Después de que se conociera que se le pondría un freno al aumento de las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, explicó en las redes sociales el alcance de la medida cautelar que busca disminuir el impacto del incremento en las tarifas de salud privada.

En ese sentido el legislador, que fue uno de los denunciantes de la cartelización de las prepagas, manifestó que “más de seis millones de personas angustiadas por ver con absoluta impotencia cómo aumentaban las prepagas de forma coordinada. Un mes, dos meses, tres meses y cuatro meses” y consideró que “el Gobierno abandonó a la clase media y el daño era terrible porque el riesgo de la salud angustia y mucho. Por esa razón me presenté con toda la CC ARI en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para frenar esta locura”.

“Lo hicimos en enero, hace meses y el Gobierno reaccionó. Ante toda la desinformación me gustaría dar precisión e información para poner mi grano de arena en calmar tanta ansiedad. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia empezó a investigar nuestra denuncia por cartelización que es nada menos que sustituir competencia por acuerdos de las empresas para aumentar en forma infinita los precios”, continuó.

Sobre esa misma línea, Reyes explicó que “en ese contexto impuso una medida cautelar que es una forma de frenar el daño que mes a mes se produce en todas las familias que no dan más.  Esa medida supone fijar la cuota de mayo al valor de diciembre 2023 sumando la inflación acumulada. En promedio la cuota de mayo tiene que ser un tercio más baja que la de abril” y destacó que “la medida cautelar incluye que los que ingresaron en diciembre o después de diciembre, se calculará con la base de un plan similar de la misma empresa en diciembre”.

A su vez, el oficialista precisó que “las empresas que están alcanzadas por la medida cautelar ahora son OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medifé, el Alemán y el Británico. Eso es el 75% de los usuarios, pero, se estaba dejando aún a 2 millones de personas sin protección. Por ese motivo pedimos a la CNDC que amplié la investigación y la cautelar a otras empresas como son Medicus, ACA, Accord, Sancor, Italiano, Fundación Guemes, Prevención Salud, CEMIC, Avalian Salud, Mutual Federada, Mutual Jerárquicos, Medicina Esencial, y Pasteur”.

“Todavía no hay una definición clara de cómo se tratará a las personas que se dieron de baja durante estos meses porque no podían pagar las cuotas. Estoy analizando qué hacer con ello”, señaló, consciente de las limitaciones de la medida.

A la vez que resaltó que “para la devolución de lo pagado de más, todavía necesitamos una sentencia definitiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Espero que la investigación por el cartel continúe y tengamos una pronta sanción para que empiecen a devolver todo lo que se cobró de más en enero, febrero, marzo y abril”.

“Necesitamos estar más cerca que nunca. Estoy comprometido con cuidar a la clase media en este tiempo tan difícil”, completó Hernán Reyes.

Dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un pedido de ampliación para exigir al Gobierno que presente la documentación para extender la investigación por cartelización a 14 prepagas que quedaron fuera de la medida cautelar que dispuso la Comisión de Defensa de la Competencia.

“El Gobierno no puede desentenderse del abuso sobre la clase media por parte de un grupo de empresas. Tienen el deber de cuidar a todos los usuarios de la medicina prepaga”, sostuvieron.

El diputado nacional y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo del Gaiso, y el exlegislador Rubén Manzi presentaron la solicitud ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que obligue a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a brindar la documentación que tiene en su poder sobre de más de diez empresas de medicina prepaga, en la causa de cartelización.

Los dirigentes del partido liderado por Elisa Carrió señalaron que “el Gobierno que primero desreguló sin tomar conciencia del impacto de esa medida, habilitó la cartelización y aumentos tremendos en medicina prepaga. Ellos tienen la responsabilidad y las herramientas para investigar a todas las empresas que formaron parte del cartel”.

“Nosotros realizamos la primera denuncia en enero de este año, recopilando los testimonios de distintos ciudadanos que se acercaron a transmitirnos el problema de los aumentos desmedidos de las cuotas. Con esa información nos presentamos ante la CNDC para que investigue la posible cartelización de estas empresas para acordar una suba de precios conjunta”, recordó Reyes.

Y continuó: “Meses más tarde vimos que el Gobierno, que había habilitado con su DNU estos aumentos acordados y exagerados, acompañó nuestra presentación, pero sin realizar una investigación adecuada que incluyera a todas las empresas que hubieran aumentado del mismo modo. Por lo que quedaron más de diez empresas sin ser alcanzadas por las medidas, lo que desprotege a dos millones de beneficiarios”.

La CC le exige a la Superintendencia que contribuya con la investigación y presente la totalidad de las comunicaciones que han realizado las empresas de medicina prepaga a sus usuarios; que presente el padrón completo de las empresas de medicina prepaga de todo el país, según su participación en el mercado; y que recupere el índice salud que mide el impacto de la variación de precios de los servicios relacionados con la prestación de salud.

Aseguraron que ven con “mucha preocupación la falta de voluntad de colaboración de la Superintendencia de Servicios de la Salud en el expediente, ya que no incorporó las demás empresas previo a que se dicte la medida cautelar”. “Vemos como un incumplimiento grave que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no haya cumplido con su función de investigación e instrucción de la denuncia”, añadió Reyes.

Meses después de que la Coalición Cívica se presentara ante la Justicia para denunciar la cartelización de las prepagas, el legislador de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes cuestionó con dureza los dichos de Claudio Belocopitt acerca de los constantes aumentos en el servicio de salud privado.

A través de sus redes sociales, Reyes planteó que “hay mucha información dando vueltas y creo que es una oportunidad para informar sobre el caso. Las declaraciones de Belocopitt de diciembre y los primeros días de enero fueron muy preocupantes porque anticipan una estrategia de aumentos de las empresas prepagas” y consideró que “estos aumentos, presentados como acordados entre las distintas empresas de prepagas, son ilegales porque rompen con el principio básico del capitalismo que es la competencia para ofrecer mejores servicios a precios más baratos”.

Asimismo, precisó que “el 16 de enero de 2024 con Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Facundo Del Gaiso nos presentamos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar estos actos y exigir a esa autoridad, que depende del ministro Luis Caputo, que resuelva rápidamente la situación para evitar que continúen funcionando en cartel las empresas”.

“El 23 de enero nos citaron a ratificar la denuncia, como corresponde según el procedimiento, lo hicimos y el proceso se inició formalmente. Analizado que existían los elementos esenciales para una denuncia, se envió a cada una de las empresas para que dieran las explicaciones del caso en un plazo máximo de 15 días hábiles”, señaló y remarcó que “las empresas fueron haciendo sus descargos en tiempo y forma hasta el 20 de marzo. Actualmente, se tiene que resolver si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abre o no el sumario para investigar efectivamente el cartel de las prepagas”.

Sobre esa misma línea, el lilito manifestó que “la CNDC tendrá a cargo la instrucción del caso y la obligación de construir las pruebas contribuyendo con lo que aportemos los particulares que hemos contribuido en la denuncia de los hechos” e indicó que “las sanciones que puede imponer la CNDC son (1) frenar los aumentos concertados; (2) imponer sanciones por hasta de dos veces todo el beneficio ilícito obtenido o 100 millones de dólares; y, más importante, (3) habilita las denuncias de los privados para recuperar lo que se cobró por encima del precio de mercado y les permite a los jueces imponer multas civiles puniendo el daño que cada prepaga le generó a sus afiliados”.

“En Argentina no hay capitalismo de mercado o de estado, hay capitalismo de amigos. Tenemos que hacer un cambio definitivo y construir un país menos corporativista y más competitivo, con las personas en el centro y la productividad como norte”, completó.

El presidente está hablando en un país con una deserción escolar que en algunas provincias supera el 30% y un creciente discurso que pone en crisis la educación contra las oportunidades mágicas que ofrecen las cripto, cursos clandestinos, inofensivas pirámides y el juego en línea.

Tenemos que entender el contexto en el que estamos. Más quienes somos funcionarios públicos. Podemos hacer mucho para mejorar la educación, hay que trabajar en esa línea.

El problema es que el presidente no quiere mejorar la UBA ni la educación. No propone eso. Busca quedarse con los fondos destinados a financiarla. ¿Quién va a pagar la plata que se queda el Estado Nacional y no le manda a la UBA o a las provincias con el fondo educativo para las escuelas?

Se puede discutir ampliar las fuentes de financiamiento con la participación de los egresados, de los profesionales colegiados y demás. Se puede pensar más estrategias de asociación pública y privada para fortalecer la autonomía financiera. Hay mucho para hacer pero en todos esos supuestos, la plata está para formar a la población y educar a los ciudadanos.

Hay muchos que quieren sacar provecho económico del desprestigio de la educación como actividad. Cuidemos lo que funciona y arreglemos lo que no. Basta de lastimar.

En medio de la crisis económica que golpea a todo el país, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes celebró en sus redes sociales la decisión de ese espacio de impulsar en la Cámara baja la sesión en el Congreso, en la que se planeaba debatir la movilidad jubilatoria.

En ese sentido, el oficialista explicó que la CC ARI “puso en agenda lo concreto e importante. Los jubilados no son responsables. Sufrieron años de abandono del kirchnerismo. Cambiar es ayudarlos, no ignorarlos”.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “Argentina necesita un ajuste”, al mismo tiempo que compartió la definición de la palabra ajuste como “ir o volver hacia lo justo”. “Que el peso del ajuste lo vuelvan a pagar los jubilados es todo lo contrario a un ajuste, es un desajuste. No es posible tolerar o asimilar más injusticias”, manifestó.

“Los jubilados y los niños tienen que estar protegidos. El esfuerzo y dolor que causa un ajuste es tolerable cuando la finalidad es volver a lo justo y cuando el camino también lo es”, planteó.

Asimismo, remarcó que “fue muy importante lo que hizo el bloque de la Coalición Cívica hoy en el Congreso de la Nación. Somos muchos los que estamos preocupados por este rumbo sin empatía” y destacó que “el país tiene que cambiar de punta a punta, no solo es el deseo de la mayoría, es una necesidad que tenemos”.

“Es indispensable ajustar años de hegemonía de un modelo económico empobrecedor y corporativo, con instituciones fuertes, poniendo un fin al populismo y fortaleciendo las bases de la economía. El cambio es hacer del país, un país justo”, sentenció.

El diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes disparó con dureza contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, después de que este compartiera en sus redes sociales un video en el que se puede ver a un alumno del nivel secundario descompensándose mientras Javier Milei daba un discurso en el Instituto Cardenal Copello.

El momento en cuestión se dio cuando el presidente recordó una conversación que tuvo en Davos, en la que mencionó a los socialistas y a los “zurditos”. Por lo que el presidente se dio vuelta para ver que sucedía y manifestó: “y sí, los nombro y son infalibles”.

Atento a esa situación, Adorni decidió compartir el clip en sus redes y lo acompañó con un escueto mensaje: “Fin.”, rezaba el mismo.

Molesto por la actitud del vocero presidencial, Reyes salió al cruce. “Adorni, tenes la actitud de un chanchero de cuarta, un diminuto que se excita con el poder ajeno, un pobre tipo”, sentenció.

Los legisladores de Vamos por Más (VxM) y hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes, impulsaron una iniciativa mediante la cual buscarán expresar su preocupación por la demora del Gobierno Nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas aseguraron que “el Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se determinó el pago a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95% de la masa de impuestos coparticipables” e indicó que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Al mismo tiempo que recordaron que “el sistema de coparticipación federal tiende a solucionar un complejo problema de nuestro país que es el desequilibrio en materia de desarrollo entre las diferentes provincias”, por lo que después de que la gestión de Alberto Fernández decidiera unilateralmente recortar esos fondos, la Corte ordenó la mencionada restitución.

En ese sentido, Del Gaiso y Reyes explicaron que “la conformación de un sistema federal implica una cultura de convivencia, que presupone que las partes interactúan, dialogan y concuerdan. Hemos sostenido que la autonomía es plena y sin restricción conforme al texto constitucional del año 1994 y afianzada durante el debate parlamentario que consagró la reforma” y destacaron que “nuestro régimen constitucional comprende el ideario de la república democrática, hecho que conlleva a respetar las autoridades locales caso contrario se subvertiría el sistema de representación”.

“Es por ello que consideramos imperioso el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica la efectiva restitución de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

Luego de que junto a otros referentes de la Coalición Cívica impulsaran una denuncia para frenar los aumentos desmedidos en las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes dialogó con parlamentario.com acerca del impacto que tuvieron esos incrementos en el sistema de salud y analizó las primeras medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

-En los últimos días usted se refirió a los aumentos desmedidos en las prepagas, ¿se puede poner un freno a esa situación?

-En primer lugar, veo con mucha preocupación la situación de muchas personas que no están llegando a fin de mes. Esto se generalizó en la clase media y se vuelve más complejo con las prepagas. Acá hay un contexto económico muy difícil que debemos reconocer. Ese contexto tiene que ver con acciones del Gobierno y, mucho más, con acciones de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Que las prepagas tenían un atraso en los precios, es bastante probable porque el horizonte de aumentos durante el precio regulado fue pensado para contener una inflación que se disparó. No dudo de eso. Tampoco dudo que buena parte de esa asfixia terminó cayendo sobre los sanatorios y los profesionales de la salud. Ellos no solamente no vieron actualizaciones a la par, sino que reciben pagos de entre 90 y 180 días. A lo que voy es a que el sistema completo estaba roto. Ahora hay que ver bien cuál es la mejor salida porque abandonar a las personas no es el camino. Son personas, no números. Son todo tipo de familias, pacientes con enfermedades crónicas, oncológicos, con operaciones pendientes y nuestros jubilados. El sistema estaba mal, no quedan dudas. La regulación recaía sobre sanatorios y profesionales, pero la desregulación sin más abandona a las personas y, dudo, beneficie realmente a los sanatorios y profesionales. Nosotros pedimos que se analice el mercado y se proponga una regulación lógica, que cuide a las personas, sin volver al régimen de precios regulados.

-¿Cómo se puede terminar con la cartelización de las prepagas?

-El cartel tiene que terminar. Así como empezó, tiene que terminar. Si vamos a un sistema de libre mercado, entonces hay que cumplir con las reglas de competir. Eso es el piso, si no, estamos en el peor de los mundos. El problema de Argentina es el corporativismo, si es regulado por el Estado o desregulado, pero con carteles coordinados por las cámaras empresariales, el problema sigue. La competencia es la nota que permite evitar el abuso, tanto para los usuarios como de los proveedores. La UAS deberá presentarse en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ser serios con esta denuncia. Explicar lo que tengan que explicar y cambiar su forma de operar. No pueden fijar precios, tampoco pueden fijar bandas de aumentos ni coordinar la política de las empresas con los proveedores de salud. Es bastante simple lo que tienen que hacer.

-Más allá de la situación con las prepagas, ¿qué análisis puede hacer acerca de la situación económica que está atravesando la Argentina?

-Como decía antes, la situación económica de Argentina es compleja. Estamos frente a un ajuste que explota en el mercado por la impericia del Gobierno anterior. Dejaron un desastre, al punto tal que están esperando guardados a que la gente se olvide del desastre que hicieron para empezar a criticar a Javier Milei. El ajuste cae sobre todos e impacta mucho entre vulnerables y la clase media. Estoy preocupado, por la situación de las prepagas, por las jubilaciones que quieren que estén a tiro de decreto, por los alquileres que no bajan, y un crecimiento sostenido de las crisis de salud mental, sea con adicciones o padecimientos agudos.  Veo a una Argentina rota, que necesita una salida. Muchos esperan que Milei cumpla con su promesa, y yo le deseo lo mejor, pero creo que para eso tiene que dialogar más con el futuro, que seguir bajo la narrativa populista del enemigo. No va alcanzar ese discurso cuando empeore todo. El consenso fue el discurso negado de la última campaña electoral. Se instaló la demonización del diálogo, el problema es que ya no estamos en campaña. Hay que gobernar.  Nosotros siempre tuvimos como bandera el contrato moral, es porque entendemos que es tiempo de dar un cierre a la violencia económica, institucional y de la palabra, Los discursos violentos solamente alimentan la cara más dura de la Argentina y nos llevará a una crisis sin límites. Elisa Carrió siempre habló de la anomia, de ahí es difícil volver. Estamos a tiempo de cambiar el curso, pero es con diálogo.

-Por último, ¿cree que las medidas implementadas por el Gobierno favorecerán la regulación de los precios?

-Supongo que te referís a si el mercado liberado va a lograr estabilizar los precios. Esa es la tesis del Gobierno, lo que necesita ser traducido a que la inflación baja como consecuencia de la recesión de la economía. Sí, esa regla debería suceder pero ¿a qué costo? El objetivo que tenemos es domar la crisis y ordenar el ajuste. Para eso hay que ser más pragmático y menos dogmático. Probar lo que nunca se hizo, cumplir con la ley. Dar certezas de seguridad jurídica y atender las necesidades con marcos de regulación razonables. La desregulación como tal no existe, es una fantasía o un discurso. Lo que hay es un cambio de una regulación a otra que se apalanca más en la oferta y la demanda. Está bien eso, podemos coincidir ahí, pero tenés que entender cada mercado para conocer su dinámica y ver dónde están las restricciones. El presidente en Davos decía que las fallas del mercado no existen. Con esa filosofía, claro que no va a entender el problema que tienen los pacientes crónicos o los jubilados cuando el sistema no les permite elegir con libertad su plan de salud. Pagar cuatro, cinco o seis veces un plan normal, no es una opción real. No verlo es de necio. Lo mismo creo para la entrada de las micro y pequeñas empresas en ciertos mercados o para afrontar sus costos. Hay algo ahí que atender. Lo mismo con los alquileres, no es tolerable que los inquilinos puedan ser expulsados sin más de un mes al otro sin incumplimientos. Cuando los modelos fallan, no hay que enojarse con la realidad, sino cambiar el modelo.

Debido a los constantes mega eventos que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a asegurar la convivencia vecinal en eventos culturales, festivos y deportivos que se organicen en el distrito capitalino.

El proyecto en cuestión plantea que la autoridad de aplicación deberá “crear un plan de gestión y manejo correspondiente a cada estadio, teatro, y/o locación de eventos”. Los planes de contingencia tendrán que reducir al mínimo posible los cortes de calles y avenidas; promover el uso de transporte público en lugar de vehículos privados; garantizar la disponibilidad de estacionamiento para bicicletas y monopatines; establecer operativos de seguridad y ordenamiento del tránsito adecuados para asegurar el acceso de los ciudadanos a sus viviendas, los estacionamientos para vehículos privados y comercios, entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes explicó que la iniciativa “parte de la idea de involucrar a los vecinos en la planificación de la gestión de estos eventos. La creación de un plan que contemple los alcances de las medidas de seguridad, higiene y transporte que se organizan en torno a esto. Al permitir que los vecinos participen activamente en la toma de decisiones que afectan a su entorno, se fomenta el sentido de responsabilidad y cooperación entre los miembros de la comunidad, y se garantiza que los intereses de todos sean tenidos en cuenta”.

Además, argumentó que el texto tiene “por objeto otorgar herramientas para la creación de estos planes de gestión destinados a asegurar una convivencia armónica de estos eventos masivos y la ciudadanía” e informó que “estos planes buscan garantizar la seguridad y el disfrute de sus espectadores, y reducir las molestias en aquellos vecinos que habitan y transitan las zonas afectadas”.

“Lo que se busca es reducir los cortes de calle y el tránsito, que complican el uso del espacio público en las inmediaciones de tales eventos. Para ello, resulta fundamental llevar adelante medidas que permitan transportar la mayor cantidad de gente posible en el menor espacio posible hacia y desde el lugar de los hechos, generando las menores disrupciones posibles en el espacio público”, completó el legislador.

Después de las prepagas aumentaran un 40,5% en enero y anunciaran un incremento del 30% para febrero, los diputados de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes y Facundo Del Gaiso junto a otros dirigentes de ese espacio impulsaron una denuncia contra el “el aumento coordinado de las prepagas”.

En ese sentido, a través de su cuenta de X -ex Twitter-, Reyes aseguró que “la Unión Argentina de Salud fantasea con los beneficios de un mercado liberado sin hacerse cargo del riesgo de competir para ofrecer mejores planes o mejor precio a los usuarios y mejores condiciones a sus proveedores”.

Al mismo tiempo que explicó que “no podemos pasar de un corporativismo regulado a un corporativismo desregulado. El modelo de fijación de precios por el Gobierno se agotó por asfixia, pero reemplazarlo por una cámara empresarial es contrario al liberalismo. Esto no es solamente injusto, sino que es ilegal” y remarcó que “un cartel es cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo en fijar el precio o coordinar el pago a los proveedores. Esta es la conducta más grave en el mundo de la defensa de la competencia. Cuando no hay competencia, hay abuso”.

“El mercado de la salud es complejo e imperfecto. El Gobierno hizo bien en salir del sistema de regulación de precios porque asfixia a los hospitales y médicos”, añadió y concluyó precisando que “es necesario que previo se arreglen los problemas para la portabilidad de prestaciones para enfermos crónicos, evitar que el costo se dispare después de la jubilación y mejorar el conocimiento de los usuarios de las opciones que tienen. Sino el sistema se vuelve muy injusto”.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC) Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca establecer un “presupuesto participativo”, a fin de que los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre la asignación de recursos públicos en intervenciones y microintervenciones que beneficien a sus barrios.

De acuerdo al texto recientemente presentado, la implementación de dicho presupuesto se basará en la participación “activa y responsable” de los ciudadanos, quienes podrán presentar propuestas para mejorar sus barrios.  La selección de los proyectos financiados será realizada por los propios ciudadanos a través de votación. “La intervención de la Administración se limitará a la factibilidad y razonabilidad de las propuestas en preservación de los recursos públicos y en estricto cumplimiento con los principios rectores de la presente ley”, sostiene el documento.

Asimismo, se establece que el presupuesto participativo se implementará anualmente y el monto destinado a este fin será fijado por la Legislatura porteña al momento de la sanción de la Ley de Presupuesto, no pudiendo ser inferior al 0,5% de la recaudación fiscal del ejercicio correspondiente.

Por otra parte, la iniciativa plantea la creación de la plataforma digital de Presupuesto Participativo BA, la cual deberá contar con un lenguaje simple, claro y preciso respecto del procedimiento de participación en la formulación del presupuesto en las instancias de presentación de proyectos, de trabajo respecto de los proyectos y de la votación para la priorización de los proyectos presentados.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas explicaron que “el presupuesto participativo es una herramienta que se implementa con éxito en miles de ciudades del mundo, siendo la de Porto Alegre la más conocida, tanto por abrir el camino como experiencia innovadora, así como por el éxito en sus resultados: en tiempos de crisis social y económica, comenzó su elaboración en el año 1988, y su modelo de presupuesto participativo logró transformarse en un sistema de deliberación ascendente, con plena responsabilidad impulsado por las necesidades reales de los ciudadanos”.

“Actualmente, grandes ciudades del mundo desarrollan sus distintos sistemas de presupuesto participativo, en las cuales podemos mencionar Paris Budget Participatif (en Paris), donde los parisinos pueden presentar sus proyectos en una plataforma digital, y luego votar entre sus favoritos entre una selección de proyectos estudiados por los servicios de la ciudad; o en Madrid, con la iniciativa Decide Madrid (que influenció la creación de BA Elige), donde el 30% del presupuesto asignado se destina a proyectos que afectan toda la ciudad, y el 70% a proyectos que beneficien a distritos específicos del Ayuntamiento”, indicaron y precisaron que “en nuestro país, Rosario fue la primera ciudad en implementar el presupuesto participativo, en medio de una crisis socio-económica. Hoy en día, hay decenas de iniciativas de ese tipo, sobre todo a nivel municipal, con diseños y metodologías diferentes”.

Por lo que concluyeron señalando que su “compromiso está en una democracia participativa, y por eso trabajamos en la creación del presupuesto participativo como una gran herramienta a disposición para que el ciudadano pueda presentar propuestas, debatir temas y votar sobre cuestiones importantes que puedan afectar a la ciudad”.

En el marco del inicio del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, el diputado de Vamos por Más (VxM) y que responde a Elisa Carrió, Hernán Reyes, compartió en las redes sociales una reflexión acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei e insistió en que “República es cambio”.

“Me preocupa leer a quienes saben del valor de las instituciones, defender que el presidente solicite hasta cuatro años de superpoderes. Una suma total del poder, una forma de gobernar digna del DNU”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “hay que decirlo con todas las letras: el fracaso del DNU no es tanto por el contenido, es porque están queriendo imponer un sistema sin Congreso. Eso es absolutamente inconstitucional” e insistió en que “decir esto es defender el cambio. Primero porque el cambio mal hecho no es sostenible. Segundo, ser republicano es hacer una gran revolución en Argentina. Es recuperar la seguridad jurídica, en serio”.

“Hay que cambiar este sistema. Es asfixiante, pero hay que hacerlo completo. Fondo y formas. Medios y resultados. Recuperemos la idea del Contrato Moral que tanto insistió Elisa Carrió”, completó el oficialista.

Si bien el reparto de comisiones comienza oficialmente en febrero, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya definió la presidencia de tres importantes comisiones: se trata de las de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y la Junta de Ética, las cuales ya comenzaron a trabajar en la designación de diferentes autoridades.

De esta manera, con la decisión de Claudio Romero y Emmanuel Ferrario (VxM) de no solicitar la presidencia de ninguna comisión, la Legislatura nombró como la encargada de la de Presupuesto a la oficialista y protegida de Cristian Ritondo, Paola Michielotto.

En tanto la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales seguirá en manos de Hernán Reyes (VxM), uno de los hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña. Mientras que María Luisa González Estevarena (VxM), una de las figuras del riñón de Patricia Bullrich, retuvo la conducción de la Junta de Ética.

Lo cierto es que la discusión por el reparto de las comisiones recién se da en febrero, la Legislatura de la Ciudad avanzó con estas tres comisiones dado a que debían empezar a funcionar antes para elegir a las nuevas autoridades del Banco Ciudad, a los defensores adjuntos del Pueblo y al Procurador General de la Ciudad.

Después de que Juntos por el Cambio (JxC) quedara fuera de la competencia por la presidencia de la Nación, el diputado de la Coalición Cívica -una de las fuerzas que integran Vamos Juntos (VJ)- Hernán Reyes aseguró que desde ese espacio no votaran por el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, ni por el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En ese contexto, Reyes se refirió sobre esta situación en las redes sociales. “Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad. En consecuencia, no es ni con Massa, ni con Milei”, manifestó.

“Nuestro aporte como partido es asumir una oposición nítida, una posición firme, responsable y legítima con nuestros valores, que sirva más temprano que tarde para volver a construir una mayoría anclada en la democracia republicana, la honestidad, el desarrollo y la justicia”, sentenció Reyes.

Con la mirada puesta en los próximos comicios, el diputado de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes cuestionó con suma dureza la iniciativa de los vouchers educativos que impulsa el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y aseguró que son “una propuesta falsa”.

A través de un video que difundió en las redes sociales, el legislador -que responde a Elisa Carrió– analizó el estado de la educación en la Argentina y explicó los motivos por los que está en contra de los vouchers educativos. “El kirchnerismo abandonó la escuela pública y aparece Milei con la idea de los vouchers educativos. ¿Cómo salimos? Nosotros creemos que hay que recuperar la escuela no convertirla en un negocio. Te quiero contar porque la propuesta de los vouchers es una propuesta falsa y cómo realmente podemos sacar a la educación del pozo en la que la dejó el kirchnerismo”, comenzó diciendo.

Al mismo tiempo que señaló que “la educación pública fue el orgullo de la Argentina. Cuando en el mundo el analfabetismo alcanzaba a la gran mayoría de la población, Argentina logró uno de los indicadores más bajos. Eso no sucedió de casualidad, hubo una política de creación de escuelas en todo el país. Sarmiento inauguró más de 800 y trajo los mejores estándares pedagógicos de la época” e indicó que “la escuela la cuidamos entre todos y así fue grande, nadie nacía en este país sin tener la oportunidad real de estudiar”.

Sobre esa misma línea, Reyes señaló que “esa no es la educación que tenemos hoy, ya no es motivo de orgullo, es motivo de preocupación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la escuela? Definitivamente la propuesta de los vouchers no es una salida. La política de vouchers es una política enfocada exclusivamente en la estrategia de financiamiento, partiendo de la competencia entre la educación pública y la privada”.

“Políticas similares fracasaron y los países las fueron abandonando en los años 90. Pero la mayor debilidad es que no se centra en los problemas de fondo. El problema con la educación pública es que la abandonaron… la abandonó el Gobierno, la abandonaron los sindicatos y así mucha gente se fue de la escuela”, siguió el oficialista.

Además, consideró que “no se trata de un problema de déficit como apunta Milei con el voucher, el problema tiene que ver con la formación docente, con la reforma pedagógica, con incluir conocimientos vinculados a los saberes del futuro y con hacer que los chicos vuelvan a la escuela, porque la deserción en la escuela en nuestro país es altísima”.

“Esto es lo que tenemos que cambiar, esto es lo que queremos cambiar. Los vouchers no solucionan ninguno de estos problemas, son una propuesta falsa. Volvamos a tener la educación que nos dio orgullo, generadora de oportunidades para todos”, cerró Reyes.

La Legislatura de la Ciudad dio inicio esta semana al debate acerca de la Ley de Financiamiento Verde, una propuesta del legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes que tiene por objeto el diseño de la arquitectura jurídico-financiera para la captación, distribución y ejecución del financiamiento de aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.

A través de sus redes sociales, el oficialista afirmó: “¿cómo se financia la transición ecológica? ¿De dónde salen los recursos? Presentamos la Ley de Financiamiento Verde para la Ciudad. Una norma que crea la estructura jurídica y financiera capaz de captar los recursos internacionales, y ponerlos al servicio de nuestra industria”. Al mismo tiempo que precisó que “tuvimos la primera mesa de trabajo en el camino de la ley. Conversamos acerca de la necesidad de diseñar un esquema que sea capaz de captar y ejecutar fondos orientados a políticas públicas de desarrollo sostenible y a la transición del sector productivo”.

“Gracias a la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio; al ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti; al diputado nacional Maximiliano Ferraro; la senadora nacional Gladys González; a la secretaria de Ambiente, Inés Gorbea; al director del Banco Ciudad, Gastón Rossi; y a la Coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, María Eugenia Di Paola”, cerró.

La iniciativa en cuestión se enmarca en lo establecido por la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Ley N° 6.468 de Economía Circular, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050, el Plan de Acción Climática 2050 y demás compromisos asumidos en la materia.

De esta manera, se buscará financiar todas aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que persigan una ciudad “baja en carbono, preparada, inclusiva, cercana y circular”.

Dicho fondo se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero, que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto, y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. A los efectos de la composición del capital y la participación del Comité de Gestión, se garantizará una participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 50%.

Por lo que se constituirán como recursos del fondo: “los recursos y partidas presupuestarias que le asigne la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio, así como los asignados por leyes especiales, afectaciones específicas sobre tributos y otras partidas que se disponen a modo de aporte”, “las asignaciones recibidas de organismos internacionales, multilaterales o nacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban”, “los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso, siempre y cuando dichos bienes cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, “los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta, siempre y cuando dichos dividendos o utilidades cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, entre otros.

Además se propuso la creación de un comité ejecutivo del Fondo Verde, el cual establecerá las políticas de implementación, aplicación y financiamiento del Fondo; establecer la periodicidad en la rendición de cuentas del Fiduciario; determinar los montos máximos y mínimos de cada instrumento para la ejecución de los recursos del Fondo Verde y las condiciones financieras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de gestión de inversiones de los Fondos Fiduciarios Públicos; entre otros puntos.

Buscando mitigar el cambio climático, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual se buscará crear un “Fondo verde”, el cual tiene por objeto el diseño de la arquitectura jurídico-financiera para la captación, distribución y ejecución del financiamiento de aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.

El texto recientemente presentado se enmarca en lo establecido por la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Ley N° 6.468 de Economía Circular, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050, el Plan de Acción Climática 2050 y demás compromisos asumidos en la materia.

De esta manera, se buscará financiar todas aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que persigan una ciudad “baja en carbono, preparada, inclusiva, cercana y circular”.

Dicho fondo se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero, que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto, y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. A los efectos de la composición del capital y la participación del Comité de Gestión, se garantizará una participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 50%.

Por lo que se constituirán como recursos del fondo: “los recursos y partidas presupuestarias que le asigne la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio, así como los asignados por leyes especiales, afectaciones específicas sobre tributos y otras partidas que se disponen a modo de aporte”, “las asignaciones recibidas de organismos internacionales, multilaterales o nacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban”, “los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso, siempre y cuando dichos bienes cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, “los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta, siempre y cuando dichos dividendos o utilidades cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, entre otros.

Además se propuso la creación de un comité ejecutivo del Fondo Verde, el cual establecerá las políticas de implementación, aplicación y financiamiento del Fondo; establecer la periodicidad en la rendición de cuentas del Fiduciario; determinar los montos máximos y mínimos de cada instrumento para la ejecución de los recursos del Fondo Verde y las condiciones financieras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de gestión de inversiones de los Fondos Fiduciarios Públicos; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes aseveró que “a día de hoy, más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y ese número no hará más que incrementarse con el paso del tiempo. En Argentina, la concentración es aún mayor: un 92% de la población se concentra en ciudades” e indicó que “las ciudades, pese a ocupar tan sólo el 3% de la superficie del planeta, representan entre el 60% y 80% del consumo de energía, el 75% del consumo de recursos y de las emisiones de carbono a la atmósfera, y el 50% de la generación de residuos”.

“En ese sentido, resulta menester hoy, más que nunca, tener la creatividad y la audacia de idear nuevos mecanismos capaces de llevar a cabo políticas públicas que satisfagan las 3 aristas del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. Y para ello será fundamental que el Estado y el sector productivo puedan trabajar en conjunto, liderando la transformación de la ciudad futura que anhelamos”, sentenció.

El texto también lleva la firma de Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ).

El diputado de la Coalición Cívica y hombre de confianza de Elisa Carrió, Hernán Reyes (VJ), respaldó la denuncia que ese espacio llevó adelante contra el Movimiento Evita y sus principales referentes por “defraudación, negociaciones incompatibles y violación de sus deberes como funcionarios”.

En ese sentido, el oficialista explicó que “denunciamos a Emilio Pérsico, Alexander Roig, Gildo Onorato y otros dirigentes del Movimiento Evita por conformar una asociación ilegal para: defraudación, negociaciones incompatibles y violación sus los deberes de funcionario”.

“El Movimiento Evita es una organización social con fines políticos que nuclea cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles. Desde que asumió Alberto Fernández, algunos de sus dirigentes se incorporaron como funcionarios en la gestión pública”, agregó a través de sus redes sociales e indicó que “Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, asumió como secretario de Economía Social y quedó a cargo del Programa Potenciar Trabajo, que concentra los planes sociales del Gobierno Nacional. En 2022 tuvo un presupuesto de 491.696 millones de pesos y representó el 2,8% del gasto público”.

Al mismo tiempo que precisó que “Potenciar Trabajo se ejecuta a través de intermediarios e incluye dos tipos de prestaciones. Las primeras son las individuales, de medio salario mínimo por mes (34.750 de pesos en marzo). Pasaron de ser 554.628 titulares cuando comenzó el programa a 1.268.044 actualmente (+129%)” y resaltó que “las segundas son convenios directos con las unidades de gestión, que son los intermediarios que ejecutan los proyectos subsidiados y contienen a los titulares. Hasta octubre de 2021, se habían celebrado convenios por un total de 18.306.054.644 de pesos”.

“De estos, pudimos identificar que 3.646.159.320 de pesos fueron para cooperativas, fundaciones o asociaciones vinculadas al Movimiento Evita. Uno de cada cinco pesos asignados a través de convenios firmados desde la Secretaría Social de Emilio Pérsico fueron para ellos mismos”, continuó Reyes. A la vez que detalló que “el Movimiento Evita tiene su origen en la Federación de Cooperativas Trabajo Evita LTDA que nuclea a diferentes cooperativas, fundaciones o asociaciones, así como ha construido estrechos lazos políticos con otras que no integran la Federación”.

Sobre esa misma línea, el diputado afirmó que “Emilio Pérsico, como autoridad de aplicación del Potenciar Trabajo, entregó subsidios al Movimiento Evita que dirige desde sus inicios. Este accionar no es un simple conflicto sino una negociación incompatible con su función, penado por el Código Penal” y advirtió que “todo esto se realizó sin ninguna instancia de control externa. Las encargadas de certificar los cumplimientos son las propias unidades de gestión, y las Unidades de Evaluación están conformadas por funcionarios de la Secretaría de Economía Social que también dependen de Pérsico”.

“Por su parte, Alexander Roig asumió como Presidente del INAES, organismo que controla las cooperativas y mutuales. Desde ahí, el Movimiento Evita puede ejercer un control sobre estas formas de asociativismo, y también desviaron 180.008.340 de pesos hacia sus arcas”, agregó y resaltó: “Gildo Onorato es titular de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, que recibió dinero directo del Estado. Estas personas y otros dirigentes se organizan para desviar fondos públicos a la organización”.

Atento a esta situación, Reyes manifestó que “en esta historia nada es casualidad. El Movimiento Evita creó un sistema que les permite desviar fondos públicos para aumentar su poder político y territorial. Usan los planes para mantener una militancia rentada, y usan los convenios para tener caja propia” y destacó que “ingresaron a la gestión, crearon un Programa con normativa ambigua que les permite un manejo discrecional y se aprovecharon de ello. Establecieron un Estado Paralelo, en el que el acceso a las políticas sociales para las personas depende de su vínculo con el Movimiento Evita”.

“En total, el Movimiento Evita se llevó $3.836.167.660 en 2021 y maneja cerca de 5.000.000.000 de pesos por mes actualmente. Un verdadero saqueo al Estado en función del armado territorial y político de la organización y sus propios intereses”, alertó y concluyó precisando que “lo que se desprende de todo lo anterior es un entramado de corrupción y manejo discrecional de los fondos públicos por parte de los dirigentes del Movimiento Evita. Esperamos que la Justicia actúe rápido y que sean responsables por sus acciones”.

Debido al crecimiento del narcotráfico en Santa Fe y buscando evitar una situación similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura porteña para crear un “Sistema Integral de Prevención y Control del Narcotráfico”.

El objetivo de dicho programa es el de sistematizar el accionar de los distintos agentes públicos y privados involucrados en la prevención y control del narcomenudeo y el narcotráfico; promover la protección a toda persona que denuncie, sea víctima y/o se presente como testigo de casos de narcomenudeo o de narcotráfico; entre otros puntos.

Asimismo plantea la creación del “Gabinete de Prevención del Narcotráfico”, el cual será una instancia plenaria de reunión de todas las dependencias del Poder Ejecutivo y otros organismos con competencia específica en la materia o que intervengan en políticas públicas que influyan en la prevención y control del narcotráfico. La integración se logrará con dos representantes, que no podrán ser del mismo género, por cada una de las dependencias que se disponga en la reglamentación.

El texto en cuestión también contempla la confección de un “Plan Trianual de Prevención del Narcotráfico”, el cual deberá establecer los criterios de focalización en la prevención y selectividad en materia de control territorial; estrategias de prevención y reducción de daños en los dispositivos para el abordaje del consumo de estupefacientes en el espacio público; y que establezca objetivos y estrategias de comunicación pública del abordaje de la problemática conforme criterios de prevención, no estigmatización e informativos basados en evidencia científica; entre otros puntos.

A su vez se fomentará un programa de protección de testigos de narcotráfico, el cual permanecerá bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y servirá para brindar protección a toda persona que denuncie y/o sea testigo de casos de narcotráfico, en cualquiera sea su modo, etapa, o nivel. Además se les brindará las herramientas pertinentes para asegurar la integridad física, psíquica y la libertad del denunciante, en pos de asegurar su participación en la investigación pertinente.

La iniciativa también lleva la firma de Juan Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero (VJ), quienes aseveraron que “con esta ley estamos presentando un proyecto para ampliar nuestro abordaje del consumo problemático, así como de todas las adicciones comportamentales” y remarcaron que “no se trata de una demonización de determinadas sustancias, sino de una decisión política de asumir con responsabilidad el desafío del combate al narcotráfico y cesar con una política (en algunos casos deliberada) de abandono de las personas, abandono de quienes padecen adicciones y el abandono de los argentinos a la violencia del narcotráfico”.

“En estas semanas hemos visto el recrudecimiento de la violencia narco en la provincia de Santa Fe y lo ocurrido en el conurbano bonaerense con el envenenamiento. No miramos superficialmente, sabemos que estos hechos son parte de una avanzada del narcotráfico en todo el país y que se extiende en todas nuestras ciudades. Es la consecuencia de décadas de abandono, políticas erráticas y posiciones mediocres respecto de una problemática de gran complejidad”, continuaron los oficialistas y plantearon que “además de la colaboración con la política de investigación judicial, este proyecto pretende generar una instancia de gobierno que asuma el desafío de la prevención y control del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. La planificación de políticas públicas resulta esencial, siendo que de este modo se garantiza una armonía entre políticas urbanísticas y la prevención del delito a través de la coordinación de todos los actores políticos en el Gobierno”.

Por lo que concluyeron señalando: “desde la perspectiva nuestra, el Estado debe ofrecer garantías de un tratamiento adecuado para quienes padecen adicciones o que se encuentran en tratamiento de ellas”.

Después de haber presentado escritos en la Legislatura porteña para repudiar esta situación, los diputados de Vamos Juntos (VJ) cuestionaron con suma dureza la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par de Cuba, Miguel Díaz, a la Argentina y consideraron que es “preocupante que no haya una sola disidencia en el oficialismo” sobre este tema.

En ese sentido el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), afirmó que “es triste y preocupante que no haya una sola disidencia en el oficialismo respecto de la visita de Maduro” y concluyó expresando su deseo de que “al menos alguien levante la voz por la lucha histórica de nuestro país por los derechos humanos y dé cuenta de la traición que están cometiendo”.

Mientras que Juan Pablo Arenaza (VJ), uno de los legisladores que responde a Patricia Bullrich, se hizo eco de un mensaje de Díaz anunciando su arribo a la Argentina y lanzó con dureza: “ya están llegando los dictadores amigos del Gobierno”.

Cabe recordar que algunos días atrás los diputados de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual pidieron declarar “personas no gratas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba respectivamente, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizará en nuestra Ciudad el 24 de enero del corriente”.

En las vísperas del inicio del debate en el recinto del Presupuesto 2023, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará dotar a esa misma Casa con una “Oficina de Ejecución del Presupuesto y Evaluación de las Políticas Públicas”.

De esta manera, dicha oficina se dedicará “a la asistencia técnica en la formulación, implementación y seguimiento de leyes con impacto presupuestario” y ejercerá “sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, mediante la provisión de información objetiva, imparcial e independiente”.

La mencionada oficina tendrá entre sus principales funciones la realización de “análisis de las estimaciones de ingresos fiscales, plan de gasto, metas físicas y deuda pública respecto del ejercicio siguiente y proyecciones de ingresos en mediano y largo plazo, con el objeto de asesorar a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria o a requerimiento específico respecto de programas y proyectos por las demás comisiones de la Legislatura de la Ciudad” y elaborará documentos de legislación comparada nacional e internacional respecto de la materia que está siendo analizada.

También realizará “una evaluación de la tasa de retorno respecto de las obras proyectadas en el plan plurianual y aquellas obras contenidas en iniciativas legislativas y/o en la ley de presupuesto en base a los indicadores utilizados por el área competente”; “una evaluación de la pertinencia, costo-beneficio presupuestario, eficacia e impacto de la medida respecto de las iniciativas legislativas, con anterioridad a su sanción y a requerimiento del autor de la iniciativa o el Presidente de la comisión de cabecera del proyecto”; y podrá convocar a reuniones con organizaciones civiles o los sectores afectados por los proyectos de ley que se traten en el Parlamento.

A su vez podrá celebrar convenios de cooperación con organizaciones públicas, en pos de compartir y promover las buenas prácticas en la evaluación de las políticas públicas; entre otros puntos.

Según el texto recientemente presentado, la oficina estará coordinada por un secretario que tendrá un mandato de cinco años, con la posibilidad de ser designado nuevamente por una única vez, y su elección se dará por un concurso de oposición y antecedentes al que podrán presentarse cualquier interesado. Los postulantes tendrán que acreditar experiencia profesional y académica de cinco años en regulación económica, legislativa y/o evaluación de políticas públicas, así como título universitario de grado o posgrado en derecho, economía y/o ciencias sociales.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que en la Legislatura porteña se presenta un proyecto de estas características, de hecho actualmente cuentan con estado parlamentario dos textos similares: uno de la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira y otro del ex legislador radical Leandro Halperín. Además hay otras iniciativas que perdieron vigencia pero que apuntaban al mismo objetivo, las cuales fueron impulsadas por los diputados mandato cumplido Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Hernán Rossi, Hernán Arce y Juan Francisco Nosiglia.

Elisa Carrió y los legisladores de la Coalición Cívica por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cecilia Ferrero, Facundo del Gaiso, Hernán Reyes y Lucía Romano presentaron este miércoles una denuncia penal contra el juez Roberto Gallardo, al que le endilgan haber cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con el delito de prevaricato.

“Es flagrante la irregularidad del juez Gallardo en ejercicio de sus funciones, por su decisión de ordenar a la Ciudad el cese en la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la señora vicepresidenta de la Nación y disponer que sean las fuerzas federales las responsables de esa tarea. Su resolución es contraria a la Constitución Nacional, a la de la Ciudad de Buenos Aires, de normativa nacional y local. Las consecuencias generadas de la decisión adoptada por Gallardo resultó perjudicial para la Vicepresidenta y para los ciudadanos del Barrio de Recoleta, por la vulneración sistemática de sus derechos constitucionales al generar un estado de indefensión y extrema vulnerabilidad”, sostiene el texto presentado por Carrió y los legisladores de la CC.

“El juez Gallardo ejerció en forma irregular sus competencias con el dictado de resolución en cuestión, aplicando normas que debe conocer en su calidad de Juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por las cuales juró ejercer su función”, agregan.

“La resolución judicial dictada por el juez Gallardo viola de manera flagrante lo dispuesto por la Constitución Nacional (artículo 129) y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, al haber suspendido el servicio de seguridad pública de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. No solo con ello se va en contra de lo consagrado en nuestra Carta Magna y en la clara voluntad legislativa del momento en que fue consagrada la autonomía local, sino que se está atentando así contra la protección y seguridad de los habitantes de esta Ciudad, dejándolos desamparados a potenciales hechos delictivos”, señalan Carrió y los legisladores de la CC en la denuncia.

La denuncia de los dirigentes de la CC expresa que “el incumplimiento del juez Gallardo con lo establecido por la Ley No 5688 no solo es flagrante, sino que es de una gravedad tanto institucional como práctica inusitada, ya que, al suspender el servicio de seguridad pública de la Ciudad en los alrededores del hogar de la vicepresidente, ha afectado políticas públicas concernientes al Poder Ejecutivo local, como también ha generado una zona de peligrosidad manifiesta, tanto para la funcionaria que debía salvaguardarse, como para los vecinos de las inmediaciones, hecho más que acreditado al observar que el atentado contra la vida de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, fue realizado precisamente luego del fallo aquí cuestionado”.

“En la decisión arbitraria e ilegal dictada por el Magistrado, los funcionarios federales irradian una suerte de fuerza que invalida las competencias de seguridad locales constitucionalmente reconocidas y consagradas por la interpretación de la Corte Suprema de la Nación. Así, podrá observarse que la conducta del juez Gallardo es susceptible de reproche, dado que no existe norma habilitante que permita vulnerar la autonomía local, y expandir territorialmente el desempeño territorial de las custodias federales para el Presidente o la Vicepresidenta con los propios pasos que da el funcionario, avasallando derechos consagrados”, añaden desde la CC.

“En conclusión, para así decidir como lo hizo, el juez Roberto Gallardo ha omitido cumplir con los deberes a su cargo, ejerciéndolos de modo irregular (desviación de poder), al direccionar y manipular la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención, generando vulneración de derechos y daños ciertos”, manifiestan Carrió, Ferrero, Del Gaiso, Reyes y Romano.

Después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los diputados porteños de la Coalición Cívica pidieron que se realice un juicio político al juez Roberto Gallardo, dado a que lo acusan por “mal desempeño” de sus funciones tras haber pedido que se retirara del domicilio de la funcionaria unas vallas que buscaban resguardar su integridad.

El suceso en cuestión se dio el pasado 29 de agosto, después de que Gallardo –que se desempeña como juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4- solicitara el levantamiento de las vallas colocadas sobre la calle Juncal, ordenando al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que retire la custodia de la vicepresidenta y estableciendo que las fuerzas federales serán los encargados de la custodia. 

En su pedido de juicio político, los legisladores porteños advirtieron que estos actos “demuestran desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones” y remarcaron que los mismos “avasallan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. 

“La figura del mal desempeño adquiere su real dimensión cuando la conducta del juez cuestionado resulta violatoria de uno de los deberes fundamentales de la magistratura, que es el de su imparcialidad”, expresaron y añadieron que “el deber de imparcialidad del juez es un imperativo ético y legal. Al respecto, el estatuto universal del Juez señala que ‘el juez debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y resolución de las causas…’. Resulta evidente que el magistrado cuyo juicio político aquí solicitamos, se apartó de tal mandato”.

Al respecto de esta situación, el presidente del bloque de legisladores de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso (VJ), afirmó que “Gallardo dejó en estado de indefensión a los vecinos de la ciudad, sin seguridad.  Lamentable su accionar en pos de un grupo político.  Eso demuestra que el juez Gallardo es un juez partidario”.

Mientras que la diputada Cecilia Ferrero (VJ) sostuvo que “el juez Roberto Gallardo direccionó y manipuló la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención y ello configura suficiente causal de mal desempeño para para instar el procedimiento y remoción de su cargo” y que Hernán Reyes (VJ) concluyó advirtiendo que “Gallardo actuó fuera del derecho, a favor de un partido político y en contra de los vecinos y la autonomía de la Ciudad”.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, le enviaron una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, en la que les requieren que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigue a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a los funcionarios de su gobierno involucrados en la “cartelización” de la obra pública, más conocida como la causa de los “cuadernos”.

También solicitan que se extienda la pesquisa a los administradores de todas las empresas observadas. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está haciendo lo imposible para no investigar a Cristina Kirchner y los empresarios por la causa de los cuadernos. Desde junio que desde la Coalición Cívica nos presentamos para que amplíe la investigación y no tenemos respuesta”, señalaron los legisladores de la CC.

“Massa tiene la llave para decidir si se va a investigar la cartelización de la obra pública o si va a proteger a Cristina y los empresarios”, explicaron Reyes, López, Zuvic y Oliveto. “El acuerdo de Massa, Cristina y Alberto era la impunidad. Así fundaron el Frente de Todos, nosotros no lo vamos a permitir”, agregaron.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, manifestaron los diputados por la CC.

Los legisladores de la CC piden, también, que se convoque al concurso para conformar la Autoridad Nacional de la Competencia, que sería un tribunal administrativo independiente que debería continuar con esta investigación.

Este año, los diputados de la CC realizaron un pedido de acceso a la información pública para tomar conocimiento del estado de situación de la investigación en la CNDC, con el objeto de saber si el expediente se encontraba abierto, archivado y quiénes estaban siendo investigados. En esa oportunidad la respuesta fue que ninguna persona humana era objeto de la investigación en el sumario y todo lo actuado se mantenía en secreto. Luego, iniciaron un reclamo administrativo para tomar conocimiento de las resoluciones de la CNDC y la Secretaría de Comercio, por la negativa de acceso a la información pública, y se presentamos en el expediente de la CNDC para requerir que se los incluya como parte, en carácter de coadyuvantes de la CNDC, y que se amplíe la investigación incluyendo a los administradores de las empresas y a los exfuncionarios que formaron parte del cartel.

La Agencia de Información Pública se negó a brindar la información requerida por los diputados de la CC, conforme una interpretación por la que las actuaciones de la CNDC son secretas. La CC presentará un amparo en atención a este punto. Respecto del pedido de ampliación de la investigación de la CNDC, los legisladores no han podido acceder al expediente ni tomar conocimiento de lo resuelto. En julio se presentó un pedido de pronto despacho en el que se requirió que se resuelva la ampliación, por la negativa o la afirmativa. Ante la falta de notificación de alguna resolución reiteramos el pedido pronto despacho hace dos semanas.

La carta enviada por los legisladores de la CC está dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto responsable jerárquico de la Secretaría de Comercio; al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por tener la competencia para resolver cualquier resolución que impulse la CNDC en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, y al presidente de la CNDC Rodrigo Luchinsky, responsable del proceso de investigación que se está llevando a cabo.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, sostuvieron los legisladores de la CC. “La causa de los cuadernos y vialidad es lo que Lilita denunció en 2008, ahora que estamos más cerca del final no podemos dejarlos construir la impunidad”, añadieron.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y diputado de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca avanzar con  el “plan de transición digital 2030”, el cual tendrá por finalidad establecer las metas en la transición digital de la economía y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los programas, iniciativas y procedimientos por los que se dará cumplimiento a las mismas.

A través de este plan se buscará aumentar “la conectividad a internet y la velocidad de dicha conexión de la población en sus hogares, en las empresas, en el espacio público y en los centros de salud, educación y deportes”, “la infraestructura soterrada de conectividad así como la disposición de infraestructura aérea para antenas que permita ampliar la cobertura de conectividad en la Ciudad” y “la cantidad de personas con capacitación básica en programación y competencias digitales de la población en general, y de los funcionarios del Gobierno porteño”.

También prevé reducir la brecha digital de grupos vulnerables, de género y generacional; aumentar el volumen del comercio digital y la transformación digital por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad; aumentar la digitalización de trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno, bajo el principio de reducir la complejidad y los tiempos de espera y tramitación”; entre otros puntos.

Para poder cumplir con todos esos objetivos, Reyes también propuso crear mesas de trabajo en la que participaran agentes del sector público y privado. La Autoridad de aplicación deberá convocar a las mesas de trabajo a las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con competencias en el cumplimiento de los objetivos. Cada jurisdicción enviará a dos representantes, que no podrán ser del mismo género.

El texto prevé la creación de una Comisión Especial de Seguimiento del Plan de Transición Digital de la Ciudad, conformada por siete diputados, no pudiendo ser más de cuatro miembros del mismo género. Conformada, la Comisión especial elegirá un presidente y un vicepresidente.

La Comisión especial tiene por finalidad el seguimiento en el cumplimiento de las metas específicas del Plan de Transición Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la convocatoria de su Autoridad de aplicación a informar respecto de la ejecución del mismo.

En los fundamentos de la medida, Reyes afirmó que “la gobernanza es la forma en que las comunidades conciben y dan forma a su destino y determina si una sociedad avanza o retrocede. Entonces, el papel de la gobernanza no consiste en resistir lo inevitable, sino en suavizar la transición entre el pasado y el futuro” y precisó que “ello incluye la capacidad de nuestra sociedad de aceptar la transición y prevenir el impacto negativo en lo social, económico y cultural de la automatización”.

“El Gobierno de la Ciudad ya viene recorriendo un largo camino en su objetivo de modernización, adoptando las nuevas tecnologías a sus procesos de gestión, y posicionándose como una de las principales ciudades inteligentes en la región. Probablemente uno de los mejores ejemplos para ilustrar los buenos resultados de la incorporación de la Inteligencia Artificial a la esfera pública sea el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, Boti”, concluyó señalando.

Cabe precisar que son co autores del proyecto Juan Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Darío Nieto y Lucía Romano (VJ).

En el marco de crisis que atraviesa el país, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca fomentar un “plan de inclusión financiera”, destinado a garantizar el acceso de los vecinos y empresas a un conjunto de programas de educación financiera.

La iniciativa plantea la creación de ese plan con el objetivo de “efectuar la generación y análisis de datos que midan los niveles de inclusión financiera dentro de la Ciudad”, “aumentar el acceso a cuentas de ahorro, créditos, medios de pago electrónico y seguros, y en especial, líneas de crédito y microcrédito para pequeños emprendedores y micro y pequeñas empresas ubicadas en barrios populares a través de instituciones de microfinanzas, cooperativas y mutuales de crédito” y “potenciar la percepción de seguridad en el uso de cuentas, medios de pago electrónicos, y otros servicios financieros”.

Sobre esa misma línea, también busca “aumentar las capacidades financieras de la población, promoviendo el acceso al crédito en instituciones financieras, proveedores de pago, instituciones de microfinanzas, cooperativas y mutuales”, “reducir la brecha de género, por rango etario, por situación socio-económica y en aquellos grupos específicos con mayor riesgo de exclusión respecto del uso de servicios financieros”, “promover la educación financiera, las medidas de seguridad adecuadas para la operación de servicios financieros y estrategias de administración de la economía doméstica o en micro y pequeños emprendimientos” y fomentar “la creación de certificaciones de identidad financiera de los usuarios en barrios populares, permitiendo que puedan acreditar su actividad financiera que se desarrolla por fuera de las instituciones financieras”.

De esta manera, el texto plantea que el “plan de inclusión financiera” se adoptará en cumplimiento de criterios basados en evidencia, debiendo recopilar datos respectivos a uso, calidad y acceso de servicios y productos y servicios financieros, dimensiones vinculadas a la inclusión financiera digital, y aquellas relevantes según los aspectos propios del ámbito de la Ciudad.

Asimismo el plan deberá promover activamente la adopción y uso de servicios financieros digitales, fortaleciendo la infraestructura financiera digital, y estableciendo objetivos medibles y graduales para incrementar su uso en el distrito capitalino.

A su vez la autoridad de aplicación, que deberá definirla el Ejecutivo, tendrá que “convocar a empresas Fintech y/o dedicadas a la tecnología blockchain, a organizaciones sociales interesadas y a demás reparticiones del Gobierno de la Ciudad a fines de armar un proyecto específico sobre identidad financiera de la economía popular y los habitantes en barrios populares, de forma abierta e interoperable, que facilite la realización de trámites y acciones financieras asociadas a la identidad”.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes recordó que “en nuestra Constitución de la Ciudad, el artículo 17 establece que la Ciudad debe desarrollar políticas sociales coordinadas para superar la pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos, asistiendo a las personas con necesidades básicas insatisfechas, y promoviendo el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades” y afirmó que “la inclusión financiera es un componente central de la inclusión social”.

“El impacto positivo de la inclusión financiera se encuentra en la reducción de la desigualdad económica, la igualdad de género, el alivio de la inestabilidad financiera, la disminución del riesgo financiero, la suavización del consumo, y en suma, el alivio de la pobreza”, agregó.

A la vez que detalló que la Capital Federal “viene trabajando arduamente para promover el desarrollo de la inclusión financiera. El programa ‘Ciudad MicroEmpresas’, impulsado por el Banco Ciudad y la Corporación Sur, es un programa de microcréditos dedicado a impulsar la integración social y económica de los emprendedores de bajos recursos del país” y aseveró que “el Banco Ciudad cuenta con otras líneas de inclusión financiera, realizando aperturas de cajas de ahorro gratuitas, apertura de posiciones comerciales en barrios emergentes de la Ciudad, préstamos hipotecarios sociales, préstamos hipotecarios Primera Casa BA, préstamos personales y prendarios a taxistas para la compra de licencia y vehículo (programa de peón a patrón), entre otros más”.

“Es necesario que la Ciudad de Buenos Aires cuente con su propia estrategia de inclusión financiera, persiguiendo los objetivos planteados en la presente ley, e invirtiendo en programas especiales que empoderen a los ciudadanos y que los incluya financieramente”, sentenció.

El proyecto también lleva la firma de Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Darío Nieto y Lucía Romano (VJ).

Tras los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes y el del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano salieron a cuestionar con dureza las propuestas de la funcionaria y advirtieron que algunas de ellas “tardaron demasiado y fue muy costoso para los argentinos”.

En ese sentido el trokista planteó que los anuncios de este lunes son “la puesta en marcha de las ‘acciones dolorosas’ que reclamó el FMI. Así, pretende dar señales claras a los llamados ‘mercados’” y remarcó que “cuando Batakis señala que ‘cree mucho en el equilibrio fiscal’ está admitiendo que irá a fondo con el ajuste contra los trabajadores del sector público, contra la obra pública, contra la salud y la educación. En contraste con esto, el Estado le garantizará mayores beneficios a los bancos, aumentando las tasas de interés”.

En tanto el oficialista planteó que “dos años perdiendo el tiempo y el rumbo. Finalmente anunciaron que van a convocar a un concurso para la Autoridad Nacional de la Competencia. Buena noticia, sí. Tardaron demasiado y fue muy costoso para los argentinos” e indicó que “nos presentamos en la CNDC por precios máximos y sus consecuencias nefastas, por la política de aeronavegación comercial a favor de Aerolíneas y los cupos de exportación. Convocan a la ANC pensando que van contra los privados, pero el que más generó distorsiones fue el Gobierno”.

“La ley de Defensa de la Competencia fue sancionada en 1999, creando un Tribunal (la ahora Autoridad) que jamás se confirmó. En 2014, Cristina modificó la Ley eliminando ese tribunal y dejando todo a disposición de la Secretaria de Comercio a cargo de Moreno”, continuó Reyes y afirmó que “en 2016, convencidos de que es necesaria una autoridad independiente de la competencia, designada por concurso y con autonomía técnica, financiera y de criterio, impulsamos la sanción de una nueva a partir de los proyectos de Elisa Carrió y Mario Raúl Negri””.

A su vez planteó que “se sancionó en 2018. Se reglamentó. Y en 2019 se convocó a un concurso, se elevaron las designaciones al Senado de la Nación por orden de mérito. Alberto lo primero que hizo como presidente fue retirar los pliegos del Senado y congeló la cuestión durante estos dos años” y concluyó remarcando que “en ese momento fuimos a la justicia, iniciamos un amparo por el incumplimiento de la Ley. El kirchnerismo nunca creyó en la competencia porque piensa que todo se hace con acuerdos corporativos. Hoy anuncian el concurso. Dos años tarde. Estaremos atentos”.

A raíz de la crisis económica que atraviesa el país, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, analizó en las redes sociales las últimas medidas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional y cuestionó con dureza el cepo a la producción ya que consideró que es un intento por “mantener vivo a un modelo económico agotado”.

En ese sentido, el oficialista aseguró que si bien “el Gobierno dice que piensa en los consumidores de acá en vez de los de afuera” lo cierto es que desde la “Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios se advirtió que podría haber faltantes de productos por el nuevo cepo, como por ejemplo, aceite, café y papel higiénico. Consumos suntuarios de la oligarquía”.

“Sin embargo, más allá de estos faltantes, este nuevo cepo afecta a sectores clave para la economía, como los que producen bienes de capital en nuestro país y productos críticos como insumos médicos”, añadió.

Al mismo tiempo que precisó que “este cepo a la producción es un nuevo intento de mantener vivo a un modelo económico agotado, que perjudica a aquellos que pretende defender, esperando a que alguna situación fortuita lo salve. Sin embargo, ni con la Soja en récords históricos lo estarían logrando” y recordó que “para colmo, la ministra Batakis nos toma por idiotas al decir cosas como que ‘el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo’, cuando es evidente que ni los dólares ni el trabajo escasean por el turismo”.

Es por ello que Reyes planteó que “tenemos que animarnos a plantear las reformas de fondo, y que trascienden a lo económico: una inflación bajo control, un fisco equilibrado, una economía tranquila, un estado al servicio del ciudadano y una política aburrida. La utopía de la normalidad”.

“No podemos pensar la Argentina del futuro si seguimos confrontando con los sectores más dinámicos. No debemos preguntarnos ¿cómo le podemos sacar más al campo?, como piensa la actual ministra. Sino ¿cómo podemos ayudar a sumar tecnología y capital para que el campo crezca?”, añadió y concluyó aseverando que “hay que cambiar y eso no es fácil, pero es urgente. Es con decisión y solvencia técnica. No va una sin la otra”.

Con la mirada puesta sobre los comicios que se llevarán a cabo el año que viene en todo el país, la Legislatura de la Ciudad avanza con el debate al respecto del proyecto “ficha limpia”, que se enfoca en la inhabilitación a presentarse a elecciones a personas que tengan condenas por causas de corrupción.

El debate estuvo encabezado por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y legislador de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ). Además condujeron la discusión en cuatro bloques expositores sobre el proyecto, participaron diputados provinciales y nacionales y también agrupaciones de la sociedad civil que impulsan el mismo.

En ese contexto, Ferrario planteó que “las personas no se resisten a los cambios, sino a las pérdidas que éstos generan. En el caso de la Ficha Limpia lo que ataca es a todos los políticos que están anclados en privilegios” e indicó que “eso es lo que busca este proyecto, esa pérdida en beneficio de la democracia, de una mejor representación”.

Mientras que Reyes argumentó que “los argentinos se merecen poner un límite a la posibilidad que personas condenadas por corrupción administren nuestros fondos y administren el destino de nuestra nación. Lo merecemos como ciudadanos y lo necesitamos como democracia”.

Además la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira aportó una opinión distinta, criticando la propuesta en base a los problemas que puede generar. Hizo énfasis en los efectos que la ley de ficha limpia puede tener sobre la voluntad popular, mencionando el caso de Lula en Brasil. “La Ficha Limpia no tiene una afectación solamente en el derecho electoral activo de quien pretende presentarse como candidato, si no también sobre la comunidad, que puede verse privada de una opción electoral a partir de una condena que es pasible de ser revertida”, sentenció.

Según lo expuesto durante el encuentro, propuestas que siguen el lineamiento de la Ficha Limpia fueron aprobadas a nivel provincial en Salta, Mendoza, Chubut y Jujuy. Cabe recordar que en el 2020, en el Parlamento porteño se alcanzaron 39 votos a favor del proyecto, quedando a un solo sufragio positivo del primer paso del cambio legal en la Ciudad.

Por su parte la diputada provincial de Mendoza María José Sanz (UCR) explicó que, tras la implementación de la Ficha Limpia en su provincia, 12 personas fueron inhabilitadas para presentarse a elecciones, hecho que fue celebrado en el salón como un triunfo republicano.

En el debate también estuvieron presentes los legisladores Diego García Vilas, Natalia Fidel,  Cecilia Ferrero (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev); los diputados nacionales Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago, Silvia Lospennato, entre otros.

Después de que la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, asegurara que el Gobierno Nacional buscará actualizar el valor de las propiedades y obtener un aumento de la recaudación vía Bienes Personales, el legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, salió al cruce y advirtió que “el ajuste del plan de Martín Guzman va a recaer sobre la Ciudad”.

En ese sentido, el oficialista aseveró que “lo que anunció Marcó del Pont es tremendamente preocupante. Una vez más, parece que el ajuste del plan de Guzman va a recaer sobre la Ciudad de Buenos Aires” y recordó que “el programa económico del Gobierno prevé una reducción del déficit fiscal para 2022 basada en dos patas: la primera es la ya anunciada quita segmentada de subsidios energéticos, que ya sabemos que impacta más que nada en la Ciudad, y representaría un 0,06% del PBI”.

“La segunda, y más importante, es un revalúo fiscal que representaría un 0,10% del PBI, aproximadamente $72.000 millones. El Gobierno Nacional quiere mayores valuaciones fiscales para recaudar más con el Impuesto a los Bienes Personales. ¡Y acá, atención! Empieza la trampa”, añadió a través de sus redes sociales.

Sobre esa misma línea, Reyes manifestó que “la valuación fiscal de los inmuebles la realiza las provincias. Muchas toman valores reducidos y los ajustan para impuestos locales, evitando que los contribuyentes se vean más afectados por Bienes Personales. Es así en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etc” e indicó que “ahora viene el problema: Marcó del Pont habló de multiplicar la valuación fiscal homogénea de la Ciudad de Buenos Aires para cuantificar el Impuesto sobre los Bienes Personales. Ya lo habían hecho en 2013, pero un dictamen de 2018 dio marcha atrás a esta injusticia impositiva”.

A la vez que insistió en que “están hablando de tomar una decisión unilateral que afectaría única y exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Es una barbaridad que pretendan castigar de esta forma tan burda y discrecional a la Ciudad. ¿No les alcanzó con robarnos la coparticipación?” y advirtió que “si avanzan con esto, el monto adicional que recaudarían, según estimaciones propias, sería similar a los $72.000 millones que pretenden captar este año por esta vía. Es decir, todo el ajuste de 2022 recaería sobre los contribuyentes de la Ciudad”.

“Tienen que entender que la gente no da más de impuestos, y que no pueden castigar a un distrito solo porque no los votó. Hagan un plan económico serio y dejen de pretender vivir a costa de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a defender siempre a los porteños”, concluyó el legislador.

Horas después de que el Gobierno Nacional y el de la Ciudad mantuvieran una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por la quita de los recursos coparticipables, los legisladores porteños del oficialismo y la oposición mantuvieron un fuerte enfrentamiento en las redes sociales.

En ese sentido el diputado de Vamos Juntos (VJ) y ex presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, aseguró que “la Corte Suprema le dio 30 días al Gobierno Nacional para intentar resolver el caos institucional que generó con la quita de coparticipación a la Ciudad. Hasta ahora sólo escuchamos relato político pero nada le dice a los porteños, los verdaderos afectados” y consideró que “la presidencia de Alberto es desastrosa en muchos aspectos, pero es extremadamente mala en cuanto al sistema federal. ¿De dónde creen que sale la plata para cubrir el agujero que nos dejan? No podemos dejar la responsabilidad por la seguridad, justicia, educación y salud”.

Asimismo recordó que “la Ciudad aporta más del 20% del total de esa ‘masa coparticipable’ de impuestos, pero recibe solamente el 1,4%. Varias provincias reciben menos de lo que aportan, pero ninguna en la magnitud de desequilibrio como la Ciudad de Buenos Aires” y remarcó que como “consecuencia de ello, la Ciudad tiene una carga fiscal mayor que el resto de las provincias porque debe afrontar el 90% de su presupuesto con ingresos propios. En 2016 – 2018, con la transferencia de la policía, la Nación resignó de su copa para financiar ese gasto”.

“Alberto, en plena pandemia, decidió unilaterlamente (e ilegalmente) que la Ciudad tenga la misma coparticipación de 1980, cuando era un municipio. No importa lo que termine de resolver la Corte, el sistema de coparticipación federal tiene que ser reformado”, completó.

Atenta a los dichos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la reunión en la Corte Suprema, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira afirmó que “una vez más: Macri tenía que calcular el costo de la Policía Federal que transfería y por ley definir el monto. ¿Qué hizo? Un decreto donde aumentaba la Coparticipación, tanto, que se transfirió el primer año el doble de lo que correspondía. Diálogo, números y soluciones”.

Mientras que el opositor Matías Barroetaveña (FdT) indicó que “en los últimos años, Larreta adoptó una postura de victimización por los recursos de coparticipación. En innumerables declaraciones dice que no puede afrontar la planificación y ejecución de obras relevantes y de peso. Pero ¿es real la falta de recursos en CABA?” y subrayó que “el presupuesto per cápita con el que cuenta el gobierno de Larreta es 4,12 veces superior al de Avellaneda, 4,17 mayor al de Rosario, 5,18 al de Córdoba y 19,12 al de La Matanza, su municipio preferido a la hora de realizar comparaciones en calidad de vida”.

Además precisó que si “sumamos el gasto per cápita de municipios más provincias podemos ver que CABA sigue superando de forma amplia a todas las ciudades. Incluso en el caso de Rosario la comparativa de gasto por km2 vuelve a beneficiar fuertemente a la Ciudad” y se preguntó: “¿qué pasa si comparamos con ciudades del mundo? CABA tiene un presupuesto en dólares per cápita mayor al de Barcelona, Bogotá y Madrid. Si comparamos con las ciudades españolas, por ejemplo, vemos que el presupuesto es 21% mayor al de Barcelona y 22,6% al de Madrid”.

“Incluso si sacamos de la ecuación gastos de educación y salud y otros no comparables, la Ciudad sigue teniendo un presupuesto a la altura de ciudades europeas y ni hablar de ciudades latinoamericanas. Larreta siempre apela a la escasez de recursos para proyectar grandes obras de infraestructura. Nuevamente, la comparación internacional lo deja mal parado: CABA tiene un presupuesto de gasto de capital por kilómetro cuadrado mayor al de Bogotá, San Pablo, México D. F., Madrid y Roma”, añadió y concluyó aseverando que “el GCBA gasta más en veredas que en mantenimiento escolar, gasta más en negocios inmobiliarios que en becas para estudiantes, gasta más en pauta que infraestructura escolar. No es la falta de recursos el problema, es su mala utilización”.

Tras la confirmación del procesamiento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa de los “Cuadernos de la corrupción”, la diputada nacional Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, ambos de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de acceso a la información pública al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para que informe si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia “continuó o cajoneó la causa de corrupción y cartelización de la obra pública en el kirchnerismo”.

En el escrito presentado por los dirigentes que se referencian en Elisa “Lilita” Carrió se requiere que la cartera que conduce Kulfas indique “si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha requerido, ofrecido o recibido información por parte de los Juzgados penales que se encuentran investigando los mismos hechos. En caso afirmativo, fecha del requerimiento y/o de la recepción de la información obrante”.

En el mismo sentido, consultaron si las autoridades de la cartera decidieron tomar la decisión de archivar la auditoría que se comenzó en la gestión de Cambiemos. En ese caso de ser así solicitan que se brinde información acerca del motivo y los detalles que llevaron a tomar esa decisión.

Sobre esto, Reyes planteó: “En virtud de la confirmación del procesamiento de la expresidenta de la Nación en la causa de los cuadernos, es importante saber qué estuvo haciendo el Ministerio de Desarrollo y la Comisión de Defensa de la Competencia para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de este mecanismo de corrupción que aparece tan claro en expediente”.

“Nos llama especialmente la atención el hecho que el presidente Alberto Fernández haya anulado la autonomía de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y también que haya concentrado aquellas facultades bajo su órbita nos genera muchas sospechas”, agregó el legislador porteño.

En el escrito afirmaron que “es relevante mencionar que ninguno de los elementos requerimiento de acceso a la información pública se encuentra alcanzados por la confidencialidad prevista por la Ley N° 27.442, dado que la ley se limita a otorgar la confidencialidad a las actuaciones respecto del control de concentraciones económicas, de documentación específicamente que (a pedido de parte o de oficio) haya sido declarada confidencial o de la identidad de quienes se presentan al régimen de clemencia”.

“Consecuencia de ello, cualquier omisión o denegatoria de información será un incumplimiento expreso de lo establecido por la ley de acceso a la información pública”, señalaron Oliveto y Reyes.

El legislador porteño destacó que “la cartelización de la obra pública no solo es escandaloso por lo que significa un enorme entramado corrupto”. “Sino que lo es, además, porque impide la competencia y el crecimiento, desarrollo e intervención de las pequeñas y medianas empresas en la obra pública contratada por el Estado”, agregó.

“Cuando aparecieron los cuadernos que describían al detalle el proceder del cartel de la obra pública y sus respectivos retornos a funcionarios públicos, la Comisión Nacional inició una investigación de oficio con una fuerte impronta de Cambiemos. Hoy es un misterio en qué quedó”, cuestionó Reyes y recordó que “no es la primera vez que la Comisión debe investigar este entramado corrupto, pero jamás hubo pruebas tan explícitas”, y advirtió: “Si archivan la causa, no solamente se facilita la impunidad del kirchnerismo sino que se da un mensaje que en Argentina vale todo”.

Después de que la cumbre entre representantes de la oposición y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para dialogar acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera suspendida, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes y Juan Pablo Arenaza cuestionaron con dureza lo ocurrido y volvieron a pedir que las negociaciones sobre la deuda externa sean tratadas en el Congreso.

En ese sentido, Reyes afirmó que “necesitamos un acuerdo serio y sin improvisación por el bien de toda la Argentina y para que las cosas no empeoren” y precisó que “si existiere una carta de intención de acuerdo con el FMI su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente”.

“Llegado el momento analizaremos con la seriedad y responsabilidad que merece el caso, para eso esperamos que el Congreso cuente con la información necesaria. Juntos por el Cambio debe velar por la transparencia institucional y evitar caer en trampas evidentes”, remarcó.

En tanto Arenaza señaló que “los que creen que se puede dialogar con este gobierno no se los puede llamar simplemente como pájaros, son ingenuos o simplemente socios minoritarios de los desastre de este Gobierno” y concluyó señalando que “no hay diálogo posible, vamos a prepararnos para las urnas, vamos a ganar y que se vayan”.

Diputados de la Coalición Cívica, la fuerza que lidera Elisa Carrió, salieron con los tapones de punta a cruzar al candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien sostuvo en una entrevista con el diario La Nación que “las palomas son parte del problema, no son parte de la solución, los radicales, la Coalición Cívica y las palomas de Pro son tan nefastos como el kirchnerismo”.

Pero además, de cara a las elecciones del próximo domingo, el economista expresó: “Yo digo que si quieren liberalismo que no vayan por la copia trucha, que vayan por la versión original, no una lista que tiene socialistas o kirchneristas”.

Y al ser consultado a quiénes se refería con su frase, apuntó a la exdiputada. “Gente que abiertamente apoyó al kirchnerismo. El propio Juntos por el Cambio tiene a alguien: la señora Carrió los apoyó cuando ganó (Néstor) Kirchner”, respondió.

“Es evidente que Milei desconoce que fue Elisa Carrió y la Coalición Cívica la que durante los doce años del kirchnerismo denunció poniendo el cuerpo y la firma frente cada uno de los hechos de corrupción”, enfatizó el diputado y presidente del partido, Maximiliano Ferraro.

Además, el legislador porteño resaltó que “no tenemos que dar explicaciones a este comediante violento que desconoce 20 años de historia, en los que enfrentamos, en base a sostener una matriz moral, la libertad, el humanismo y la República, el saqueo del Estado”.

“La actitud de Milei es imprescindible para el kirchnerismo y empresarios que se vieron beneficiados por esa gestión”, consideró y apuntó que “antes de hablar de Elisa Carrió y la CC, Milei debe explicar su silencio durante todos esos años”.

Ferraro expresó que “el Congreso necesita personas que enfrenten la corrupción y respeten valores que Milei desconoce, como el respeto por la democracia, la diversidad y el humanismo. Los personajes mediáticos son un entretenimiento. No confundamos violencia con vehemencia. De violentos y funcionales a los K estamos cansados”.

Por su parte, el jefe de la bancada en la Cámara baja, Juan Manuel López, manifestó: “Cálmate, Milei. Si todavía Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros valijeros pasean por Tribunales es porque la Coalición Cívica laburó sin especular. Quédate con el kirchnerismo. Ya te voy a ver en el Congreso siéndole funcional a los K”.

En tanto, la diputada provincial Maricel Etchecoin afirmó que “este domingo la verdadera oposición es JxC, y a la CC nos respaldan años de coherencia y lucha en soledad”. “Contame cómo se puede ser más funcional y hacerle los deberes a los K…”, ironizó.

“Tras casi veinte años de kirchnerismo se despertó Milei. No fue fácil denunciarlos en soledad. Tampoco fue fácil ganarles y costó mucho la unidad. Fracturar JxC es la idea que persiguen el kirchnerismo y sus amigos, pero no es el camino que queremos para el país”, fue el mensaje del legislador porteño Hernán Reyes.

Y continuó: “Nos costó un montón la unidad y no estoy hablando de la política, me refiero a la sociedad. Ya entendimos que es muy importante. Tanto es así que ampliamos, se sumó gente, se sumaron partidos y se sumaron ideas”.

“La violencia política, negar el cambio climático, poner en duda la democracia, privatizar la educación, no respetar el matrimonio igualitario o agredir a mujeres, son los pilares de un pensamiento que atrasa y repudiamos”, señaló el candidato a renovar su banca.

Y también criticó a Milei como “un tipo entretenido, que vende el antisistema, pero fue asesor del Bussi y trabajó para empresarios que vivieron del Estado. Una paradoja”.

“El domingo hay que armar mayoría para frenar al kirchnerismo. Tenemos que juntar 120 diputados y la Ciudad tiene que aportar su granito de arena a la pelea fenomenal que se está dando en todo el país. ¡Vamos Buenos Aires! ¡El domingo, hay que bancar como nunca, cómo siempre!”, cerró.

Luego de que el Gobierno Nacional comenzara a controlar los precios en las góndolas, el legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, cuestionó con dureza esta política aseguró que se trata de una “una medida fracasada y probadamente equivocada”.

En ese sentido, el actual candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio (JxC) advirtió que “el control compulsivo de precios es una medida fracasada y probadamente equivocada. Lo único que hace es reducir la oferta porque castiga la producción y la inversión, y saca a las PyMEs de las góndolas porque no pueden soportarlo” y advirtió que “empeora las condiciones de competencia. Los grandes proveedores arreglan con las cadenas y el gobierno, y trasladan los mayores costos a los almacenes. La brecha de precios entre supermercados y almacenes alcanzó récords de 20%, frente a un promedio histórico de 6% o 7%”.

“Lo único que congelaron son las ideas y usaron la pandemia como excusa para volver a hacerlo. Con Maximiliano Ferraro enviamos una carta en abril de 2020 alertando sobre las consecuencias, y con Elisa Carrió nos presentamos ante Defensa de la Competencia en noviembre. No nos escucharon”, aseveró.

Al mismo tiempo que concluyó aseverando que “la pandemia fue muy dura con toda la economía, pero este tipo de políticas lo único que están logrando es que la salida sea con menos empresas, menos trabajo, menos producción y más inflación. ¿Queremos bajar los precios? Bajemos los impuestos y fomentemos la competencia. Simple”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, compartió este martes un desayuno con vecinos en un bar del barrio de Boedo y sostuvo que Juntos por el Cambio tiene que “arrasar en noviembre”, en referencia a las próximas elecciones, “pero sin traicionar los valores de la República y la decencia”.

Del encuentro participaron los candidatos de su partido en la Ciudad de Buenos Aires: Paula Oliveto, Fernando Sánchez (a diputados nacionales); Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani (a legisladores porteños). También asistió el presidente de la CC y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, y el legislador porteño Facundo del Gaiso.

“Seguimos siendo los mismos los que peleamos contra la corrupción y el delito en el Estado”, enfatizó la referente de Juntos por el Cambio y aseguró que “solo la conducta ejemplar de los funcionarios puede cambiar la Nación y los candidatos de la CC son garantía de ejemplaridad y capacidad en cada cargo público que ocupan u ocuparon”.

Además, Carrió resaltó que desde su fuerza no van a “continuar con la historia de que el poder se construye a cualquier precio y de cualquier manera. No debemos traicionar los valores”. “Tenemos que arrasar en la elección de noviembre. No nos engañemos con los atajos, la CC fue la que hablaba de República y libertad hace veinte años”, insistió.

Por su parte, Oliveto, quien va por la reelección de su banca, señaló que “hubo una voz que gritaba en soledad cuando muchos miraban al costado y esa voz era la de Lilita. No es una voz que sólo denuncia, sino que construye, como lo hizo con Juntos por el Cambio. Lilita fue una de las principales constructoras de este espacio”.

“Nadie nos va a mover de la pelea por la República, el trabajo, la educación y los jubilados. Nadie nos va a mover de nuestros valores. Juntos por el Cambio llegó para ponerle un freno al atropello y a la impunidad”, expresó.

En tanto, Sánchez afirmó que “en todo momento pedimos que no falte justicia y cuando se hacen acuerdos por debajo de la mesa lo primero que se vende es la justicia. Pelear contra la violencia, la mafia y la corrupción no es un divertimento, es una necesidad. Porque cuando arrasa la violencia no queda nada. La gente nos pide trabajar y vivir en paz, eso es lo que necesitamos”.

“Lo que pasó en septiembre es un cambio cultural, los argentinos perdimos el miedo. En noviembre tenemos que impedir que nos sigan haciendo daño, tenemos que lograr otra mayoría”, convocó Reyes.

Según revelaron voceros de la CC, la convocatoria para el desayuno con Carrió y los candidatos excedió la capacidad del lugar, por lo que hubo vecinos que debieron permanecer fuera del local debido a los límites que establece el aforo. Los organizadores se comprometieron a repetir la cita en los próximos días.

Los candidatos de la Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este martes en un hotel del centro porteño para diseñar el rol del partido dentro de la campaña de Juntos por el Cambio rumbo a las elecciones generales de noviembre, según se informó en un comunicado, en el que además enfatizaron que apuestan a alcanzar con Juntos por el Cambio “una mayoría institucional en el Congreso que sea capaz de controlar, frenar y encauzar desde la oposición a un Gobierno sin plan ni rumbo”.

“En Juntos por el Cambio tenemos la responsabilidad que nos dio la sociedad de construir una nueva matriz económica, política y social que nos conduzca a vivir en libertad en una Argentina con dignidad y oportunidades”, sostuvieron.

Participaron del encuentro los candidatos a diputados nacionales Paula Oliveto -va por la reelección- y Fernando Sánchez; a legisladores porteños Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani; la diputada nacional Mariana Zuvic; la legisladora porteña Lucía Romano; y la directora del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Fernanda Reyes. Asistieron también los representantes de la CC de todas las comunas de la Ciudad.

“Reivindicamos nuestra vocación de consolidar la unidad de JxC en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Queremos la unidad sin desconocer nuestra diversidad en las trayectorias, experiencias históricas y el carácter de la Coalición Cívica-ARI y de cada uno de los partidos que lo integran”, aseguraron los dirigentes.
En ese sentido, señalaron en un documento que “en listas de unidad o compitiendo en todo el país con listas internas, la única razón de nuestras estrategias es la causa de la dignidad”.

Por su parte, Oliveto aseguró que “la CC va a poner todo de sí para ganar las elecciones. Este partido sabe lo que es enfrentarse al autoritarismo del kirchnerismo y la necesidad de poner un límite claro. Elisa Carrió habló de las mafias cuando muchos callaban. Hoy sabemos que esa lucha no fue en vano. Los argentinos hoy piden justicia, trabajo, educación y libertad, y nosotros como partido queremos representarlos. Sabemos como nadie que a pesar de los obstáculos la dignidad está cerca de vencer al poder”.

En tanto, Sánchez afirmó que “ni los narcos, ni los corruptos, ni los mediocres pueden quitarnos nuestro futuro. La CC va a dar las peleas que siempre dio, sin especular, sin bajar los brazos y con el compromiso de siempre”.

Hernán Reyes expresó que “la sociedad no tiró la toalla, no va a renunciar a su dignidad. En JxC tenemos la responsabilidad de poner 120 diputados al servicio de esa decisión. Se vienen dos años donde nos vamos a plantar para ganar el tiempo necesario que nos permita construir nuestro futuro. Vamos a defender nuestras libertades y nuestro patrimonio, en definitiva, nuestra nueva oportunidad”.

El documento elaborado por la CC porteña sostiene que “el mensaje de la sociedad el 12 de septiembre fue claro y contundente, como así también la responsabilidad que nos encomendaron ante las elecciones generales: transformar el grito de la ciudadanía en una mayoría institucional en el Congreso que sea capaz de controlar, frenar y encauzar desde la oposición a un Gobierno sin plan ni rumbo para enfrentar la crisis económica y social a la que nos ha conducido”.

“La CC-ARI ha luchado y actuado siempre en favor de la construcción de alternativas republicanas de poder frente al modelo populista que destruye y erosiona las perspectivas de progreso, justicia y libertad en la Argentina”, añade.

También, en el comunicado se recuerda que el partido cumplirá este año “veinte años desde su constitución con la convicción de que no hay nada menos permanente que una derrota o una victoria electoral. Lo único permanente es la causa por la dignidad”.

“Vivimos en una sociedad que se rebeló al sometimiento. Frente a esta responsabilidad no vamos a claudicar, no habrá cogobierno ni complicidad, por acción u omisión, con un modelo que solamente restringe la libertad y condena al hambre a nuestra sociedad”, enfatizaron los dirigentes que firmaron el escrito.

Y completaron: “No se nos dio solamente la responsabilidad de enfrentar a la hegemonía kirchnerista, también nos ha otorgado la responsabilidad de generar una nueva matriz económica, política y social que nos conduzca a vivir en libertad en una Argentina con dignidad y oportunidades. Algo que solamente es posible con una mayoría parlamentaria”.

Debido al rol fundamental que cobraron en los últimos años, los candidatos a legisladores porteños por Juntos por el Cambio (JxC) Emmanuel Ferrario y Hernán Reyes –que compite por su segundo mandato- se reunieron con referentes de Centros de Primera Infancia (CPI) para conocer sus necesidades y atender sus inquietudes.

En ese sentido, Ferrario aseguró que en la reunión escuchó “cuáles son sus principales metas y necesidades, y entender en qué podemos mejorar y los podemos apoyar” e informó que le expresaron “expresaron la necesidad de regular los CPI para que sean reconocidos formal e  institucionalmente por todo el trabajo que hacen con niños y niñas de hasta tres años en situación de vulnerabilidad. ¡Gracias por compartir con nosotros el valioso aporte que hacen día a día!”.

Por su parte, Reyes destacó que “nos juntamos con referentes de Centros de Primera Infancia para charlar sobre el gran trabajo que hacen en la contención de los más chicos. Tenemos que cuidar estos espacios tan importantes para el desarrollo de los niños”.

Cabe recordar que los CPI son espacios creados para garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social que tienen como principal objetivo brindar los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades fisiológicas, afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para el sano desarrollo de los niños y su entorno; brindar contención y asistencia a las familias para felicitar el proceso de crianza y desarrollo de los niños, creando condiciones de participación activa que fortalezcan los vínculos intrafamiliares; entre otras cuestiones.

A poco más de una semana de la realización de las PASO, el candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio (JxC), Hernán Reyes, dialogó con parlamentario.com acerca del triunfo electoral de ese espacio y aseguró que el resultado electoral fue un “basta” al Gobierno Nacional.

En ese sentido, Reyes consideró que “la sociedad dio por agotado el modelo kirchnerista de los últimas 20 años y está obligando a replantearse. Pero no es algo que  tienen que evaluar ellos. Acá no es si Cristina, Alberto o Massa están desgastados” e insistió en que “fracasó el modelo peronista porque la sociedad aspira a algo diferente. Alberto gana ofreciendo algo diferente y terminó repitiendo, y me sorprende que crea que repetir las supuestas glorias del pasado le vaya a dar aire en el futuro”.

-¿Qué análisis realiza del resultado electoral de las PASO tanto en la Ciudad y a nivel nacional?

-En primer lugar, creo que las personas lograron canalizar la frustración y el enojo en una propuesta política alternativa al kirchnerista. Decidieran fortalecer la estrategia de Juntos por el Cambio y asignarle nuevas responsabilidades en el control del Congreso.

Lejos de simplemente enojarse y dejar de votar o anular el voto, las personas eligieron toda la oferta electoral a Juntos por el Cambio. Esa decisión hay que honrarla en estos dos meses y los próximos dos años. Ahora se nos viene un desafío mucho mayor como oposición.

-¿Considera que la derrota del FdT a nivel nacional tuvo que ver con un voto castigo a la gestión de Alberto Fernández?

-El Gobierno Nacional hará su evaluación, les corresponde a ellos hacer esa autocritica. En lo personal, veo un mensaje muy claro del basta. La sociedad dio por agotado el modelo kirchnerista de los últimas 20 años y está obligando a replantearse. Pero no es algo que  tienen que evaluar ellos. Acá no es si Cristina, Alberto o Massa están desgastados. Fracasó el modelo peronista porque la sociedad aspira a algo diferente. Alberto gana ofreciendo algo diferente y terminó repitiendo, y me sorprende que crea que repetir las supuestas glorias del pasado le vaya a dar aire en el futuro.

Esa revaluación de las expectativas la generará la alternancia política, creo que nuestras categorías de voto castigo están viejas frente a una Argentina de coaliciones competitivas. La gente no castiga con el voto, sino que opta y decide.

-¿Confía en que en noviembre JxC pueda mantener los resultados y mejorar la performance electoral?

-Desde Juntos por el Cambio aprendimos mucho de nuestra derrota en 2019 y eso nos permite ser una oferta electoral con vitalidad. La sociedad nos acompaña porque confía en nosotros y en nuestra estrategia, pero no es un cheque en blanco.

Nos están dando una prueba. Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de limitar los avances del kirchnerismo en estos dos años y construir una alternativa de gobierno viable para el 2023. Estoy convencido que podemos hacerlo, pero primero tenemos que ser capaces de mantener un Congreso fuerte y que limite los avances estos dos años. Nos juzgarán, más que nada, por nuestro éxito o fracaso en ese rol.

-Por último, ¿cuáles cree que serán los desafíos de la Ciudad para la post pandemia?

-La Argentina y la Ciudad eran desafíos antes de la pandemia, no lo van a ser menos después del Covid. Primero que nada, la lejanía y el dolor acumulado de la pandemia tiene que ser acompañado de una propuesta de unidad y serenidad, la radicalización a la bronca son los principales desafíos que tenemos post pandemia. Reconstruir los lazos sociales y afectivos, esto hace a la salud mental de todas. Desde la política eso se traduce en poder convivir sin el conflicto permanente.

En simultáneo tenemos que recuperar la economía. Terminar de rescatar a todos los que se fueron cayendo en el camino, porque acá hay mucha gente muy dañada por la pandemia y las restricciones. Necesitamos una combinación de reducción de impuestos, políticas sociales inteligentes, rigurosidad y estabilidad monetaria y un cambio en las expectativas sobre el futuro de la Argentina.

La Ciudad, por su parte, ya hizo un gran esfuerzo en transformar su infraestructura en la última década. Esa transformación ahora requiere de un trabajo más blando, directamente sobre las personas y su relacionamiento con la nueva infraestructura.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa la Ciudad, los diputados de Vamos Juntos –encabezados por Hernán Reyes- presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración, a través del cual buscarán expresar su rechazo a las políticas del Gobierno Nacional en materia de control y restricciones a la exportación de carne.

En ese sentido los oficialistas explicaron que “estas políticas generan incertidumbre para los productores, y rompen o perjudican la seguridad contractual de los actores del mercado” y advirtieron que “desincentivan la inversión y el desarrollo en uno de los sectores más importantes a nivel nacional, con su consecuente impacto negativo en la producción y el empleo en el país”.

“En este contexto, Argentina necesita fomentar la inversión y la producción para generar empleo de calidad. Esta Legislatura le solicita al Gobierno Nacional que recapacite acerca de los límites impuestos al sector en cuestión”, sostiene el texto presentado.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes planteó que “la evidencia tanto local como internacional apunta en el sentido contrario. En realidad, estas restricciones pueden tener efectos efímeros de corto plazo a favor de los consumidores locales, pero generan efectos negativos en la inversión y producción que, en el mediano y largo plazo, implican menos carne para el mercado interno y precios más altos en el nuevo equilibrio”.

A la vez que informó que “no es la primera vez que se intenta reducir los precios para los consumidores locales a través de la imposición de restricciones a la exportación de carne (ya sean prohibiciones o cuotas)” y remarcó que “el propio oficialismo ya lo había hecho en su anterior gobierno, con pésimos resultados. En 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, comenzaron a intervenir en el mercado ganadero a través de la imposición de un peso mínimo de faena. Al año siguiente, suspendieron las exportaciones de carne fresca durante seis meses, y aumentaron los derechos de exportación para las carnes con hueso y procesadas de un 5% a un 15% . Luego, continuaron las restricciones a través de cupos establecidos”.

Sobre esa misma línea indicó que “el contexto en el cual se están tomando estas decisiones no resulta ajeno a la preocupación. El impacto de la pandemia en el empleo y en el ingreso de las familias de todo el país es tan evidente como terrible, con una pobreza que alcanza al 42% de las personas y al 57.7% de los niños, niñas y adolescentes. Argentina necesita generar empleo genuino y de calidad. Más que nunca, el Gobierno Nacional debe fomentar la inversión, incentivar la producción y apoyar a los productores para acelerar la recuperación económica”.

“En este espíritu es que expresamos nuestra preocupación por las restricciones que limitan la capacidad productiva de nuestro país y exhortamos al Gobierno Nacional a recapacitar respecto a esta cuestión que nos atiende en vistas de liberar el mercado y dejar de ponerle trabas a quienes generan empleo en nuestro país en cualquiera de sus formas”, sentenció el oficialista.

El texto también lleva la firma de Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena,  María Sol Méndez, Paola Michielotto, Matías Morán, Lucía Romano, Claudio Romero y Gonzalo Straface (VJ).

Con la intención de fomentar la participación de estudiantes del nivel primario y secundario en diversos programas, el oficialista Hernán Reyes (VJ) junto a otros legisladores de Vamos Juntos presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para crear un “Régimen de Financiamiento a Programas de Intercambio, Concursos y/o Competencias Académicas, Artísticas y/o Deportivas”.

La iniciativa está destinada a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de la asistencia de programas y eventos educativos extracurriculares.

El texto también plantea la creación de un “Consejo para el Fomento Académico, Artístico y Deportivo”, el cual estará conformado por siete miembros que trabajarán ad honorem: un presidente que será designado por el jefe de Gobierno y el resto de los miembros serán designados por el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la subsecretaría de Deportes, la Comisión de Educación, la Comisión de Cultura y la Comisión de Turismo y Deportes.

Los miembros del Consejo para el Fomento Académico, Artístico y Deportivo durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos y sin límites en períodos alternados. 

Además establece que en los programas de intercambio podrán participar “las personas humanas entre 14 a 18 años que pertenezcan al nivel secundario de la educación formal de la Ciudad de Buenos Aires que tengan invitaciones concretas para participar en programas de intercambio”.  Mientras que en los concursos y competencias podrán participar chicos de entre 6 y 18 años que pertenezcan al nivel primario o secundario de la educación formal de la Ciudad.

El proyecto también plantea un sistema de patrocinadores, los procedimientos y limitaciones del programa y sanciones para quienes hayan recibido el financiamiento y no hayan cumplido con sus obligaciones.

El legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes presentó este martes en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley con la intención de crear un Sistema de Búsqueda de personas con paradero desconocido, el cual coordinará y articulará el funcionamiento de los organismos intervinientes a nivel local, y con otras jurisdicciones mediante la celebración de convenios, a los fines de receptar denuncias, impulsar la investigación, y asesorar en la búsqueda de las mismas.

Asimismo, propone la creación de un Sistema de Alerta Amber en distrito capitalino, la cual podría complementar el Alerta Sofía que rige a nivel nacional.

El sistema intervendrá frente a casos de personas con paradero desconocido y personas halladas con identidad desconocida en el ámbito de la Ciudad. El mismo buscará “establecer mecanismos de coordinación con los demás organismos del Estado a los efectos de intervenir articuladamente con el Magistrado a cargo de la investigación, en la búsqueda de personas con paradero desconocido, previa solicitud del mismo” y “colaborar en la implementación de planes de capacitación y formación permanente para los miembros del Sistema, miembros del Poder Judicial y Ministerio Público de la Ciudad, y la Policía de la Ciudad”, entre otras cuestiones.

Además propone la creación de un “Registro de personas con paradero desconocido y personas halladas con identidad desconocida de la Ciudad de Buenos Aires”, que funcionará bajo la órbita del Sistema en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El mismo reemplazará al Registro de Búsquedas de Personas Adultas con Padecimientos Mentales y Adultos Incapaces creado por la Ley 1.156.

“La información recopilada por el Registro podrá ser utilizada con exclusividad para la búsqueda de personas conforme el objeto de la presente ley. No podrá ser objeto de requerimientos de información ajena a su misión”, sostiene el texto recientemente presentado.

El proyecto impulsado por Reyes contempla la utilización de herramientas digitales como el reconocimiento facial y la implementación de datos biométricos. Así como también propone la creación de un fondo de recompensa, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, el legislador explicó que “en la actualidad, día a día la sociedad se encuentra con el problema latente de no hallar a diversas personas. Familias enteras sufren la pérdida de un familiar, sea producto de una enfermedad que no les permite regresar a su hogar o sea producto de la comisión de un delito. La angustia constante de estas personas perdura hasta que es hallada la persona” y concluyó indicando que una iniciativa de estas características busca terminar con “la incertidumbre la que genera el mayor pesar de estas familias que no saben cómo reaccionar y cómo actuar ante dicha problemática”.

Días después de que un fallo judicial hiciera que la Legislatura de la Ciudad no pudiera continuar con el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), y el legislador del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro mantuvieran un duro cruce en las redes sociales al respecto del convenio celebrado entre IRSA S.A y el Gobierno porteño.

La discusión surgió a raíz de un video que circulo en las redes sociales en el que el precandidato a diputado nacional por el FdT planteó, en diálogo con  C5N, que “hace unas semanas entro en la Legislatura porteña un proyecto para cambiar la zonificación de unos terrenos que eran de la vieja ciudad deportiva de Boca. IRSA compra esos terrenos en 1995, ahora está tratando de cambiar la normativa para poder construir en altura. Durante 25 años, Lilita Carrió dijo que este proyecto no lo quería y se frenó, ahora –según el diario La Nación- lo autoriza”.

Haciéndose eco de estos dichos, Reyes afirmó que “lamentablemente Santoro se olvida que esas tierras son privadas, porque primero el ex senador Menem, del FdT, habilitó la construcción y autorizó su venta y luego su compañero de lista, Carlos Heller las vendió como vice de Boca” e indicó que en “conclusión, los super amigos de lo público, vendieron las 70 hectáreas. Por el contrario, nosotros estamos recuperando 50 de ellas y vamos a hacer un parque 100% público. Esto es lo que está en debate”.

Además recordó que “IRSA vino en varias oportunidades a la Legislatura con pésimos proyectos urbanos y pocos beneficios para la Ciudad. Este proyecto es diferente” y aseveró  que “ahora, se obliga a ceder 50 hectáreas y se hace cargo de la construcción del parque por 40 millones de dólares, más 2.300 millones de pesos para el Fondo de innovación tecnológica, más 3.200 millones de pesos para el Fondo de desarrollo urbano sostenible, más el cargo de mantener el parque por diez años”.

Mientras que Santoro concluyó señalando que “IRSA compra un terreno barato porque la norma le pone límites a la constructividad. Pasa el tiempo y consigue que la Legislatura debata el cambio de norma” e indicó que “el terreno pasa a valer U$S 1600 millones más y las acciones de IRSA suben un 28%. ¿Cómo se llama la obra? Larreta inmobiliaria”.

El legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual prevé manifestar su “categórico rechazo” a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional que mediante el Decreto 438/21 “limita los derechos de los trabajadores y jubilados, al restringir su capacidad para elegir libremente la obra social que desean poseer desde el momento de inicio de su relación laboral o jubilación”.

En los fundamentos de la medida, el oficialista precisó que el “Decreto se enmarca en una posición absolutamente restrictiva de los derechos, así como una decisión regresiva respecto de derechos reconocidos por el Estado hace dos décadas” y remarcó que “forma parte de lo que reconocemos como una política pública corporativa, que antepone las necesidades de determinados actores económicos frente a las verdaderas necesidades de la sociedad, restringiendo los derechos de los trabajadores y obstaculizando el ejercicio de su libre elección y, potencialmente, afectar su derecho a la salud”.

Además indicó que “es presentado como una mera medida administrativa para la resolución de problemas de financiamiento de las obras sociales, en realidad responde a una cosmovisión restrictiva de derechos. Los obstáculos administrativos que este decreto generan, afectan en forma directa a los trabajadores y al estado de derecho como tal” y consideró que “mediante un decreto reglamentario, estamos retrotrayendo derechos adquiridos que no debieran encontrarse a merced de la alternancia en el Poder Ejecutivo. En tal caso, corresponde al Congreso de la Nación sancionar una modificación de estas características”.

“Debemos entender que el derecho a la libre elección de obra social o derecho de opción constituye el derecho que poseen los afiliados titulares de las obras sociales nacionales (OSN) a elegir una obra social diferente a la que pertenecen en razón de su actividad, rama, oficio, etcétera. Es decir, se trata de la libertad del beneficiario para escoger un agente diferente al originario”, indicó y concluyó aseverando que “es una medida no debidamente fundada en derecho ni expresando auténticos motivos para retrotraer un derecho adquirido. Así como tampoco contiene el más mínimo intento por obtener un apoyo social o el reconocimiento de una necesidad por parte de la ciudadanía, por el contrario, supone una imposición normativa que restringe derechos en favor de la administración de las obras sociales”.

Ante la escalada de la inflación, el diputado de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes fustigó al Gobierno Nacional por la política de control de precios que se viene implementando en el último tiempo y advirtió que esta situación está generando la “destrucción de PyMEs”.

En ese sentido, el oficialista afirmó que “desde que comenzó la política de control de precios del Gobierno, en la Coalición Cívica sostenemos que, en lugar de promover la competencia, lo que se está logrando es mayor concentración económica y destrucción de PyMEs. Antes con el programa Precios Máximos, ahora con Super Cerca” y recordó que “ante nuestra presentación en Defensa de la Competencia, el Gobierno creó el programa Super Cerca, pensado para almacenes. Lejos de ser una solución, profundizó el problema: 70 productos están a precios más altos que en los supermercados”.

Asimismo explicó que “en día los precios ya son un 27.4% más altos en los almacenes que en los supermercados, cuando históricamente esa diferencia era del 5%. Esta situación la veníamos viendo desde que comenzó la política de Precios Máximos y se fue profundizando durante 2021”.

A su vez detalló que “en abril se registró una caída interanual del sector alimenticio de forma absolutamente desigual. Mientras que los almacenes sufrieron una caída del 17.4%, los supermercados aumentaron un 0.8%. En el AMBA, los almacenes cayeron 16.6% y los super una mínima caída del 0.1%”.

“Como lo advertimos, se está concentrando la economía como nunca antes. A las PyMEs que se cayeron de las góndolas por no poder ofrecer sus productos, se están sumando los almacenes que fueron perdiendo a sus consumidores. Con esta política económica, perdemos todos”, sentenció.

A pocas horas de que un plenario de la Cámara de Diputados se reúna para continuar avanzando con el proyecto del Gobierno nacional que busca reformar el Ministerio Público, los legisladores del oficialismo Hernán Reyes (VJ) y Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) cuestionaron con dureza la intención del Ejecutivo.

En ese sentido el radical aseguró que “el Gobierno quiere terminar con la Justicia independiente, controlando a los Fiscales para garantizar la impunidad de sus funcionarios, y perseguir a sus opositores. Un nuevo intento de perpetuarse en el poder construyendo un estado populista” y remarcó que “la reforma del Ministerio Público Fiscal busca garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas”.

Mientras que el oficialista Reyes consideró que “sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto” y advirtió que “quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar”.

Cabe recordar que el proyecto busca modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.

El diputado de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), repudió en las redes sociales la situación que se está viviendo en la provincia de Formosa y adelantó que desde la CC ARI presentaron un amparo  de Derechos Humanos para que el Gobierno Nacional intervenga.

Es así que aseguró que “desde la CC ARI presentamos un amparo de Derechos Humanos para exigirle al Gobierno Nacional que se haga responsable y accione frente a la violación que sufre Formosa” y consideró que “su inacción es repudiable desde cualquier punto de vista y el silencio cómplice con Insfrán es una vergüenza”.

“Ahora mismo están en Formosa Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, con ellos y otros diputados nos presentamos frente a la Justicia federal”, afirmó y señaló que “en todos los tratados de Derechos Humanos, el Estado Nacional es el máximo responsable por las violaciones que ocurran en cualquier territorio de la Nación. Es legalmente inaceptable que el Gobierno no despliegue sus dependencias de DDHH para garantizarlos”.

Sobre esa misma línea explicó que están “hablando de la tutela de la condición humana de los residentes de Formosa. Cuando se afecta a uno de los residentes del país, se está afectando a absolutamente todos. No pueden existir restricciones políticas, normativas o procesales para garantizar su protección”.

Al mismo tiempo que sentenció que “el silencio cómplice del Gobierno Nacional, de algunos organismos de Derechos Humanos y la posición del Frente de Todos (FdT) de evitar la intervención federal en el Congreso de la Nación, nos obliga a todos los ciudadanos a utilizar todos los medios a disposición para protegerlos”.

Es necesario repensar el desarrollo. Esta verdad tiene o contiene muchas otras verdades, implica una infinidad de certezas científicas respecto de la crisis ambiental, una convicción moral de disponer recursos económicos e intelectuales al servicio de la supervivencia de toda la biodiversidad, y asume, también, una profunda confianza en que es posible lograr un consenso al respecto.

Tenemos la necesidad del desarrollo, de explotar al máximo nuestras oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, y, al mismo tiempo, no convertirnos en víctimas de nuestro propio desarrollo. Si el crecimiento de la economía va en detrimento de la biodiversidad actual o de las futuras generaciones, entonces no estamos hablando de desarrollo sino de un viejo concepto de riqueza. Hoy los países piensan en la sostenibilidad de sus políticas públicas, no solamente ambiental sino también en el impacto sobre la igualdad, sobre la pobreza, sobre el acceso a los servicios básicos, y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

La economía circular es el devenir lógico de una forma de desarrollo que piensa la producción en los máximos de eficiencia para las generaciones actuales y las futuras. Se lo llama circular porque rompe con la linealidad que lleva a los recursos de la explotación a su disposición final con un entierro. Por el contrario, los recursos giran volviendo a ser aprovechados por la comunidad.

Pensar en clave circular no implica, exclusivamente, la recuperación y reciclaje de los recursos. Significa recuperar y reciclar, pero también consumir y producir con responsabilidad. Reducir la cantidad de empaquetado innecesario, mejorar la eficiencia en el uso de agua y generación de gases de efecto invernadero al momento de producir, promover el uso de energías renovables o simplemente hacer que las cosas para que duren más.

Algunos creen que es utópico tan solamente pensar en un desarrollo con clave circular por la falta de consensos. Sin embargo, el mundo está girando rápidamente en este sentido. Hoy el capital financiero internacional se aloja en grandes fondos de impacto destinados a financiar proyectos de estas características, los gobiernos fortalecen los estándares de calidad y sostenibilidad de su producción y los consumidores somos cada vez más responsables al momento de elegir qué queremos.

Queremos apostar por este nuevo paradigma del desarrollo. Por eso impulsamos la creación de un plan estratégico de economía circular en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad viene impulsando una importante agenda en el marco del objetivo de ser carbono neutrales en 2040 y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.

La economía circular se inserta en la comunidad como una oportunidad de desarrollo sostenible, que promueve la creación de nuevos empleos, innovación y, por tanto, una mejora de la calidad de vida. El desarrollo debe pensarse para que todos estén adentro, con progresividad y gradualidad en su implementación. Asegurando los tiempos necesarios para la debida adaptación de la industria, pero también para asegurar los efectos positivos lleguen con su impacto a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Este nuevo paradigma requiere de una importante inversión en innovación. Esto es investigación y desarrollo de nuevas formas de producir, de almacenar o de distribuir lo que producimos, ni hablar de todo lo que recuperamos. Esta inversión se convierte en una importante mejora en la eficiencia de nuestra producción y reducción de costos para el acceso al mercado de productos de micro, pequeñas y medianas empresas.

Crear un plan estratégico supone la coordinación de los consensos público-privados para obtener mejores resultados. Convocar a los sectores económicos a alcanzar mayores estándares de eficiencia en la producción, fortalecer la recuperación de residuos y reducir la generación innecesaria. El Estado tiene una enorme capacidad de colaborar en acelerar esta transición y acompañar especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas en este camino.

Lo que hoy es una oportunidad que podemos tomar, mañana es una restricción de acceso para nuestra economía. En la actualidad están creciendo los estándares de calidad y de impacto ambiental de los productos y servicios que son importados a mercados relevantes como es la Unión Europea. Si perdemos el ritmo de estos nuevos estándares, pronto nos será muy difícil exportar lo que hacemos acá.

Este es un gran momento para dar el paso, está el financiamiento de los fondos internacionales y crece la conciencia entre los consumidores. La Ciudad de Buenos Aires siempre fue vanguardista en este tipo de políticas públicas y esperamos que sea una guía para reproducir en otras ciudades y en la Nación.

Con el objeto de mitigar el impacto de cambio climático, el legislador de Vamos Juntos Hernán Reyes presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca promover la inclusión de los principios de la economía circular al diseño e implementación de políticas públicas de la Ciudad, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de Carbono Neutral 2050.

De esta manera la iniciativa busca “implementar mecanismos concretos para la adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático, promoviendo una gradual adopción de una economía baja en carbono” y promover “la maximización de la eficiencia energética y de recursos y la responsabilidad en la producción y el consumo, reduciendo la obsolescencia, los desechos y desperdicios de recursos en la economía”.

Asimismo fomenta “los proyectos de investigación, desarrollo e innovación públicos y privados cuyos fines radiquen en la obtención de un impacto positivo en el ambiente y, por ello, en la vida y el bienestar de las personas”; así como también concientizar “a la población respecto del efecto que los productos, servicios y sus residuos tienen sobre el ambiente, la salud y la economía a largo plazo, e informar acerca de los beneficios de una economía circular”.

Es que según establece el proyecto de ley, la economía circular es un modelo económico de producción y consumo que promueve la generación de valor y que optimiza el uso de los recursos naturales a partir del cierre y/o la extensión de los ciclos de vida de los procesos y recursos, minimizando los impactos ambientales y fomentando la eficiencia a través de cambios en los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

En los fundamentos de la medida, Reyes explicó que “para lograr los objetivos que proponemos, resultará menester la cooperación público-privada, el fomento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, y la concientización de la población respecto del efecto que los productos y sus residuos tienen sobre el ambiente, la salud y la economía, informando acerca de los beneficios de una economía circular”.

“Para cumplir sus fines, el proyecto prevé la elaboración de una Estrategia de Economía Circular que articulará el conjunto de medidas, políticas, e instrumentos desarrollados para el cumplimiento de los objetivos”, indicó y remarcó que “está Estrategia tendrá como ejes el desarrollo de bienes, productos y servicios sostenibles ambientalmente; el análisis de los sectores comerciales, industriales y residenciales con mayor utilización de recursos; el fortalecimiento de la educación e información ambiental para los consumidores; el uso y consumo eficiente de energía; y la jerarquización en la gestión de los residuos”.

Además señaló que “la Estrategia será confeccionada por la Autoridad de Aplicación en conjunto con el Gabinete de la Economía Circular. Este Gabinete de la Economía Circular, que será coordinado por la Autoridad de Aplicación, y cuya función será articular entre las distintas áreas de gobierno de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá a su cargo la implementación de la Estrategia de Economía Circular”.

La medida también lleva la firma de Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Juan Facundo Del Gaiso, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ).