El presidente Javier Milei adelantó en la Asamblea Legislativa que promoverá una norma que limite la duración de los mandatos sindicales a dos períodos de 4 años cada uno. De forma casi inmediata diversos proyectos fueron presentados -algunos reflotados de años anteriores- que van en la misma línea del anuncio.

Uno de ellos fue impulsado por la diputada radical Roxana Reyes que propone modificar la Ley de Asociaciones Sindicales estableciendo mandatos de cuatro años con el derecho una sola reelección inmediata con el requisito de culminar completamente el mandato anterior, el voto será obligatorio para que todos los trabajadores participen y se garantice mayor transparencia en la elección de autoridades.

“Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible”, fueron las palabras Milei en la apertura de las Sesiones Ordinarias.

Según el proyecto “siguiendo las disposiciones del derecho electoral, las Asociaciones estarán obligadas a convocar a elecciones en un plazo no menor a 90 días de finalizar los mandatos, debiendo realizarse la elección antes de los 20 días de dejar el cargo”.

“Los sindicalistas deberán presentar declaración jurada de sus bienes bajo pena de ser llevados a la justicia y no poder ejercer nunca más un cargo sindical”, plantea.

También incorpora la “Ficha Limpia Sindical” y explicó: “Exigimos requisitos mínimos de idoneidad para llevar adelante la representación de los trabajadores y para que nunca más un condenado por corrupción tenga a cargo la conducción de un sindicato”

Por último, el proyecto incluye la libertad de elección del agente de seguro de Salud para los trabajadores y su grupo familiar. “Ellos son quienes hacen el aporte, por lo que los sindicatos no deben meterse en estas cuestiones”, argumentó la radical.

En línea con lo dicho por el presidente de la Nación @JMilei el pasado viernes 1 de marzo, presentamos un proyecto en @diputadosAR para modificar la Ley de Asociaciones Sindicales. pic.twitter.com/3ZC1hR6LId

— Roxana Reyes (@roxanareyessc) March 5, 2024

El diputado nacional Luis Picat (UCR – Córdoba), presentó junto a otros diputados de la UCR y Pro un proyecto de ley para eliminar costos laborales a través de los mal llamados “aportes solidarios”.

Según indicaron estos costos rondan entre un 2% a un 9% del salario bruto, por lo que proponen modificaciones a la ley La ley 14.250, que establece el marco regulatorio para las convenciones colectivas de trabajo; y la ley 23.551 de asociaciones sindicales.

El proyecto prohíbe las contribuciones que los trabajadores y empresas le hacen “obligadamente a los sindicatos, atentando a la libertad y la generación de empleo genuino”. La iniciativa va en consonancia con la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional.

Según esta iniciativa, el artículo 9 de la Ley 14.250 pasará a establecer que la “convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes, se encuentran prohibidas tanto para los afiliados, como también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención”.

En tanto que el artículo 9 de la ley 23.551 establecerá que “las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma”.

“El aporte compulsivo que se realiza con la aplicación de la legislación actual disminuye el castigado salario de los trabajadores y aumenta los costos laborales no salariales atentando contra la generación de empleo genuino”, señalaron.

Al respecto, indicaron que “este proyecto pretende colaborar para la recuperación económica a partir de la comprensión que son tiempos de liberar las fuerzas del trabajo y disminuir la presión que pesa sobre quienes sostienen con su esfuerzo diario la economía del país”.

Acompañan con su firma el proyecto los diputados radicales Pamela Verasay, Alfredo Vallejos, Francisco Monti, Danya Tavela, Mariano Campero, Carla Carrizo, Martín Arjol, y los diputados del Pro Patricia Vasquez y Héctor Baldasi.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo de la oficialista Vanesa Siley, llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa para debatir la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo, con el objeto de lograr los consensos necesarios para modernizar la ley 11.544 que lleva casi 100 años de vigencia regulando la jornada de trabajo en nuestro país.

El encuentro contó con la participación y disertación de representantes gremiales que respaldaron la iniciativa la hacer hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la normativa vigente. Por el contrario, del sector empresarial, académicos y abogados criticaron los proyectos, señalaron que no hay evidencia técnica que demuestre que “reducir las horas de trabajo implica mayor productividad”, y plantearon que “no es el momento adecuado del país” para lleva adelante esta propuesta.

Al inicio, Siley sostuvo que el tema “ha generado en la vida social repercusión y gran debate”, y recordó que en la reunión anterior asistieron nueve expositores, entre ellos la ministra de Trabajo Kelly Olmos. También informó que se contactaron desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quienes manifestaron sus ganas de poder asistir, pero aclaró que “quedará para las próximas reuniones informativas porque requiere de todo un tiempo de preparación”.

Así, la titular de la comisión enumeró algunos puntos que surgieron del debate anterior para poder incorporarlos al dictamen futuro, tales como la desconexión digital por una necesidad de “programación progresiva”, y la discusión de las diferentes realidades laborales del país para que “puedan ser contempladas”.

También confirmó una tercera reunión en dos semanas, debido a que la que va del 9 al 12 (porque es fin de semana largo) habrá sesión de la cámara.

La palabra de funcionarios y gremialistas

Héctor Daer, secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) despojó la iniciativa de una cuestión electoral al recordar que su sindicato en el 1ro de mayo anunció que “este año íbamos a trabajar la reducción de la jornada laboral”. “No es bueno que se pongan cuestiones terminantes de ‘esto es imposible’, ‘esto no se puede hacer’”, indicó y mostró datos de un estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) donde México tiene 48 horas laborales que “tramita la reducción”, Chile 45 horas “que ya la redujo posterior a esto”, y los demás están en 40 horas como Francia.

“Argentina aún tiene 48 horas y eso nos tiene que hacer pensar que estamos fuera del mapa”, señaló y se refirió a la falta de igualdad entre el hombre y la mujer al explicar que “cuando se habla del tiempo de trabajo es la mayor cantidad de tiempo de su vida activa que realiza. Todos pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa con la familia porque, no solo tenemos la jornada laboral sino también horas de viaje. Esto también cambió con el tiempo hace 100 años la cercanía al trabajo era mucho mayor que ahora y esto se modificó en los últimos 40 años”.

Daer consideró que “es fundamental discutir también la distribución de la jornada sobre cómo adecuarlo que tiene que ir por la vía de los convenios colectivos. Hay que establecer una jornada mínima, plazos para que se articule en los convenios y estoy de acuerdo en que hay que profundizar el debate”.

“Cuando hablamos de productividad empecemos a desagregar quién a lo largo del tiempo se llevó las ganancias y por ahí vamos a entender el camino que estamos buscando, que no hay que acelerar ni condicionar porque si no, no sale más esta ley. Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental en la reducción de hora”, concluyó.

En su intervención, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, consideró que el debate sobre licencias parentales -al cual también asistió- está relacionado con la reducción de la jornada laboral algo que “es fundamental”.

“Era hora que empecemos a debatir una jornada laboral que se definió hace 100 años, mismo con las licencias que es algo que se definió hace décadas y es necesario plantearlo”, indicó y asimiló: “Debemos pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo, remunerado y el trabajo reproductivo y de cuidados, por eso los relaciono a ambos temas”.

Díaz planteó que cuando se habla de jornada laboral: “Tenemos que tener en consideración la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo cuando debatimos el tema y hay que ser precisos en relación a todas las características que esta ley tenga”, y señaló que “cuando debatimos el trabajo también tenemos que tener en consideración las diferentes formas que tenemos varones y mujeres en el trabajo”.

“Cuando hablamos de jornada laboral hablamos del trabajo productivo, pero también tenemos que pensar en las horas de trabajo de cuidado”, reiteró. Así, comentó que un informe de Brechas de Género Laborales de Ingresos de 2023 elaborado por Hacienda bonaerense da un impacto donde “las mujeres promedio trabajamos mucho menos en el primer trimestre que varía según las edades”.

En tanto, detalló que “los varones en promedio trabajan 40 horas, pero sabemos que hay subocupaciones, aunque las mujeres trabajan 28 horas y hay brechas horarias en el trabajo formal muy significativas. Cuando hay sobreocupación las realizan los varones y eso hace a las brechas de ingresos, a la feminización de la pobreza y el tiempo de trabajo no remunerado”. Asimismo, precisó que las mujeres en promedio trabajan 6 horas y media en un trabajo no remunerado, que es el 75%, en cambio los varones la mitad.

“Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral, nos parece que es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, consideró y analizó: “Vamos a un núcleo de desigualdad estructural de ingresos que hace al 27% promedio menor de los ingresos de las mujeres”, por lo que sugirió que la “reducción de la jornada mirando estas consideraciones es un factor que va a contribuir en el camino con otras medidas como la reducción de las brecas laborales y la división sexual en el trabajo y avanzar en una transformación cultural”.

A su turno, el exdiputado nacional y abogado laborista, Héctor Recalde, no coincidió con la postura que manifestaron desde la UIA y, por el contrario, destacó: “Volver a una limitación de la jornada como se está proponiendo después de casi 100 años, ¿vamos a esperar al 2029? felicito la iniciativa porque lo intentamos varias veces que se lleve a la práctica y seguimos con una legislación antigua que no comparece con la realidad”.

“No es cierto que no está probado que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Si aumenta la producción a los empresarios les tiene que interesar”, contradijo y agregó: “Reducir los accidentes laborales también reduce los costos del trabajo”.

En ese sentido, sostuvo que “no se justifica que sigan existiendo las aseguradoras de trabajo que son entidades de lucro”. “Seamos modernos, entonces salgamos de una ley que tiene casi 100 años”, pidió y mencionó que hay muchas actividades que ya cuentan con una reducción de horas.

En sintonía con las declaraciones de Díaz, manifestó que “es difícil alcanzar una igualdad por cuestiones sociales y culturales, es una utopía llegar a esa igualdad, pero vamos escalonando para llegar a esa igualdad”. “No entiendo que hoy en día se niegue a trabajar un poco menos, si el derecho laboral no creo ni destruye empleo, lo que hace es regular las jornadas, la economía es la que genera empleo. Probemos esta decisión por unos meses a ver si da resultados, si estuvimos 6 años con este sistema, porque para nosotros si aumenta la productividad”, cerró.

Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), cuestionó que en algunas exposiciones se plantea la reducción laboral con la productividad “o sea las con las ganancias de las empresas y capitalistas, de eso se trata cuando se habla de productividad del trabajo. Es la plusvalía que se les extrae a los trabajadores, el trabajo no remunerado que las empresas se llevan del trabajo que hacemos, de eso se trata”.

“Se trata de los trabajadores que en sus lugares de trabajo tienen que soportar pésimas condiciones laborales que no tiene seguridad que les garantice su propia vida, esa ganancia no solo está basada en el robo legalizado, sino también en la sangre de los trabajadores”, denunció.

Para Dellecarbonara el planteo “no se puede hacer si a la empresa, al empresario o al capitalista la reducción de la jornada le va a significar una pérdida de sus ganancias o una baja en la productividad laboral o no. A los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado porque se ha dicho que en las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de la productividad enorme y eso significa que los trabajadores somos más pobres, trabajando lo mismo o más”.

“Tenemos la necesidad de recuperar algo que ya nos han quitado”, expresó y criticó a “las empresas y a los bloques que los defienden los intereses de los patrones plantean todo como costos laborales. Son horas del trabajador sin ver a la familia, sin poder estudiar, sin poder tener ocio, algo que si se dan el lujo los empresarios. Ellos tienen el derecho a navegar, a andar en caballo”.

Al igual que los expositores preopinantes, reiteró: “Son los mismos que nos dicen que no podemos discutir una reducción de la jornada que tiene más de 100 años en el país”, y lo comparó con “la lucha” de los trabajadores del subte. Propuso una reducción laboral de 30 horas semanales sin afectación del salario que sea equivalente a la canasta básica, para “la creación de puestos de trabajo genuino ante un ajuste que sufrimos hace años de distintos gobiernos”. En tanto, invitó a los representantes gremiales a que cada uno baje la discusión en su sector para “imponerlo y lograr un avance”.

En su presentación, Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR, celebró esta iniciativa de reforma y cuestionó que cuando se habla de reformas “ciertos sectores de centroderecha piensan en ir para atrás para preservar el statu quo. Esta es una reforma inclusiva”.

“Es una tendencia mundial, no es un capricho es algo que pasa en el mundo. El impacto de la reforma es en el bienestar del trabajador y de forma distributiva son centrales, no sé si tiene tanto impacto en la formación de trabajo. Incentiva al empresario a buscar rentabilidad no vía la intensificación del trabajo, sino de otra manera como afectando la organización del trabajo o aplicando tecnología. Solo afecta a los trabajadores sobre ocupados, no a todos, no es algo general”, precisó y cerró: “Esto no va a afectar al trabajador informal”.

Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de FATICA, insistió en que es una ley que tiene casi 100 años y que en el mundo se discute y se debate la reducción de la jornada laboral y en algunos países ya la han implementado que “generaron condiciones favorables a los trabajadores”.

Sostuvo que los datos que se dieron de las jornadas semanales en Latinoamérica son “incorrectos” porque “la jornada laboral más extensa la tenemos acá en Argentina con el máximo permitido que son 48 horas semanales y la anual superan la de los países industrializados”.

Entre los beneficios destacó la “recomposición salarial, la salud y la calidad de vida, disminución de la ART para las empresas, redistribución de los cuidados de forma equitativa y equilibrada domésticos, tendrían más tiempo disponible, aumento de la productividad, reducción de combustión y de energía, circulación de personal, creación de puestos de trabajo, entre otras”.

“La jornada reducida existe en el marco de la realidad y existe hace muchos años porque existe la solidaridad de los trabajadores entre sí a través de las organizaciones laborales”, cerró.

En su alocución, Mario “Paco” Manrique, secretario Gremial de la CGT y adjunto del SMATA, destacó la autocrítica del sector empresarial cuando “expone que no pueden tratar esta ley porque tenemos trabajadores en negro, la informalidad, el monotributo, la precarización del trabajo”.

“Quieren poner arriba de la mesa argumentaciones que carecen de una realidad efectiva. Muchos dicen que no es el momento de tratar la ley, pero si estuviéramos hablando de achuicar derechos estaríamos al revés porque los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas explicando el no. Se trata de mejorarles la calidad de vida a las personas y darle una mejor calidad integral a la sociedad”, criticó.

En esa línea, remarcó que la reducción de la jornada no debe ir en sintonía con una reducción salarial porque “estamos manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y, en cierta medida, se lo aumentamos”. Así, aclaró que “no son medidas electorales, son los momentos que vive el país y lo necesita y dar pasos hacia adelante en la creación de condiciones para dar empleo a millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad”.

“Hay cosas por revisar, lo sabemos porque una legislación de esta naturaleza amerita que se vea todo completo. Disiento con algunos de mis compañeros respecto de la productividad que se logra con organizar el trabajo y la tecnología, y debemos estar preparados porque vamos a tener un año de crecimiento y la economía se va a potencia gobierne quien gobierne y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se deuda rápidamente distribuir y que saquen de la informalidad a millones de ciudadanos”, expresó y finalizó: “Tenemos que mirar para adelante”.

La visión cordobesa

El vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, afirmó que van a colaborar “en las iniciativas que generen mas trabajo, despejen las trabas que existen”, pero cuestionó que la discusión sobre la reducción de la jornada “es inoportuna en este contexto de crisis inflacionaria y retracción de la actividad económica”.

“Debe darse en un marco de consenso, sin presiones ni contexto electoral. No podemos discutir esto sin antes pensar en condiciones de base como el acceso al trabajo, un problema estructural de ahora”, enfatizó y enumeró: “La política económica sin control como inflación, gasto público, política de cambio, la perspectiva de trabajo es hacia la retracción de la actividad”.

Respecto de la informalidad, sostuvo que “no es ético discutir jornada laboral cuando el 40% de los trabajadores son informales según INDEC con un índice de ocupación que esconde formas de trabajo informal como el monotributo, familiar no remunerativo. Además, 3,6 millones de trabajadores asalariados no poseen descuentos jubilatorios”.

“Hay que enfocarse primero en reducir la informalidad en vez de la jornada laboral. Argentina es en el cono sur el país con menos creación de empresas por cantidad de habitantes seguido de Venezuela, por ende, si no hay oferta de empleo no se supera la demanda”, detalló y remarcó que el empleo de baja calidad, informal y público “nunca puede ser la oferta en un país que quiere crecer”.

Según Uribarren en los últimos 6 años se incorporaron al mercado 3,2 millones de personas, solo el 10,8% son asalariados formales, el 47% son cuentapropistas y el 41% son asalariados no registrados. “El empleo crece en el monotributo y la informalidad donde no hay reducción de la jornada. No hay eficiencia de la formación”, cerró. También disertó Alejandro Manzanares, del Colegio de Abogados de Córdoba.

“Menos horas no implica más productividad”

En contraposición al proyecto, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, ratificó la exposición del vicepresidente de la entidad Julio Cordero la semana pasada, señaló que “no es adecuado el momento en el que se ha decidido avanzar en este complejo tema”.

“En la actualidad el país atraviesa una innegable crisis económica y con casi el 40% del empleo informal. Por ende, no parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos sin las debidas consultas, análisis técnicos y económicos necesarios”, planteó.

En esa línea, advirtió que esa reforma “solo aumenta la presión sobre el sector formal y no consideran a los trabajadores no registrados”, al tiempo que indicó que “el foco debería estar en hacer los máximos esfuerzos en formalizar el empleo”.

“Una discusión de esta naturaleza debe hacerse con una estructura socioeconómicas estables y previamente deben estabilizarse las condiciones macroeconómicas y reducir el empleo informal”, ratificó y expresó: “Nos cuesta entender cómo un tema de esta magnitud y trascendencia en materia laboral, relaciones y costos no haya sido precedido de un efectivo diálogo social tripartito para discutir de manera adecuada y pormenorizadamente todas las alternativas y efectos que la norma implica”.

Etala recordó que fue la OIT el que determinó la jornada laboral de 8 horas y 48 semanales, por lo que consideró que “un tema de esta magnitud hubiera requerido necesariamente otro tipo de tratamiento tripartito que no puede ser comparencia de sectores empresariales al Congreso, es algo que se tiene que tratar de forma macro y con diálogo social”.

A su vez, cuestionó que algunos proyectos “están pensados para el marco de la pandemia que hoy ya no existen y otros analizan la necesidad de descanso que ya existen con las normas de limitación jornadas, y a la siniestralidad se la combate con el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad”. También afirmó que es “voluntarista de todo fundamento técnico” que la reducción de la jornada mejora la productividad.

“No se puede reducir genéricamente todas las jornadas de las diversas modalidades de trabajo. No es justificable reducir una jornada de seis horas porque es la adecuada, lo mismo sucede con los trabajos que requieren mayor tiempo de trabajo y diversidad de descanso. Bajar la jornada alegal manteniendo las remuneraciones implica un inédito aumento para la productividad porque al reducir la jornada de 8 a 6 horas debería incrementarse en un 36% y si la productividad no compensa el aumento de costos, necesariamente aumenta el costo de los productos”, explayó.

El empresario alertó que “en las actuales condiciones reducir la jornada laboral implica incrementar la informalidad y más inflación. Los países que lo jornada tiene una realidad distinta a la de Argentina, ya que la producción se encuentra estancada hace 10 años, la inflación es alta y no se generan empleos de calidad. La actividad privada contrata a 6 millones de trabajadores, por lo tanto, se crean empleos informales”.

“En este escenario reducir la jornada solo generará más inconvenientes y, no solo no se va a generar empleo, sino que va a generar más inflación. Suponer que reducir la jornada aumentará la contratación de empleados es una expresión de deseo”, advirtió y remarcó que “no se genera empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas de país lo permiten. Argentina tiene un índice de desempleo del 6%. Una ley así solo recaerá sobre los trabajadores formales, mientras que los informales no tendrán reducción de jornada o los otros beneficios, la legislación recae solo en una parte de los trabajadores que son los registrados y que deberán aceptar el cumplimento de la ley”.

Y cerró: “Cada actividad o empresa regula la jornada de acuerdo a su realidad y eso no puede establecerse de forma genérica. Esta norma afecta seriamente a la productividad y la competitividad, no es cierto que trabajar menos aumenta la producción porque es algo que carece de sustento técnico”.

Juan Pablo Diab, asesor de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que proyectos generales “no son representativos de la realidad de cada sector y de cada actividad”, al tiempo que afirmó comprender la inquietud del empleador, pero “no vemos que sea el momento para discutir esto. Las leyes zona temporales, no se pueden regir por un momento y en las PyMEs no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. Vemos con asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 o 40 horas. Esto lleva un mayor análisis y en mayor profundidad”.

Del lado de los referentes académicos Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarcó que son proyectos que tratan de reducir una jornada legal que establece un máximo de 8 horas, sin reducción salarial cuyo costo “debe afrontar el empleador”, sin previsión de realizar horas extras, pero “es probable que sigan trabajando la misma cantidad de horas, pero se las van a facturar como horas extras”.

“Las buenas intenciones de decir que los trabajadores van a trabajar menos, es realidad van a trabajar igual y cobrar un poco más y se va a traducir en un aumento de salario compulsivo que va a tener que cubrir el sector privado como todas las decisiones de pandemia de cerrar la empresa, pero seguir pagando las prestaciones dinerarias y cumplir con todas las obligaciones”, criticó.

Yasín coincidió con Etala respecto de que “si uno trabaja menos horas, producirá más”, y dejó entrever que “puede pasar”, pero “habría que introducir otros elementos porque técnicamente la inercia normal es que si trabajo menos produzca menos”. También, compartió la idea de que hay que ver cada actividad, ya que “se ha generalizado todo esto y es un defecto esto porque hay actividades que pueden soportar costos y otras no”.

“Tenemos problemas con la economía, pero no con problemas de ocupación de acuerdo a los índices que publica INDEC”, chicaneó y subrayó que Argentina no ratificó el convenio de la OIT que establece las 40 horas semanales.

Yasín cuestionó que se eludió el derecho comparado en los proyectos, y ejemplificó: “Europa y los países nórdicos donde han bajado la jornada, pero la realidad es distinta, hay mucha productividad, los sueldos son buenos y se trabaja un día menos”. Recordó que el Congreso sancionó la Ley de Teletrabajo que “bajó lo siniestralidad laboral”.

Por otor lado, señaló que, de acuerdo a un informe de hogares, el 66% trabaja menos de 40 horas de la jornada legal, el 19% entre 40 y 48 horas y 15% más de 48 horas, por lo que 2 de cada 3 trabajadores trabaja menos de 40 horas.

“Estos proyectos no tienen ninguna utilidad, no contribuyen a disminuir el trabajo no registrado que es el 42% laboral según INDEC. No van a generar empleo porque el empleado va a preferir pagar horas extras”, precisó y opinó: “No sería aconsejable dictar este tipo de normas pese que las intenciones son buenas en estas condiciones del país”.

También fueron invitados los referentes del ámbito académico Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino.

Tras la exposición de funcionarios del Gobierno que respaldaron el proyecto enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que propone modificar el piso del impuesto a las ganancias, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, también recibió a referentes del arco sindical que también manifestaron su apoyo a la iniciativa y pidieron un tratamiento “urgente” para una resolución “rápida”.

Además, le enrostraron a la oposición -que ya anticipó su rechazo- que el expresidente Mauricio Macri había prometido eliminar el impuesto a las ganancias, pero “durante su gestión lo agravó aún más”.  

En nombre de la CGT, Héctor Daer manifestó su “satisfacción de que encaremos una definición de cambio estructural, sacándole un impuesto a los trabajadores”. “Los tributos en Argentina vienen con un proceso bastante injusto”, señaló y opinó que medidas como éstas “hay resaltarlas y hay que considerarlas en el camino correcto hacia lo que debe ser un sistema tributario fiscal, que es generar equidad en términos del sostenimiento del Estado como estructura de redistribución de la riqueza que se genera en un país”.

El secretario general de la central obrera recordó las “movilizaciones, idas y vueltas y quejas” respecto a Ganancias, porque desde el sindicalismo “siempre consideramos que los ingresos altos tenían que estar tributando, tal cual como fue el origen de este tributo”, el cual “con el paso del tiempo quiso ser progresivo y terminó siendo regresivo”.

“Los médicos no hacen guardia porque cambian de categoría y pierden plata. Es parte de la crisis de la salud”, dijo el hombre del sector Sanidad -aunque no representa a los médicos, aclaró-.

Para Daer, “tenemos que dejar de pensar el porqué del momento” y, tras enfatizar que el FMI “estaba en contra de esto”, destacó que la medida provocará un vuelco al consumo: “Esto no es dinero que va a andar circulando por la timba financiera ni por las cuevas”.

Sin nombrarlo, se refirió al expresidente Mauricio Macri como “el líder de la oposición” y enrostró que, antes de su gobierno, “daba sueldos en la Ciudad de Buenos Aires para que participen en las movilizaciones” trabajadores en contra de este impuesto.

“Si estamos todos de acuerdo no preguntamos por qué ayer, por qué hoy, porque también tengo que reconocer la honestidad intelectual del ministro de Economía que, desde que se larga en el debate político, sostuvo como eje la eliminación del impuesto a las Ganancias”, reconoció a Sergio Massa.

El dirigente de la CGT sostuvo que se trata de “un paso trascendental en una reforma y una maduración de un sistema tributario que tiene que ser más equitativo en nuestro país, que tienen que pagar los que más ganan y más tienen”. “La distribución de la riqueza no es intra-trabajadores; el que gana un poquito más tiene que ser solidario con el que gana menos”, agregó.

Finalmente, ponderó la medida respecto a la devolución del IVA y completó: “Este es el camino. Les venimos a pedir que vayamos hacia una sociedad más equitativa y más justa. Esto es desfinanciar al Estado, no es que desaparece un tributo, desaparece la desproporción que genera el inciso de la cuarta categoría”.

En su intervención, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, sostuvo que el tema es “importante y fundamental porque desde hace años los trabajadores afirmamos que el sistema impositivo en el país es regresivo”.

Así, recordó que en “varias oportunidades” discutieron en el Congreso por qué era “necesario establecer reformas que apuntaran a obtener ingresos en el Estado por parte de los sectores más concentrados de la economía”. Asimismo, aseguró que han “apoyado, promovido y planteado proyectos de ley a las grandes fortunas”.

Godoy consideró que el impuesto a las Ganancias “no solo es regresivo, sino que también es antiguo”, y planteó la necesidad de “incorporar una serie de nuevos mecanismos de la actividad económica que hoy no están incorporados y que son deudas y cuestiones pendientes”, y agregó: “El tema más regresivo es que sobre los salarios se imponga el impuesto a las ganancias. Creemos que más allá de cualquier discusión técnica que, sin ninguna duda se ha expuesto con claridad quienes me antecedieron, pero si hay un tema que es conceptualmente importante modificar es el impuesto porque el salario no es ganancia”.

“Es un paso trascendental avanzar en esta idea de modificar ese concepto y de establecer un mecanismo de un impuesto a los altos ingresos y garantizar mecanismos que no permitan que sobre el ingreso del salario de los trabajadores sea efectuado ninguna imposición”, ponderó.

En esa línea, recordó que han realizado “paros nacionales en el país abordando estos temas. No es algo nuevo”, y le enrostró a la oposición que “ha habido debates por candidatos a presidentes en campañas electorales como en el 2015 cuando el candidato Mauricio Macri planteó y garantizó a la sociedad que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar un impuesto a las ganancias y muchos le creyeron, pero lamentablemente en su gobierno se duplicó el número de trabajadores afectados por este injusto gravamen”.

“Por eso este no es un tema nuevo, es de larga data que requiere urgente tratamiento y resolución y por eso valoramos y apoyamos desde la CTA esta iniciativa y solicitamos a esta comisión y a la cámara el rápido tratamiento porque es probable que alguien pueda analizar o argumentar porque es tema que tiene que ver con la coyuntura electoral, pero para nosotros no”, solicitó.

En el cierre de su presentación, calificó el impuesto a las Ganancias como “un grave peso, injusto, arbitrario y antiguo que recae sobre las espaldas de los trabajadores que deteriora las condiciones de vida o limita las posibilidades de desarrollo y obliga a situaciones de realizar tareas sin que se formalice el pago de salarios porque si no se produce la imposición de un impuesto”.

“No tenemos duda que es un tema que viene de lejos y ha significado muchos esfuerzos por la clase trabajadores para modificarlo. Estamos satisfecho que esto se aborde y se implemente de manera inmediata a partir del próximo periodo. Es urgente su tratamiento y resolución en un tema trascendental para nosotros. No solo venimos a apoyarlo y le transmitimos el mensaje a los distintos bloques”, concluyó.

A su turno, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, expresó: “Vengo acá a apoyar este proyecto, a decirles que muchos de los que están acá sentados desde hace años nos han visto reclamar y entregarles notas porque el salario no es ganancia. Hemos trabajado a lo largo de los años este concepto”. “Queremos agradecer porque hemos sido escuchados y se hizo un trabajo técnico. El límite es la ley y remarcamos la necesidad de modificar esta ley porque las paritarias resuelven parcialmente el tema”, sumó.

“Estuve escuchando estos días opiniones de algunos diputados y lo que les quiero contar es cómo es la vida de un docente que labura tres turnos porque es sostén de familia y termina pagando ganancias”, apuntó y comentó que “el 13% pagan el impuesto a las ganancias, un impuesto que es confiscatorio porque el salario tiene carácter alimentario”.

En tanto, agregó: “Cuando vi a diputados y diputadas que decían, por razones políticas, que no iban a votar este proyecto de ley me sorprendió y lo pensaba con mucha preocupación. Cuando tengan que votar, y ojalá se vote rápido, piensen en los camioneros, en los docentes, en estatales, en médicos que hacen horas extras con magos salarios que tiene que trabajar jornadas largas para poder sobrevivir. La importancia que tiene para nosotros este proyecto demorado mucho, porque hace rato debió ser votado. Algunos que prometieron sacarlo lo agravaron”.

“Hoy el 13% de los docentes pagan el impuesto a las ganancias en el país y no son salarios altos. Tengan en cuenta que en el cordón industrial que son importantes pagan ganancias también y están en la pelea hace tiempo pidiendo que se modifique la ley. No voten en contra de los trabajadores”, pidió.

Palazzo apuntó a “contradicciones” opositoras

En su intervención, Sergio Palazzo arrancó citando a diputados de Juntos por el Cambio que en su momento se refirieron de manera crítica a la vigencia del impuesto a las Ganancias. Mencionó por ejemplo a la diputada del Pro Germana Figueroa Casas. Leyó también otro discurso, en este caso del diputado Víctor Hugo Romero: “La verdad que esta situación desalienta la posibilidad que los trabajadores intenten generar ingresos complementarios”, y agregó también del mismo legislador radical que “además, producto de la inflación, los acuerdos salariales provocan que normalmente se supere el umbral de los 330.000 pesos, así se genera una situación por la que muchos trabajadores pasen a convertirse en contribuyentes de este impuesto. Esto ocasiona una gran injusticia y fundamentalmente fomenta la informalidad en las relaciones laborales”.

Ante ello, advirtió “cómo vamos cambiando el discurso” y se reivindicó con “capacidad moral” para hablar del tema por tener una militancia extensa contra Ganancias. También rechazó el argumento opositor de pedir más tiempo para discutir el tema: “Ustedes ya fijaron una posición pública de que van a votar en contra. Así que si van a votar en contra, entonces demos todas las explicaciones que tengamos que dar, pero ya hay una posición tomada a partir de un preconcepto que tienen”.

Respecto del desequilibrio que un proyecto así puede generar en las cuentas públicas, recordó que los diputados de la oposición “han presentado 39 proyectos para reformular el impuesto a las Ganancias”, lo que consideró una incoherencia. “¿Podemos discutir o no si hay un plan integral?”, se preguntó entonces.

“No he visto en la plataforma electoral de Juntos por el Cambio ese proyecto integral de impuestos. Solo he visto nada más que la quita de impuestos a las retenciones, que significa 3,7 veces más en materia de recaudación que lo que significa eliminar la cuarta categoría… Entonces cuidamos los recursos del Estado cuando se trata de los trabajadores, pero pareciera ser que cuando vamos a eliminar 3,7 la recaudación, les sirve a los oligopolios, ahí no cuidamos los recursos del Estado”, agregó el titular de La Bancaria.

Sobre la progresividad del impuesto, Palazzo dijo que la misma se da cuando se paga la seguridad social, y luego reclamó saber “por qué no acompañaron el voto cuando se trató el Aporte Solidario a las grandes fortunas, porque eso sí era progresivo en la Argentina”.

Observó también que los trabajadores del Fondo Monetario Internacional que trabajan en la Argentina “no pagan Ganancias”.

Negó finalmente que el proyecto tuviera un “sesgo electoral”, por cuanto sostuvo que sí lo sería si hubiera sido si se limitaba a lo que resta del año. “No es electoralista, porque no es un decreto, es una ley para que perdure en el tiempo, y el ministro (Massa) tiene toda la autoridad moral para elevarlo, porque siempre ha trabajador en consecuencia y en esa línea… Muy distinto al autor de la saga ‘En mi gobierno nadie pagará Ganancias’ y después 1.200.000 argentinos más pagamos Ganancias”.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro), acompañada de sus pares de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley 25.188 para transparentar organizaciones sindicales, obras sociales y empresas que contraten con el Estado.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora opositora explicó que “la transparencia es mejor gestión, es fundamental para evitar actos de corrupción. La ciudadanía tiene el derecho de informarse sobre los bienes que disponen los miembros a cargo de estos organismos”.

“Estos actores cuentan con la particularidad de administrar, gestionar, intermediar o decidir sobre fondos de terceros, cuyos aportes y contribuciones surgen de obligaciones legales y convencionales”, argumentó y sumó: “Como así también de empresas y cámaras empresariales con fines de lucro que sean contratistas habituales con los estados nacional, provinciales, municipales o de CABA”.

En ese marco, insistió en que “necesitamos gestiones y contrataciones más transparentes. La transparencia es mejor gestión”.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR – CABA) se refirió a las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y opinó: “Veo una intención política, no ganas de acomodar las cosas que Argentina tiene que acomodar para crecer”. Por otro lado, criticó la marcha organizada por la CGT y apuntó contra los sindicatos: “La manera en la que se conducen en la Argentina es la de formadores de precios”.

En diálogo por la señal de Todo Noticias, el senador radical criticó el gasto del Estado argentino y se ocupó de marcar una contradicción en el discurso oficialista: “En el último año y ocho meses ingresaron 135.000 personas; la pregunta es qué servicio están brindando”.

Para el legislador, el oficialismo busca calmar las aguas de un difícil momento y dejar que el próximo Gobierno se encargue de tomar las difíciles medidas económicas: “Creo que esa es la intención, la pregunta es si están dadas las condiciones. Si con la incertidumbre que hay, el desorden de los pesos, el desorden de la falta de dólares es posible hacer eso. No lo sabemos”, y bregó: “Ojalá lleguen haciendo las cosas que hay que hacer para poder seguir un curso donde argentina vuelva a tomar un camino de crecimiento”, pero opinó: “No veo que esa sea la intención”.

En esa misma sintonía, el dirigente porteño desconfió de las medidas anunciadas por parte de Sergio Massa como ministro de Economía: “Veo una intención política y no ganas de acomodar las cosas que Argentina tiene que acomodar para crecer, eso se ve en los discursos. Dicen que oportunidad y crisis son lo mismo, no lo creo, las crisis son un desastre. Un país que crece poco, y que cuando tiene crisis reparte peor, es un país donde aumenta la pobreza y la desigualdad”.

Por otro lado, Lousteau analizó la marcha de la CGT y el discurso de Pablo Moyano, respecto lo cual expresó: “Veo la movilización y hacia donde derivó el discurso público de la misma y también me llama la atención, no me parece que sea en la dirección correcta, por un montón de motivos distintos, la pregunta es contra quién se movilizó la CGT”, y se preguntó: “¿A quién le fueron a reclamar por la pérdida de poder adquisitivo y el nivel de inflación?”.

En esa línea, el radical apuntó contra los sindicatos: “Hago la reflexión al revés. Cuando miras lo que te descuentan en tu recibo de sueldo y que va a la obra social y al sindicato, la pregunta es, podrían manejar mejor las obras sociales, podrían cobrarte menos la cuota, o podrían darte más, entonces también son formadores de precios y hacen que mi salario valga menos”.

“La manera en la que se conducen los sindicatos hoy en la Argentina es la de formadores de precios. Cuando Camioneros bloquea una empresa, está haciendo que haya menos oferta de productos”, agrega el senador.

Por último, el dirigente opositor criticó la suba de tarifas: “La gente no tiene la culpa de que durante mucho tiempo se acumule un nivel de subsidios, una tarifa irreal de manera tal que al otro día la tiren toda por la cabeza o aumentes 1000%”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó su repudio a lo que considera una “extorsión” de parte de Camioneros para afiliar nuevos asociados “mediante bloqueos a las empresas o incluso al sector público, como es el caso de San Nicolás”, y expresó que esto se resuelve “con autoridad, porque la ley tiene la legitimidad para actuar”. 

En “Hoy Nos Toca”, con Daniel Santa Cruz, por el Canal de la Ciudad, Asseff dijo que “el problema de los sindicatos promueve la informalidad laboral y es una pésima señal para las inversiones. Porque no es proteger a los trabajadores, sino, extorsionar a los mismos trabajadores que dicen proteger”, y agregó: “El sindicalismo es necesario, pero si se le da un rol político y excede lo sindical se pervierte sus objetivos. Por ejemplo, hoy existe la obligación de pagarla cuota sindical, aunque no se esté afiliado, que es algo inconstitucional que está rigiendo en la Argentina y hay que derogarlo”. 

Luego, el titular del Partido UNIR hizo un breve análisis sobre el movimiento sindical actual y dijo que “hoy está cada vez más retraído, hay cada vez menos obreros sindicalizados y mucha informalidad de mano de obra no calificada que hace changas y cobra planes sociales. Eso desespera a los sindicatos porque si se pierde la cultura del trabajo y hay exceso de planes ya no se puede cobrar cuotas”. 

Consultado sobre la situación de la dirigencia de los movimientos sociales, Asseff explicó que “hoy tienen un poder inmenso, pues cada vez se entrega más dinero para planes y pasa por las manos de los dirigentes, que lo entregan discrecionalmente”, y luego recordó la tarjeta alimentar y dijo que “los planes deberían ser por tiempo limitado y entregado sin intermediación de dirigentes. Esa tarjeta fue saboteada por los mismos dirigentes sociales”. 

Por último, el diputado finalizó explicando que “los planes son fuente de dependencia porque el cobrarlo depende de no estar cobrando por un trabajo, trabajo -además- cuya remuneración no alcanza para pagar el costo de vida actual. Por lo tanto, quien cobra el plan se ve sometido a la discrecionalidad del dirigente social que lo puede extorsionar y utilizarlo para sus fines políticos”. 

El diputado nacional y jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, mantuvo una reunión con los representantes sindicales Pablo Moyano (Camioneros); Vanesa Siley (FE-SITRAJU), Omar Plaini (Canillitas), Walter Correa (Curtidores) y “Paco” Manrique (SMATA) en donde se abordaron temas como el endeudamiento, el rol de los sindicatos de cara a los desafíos de la Argentina y la importancia del trabajo en conjunto entre el PJ bonaerense y las regionales sindicales.

“En Estados Unidos se preguntaban en qué habían gastado la plata los argentinos. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras argentinas se preguntan hoy en qué se gastó la plata del Fondo Monetario”, expresó al término de la reunión Máximo Kirchner en una entrevista radial.

En el marco de la reunión se manifestó la preocupación ante la situación de “endeudamiento a la que el macrismo sometió al país”. También se reafirmó que “no es ni el ajuste, ni la eliminación de derechos laborales el camino para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; y que por el contrario es indispensable apostar a la recuperación de puestos de trabajo en todo el territorio”.

En este sentido, los presentes coincidieron que “desde algunos sectores que defienden políticas neoliberales y un país con beneficios para pocos, se busca instalar que los derechos laborales son un obstáculo para el desarrollo, cuando el problema son las políticas de ajuste que pretenden imponer y que en Argentina está demostrado que no funcionan”.

En otra parte del encuentro, sindicalistas y diputados consideraron que “es necesario fortalecer los esquemas de discusión y formación de cuadros en la provincia de Buenos Aires”, al tiempo que manifestaron su acompañamiento el día sábado cuando Máximo Kirchner asuma en el PJ provincial.

Por último, el presidente del bloque y futuro presidente del PJ bonaerense coincidió con los representantes sindicales en la necesidad de “fortalecer el Frente Nacional y Popular de cara a las grandes discusiones que nuestro país debe afrontar”.

El diputado nacional Héctor Stefani (Pro) presentó un proyecto de ley para que los condenados por delitos penales, corrupción o fraude, no puedan ocupar cargos en las organizaciones sindicales, en línea con la iniciativa “ficha limpia” -referida a la prohibición para ser candidatos a cargos electivos-.

“La corrupción se ha enquistado en muchísimas esferas de nuestra sociedad y es una de las razones principales por las que nuestro desarrollo económico, político e institucional se encuentra completamente erosionado”, sostuvo el legislador, que apuntó: “Y los sindicatos no son ajenos a este diagnóstico, por eso es fundamental legislar sobre ellos también”.

El fueguino consideró que “los trabajadores tienen que ser representados por personas honestas e idóneas. Exigir que los cargos, tanto en la política como en las organizaciones sindicales, sean ocupados por personas sin causas en la Justicia va a fortalecer nuestra sociedad y nuestra democracia”.

“Un dirigente gremial rico, que representa trabajadores pobres y encima tiene causas abiertas a las cuales responder, no puede ser el modelo de sus representados”, remarcó el macrista.

En ese sentido, explicó que el fin del proyecto es “proveer de herramientas que asistan al sindicalismo y a los trabajadores para luchar contra la corrupción”, algo que definió como “un cáncer que debemos erradicar”.
“Los sindicatos constituyen un actor social fundamental en nuestra democracia y en la vida de sus afiliados. Preservar a los gremios y garantizar su transparencia es vital para los derechos de los trabajadores”, continuó.

Además, Stefani, candidato a renovar su banca en las elecciones del próximo domingo, señaló: “Sin ir más lejos, es interesante tomar como modelo el ‘caso Toyota’, una muestra de cómo adecuar la relación con los trabajadores a las necesidades que la coyuntura impone, y ayudar al beneficio común”.

“El sindicato mecánico, conducido por Ricardo Pignanelli, y las autoridades de la automotriz, mantienen una relación de colaboración y diálogo que le permitió a la compañía ser líder del mercado, ser la que más produce y la que más exporta”, destacó.

Finalmente, el diputado expresó que su proyecto “fue acompañado por más de 20 diputados de distintos partidos y se adapta a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la lucha contra la corrupción en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani (Pro) presentó un proyecto de ley para que los empleados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato no perciban el descuento obligatorio bajo el concepto de “aporte solidario sindical”. La propuesta se suma a la iniciativa presentada por el legislador fueguino para democratizar las organizaciones sindicales.

“La caja de los sindicatos no se genera en su totalidad por el aporte de los afiliados, sino que percibe una suma importante de todos los no afiliados por estar encuadrados bajo un determinado convenio de trabajo”, explicó el macrista y agregó: “Es una afiliación indirecta y eso atenta contra la libertad sindical, la protección al no afiliado y la propiedad de los empleados”.

En ese sentido, señaló que inclusive la Organización Internacional del Trabajo “se pronunció en numerosas ocasiones a favor de la extinción de las cotizaciones sindicales obligatorias”. “Debemos garantizar la libertad sindical y respetar la protección al no afiliado”, continuó.

Para el opositor, “imponer un ‘aporte de solidaridad’ al trabajador argentino en un contexto donde no se generan nuevos puestos de empleo, los salarios pierden valor adquisitivo a diario y los sindicalistas son cada vez más ricos, representa un perjuicio y no un beneficio para los trabajadores”.

“Esta ley no solo busca terminar con el denominado ‘aporte solidario’ como se lo denomina, sino con la lógica de sindicalistas ricos y trabajadores pobres. En la actualidad si un empleado tiene un conflicto y no está afiliado al sindicato el valor de su ‘cuota solidaria’ no existe, le exigen que se afilie. No tiene sentido que exista tal concepto”, finalizó Stefani.