La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo la proyección de cosecha en 2,5 millones de toneladas por la enfermedad Spiroplasma kunkelii, causada por la chicharrita, y por la ola de calor de febrero.

¿Qué consecuencias eso acarrea? La entidad calcula ahora que la producción de maíz será de 54 millones de toneladas contra las 56,5 millones previstas anteriormente, lo que representa una caída del 5%.

En su informe, la Bolsa de Cereales explicó que “el impacto de la ola de calor sufrida durante febrero en los planteos de fecha intermedia y tardía en el centro del área agrícola sumado a la creciente incidencia y severidad de Spiroplasma kunkelii en planteos tardíos del centro y norte del país no permitirán alcanzar la proyección de producción planteada hasta la semana pasada”.

En este marco es que el diputado nacional radical Luis Picat, junto a su par del Pro Martín Ardohain, presentó un proyecto para que se declare la emergencia agrícola por la chicharrita, esa plaga que está generando fuertes pérdidas en el maíz.

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo disponer la declaración de emergencia agrícola por “el crecimiento vertiginoso, alcance y daño que está produciendo la ‘dalbulus maidis’ o chicharrita del maíz, insecto vector de la bacteria Spiroplasma kunkelii una enfermedad letal para el maíz, que está afectando a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa”.

El diputado nacional Luis Picat (UCR – Córdoba), presentó junto a otros diputados de la UCR y Pro un proyecto de ley para eliminar costos laborales a través de los mal llamados “aportes solidarios”.

Según indicaron estos costos rondan entre un 2% a un 9% del salario bruto, por lo que proponen modificaciones a la ley La ley 14.250, que establece el marco regulatorio para las convenciones colectivas de trabajo; y la ley 23.551 de asociaciones sindicales.

El proyecto prohíbe las contribuciones que los trabajadores y empresas le hacen “obligadamente a los sindicatos, atentando a la libertad y la generación de empleo genuino”. La iniciativa va en consonancia con la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional.

Según esta iniciativa, el artículo 9 de la Ley 14.250 pasará a establecer que la “convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes, se encuentran prohibidas tanto para los afiliados, como también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención”.

En tanto que el artículo 9 de la ley 23.551 establecerá que “las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma”.

“El aporte compulsivo que se realiza con la aplicación de la legislación actual disminuye el castigado salario de los trabajadores y aumenta los costos laborales no salariales atentando contra la generación de empleo genuino”, señalaron.

Al respecto, indicaron que “este proyecto pretende colaborar para la recuperación económica a partir de la comprensión que son tiempos de liberar las fuerzas del trabajo y disminuir la presión que pesa sobre quienes sostienen con su esfuerzo diario la economía del país”.

Acompañan con su firma el proyecto los diputados radicales Pamela Verasay, Alfredo Vallejos, Francisco Monti, Danya Tavela, Mariano Campero, Carla Carrizo, Martín Arjol, y los diputados del Pro Patricia Vasquez y Héctor Baldasi.