Los dichos del presidente Javier Milei en la entrevista concedida a La Nación+ el jueves pasado dieron mucha tela para cortar. Por ejemplo cuando se refirió a la situación en el Hospital Garrahan. Ya fueron polémicos sus dichos sobre los residentes, pero también cuando se refirió al financiamiento del nosocomio.

Dijo el presidente que “nosotros le incrementamos los recursos al Garrahan en un 240%, muy por encima de todos los que dimos a otros lugares. Por lo tanto, nosotros no decimos que no nos importa el Garrahan: lo manifestamos en hechos, poniendo plata. 240% aumentó la partida del Garrahan”.

Se hizo eco el ministro de Salud, Mario Lugones, quien posteó en la red social X: “Como dijo @JMilei, bajo nuestra gestión el Hospital Garrahan empezó a contar con los fondos suficientes para garantizar y ampliar su funcionamiento: el año pasado incrementamos su presupuesto en un 244% y este año aumentamos los ingresos de los residentes”.

Le salió al cruce el legislador porteño Hernán Reyes, quien le dijo: “Ministro, prefiero pensar que sos un hipócrita y no un ignorante total sobre el Garrahan y la salud pública”. Agregó que “el Garrahan no tiene los recursos necesarios desde hace años, incluyendo 2024. Si realmente valoraras su nivel, le darías el presupuesto que hoy le negás”.

El diputado de la Coalición Cívica reconoció que “es cierto que en 2024 hubo una leve mejora respecto a 2023. Pero en 2025 enviaste el mismo presupuesto sin avances reales. Y fue peor: le recortaron 23 mil millones de pesos”.

Aclaró Reyes que “el hospital necesita 192 mil millones solo para mantener su nivel de 2024. Le asignaste 169 mil”.

“El Garrahan atiende patologías complejas de niños de todo el país, presencialmente y con interconsultas. Es un hospital escuela único, con una carga y complejidad que justifican su gasto. Ese gasto se traduce en tratamientos únicos, formación de profesionales e innovación médica”, sostuvo el legislador de la CC, planteándole al funcionario que “si realmente defendieras la salud pública, sabrías lo que pasa con los sueldos. A los residentes los explotan y a los especialistas les destruyen los incentivos. Así perdemos capital humano todo el tiempo. Eso genera vacantes, demoras y frena la innovación”.

Para Reyes, “el esfuerzo no está en el ministerio. Está en los residentes, los especialistas que se quedan por vocación y los equipos que apuestan al país”. Y concluyó diciéndole a Lugones que “vos vas a pasar, pero podés elegir: ser parte del problema o de la solución. Hasta ahora, elegiste vaciar el Garrahan”.

En medio del fuerte reclamo que vienen desarrollando los residentes y trabajadores del Hospital Garrahan, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes cruzó con dureza al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, después de que este celebrara la primera cirugía fetal intrauterina realizada en ese centro médico.

Todo comenzó cuando el funcionario compartió en sus redes sociales un posteo en el que destacaba el trabajo realizado en el hospital pediátrico. “La primera cirugía fetal intrauterina realizada en el Hospital Garrahan es un hito de nuestra medicina pública. Este es el camino que valoramos, fortalecemos y premiamos: calidad médica, trabajo en equipo, excelencia y vocación. No es con asambleas ni agitación, es con mérito, formación y eficiencia”, manifestó.

Atento a esta situación, Reyes salió al cruce. “No seas caradura. Lo que hace el Garrahan es un orgullo pero lo hacen a pesar del vaciamiento que le estás haciendo. Hacete cargo”, sentenció.

Después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes celebró la decisión judicial y aseguró que “empezamos a salir del estado de impunidad”.

A través de sus redes sociales, el lilito compartió una profunda reflexión al respecto. “La Argentina convive hace tiempo con la impunidad, una experiencia que normaliza la corrupción y debilita nuestra confianza. Esa resignación está empezando a cambiar porque hubo quienes lucharon para cambiar la historia” y consideró que es “una sentencia judicial que alcanza al poder no es solo un acto legal, es un quiebre en esa cultura de cinismo y una oportunidad para reafirmar que la ley debe ser igual para todos”.

Asimismo, señaló que “este momento no debe ser interpretado como una revancha, sino como la recuperación de un piso de decencia necesario para construir. La justicia, más que un fin en sí mismo, es la condición que nos permite restablecer la convivencia. Se trata de superar la idea de que la política es un espacio de privilegios para transformarla en una responsabilidad con los otros. El fin de la impunidad nos saca del abandono y nos devuelve la posibilidad de exigir”.

“Cuando lo inaceptable se vuelve tolerable, la sociedad se rompe. Se rompen los valores, todo vale y no hay forma de construir un futuro. Poner las cosas en orden implica asumir el vértigo de vivir en un país de reglas y de igualdad ante la ley. La justicia se expresó, 15 jueces fallaron y la condena fue contundente”, añadió Reyes.

A la vez que aseguró que “se probó cómo armaron un sistema opaco desde Vialidad Nacional para asignar recursos adicionales por DNU a obras que eran siempre ganadas por Lázaro Báez, un amigo del matrimonio Kirchner. Esa situación fue probada de punta a punta, y Cristina Kirchner firmó con puño y letra los DNU para ampliar recursos del presupuesto para saltear al Congreso, para involucrar a Vialidad Nacional en el fideicomiso con el que se financiaban las obras, y pronto tendremos sentencia por la incorporación de ese dinero al ‘blanco’ a través de los hoteles en los que eran socios de Báez”.

“Cuando dicen que no hay pruebas es porque elijen vivir en un país donde este tipo de delitos no puedan ser juzgados. Son tramas complejas que necesitan de gente valiente y persistente como Elisa Carrió y toda la CC ARI que insistan, insistan e insistan, para mantener las pruebas, para mantener las causas abiertas y para asegurarse de que el expediente se mueva un paso a la vez”, siguió y concluyó señalando que “17 años nos tomó, pero ayer empezamos a salir del estado de impunidad y vivir la experiencia de justicia”.

Tras el fuerte reclamo salarial que llevaron a cabo los residentes del Hospital Garrahan, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, cruzó con dureza al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y lo acusó de aumentar los salarios “por la presión social”.

El cruce entre ambos se dio después de que el funcionario nacional posteara en sus redes sociales un extenso descargo acerca de la situación de ese hospital pediátrico. “El mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X-ex Twitter-.

“Como resultado del ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia que comenzó a regir esta madrugada, se otorgará un aumento a los médicos residentes del Hospital Garrahan, elevando sus ingresos a aproximadamente $1.300.000 a partir del 1 de julio”, continuó Lugones y agregó que “este incremento forma parte de una nueva etapa orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales”.

A la vez que concluyó señalando que “resulta relevante mencionar que, a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”.

Atento a los dichos del funcionario, Reyes salió al cruce. “Hablás de mérito, orden y eficiencia pero solamente aumentan los salarios de los residentes por la presión social. No te interesa cuidar a las personas, no te interesa defender el mérito de los excelentes profesionales del Garrahan, no te importa mantener en orden la atención de los chicos y, menos aún, te importa la eficiencia”, le espetó.

“Si creyeras en la eficiencia, estarías desviviéndote por atender a más chicos y reducir más la mortalidad infantil. Pero no. De eso se hacen cargo los médicos y residentes del Garrahan, a esos a los que no le querías aumentar el salario hasta ayer. Ministro, menos hipocresía y más empatía. Menos abandono y más gestión”, completó el legislador porteño.

Lejos de solucionarse el conflicto con los trabajadores del Hospital Garrahan continúa, pues la junta interna del nosocomio advirtió que el aumento concedido por el Gobierno excluye a más del 90% del personal del centro de salud.

El comunicado a través del cual se dio a conocer la decisión del Gobierno resalta que se están eliminando “los desvíos que drenaban fondos que debían estar destinados a médicos, residentes, equipamiento y más camas”.

Al respecto, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo este domingo que “el mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada”.

“Como resultado del ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia que comenzó a regir esta madrugada, se otorgará un aumento a los médicos residentes del Hospital Garrahan, elevando sus ingresos a aproximadamente $1.300.000 a partir del 1° de julio”, señaló el funcionario, que habló de una nueva etapa “orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales”. Y destacó que “a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”.

“Hablás de mérito, orden y eficiencia, pero solamente aumentan los salarios de los residentes por la presión social”, le respondió el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes. Y le señaló al ministro: “No te interesa cuidar a las personas, no te interesa defender el mérito de los excelentes profesionales del Garrahan, no te importa mantener en orden la atención de los chicos y, menos aún, te importa la eficiencia”.

Reyes le dijo además al ministro: “Si creyeras en la eficiencia, estarías desviviéndote por atender a más chicos y reducir más la mortalidad infantil. Pero no. De eso se hacen cargo los médicos y residentes del Garrahan, a esos a los que no le querías aumentar el salario hasta ayer”.

“Ministro, menos hipocresía y más empatía. Menos abandono y más gestión”, cerró el legislador de la CC.

Luego de que se conociera que la Argentina comenzó el proceso para su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes y la de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas mantuvieron un tenso cruce en las redes sociales, en el que explicaron sus posturas respecto de la decisión del presidente Javier Milei.

El tenso intercambio se dio después de que Reyes compartiera en su cuenta de X -ex Twitter- una extensa reflexión al respecto. “La agenda cultural daña. Milei y Mario Lugones insisten con retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una decisión sin precedentes, que nos afectará a todos”, comenzó diciendo y precisó que “esta medida se enmarca en una agenda de confrontación con organismos multilaterales, similar a la impulsada por Donald Trump en EE.UU. Pero en Argentina se necesita la aprobación del Congreso”.

Además, remarcó que “la Constitución establece que los tratados internacionales como la pertenencia a la OMS deben ser ratificados o rechazados por el Congreso. No tienen los votos y parece que tratarán de hacerlo contra la voluntad legislativa”.

“¿Por qué se va Argentina de la OMS? El Gobierno sostiene que: la OMS ‘fracasó’ durante la pandemia; es un organismo ‘ineficiente y politizado’; y atenta contra la ‘soberanía’ nacional. Argumentos ideológicos sin sustento técnico”, insistió el lilito y subrayó que “se asegura que la salida ‘no afectará el funcionamiento del Ministerio de Salud’, ni encarecerá insumos o vacunas. Sin embargo, todos los expertos advierten sobre el riesgo de aislamiento internacional y debilitamiento de las capacidades epidemiológicas como consecuencia de ello. Un ejemplo claro: el Instituto Malbrán y la ANMAT comparten información estratégica con la OMS. Romper esos vínculos podría debilitar la vigilancia sanitaria y el acceso a alertas globales”.

Sobre esa misma línea, el diputado afirmó que “el Gobierno insiste en que la salida de la OMS no implica abandonar la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, ambos organismos están interrelacionados. No se puede cortar con uno sin cortar con el otro” y concluyó manifestando que “a pesar de su impacto mediático, esta decisión busca más un gesto simbólico que una política seria. Pero los gestos también generan consecuencias. La salida de la OMS es una decisión ideológica, con consecuencias negativas para los argentinos”.

Atenta a esta situación, Fleitas salió a responderle. “Tranquilo, que nadie te va a prohibir seguir obedeciendo a la OMS desde tu casa. Lo que no vas a poder hacer es forzar a todo un país a seguir las órdenes de un organismo que fracasó y promueve tu agenda ideológica como si fuera ciencia”, aseveró y consideró que “Argentina no tiene por qué obedecer lineamientos de un organismo ineficiente, politizado y sin rendición de cuentas”.

“No, no es ‘aislarnos del mundo’. Es recuperar soberanía y dejar de financiar burócratas que aplaudieron dictaduras, erraron todo en la pandemia y callaron ante atrocidades por conveniencia política”, concluyó la libertaria.

Después de que el Senado rechazara la ley de Ficha Limpia, el legislador de la Coalición Cívica y miembro del bloque Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes explicó los motivos por los cuales fracasó la aprobación de ese mismo proyecto en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través de un extenso comunicado que compartió en sus redes sociales, el lilito aseveró que "en la Ciudad dimos la pelea, en el Congreso la enterraron" y remarcó que "como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, puse en tratamiento tres veces la ley de Ficha Limpia y dimos la pelea para que se sancione".

"No especulamos: peleamos cada instancia. Muchos libertarios intentan justificar la vergonzosa caída de Ficha Limpia en el Congreso Nacional comparándola con lo que ocurrió en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esa comparación es, al mismo tiempo, injusta y falsa", insistió.

Al mismo tiempo que aclaró que "la diferencia fundamental es matemática y política: en la Legislatura somos 60 diputados y se necesitan 40 votos afirmativos para aprobar una ley", por lo que subrayó que "desde el inicio sabíamos que el kirchnerismo y la izquierda sumaban 21 votos en contra. Siempre lo supimos. Aun así decidimos avanzar, porque estábamos dando la pelea en todas las provincias junto al movimiento ciudadano Ficha Limpia".

En ese sentido, Reyes argumentó que "no queríamos esconder el conflicto: queríamos que se vea quiénes están en contra de que los condenados por corrupción queden afuera de las listas".

"Quiero dejarlo bien claro: nunca, nadie, de los que en privado dieron su compromiso con Ficha Limpia, se dio vuelta. Llevamos el proyecto al recinto para que la ciudadanía supiera con claridad quién está de cada lado", continuó.

Por lo que concluyó señalando que "la Legislatura porteña es unicameral, jugar a favor de la ley es intentarlo siempre hasta lograrlo. Pero en el Congreso Nacional, en especial en el Senado, jugaron a perder. Mataron la ley. Nosotros mostramos. Ellos escondieron. Esa es toda la diferencia".

En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa la Argentina, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes expresó en sus redes sociales su preocupación por la intención del Gobierno Nacional, a cargo de Javier Milei, de avanzar con la creación de una agencia que podría impedir la compra de medicamentos para enfermedades raras.

De esta manera, a través de su cuenta de X -ex Twitter-, el lilito planteó: “estoy preocupado. El Gobierno Nacional está pensando en hacer una agencia que pueda impedir la comercialización en Argentina de medicamentos para enfermedades raras”.

Al mismo tiempo que indicó que “lo quieren presentar como una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, pero se tiene que traducir de esa forma: un límite para medicamentos especiales y sí, más costosos, para personas que necesitan de ese tipo de tratamientos”.

“PAMI, las obras sociales y las prepagas tienen un problema con este tipo de medicamentos que suelen otorgarse por amparos en la justicia. Es cierto que existen los abusos, pero también es cierto que son la única opción terapéutica para algunas personas”, añadió Reyes.

Además, explicó que “este tipo de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias miden el costo-beneficio de los tratamientos. Eso está bien, pero que el resultado sea aceptar o rechazar el medicamento no procede”.

“Cuando hablamos de enfermos, debemos pensar en términos médicos. Una evaluación de este tipo tiene que ser en función de los resultados médicos y no para beneficiar al cártel local de medicamentos o para impedir opciones terapéuticas seguras y eficaces”, sentenció el legislador porteño.

Después de que se conocieran los nombramientos por decreto, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica en la Legislatura, Hernán Reyes, cuestionó con dureza la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema y apuntó contra el presidente Javier Milei por esta decisión.

A través de sus redes sociales, el lilito compartió un extenso descargo en el que explicó que “la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio” y aseguró que “no es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país”.

“En un acto antirepublicano e inconstitucional, Milei designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Uno de ellos es el juez Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera”, siguió y precisó que “nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado como Lijo. El presidente pone este candidato como consecuencia de un acuerdo inconfesable. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta”.

Además, afirmó que “los fundamentos utilizados son falsos. Veamos uno por uno. Lijo no resultó seleccionado por un proceso transparente o un concurso público, sino por acuerdos políticos y opacos. El Senado no tiene ninguna obligación de mantener ningún acuerdo corporativo, sino que debe velar por los intereses de los argentinos y de la Corte”.

Sobre esa misma línea, Reyes manifestó que “la Corte Suprema jamás se encontró impedida de resolver. Los tres miembros de la Corte se encuentran plenamente operativos y, si fuera necesario, se pueden convocar a conjueces ya designados para resolver un caso controvertido. No había ninguna interrupción en el normal funcionamiento de la Corte, por lo que la designación en comisión es innecesaria” e indicó que “la figura de la designación en comisión fue pensada para órganos donde se necesita cubrir las vacantes. Es el caso de los embajadores y miembros del servicio del exterior o directorios como el Banco Central”.

Asimismo, el diputado señaló que “la Constitución Nacional prevé un proceso político de análisis de los candidatos en el Senado de la Nación. Los miembros son propuestos por el presidente, sin concurso y por criterio político. Con el mismo criterio político el Senado puede aceptar, rechazar o no tratar esas propuestas”.

“La situación de Lijo es diferente a cualquier juez que se haya discutido en la historia de Argentina. Es un juez denunciado en más de 32 denuncias ante el órgano que analiza los incumplimientos éticos de los jueces de la Nación. No se trata de una cuestión ideológica, sino de una falta total de ética e idoneidad para el cargo”, remarcó y concluyó aseverando que “este asunto debe ser revertido por el Senado de la Nación. El pliego debe ser rechazado y el presidente debe enviar otros candidatos”.

La designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio. No es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país.

En un acto antirepublicano e inconstitucional, Milei designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Uno de ellos es el juez Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera.

Nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado como Lijo. El presidente pone este candidato como consecuencia de un acuerdo inconfesable. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta.

Los fundamentos utilizados son falsos. Veamos uno por uno. Lijo no resultó seleccionado por un proceso transparente o un concurso público, sino por acuerdos políticos y opacos. El Senado no tiene ninguna obligación de mantener ningún acuerdo corporativo, sino que debe velar por los intereses de los argentinos y de la Corte.

La Corte Suprema jamás se encontró impedida de resolver. Los tres miembros de la Corte se encuentran plenamente operativos y, si fuera necesario, se pueden convocar a conjueces ya designados para resolver un caso controvertido. No había ninguna interrupción en el normal funcionamiento de la Corte, por lo que la designación en comisión es innecesaria.

La figura de la designación en comisión fue pensada para órganos donde se necesita cubrir las vacantes. Es el caso de los embajadores y miembros del servicio del exterior o directorios como el Banco Central.

La Constitución Nacional prevé un proceso político de análisis de los candidatos en el Senado de la Nación. Los miembros son propuestos por el Presidente, sin concurso y por criterio político. Con el mismo criterio político el Senado puede aceptar, rechazar o no tratar esas propuestas.

La situación de Lijo es diferente a cualquier juez que se haya discutido en la historia de Argentina. Es un juez denunciado en más de 32 denuncias ante el órgano que analiza los incumplimientos éticos de los jueces de la Nación. No se trata de una cuestión ideológica, sino de una falta total de ética e idoneidad para el cargo.

Este asunto debe ser revertido por el Senado de la Nación. El pliego debe ser rechazado y el Presidente debe enviar otros candidatos.

Luego del episodio en el que se enfrascó el presidente de la Nación promocionando un token de criptomonedas, el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes recordó el destino que tuvo un pedido suyo ante la OA.

“Hace seis meses, la Oficina Anticorrupción se negó a exigirle a Milei que declare sus conflictos de interés. Nos dijeron que ‘podría haber conflictos’, pero que ‘Milei debía tener cuidado’. ¿Qué clase de respuesta es esa?”, se preguntó el legislador porteño.

Y a propósito de lo sucedido este viernes, Reyes dijo que “lo que acaba de pasar con la estafa de la criptomoneda Libra demuestra que Milei está muy lejos de tener cuidado. Hace negocios mientras gobierna, favoreciendo sectores con los que estuvo vinculado, y la OA, en lugar de investigar, mira para otro lado”.

Para Reyes, “es una VERGÜENZA que los argentinos no sepamos de qué vivió el presidente durante todo el período en que decía que donaba su sueldo. ¿De dónde salía la plata? ¿Quién lo financió? ¿A qué intereses responde?”.

Y concluyó: “Si no tiene nada que esconder, que lo demuestre. Pero ya sabemos por qué se niega: porque no puede”.

Hace seis meses, la Oficina Anticorrupción se negó a exigirle a Milei que declare sus conflictos de interés. Nos dijeron que “podría haber conflictos”, pero que “Milei debía tener cuidado”. ¿Qué clase de respuesta es esa?

Lo que acaba de pasar con la estafa de la criptomoneda… pic.twitter.com/z55buafJ8C

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) February 15, 2025

Denunciada por la Coalición Cívica por el pago de medicamentos oncológicos durante su gestión con fuertes sobreprecios, la extitular del PAMI, Luana Volnovich atribuyó la denuncia a “una operación de un legislador de Juntos por el Cambio sobre las compras de medicamentos”, en referencia al diputado porteño de la CC Hernán Reyes.

A continuación, la diputada nacional de Unión por la Patria calificó de “completa estupidez” la denuncia y dio sus explicaciones. “Mientras, el Gobierno del legislador que ahora denuncia, dejó a los jubilados sin medicamentos, acumuló miles de millones en deudas con laboratorios oncológicos, condonó deudas a quienes no cumplían y un sistema de cápitas diseñado para beneficiar a cinco vivos”.

“Que no vengan con operaciones berretas. Y Maia, no prestes tu firma a estas porquerías, te desprestigias”, dijo Volnovich en referencia a Maia Jastreblansky, autora de la nota publicada en el diario La Nación. Sostuvo Volnovich que “si un profesional en su consultorio o en una clínica emite una ‘receta trucha’ constituye un delito privado CONTRA la administración pública, NO DE la administración pública. Claro que a la administración le corresponde el control. Por eso salimos de la receta de papel e implementamos la receta electrónica junto a un sistema de auditoría de 17 indicadores para controlar farmacias, médicos y recetas”.

“A eso le agregamos un sistema de control para los afiliados: cada vez que se realizaba una compra en una farmacia se emitía un SMS con el monto total para que los afiliados controlen sus consumos”, agregó la diputada, que puntualizó que “este andamiaje nos permitió detectar fraudes y cada fraude detectado derivo en auditorias y denuncias. Aquí les dejo algunas a modo ejemplo”.

Según Volnovich, “los ataques no cesan e insisten con mentiras. Ya no tengo dudas de lo que hay detrás de estas maniobras: saben que se van a quedar sin plata, saben que van a recortar el acceso a medicamentos y prestaciones y están lanzando una cortina de humo para justificar lo que se viene”.

La extitular del PAMI dijo que “la devaluación del 118% disparó todos los precios de la salud. PAMI paga todo más caro. A la vez, la recaudación se desplomó junto a los sueldos y jubilaciones. A PAMI le ingresa menos plata. ¿La solución? Pasar la motosierra por los medicamentos y las prestaciones. ¿Y por qué ahora? Porque en 15 días vence el convenio de medicamentos y se viene el recorte. Te van a decir que fue por culpa de una receta trucha, de las campañas de prevención, por culpa de Volnovich, como dijeron hoy”.

“Y la única verdad es que dejamos casi $300 mil millones ahorrados. A los afiliados cubiertos con medicamentos gratis y libertad de elegir. Acá la información bancaria”, aseguró Volnovich. Y continuó: “Ya sé que en los próximos días van a seguir con los cuentos y las denuncias truchas. Pero lo importante es cuidar que no le saquen a los jubilados nada de lo que les da PAMI. Y la única verdad es que dejamos casi $300 mil millones ahorrados. A los afiliados cubiertos con medicamentos gratis y libertad de elegir”, señaló, publicando la información bancaria correspondiente.

Si un profesional en su consultorio o en una clínica emite una “receta trucha” constituye un delito privado CONTRA la administración pública, NO DE la administración pública. Claro que a la administración le corresponde el control.

— Luana Volnovich (@luanavolnovich) March 19, 2024

La respuesta de Reyes

“Luana, te recomiendo antes de defender a los laboratorios que leas la denuncia. El planteo, lejos de ser una operación, pone el énfasis en el modelo ineficiente del Convenio Marco y la práctica cartelizada de los laboratorios”, replicó el legislador porteño Hernán Reyes.

Para el diputado porteño, “esta es una oportunidad para hablar con la verdad de lo que pasa con la obra social del PAMI. Nosotros buscamos los precios finales pagados por cada mecanismo y sacamos una serie de casos testigos que dan cuenta de una diferencia que no puede ocultarse. En promedio 14 veces por exactamente el mismo producto y sin factor inflación”.

Según Reyes, “el PAMI compró 1.178.974 unidades de medicamentos oncológicos y de tratamientos especiales por Convenio Marco, y 986.116 unidades del mismo tipo por licitación pública en 2023”.

“En la presentación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia vas a encontrarte con un despligue completo. Mucho de esto podría haber empezado antes de que vos o yo naciéramos, pero nos tenemos que hacer cargo del presente”, remarcó el legislador, que concluyó: “Todo lo que se ha asfixiado al PAMI, vuelve en reducción de prestaciones, bajas remuneraciones y menores coberturas a los afiliados. Por esas 5 millones de personas es que es indispensable que hablemos con la verdad”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a Hernán Reyes, presentaron una denuncia penal que está tramitando en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, por el robo que varios laboratorios hicieron al PAMI durante 2023.

“Hemos podido acreditar un millón de dólares de desfalco en tan solamente 8 medicamentos oncológicos que tomamos de muestra en operaciones de 5 laboratorios donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más”, detalló a modo de ejemplo el legislador porteño.

Según Reyes, “esto es la punta del iceberg. Por ese motivo nos presentamos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar el cartel de los laboratorios”.

La investigación de los dirigentes de la CC demandó un año entero y allí figuran denunciados la agencia de colaboración empresaria Agrupación para la Administración de Contratos de Oncologiá y Tratamientos Especiales; el Laboratorio Elea Phoenix SA; GPPharm SA; el Laboratorio Kemex SA; Biosidus SAU, y Laboratorios Raffo SA, por el presunto delito de defraudación contra la administración pública.

La denuncia va también contra la exdirectora del PAMI y actual diputada nacional Luana Volnovich por la misma calificación legal, más la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público establecido en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

A partir de una serie de pedidos de acceso a la información pública, los denunciantes obtuvieron los precios abonados por el PAMI, respecto de 8 diferentes medicamentos compuestos por los principios activos anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida, y erlotinib, destinados al tratamiento de padecimientos oncológicos. Del contraste de los dos mecanismos de adquisición empleados por el PAMI durante 2023 para los referidos medicamentos, emergen diferencias de precio que no son acordes con justificaciones de mercado y/o de métodos de pago. Siendo que el proceso de compra de los medicamentos supone una cierta dificultad técnica, la denuncia detalla que el PAMI adquiere medicamentos por medio de dos procedimientos diferenciados: el Convenio Marco y las Licitaciones Públicas. Históricamente existió lo que se conoció como el Convenio PAMI-Industria, un sistema destinado a garantizar el acceso a medicamentos a los afiliados del PAMI a precios acordados y con una financiación conjunta entre las partes involucradas. En dicho convenio participa la industria farmacéutica representada por cámaras sectoriales como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), Cooperala (Cooperativa de Laboratorios Argentinos), y CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales). Por su lado, PAMI actúa como el organismo pagador y negociador en representación de sus afiliados, y las farmacias son los puntos de distribución, bajo condiciones de venta reguladas por el convenio.

Durante el 2023, se adquirieron 211.966.441 unidades de medicamentos del tipo ambulatorio por un total de $421.608.229.276,73 a través del sistema del Convenio Marco, conforme la información proporcionada por el PAMI la respuesta al pedido de acceso a la información pública. Asimismo, se adquirió 1.178.974 unidades de medicamento o de tratamiento de los considerados “especiales” siendo estos proporcionados en unidades hospitalarias u otros modos no ambulatorios. Respecto de este último se gastó en total $112.079.605.049,21. En lo que respecta a las licitaciones públicas gestadas durante el 2022 pero por medicamentos requeridos o pagados en 2023, Carrió y Reyes encontraron que se adquirieron un total de 986.116 medicamentos por $12.274.411.280,03. Del análisis de los medicamentos adquiridos por las licitaciones públicas LP 44/2022 y LP 79/2022, se puede llegar a la conclusión que se han centrado en medicamentos para patologías raras, crónicos como VIH y oncológicos.

Señalan los denunciantes que “si la lógica economicista indicaba que los medicamentos adquiridos por Convenio Marco obtendrían precios más bajos dada la negociación directa con las cámaras, lo que no podría obtenerse con licitaciones públicas frente a principios activos que no tienen más de dos o tres laboratorios oferentes, pues los resultados de las adquisiciones de 2023 dan cuenta de exactamente lo contrario”.

La denuncia señala a continuación que “se observa consistentemente que el laboratorio GP PHARM ha logrado colocar 1098 unidades de anastrozol de 1 mg. en 28 comprimidos durante el 4to trimestre de 2023, por un total de 13.192,01$ la unidad. Mientras que el mismo producto, por el mismo oferente y en el mismo trimestre, fue adquirido a $924 la unidad por un total de 358 unidades gracias a la Licitación LP n° 44/22. Las diferencias no suceden exclusivamente con el anastrozol sino también con el ciclofosfamida de 1000 mg que en el 3er trimestre de 2023 PAMI adquirió 869 unidades por $5.312,19, mientras que se adquirieron 4.231 unidades por $1.200 cada una en el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos con la Licitación LP n°79/22. GP PHARM también logró diferencias llamativas para la adquisición de letrozol 2,5 mg en comprimidos de 30, también en el 4to trimestre de 2023, adquiriendo por convenio marco unos 2.632 unidades a $16.923,02 cada una”.

El mismo producto, fue adquirido en el 4to trimestre por un total 288 unidades al precio de $1.080. Lo más curioso de este caso es que en el 2do trimestre de ese mismo año se adquirieron 17.522 unidades por ese mismo precio, y 3er trimestre unas 4.179 unidades, todo a través de la Licitación LP N° 44/22. Esto significa que la administración decidió pagar 16 veces el precio para adquirir las unidades a través del convenio marco con posterioridad a haber obtenido el mismo medicamento a un precio mucho menor en la licitación.

En el caso del docetaxel de 20 mg se adquirieron 59 unidades a $19.012,86 cada una en el 4to trimestre de 2023, mientras el mismo se obtenía a $1.213 por la Licitación LP N° 44/22.

Mayor aún la diferencia respecto del docetaxel pero de 80 mg donde en el mismo 4to trimestre se obtuvieron 305 unidades a $77.958,59 y tan solamente 17 unidades por la LP por $1.950.

“Estas diferencias no las encontramos exclusivamente con GP PHARM, sino también con los productos de otros laboratorios -detalla la denuncia-. En el caso del laboratorio ELEA podemos ver cómo vendió 589 unidades de bevacizumab 100 mg en el 4to trimestre de 2023 por $91.121,33 cada una a través del convenio marco, y por Licitación Pública LP N° 44/22, 379 unidades de ese mismo medicamento las vendió a $17.000 cada una. En la dosificación de 400 mg se adquirieron 554 unidades por convenio marco al precio de $330.061,28, mientras que por la LP, ELEA vendió 468 unidades de ese mismo medicamento a $68.000. ELEA también comercializó enzalutamida de 40 mg en 120 cápsulas que una unidad obtenida por convenio marco se vendió a $376.591,11 mientras que las 534 unidades obtenidas por la Licitación LP n°79/22, se obtuvieron a $176.861,56, prácticamente a la mitad de precio. En ese rubro compite con laboratorio RAFFO que vende ese mismo principio activo con 120 cápsulas blandas por $375.646,95 por convenio marco las 204 unidades a $183.500 por unidad en la LP, replicando las diferencia de ELEA.

En la Ciudad está pendiente el tratamiento del proyecto conocido como ficha limpia, que busca establecer las condiciones para favorecer el funcionamiento y la transparencia institucional en el ámbito electoral. El proyecto establece que “los/as precandidatos/as que participen en las elecciones primarias pueden hacerlo en una sola agrupación política y para una sola categoría de cargos electivos. Los/las precandidatos/as que hayan participado en las elecciones primarias por una agrupación política, no pueden intervenir como candidatos/as de otra agrupación política en la elección general”.

También indica que no pueden ser candidatos ni candidatas a cargos electivos en la Ciudad, desde la Jefatura de Gobierno hasta las juntas comunales, quienes hayan recibido condena por delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública ni delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el Código Penal.

Al respecto se expresó el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes, quien le apuntó directamente a La Libertad Avanza. “En el Congreso ya lo vimos: el Gobierno y el kirchnerismo se unieron para frenar ficha limpia. Es un pacto que traiciona lo que la sociedad viene reclamando hace años: basta de corrupción”, señaló.

“Y ahora llega el turno de la Ciudad. Este jueves, en la Legislatura, La Libertad Avanza va a tener que definirse. ¿Van a repetir el mismo acuerdo que hicieron en Nación? ¿O esta vez van a apoyar una ley que pone un freno a los corruptos?”, se preguntó Reyes.

A través de las redes sociales, el diputado de la Coalición Cívica recordó que “todo el tiempo hablamos de déficit fiscal pero nadie se anima a hablar del déficit moral que arrastra la Argentina. ¿De qué sirve pedirnos sacrificios si siguen permitiendo que los corruptos se reciclen una y otra vez?”

“Ficha Limpia es simple. Si fuiste condenado por corrupción, no podés ser candidato. Punto. No hay lugar para excusas ni pactos. Es una línea que define de qué lado estás: ¿del cambio o de la impunidad?”, enfatizó Reyes, que concluyó señalando: “Este jueves, los votos van a mostrar quiénes están comprometidos con el futuro y quiénes están cómodos con lo viejo”.

Tras la exposición del jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Néstor Grindetti, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI), Hernán Reyes, destacó el trabajo que el distrito capitalino está realizando para terminar con la ciberludopatía y pidió a la Legislatura avanzar con una ley en ese sentido.

En diálogo con parlamentario.com, el legislador explicó que “la visita del jefe de Gabinete es una oportunidad para reafirmar nuestras prioridades de Gobierno” e indicó que “parte del ajuste de la Nación se hace sobre las espaldas de la Ciudad de Buenos Aires. Corresponde a esta Ciudad que se pague la coparticipación que le corresponde en forma diaria como se hace con todas las provincias”.
“Vamos a seguir yendo a fondo con defender la autonomía de la Ciudad y su coparticipación para poder dar mejores servicios a los porteños”, continuó el oficialista.

En tanto, sobre el juego, Reyes planteó que “lo mismo sucede con la ciberludopatía. Es una prioridad del Gobierno dar soluciones a los jóvenes y las familias atravesadas por el juego problemático. Estamos muy pendientes de enfrentar la difusión del juego clandestino”.

“Desde la Legislatura tenemos la obligación de sancionar una ley potente tenga más y mejores herramientas para combatir la cultura del juego”, sentenció.

Después de se cayera la sesión en la que se debatiría el proyecto de Ficha Limpia, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes aseguró que es necesario avanzar con esa iniciativa y aseguró que “no solo es necesaria, es una obligación moral para una democracia que quiera recuperar su credibilidad”.

A través de sus redes sociales, el lilito aseguró que hay “tres razones para decir sí a la Ley de Ficha Limpia. Es una medida jurídicamente sólida” e indicó que “es importante aclarar que esta ley no viola el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque no regula materia penal ni establece culpabilidad alguna. Lo que hace es establecer criterios de elegibilidad para los candidatos, algo que ya existe en nuestro sistema electoral. Por ejemplo, aquellos procesados por delitos de lesa humanidad no pueden ser candidatos. Esto no contradice sus derechos fundamentales; simplemente asegura que quienes aspiran a ocupar cargos públicos cumplan con estándares éticos y legales mínimos”.

Además, consideró que es “un imperativo político. La política no puede seguir siendo refugio de los corruptos. Actualmente, las denuncias por corrupción tardan entre 14 y 15 años en resolverse, mientras los condenados pueden seguir ocupando cargos públicos o utilizándolos para garantizar su impunidad”.

“La sociedad exige un cambio, y la Ley de Ficha Limpia responde a esa demanda, estableciendo un límite claro: quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delito contra la administración pública, no podrán ser candidatos”, continuó Reyes.

Al mismo tiempo que señaló que es “una exigencia moral. La corrupción no es un problema abstracto; tiene consecuencias directas en la vida de las personas. Son las rutas que faltan, es la tragedia de once. Permitir que quienes han sido condenados por delitos graves aspiren a cargos de representación es un insulto para todo un país. La Ley de Ficha Limpia no solo es necesaria, es una obligación moral para una democracia que quiera recuperar su credibilidad”.

“Nuestro país ya avanzó en establecer limitaciones a la elegibilidad de candidatos en contextos específicos como los delitos de lesa humanidad. Nos atravesó esa historia, debemos dar otro paso histórico y aplicar la misma lógica contra la corrupción. No podemos ser cómplices de una matriz corrupta y de una justicia lenta y en muchas veces cómplice”, completó Reyes.

En medio del avance de la ciberludopatía infantil, el legislador de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica (CC ARI), Hernán Reyes, cuestionó con suma dureza la designación de Juan Bautista Ordoñez como nuevo secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la dirección del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

Ordóñez sustituirá a Yanina Nano Lembo, quien asumirá un nuevo rol dentro de la estructura ministerial, pero el diputado porteño repudió su designación ya que es un ex CEO de una empresa de apuestas online.

A través de sus redes sociales, Reyes advirtió que “estas cosas me alejan mucho de creer que estamos yendo por el camino correcto” e indicó que “el nuevo director de niñez de la Nación es Juan Bautista Ordoñez, sin experiencias relacionadas con las niñeces en su currículum y del que se destaca que entre marzo de 2018 y noviembre de 2022 fue Country Manager de Codere, una empresa dedicada al juego en línea”.

“No lo conozco a Ordoñez, solamente sé que es un pésimo antecedente para hacerte cargo de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. La ciberludopatía es uno de los principales problemas que están afrontando los pibes. Sufren de la pobreza y sufren de la promesa de plata fácil por parte de empresas legales e ilegales de juego en línea, estafas piramidales e inversiones mágicas en cripto”, sentenció.

Tras un largo debate, la Comisión de Asuntos Constitucionales firmó el dictamen favorable de un proyecto que busca modificar el Código Electoral porteño, a fin de incorporar la “ficha limpia” y evitar que se presenten a elecciones personas condenadas por delitos sexuales y corrupción.

En ese sentido, el diputado de Vamos por Más (VxM) y presidente de dicha Comisión, Hernán Reyes, celebró este primer paso. “La transparencia y libertad para los votantes tiene que ser siempre la prioridad. En la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura ya dimos el primer paso para volver a debatir en el recinto una reforma electoral que pondrá fin a las candidaturas de personas con sentencia por corrupción”, sostuvo el legislador en las redes sociales.

“Es increíble estar debatiendo esto y que parte del peronismo y la izquierda se opongan. Es increíble que esta no sea la primera vez, sino que ya hayan bloqueado esta ley en 2020 y 2022. Queremos dar un debate serio, frontal. No es contra nadie, sino a favor de la democracia y de los ciudadanos que merecen los mejores candidatos”, indicó.

Al mismo tiempo que aseveró que “la dirigencia joven y que quiere renovar el peronismo tiene la oportunidad histórica de sacarse de encima los prejuicios y la defensa corporativa de la corrupción. Los corruptos condenados no tienen que ser candidatos de la Coalición Cívica, del Pro, del radicalismo, la Libertad Avanza o del peronismo. Esa es la regla, defendamos juntos la democracia”.

Cabe recordar que la iniciativa busca establecer que personas que sean condenadas por delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública y de fraude en perjuicio de la administración pública no puedan presentarse como precandidatos a jefe y vicejefe de gobierno o diputado.

“El supuesto previsto en el presente artículo se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”, sostiene el documento recientemente presentado en la Legislatura.

En el marco de los constantes aumentos en el servicio, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes cuestionó con suma dureza la decisión del Gobierno Nacional de limitar el acceso a las prepagas y restringir algunos puntos relacionados a las prestaciones que estas dan.

A través de las redes sociales, el oficialista aseveró que “si estás enfermo, el Gobierno te deja afuera” e indicó que “el Gobierno tomó la decisión de purgar a la parte de los usuarios que no quieren las prepagas. Enfermos crónicos, afuera”.

“El Gobierno Nacional autorizó rechazar estudios, prácticas, tratamientos y medicamentos ordenados con recetas de médicos que no estén en las cartillas del plan médico. Esto dificulta muchísimo la vida a la gente, especialmente a los enfermos y los vulnerables. No vas a poder tener tu médico de confianza para seguir tu tratamiento y tu salud”, añadió Reyes.

Al mismo tiempo que consideró que “si lo que quieren es evitar que se receten medicamentos particularmente caros y fuera de los protocolos médicos, hay mucho para debatir en el Congreso. Esta forma de resolverlo es tirar a las personas por la ventana”.

“Después de volcar a las prepagas hacia el negocio financiero y reducir prestaciones, esta medida llega cuando las prepagas tienen las cartillas peladas. Esto dificulta la diaria de los enfermos que van a tener que optar por planes más caros o caerse del sistema”, sentenció.

En medio de los fuertes aumentos que volvieron a registrar las prepagas de salud, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes y la de La Libertad Avanza (LLA) Rebecca Fleitas mantuvieron un fuerte cruce en las redes sociales, en donde analizaron la necesidad de que el Estado regule dichos aumentos y el funcionamiento de un mercado libre.

Todo comenzó cuando Reyes planteó: “nos duele el abandono. Son 6 millones de argentinos los que sufren la incertidumbre de los aumentos de sus prepagas. Muchos de ellos presos de su prestadora por tener condiciones preexistentes como cáncer, diabetes, hipertensión, vih o parkinson. Otros, simplemente por superar los 60 años” y remarcó que “duele que el Gobierno abandone a todas estas personas por ideología. No podés hacerte cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud si crees que sobra el 20% de los usuarios, esa falta de empatía te hace inhábil para el cargo”.

“Lo decimos desde un principio, hay modelos regulatorios mejores. Se puede controlar el aumento de precios de las prepagas sin intervencionismo sino con justicia. Los costos tienen que ser razonables, los riesgos tienen que estar compensados y las cuotas tienen que ser coherentes con los servicios que se ofrecen. Necesitamos un fuerte cambio regulatorio. Mientras tanto, los usuarios tienen que estar protegidos por funcionarios con la empatía suficiente”, completó el oficialista.

Atenta a esta situación, Fleitas salió al cruce. “Como siempre la CC centrándose en las consecuencias y a pura denuncia fantasma. ¿No sería más honesto con tus votantes cuestionar el decreto sobre las MPO en vez de llorar falta de empatía al único gobierno que se centra en las causas?”, lanzó.

Mientras que Reyes le explicó que “desde la CC venimos trabajando intensamente por mejorar la competencia en un mercado claramente imperfecto. Las deficiencias del PMO y la falta de portabilidad de los aportes o de compensaciones para los pacientes con preexistencias, son un asunto muy serio y que merece un debate profundo” e insistió en que “es exactamente a lo que me refiero cuando hablo de plantear reformas regulatorias. El problema es que el Gobierno omitió todo ese debate y lo dejó todo al azar. En el medio están las personas. Los enfermos quedaron afuera en el plan del Gobierno y nosotros pedimos que se los cuide. Gracias a esa denuncia fantasma paramos los aumentos del 40% que estaban destruyendo a las familias”.

No obstante, la libertaria insistió en que “el mercado libre nunca es imperfecto. Y si lo fuera, es porque está regulado desde hace décadas. Resulta que ahora les preocupa lo que no supieron ni pudieron derogar/modificar cuando fueron gobierno. Tampoco lograron como coalición y en mayoría parlamentaria realizar las reformas profundas” y destacó: “sos inteligente, pero me parece de una bajeza intelectual rascar la superficie y no llegar al tema importante. ¿Por qué ustedes como gobierno y parte del poder legislativo no modificaron las leyes y decretos que obligaban a las empresas a ofrecer PMO, (la “O” de OBLIGATORIO) con tarifas reguladas?”.

“Sé que me lo estás planteando de buena fe. Creo que estás equivocada. No todo mercado por estar desregulado es perfecto. Eso choca con el 90% de la literatura económica. Es cierto hay un 5% libertario que creé que no existe las fallas y un 5% que creé en el comunismo. Yo lo que veo es un mercado imperfecto en el sentido de que la gente no puede entrar y salir libremente entre las distintas prepagas. Eso no es por el PMO sino por los riesgos del sistema y la compensación entre las empresas”, le espetó Reyes.

Al mismo tiempo que remarcó que “desde el momento en que vos tenés una preexistencia o tenés 60 años, tu cuota se encarece cinco veces. Eso es injusto para la persona y también para la prepaga porque no logra amortizar tus pagos anteriores a la preexistencia” y precisó que “en forma espontánea no hay solución. Una regulación inteligente podría permitir que las personas puedan hacer una portabilidad de sus pagos y compensar esa pérdida a la prepaga que le ofrece mejor servicio sin tener que compensar con una cuota más alta. Así ganan todos eficiencia y son más libres las personas”.
“Hay muchas cosas que necesitan ser analizadas con profundidad. Hay mucho que se hizo bien, pero no nos podemos olvidar que hay personas del otro lado”, completó el legislador.

Después de que se anunciaran las nuevas formas de pago del boleto del subte, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes pidió información acerca del acuerdo al que arribó Emova S.A, quien regula el sistema de subterráneos, y Mercado Pago para que los usuarios puedan abonar su pasaje con QR.

En ese sentido, el oficialista afirmó que “la apertura a nuevos medios de pago es un gran paso adelante para todos los usuarios. Desde el Gobierno se impulsó una medida que no solo facilita la vida diaria, sino que también apuesta por la modernización del sistema de transporte”, aunque aclaró que “innovar es fundamental, pero garantizar la competencia es aún más importante”.

“Por eso, envié un pedido de acceso a la información pública a Emova para conocer los detalles del acuerdo con Mercado Pago sobre el nuevo sistema de pago con QR. Hasta ahora, ese contrato se maneja en absoluto secreto. Sabemos que hay un contrato abierto que permite procesar pagos con tarjetas de crédito, débito, SUBE y NFC, lo cual es positivo, porque garantiza un mercado abierto y competitivo. Sin embargo, el acuerdo con Mercado Pago para los pagos con QR está lleno de dudas”, señaló.

Sobre esa misma línea, Reyes aseveró que “las fintech y bancos ya han expresado sus preocupaciones: no hay garantías de interoperabilidad, de protección de datos, ni de comisiones claras. Además, no se han publicado los parámetros técnicos que permitirían a otras empresas competir en igualdad de condiciones. Como defensor de la competencia, creo que esto debe corregirse”.

Al mismo tiempo que precisó que “la competencia no solo hace mejores a las empresas, también beneficia directamente a los usuarios, porque asegura más opciones, mejores servicios y menores costos” e indicó que “Emova debe publicar las condiciones técnicas del acuerdo con Mercado Pago y postergar la implementación del sistema de QR unos meses, para que todas las empresas tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones”.

“Esto no es solo sobre empresas, sino sobre los usuarios, que merecen la tranquilidad de que el sistema de transporte público que usan a diario sea transparente, justo y eficiente. Estoy seguro de que Mercado Pago no quiere aprovechar de una ventaja ilegitima o anti competitiva, que el apuro no nos haga renunciar a la libre competencia”, continuó.

Por lo que concluyó señalando que “los usuarios podrán usar pagos con tarjetas y NFC a partir del 1 de diciembre. Podemos esperar unos meses más para asegurar que el sistema de QR sea abierto y competitivo. El subte es de todos, y merecemos un sistema de pagos que beneficie a todos por igual”.

Después de que el Congreso Nacional convalidara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el diputado de Vamos por Más (VxM) y miembro de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, analizó el impacto que la medida podría tener en la educación universitaria pública y advirtió que “no hay proyectos de auditoría”.

A través de sus redes sociales, Reyes explicó que “nada crecer por destruir. El Gobierno insiste con el veto. No quiere auditorías para la UBA ni para las universidades. No hay proyectos de auditoría ni de transparencia universitaria ni nada. No hay política educativa, hay recorte, solamente hay teoría anti Estado”.

Al mismo tiempo que afirmó que “la teoría no es inofensiva. La teoría construye realidad. El kirchnerismo nos dejó un Estado roto, coptado, quebrado y Javier Milei propone destruirlo por completo” e indicó que “nos dicen que tengamos menos Estado porque hay que sacarle el pie de la cabeza a la gente, y está bien, pero con el mismo discurso de que hay que tener menos Estado, cerramos hospitales de salud mental, desfinancian el Garrahan, reducen presupuesto para las universidades, y le comen la movilidad a los jubilados. No, no es lo mismo”.

“Menos Estado para regular y asfixiar a la economía, sí. La producción es importante y las oportunidades son sagradas. No dejen a las personas sin educación, salud y jubilación, son las bases que permiten a las personas proyectar y tener una identidad de crecimiento, de futuro. Argentina está destruida, el Estado está tomado y desbastado, entonces reconstruyamos. Los argentinos queremos tener expectativa de futuro”, continuó.

Finalmente, Reyes concluyó planteando que “nos merecemos que haya una salud pública de calidad para los que no tienen sistemas privados, merecen poder ir a la universidad para formarse, ser profesionales y aumentar la productividad del país y de sus propias vidas. Y sin dudas que se merecen poder retirarse con dignidad, comprar sus medicamentos, vivir bajo un techo y proyectar su retiro. No dejemos que este pesimismo destruya la poca identidad de país de clase media que nos queda”.

Más allá del resultado adverso del fin de semana ante el clásico rival, el diputado porteño Hernán Reyes se calzó este domingo la camiseta del club de sus amores, Boca Juniors, aunque con un detalle destacado: el sponsor principal de la casaca xeneize, una conocida casa de apuestas, aparecía tachada.

“Hoy mi camiseta de Boca tiene la publicidad de apuestas tachada”, resaltó Reyes en su cuenta de X. Y agregó: “No podemos seguir siendo espectadores de un sistema que impulsa a los pibes a jugar, persiguiendo un falso sueño de éxito”.

“Es hora de decir basta”, cerró el legislador de la Coalición Cívica.

En medio de la sesión que se lleva a cabo en el Congreso Nacional, el legislador de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, analizó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Previsional y le pidió a los diputados nacionales que no le den lugar a esa medida.

A través de sus redes sociales, el lilito se preguntó: “¿cuándo nos convencieron de que los jubilados son el problema? No son las personas que trabajaron toda su vida y ahora dependen del Estado quienes tiene que cargar con el ajuste a niveles intolerables”.

“Es preocupante que hasta algunos jubilados puedan llegar a interiorizar ese discurso. ¿Qué nos pasa como sociedad que somos capaces de ser manipulados hasta ese punto? La fragilidad social, el miedo al pasado y a la inestabilidad económica, nos lleva a buscar respuestas fáciles y a desconfiar de quienes más aportaron y nos necesitan”, continuó y precisó que “no estamos hablando de economía, sino de valores, de solidaridad, de responsabilidad intergeneracional”.

Sobre esa misma línea, Reyes consideró que “lo más triste es ver a políticos que, por conveniencia o temor a quedar fuera del ‘discurso de época’, se entregan a una narrativa que ni siquiera entienden del todo o con la que no están de acuerdo. Votan por miedo, por cálculo, pero sacrifican los principios”.

“No es solo un tema de dinero, se trata de las razones que nos sostienen como sociedad. Cuando el viento cambie, probablemente se arrepientan de lo que votaron, pero el daño ya estará hecho”, sentenció.

Mientras el Congreso Nacional continúa analizando la ampliación de la Corte Suprema de Justicia por pedido del Gobierno Nacional, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo y advirtió que “quieren convertir a la Corte en Comodoro Py”.

En ese sentido, el oficialista recordó que “Comodoro Py uno de los símbolos más explícitos de la corrupción y la falta de justicia de la Argentina. Las causas de corrupción no avanzan, los políticos que roban siguen presentándose a elecciones y nunca hay condenas para los que empobrecen al país” y consideró que “la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema representa un límite para todos los que luchamos por la justicia en Argentina. Lo dijimos desde un principio”.

“La Corte es un lugar a cuidar porque es el refugio frente a los abusos de los gobiernos e incluso del Gobierno. La Corte logró mantener limitado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando quiso avanzar con todas las instituciones. Éramos pocos en la oposición y menos los que tenían el carácter para decir la verdad”, continuó y advirtió que “Lijo representa lo opuesto. Representa los acuerdos abajo de la mesa, las demoras en las causas de corrupción y las injusticias que ocurren al margen de los expedientes. Es el designado por Ricardo Lorenzetti en acuerdo con el actual y el anterior gobierno”.

Sobre esa misma línea, Reyes remarcó: “lo sé, nadie se quiere pelear con un actual juez de la Corte como Lorenzetti, y con un juez que podría llegar a la Corte o que, sino, quedará en Comodoro Py con las causas penales de los que no lo voten. Pero es tiempo de decir la verdad, antes de que sea demasiado tarde”.
“Es una decisión por 20 años. En las últimas décadas no se ha visto que un juez de la Corte pueda llegar con tantos cuestionamientos sobre su moral. No llevemos Comodoro Py a toda la justicia”, completó.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC ARI) Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero presentaron en la Justicia una acción de amparo, mediante la cuál le solicitaron una medida cautelar para que la Nación mantenga los subsidios al transporte público hasta que se plantee un modelo sostenible.

En ese sentido, Reyes explicó que “el Gobierno Nacional va por la quita de subsidios a las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires. Una medida intempestiva, violenta, ilegal y que va a hacer mucho daño” y remarcó que “las personas tienen que estar antes que las disputas políticas. El Gobierno de la Ciudad está reclamando por la coparticipación y el Gobierno Nacional contesta con esta quita selectiva de subsidios. Los perjudicados son siempre los mismos: los trabajadores que van tener boletos más caros y un sistema desordenado”.

“La Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tienen una relación en el transporte que hace imposible tener una política de precios diferenciados de los boletos para los que circulan por la Capital y los que salen o llegan al Conurbano”, continuó.

Al mismo tiempo que advirtió que “necesitamos una distribución justa que asimile las distintas realidades. Podemos reducir el peso de los subsidios en el presupuesto, pero debemos hacerlo con medidas que compensen a los trabajadores que hacen muchas combinaciones o que usan diariamente el transporte público. Sino es una injusticia que golpea más a los trabajadores y estudiantes”.

Finalmente, Del Gaiso recordó que “el artículo 75 de la Constitución establece que para hacer una transferencia de servicios, debe haber ley del Congreso, ley de la Legislatura y convenio de partes”.

“No puede Javier Milei, tirarte ‘los colectivos por la cabeza’, sin importarle cuánto va a pagar la gente el boleto”, sentenció.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa la Argentina, el legislador de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica (CC ARI), Hernán Reyes, analizó y comparó los relatos del kirchnerismo y los libertarios: a los primeros los acusó de debatir “permanentemente el presente” y estar “a la defensiva”, mientras que aseveró que los segundos actúan como “si no tuviesen pasado” y “negando el presente”.

A través de sus redes sociales, el lilito compartió su análisis. “Con el kirchnerismo debatíamos permanentemente el presente, un debate sobre el ahora sin ninguna perspectiva”, comenzó diciendo y precisó que “su relato siempre fue de resistencia, a la defensiva, aun cuando detentaban un poder inmenso. Era irritante, ya que se ponía en juego la objetividad de los hechos y hasta el significado de las palabras. Este debate y su intrincada argumentación venían de la mano de un pasado eterno, reinterpretado y escrito a imagen y semejanza de los deseos de la mayoría arrogante de la época”.

“Con los libertarios, el debate pareciera centrarse en el futuro, de una manera también intrincada. Su propuesta conceptual viene con dos elementos novedosos: se presentan como si no tuvieran pasado y niegan el presente”, continuó. Al mismo tiempo que señaló que “el presente no existe; es solo una oferta de futuro hiper-sintetizado, lo suficientemente confuso como para contener a todas las interpretaciones que una sociedad tan lastimada como la nuestra pueda necesitar”.

Sobre esa misma línea, Reyes insistió en que “en el mundo libertario no hay ‘mientras tanto’; cualquier alerta sobre lo que se vive hoy, o notas sobre las consecuencias de las decisiones tomadas hoy, son rechazadas sin más. Todo es por un futuro. ¿Qué futuro?” y consideró que “hay tanto miedo de volver al pasado que esta pregunta incomoda, entonces es mejor no ver, no analizar, mejor avanzar”.

Asimismo, el lilito explicó que “no hay que preguntar o preguntarse tanto, venimos de un lugar muy jodido de verdad. Mejor entonces, que cada uno construya en su cabeza el destino ideal. Más vale creer que entender, porque lo crucial es alejarnos cuanto antes de la posibilidad de regresar” y remarcó que “se empieza a notar cada vez más el dilema del silencio. Complaciente o táctico, ese silencio es un miedo. No es el grito convencido de quien construye su futuro, es más bien el silencio nervioso de quien fuga. Y en la fuga, no hay futuro”.

“Creo entonces que al país hay que debatirlo en la cancha del futuro de verdad. No donde nos ofrecieron, tampoco donde nos ofrecen. Si durante décadas nos propusieron el pasado eterno, y hoy, el miedo y la fuga, tendremos que levantar la voz los que tenemos pasado porque honramos nuestra historia, nos preocupa el presente porque importa el otro, y miramos al futuro sin miedo”, cerró el legislador porteño.

El legislador de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI) en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, volvió a expresar su preocupación por el “nulo avance” en la causa contra Emilio Pérsico del Movimiento tras las denuncias por “manejo fraudulento” del programa Potenciar Trabajo.

A través de sus redes sociales, el lilito manifestó que “con Elisa Carrió presentamos una nota al jefe de los fiscales de la Nación, Eduardo Casal, expresando nuestra preocupación por el nulo avance en la causa contra Emilio Pérsico del Movimiento Evita por el manejo fraudulento y multimillonario de los convenios del programa Potenciar Trabajo” y advirtió que “es llamativo que, mientras avanza la causa contra el Polo Obrero, que recibió el 1,5% del dinero distribuido, no se sepa nada sobre Emilio Pérsico, quien administró el 100% de los recursos y asignó más del 50% a cooperativas del Movimiento Evita”.

“El Gobierno no ha respondido a los informes requeridos y el fiscal no ha tomado ninguna medida en los últimos dos años. Si no se investiga a fondo, estamos ante un simulacro. Los únicos perjudicados son los pobres, que fueron usados para financiar política y ahora son olvidados”, continuó y precisó que “no hay un programa alternativo para distribuir capacitación y oportunidades. Se eliminó el Potenciar Trabajo sin traer nada nuevo, solo abandono. La pobreza en Argentina es un problema profundo, y tanto La Libertad Avanza como el Movimiento Evita lo reducen y abandonan a las personas”.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “el Movimiento Evita recibió 35 mil millones de pesos entre 2020 y 2022, una fortuna desviada en su mayoría para hacer política. Presentamos la denuncia en agosto de 2022, pero el fiscal Taiano no ha allanado el Ministerio para obtener las rendiciones de cuentas”.

“Dos años después, no hay obras, capacitaciones, dinero ni facturas. La Justicia no se mueve y Pérsico sigue impune. Es incoherente investigar al Polo Obrero y mantener la impunidad de Pérsico. La Justicia debe ser imparcial y para todos”, sentenció.

Tras haber presentado nuevamente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto que busca modificar el Código Electoral para incorporar la “ficha limpia”, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) e integrante de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes insistió en la necesidad de avanzar con esa iniciativa.

A través de sus redes sociales, el lilito planteó: “vamos a impedir que los corruptos sean candidatos en la ciudad, un corrupto no puede ser ejemplo de nada” y consideró que “’ficha limpia’ es impedir que un corrupto con sentencia condenatoria en segunda instancia pueda presentarse para algún cargo en la ciudad”.

Sobre esa misma línea, Reyes recordó que “lo intentamos en el año 2020 y 2022 pero no logramos convencer a los 40 diputados que hacen falta para sancionar la ley. Ahora vamos a volver a intentarlo, como sociedad cada vez somos más conscientes del daño que hace la política corrupta al país”.

“El cambio es institucional y político. Hay que evitar que los corruptos accedan a la función pública. Si un corrupto se vuelve funcionario, no hay plata que alcance para salir adelante y es una herida profunda a la confianza en la democracia”, continuó y concluyó planteando que “esta es una causa de la ciudadanía que viene peleando hace años, entre todos vamos a lograr que sea ley que los porteños elegimos entre gente limpia”.

El diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica (CC ARI) en la Legislatura de la Ciudad, Hernán Reyes, se refirió a la denuncia que impulsó junto a Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero (VxM) contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaba restituir los fondos coparticipables al distrito capitalino.

A través de sus redes sociales, el lilito aseveró: “denunciamos a Milei y Luis Caputo, de la misma forma en que lo hicimos contra Alberto Fernández y Sergio Massa por el constante aplazamiento en cumplir con la resolución de la Corte” y explicó que “seguimos peleando por la coparticipación que Alberto les robó a los porteños. El Gobierno Nacional no puede hacerse el distraído, está incumpliendo con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires no es solamente una causa de justicia con todos los porteños sino, también, con el federalismo. Los porteños aportamos con impuestos en, al menos, un quinto del total de la recaudación nacional y es poco, demasiado poco, lo que vuelve a la Ciudad. Es necesario tener equidad en el desarrollo, pero, no es posible sostener un sistema completamente desequilibrado”, continuó Reyes.

Al mismo tiempo que precisó que “con Del Gaiso, Ferrero y Claudio Cingolani hicimos esta presentación convencidos de que los fallos están para cumplirse y que los impuestos de los porteños deben volver tal cual lo establece la Constitución”.

“Vamos a defender la autonomía siempre”, completó el legislador porteño.

El diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) y uno de los primeros en arremeter contra las prepagas por los aumentos desmedidos a principios de año, Hernán Reyes, explicó a través de sus redes sociales como será el proceso de devolución de las cuotas con sobreprecios para algunas empresas de medicina prepaga y remarcó que “es muy engorroso todo, pero, necesitamos de información para poder cuidarnos de los abusos”.

En ese sentido, el oficialista explicó que las empresas de medicina privada que deberán devolver lo cobrado de más en las cuotas son: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Luis Pasteur, Hominis, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), Círculo Médico de Lomas de Zamora, International Health Services Argentina, Obra Social YPF, OPDEA, OSDEPYM, ENSALUD, Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, OSDIPP, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Asociación Civil de Estudios Superiores, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA.

“Lamentablemente, la Superintendencia acordó dejar afuera a Bristol Medicine, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Cobensil, Medin S.A.A.M.A., Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Fundación Médica de Mar del Plata y Medicina Esencial S.A. El resto de las empresas siquiera fueron consideradas”, advirtió.

Al mismo tiempo que aclaró que “la devolución solamente alcanzará a los planes individuales y a los planes desregulados individuales por derivación de aportes. Quedaron afuera los acuerdos corporativos. Sin embargo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, fue incluido expresamente en el acuerdo, por lo que está alcanzado en el plan de devoluciones” y recordó que con su “denuncia de enero logramos frenar los aumentos y forzar una respuesta directa del gobierno a través de la Superintendencia de Salud. Esto trajo alivio al bolsillo de millones de personas”.

“El Gobierno acordó con las empresas liberar los aumentos de precios. Al mismo tiempo, se estableció un mecanismo de devolución que es una farsa porque será absorbido por los nuevos incrementos”, explicó.

ATENCIÓN PREPAGAS I 📣

Finalmente resolvió la metodología de devolución de las cuotas que deberán respetar las empresas que hicieron el acuerdo con la Superintendencia de Servicios de Salud, bastante confuso todo. En este tuit les aclaro las empresas que están dentro y las que…

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 23, 2024

Ya adentrándose en cómo será el proceso, Reyes detalló: “la información del Acta de Implementación del acuerdo homologado en la justicia indica las siguientes cuentas en el cuadro. Igualmente, las empresas tienen que informar todo al 30 de junio por correo electrónico y posibilidad de ver los saldos actualizado”.

“Para el mes de enero 2024 habrá que multiplicar el valor de la cuota de diciembre 2023 por 1,255 (resultado enero), a la diferencia con la cuota que se cobró por enero 2024 hay que añadir el interés que se hace multiplicando la diferencia por 1,0917 que les dará el excedente enero. Febrero es multiplicar el resultado enero por 1,206 (resultado febrero), y la diferencia con la cuota de febrero hay que multiplicarla por 1,0917 para aplicar el interés”, desglosó el lilito y precisó que “para el excedente marzo hay que multiplicar el resultado febrero por 1,1320 (resultado marzo), y a la diferencia con la cuota de marzo hay que multiplicar por 1,0917 para aplicar el interés. Para el excedente de abril hay que multiplicar el resultado marzo por 1,11 (resultado abril) y a la diferencia con la cuota de abril hay que multiplicarlo por 1,0583 para aplicar el interés”.

Sobre esa misma línea, el legislador aseveró que “en los casos en que no se aplicó la cautelar en mayo 2024, el excedente se calcula tomando el resultado abril por 1,088, y a la diferencia con la cuota de mayo 2024 hay que multiplicarlo por 1,0417 para aplicar el interés” e indicó que “la suma de los excedentes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, les dará un número que se llama excedente total. Se divide en 12 ese excedente total, y a ese valor se le suma desde el 1 julio y cada mes un extra que es multiplicar el resultado de cada mes por 1,0250 hasta llegar a junio de 2025”.

“Para ser más claro, si la suma total del excedente fue de 120.000 pesos, entonces son 12 cuotas de 10.000, la cuota de descuento que te dará la prepaga es 10.000 multiplicado por 1,0250, es decir 10.250$. En el mes de agosto, hay que considerar el valor de julio y volver a multiplicar por 1,0250, lo que te dará un descuento de 10.506,25$, y de ese mismo modo cada mes hay que multiplicarlo hasta la última devolución en junio de 2025. El Gobierno todavía no explicó cómo será la devolución de las cuotas para los que han cambiado de plan, de empresa de medicina prepaga o los que se dieron de baja”, continuó.

Finalmente, Reyes concluyó planteando que “más que tanta confusión, lo que hace falta es tener un control efectivo de la Superintendencia para que exista una relación entre la cuota y los costos de los servicios que efectivamente proporcionan. Hay que cambiar la ley para cuidar de verdad a los usuarios”.

ATENCIÓN PREPAGAS II 📣

En este tuit intento explicar cómo funciona la devolución acordada por la Superintendencia con las prepagas porque es muy engorroso todo pero, necesitamos de información para poder cuidarnos de los abusos.

La información del Acta de Implementación del… pic.twitter.com/eiALHkhkmi

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 23, 2024

Tras el fuerte incremento que tuvieron las empresas de medicina privada y el posterior freno que les impuso la justicia, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, advirtió que las prepagas podrían volver a “cartelizarse”.

A través de sus redes sociales, el legislador explicó que “después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización” e indicó que “antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar. El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas”.

“Estoy convencido que es un error. Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso”, continuó el oficialista, sumamente crítico con la situación.

Además, Reyes recordó que “no hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo” y destacó que “el Gobierno ya decidió y nosotros vamos a seguir impulsando la causa contra las empresas. Muchos por ideología piensan que hay que compartir el esfuerzo con las empresas de medicina prepaga, pero, el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023”.

“Las prepagas lo saben porque son ellas las que pisan los salarios y honorarios profesionales, y los acuerdos con las clínicas y demás instituciones”, aseveró.

Por último, el legislador porteño explicó que “en la Coalición Cívica vamos a seguir este tema muy de cerca con todos los usuarios y daremos la pelea. Queremos que las empresas puedan aumentar en relación con su estructura de costos y coherente al servicio que les dan a sus usuarios. Es un mercado imperfecto y se requiere innovar para intervenir menos, pero proteger más”.

En medio de la puja por los aumentos del servicio de medicina privado, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI), Hernán Reyes, cuestionó el nuevo acuerdo entre la Superintendencia de Servicios de Salud y las prepagas en la causa por el abuso de los precios.

A través de sus redes sociales, el oficialista planteó que le “preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para ‘liberar’ los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene”.

“Vamos a insistir con tener una regulación adecuada de supervisión de los precios ex post. La medicina prepaga es un mercado cautivo donde los usuarios no tienen libre entrada y salida. Los pacientes crónicos y los adultos mayores merecen un régimen justo”, siguió el diputado y destacó que “donde e no hay competencia, hay abandono. Desde enero que estamos peleando para que estas cosas no sucedan. Copio una imagen del papelito que la Superintendencia de Servicios de Salud le entrega a los ciudadanos que se acercan angustiados a pedir que analicen si sus cuotas aumentaron de forma excesiva o no. Esto es inaceptable, las personas tienen derecho a ser atendidos de forma digna”.

A su vez, Reyes explicó: “si es como sostienen en el papelito y no tienen competencia para cuidar a los usuarios conforme el DNU 70, entonces seguimos exactamente en la misma situación y no debemos liberar las cuotas”.

En ese sentido, el diputado remarcó que “no existe el esfuerzo compartido frente a un aumento abusivo. La devolución siempre tuvo que ser completa y tiene que serlo por parte de todas las empresas de medicina prepaga que aumentaron por encima de la referencia inflacionaria. El desistimiento del proceso en relación con Bristol Medicine, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Cobensil, Median S.A.A.M.A., Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Fundación Médica de Mar del Plata y Medicina Esencial S.A., es inexplicable”.

“Voy a poner toda mi atención al caso en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia donde se está investigando a las empresas que conformaron un cartel y que iniciaron la catarata de aumentos. No es válido que pretendan dar de baja una causa por cartelización por un nuevo acuerdo corporativo. Estaríamos terminando en el mismo lugar en que nos dejó Sergio Massa”, sentenció Reyes.

PREPAGAS 📣

Me preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para “liberar” los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene.

Vamos a… pic.twitter.com/Fd0VYUTyph

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) May 29, 2024

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, anunciará que decretó una reducción de los montos que se deben pagar por la gestión judicial a los mandatarios para la regularización de deudas en servicios como ABL, Patentes o Ingresos Brutos, el legislador de la Coalición Cívica y miembro del bloque Vamos por Más (VxM), Hernán Reyes, celebró la medida en las redes sociales.

En ese sentido, el oficialista comenzó precisando: “quiero darles una muy buena noticia a los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri anunció que se termina con los escandalosos honorarios que cobraban los mandatarios cuando un contribuyente quería ir a regularizar su deuda” y recordó que “desde la Coalición Cívica venimos peleando por esto hace años, por eso para nosotros es un gran logro”.

“Mirá lo que nos decían los vecinos cuando recorríamos los barrios: ‘me cobraba 75 mil pesos el mandatario y yo debía 11 mil persos. ¿Cómo podés pagarle 75 mil al mandatario y debés 11 mil? ¡Es una locura! Bueno, ese el sistema que está mal’”, continuó el legislador, mostrando en un video el fragmento de una de sus recorridas por los barrios de la Ciudad.

Por lo que concluyó precisando que celebra “la decisión del Gobierno de la Ciudad, había que ponerle un freno a este abuso que caía sobre la espalda de los contribuyentes”.

Terminamos con un sistema injusto y abusivo que lastimaba a los contribuyentes que querían regularizar sus deudas. 👏🏼💪 pic.twitter.com/Cv7Z4FuVLJ

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) May 8, 2024

Días después de que se conociera la decisión de la Coalición Cívica de conformar un bloque propio en el Congreso de la Nación, el diputado porteño de ese espacio y miembro de la bancada Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes dialogó con parlamentario.com para analizar lo ocurrido en el contexto nacional.

Además, descartó la posibilidad de que haya una fractura en la alianza que predomina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “No hay ninguna razón para pensar que pueda fracturarse el bloque. El contexto actual está muy bien sintetizado en la conformación actual de los bloques”, explicó.

Por otro lado, se refirió a la problemática del aumento desmedido de las prepagas de salud y del impacto que la ciber ludopatía está teniendo en la sociedad.

-Usted fue uno de los primeros en advertir sobre la cartelización del sistema de medicinas prepagas. ¿Por qué cree que el Gobierno demoró en ponerle un freno a esa situación?

-Creo que el Gobierno tenía un impedimento ideológico. Milei una semana antes habló en Davos que el mercado no tiene fallas. Esa concepción choca con el corporativismo argentino. Milei veía con la idea de que el único problema es el Estado, una visión corta de la realidad, tan corta como la que tiene la izquierda contra el capitalismo.  La hipótesis que tenés del problema puede condicionarte mucho la política pública. Si creés que el problema en la medicina es solamente la regulación de precios, que lo era, entonces te pasa lo que les pasó. Hasta que terminaron de caer en la cuenta de lo que estaba sucediendo, que el mercado estaba fallando porque existía un cartel, ya había pasado cuatro meses. Espero que lo de las prepagas haya sido un antes y un después sobre la forma en que abordan la política regulatoria porque si no la clase media queda sola y expuesta a los abusos de los carteles.

-Algunas prepagas ya anunciaron que retrotraerán los pecios, aunque no todas lo harán con el promedio que se anunció desde el Gobierno Nacional. ¿Cómo seguirá la investigación en estos casos?

-Hay dos supuestos legales diferentes. Una cosa es el cartel de las principales prepagas que está siendo investigado en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Allí se investiga a las más grandes porque apostar a una ventana de oportunidad que les regaló el Gobierno con el DNU 70/2023. Esa conducta caprichosa fue coordinada tanto con los usuarios como con los sanatorios, profesionales de la salud y laboratorios de análisis clínico. Eso es ilegal. A partir de esa denuncia que hicimos, la CNDC decidió imponer una medida cautelar que afecta a siete empresas OSDE, Swiss Medical, Omint, Aleman, Británico, Medifé y Galeno. Estamos intentando ampliar más conforme la prueba que vamos recibiendo, pero esas siete quedaron dentro de la investigación inicial y deben retrotraer la cuota de mayo al valor de diciembre con más la inflación acumulada por IPC. Por otro lado, tenés la acción por precios excesivos que está impulsando la Superintendencia de Servicios de Salud. No sabemos cómo va a proceder esta causa, pero tiene la potencialidad de afectar al 25% restante del mercado y obligar a hacer una recomposición anticipada por las cuotas de enero, febrero, marzo y abril. Pero aún no hay sentencia al respecto.

-Más allá de esta situación, en los últimos días usted también se refirió al impacto que la ciber ludopatía está teniendo en las personas. ¿Tiene pensado presentar alguna iniciativa en este sentido?

-La ciber ludopatía es un problema que está creciendo en la sociedad y especialmente entre los jóvenes menores y mayores de edad. Es un problema serio. Los números de prevalencia del juego compulsivo es del 7% de la población, pero hay expertos que dicen que la ciber ludopatía expande esa prevalencia a más del doble. Después de la pandemia su crecimiento fue exponencial pero aún no tenemos estadísticas confiables. La ciber ludopatía tiene mayor alcance porque incorpora componentes de "gamificación" que son estrategias virtuales que fortalecen el enganche del juego en la vida de la persona. Un ejemplo claro son las tablas de clasificaciones entre amigos que potencian la ludopatía porque hace que el juego no sea algo individual sino también parte de mi proceso de socialización. Otro ejemplo es la fidelización que te duplican hasta 200 mil pesos tu dinero en la medida que lo pongas en apuestas, esto promueve a expandir lo que estoy dispuesto a poner en función de ese dinero que supuestamente obtengo de la campaña de fidelización aumentando el riesgo que asumo. Esas son las clásicas, pero también hay más sofisticadas que buscan potenciar las micro transacciones donde el costo de entrada se reduce tanto que las personas caen más fácilmente en el juego. Esto se hace mucho en el juego clandestino y en muchísimos servicios que no se presentan como juego de apuestas, pero son auténticos juegos de apuesta como son las opciones binarias financieras y demás loot boxes. Si nosotros no asimilamos esta problemática, involucramos a la sociedad, trabajamos culturalmente sobre la promoción del juego y no tenemos más y mejores herramientas para perseguir el juego clandestino, vamos a construir una sociedad ludópata entre los jóvenes.

-Por otro lado, a nivel nacional, la Coalición Cívica decidió romper con el bloque Hacemos Coalición Federal y tener un espacio propio. ¿A qué se debió esto?

-La unidad del bloque era algo que se había planteado como transitorio y en función de mejorar la forma de distribución de la representación en las comisiones del Congreso de la Nación. Sin embargo, creo que quedó claro, nunca se comprometió la independencia de la Coalición Cívica que es un partido fuerte, nacional y con mucha agenda propia. En algunos casos compartimos con ellos, otros con la UCR, otros con el Pro o el Gobierno, y etc.  Nosotros tenemos nuestra agenda, los demás sabrán cuál es la suya. Mis compañeros de la Coalición de Nación consideran que ahora era mejor seguir el camino externalizando esto del bloque propio.

-Pese a esa ruptura, en la Ciudad, la CC ARI sigue formando parte del bloque Vamos por Más. ¿Por qué ocurre esa diferencia? ¿Qué los lleva a seguir integrando ese bloque?

-La situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la Nacional es completamente diferente. Nosotros en la Ciudad tenemos una alianza estratégica con varios partidos políticos y con la gestión del Gobierno de la Ciudad. Conformamos un bloque juntos porque esa es la expresión de nuestra situación actual con el Pro en la Ciudad. Como te decía antes, nosotros tenemos nuestra agenda de la Coalición Cívica. En todos los ámbitos siempre nos respetaron esa independencia que se desprende de ser un partido político con trayectoria, historia y presencia nacional.  En la Ciudad de Buenos Aires hay una convivencia armónica y no vemos ningún tipo de necesidad de externalizar esa diferencia. Es muy diferente ser oficialismo que ser oposición.

-Por último, ¿cree que en la Legislatura pueda llegar a fracturarse el bloque y que la CC ARI tenga el propio?

-No hay ninguna razón para pensar que pueda fracturarse el bloque. El contexto actual está muy bien sintetizado en la conformación actual de los bloques. Todos saben que la Coalición Cívica tiene identidad propia, agenda propia y criterios propios. En ese respeto mutuo con el Pro es que decidimos a diario seguir este camino juntos en la Ciudad.

Tras la medida cautelar que obligará a las empresas de medicina prepaga a retrotraer los precios en el servicio, el diputado de la Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes presentó una nota a la Superintendencia de Servicios de Salud y un escrito a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para ampliar las medidas de protección de los 6 millones de usuarios de las empresas de medicina prepaga.

A través de las redes sociales, Reyes señaló que “informamos a la Superintendencia de Servicios de Salud de la situación de muchos usuarios que se cayeron del sistema en estos cuatro meses y ahora no son aceptados por edad o patologías preexistentes” y explicó: “queremos que se los vuelva a aceptar en las condiciones de antigüedad y vigentes de los planes”.

“Solicitamos ampliar las medidas cautelares a Alta Salud, Bramed, Bristol Medicine, Centro Médico Pueyrredón, Cobermed, Health Medical, OSMECON, OPDEA, OSSEG, PREVINCA Salud, SIMECO, Medicals, Santa Salud SA, Centro Médico de MDQ (SAMI), OSDIPP y SAMI”, agregó el oficialista.

Sobre esa misma línea, remarcó que “también le pedimos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que se incorporen todos los acuerdos corporativos que las empresas de medicina prepaga realizan con distintas instituciones y empresas. La reducción tiene que afectar a todos por igual, es lo que corresponde”.

“Finalmente, sugerimos a la Superintendencia la confección de cuadros comparativos de los planes individuales tanto de prestaciones como del valor de la cuota para que haya una mayor intensidad de competencia entre las prepagas y más información para todos los usuarios. Seguimos trabajando para cuidar a la clase media”, sentenció Reyes.

Después de que se conociera que se le pondría un freno al aumento de las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, explicó en las redes sociales el alcance de la medida cautelar que busca disminuir el impacto del incremento en las tarifas de salud privada.

En ese sentido el legislador, que fue uno de los denunciantes de la cartelización de las prepagas, manifestó que “más de seis millones de personas angustiadas por ver con absoluta impotencia cómo aumentaban las prepagas de forma coordinada. Un mes, dos meses, tres meses y cuatro meses” y consideró que “el Gobierno abandonó a la clase media y el daño era terrible porque el riesgo de la salud angustia y mucho. Por esa razón me presenté con toda la CC ARI en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para frenar esta locura”.

“Lo hicimos en enero, hace meses y el Gobierno reaccionó. Ante toda la desinformación me gustaría dar precisión e información para poner mi grano de arena en calmar tanta ansiedad. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia empezó a investigar nuestra denuncia por cartelización que es nada menos que sustituir competencia por acuerdos de las empresas para aumentar en forma infinita los precios”, continuó.

Sobre esa misma línea, Reyes explicó que “en ese contexto impuso una medida cautelar que es una forma de frenar el daño que mes a mes se produce en todas las familias que no dan más.  Esa medida supone fijar la cuota de mayo al valor de diciembre 2023 sumando la inflación acumulada. En promedio la cuota de mayo tiene que ser un tercio más baja que la de abril” y destacó que “la medida cautelar incluye que los que ingresaron en diciembre o después de diciembre, se calculará con la base de un plan similar de la misma empresa en diciembre”.

A su vez, el oficialista precisó que “las empresas que están alcanzadas por la medida cautelar ahora son OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medifé, el Alemán y el Británico. Eso es el 75% de los usuarios, pero, se estaba dejando aún a 2 millones de personas sin protección. Por ese motivo pedimos a la CNDC que amplié la investigación y la cautelar a otras empresas como son Medicus, ACA, Accord, Sancor, Italiano, Fundación Guemes, Prevención Salud, CEMIC, Avalian Salud, Mutual Federada, Mutual Jerárquicos, Medicina Esencial, y Pasteur”.

“Todavía no hay una definición clara de cómo se tratará a las personas que se dieron de baja durante estos meses porque no podían pagar las cuotas. Estoy analizando qué hacer con ello”, señaló, consciente de las limitaciones de la medida.

A la vez que resaltó que “para la devolución de lo pagado de más, todavía necesitamos una sentencia definitiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Espero que la investigación por el cartel continúe y tengamos una pronta sanción para que empiecen a devolver todo lo que se cobró de más en enero, febrero, marzo y abril”.

“Necesitamos estar más cerca que nunca. Estoy comprometido con cuidar a la clase media en este tiempo tan difícil”, completó Hernán Reyes.

Dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un pedido de ampliación para exigir al Gobierno que presente la documentación para extender la investigación por cartelización a 14 prepagas que quedaron fuera de la medida cautelar que dispuso la Comisión de Defensa de la Competencia.

“El Gobierno no puede desentenderse del abuso sobre la clase media por parte de un grupo de empresas. Tienen el deber de cuidar a todos los usuarios de la medicina prepaga”, sostuvieron.

El diputado nacional y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo del Gaiso, y el exlegislador Rubén Manzi presentaron la solicitud ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que obligue a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a brindar la documentación que tiene en su poder sobre de más de diez empresas de medicina prepaga, en la causa de cartelización.

Los dirigentes del partido liderado por Elisa Carrió señalaron que “el Gobierno que primero desreguló sin tomar conciencia del impacto de esa medida, habilitó la cartelización y aumentos tremendos en medicina prepaga. Ellos tienen la responsabilidad y las herramientas para investigar a todas las empresas que formaron parte del cartel”.

“Nosotros realizamos la primera denuncia en enero de este año, recopilando los testimonios de distintos ciudadanos que se acercaron a transmitirnos el problema de los aumentos desmedidos de las cuotas. Con esa información nos presentamos ante la CNDC para que investigue la posible cartelización de estas empresas para acordar una suba de precios conjunta”, recordó Reyes.

Y continuó: “Meses más tarde vimos que el Gobierno, que había habilitado con su DNU estos aumentos acordados y exagerados, acompañó nuestra presentación, pero sin realizar una investigación adecuada que incluyera a todas las empresas que hubieran aumentado del mismo modo. Por lo que quedaron más de diez empresas sin ser alcanzadas por las medidas, lo que desprotege a dos millones de beneficiarios”.

La CC le exige a la Superintendencia que contribuya con la investigación y presente la totalidad de las comunicaciones que han realizado las empresas de medicina prepaga a sus usuarios; que presente el padrón completo de las empresas de medicina prepaga de todo el país, según su participación en el mercado; y que recupere el índice salud que mide el impacto de la variación de precios de los servicios relacionados con la prestación de salud.

Aseguraron que ven con "mucha preocupación la falta de voluntad de colaboración de la Superintendencia de Servicios de la Salud en el expediente, ya que no incorporó las demás empresas previo a que se dicte la medida cautelar". “Vemos como un incumplimiento grave que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no haya cumplido con su función de investigación e instrucción de la denuncia”, añadió Reyes.

Meses después de que la Coalición Cívica se presentara ante la Justicia para denunciar la cartelización de las prepagas, el legislador de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes cuestionó con dureza los dichos de Claudio Belocopitt acerca de los constantes aumentos en el servicio de salud privado.

A través de sus redes sociales, Reyes planteó que “hay mucha información dando vueltas y creo que es una oportunidad para informar sobre el caso. Las declaraciones de Belocopitt de diciembre y los primeros días de enero fueron muy preocupantes porque anticipan una estrategia de aumentos de las empresas prepagas” y consideró que “estos aumentos, presentados como acordados entre las distintas empresas de prepagas, son ilegales porque rompen con el principio básico del capitalismo que es la competencia para ofrecer mejores servicios a precios más baratos”.

Asimismo, precisó que “el 16 de enero de 2024 con Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Facundo Del Gaiso nos presentamos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar estos actos y exigir a esa autoridad, que depende del ministro Luis Caputo, que resuelva rápidamente la situación para evitar que continúen funcionando en cartel las empresas”.

“El 23 de enero nos citaron a ratificar la denuncia, como corresponde según el procedimiento, lo hicimos y el proceso se inició formalmente. Analizado que existían los elementos esenciales para una denuncia, se envió a cada una de las empresas para que dieran las explicaciones del caso en un plazo máximo de 15 días hábiles”, señaló y remarcó que “las empresas fueron haciendo sus descargos en tiempo y forma hasta el 20 de marzo. Actualmente, se tiene que resolver si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abre o no el sumario para investigar efectivamente el cartel de las prepagas”.

Sobre esa misma línea, el lilito manifestó que “la CNDC tendrá a cargo la instrucción del caso y la obligación de construir las pruebas contribuyendo con lo que aportemos los particulares que hemos contribuido en la denuncia de los hechos” e indicó que “las sanciones que puede imponer la CNDC son (1) frenar los aumentos concertados; (2) imponer sanciones por hasta de dos veces todo el beneficio ilícito obtenido o 100 millones de dólares; y, más importante, (3) habilita las denuncias de los privados para recuperar lo que se cobró por encima del precio de mercado y les permite a los jueces imponer multas civiles puniendo el daño que cada prepaga le generó a sus afiliados”.

“En Argentina no hay capitalismo de mercado o de estado, hay capitalismo de amigos. Tenemos que hacer un cambio definitivo y construir un país menos corporativista y más competitivo, con las personas en el centro y la productividad como norte”, completó.

El presidente está hablando en un país con una deserción escolar que en algunas provincias supera el 30% y un creciente discurso que pone en crisis la educación contra las oportunidades mágicas que ofrecen las cripto, cursos clandestinos, inofensivas pirámides y el juego en línea.

Tenemos que entender el contexto en el que estamos. Más quienes somos funcionarios públicos. Podemos hacer mucho para mejorar la educación, hay que trabajar en esa línea.

El problema es que el presidente no quiere mejorar la UBA ni la educación. No propone eso. Busca quedarse con los fondos destinados a financiarla. ¿Quién va a pagar la plata que se queda el Estado Nacional y no le manda a la UBA o a las provincias con el fondo educativo para las escuelas?

Se puede discutir ampliar las fuentes de financiamiento con la participación de los egresados, de los profesionales colegiados y demás. Se puede pensar más estrategias de asociación pública y privada para fortalecer la autonomía financiera. Hay mucho para hacer pero en todos esos supuestos, la plata está para formar a la población y educar a los ciudadanos.

Hay muchos que quieren sacar provecho económico del desprestigio de la educación como actividad. Cuidemos lo que funciona y arreglemos lo que no. Basta de lastimar.

En medio de la crisis económica que golpea a todo el país, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes celebró en sus redes sociales la decisión de ese espacio de impulsar en la Cámara baja la sesión en el Congreso, en la que se planeaba debatir la movilidad jubilatoria.

En ese sentido, el oficialista explicó que la CC ARI “puso en agenda lo concreto e importante. Los jubilados no son responsables. Sufrieron años de abandono del kirchnerismo. Cambiar es ayudarlos, no ignorarlos”.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “Argentina necesita un ajuste”, al mismo tiempo que compartió la definición de la palabra ajuste como “ir o volver hacia lo justo”. “Que el peso del ajuste lo vuelvan a pagar los jubilados es todo lo contrario a un ajuste, es un desajuste. No es posible tolerar o asimilar más injusticias”, manifestó.

“Los jubilados y los niños tienen que estar protegidos. El esfuerzo y dolor que causa un ajuste es tolerable cuando la finalidad es volver a lo justo y cuando el camino también lo es”, planteó.

Asimismo, remarcó que “fue muy importante lo que hizo el bloque de la Coalición Cívica hoy en el Congreso de la Nación. Somos muchos los que estamos preocupados por este rumbo sin empatía” y destacó que “el país tiene que cambiar de punta a punta, no solo es el deseo de la mayoría, es una necesidad que tenemos”.

“Es indispensable ajustar años de hegemonía de un modelo económico empobrecedor y corporativo, con instituciones fuertes, poniendo un fin al populismo y fortaleciendo las bases de la economía. El cambio es hacer del país, un país justo”, sentenció.

El diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes disparó con dureza contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, después de que este compartiera en sus redes sociales un video en el que se puede ver a un alumno del nivel secundario descompensándose mientras Javier Milei daba un discurso en el Instituto Cardenal Copello.

El momento en cuestión se dio cuando el presidente recordó una conversación que tuvo en Davos, en la que mencionó a los socialistas y a los “zurditos”. Por lo que el presidente se dio vuelta para ver que sucedía y manifestó: “y sí, los nombro y son infalibles”.

Atento a esa situación, Adorni decidió compartir el clip en sus redes y lo acompañó con un escueto mensaje: “Fin.”, rezaba el mismo.

Molesto por la actitud del vocero presidencial, Reyes salió al cruce. “Adorni, tenes la actitud de un chanchero de cuarta, un diminuto que se excita con el poder ajeno, un pobre tipo”, sentenció.

Los legisladores de Vamos por Más (VxM) y hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes, impulsaron una iniciativa mediante la cual buscarán expresar su preocupación por la demora del Gobierno Nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas aseguraron que “el Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se determinó el pago a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95% de la masa de impuestos coparticipables” e indicó que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Al mismo tiempo que recordaron que “el sistema de coparticipación federal tiende a solucionar un complejo problema de nuestro país que es el desequilibrio en materia de desarrollo entre las diferentes provincias”, por lo que después de que la gestión de Alberto Fernández decidiera unilateralmente recortar esos fondos, la Corte ordenó la mencionada restitución.

En ese sentido, Del Gaiso y Reyes explicaron que “la conformación de un sistema federal implica una cultura de convivencia, que presupone que las partes interactúan, dialogan y concuerdan. Hemos sostenido que la autonomía es plena y sin restricción conforme al texto constitucional del año 1994 y afianzada durante el debate parlamentario que consagró la reforma” y destacaron que “nuestro régimen constitucional comprende el ideario de la república democrática, hecho que conlleva a respetar las autoridades locales caso contrario se subvertiría el sistema de representación”.

“Es por ello que consideramos imperioso el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica la efectiva restitución de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

Luego de que junto a otros referentes de la Coalición Cívica impulsaran una denuncia para frenar los aumentos desmedidos en las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes dialogó con parlamentario.com acerca del impacto que tuvieron esos incrementos en el sistema de salud y analizó las primeras medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

-En los últimos días usted se refirió a los aumentos desmedidos en las prepagas, ¿se puede poner un freno a esa situación?

-En primer lugar, veo con mucha preocupación la situación de muchas personas que no están llegando a fin de mes. Esto se generalizó en la clase media y se vuelve más complejo con las prepagas. Acá hay un contexto económico muy difícil que debemos reconocer. Ese contexto tiene que ver con acciones del Gobierno y, mucho más, con acciones de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Que las prepagas tenían un atraso en los precios, es bastante probable porque el horizonte de aumentos durante el precio regulado fue pensado para contener una inflación que se disparó. No dudo de eso. Tampoco dudo que buena parte de esa asfixia terminó cayendo sobre los sanatorios y los profesionales de la salud. Ellos no solamente no vieron actualizaciones a la par, sino que reciben pagos de entre 90 y 180 días. A lo que voy es a que el sistema completo estaba roto. Ahora hay que ver bien cuál es la mejor salida porque abandonar a las personas no es el camino. Son personas, no números. Son todo tipo de familias, pacientes con enfermedades crónicas, oncológicos, con operaciones pendientes y nuestros jubilados. El sistema estaba mal, no quedan dudas. La regulación recaía sobre sanatorios y profesionales, pero la desregulación sin más abandona a las personas y, dudo, beneficie realmente a los sanatorios y profesionales. Nosotros pedimos que se analice el mercado y se proponga una regulación lógica, que cuide a las personas, sin volver al régimen de precios regulados.

-¿Cómo se puede terminar con la cartelización de las prepagas?

-El cartel tiene que terminar. Así como empezó, tiene que terminar. Si vamos a un sistema de libre mercado, entonces hay que cumplir con las reglas de competir. Eso es el piso, si no, estamos en el peor de los mundos. El problema de Argentina es el corporativismo, si es regulado por el Estado o desregulado, pero con carteles coordinados por las cámaras empresariales, el problema sigue. La competencia es la nota que permite evitar el abuso, tanto para los usuarios como de los proveedores. La UAS deberá presentarse en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ser serios con esta denuncia. Explicar lo que tengan que explicar y cambiar su forma de operar. No pueden fijar precios, tampoco pueden fijar bandas de aumentos ni coordinar la política de las empresas con los proveedores de salud. Es bastante simple lo que tienen que hacer.

-Más allá de la situación con las prepagas, ¿qué análisis puede hacer acerca de la situación económica que está atravesando la Argentina?

-Como decía antes, la situación económica de Argentina es compleja. Estamos frente a un ajuste que explota en el mercado por la impericia del Gobierno anterior. Dejaron un desastre, al punto tal que están esperando guardados a que la gente se olvide del desastre que hicieron para empezar a criticar a Javier Milei. El ajuste cae sobre todos e impacta mucho entre vulnerables y la clase media. Estoy preocupado, por la situación de las prepagas, por las jubilaciones que quieren que estén a tiro de decreto, por los alquileres que no bajan, y un crecimiento sostenido de las crisis de salud mental, sea con adicciones o padecimientos agudos.  Veo a una Argentina rota, que necesita una salida. Muchos esperan que Milei cumpla con su promesa, y yo le deseo lo mejor, pero creo que para eso tiene que dialogar más con el futuro, que seguir bajo la narrativa populista del enemigo. No va alcanzar ese discurso cuando empeore todo. El consenso fue el discurso negado de la última campaña electoral. Se instaló la demonización del diálogo, el problema es que ya no estamos en campaña. Hay que gobernar.  Nosotros siempre tuvimos como bandera el contrato moral, es porque entendemos que es tiempo de dar un cierre a la violencia económica, institucional y de la palabra, Los discursos violentos solamente alimentan la cara más dura de la Argentina y nos llevará a una crisis sin límites. Elisa Carrió siempre habló de la anomia, de ahí es difícil volver. Estamos a tiempo de cambiar el curso, pero es con diálogo.

-Por último, ¿cree que las medidas implementadas por el Gobierno favorecerán la regulación de los precios?

-Supongo que te referís a si el mercado liberado va a lograr estabilizar los precios. Esa es la tesis del Gobierno, lo que necesita ser traducido a que la inflación baja como consecuencia de la recesión de la economía. Sí, esa regla debería suceder pero ¿a qué costo? El objetivo que tenemos es domar la crisis y ordenar el ajuste. Para eso hay que ser más pragmático y menos dogmático. Probar lo que nunca se hizo, cumplir con la ley. Dar certezas de seguridad jurídica y atender las necesidades con marcos de regulación razonables. La desregulación como tal no existe, es una fantasía o un discurso. Lo que hay es un cambio de una regulación a otra que se apalanca más en la oferta y la demanda. Está bien eso, podemos coincidir ahí, pero tenés que entender cada mercado para conocer su dinámica y ver dónde están las restricciones. El presidente en Davos decía que las fallas del mercado no existen. Con esa filosofía, claro que no va a entender el problema que tienen los pacientes crónicos o los jubilados cuando el sistema no les permite elegir con libertad su plan de salud. Pagar cuatro, cinco o seis veces un plan normal, no es una opción real. No verlo es de necio. Lo mismo creo para la entrada de las micro y pequeñas empresas en ciertos mercados o para afrontar sus costos. Hay algo ahí que atender. Lo mismo con los alquileres, no es tolerable que los inquilinos puedan ser expulsados sin más de un mes al otro sin incumplimientos. Cuando los modelos fallan, no hay que enojarse con la realidad, sino cambiar el modelo.

Debido a los constantes mega eventos que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a asegurar la convivencia vecinal en eventos culturales, festivos y deportivos que se organicen en el distrito capitalino.

El proyecto en cuestión plantea que la autoridad de aplicación deberá “crear un plan de gestión y manejo correspondiente a cada estadio, teatro, y/o locación de eventos”. Los planes de contingencia tendrán que reducir al mínimo posible los cortes de calles y avenidas; promover el uso de transporte público en lugar de vehículos privados; garantizar la disponibilidad de estacionamiento para bicicletas y monopatines; establecer operativos de seguridad y ordenamiento del tránsito adecuados para asegurar el acceso de los ciudadanos a sus viviendas, los estacionamientos para vehículos privados y comercios, entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes explicó que la iniciativa “parte de la idea de involucrar a los vecinos en la planificación de la gestión de estos eventos. La creación de un plan que contemple los alcances de las medidas de seguridad, higiene y transporte que se organizan en torno a esto. Al permitir que los vecinos participen activamente en la toma de decisiones que afectan a su entorno, se fomenta el sentido de responsabilidad y cooperación entre los miembros de la comunidad, y se garantiza que los intereses de todos sean tenidos en cuenta”.

Además, argumentó que el texto tiene “por objeto otorgar herramientas para la creación de estos planes de gestión destinados a asegurar una convivencia armónica de estos eventos masivos y la ciudadanía” e informó que “estos planes buscan garantizar la seguridad y el disfrute de sus espectadores, y reducir las molestias en aquellos vecinos que habitan y transitan las zonas afectadas”.

“Lo que se busca es reducir los cortes de calle y el tránsito, que complican el uso del espacio público en las inmediaciones de tales eventos. Para ello, resulta fundamental llevar adelante medidas que permitan transportar la mayor cantidad de gente posible en el menor espacio posible hacia y desde el lugar de los hechos, generando las menores disrupciones posibles en el espacio público”, completó el legislador.

Después de las prepagas aumentaran un 40,5% en enero y anunciaran un incremento del 30% para febrero, los diputados de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes y Facundo Del Gaiso junto a otros dirigentes de ese espacio impulsaron una denuncia contra el “el aumento coordinado de las prepagas”.

En ese sentido, a través de su cuenta de X -ex Twitter-, Reyes aseguró que “la Unión Argentina de Salud fantasea con los beneficios de un mercado liberado sin hacerse cargo del riesgo de competir para ofrecer mejores planes o mejor precio a los usuarios y mejores condiciones a sus proveedores”.

Al mismo tiempo que explicó que “no podemos pasar de un corporativismo regulado a un corporativismo desregulado. El modelo de fijación de precios por el Gobierno se agotó por asfixia, pero reemplazarlo por una cámara empresarial es contrario al liberalismo. Esto no es solamente injusto, sino que es ilegal” y remarcó que “un cartel es cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo en fijar el precio o coordinar el pago a los proveedores. Esta es la conducta más grave en el mundo de la defensa de la competencia. Cuando no hay competencia, hay abuso”.

“El mercado de la salud es complejo e imperfecto. El Gobierno hizo bien en salir del sistema de regulación de precios porque asfixia a los hospitales y médicos”, añadió y concluyó precisando que “es necesario que previo se arreglen los problemas para la portabilidad de prestaciones para enfermos crónicos, evitar que el costo se dispare después de la jubilación y mejorar el conocimiento de los usuarios de las opciones que tienen. Sino el sistema se vuelve muy injusto”.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC) Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca establecer un “presupuesto participativo”, a fin de que los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre la asignación de recursos públicos en intervenciones y microintervenciones que beneficien a sus barrios.

De acuerdo al texto recientemente presentado, la implementación de dicho presupuesto se basará en la participación “activa y responsable” de los ciudadanos, quienes podrán presentar propuestas para mejorar sus barrios.  La selección de los proyectos financiados será realizada por los propios ciudadanos a través de votación. “La intervención de la Administración se limitará a la factibilidad y razonabilidad de las propuestas en preservación de los recursos públicos y en estricto cumplimiento con los principios rectores de la presente ley”, sostiene el documento.

Asimismo, se establece que el presupuesto participativo se implementará anualmente y el monto destinado a este fin será fijado por la Legislatura porteña al momento de la sanción de la Ley de Presupuesto, no pudiendo ser inferior al 0,5% de la recaudación fiscal del ejercicio correspondiente.

Por otra parte, la iniciativa plantea la creación de la plataforma digital de Presupuesto Participativo BA, la cual deberá contar con un lenguaje simple, claro y preciso respecto del procedimiento de participación en la formulación del presupuesto en las instancias de presentación de proyectos, de trabajo respecto de los proyectos y de la votación para la priorización de los proyectos presentados.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas explicaron que “el presupuesto participativo es una herramienta que se implementa con éxito en miles de ciudades del mundo, siendo la de Porto Alegre la más conocida, tanto por abrir el camino como experiencia innovadora, así como por el éxito en sus resultados: en tiempos de crisis social y económica, comenzó su elaboración en el año 1988, y su modelo de presupuesto participativo logró transformarse en un sistema de deliberación ascendente, con plena responsabilidad impulsado por las necesidades reales de los ciudadanos”.

“Actualmente, grandes ciudades del mundo desarrollan sus distintos sistemas de presupuesto participativo, en las cuales podemos mencionar Paris Budget Participatif (en Paris), donde los parisinos pueden presentar sus proyectos en una plataforma digital, y luego votar entre sus favoritos entre una selección de proyectos estudiados por los servicios de la ciudad; o en Madrid, con la iniciativa Decide Madrid (que influenció la creación de BA Elige), donde el 30% del presupuesto asignado se destina a proyectos que afectan toda la ciudad, y el 70% a proyectos que beneficien a distritos específicos del Ayuntamiento”, indicaron y precisaron que “en nuestro país, Rosario fue la primera ciudad en implementar el presupuesto participativo, en medio de una crisis socio-económica. Hoy en día, hay decenas de iniciativas de ese tipo, sobre todo a nivel municipal, con diseños y metodologías diferentes”.

Por lo que concluyeron señalando que su “compromiso está en una democracia participativa, y por eso trabajamos en la creación del presupuesto participativo como una gran herramienta a disposición para que el ciudadano pueda presentar propuestas, debatir temas y votar sobre cuestiones importantes que puedan afectar a la ciudad”.

En el marco del inicio del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, el diputado de Vamos por Más (VxM) y que responde a Elisa Carrió, Hernán Reyes, compartió en las redes sociales una reflexión acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei e insistió en que “República es cambio”.

“Me preocupa leer a quienes saben del valor de las instituciones, defender que el presidente solicite hasta cuatro años de superpoderes. Una suma total del poder, una forma de gobernar digna del DNU”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “hay que decirlo con todas las letras: el fracaso del DNU no es tanto por el contenido, es porque están queriendo imponer un sistema sin Congreso. Eso es absolutamente inconstitucional” e insistió en que “decir esto es defender el cambio. Primero porque el cambio mal hecho no es sostenible. Segundo, ser republicano es hacer una gran revolución en Argentina. Es recuperar la seguridad jurídica, en serio”.

“Hay que cambiar este sistema. Es asfixiante, pero hay que hacerlo completo. Fondo y formas. Medios y resultados. Recuperemos la idea del Contrato Moral que tanto insistió Elisa Carrió”, completó el oficialista.

Si bien el reparto de comisiones comienza oficialmente en febrero, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya definió la presidencia de tres importantes comisiones: se trata de las de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y la Junta de Ética, las cuales ya comenzaron a trabajar en la designación de diferentes autoridades.

De esta manera, con la decisión de Claudio Romero y Emmanuel Ferrario (VxM) de no solicitar la presidencia de ninguna comisión, la Legislatura nombró como la encargada de la de Presupuesto a la oficialista y protegida de Cristian Ritondo, Paola Michielotto.

En tanto la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales seguirá en manos de Hernán Reyes (VxM), uno de los hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña. Mientras que María Luisa González Estevarena (VxM), una de las figuras del riñón de Patricia Bullrich, retuvo la conducción de la Junta de Ética.

Lo cierto es que la discusión por el reparto de las comisiones recién se da en febrero, la Legislatura de la Ciudad avanzó con estas tres comisiones dado a que debían empezar a funcionar antes para elegir a las nuevas autoridades del Banco Ciudad, a los defensores adjuntos del Pueblo y al Procurador General de la Ciudad.

Después de que Juntos por el Cambio (JxC) quedara fuera de la competencia por la presidencia de la Nación, el diputado de la Coalición Cívica -una de las fuerzas que integran Vamos Juntos (VJ)- Hernán Reyes aseguró que desde ese espacio no votaran por el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, ni por el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En ese contexto, Reyes se refirió sobre esta situación en las redes sociales. “Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad. En consecuencia, no es ni con Massa, ni con Milei”, manifestó.

“Nuestro aporte como partido es asumir una oposición nítida, una posición firme, responsable y legítima con nuestros valores, que sirva más temprano que tarde para volver a construir una mayoría anclada en la democracia republicana, la honestidad, el desarrollo y la justicia”, sentenció Reyes.

Con la mirada puesta en los próximos comicios, el diputado de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes cuestionó con suma dureza la iniciativa de los vouchers educativos que impulsa el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y aseguró que son “una propuesta falsa”.

A través de un video que difundió en las redes sociales, el legislador -que responde a Elisa Carrió- analizó el estado de la educación en la Argentina y explicó los motivos por los que está en contra de los vouchers educativos. “El kirchnerismo abandonó la escuela pública y aparece Milei con la idea de los vouchers educativos. ¿Cómo salimos? Nosotros creemos que hay que recuperar la escuela no convertirla en un negocio. Te quiero contar porque la propuesta de los vouchers es una propuesta falsa y cómo realmente podemos sacar a la educación del pozo en la que la dejó el kirchnerismo”, comenzó diciendo.

Al mismo tiempo que señaló que “la educación pública fue el orgullo de la Argentina. Cuando en el mundo el analfabetismo alcanzaba a la gran mayoría de la población, Argentina logró uno de los indicadores más bajos. Eso no sucedió de casualidad, hubo una política de creación de escuelas en todo el país. Sarmiento inauguró más de 800 y trajo los mejores estándares pedagógicos de la época” e indicó que “la escuela la cuidamos entre todos y así fue grande, nadie nacía en este país sin tener la oportunidad real de estudiar”.

Sobre esa misma línea, Reyes señaló que “esa no es la educación que tenemos hoy, ya no es motivo de orgullo, es motivo de preocupación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la escuela? Definitivamente la propuesta de los vouchers no es una salida. La política de vouchers es una política enfocada exclusivamente en la estrategia de financiamiento, partiendo de la competencia entre la educación pública y la privada”.

“Políticas similares fracasaron y los países las fueron abandonando en los años 90. Pero la mayor debilidad es que no se centra en los problemas de fondo. El problema con la educación pública es que la abandonaron… la abandonó el Gobierno, la abandonaron los sindicatos y así mucha gente se fue de la escuela”, siguió el oficialista.

Además, consideró que “no se trata de un problema de déficit como apunta Milei con el voucher, el problema tiene que ver con la formación docente, con la reforma pedagógica, con incluir conocimientos vinculados a los saberes del futuro y con hacer que los chicos vuelvan a la escuela, porque la deserción en la escuela en nuestro país es altísima”.

“Esto es lo que tenemos que cambiar, esto es lo que queremos cambiar. Los vouchers no solucionan ninguno de estos problemas, son una propuesta falsa. Volvamos a tener la educación que nos dio orgullo, generadora de oportunidades para todos”, cerró Reyes.

La Legislatura de la Ciudad dio inicio esta semana al debate acerca de la Ley de Financiamiento Verde, una propuesta del legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes que tiene por objeto el diseño de la arquitectura jurídico-financiera para la captación, distribución y ejecución del financiamiento de aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.

A través de sus redes sociales, el oficialista afirmó: “¿cómo se financia la transición ecológica? ¿De dónde salen los recursos? Presentamos la Ley de Financiamiento Verde para la Ciudad. Una norma que crea la estructura jurídica y financiera capaz de captar los recursos internacionales, y ponerlos al servicio de nuestra industria”. Al mismo tiempo que precisó que “tuvimos la primera mesa de trabajo en el camino de la ley. Conversamos acerca de la necesidad de diseñar un esquema que sea capaz de captar y ejecutar fondos orientados a políticas públicas de desarrollo sostenible y a la transición del sector productivo”.

“Gracias a la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio; al ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti; al diputado nacional Maximiliano Ferraro; la senadora nacional Gladys González; a la secretaria de Ambiente, Inés Gorbea; al director del Banco Ciudad, Gastón Rossi; y a la Coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, María Eugenia Di Paola”, cerró.

La iniciativa en cuestión se enmarca en lo establecido por la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Ley N° 6.468 de Economía Circular, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050, el Plan de Acción Climática 2050 y demás compromisos asumidos en la materia.

De esta manera, se buscará financiar todas aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que persigan una ciudad “baja en carbono, preparada, inclusiva, cercana y circular”.

Dicho fondo se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero, que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto, y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. A los efectos de la composición del capital y la participación del Comité de Gestión, se garantizará una participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 50%.

Por lo que se constituirán como recursos del fondo: “los recursos y partidas presupuestarias que le asigne la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio, así como los asignados por leyes especiales, afectaciones específicas sobre tributos y otras partidas que se disponen a modo de aporte”, “las asignaciones recibidas de organismos internacionales, multilaterales o nacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban”, “los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso, siempre y cuando dichos bienes cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, “los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta, siempre y cuando dichos dividendos o utilidades cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, entre otros.

Además se propuso la creación de un comité ejecutivo del Fondo Verde, el cual establecerá las políticas de implementación, aplicación y financiamiento del Fondo; establecer la periodicidad en la rendición de cuentas del Fiduciario; determinar los montos máximos y mínimos de cada instrumento para la ejecución de los recursos del Fondo Verde y las condiciones financieras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de gestión de inversiones de los Fondos Fiduciarios Públicos; entre otros puntos.

Buscando mitigar el cambio climático, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual se buscará crear un “Fondo verde”, el cual tiene por objeto el diseño de la arquitectura jurídico-financiera para la captación, distribución y ejecución del financiamiento de aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.

El texto recientemente presentado se enmarca en lo establecido por la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Ley N° 6.468 de Economía Circular, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050, el Plan de Acción Climática 2050 y demás compromisos asumidos en la materia.

De esta manera, se buscará financiar todas aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que persigan una ciudad “baja en carbono, preparada, inclusiva, cercana y circular”.

Dicho fondo se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero, que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto, y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. A los efectos de la composición del capital y la participación del Comité de Gestión, se garantizará una participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 50%.

Por lo que se constituirán como recursos del fondo: “los recursos y partidas presupuestarias que le asigne la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio, así como los asignados por leyes especiales, afectaciones específicas sobre tributos y otras partidas que se disponen a modo de aporte”, “las asignaciones recibidas de organismos internacionales, multilaterales o nacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban”, “los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso, siempre y cuando dichos bienes cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, “los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta, siempre y cuando dichos dividendos o utilidades cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, entre otros.

Además se propuso la creación de un comité ejecutivo del Fondo Verde, el cual establecerá las políticas de implementación, aplicación y financiamiento del Fondo; establecer la periodicidad en la rendición de cuentas del Fiduciario; determinar los montos máximos y mínimos de cada instrumento para la ejecución de los recursos del Fondo Verde y las condiciones financieras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de gestión de inversiones de los Fondos Fiduciarios Públicos; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes aseveró que “a día de hoy, más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y ese número no hará más que incrementarse con el paso del tiempo. En Argentina, la concentración es aún mayor: un 92% de la población se concentra en ciudades” e indicó que “las ciudades, pese a ocupar tan sólo el 3% de la superficie del planeta, representan entre el 60% y 80% del consumo de energía, el 75% del consumo de recursos y de las emisiones de carbono a la atmósfera, y el 50% de la generación de residuos”.

“En ese sentido, resulta menester hoy, más que nunca, tener la creatividad y la audacia de idear nuevos mecanismos capaces de llevar a cabo políticas públicas que satisfagan las 3 aristas del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. Y para ello será fundamental que el Estado y el sector productivo puedan trabajar en conjunto, liderando la transformación de la ciudad futura que anhelamos”, sentenció.

El texto también lleva la firma de Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ).

El diputado de la Coalición Cívica y hombre de confianza de Elisa Carrió, Hernán Reyes (VJ), respaldó la denuncia que ese espacio llevó adelante contra el Movimiento Evita y sus principales referentes por “defraudación, negociaciones incompatibles y violación de sus deberes como funcionarios”.

En ese sentido, el oficialista explicó que “denunciamos a Emilio Pérsico, Alexander Roig, Gildo Onorato y otros dirigentes del Movimiento Evita por conformar una asociación ilegal para: defraudación, negociaciones incompatibles y violación sus los deberes de funcionario”.

“El Movimiento Evita es una organización social con fines políticos que nuclea cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles. Desde que asumió Alberto Fernández, algunos de sus dirigentes se incorporaron como funcionarios en la gestión pública”, agregó a través de sus redes sociales e indicó que “Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, asumió como secretario de Economía Social y quedó a cargo del Programa Potenciar Trabajo, que concentra los planes sociales del Gobierno Nacional. En 2022 tuvo un presupuesto de 491.696 millones de pesos y representó el 2,8% del gasto público”.

Al mismo tiempo que precisó que “Potenciar Trabajo se ejecuta a través de intermediarios e incluye dos tipos de prestaciones. Las primeras son las individuales, de medio salario mínimo por mes (34.750 de pesos en marzo). Pasaron de ser 554.628 titulares cuando comenzó el programa a 1.268.044 actualmente (+129%)” y resaltó que “las segundas son convenios directos con las unidades de gestión, que son los intermediarios que ejecutan los proyectos subsidiados y contienen a los titulares. Hasta octubre de 2021, se habían celebrado convenios por un total de 18.306.054.644 de pesos”.

“De estos, pudimos identificar que 3.646.159.320 de pesos fueron para cooperativas, fundaciones o asociaciones vinculadas al Movimiento Evita. Uno de cada cinco pesos asignados a través de convenios firmados desde la Secretaría Social de Emilio Pérsico fueron para ellos mismos”, continuó Reyes. A la vez que detalló que “el Movimiento Evita tiene su origen en la Federación de Cooperativas Trabajo Evita LTDA que nuclea a diferentes cooperativas, fundaciones o asociaciones, así como ha construido estrechos lazos políticos con otras que no integran la Federación”.

Sobre esa misma línea, el diputado afirmó que “Emilio Pérsico, como autoridad de aplicación del Potenciar Trabajo, entregó subsidios al Movimiento Evita que dirige desde sus inicios. Este accionar no es un simple conflicto sino una negociación incompatible con su función, penado por el Código Penal” y advirtió que “todo esto se realizó sin ninguna instancia de control externa. Las encargadas de certificar los cumplimientos son las propias unidades de gestión, y las Unidades de Evaluación están conformadas por funcionarios de la Secretaría de Economía Social que también dependen de Pérsico”.

“Por su parte, Alexander Roig asumió como Presidente del INAES, organismo que controla las cooperativas y mutuales. Desde ahí, el Movimiento Evita puede ejercer un control sobre estas formas de asociativismo, y también desviaron 180.008.340 de pesos hacia sus arcas”, agregó y resaltó: “Gildo Onorato es titular de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, que recibió dinero directo del Estado. Estas personas y otros dirigentes se organizan para desviar fondos públicos a la organización”.

Atento a esta situación, Reyes manifestó que “en esta historia nada es casualidad. El Movimiento Evita creó un sistema que les permite desviar fondos públicos para aumentar su poder político y territorial. Usan los planes para mantener una militancia rentada, y usan los convenios para tener caja propia” y destacó que “ingresaron a la gestión, crearon un Programa con normativa ambigua que les permite un manejo discrecional y se aprovecharon de ello. Establecieron un Estado Paralelo, en el que el acceso a las políticas sociales para las personas depende de su vínculo con el Movimiento Evita”.

“En total, el Movimiento Evita se llevó $3.836.167.660 en 2021 y maneja cerca de 5.000.000.000 de pesos por mes actualmente. Un verdadero saqueo al Estado en función del armado territorial y político de la organización y sus propios intereses”, alertó y concluyó precisando que “lo que se desprende de todo lo anterior es un entramado de corrupción y manejo discrecional de los fondos públicos por parte de los dirigentes del Movimiento Evita. Esperamos que la Justicia actúe rápido y que sean responsables por sus acciones”.

Debido al crecimiento del narcotráfico en Santa Fe y buscando evitar una situación similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura porteña para crear un “Sistema Integral de Prevención y Control del Narcotráfico”.

El objetivo de dicho programa es el de sistematizar el accionar de los distintos agentes públicos y privados involucrados en la prevención y control del narcomenudeo y el narcotráfico; promover la protección a toda persona que denuncie, sea víctima y/o se presente como testigo de casos de narcomenudeo o de narcotráfico; entre otros puntos.

Asimismo plantea la creación del “Gabinete de Prevención del Narcotráfico”, el cual será una instancia plenaria de reunión de todas las dependencias del Poder Ejecutivo y otros organismos con competencia específica en la materia o que intervengan en políticas públicas que influyan en la prevención y control del narcotráfico. La integración se logrará con dos representantes, que no podrán ser del mismo género, por cada una de las dependencias que se disponga en la reglamentación.

El texto en cuestión también contempla la confección de un “Plan Trianual de Prevención del Narcotráfico”, el cual deberá establecer los criterios de focalización en la prevención y selectividad en materia de control territorial; estrategias de prevención y reducción de daños en los dispositivos para el abordaje del consumo de estupefacientes en el espacio público; y que establezca objetivos y estrategias de comunicación pública del abordaje de la problemática conforme criterios de prevención, no estigmatización e informativos basados en evidencia científica; entre otros puntos.

A su vez se fomentará un programa de protección de testigos de narcotráfico, el cual permanecerá bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y servirá para brindar protección a toda persona que denuncie y/o sea testigo de casos de narcotráfico, en cualquiera sea su modo, etapa, o nivel. Además se les brindará las herramientas pertinentes para asegurar la integridad física, psíquica y la libertad del denunciante, en pos de asegurar su participación en la investigación pertinente.

La iniciativa también lleva la firma de Juan Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero (VJ), quienes aseveraron que “con esta ley estamos presentando un proyecto para ampliar nuestro abordaje del consumo problemático, así como de todas las adicciones comportamentales” y remarcaron que “no se trata de una demonización de determinadas sustancias, sino de una decisión política de asumir con responsabilidad el desafío del combate al narcotráfico y cesar con una política (en algunos casos deliberada) de abandono de las personas, abandono de quienes padecen adicciones y el abandono de los argentinos a la violencia del narcotráfico”.

“En estas semanas hemos visto el recrudecimiento de la violencia narco en la provincia de Santa Fe y lo ocurrido en el conurbano bonaerense con el envenenamiento. No miramos superficialmente, sabemos que estos hechos son parte de una avanzada del narcotráfico en todo el país y que se extiende en todas nuestras ciudades. Es la consecuencia de décadas de abandono, políticas erráticas y posiciones mediocres respecto de una problemática de gran complejidad”, continuaron los oficialistas y plantearon que “además de la colaboración con la política de investigación judicial, este proyecto pretende generar una instancia de gobierno que asuma el desafío de la prevención y control del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. La planificación de políticas públicas resulta esencial, siendo que de este modo se garantiza una armonía entre políticas urbanísticas y la prevención del delito a través de la coordinación de todos los actores políticos en el Gobierno”.

Por lo que concluyeron señalando: “desde la perspectiva nuestra, el Estado debe ofrecer garantías de un tratamiento adecuado para quienes padecen adicciones o que se encuentran en tratamiento de ellas”.

Después de haber presentado escritos en la Legislatura porteña para repudiar esta situación, los diputados de Vamos Juntos (VJ) cuestionaron con suma dureza la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par de Cuba, Miguel Díaz, a la Argentina y consideraron que es “preocupante que no haya una sola disidencia en el oficialismo” sobre este tema.

En ese sentido el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), afirmó que “es triste y preocupante que no haya una sola disidencia en el oficialismo respecto de la visita de Maduro” y concluyó expresando su deseo de que “al menos alguien levante la voz por la lucha histórica de nuestro país por los derechos humanos y dé cuenta de la traición que están cometiendo”.

Mientras que Juan Pablo Arenaza (VJ), uno de los legisladores que responde a Patricia Bullrich, se hizo eco de un mensaje de Díaz anunciando su arribo a la Argentina y lanzó con dureza: “ya están llegando los dictadores amigos del Gobierno”.

Cabe recordar que algunos días atrás los diputados de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual pidieron declarar “personas no gratas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba respectivamente, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizará en nuestra Ciudad el 24 de enero del corriente”.

En las vísperas del inicio del debate en el recinto del Presupuesto 2023, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará dotar a esa misma Casa con una “Oficina de Ejecución del Presupuesto y Evaluación de las Políticas Públicas”.

De esta manera, dicha oficina se dedicará “a la asistencia técnica en la formulación, implementación y seguimiento de leyes con impacto presupuestario” y ejercerá “sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, mediante la provisión de información objetiva, imparcial e independiente”.

La mencionada oficina tendrá entre sus principales funciones la realización de “análisis de las estimaciones de ingresos fiscales, plan de gasto, metas físicas y deuda pública respecto del ejercicio siguiente y proyecciones de ingresos en mediano y largo plazo, con el objeto de asesorar a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria o a requerimiento específico respecto de programas y proyectos por las demás comisiones de la Legislatura de la Ciudad” y elaborará documentos de legislación comparada nacional e internacional respecto de la materia que está siendo analizada.

También realizará “una evaluación de la tasa de retorno respecto de las obras proyectadas en el plan plurianual y aquellas obras contenidas en iniciativas legislativas y/o en la ley de presupuesto en base a los indicadores utilizados por el área competente”; “una evaluación de la pertinencia, costo-beneficio presupuestario, eficacia e impacto de la medida respecto de las iniciativas legislativas, con anterioridad a su sanción y a requerimiento del autor de la iniciativa o el Presidente de la comisión de cabecera del proyecto”; y podrá convocar a reuniones con organizaciones civiles o los sectores afectados por los proyectos de ley que se traten en el Parlamento.

A su vez podrá celebrar convenios de cooperación con organizaciones públicas, en pos de compartir y promover las buenas prácticas en la evaluación de las políticas públicas; entre otros puntos.

Según el texto recientemente presentado, la oficina estará coordinada por un secretario que tendrá un mandato de cinco años, con la posibilidad de ser designado nuevamente por una única vez, y su elección se dará por un concurso de oposición y antecedentes al que podrán presentarse cualquier interesado. Los postulantes tendrán que acreditar experiencia profesional y académica de cinco años en regulación económica, legislativa y/o evaluación de políticas públicas, así como título universitario de grado o posgrado en derecho, economía y/o ciencias sociales.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que en la Legislatura porteña se presenta un proyecto de estas características, de hecho actualmente cuentan con estado parlamentario dos textos similares: uno de la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira y otro del ex legislador radical Leandro Halperín. Además hay otras iniciativas que perdieron vigencia pero que apuntaban al mismo objetivo, las cuales fueron impulsadas por los diputados mandato cumplido Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Hernán Rossi, Hernán Arce y Juan Francisco Nosiglia.

Elisa Carrió y los legisladores de la Coalición Cívica por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cecilia Ferrero, Facundo del Gaiso, Hernán Reyes y Lucía Romano presentaron este miércoles una denuncia penal contra el juez Roberto Gallardo, al que le endilgan haber cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con el delito de prevaricato.

“Es flagrante la irregularidad del juez Gallardo en ejercicio de sus funciones, por su decisión de ordenar a la Ciudad el cese en la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la señora vicepresidenta de la Nación y disponer que sean las fuerzas federales las responsables de esa tarea. Su resolución es contraria a la Constitución Nacional, a la de la Ciudad de Buenos Aires, de normativa nacional y local. Las consecuencias generadas de la decisión adoptada por Gallardo resultó perjudicial para la Vicepresidenta y para los ciudadanos del Barrio de Recoleta, por la vulneración sistemática de sus derechos constitucionales al generar un estado de indefensión y extrema vulnerabilidad”, sostiene el texto presentado por Carrió y los legisladores de la CC.

“El juez Gallardo ejerció en forma irregular sus competencias con el dictado de resolución en cuestión, aplicando normas que debe conocer en su calidad de Juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por las cuales juró ejercer su función”, agregan.

“La resolución judicial dictada por el juez Gallardo viola de manera flagrante lo dispuesto por la Constitución Nacional (artículo 129) y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, al haber suspendido el servicio de seguridad pública de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. No solo con ello se va en contra de lo consagrado en nuestra Carta Magna y en la clara voluntad legislativa del momento en que fue consagrada la autonomía local, sino que se está atentando así contra la protección y seguridad de los habitantes de esta Ciudad, dejándolos desamparados a potenciales hechos delictivos”, señalan Carrió y los legisladores de la CC en la denuncia.

La denuncia de los dirigentes de la CC expresa que “el incumplimiento del juez Gallardo con lo establecido por la Ley No 5688 no solo es flagrante, sino que es de una gravedad tanto institucional como práctica inusitada, ya que, al suspender el servicio de seguridad pública de la Ciudad en los alrededores del hogar de la vicepresidente, ha afectado políticas públicas concernientes al Poder Ejecutivo local, como también ha generado una zona de peligrosidad manifiesta, tanto para la funcionaria que debía salvaguardarse, como para los vecinos de las inmediaciones, hecho más que acreditado al observar que el atentado contra la vida de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, fue realizado precisamente luego del fallo aquí cuestionado”.

“En la decisión arbitraria e ilegal dictada por el Magistrado, los funcionarios federales irradian una suerte de fuerza que invalida las competencias de seguridad locales constitucionalmente reconocidas y consagradas por la interpretación de la Corte Suprema de la Nación. Así, podrá observarse que la conducta del juez Gallardo es susceptible de reproche, dado que no existe norma habilitante que permita vulnerar la autonomía local, y expandir territorialmente el desempeño territorial de las custodias federales para el Presidente o la Vicepresidenta con los propios pasos que da el funcionario, avasallando derechos consagrados”, añaden desde la CC.

“En conclusión, para así decidir como lo hizo, el juez Roberto Gallardo ha omitido cumplir con los deberes a su cargo, ejerciéndolos de modo irregular (desviación de poder), al direccionar y manipular la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención, generando vulneración de derechos y daños ciertos”, manifiestan Carrió, Ferrero, Del Gaiso, Reyes y Romano.

Después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los diputados porteños de la Coalición Cívica pidieron que se realice un juicio político al juez Roberto Gallardo, dado a que lo acusan por “mal desempeño” de sus funciones tras haber pedido que se retirara del domicilio de la funcionaria unas vallas que buscaban resguardar su integridad.

El suceso en cuestión se dio el pasado 29 de agosto, después de que Gallardo –que se desempeña como juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4- solicitara el levantamiento de las vallas colocadas sobre la calle Juncal, ordenando al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que retire la custodia de la vicepresidenta y estableciendo que las fuerzas federales serán los encargados de la custodia. 

En su pedido de juicio político, los legisladores porteños advirtieron que estos actos “demuestran desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones” y remarcaron que los mismos “avasallan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. 

“La figura del mal desempeño adquiere su real dimensión cuando la conducta del juez cuestionado resulta violatoria de uno de los deberes fundamentales de la magistratura, que es el de su imparcialidad”, expresaron y añadieron que “el deber de imparcialidad del juez es un imperativo ético y legal. Al respecto, el estatuto universal del Juez señala que ‘el juez debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y resolución de las causas…’. Resulta evidente que el magistrado cuyo juicio político aquí solicitamos, se apartó de tal mandato”.

Al respecto de esta situación, el presidente del bloque de legisladores de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso (VJ), afirmó que “Gallardo dejó en estado de indefensión a los vecinos de la ciudad, sin seguridad.  Lamentable su accionar en pos de un grupo político.  Eso demuestra que el juez Gallardo es un juez partidario”.

Mientras que la diputada Cecilia Ferrero (VJ) sostuvo que “el juez Roberto Gallardo direccionó y manipuló la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención y ello configura suficiente causal de mal desempeño para para instar el procedimiento y remoción de su cargo” y que Hernán Reyes (VJ) concluyó advirtiendo que “Gallardo actuó fuera del derecho, a favor de un partido político y en contra de los vecinos y la autonomía de la Ciudad”.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, le enviaron una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, en la que les requieren que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigue a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a los funcionarios de su gobierno involucrados en la “cartelización” de la obra pública, más conocida como la causa de los “cuadernos”.

También solicitan que se extienda la pesquisa a los administradores de todas las empresas observadas. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está haciendo lo imposible para no investigar a Cristina Kirchner y los empresarios por la causa de los cuadernos. Desde junio que desde la Coalición Cívica nos presentamos para que amplíe la investigación y no tenemos respuesta”, señalaron los legisladores de la CC.

“Massa tiene la llave para decidir si se va a investigar la cartelización de la obra pública o si va a proteger a Cristina y los empresarios”, explicaron Reyes, López, Zuvic y Oliveto. “El acuerdo de Massa, Cristina y Alberto era la impunidad. Así fundaron el Frente de Todos, nosotros no lo vamos a permitir”, agregaron.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, manifestaron los diputados por la CC.

Los legisladores de la CC piden, también, que se convoque al concurso para conformar la Autoridad Nacional de la Competencia, que sería un tribunal administrativo independiente que debería continuar con esta investigación.

Este año, los diputados de la CC realizaron un pedido de acceso a la información pública para tomar conocimiento del estado de situación de la investigación en la CNDC, con el objeto de saber si el expediente se encontraba abierto, archivado y quiénes estaban siendo investigados. En esa oportunidad la respuesta fue que ninguna persona humana era objeto de la investigación en el sumario y todo lo actuado se mantenía en secreto. Luego, iniciaron un reclamo administrativo para tomar conocimiento de las resoluciones de la CNDC y la Secretaría de Comercio, por la negativa de acceso a la información pública, y se presentamos en el expediente de la CNDC para requerir que se los incluya como parte, en carácter de coadyuvantes de la CNDC, y que se amplíe la investigación incluyendo a los administradores de las empresas y a los exfuncionarios que formaron parte del cartel.

La Agencia de Información Pública se negó a brindar la información requerida por los diputados de la CC, conforme una interpretación por la que las actuaciones de la CNDC son secretas. La CC presentará un amparo en atención a este punto. Respecto del pedido de ampliación de la investigación de la CNDC, los legisladores no han podido acceder al expediente ni tomar conocimiento de lo resuelto. En julio se presentó un pedido de pronto despacho en el que se requirió que se resuelva la ampliación, por la negativa o la afirmativa. Ante la falta de notificación de alguna resolución reiteramos el pedido pronto despacho hace dos semanas.

La carta enviada por los legisladores de la CC está dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto responsable jerárquico de la Secretaría de Comercio; al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por tener la competencia para resolver cualquier resolución que impulse la CNDC en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, y al presidente de la CNDC Rodrigo Luchinsky, responsable del proceso de investigación que se está llevando a cabo.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, sostuvieron los legisladores de la CC. “La causa de los cuadernos y vialidad es lo que Lilita denunció en 2008, ahora que estamos más cerca del final no podemos dejarlos construir la impunidad”, añadieron.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y diputado de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca avanzar con  el “plan de transición digital 2030”, el cual tendrá por finalidad establecer las metas en la transición digital de la economía y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los programas, iniciativas y procedimientos por los que se dará cumplimiento a las mismas.

A través de este plan se buscará aumentar “la conectividad a internet y la velocidad de dicha conexión de la población en sus hogares, en las empresas, en el espacio público y en los centros de salud, educación y deportes”, “la infraestructura soterrada de conectividad así como la disposición de infraestructura aérea para antenas que permita ampliar la cobertura de conectividad en la Ciudad” y “la cantidad de personas con capacitación básica en programación y competencias digitales de la población en general, y de los funcionarios del Gobierno porteño”.

También prevé reducir la brecha digital de grupos vulnerables, de género y generacional; aumentar el volumen del comercio digital y la transformación digital por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad; aumentar la digitalización de trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno, bajo el principio de reducir la complejidad y los tiempos de espera y tramitación”; entre otros puntos.

Para poder cumplir con todos esos objetivos, Reyes también propuso crear mesas de trabajo en la que participaran agentes del sector público y privado. La Autoridad de aplicación deberá convocar a las mesas de trabajo a las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con competencias en el cumplimiento de los objetivos. Cada jurisdicción enviará a dos representantes, que no podrán ser del mismo género.

El texto prevé la creación de una Comisión Especial de Seguimiento del Plan de Transición Digital de la Ciudad, conformada por siete diputados, no pudiendo ser más de cuatro miembros del mismo género. Conformada, la Comisión especial elegirá un presidente y un vicepresidente.

La Comisión especial tiene por finalidad el seguimiento en el cumplimiento de las metas específicas del Plan de Transición Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la convocatoria de su Autoridad de aplicación a informar respecto de la ejecución del mismo.

En los fundamentos de la medida, Reyes afirmó que “la gobernanza es la forma en que las comunidades conciben y dan forma a su destino y determina si una sociedad avanza o retrocede. Entonces, el papel de la gobernanza no consiste en resistir lo inevitable, sino en suavizar la transición entre el pasado y el futuro” y precisó que “ello incluye la capacidad de nuestra sociedad de aceptar la transición y prevenir el impacto negativo en lo social, económico y cultural de la automatización”.

“El Gobierno de la Ciudad ya viene recorriendo un largo camino en su objetivo de modernización, adoptando las nuevas tecnologías a sus procesos de gestión, y posicionándose como una de las principales ciudades inteligentes en la región. Probablemente uno de los mejores ejemplos para ilustrar los buenos resultados de la incorporación de la Inteligencia Artificial a la esfera pública sea el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, Boti”, concluyó señalando.

Cabe precisar que son co autores del proyecto Juan Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Darío Nieto y Lucía Romano (VJ).

En el marco de crisis que atraviesa el país, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca fomentar un “plan de inclusión financiera”, destinado a garantizar el acceso de los vecinos y empresas a un conjunto de programas de educación financiera.

La iniciativa plantea la creación de ese plan con el objetivo de “efectuar la generación y análisis de datos que midan los niveles de inclusión financiera dentro de la Ciudad”, “aumentar el acceso a cuentas de ahorro, créditos, medios de pago electrónico y seguros, y en especial, líneas de crédito y microcrédito para pequeños emprendedores y micro y pequeñas empresas ubicadas en barrios populares a través de instituciones de microfinanzas, cooperativas y mutuales de crédito” y “potenciar la percepción de seguridad en el uso de cuentas, medios de pago electrónicos, y otros servicios financieros”.

Sobre esa misma línea, también busca “aumentar las capacidades financieras de la población, promoviendo el acceso al crédito en instituciones financieras, proveedores de pago, instituciones de microfinanzas, cooperativas y mutuales”, “reducir la brecha de género, por rango etario, por situación socio-económica y en aquellos grupos específicos con mayor riesgo de exclusión respecto del uso de servicios financieros”, “promover la educación financiera, las medidas de seguridad adecuadas para la operación de servicios financieros y estrategias de administración de la economía doméstica o en micro y pequeños emprendimientos” y fomentar “la creación de certificaciones de identidad financiera de los usuarios en barrios populares, permitiendo que puedan acreditar su actividad financiera que se desarrolla por fuera de las instituciones financieras”.

De esta manera, el texto plantea que el “plan de inclusión financiera” se adoptará en cumplimiento de criterios basados en evidencia, debiendo recopilar datos respectivos a uso, calidad y acceso de servicios y productos y servicios financieros, dimensiones vinculadas a la inclusión financiera digital, y aquellas relevantes según los aspectos propios del ámbito de la Ciudad.

Asimismo el plan deberá promover activamente la adopción y uso de servicios financieros digitales, fortaleciendo la infraestructura financiera digital, y estableciendo objetivos medibles y graduales para incrementar su uso en el distrito capitalino.

A su vez la autoridad de aplicación, que deberá definirla el Ejecutivo, tendrá que “convocar a empresas Fintech y/o dedicadas a la tecnología blockchain, a organizaciones sociales interesadas y a demás reparticiones del Gobierno de la Ciudad a fines de armar un proyecto específico sobre identidad financiera de la economía popular y los habitantes en barrios populares, de forma abierta e interoperable, que facilite la realización de trámites y acciones financieras asociadas a la identidad”.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes recordó que “en nuestra Constitución de la Ciudad, el artículo 17 establece que la Ciudad debe desarrollar políticas sociales coordinadas para superar la pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos, asistiendo a las personas con necesidades básicas insatisfechas, y promoviendo el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades” y afirmó que “la inclusión financiera es un componente central de la inclusión social”.

“El impacto positivo de la inclusión financiera se encuentra en la reducción de la desigualdad económica, la igualdad de género, el alivio de la inestabilidad financiera, la disminución del riesgo financiero, la suavización del consumo, y en suma, el alivio de la pobreza”, agregó.

A la vez que detalló que la Capital Federal “viene trabajando arduamente para promover el desarrollo de la inclusión financiera. El programa ‘Ciudad MicroEmpresas’, impulsado por el Banco Ciudad y la Corporación Sur, es un programa de microcréditos dedicado a impulsar la integración social y económica de los emprendedores de bajos recursos del país” y aseveró que “el Banco Ciudad cuenta con otras líneas de inclusión financiera, realizando aperturas de cajas de ahorro gratuitas, apertura de posiciones comerciales en barrios emergentes de la Ciudad, préstamos hipotecarios sociales, préstamos hipotecarios Primera Casa BA, préstamos personales y prendarios a taxistas para la compra de licencia y vehículo (programa de peón a patrón), entre otros más”.

“Es necesario que la Ciudad de Buenos Aires cuente con su propia estrategia de inclusión financiera, persiguiendo los objetivos planteados en la presente ley, e invirtiendo en programas especiales que empoderen a los ciudadanos y que los incluya financieramente”, sentenció.

El proyecto también lleva la firma de Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Darío Nieto y Lucía Romano (VJ).

Tras los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes y el del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano salieron a cuestionar con dureza las propuestas de la funcionaria y advirtieron que algunas de ellas “tardaron demasiado y fue muy costoso para los argentinos”.

En ese sentido el trokista planteó que los anuncios de este lunes son “la puesta en marcha de las ‘acciones dolorosas’ que reclamó el FMI. Así, pretende dar señales claras a los llamados ‘mercados’” y remarcó que “cuando Batakis señala que ‘cree mucho en el equilibrio fiscal’ está admitiendo que irá a fondo con el ajuste contra los trabajadores del sector público, contra la obra pública, contra la salud y la educación. En contraste con esto, el Estado le garantizará mayores beneficios a los bancos, aumentando las tasas de interés”.

En tanto el oficialista planteó que “dos años perdiendo el tiempo y el rumbo. Finalmente anunciaron que van a convocar a un concurso para la Autoridad Nacional de la Competencia. Buena noticia, sí. Tardaron demasiado y fue muy costoso para los argentinos” e indicó que “nos presentamos en la CNDC por precios máximos y sus consecuencias nefastas, por la política de aeronavegación comercial a favor de Aerolíneas y los cupos de exportación. Convocan a la ANC pensando que van contra los privados, pero el que más generó distorsiones fue el Gobierno”.

“La ley de Defensa de la Competencia fue sancionada en 1999, creando un Tribunal (la ahora Autoridad) que jamás se confirmó. En 2014, Cristina modificó la Ley eliminando ese tribunal y dejando todo a disposición de la Secretaria de Comercio a cargo de Moreno”, continuó Reyes y afirmó que “en 2016, convencidos de que es necesaria una autoridad independiente de la competencia, designada por concurso y con autonomía técnica, financiera y de criterio, impulsamos la sanción de una nueva a partir de los proyectos de Elisa Carrió y Mario Raúl Negri””.

A su vez planteó que “se sancionó en 2018. Se reglamentó. Y en 2019 se convocó a un concurso, se elevaron las designaciones al Senado de la Nación por orden de mérito. Alberto lo primero que hizo como presidente fue retirar los pliegos del Senado y congeló la cuestión durante estos dos años” y concluyó remarcando que “en ese momento fuimos a la justicia, iniciamos un amparo por el incumplimiento de la Ley. El kirchnerismo nunca creyó en la competencia porque piensa que todo se hace con acuerdos corporativos. Hoy anuncian el concurso. Dos años tarde. Estaremos atentos”.

A raíz de la crisis económica que atraviesa el país, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, analizó en las redes sociales las últimas medidas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional y cuestionó con dureza el cepo a la producción ya que consideró que es un intento por “mantener vivo a un modelo económico agotado”.

En ese sentido, el oficialista aseguró que si bien “el Gobierno dice que piensa en los consumidores de acá en vez de los de afuera” lo cierto es que desde la “Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios se advirtió que podría haber faltantes de productos por el nuevo cepo, como por ejemplo, aceite, café y papel higiénico. Consumos suntuarios de la oligarquía”.

“Sin embargo, más allá de estos faltantes, este nuevo cepo afecta a sectores clave para la economía, como los que producen bienes de capital en nuestro país y productos críticos como insumos médicos”, añadió.

Al mismo tiempo que precisó que “este cepo a la producción es un nuevo intento de mantener vivo a un modelo económico agotado, que perjudica a aquellos que pretende defender, esperando a que alguna situación fortuita lo salve. Sin embargo, ni con la Soja en récords históricos lo estarían logrando” y recordó que “para colmo, la ministra Batakis nos toma por idiotas al decir cosas como que ‘el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo’, cuando es evidente que ni los dólares ni el trabajo escasean por el turismo”.

Es por ello que Reyes planteó que “tenemos que animarnos a plantear las reformas de fondo, y que trascienden a lo económico: una inflación bajo control, un fisco equilibrado, una economía tranquila, un estado al servicio del ciudadano y una política aburrida. La utopía de la normalidad”.

“No podemos pensar la Argentina del futuro si seguimos confrontando con los sectores más dinámicos. No debemos preguntarnos ¿cómo le podemos sacar más al campo?, como piensa la actual ministra. Sino ¿cómo podemos ayudar a sumar tecnología y capital para que el campo crezca?”, añadió y concluyó aseverando que “hay que cambiar y eso no es fácil, pero es urgente. Es con decisión y solvencia técnica. No va una sin la otra”.

Con la mirada puesta sobre los comicios que se llevarán a cabo el año que viene en todo el país, la Legislatura de la Ciudad avanza con el debate al respecto del proyecto “ficha limpia”, que se enfoca en la inhabilitación a presentarse a elecciones a personas que tengan condenas por causas de corrupción.

El debate estuvo encabezado por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y legislador de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ). Además condujeron la discusión en cuatro bloques expositores sobre el proyecto, participaron diputados provinciales y nacionales y también agrupaciones de la sociedad civil que impulsan el mismo.

En ese contexto, Ferrario planteó que “las personas no se resisten a los cambios, sino a las pérdidas que éstos generan. En el caso de la Ficha Limpia lo que ataca es a todos los políticos que están anclados en privilegios” e indicó que “eso es lo que busca este proyecto, esa pérdida en beneficio de la democracia, de una mejor representación”.

Mientras que Reyes argumentó que “los argentinos se merecen poner un límite a la posibilidad que personas condenadas por corrupción administren nuestros fondos y administren el destino de nuestra nación. Lo merecemos como ciudadanos y lo necesitamos como democracia”.

Además la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira aportó una opinión distinta, criticando la propuesta en base a los problemas que puede generar. Hizo énfasis en los efectos que la ley de ficha limpia puede tener sobre la voluntad popular, mencionando el caso de Lula en Brasil. "La Ficha Limpia no tiene una afectación solamente en el derecho electoral activo de quien pretende presentarse como candidato, si no también sobre la comunidad, que puede verse privada de una opción electoral a partir de una condena que es pasible de ser revertida", sentenció.

Según lo expuesto durante el encuentro, propuestas que siguen el lineamiento de la Ficha Limpia fueron aprobadas a nivel provincial en Salta, Mendoza, Chubut y Jujuy. Cabe recordar que en el 2020, en el Parlamento porteño se alcanzaron 39 votos a favor del proyecto, quedando a un solo sufragio positivo del primer paso del cambio legal en la Ciudad.

Por su parte la diputada provincial de Mendoza María José Sanz (UCR) explicó que, tras la implementación de la Ficha Limpia en su provincia, 12 personas fueron inhabilitadas para presentarse a elecciones, hecho que fue celebrado en el salón como un triunfo republicano.

En el debate también estuvieron presentes los legisladores Diego García Vilas, Natalia Fidel,  Cecilia Ferrero (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev); los diputados nacionales Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago, Silvia Lospennato, entre otros.

Después de que la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, asegurara que el Gobierno Nacional buscará actualizar el valor de las propiedades y obtener un aumento de la recaudación vía Bienes Personales, el legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, salió al cruce y advirtió que “el ajuste del plan de Martín Guzman va a recaer sobre la Ciudad”.

En ese sentido, el oficialista aseveró que “lo que anunció Marcó del Pont es tremendamente preocupante. Una vez más, parece que el ajuste del plan de Guzman va a recaer sobre la Ciudad de Buenos Aires” y recordó que “el programa económico del Gobierno prevé una reducción del déficit fiscal para 2022 basada en dos patas: la primera es la ya anunciada quita segmentada de subsidios energéticos, que ya sabemos que impacta más que nada en la Ciudad, y representaría un 0,06% del PBI”.

“La segunda, y más importante, es un revalúo fiscal que representaría un 0,10% del PBI, aproximadamente $72.000 millones. El Gobierno Nacional quiere mayores valuaciones fiscales para recaudar más con el Impuesto a los Bienes Personales. ¡Y acá, atención! Empieza la trampa”, añadió a través de sus redes sociales.

Sobre esa misma línea, Reyes manifestó que “la valuación fiscal de los inmuebles la realiza las provincias. Muchas toman valores reducidos y los ajustan para impuestos locales, evitando que los contribuyentes se vean más afectados por Bienes Personales. Es así en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etc” e indicó que “ahora viene el problema: Marcó del Pont habló de multiplicar la valuación fiscal homogénea de la Ciudad de Buenos Aires para cuantificar el Impuesto sobre los Bienes Personales. Ya lo habían hecho en 2013, pero un dictamen de 2018 dio marcha atrás a esta injusticia impositiva”.

A la vez que insistió en que “están hablando de tomar una decisión unilateral que afectaría única y exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Es una barbaridad que pretendan castigar de esta forma tan burda y discrecional a la Ciudad. ¿No les alcanzó con robarnos la coparticipación?” y advirtió que “si avanzan con esto, el monto adicional que recaudarían, según estimaciones propias, sería similar a los $72.000 millones que pretenden captar este año por esta vía. Es decir, todo el ajuste de 2022 recaería sobre los contribuyentes de la Ciudad”.

“Tienen que entender que la gente no da más de impuestos, y que no pueden castigar a un distrito solo porque no los votó. Hagan un plan económico serio y dejen de pretender vivir a costa de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a defender siempre a los porteños”, concluyó el legislador.

Horas después de que el Gobierno Nacional y el de la Ciudad mantuvieran una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por la quita de los recursos coparticipables, los legisladores porteños del oficialismo y la oposición mantuvieron un fuerte enfrentamiento en las redes sociales.

En ese sentido el diputado de Vamos Juntos (VJ) y ex presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, aseguró que “la Corte Suprema le dio 30 días al Gobierno Nacional para intentar resolver el caos institucional que generó con la quita de coparticipación a la Ciudad. Hasta ahora sólo escuchamos relato político pero nada le dice a los porteños, los verdaderos afectados” y consideró que “la presidencia de Alberto es desastrosa en muchos aspectos, pero es extremadamente mala en cuanto al sistema federal. ¿De dónde creen que sale la plata para cubrir el agujero que nos dejan? No podemos dejar la responsabilidad por la seguridad, justicia, educación y salud”.

Asimismo recordó que “la Ciudad aporta más del 20% del total de esa ‘masa coparticipable’ de impuestos, pero recibe solamente el 1,4%. Varias provincias reciben menos de lo que aportan, pero ninguna en la magnitud de desequilibrio como la Ciudad de Buenos Aires” y remarcó que como “consecuencia de ello, la Ciudad tiene una carga fiscal mayor que el resto de las provincias porque debe afrontar el 90% de su presupuesto con ingresos propios. En 2016 - 2018, con la transferencia de la policía, la Nación resignó de su copa para financiar ese gasto”.

“Alberto, en plena pandemia, decidió unilaterlamente (e ilegalmente) que la Ciudad tenga la misma coparticipación de 1980, cuando era un municipio. No importa lo que termine de resolver la Corte, el sistema de coparticipación federal tiene que ser reformado”, completó.

Atenta a los dichos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la reunión en la Corte Suprema, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira afirmó que “una vez más: Macri tenía que calcular el costo de la Policía Federal que transfería y por ley definir el monto. ¿Qué hizo? Un decreto donde aumentaba la Coparticipación, tanto, que se transfirió el primer año el doble de lo que correspondía. Diálogo, números y soluciones”.

Mientras que el opositor Matías Barroetaveña (FdT) indicó que “en los últimos años, Larreta adoptó una postura de victimización por los recursos de coparticipación. En innumerables declaraciones dice que no puede afrontar la planificación y ejecución de obras relevantes y de peso. Pero ¿es real la falta de recursos en CABA?” y subrayó que “el presupuesto per cápita con el que cuenta el gobierno de Larreta es 4,12 veces superior al de Avellaneda, 4,17 mayor al de Rosario, 5,18 al de Córdoba y 19,12 al de La Matanza, su municipio preferido a la hora de realizar comparaciones en calidad de vida”.

Además precisó que si “sumamos el gasto per cápita de municipios más provincias podemos ver que CABA sigue superando de forma amplia a todas las ciudades. Incluso en el caso de Rosario la comparativa de gasto por km2 vuelve a beneficiar fuertemente a la Ciudad” y se preguntó: “¿qué pasa si comparamos con ciudades del mundo? CABA tiene un presupuesto en dólares per cápita mayor al de Barcelona, Bogotá y Madrid. Si comparamos con las ciudades españolas, por ejemplo, vemos que el presupuesto es 21% mayor al de Barcelona y 22,6% al de Madrid”.

“Incluso si sacamos de la ecuación gastos de educación y salud y otros no comparables, la Ciudad sigue teniendo un presupuesto a la altura de ciudades europeas y ni hablar de ciudades latinoamericanas. Larreta siempre apela a la escasez de recursos para proyectar grandes obras de infraestructura. Nuevamente, la comparación internacional lo deja mal parado: CABA tiene un presupuesto de gasto de capital por kilómetro cuadrado mayor al de Bogotá, San Pablo, México D. F., Madrid y Roma”, añadió y concluyó aseverando que “el GCBA gasta más en veredas que en mantenimiento escolar, gasta más en negocios inmobiliarios que en becas para estudiantes, gasta más en pauta que infraestructura escolar. No es la falta de recursos el problema, es su mala utilización”.

Tras la confirmación del procesamiento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa de los “Cuadernos de la corrupción”, la diputada nacional Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, ambos de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de acceso a la información pública al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para que informe si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia “continuó o cajoneó la causa de corrupción y cartelización de la obra pública en el kirchnerismo”.

En el escrito presentado por los dirigentes que se referencian en Elisa "Lilita" Carrió se requiere que la cartera que conduce Kulfas indique “si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha requerido, ofrecido o recibido información por parte de los Juzgados penales que se encuentran investigando los mismos hechos. En caso afirmativo, fecha del requerimiento y/o de la recepción de la información obrante”.

En el mismo sentido, consultaron si las autoridades de la cartera decidieron tomar la decisión de archivar la auditoría que se comenzó en la gestión de Cambiemos. En ese caso de ser así solicitan que se brinde información acerca del motivo y los detalles que llevaron a tomar esa decisión.

Sobre esto, Reyes planteó: “En virtud de la confirmación del procesamiento de la expresidenta de la Nación en la causa de los cuadernos, es importante saber qué estuvo haciendo el Ministerio de Desarrollo y la Comisión de Defensa de la Competencia para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de este mecanismo de corrupción que aparece tan claro en expediente”.

“Nos llama especialmente la atención el hecho que el presidente Alberto Fernández haya anulado la autonomía de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y también que haya concentrado aquellas facultades bajo su órbita nos genera muchas sospechas”, agregó el legislador porteño.

En el escrito afirmaron que “es relevante mencionar que ninguno de los elementos requerimiento de acceso a la información pública se encuentra alcanzados por la confidencialidad prevista por la Ley N° 27.442, dado que la ley se limita a otorgar la confidencialidad a las actuaciones respecto del control de concentraciones económicas, de documentación específicamente que (a pedido de parte o de oficio) haya sido declarada confidencial o de la identidad de quienes se presentan al régimen de clemencia".

"Consecuencia de ello, cualquier omisión o denegatoria de información será un incumplimiento expreso de lo establecido por la ley de acceso a la información pública”, señalaron Oliveto y Reyes.

El legislador porteño destacó que “la cartelización de la obra pública no solo es escandaloso por lo que significa un enorme entramado corrupto". "Sino que lo es, además, porque impide la competencia y el crecimiento, desarrollo e intervención de las pequeñas y medianas empresas en la obra pública contratada por el Estado”, agregó.

“Cuando aparecieron los cuadernos que describían al detalle el proceder del cartel de la obra pública y sus respectivos retornos a funcionarios públicos, la Comisión Nacional inició una investigación de oficio con una fuerte impronta de Cambiemos. Hoy es un misterio en qué quedó”, cuestionó Reyes y recordó que “no es la primera vez que la Comisión debe investigar este entramado corrupto, pero jamás hubo pruebas tan explícitas”, y advirtió: “Si archivan la causa, no solamente se facilita la impunidad del kirchnerismo sino que se da un mensaje que en Argentina vale todo”.

Después de que la cumbre entre representantes de la oposición y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para dialogar acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera suspendida, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes y Juan Pablo Arenaza cuestionaron con dureza lo ocurrido y volvieron a pedir que las negociaciones sobre la deuda externa sean tratadas en el Congreso.

En ese sentido, Reyes afirmó que “necesitamos un acuerdo serio y sin improvisación por el bien de toda la Argentina y para que las cosas no empeoren” y precisó que “si existiere una carta de intención de acuerdo con el FMI su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente”.

“Llegado el momento analizaremos con la seriedad y responsabilidad que merece el caso, para eso esperamos que el Congreso cuente con la información necesaria. Juntos por el Cambio debe velar por la transparencia institucional y evitar caer en trampas evidentes”, remarcó.

En tanto Arenaza señaló que “los que creen que se puede dialogar con este gobierno no se los puede llamar simplemente como pájaros, son ingenuos o simplemente socios minoritarios de los desastre de este Gobierno” y concluyó señalando que “no hay diálogo posible, vamos a prepararnos para las urnas, vamos a ganar y que se vayan”.

Diputados de la Coalición Cívica, la fuerza que lidera Elisa Carrió, salieron con los tapones de punta a cruzar al candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien sostuvo en una entrevista con el diario La Nación que "las palomas son parte del problema, no son parte de la solución, los radicales, la Coalición Cívica y las palomas de Pro son tan nefastos como el kirchnerismo".

Pero además, de cara a las elecciones del próximo domingo, el economista expresó: "Yo digo que si quieren liberalismo que no vayan por la copia trucha, que vayan por la versión original, no una lista que tiene socialistas o kirchneristas".

Y al ser consultado a quiénes se refería con su frase, apuntó a la exdiputada. "Gente que abiertamente apoyó al kirchnerismo. El propio Juntos por el Cambio tiene a alguien: la señora Carrió los apoyó cuando ganó (Néstor) Kirchner", respondió.

“Es evidente que Milei desconoce que fue Elisa Carrió y la Coalición Cívica la que durante los doce años del kirchnerismo denunció poniendo el cuerpo y la firma frente cada uno de los hechos de corrupción", enfatizó el diputado y presidente del partido, Maximiliano Ferraro.

Además, el legislador porteño resaltó que "no tenemos que dar explicaciones a este comediante violento que desconoce 20 años de historia, en los que enfrentamos, en base a sostener una matriz moral, la libertad, el humanismo y la República, el saqueo del Estado".

"La actitud de Milei es imprescindible para el kirchnerismo y empresarios que se vieron beneficiados por esa gestión", consideró y apuntó que "antes de hablar de Elisa Carrió y la CC, Milei debe explicar su silencio durante todos esos años".

Ferraro expresó que "el Congreso necesita personas que enfrenten la corrupción y respeten valores que Milei desconoce, como el respeto por la democracia, la diversidad y el humanismo. Los personajes mediáticos son un entretenimiento. No confundamos violencia con vehemencia. De violentos y funcionales a los K estamos cansados”.

Por su parte, el jefe de la bancada en la Cámara baja, Juan Manuel López, manifestó: “Cálmate, Milei. Si todavía Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros valijeros pasean por Tribunales es porque la Coalición Cívica laburó sin especular. Quédate con el kirchnerismo. Ya te voy a ver en el Congreso siéndole funcional a los K”.

En tanto, la diputada provincial Maricel Etchecoin afirmó que "este domingo la verdadera oposición es JxC, y a la CC nos respaldan años de coherencia y lucha en soledad". "Contame cómo se puede ser más funcional y hacerle los deberes a los K…”, ironizó.

“Tras casi veinte años de kirchnerismo se despertó Milei. No fue fácil denunciarlos en soledad. Tampoco fue fácil ganarles y costó mucho la unidad. Fracturar JxC es la idea que persiguen el kirchnerismo y sus amigos, pero no es el camino que queremos para el país", fue el mensaje del legislador porteño Hernán Reyes.

Y continuó: "Nos costó un montón la unidad y no estoy hablando de la política, me refiero a la sociedad. Ya entendimos que es muy importante. Tanto es así que ampliamos, se sumó gente, se sumaron partidos y se sumaron ideas".

"La violencia política, negar el cambio climático, poner en duda la democracia, privatizar la educación, no respetar el matrimonio igualitario o agredir a mujeres, son los pilares de un pensamiento que atrasa y repudiamos", señaló el candidato a renovar su banca.

Y también criticó a Milei como "un tipo entretenido, que vende el antisistema, pero fue asesor del Bussi y trabajó para empresarios que vivieron del Estado. Una paradoja".

"El domingo hay que armar mayoría para frenar al kirchnerismo. Tenemos que juntar 120 diputados y la Ciudad tiene que aportar su granito de arena a la pelea fenomenal que se está dando en todo el país. ¡Vamos Buenos Aires! ¡El domingo, hay que bancar como nunca, cómo siempre!”, cerró.

Luego de que el Gobierno Nacional comenzara a controlar los precios en las góndolas, el legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, cuestionó con dureza esta política aseguró que se trata de una “una medida fracasada y probadamente equivocada”.

En ese sentido, el actual candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio (JxC) advirtió que “el control compulsivo de precios es una medida fracasada y probadamente equivocada. Lo único que hace es reducir la oferta porque castiga la producción y la inversión, y saca a las PyMEs de las góndolas porque no pueden soportarlo” y advirtió que “empeora las condiciones de competencia. Los grandes proveedores arreglan con las cadenas y el gobierno, y trasladan los mayores costos a los almacenes. La brecha de precios entre supermercados y almacenes alcanzó récords de 20%, frente a un promedio histórico de 6% o 7%”.

“Lo único que congelaron son las ideas y usaron la pandemia como excusa para volver a hacerlo. Con Maximiliano Ferraro enviamos una carta en abril de 2020 alertando sobre las consecuencias, y con Elisa Carrió nos presentamos ante Defensa de la Competencia en noviembre. No nos escucharon”, aseveró.

Al mismo tiempo que concluyó aseverando que “la pandemia fue muy dura con toda la economía, pero este tipo de políticas lo único que están logrando es que la salida sea con menos empresas, menos trabajo, menos producción y más inflación. ¿Queremos bajar los precios? Bajemos los impuestos y fomentemos la competencia. Simple”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, compartió este martes un desayuno con vecinos en un bar del barrio de Boedo y sostuvo que Juntos por el Cambio tiene que "arrasar en noviembre", en referencia a las próximas elecciones, "pero sin traicionar los valores de la República y la decencia”.

Del encuentro participaron los candidatos de su partido en la Ciudad de Buenos Aires: Paula Oliveto, Fernando Sánchez (a diputados nacionales); Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani (a legisladores porteños). También asistió el presidente de la CC y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, y el legislador porteño Facundo del Gaiso.

“Seguimos siendo los mismos los que peleamos contra la corrupción y el delito en el Estado”, enfatizó la referente de Juntos por el Cambio y aseguró que "solo la conducta ejemplar de los funcionarios puede cambiar la Nación y los candidatos de la CC son garantía de ejemplaridad y capacidad en cada cargo público que ocupan u ocuparon”.

Además, Carrió resaltó que desde su fuerza no van a "continuar con la historia de que el poder se construye a cualquier precio y de cualquier manera. No debemos traicionar los valores”. “Tenemos que arrasar en la elección de noviembre. No nos engañemos con los atajos, la CC fue la que hablaba de República y libertad hace veinte años”, insistió.

Por su parte, Oliveto, quien va por la reelección de su banca, señaló que “hubo una voz que gritaba en soledad cuando muchos miraban al costado y esa voz era la de Lilita. No es una voz que sólo denuncia, sino que construye, como lo hizo con Juntos por el Cambio. Lilita fue una de las principales constructoras de este espacio”.

“Nadie nos va a mover de la pelea por la República, el trabajo, la educación y los jubilados. Nadie nos va a mover de nuestros valores. Juntos por el Cambio llegó para ponerle un freno al atropello y a la impunidad”, expresó.

En tanto, Sánchez afirmó que "en todo momento pedimos que no falte justicia y cuando se hacen acuerdos por debajo de la mesa lo primero que se vende es la justicia. Pelear contra la violencia, la mafia y la corrupción no es un divertimento, es una necesidad. Porque cuando arrasa la violencia no queda nada. La gente nos pide trabajar y vivir en paz, eso es lo que necesitamos".

"Lo que pasó en septiembre es un cambio cultural, los argentinos perdimos el miedo. En noviembre tenemos que impedir que nos sigan haciendo daño, tenemos que lograr otra mayoría”, convocó Reyes.

Según revelaron voceros de la CC, la convocatoria para el desayuno con Carrió y los candidatos excedió la capacidad del lugar, por lo que hubo vecinos que debieron permanecer fuera del local debido a los límites que establece el aforo. Los organizadores se comprometieron a repetir la cita en los próximos días.

Los candidatos de la Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este martes en un hotel del centro porteño para diseñar el rol del partido dentro de la campaña de Juntos por el Cambio rumbo a las elecciones generales de noviembre, según se informó en un comunicado, en el que además enfatizaron que apuestan a alcanzar con Juntos por el Cambio "una mayoría institucional en el Congreso que sea capaz de controlar, frenar y encauzar desde la oposición a un Gobierno sin plan ni rumbo".

“En Juntos por el Cambio tenemos la responsabilidad que nos dio la sociedad de construir una nueva matriz económica, política y social que nos conduzca a vivir en libertad en una Argentina con dignidad y oportunidades”, sostuvieron.

Participaron del encuentro los candidatos a diputados nacionales Paula Oliveto -va por la reelección- y Fernando Sánchez; a legisladores porteños Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani; la diputada nacional Mariana Zuvic; la legisladora porteña Lucía Romano; y la directora del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Fernanda Reyes. Asistieron también los representantes de la CC de todas las comunas de la Ciudad.

“Reivindicamos nuestra vocación de consolidar la unidad de JxC en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Queremos la unidad sin desconocer nuestra diversidad en las trayectorias, experiencias históricas y el carácter de la Coalición Cívica-ARI y de cada uno de los partidos que lo integran”, aseguraron los dirigentes.
En ese sentido, señalaron en un documento que “en listas de unidad o compitiendo en todo el país con listas internas, la única razón de nuestras estrategias es la causa de la dignidad”.

Por su parte, Oliveto aseguró que “la CC va a poner todo de sí para ganar las elecciones. Este partido sabe lo que es enfrentarse al autoritarismo del kirchnerismo y la necesidad de poner un límite claro. Elisa Carrió habló de las mafias cuando muchos callaban. Hoy sabemos que esa lucha no fue en vano. Los argentinos hoy piden justicia, trabajo, educación y libertad, y nosotros como partido queremos representarlos. Sabemos como nadie que a pesar de los obstáculos la dignidad está cerca de vencer al poder”.

En tanto, Sánchez afirmó que “ni los narcos, ni los corruptos, ni los mediocres pueden quitarnos nuestro futuro. La CC va a dar las peleas que siempre dio, sin especular, sin bajar los brazos y con el compromiso de siempre”.

Hernán Reyes expresó que “la sociedad no tiró la toalla, no va a renunciar a su dignidad. En JxC tenemos la responsabilidad de poner 120 diputados al servicio de esa decisión. Se vienen dos años donde nos vamos a plantar para ganar el tiempo necesario que nos permita construir nuestro futuro. Vamos a defender nuestras libertades y nuestro patrimonio, en definitiva, nuestra nueva oportunidad”.

El documento elaborado por la CC porteña sostiene que “el mensaje de la sociedad el 12 de septiembre fue claro y contundente, como así también la responsabilidad que nos encomendaron ante las elecciones generales: transformar el grito de la ciudadanía en una mayoría institucional en el Congreso que sea capaz de controlar, frenar y encauzar desde la oposición a un Gobierno sin plan ni rumbo para enfrentar la crisis económica y social a la que nos ha conducido”.

“La CC-ARI ha luchado y actuado siempre en favor de la construcción de alternativas republicanas de poder frente al modelo populista que destruye y erosiona las perspectivas de progreso, justicia y libertad en la Argentina”, añade.

También, en el comunicado se recuerda que el partido cumplirá este año "veinte años desde su constitución con la convicción de que no hay nada menos permanente que una derrota o una victoria electoral. Lo único permanente es la causa por la dignidad”.

“Vivimos en una sociedad que se rebeló al sometimiento. Frente a esta responsabilidad no vamos a claudicar, no habrá cogobierno ni complicidad, por acción u omisión, con un modelo que solamente restringe la libertad y condena al hambre a nuestra sociedad”, enfatizaron los dirigentes que firmaron el escrito.

Y completaron: “No se nos dio solamente la responsabilidad de enfrentar a la hegemonía kirchnerista, también nos ha otorgado la responsabilidad de generar una nueva matriz económica, política y social que nos conduzca a vivir en libertad en una Argentina con dignidad y oportunidades. Algo que solamente es posible con una mayoría parlamentaria".

Debido al rol fundamental que cobraron en los últimos años, los candidatos a legisladores porteños por Juntos por el Cambio (JxC) Emmanuel Ferrario y Hernán Reyes –que compite por su segundo mandato- se reunieron con referentes de Centros de Primera Infancia (CPI) para conocer sus necesidades y atender sus inquietudes.

En ese sentido, Ferrario aseguró que en la reunión escuchó “cuáles son sus principales metas y necesidades, y entender en qué podemos mejorar y los podemos apoyar” e informó que le expresaron “expresaron la necesidad de regular los CPI para que sean reconocidos formal e  institucionalmente por todo el trabajo que hacen con niños y niñas de hasta tres años en situación de vulnerabilidad. ¡Gracias por compartir con nosotros el valioso aporte que hacen día a día!”.

Por su parte, Reyes destacó que “nos juntamos con referentes de Centros de Primera Infancia para charlar sobre el gran trabajo que hacen en la contención de los más chicos. Tenemos que cuidar estos espacios tan importantes para el desarrollo de los niños”.

Cabe recordar que los CPI son espacios creados para garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social que tienen como principal objetivo brindar los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades fisiológicas, afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para el sano desarrollo de los niños y su entorno; brindar contención y asistencia a las familias para felicitar el proceso de crianza y desarrollo de los niños, creando condiciones de participación activa que fortalezcan los vínculos intrafamiliares; entre otras cuestiones.

A poco más de una semana de la realización de las PASO, el candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio (JxC), Hernán Reyes, dialogó con parlamentario.com acerca del triunfo electoral de ese espacio y aseguró que el resultado electoral fue un “basta” al Gobierno Nacional.

En ese sentido, Reyes consideró que “la sociedad dio por agotado el modelo kirchnerista de los últimas 20 años y está obligando a replantearse. Pero no es algo que  tienen que evaluar ellos. Acá no es si Cristina, Alberto o Massa están desgastados” e insistió en que “fracasó el modelo peronista porque la sociedad aspira a algo diferente. Alberto gana ofreciendo algo diferente y terminó repitiendo, y me sorprende que crea que repetir las supuestas glorias del pasado le vaya a dar aire en el futuro”.

-¿Qué análisis realiza del resultado electoral de las PASO tanto en la Ciudad y a nivel nacional?

-En primer lugar, creo que las personas lograron canalizar la frustración y el enojo en una propuesta política alternativa al kirchnerista. Decidieran fortalecer la estrategia de Juntos por el Cambio y asignarle nuevas responsabilidades en el control del Congreso.

Lejos de simplemente enojarse y dejar de votar o anular el voto, las personas eligieron toda la oferta electoral a Juntos por el Cambio. Esa decisión hay que honrarla en estos dos meses y los próximos dos años. Ahora se nos viene un desafío mucho mayor como oposición.

-¿Considera que la derrota del FdT a nivel nacional tuvo que ver con un voto castigo a la gestión de Alberto Fernández?

-El Gobierno Nacional hará su evaluación, les corresponde a ellos hacer esa autocritica. En lo personal, veo un mensaje muy claro del basta. La sociedad dio por agotado el modelo kirchnerista de los últimas 20 años y está obligando a replantearse. Pero no es algo que  tienen que evaluar ellos. Acá no es si Cristina, Alberto o Massa están desgastados. Fracasó el modelo peronista porque la sociedad aspira a algo diferente. Alberto gana ofreciendo algo diferente y terminó repitiendo, y me sorprende que crea que repetir las supuestas glorias del pasado le vaya a dar aire en el futuro.

Esa revaluación de las expectativas la generará la alternancia política, creo que nuestras categorías de voto castigo están viejas frente a una Argentina de coaliciones competitivas. La gente no castiga con el voto, sino que opta y decide.

-¿Confía en que en noviembre JxC pueda mantener los resultados y mejorar la performance electoral?

-Desde Juntos por el Cambio aprendimos mucho de nuestra derrota en 2019 y eso nos permite ser una oferta electoral con vitalidad. La sociedad nos acompaña porque confía en nosotros y en nuestra estrategia, pero no es un cheque en blanco.

Nos están dando una prueba. Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de limitar los avances del kirchnerismo en estos dos años y construir una alternativa de gobierno viable para el 2023. Estoy convencido que podemos hacerlo, pero primero tenemos que ser capaces de mantener un Congreso fuerte y que limite los avances estos dos años. Nos juzgarán, más que nada, por nuestro éxito o fracaso en ese rol.

-Por último, ¿cuáles cree que serán los desafíos de la Ciudad para la post pandemia?

-La Argentina y la Ciudad eran desafíos antes de la pandemia, no lo van a ser menos después del Covid. Primero que nada, la lejanía y el dolor acumulado de la pandemia tiene que ser acompañado de una propuesta de unidad y serenidad, la radicalización a la bronca son los principales desafíos que tenemos post pandemia. Reconstruir los lazos sociales y afectivos, esto hace a la salud mental de todas. Desde la política eso se traduce en poder convivir sin el conflicto permanente.

En simultáneo tenemos que recuperar la economía. Terminar de rescatar a todos los que se fueron cayendo en el camino, porque acá hay mucha gente muy dañada por la pandemia y las restricciones. Necesitamos una combinación de reducción de impuestos, políticas sociales inteligentes, rigurosidad y estabilidad monetaria y un cambio en las expectativas sobre el futuro de la Argentina.

La Ciudad, por su parte, ya hizo un gran esfuerzo en transformar su infraestructura en la última década. Esa transformación ahora requiere de un trabajo más blando, directamente sobre las personas y su relacionamiento con la nueva infraestructura.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa la Ciudad, los diputados de Vamos Juntos –encabezados por Hernán Reyes- presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración, a través del cual buscarán expresar su rechazo a las políticas del Gobierno Nacional en materia de control y restricciones a la exportación de carne.

En ese sentido los oficialistas explicaron que “estas políticas generan incertidumbre para los productores, y rompen o perjudican la seguridad contractual de los actores del mercado” y advirtieron que “desincentivan la inversión y el desarrollo en uno de los sectores más importantes a nivel nacional, con su consecuente impacto negativo en la producción y el empleo en el país”.

“En este contexto, Argentina necesita fomentar la inversión y la producción para generar empleo de calidad. Esta Legislatura le solicita al Gobierno Nacional que recapacite acerca de los límites impuestos al sector en cuestión”, sostiene el texto presentado.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes planteó que “la evidencia tanto local como internacional apunta en el sentido contrario. En realidad, estas restricciones pueden tener efectos efímeros de corto plazo a favor de los consumidores locales, pero generan efectos negativos en la inversión y producción que, en el mediano y largo plazo, implican menos carne para el mercado interno y precios más altos en el nuevo equilibrio”.

A la vez que informó que “no es la primera vez que se intenta reducir los precios para los consumidores locales a través de la imposición de restricciones a la exportación de carne (ya sean prohibiciones o cuotas)” y remarcó que “el propio oficialismo ya lo había hecho en su anterior gobierno, con pésimos resultados. En 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, comenzaron a intervenir en el mercado ganadero a través de la imposición de un peso mínimo de faena. Al año siguiente, suspendieron las exportaciones de carne fresca durante seis meses, y aumentaron los derechos de exportación para las carnes con hueso y procesadas de un 5% a un 15% . Luego, continuaron las restricciones a través de cupos establecidos”.

Sobre esa misma línea indicó que “el contexto en el cual se están tomando estas decisiones no resulta ajeno a la preocupación. El impacto de la pandemia en el empleo y en el ingreso de las familias de todo el país es tan evidente como terrible, con una pobreza que alcanza al 42% de las personas y al 57.7% de los niños, niñas y adolescentes. Argentina necesita generar empleo genuino y de calidad. Más que nunca, el Gobierno Nacional debe fomentar la inversión, incentivar la producción y apoyar a los productores para acelerar la recuperación económica”.

“En este espíritu es que expresamos nuestra preocupación por las restricciones que limitan la capacidad productiva de nuestro país y exhortamos al Gobierno Nacional a recapacitar respecto a esta cuestión que nos atiende en vistas de liberar el mercado y dejar de ponerle trabas a quienes generan empleo en nuestro país en cualquiera de sus formas”, sentenció el oficialista.

El texto también lleva la firma de Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena,  María Sol Méndez, Paola Michielotto, Matías Morán, Lucía Romano, Claudio Romero y Gonzalo Straface (VJ).

Con la intención de fomentar la participación de estudiantes del nivel primario y secundario en diversos programas, el oficialista Hernán Reyes (VJ) junto a otros legisladores de Vamos Juntos presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para crear un “Régimen de Financiamiento a Programas de Intercambio, Concursos y/o Competencias Académicas, Artísticas y/o Deportivas”.

La iniciativa está destinada a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de la asistencia de programas y eventos educativos extracurriculares.

El texto también plantea la creación de un “Consejo para el Fomento Académico, Artístico y Deportivo”, el cual estará conformado por siete miembros que trabajarán ad honorem: un presidente que será designado por el jefe de Gobierno y el resto de los miembros serán designados por el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la subsecretaría de Deportes, la Comisión de Educación, la Comisión de Cultura y la Comisión de Turismo y Deportes.

Los miembros del Consejo para el Fomento Académico, Artístico y Deportivo durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos y sin límites en períodos alternados. 

Además establece que en los programas de intercambio podrán participar “las personas humanas entre 14 a 18 años que pertenezcan al nivel secundario de la educación formal de la Ciudad de Buenos Aires que tengan invitaciones concretas para participar en programas de intercambio”.  Mientras que en los concursos y competencias podrán participar chicos de entre 6 y 18 años que pertenezcan al nivel primario o secundario de la educación formal de la Ciudad.

El proyecto también plantea un sistema de patrocinadores, los procedimientos y limitaciones del programa y sanciones para quienes hayan recibido el financiamiento y no hayan cumplido con sus obligaciones.

El legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes presentó este martes en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley con la intención de crear un Sistema de Búsqueda de personas con paradero desconocido, el cual coordinará y articulará el funcionamiento de los organismos intervinientes a nivel local, y con otras jurisdicciones mediante la celebración de convenios, a los fines de receptar denuncias, impulsar la investigación, y asesorar en la búsqueda de las mismas.

Asimismo, propone la creación de un Sistema de Alerta Amber en distrito capitalino, la cual podría complementar el Alerta Sofía que rige a nivel nacional.

El sistema intervendrá frente a casos de personas con paradero desconocido y personas halladas con identidad desconocida en el ámbito de la Ciudad. El mismo buscará “establecer mecanismos de coordinación con los demás organismos del Estado a los efectos de intervenir articuladamente con el Magistrado a cargo de la investigación, en la búsqueda de personas con paradero desconocido, previa solicitud del mismo” y “colaborar en la implementación de planes de capacitación y formación permanente para los miembros del Sistema, miembros del Poder Judicial y Ministerio Público de la Ciudad, y la Policía de la Ciudad”, entre otras cuestiones.

Además propone la creación de un “Registro de personas con paradero desconocido y personas halladas con identidad desconocida de la Ciudad de Buenos Aires”, que funcionará bajo la órbita del Sistema en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El mismo reemplazará al Registro de Búsquedas de Personas Adultas con Padecimientos Mentales y Adultos Incapaces creado por la Ley 1.156.

“La información recopilada por el Registro podrá ser utilizada con exclusividad para la búsqueda de personas conforme el objeto de la presente ley. No podrá ser objeto de requerimientos de información ajena a su misión”, sostiene el texto recientemente presentado.

El proyecto impulsado por Reyes contempla la utilización de herramientas digitales como el reconocimiento facial y la implementación de datos biométricos. Así como también propone la creación de un fondo de recompensa, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, el legislador explicó que “en la actualidad, día a día la sociedad se encuentra con el problema latente de no hallar a diversas personas. Familias enteras sufren la pérdida de un familiar, sea producto de una enfermedad que no les permite regresar a su hogar o sea producto de la comisión de un delito. La angustia constante de estas personas perdura hasta que es hallada la persona” y concluyó indicando que una iniciativa de estas características busca terminar con “la incertidumbre la que genera el mayor pesar de estas familias que no saben cómo reaccionar y cómo actuar ante dicha problemática”.

Días después de que un fallo judicial hiciera que la Legislatura de la Ciudad no pudiera continuar con el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), y el legislador del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro mantuvieran un duro cruce en las redes sociales al respecto del convenio celebrado entre IRSA S.A y el Gobierno porteño.

La discusión surgió a raíz de un video que circulo en las redes sociales en el que el precandidato a diputado nacional por el FdT planteó, en diálogo con  C5N, que “hace unas semanas entro en la Legislatura porteña un proyecto para cambiar la zonificación de unos terrenos que eran de la vieja ciudad deportiva de Boca. IRSA compra esos terrenos en 1995, ahora está tratando de cambiar la normativa para poder construir en altura. Durante 25 años, Lilita Carrió dijo que este proyecto no lo quería y se frenó, ahora –según el diario La Nación- lo autoriza”.

Haciéndose eco de estos dichos, Reyes afirmó que “lamentablemente Santoro se olvida que esas tierras son privadas, porque primero el ex senador Menem, del FdT, habilitó la construcción y autorizó su venta y luego su compañero de lista, Carlos Heller las vendió como vice de Boca” e indicó que en “conclusión, los super amigos de lo público, vendieron las 70 hectáreas. Por el contrario, nosotros estamos recuperando 50 de ellas y vamos a hacer un parque 100% público. Esto es lo que está en debate”.

Además recordó que “IRSA vino en varias oportunidades a la Legislatura con pésimos proyectos urbanos y pocos beneficios para la Ciudad. Este proyecto es diferente” y aseveró  que “ahora, se obliga a ceder 50 hectáreas y se hace cargo de la construcción del parque por 40 millones de dólares, más 2.300 millones de pesos para el Fondo de innovación tecnológica, más 3.200 millones de pesos para el Fondo de desarrollo urbano sostenible, más el cargo de mantener el parque por diez años”.

Mientras que Santoro concluyó señalando que “IRSA compra un terreno barato porque la norma le pone límites a la constructividad. Pasa el tiempo y consigue que la Legislatura debata el cambio de norma” e indicó que “el terreno pasa a valer U$S 1600 millones más y las acciones de IRSA suben un 28%. ¿Cómo se llama la obra? Larreta inmobiliaria”.

El legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual prevé manifestar su “categórico rechazo” a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional que mediante el Decreto 438/21 “limita los derechos de los trabajadores y jubilados, al restringir su capacidad para elegir libremente la obra social que desean poseer desde el momento de inicio de su relación laboral o jubilación”.

En los fundamentos de la medida, el oficialista precisó que el “Decreto se enmarca en una posición absolutamente restrictiva de los derechos, así como una decisión regresiva respecto de derechos reconocidos por el Estado hace dos décadas” y remarcó que “forma parte de lo que reconocemos como una política pública corporativa, que antepone las necesidades de determinados actores económicos frente a las verdaderas necesidades de la sociedad, restringiendo los derechos de los trabajadores y obstaculizando el ejercicio de su libre elección y, potencialmente, afectar su derecho a la salud”.

Además indicó que “es presentado como una mera medida administrativa para la resolución de problemas de financiamiento de las obras sociales, en realidad responde a una cosmovisión restrictiva de derechos. Los obstáculos administrativos que este decreto generan, afectan en forma directa a los trabajadores y al estado de derecho como tal” y consideró que “mediante un decreto reglamentario, estamos retrotrayendo derechos adquiridos que no debieran encontrarse a merced de la alternancia en el Poder Ejecutivo. En tal caso, corresponde al Congreso de la Nación sancionar una modificación de estas características”.

“Debemos entender que el derecho a la libre elección de obra social o derecho de opción constituye el derecho que poseen los afiliados titulares de las obras sociales nacionales (OSN) a elegir una obra social diferente a la que pertenecen en razón de su actividad, rama, oficio, etcétera. Es decir, se trata de la libertad del beneficiario para escoger un agente diferente al originario”, indicó y concluyó aseverando que “es una medida no debidamente fundada en derecho ni expresando auténticos motivos para retrotraer un derecho adquirido. Así como tampoco contiene el más mínimo intento por obtener un apoyo social o el reconocimiento de una necesidad por parte de la ciudadanía, por el contrario, supone una imposición normativa que restringe derechos en favor de la administración de las obras sociales”.