El legislador del bloque Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán propuso al abogado José Magioncalda para integrar la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde la Fundación Apolo, donde el letrado se desempeña como director del equipo legal, apoyaron su postulación.

Al tomar conocimiento de su postulación, Magioncalda agradeció “al bloque de Juntos por el Cambio (JxC) y, en particular, a Roberto García Moritán, por la confianza depositada en mi para esta postulación que, sin lugar a dudas, es fruto del trabajo anticorrupción que hemos desarrollado con el gran equipo legal de la Fundación Apolo”.

En este contexto, es preciso mencionar que denuncias como el “Yate Gate”, el “Olivos Gate”, “Vacunatorio VIP” o el recordado caso de los varados en “Paso de Los Libres” durante la pandemia de Covid 19, que terminó con el regreso de más de 80 argentinos que estaban retenidos en la frontera, fueron algunas de las presentaciones más preponderantes realizadas por su equipo.

También hay varias denuncias por incumplimientos de funcionario público o abuso de poder al actual presidente; al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa; o a los senadores nacionales que permitieron que la jubilada Jueza Figueroa se quede en su cargo.

En tanto, una de sus últimas denuncias fue por corrupción e incumplimiento de las normas aéreas en Argentina, en la cual se incluyó “el uso indebido por parte de funcionarios públicos del oficialismo, de un avión adquirido por la fuerza aérea que claramente tenía otros propósitos”.

Cabe recordar que la Auditoría es un organismo de control creado por la Constitución de la Ciudad, e integrado por siete auditores que elige periódicamente la Legislatura porteña.

Luego de que diputados y senadores de la oposición advirtieran sobre la cantidad de DNU que se firmaron en el marco de la pandemia y que todavía no tuvieron tratamiento en el Congreso, el tema pasó al plano judicial. La Fundación Apolo, presidida por el abogado José Magioncalda, presentó un amparo contra la inactividad del Congreso en la revisión de esos decretos.

Yamil Santoro, apoderado de la fundación y presidente del Partido Mejorar, solicitó la medida este martes frente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 6, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El amparo está dirigido a las autoridades de ambas Cámaras, Sergio Massa y Cristina Kirchner.

El amparo radica en “la omisión consistente en incumplir la obligación de convocar al tratamiento de oficio de Decretos de Necesidad y Urgencia dictados en el año en curso, luego de que se encontraran vencidos los plazos constitucionales para la elevación , a ambos cuerpos, de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de la Ley 26.122”.

Según el artículo 19 de dicha norma, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo “tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras”.

Vencido ese plazo sin que haya despacho, las Cámaras deben abocarse “al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.

Santoro sostuvo que “las particulares circunstancias que atraviesa Argentina en el contexto de la pandemia no deben funcionar como excusas para el atropello de las instituciones democráticas”, y agregó que “el Congreso debe hacer honor a la función de control de los demás poderes del Estado que supone el sistema republicano”.

La Fundación Apolo y el Partido Mejorar sostuvieron que “la omisión del Poder Legislativo importa una lesión de las instituciones de la república, de la división de poderes y de las garantías constitucionales de la ciudadanía argentina”.