La Justicia citó a representantes de la Ciudad por la fuga de presos

También harán lo propio con funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, a fin de implementar medidas tendientes para que el Estado resuelva la situación de los detenidos alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad.

A raíz de un escrito impulsado por la Fundación Apolo -a cargo del legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro-, la jueza María Rita Acosta, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, quien resolvió citar al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, y al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

El Habeas Corpus impulsado por la mencionada fundación tiene como objetivo que el Estado Nacional adopte medidas urgentes para hacerse cargo de los detenidos por causas de jurisdicción nacional y federal que actualmente se encuentran alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada hoy por Jorge Macri.

En la cédula, la magistrada resolvió citar a una audiencia a Santoro, José Magioncalda e Ignacio Falcón, en representación de Apolo; a Martina Gómez Romero, a cargo de la Defensoría Oficial N° 9; al fiscal designado; al letrado apoderado del Servicio Penitenciario Federal, Raúl Emanuel Carballo; al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal; al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Daglio; al jefe de la División Enlace con el Poder Judicial y Servicios Penitenciarios de la Superintendencia de Seguridad Comunal de la Jefatura de la Policía de la Ciudad y al director de la Dirección Autónoma de Alcaidías de la Policía de la Ciudad.

En el escrito original presentado por Apolo, los peticionantes argumentan que la omisión del Estado Nacional que hoy comanda Javier Milei en garantizar cupos en establecimientos federales derivó en una “delegación tácita e impropia de responsabilidades entre distintos niveles estatales”, lo que agrava el problema de sobrepoblación carcelaria en la Ciudad. “Al 31 de diciembre de 2024, el 93,3% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encontraban privadas de su libertad por causas en la Justicia Nacional o Federal”, sostiene el escrito.

Por otra parte, el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, acompañado como prueba en la presentación judicial, revela que al cierre de 2024 había 2.141 personas alojadas en centros de detención no penitenciarios en la Ciudad. “Las comisarías y alcaidías porteñas no solo operan con una sobrepoblación del 35%, sino que también carecen de espacios adecuados para la atención de la salud, la alimentación y la visita de familiares, lo que representa una violación sistemática de derechos fundamentales”, subraya la presentación.

En relación a este tema, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, asistirá el próximo martes a la Legislatura; donde asistirá a la Comisión de Seguridad.

Un legislador porteño celebró la salida de De los Heros de ANSes

Se trata de Yamil Santoro (RU), quien volvió a arremeter contra el ex funcionario por el pago de pensiones a ex presidentes. Además, se refirió a la delicada situación que atraviesa la Ciudad en materia de seguridad debido a las constantes fugas de presos.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la reciente salida del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Mariano De los Heros, quien había sido denunciando por mantener el pago de pensiones a ex presidentes.

En ese contexto, el legislador recordó que “en diciembre de 2023, desde la Fundación Apolo, le presentamos al Gobierno de Javier Milei un planteo pidiendo que ni María Estela Martínez de Perón, Cristina Kirchner (también la pensión que percibe de Néstor Kirchner) y Alberto Fernández, ni el ex vicepresidente, Amado Boudou -todos por razones distintas-; debían cobrar la pensión para ex presidentes que es una suma bastante importante y mes a mes recibe cada uno de ellos”.

Además, añadió en diálogo con Radio Mitre que De los Heros “durante casi un año se mantuvo en silencio sobre este tema. Y, en agosto del año pasado, decidimos meter con la diputada Graciela Ocaña una denuncia penal, que hizo que poco tiempo después efectivamente den de baja la pensión”.

No obstante, cuestionó con dureza la forma en la que se dio su abrupta salida, al señalar que “cuando una persona que no sigue la instrucción recibe la guillotina, algún malestar me genera”. Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias de este tipo de decisiones políticas a largo plazo: “al corto plazo puede servirle al Gobierno, pero va dejando heridos, fricciones, rupturas que en el tiempo hace más difícil el proyecto”.

En este sentido, añadió: “Si vos en el medio te cargas a Diana Mondino, Victoria Villarruel, Ramiro Marra... empieza a mandar un mensaje complejo a la gente que evalúa acercarse a ese espacio”.

En cuanto a la situación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador fue enfático en señalar la responsabilidad del Gobierno Nacional: “más del 90% de los presos en la Ciudad de Buenos Aires no deberían ser juzgados ni condenados por la jurisdicción porteña” y denunció que “hay un problema que se arrastra desde la pandemia, con más de 1.800 detenidos que no son responsabilidad de CABA. La responsabilidad de solucionar esto es del Gobierno Nacional, no de los porteños”.

Santoro explicó que la Ciudad tiene pocos delitos bajo su competencia que terminan en prisión efectiva, lo que hace innecesario un sistema penitenciario de gran escala. Y alertó sobre las consecuencias del hacinamiento: “si se suman dos mil personas en un espacio sin capacidad, se generan malas condiciones para los presos y problemas de seguridad”.

Por otro lado, el diputado criticó la demora del Gobierno Nacional en la transferencia de fondos para la construcción de una cárcel en la Ciudad y propuso alternativas: “si el Estado no tiene herramientas o incentivos para desarrollar soluciones a corto plazo, se puede abrir una licitación y establecer un esquema público privado para la construcción de cárceles”.

“El Gobierno Nacional debe firmar acuerdos con provincias y prisiones en condiciones de albergar detenidos y trasladarlos. No puede ser que, por falta de infraestructura nacional, el problema se traslade a la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene capacidad, y encima termine siendo atacada por el Gobierno Nacional”, sentenció Santoro.

Santoro advirtió que “9 de cada 10 presos en el sistema carcelario porteño no son ‘nuestros’”

El legislador de Republicanos Unidos (RU) se refirió a la nueva fuga de detenidos en la Ciudad y explicó que el “90% de ellos son de responsabilidad del Gobierno Nacional por estar bajo jurisdicción judicial nacional”.

A raíz de la fuga de seis detenidos de una alcaldía de Caballito, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro advirtió sobre la delicada situación en la que se encuentran los centros de detención en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que la mayor parte de los presos son responsabilidad del Gobierno Nacional.

A través de sus redes sociales, el legislador se preguntó: “¿de quién son responsabilidad los presos que están detenidos en la CABA? De los aproximadamente dos mil presos que hay, 90% aproximadamente son de responsabilidad del Gobierno Nacional por estar bajo jurisdicción judicial nacional”.

“Por una serie de malas decisiones judiciales y políticas hoy los porteños nos estamos haciendo cargo de un problema que no es ni debe ser nuestro. No contamos con infraestructura adecuada para tanta gente ni tenemos por qué tenerlo siendo que aún no contamos con transferencia de delitos que exija, para hoy, contar con tantas plazas carcelarias”, remarcó.

Al mismo tiempo que remarcó que “como liberal, creo que cada cual debe hacerse cargo de su problema y de los costos asociados. Este problema de arrastre hace que un sistema que no fue diseñado ni pensado para este volumen de presos sencillamente tienda a colapsar. Esto está mal”.

“No es una opinión personal, no es algo que se me ocurra, son los datos que surgen del informe elaborado por la procuración penitenciaria nacional”, completó Santoro.

Trapitos: piden arresto efectivo y multas diez veces mayores

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone penas más severas a los cuidacoches y penalidades para los organizadores de eventos o clubes que favorezcan la actividad.

En consonancia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca agravar las penas contra los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, y los limpiavidrios.

De esta manera, la iniciativa propone sanciones más severas, incluyendo arresto efectivo y multas diez veces mayores, para quienes exijan dinero por estacionar en la vía pública sin autorización legal. También contempla penalidades para clubes y organizadores de eventos que faciliten esta actividad

La propuesta contempla hasta 60 días de arresto y multas significativamente más altas para quienes organicen esta actividad ilegal.

Además, el texto duplica las sanciones si se comprueba que la conducta incluye amenazas o discriminación de género. También, se prevén penalidades para clubes y entidades organizadoras de eventos masivos cuando se demuestre que permiten o fomentan la presencia de trapitos en sus inmediaciones.

En tanto, en el caso de eventos deportivos y recitales, donde suele haber una amplia concurrencia de trapitos, el proyecto habilita al Ministerio Público Fiscal a disponer oficinas móviles para recibir denuncias en el lugar y actuar de manera inmediata. También se faculta a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones en flagrancia, garantizando una respuesta efectiva ante situaciones de extorsión o amenazas.

Tras la presentación del proyecto, Santoro señaló que “no podemos seguir permitiendo que los vecinos sean extorsionados para pagar por un servicio ilegal impuesto bajo coerción” y destacó que la problemática no solo afecta el orden público, sino que está vinculada a situaciones de violencia e intimidación, como fue el caso del médico atacado en Flores.

Santoro: “la corrupción en Argentina tiene los días contados y los chorros también”

El legislador de Republicanos Unidos (RU) analizó la denuncia del Gobierno Nacional contra Cristina Fernández de Kirchner por la presunta percepción indebida del adicional por “zona austral” en sus asignaciones previsionales y celebró que se “estén corrigiendo los entuertos” del país.

Luego de que el Gobierno Nacional impulsara una denuncia contra Cristina Fernández de Kircher por la presunta percepción indebida del adicional por “zona austral” en sus asignaciones previsionales, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la iniciativa y remarcó que “la corrupción en Argentina tiene los días contados y los chorros también”.

A través de sus redes sociales, Santoro explicó que el “Gobierno de Javier Milei denunció a CFK por estafar a la ANSES y a todos los argentinos al mentir sobre su domicilio y cobrar más de seis millones de pesos mensuales de forma ilegal” y recordó que “la misma denuncia que presentamos en diciembre de 2023 desde la Fundación Apolo y la cual se unirá la del Gobierno Nacional”.

“¿De qué va a vivir Cristina? Las cosas no nacen de un repollo. Desde la Fundación Apolo le pedimos al Gobierno de Milei en diciembre del 2023 que, a Cristina, Alberto Fernández, Amado Boudou e Isabelita Martínez de Perón les saquen la pensión, porque legalmente no correspondía que la cobrasen”, continuó y precisó que “ocho meses después metimos, además, otro reclamo porque recordarán que apareció que Alberto fajaba a Fabiola Yañez; y a fines de agosto denunciamos penalmente a Mariano de los Heros, titular de ANSES, porque se venía haciendo el bol… con este planteo que habíamos hecho. Recién en noviembre, cuando Casación confirma la sentencia de Cristina, ANSES decide sacarle la pensión tanto a ella como a Boudou”.

Sobre esa misma línea, el legislador porteño detalló que “un poquito después, Cristina mete el reclamo para que le devuelvan la pensión que ahora ANSES le acaba de rechazar y nosotros le metimos una denuncia penal por defraudación al Estado. Denuncia penal que tres meses después, ósea ahora, el Gobierno de Javier Milei también presentó y va a terminar unificada con la nuestra”.

“Y a buena hora que se estén corrigiendo los entuertos de la Argentina. En definitiva, es una gran noticia que el Gobierno Nacional decida avanzar en la lucha contra los corruptos. Trabajando juntos, sociedad civil y el Gobierno, vamos a lograr que los corruptos nunca más vuelvan al poder en la Argentina”, sentenció Santoro.

Santoro insistió en la necesidad de eliminar las PASO en la Ciudad

El diputado de Republicanos Unidos (RU) aseveró que las primarias “no sirven” y que son “un gasto millonario que solo beneficia a los políticos para resolver sus internas”.

Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, convocara a sesiones extraordinarias, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro insistió en la necesidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó con dureza el proyecto que solo busca suspenderlas.

A través de sus redes sociales, Santoro explicó: “las PASO no sirven. Son un gasto millonario y solo benefician a los políticos para resolver sus internas, mientras los ciudadanos pagamos la cuenta. Ahora proponen suspenderlas… pero si no funcionan, ¿por qué no eliminarlas para siempre?”.

“En estas sesiones extraordinarias, junto a otros diputados, vamos a pelear para que las PASO desaparezcan definitivamente de CABA”, destacó.

Al mismo tiempo que indicó que “dentro de los temas que vamos a estar tratando en las sesiones extraordinarias está la eliminación de las PASO. ¿Qué son las PASO? Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que obligaban a cada uno de ustedes tuviera que ir a votar antes de las elecciones generales para elegir a los precandidatos de los distintos frentes políticos. En criollo, tenían que resolver ustedes los temas que la política no podía resolver por si misma”.

Y remarcó: “a buena hora que se eliminen y ojo con esto, poque ahora lo que mandaron a la Legislatura es un proyecto para suspenderlas. Ahora, si uno cree que las PASO son malas para una elección, es que son malas para todas las elecciones”.

“Así voy a estar trabajando personalmente junto a otros diputados para que se eliminen las PASO en la Ciudad de una vez y para siempre. Y no que eso estemos viendo elección tras elección, ver que conviene en cada caso e ir cambiando las reglas, porque en definitiva lo que necesitamos son reglas claras, estables y previsibilidad institucional”, completó.

Se promulgó la ley que fomenta el patrocinio privado para proyectos científicos y tecnológicos

La medida, impulsada por el diputado liberal Yamil Santoro, apuesta a la innovación mediante incentivos fiscales para empresas y personas que financien proyectos estratégicos

La ley que establece un régimen de patrocinio privado para proyectos científicos, tecnológicos e innovadores, impulsada por el legislador liberal Yamil Santoro, fue promulgada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Este avance representa un paso clave hacia la consolidación porteña como un polo regional de ciencia y tecnología.

“La promulgación de esta ley es un logro importante para el desarrollo de nuestra Ciudad. Fomenta la inversión privada en áreas estratégicas, posicionando a Buenos Aires como referente en innovación, mientras crea oportunidades inclusivas y sostenibles”, destacó Santoro.

El régimen otorga beneficios fiscales, permitiendo a los patrocinadores deducir hasta el 50% de sus aportes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los proyectos serán evaluados por el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Ciudad, que definirá su viabilidad en base a criterios estratégicos establecidos por la normativa.

El monto destinado al régimen es de $2.000.000.000 y será actualizado anualmente. Además, el Poder Ejecutivo podrá ampliar ese monto por encima de la actualización. La ley prioriza aquellos proyectos que promuevan la contratación de personal —en especial mujeres y grupos vulnerables—, la exportación de bienes o servicios, la inversión en investigación y desarrollo, y la mejora de la calidad de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“Este régimen no solo incentiva la participación del sector privado en áreas clave para el futuro, sino que asegura que estos aportes generen un impacto concreto y positivo en nuestra sociedad”, agregó el legislador.

Para acceder a los beneficios, los patrocinadores deberán estar al día con sus obligaciones fiscales.

Un legislador porteño denunció a “Michelo” por defender el régimen de Maduro

Se trata de Yamil Santoro (RU), quien apuntó contra Diego Omar Suárez por “promover un régimen autoritario, exaltar la violencia institucional y difundir mensajes de odio”, actos que podrían implicar penas de prisión.

Después de que Nicolás Maduro volviera a tomar el poder en Venezuela, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció penalmente a Diego Omar Suárez, conocido de manera pública como "Michelo", por promover el régimen dictatorial en ese país, lo que podría implicar penas de prisión.

La presentación judicial, formulada ante la Justicia Nacional, alega la comisión de los delitos de apología del crimen e intimidación pública, previstos en los artículos 213 y 212 del Código Penal, respectivamente. De ser hallado culpable, Suárez podría enfrentar penas de prisión.

Según sostiene Santoro en su denuncia, Suárez habría utilizado sus plataformas digitales, como TikTok e Instagram, para defender el régimen autoritario de Venezuela, promoviendo abiertamente actos de violencia institucional, desapariciones forzadas y persecución política. Además, la misma incluye la exaltación de líderes vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y la justificación de un sistema político fraudulento.

También señala expresiones antisemitas vertidas por Suárez en sus redes sociales, calificándolas como un delito grave que fomenta el odio y la división en la sociedad argentina. Estas manifestaciones, si bien son tratadas como un delito adicional, refuerzan la gravedad de su accionar al alinearse con prácticas represivas y discriminatorias.

El escrito cuenta con fundamentos legales basados en pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en decisiones judiciales locales que condenaron acciones similares en el pasado. Además, subraya cómo estas conductas buscan erosionar los principios democráticos y los derechos humanos en el país.

Por lo que Santoro concluyó señalando que “es inadmisible que en una democracia alguien reivindique dictaduras violentas y represivas. Los discursos de odio y las apologías hacia regímenes autoritarios no tienen lugar en nuestra sociedad. Vamos a garantizar que estas conductas sean sancionadas y que los valores democráticos prevalezcan”.

Santoro: “Las elecciones porteñas deberían ir siempre separadas de las nacionales”

El legislador de Republicanos Unidos dialogó con parlamentario.com acerca de las prioridades legislativas para este año y la posibilidad de una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el Pro.

En el marco de un año signado por las elecciones de medio término, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro participó de un mano a mano con parlamentario.com en el que analizó la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, de desdoblar los comicios en el distrito capitalino.

Además, se refirió a sus prioridades legislativas para este año y la posibilidad de una alianza electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro.

-¿Cuáles serán las prioridades de Republicanos Unidos para este año?

- No sé si hablar de las prioridades de Republicanos Unidos. Prefiero hablar de mis prioridades. Y en ese marco es armar una propuesta liberal competitiva para la Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Hay algún tema del año pasado que le haya quedado en tintero?

- Hay varios temas que me quedaron en el tintero, sobre todo de reducción de gasto público, de desalojos exprés, de eliminación de burocracia innecesaria, de simplificación de regulaciones, así que vamos a seguir presionando en esa agenda para lograr que los porteños vivan con un estado más eficiente, más barato y que les rompa menos la paciencia a los contribuyentes.

- Hace unos días Jorge Macri anunció el desdoblamiento de las elecciones en CABA. ¿Qué opinión le merece su decisión?

-Estoy a favor, pero no debería ser una potestad del poder ejecutivo. Las elecciones porteñas deberían ir siempre separadas de las nacionales. Así podemos discutir los temas de la Ciudad.

- Pensando en el escenario electoral y ante la posibilidad de una alianza entre el Pro y LLA. ¿Desde RU estarían dispuestos a sumarse?

- Personalmente estoy a favor de integrar una coalición liberal amplia. Me siento más cerca de LLA y del Pro que de cualquier otro espacio que integraba Juntos por el Cambio. Creo que es hora de pasar de una gran coalición republicana a una gran coalición liberal. Hay que hacer fuerza entre todos para cambiar nuestra historia.

- Por último, ¿Apoyaría el proyecto de eliminación de las PASO?

-Estoy a favor de eliminar las PASO, no así de suspenderlas. Me parece que las políticas públicas electorales tienen que ser estables en el tiempo. No se puede estar cambiando la cancha en cada elección en base a la conveniencia de algunos.

Santoro: “hay un asesino en el subte”

El diputado de Republicanos Unidos (RU) volvió a pedir que se restituya el nombre de Entre Ríos como única denominación a la estación de la línea E cuya denominación fue modificada en 2013 para homenajear a Rodolfo Walsh.

Días después de haber presentado la iniciativa en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro volvió a pedir que se elimine la denominación “Rodolfo Walsh” de la estación de la Línea E del subterráneo, dado a que consideró que hace alusión a “un asesino”.

Esto se debe a que en un reciente fallo judicial confirmó que el periodista y escritor participó en un atentado ocurrido en 1976, que dejó 23 muertos y más de cien heridos.

“Hay un asesino en el subte. En 1976, Rodolfo Walsh planeó un atentado que dejó 23 muertos y más de 100 heridos. Hoy, una estación de subte lleva su nombre. Irónico, ¿no?”, indicó en sus redes sociales.

Al mismo tiempo que recordó que “no solo presentamos un proyecto de ley para devolverle el nombre original a la estación ‘Entre Ríos’ de la línea E. También abrimos un change para que la ciudadanía pueda firmar y apoyar la propuesta” y concluyó pidiendo: “basta de homenajear terroristas”.

Cabe recordar que el cambio de denominación para la estación de subte ubicada en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos se concretó a partir de que en marzo de 2013 la Legislatura porteña aprobó en doble lectura y con 47 votos a favor, la adición del nombre de Rodolfo Walsh a Entre Ríos, para homenajear a quien fue asesinado precisamente en la esquina de San Juan y Entre Ríos el 25 de marzo de 1977 en un enfrentamiento con un grupo de tareas.

Piden cambiar el nombre de una calle que homenajea a Venezuela

Se trata de una iniciativa de Yamil Santoro (RU), que prevé modificar la denominación de la actual calle “República Bolivariana de Venezuela” por la de “Venezuela”.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca cambiar la denominación de la actual calle “República Bolivariana de Venezuela” por la de “Venezuela”.

En los fundamentos de la iniciativa, el diputado explicó que “la denominación de ‘República Bolivariana de Venezuela’ corresponde al régimen político autoritario, violento, fraudulento e ilegítimo que ha llevado al pueblo de esa nación sudamericana a una catástrofe humanitaria, carente de libertades fundamentales y de oportunidades de progreso”.

“La creciente emigración hacia otros países del continente americano o hacia Europa de millones de venezolanos, desesperados por la pauperización y la opresión a los que los somete el régimen chavista-madurista, debería ser lo suficientemente elocuente del fracaso del llamado ‘socialismo del siglo XXI’”, añadió.

Al mismo tiempo que remarcó que “el 25 de enero del corriente año, se realizará el nuevo Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, y todas las señales permiten anticipar que las recomendaciones no sólo han sido desoídas, sino que además ha empeorado en los últimos tres años”.

“El pueblo de Venezuela y su histórica nación, con la que nos unen lazos de amistad, solidaridad, la gesta de la emancipación del continente y un origen y destino hispanoamericano común, merece y debe ser recordado en nuestra ciudad, pero no por el régimen despótico, opresor, ilegítimo y fraudulento que se autodenomina ‘República Bolivariana’. Nuestra solidaridad democrática también debe expresarse a través de los símbolos y las actitudes”, sentenció Santoro.

Alcoholemia: quieren reformar la ley para evitar injusticias

Luego de que el conductor de una moto fuera sancionado porque su acompañante -en este caso una clienta de una aplicación- se había excedido en la ingesta de alcohol, diputados porteños presentaron un proyecto para que no pasen esas cosas.

El diputado porteño Yamil Santoro anunció este jueves la presentación de un proyecto, junto con su par Ramiro Marra, para reformar el Código de Tránsito y evitar casos como el de un trabajador de una aplicación de transporte llamado Ciro, sancionado porque la pasajera que llevaba había consumido más alcohol que el que se autoriza.

Sucedió el 1° de enero, cuando un control de alcoholemia en horas de la madrugada estableció que una joven que iba como pasajera de una moto estaba excedida en el porcentaje de alcohol permitido. En esas circunstancias, Ciro, un trabajador de Uber moto, fue sancionado por esa situación, según establecen las normas: se le incautó la moto, debió pagar una multa y se perdió la jornada de trabajo.

Si se aprueba la ley que promueve Yamil Santoro, los agentes de tránsito multarán y bajarán de la moto al acompañante alcoholizado, mientras que el conductor sobrio podrá seguir viajando con su moto, explicó el autor del proyecto.

Santoro había adelantado ese mismo día que presentaría un proyecto en ese sentido, aclarando que los agentes de tránsito de la Ciudad habían actuado conforme a derecho en el caso del Uber moto. “El problema es que la ley es absurda y plantea una consecuencia excesiva que no guarda relación con el bien jurídico tutelado”, detalló el legislador de Republicanos Unidos.

El proyecto presentado modifica el artículo 5.4.5 del Código de Tránsito, estableciendo que, en caso de que los acompañantes en moto superen los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, la autoridad de control ordenará su descenso inmediato. Y libera al conductor de cualquier responsabilidad, si cumple con los límites legales de alcoholemia.

Se busca con ello evitar situaciones que afecten a choferes que, cumpliendo con su responsabilidad de no tomar alcohol, puedan verse afectados por pasajeros que no les informen o les mientan sobre si ellos consumieron.

Quieren eliminar el nombre Rodolfo Walsh en una estación de subte

Un grupo de diputados encabezados por Yamil Santoro y Ramiro Marra quieren que se restituya el nombre de Entre Ríos como única denominación a la estación de la línea E cuya denominación fue modificada en 2013.

Luego del fallo judicial reciente que confirmó que el periodista y escritor desaparecido Rodolfo Walsh participó en un atentado ocurrido en 1976, que dejó 23 muertos y más de cien heridos, los diputados porteños Yamil Santoro y Ramiro Marra presentaron un proyecto de ley para devolverle el nombre original a la estación "Entre Ríos" de la línea E del subte.

“Basta de homenajear asesinos”, posteó Santoro en la red social X. Y agregó allí: “Es momento de honrar a las víctimas y defender nuestra memoria histórica”.

El proyecto lleva también las firmas de Silvia Imas, Jorge Reta, Pablo Donati y Rebeca Fleitas. Precisamente esta última legisladora de La Libertad Avanza había presentado un proyecto similar a principios de este año, el 15 de marzo pasado, que fue acompañado por sus pares Donati, Imas, Marra, Reta, Santoro Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey y Leonardo Saifert.

En este caso, el proyecto presentado propone eliminar el nombre de Rodolfo Walsh a la denominación de la citada estación de subte, basado “en fundamentos históricos, jurídicos y éticos respaldados por un reciente fallo judicial”.

El fallo judicial corresponde al caso “Salgado, José María y otros s/recurso de apelación”, y establece “la responsabilidad de Walsh en la planificación del ataque a la Superintendencia de Seguridad Federal ocurrido el 2 de julio de 1976”.

El proyecto destaca que dicho atentado “dejó 23 muertos y más de 100 heridos, con evidencias de premeditación y alevosía que califican el hecho como un acto de terrorismo con graves violaciones a los derechos humanos”.

Agrega el texto que no se puede “relativizar crímenes de esta magnitud permitiendo que figuras involucradas en graves violaciones a los derechos humanos sean homenajeadas en espacios públicos”.

Para los autores del proyecto, mantener el nombre de Rodolfo Walsh representaría “una contradicción con los valores democráticos y un mensaje erróneo hacia la sociedad, ya que implica relativizar la gravedad de los actos de terrorismo”.

Aclaran los legisladores que el cambio sugerido “no es un juicio sobre la obra literaria o periodística de Walsh, sino una decisión basada en hechos judicialmente comprobados que lo vinculan con crímenes atroces. Es tiempo de hacer justicia a las víctimas y sus familias, alcanzando el ideal de verdad”.

El cambio de denominación para la estación de subte ubicada en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos se concretó a partir de que en marzo de 2013 la Legislatura porteña aprobó en doble lectura y con 47 votos a favor, la adición del nombre de Rodolfo Walsh a Entre Ríos, para homenajear a quien fue asesinado precisamente en la esquina de San Juan y Entre Ríos el 25 de marzo de 1977 en un enfrentamiento con un grupo de tareas.

Impulsan una iniciativa para que los condenados por delitos paguen los costos de su detención

Se trata de un proyecto de ley impulsado por el legislador de Republicanos Unidos (RU) que busca recuperar más de 2.200 millones de pesos mensuales por costos de los detenidos en la Ciudad.

Con el objetivo de reducir los gastos del Estado, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que propone la creación de un “Sistema de reintegro de gastos generados por personas privadas de la libertad”, con el objetivo de que las personas condenadas con sentencia firme paguen los costos vinculados a su detención.

Este sistema busca que las personas condenadas con sentencia firme asuman los costos vinculados a su detención en cárceles, alcaldías o comisarías de la Ciudad, computados desde el día de su detención, cuyo valor diario asciende a 27 mil pesos por detenido. Esto representa un gasto mensual de 810 mil pesos por persona y un total de más de 2.200 millones de pesos mensuales para el presupuesto porteño.

La iniciativa establece que la obligación de pago será exigible únicamente a personas con condena firme. Además, quienes no puedan abonar los costos deberán realizar labores generales en los establecimientos donde cumplen su pena, es decir, podrán pagar parte del costo de su detención con trabajo.

Según la propuesta, el Gobierno será responsable de calcular el costo diario de detención, establecer métodos de cobro y determinar las labores que podrán realizar los detenidos. Asimismo, establece que una vez cubiertos los costos de estadía, los internos podrán inclusive generar más fondos para si al realizar trabajos amparados por la Ley Nacional N° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad.

Respecto de esta iniciativa, Santoro señaló que “hoy los costos de alojamiento y cuidado de las personas privadas de la libertad recaen completamente sobre los contribuyentes de la Ciudad. Con esta iniciativa, buscamos aliviar esa carga, asignando a los responsables el costo de su detención, siempre bajo principios de dignidad humana y proporcionalidad. Además vale aclarar que muchos de los detenidos en CABA son responsabilidad del Gobierno Nacional, quien debería hacerse cargo de este costo o de llevárselos a prisiones de su jurisdicción”.

“Esta medida no busca ser punitiva ni extender la pena de los condenados, sino promover un equilibrio financiero que permita una mejor asignación de recursos públicos. Haciendo que cada cual se haga responsable de lo que le corresponde”, subrayó el legislador liberal.

Finalmente, Santoro concluyó destacando que esta “es una manera de incentivar la responsabilidad individual y aliviar las cuentas públicas sin descuidar el respeto por los derechos humanos y la reintegración social”.

Santoro destacó los recortes en el Presupuesto 2025 por 330 mil millones de pesos

El diputado de Republicanos Unidos (RU) destacó el trabajo parlamentario en torno a la Ley de Leyes y calificó a ese recorte como “fundamental para alinear las finanzas públicas con los principios de austeridad y eficiencia”.

Después de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobara el Presupuesto 2025, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró el recorte presupuestario por 330 mil millones de pesos y lo calificó como “fundamental para alinear las finanzas públicas con los principios de austeridad y eficiencia”.

En ese sentido, el diputado explicó que “logramos un recorte en el presupuesto de 330 mil millones. No logramos todo lo que queríamos, pero hemos alcanzado casi el 66% de nuestros objetivos iniciales” y agregó que “cuando llegamos a esta Legislatura lo hicimos con la vocación de representar un liberalismo posible. Junto con Ramiro Marra establecimos una posición firme: no íbamos a votar este presupuesto sin un recorte en la cantidad de gastos”.

“Habiendo asumido que dejar al Gobierno de la Ciudad sin presupuesto generaría condiciones fiscales y tributarias peores a las que se están discutiendo, focalizamos nuestros esfuerzos en achicar los gastos y reducir impuestos, entre ellos ABL y patentes” y reconoció el trabajo de la gestión de la Ciudad en aceptar ajustes importantes que contribuyen a la sostenibilidad fiscal.

Sobre la relación entre los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el Pro, Santoro sentenció: “la convivencia entre el PRO y La Libertad Avanza va a depender mucho de lo que ocurra distrito por distrito”.

Un legislador porteño denunció a Cristina Fernández de Kirchner por “fraude”

Yamil Santoro (RU), a través de la Fundación Apolo, se presentó ante la Justicia para pedir que se restituyan los beneficios previsionales que la ex mandataria habría percibido “de manera indebida” al declarar su domicilio en Río Gallegos a pesar de vivir en la Ciudad.

Después de que se confirmara la condena en su contra a seis años de prisión por la causa Vialidad, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, denunció a Cristina Fernández de Kirchner por fraude y pidió que se restituyan los beneficios previsionales que la ex mandataria habría percibido “de manera indebida” al declarar su domicilio en Río Gallegos a pesar de vivir en la Ciudad.

La denuncia es por el presunto delito de “defraudación contra la administración pública”, tipificados en los artículos 172 y 174 del Código Penal, y pidió que se apliquen “las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas” que se le atribuyen.

La presentación judicial, que también lleva la firma del abogado José Magioncalda, con el patrocinio del letrado Ignacio Falcón; se fundamenta en los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido de manera indebida al declarar su domicilio en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a residir habitualmente en la Ciudad.

Según lo informado, Fernández de Kirchner habría recibido un suplemento correspondiente a la “zona austral”, destinado a quienes habitan en regiones patagónicas, como parte de su asignación vitalicia. Este beneficio habría significado un incremento en sus ingresos de más de seis millones de pesos al momento de su suspensión, “afectando de manera directa a las arcas públicas”.
Además, funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que habrían permitido el otorgamiento de dicho suplemento también son señalados en la denuncia, por su posible responsabilidad en la administración de estos recursos públicos y acusados de “malversación de caudales públicos”.

De esta manera, la Fundación Apolo solicitó a la Justicia que investigue si estos hechos configuran un delito doloso contra el Estado y que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la irregularidad. Asimismo, pidió que se tomen las medidas necesarias para recuperar los pagos indebidos y resarcir el daño económico ocasionado al patrimonio público.

Cabe recordar que Santoro, junto a la diputada de Confianza Pública (CP) Graciela Ocaña, habían denunciado en agosto de este año al director de la ANSeS, Mariano de los Heros, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad y por la posible comisión del delito de malversación de caudales públicos. En el escrito también solicitaron que ambos reclamos se unifiquen en un sólo expediente, para facilitar su seguimiento administrativo.

Proponen reducir el gasto en las Juntas Comunales y fomentar el compromiso ciudadano

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro impulsó una iniciativa en la Legislatura propone que solo los presidentes de las Juntas perciban un sueldo, mientras que el resto de los miembros se desempeñaría ad honorem.

En consonancia con el pedido del Gobierno Nacional de reducir el gasto, el legislador de Republicanos Unidos (UR) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca modificar la remuneración de los miembros de las Juntas Comunales.

La iniciativa propone que solo el presidente de cada Junta reciba una remuneración equivalente al 70% del ingreso bruto de un diputado porteño, mientras que los demás miembros desempeñarán sus funciones ad honorem, eliminando así los gastos asociados a 90 comuneros en toda la Ciudad.

Actualmente, la normativa establece que todos los miembros de las Juntas Comunales perciben una remuneración equivalente al 60% del ingreso bruto total de un legislador porteño, con un adicional del 10% para el presidente de la Junta, lo que se traduce en un costo mensual de casi 310 millones de pesos (casi cuatro millones de dólares al año). “Esto es un gasto elevado considerando que las funciones de los comuneros no presidentes se limitan mayormente a cuestiones políticas”, advirtió Santoro.

Al mismo tiempo que indicó que “el proyecto promueve una mayor austeridad en el uso de los recursos públicos y fomenta un modelo de participación cívica basado en la vocación de servicio y no en incentivos económicos. Es momento de ajustar los gastos y priorizar a quienes realmente asumen mayores responsabilidades”.

“Con esta medida, el Estado porteño reduciría de manera significativa el costo destinado a las Juntas Comunales, mientras se incentiva un compromiso ciudadano genuino en la gestión de problemáticas vecinales”, añadió el diputado y concluyó remarcando que “la iniciativa responde además a demandas sociales de mayor austeridad republicana y eficiencia en la gestión pública. De ser aprobada, la ley entrará en vigencia con el vencimiento de los mandatos actuales de los miembros de las Juntas Comunales”.

Santoro volvió a reclamar la detención de Evo Morales por trata de personas y abuso de menores

El legislador de Republicanos Unidos (RU) agradeció el apoyo de la comunidad boliviana a la denuncia realizada por la Fundación Apolo y aseguró que hará “todo lo que esté a nuestro alcance para que la causa se investigue a fondo”.

Después de que la Fundación Apolo impulsara una denuncia contra el ex presidente de Bolivia Evo Morales por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro agradeció el acompañamiento del pueblo boliviano.

En ese sentido, el legislador aseguró que “es increíble el apoyo de la comunidad boliviana que recibimos por la denuncia presentada desde Fundación Apolo contra Evo Morales. Están realmente agradecidos de que alguien haga justicia por ellos” y aseveró que “hay muchísimas pruebas en su contra que, debido al silencio cómplice de su entorno político, tardaron en salir a la luz”.

“Gracias al Gobierno de Javier Milei y en especial a la ministra Patricia Bullrich por respaldar nuestra denuncia. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la causa se investigue a fondo. Si Evo Morales es culpable debe ir preso”, sentenció.

Denunciaron a Evo Morales por trata de personas y abuso de menores

La denuncia fue impulsada por la Fundación Apolo, que dirige el legislador porteño Yamil Santoro. Allí se afirma que durante su estadía en la Argentina, el expresidente boliviano convivió con menores de edad,y recibía “niñas como obsequios”.

La Fundación Apolo, representada por su director Yamil Santoro, el jefe de legales, José Magioncalda, y con el patrocinio del abogado Ignacio Falcón; denunció penalmente en Argentina al expresidente de Bolivia Evo Morales, por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores. La presentación judicial, respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas, se basa en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.

De acuerdo con la denuncia, diversas fuentes señalan que Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales en un contexto que, según testimonios, configuraría un patrón de explotación y abuso de poder. En un testimonio público, Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, denunció que durante sus visitas a Morales en Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como "serviles" en la residencia del expresidente. Ponce también afirmó que Morales recibía "niñas como obsequios" de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente.

Además, la Fundación Apolo recordó que no es la primera vez que el expresidente enfrenta denuncias de esta índole. En 2020, medios bolivianos difundieron información sobre una supuesta relación entre Morales y Noemí Meneses Chávez, una joven que habría tenido tan solo 14 años cuando comenzó una relación con el exmandatario. En el 2020, Migraciones se negó a informar ante el reclamo de Apolo sobre el ingreso de una supuesta víctima de abuso, invocando confidencialidad sobre la información de personas que ingresan o egresan del país. Por ese motivo, se presentó un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública que posteriormente fue rechazado.

El texto subraya la gravedad de los hechos y sostiene que estas conductas vulneran no solo derechos fundamentales, sino también normas de derecho internacional en cuanto a la protección de menores y el combate a la explotación y tráfico de personas. Apolo insta a la Justicia argentina a iniciar una investigación exhaustiva que determine si Morales incurrió en acciones punibles bajo el marco legal local y que resguarde los derechos de las posibles víctimas.

Santoro pidió declarar como servicio público esencial el transporte colectivo y el subte

El legislador de Republicanos Unidos (RU) impulsó un proyecto en la Legislatura porteña a través del cuál buscará garantizar la prestación continúa de estos servicios.

Tras el paro de transportes de los últimos días, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar el transporte colectivo de pasajeros y el subterráneo como servicios públicos esenciales en el distrito capitalino.

De esta manera, el texto prevé asegurar la prestación continua de estos servicios, considerados de vital importancia para la vida cotidiana de millones de porteños, especialmente en momentos de conflicto laboral.

El proyecto establece que, en caso de interrupciones derivadas de conflictos de trabajo, se deberán garantizar servicios mínimos para evitar que la población quede sin alternativas de movilidad. La propuesta también contempla que la autoridad de aplicación establezca sanciones para quienes incumplan con la prestación de los servicios mínimos durante las interrupciones, con el fin de asegurar el funcionamiento continuo de este servicio estratégico para la economía y la vida social de la Ciudad.

En este contexto, Santoro aseveró que “el transporte público no puede ser rehén de conflictos laborales. Necesitamos garantizar su continuidad para proteger los derechos de los ciudadanos que dependen de él cada día” y advirtió que la paralización del transporte público afecta de manera significativa la vida de los ciudadanos, quienes dependen de estos servicios para desplazarse a sus lugares de trabajo, estudios y otras actividades fundamentales. “El ejercicio del derecho de huelga es legítimo, pero cuando afecta a los derechos de otros, como la movilidad de la ciudadanía, debemos encontrar un equilibrio”, argumentó.

Sobre esa misma línea, el diputado recordó que otras jurisdicciones, como la Provincia de Córdoba, ya han implementado normativas similares, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en situaciones de conflicto. “Este proyecto busca aplicar el mismo criterio: garantizar un mínimo de operatividad en un servicio esencial para el desarrollo de la vida diaria y la economía de la Ciudad”, explicó.

El diputado subrayó que el proyecto de ley respeta el derecho de huelga y la libertad sindical, al tiempo que prioriza la necesidad de que los servicios públicos esenciales continúen operando, en línea con la Constitución Nacional y tratados internacionales. “El equilibrio entre derechos es la clave; la ciudadanía debe estar protegida ante los conflictos y no puede ser la más perjudicada en cada medida de fuerza”, concluyó Santoro.

Medios vecinales: Yamil Santoro pidió derogar la ley que los regula

El legislador de Republicanos Unidos impulsó una iniciativa que prevé que los medios puedan funcionar incorporándose a la web de la Ciudad de manera equitativa.

Por segunda vez en esta semana, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un proyecto que busca revisar la Ley de Medios Vecinales. En este sentido, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro pidió derogar la norma y que las Comunas incorporen al sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad, de modo equitativo, los links de acceso a las publicaciones digitales de los medios vecinales.

A través de sus redes sociales, el legislador precisó que presentó “un proyecto en la Legislatura para eliminar el Registro de Medios Vecinales que les cuesta a los porteños más de 2.500 millones de pesos al año” y recordó que “hoy, quien quiera ejercer la libertad de expresión y el periodismo ciudadano puede hacerlo gratis desde cualquier red social, sin tener que recurrir al dinero de los contribuyentes”.
“Proponemos con nuestra iniciativa que estos periódicos, webs y radios vecinales, que son utilizados como caja de la política, puedan funcionar incorporándose a la web de la Ciudad de manera equitativa”, completó.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro explicó que “las condiciones de pobreza que atraviesa gran parte de la ciudadanía, tanto en nuestra ciudad como en el resto de nuestro país, y la crisis económica sin precedentes que nos encontramos atravesando, obligan a quienes ejercemos funciones públicas a reducir aquellos gastos que no son prioritarios y que jamás hubiesen existido de haber imperado el sentido común”.

“Como es de público conocimiento, y tal como se ha acentuado por la evolución tecnológica y por las prácticas adquiridas durante la pandemia, cualquier ciudadano puede hoy encarar la actividad periodística vecinal, de manera totalmente gratuita, mediante la publicación en redes sociales o la emisión de programas audiovisuales en internet. Si es que alguna vez esta política pública tuvo sentido, ciertamente ha dejado de ser el caso”, siguió.

Al mismo tiempo que destacó que “el financiamiento estatal de la prensa ha sido un condicionante de la libertad de expresión y un frecuente motivo de cooptación por parte de la dirigencia política de los medios subsidiados” e indicó que “dicho financiamiento, no obstante, ha sido tolerado en razón de las dificultades financieras que, históricamente, han sufrido los medios de comunicación en nuestro país y en otras naciones”.

“En fin, ha primado la idea de que el financiamiento estatal es el mal menor, cuando la alternativa es que no existan medios de prensa o que existan en un número inaceptable para que la ciudadanía acceda a una oferta mediática plural”, precisó.

No obstante, Santoro explicó que “en el caso de los medios vecinales que, por sus características y adelantos tecnológicos antes comentados, se encuentran en condiciones de prescindir de la edición en papel y utilizar servicios gratuitos de internet, la subvención estatal no representa ningún aporte saludable, sino un mero condicionamiento”.

“En definitiva, tanto por razones de estricta austeridad republicana, de libertad de expresión y de impacto tecnológico en la capacidad y libertad de difundir ideas y noticias, es que propongo, a través del presente proyecto, la derogación de la ley 2587, así como la equitativa difusión de los medios vecinales en la página web oficial, requiriendo a mis colegas el acompañamiento de esta iniciativa”, cerró.

Yamil Santoro celebró el procesamiento de Ginés González García

El integrante del bloque liberal señaló que “no descansaremos hasta que se garantice que todos los responsables rindan cuentas”.

El espacio Republicanos Unidos, por medio del legislador porteño Yamil Santoro, celebró el procesamiento del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por el escándalo de las “vacunas VIP” en medio de la pandemia de Covid – 19. Desde el espacio liberal, destacaron el aporte del exdiputado nacional José Luis Patiño.

La denuncia fue presentada en febrero de 2021, poco después de que el periodista Horacio Verbitsky revelara que había accedido a una vacuna contra el COVID-19 sin pertenecer a los grupos de riesgo prioritarios. Este hecho destapó el escándalo, que no solo provocó la renuncia de González García, sino que también desencadenó la primera denuncia penal del país sobre el tema, firmada por Republicanos Unidos.

La misma fue luego ampliada para incluir a más de 70 personas, entre ellas funcionarios y personalidades como Carlos Zannini, Eduardo Duhalde, Hugo Moyano, y más tarde, al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“Estamos orgullosos de haber sido los primeros en denunciar este atropello. El procesamiento de Ginés González García es un paso crucial hacia la justicia. No descansaremos hasta que se garantice que todos los responsables rindan cuentas”, afirmó Yamil Santoro, referente del espacio liberal.

El escándalo del Vacunatorio VIP, que permitió que personas cercanas al gobierno accedieran de forma privilegiada a las vacunas en medio de una crisis sanitaria, fue ampliamente repudiado por la sociedad. “No podemos tolerar que se juegue con la vida de los argentinos. La justicia debe actuar con firmeza y garantizar que no haya impunidad”, agregó Santoro.

“El procesamiento de González García marca un hito en la lucha contra la impunidad en uno de los capítulos más oscuros de la pandemia en Argentina. Republicanos Unidos, como denunciante en la causa, continuará impulsando para que se esclarezca por completo lo sucedido y se sancione a los responsables”, concluyeron desde el espacio.

 

Desborde de basura: Denunciaron por “atentado a la autoridad” a miembros de Camioneros

Yamil Santoro (RU) alertó que algunos de los miembros de ese gremio estarían utilizando la “intimidación o fuerza” contra Jorge Macri para “exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”, tras su decisión de dar marcha atrás con la licitación de las grúas.

Luego de que se acumularan en las calles la basura y se viralizaran los videos en donde los camiones recolectores arrojaban los residuos a la vía pública, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció por “atentado a la autoridad” a integrantes del gremio de Camioneros.

La presentación judicial también lleva la firma de los abogados Juan Fazio y José Magioncalda, en la cuál se alega la posible comisión del delito de atentado contra la autoridad, conforme al artículo 237 del Código Penal.

Según las publicaciones periodísticas citadas en la presentación judicial, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, rechazó una “protesta extorsiva” llevada a cabo por el sindicato de Camioneros. Esta medida de fuerza dejó a la Ciudad inundada de basura y motivó al Gobierno porteño a suspender la preadjudicación de un millonario contrato de acarreo de grúas de automóviles, el cual resultaba “muy oneroso y comprometía las arcas públicas con una erogación de 360 millones de dólares y un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas”.

Asimismo, se detalla que Jorge Macri afirmó que la decisión se tomó debido a los altos costos y al impacto financiero negativo para la Ciudad. Según el alcalde porteño, la protesta del sindicato de Camioneros podría estar vinculada a la empresa de acarreo Ashira-Ecoba SA, sospechada de tener vínculos con el sindicato.

En un video compartido por el jefe de Gobierno en redes sociales, se observa cómo un camión de basura vuelca adrede su contenido en una avenida de la Ciudad. Por lo que los hechos denunciados podrían encuadrarse en el tipo penal de atentado contra la autoridad, que implica el uso de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

En este sentido, desde RU sostienen que “las acciones del gremio de Camioneros intentaron forzar a las autoridades porteñas para que dejara sin efecto una decisión legítima con importantes implicancias económicas”.

La denuncia solicita que se requiera al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los videos de cámaras en la vía pública para corroborar los hechos y determinar los datos del camión y los responsables. Además, se pide investigar los hechos denunciados y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten autores de los mismos.

Santoro reflexionó sobre el procesamiento de Ginés González García por el “Vacunatorio Vip”

El republicano, que años atrás denunció el funcionamiento de un circuito ilegal de vacunación contra el Covid 19, aseveró que “seguimos esta causa desde el primer día y nos da fuerza ver que la justicia avanza”.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) y uno de los autores de la denuncia original a Ginés González García por el escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”, Yamil Santoro, reflexionó sobre el avance de la investigación y el procesamiento del ex ministro de Salud de la Nación por el funcionamiento de un circuito ilegal de vacunación contra el Covid 19.

En ese sentido, el republicano explicó que “seguimos esta causa desde el primer día, porque el compromiso de quienes representamos a la ciudadanía es fundamental para terminar con la corrupción que representaron decisiones como está, o como el Olivosgate” y recordó que “en su momento fue muchas veces una pelea desigual, contra un gobierno que hacía de los privilegios a la casta una política de estado. No obstante, hoy seguimos combatiendo hechos de corrupción con la misma energía”.

“Las elecciones del año pasado nos mostraron que para la Argentina fue importante castigar al gobierno kirchnerista. Ahora, con esta medida, vemos que la justicia avanza. Eso nos da fuerza para seguir. Agradezco al equipo legal de la Fundación Apolo, que tanto colaboro con nosotros en este tema, y tantos otros de enorme importancia en el combate contra la corrupción”, sentenció Santoro.

Cabe recordar que la denuncia fue realizada por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en febrero de 2021. El escándalo se hizo público cuando el periodista Horacio Verbitzky admitió en su programa de radio haber accedido a la vacuna en el edificio del ministerio de Salud, tras solicitarlo a González García directamente. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, arrojó Verbitzky. Sin embargo, tras un mensaje del secretario del ministro, en lugar de acercarse al establecimiento de El Palomar fue vacunado en el propio ministerio.

Darío Lopérfido anunció su posible regreso a la política

En el marco de los desayunos organizados por la Fundación Apolo organizados por el legislador Yamil Santoro, el exfuncionario dejó abierta la posibilidad. “Creo que podría aportar en la línea de lo que está pasando en el país”, deslizó.

El exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación y exdirector del Teatro Colón, Darío Lopérfido, participó del primer desayuno exclusivo para miembros de la Fundación Apolo moderado por el director general de la Fundación, el legislador Yamil Santoro. Durante la charla con los presentes, le preguntaron cómo veía su regreso a la arena política porteña, quizás para algún cargo electivo el año que viene.

“Si hubiera condiciones y gente que piensa en mí como una posibilidad, lo pensaría seriamente, porque ahora hay una tendencia dominante más alineada con lo que yo pienso. Entonces creo que podría aportar en la línea de lo que está pasando en el país y eso me parece interesante. Contrariamente a otro momento en el que veía que iba a ser testimonial, ahora me imagino que podría estar en un sistema de mayorías. Y mayorías que pensamos todas más o menos lo mismo. Con lo cual se abre una puerta que hasta hace seis meses yo tenía cerrada”, respondió.

Lopérfido es autor de los libros “Derechos Culturales en el Mercosur”, “Legislación Cultural en la Ciudad de Buenos Aires” y “La decadencia del relato K”, entre otros; asiduo columnista en medios relevantes de habla hispana y fue presidente de “Ópera Latinoamérica”, la asociación que nuclea a los teatros líricos de la región. Durante el encuentro en la Fundación Apolo, anunció que es probable que regrese a la escena política argentina como parte de una propuesta liberal y destacó su condición de afiliado al partido Republicanos Unidos, espacio político que fundaron junto a Yamil Santoro, Manuel Adorni, Ricardo López Murphy y que luego sumó a otras figuras tales como el actual ministro de Desarrollo Económico de la CABA, Roberto García Moritán.

El ciclo de desayunos para miembros de la Fundación Apolo busca generar conversaciones con actores relevantes de la política, y este evento inaugural tuvo como ejes temáticos “la democracia del mundo en peligro y el futuro político de la Argentina”. La ONG líder en anticorrupción organiza estos encuentros, que se realizarán dos veces al mes, como parte de su programa de formación.

Santoro denunció por “presuntas irregularidades” al Fondo de Integración Socio Urbana

Lo hizo a través de la Fundación Apolo, con un texto en el que figuran entre los denunciados Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana y Fernanda Miño, a quienes se los acusa por el “manejo irregular de fondos públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció, a través de la Fundación Apolo, a varios exfuncionarios y entidades públicas, así como particulares vinculados con la gestión del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado mediante el Decreto 819/2019, por “presuntas irregularidades”.

La denuncia en cuestión también lleva la firma del líder del equipo legal de la mencionada Fundación, José Magioncalda, y del abogado Juan Martín Fazio. En la misma se destaca la actuación de Tandanor S.A.C.I.yN., empresa pública naval, involucrada en el convenio con el FISU para la realización de obras de Integración Socio Urbana, las cuales habrían sido ejecutadas de “manera irregular y sin cumplir con los términos establecidos”.

Entre los denunciados figuran la ex secretaria de Integración Socio Urbana y presidente del F.I.S.U, Fernanda Miño; la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana; los miembros del Directorio de BICE Fideicomisos S.A, del Directorio de Tandanor S.A.C.I.yN, del Comité Ejecutivo del F.I.S.U y de la Mesa Nacional de Barrios Populares creada por Decreto 358/2017 durante la vigencia del Decreto 819/2019.

La presentación judicial se fundamenta en la posible comisión de delitos tipificados en los artículos 173 incs. 7 y 12, 248, 249, 260, 261 y 265 del Código Penal, relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público.

Desde la Fundación aseguraron que “el FISU se conformó con más de 30 millones de dólares para proveer infraestructura urbana (paradas de colectivos, bicicleteros, etc) en barrios irregulares, pero  sus administradores contrataron su producción con la empresa pública Tandanor, cuyo objeto exclusivo son actividades de la industria naval . El contrato fue rescindido antes de su cumplimiento, no obstante haberse erogado 20 millones de dólares”.

“Una enorme cantidad de los bienes producidos fue retirado por el FISU e instalado en los barrios objetivo, no obstante, el rol asignado a representantes de los barrios en la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares”, sentenciaron.

La causa, que lleva el número 2722/2024 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del Dr. Martínez Di Giorgi.

Legisladores de la Comisión de Seguridad valoraron la exposición de Grindetti

Gimena Villafruela (VxM) y Yamil Santoro (RU) analizaron el discurso del jefe de Gabinete, en el que dio detalles acerca de las políticas implementadas en materia de seguridad y aseguraron que “deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra Ciudad”.

Tras la exposición del jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Néstor Grindetti, los legisladores de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela -del espacio Vamos por Más (VxM) y presidenta de la misma- y Yamil Santoro -de Republicanos Unidos (RU) y vocal de la comisión- ponderaron la exposición del funcionario y aseguraron que “deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra Ciudad”.

En ese contexto, Villafruela afirmó que “hace 17 años que nuestro espacio político inició su camino en la Ciudad, y que los vecinos acompañan nuestra línea de gestión, los valores y la visión de futuro que nos representa” e indicó que “nuestro compromiso es con los porteños y con todas las personas que estudian, trabajan y visitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quieren hacerlo con seguridad”.

En tanto sobre la situación en las comisarías, la oficialista planteó que “en 2021 teníamos 60 detenidos, hoy la CABA tiene 2000 presos en las comisarías. Ese no es el lugar donde deben estar. Esto es una herencia y en eso se está trabajando de manera conjunta con el Gobierno Nacional”.

“Tenemos una fuerza de seguridad de vanguardia: pionera en ciberdelitos, que se capacita continuamente, un instituto de policía extraordinario. La inversión que se hace en equipamiento y políticas de seguridad, hacen que se pueda llevar adelante una estrategia integral, el anillo digital, el sistema de videovigilancia, el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita - que es el más grande de toda latinoamérica-, la incorporación de las taser… Deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra Ciudad”, completó.

Por su lado, Santoro concluyó planteando que “es necesario ver al ejecutivo rindiendo cuentas ante los representantes del pueblo. Es una de las sanas dimensiones de contrapesos de nuestro sistema republicano y ayuda a entender mejor cuál es el rumbo del gobierno y cómo pretende alcanzar sus metas”.

Piden rescindir un convenio con ACARA por “falta de transparencia”

Se trata de un pedido de la Fundación Apolo, la cual aseguró que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina obtiene “privilegios inexplicables y lesivos para la libre concurrencia y la transparencia”.

Buscando terminar con los hechos de corrupción, la Fundación Apolo presentó un reclamo administrativo al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, solicitando la rescisión inmediata de un convenio marco celebrado el 17 de septiembre de 2012 entre la cartera mencionada y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) por “falta de transparencia”.

El documento lleva las firmas del legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) y director general de la Fundación, Yamil Santoro; del jefe del equipo legal de la misma, José Magioncalda; y del abogado Juan Martín Fazio.

Según informaron los denunciantes, el convenio delega en ACARA la designación de los miembros del Consejo de Administración del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera, el cual se compone de los ingresos derivados del cobro de servicios registrales relacionados con automotores. Según el convenio, ACARA percibe el 3,5% de los ingresos anuales obtenidos, tras deducir los costos directos, lo que la ONG de lucha contra la corrupción considera “un privilegio inexplicable y lesivo para la libre concurrencia y la transparencia”.

Los controles sobre la administración del fondo, según denuncia Apolo, “son insuficientes y dependen del propio Ministerio de Justicia, parte contratante del convenio. Además, ACARA obtuvo la administración del fondo sin pasar por un proceso de licitación pública, algo que ‘distorsiona los precios de mercado y va en contra de las políticas de desregulación y digitalización impulsadas por el Estado Nacional’”.

Sobre esa misma línea, recordaron que en los considerandos del DNU 70/2023, el Poder Ejecutivo destacó la necesidad de eliminar restricciones que distorsionen los precios y dificulten la libre iniciativa privada. En este marco, la Fundación Apolo considera que la continuidad del convenio con ACARA es “incompatible con la normativa vigente que promueve un sistema económico basado en decisiones libres y la digitalización integral de los trámites”.

Por todo esto, la ONG solicitó a Cúneo Librarona que haga uso de la cláusula vigésimoquinta del convenio marco, la cual permite la rescisión unilateral sin cargo alguno para el Estado Nacional, y proceda a rescindir el convenio con ACARA, “promoviendo así la transparencia, la libre concurrencia y la eficiencia en la administración de los servicios registrales”.

Legisladores porteños conmemoraron el Día del Holocausto y Heroísmo junto a Javier Milei

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y Republicanos Unidos (RU) participaron del discurso que el presidente dio en el Palacio Libertad y destacaron sus palabras “sobre el recrudecimiento del fanatismo islámico intolerante y el antisemitismo”.

En el marco del acto conmemorativo del Día del Holocausto y Heroísmo que llevó a cabo el presidente Javier Milei en el Palacio Libertad, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y Republicanos Unidos (RU) se hicieron presentes en el lugar y revalorizaron sus dichos acerca del “recrudecimiento del fanatismo islámico intolerante y el antisemitismo”.

En este contexto, la libertaria Rebecca Fleitas (LLA) expresó que los dichos del mandatario dan cuenta del “recrudecimiento del fanatismo islámico intolerante y el antisemitismo, y la falta de reconocimiento, acción y condena de muchos otros líderes que también deberían ser pilares de la Libertad” y consideró que “por fin Argentina tiene un presidente que está del lado correcto, el de la virtud y la verdad. La única forma de que la Shoa no se repita”.

Mientras que el diputado de RU Yamil Santoro precisó: “acompañamos a la DAIA en el Día del Holocausto y del Heroismo, emocionante acto conmemorativo para que no se repita la Shoá y en homenaje a todos los que de una forma u otra abonan con su vida la causa de la Libertad y el respeto por el proyecto de vida del prójimo”.

“Tuve la suerte de compartir el encuentro con la Diputada porteña de LLA, Rebeca Fleitas. Los liberales tenemos que trabajar más juntos en la Legislatura para que, más allá de los bloques legislativos, nuestras ideas sigan transformando la realidad de la Ciudad de Buenos Aires”, añadió y concluyó precisando que “personas como Rebeca, que se ocupan de los temas y le dedican tiempo y cabeza, son fundamentales para que las cosas mejoren”.

Desde RU pidieron eliminar los Registros de la Propiedad Automotor

El reclamo fue presentado ante el Ministerio de Justicia de la Nación por Yamil Santoro (RU), a través de la Fundación Apolo. De esta manera, se buscará modernizar el organismo para promover una gestión eficiente y moderna.

Luego de que se conociera que los Registros de la Propiedad Automotor tendrían un aumento de más del 300%, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, presentó un reclamo administrativo al Ministerio de Justicia de la Nación con el fin de eliminar dichos registros y reemplazarlos por la implementación del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

La nota responde a la necesidad de adaptar la administración pública a los tiempos actuales y “promover una gestión eficiente y moderna”.

En el documento, la Fundación expone que “resulta absolutamente ineficiente y contrario a derecho, que los registros de la propiedad del automotor continúen con un sistema de tramitación presencial y sobre la base de expedientes en soporte papel, al solo efecto de beneficiar a una estructura anticuada y de características parasitarias”.

Asimismo, precisaron que resulta esencial que el Registro de la Propiedad Automotor incorpore herramientas digitales que permitan realizar gestiones de manera remota. Para la ONG, la adopción del sistema TAD facilitará la realización de trámites, reduciendo costos y tiempos tanto para la administración como para los ciudadanos.

De esta manera, desde la mencionada Fundación subrayaron que “esta iniciativa no solo está respaldada por la normativa vigente, sino que también responde a criterios de eficiencia y ética pública, en línea con los principios de modernización de la administración”.

En este sentido, se le solicitó al ministro de Justicia que tome “las medidas necesarias para implementar el sistema TAD en todos los trámites relacionados con el Registro de la Propiedad Automotor, contribuyendo así a una administración pública más ágil y eficiente”.

Santoro se metió en la interna libertaria y celebró la vuelta de Marra como jefe de bloque

El diputado de Republicanos Unidos aseguró que “el reconocimiento a la gente que trabaja y se esfuerza es fundamental dentro del ethos liberal”.

En medio de la fuerte interna que atraviesa a los liberales tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró en las redes sociales la determinación de La Libertad Avanza (LLA) de nombrar nuevamente como jefe de esa bancada a Ramiro Marra.

A través de sus redes sociales, Santoro expresó: “quiero felicitar a Ramiro Marra por recuperar la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura porteña. El reconocimiento a la gente que trabaja y se esfuerza es fundamental dentro del ethos liberal. Bienvenido sea que se haya corregido una injustica y un error. ¡Viva la libertad carajo!”.

Cabe recordar que algunas semanas atrás, justo para el inicio del nuevo año parlamentario, los libertarios habían nombrado como jefa de bloque a María del Pilar Ramírez, quien mantiene una estrecha relación con Karina Milei. Lo cierto es que la determinación no cayó nada bien en algunos sectores del espacio, quienes preferían que Marra, hombre de confianza de Javier Milei, siguiera en esa posición.

Y si bien el nombramiento de Ramírez ya había sido oficializado ante la Legislatura, la decisión del diputado nacional Oscar Zago de conformar Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), una bancada propia, apuró los cambios en la Ciudad, a fin de evitar un quiebre mayor en este ámbito.

Es que en esta Casa, LLA cuenta con nueve integrantes, de los cuales dos responden a Zago –Edgardo Alifraco y Sandra Rey-. Tan es así que el diputado nacional había anticipado que la conformación del MID podría llegar al Parlamento porteño, dado a que también estaban disconformes con el apartamiento de Marra de la jefatura del bloque.

De esta manera, y a fin de evitar la ruptura del bloque, los legisladores porteños decidieron que Marra vuelva a ser el jefe de la bancada LLA y ya remitieron la nota a las autoridades de la Legislatura local. Por lo que durante la próxima sesión ordinaria será ratificado en el cargo.

 

 

Santoro celebró la eliminación de la paridad de género obligatoria en sociedades y fundaciones

El legislador de Republicanos Unidos (RU) destacó la medida y aseguró que la misma fomenta la “libertad y el mérito para acceder a los cargos”.

Tras el planteo presentado por la Fundación Apolo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución mediante la cual se derogaron las medidas que habían establecido la paridad de género obligatoria en sociedades, asociaciones y fundaciones. Atento a esta situación, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la decisión.

En ese sentido, el legislador destacó la decisión de la IGJ que “encauza por el camino de la libertad al derecho de asociación, permitiendo que sea la idoneidad, y no otra cosa, el criterio de acceso a cargos directivos en organismos privados”, al tiempo que resaltó el trabajo del equipo de legales de la ONG.

Cabe señalar que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal decretó la inconstitucionalidad de la medida impugnada, pero solo con efectos para la fundación litigante.

Recientemente, la ONG que combate los casos de corrupción había presentado un reclamo administrativo ante la Inspección General de Justicia, requiriendo la derogación que hoy decidió dicho organismo. De esta forma, ninguna de las entidades que regula la Inspección General de Justicia se encuentra obligada ahora a implementar la paridad de género en sus órganos de administración.

Entre los argumentos brindados por el tribunal que recoge la resolución conocida hoy, cabe destacar el que se refiere a que había sido “[…] la propia inspección general de justicia quien expresamente reconoció, en los considerandos de la resolución 34/2020 en pugna y como atribución que la Constitución reservó al Congreso de la Nación, la de ‘legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad’ (art. 75, inc. 23, C.N.; cfr. considerando 4º, resolución cit.), fundamento de la decisión en crisis; lo cual —valga recordarlo— responde al debate que se suscitó en el seno de la Convención Nacional Constituyente del año 1994 (cfr. Diario de Sesiones, 22º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); 23º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); y 34º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación), del 2, 3 y 19 de agosto de 1994, respectivamente)”.

Proponen que los usuarios del transporte público puedan elegir el medio de pago del boleto

El legislador de Republicanos Unidos presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para habilitar el pago electrónico en los servicios de transporte público, sin tener que acreditar saldo en la tarjeta SUBE.

El diputado porteño Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley de “libre elección de medios de pago en el transporte público”, a fin de habilitar el pago electrónico en los servicios de transporte público regulados por el distrito capitalino, sin tener que preocuparse por acreditar saldo en la tarjeta SUBE como única forma de poder viajar.

Las principales características de la presentación incluyen varios aspectos. Sobre la ampliación de los medios de pago, se informó que se permitirá el pago mediante la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito con tecnología sin contacto, billetera digital, aplicación móvil, código QR u cualquier otro medio digital que sea establecido por la autoridad de aplicación.

Al respecto del alcance del proyecto, incluye el Subterráneo de Buenos Aires, el Premetro, las líneas de colectivo que operen exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad Autónoma y cualquier otro medio de transporte público que funcione dentro del distrito.

Finalmente, sobre las facultades de la autoridad de aplicación, el proyecto explicita que la autoridad designada por el Poder Ejecutivo estará facultada para realizar convenios con empresas públicas y privadas, acordar beneficios relacionados con el valor del servicio y emitir disposiciones complementarias para la reglamentación de la ley.

Respecto de la iniciativa, Santoro manifestó que “hay una necesidad de modernizar y desmonopolizar las formas de pago en el transporte público, para darle a los usuarios la posibilidad de elegir el medio de pago que les resulte más conveniente y cómodo” y concluyó destacando que esta iniciativa acompaña la política de competencia y desmonopolización anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Santoro denunció a los titulares de ATE por la toma de edificios públicos

Lo hizo a través de la Fundación Apolo, dado a que consideró que “se habrían configurado atentados a la autoridad de los Arts. 237 y 247 del Código Penal”.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo denunció a los titulares de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ATE Capital, Roberto Aguiar y Daniel Catalano, por promover la toma de edificios públicos.

La denuncia también lleva la firma de José Magioncalda y Juan Martín Fazio, y fue realizada por convocar, promover y organizar actos de fuerza contra el orden público y atentados contra la autoridad perpetrados durante las protestas en los edificios de la Secretaría de Trabajo y el ex- INADI.

En el documento que la Fundación presentó ante la Justicia se explica que “no obstante el operativo de seguridad coordinado entre fuerzas de la ley federales y porteñas, los manifestantes organizados por los denunciados, procedieron a ingresar y tomar por la fuerza algunas oficinas públicas, impidiendo las actividades de funcionarios públicos que allí cumplen servicio”.

“Si los manifestantes ingresaron contrariando las órdenes de autoridad pública y violentando su operativo, impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habrían configurado atentados a la autoridad de los Arts. 237 y 247 del Código Penal”, concluye el texto.

Juntan firmas para que el secundario sea obligatorio para los políticos

Buscan implantar la en la Ciudad para los cargos de jefe de Gobierno, legisladores y comuneros.

Sin lugar a dudas el disparador de esta iniciativa fue la polémica que se armó en torno a una diputada nacional que confesó contar solo con sexto grado. A partir de ello, un legislador porteño reclama que sea obligatorio en la Ciudad contar al menos con el título secundario.

“Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”, se pregunta el diputado porteño Yamil Santoro, autor de un proyecto sobre el tema, que ahora quiere motorizar a través de una petición presentada en la plataforma Change.org.

Allí, Santoro plantea: “Si los estudios secundarios son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser que no lo sean para los políticos?”.

“Aunque no lo creas, esta insensatez hoy es realidad. Por eso, presentamos un proyecto de ley para que los candidatos a jefe de Gobierno, Legisladores y Comuneros de la CABA deban tener secundario completo -agrega el legislador-. Desde Republicanos Unidos creemos que la función pública no es un privilegio sino una responsabilidad, que debe ser llevada con transparencia, eficacia y buen criterio”.

Santoro pide la firma “para subirle la vara a los políticos” argumentando que “debemos estar a la altura del cargo al que nos presentamos, por respeto a los vecinos y en pos del buen gobierno”.

Luego de la polémica que se generó en torno a los estudios de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho, que admitió no haber terminado la primaria, el legislador de Republicanos Unidos presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos que se postulan para cargos electivos” en el distrito.

El proyecto de ley propone modificaciones en diversos artículos del Código Electoral, entre los cuales se destaca la inclusión de requisitos educativos para los precandidatos.

El texto explica que aquellos que deseen postularse para cargos electivos deberán contar con título secundario, terciario o universitario. Además, se establece que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas. Además busca regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro expresó la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los principios democráticos y constitucionales. En este sentido, sostiene que la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.

“La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”, completó.

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Desde la Legislatura repudian expresiones de Carlotto

El autor del proyecto de declaración es Yamil Santoro, con acompañamiento de otros cinco legisladores. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo había pedido “hacer algo” para que el Gobierno de Milei “cambie o que se vaya rápido”.

El legislador porteño Yamil Santoro (Republicanos Unidos), presentó un proyecto de declaración en el cual expresa su preocupación por la frase expresada por Estela de Carlotto cuando, en referencia al Gobierno de Javier Mieli, señaló: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”. La presentación fue acompañada por Rebeca Fleitas, Patricia Glize, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Facundo Del Gaiso, también diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La frase fue vertida por Estela de Carlotto en el marco de la marcha por el 24 de marzo, celebrada el domingo. En ese sentido, los firmantes consideran que estas palabras constituyen una clara incitación a la desestabilización del gobierno constitucional, lo cual atenta contra el sistema democrático de nuestro país.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que dichas expresiones representan una lógica perversa que busca socavar la legitimidad del gobierno elegido democráticamente, y que supone que solo aquellos que comparten su misma orientación política e ideológica pueden gobernar legítimamente.

Asimismo, hacen hincapié en la importancia de defender el orden constitucional y republicano, así como en la necesidad de repudiar expresiones desestabilizadoras que pongan en riesgo la estabilidad democrática del país.

“Es deber ineludible de las fuerzas democráticas la de defender el orden constitucional y republicano, y manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio a las expresiones desestabilizadoras y destituyentes como las de la señora Estela de Carlotto”, expresa el texto.

Desde Republicanos Unidos también pidieron avanzar con la Ley de Reiterancia

Yamil Santoro (RU) presentó en la Legislatura porteña una iniciativa que busca modificar el Código Procesal Penal de la Ciudad, a fin de incluir esa figura en el mismo.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, remitiera a la Legislatura porteña un proyecto en ese sentido, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro también pidió avanzar con la incorporación de la figura de la “reiterancia” en el Código Procesal Penal del distrito capitalino.

En los fundamentos de la iniciativa que presentó ante el Parlamento, Santoro consideró que “resulta lamentable que el delito sea para muchos una elección más deseable que el estudio o el trabajo, y son nuestras leyes penales y procesales penales, las que creamos, corregimos o derogamos, las que les brindan parte de las facilidades para que muchos sujetos elijan el camino del menor esfuerzo. Es hora de mirar con sensatez la problemática de la seguridad sin que el falso progresismo facilista, zaffaroniano y abolicionista nos intimide con sus cancelaciones y discursos falaces”.

“El delito debe ser penado, y no podemos corrernos un sólo centímetro de ese acuerdo social. El incremento de la inseguridad se torna preocupante, a diario asistimos a noticias que dan cuenta de ello y también que en la mayoría de los casos se observa que los delincuentes ya habían sido apresados y prontamente liberados, la famosa ‘puerta giratoria’, producto de un sistema que funciona deficientemente pero también de normativa insuficiente para encarcelar a los responsables”, siguió.

Sobre esa misma línea, recordó que el Ministerio del Interior presentó un Informe sobre Reincidencias Delictivas, del cual se observa que del total de la población que fue excarcelada en 2019, el 29, 2% ya había reincidido a los seis meses, luego ese porcentaje se incrementó al 44, 1% al año de haber salido. Al cabo de dos años, el 58,7% ya reincidió y a tres años de haber sido excarcelado el 65,6 % de los que estaban privados de su libertad volvieron a cometer un delito.

“Es por esto que creemos que la inclusión de la reiterancia como causal para mantener detenida a una persona en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires es una cuestión fundamental que hace a la seguridad de esos vecinos y para los millones que sin ser vecinos, transitan diariamente por nuestra ciudad, y sobre todo ha demostrado ser una herramienta muy útil para la prevención y para evitar que los delincuentes peligrosos puedan eludir la acción de la justicia por otros delitos graves, en la medida que hayan cometido otros previamente, en el marco de algunos supuestos que vamos a describir”, sentenció.

Santoro pidió frenar las custodias en el exterior para ex presidentes de la Nación

El legislador de Republicanos Unidos (RU), a través de la Fundación Apolo, se presentó en la Justicia para dejar sin vigencia el decreto que habilita las custodias fuera del país, debido a su “altísimo costo de traslados y viáticos”.

El diputado de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para ponerle un freno a un decreto firmado por el ex presidente Alberto Fernández, mediante el cuál se habilitan las custodias en el exterior para los ex mandatarios.

El escrito fue presentado a través de la Fundación Apolo y también lleva la firma de José Magioncalda y Christian Cao, buscando así complementar la medida de amparo que la misma Fundación había presentado en diciembre pasado, donde pedían que el Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, "cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad".

El Decreto en cuestión data del 9 de diciembre del año pasado, cuando fue publicada la edición extraordinaria del Boletín Oficial N° 35.317 Año CXXXI como “decreto de autodefensa exmandataria internacional”. Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional.

Esta medida modifica el decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos debía ‘proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia’”.

De esta manera, el escrito recientemente presentado en la Justicia plantea que “el privilegio impugnado –la concesión de la custodia personal a perpetuidad y donde esté el exmandatario presente- importa un costo muy importante para el erario público. Esta asignación de dinero para la custodia de ‘exmandatario/s’ a perpetuidad en todo el planeta implica distraer fondos públicos para las funciones del Estado”.

Además, advirtieron que no se especifican los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el ex mandatario esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección. ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio. “En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.

Piden derogar el régimen de paridad de género

El diputado de Republicanos Unidos (U) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo se presentaron ante la Justicia para interponer un recurso de Alzada contra la resolución de la I.G.J que “evita y se desentiende de su reclamo para derogar el régimen vigente que obliga a sociedades, asociaciones y fundaciones a implementar paridad de género”.

Después de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, el legislador de Republicanos Unidos (U) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo -bajo la representación de José Magioncalda y Juan Martín Fazio- se presentaron ante la Justicia para interponer un recuso de Alzada contra la resolución de la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que evita y se desentiende de su reclamo para derogar el régimen vigente que obliga a sociedades, asociaciones y fundaciones a implementar paridad de género.

Según explicaron desde la mencionada fundación, “el planteo de Apolo ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente” y destacaron que “las facultades suficientes de la I.G.J. para dejar sin efecto sus propias resoluciones, esta funda su evasiva en que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente pronunciamiento sobre el tema en un juicio particular, por lo que no la I.G.J. no tomará decisión alguna hasta que la Corte falle”.

Sobre esa misma línea, recordaron que “las sentencias judiciales rigen particularmente para las partes de un juicio, de modo que nada obsta al Inspector General de Justicia Dr. Vítolo a derogar una norma general de acuerdo con su propio criterio sobre la conveniencia y legitimidad de mantener el régimen que impone paridad de género”.

“Asimismo, Fundación Apolo explica en su apelación que la negativa a tomar una decisión vulnera el derecho a peticionar antes las autoridades de todo ciudadano, que supone el derecho a recibir una respuesta fundada en razones de hecho y de derecho; y cita un precedente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que determina que “no decidir o decidir fuera de plazo constituyen conductas irregulares de la Administración que perjudican al particular y atentan contra el accionar eficaz de aquella”, agregaron a través de un comunicado.

El recurso de Alzada interpuesto deberá resolverlo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “ratificando la política de género establecida en la gestión de Alberto Fernández, o haciendo lugar al planteo de Fundación Apolo, que ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente para personas jurídicas”, completaron.

Tras la polémica con Zaracho, piden que todos los representantes del pueblo hayan culminado la secundaria

Se trata de una iniciativa del legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, mediante la cual buscará modificar el Código Electoral de la Ciudad para que todos los candidatos tengan título secundario, terciario o universitario.

Luego de la polémica que se generó en torno a los estudios de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de “promover la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos que se postulan para cargos electivos” en el distrito.

De esta manera, el proyecto de ley propone modificaciones en diversos artículos del Código Electoral, entre los cuales se destaca la inclusión de requisitos educativos para los precandidatos.

El texto explica que aquellos que deseen postularse para cargos electivos deberán contar con título secundario, terciario o universitario. Además, se establece que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas. Además busca regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación ante la Junta Electoral de la Agrupación Política.

En los fundamentos de la iniciativa, Santoro expresó la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con los principios democráticos y constitucionales. En este sentido, sostiene que la educación secundaria es un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.

“La gente no vota a sus diputados, sino que elige listas que no se arman democráticamente. Nuestra intención es que, al menos, puedan tener un umbral mínimo de calidad garantizado a la hora de elegir personas que tienen que legislar para la ciudadanía”, completó.

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Buscan ordenar los carnavales de la Ciudad

Se trata de una iniciativa del diputado Yamil Santoro (RU), a través de la cual se pidió derogar la Ley existente y pide la prohibición de cortes de calles. “El esquema actual afecta seriamente a quien no quiere ser parte de estos festejos”, señaló.

En el marco del feriado XL por los feriados de carnaval, el presidente del bloque Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para ordenar y reorganizar los carnavales y que los mismos sean realizados en espacios específicos, evitando así cortes de calles y favoreciendo la libre circulación de los vecinos.

De esta manera, el diputado explicó que “según datos publicados en la web del Gobierno de la Ciudad, el año pasado se llevaron adelante 22 corsos en calle, generando 347 cortes totales de calle que afectaron la circulación” e indicó que “el esquema actual habilita de manera permanente el corte de calles durante días, afectando seriamente a quien no quiere ser parte de estos festejos y a los servicios de ambulancias o policía”.

“La Ordenanza 52.039 instaba al Gobierno al desarrollo de los carnavales en los espacios destinados al efecto: clubes barriales, asociaciones, autódromo, etc. Creemos importante volver al espíritu original”, aseveró.

Es por ello que la iniciativa busca establecer dos limitaciones: la primera es que no se produzcan cortes calles para realizar corsos (salvo que lo habilite la Comuna expresamente), y la segunda es que las prácticas se desarrollen en lugares preparados acústicamente, para evitar molestias en los vecinos. Como instancia adicional, el proyecto también incluye la derogación de la Ley 1.527.

Presentaron un proyecto para priorizar la atención de los porteños en hospitales públicos

El diputado de RU Yamil Santoro impulsó el proyecto en la Legislatura porteña, con el objetivo de establecer mecanismos de reintegro con las provincias por los gastos generados al atender a residentes de fuera de la Ciudad.

En consonancia con lo planteado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro insistió en la Legislatura porteña con un proyecto impulsado por Roberto García Moritán y Marina Kienast (FLR) en 2022, mediante el cual se buscará establecer mecanismos de reintegro con las provincias por los gastos generados al atender a residentes de fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al tratarse de una versión renovada de esa iniciativa, se agregó el acceso prioritario a la atención médica para las personas argentinas con domicilio legal en la Ciudad.

De esta manera, para recuperar los costos de atención, los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe cuando una persona argentina con domicilio legal fuera de la jurisdicción del distrito capitalino sea atendida en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones. Mensualmente se remitirán los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados.

El proyecto propone además que todos los establecimientos de salud de la Ciudad atiendan prioritariamente a los residentes de Buenos Aires, garantizando así que los servicios de salud estén disponibles para aquellos que residen en la jurisdicción y contribuyen al sistema de manera directa a través de sus impuestos. La presentación también busca modificar el artículo 33 de la Ley 153 para incluir los ingresos generados como recursos para fortalecer el presupuesto de salud.

Por último, se faculta -en caso de ser aprobada- al jefe de Gobierno, o a quien éste designe, a suscribir acuerdos de reciprocidad sanitaria con ciudades o provincias argentinas para establecer condiciones para la atención sanitaria de los no residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto de la iniciativa, Santoro concluyó planteando que “desde Republicanos Unidos ya habíamos trabajado en recuperar los recursos de los porteños, que se usan día a día en atender a residentes de otras provincias. Ahora, queremos complementar ese trabajo, priorizando a su vez a nuestros vecinos en el orden de atención. Esto es reconocer a quienes pagan de forma directa por un servicio”.

Santoro apoyó el traslado de la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén

El legislador de Republicanos Unidos avaló las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que confirmó la mudanza. “Esta medida refuerza los lazos de amistad y cooperación entre Argentina e Israel”, señaló.

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmara la mudanza de la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro avaló sus dichos y reafirmó su posición a favor de ese traslado.

Cabe recordar que el bloque legislativo de RU había manifestado anteriormente su apoyo a esta medida, solicitando formalmente la mudanza y reiterando esta petición en diversas ocasiones. “La decisión del presidente Milei de avanzar con este traslado demuestra un compromiso firme con los principios de paz, seguridad y respeto a la soberanía de Israel”, señaló.

"Apoyamos la decisión del presidente Milei de mudar la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén. Esta medida refuerza los lazos de amistad y cooperación entre Argentina e Israel, dos naciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad", agregó Santoro.

El legislador ya había presentado este mismo pedido en los años 2018 (gobierno de Mauricio Macri); 2020 (gobierno de Alberto Fernández); y el 15 de diciembre pasado, post asunción presidencial

“El traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén envía un mensaje claro de apoyo al derecho del pueblo israelí a determinar su propia capital y a vivir en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Además, refuerza el compromiso de Argentina con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la estabilidad en la región. Solo tres países tienen Embajada en Jerusalén en este momento. Entre ellos se cuenta Estados Unidos, quien mudó su embajada por decisión del expresidente Donald Trump”, destacó.

Además, desde Republicanos Unidos reiteraron “su compromiso de trabajar en favor de una política exterior basada en principios de justicia, paz y respeto mutuo entre las naciones, y espera que esta decisión contribuya a promover el diálogo y la cooperación en el Medio Oriente”.

Yamil Santoro representará al militante de LLA agredido durante la marcha por la Ley Ómnibus

Lo hará junto a la Fundación Apolo. El joven agredido en el Congreso denunció penalmente al periodista que lo golpeó y a los manifestantes que lo increparon.

Luego de que se viralizaran las imágenes de los golpes y amenazas que recibió, el joven militante de La Libertad Avanza (LLA), Patricio Chazarreta, que fue agredido por un periodista y militantes de organizaciones kirchneristas y de izquierda durante una marcha en contra de Ley Ómnibus, inició acciones legales contra los victimarios y será representado por el legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro y la Fundación Apolo.

El joven hizo una denuncia penal y contravencional por “lesiones, discriminación por odio político y hostigamiento las agresiones verbales y físicas” cometidas por los manifestantes.

Chazarreta tiene 23 años y es oriundo de Morón. Sobre el hecho, refirió que “estábamos con un grupo de amigos y se acercaron manifestantes a recriminarnos. En ningún momento creí que estaba molestándolos, y como vi que había policías y gente del Congreso no me imaginé que iba a pasar algo. No quisimos provocar, nos atacaron cuando nos estábamos yendo. El tipo que me pegó ya tenía antecedentes de agredir a otros por su posición política”.

La denuncia destaca que la “única motivación posible de las agresiones fue la portación de una gorra con la leyenda ‘Las fuerzas del Cielo’, que se asocia con el partido La Libertad Avanza, por lo que debe evaluarse la incitación a persecución u odio por opinión política”.

Asimismo, se contestó que el saldo del golpe que le propinó el periodista Germán Enrique Garriga fue una inflamación, dolor en la mandíbula y dificultad para morder.

Piden crear un cuerpo de "Inspectores polivalentes"

Se trata de una iniciativa impulsada por el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, mediante la cual se buscará que un solo inspector realice las tareas de inspección en los comercios de la Ciudad.

Buscando simplificar controles y achicar costos, el jefe del bloque de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear el “programa de inspección polivalente”, a fin de que, en varias áreas de control, un sólo inspector realice las inspecciones y avise 30 días antes al comerciante que será inspeccionado.

El proyecto en cuestión también lleva las firmas de las diputadas de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas y Patricia Glize y la de Confianza Pública (CP) Graciela Ocaña.

La iniciativa establece que la autoridad de aplicación de este será la “Agencia Gubernamental de Control”, la que tendrá la responsabilidad de realizar la mayoría de los controles de la actividad comercial, incluyendo fiscalización de la ley de publicidad exterior y actividades desarrolladas en espacios públicos, entre otras. Sólo quedarían fuera de este régimen las inspecciones por temas tributarios y laborales, áreas que por su sensibilidad pueden requerir visitas sorpresivas.

Cabe señalar que en virtud del marco normativo vigente, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la Subsecretaría de Control de Higiene Urbana, la Dirección General de Fiscalización, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Gubernamental de Control. Asimismo, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos e involucra a más de cinco inspectores, que ingresan a un mismo local para controlar en diferentes momentos. Esto derivan en más tiempo y trabajo de los comerciantes en controles e inspecciones.

Respecto de la iniciativa, Santoro señaló que “el proyecto implica el reemplazo de la fiscalización de tipo estructural vigente por una fiscalización de tipo coyuntural, cuyo foco estaría puesto en la detección de faltas furtivas y su subsanación” e indicó que “este cambio de paradigma no solo implicaría un ahorro significativo de recursos a corto plazo, sino que además su implementación demandaría costos triviales, ya que no exige un cambio estructural, sino sólo un cambio de diseño. Pero como contrapartida, nos ahorraríamos miles de inspecciones duplicadas”.

Asimismo, precisó que “en este marco, la fiscalización de buena parte de la actividad comercial sería realizada por una única figura, el inspector polivalente, quien estaría facultado para controlar la documentación, las posibles faltas y su corrección, evitando la duplicidad de inspecciones a la misma entidad inspeccionable”, explicó.

Además, el proyecto prevé que los organismos gubernamentales, salvo trabajo y AGIP, avisen al titular de la actividad comercial no menos de 30 días hábiles que será visitado y sobre qué versará la inspección.

“El proceder actual y la distribución de funciones y facultades, conlleva un evidente despilfarro de recursos públicos en claro perjuicio de los contribuyentes. Por ello, centramos nuestro interés en modernizar el procedimiento de fiscalización de la actividad comercial”, finalizó el legislador.

Yamil Santoro se presentó ante la Justicia para defender el DNU de Javier Milei

El legislador de Republicanos Unidos le pidió a la Justicia que acepte a la Fundación Apolo como “amicus curiae” para aportar su análisis en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del DNU publicado por el Gobierno Nacional.

En medio del debate por la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y apoderado de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para pedir que esa fundación sea aceptada como “amicus curiae” para aportar su análisis en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del DNU del presidente Javier Milei.

El pedido se basa en que esta decisión “pone un freno injustificado a medidas necesarias y urgentes para revertir aspectos de nuestra legislación que han distorsionado las relaciones del trabajo, muchas veces, a favor de estructuras prebendarias y corporativas”.

Al mismo tiempo que señaló que uno de los argumentos más representativos de la presentación es el “deterioro económico de nuestro país” que además “no es ajeno a su deterioro institucional”. Asimismo, se remarca que “el desastre económico que padecemos se ha sostenido sobre la base de normas y hechos que, a lo largo de muchos años, han desnaturalizado los principios y valores que garantiza la Constitución Nacional”.

De esta manera, mediante un escrito, la Fundación afirma presentarse “en carácter de ‘amicus curiae’ expresando las razones por las cuales son ajustadas a derecho, urgentes y necesarias, las normas que se pretenden impugnar en estos actuados, así como a expresar las razones por las cuales resulta improcedente la medida cautelar dictada a los efectos de suspender la normativa en cuestión”.

“Debe entenderse que las leyes pueden reglamentar derechos, pero no pueden ir contra la naturaleza de las cosas. Tal como ocurre en la economía, cuando se emite moneda sin respaldo, la emisión legislativa de derechos, sin respaldo en la realidad, ha reducido sensiblemente el trabajo legal, mientras la realidad, que tiene vida propia, ha llevado al 40% de los trabajadores a la clandestinidad y la desprotección más absoluta”, agregaron desde la Fundación.

Además, desde la mencionada Fundación sostuvieron que la medida que frena el decreto no tiene justificación: “este fallo favorable suspende todas las normas impugnadas por quienes detentan el monopolio de la representación sindical”.

“El DNU busca avanzar hacia un nuevo sistema económico que, como tal, abarque reformas en la Administración Pública, en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo y en otras áreas que hacen al desarrollo del país. Y no se advierte una afectación directa de derechos adquiridos de ningún trabajador”, completaron.

Yamil Santoro pidió investigar el funcionamiento del SIRA

El legislador de Republicanos Unidos, a través de la Fundación Apolo, presentó ante la Justicia un escrito mediante el cual buscará investigar el funcionamiento de ese sistema por supuesta operatoria ilícita en el movimiento de importaciones.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, le pidió a la Justicia que se investigue el desempeño tanto de la Secretaría de Comercio de la Nación, como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y también del Banco Central, por el manejo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en el que se advirtieron supuestas irregularidades vinculadas a la autorización de importaciones.

El texto recientemente presentado también lleva la firma de José Magioncalda, otro de los representantes de la mencionada fundación, y cuenta con el patrocinio legal del abogado Juan Fazio.

En el escrito se solicita que se libre oficio al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación en la que consten los procedimientos correspondientes al sistema. Y también pide la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre afirmaciones vertidas contra el ex secretario de Comercio, Matías Tombolini, durante el debate presidencial.

Además, manifiesta que “se libre oficio a la Secretaría de Comercio, al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación que obre en su poder, en la que conste todo el procedimiento a seguir en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y de dónde surjan cuáles son los funcionarios habilitados en el sistema para dar por concluidas las distintas etapas del mismo, hasta la autorización de importación, inclusive”.

“La supuesta operatoria ilícita cuya investigación se solicita, importaría un gravísimo daño en la economía argentina, y una enorme lesión en la confianza en las instituciones, de la que debieran gozar los ciudadanos. Por esa razón, es que resulta de suma importancia que el Poder Judicial investigue los hechos aquí denunciados”, agrega el documento.

Cabe destacar que por diversos medios se difundió la existencia de posibles situaciones ilícitas, vinculadas a la autorización de importaciones, que apuntan a la Secretaría de Comercio de la Nación, que en su momento era conducida por Tombolini. Incluso, la denuncia menciona una afirmación de la ex candidata a presidente de Juntos, Patricia Bullrich, durante el debate presidencial en el cual le recriminó al ex ministro de Economía, Sergio Massa, tener “un Tongolini en tu Gobierno”, haciendo un juego de palabras con el apellido de Tombolini y un “tongo” (que en lunfardo significa trampa). Ante esto, se solicita también la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre esas manifestaciones vertidas.

Asimismo, es preciso señalar que las autorizaciones de las importaciones se encontraban hasta hoy atadas a un procedimiento denominado SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) en el que intervienen la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina. En este sentido, no fueron pocos los emprendedores y empresarios Pyme que denunciaron anónimamente ante medios y en redes sociales, irregularidades en estas operaciones.

Ante reiteradas afirmaciones como estas, la Fundación Apolo sentenció: “en el caso que nos ocupa, la operatoria ilícita descripta, importa la recepción de dádivas a cambio de hacer, es decir, a cambio de acelerar autorizaciones de importación y, previo a ello, la implementación de un oscuro sistema de importaciones donde prima la arbitrariedad”.

Piden frenar el decreto que habilita custodias en el exterior para exmandatarios

El legislador de Republicanos Unidos Yamil Santoro y el representante de la Fundación Apolo, José Magioncalda, se presentaron ante la Justicia para “detener el privilegio que decretó el Estado para ex presidentes de la Nación”.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto al representante de la Fundación Apolo, José Magioncalda, presentaron ante el Tribunal un amparo para detener el decreto que habilita custodias en el exterior para expresidentes de la Nación.

El amparo fue presentado con el patrocinio de Christian Cao y se le pide al Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad que surge del Decreto 735/2023.

Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional. La medida implementada por el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, modifica el Decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos” debía “proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia”.

Además, según destaca Fundación Apolo, el decreto no identifica cuáles son las personas/funcionarios que la Casa Militar deberá proveer de seguridad personal, ya que la figura de “Ex mandatarios” (sic) resulta imprecisa y no jurídica.

Por lo que desde la mencionada fundación consideraron que “el decreto 735/2023 pretende imponer arbitraria e irrazonable y disociado del sistema republicano, un privilegio que reúne características inespecíficas”, destacaron desde la Fundación y agregaron que “lo burdo y precario del decreto –evidentemente de redacción apresurada el último día de un mandato presidencial- agrava la irrazonabilidad del privilegio que pretende cristalizar”.

Además, advirtieron que pasa por alto la falta de especificación de los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el “exmandatario” esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección, ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio.

“En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.

Santoro pidió la derogación de un convenio entre la Ciudad y dos ciudades rusas

El legislador de Republicanos Unidos consideró que el acuerdo entre la ciudad de San Petersburgo y la CABA debe ser derogado, dado a que advirtió que dicho país europeo viola los derechos humanos "sistemáticamente".

A días de haber asumido sus funciones en la Legislatura porteña, el diputado por Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó un proyecto de ley que busca derogar el “Convenio Marco de Cooperación suscripto con el Gobierno de la Ciudad de San Petersburgo de la Federación de Rusia- y la Ordenanza N° 44536 -Hermanamiento Moscú- “, al considerar que el país europeo viola los derechos humanos “sistemáticamente”.

El proyecto se enmarca, además, en la reciente visita de Volodímir Oleksándrovich Zelenski​ a la Argentina para la asunción de Javier Milei como presidente.

En ese contexto, Santoro manifestó que “no podemos permanecer indiferentes ante la invasión rusa en Ucrania” y que la medida sería “un gesto concreto de apoyo” al país presidido por Volodímir Oleksándrovich Zelenski. “La defensa de los principios democráticos y la soberanía de las naciones es una responsabilidad compartida por la comunidad internacional”, remarcó el legislador.

En ese sentido, el texto presentado por Santoro concluye explicando que las normas mencionadas “tenían el objeto de estrechar lazos con las ciudades de Moscú y San Petersburgo, en un contexto de paz y amistad. Pero en la actualidad, no podemos hacer caso omiso de las injusticias que se están llevando a cabo y hasta tanto no haya una resolución pacífica y Rusia se retire del territorio ucraniano nos corresponde la obligación de suspender dichos lazos”.

Republicanos Unidos pidió simplificar el sistema de fiscalización comercial

Yamil Santoro (RU) impulsó en la Legislatura porteña una iniciativa para que todos los controles y la fiscalización de la actividad comercial sea llevada a cabo por un único organismo del Gobierno porteño.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca simplificar la fiscalización comercial, para lo cual se propone que todos los controles sobre la actividad comercial sean llevados a cabo por un único organismo del Gobierno porteño.

El texto recientemente presentado explica que se busca simplificar la fiscalización comercial para que un solo inspector pueda realizar las tareas que hoy llevan a cabo, al menos, cuatro organismos y seis personas diferentes.

En ese sentido, se propone la creación del Programa de Inspección Polivalente, cuya autoridad de aplicación será la Agencia Gubernamental de Control, y a la que se le agregarán una serie de responsabilidades, tales como “administrar el Registro de Generadores Especiales y el Registro de Transportadoras de Materiales Áridos y afines”, “coordinar la fiscalización y control en materia de higiene urbana” y “gestionar la administración del Registro de Generadores Especiales (ReGE)”.

Sobre esa misma línea, dicho programa podrá “intervenir en la atención de reclamos, en materia de higiene urbana, a través del control de las conductas en infracción en el ámbito de su competencia”, “planificar, organizar e intervenir en las fiscalizaciones y controles en materia de residuos domiciliarios, generadores especiales, volquetes y áridos en el marco del plan operativo anual” y “controlar la separación en origen de Residuos Sólidos Urbanos por parte de los generadores en cumplimiento con la normativa vigente”.

Respecto de la iniciativa, Santoro explicó que “este proyecto está pensado para simplificarle la vida al comerciante. Hoy, si tenés un negocio, hay por lo menos cuatro organismos distintos y unos seis inspectores con los que tenés que organizar tus horarios para que te habiliten a trabajar. Queremos que esa inspección la realice una sola persona que responda a una única entidad”.

“Es decir, logramos que el comerciante no malgaste su tiempo en trámites engorrosos y a la vez ahorramos dinero del contribuyente. Nuestra política va en ese camino: descomprimir la burocracia estatal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, sentenció.

Un legislador de RU pidió la nulidad de nombramientos en el personal de PAMI

Se trata de Yamil Santoro, quien, junto al director de asuntos legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda, se presentaron ante la Justicia para impedir que 13 jefes de ese organismo sean nombrados como personal no jerárquico antes el cambio de Gobierno.

El flamante legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto al director de asuntos legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda, solicitó ante la Justicia la impugnación de una disposición del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a través de la cual se busca que 13 jefes de ese organismo sean nombrados como personal no jerárquico antes el cambio de Gobierno.

Según explicaron los denunciantes, esto se debe a que se “intenta reacomodar a funcionarios transitorios de la gestión kirchnerista en la nueva gestión para garantizarles un ingreso, a pesar de no fundarse necesidades específicas”.

De acuerdo a la denuncia, mediante una disposición de la Jefatura de Gabinete de Asesores del PAMI del 27 de noviembre de este año, se limitaron las funciones de 13 jefes del organismo cuyo nombramiento finalizaría el 9 de diciembre de 2023, para renombrarlos como personal no-jerárquico y así extender la relación de empleo antes de que cambie el Gobierno.

“La medida omite expresar razones que la justifiquen, resultando arbitraria. Por ello, Fundación Apolo interpuso recursos administrativos fundamentando la nulidad de la Disposición”, destaca el escrito, y agrega que “Fundación Apolo tiene por objeto velar por el cumplimiento, promoción y protección integral de los principios republicanos y el respeto por las instituciones, asegurando y promoviendo el cumplimiento de las normas y valores que rigen la vida en sociedad, a nivel local, provincial y nacional e internacional”.

“Del acto administrativo que nos ocupa no surge su finalidad en concreto, diluyéndose el intento de esbozarla en la vaga expresión: ‘lograr un servicio eficaz y de calidad’. No se advierte cómo se brinda eficacia y calidad al servicio al desvincular al personal ya empleado, y presuntamente idóneo, para cumplir funciones jerárquicas. Al contrario, a falta de mayores fundamentos en el acto, la decisión luce incoherente. Objetivamente, la medida favorece a las personas mencionadas en el anexo, garantizándoles puestos de trabajo de menor jerarquía aún cuando tienen preparación y vienen desarrollando otro tipo de puestos (jerárquicos)”, remarcaron desde la fundación.

Por lo que concluyeron advirtiendo que “el acto crea artificial y arbitrariamente una suerte de permanencia para personal no seleccionado por concurso, contrariando lo establecido por el Art. 16 c) del CCT aplicable”.

García Moritán y Zago se despidieron de la Legislatura de la Ciudad

El legislador de Republicanos Unidos y el de La Libertad Avanza renunciaron a sus bancas para asumir sus nuevas responsabilidades como ministro de Desarrollo Económico porteño y diputado nacional, respectivamente. Además, asumieron sus reemplazantes.

Anticipándose al recambio que se generará en la Legislatura el próximo 10 de diciembre, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y su par por La Libertad Avanza (LLA) Oscar Zago declinaron -durante la sesión ordinaria de este jueves- a sus bancas y asumieron sus reemplazantes.

En el caso de García Moritán su decisión estuvo fundamentada en que el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, lo convocó para formar parte de su gabinete como ministro de Desarrollo Económico. En su lugar asumió otro de los referentes de RU, Yamil Santoro, quien prevé quedarse en el cargo hasta diciembre de 2025, cuando se venza el mandato.

“Lo increíble es la sensación que tengo en este momento, no pensé sentir esa sensación de nostalgia y gratitud. Quiero agradecerles a todos los trabajadores de la Casa, a mi equipo de despacho y a los legisladores opositores, porque a pesar de los tonos y las diferencias ideológicas, siempre buscamos lo mejor para los porteños. Gracias a mis compañeros de Juntos por el Cambio. Ser parte del equipo de Macri es un tremendo honor”, expresó García Moritán.

Por su parte, Santoro manifestó: “Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en estos más de 15 años de militancia y trabajo. Desde el 2008 tuvimos el sueño de crear un espacio liberal en la Argentina, hoy tenemos un presidente de la Nación que comparte muchas de nuestras ideas, sino que en otros bloques también abrazan el camino de la libertad”.

Por su parte, Zago declinó a su banca para poder asumir como diputado nacional, cargo en el cual fue electo en los comicios del pasado 22 de octubre. En su lugar asumió Jorge Mario Reta, de acuerdo a lo establecido por la lista de candidatos proclamada en las elecciones de medio término del 2021.

“Esta es la tercera vez que me retiro de este precioso recinto. Cuando entro a este recinto vengo con algunos amigos y cuando me voy, siempre tengo más. Ojalá lo puedan sentir así y si alguno, en algún momento, se sintió agraviado por mí, pido disculpas, jamás fue mi intención. Le agradezco a los trabajadores de la Casa, es un orgullo tenerlos; gracias al cuerpo en general y especialmente a mi bloque, donde me sentí muy cómodo”, manifestó Zago antes de abandonar su banca.

Denuncian penalmente a Massa por romper la veda electoral

La presentaron el legislador porteño de Republicanos Unidos Roberto García Moritán, y el dirigente del mismo partido Yamil Santoro. El ministro de Economía y candidato a presidente anunció a 18 días de las elecciones de segunda vuelta una serie de créditos de la de la ANSeS

El legislador porteño Roberto García Moritán, y el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro, denunciaron penalmente al ministro y candidato a presidente Sergio Massa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal). La misma está motivada en la ruptura de la veda electoral, al realizar un anuncio de créditos a través de la ANSES, a sólo 18 días de las elecciones.

Suscribe también el documento el abogado José Magioncalda, quien fue postulado por Republicanos Unidos como candidato a auditor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Juan Martín Fazio, referente de ese partido liberal.

Recordemos que el artículo 64 quater del Código Nacional Electoral especifica que queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada a la celebración de elecciones lanzar o promocionar planes o programas de alcance colectivo y "la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten". Violar esta veda implica de por sí una posible inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos. No obstante esto y al ser Sergio Massa actualmente un funcionario público, romper la veda electoral lo hace alcanzable también por la justicia penal (art 248 del Código Penal).

Al respecto, Moritán afirmó que "la utilización del estado para su beneficio es algo típico del kirchnerismo. Hicieron campaña con el plan platita, utilizaron el transporte público para llevar adelante una campaña del miedo y ahora violan el código electoral. No podemos ser pasivos frente a estos atropellos".

Por su parte, Santoro detalló que "junto a Roberto denunciamos este nuevo exceso de Massa de cara a las elecciones. No puede llevarse por delante la legislación del país para saciar su vocación de poder. No todo vale y se lo vamos a demostrar a través de la justicia".

Santoro advirtió que Republicanos Unidos no podrá competir en las PASO dentro de JxC

El apoderado del partido precisó que la candidatura de García Moritán a jefe de Gobierno sigue en pie pero no dentro de esa coalición. “A pesar de los tramposos y traidores, daremos la lucha para que triunfe la libertad”, remarcó.

A semanas de que se lleven a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el apoderado del partido Republicanos Unidos (RU) y dirigente liberal, Yamil Santoro, confirmó que ese espacio liberar “no podrá integrar” el frente de Juntos por el Cambio (JxC) en los próximos comicios.

Según señaló el dirigente “la situación se explica porque el sector que lidera Ricardo López Murphy -que había retirado su candidatura en el espacio para no afrontar la derrota en la interna-, bloqueara la realización de una convención partidaria que apruebe nuevamente su integración”. Al mismo tiempo confirmó que la pre candidatura de Roberto García Moritán para jefe de Gobierno sigue en pie, aunque no dentro de la coalición de JxC.

Respecto de esta situación, Santoro afirmó que “lamentablemente, el sector liderado por Ricardo López Murphy tomó la decisión de impedir que el partido que lo llevó a ser diputado nacional, integre este año la coalición opositora” y destacó que “contrario a su discurso público, donde procura que hay que ensanchar la coalición con personas que compartan valores, ideas y demás, Ricardo, por intereses mezquinos y personales luego de haber perdido una disputa interna, resolvió unilateralmente junto a su sector, excluirnos de la posibilidad de formar parte de la gran coalición””.

“En ese marco lo que les quiero dejar claro, es que no van a doblegar nuestra voluntad de representar a los porteños, ni nuestras ganas de impulsar las ideas de la libertad. Porque a pesar de los tramposos y traidores, daremos la lucha para que triunfe la libertad”, completó.

Plenario de Republicanos Unidos en medio de una interna caliente del liberalismo porteño

Será este miércoles. Se cierra la inscripción de precandidaturas con denuncias de irregularidades

Este miércoles a las 18.30 se llevará a cabo un plenario de afiliados del partido liberal Republicanos Unidos, en el marco de una interna muy compleja entre los dirigentes representados por Yamil Santoro y Roberto García Moritán, por un lado; y Ricardo López Murphy, por el otro.

Los desencuentros comenzaron en 2022, cuando López Murphy decidió no preparar su plataforma como presidenciable y apuntó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La foto con Patricia Bullrich y sus posteriores declaraciones de que haría “cuanto estuviera a su alcance” para que ésta sea presidente, causaron malestar entre las filas del partido. Es que esta decisión se supone la tiene que tomar la convención del partido, formada por 45 convencionales de distintos sectores liberales, muchos de los cuales se enteraron por los medios de esta idea.

Incluso hubo una denuncia ante el Tribunal de Garantías, Derechos y Obligaciones del partido contra el actual presidente del partido, que responde a la línea de López Murphy. Este afirmó su apoyo a la candidatura del ex ministro de Economía de la Alianza, y a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, siendo la autoridad máxima del partido. Muchos de los afiliados entendieron que la candidatura “no estaría oficializada, y tampoco se ha llevado a cabo elección interna que dé cumplimiento a lo establecido por el Art. 56 de la Carta Orgánica”.

Sin embargo, desde la aprobación del reglamento y cronograma electoral se sucedieron varias irregularidades. La más relevante y la que desató la existencia del Plenario:

1) La Junta Electoral, con mayoría de López Murphy, se atribuyó la facultad de designar certificadores de firma (no previsto por carta orgánica) y removió a todos excepto los propios. Esto imposibilita que el campamento de García Moritán incorpore nuevos afiliados. También están ocurriendo otras arbitrariedades para limitar la competencia.

2) El Tribunal de Garantías del partido frenó la medida;

3) Dos de los tres apoderados (Guillermo Smith y Pablo Torres Barthe, pertenecientes a campamento RLM) presentaron un escrito en la justicia con la resolución del punto 1, diciendo que era suficiente con la firma de ellos dos para que se le dé curso (acompañando un acta vieja del partido donde decía que era suficiente con dos de tres apoderados);

4) El restante apoderado (Yamil Santoro) se presentó ante la justicia acompañando la última acta vigente dónde dice que se necesita a los tres apoderados para dar curso a presentaciones judiciales;

5) El juzgado se anoticia de esto y "frena todo", exigiendo de ahora en más que los tres apoderados firmen cualquier presentación. Esto congela al momento la incorporación de nuevos afiliados, lo que para muchos precandidatos independientes de "Republicanos Unidos" es lo mismo que la prohibición a su candidatura, ya que esos mismos afiliados que habían incorporado al partido, son quienes firman sus avales para poder ser candidatos en la interna.

Ante esta situación, varios sectores no alineados con López Murphy convocaron a un plenario de afiliados este miércoles a las 18:30 en la Sociedad Científica Argentina, dónde los distintos sectores del partido debatirán opciones para destrabar esta intransigencia y desarrollar un marco que permita una sana competencia entre afiliados.

Yamil Santoro: “Milei se asustó y no se animó a ir una interna con López Murphy”

El abogado liberal sostuvo que Ricardo López Murphy “es un gran precandidato a presidente”, y propuso a García Moritán para la elección porteña.

El precandidato a diputado nacional Yamil Santoro (Republicanos Unidos) destacó la competencia interna de Juntos por el Cambio que propone el espacio y cuestionó al legislador Javier Milei por “no validar su liderazgo en un esquema competitivo”.

Santoro remarcó que “no se me ocurre nada menos liberal que una persona que no está dispuesta a competir”. Además, agregó: “Fui la persona que estuvo en la mesa de negociación tratando de generar una interna con Ricardo López Murphy (diputado nacional), y Milei se asustó”.

Asimismo, señaló que “Republicanos Unidos es el único partido liberal que tiene internas abiertas y fuimos los únicos que logramos bajar impuestos y el gasto”. De esa manera, explicó: “Somos el bloque más eficiente en la Legislatura porteña ¿Cuántos aprobó el bloque de Milei? Cero ¿Republicanos Unidos? Nueve”.

Así también, manifestó: “Ser liberal no es una religión, no somos robots que seguimos un modelo lógico deductivo con premisas cerradas”. “Justamente el liberalismo nace como un opuesto a estas definiciones dogmáticas donde el individuo renuncia a su juicio crítico para tomar verdades”, aseveró.

Por otro lado, Santoro aseguró que Ricardo López Murphy es un referente de peso en la cuestión pública: “Siente los problemas del país y las necesidades productivas como una carga personal y, como hombre de la política, le interesa resolver”.

“Es de los últimos estadistas vivos y es una persona que genuinamente piensa qué es lo que le conviene al país. Por eso me gustaría que acepte el desafío de ser candidato a presidente, porque pondría a la agenda que importa sobre la mesa”, manifestó.

Por último, indicó: “Para CABA tenemos otro gran candidato que es Roberto García Moritán”, y cerró: “Más allá de si puede ser o no candidato para CABA, creo que la diferencia que Ricardo puede hacer en la discusión nacional es única, no veo que lo pueda hacer otro”.

Moritán amplió su denuncia contra Alberto Fernández por incumplimiento al fallo de la Corte

El legislador de Republicanos Unidos explicó que el mandatario mantiene su “decisión de incumplir la sentencia” aunque proponga abonar con bonos. También piden que se analice la conducta frente al caso de Sergio Massa, "Wado" de Pedro y Silvina Batakis.

Días después de haberlo denunciado por el delito de sedición, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y otros referentes de ese mismo espacio ampliaron su denuncia contra el presidente de la Nación, Roberto García Moritán, dado a que consideraron que “mantiene la decisión de incumplir la sentencia aunque proponga abonar con bonos”.

Asimismo, pidió que se analice la conducta frente al caso de Sergio Massa, Eduardo "Wado" de Pedro y Silvina Batakis.

La ampliación de la denuncia se debe a que García Moritán y Yamil Santoro –el otro dirigente de RU que encabezó el escrito- consideran que el presidente “pretende eludir el cumplimiento ritual de la sentencia de conformidad con lo dispuesto” por la Corte Suprema. El escrito presentado considera “que la legislación y la orden judicial refieren a ‘transferencias’ de fondos, y no a depósitos de bonos. Ello hace el incumplimiento del Poder Ejecutivo manifiesto”.

A su vez expresaron que “lo adelantado por el Poder Ejecutivo sobre las acciones a tomar importa una reedición de la conducta típica prevista en el art. 230 del Código Penal” y que  “en tanto pretende eludir el cumplimiento (...) de conformidad con lo dispuesto específicamente en la sentencia en base al Art. 75 inc. 3° de la Constitución Nacional y el Art. 6° de Ley 23548 en relación a la automaticidad y periodicidad diaria de la entrega de fondos según el porcentaje indicado (2,95% de la masa de fondos definida en el Art. 2° de Ley 23548”.

Por último, los denunciantes explicaron que “toda vez que la sentencia ha sido notificada a los Ministerios del Interior y de Economía, y que la ley prevé la actuación del Banco de la Nación Argentina, debe analizarse asimismo la conducta de participación de los implicados ministros Sergio Massa y Eduardo de Pedro, y de la Presidente del Banco de la Nación Argentina Silvina Batakis”.

Cabe recordar que días atrás el presidente anunció a través de las redes sociales su decisión de pagar con bonos lo que determinó la Justicia. “Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, sostuvo.

Agrupación de abogados denunció a la presidente provisional del Senado y a senadores oficialistas

Ampliaron su denuncia por las designaciones en el Consejo de la Magistratura.

La agrupación de abogados Bloque Constitucional amplió la denuncia que oportunamente efectuara contra Cristina Fernández de Kirchner por la designación del senador Claudio Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

El escrito pide se investigue la responsabilidad penal de la senadora presidente provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Abdala, que resolvió la designación de Doñate para el próximo mandato, y la responsabilidad de los senadores oficialistas que votaron, en la sesión del día de hoy, favorablemente, refrendar lo actuado por Ledesma Abdala.

En el escrito, que lleva la firma de Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Fazio y Pedro Pusineri, entre otros, se sostiene que “ante la necesidad de designar a la totalidad de los representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura por un nuevo período, dicho cuerpo, no obstante el criterio interpretativo sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, decidió designar nuevamente al senador Claudio Martín Doñate, como representante por la segunda minoría del Senado”, pese a que la segunda minoría, corresponde al bloque Pro.

Recientemente, la Corte Suprema había cuestionado la maniobra del kirchnerismo consistente en desdoblar el bloque oficialista para crear un bloque que representara la segunda minoría y así designar a un oficialista en lugar de un opositor.

El uso de "armas menos letales" fue llevado a discusión pública

Participaron más de 100 personas. El debate fue organizado por la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico (UCPE) y el programa Dialogando BA. López Murphy impulsará un debate en el Congreso.

La sede de gobierno de CABA fue el epicentro de un interesante debate sobre el uso de armas menos letales por parte las fuerzas de seguridad porteñas, que fue presentado por la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico (UCPE), a cargo de Yamil Santoro, y el programa Dialogando BA, coordinado por Hernán Charosky.

El encuentro contó con la participación de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la CABA; Carolina Fernández Blanco, coordinadora del curso "Bases para una legislación racional"; Guillermo Iglesias Giuliano, exdirector de Operaciones Especiales de Seguridad Aeroportuaria; y Federico Soñora, fiscal a cargo de la UFI Nro 4 de Moreno (provincia de Buenos Aires). También participó el diputado nacional Ricardo López Murphy. Luego de las palabras de los oradores, se formaron mesas de diálogo conjunto para discutir la temática.

Durante las exposiciones en panel, el ministro D’Alessandro manifestó: "Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante la seguridad de la Ciudad, que tiene 3 millones de habitantes y recibe además otros 4 millones diariamente. El estado debe dar las herramientas necesarias para que nuestros policías puedan realizar su tarea. Ellos enfrentan diariamente situaciones donde deben decidir en fracciones de segundos cómo y con qué proporcionalidad deben intervenir. Para cuidado de terceros y para su integridad física" detalló. "Es muy difícil exigirle al policía que desempeñe su vocación de servicio cuando el Estado, por discusiones políticas e ideológicas, no le está dando las herramientas para poder cuidarse. Ningún policía ingresa a la institución para matar ni para ser asesinado”, amplió.

Por su parte, el diputado por Republicanos Unidos Ricardo López Murphy sostuvo que impulsará un debate en el Congreso y apuntó que "la abundancia de prejuicios ideológicos no nos han permitido entender de manera inteligente los dilemas que tenemos. Y son dilemas intensos en la necesidad de mantener el orden público. Naturalizamos el desorden y eso le crea a nuestro país un retroceso enorme".

Santoro, moderador del encuentro, destacó sobre el encuentro que: “Nos interesa explorar una agenda vanguardista de la Ciudad, que plantea abordar estos temas de alta relevancia para la ciudadanía con margen de mejora, en un ámbito propicio para el debate y con especialistas y horizontalidad, para pensar entre todos cuál es el mejor camino para el futuro de la Ciudad”.

Asimismo, Charosky, coordinador del programa Dialogando BA, señaló: “La metodología Dialogando Buenos Aires permite incluir visiones diversas sobre un mismo tema y es muy adecuada para una propuesta de discusión como esta de armas no letales, porque es innovadora pero al mismo tiempo también es polémica. Entonces darle a esa innovación una base de legitimidad ancha donde haya pluralidad, garantiza que cualquier paso que quiera darse a futuro, tenga el apoyo de esta discusión pública".

Federico Soñora, al respecto dijo que “las consecuencias serían menores para todos ante cualquier error. Aporta mucho en este sentido. Hay un gran abanico de posibilidades de riesgo usando una pistola 9 milímetros y entiendo que ya no hay discusión sobre si se utiliza o no un arma menos letal, la discusión ya debería ser cómo la implementamos”.

En tanto, Giuliano manifestó que "Hay muchas opciones hoy, que se ha entendido en el resto del mundo que son necesarias, con toneladas de  evidencia de casos de éxito, donde se implementan dispositivos como estos y todos pueden contar la historia." Por último, Fernández Blanco refirió: "este es un debate que nos debíamos, que está bien tener porque es un debate innovador, pero que en realidad estaba postergado. Porque hace muchísimo tiempo que convivimos con este tipo de armas".

Legisladores porteños denuncian al presidente y a Sergio Massa por “utilizar la comunicación oficial” para “favorecer a CFK”

La presentación está firmada por Yamil Santoro, Marina Kienast, y los abogados José Magioncalda y José Fazio del equipo legal de Republicanos Unidos.

El dirigente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, junto a  la diputada porteña Marina Kienast, y los abogados José Lucas Magioncalda y José Martín Fazio, del equipo legal del partido; denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Sergio Massa, por “utilizar la comunicación oficial para presionar al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal, con clara intención de favorecer, en un proceso, a la vicepresidente Cristina Elizabet Fernández de Kirchner”.

En la presentación, los firmantes señalaron que “si el titular del Poder Ejecutivo Nacional tiene vedada su intromisión en la causa ‘Vialidad’, la misma prohibición rige respecto de los titulares de los Ministerios y, por tanto, debiera investigarse la conducta descrita respecto de Sergio Massa”.

Asimismo, en el texto explicaron que “dentro de los principios, declaraciones y garantías que emanan de la Constitución Nacional, se encuentra la división de poderes, encontrándose expresamente prohibido que el Poder Ejecutivo se arrogue ‘el conocimiento de causas pendientes’ (art. 109, CN)”.

Y, en ese sentido, resaltaron que “los dichos de Alberto Fernández y el comunicado que él mismo exhibe” en su perfil “de la red social Twitter, ‘condena’ la tarea de la Justicia y del Ministerio Público, en la causa ‘Vialidad’, calificándola como ‘persecución’, y aplica una visión conspirativa sobre el desarrollo del mencionado proceso”. Por ello, el mandatario “podría encontrarse incurso en las previsiones de los arts. 248 del Código Penal”.

Al respecto, Santoro refirió que “enfrentaremos en la Justicia a quienes intentan manipular la división de poderes. Cristina es la jefa de una asociación ilícita que, con total desprecio por la ciudadanía, se dedicó a robarle a todos los argentinos, le hizo fraude al estado y debe ser condenada. El imperio de la ley nos da orden y prosperidad”.

Por su parte, la legisladora porteña sostuvo: “La injerencia de Fernández y Massa en el curso de la causa ‘Vialidad’ atenta contra el principio de división de poderes de nuestra República. Pese a los numerosos intentos de CFK de imponerse sobre la Justicia, esta puede actuar con independencia en contra de la corrupción”.

“Los dichos del funcionario contrarían las normas de la ley fundamental, en sus arts. 1, 103 y 109, contrariando el principio republicano de gobierno, el deber de no proceder en exceso de sus facultades, expresamente establecidas en la carta magna, y el de no entrometerse en la esfera del Poder Judicial”, culmina el escrito.

Yamil Santoro llamó a movilizar al Congreso en favor de la Boleta Única 

El presidente de Republicanos Unidos de la CABA sostuvo que el proyecto no debería ser una cuestión partidaria sino “una conquista democrática que hay que exigir”.

El presidente de Republicanos Unidos de la CABA Yamil Santoro reflexionó sobre la media sanción que obtuvo el proyecto de Boleta Única en Diputados, y sostuvo que no debería ser una cuestión partidaria sino “una conquista democrática que hay que exigir”. 

Además, aseguró que se acercará al Congreso durante su tratamiento en la Cámara alta: “Personalmente voy a ir al Senado el día que se vote la boleta única papel. Espero que seamos millones los que nos movilicemos en todo el país. No es una cuestión partidaria, ni siquiera ideológica, es una conquista democrática que hay que exigir. Espero verlos a todos”. 

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente liberal invitó a “ir al Senado el día que se vote la boleta única papel. Espero que seamos millones los que nos movilicemos en todo el país. No es una cuestión partidaria, ni siquiera ideológica, es una conquista democrática que hay que exigir. Espero verlos a todos”. 

Asimismo, les pidió a los simpatizantes de todas las fuerzas que “ese día dejemos las diferencias de lado y hagamos fuerza para impulsar juntos un cambio de página en la historia de la Argentina. Tenemos la chance de vivir en un país mejor”. 

En este marco, invitó a priorizar el consenso político y a todas las fuerzas partidarias a movilizarse en búsqueda de que el Senado apruebe la nueva Ley: “Argentina tiene muchos problemas, es claro que hay visiones diferentes, pero con una mejor competencia democrática y debates francos estoy seguro de que vamos a poder salir adelante. Por eso les pido que hagamos una movilización histórica que evidencie que queremos otro país”. 

Yamil Santoro: “Las palabras de Patricia Bullrich me apenan profundamente”

Es por la crítica de la presidenta del Pro a la manera como votó Ricardo López Murphy sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El presidente del partido “Republicanos Unidos” en CABA, Yamil Santoro, cuestionó las críticas de la presidenta del Pro respecto del voto en contra al Acuerdo con el FMI por parte del diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos/Juntos por el Cambio).

En declaraciones radiales, Santoro observó que “las palabras de Patricia Bullrich me apenan profundamente. En Juntos por el Cambio necesitamos más gente haciendo lo que corresponde en lugar de lo que le conviene. En tal sentido, Ricardo es indispensable y deberían darle las gracias por ser como es”.

Patricia Bullrich expresó que la posición de López Murphy fue “individualista” y que “no respondió a la coalición”.“Algo que debe diferenciarnos del Frente de Todos es la integridad. Eso implica, entre otras cosas, ser fiel a las propias convicciones y actuar en consecuencia” amplió el abogado liberal.

Para finalizar, Santoro afirmó que “someter a los diputados del partido que uno preside en contra de sus convicciones lejos está de ser una virtud liberal. Por suerte Ricardo votó como pensamos la gran mayoría de los integrantes de Republicanos Unidos. Ojalá contagiemos de Libertad a otros liderazgos”.

El diputado nacional y exministro Ricardo López Murphy votó en contra de la aprobación del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario internacional. “El acuerdo kirchnerista es pésimo para el país y un impuestazo encubierto. Mi voto es negativo”, publicó en la red social twitter.

Integrantes de Republicanos Unidos presentes en Expoagro 2022

Con críticas a la política impositiva del Gobierno, Roberto García Moritán y Yamil Santoro participaron de la feria de la que participan más de 600 empresas vinculadas al sector.

Integrantes de Republicanos Unidos de la CABA y de la provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes en Expoagro 2022, el encuentro nacional del que forma parte la cadena de negocios e industria del agro argentino y de la Región.  

La feria, de la que participan unas 600 empresas vinculadas al sector, muestra en gran medida la capacidad que tiene el país de convertirse en una verdadera potencia productiva e industrial.  

Al respecto, el legislador porteño Roberto García Moritán afirmó: “Las cadenas agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan a nuestro país. Mientras tanto, en Argentina se desincentiva al que invierte. Este gobierno está aniquilando a los pequeños y medianos productores. Estamos matando a nuestra gallina de los huevos de oro”. 

Por su parte, el presidente de Republicanos Unidos CABA y director general del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad, Yamil Santoro, completó: “Cuando este gobierno se jacta de querer eliminar los monopolios, lo que generan con estos impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones y las restricciones cambiarias es que los pequeños y medianos productores vendan sus campos a las grandes empresas”. 

En la Expoagro también dijeron presente el economista y excandidato a diputado nacional por RU Gustavo “Lacha” Lázzari; el referente de Republicanos Unidos PBA Sebastián Pascual y cuadros de otros espacios liberales de la provincia de Buenos Aires. 

López Murphy mantiene bloque propio

Contradijo así a las autoridades de la bancada del Pro que habían dado al economista como integrado a ellos a quien mantendrá el unibloque Republicanos Unidos.

Ante la difusión de la información de la incorporación del diputado nacional Ricardo López Murphy al bloque Frente Pro, desde Republicanos Unidos salieron a aclarar que el economista continúa integrando el bloque “Republicanos Unidos”, dentro del interbloque de “Juntos Por el Cambio”.

“Nuestro partido participó de la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado de la misma, nos incorporamos a la lista de candidaturas del espacio, pero siempre con libertad de narrativa y opinión. Esto es respecto de los distintos partidos que componen el frente, y sosteniendo las críticas realizadas en su momento a la anterior gestión ya que consideramos importante evitar cometer los mismos errores”, expresó Republicanos Unidos a través de un comunicado.

Allí precisaron que consideran que “esta independencia continúa siendo necesaria para honrar el voto liberal de casi 200 mil electores que confiaron en Republicanos Unidos como una opción para devolver a nuestro país en una senda de crecimiento y desarrollo”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, que desmintió las informaciones circulantes y aclaró que tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados mantienen su bloque propio dentro del interbloque de Juntos por el Cambio.

Denuncian a Daniel Ortega, Santiago Cafiero y Daniel Capitanich

Es por el encubrimiento a Mohsen Rezai, por parte de Ortega; y por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “omisión de denuncia” para Cafiero y Capitanich. La realizan dirigentes del partido Republicanos Unidos.

Dirigente del partido Republicanos Unidos presentaron una denuncia contra el cuestionado presidente de Nicaragua Daniel Ortega por encubrimiento (art. 277 del Código Penal). Asimismo, se solicitó se investigue la posible comisión de delito (arts. 274 y 249 del Código Penal) por parte del canciller argentino Santiago Cafiero y el embajador argentino en el mencionado país, Daniel Capitanich. La misma se da en el marco del acto de reasunción de Daniel Ortega del que participó Mohsen Rezai, incluido en las alertas rojas de Interpol debido a la causa AMIA. 

La denuncia fue presentada por Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Martín Fazio, José Luis Patiño y Paulo Vitaver, dirigentes del partido Republicanos Unidos. Si bien la misma fue sorteada en el juzgado criminal y correccional nro. 2, a cargo del juez Ramos, se espera que sea derivada al juzgado nro. 6, subrogado por el Dr. Rafecas, que lleva adelante la causa AMIA. 

“Por principio de soberanía, en delitos cometidos en otro país que tienen efectos en Argentina corresponde que intervenga nuestra Justicia. Consideramos que el dictador Ortega encubrió a un acusado con pedido de captura. No solo no lo detuvieron, aunque sea provisoriamente, sino que lo recibieron con honores”, explicó Santoro. 

“En ese contexto, lo ocurrido con Santiago Cafiero como canciller y con Daniel Capitanich como embajador no sólo es una vergüenza, sino también consideramos puede llegar a ser delito.  No activaron mecanismo alguno para detención del iraní, ni para la sanción de las autoridades nicaragüenses por su evidente conducta de encubrimiento”, amplió José Magioncalda, del grupo de denunciantes. 

Republicanos Unidos ya participó de otras denuncias resonantes para la política argentina, como las generadas por los escándalos generados por el “Vacunatorio VIP” y el “OlivosGate”. 

Yamil Santoro trabajará en el GCBA

El presidente del partido “Republicanos Unidos” integrará se suma a el equipo de coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad.

El presidente del partido liberal “Republicanos Unidos” Yamil Santoro se incorpora al GCBA: asume en el equipo de coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico. Este es un órgano consultivo, previsto en la Constitución porteña, que reúne a más de un centenar de instituciones para discutir y generar políticas de estado.  

La incorporación de Santoro se da luego de conversaciones entre las partes y bajo la consigna de “trabajar en conjunto, pero con cada espacio político manteniendo su independencia”. Según explicó el propio Santoro: “Me incorporo en un rol de planificación estratégica y de control con la idea de potenciar el trabajo que se vino realizando”.

“Como liberales, tenemos muchas ideas que creemos que pueden mejorar la vida diaria de los porteños. Creemos que hay puntos que se pueden mejorar de la gestión porteña y las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol clave para identificar el mejor camino a seguir” afirmó el abogado. 

“En simultáneo seguiré trabajando en el desarrollo de Republicanos Unidos en todo el país junto a Ricardo López Murphy, quien nos representa en el Congreso Nacional; con Roberto García Moritán y Marina Kienast desde nuestro bloque en la Legislatura Porteña”, agregó. 

Santoro, que en la campaña fue referente de estrategia electoral de Republicanos Unidos y candidato a legislador porteño, finalizó: “En las últimas elecciones el 25% de los porteños votaron opciones liberales. Con distintos referentes y partidos, es cierto, pero es innegable que nuestras ideas han sido puestas en valor. Queremos honrar ese apoyo asumiendo mayores desafíos y trabajando en nuevos campos dónde defenderlas”. 

El Partido Demócrata de la Ciudad organizó un encuentro con vecinos junto a Ricardo López Murphy

Durante la reunión en el Círculo Italiano, el economista y precandidato a diputado nacional señalo que debe ponerle un “freno a las políticas económicas del kirchnerismo desde el Congreso”.

El partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires realizó un encuentro con vecinos en el Círculo Italiano junto al precandidato a diputado nacional Ricardo López Murphy y el candidato a Legislador Yamil Santoro

Los anfitriones Mónica Alonso, presidente del Partido Demócrata de Capital Federal y Bernarda Fait, directora del Ente de Servicios públicos de la ciudad, recibieron a los candidatos de Juntos por el Cambio. 

En el marco del apoyo expresado por los demócratas a Horacio Rodríguez Larreta, se organizaron una serie de encuentros con vecinos junto a los candidatos a legisladores y diputados nacionales que apoya el jefe de Gobierno. 

Ante los vecinos presentes, el López Murphy comentó las propuestas y proyectos a presentar en la Cámara de Diputados si es electo. Asimismo, tomo nota de las inquietudes y sugerencias de los presentes que se acercaron al Círculo italiano. 

Asimismo, el candidato a legislador porteño Yamil Santoro expresó sus ideas y la necesidad de reforzar la presencia de legisladores de Juntos por el Cambio para seguir transformando la ciudad. 

Quién estuvo encargado de cerrar el nutrido encuentro fue la joven dirigente partidaria Bernarda Fait, quien agradeció la presencia de ambos candidatos. 

El Gobierno de la Ciudad protegerá las piedras en Plaza de Mayo

Serán protegidas de manera provisoria por el Ministerio de Espacios Públicos, a la espera de la respuesta del Gobierno nacional a la situación. Así lo informó, cumpliendo el plazo judicial, la ministra del área al juez federal que trata la medida cautelar presentada por los dirigentes Waldo Wolff, Yamil Santoro, José Luis Patiño y Sandra Pitta.

La ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, informó este viernes al juzgado a cargo de la medida cautelar que pide proteger el “Memorial de las Piedras”, qué estarán realizando un cerramiento provisorio a fin de intensificar “las medidas de salvaguarda y protección”. Esta situación se decidió a la espera de que el gobierno nacional informe a la justicia qué medidas tomará, dados los sucesos agraviantes ocurridos el pasado 17 de octubre.

Vale recordar que los diputados nacionales Waldo Wolff y José Luis Patiño, la candidata a diputada nacional Sandra Pitta y el candidato a legislador por la Ciudad Yamil Santoro presentaron el 17 de agosto pasado una medida cautelar ante la justicia. Esta, patrocinada por el abogado Christian Cao quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4.

La cautelar solicita que las piedras puestas por todos los ciudadanos en conmemoración a sus víctimas "se conserven, garanticen y resguarden (…) hasta que sean repuestos en el Memorial". La medida tiene por finalidad garantizar el acceso libre a las piedras, en un espacio público con libre circulación y a fin de que todos aquellos que quieran hacerlo, puedan rendirle homenaje libremente a sus fallecidos.

Muzzio, en su presentación, detalla que su ministerio ya había realizado tareas para proteger las piedras. Entre estas menciona la colocación de un vallado perimetral móvil, la supervisión por parte del cuerpo de fiscalización del espacio público y tareas de limpieza e iluminación. La funcionaria observó que con los sucesos agraviantes  ocurridos en la plaza en la última marcha, estas se vieron “significativamente superadas”.

Juntos por el Cambio sacó el debate a las calles

“Debato lo que sea con quien sea” fue el eje convocante de la campaña con la que candidatos de la ciudad decidieron poner mesas en las calles para debatir con la gente.

Este miércoles y bajo la consigna “Debato lo que sea con quién sea”, los candidatos de Juntos por el Cambio conversaron en distintos puntos de la ciudad con los vecinos que se prestaron a hacerlo. Entre los referentes que debatieron con vecinos interesados estuvieron Ricardo López Murphy, Emmanuel Ferrario, Roberto García Moritán y Yamil Santoro. También se sumó a la jornada el diputado nacional Fernando Iglesias.

La movida política del frente tuvo distintas sedes en las plazas porteñas: la Sudamérica, Emilio Mitre, Plaza Almagro, San Martin o Lavalle fueron algunos de los puntos donde se congregaron los candidatos y recibieron a los vecinos para charlar de economía, educación y seguridad, entre otros temas. Si bien mayormente las charlas de política fueron amenas, con algunos vecinos hubo debate sobre ideas para mejorar, sobre todo, la situación económica.

El resto de los candidatos que se animaron a debatir en la calle con temática libre fueron Hernán Reyes, Inés Parry, Sol Méndez, Lucio Lapeña, Marina Kienast, Jessica Barreto y Darío Nieto.

Acusan a Tailhade de faltar al Congreso pero asistir al brindis en Olivos en diciembre pasado

El dirigente opositor Yamil Santoro disparó contra el diputado kirchnerista, a raíz del encuentro realizado en la residencia presidencial, y sobre el cual se volvió a poner el ojo tras el escándalo por el cumpleaños de la primera dama.

El precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio Yamil Santoro apuntó contra el diputado K Rodolfo Tailhade y lo acusó de "haber presentado un certificado médico para faltar al Congreso un día antes del asado de fin de año en la Quinta de Olivos", en referencia al brindis que protagonizó el presidente con legisladores del oficialismo y que por estos días volvió a ponerse en agenda, tras el escándalo por el cumpleaños de la primera dama.

"El día anterior al asado, Tailhade había presentado en la sesión de Diputados un escrito médico para justificar que estaba con problemas médicos y no podía asistir presencial. Se ve que ocurrió un milagro", lanzó el dirigente que integra la lista Republicanos Unidos, referenciada en el exministro de Economía Ricardo López Murphy.

En diálogo radio Rivadavia, Santoro recordó que denunció a los 60 legisladores del Frente de Todos que asistieron al festejo de fin de año en la residencia presidencial.

"Hicieron el asado en la Quinta de Olivos mientras a nosotros (el presidente Alberto Fernández) nos pedía que no nos juntáramos a despedir el año para no matar a nuestros familiares", se quejó.

E insistió: "Mientras nosotros no podíamos salir a trabajar, no podíamos despedir a nuestros muertos, no podíamos educar a nuestros hijos, en la Quinta de Olivos se vivía una realidad paralela por encima de la ley".

Además, el postulante de Juntos por el Cambio se refirió a la decisión judicial de desestimar la denuncia contra el jefe de Estado y el líder camionero, Hugo Moyano, por el asado que compartieron en Olivos en agosto de 2020, cuando regía el aislamiento.

"Las razones por las cuales se desestimó la denuncia son bastante flojas y poco creíbles. Aprovecharon mientras la jueza natural de la causa, que es (Sandra) Arroyo Salgado, no estaba pudiendo hacerse cargo, este juez subrogante, Mirabella, aprovechó rápidamente para exculpar al presidente y al clan Moyano por este incumplimiento de la cuarentena. Esa fue la primera denuncia vinculada al Olivos Gate", finalizó el dirigente opositor.

Presentan un amparo contra la falta de control de los DNU por parte del Congreso

El recurso fue presentado ante la Justicia por Yamil Santoro en nombre de la Fundación Apolo. Es por la parálisis de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Luego de que diputados y senadores de la oposición advirtieran sobre la cantidad de DNU que se firmaron en el marco de la pandemia y que todavía no tuvieron tratamiento en el Congreso, el tema pasó al plano judicial. La Fundación Apolo, presidida por el abogado José Magioncalda, presentó un amparo contra la inactividad del Congreso en la revisión de esos decretos.

Yamil Santoro, apoderado de la fundación y presidente del Partido Mejorar, solicitó la medida este martes frente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 6, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El amparo está dirigido a las autoridades de ambas Cámaras, Sergio Massa y Cristina Kirchner.

El amparo radica en “la omisión consistente en incumplir la obligación de convocar al tratamiento de oficio de Decretos de Necesidad y Urgencia dictados en el año en curso, luego de que se encontraran vencidos los plazos constitucionales para la elevación , a ambos cuerpos, de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de la Ley 26.122”.

Según el artículo 19 de dicha norma, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo “tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras”.

Vencido ese plazo sin que haya despacho, las Cámaras deben abocarse “al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.

Santoro sostuvo que “las particulares circunstancias que atraviesa Argentina en el contexto de la pandemia no deben funcionar como excusas para el atropello de las instituciones democráticas”, y agregó que “el Congreso debe hacer honor a la función de control de los demás poderes del Estado que supone el sistema republicano”.

La Fundación Apolo y el Partido Mejorar sostuvieron que “la omisión del Poder Legislativo importa una lesión de las instituciones de la república, de la división de poderes y de las garantías constitucionales de la ciudadanía argentina”.