La iniciativa modifica diversas leyes y el Código Nacional Electoral para impedir que personas condenadas puedan presentarse como candidatos a cargos públicos electivos.
El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical presentó su propuesta legislativa de “Ficha Limpia”, una serie de modificaciones a leyes y al Código Nacional Electoral para imposibilitar que personas condenadas por hechos de violencia de género, delitos contra las personas, la propiedad, el orden público, la administración pública o por crímenes de lesa humanidad, entre otros, puedan presentarse como candidatos y precandidatos a cargos públicos, partidarios o en sindicatos.
Para ello, la iniciativa plantea modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y cambios en la Ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, estableciendo que la Junta Electoral de cada agrupación política deberá solicitar los antecedentes penales de los candidatos; el Código Nacional Electoral, para exigir la presentación del certificado de antecedentes penales e incluir entre las atribuciones de los jueces en lo electoral la de verificar la inexistencia de condenas penales; y en la Ley de Asociaciones Sindicales, implementando las mismas medidas para las elecciones en órganos directivos de sindicatos.
El proyecto presentado compila y se nutre de una serie de propuestas que los bloques legislativos de nuestro partido en el Congreso, y de otros espacios afines, han trabajado a lo largo de estos años. En ese sentido, los senadores radicales destacaron aquellas presentadas por los actuales senadores Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Edith Terenzi.
El radicalismo siempre ha demostrado su compromiso con los valores que hacen a la democracia y a la defensa de las instituciones. Esta propuesta de “Ficha Limpia” refrenda nuestra postura y fija un “piso” de idoneidad, desde el cual pretendemos elevar los estándares y llevar mayor transparencia a las instancias electorales, con la finalidad de garantizar a los argentinos una oferta electoral que prescinda de candidatos que no se ajusten a las leyes que los rigen.
S627_24PL Ficha Limpia OKLa legisladora de Confianza Pública aseguró que se trata de una ley “imprescindible para garantizar la igualdad y para que los ladrones no puedan ocupar cargos públicos”.
La diputada de Confianza Pública (CP) y vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad, Graciela Ocaña, insistió en la necesidad de que el distrito capitalino cuente con la ley de “ficha limpia” y advirtió que se trata de una norma “imprescindible para garantizar la igualdad”.
En ese sentido, la oficialista explicó que “ficha limpia es una ley imprescindible para garantizar la igualdad y para que los ladrones no puedan ocupar cargos públicos. Acompaño esta iniciativa de la sociedad civil y vamos a trabajar para que ficha limpia sea Ley en la Ciudad de Buenos Aires”.
“Sin ficha limpia nada cambia, si de verdad queremos que en nuestro país deje de estar manejando por corruptos la misma debe ser ley, súmate. Forma parte, compartí. Ya somos cientos de ciudadanos que la exigimos, está en tus manos se parte del cambio que necesita Argentina”, sostiene otro de los mensajes que Ocaña compartió en sus redes sociales.
Cabe recordar que el proyecto en cuestión fue impulsado años anteriores por otros legisladore de Confianza Pública y busca inhabilitar a personas condenadas por corrupción a presentarse a elecciones.
El proyecto busca ampliar los requisitos que se presentan en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y que establece las normas con las cuales se llevan a cabo las votaciones.
En la Ciudad de Buenos Aires, en particular, la propuesta lleva varios años de debate. En noviembre del 2020, el bloque de “Vamos Juntos” no logró aprobarla, ya que sumó 38 de los 40 votos necesarios teniendo en cuenta que requiere modificar el Código Electoral Porteño.
Al anunciar medidas para “terminar con los privilegios” de la política, el jefe de Gobierno porteño también habló de la ley de “ficha limpia” y otra para “regular el lobby”.
Desde el convento donde José López revoleó bolsos con dólares en 2016, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, realizó un anuncio sobre medidas que implementaría en un eventual gobierno para “terminar con los privilegios” de la política y con la corrupción.
Entre los puntos que enumeró, de los cuales varios requerirán leyes, afirmó que en caso de acceder a la presidencia propondrá “eliminar la jubilación de privilegio para presidente y vicepresidente”, algo que “es inconcebible”.
En ese sentido, mencionó que a un jubilado que gana la mínima “no le alcanza ni para comer, ni hablar si tiene que alquilar”, mientras que “la expresidenta (Cristina Kirchner) trabajó ocho años en su cargo y cobra más de tres millones. Es inmoral. Lo vamos a cambiar, está mal, es injusto”.
También consideró que hay que “reducir los cargos políticos a la mitad, para tener un Estado eficiente” y “si nos acompañan con su voto, el Congreso va a tener un tope de gastos que represente un porcentaje del presupuesto nacional”, apuntó.
Sobre eso, mencionó el ejemplo de la Legislatura porteña, cuyo presupuesto “no puede ser más del 1,5% del presupuesto total de la Ciudad”. “Vamos a proponer a las provincias y el Poder Judicial que adhieran a esta austeridad”, agregó.
Además, Rodríguez Larreta prometió “llevar la ley de ficha limpia a todo el país. Es imposible cambiar esta Argentina si los que están en la boleta son corruptos”. “Vamos a aprobar en el Congreso la ley para que los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción estén inhabilitados para ser candidatos o ejercer cargos públicos”, dijo sobre el proyecto que hasta ahora nunca pudo avanzar en el Parlamento.
En la presentación de sus propuestas, afirmó que se va a “transparentar el uso de los recursos públicos”, para el caso, por ejemplo, de los viajes al exterior de comitivas oficiales; y que el presidente y los ministros “van a tener que poner su patrimonio en un fideicomiso ciego”.
Finalmente, el jefe de Gobierno porteño habló de “transparentar todas las audiencias públicas” porque “hoy no conocemos las audiencias que mantienen diputados, senadores, jueces”. “Se trata de regular el lobby”, señaló y expresó que “todos van a estar obligados por ley a justificar con quiénes se reúnen y por qué”.
“Con estas medidas tan concretas vamos a dejar atrás las viejas prácticas de la política”, resaltó desde el convento Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en General Rodríguez, donde recordó que el exsecretario de Obras Públicas José López trasladó “9 millones de dólares robados” en lo que “parecía una película, una serie de terror”.
Hablándole a los votantes, el precandidato presidencial sostuvo: “Ahí estaba la plata que faltaba en la escuela de tu hijo, la plata que no estaba en la comisaría de tu barrio, la plata de las cloacas que no están, de las rutas llenas de pozos”. “Este es el símbolo de la corrupción kirchnerista, de un modelo que quería por todo de manera obscena”, cuestionó.
Para Larreta, “durante el gobierno de Mauricio (Macri) avanzamos fuerte en la lucha contra la corrupción con medidas contra los privilegios”, pero “en estos cuatro años volvimos para atrás”. “Desde el vacunatorio VIP a la jubilación de la vicepresidenta, hoy la Argentina es el reino de los privilegios”, manifestó.
Y completó: “Cada privilegio que tiene un político es algo menos que tienen todos los argentinos, y lo vamos a cambiar. Si nos eligen vamos a ser todos iguales ante la ley, porque entendemos la política como un servicio público”.
Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que el caso de José López mostró “un modelo cultural de corrupción y de violencia”. “Esos bolsos son el símbolo más cruel de la corrupción que nos golpeó a todo el pueblo argentino. Son los bolsos que vimos en Jujuy también, que sacaban del Banco Nación para llevar a la casa de Milagro Sala. Son los recursos que maneja ese Estado paralelo”.
“El año pasado las organizaciones sociales manejaron 700 mil millones de pesos sin control”, denunció el precandidato a vicepresidente y mencionó a Emerenciano Sena en Chaco, involucrado en el caso de femicidio de Cecilia Strzyzowski. “Se hacen impunes y todo termina de la peor manera, con violencia”, expresó.
Pero además, el presidente de la UCR defendió la polémica reforma constitucional en su provincia: “Terminamos con los privilegios de la política, terminamos con los fueros de la política y con la posibilidad de indultar a los corruptos”.
Además, en la conferencia habló el diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense. “Estamos en este lugar que los argentinos y los bonaerenses lo recordamos tristemente por la corrupción y por la irresponsabilidad. Para nosotros este es el punto cero del combate contra la corrupción, los privilegios, los gastos de la política”, enfatizó.
“Queremos que la provincia tenga educación, para que los chicos estén en la escuela y aprendan; queremos vivir con seguridad, para que los chorros estén presos y las familias en paz; queremos tener salud, cuando vayamos a un hospital, que nos atiendan siempre; y queremos tener trabajo”, enumeró.
Santilli prometió que su “política social” va a ser “generar trabajo formal en el sector privado” y “para eso tenemos que focalizar cuál es el cambio. Y el desafío que tenemos que enfrentar una vez más es ese privilegio con el que tenemos que terminar: tenemos que salir del gasto hacia la inversión, tenemos que administrar los recursos como corresponde”.
Vecinos de la Ciudad se apersonarán ante el Parlamento porteño para entregar más de 400 mil firmas pidiendo el tratamiento del mencionado proyecto de ley, además de reunirse con los legisladores que estuvieron trabajando en ese sentido.
Con la mirada puesta sobre los comicios del año que viene, un grupo de vecinos y militantes presentarán este martes en la Legislatura porteña 428.973 firmas para reclamar que esa Casa ponga en debate el proyecto de “ficha limpia”, mediante la cual se busca inhabilitar a presentarse a elecciones a aquellas personas condenadas por corrupción.
De esta manera, este martes a las 9.30 en el Salón Montevideo de ese Palacio Legislativo, el impulsor de la petición de Change.org y profesor de la Facultad Ciencias Económicas UBA, Gastón Ignacio Marra, le entregará las firmas a varios de los legisladores que estuvieron trabajando la iniciativa en los últimos años.
Se prevé que en el evento estén presentes los legisladores de Confianza Pública (CP) Natalia Fidel y Diego García Vilas y los diputados de la Coalición Cívica (CC) Hernán Reyes y Cecilia Ferrero.
En los fundamentos de la petición, Marra señaló que la misma “tiene por objeto solicitar a los legisladores la inclusión de requisitos en materia electoral y de partidos políticos impidiendo que cualquier persona que tenga condena penal en primera instancia o condena confirmada por un tribunal superior (condena en segunda instancia) por delitos dolosos graves pueda ser precandidata (en elecciones primarias) o candidata (en elecciones generales) a cargos de elección popular. La referida inhabilitación temporal se debería mantener vigente hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena”.
“Esto anterior como punto de partida para avanzar gradualmente en la aplicación de la exigencia de idoneidad para todo cargo o empleo público”, sentenció.
Cabe recordar que esta misma iniciativa fue sancionada en provincias como Chubut, Salta, Jujuy y Mendoza, donde en las últimas elecciones 12 candidatos resultaron inhabilitados para participar.
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto impulsado por la Coalición Cívica y que contó con el apoyo del PRO y legisladores de la UCR.
El Concejo Deliberante de Luján dio luz verde a la Ficha Limpia, aprobando en su última sesión la iniciativa propuesta por la Coalición Cívica. El proyecto recibió el apoyo de legisladores del Pro y de varios concejales de la Unión Cívica Radical. Cabe destacar que hubo varias ausencias y abstenciones, fundamentalmente del Frente de Todos.
De esta manera, el municipio que lidera el peronista Leonardo Botto tendrá un nuevo mecanismo para transparentar la política.
El proyecto sancionado propone además de transparentar la política, prohibir la designación de funcionarios que cuenten con condena en primera o segunda instancia por delitos de corrupción.
También establece la inhabilitación para ocupar los cargos municipales de “secretario, subsecretario, director, subdirector, coordinador, secretario del Concejo Deliberante, y empleados de los bloques políticos, para aquellas personas que se encuentren condenadas con sentencia en primera o segunda instancia por delitos dolosos relacionados con hechos de corrupción como contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional”.
Se encuentran comprendidos en la normativa el fraude a la administración pública, los homicidios, femicidios y la violencia de género.
La iniciativa que fue aprobada en el Concejo Deliberante por la bancada de Juntos impedirá que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ocupar cargos públicos o partidarios.
El Concejo Deliberante de Pergamino, distrito gobernado por el intendente del Pro Javier Martínez se sumó a la lista de municipios que adhirieron a la ley de Ficha Limpia.
La normativa votada en el deliberativo local impedirá que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ocupar cargos públicos o partidarios.
La iniciativa fue impulsada y apoyada por la bancada oficialista, y contó con el voto en contra de los ediles del Frente de Todos y del Frente Renovador.
“El objetivo es que las personas condenadas por diferentes delitos no puedan acceder a ningún cargo público y partidario”, explicó el concejal de Juntos, Ignacio Maiztegui, autor del proyecto.
Días atrás, otro alcalde “amarillo” como Martín Yeza (Pinamar) promulgó la iniciativa votada a mediados de junio por el Concejo Deliberante local.
Así, la comuna que lidera el intendente radical Salvador Serenal se convierte en el primer distrito de la Cuarta Sección en sancionar una iniciativa como ésta.
El Concejo Deliberante de Lincoln aprobó el proyecto para inhabilitar a personas que tengan una condena judicial firme por delitos para ocupar cargos en la función pública municipal. Así, se convierte en el primer distrito de la Cuarta Sección en sancionar una iniciativa como ésta.
En los fundamentos, la bancada que responde al intendente radical Salvador Serenal, destacó que “las prácticas corruptas minan las bases de la democracia y, una de las misiones del Cuerpo Deliberativo es respetar y hacer respetar los principios constitucionales y convencionales involucrados en el proceso de reglamentación de derechos”.
La iniciativa alcanza, entre otros, a autoridades de entes municipales, secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores, delegados, jueces de faltas, defensores del pueblo y secretarios del Concejo Deliberante, entre otros.
El proyecto sancionado determina que no podrán asumir cargos los ciudadanos “con sentencia judicial firme, o al menos sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso, extendiéndose hasta su eventual revocación posterior, o bien, hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Emmanuel Ferrario y Hernán Reyes (VJ) encabezaron un encuentro en el que referentes políticos y vecinos de la Ciudad analizaron el proyecto que busca prohibir que haya candidatos electorales con condenas por causas de corrupción.
Con la mirada puesta sobre los comicios que se llevarán a cabo el año que viene en todo el país, la Legislatura de la Ciudad avanza con el debate al respecto del proyecto “ficha limpia”, que se enfoca en la inhabilitación a presentarse a elecciones a personas que tengan condenas por causas de corrupción.
El debate estuvo encabezado por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y legislador de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ). Además condujeron la discusión en cuatro bloques expositores sobre el proyecto, participaron diputados provinciales y nacionales y también agrupaciones de la sociedad civil que impulsan el mismo.
En ese contexto, Ferrario planteó que “las personas no se resisten a los cambios, sino a las pérdidas que éstos generan. En el caso de la Ficha Limpia lo que ataca es a todos los políticos que están anclados en privilegios” e indicó que “eso es lo que busca este proyecto, esa pérdida en beneficio de la democracia, de una mejor representación”.
Mientras que Reyes argumentó que “los argentinos se merecen poner un límite a la posibilidad que personas condenadas por corrupción administren nuestros fondos y administren el destino de nuestra nación. Lo merecemos como ciudadanos y lo necesitamos como democracia”.
Además la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira aportó una opinión distinta, criticando la propuesta en base a los problemas que puede generar. Hizo énfasis en los efectos que la ley de ficha limpia puede tener sobre la voluntad popular, mencionando el caso de Lula en Brasil. “La Ficha Limpia no tiene una afectación solamente en el derecho electoral activo de quien pretende presentarse como candidato, si no también sobre la comunidad, que puede verse privada de una opción electoral a partir de una condena que es pasible de ser revertida”, sentenció.
Según lo expuesto durante el encuentro, propuestas que siguen el lineamiento de la Ficha Limpia fueron aprobadas a nivel provincial en Salta, Mendoza, Chubut y Jujuy. Cabe recordar que en el 2020, en el Parlamento porteño se alcanzaron 39 votos a favor del proyecto, quedando a un solo sufragio positivo del primer paso del cambio legal en la Ciudad.
Por su parte la diputada provincial de Mendoza María José Sanz (UCR) explicó que, tras la implementación de la Ficha Limpia en su provincia, 12 personas fueron inhabilitadas para presentarse a elecciones, hecho que fue celebrado en el salón como un triunfo republicano.
En el debate también estuvieron presentes los legisladores Diego García Vilas, Natalia Fidel, Cecilia Ferrero (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev); los diputados nacionales Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago, Silvia Lospennato, entre otros.
El municipio es uno de los primeros en aprobar esta iniciativa que prohíbe asumir cargos públicos en el ejecutivo municipal si tienen condenas por delitos.
El Concejo Deliberante de Tres de Febrero aprobó el proyecto de Ficha Limpia: desde ahora, no se le permitirá ejercer cargos públicos en el ejecutivo municipal a quienes se encuentran condenados por delitos contra la administración pública.
El distrito es el primero de la zona oeste del conurbano en implementarlo y se suma a San Isidro, municipio en el que ya se encuentra vigente. Es impulsada por los diputados nacionales Ritondo y Lospennato junto a la Coalición Cívica. “Hoy en Tres de Febrero se votó por más transparencia y calidad institucional”, expresó al respecto el intendente Diego Valenzuela.
Así, quienes asuman un nuevo cargo tendrán que presentar un certificado de antecedentes penales para poder acceder al puesto. “La corrupción es una de las principales causas del atraso de los países y, sobre todo, perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad”, detalló Valenzuela.
Además, el mandatario bonaerense fue certero sobre el objetivo de esta iniciativa. “La justicia en el ámbito del servicio público es determinante para tener una democracia sana y fuerte”, reflexionó. Y cerró: “Debemos cuidar lo logrado en estos años de claridad y compromiso. El pasado nos debe servir de enseñanza para un futuro mejor”.
La iniciativa propone que quienes asuman cargos públicos no tengan condenas por delitos, y es impulsada por los diputados nacionales Cristian Ritondo y Silvia Lospennato junto a la Coalición Cívica.
El intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela presentó un proyecto de Ficha Limpia, con el que busca “avanzar hacia un Estado cada vez más transparente”. La nueva ordenanza municipal fue presentada para su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante local. El proyecto no le permitirá ejercer cargos públicos en el Ejecutivo municipal a quienes se encuentran condenados por delitos contra la administración pública.
De aprobarse, el distrito del oeste será el primero de la provincia de Buenos Aires en sumarse a esta resolución impulsada por los diputados nacionales Cristian Ritondo y Silvia Lospennato junto a la Coalición Cívica. “Asumimos el compromiso y queremos ser pioneros porque es fundamental que nuestra democracia sea transparente”, expresó al respecto Valenzuela.
Así, quienes asuman un nuevo cargo tendrán que presentar un certificado de antecedentes penales para poder acceder al puesto. “La corrupción es una de las principales causas del atraso de los países y, sobre todo, perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad”, agregó el intendente.
Por su parte, la diputada Lospennato celebró la presentación del proyecto en Tres de Febrero: “Felicitaciones intendente Diego Valenzuela, si hay voluntad política se puede avanzar con la Ficha Limpia en los municipios de PBA”.
El mandatario del oeste bonaerense fue claro sobre el objetivo de esta iniciativa. “La justicia en el ámbito del servicio público es determinante para tener una democracia sana y fuerte”, reflexionó. Y cerró: “Debemos cuidar lo logrado en estos años de claridad y compromiso. El pasado nos debe servir de enseñanza para un futuro mejor”.
“Las boletas de candidatos no deben ser una bolsa de delincuencia”, sostuvo el presidente del bloque, Cristian Ritondo.
Diputados del Frente Pro presentaron este martes su proyecto de ley de Ficha Limpia según el cual quienes ocupen cargos políticos no tengan condenas confirmadas por delitos de corrupción.
El presidente del bloque y exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, alentó la sanción de esa iniciativa no solo a nivel nacional, sino también en “la Legislatura bonaerense y en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires para que sean ordenanza y las listas de candidatos en ningún distrito sean una bolsa de delincuencia”.
En el marco de una conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco del Congreso de la Nación, Ritondo consideró que actualmente la relación de fuerzas en el Congreso permitiría la sanción del proyecto. Aunque, explicó que “si bien tenemos una oportunidad inmejorable, no depende solamente de la voluntad de Juntos por el Cambio, sí de otros bloques de la oposición, que seguramente acompañarán este proyecto. Hay que entender que no es un proyecto contra nadie. Por eso, es ilógico que haya quiénes estén en contra de la Ficha Limpia”.
La diputada Silvia Lospennato afirmó: “Queremos que quienes ocupen cargos políticos no tengan condenas confirmadas por delitos de corrupción y agregó: “queremos que Ficha Limpia sea ley a nivel nacional, en la PBA y en todos los municipios para elevar el estándar ético de quienes ocupan cargos políticos en representación de los ciudadanos”.
Por su parte, el diputado nacional Pablo Tonelli destacó que “el Congreso tiene una enorme deuda con la sociedad y la democracia. Es hora de frenar la erosión de las instituciones y el avance de la corrupción y la impunidad en Argentina. Ficha limpia es una gran herramienta para comenzar a saldar esa deuda”.
A su vez, la diputada Graciela Ocaña afirmó que “es nuestra obligación transparentar la política de una vez por todas. La calidad personal e institucional para poder ser elegidos. Los cargos electivos no pueden ser aguantaderos para nadie”.
A su turno, la diputada provincial Noelia Ruiz sostuvo que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener Ficha Limpia en la Provincia de Buenos Aires. No vemos impedimentos para que no salga. Provincias como Chubut, Mendoza, Salta y Jujuy ya la tienen, y esta es una deuda urgente para nosotros, junto con Boleta Única”.
El diputado provincial Alex Campbell opinó: “Junto a Cristian Ritondo y Silvia Lospennato en el Congreso, y con los proyectos de Walter Lanaro y Noelia Ruiz en la Legislatura bonaerense impulsamos una campaña de Ficha Limpia en los 135 municipios de la Provincia. Firmamos porque queremos una política más transparente en la PBA”
Luego el senador provincial Walter Lanaro señaló que “la presentación del proyecto de Ficha Limpia a nivel nacional marca un hito muy importante. Es el inicio de una transformación histórica para la política, de un cambio que los argentinos nos debemos hace demasiado tiempo. Las listas electorales no pueden ser un aguantadero. Los candidatos o funcionarios, aquellos que van a gestionar los recursos de los argentinos, no pueden tener condenas por corrupción o delitos dolosos. Es algo tan simple que parece irreal que, todavía, nuestro sistema habilite esas prácticas”.
Participaron de la conferencia de prensa en el salón blanco del Congreso los diputados nacionales y provinciales que impulsan ficha limpia en sus respectivos distritos.
El encuentro será este martes a las 9.15 y tendrá lugar en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. La iniciativa ya rige en cuatro provincias argentinas.
El bloque de diputados nacionales del Frente Pro y legisladores de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio convocó a una conferencia de prensa para este martes 3 de mayo a las 9.15 que se llevará a cabo en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados.
En la reunión se referirán al proyecto de “Ficha Limpia” que establece que las personas condenadas por corrupción y delitos dolosos no puedan integrar listas a cargos electivos. Esta reforma es respaldada por más de 400 mil ciudadanos que firmaron la petición de Change.
Cabe destacar que dicha iniciativa rige en cuatro provincias argentinas: Mendoza, Chubut, Salta y Jujuy.
Eso expresó el jefe del bloque Pro en Diputados en el lanzamiento de la campaña “Ficha Limpia” en Ensenada. Estuvo acompañado por la secretaria parlamentaria del interbloque JxC, Silvia Lospennato y otros dirigentes políticos.
El presidente del bloque Frente Pro de la Cámara de Diputados y exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, participó este lunes del lanzamiento de la campaña “Ficha Limpia” en el partido de Ensenada a la que adhirieron con su firma vecinos y comerciantes.
“El reclamo ético de la sociedad debe ser escuchado y los dirigentes tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias. Este proyecto trasciende los partidos, pero no la grieta”, fundamentó Ritondo.
Seguidamente, el exministro de Seguridad bonaerense explicó que “desde Juntos por el Cambio, en el Congreso también impulsamos la Ley de Ficha Limpia por convicción y decisión para mejorar la calidad de la democracia y terminar con privilegios éticamente abominables. Porque las listas de candidatos no pueden ser un aguantadero de condenados que buscan impunidad y fueros”.
Por su parte, la diputada nacional y secretaria parlamentaria del interbloque JxC, Silvia Lospennato, afirmó: “Vinimos a Ensenada a acompañar la iniciativa de Ficha Limpia a nivel local. Queremos que quienes ocupen cargos políticos no tengan condenas confirmadas por delitos de corrupción”.
Y concluyó: “Queremos que Ficha Limpia sea ley a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios, para elevar el estándar ético de quienes ocupan cargos políticos en representación de los ciudadanos”.
La iniciativa propone que las personas que estén condenadas en segunda instancia no puedan ocupar cargos electivos, y ha sido obstruida en el Congreso –en reiteradas oportunidades- por la bancada kirchnerista.
Además de Lospennato, acompañaron a Ritondo, las diputadas nacionales María Luján Rey y Gabriela Besana, el diputado provincial Alex Campbell, el senador provincial Walter Lanaro, las concejalas de Ensenada Carolina Dil y Fernanda Ivelli, los ediles de Berisso Pablo Swar y Jorge Marc Llanos, sus pares Gerardo Landa (Punta Indio), Martín Fontana (Magdalena) y el extitular de la Oficina Anticorrupción bonaerense, Luis María Ferella. También acompañaron concejales de San Vicente, Presidente Perón y Cañuelas.
De esta manera se convirtió en la cuarta provincia en la que los condenados no pueden ser candidatos. La ley ya fue aprobada en Mendoza, Chubut y Salta.
La Cámara de Diputados de Jujuy aprobó este jueves el proyecto de ley de “Ficha Limpia” que establece que quienes tengan doble sentencia con condena no podrán ser candidatos para cargos electivos mientras dure la pena o su eventual revocación. El proyecto fue celebrado por el gobernador radical, Gerardo Morales, quien destacó: “Mejora la calidad democrática”. De esta manera, Jujuy se suma a Mendoza, Chubut y Salta, donde ya rige la ley de Ficha Limpia.
Durante el debate en el recinto y con la presencia de 43 diputados quedó establecido que ciudadanos condenados no puedan acceder a cargos electivos. Asimismo, la aprobación de esta ley modifica el artículo 49 de la Ley Orgánica de los partidos políticos y el artículo 39 del Código Electoral de Jujuy.
“Los candidatos y candidatas deberán ser electores hábiles y reunir las condiciones que establece la Constitución nacional, provincial y Código Electoral provincial como los que exige también la ley orgánica de los partidos políticos; no podrán ser candidatos o candidatas a cargos electivos provinciales, municipales y de comisiones municipales los condenados o las condenadas por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena o su eventual revocación”, señala la normativa sancionada.
Los delitos quedaron establecidos en nueve incisos:
A través de esta normativa, de tres artículos, “el candidato o la candidata al momento de la aceptación del cargo ante el Tribunal Electoral y de solidaridad con la plataforma electoral o programa político de su partido, deberá indicar que no está bajo impedimento por haber sido condenado o condenada por algunos de los delitos antes descriptos, teniendo la misma fuerza de declaración jurada”.
Además, señala que, “en caso de no cumplimentarse ese requisito, se considerará como no oficializado el candidato o candidata e impedidos para participar en el acto electoral”.
“Los derechos no son absolutos, son relativos, y se ejercen conforme la ley que reglamente su ejercicio y lo que se está haciendo acá es modificar el Código Electoral de la provincia y uno de los artículos de la ley orgánica de los Partidos Políticos, lo cual es nuestra función y obligación”, expresó la diputada radical Gabriela Burgos, cuya bancada presentó el proyecto.
Por su parte, el diputado del Frente de Todos/PJ Rubén Rivarola, sostuvo que le parece “bien que se avance en una ficha limpia”. “El que tiene una condena me parece perfecto que no sea candidato y no represente al pueblo, pero no estoy de acuerdo en que sigamos hablando tan mal de la política y me sorprenden algunas expresiones porque se habló de guarida en el recinto”, manifestó.
Y agregó: “No somos tan malos en la política, nosotros cada cuatro año renovamos, no tenemos un cargo para toda la vida y el que está hace mucho tiempo es porque sale y trabaja, da la cara”.
Por su parte, el gobernador de la provincia ponderó en Twitter: “Con la aprobación del proyecto Ficha Limpia en Jujuy, seguimos implementando acciones concretas que mejoran la calidad democrática y que son adecuadas para impulsar la transparencia en la Argentina. Agradezco a los legisladores por su trabajo y por su compromiso democrático”.
ley-6271-ficha-limpia-La legisladora radical había presentado la iniciativa hace dos años junto al diputado Menna. “La corrupción es una de las principales causas del atraso de los países”, fundamentó.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) confirmó que están representando el proyecto de ficha limpia que fue presentado junto al diputado Menna en 2020, “con la finalidad de introducir un supuesto de inhabilidad para precandidaturas y candidaturas a cargos electivos para quienes hayan resultado condenados en primera instancia por hechos de corrupción.”
“Se propicia también la modificación del Código Nacional Electoral en su artículo 60 bis, con la finalidad de incorporar como una de las atribuciones del juez con competencia electoral a la hora de oficializar una precandidatura o candidatura, la de verificar la inexistencia de condenas penales de las previstas como inhabilitantes. Inhabilidad que se propone se extienda también a la elección o designación para el ejercicio de cargos partidarios”, explicó la legisladora santacruceña.
Además, sostuvo: “La corrupción es una de las principales causas del atraso de los países y perjudica a sectores más postergados y vulnerables de la sociedad. Argentina está especialmente afectada por una crisis de corrupción estructural y sistémica, con multiplicidad de funcionarios y ex funcionarios encausados por hechos de esta naturaleza, es por ello que las normas electorales y de partidos políticos deben impedir que sean parte de la competencia electoral y eventualmente integrantes de cargos de representación popular, aquellas personas en conflicto con la ley penal por, cuanto menos, delitos dolosos por hechos de corrupción”.
“Los delitos cuya condena no firme ratificada en segunda instancia que provocarán la inhabilitación , propuestos por este proyecto son los delitos contra la seguridad de la Nación; los delitos contra los poderes públicos y orden constitucional; los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y los delitos previstos contra el orden económico y financiero”, argumenta en la iniciativa.
En tanto, Reyes concluyó: “En nuestro país, el dictamen emitido en la Cámara de Diputados de la Nación, fue también producto de una iniciativa auspiciada por un grupo de ciudadanos liderados por el profesor Gastón Ignacio Marra en la plataforma www.change.org que ha reunido hasta el momento casi doscientas cincuenta mil firmas de adhesión. Tenemos un compromiso y la convicción de que se trata de una causa justa que permitirá mejorar las instituciones de la República, por eso presentamos este proyecto de ley, y seguiremos luchando por ‘Ficha Limpia’ en nuestro país”.
Acompañaron este proyecto los diputados Mario Negri, Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Julio Cobos, Fernando Carabajal, Hugo Romero, Marcos Carasso, Miguel Bazze, Soledad Carrizo, Pedro Galimberti, Juan Martín Musacchio y Ximena García.
El diputado del Pro presentó un proyecto para que los condenados por delitos penales, corrupción o fraude no puedan ocupar cargos en los gremios.
El diputado nacional Héctor Stefani (Pro) presentó un proyecto de ley para que los condenados por delitos penales, corrupción o fraude, no puedan ocupar cargos en las organizaciones sindicales, en línea con la iniciativa “ficha limpia” -referida a la prohibición para ser candidatos a cargos electivos-.
“La corrupción se ha enquistado en muchísimas esferas de nuestra sociedad y es una de las razones principales por las que nuestro desarrollo económico, político e institucional se encuentra completamente erosionado”, sostuvo el legislador, que apuntó: “Y los sindicatos no son ajenos a este diagnóstico, por eso es fundamental legislar sobre ellos también”.
El fueguino consideró que “los trabajadores tienen que ser representados por personas honestas e idóneas. Exigir que los cargos, tanto en la política como en las organizaciones sindicales, sean ocupados por personas sin causas en la Justicia va a fortalecer nuestra sociedad y nuestra democracia”.
“Un dirigente gremial rico, que representa trabajadores pobres y encima tiene causas abiertas a las cuales responder, no puede ser el modelo de sus representados”, remarcó el macrista.
En ese sentido, explicó que el fin del proyecto es “proveer de herramientas que asistan al sindicalismo y a los trabajadores para luchar contra la corrupción”, algo que definió como “un cáncer que debemos erradicar”.
“Los sindicatos constituyen un actor social fundamental en nuestra democracia y en la vida de sus afiliados. Preservar a los gremios y garantizar su transparencia es vital para los derechos de los trabajadores”, continuó.
Además, Stefani, candidato a renovar su banca en las elecciones del próximo domingo, señaló: “Sin ir más lejos, es interesante tomar como modelo el ‘caso Toyota’, una muestra de cómo adecuar la relación con los trabajadores a las necesidades que la coyuntura impone, y ayudar al beneficio común”.
“El sindicato mecánico, conducido por Ricardo Pignanelli, y las autoridades de la automotriz, mantienen una relación de colaboración y diálogo que le permitió a la compañía ser líder del mercado, ser la que más produce y la que más exporta”, destacó.
Finalmente, el diputado expresó que su proyecto “fue acompañado por más de 20 diputados de distintos partidos y se adapta a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la lucha contra la corrupción en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”.
La Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto que prohíbe la candidatura de personas condenadas por corrupción.
La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó la Ley de Ficha Limpia, que establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia -mientras dure la condena- por delitos asociados a la corrupción y los que van en contra de integridad sexual.
Tras haberse agotado la doble instancia de revisión entre ambas Cámaras, Diputados no aceptó las modificaciones del Senado e insistió con su sanción original. El único voto negativo fue del diputado del PO, Claudio del Plá.
Durante el debate, la legisladora -y exsenadora nacional- Cristina Fiore destacó que esta ley se diferencia de la sancionada el año pasado en Mendoza, al establecer la sentencia en segunda instancia, sin dejar de lado la presunción de inocencia.
En parelelo al debate en Salta, en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación este martes, la macrista Silvia Lospennato pidió un apartamiento del reglamento para tratar el proyecto de ficha limpia, pero resultó rechazado.
El proyecto que impide ser candidatos a los condenados por delitos dolosos contra el Estado no contó con el apoyo suficiente para ser incorporado al debate.
El primer apartamiento de reglamento de esta extensa jornada en Diputados fue presentado por la diputada del Pro Silvia Lospennato, para tratar el proyecto de ficha limpia, que propone que una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para prohibir ser candidatos a las personas condenadas por delitos dolosos contra el Estado.
Lospennato contó que la primera vez que presentó ese proyecto fue en 2015, y así lo hizo varias veces más. La vez que alcanzó a ser tratado en Asuntos Constitucionales y consiguió despacho de comisión, los constitucionalistas que asistieron a la misma recomendaron que la condena fuera confirmada en segunda instancia y aclararon que no era necesario esperar una condena definitiva.
Lospennato recordó que “pese a que fuimos subiendo el requisito de certeza respecto del acto ilícito que se le imputa a la persona imputada por este cargo ilícito, no logramos que fuera tratado”.
Con todo, anticipó que insistirán con el tema: “No perdemos la esperanza de que algún día este tema sea tratado en comisión”.
Para que el apartamiento de reglamento prosperara necesitaba las ¾ partes de los presentes, que previsiblemente no se alcanzó: hubo 116 votos a favor, 117 en contra y dos abstenciones.
A continuación, Graciela Camaño se quejó porque el proyecto, dijo, “debió ser aprobado en la gestión anterior”, cuando tenían el número. Recordó que el proyecto tuvo media sanción pero fue frenado en el Senado “por quien ustedes llevaron como candidato a vicepresidente”, en referencia a Miguel Pichetto.
La precandidata del Frente de Todos consideró que esa ley no debe existir sin antes rever la Justicia, y el radical mendocino expresó que no le sorprende la postura de la dirigente.
El diputado nacional Luis Petri (UCR) le respondió a la precandidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, quien se refirió al proyecto de ficha limpia, que busca que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos, y consideró que esa ley no debe existir sin antes rever la Justicia.
“No me sorprende que Tolosa Paz no quiera #FichaLimpia. El Frente de Todos siempre se opuso y la rechazó, por eso hoy no tenemos ley”, sostuvo en su cuenta de Twitter el radical, sobre un tema que se debatió en el Congreso durante la gestión anterior pero no avanzó.
Más recientemente, en noviembre pasado, el proyecto se puso sobre la mesa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio enfatizó sobre su apoyo a que avance la ley, pero el Frente de Todos dejó sentado su rechazo.
El mendocino agregó: “El 12 de septiembre tenemos la oportunidad de decirles que la mayoría de los argentinos sí queremos ficha limpia en el país!”.
En declaraciones al canal A24, Tolosa Paz expresó: “El proyecto no lo vi desarticulado, pero no estoy de acuerdo porque el espíritu de eso refleja un paso que la Argentina tiene que discutir antes: quién juzga, quién imputa y quién procesa”.
“Sobre un sistema judicial que suele imputar y procesar bajo denuncias según el calor (sic) político, creo que nos conviene discutir qué Justicia nos merecemos para luego, con esas certezas, avanzar con todo lo demás. Si no, estaríamos limitando la participación democrática de hombres muy capacitados que han sido víctimas de la persecución”, señaló.
En ese sentido, la dirigente oficialista consideró que si existiera esta norma su compañero de lista Daniel Gollan “no podría haber sido candidato”, en referencia a que se encontraba procesado (no condenado, aunque JxC quiere que la ley abarque a los procesados) en la causa por irregularidades en el Plan Qunita, de la que igualmente fue sobreseído una semana antes del cierre de listas.
“Estamos ante una debilidad de la Justicia que puede ser utilizada para limitar la participación democrática de hombres muy formados y honestos. Pongo el caso de Gollan porque a mí me sorprendió el ataque que sufrieron él, Nicolás Kreplak -hoy ministro de Salud bonaerense- y el equipo”, replicó la precandidata e insistió: “Si esa ley estuviera vigente, Gollan no hubiera podido acompañarme en la lista. Por eso creo que puede discutirse después de que discutamos qué Justicia queremos”.
El proyecto había sido impulsado por el diputado de Vamos Juntos Gastón Blanchetiere, quien encabezó un acto a través del cual se entregó un petitorio virtual que lleva la firma de 360 mil vecinos de la Ciudad pidiendo que se avance con su tratamiento.
El legislador de Vamos Juntos y autor del proyecto de ley sobre fichan limpia, Gastón Blanchetiere, presentó en la Legislatura de la Ciudad un petitorio virtual firmado por más de 360 mil personas, quienes pidieron que se avance con las modificaciones al Código Electoral de la Ciudad.
En ese sentido, el oficialista explicó que “este proyecto representa la voluntad de muchísimos ciudadanos, es un honor que la Legislatura reciba este petitorio” y durante el acto resaltó que la ficha limpia “forma parte de un paquete integral de medidas que fomentan la transparencia en las instituciones del Estado”.
La iniciativa de ley ficha limpia” –la modificación del código electoral de CABA ( Ley 6031)- está basada en una iniciativa ciudadana promovida por Gastón Marra, que cosechó casi 400 mil firmas en el sitio Change.org (un récord en Argentina) y busca impedir “que cualquier persona que tenga condena o condena confirmada por otro tribunal superior pueda ser candidata a cargos de elección popular”.
Este proyecto fue retomado e impulsado en el Congreso de la Nación por las diputadas Graciela Ocaña, Karina Banfi y Silvia Lospennato, entre otras legisladoras. En la Ciudad de Buenos Aires “Ficha Limpia” fue presentado desde Confianza Pública por el diputado Gastón Blanchetiere, en coautoría de los legisladores Sol Mendez, Natalia Fidel y Diego García Vilas (VJ).
En el encuentro en que se presentó el petitorio también participó el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ); el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes; el creador de la iniciativa en el sitio Change.org, Ignacio Marra; además de periodistas, funcionarios, referentes de distintas Fundaciones y ciudadanos que apoyan el expediente.
Con 36 votos afirmativos, el Parlamento aprobó la iniciativa que busca evitar que quienes tengan condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Así el proyecto vuelve a la Cámara baja en segunda revisión.
Con 36 votos afirmativos, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó el proyecto de Ficha Limpia, que apunta a evitar que quienes tengan una condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Así la iniciativa vuelve a la Cámara baja en segunda revisión.
La propuesta viene analizándose hace varias semanas luego de que Diputados la aprobara a mediados de septiembre. Fue la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) quien emitió dos despachos, uno en mayoría y otro en minoría, y se acordó en conjunto con la oposición, la incorporación de otros delitos para darle mayor amplitud a los condicionantes. Así fue que estos despachos llegaron al recinto de sesiones para darle aprobación.
El proyecto fue impulsado por los diputados María José Sanz y José Orts, e introduce modificaciones a la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. Además, se incorporó al articulado el texto de otra iniciativa promovida por el diputado del Pro Gustavo Cairo, que modifica a Ley de Ética Pública.
La iniciativa busca frenar a quienes estén condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, para que puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas. De esta manera, Mendoza se encamina a ser la primera provincia del país, en contar con una ley de esta naturaleza.
Así, se incorporan nuevos delitos que impedirían la postulación a un cargo electivo y se agrega el artículo 17 bis a la Ley 2.551 –Ley Electoral de la provincia – estableciendo que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales en violación a lo establecido por la normativa en estudio.
En tanto, el proyecto elaborado por el representante del Pro Gustavo Cairo establece que los funcionarios de los Poderes Ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.
Por impulso de Juntos por el Cambio, la Comisión de Asuntos Constitucionales empezó a tratar alrededor de 15 iniciativas, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a la función pública.
A pedido de Juntos por el Cambio, comenzaron a debatirse este martes en la Cámara de Diputados alrededor de 15 proyectos de ley de “ficha limpia”, que buscan que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos.
La discusión se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo González (Frente de Todos), donde el oficialismo rechazó las iniciativas, luego de que en 2019 fracasara el tratamiento en el recinto por falta de quórum.
Tras ese intento fallido, Juntos por el Cambio recurrió al artículo 109 del reglamento de la Cámara baja, que indica que a pedido de por lo menos tres diputados la comisión debe someter a tratamiento los temas solicitados.
Así, González se vio obligado a incluir los proyectos en el temario, pero decidió retrasar el dictamen y encomendó a los asesores de la comisión trabajar para unificar los distintos textos presentados.
Silvia Lospennato (Pro), autora de uno de los proyectos, destacó que la ficha limpia “ha movilizado a una enorme cantidad de ciudadanos en todo el país a través de una petición en Change.org organizada por el ciudadano Gastón Marra”, que lleva más de 366.000 firmas.
Lospennato explicó que su iniciativa busca “evitar que personas que hayan cometido delitos por corrupción, que aun sin sentencia firme hayan sido revisados en segunda instancia, puedan convertirse en candidatos para cargos públicos nacionales”.
La legisladora aclaró que se trata de una “inhabilidad temporal”, desde que se dicta la condena hasta el final, o bien hasta que sea revocada en una instancia superior.
“Esta es una garantía adicional para la República y para la administración del erario público”, sostuvo Lospennato, y agregó que su proyecto “no es proscriptivo ni discrimina”.
Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal), expresó: “La experiencia brasilera me llevó a indagar sobre el tema y a corroborar que si efectivamente tenemos una Constitución que califica de ‘infames traidores a la Patria’ a quienes cometen algún tipo de delito en la función pública, no podíamos no animarnos a legislar en torno a este tema”.
Camaño cuestionó que la última vez que se trató el tema fuera en la previa de las PASO, y celebró que se haya puesto ahora a consideración, para que la ley comience a regir en la elección parlamentaria del año que viene.
En tanto, el radical Gustavo Menna advirtió que “hay un vacío legal” ya que “la legislación electoral y la de partidos políticos no establece inhibiciones para las candidaturas, sino que lo hace por la vía de la remisión al Código Electoral, que lo trata desde las inhibiciones al elector”.
“Que una persona condenada quede fuera de la competencia electoral es un vacío notorio de nuestra legislación que nos obliga a incursionar en el tema, porque además hay mandatos constitucionales y compromisos internacionales asumidos en la materia”, señaló Menna.
El artículo 36 de la Constitución Nacional establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Otra radical, Brenda Austin, dijo que “no hay dudas de que el marco constitucional permite avanzar en una restricción para ser elegido a aquel que tiene una condena, aun en primera instancia” y no en segunda, como propone Lospennato.
Austin argumentó que en el caso de los delitos de lesa humanidad, “solo con un auto de procesamiento” es suficiente para inhabilitar la candidatura, y esa reforma, aprobada en 2009, “ha pasado los test de constitucionalidad”.
A su vez, la cordobesa recordó que la Ley de Empleo Público exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, y “si la persona tiene un proceso penal abierto -no una condena- contra la Administración Pública, no puede entrar, y sin embargo aquella persona que se postula para ser su jefe sí puede”, lo que significa “una violación al principio de idoneidad y de igualdad”.
Pablo Tonelli (Pro) enfatizó, por su lado, que “existe un mandato constitucional muy claro y muy explícito para el Congreso”. “Más importancia que ésta, no puede tener un tema. No podemos desoír el mandato constitucional ni el pedido de tantos argentinos que reclaman que el Congreso trate el proyecto de ficha limpia”, insistió.
Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que “el Congreso ha sido refugio de delincuentes a través de los fueros”.
“Con procesos tan largos, muchos funcionarios van a permanecer con fueros en las dos Cámaras, y eso no está bien para reconciliarnos con la sociedad, en momentos donde hay tanta intolerancia sobre la política”, manifestó, y remató con un mensaje al oficialismo: “No les pido que se hagan cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sí de Carlos Menem”.
Desde el Frente de Todos, Gabriela Cerruti alertó que “en Brasil la ficha limpia permitió que un juez persiguiera y encarcelara a un presidente (Lula Da Silvia) que era candidato a presidente para terminar siendo ministro de Justicia del gobierno que dio el golpe. Si hay un lugar donde no funcionó la ficha limpia, donde fue un instrumento del golpe de Estado, fue en Brasil”.
Asimismo, Martín Soria habló de “acting publicitario” de la oposición y recordó que “este proyecto ya tuvo su oportunidad en 2019, cuando cinco días antes de las PASO lo llevaron al recinto y quedaron solos despotricando y bajándole el estándar a un principio constitucional básico, como es el de la inocencia”.
“¿Será que pretenden resolver su propia interna en esta comisión?”, se preguntó el rionegrino, al apuntar que Mauricio Macri “tiene más de 114 causas penales en su contra y fue el único presidente que asumió procesado”.
Leopoldo Moreau coincidió con Cerruti en que “es muy mal ejemplo traer el caso de Brasil como antecedente: ese fue un accionar repudiable que impidió que un hombre como Lula Da Silva, que cambió la historia de Brasil, pudiera competir en una elección. Y lo hizo un juez que confesó que había condenado a Lula porque tenía la íntima convicción de que era un corrupto, por un departamento cuyo valor es equivalente al de un departamento en Caballito, y que nunca se comprobó que fuera de Lula”.
Antes del debate sobre ficha limpia, la comisión también aprobó por unanimidad dos proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A pedido de la oposición, las iniciativas fueron incorporadas en el temario. Por otra parte, el Frente de Todos buscará dictamen del proyecto para declarar 24 capitales alternas, con media sanción del Senado.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el santacruceño Pablo González (FdT), tratará este martes proyectos sobre “ficha limpia”, en relación a modificar la Ley de Partidos Políticos para prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos.
Las iniciativas corresponden a los legisladores de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato (Pro), Gustavo Menna, Luis Petri, Carla Carrizo y Brenda Austin (UCR), y fueron incorporadas en el temario a pedido precisamente de la oposición, mediante el artículo 109 del reglamento.
El año pasado, el exinterbloque Cambiemos intentó sin éxito aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. Fue durante el mes de noviembre, antes del recambio presidencial. El oficialismo de ese momento no consiguió el quórum sin apoyo del kirchnerismo.
Pablo Tonelli (Pro), quien fue presidente de la comisión hasta diciembre de 2019, explicó que “el proyecto apunta a que aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, contra el Estado y la administración pública, y que tengan condena confirmada en segunda instancia, queden inhabilitadas para ser candidatos a cargos públicos, cosa que hoy en día no ocurre”.
“Propiciamos que quienes atenten contra el sistema democrático de acuerdo con lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional no puedan ser candidatos y desempeñarse en cargos electivos”, precisó.
Tonelli recordó que “se trata de una iniciativa ciudadana que tomamos un grupo de diputados y discutimos en profundidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2018 y 2019, hasta acordar un dictamen que llevamos al recinto en una sesión especial”.
“En dicha oportunidad no se obtuvo el quórum necesario por falta de apoyo del actual oficialismo. Lamentamos esa situación y esperamos que en esta ocasión podamos llevar adelante el trámite parlamentario necesario para que este proyecto se convierta en ley y finalmente dar un gran paso en la lucha contra la corrupción y el delito”, resaltó el legislador.
Capitales alternas
Por otra parte, en la reunión citada para las 13 el Frente de Todos buscará el dictamen del proyecto con media sanción del Senado que declara 24 capitales alternas en todo el país, enviado por el Poder Ejecutivo.
Según el texto, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros/as, secretarios/as, funcionarios/as de Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias.
Asimismo, se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.
De acuerdo a la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.
Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. Y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.
El artículo 6 del texto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.
Las 24 capitales alternas serán: La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).
Otros proyectos
También se tratarán proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Ley 24.632-; y Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además se pondrá a consideración un pedido de informes presentado por diputados de la Coalición Cívica, dirigido a los ministros Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Sabina Frederic (Seguridad), en relación a “las medidas adoptadas para combatir los incendios que se producen en distintos puntos del país”.
La presidente del bloque de concejales de JxC Ana Clara Romero presentó el proyecto que busca que personas condenadas por delitos penales dolosos, no puedan ser candidatos ni ser designados en cargos políticos en el municipio.
La presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Comodoro Rivadavia, Chubut, Ana Clara Romero, anunció que, desde el bloque, presentaron el proyecto que busca que personas condenadas por delitos penales dolosos, no puedan ser candidatos ni ser designados en cargos políticos en el municipio.
El proyecto presentado por Juntos por el Cambio, trabajado en línea con la concejal de Madryn de JxC María Eugenia Domínguez, es impulsado desde el año 2019 a nivel nacional para que sea tratado en el Congreso de la Nación. Hace unas semanas un proyecto similar fue aprobado por la Legislatura de la provincia de Mendoza, al igual que se impulsa su tratamiento en otros distritos del país como Neuquén, Buenos Aires o Puerto Madryn.
En concreto, el proyecto establece que “no pueden ser candidatos personas condenadas por delitos dolosos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, el orden económico y financiero, puedan ser candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos municipales o ser designados para ejercer cargos públicos en el municipio de Comodoro Rivadavia”.
También se prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia, por la comisión de estos delitos, puedan ser designados secretarios, subsecretarios, delegados, directores generales y/o cualquier personal político del poder ejecutivo municipal.
“Quienes sean funcionarios son servidores públicos y deben sostener una ética en su conducta, por ello no pueden tener conflicto con la ley penal”, expresó Romero. “Solo así construiremos instituciones fuertes y la comunidad volverá a confiar en sus representantes”, continuó la concejal, que manifestó que ahora espera el tratamiento del proyecto que fue presentado en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.
La diputada nacional sostuvo que el proyecto “tiene que ser una causa de todos los argentinos porque tienen derecho a conocer los antecedentes de los candidatos y su situación frente a la ley”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña señaló que el proyecto de Ficha Limpia “tiene que ser una causa de todos los argentinos porque tienen derecho a conocer los antecedentes de los candidatos y su situación frente a la ley”.
Durante un conversatorio virtual denominado “La Transparencia al Centro” a través de la plataforma Zoom, la legisladora por Confianza Pública advirtió que “estamos convencidos de que si un país no se centra en la transparencia está condenado al atraso y la desigualdad”.
“El proyecto de Ficha Limpia ha tenido alta aceptación para mejorar la ética pública en el país, ya lo presentamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que esperemos siga los pasos de Mendoza “, indicó Ocaña y agregó que “tengo un compromiso muy importante con la sociedad civil y lo más de 360 mil argentinos que firmaron la petición”.
Del encuentro en el que participaron más de 200 ciudadanos, expusieron además el ex juez brasileño, Marlon Reis; el constitucionalista Alejandro Fargosi; la doctora Marta Oyhanarte; la periodista Fanny Mandelbaum; los diputados nacionales Gustavo Menna, Brenda Austin; los diputados provinciales María José Sanz (Mendoza), Marcelo Cossar (Córdoba) y el impulsor de Ficha Limpia Gastón Marra.
“La sociedad exige acciones que demuestren que nos debemos a ella”, manifestó la senadora respecto a su proyecto que busca prohibir las candidaturas de quienes tengan una condena por delitos vinculados al perjuicio del Estado.
La senadora nacional por Jujuy Silvia Giacoppo se refirió a su proyecto sobre “Ficha Limpia”, que busca prohibir las candidaturas y ocupación de cargos públicos de quienes tengan una condena por delitos vinculados al perjuicio del Estado. “En la Argentina no todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, destacó.
“Hoy hay varios proyectos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero no conozco un proyecto sobre ficha limpia de ningún miembro del kirchnerismo. Tal vez exista, pero yo no lo he visto”, agregó la legisladora de Juntos por el Cambio.
Giacoppo señala que el proyecto pretende ser “una herramienta para clarificar a la política y no utilizar una banca como refugio para evitar la Justicia. Esa Justicia que, por principio de igualdad, indica que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Lamentablemente en la Argentina no es así, porque no todos los habitantes tenemos los mismos derechos a refugiarnos en una banca para que las causas prescriban, como sucedió con las causas de Menem”.
El proyecto introduce una modificación en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Nº 23.298) incorporando dos nuevos incisos, que tienen por objeto determinar la prohibición para postularse como precandidatos a ocupar cargos públicos en elecciones primarias y generales, cargos públicos electivos nacionales y a cargos partidarios, para todas aquellas personas que fueron sentenciadas por la comisión de alguno de los delitos contenidos en el inciso 5 del artículo 174, y en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, de los Delitos Contra la Administración Pública, del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.
Así, todo aquel que tuviere sentencia firme por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación de sellos y documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y prevaricato; como también aquellos con sentencia por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Capítulo IV de Estafas y Otras Defraudaciones del Código Penal, no podrán acceder a la calidad de precandidatos en elecciones primarias, generales u ocupar cargos públicos.
En el texto se indica que “la soberanía reposa sobre el pueblo de la Nación quien delega en sus representantes la gestión de la cosa común. Así, quien ejerce de gestor de las cuestiones políticas no debería beneficiarse bajo un sistema que no exige la rigurosidad que sus cargos merecen. El principio constitucional de igualdad ante la ley debe con mayor razón ser exigido para el ingreso a los cargos públicos, ello en conjunción con el principio general del derecho, de que, quien puede lo más puede lo menos, debe ser aplicado sin concesiones ni descuidos a la gestión del poder. Hoy vemos qué importancia tiene esto”, señaló Giacoppo en declaraciones al programa “Aire de Noticias” de Radio Mitre.
“La sociedad exige no solo gestos, sino acciones, políticas que demuestren que los servidores públicos tenemos clara conciencia de que el pueblo es soberano y a ellos nos debemos. Las democracias más adelantadas tienen normas éticas y de transparencia hace décadas, convirtiendo la transparencia en una forma de ejercicio del poder y no en una fórmula que se utiliza de manera antojadiza, menoscabando el poder real donde reside la democracia y la República. Es tiempo no solo de adecuar nuestra normativa a los compromisos internacionales asumidos, sino de adecuar nuestra normativa a los compromisos asumidos con nuestros ciudadanos electores”, concluyó la senadora radical, citando fundamentos de su iniciativa.
Los senadores radicales impulsan un proyecto de ley para modificar el artículo 30 de la Ley Orgánica de los partidos políticos y agrupaciones municipales.
Este proyecto propone a través de la modificación de la Ley Orgánica de los partidos políticos y agrupaciones municipales incorporar la prohibición de presentarse a cargos electivos a todas aquellas personas que tengan una condena, quienes que hayan cometido delitos contra la Administración Pública, el orden Económico y Financiero y ciertos delitos contra la Vida, la Integridad Sexual, el Estado Civil y contra la Libertad, previstos en el Código Penal de la Nación.
Esta iniciativa fue presentada por los senadores radicales que integran JxC: Leandro Blanco, Alejandro Celillo, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Maspoli y Emiliano Reparaz.
Se trata, en definitiva, según detallaron de “da respuesta a los reclamos de la sociedad”, a través del diseño de políticas que permitan brindar transparencia a la selección de candidatos, institucionalizando por medio de la cristalización de normas un piso mínimo de referencia sobre las personas que pueden ser elegidas y no sólo mantenernos en la denuncia de situaciones éticamente reprobables.
La particularidad del proyecto de Ley es que busca que sean los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones, las alianzas transitorias constituidas a los fines de participar en elecciones primarias, así como en elecciones generales, las que modifiquen sus cartas orgánicas, actas constitutivas y reglamentos para garantizar que aquellas personas que pretendan postularse a cargos públicos electivos no se encuentren alcanzadas por los supuestos establecidos por la norma.
“La sociedad exige acciones políticas que demuestren que los servidores públicos nos debemos al pueblo”, sostuvo su autora, Silvia Giacoppo.
La senadora nacional por Jujuy Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio) presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley de “Ficha Limpia” que “viene a introducir una modificación en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, incorporando dos nuevos incisos, que tienen por objeto determinar la prohibición para postularse como precandidatos a ocupar cargos públicos en elecciones primarias y generales, cargos públicos electivos nacionales y a cargos partidarios, para todas aquellas personas que fueron sentenciadas por la comisión de alguno de los delitos contenidos en el inciso 5 del artículo 174, y en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, de los Delitos Contra la Administración Pública, del Libro Segundo del Código Penal de la Nación”. El mismo fue acompañado por sus compañeros de interbloque Pablo Blanco, Julio Cobos, Eduardo Costa, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella M. Olalla y Víctor Zimmermann.
Destaca Giacoppo, al fundamentar su proyecto, que “así, todo aquel que tuviere sentencia firme por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación de sellos y documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y prevaricato; como también aquellos con sentencia por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Capítulo IV de Estafas y Otras Defraudaciones del Código Penal, no podrán acceder a la calidad de precandidatos en elecciones primarias, generales u ocupar cargos públicos”.
“Nuestra Constitución Nacional, resalta la senadora, en su artículo 36 determina que atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos y, el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. El artículo 36 pone de manifiesto la vinculación directa de la lesión al orden constitucional mediante actos que importen corrupción en los organismos del Estado y los eleva al nivel de atentados contra el orden democrático. Es importante remarcar esto puesto que entiende que socava la legitimidad de las instituciones públicas”.
El proyecto de Giacoppo modifica, específicamente, el inciso H destacando que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios “las personas condenadas en segunda instancia por los delitos previstos en el inciso 5 del artículo 174, y en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, del Libro II del Código Penal y aquellos que en el futuro se incorporen por leyes especiales en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones nacionales en violación a lo establecido en el presente artículo”.
“Quien ejerce de gestor de las cuestiones políticas no debería beneficiarse bajo un sistema que no exige la rigurosidad que sus cargos merecen. El principio constitucional de igualdad ante la ley debe con mayor razón ser exigido para el ingreso a los cargos públicos, ello en conjunción con el principio general del derecho, de que, quien puede lo más puede lo menos, debe ser aplicado sin concesiones ni descuidos a la gestión del poder”, agrega.
“La sociedad exige no solo gestos sino acciones políticas que demuestren que los servidores públicos tenemos clara conciencia de que el pueblo es soberano y a ellos nos debemos. Las democracias más adelantadas tienen normas éticas y de transparencia hace décadas, convirtiendo la transparencia en una forma de ejercicio del poder y no en una fórmula que se utiliza de manera antojadiza, menoscabando el poder real donde reside la democracia y la República. Es tiempo no solo de adecuar nuestra normativa a los compromisos internacionales asumidos, sino de adecuar nuestra normativa a los compromisos asumidos con nuestros ciudadanos electores”, concluye Giacoppo.
La diputada de Vamos Juntos dialogó con parlamentario.com para analizar el avance de la iniciativa en la Legislatura porteña y remarcó que “es un error en pensar que este tipo de propuestas están dirigidas a un determinado sector político”.
Luego de que en noviembre pasado fracasara en el Congreso el intento de debatir sobre la “ficha limpia” y de que en enero de este año se volviera a presentar el texto en la Cámara Baja, la legisladora de Vamos Juntos Natalia Fidel dialogó con parlamentario.com acerca de la necesidad de contar con ese tipo de normativas e insistió en que no están dirigidas a ningún sector político en particular.
De hecho, la oficialista es una de las diputadas de Confianza Púbica que presentó su propio proyecto sobre “ficha limpia” en la Legislatura porteña. El texto también lleva la firma de Gastón Blanchetiere, Sol Méndez, Natalia Fidel y Diego García Vilas (VJ) y propone la modificación de un artículo del Código Electoral porteño, con el fin de evitar que se presenten a elecciones aquellas personas que tengan procesamientos penales firmes.
Con esta ley se suman -a los supuestos ya contemplados en dicho Código- los delitos contra la Administración Pública; cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito.
-¿Qué posibilidades hay de que el proyecto pueda avanzar este año en el Parlamento o cree que puede seguir los mismos pasos que en el Congreso?
El proyecto de los diputados de Confianza Pública forma parte de un conjunto de proyectos orientados a dar mayor integridad a la función pública que son impulsados por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Es posible tratar de alcanzar los acuerdos necesarios para sancionar leyes que aportan mayor transparencia y buscan combatir la corrupción. El año pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad se comenzó a tratar el proyecto. Esperamos que este año cuando inicie el trabajo parlamentario podamos continuar con el debate.
“Es posible tratar de alcanzar los acuerdos necesarios para sancionar leyes que aportan mayor transparencia y buscan combatir la corrupción”
Es importante escuchar todos los puntos de vista, a los especialistas y especialmente a un sector de la sociedad que demanda medidas concretas en este sentido. Este tema y todos los que estén orientados a dar mayor integridad al proceso electoral son prioridad en nuestro trabajo legislativo y han sido uno de los ejes del gobierno. Consecuencia de ellos fue la sanción del primer Código Electoral lo cual significó un gran ejercicio en la construcción de consensos. Creo que podemos seguir por ese camino.
-¿Cuáles son los principales objetivos que persigue el proyecto de “Ficha Limpia”?
El objetivo del proyecto es evitar que personas que han cometido delitos de corrupción accedan a cargos públicos. Es una limitación temporal del derecho a ser candidato que se extiende desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
Lo que se busca es proteger a las instituciones democráticas y evitar que personas que tienen causas de corrupción puedan acceder a cargos públicos. Es, principalmente, una medida de prevención orientada a evitar que estos hechos se sigan cometiendo. Pero, por otro lado, es una medida que busca restituir la credibilidad en las instituciones democráticas que se han visto dañadas en los últimos años ante tantos hechos de corrupción.
-En el Congreso se intentó debatir una iniciativa similar pero la sesión terminó cayendo. ¿Por qué considera usted que la oposición de ese momento no se presentó al recinto a debatir?
Creo que hay un error en pensar que este tipo de propuestas están dirigidas a un determinado sector político. No es así, la propuesta de Silvia Lospennato, con el apoyo de Graciela Ocaña, pone en igualdad de condiciones a todos los hombres y mujeres que han desempeñado un cargo público y han sido acusados de corrupción sean del partido que sean. No tiene un direccionamiento particular. El argumento que se dio en ese momento es que se quería incluir otros delitos. En ese caso habría que debatirlo en la comisión, creo que todo se puede discutir y podemos lograr los acuerdos necesarios si el objetivo de todos es el mismo: luchar contra la corrupción.
“Hay un error en pensar que este tipo de propuestas están dirigidas a un determinado sector político. No es así”
-¿Por qué es necesario que a nivel nacional y local exista una ley de esta magnitud?
Es necesario que exista la misma legislación en la Ciudad y la Nación para que haya coherencia, de lo contrario puede pasar que una persona acusada de corrupción no pueda ser candidata en la Ciudad pero si a nivel nacional, o a la inversa.
