Directorio de BICE Fideicomisos S.A, del Directorio de Tandanor S.A.C.I.yN, del Comité Ejecutivo del F.I.S.U y de la Mesa Nacional de Barrios Populares creada por Decreto 358/2017 durante la vigencia del Decreto 819/2019.

La presentación judicial se fundamenta en la posible comisión de delitos tipificados en los artículos 173 incs. 7 y 12, 248, 249, 260, 261 y 265 del Código Penal, relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público.

Desde la Fundación aseguraron que “el FISU se conformó con más de 30 millones de dólares para proveer infraestructura urbana (paradas de colectivos, bicicleteros, etc) en barrios irregulares, pero  sus administradores contrataron su producción con la empresa pública Tandanor, cuyo objeto exclusivo son actividades de la industria naval . El contrato fue rescindido antes de su cumplimiento, no obstante haberse erogado 20 millones de dólares”.

“Una enorme cantidad de los bienes producidos fue retirado por el FISU e instalado en los barrios objetivo, no obstante, el rol asignado a representantes de los barrios en la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares”, sentenciaron.

La causa, que lleva el número 2722/2024 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del Dr. Martínez Di Giorgi.

Tras la exposición del jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Néstor Grindetti, los legisladores de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela -del espacio Vamos por Más (VxM) y presidenta de la misma- y Yamil Santoro -de Republicanos Unidos (RU) y vocal de la comisión- ponderaron la exposición del funcionario y aseguraron que “deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra Ciudad”.

En ese contexto, Villafruela afirmó que “hace 17 años que nuestro espacio político inició su camino en la Ciudad, y que los vecinos acompañan nuestra línea de gestión, los valores y la visión de futuro que nos representa” e indicó que “nuestro compromiso es con los porteños y con todas las personas que estudian, trabajan y visitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quieren hacerlo con seguridad”.

En tanto sobre la situación en las comisarías, la oficialista planteó que “en 2021 teníamos 60 detenidos, hoy la CABA tiene 2000 presos en las comisarías. Ese no es el lugar donde deben estar. Esto es una herencia y en eso se está trabajando de manera conjunta con el Gobierno Nacional”.

“Tenemos una fuerza de seguridad de vanguardia: pionera en ciberdelitos, que se capacita continuamente, un instituto de policía extraordinario. La inversión que se hace en equipamiento y políticas de seguridad, hacen que se pueda llevar adelante una estrategia integral, el anillo digital, el sistema de videovigilancia, el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita - que es el más grande de toda latinoamérica-, la incorporación de las taser… Deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra Ciudad”, completó.

Por su lado, Santoro concluyó planteando que “es necesario ver al ejecutivo rindiendo cuentas ante los representantes del pueblo. Es una de las sanas dimensiones de contrapesos de nuestro sistema republicano y ayuda a entender mejor cuál es el rumbo del gobierno y cómo pretende alcanzar sus metas”.

Buscando terminar con los hechos de corrupción, la Fundación Apolo presentó un reclamo administrativo al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, solicitando la rescisión inmediata de un convenio marco celebrado el 17 de septiembre de 2012 entre la cartera mencionada y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) por “falta de transparencia”.

El documento lleva las firmas del legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) y director general de la Fundación, Yamil Santoro; del jefe del equipo legal de la misma, José Magioncalda; y del abogado Juan Martín Fazio.

Según informaron los denunciantes, el convenio delega en ACARA la designación de los miembros del Consejo de Administración del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera, el cual se compone de los ingresos derivados del cobro de servicios registrales relacionados con automotores. Según el convenio, ACARA percibe el 3,5% de los ingresos anuales obtenidos, tras deducir los costos directos, lo que la ONG de lucha contra la corrupción considera “un privilegio inexplicable y lesivo para la libre concurrencia y la transparencia”.

Los controles sobre la administración del fondo, según denuncia Apolo, “son insuficientes y dependen del propio Ministerio de Justicia, parte contratante del convenio. Además, ACARA obtuvo la administración del fondo sin pasar por un proceso de licitación pública, algo que ‘distorsiona los precios de mercado y va en contra de las políticas de desregulación y digitalización impulsadas por el Estado Nacional’”.

Sobre esa misma línea, recordaron que en los considerandos del DNU 70/2023, el Poder Ejecutivo destacó la necesidad de eliminar restricciones que distorsionen los precios y dificulten la libre iniciativa privada. En este marco, la Fundación Apolo considera que la continuidad del convenio con ACARA es “incompatible con la normativa vigente que promueve un sistema económico basado en decisiones libres y la digitalización integral de los trámites”.

Por todo esto, la ONG solicitó a Cúneo Librarona que haga uso de la cláusula vigésimoquinta del convenio marco, la cual permite la rescisión unilateral sin cargo alguno para el Estado Nacional, y proceda a rescindir el convenio con ACARA, “promoviendo así la transparencia, la libre concurrencia y la eficiencia en la administración de los servicios registrales”.

En el marco del acto conmemorativo del Día del Holocausto y Heroísmo que llevó a cabo el presidente Javier Milei en el Palacio Libertad, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y Republicanos Unidos (RU) se hicieron presentes en el lugar y revalorizaron sus dichos acerca del “recrudecimiento del fanatismo islámico intolerante y el antisemitismo”.

En este contexto, la libertaria Rebecca Fleitas (LLA) expresó que los dichos del mandatario dan cuenta del “recrudecimiento del fanatismo islámico intolerante y el antisemitismo, y la falta de reconocimiento, acción y condena de muchos otros líderes que también deberían ser pilares de la Libertad” y consideró que “por fin Argentina tiene un presidente que está del lado correcto, el de la virtud y la verdad. La única forma de que la Shoa no se repita”.

Discurso de @JMilei en #PalacioLibertad en conmoración del Día del Holocausto y Heroísmo.
Palabras de un líder mundial sobre el recrudecimiento del fanatismo islámico intolerante y el antisemitismo, y la falta de reconocimiento, acción y condena de muchos otros líderes que… pic.twitter.com/LIyRSf7jCN

— Rebeca Fleitas (@becafleitasok) May 9, 2024

Mientras que el diputado de RU Yamil Santoro precisó: “acompañamos a la DAIA en el Día del Holocausto y del Heroismo, emocionante acto conmemorativo para que no se repita la Shoá y en homenaje a todos los que de una forma u otra abonan con su vida la causa de la Libertad y el respeto por el proyecto de vida del prójimo”.

“Tuve la suerte de compartir el encuentro con la Diputada porteña de LLA, Rebeca Fleitas. Los liberales tenemos que trabajar más juntos en la Legislatura para que, más allá de los bloques legislativos, nuestras ideas sigan transformando la realidad de la Ciudad de Buenos Aires”, añadió y concluyó precisando que “personas como Rebeca, que se ocupan de los temas y le dedican tiempo y cabeza, son fundamentales para que las cosas mejoren”.

Luego de que se conociera que los Registros de la Propiedad Automotor tendrían un aumento de más del 300%, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, presentó un reclamo administrativo al Ministerio de Justicia de la Nación con el fin de eliminar dichos registros y reemplazarlos por la implementación del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

La nota responde a la necesidad de adaptar la administración pública a los tiempos actuales y “promover una gestión eficiente y moderna”.

En el documento, la Fundación expone que “resulta absolutamente ineficiente y contrario a derecho, que los registros de la propiedad del automotor continúen con un sistema de tramitación presencial y sobre la base de expedientes en soporte papel, al solo efecto de beneficiar a una estructura anticuada y de características parasitarias”.

Asimismo, precisaron que resulta esencial que el Registro de la Propiedad Automotor incorpore herramientas digitales que permitan realizar gestiones de manera remota. Para la ONG, la adopción del sistema TAD facilitará la realización de trámites, reduciendo costos y tiempos tanto para la administración como para los ciudadanos.

De esta manera, desde la mencionada Fundación subrayaron que “esta iniciativa no solo está respaldada por la normativa vigente, sino que también responde a criterios de eficiencia y ética pública, en línea con los principios de modernización de la administración”.

En este sentido, se le solicitó al ministro de Justicia que tome “las medidas necesarias para implementar el sistema TAD en todos los trámites relacionados con el Registro de la Propiedad Automotor, contribuyendo así a una administración pública más ágil y eficiente”.

En medio de la fuerte interna que atraviesa a los liberales tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró en las redes sociales la determinación de La Libertad Avanza (LLA) de nombrar nuevamente como jefe de esa bancada a Ramiro Marra.

A través de sus redes sociales, Santoro expresó: “quiero felicitar a Ramiro Marra por recuperar la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura porteña. El reconocimiento a la gente que trabaja y se esfuerza es fundamental dentro del ethos liberal. Bienvenido sea que se haya corregido una injustica y un error. ¡Viva la libertad carajo!”.

Cabe recordar que algunas semanas atrás, justo para el inicio del nuevo año parlamentario, los libertarios habían nombrado como jefa de bloque a María del Pilar Ramírez, quien mantiene una estrecha relación con Karina Milei. Lo cierto es que la determinación no cayó nada bien en algunos sectores del espacio, quienes preferían que Marra, hombre de confianza de Javier Milei, siguiera en esa posición.

Y si bien el nombramiento de Ramírez ya había sido oficializado ante la Legislatura, la decisión del diputado nacional Oscar Zago de conformar Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), una bancada propia, apuró los cambios en la Ciudad, a fin de evitar un quiebre mayor en este ámbito.

Es que en esta Casa, LLA cuenta con nueve integrantes, de los cuales dos responden a Zago –Edgardo Alifraco y Sandra Rey-. Tan es así que el diputado nacional había anticipado que la conformación del MID podría llegar al Parlamento porteño, dado a que también estaban disconformes con el apartamiento de Marra de la jefatura del bloque.

De esta manera, y a fin de evitar la ruptura del bloque, los legisladores porteños decidieron que Marra vuelva a ser el jefe de la bancada LLA y ya remitieron la nota a las autoridades de la Legislatura local. Por lo que durante la próxima sesión ordinaria será ratificado en el cargo.

Quiero felicitar a @RAMIROMARRA por recuperar la presidencia del bloque de LLA en la @LegisCABA. El reconocimiento a la gente que trabaja y se esfuerza es fundamental dentro del ethos liberal. Bienvenido sea que se haya corregido una injustica y un error. VLLC

— Yamil Santoro Rudko (@yamilsantoro) April 17, 2024

Tras el planteo presentado por la Fundación Apolo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución mediante la cual se derogaron las medidas que habían establecido la paridad de género obligatoria en sociedades, asociaciones y fundaciones. Atento a esta situación, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la decisión.

En ese sentido, el legislador destacó la decisión de la IGJ que “encauza por el camino de la libertad al derecho de asociación, permitiendo que sea la idoneidad, y no otra cosa, el criterio de acceso a cargos directivos en organismos privados”, al tiempo que resaltó el trabajo del equipo de legales de la ONG.

Cabe señalar que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal decretó la inconstitucionalidad de la medida impugnada, pero solo con efectos para la fundación litigante.

Recientemente, la ONG que combate los casos de corrupción había presentado un reclamo administrativo ante la Inspección General de Justicia, requiriendo la derogación que hoy decidió dicho organismo. De esta forma, ninguna de las entidades que regula la Inspección General de Justicia se encuentra obligada ahora a implementar la paridad de género en sus órganos de administración.

Entre los argumentos brindados por el tribunal que recoge la resolución conocida hoy, cabe destacar el que se refiere a que había sido “[…] la propia inspección general de justicia quien expresamente reconoció, en los considerandos de la resolución 34/2020 en pugna y como atribución que la Constitución reservó al Congreso de la Nación, la de ‘legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad’ (art. 75, inc. 23, C.N.; cfr. considerando 4º, resolución cit.), fundamento de la decisión en crisis; lo cual —valga recordarlo— responde al debate que se suscitó en el seno de la Convención Nacional Constituyente del año 1994 (cfr. Diario de Sesiones, 22º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); 23º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); y 34º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación), del 2, 3 y 19 de agosto de 1994, respectivamente)”.

El diputado porteño Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley de “libre elección de medios de pago en el transporte público”, a fin de habilitar el pago electrónico en los servicios de transporte público regulados por el distrito capitalino, sin tener que preocuparse por acreditar saldo en la tarjeta SUBE como única forma de poder viajar.

Las principales características de la presentación incluyen varios aspectos. Sobre la ampliación de los medios de pago, se informó que se permitirá el pago mediante la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito con tecnología sin contacto, billetera digital, aplicación móvil, código QR u cualquier otro medio digital que sea establecido por la autoridad de aplicación.

Al respecto del alcance del proyecto, incluye el Subterráneo de Buenos Aires, el Premetro, las líneas de colectivo que operen exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad Autónoma y cualquier otro medio de transporte público que funcione dentro del distrito.

Finalmente, sobre las facultades de la autoridad de aplicación, el proyecto explicita que la autoridad designada por el Poder Ejecutivo estará facultada para realizar convenios con empresas públicas y privadas, acordar beneficios relacionados con el valor del servicio y emitir disposiciones complementarias para la reglamentación de la ley.

Respecto de la iniciativa, Santoro manifestó que “hay una necesidad de modernizar y desmonopolizar las formas de pago en el transporte público, para darle a los usuarios la posibilidad de elegir el medio de pago que les resulte más conveniente y cómodo” y concluyó destacando que esta iniciativa acompaña la política de competencia y desmonopolización anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo denunció a los titulares de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ATE Capital, Roberto Aguiar y Daniel Catalano, por promover la toma de edificios públicos.

La denuncia también lleva la firma de José Magioncalda y Juan Martín Fazio, y fue realizada por convocar, promover y organizar actos de fuerza contra el orden público y atentados contra la autoridad perpetrados durante las protestas en los edificios de la Secretaría de Trabajo y el ex- INADI.

En el documento que la Fundación presentó ante la Justicia se explica que “no obstante el operativo de seguridad coordinado entre fuerzas de la ley federales y porteñas, los manifestantes organizados por los denunciados, procedieron a ingresar y tomar por la fuerza algunas oficinas públicas, impidiendo las actividades de funcionarios públicos que allí cumplen servicio”.

“Si los manifestantes ingresaron contrariando las órdenes de autoridad pública y violentando su operativo, impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habrían configurado atentados a la autoridad de los Arts. 237 y 247 del Código Penal”, concluye el texto.

Sin lugar a dudas el disparador de esta iniciativa fue la polémica que se armó en torno a una diputada nacional que confesó contar solo con sexto grado. A partir de ello, un legislador porteño reclama que sea obligatorio en la Ciudad contar al menos con el título secundario.

“Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”, se pregunta el diputado porteño Yamil Santoro, autor de un proyecto sobre el tema, que ahora quiere motorizar a través de una petición presentada en la plataforma Change.org.

Allí, Santoro plantea: “Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”.

“Aunque no lo creas, esta insensatez hoy es realidad. Por eso, presentamos un proyecto de ley para que los candidatos a jefe de Gobierno, Legisladores y Comuneros de la CABA deban tener secundario completo -agrega el legislador-. Desde Republicanos Unidos creemos que la función pública no es un privilegio sino una responsabilidad, que debe ser llevada con transparencia, eficacia y buen criterio”.

Santoro pide la firma “para subirle la vara a los políticos” argumentando que “debemos estar a la altura del cargo al que nos presentamos, por respeto a los vecinos y en pos del buen gobierno”.

Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?

Desde @repunidosCABA creemos que la función pública no es un privilegio sino una responsabilidad, que debe ser llevada con transparencia, eficacia y buen… pic.twitter.com/LN1idwCqLc

— Yamil Santoro Rudko (@yamilsantoro) March 26, 2024

Luego de la polémica que se generó en torno a los estudios de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho, que admitió no haber terminado la primaria, el legislador de Republicanos Unidos presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos que se postulan para cargos electivos” en el distrito.

El proyecto de ley propone modificaciones en diversos artículos del Código Electoral, entre los cuales se destaca la inclusión de requisitos educativos para los precandidatos.

El texto explica que aquellos que deseen postularse para cargos electivos deberán contar con título secundario, terciario o universitario. Además, se establece que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas. Además busca regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro expresó la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los principios democráticos y constitucionales. En este sentido, sostiene que la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.

“La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”, completó.

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El legislador porteño Yamil Santoro (Republicanos Unidos), presentó un proyecto de declaración en el cual expresa su preocupación por la frase expresada por Estela de Carlotto cuando, en referencia al Gobierno de Javier Mieli, señaló: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”. La presentación fue acompañada por Rebeca Fleitas, Patricia Glize, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Facundo Del Gaiso, también diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La frase fue vertida por Estela de Carlotto en el marco de la marcha por el 24 de marzo, celebrada el domingo. En ese sentido, los firmantes consideran que estas palabras constituyen una clara incitación a la desestabilización del gobierno constitucional, lo cual atenta contra el sistema democrático de nuestro país.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que dichas expresiones representan una lógica perversa que busca socavar la legitimidad del gobierno elegido democráticamente, y que supone que solo aquellos que comparten su misma orientación política e ideológica pueden gobernar legítimamente.

Asimismo, hacen hincapié en la importancia de defender el orden constitucional y republicano, así como en la necesidad de repudiar expresiones desestabilizadoras que pongan en riesgo la estabilidad democrática del país.

“Es deber ineludible de las fuerzas democráticas la de defender el orden constitucional y republicano, y manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio a las expresiones desestabilizadoras y destituyentes como las de la señora Estela de Carlotto”, expresa el texto.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, remitiera a la Legislatura porteña un proyecto en ese sentido, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro también pidió avanzar con la incorporación de la figura de la “reiterancia” en el Código Procesal Penal del distrito capitalino.

En los fundamentos de la iniciativa que presentó ante el Parlamento, Santoro consideró que “resulta lamentable que el delito sea para muchos una elección más deseable que el estudio o el trabajo, y son nuestras leyes penales y procesales penales, las que creamos, corregimos o derogamos, las que les brindan parte de las facilidades para que muchos sujetos elijan el camino del menor esfuerzo. Es hora de mirar con sensatez la problemática de la seguridad sin que el falso progresismo facilista, zaffaroniano y abolicionista nos intimide con sus cancelaciones y discursos falaces”.

“El delito debe ser penado, y no podemos corrernos un sólo centímetro de ese acuerdo social. El incremento de la inseguridad se torna preocupante, a diario asistimos a noticias que dan cuenta de ello y también que en la mayoría de los casos se observa que los delincuentes ya habían sido apresados y prontamente liberados, la famosa ‘puerta giratoria’, producto de un sistema que funciona deficientemente pero también de normativa insuficiente para encarcelar a los responsables”, siguió.

Sobre esa misma línea, recordó que el Ministerio del Interior presentó un Informe sobre Reincidencias Delictivas, del cual se observa que del total de la población que fue excarcelada en 2019, el 29, 2% ya había reincidido a los seis meses, luego ese porcentaje se incrementó al 44, 1% al año de haber salido. Al cabo de dos años, el 58,7% ya reincidió y a tres años de haber sido excarcelado el 65,6 % de los que estaban privados de su libertad volvieron a cometer un delito.

“Es por esto que creemos que la inclusión de la reiterancia como causal para mantener detenida a una persona en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires es una cuestión fundamental que hace a la seguridad de esos vecinos y para los millones que sin ser vecinos, transitan diariamente por nuestra ciudad, y sobre todo ha demostrado ser una herramienta muy útil para la prevención y para evitar que los delincuentes peligrosos puedan eludir la acción de la justicia por otros delitos graves, en la medida que hayan cometido otros previamente, en el marco de algunos supuestos que vamos a describir”, sentenció.

El diputado de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para ponerle un freno a un decreto firmado por el ex presidente Alberto Fernández, mediante el cuál se habilitan las custodias en el exterior para los ex mandatarios.

El escrito fue presentado a través de la Fundación Apolo y también lleva la firma de José Magioncalda y Christian Cao, buscando así complementar la medida de amparo que la misma Fundación había presentado en diciembre pasado, donde pedían que el Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, "cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad".

El Decreto en cuestión data del 9 de diciembre del año pasado, cuando fue publicada la edición extraordinaria del Boletín Oficial N° 35.317 Año CXXXI como “decreto de autodefensa exmandataria internacional”. Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional.

Esta medida modifica el decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos debía ‘proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia’”.

De esta manera, el escrito recientemente presentado en la Justicia plantea que “el privilegio impugnado –la concesión de la custodia personal a perpetuidad y donde esté el exmandatario presente- importa un costo muy importante para el erario público. Esta asignación de dinero para la custodia de ‘exmandatario/s’ a perpetuidad en todo el planeta implica distraer fondos públicos para las funciones del Estado”.

Además, advirtieron que no se especifican los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el ex mandatario esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección. ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio. “En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.

Después de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, el legislador de Republicanos Unidos (U) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo -bajo la representación de José Magioncalda y Juan Martín Fazio- se presentaron ante la Justicia para interponer un recuso de Alzada contra la resolución de la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que evita y se desentiende de su reclamo para derogar el régimen vigente que obliga a sociedades, asociaciones y fundaciones a implementar paridad de género.

Según explicaron desde la mencionada fundación, “el planteo de Apolo ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente” y destacaron que “las facultades suficientes de la I.G.J. para dejar sin efecto sus propias resoluciones, esta funda su evasiva en que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente pronunciamiento sobre el tema en un juicio particular, por lo que no la I.G.J. no tomará decisión alguna hasta que la Corte falle”.

Sobre esa misma línea, recordaron que “las sentencias judiciales rigen particularmente para las partes de un juicio, de modo que nada obsta al Inspector General de Justicia Dr. Vítolo a derogar una norma general de acuerdo con su propio criterio sobre la conveniencia y legitimidad de mantener el régimen que impone paridad de género”.

“Asimismo, Fundación Apolo explica en su apelación que la negativa a tomar una decisión vulnera el derecho a peticionar antes las autoridades de todo ciudadano, que supone el derecho a recibir una respuesta fundada en razones de hecho y de derecho; y cita un precedente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que determina que “no decidir o decidir fuera de plazo constituyen conductas irregulares de la Administración que perjudican al particular y atentan contra el accionar eficaz de aquella”, agregaron a través de un comunicado.

El recurso de Alzada interpuesto deberá resolverlo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “ratificando la política de género establecida en la gestión de Alberto Fernández, o haciendo lugar al planteo de Fundación Apolo, que ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente para personas jurídicas”, completaron.

Luego de la polémica que se generó en torno a los estudios de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos que se postulan para cargos electivos” en el distrito.

De esta manera, el proyecto de ley propone modificaciones en diversos artículos del Código Electoral, entre los cuales se destaca la inclusión de requisitos educativos para los precandidatos.

El texto explica que aquellos que deseen postularse para cargos electivos deberán contar con título secundario, terciario o universitario. Además, se establece que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas. Además busca regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro expresó la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los principios democráticos y constitucionales. En este sentido, sostiene que la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.

“La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”, completó.

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En el marco del feriado XL por los feriados de carnaval, el presidente del bloque Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para ordenar y reorganizar los carnavales y que los mismos sean realizados en espacios específicos, evitando así cortes de calles y favoreciendo la libre circulación de los vecinos.

De esta manera, el diputado explicó que “según datos publicados en la web del Gobierno de la Ciudad, el año pasado se llevaron adelante 22 corsos en calle, generando 347 cortes totales de calle que afectaron la circulación” e indicó que “el esquema actual habilita de manera permanente el corte de calles durante días, afectando seriamente a quien no quiere ser parte de estos festejos y a los servicios de ambulancias o policía”.

“La Ordenanza 52.039 instaba al Gobierno al desarrollo de los carnavales en los espacios destinados al efecto: clubes barriales, asociaciones, autódromo, etc. Creemos importante volver al espíritu original”, aseveró.

Es por ello que la iniciativa busca establecer dos limitaciones: la primera es que no se produzcan cortes calles para realizar corsos (salvo que lo habilite la Comuna expresamente), y la segunda es que las prácticas se desarrollen en lugares preparados acústicamente, para evitar molestias en los vecinos. Como instancia adicional, el proyecto también incluye la derogación de la Ley 1.527.

En consonancia con lo planteado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro insistió en la Legislatura porteña con un proyecto impulsado por Roberto García Moritán y Marina Kienast (FLR) en 2022, mediante el cual se buscará establecer mecanismos de reintegro con las provincias por los gastos generados al atender a residentes de fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al tratarse de una versión renovada de esa iniciativa, se agregó el acceso prioritario a la atención médica para las personas argentinas con domicilio legal en la Ciudad.

De esta manera, para recuperar los costos de atención, los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe cuando una persona argentina con domicilio legal fuera de la jurisdicción del distrito capitalino sea atendida en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones. Mensualmente se remitirán los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados.

El proyecto propone además que todos los establecimientos de salud de la Ciudad atiendan prioritariamente a los residentes de Buenos Aires, garantizando así que los servicios de salud estén disponibles para aquellos que residen en la jurisdicción y contribuyen al sistema de manera directa a través de sus impuestos. La presentación también busca modificar el artículo 33 de la Ley 153 para incluir los ingresos generados como recursos para fortalecer el presupuesto de salud.

Por último, se faculta -en caso de ser aprobada- al jefe de Gobierno, o a quien éste designe, a suscribir acuerdos de reciprocidad sanitaria con ciudades o provincias argentinas para establecer condiciones para la atención sanitaria de los no residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto de la iniciativa, Santoro concluyó planteando que “desde Republicanos Unidos ya habíamos trabajado en recuperar los recursos de los porteños, que se usan día a día en atender a residentes de otras provincias. Ahora, queremos complementar ese trabajo, priorizando a su vez a nuestros vecinos en el orden de atención. Esto es reconocer a quienes pagan de forma directa por un servicio”.

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmara la mudanza de la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro avaló sus dichos y reafirmó su posición a favor de ese traslado.

Cabe recordar que el bloque legislativo de RU había manifestado anteriormente su apoyo a esta medida, solicitando formalmente la mudanza y reiterando esta petición en diversas ocasiones. “La decisión del presidente Milei de avanzar con este traslado demuestra un compromiso firme con los principios de paz, seguridad y respeto a la soberanía de Israel”, señaló.

"Apoyamos la decisión del presidente Milei de mudar la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén. Esta medida refuerza los lazos de amistad y cooperación entre Argentina e Israel, dos naciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad", agregó Santoro.

El legislador ya había presentado este mismo pedido en los años 2018 (gobierno de Mauricio Macri); 2020 (gobierno de Alberto Fernández); y el 15 de diciembre pasado, post asunción presidencial

“El traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén envía un mensaje claro de apoyo al derecho del pueblo israelí a determinar su propia capital y a vivir en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Además, refuerza el compromiso de Argentina con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la estabilidad en la región. Solo tres países tienen Embajada en Jerusalén en este momento. Entre ellos se cuenta Estados Unidos, quien mudó su embajada por decisión del expresidente Donald Trump”, destacó.

Además, desde Republicanos Unidos reiteraron “su compromiso de trabajar en favor de una política exterior basada en principios de justicia, paz y respeto mutuo entre las naciones, y espera que esta decisión contribuya a promover el diálogo y la cooperación en el Medio Oriente”.

Luego de que se viralizaran las imágenes de los golpes y amenazas que recibió, el joven militante de La Libertad Avanza (LLA), Patricio Chazarreta, que fue agredido por un periodista y militantes de organizaciones kirchneristas y de izquierda durante una marcha en contra de Ley Ómnibus, inició acciones legales contra los victimarios y será representado por el legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro y la Fundación Apolo.

El joven hizo una denuncia penal y contravencional por “lesiones, discriminación por odio político y hostigamiento las agresiones verbales y físicas” cometidas por los manifestantes.

Chazarreta tiene 23 años y es oriundo de Morón. Sobre el hecho, refirió que “estábamos con un grupo de amigos y se acercaron manifestantes a recriminarnos. En ningún momento creí que estaba molestándolos, y como vi que había policías y gente del Congreso no me imaginé que iba a pasar algo. No quisimos provocar, nos atacaron cuando nos estábamos yendo. El tipo que me pegó ya tenía antecedentes de agredir a otros por su posición política”.

La denuncia destaca que la “única motivación posible de las agresiones fue la portación de una gorra con la leyenda ‘Las fuerzas del Cielo’, que se asocia con el partido La Libertad Avanza, por lo que debe evaluarse la incitación a persecución u odio por opinión política”.

Asimismo, se contestó que el saldo del golpe que le propinó el periodista Germán Enrique Garriga fue una inflamación, dolor en la mandíbula y dificultad para morder.

Buscando simplificar controles y achicar costos, el jefe del bloque de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear el “programa de inspección polivalente”, a fin de que, en varias áreas de control, un sólo inspector realice las inspecciones y avise 30 días antes al comerciante que será inspeccionado.

El proyecto en cuestión también lleva las firmas de las diputadas de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas y Patricia Glize y la de Confianza Pública (CP) Graciela Ocaña.

La iniciativa establece que la autoridad de aplicación de este será la “Agencia Gubernamental de Control”, la que tendrá la responsabilidad de realizar la mayoría de los controles de la actividad comercial, incluyendo fiscalización de la ley de publicidad exterior y actividades desarrolladas en espacios públicos, entre otras. Sólo quedarían fuera de este régimen las inspecciones por temas tributarios y laborales, áreas que por su sensibilidad pueden requerir visitas sorpresivas.

Cabe señalar que en virtud del marco normativo vigente, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la Subsecretaría de Control de Higiene Urbana, la Dirección General de Fiscalización, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Gubernamental de Control. Asimismo, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos e involucra a más de cinco inspectores, que ingresan a un mismo local para controlar en diferentes momentos. Esto derivan en más tiempo y trabajo de los comerciantes en controles e inspecciones.

Respecto de la iniciativa, Santoro señaló que “el proyecto implica el reemplazo de la fiscalización de tipo estructural vigente por una fiscalización de tipo coyuntural, cuyo foco estaría puesto en la detección de faltas furtivas y su subsanación” e indicó que “este cambio de paradigma no solo implicaría un ahorro significativo de recursos a corto plazo, sino que además su implementación demandaría costos triviales, ya que no exige un cambio estructural, sino sólo un cambio de diseño. Pero como contrapartida, nos ahorraríamos miles de inspecciones duplicadas”.

Asimismo, precisó que “en este marco, la fiscalización de buena parte de la actividad comercial sería realizada por una única figura, el inspector polivalente, quien estaría facultado para controlar la documentación, las posibles faltas y su corrección, evitando la duplicidad de inspecciones a la misma entidad inspeccionable”, explicó.

Además, el proyecto prevé que los organismos gubernamentales, salvo trabajo y AGIP, avisen al titular de la actividad comercial no menos de 30 días hábiles que será visitado y sobre qué versará la inspección.

“El proceder actual y la distribución de funciones y facultades, conlleva un evidente despilfarro de recursos públicos en claro perjuicio de los contribuyentes. Por ello, centramos nuestro interés en modernizar el procedimiento de fiscalización de la actividad comercial”, finalizó el legislador.

En medio del debate por la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y apoderado de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para pedir que esa fundación sea aceptada como “amicus curiae” para aportar su análisis en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del DNU del presidente Javier Milei.

El pedido se basa en que esta decisión “pone un freno injustificado a medidas necesarias y urgentes para revertir aspectos de nuestra legislación que han distorsionado las relaciones del trabajo, muchas veces, a favor de estructuras prebendarias y corporativas”.

Al mismo tiempo que señaló que uno de los argumentos más representativos de la presentación es el “deterioro económico de nuestro país” que además “no es ajeno a su deterioro institucional”. Asimismo, se remarca que “el desastre económico que padecemos se ha sostenido sobre la base de normas y hechos que, a lo largo de muchos años, han desnaturalizado los principios y valores que garantiza la Constitución Nacional”.

De esta manera, mediante un escrito, la Fundación afirma presentarse “en carácter de ‘amicus curiae’ expresando las razones por las cuales son ajustadas a derecho, urgentes y necesarias, las normas que se pretenden impugnar en estos actuados, así como a expresar las razones por las cuales resulta improcedente la medida cautelar dictada a los efectos de suspender la normativa en cuestión”.

“Debe entenderse que las leyes pueden reglamentar derechos, pero no pueden ir contra la naturaleza de las cosas. Tal como ocurre en la economía, cuando se emite moneda sin respaldo, la emisión legislativa de derechos, sin respaldo en la realidad, ha reducido sensiblemente el trabajo legal, mientras la realidad, que tiene vida propia, ha llevado al 40% de los trabajadores a la clandestinidad y la desprotección más absoluta”, agregaron desde la Fundación.

Además, desde la mencionada Fundación sostuvieron que la medida que frena el decreto no tiene justificación: “este fallo favorable suspende todas las normas impugnadas por quienes detentan el monopolio de la representación sindical”.

“El DNU busca avanzar hacia un nuevo sistema económico que, como tal, abarque reformas en la Administración Pública, en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo y en otras áreas que hacen al desarrollo del país. Y no se advierte una afectación directa de derechos adquiridos de ningún trabajador”, completaron.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, le pidió a la Justicia que se investigue el desempeño tanto de la Secretaría de Comercio de la Nación, como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y también del Banco Central, por el manejo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en el que se advirtieron supuestas irregularidades vinculadas a la autorización de importaciones.

El texto recientemente presentado también lleva la firma de José Magioncalda, otro de los representantes de la mencionada fundación, y cuenta con el patrocinio legal del abogado Juan Fazio.

En el escrito se solicita que se libre oficio al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación en la que consten los procedimientos correspondientes al sistema. Y también pide la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre afirmaciones vertidas contra el ex secretario de Comercio, Matías Tombolini, durante el debate presidencial.

Además, manifiesta que “se libre oficio a la Secretaría de Comercio, al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación que obre en su poder, en la que conste todo el procedimiento a seguir en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y de dónde surjan cuáles son los funcionarios habilitados en el sistema para dar por concluidas las distintas etapas del mismo, hasta la autorización de importación, inclusive”.

“La supuesta operatoria ilícita cuya investigación se solicita, importaría un gravísimo daño en la economía argentina, y una enorme lesión en la confianza en las instituciones, de la que debieran gozar los ciudadanos. Por esa razón, es que resulta de suma importancia que el Poder Judicial investigue los hechos aquí denunciados”, agrega el documento.

Cabe destacar que por diversos medios se difundió la existencia de posibles situaciones ilícitas, vinculadas a la autorización de importaciones, que apuntan a la Secretaría de Comercio de la Nación, que en su momento era conducida por Tombolini. Incluso, la denuncia menciona una afirmación de la ex candidata a presidente de Juntos, Patricia Bullrich, durante el debate presidencial en el cual le recriminó al ex ministro de Economía, Sergio Massa, tener “un Tongolini en tu Gobierno”, haciendo un juego de palabras con el apellido de Tombolini y un “tongo” (que en lunfardo significa trampa). Ante esto, se solicita también la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre esas manifestaciones vertidas.

Asimismo, es preciso señalar que las autorizaciones de las importaciones se encontraban hasta hoy atadas a un procedimiento denominado SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) en el que intervienen la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina. En este sentido, no fueron pocos los emprendedores y empresarios Pyme que denunciaron anónimamente ante medios y en redes sociales, irregularidades en estas operaciones.

Ante reiteradas afirmaciones como estas, la Fundación Apolo sentenció: “en el caso que nos ocupa, la operatoria ilícita descripta, importa la recepción de dádivas a cambio de hacer, es decir, a cambio de acelerar autorizaciones de importación y, previo a ello, la implementación de un oscuro sistema de importaciones donde prima la arbitrariedad”.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto al representante de la Fundación Apolo, José Magioncalda, presentaron ante el Tribunal un amparo para detener el decreto que habilita custodias en el exterior para expresidentes de la Nación.

El amparo fue presentado con el patrocinio de Christian Cao y se le pide al Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad que surge del Decreto 735/2023.

Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional. La medida implementada por el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, modifica el Decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos” debía “proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia”.

Además, según destaca Fundación Apolo, el decreto no identifica cuáles son las personas/funcionarios que la Casa Militar deberá proveer de seguridad personal, ya que la figura de “Ex mandatarios” (sic) resulta imprecisa y no jurídica.

Por lo que desde la mencionada fundación consideraron que “el decreto 735/2023 pretende imponer arbitraria e irrazonable y disociado del sistema republicano, un privilegio que reúne características inespecíficas”, destacaron desde la Fundación y agregaron que “lo burdo y precario del decreto –evidentemente de redacción apresurada el último día de un mandato presidencial- agrava la irrazonabilidad del privilegio que pretende cristalizar”.

Además, advirtieron que pasa por alto la falta de especificación de los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el “exmandatario” esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección, ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio.

“En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.

A días de haber asumido sus funciones en la Legislatura porteña, el diputado por Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó un proyecto de ley que busca derogar el “Convenio Marco de Cooperación suscripto con el Gobierno de la Ciudad de San Petersburgo de la Federación de Rusia- y la Ordenanza N° 44536 -Hermanamiento Moscú- “, al considerar que el país europeo viola los derechos humanos “sistemáticamente”.

El proyecto se enmarca, además, en la reciente visita de Volodímir Oleksándrovich Zelenski​ a la Argentina para la asunción de Javier Milei como presidente.

En ese contexto, Santoro manifestó que “no podemos permanecer indiferentes ante la invasión rusa en Ucrania” y que la medida sería “un gesto concreto de apoyo” al país presidido por Volodímir Oleksándrovich Zelenski. “La defensa de los principios democráticos y la soberanía de las naciones es una responsabilidad compartida por la comunidad internacional”, remarcó el legislador.

En ese sentido, el texto presentado por Santoro concluye explicando que las normas mencionadas “tenían el objeto de estrechar lazos con las ciudades de Moscú y San Petersburgo, en un contexto de paz y amistad. Pero en la actualidad, no podemos hacer caso omiso de las injusticias que se están llevando a cabo y hasta tanto no haya una resolución pacífica y Rusia se retire del territorio ucraniano nos corresponde la obligación de suspender dichos lazos”.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca simplificar la fiscalización comercial, para lo cual se propone que todos los controles sobre la actividad comercial sean llevados a cabo por un único organismo del Gobierno porteño.

El texto recientemente presentado explica que se busca simplificar la fiscalización comercial para que un solo inspector pueda realizar las tareas que hoy llevan a cabo, al menos, cuatro organismos y seis personas diferentes.

En ese sentido, se propone la creación del Programa de Inspección Polivalente, cuya autoridad de aplicación será la Agencia Gubernamental de Control, y a la que se le agregarán una serie de responsabilidades, tales como “administrar el Registro de Generadores Especiales y el Registro de Transportadoras de Materiales Áridos y afines”, “coordinar la fiscalización y control en materia de higiene urbana” y “gestionar la administración del Registro de Generadores Especiales (ReGE)”.

Sobre esa misma línea, dicho programa podrá “intervenir en la atención de reclamos, en materia de higiene urbana, a través del control de las conductas en infracción en el ámbito de su competencia”, “planificar, organizar e intervenir en las fiscalizaciones y controles en materia de residuos domiciliarios, generadores especiales, volquetes y áridos en el marco del plan operativo anual” y “controlar la separación en origen de Residuos Sólidos Urbanos por parte de los generadores en cumplimiento con la normativa vigente”.

Respecto de la iniciativa, Santoro explicó que “este proyecto está pensado para simplificarle la vida al comerciante. Hoy, si tenés un negocio, hay por lo menos cuatro organismos distintos y unos seis inspectores con los que tenés que organizar tus horarios para que te habiliten a trabajar. Queremos que esa inspección la realice una sola persona que responda a una única entidad”.

“Es decir, logramos que el comerciante no malgaste su tiempo en trámites engorrosos y a la vez ahorramos dinero del contribuyente. Nuestra política va en ese camino: descomprimir la burocracia estatal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, sentenció.

El flamante legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto al director de asuntos legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda, solicitó ante la Justicia la impugnación de una disposición del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a través de la cual se busca que 13 jefes de ese organismo sean nombrados como personal no jerárquico antes el cambio de Gobierno.

Según explicaron los denunciantes, esto se debe a que se “intenta reacomodar a funcionarios transitorios de la gestión kirchnerista en la nueva gestión para garantizarles un ingreso, a pesar de no fundarse necesidades específicas”.

De acuerdo a la denuncia, mediante una disposición de la Jefatura de Gabinete de Asesores del PAMI del 27 de noviembre de este año, se limitaron las funciones de 13 jefes del organismo cuyo nombramiento finalizaría el 9 de diciembre de 2023, para renombrarlos como personal no-jerárquico y así extender la relación de empleo antes de que cambie el Gobierno.

“La medida omite expresar razones que la justifiquen, resultando arbitraria. Por ello, Fundación Apolo interpuso recursos administrativos fundamentando la nulidad de la Disposición”, destaca el escrito, y agrega que “Fundación Apolo tiene por objeto velar por el cumplimiento, promoción y protección integral de los principios republicanos y el respeto por las instituciones, asegurando y promoviendo el cumplimiento de las normas y valores que rigen la vida en sociedad, a nivel local, provincial y nacional e internacional”.

“Del acto administrativo que nos ocupa no surge su finalidad en concreto, diluyéndose el intento de esbozarla en la vaga expresión: ‘lograr un servicio eficaz y de calidad’. No se advierte cómo se brinda eficacia y calidad al servicio al desvincular al personal ya empleado, y presuntamente idóneo, para cumplir funciones jerárquicas. Al contrario, a falta de mayores fundamentos en el acto, la decisión luce incoherente. Objetivamente, la medida favorece a las personas mencionadas en el anexo, garantizándoles puestos de trabajo de menor jerarquía aún cuando tienen preparación y vienen desarrollando otro tipo de puestos (jerárquicos)”, remarcaron desde la fundación.

Por lo que concluyeron advirtiendo que “el acto crea artificial y arbitrariamente una suerte de permanencia para personal no seleccionado por concurso, contrariando lo establecido por el Art. 16 c) del CCT aplicable”.

Anticipándose al recambio que se generará en la Legislatura el próximo 10 de diciembre, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y su par por La Libertad Avanza (LLA) Oscar Zago declinaron -durante la sesión ordinaria de este jueves- a sus bancas y asumieron sus reemplazantes.

En el caso de García Moritán su decisión estuvo fundamentada en que el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, lo convocó para formar parte de su gabinete como ministro de Desarrollo Económico. En su lugar asumió otro de los referentes de RU, Yamil Santoro, quien prevé quedarse en el cargo hasta diciembre de 2025, cuando se venza el mandato.

“Lo increíble es la sensación que tengo en este momento, no pensé sentir esa sensación de nostalgia y gratitud. Quiero agradecerles a todos los trabajadores de la Casa, a mi equipo de despacho y a los legisladores opositores, porque a pesar de los tonos y las diferencias ideológicas, siempre buscamos lo mejor para los porteños. Gracias a mis compañeros de Juntos por el Cambio. Ser parte del equipo de Macri es un tremendo honor”, expresó García Moritán.

Por su parte, Santoro manifestó: “Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en estos más de 15 años de militancia y trabajo. Desde el 2008 tuvimos el sueño de crear un espacio liberal en la Argentina, hoy tenemos un presidente de la Nación que comparte muchas de nuestras ideas, sino que en otros bloques también abrazan el camino de la libertad”.

Por su parte, Zago declinó a su banca para poder asumir como diputado nacional, cargo en el cual fue electo en los comicios del pasado 22 de octubre. En su lugar asumió Jorge Mario Reta, de acuerdo a lo establecido por la lista de candidatos proclamada en las elecciones de medio término del 2021.

“Esta es la tercera vez que me retiro de este precioso recinto. Cuando entro a este recinto vengo con algunos amigos y cuando me voy, siempre tengo más. Ojalá lo puedan sentir así y si alguno, en algún momento, se sintió agraviado por mí, pido disculpas, jamás fue mi intención. Le agradezco a los trabajadores de la Casa, es un orgullo tenerlos; gracias al cuerpo en general y especialmente a mi bloque, donde me sentí muy cómodo”, manifestó Zago antes de abandonar su banca.

El legislador porteño Roberto García Moritán, y el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro, denunciaron penalmente al ministro y candidato a presidente Sergio Massa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal). La misma está motivada en la ruptura de la veda electoral, al realizar un anuncio de créditos a través de la ANSES, a sólo 18 días de las elecciones.

Suscribe también el documento el abogado José Magioncalda, quien fue postulado por Republicanos Unidos como candidato a auditor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Juan Martín Fazio, referente de ese partido liberal.

Recordemos que el artículo 64 quater del Código Nacional Electoral especifica que queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada a la celebración de elecciones lanzar o promocionar planes o programas de alcance colectivo y "la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten". Violar esta veda implica de por sí una posible inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos. No obstante esto y al ser Sergio Massa actualmente un funcionario público, romper la veda electoral lo hace alcanzable también por la justicia penal (art 248 del Código Penal).

Al respecto, Moritán afirmó que "la utilización del estado para su beneficio es algo típico del kirchnerismo. Hicieron campaña con el plan platita, utilizaron el transporte público para llevar adelante una campaña del miedo y ahora violan el código electoral. No podemos ser pasivos frente a estos atropellos".

Por su parte, Santoro detalló que "junto a Roberto denunciamos este nuevo exceso de Massa de cara a las elecciones. No puede llevarse por delante la legislación del país para saciar su vocación de poder. No todo vale y se lo vamos a demostrar a través de la justicia".

A semanas de que se lleven a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el apoderado del partido Republicanos Unidos (RU) y dirigente liberal, Yamil Santoro, confirmó que ese espacio liberar “no podrá integrar” el frente de Juntos por el Cambio (JxC) en los próximos comicios.

Según señaló el dirigente “la situación se explica porque el sector que lidera Ricardo López Murphy -que había retirado su candidatura en el espacio para no afrontar la derrota en la interna-, bloqueara la realización de una convención partidaria que apruebe nuevamente su integración”. Al mismo tiempo confirmó que la pre candidatura de Roberto García Moritán para jefe de Gobierno sigue en pie, aunque no dentro de la coalición de JxC.

Respecto de esta situación, Santoro afirmó que “lamentablemente, el sector liderado por Ricardo López Murphy tomó la decisión de impedir que el partido que lo llevó a ser diputado nacional, integre este año la coalición opositora” y destacó que “contrario a su discurso público, donde procura que hay que ensanchar la coalición con personas que compartan valores, ideas y demás, Ricardo, por intereses mezquinos y personales luego de haber perdido una disputa interna, resolvió unilateralmente junto a su sector, excluirnos de la posibilidad de formar parte de la gran coalición””.

“En ese marco lo que les quiero dejar claro, es que no van a doblegar nuestra voluntad de representar a los porteños, ni nuestras ganas de impulsar las ideas de la libertad. Porque a pesar de los tramposos y traidores, daremos la lucha para que triunfe la libertad”, completó.