En el marco de la investigación del atentado contra la vicepresidenta, la comisión aceptó un requerimiento judicial presentado por la justicia, para acceder a dos celulares que usaba el diputado nacional.
En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados aprobaron autorizar un oficio remitido por la jueza María Eugenia Capuchetti que solicitó la entrega por parte del diputado nacional Gerardo Milman de su celular para investigar algún tipo de relación suya con el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022 por la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
La solicitud fue realizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refería a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).
Se autorizó así a allanar el domicilio del diputado nacional para buscar dos celulares viejos del legislador. En ese marco el titular de la comisión, el pampeano Hernán López Araujo (Frente de Todos) pidió disculpas porque al convocar a la reunión no había girado a los integrantes de la comisión el expediente que iba a ser abordado, y lo justificó en la duda que tenían de que el mismo estuviera bajo secreto de sumario. Por eso, luego de hacer las consultas pertinentes, recién este lunes adjuntaron el expediente para que lo vieran los legisladores.
Por la oposición, el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo que de acuerdo con lo asumido oportunamente darían su aprobación para la autorización requerida por la jueza, aunque se encargó de aclarar que el diputado Milman no había eludido la acción de la justicia. Lo aclaró porque -dijo- “alguien desprevenido podría interpretar que está prófugo o algo por el estilo, y la verdad que nada más alejado de la verdad”.
Tonelli destacó que apenas se inició la causa, su compañero de bancada se había presentado espontáneamente y cuando se le requirió el teléfono, él mismo lo entregó. “Lo que ocurrió fue que era nuevo, y como suele suceder con cualquiera de nosotros cuando cambiamos el teléfono, el anterior él lo dispuso”, aclaró, insistiendo en que “el diputado Milman nunca ha eludido la acción de la justicia; siempre ha estado (atento) a lo que la juez dispusiera”.
A continuación intervino el diputado Juan Manuel López, quien aclaró que la Ley de Fueros solo dispone inmunidad de arresto, no de proceso. “En tanto y en cuanto la Cámara no autorice nuestro arresto, esa inmunidad de proceso está reglamentada por la Ley de Fueros”, planteó, recordando que ya hubo casos de allanamientos y acciones en ese sentido, como sucedió anteriormente con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, o Julio De Vido, y siempre tuvieron el mismo comportamiento. Además, recordó que el pedido era hecho por la Cámara Federal a través de los jueces Bruglia y Bertuzzi, cuya independencia él destacó. “Lo vamos a acompañar”, aprobó, admitiendo que “por ahí tendría que revisarse esta Ley de Fueros, que ha quedado un poco vieja, fue pensada hace 20 años, cuando algunos resabios de privilegios quedan”.
Y como al pasar, López deslizó que “también a veces los diputados pueden ser víctimas de inteligencia”, y en ese sentido citó lo conocido en las últimas horas y que involucraba al diputado oficialista Rodolfo Tailhade, mas aclaró que eso lo hablarían más tarde en la Comisión de Juicio Político. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó.
Intervino luego el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir Juan Manuel López, y adelantó que eso que acababa de decir marcaba claramente “la actitud con la que van a venir todo el día de hoy… Ven algunos programas televisivos a la noche y se excitan con los contenidos”, ironizó.
Luego Leopoldo Moreau se quejó porque el procedimiento que se estaba haciendo era “tardío” y acusó a Milman de haber incurrido en una “estafa procesal, porque entregó un celular que no tenía nada que ver. Puede aducir que lo había cambiado… Ahora, es muy extraño que haya sucedido eso. Hay muchos de nosotros que tenemos celulares hace mucho tiempo. Espero que (los celulares que ahora entregue) no estén borrados, como los de sus secretarias, una de las cuales denunció que había sido borrado en el local del Pro, en presencia de la que todavía no era candidata presidencial”, dijo en relación a Patricia Bullrich.
Por último, la diputada Carla Carrizo aclaró sobre la ley vigente que los fueros de los que gozan los legisladores no representan “un privilegio”, sino que son “un recurso que se nos brinda contra la arbitrariedad del poder, aun en democracia. No hay que reformarla”, reiteró, aunque sí sugirió que debían revisar que se les hubiera dado fueros a funcionarios y algunos magistrados.
El traspaso presidencial
Pero aprovechó la ocasión para recordar que junto a la diputada Margarita Stolbizer habían presentado una solicitud para ver si podían tratar antes de fin de año la regulación del traspaso presidencial. Recordó que Brasil lo reguló en 2002, Estados Unidos en 1968, y en la Argentina “necesitamos coordinar cómo se recibe el poder. Lo hicimos con el debate presidencial, y ahora nunca va a haber más una silla vacía. A ver si en estos 40 años de democracia podemos votarlo ahora y dejar el legado para la próxima gestión”.
Adelantó en ese sentido que harían un emplazamiento en la próxima sesión, ante lo cual el presidente de la comisión admitió que habían recibido la solicitud de tratamiento de varios proyectos sobre el traspaso presidencial y expresó su compromiso para empezar a debatirlo en sucesivas reuniones. Empero, aclaró que no lo harían en esta ocasión, atento al “carácter especialísimo de esta convocatoria”.
A tal fin se reunirá este martes por la mañana la comisión que preside Hernán Pérez Araujo, para tratar un oficio judicial de Cristina Kirchner. Hermetismo del oficialismo.
Entre las múltiples reuniones de comisión previstas para este martes, llamó particularmente la atención una de Asuntos Constitucionales, convocada por su titular, el pampeano Hernán Pérez Araujo. La misma fue llamada a reunirse para tratar un oficio judicial impulsado por Cristina Fernández de Kirchner.
Dicho documento oficial corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refiere a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).
La causa es la del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación en septiembre de 2022. Al ser consultado por parlamentario.com sobre la intención de esta reunión, el presidente de la comisión no contestó, en tanto que el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo desconocer el origen de la convocatoria porque no habían podido ver el oficio del juez. “El presidente de la comisión tiene el expediente remitido por la justicia, pero no nos permite verlo, bajo el argumento de que es secreto”, observó.
Todo indicaría que el objeto de la reunión es tratar la situación del diputado del Pro Gerardo Milman, a quien la querella de la causa del atentado contra la vicepresidenta quiere imputar, a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que el mismo ocurriera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello dijo haberle escuchado pronunciar a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto de 2022.
¿Qué dice el artículo 1° de la Ley de Fueros al que se hace referencia? “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, re moción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyen do causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclaran do los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.
Cabe recordar que la querella de la vicepresidenta de la Nación ha mostrado interés en dos dispositivos que Milman tenía registrados previamente al atentado contra Cristina Kirchner. Lo cierto es que Casación había ordenado retener un celular que según la defensa fue adquirido con posterioridad al hecho.
Esta instancia a desarrollarse en Asuntos Constitucionales apuntaría a tratar de resolver esta controversia planteada en torno a los celulares del legislador, previéndose entonces una fuerte polémica en la citada comisión.
Qué documentos aprobaron ambas cámaras, qué actitudes adoptaron los legisladores y qué proyectos se presentaron a partir del intento de magnicidio.
Se cumple este 1° de septiembre un año desde que el país se paralizó al trascender la noticia de que alguien había intentado asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ese día Fernando Sabag Montiel llegó hasta quedar de frente a la exmandataria y pudo gatillarle dos veces una pistola a la cabeza. Afortunadamente ninguna bala salió.
Eran días complicados aquellos, luego de un fin de semana turbulento en el que militantes kirchneristas se habían enfrentado con la Policía de la Ciudad que había resuelto rodear el domicilio de la vicepresidenta de la Nación para evitar el peregrinar permanente de militares hacia el edificio donde vivía Cristina Kirchner. Tras haberse enfrentado con efectivos policiales, el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, lanzó justamente ese 1° de septiembre una frase que horas más tarde cobraría mayor crudeza: “Desde Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista”.
Ese mismo día sesionó el Senado de la Nación, en medio de un clima enrarecido por la cuestión judicial de la presidenta del Cuerpo y las críticas cruzadas disparadas a partir de los incidentes del fin de semana. Al cabo de la sesión, de la que CFK participó solo al inicio, ella se retiró hacia su domicilio y poco después de las 21 pasó lo que pasó.
Todo el arco político salió a condenar el fallido atentado. Pasadas las 23 de ese primer día de septiembre, senadores de todos los bloques e reunieron para una foto y emitieron un comunicado conjunto para repudiar el hecho, manifestando su “absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia”, al tiempo que exigían “el pronto y completo esclarecimiento de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia”.
Poco después, diputados y senadores del Frente de Todos se congregaron en el Salón Illia de la Cámara alta para expresar su solidaridad con la vicepresidenta. Minutos antes de la medianoche, los legisladores oficialistas brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron una serie de acciones.
La primera en hablar fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien anunció que se convocaría a la conformación de “una comisión investigadora bicameral sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta”. Además, se realizarían sendas sesiones en ambas cámaras para repudiar el hecho, afirmó, y agregó: “Instamos a que se haga lo mismo en todas las legislaturas locales y concejos deliberantes”.
Por su parte, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, expresó el “repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, que a toda la sociedad argentina consterna y nos entristece realmente”.
La Cámara baja sesionó el sábado, dos días después de perpetrado el ataque. Previamente hubo intensas negociaciones para acordar el texto que se aprobaría en la sesión, pues el clima previo a la sesión fue complicado, y había llegado a ponerse en duda incluso el quórum, por las discrepancias que entre el oficialismo y la oposición que surgieron en torno al texto del proyecto elaborado por la presidenta del Cuerpo para repudiar los hechos ocurridos el jueves por la noche. Finalmente las partes alcanzaron un acuerdo, en el marco de una reunión previa a la de Labor Parlamentaria, que tuvo lugar en el despacho de la presidenta del Cuerpo. En rigor, al cabo del encuentro se resolvió ir directamente al recinto.
A propuesta de los representantes de Juntos por el Cambio, Avanza Libertad y Provincias Unidas, se acordó un texto similar al comunicado emitido por el Senado el jueves por la noche inmediatamente después de sucedido el ataque. El proyecto original, que había generado discrepancias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, expresaba la “más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner”. El texto continuaba expresando “la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con nuestra vicepresidenta de la Nación y su familia, a la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables”.
Y por último, instaba a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a “condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”. Esa era la parte que generaba controversias con la oposición, razón por la cual la mayoría de los diputados del Pro, por ejemplo, habían votado no participar de la sesión.
Otro de los pedidos de la oposición atendidos por el oficialismo fue la no presencia de militantes en los palcos.
Flamante presidenta de la Cámara, fue esa la primera sesión que le tocó presidir a Cecilia Moreau.
En la sesión no participó toda la bancada del Pro. Solo lo hizo un puñado de diputados de ese bloque que ingresó una vez que la reunión había comenzado y se fue inmediatamente después de avalar a mano alzada la iniciativa.
Durante esa sesión, gran expectativa había en torno a Javier Milei, pues La Libertad Avanza era el único bloque que no se había pronunciado frente al atentado. Al hablar, manifestó “total y absoluto repudio a todo acto de violencia”. Pero más adelante cuestionó que se hubiera decretado un feriado para el día anterior, y no por ejemplo cuando “la masacre de Once, o cuando mataron al fiscal Nisman, o cuando fue el atentado a la AMIA o la Embajada de Israel”.
Cuestionó finalmente los “privilegios” de los políticos respecto del resto de la población. Concluyó expresando “nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política”.
Recién una semana después del atentado, el 8 de septiembre, se reunió el Senado para repudiar el hecho. Sin embargo Juntos por el Cambio y la senadora cordobesa Alejandra Vigo resolvieron no participar de la reunión.
En el caso de los primeros, no bajaron al recinto bajo el argumento de que no querer “avalar el uso partidario del Congreso”. Vigo argumentó que “no se crearon las condiciones para llegar a un consenso”. Sin embargo, sumó la presentación de un proyecto de declaración que fue mencionado en la sesión.
Así, con medio recinto vacío, el Frente de Todos en el Senado logró aprobar ese jueves una declaración de repudio. La iniciativa fue votada de manera nominal y salió por unanimidad con 37 votos.
El texto aprobado expresaba el “más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves 1 de septiembre del corriente año, en las puertas de su domicilio”. Asimismo, manifestaba su “absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia”. Y continúa: “Este Honorable Cuerpo también exige el pronto y complejo esclarecimiento y la condena de los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida de la democracia”. Y concluía exhortando “a toda la dirigencia y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social”.
Tras el hecho conmocionante comenzó a especularse con la presentación de un proyecto contra los “discursos de odio”. En ese marco fue que el presidente del oficialismo en el Senado, José Mayans contó que había hablado con el presidente de la Nación acerca de un posible proyecto de ley contra los discursos de odio y que Alberto Fernández realizaría consultas a “constitucionalistas, juristas y profesionales del derecho”.
Lo dijo horas después que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, asegurara que todavía no había ninguna iniciativa al respecto, el senador formoseño contó que el mandatario está evaluando el tema. “Él me dijo que, en un Estado de Derecho, hay que ver cómo la democracia cuida el honor de las personas”, expresó.
Desde la otra vereda, el diputado Gerardo Milman presentaba un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal con el fin de aumentar las penas ante cualquier atentado o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Poder Ejecutivo.
Tiempo después, el diputado del Pro sería involucrado en la causa por la denuncia de un asesor del diputado Marcos Cleri que dijo haberlo escuchado decir en el bar Casablanca que “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.
Pero el primer proyecto presentado sobre el atentado fue de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para expresar su “condena y repudio al intento de magnicidio”, con fecha 2 de septiembre de 2022.
Ese mismo día un grupo de diputados oficialistas encabezados por Ramiro Gutiérrez presentaba una iniciativa para modificar el artículo 80, incorporando la figura de magnicidio y crímenes por razones de odio político.
El texto impone “reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare”, y corregía el inciso 4° del citado artículo sumando la palabra “político” a las siguientes condiciones “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
Y agregaba el inciso 13, con este texto: “Al presidente o al vicepresidente de la Nación Argentina, o cuando la víctima fuere autoridad judicial, del Ministerio Público o miembro del Poder Legislativo, cuando el delito fuese cometido por su rol, o en ocasión o en el ejercicio de su cargo o función”.
Otros proyectos condenatorios del episodio fueron presentados en esos días por los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández y los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, entre otros.
La diputada chubutense Estela Hernández presentó un proyecto para instituir el 2 de septiembre de cada año como Día Nacional de Reflexión sobre la Violencia Política”, en relación al intento de magnicidio contra CFK.
Desde la oposición también se presentaron proyectos, como el de la salteña del Pro Virginia Cornejo, pidiendo la “nulidad absoluta” del DNU que estableció feriado nacional el 2 de septiembre por el atentado. Un proyecto testimonial, por cierto, ya que se presentó seis días después del feriado en cuestión.
A su vez, el diputado Ricardo López Murphy, acompañado por Alejandro Finocchiaro y Marcela Campagnoli presentaron un pedido de informes sobre una propuesta de trabajo denominada “Pensar y vivir en democracia”, de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, estimando que allí se pretendía adoctrinar a los estudiantes con párrafos como el siguiente: “Porque hoy más que nunca la democracia está en peligro y debemos defenderla porque es el modo de gobierno más representativo y equitativo para la vida en sociedad”, en tanto para los diputados de JxC no se observaba “una relación causal entre la estabilidad del sistema democrático y el atentado” contra Cristina Kirchner.
Los legisladores de ese espacio lo denunciaron por “mal desempeño” de sus funciones, luego de que ordenara levantar las vallas que la Policía de la Ciudad había colocado en las inmediaciones de la casa de CFK y que terminó con un atentado contra la vida de la vicepresidenta.
Después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los diputados porteños de la Coalición Cívica pidieron que se realice un juicio político al juez Roberto Gallardo, dado a que lo acusan por “mal desempeño” de sus funciones tras haber pedido que se retirara del domicilio de la funcionaria unas vallas que buscaban resguardar su integridad.
El suceso en cuestión se dio el pasado 29 de agosto, después de que Gallardo –que se desempeña como juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4- solicitara el levantamiento de las vallas colocadas sobre la calle Juncal, ordenando al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que retire la custodia de la vicepresidenta y estableciendo que las fuerzas federales serán los encargados de la custodia.
En su pedido de juicio político, los legisladores porteños advirtieron que estos actos “demuestran desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones” y remarcaron que los mismos “avasallan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
“La figura del mal desempeño adquiere su real dimensión cuando la conducta del juez cuestionado resulta violatoria de uno de los deberes fundamentales de la magistratura, que es el de su imparcialidad”, expresaron y añadieron que “el deber de imparcialidad del juez es un imperativo ético y legal. Al respecto, el estatuto universal del Juez señala que ‘el juez debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y resolución de las causas…’. Resulta evidente que el magistrado cuyo juicio político aquí solicitamos, se apartó de tal mandato”.
Al respecto de esta situación, el presidente del bloque de legisladores de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso (VJ), afirmó que “Gallardo dejó en estado de indefensión a los vecinos de la ciudad, sin seguridad. Lamentable su accionar en pos de un grupo político. Eso demuestra que el juez Gallardo es un juez partidario”.
Mientras que la diputada Cecilia Ferrero (VJ) sostuvo que “el juez Roberto Gallardo direccionó y manipuló la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención y ello configura suficiente causal de mal desempeño para para instar el procedimiento y remoción de su cargo” y que Hernán Reyes (VJ) concluyó advirtiendo que “Gallardo actuó fuera del derecho, a favor de un partido político y en contra de los vecinos y la autonomía de la Ciudad”.
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires se convocaron para la tarde del lunes tras los incidentes que tuvo como principal protagonista a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La idea de advertir sobre la escalada de violencia que experimenta la vida política en la República Argentina que tuvo su punto culmine con el atentado que sufrió la principal personalidad política del país, la vicepresidenta Cristina Fernández, hizo reaccionar a los bloques oficialistas de ambas Cámaras que apuraron la convocatoria a sesionar, para así repudiar lo sucedido.
Desde las bancadas opositoras mantienen un prudente silencio, pero se espera una respuesta similar a la construida en el Congreso de la Nación el pasado sábado, cuando idéntica situación se desplegó en la Cámara baja nacional.
Allí, lograron aprobar un proyecto de repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una sesión que transcurrió sin mayores sobresaltos y en un clima de cierta armonía.
Incluso, según se especuló desde el sábado, dentro de las bancadas de Juntos podría darse una situación similar a la nacional donde los legisladores del PRO tuvieron un comportamiento diferente a los de la CC y UCR aunque con posición similar respecto del pronunciamiento.
Así, en la provincia, las principales espadas legislativas, en estas horas previas a la sesión, irán comunicando las definiciones de los detalles del pronunciamiento general de repudio al atentado sufrido por CFK, que por unanimidad estaría siendo aprobado en ambas sesiones especiales, por senadores y diputados, respectivamente.
Las autoridades de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara se pronunciaron ante el salvaje magnicidio de Jovenel Moise.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, Jorge Taiana; el vicepresidente de la misma, Julio Cobos y la secretaria, Lucila Crexell, emitieron este miércoles un comunicado en el que expresan que lamentan y repudian el asesinato del presidente de la República de Haití Jovenel Moïse.
Asimismo, expresaron su confianza en que “ante esta gravísima situación que atraviesa Haití el país se mantendrá en paz y las autoridades encontrarán una solución pacífica a la severa crisis”.
Por último, los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores remarcaron su rechazo a toda forma de violencia y expresaron su “solidaridad con el pueblo de Haití, que es integrante de nuestra Región América Latina-Caribe”.
