El legislador de Republicanos Unidos (RU), a través de la Fundación Apolo, se presentó en la Justicia para dejar sin vigencia el decreto que habilita las custodias fuera del país, debido a su “altísimo costo de traslados y viáticos”.
El diputado de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para ponerle un freno a un decreto firmado por el ex presidente Alberto Fernández, mediante el cuál se habilitan las custodias en el exterior para los ex mandatarios.
El escrito fue presentado a través de la Fundación Apolo y también lleva la firma de José Magioncalda y Christian Cao, buscando así complementar la medida de amparo que la misma Fundación había presentado en diciembre pasado, donde pedían que el Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, "cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad".
El Decreto en cuestión data del 9 de diciembre del año pasado, cuando fue publicada la edición extraordinaria del Boletín Oficial N° 35.317 Año CXXXI como “decreto de autodefensa exmandataria internacional”. Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional.
Esta medida modifica el decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos debía ‘proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia’”.
De esta manera, el escrito recientemente presentado en la Justicia plantea que “el privilegio impugnado –la concesión de la custodia personal a perpetuidad y donde esté el exmandatario presente- importa un costo muy importante para el erario público. Esta asignación de dinero para la custodia de ‘exmandatario/s’ a perpetuidad en todo el planeta implica distraer fondos públicos para las funciones del Estado”.
Además, advirtieron que no se especifican los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el ex mandatario esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección. ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio. “En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.