Ocaña apoyó el pedido Milei para terminar con las jubilaciones de privilegio

La legisladora de Confianza Pública reflexionó acerca de la delicada situación que atraviesan los jubilados y planteó que es necesario terminar “con un privilegio que es insostenible y muy doloroso para todos los argentinos”.

Luego de que el presidente Javier Milei propusiera terminar con las jubilaciones de privilegio, la legisladora de Confianza Pública y ex directora del PAMI, Graciela Ocaña, apoyó su pedido y advirtió que es necesario terminar “con un privilegio que es insostenible y muy doloroso para todos los argentinos”.

En ese sentido, la oficialista aseguró que “el doble cobro de jubilación de privilegio que percibe Cristina Fernández de Kirchner es ilegal, la Corte Suprema de Justicia debe expedirse de manera urgente sobre esta situación que afecta el dinero de todos los argentinos” e indicó que “en la emergencia previsional en la que estamos es necesario discutir el pago de las jubilaciones de privilegio y la posibilidad de que se haga bajo otros instrumentos, como pueden ser bonos o títulos”.

“La contradicción es esta: mientras se siguen pagando millones a los responsables de la crisis económica actual, los jubilados siguen esperando el cobro de sus juicios de los aportes que han realizado durante años, producto de su trabajo. Ellos no son la casta”, señaló.

Sobre esa misma línea, en diálogo con MDZ Radio, Ocaña celebró “porque era algo que nosotros propusimos, cuando se trató el tema de la Ley Ómnibus, allí se incluyó el tema de la derogación de las jubilaciones de privilegios de aquí para adelante, también hay que decirlo, para presidentes y expresidentes”.

“Lo que es importante, que esto se realice para terminar con un privilegio que es insostenible y muy doloroso para todos los argentinos, porque cuando uno mira lo que gana un jubilado hoy que no llega a los 130 mil pesos la jubilación mínima, después hay bonos, pero estamos rondando los 105 mil pesos, todos sabemos que es una cifra muy lejana de la canasta básica para la tercera edad que se fija en noviembre en 400 mil pesos, imagínese actualizada por inflación, lo atrasada que está”, continuó la legisladora.

Al mismo tiempo que indicó que le “parece muy bien que de acá para adelante lo hagan, pero también queremos que, en el marco de la emergencia previsional que impide a muchos jubilados que han llevado delante juicios contra el ANSES que por años han tratado de cobrar lo que le corresponde, se suspenda las que hoy están cobrando los presidentes, expresidentes y vicepresidentes en la Argentina”.

“Es una cuestión de justicia hasta que dure la emergencia previsional se le podrá pagar con títulos a 20 años, pero lo que hoy creo que si hay que poner el hombro, lo pongamos todos, porque si no la casta terminan siendo los jubilados que aportaron y que hoy no pueden cobrar los fallos que tienen a su favor”, completó.

 

Luis Juez: “Me parece un espanto que un condenado contra la administración pública tenga una jubilación de privilegio”

El senador cordobés se mostró a favor del planteo de Javier Milei de eliminar las jubilaciones de privilegio y apuntó contra CFK: “¿Cómo puede ser que un jubilado gana menos de 200 mil pesos que es una locura y Cristina acaba de llevarse 15 palos al bolsillo?”.

El senador nacional Luis Juez (Frente Pro – Córdoba) se mostró a favor del planteo de Javier Milei de eliminar las jubilaciones de privilegio: “Me parece un espanto que un condenado contra la administración pública tenga una jubilación”, y destacó el Pacto de Mayo al que convocó el presidente a los gobernadores.

En diálogo por Radio Continental, Juez expresó: “Algún día tenemos que terminar con los privilegios de la Argentina yo no hago política para tener una jubilación. Los diputados o senadores no tenemos jubilaciones de privilegio, eso fue eliminado. Si lo tienen el presidente y el vice y los miembros del poder Judicial. Es todo un tema, algunos ni siquiera se ponen colorados”.

“A mí no me parece una locura lo que planteó el presidente que tipos condenados por delitos contra la administración pública en segunda instancia reciba una jubilación de privilegio, pongámosle nombre y apellido, a mi lo de Amado Boudou me parece un espanto que un condenado contra la administración pública tenga el acceso a una jubilación, también puedo mencionar amigos de Menem que también fue condenado por delitos”, manifestó.

En tanto planteó: “Debería haber una norma que lo prohíba, son pequeños gestos”, y apuntó: “¿Cómo puede ser que un jubilado gana menos de 200 mil pesos que es una locura y Cristina Kirchner acaba de llevarse 15 palos al bolsillo? Así no vamos a dar nunca el ejemplo”.

“Lo del sistema previsional es un tema que nosotros deberíamos, sin ninguna mirada partidaria, ponernos de acuerdo en situaciones concretas, no puede ser que tenga la misma jubilación un tipo que aportó durante más de 30 años que aquel que entró por algún programa de populismo de los últimos años donde se jubiló un montón de gente”, cuestionó el cordobés.

Al respecto, sugirió que “debería haber un régimen especial para esa gente que nunca tuvo aporte y el Estado quiere, de alguna manera u otra, visibilizarlo y no meterlo al sistema previsional porque nosotros acá en Córdoba, por ejemplo, lo tenemos quebrado al sistema previsional es un agujero negro que no sabemos cómo resolverlo”.

“Son de las cosas que de una vez por todas en el país nos tenemos que ponernos de acuerdo, porque no son discusiones partidarias ideológicas, son discusiones de fondo que deberíamos ponernos de acuerdo”, reiteró.

Por otro lado, Juez sostuvo que “es una oportunidad el 25 de mayo que nos sentemos a discutir esos 10 puntos que no me parecen que ninguno revista un nivel de debate con mayor profundidad para no suscribirlo son cuestiones básicas”.

“¿Qué gobernador se puede poner en contra de tener un equilibrio fiscal en sus provincias? se acabó el verso, no se puede gastar más de lo que entra. Son siempre los mismos los que aportan y sostienen al Estado. ¿Quién podría estar en contra de tener una conducta de austeridad en el manejo de la cosa pública? los gobernadores van a tener que entender que no hay más plata por debajo de la mesa”, explayó y remarcó: “Discutamos una buena ley de coparticipación para no estar esperando que el presidente nos tire una moneda por debajo de la mesa o como nos acostumbró el peronismo a eso a trabajar con ciertas empresas para hacer obra pública”.

Por último, el senador del Pro afirmó: “Estoy convencido que la política es una buena herramienta, pero tengo un nivel de desilusión absoluto porque hace 40 años que estamos en el mismo lugar en el que estábamos, no hay ningún indicar mejor que antes, hemos destrozado todo, lo que tocamos lo hicimos de goma”.

“A mi el presidente me sorprendió el viernes había un altísimo nivel de especulación, los temas que planteó no me parecen una cuestión en los que no nos podamos poner de acuerdo”, finalizó.

Milei: “Vamos a estar enviando leyes que sigan exacerbando el principio de revelación”

El presidente insistió en hablar de “dedos sucios” para cargar contra quienes rechazaron su proyecto de ley de Bases. “No la ven”, expresó.

El presidente Javier Milei anunció este viernes que desde el Poder Ejecutivo van “a estar enviando leyes” al Congreso “que sigan exacerbando el principio de revelación. Así cada vez que votan en contra quedan todos, bien clarito, quiénes son los dedos sucios”.

“Obvio”, respondió al ser consultado en Radio Rivadavia sobre si enviaría “en partes” propuestas de la ley de Bases, que fracasó en su tratamiento en la Cámara baja. Fue luego que Jonatan Viale le consultara por la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner.

El mandatario dijo al respecto: “Si la cuestión de índole legal se lo permite, yo no me puedo meter. Nosotros como parte del proyecto planteábamos la derogación de las jubilaciones de privilegio”. “¿Que pensás que voy a hacer yo? Yo voy a volver a la carga”, aseguró.

Y cuestionó a los legisladores porque “no la ven, viven pensando en modelo de un solo período”.

Al igual que lo hizo esta semana en el canal LN+, el presidente cuestionó que en el tratamiento de la ley ómnibus “la política prefirió poner sus privilegios de casta; por eso fue tan maravilloso lo que pasó, dejaron todos los dedos sucios cuando empezaron a votar en particular. Le demostraron a la gente que ponen sus beneficios primero, por encima de la gente”.

“La gente los vio y eso en el 2025 no se los va a perdonar”, continuó y estimó que en las elecciones de medio término del año que viene, “con la economía creciendo y la inflación a la baja” hará que “arrasemos, vamos a tener un Congreso como la gente para que de esa manera votemos todas las reformas pro-mercado y Argentina despegue como un cohete”.

Larreta aseguró que, en caso de gobernar, le pondrá un tope al gasto del Congreso

Al anunciar medidas para “terminar con los privilegios” de la política, el jefe de Gobierno porteño también habló de la ley de “ficha limpia” y otra para “regular el lobby”.

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Desde el convento donde José López revoleó bolsos con dólares en 2016, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, realizó un anuncio sobre medidas que implementaría en un eventual gobierno para “terminar con los privilegios” de la política y con la corrupción.

Entre los puntos que enumeró, de los cuales varios requerirán leyes, afirmó que en caso de acceder a la presidencia propondrá “eliminar la jubilación de privilegio para presidente y vicepresidente”, algo que “es inconcebible”.

En ese sentido, mencionó que a un jubilado que gana la mínima “no le alcanza ni para comer, ni hablar si tiene que alquilar”, mientras que “la expresidenta (Cristina Kirchner) trabajó ocho años en su cargo y cobra más de tres millones. Es inmoral. Lo vamos a cambiar, está mal, es injusto”.

También consideró que hay que “reducir los cargos políticos a la mitad, para tener un Estado eficiente” y “si nos acompañan con su voto, el Congreso va a tener un tope de gastos que represente un porcentaje del presupuesto nacional”, apuntó.

Sobre eso, mencionó el ejemplo de la Legislatura porteña, cuyo presupuesto “no puede ser más del 1,5% del presupuesto total de la Ciudad”. “Vamos a proponer a las provincias y el Poder Judicial que adhieran a esta austeridad”, agregó.

Además, Rodríguez Larreta prometió “llevar la ley de ficha limpia a todo el país. Es imposible cambiar esta Argentina si los que están en la boleta son corruptos”. “Vamos a aprobar en el Congreso la ley para que los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción estén inhabilitados para ser candidatos o ejercer cargos públicos”, dijo sobre el proyecto que hasta ahora nunca pudo avanzar en el Parlamento.

En la presentación de sus propuestas, afirmó que se va a “transparentar el uso de los recursos públicos”, para el caso, por ejemplo, de los viajes al exterior de comitivas oficiales; y que el presidente y los ministros “van a tener que poner su patrimonio en un fideicomiso ciego”.

Finalmente, el jefe de Gobierno porteño habló de “transparentar todas las audiencias públicas” porque “hoy no conocemos las audiencias que mantienen diputados, senadores, jueces”. “Se trata de regular el lobby”, señaló y expresó que “todos van a estar obligados por ley a justificar con quiénes se reúnen y por qué”.

“Con estas medidas tan concretas vamos a dejar atrás las viejas prácticas de la política”, resaltó desde el convento Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en General Rodríguez, donde recordó que el exsecretario de Obras Públicas José López trasladó “9 millones de dólares robados” en lo que “parecía una película, una serie de terror”.

Hablándole a los votantes, el precandidato presidencial sostuvo: “Ahí estaba la plata que faltaba en la escuela de tu hijo, la plata que no estaba en la comisaría de tu barrio, la plata de las cloacas que no están, de las rutas llenas de pozos”. “Este es el símbolo de la corrupción kirchnerista, de un modelo que quería por todo de manera obscena”, cuestionó.

Para Larreta, “durante el gobierno de Mauricio (Macri) avanzamos fuerte en la lucha contra la corrupción con medidas contra los privilegios”, pero “en estos cuatro años volvimos para atrás”. “Desde el vacunatorio VIP a la jubilación de la vicepresidenta, hoy la Argentina es el reino de los privilegios”, manifestó.

Y completó: “Cada privilegio que tiene un político es algo menos que tienen todos los argentinos, y lo vamos a cambiar. Si nos eligen vamos a ser todos iguales ante la ley, porque entendemos la política como un servicio público”.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que el caso de José López mostró “un modelo cultural de corrupción y de violencia”. “Esos bolsos son el símbolo más cruel de la corrupción que nos golpeó a todo el pueblo argentino. Son los bolsos que vimos en Jujuy también, que sacaban del Banco Nación para llevar a la casa de Milagro Sala. Son los recursos que maneja ese Estado paralelo”.

“El año pasado las organizaciones sociales manejaron 700 mil millones de pesos sin control”, denunció el precandidato a vicepresidente y mencionó a Emerenciano Sena en Chaco, involucrado en el caso de femicidio de Cecilia Strzyzowski. “Se hacen impunes y todo termina de la peor manera, con violencia”, expresó.

Pero además, el presidente de la UCR defendió la polémica reforma constitucional en su provincia: “Terminamos con los privilegios de la política, terminamos con los fueros de la política y con la posibilidad de indultar a los corruptos”.

Además, en la conferencia habló el diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense. “Estamos en este lugar que los argentinos y los bonaerenses lo recordamos tristemente por la corrupción y por la irresponsabilidad. Para nosotros este es el punto cero del combate contra la corrupción, los privilegios, los gastos de la política”, enfatizó.

“Queremos que la provincia tenga educación, para que los chicos estén en la escuela y aprendan; queremos vivir con seguridad, para que los chorros estén presos y las familias en paz; queremos tener salud, cuando vayamos a un hospital, que nos atiendan siempre; y queremos tener trabajo”, enumeró.

Santilli prometió que su “política social” va a ser “generar trabajo formal en el sector privado” y “para eso tenemos que focalizar cuál es el cambio. Y el desafío que tenemos que enfrentar una vez más es ese privilegio con el que tenemos que terminar: tenemos que salir del gasto hacia la inversión, tenemos que administrar los recursos como corresponde”.

Piden una cautelar para que Cristina Kirchner no cobre un retroactivo por su jubilación de $170 millones

La presentación fue realizada por la diputada Graciela Ocaña ante el juez Lijo y denunció: “Cristina cobra jubilaciones de privilegio irregularmente”. Es la causa que investiga la doble pensión de la vicepresidenta.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) acudió a la justicia penal para presentar una medida cautelar que impida que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, comience a percibir el retroactivo de su doble pensión vitalicia que ascendería a 170 millones de pesos.

Así lo comunicó en su cuenta de Twitter en la que explicó: “Pedimos una medida cautelar para que ANSES no le pague 176 millones de pesos de retroactivo en jubilaciones a CFK, al no extenderse la emergencia Covid a partir del 01/01/23”.

“Mientras miles de jubilados con sentencia firme -llevando un juicio varios años- no logran que ANSES les pague, Cristina Fernández de Kirchner cobra 7 millones de pesos por mes en jubilaciones de privilegio irregularmente, y ahora se va a embolsar 176 millones de pesos de retroactivo. Por eso nos hemos presentado ante la Justicia para frenar esta avaricia”, denunció.

La medida cautelar se presentó ante el juez Ariel Lijo en el marco del expediente en el que fueron denunciados la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quienes posibilitaron que la titular del Senado vuelva a percibir la doble pensión de privilegio que ronda -con las últimas actualizaciones-, los $6.394.030 mensuales.

“Pedimos que se dicte con carácter de urgente una medida cautelar ordenando al ANSES que se abstenga de pagar un ilegal monto retroactivo, pues ello implicaría nada menos que la consumación del delito de malversación de caudales públicos oportunamente denunciado”, sostiene el escrito firmado por la diputada Ocaña. Además, en este expediente se cuestiona el accionar del organismo de la Seguridad Social y el rol del Procurador del Tesoro.

Al respecto, en el escrito Ocaña indicó que restando menos de dos días hábiles para que finalice el año, “no existe decreto ni norma que prorrogue nuevamente la emergencia sanitaria, por lo que, de no mediar un nuevo decreto, el 1 de enero de 2023 dejaríamos de estar en emergencia sanitaria, por lo que las causales de suspensión de pago de los retroactivos dejarían de existir”.

De esta manera, ANSES estaría habilitada a pagar a la vicepresidenta el retroactivo reclama. De ocurrir, dijo Graciela Ocaña, “se consumaría el perjuicio económico que el juez debe evitar que se concrete”.

La referente de Cambiemos explicó al diario Clarín que el pedido al Juez Lijo “es para que adopte una medida cautelar urgente. No podemos permitir que el delito que cometió la titular de ANSeS, la camporista Fernanda Raverta, con la anuencia del Procurador y vacunado Vip Carlos Zannini, de haber pagado a CFK una doble jubilación sin el procedimiento correspondiente e ilegalmente, se termine concretando en un nuevo saqueo a todos los argentinos”.

Cabe recordar que con la firma de Fernanda Raverta, la funcionaria que fue elegida por Cristina para dirigir la ANSeS, el organismo desistió el año pasado de apelar en el caso donde se discute si la vicepresidenta debe percibir o no la doble pensión vitalicia que representaba unos $ 2,5 millones mensuales. La cifra con las correspondientes actualizaciones supera los 6,3 millones de pesos, pero a ese número debe sumarse una pelea por un retroactivo que asciende a unos $ 170 millones.

La discusión se remonta al 29 de diciembre de 2020 cuando el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, resolvió que la vicepresidenta tenía derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella como expresidenta y la que le corresponde como viuda del expresidente Néstor Kirchner, sumado a un retroactivo exento del impuesto a las Ganancias.

Desde marzo, Cristina no cobra su sueldo como vicepresidenta de la Nación en ejercicio, ya que presentó una carta en la que renuncia a ese beneficio.

Ese fallo quedó firme cuando la ANSeS desistió de apelar la medida. Raverta tomó la decisión por orden de Carlos Zannini quien, en su rol de Procurador del Tesoro, firmó una resolución que sostenía que la medida administrativa del gobierno de Mauricio Macri, que obligó a la vice a optar por una de las dos pensiones, carecía de validez.

En consecuencia, Zannini afirmó que Cristina Kirchner debía cobrar ambos beneficios previsionales y ordenó a la ANSeS que restituya el pago, algo que comenzó a implementarse desde marzo del año pasado. En la Resolución del 3 de marzo de 2021, la ANSeS ordenó rehabilitar la asignación mensual vitalicia establecida en la ley 24.018 a favor de la titular del Senado.

Además, se especificó, en el artículo segundo, que el pago de los retroactivos que pudieran corresponder “se encuentran suspendidos conforme lo establece la ya citada RESOL-2020-230-ANSES-ANSES”.

Vidal impulsa un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio de presidentes y vice

“No se le puede pedir más ajuste a los argentinos si primero no se ajusta la política”, sentenció la diputada nacional y exgobernadora de Juntos por el Cambio.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley para eliminar los haberes jubilatorios extraordinarios vitalicios que perciben hasta el momento todos los jefes de estado y sus vices: “No se le puede pedir más ajuste a los argentinos si primero no se ajusta la política”, expresó al respecto. 

En este sentido, en declaraciones a TN, la exgobernadora bonaerense pidió “predicar” con el ejemplo, y sostuvo que tiene “autoridad para pedir la derogación de las jubilaciones de privilegio, ya que cuando yo fui gobernadora lo hice”. 

Cabe destacar que, a finales del 2017 durante su mandato, Vidal promovió la ley que deroga los regímenes jubilatorios especiales que beneficiaban a ex gobernadores, vicegobernadores y legisladores de las dos cámaras provinciales. 

Fernández y Guzmán confirmaron que se analizan reformas a las jubilaciones de privilegio

En el marco de las negociaciones con el FMI, el presidente consideró que se debería “avanzar más” en la modificación realizada por ley hace casi dos años. El ministro de Economía negó una reforma previsional.

En la recta final de las negociaciones con el FMI y ante la expectativa por la llegada del acuerdo al Congreso, el Gobierno salió a desmentir que vaya a haber una reforma previsional, pero sí admitió que se analiza una reforma a los regímenes especiales para jueces y diplomáticos, a casi dos años de la última modificación que se hizo por ley en este sentido.

En declaraciones a radio El Destape, el presidente Alberto Fernández sostuvo: “De lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces, pero deberíamos avanzar más, lo mismo con los embajadores”.

“Pero no es el tema de los docentes”, aclaró el mandatario ante versiones periodísticas que el fin de semana afirmaron que se incluía, como parte de la discusión con el FMI, un cambio en esos regímenes.

Minutos después de las declaraciones del presidente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, publicó en su cuenta de Twitter: “No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas”. “Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, afirmó.

Y, en la misma línea que Fernández, el funcionario reconoció que “se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”.

Según publicó el diario BAE, el borrador del pre-acuerdo con el FMI menciona: “Realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”.

“Mientras los jubilados cobran una miseria a escondidas se le otorgaba doble beneficio previsional a Cristina”

El diputado de JxC Alberto Assef criticó duramente la decisión del juez federal Ezequiel Pérez Nami, y sostuvo que “hay que impedir este atropello hacia los jubilados”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff apeló el fallo del juez federal Ezequiel Pérez Nami que había autorizado a Cristina Kirchner la posibilidad de cobrar una pensión como expresidenta y otra por ser la viuda del expresidente Néstor Kirchner, además de intereses retroactivos y sin pagar el Impuesto a las Ganancias. 

Asseff, titular del Partido UNIR, consideró que “la pensión honorífica acordada por la Ley 24.018 no es acumulable a todos los beneficios previsionales como se quiere demostrar en esta causa, y la pensión aludida es única”. Y agrega que “hay que impedir este atropello hacia los jubilados que cobran una miseria en materia previsional pues la carga incorrecta de este doble beneficio hace la necesidad moral y jurídica de intervenir en este caso”. 

El diputado analizó también la actuación de la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta, y sostuvo que “ha dejado mucho que desear en esta causa como en todo su desempeño desde su nombramiento al frente del organismo previsional”. Y agregar que se puede sospechar de “complicidad entre las partes, ya que la actual vicepresidente de la nación cumple con un rol esencial en la función de Estado y aparentemente ha optado por complacerla ya que no ha hecho nada por detener, complicar o dilatar el expediente, es más parecería que está conforme con la estrepitosa suma de dinero a pagar, cuando a la fecha no se han cumplido con las sentencia de 23 los jubilados que siguen esperando que se les pague los haberes que después de 8 o 10 años de litigio se efectivicen”. 

Por último, Asseff argumentó que “el Poder Ejecutivo aprobó en el Congreso la Ley de Emergencia (Ley 27.541) donde, por un lado, el oficialismo marcó la situación crítica de las finanzas argentinas y de los sectores más vulnerable, y por otro lado suspendió la movilidad del régimen general de jubilaciones (Ley 24.241), dejando a salvo a los regímenes especiales, donde se encuentran los de los presidentes, vicepresidentes, Ministros de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios judiciales”. Y concluyó diciendo que “mientras se sancionaba una ley de movilidad paupérrima y con un gran deterioro a los haberes de todos los jubilados, a escondidas se le otorgaba el doble beneficio a la expresidenta”. 

Se promulgó la nueva ley de regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos

La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial este lunes, establece que el haber inicial se calculará sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones y no por el 82% del último sueldo.

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.546 que modificó los regímenes especiales jubilatorios de jueces y diplomáticos, y fue sancionada por el Senado el pasado 12 de marzo.

La norma, publicada en el Boletín Oficial este lunes, fija una nueva fórmula para calcular el haber inicial de estos sectores, que será el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.

El nuevo régimen para magistrados eleva la edad jubilatoria, en el caso de los hombres, de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025; pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.

Para acceder a este régimen, los jueces y funcionarios tienen que haberse desempeñado un mínimo de 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.

Tras la sanción de la ley se registraron decenas de renuncias en el Poder Judicial.

Es ley el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos

El Senado sancionó la iniciativa con 41 votos a favor, del Frente de Todos, y 21 en contra, de Juntos por el Cambio y otros bloques.

En una sesión atravesada por la preocupación mundial por el coronavirus -que provocó el auto-acuartelamiento de dos senadores y obligó a extremar las medidas-, el Frente de Todos logró convertir en ley en la Cámara alta el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y el Servicio Exterior, con 41 votos afirmativos y 21 negativos.

Juntos por el Cambio presentó en las horas previas su propio dictamen y decidió votar en contra del proyecto oficial, tras una reunión de interbloque donde primó la postura del radical Martín Lousteau, autor de una propuesta más agresiva para que jueces y diplomáticos pasen a integrar el régimen previsional general.

La neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann también votaron en contra, en tanto que el oficialismo contó con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.

Hubo en total 10 ausentes: además de los auto-aislados Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, no estuvieron para votar Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Carlos Menem, Laura Rodríguez Machado, Belén Tapia y José Alperovich -de licencia-.

La necesidad de no prolongar demasiado la sesión llevó a los bloques a acotar la cantidad de oradores -solo hubo 16 anotados-, aunque el debate se demoró por cuestiones de privilegio sobre temas ajenos -la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la disputa por Portezuelo del Viento, además de algunos homenajes-.

Con la sanción de la ley, el oficialismo buscó saldar la discusión que se abrió en diciembre pasado con la Ley de Emergencia Pública, donde se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria exceptuando los regímenes especiales como los de jueces y diplomáticos, lo que generó críticas de la oposición.

Tras ese episodio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto aprobado este jueves, que establece que el cálculo del haber debe realizarse sobre el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, según el valor vigente al momento del cese.

Además, la iniciativa eleva la edad jubilatoria de los magistrados de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025; y modifica la Ley 24.018 para impedir que jueces ya jubilados puedan ser llamados a subrogar, entre otros cambios.

Foto: Comunicación Senado

Según cifras aportadas por el Poder Ejecutivo tanto en el proyecto como a través de sus funcionarios, en el caso del Poder Judicial el universo es de aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos.

En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de 770.100 pesos, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos”.

El debate

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (Frente de Todos) consideró que los regímenes afectados “se han transformado en un sistema tremendamente injusto, por eso debemos corregirlo”.

El miembro informante del oficialismo en la sesión de este jueves señaló que “hay una enorme asimetría” entre las jubilaciones del sistema general y aquellas que son llamadas de privilegio.

“No existe ningún fundamento jurídico para seguir sosteniendo en el tiempo una inequidad de tal magnitud”, enfatizó y aclaró que con esta norma no se elimina “el carácter diferencial del régimen”, sino que se intenta “que sea razonable” como expuso en comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Según Lovera, el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de “alrededor de 9.200 millones de pesos”, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a “1.700 millones”, por lo que llamó a atacar este tema.

Del lado de la oposición, Lousteau advirtió que el proyecto oficial “no es para eliminar privilegios” y propuso que las jubilaciones de estos dos sectores se calculen “como la de cualquier hijo de vecino”.

El miembro informante del dictamen alternativo propuso que los jueces y diplomáticos pasen a formar parte del régimen previsional general, “si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema”.

Además, el legislador sugirió que a ambas poblaciones se les aplique “la misma movilidad que al resto de los jubilados” hasta que se expida la comisión que debe elaborar una nueva fórmula, ya que la anterior fue suspendida por seis meses.

Otra de las propuestas que formuló Lousteau fue que las personas que ya están jubiladas por estos regímenes especiales realicen una “contribución solidaria mínima” para ayudar a resolver el déficit del sistema, “con el mismo criterio de la Ley de Solidaridad”.

El economista precisó que los beneficiarios de todos los regímenes especiales representan “el 3,5% del total” pero “se llevan el 10% de los recursos y les pagamos tres veces más que al resto de los jubilados”.

Foto: Comunicación Senado

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, defendió la iniciativa al sostener que “a todos los jubilados del país se les hace el cálculo de jubilación con los últimos 10 años de aportes, mientras que a estas jubilaciones se les hace sobre el último año. Cobrar el 82% del último salario es un privilegio que no todos los argentinos tienen”.

“No es justo que todos los argentinos estemos financiando a los personas que tienen los salarios más altos del país”, dijo el cordobés, y consideró que esta ley es “un acto de justicia enorme” porque “cuando estamos en un país donde los recursos escasean, los que tienen que poner el hombro son los que más tienen”.

Caserio detalló que el déficit total del sistema previsional es de “13 mil millones de pesos”, cifra que con esta ley “se está bajando en 4.800 millones”.

Desde el Pro, Esteban Bullrich alertó que “lo que busca realmente este proyecto es una maniobra para remover jueces” y denunció que en el Senado “se censuró el debate” porque el oficialismo no permitió realizar modificaciones al texto.

Foto: Comunicación Senado

En tanto, la camporista Anabel Fernández Sagasti apuntó a la oposición: “Cuando tratamos la Ley de Solidaridad Social nos señalaban que no incluíamos a las jubilaciones de privilegio y Alberto Fernández se comprometió a tratarlas en una ley aparte. Eso es lo que estamos haciendo”.

“Estamos dando un paso importante, siempre postergado, sobre dos sectores que aportan un 1% más que el resto en el régimen general, pero que perciben jubilaciones en promedio 13 veces más altas que el resto de los argentinos”, aseveró la mendocina.

El rionegrino Alberto Weretilneck acompañó al oficialismo en la votación, pero admitió que le hubiese gustado “un proyecto más audaz, más profundo, para empezar de nuevo, con una nueva Justicia en la Argentina”.

“Creo que el Poder Ejecutivo Nacional se quedó corto con este proyecto, deberíamos directamente eliminar el régimen. No quiero utilizar frases tristes de la Argentina, pero ‘que se vayan todos’”, pidió, aludiendo a la consigna social de la crisis de 2001.

Hacia el final del debate se produjo un breve cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien en su discurso habló de la supuesta ofensiva del Gobierno contra la Justicia, refiriéndose a la amenaza de intervención del Poder Judicial de Jujuy.

Cristina interrumpió al senador para pedirle que no desvíe el debate a otro proyecto de ley, pero Naidenoff insistió y consideró que el proyecto sobre regímenes especiales “es una excusa, porque el fin es otro”.

“Nos convocaron a debatir sobre los regímenes de privilegio y mantienen los privilegios. ¡Lo de terminar con los privilegios es un verso! Cómprenlo ustedes, nosotros no. Esto es cambiar para que nada cambie”, se quejó el radical, que cuestionó que no se toquen las jubilaciones del presidente, vice y jueces de la Corte.

Al momento del cierre, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) disparó contra los jueces: “Quizás en una suerte de actuación corporativa entiendan que este proyecto no es legal. Puede que encuentren algún resquicio de legalidad en su reclamo, pero no van a encontrar legitimidad porque hoy el pueblo está muy mal y no los va a acompañar”.

“Los integrantes del Poder Judicial hasta tienen el atrevimiento de que, cuando alguna vez el Congreso decidió que pagaran el impuesto a las Ganancias, por una simple acordada a los tres días se exceptuaron de pagar ese impuesto”, recordó.

Lovera, sobre las jubilaciones de privilegio: “Se ha transformado en un sistema injusto y hay que corregirlo”

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social resaltó que hay “una enorme asimetría” entre los regímenes especiales y el general.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera (Frente de Todos), consideró que los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos “se han transformado en un sistema tremendamente injusto, por eso debemos corregirlo”.

El miembro informante del oficialismo en la sesión de este jueves señaló que “hay una enorme asimetría” entre las jubilaciones del sistema general y aquellas que son llamadas de privilegio.

Al comienzo de su discurso, el pampeano sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo “no representa una iniciativa aislada, sino que forma parte de un programa de gobierno”. “Necesitamos que deje de ser siempre la clase trabajadora la que haga los mayores esfuerzos”, continuó.

Lovera destacó las medidas tomadas por el presidente en materia económica y, en ese sentido, insistió en que la reforma de las jubilaciones de privilegio debe analizarse “de manera integral y teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho de la solidaridad un concepto transversal”.

Para el legislador, las “correcciones” que propone la ley se hacen de “manera prudente, sin intenciones de acabar con los regímenes especiales, pero tratando de establecer mayor coherencia entre el beneficio previsional y el esfuerzo contributivo; y, asimismo, ir eliminando de forma progresiva el déficit que generan”.

Sobre ello, detalló que el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de “alrededor de 9.200 millones de pesos”, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a “1.700 millones”.

El senador remarcó que ese déficit debe “ser cubierto con recursos del régimen general, que financiamos todos”.

“No existe ningún fundamento jurídico para seguir sosteniendo en el tiempo una inequidad de tal magnitud”, enfatizó y aclaró que con esta norma “no” se elimina “el carácter diferencial del régimen”, sino que se intenta “que sea razonable” como expuso en comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Para el oficialista, “de no hacer una reforma, se deberán destinar cada vez más recursos para atender este financiamiento”. “Es una ley que no está pensando para que unos ganen y otros pierdan, sino para constituir un sistema que muestre un equilibro”, expresó.

Finalmente, Lovera afirmó que “resulta imperiosa la adecuación de estos regímenes” en pos de la “sustentabilidad y racionalidad” de todo el sistema previsional.

El oficialismo buscará sancionar la ley que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos

El proyecto que ya tiene aprobación de Diputados será tratado en la Cámara alta desde el mediodía. También se le dará ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.

El oficialismo buscará sancionar este jueves en el Senado el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de los jueces y del Servicio Exterior, en una sesión especial convocada para las 12 en la que también se le dará ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.

El Frente de Todos intentará imponer su mayoría para convertir en ley la iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en medio de un escándalo por la presencia de Daniel Scioli al momento del quórum, días después de que el Senado avalara su designación como embajador en Brasil.

La decisión de Juntos por el Cambio de abandonar el recinto en aquella sesión puso en una posición incómoda a los senadores de ese interbloque, que este miércoles se reunieron y decidieron presentar y defender en el recinto su propio dictamen sobre el tema, con Martín Lousteau (UCR) a la cabeza.

La bancada presidida por Luis Naidenoff votará en contra del proyecto del oficialismo, según pudo saber parlamentario.com, pero más allá de esa decisión, el Frente de Todos cuenta con número suficiente para avanzar sobre su objetivo, y podría sumar aliados por fuera de Juntos por el Cambio.

El proyecto del Poder Ejecutivo -que Diputados aprobó con 128 votos a favor y dos abstenciones- eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años, y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.

En la sesión también tomará estado parlamentario el pliego de Rafecas, que fue enviado al Senado este martes; se iniciará así el período para presentar adhesiones e impugnaciones, y luego el candidato a jefe de los fiscales deberá presentarse ante la Comisión de Acuerdos en una audiencia pública.

Uno de los aspectos salientes de la jornada será la ausencia de dos senadores que decidieron auto-acuartelarse preventivamente por el coronavirus: el sanjuanino Roberto Basualdo -por haber estado días pasados en Estados Unidos- y el puntano Adolfo Rodríguez Saá -por ser población de riesgo a raíz de una operación del corazón-.

El Senado sesionará el jueves próximo con la ley de jubilaciones de privilegio

La vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó la convocatoria para tratar la iniciativa que ya cuenta con dictamen de comisiones.

El recinto del Senado volverá a abrirse la semana próxima. En la que será la primera sesión del período ordinario, la Cámara alta tratará el proyecto de modificación de los regímenes jubilatorios de privilegio, que el Frente de Todos buscará convertir en ley.

La vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó la convocatoria a sesión especial para el jueves 12 a las 12. El temario también incluye el ingreso formal de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa que reforma los regímenes previsionales de jueces y diplomáticos obtuvo dictamen favorable este miércoles en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y Presupuesto, donde asistieron funcionarios e invitados.

Si bien Juntos por el Cambio decidió no acompañar al oficialismo y firmar su propio dictamen, el interbloque presidido por Luis Naidenoff adelantó que votará a favor del proyecto en general, y hará objeciones en particular.

También respaldará la iniciativa en el recinto el senador y exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, entre otros.

En la Cámara de Diputados, la iniciativa recibió 128 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones -del Frente de Izquierda-, luego de un escándalo por el aporte de Daniel Scioli al quórum, que hizo abandonar el recinto a Juntos por el Cambio.

El proyecto eleva la edad jubilatoria de los hombres del Poder Judicial hasta llegar a los 65 años en 2025, mientras que para las mujeres se mantiene en 60 años.

El beneficio que recibirán será del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese.

En Diputados se incorporó un cambio a último momento para que jefes de despacho y prosecretarios administrativos se mantengan dentro del régimen especial, ya que el proyecto del Ejecutivo los excluía.

Por otra parte, se impedirá que los jueces jubilados sean llamados a ocupar nuevamente sus puestos en casos de suspensión, licencia o vacancia.

El proyecto sobre jubilaciones de privilegio quedó a un paso de ser ley

Las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto dieron dictamen a la iniciativa que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos.

Por Carolina Ramos

El proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos quedó a un paso de ser convertido en ley, luego de que el Frente de Todos se alzara con el dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado. El oficialismo buscará tratar la iniciativa el próximo jueves en el recinto, cerrando así una discusión teñida de polémica en la Cámara de Diputados.

Juntos por el Cambio no solo se mostró de acuerdo con el rumbo del proyecto, sino que adelantó que acompañará la votación en general. Sin embargo, el interbloque de Luis Naidenoff presentó su propio dictamen con modificaciones, y sembró sospechas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno sobre el Poder Judicial.

Los mismos funcionarios que habían defendido el proyecto en la Cámara baja, lo hicieron este miércoles en el Senado: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli.

Foto: Comunicación Senado

El proyecto del Poder Ejecutivo -que Diputados aprobó con 128 votos a favor y dos abstenciones- eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años, y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aclaró que no se elimina el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces. Por esa razón, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.

En el mismo sentido, Bulit Goñi describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.

Los primeros cuestionamientos llegaron de la mano de Martín Lousteau (UCR), quien opinó que el proyecto deja “sabor a poco” porque “no termina de resolver algunas cuestiones solidarias, ni de peinar más lo redistributivo, ni de reducir el déficit hoy y la tendencia del déficit a futuro”.

Lousteau cuestionó la “prudencia” y llamó a discutir todos los regímenes especiales, al sostener que el haber promedio en estos casos es “tres veces mayor que el que recibe cualquier hijo de vecino”. El porteño agregó que los dos regímenes que se buscan modificar “son solo el 7% del déficit generado por los regímenes especiales” y puso como ejemplo el de los trabajadores de Luz y Fuerza.

“No encuentro justificativo de por qué esta modificación llega hasta ahí y no va más hacia adelante”, insistió Lousteau, pero Moroni retrucó: “Fuimos prudentes porque es un régimen que tiene una tradición histórica muy fuerte. Hay regímenes diferenciales que tienen justificaciones históricas. Podemos discutir si son acertadas o no, pero son históricas”.

Foto: Comunicación Senado

Los radicales Víctor Zimmermann (Chaco) y Julio Martínez (La Rioja) advirtieron sobre las consecuencias que podría traer la ley. El primero le preguntó al ministro si “se verá afectado el servicio de Justicia” con el proyecto, y vinculó el tema al anuncio de la reforma judicial formulado por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.

Pero Moroni consideró que hay que “separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”. “Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”, aclaró el ministro, y agregó que “esta ley no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando”.

Asimismo, sostuvo: “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias. Y señaló que hay personas que “durante años han concursado para ser jueces” y que, llegado el caso, “pueden cubrir esos cargos”.

Martínez no quedó conforme con la respuesta del ministro. “Nos cuesta separar. No es casual ni una cuestión menor las vacancias que se van a producir”, dijo, al referirse al impedimento de convocar a jueces jubilados para cubrir vacantes. El riojano también vinculó este tema a la ofensiva para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, y al decreto que eliminó la Agencia de Protección de Testigos.

Sin embargo, Moroni insistió en su argumento. “Descarto que este régimen tenga la vocación de expulsar jueces. Si esto expulsa un montón de jueces, es un exceso de sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si derogábamos el régimen, como proponían algunos de sus compañeros? ¿Nos quedábamos sin justicia?”, se preguntó, y remató: “Si esto provoca un éxodo, la verdad que me preocupa”.

La defensa oficial

Al inicio de su presentación ante los senadores, Moroni sostuvo que el objetivo que persigue el Gobierno es el de “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, ya que “el 5% de los beneficiarios de los haberes más altos consumen casi el 24% de los recursos”. En ese marco, observó que existen “dos regímenes especiales que sobresalen en cuanto a su nivel de prestaciones”, que son los de los jueces y del Servicio Exterior.

Lo que busca el Poder Ejecutivo, explicó, es que estos regímenes “se vayan acercando un poco más hacia el régimen general”, ya que sus beneficiarios “no solo no redistribuyen sus aportes, sino que requieren del resto de los beneficiarios mayores recursos”. En el caso de los jueces, precisó que el haber promedio es de aproximadamente 280.000 pesos, lo que genera un déficit anual de 9.200 millones de pesos, esto es, 102.000 pesos mensuales por beneficiario.

Foto: Comunicación Senado

Por su parte, Bulit Goñi informó que con la ley se reducirá el déficit del sistema en un 40% en el primer año, y de aquí al año 2040 bajará un 72% en el caso de los jueces y un 35% en el caso de los diplomáticos.

“Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5% de los jubilados se lleva el 24% de los fondos disponibles”, reforzó Bulit Goñi.

En tanto, Vanoli coincidió: “Cuesta justificar estos enormes diferenciales que se han producido a lo largo de muchos años entre prestaciones del régimen general y las de los regímenes especiales. Es saludable que luego de varias décadas sin discutir estos temas hoy estén en la agenda”.

Tal como había hecho en Diputados, el titular de la ANSES detalló que ese organismo registraba un superávit de 11.800 millones de pesos en 2016, cuando asumió Cambiemos, para luego terminar con un déficit de 137.900 millones en 2019.

En el plenario también expuso el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, que entre otras cosas criticó la falta de una cláusula que asegure que los jueces que reúnen los requisitos para jubilarse, puedan hacerlo con el régimen actual.

Moroni descartó que se busque “desguarnecer la administración de Justicia”

El ministro de Trabajo buscó despejar sospechas de la oposición sobre los efectos de la ley de jubilaciones de privilegio y la futura reforma judicial.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, descartó que el Gobierno intente “desguarnecer la administración de Justicia” con la modificación de los regímenes previsionales de privilegio y con la futura reforma de la Justicia federal.

Durante el plenario de comisiones de Trabajo y previsión Social y de Presupuesto del Senado, Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) le preguntó al ministro si “se verá afectado el servicio de Justicia” con el proyecto para reformar el régimen jubilatorio de jueces.

Zimmermann también vinculó el tema al anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández acerca de una reforma judicial para descentralizar la tarea de los tribunales de Comodoro Py.

Ante la consulta, Moroni dijo que hay que “separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”.

Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”, aclaró el ministro, y agregó además que “esta ley no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando”, algo que “ha sucedido en los últimos 30 años”.

Asimismo, sostuvo: “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias.

Moroni añadió que hay personas que “durante años han concursado para ser jueces” y que, llegado el caso, “pueden cubrir esos cargos”.

El Senado debate en comisiones el proyecto de jubilaciones de privilegio

Las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto tratan la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de Diputados. Exponen funcionarios e invitados.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este miércoles el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto del Senado para defender el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados.

Acompañado por el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, Moroni sostuvo que el objetivo que persigue el Gobierno es el de “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, ya que “el 5% de los beneficiarios de los haberes más altos consumen casi el 24% de los recursos”.

En ese marco, observó que existen “dos regímenes especiales que sobresalen en cuanto a su nivel de prestaciones”, que son los de los jueces y magistrados, y del Servicio Exterior.

Lo que busca el Poder Ejecutivo, explicó, es que estos regímenes “se vayan acercando un poco más hacia el régimen general”, ya que sus beneficiarios “no solo no redistribuyen sus aportes, sino que requieren del resto de los beneficiarios mayores recursos”.

En el caso de los jueces, precisó que el haber promedio es de aproximadamente 280.000 pesos, lo que genera un déficit anual de 9.200 millones de pesos, esto es, 102.000 pesos mensuales por beneficiario.

Moroni aclaró que no se busca terminar con el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces, pero se preguntó “cuánta desigualdad es necesaria para que un juez actúe en forma independiente”.

Por eso, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sube de manera gradual la edad jubilatoria hasta llegar a los 65 años y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.

Bulit Goñi describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.

En el caso del Servicio Exterior, explicó que a los funcionarios actuales se los mantiene en el régimen actual, y aquellos que ingresen a la carrera una vez sancionada la ley ingresarán al régimen general, y además “se reduce la tasa de sustitución del 85% al 82%”.

Según el secretario de Seguridad Social, con la ley se reducirá el déficit del sistema en un 40% en el primer año, y de aquí al año 2040 bajará un 72% en el caso de los jueces y un 35% en el caso de los diplomáticos.

“Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5% de los jubilados se lleva el 24% de los fondos disponibles”, reforzó Bulit Goñi.

NOTA EN DESARROLLO

El Frente de Todos buscará avanzar con el proyecto de jubilaciones de privilegio

Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto se reunirá este miércoles a las 17, en el Salón Azul, con la presencia de funcionarios.

comision trabajo y prevision social lovera presidente 2020

Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsional Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Daniel Lovera y Carlos Caserio -respectivamente-, tratará el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos.

La reunión será este miércoles a las 17, en el Salón Azul, con la presencia de invitados. Al igual que sucedió en Diputados, asistirán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli.

En caso de obtener dictamen, el Frente de Todos tiene previsto llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles.

De esta manera, el oficialismo en el Senado buscará avanzar con la iniciativa que tuvo un trámite exprés en Diputados. El jueves pasado, en una sesión de tres horas, la Cámara baja dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno.

El Frente de Todos contó con el respaldo de aliados, pero Juntos por el Cambio -la principal bancada opositora- rechazó de plano la iniciativa denunciando una intención de “vaciar” la Justicia y, además, estalló contra la presencia de Daniel Scioli durante la sesión.

Con un recinto semivacío, el oficialismo avanzó rápidamente en la aprobación del texto que establece que el 82% móvil para el cálculo del haber inicial se tomará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”.

Además, eleva gradualmente la edad jubilatoria para hombres, que será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025. En cambio, se decidió que la edad de las mujeres se mantendrá en 60, a pedido de legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición.

De acuerdo al proyecto, el trámite jubilatorio de los magistrados deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial, entre otros aspectos.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, al abrir el 138° período de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández destacó la iniciativa al sostener que “la crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar mayores inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para los privilegios”.

“Por eso enviamos el proyecto de ley de modificación de los regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. Nos proponemos, y más aún en el contexto de la emergencia en el que estamos, fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando la sustentabilidad en el largo plazo”, dijo.

Jubilaciones de privilegio: el Senado debatirá en comisiones el proyecto

El plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunirá este miércoles a las 17. La iniciativa tuvo un trámite exprés en Diputados.

comision trabajo y prevision social lovera presidente 2020

Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsional Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Daniel Lovera y Carlos Caserio -respectivamente-, tratará el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos. La reunión será este miércoles a las 17 en el Salón Illia.

De esta manera, el oficialismo en el Senado buscará avanzar con la iniciativa que tuvo un trámite exprés en Diputados. El jueves pasado, en una sesión de tres horas, la Cámara baja dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno.

El Frente de Todos contó con el respaldo de aliados, pero Juntos por el Cambio -la principal bancada opositora- rechazó de plano la iniciativa denunciando una intención de “vaciar” la Justicia y, además, estalló contra la presencia de Daniel Scioli durante la sesión.

Con un recinto semivacío, el oficialismo avanzó rápidamente en la aprobación del texto que establece que el 82% móvil para el cálculo del haber inicial se tomará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”.

Además, eleva gradualmente la edad jubilatoria para hombres, que será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025. En cambio, se decidió que la edad de las mujeres se mantendrá en 60, a pedido de legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición.

De acuerdo al proyecto, el trámite jubilatorio de los magistrados deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial, entre otros aspectos.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, al abrir el 138° período de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández destacó la iniciativa al sostener que “la crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar mayores inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para los privilegios”.

“Por eso enviamos el proyecto de ley de modificación de los regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. Nos proponemos, y más aún en el contexto de la emergencia en el que estamos, fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando la sustentabilidad en el largo plazo”, dijo.

Jubilaciones de privilegio: el FdT buscará tratar la próxima semana el proyecto en comisiones del Senado

Se constituyó este viernes la Comisión de Trabajo y Previsión Social, cabecera de la iniciativa. El pampeano Daniel Lovera volvió a ser elegido como presidente.

comision trabajo y prevision social lovera presidente 2020

El oficialismo en el Senado buscará debatir en comisiones la próxima semana el proyecto de ley que reforma los regímenes especiales de jubilaciones de jueces y diplomáticos, aprobado en la Cámara de Diputados este jueves luego de un tratamiento exprés y con rechazo rotundo de la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio.

Este viernes se constituyó en la Cámara alta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quedando al frente de la misma una vez más el pampeano Daniel Lovera. En tanto, María Belén Tapia (UCR) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) -ambos del interbloque JxC- fueron designados vicepresidenta y secretario, respectivamente.

Lovera informó que la iniciativa recientemente aprobada en Diputados ya ingresó a la comisión, después que José Mayans, el jefe del bloque oficialista, pidiera coordinar con la Comisión de Presupuesto y Hacienda -que también interviene- una fecha de tratamiento para el proyecto que “no es urgente, pero los tiempos lo están requiriendo”.

La oficialista Nancy González pidió que se tenga en cuenta que el lunes y martes de la semana próxima hay apertura de sesiones en varias provincias, con lo cual se acordó que se evaluará convocar a un plenario el miércoles por la tarde o el jueves.

La comisión quedó integrada por Daniel Lovera, Nancy González, Ana Almirón, Inés Blas, Mariano Recalde, Mario Pais, Beatriz Mirkin, Gerardo Montenegro, Silvia Sapag y Teresa González, por el Frente de Todos.

Mientras que por Juntos por el Cambio están María Belén Tapia, Julio Cobos, Silvia Giacoppo, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Guadalupe Tagliaferri y Oscar Castillo.

El socialista Estévez explicó porqué se fue de la sesión

Se pronunció a favor de discutir los regímenes de privilegio, pero rechazó el “tratamiento exprés” que le quiso dar el oficialismo.

Junto a la mitad del interbloque Federal que integra, el diputado socialista Enrique Estévez no votó el proyecto del oficialismo para modificar las jubilaciones especiales. Al respecto, aclaró que “poner en discusión los regímenes de privilegio muestra la desigualdad de nuestro sistema previsional. Un pequeño grupo cobra jubilaciones medias de $300.000 mientras la gran mayoría no superan los $20.000”.

“Estamos de acuerdo con los cambios que atenúan privilegios como el cambio en la edad jubilatoria y el aumento de los aportes personales de jueces y diplomáticos”, sostuvo el legislador santafesino, y en ese sentido agregó: “Creemos que se está proponiendo una reforma modesta. No se toca la movilidad privilegiada ni tampoco otros regímenes de privilegio como el de jueces de Corte Suprema y jerarquías de la Iglesia Católica”.

Finalmente Estévez sostuvo que “al momento de discutir el proyecto, estas no son las formas. El oficialismo dio un tratamiento exprés y forzó el quórum para no escuchar al resto de los bloques del Congreso”. Por todo eso, dijo, “por todo esto como bloque nos levantamos de la sesión y esperamos una discusión seria de nuestro sistema jubilatorio. Argentina lo necesita”.

El proyecto que modifica el régimen jubilatorio de los jueces

Haga clic aquí para acceder al proyecto aprobado este jueves en la Cámara baja, que modifica el Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.

Haga clic aquí para acceder al proyecto aprobado este jueves en la Cámara baja, que modifica el Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.

El oficialismo le concedió un cambio clave a Julio Piumato en el proyecto sobre jubilaciones

Es para que los prosecretarios administrativos y jefes de despacho queden comprendidos en el régimen jubilatorio especial. Lo pidieron en el recinto José Luis Ramón y Vanesa Siley.

Por Carolina Ramos

“Gracias, compañero”. El mensaje de Whatsapp fue enviado por el titular del gremio de los trabajadores judiciales (UEJN), Julio Piumato, al presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, luego de que el oficialismo concediera un cambio clave en el proyecto de regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

Luego de que el proyecto fuera aprobado en general, con 128 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, José Luis Ramón, el diputado que fue una de las claves para el quórum, pidió incorporar una modificación en línea con un proyecto de ley que presentó días atrás en tándem con Piumato.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo pidió modificar el artículo primero del proyecto para que jefes de despacho y prosecretarios administrativos queden comprendidos en el régimen jubilatorio especial al que están acogidos los jueces, en el marco de la Ley 24.018. En la redacción original, estos funcionarios habían sido excluidos por el Poder Ejecutivo, por lo que Ramón solicitó reincorporarlos.

La oficialista Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, adhirió al pedido de Ramón, que fue aceptado por Casaretto.

“Celebro y agradezco al bloque que escuchó la demanda de los trabajadores. En un momento de crisis se respetó la carrera judicial”, destacó Siley, al pedir “que no sean los de abajo los que tengan que pagar la crisis que heredamos del macrismo”.

Fernanda Vallejos atribuyó a JxC “un acting bochornoso”

“Los que hoy no se sentaron a dar quórum dejaron un país con 40% de pobreza y dos dígitos de desocupación”, disparó la diputada kirchnerista.

Tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley que modifica el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y diplomáticos, la diputada nacional Fernanda Vallejos sostuvo que “necesitamos cuidar nuestro sistema previsional público y solidario, tan apetecido por los fondos financieros internacionales, que ansían la privatización de los fondos de los trabajadores y de los jubilados, que rescatamos de la estafa de las AFJP”.

“Estamos en una economía en emergencia, los que hoy no se sentaron a dar quórum y luego se retiraron en medio de un acting bochornoso, dejaron un país con 40% de pobreza, dos dígitos de desocupación, una sociedad dolorosamente desigual y una deuda monstruosa”, sostuvo la diputada.

“No se escandalizaron cuando su gobierno destruía la economía y desfinanciaba el sistema previsional, mientras derrumbaba las jubilaciones y les quitaba los remedios a nuestros adultos mayores -continuó-. Pero se escandalizan hoy, cuando se trata de eliminar privilegios. Privilegios inaceptables para una sociedad lastimada, que exige de todos un aporte. Los jueces no pueden estar al margen”, amplió la legisladora.

Para Naidenoff, el Gobierno busca vaciar y cooptar a la justicia

En una serie de tuits, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio habló de “escándalo institucional” en la Cámara baja.

“Lograron el quórum sentando en la banca a Daniel Scioli, actual embajador designado en Brasil, con la aprobación del Senado, quien ya venía ejerciendo funciones en este rol”, sostuvo este jueves el senador nacional Luis Naidenoff, al cuestionar la media sanción del proyecto de reforma de los regímenes judicial y del Servicio Exterior.

Para el presidente del interbloque JxC del Senado, “si la idea era terminar con los privilegios de los regímenes especiales, en los que todos coincidíamos, no hacía falta semejante escándalo institucional por parte del oficialismo”.

Naidenoff concluyó que “la maniobra de lograr quórum de cualquier manera demuestra que la verdadera intención es el vaciamiento y la cooptación de la justicia nacional y federal”.

Tras un escándalo por el quórum, Diputados aprobó la reforma de los regímenes jubilatorios de jueces

Juntos por el Cambio denunció que el Frente de Todos alcanzó los 129 diputados gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien fue avalado como embajador en Brasil. El oficialismo prosiguió con la sesión y la iniciativa obtuvo 128 favorables.

Tras un debate marcado por el escándalo, el Frente de Todos logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos. La iniciativa obtuvo 128 votos a favor y ninguno en contra, luego de que Juntos por el Cambio denunciara una maniobra “irregular” del oficialismo para reunir el quórum con la presencia de Daniel Scioli.

El Frente de Todos logró reunir los 129 legisladores presentes para iniciar la sesión -45 minutos después del horario de convocatoria- gracias al aporte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón; los dos miembros del Frente de Izquierda; los cuatro integrantes de Córdoba Federal; y la neuquina Alma Sapag.

Sin embargo, cuando el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, había abierto el debate, Juntos por el Cambio bajó al recinto y el jefe del interbloque, Mario Negri, denunció que el oficialismo había conseguido el quórum gracias al aporte de Scioli, quien fue avalado por el Senado como embajador en Brasil la semana pasada.

Negri alertó que la presencia de Scioli “es de absoluta anormalidad y torna inválido el quórum con el que se dio inicio a la sesión”. Señaló además que el exgobernador ya asumió, en la práctica, el rol de embajador. “¡Le dieron el acuerdo! ¡Se hizo felicitar! ¡Viajó! ¡Se sacó fotos con el presidente de Brasil!”, bramó el cordobés.

En busca de calmar las aguas, Massa informó que la renuncia del bonaerense a su banca aun no fue aprobada por el pleno. Inmutable, el propio Scioli pidió la palabra para aclarar que su renuncia comenzará a regir “el 3 de marzo”, y añadió que su nombramiento no fue publicado todavía en el Boletín Oficial.

Se desató entonces un fuerte alboroto en el recinto, con gritos y acusaciones cruzadas, mientras Massa intentaba iniciar el debate del proyecto. En medio del escándalo, Negri anunció que si la sesión continuaba, irían a la Justicia para pedir su nulidad, y los diputados de la principal bancada opositora abandonaron definitivamente el recinto.

El mendocino Ramón, uno de los principales responsables del quórum, cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio. “Espero que el ciudadano común se dé cuenta del doble discurso de determinados diputados que vienen rasgándose las vestiduras por una reforma del sistema judicial y por terminar con los privilegios”, subrayó, y sentenció: “Este papelón que acaba de vivir el recinto me da vergüenza”.

A su vez, Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la presencia de Scioli en el recinto y acusó a Juntos por el Cambio de impulsar “una maniobra burda” al judicializar la sesión. “Llama un poco la atención que, tratándose del sistema previsional vinculado al sistema judicial, el camino que se intente buscar sea llevarlo justamente al plano judicial. La intención está demostrada”, sugirió.

En un recinto semivacío, unos pocos diputados del Frente de Todos defendieron el proyecto, y tras un breve debate se aprobó el proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, ya en el marco del período ordinario. En la votación hubo dos abstenciones, de los diputados Romina Del Plá y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda).

El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, aportó cifras para fundamentar el proyecto. Precisó que actualmente hay 17.622 trabajadores activos del Poder Judicial que aportan, en promedio, 32.000 pesos, mientras que los pasivos son casi 7.000, cuyo haber promedio es de 272.000 pesos.

El entrerriano advirtió que hay beneficios que llegan hasta los 770.000 pesos por mes; puntualmente, hay cuatro jubilaciones otorgadas por 750.000 pesos, y ocho por 700.000 pesos, mientras que otros 2.265 están por encima de los 300.000 pesos, según detalló.

“En el régimen general hubo una movilidad del 51%, ¿y cuánto aumentaron los beneficios de quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo 18 puntos de aumento por encima de los beneficiarios del sistema general”, puntualizó Casaretto.

A cargo del cierre, Leopoldo Moreau, aseveró que “es indignante que algunos representantes del Poder Judicial diciendo que venían a defender la Constitución y apoyan todos estos privilegios”. “Venimos a tratar de poner en orden el sistema de seguridad social. Queremos recomponer el sistema público de reparto para que no se lo lleven puesto”, dijo.

Casaretto: “El sistema judicial tuvo, en 2019, 18 puntos más de aumento que el sistema general”

El titular de Previsión Social sostuvo que jueces y diplomáticos perciben “importes muy altos que tenemos que limitar”, alertando sobre el fuerte desfinanciamiento que provoca al resto del sistema.

El presidente de la Comisión de Previsión Social, Marcelo Pablo Casaretto, arrancó su discurso como miembro informante de manera bastante incómoda, pues lo hizo entre gritos de la oposición, que insistía en considerar inválida la sesión por la presencia “irregular” de Daniel Scioli en su banca. El diputado entrerriano arrancó recordando el tiempo transcurrido entre el anuncio del tratamiento de ese proyecto, su presentación en el Congreso y que durante ese transcurso, quienes sabían que formarían parte de las comisiones que lo tratarían se abocaron a analizarlo y hasta a “recibir a distintos sectores que tienen vinculación con el Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación”.

“En base a ese diálogo fuimos armando una agenda”, sostuvo, reiterando entonces que “el proyecto de ley ya había sido anunciado  por el presidente el 20 de diciembre; el 14 de febrero tuvo ingreso a esta Cámara y todos los diputados contábamos con copia. No obstante eso, decidimos convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen en el ámbito de la comisión”. Con lo cual, Casaretto buscó establecer que el tema había tenido un amplio tratamiento, poniendo como ejemplo que habían podido hablar 18 diputados durante el plenario.

En su mensaje, Casaretto aseguró que el proyecto del Ejecutivo se había “enriquecido” con las propuestas aportadas por diversos sectores, y detalló luego que “en este momento tenemos 17.622 (trabajadores) activos que hacen un aporte promedio de 32.609 pesos por mes. Y tenemos pasivos, beneficios entre jubilaciones y pensiones, que son 6.983, que tienen un haber promedio de 272.099 pesos. O sea que los activos aportan 32 mil pesos por mes y los pasivos que están cobrando los beneficios, 272 mil pesos por mes”.

Luego apuntó a los haberes máximos del sistema, señalando que hay beneficios que alcanzan hasta 770 mil pesos por mes. “Tenemos por encima de 750 mil pesos cuatro, por encima de 700 mil, ocho. Por encima de 300 mil pesos mensuales existen 2.265 beneficios”, señaló en base a los informes actuariales difundidos entre los diputados de todos los bloques.

El diputado del Frente de Todos remarcó que “esto significa importes muy altos que tenemos que limitar, naturalmente”, y pidió mirar lo sucedido en 2019 en materia de movilidad. “En el régimen general hubo una movilidad del 51%, ¿y sabe cuánto aumentaron los beneficios de quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo 18 puntos de aumento por encima de los beneficiarios del sistema general”, puntualizó, agregando que los últimos cuatro años hubo una movilidad en el sistema general del 227%, y en el sistema judicial una movilidad del 295%. “Casi 70 puntos por encima de lo que fue la movilidad del sistema general. O sea que hay una situación de desigualdad, que no es nueva, que se va profundizando año a año”, precisó, remarcando que “es una decisión de nuestro Gobierno abordar este tema desde un concepto de solidaridad y de redistribución del ingreso, priorizando a aquellos beneficiarios que están en el orden de los 16 mil pesos, y no aquellos que están por encima de los 330 mil pesos, o aún los 770 mil pesos”.

Así las cosas Casaretto detalló que el déficit del sistema judicial fue el año pasado de 8.296 millones de pesos. “Todos los argentinos están aportando al financiamiento de este sistema que tiene retribuciones altas”, sostuvo, para precisar luego que según otra forma de cálculo que hacen los actuarios, el déficit podría ascender a 11.000 millones de pesos en el año 2019.

Al destacar que es un problema “creciente”, estimó que en el año 2034 el déficit se multiplicaría por dos, y hacia 2049, se iría a 27.000 millones de  pesos a valor actual, multiplicándose por tres.

En cuanto al régimen del Servicio Exterior, contó que hay 1.071 activos, que aportan un promedio de 38.972 pesos por mes. Dentro de los beneficiarios pasivos, hay 706 beneficios que están cobrando hoy 335.933 pesos. “Naturalmente es un sistema que tiene un desfinanciamiento importante, como es el caso del régimen judicial”, apuntó, destacando que 426 beneficiarios están por encima de los 300 mil pesos mensuales.

Casaretto advirtió a continuación sobre el aporte adicional que el resto de los jubilados deberán hacer si estos sistemas no se cambian, y estimó que con las reformas propuestas el desfinanciamiento bajaría en un 40%, que “permitiría tener más recursos para el resto de los sectores”.

El FdT consiguió quórum y sesiona Diputados para debatir el proyecto de jubilaciones de privilegio

La reunión arrancó a las XXX, con la presencia de XXX legisladores. El proyecto del Gobierno modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos.

Con la ayuda de aliados y gran dificultad, el Frente de Todos consiguió un agónico quórum casi una hora después del horario pactado para dar abrir la sesión extraordinaria de este jueves, destinada a debatir el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos. La reunión arrancó a las 12.59, con la presencia de 129 legisladores.

Pasados 45 minutos, la diputada Cecilia Moreau solicitó media hora más para esperar a reunir el quórum, que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, otorgó. Sin embargo intervino el diputado radical Ricardo Buryaile, quien argumentando razones de “usos y costumbres” de la Cámara pidió que se redujera ese plazo a 15 minutos. Massa dijo que el reglamento no establecía ningún plazo, no obstante lo cual accedía, entendiendo que los diputados suficientes para dar el quórum estaban “en la casa”. Buryaile agradeció y se retiró, ante lo cual Sergio Massa deslizó con ironía: “Si se quiere quedar a trabajar…”.

Juntos por el Cambio, el principal interbloque opositor, no aportó quórum tal como lo había anticipado. Por su parte, se sentaron en sus bancas los diputados cordobeses del bloque que encabeza Eduardo Bucca y los ocho de la bancada de José Luis Ramón, más la neuquina Alma Sapag. A las 12.59 se produjo el ingreso de la diputada fueguina Mabel Caparrós, quien fue la que permitió alcanzar el quórum y dar inicio a la sesión.

En un trámite veloz, la iniciativa del Gobierno obtuvo dictamen de mayoría durante un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda que se desarrolló ayer con la participación de funcionarios.

Aunque el texto sufrió modificaciones respecto de la versión original enviada desde Casa Rosada, el oficialismo no aceptó la incorporación de una cláusula transitoria reclamada por Juntos por el Cambio para garantizar que los jueces en condiciones de jubilarse puedan acogerse al régimen actual.

Ante la negativa del FdT, comunicada por Máximo Kirchner a Mario Negri, Juntos por el Cambio denunció que el Gobierno “pretende cooptar al Poder Judicial”.

El proyecto establece que el 82% móvil para el cálculo del haber inicial se tomará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”.

Además, la edad jubilatoria para hombres se subirá de manera gradual, siendo de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025. En cambio, se decidió que la edad de las mujeres se mantendrá en 60, a pedido de legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición.

En los cambios, el Frente de Todos accedió a que se elimine el requisito que establecía que para acceder a la jubilación especial, los jueces debían haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

También, se incorporó que el trámite jubilatorio de los magistrados deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial.

Ocaña: el recorte a las jubilaciones judiciales “puede poner en crisis a la Justicia”

Para la diputada de JxC, el Gobierno busca “detonar a la Justicia” provocando un gran número de vacantes en el Poder Judicial.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña advirtió este jueves que el recorte a las jubilaciones judiciales “puede poner en crisis el servicio de la Justicia” y agregó que “esto afecta al 50 por ciento de las vacantes en fiscalías y tribunales”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Ocaña señaló además que con esta iniciativa “el Gobierno quiere detonar a la Justicia” y añadió que “con este avasallamiento, el Gobierno quiere conseguir impunidad para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y funcionarios”.

En ese sentido, sostuvo también que “este atropello tiene el claro objetivo de ir por la Justicia y la reforma judicial que prometió Alberto Fernández cuando llegó al poder. El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios”.

La legisladora nacional dijo que este proyecto “cambiaría el sistema de subrogancia y elimina el estado judicial para que jueces jubilados puedan ser llamados a cubrir vacantes”.

Pastori alerta por una “renuncia masiva” de funcionarios judiciales

El diputado radical consideró que, al no incluir una cláusula aclaratoria en el proyecto, el oficialismo “está buscando que los jueces se vayan”.

El diputado nacional Luis Pastori (UCR) afirmó que está a favor de modificar las jubilaciones de privilegio, pero insistió que en le proyecto debe aclararse que “se respetará a los jueces los derechos adquiridos por la actual ley”.

“El proyecto, como está escrito, incentiva a jueces y fiscales a renunciar y a dejar vacantes que harían colapsar la justicia y posibilitarían al oficialismo designar jueces afines”, señaló en la previa de la sesión en la Cámara baja.

El radical enfatizó que “hay jueces que tienen derechos adquiridos para jubilarse más adelante con la ley actual, sin que se les afecte en la totalidad de su haber, una nueva ley de jubilación si es que se aprueba. Esto debe aclararse en el texto”.

En ese sentido, el legislador ratificó que para el Juntos por el Cambio “es determinante que esté aclarado, porque somos muchos los diputados que entendemos que la negativa del Poder Ejecutivo a acceder a esta cuestión, da lugar a pensar que, en realidad lo que quiere, es que no se tenga en cuenta la ley actual para las futuras jubilaciones y lograr así una renuncia masiva de jueces, para reemplazarlos por nuevos jueces afines”.

“Todos sabemos que cuando llega el momento de jubilarse cada uno se jubila por la ley vigente al momento del cese, y si se quiere hacer valer algún derecho adquirido por una ley anterior, es posible que muchos terminen litigando contra el Estado para que se le reconozcan esos derechos”, advirtió.

Y continuó: “Esto se puede salvar con un simple artículo que aclare la cuestión, sino tenemos derecho a sospechar que el Poder Ejecutivo no lo quiere hacer porque está buscando otro objetivo, que es que se vayan los jueces actuales que cumplen los requisitos para jubilarse, y así puedan surgir nuevas vacantes”.

Pastori también cuestionó que la iniciativa “establece una discriminación incomprensible, rayando la arbitrariedad para los derechohabientes de los diplomáticos o funcionarios del Poder Judicial fallecidos. La arbitrariedad se plantea en el caso de la pensión por fallecimiento, al pasar el derechohabiente, llámese esposa viuda, esposo viudo, los hijos menores o los hijos discapacitados, de un régimen especial atenuado al régimen general, viéndose reducido el haber de manera incomprensible”.

El Frente de Todos buscará la media sanción de la reforma de jubilaciones de privilegio

La Cámara de Diputados sesionará desde el mediodía para avanzar con el proyecto del Gobierno que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos. Juntos por el Cambio rechaza la iniciativa.

El Frente de Todos buscará en la Cámara de Diputados dar media sanción al proyecto de ley enviado por el Gobierno para reformar los regímenes especiales de jubilaciones que cobran jueces y diplomáticos, en la última sesión extraordinaria que se realizará a partir del mediodía de este jueves.

La iniciativa, que tuvo un trámite veloz, obtuvo dictamen de mayoría durante un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda que se desarrolló ayer con la participación de funcionarios.

Aunque el texto sufrió modificaciones respecto de la versión original enviada por el Poder Ejecutivo, el oficialismo no aceptó la incorporación de una cláusula transitoria reclamada por Juntos por el Cambio.

Ante la negativa del FdT, comunicada por Máximo Kirchner a Mario Negri, el principal interbloque opositor anticipó que no dará quórum y denunció que el oficialismo “pretende cooptar al Poder Judicial”.

Sin mayoría, el oficialismo deberá sumar a sus 118 diputados propios casi una docena de legisladores de la oposición para poder arrancar la sesión con el número reglamentario de 129.

La izquierda, representada por Nicolás del Caño y Romina del Plá, ya anticipó que se sentará al comienzo de la reunión. En tanto, en el interbloque Federal, comandado por Eduardo “Bali” Bucca, y en Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por José Luis Ramón, había posturas divididas en torno al proyecto. Ambas bancadas, que suman un total de 19 legisladores, son clave para que el Frente de Todos pueda avanzar o no con la reforma.  

“El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios”

Así se expresó el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, que tras una reunión decidió no dar quórum este jueves.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, decidió tras una reunión no aportar al quórum en la sesión especial de este jueves, donde se tratará el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

La bancada adoptó esa postura luego de que el Frente de Todos rechazara incorporar una cláusula aclaratoria para establecer que los jueces que hoy están en condiciones de jubilarse podrán mantener las condiciones actuales en el futuro, en caso de que continúen en funciones.

Tras negociaciones que se produjeron a lo largo de la jornada, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, comunicó a Negri que el oficialismo no aceptaría añadir esta cláusula, por lo que Juntos por el Cambio finalmente firmó su propio dictamen, y luego resolvió no dar quórum en la sesión.

El proyecto del Poder Ejecutivo es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. El oficialismo pretende garantizar la impunidad mediante las teorías de ‘lawfare’, el proyecto para modificar las prisiones preventivas en casos de corrupción, la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la desarticulación del sistema de testigos protegidos”, enumeró Juntos por el Cambio en un comunicado.

Y agregó: “Ahora quieren provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales, la cual podría alcanzar a casi la mitad del Poder Judicial, paralizando causas y habilitando la discrecionalidad para nominar a dedo a los jueces que deben investigar la corrupción kirchnerista”.

La bancada coincidió en “la necesidad de cambiar los regímenes jubilatorios que tienen privilegios”, pero advirtió que “el oficialismo tiene un objetivo último que es peligroso para la democracia y la República”.

“Ofrecimos al Frente de Todos incorporar una cláusula transitoria para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la anomia en el Poder Judicial. Intentamos persuadir al oficialismo durante toda la jornada, pero no tuvimos el eco esperado”, lamentaron los legisladores.

Por eso, informaron que no estarán presentes en el recinto al momento de abrir la sesión, y advirtieron: “Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra. Si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”.

La cláusula propuesta por Juntos por el Cambio indicaba que “los funcionarios y/o magistrados comprendidos en el Anexo 1 de la Ley 24.018 que a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas en la presente ley tuvieren otorgado el beneficio o reunido la totalidad de los requisitos establecidos en el régimen de esa norma, mantendrán el derecho a los beneficios que la misma otorga, el cual podrá ejercerse en cualquier momento”.

Firman dictamen sobre el proyecto de jubilaciones de jueces y JxC no dará quórum en la sesión

El Frente de Todos consiguió el despacho de mayoría, que se votará este jueves en el recinto. El interbloque de Mario Negri no logró incorporar una cláusula aclaratoria.

Por Carolina Ramos

El Frente de Todos se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría sobre el proyecto de modificación de los regímenes especiales de jueces y diplomáticos, que será votado este mismo jueves en un trámite veloz. Si bien el oficialismo concedió modificaciones a la redacción original, rechazó incorporar una cláusula aclaratoria que pedía Juntos por el Cambio, y el interbloque de Mario Negri resolvió no aportar al quórum en la sesión especial.

Tras una extensa reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos firmó el dictamen con acompañamiento parcial de dos diputados de la oposición: el misionero Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo) y el cordobés Paulo Cassinerio (Interbloque Federal).

Mientras avanzaba el plenario, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibió a Negri, quien acompañado por sus pares Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió incorporar al proyecto una cláusula para evitar un “éxodo” de jueces que podrían retirarse con la ley actual generando un alto porcentaje de vacancias.

Sin embargo, las negociaciones resultaron infructuosas: tras una serie de llamadas telefónicas cruzadas, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, comunicó a Negri que no aceptarían la propuesta. En consecuencia, Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría, y tras una reunión posterior decidió no aportar al quórum en la sesión convocada para este jueves.

El Frente de Todos cuenta con 118 diputados propios, sumados a Alma Sapag y los dos integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, quienes adelantaron que participarán de la sesión. Ante la ausencia de Juntos por el Cambio, será clave el aporte de los interbloques de Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón para abrir el debate.

Por parte del Poder Ejecutivo, los encargados de defender el proyecto ante las comisiones fueron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli. Los cuestionamientos llegaron de parte del presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle; y el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

Ante los funcionarios, los diputados Pablo Tonelli (Pro) y Luis Pastori (UCR) reclamaron explicitar en la letra de la ley que los jueces que hoy están en condiciones de jubilarse podrán hacerlo con el régimen actual en el futuro, si es que siguen ejerciendo funciones en el Poder Judicial. Se trata de 260 magistrados y funcionarios judiciales que iniciaron el trámite; más 237 que tienen el beneficio otorgado, pero suspendido, y ejercen el cargo.

Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social, rechazó durante el debate la propuesta de los diputados, y si bien a lo largo de la tarde el oficialismo evaluó conceder esa cláusula, la respuesta final fue negativa. El Frente de Todos tampoco aceptó el pedido del sindicalista Julio Piumato -plasmado en un proyecto de José Luis Ramón- para incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial.

Por el contrario, el oficialismo sí aceptó otras modificaciones al texto. En primer lugar, se estableció que la edad jubilatoria de las mujeres del Poder Judicial se mantendrá en 60 años, es decir, no se llevará a 65 años. En el caso de los hombres, como indicaba la redacción original, la edad subirá de manera gradual, siendo de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.

En tanto, se eliminó del proyecto el requisito que establecía que para acceder a la jubilación especial, los jueces debían haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

Por otra parte, se aclaró que los beneficios otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley serán del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”. El mismo criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes.

Otra novedad es que, por un artículo incorporado, el trámite jubilatorio de jueces deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial. Por último, se eliminaron cuatro incisos del artículo 16 de la Ley 24.018, que permiten que los magistrados jubilados sean llamados a ocupar nuevamente sus puestos en casos de suspensión, licencia o vacancia.

El presidente de la Asociación de Magistrados advirtió que el proyecto “genera una inseguridad jurídica enorme”

Marcelo Gallo Tagle sostuvo que “es posible que el 25% de las vacantes que hoy existen” en el Poder Judicial “se dupliquen” si avanza la ley.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, advirtió este miércoles en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que el proyecto sobre jubilaciones de jueces “genera una inseguridad jurídica enorme”, y advirtió sobre la cantidad de vacantes que podrían producirse si avanza la ley.

“Nuestra posición no es obstaculizar este proyecto, sino todo lo contrario; queremos que este proyecto avance y prospere, pero dentro de ciertos parámetros de razonabilidad”, arrancó Gallo Tagle ante los diputados de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social.

El magistrado manifestó: “Queremos cambiar esta imagen negativa que existe en los medios y en la sociedad, inmerecidamente ganada, porque hay más de 900 jueces en todo el país, más la integración de los Ministerios Públicos, y se desconoce la actividad que muchos de ellos realizan y el esfuerzo que ponen para que el servicio de Justicia funcione”.

Gallo Tagle advirtió que “es muy probable que las renuncias en el Poder Judicial sean numerosas” con esta ley y lamentó que “hay mucha gente valiosa, honesta e idónea que se está retirando del Poder Judicial”.

Detalló que “muchos jueces ejercen en dos juzgados porque hoy por hoy hay un 25% de vacantes” que no son cubiertas, lo cual genera que haya menos aportes al sistema. Más aún, aseguró que “es posible que ese 25% de vacantes que hoy existen se dupliquen” si se sanciona la ley.

Por otra parte, subrayó que “esto no es una ley de privilegio”, ya que “el privilegio es cuando uno recibe a cambio de no entregar nada, y nosotros en nuestro sistema previsional estamos con un sinnúmero de aportes más agravados que en la ley común”. En ese sentido, dijo que actualmente el aporte es del 12% “sin techo”, mientras que en el régimen general es del 11%.

“Con la cantidad de vacantes que se van a producir y la cantidad de imposibilidades de cobertura, estamos atentando contra una adecuada prestación del servicio de Justicia”, sentenció, para luego advertir que el proyecto de ley “genera una inseguridad jurídica enorme”.

El proyecto de jubilaciones especiales recibió cambios, pero rechazan una cláusula propuesta por JxC

Avanza el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo negó que se busque generar un “éxodo masivo” de jueces.

Avanza en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley para modificar los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos. Representantes del Poder Ejecutivo concedieron cambios al texto, pero rechazaron una cláusula transitoria propuesta por Juntos por el Cambio para evitar un “éxodo” de jueces que están en condiciones de jubilarse.

La discusión se desarrolla en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli.

El oficialismo busca dar el primer paso para tratar el proyecto este mismo jueves en el recinto, donde espera contar con apoyo de una porción de la oposición. El interbloque Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, no consiguió la modificación que pretendía y podría no dar quórum en la sesión especial.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) fue quien planteó la necesidad de incorporar una cláusula transitoria “que asegure de manera real, concreta y efectiva, que quienes hoy están en condiciones de jubilarse van a poder hacerlo con este régimen en el futuro si es que permanecen en el Poder Judicial”.

El legislador y consejero de la Magistratura consideró que este cambio “es decisivo para evitar una suerte de éxodo o fuga del Poder Judicial” que genere numerosas vacantes que luego deberán ser cubiertas por esta gestión.

Bulit Goñi respondió que esta aclaración está contemplada en el mensaje que acompaña al proyecto, tras lo cual rechazó la propuesta. “¿Qué pasaría si estuviéramos discutiendo el Código Penal y se propusiera un artículo que diga que el que no roba no va preso?”, comparó el funcionario.

En ese sentido, enfatizó que “cuando un ciudadano en vigencia de una ley cumple todos los requisitos para adquirir esa prestación, esa prestación queda incorporada a su patrimonio”. “Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente”, sentenció Bulit Goñi.

Juntos por el Cambio no quedó conforme con la respuesta y el radical Luis Pastori volvió a la carga minutos después. “No queda claro que esto esté expresado en el mensaje”, opinó, y advirtió que “llama la atención la negativa a incluir un texto que diga esto expresamente”.

“Esto para nosotros es determinante. Si es tan clara la cuestión, ¿cuál es el motivo por el cual no incluir un artículo que lo deje expresamente aclarado?”, sugirió, y agregó: “Tenemos todo el derecho a sospechar que el Poder Ejecutivo tiene otro objetivo, que es que los jueces que cumplen con los requisitos (para jubilarse) se vayan y queden vacantes a ser cubiertas”.

Sin embargo, los representantes del Ejecutivo se mostraron inflexibles. “No es la intención del Ejecutivo generar un éxodo masivo de jueces”, sintetizó Bulit Goñi para dar por cerrada la discusión.

Los cambios

El diputado Darío Martínez enumeró una serie de cambios concedidos por el oficialismo. En primer lugar, a pedido de diputadas del Frente de Todos y del radical Albor Cantard, se estableció que la edad jubilatoria de las mujeres del Poder Judicial se mantendrá en 60 años, es decir, no se llevará a 65 años como en los hombres.

En el caso de los hombres, como indicaba la redacción original, la edad subirá de manera gradual, siendo de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.

En tanto, se eliminó del proyecto el requisito que establecía que para acceder a la jubilación especial, los jueces debían haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

Por otra parte, se aclaró que los beneficios otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley serán del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”. El mismo criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes.

Otra novedad es que, por un artículo incorporado, el trámite jubilatorio de jueces deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial, explicó el diputado Martínez.

Vanoli dijo que los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos suman un déficit de $11.000 millones

Fue una de las cifras que aportó el titular de la ANSES durante el plenario de comisiones de Diputados.

El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, advirtió este miércoles que tanto el régimen jubilatorio del Poder Judicial como el del Servicio Exterior “son deficitarios”, ya que “entre ambos regímenes el déficit superó los 11.000 millones de pesos” en 2019.

Fue una de las cifras que aportó el funcionario al exponer en el plenario de comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto para modificar los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

Vanoli especificó que en el Poder Judicial de la Nación hay actualmente 5.484 beneficiarios cuyo haber promedio es de 293.107 pesos; la gran mayoría, informó, cobra “más de 200.000 pesos”. En el caso del Servicio Exterior, los beneficiarios son 706 y el haber medio es de 335.934 pesos.

El responsable de la ANSES también señaló que al estar exentos los jueces del pago del impuesto a las Ganancias, el Estado deja de recaudar “421.000.000 de pesos mensuales”.

También precisó que “solo el 7% de los beneficiarios del régimen general gana más de tres jubilaciones mínimas”, mientras que “el 62% del total de los beneficiarios de regímenes especiales está en tres mínimas”.

Vanoli recordó ante los diputados que el sistema de seguridad social hoy representa “más del 50% del gasto total” y detalló que en 2016 se dio un punto de inflexión por “el déficit del sistema previsional, paralelo a una caída de los aportes y contribuciones”.

En tanto, indicó que entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 “la caída del valor en dólares” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad “fue del 34,3%”.

En este contexto, recordó que durante el debate sobre la Ley de Emergencia Pública, en diciembre pasado, hubo cuestionamientos de la oposición respecto a la decisión de “dejar a salvo los regímenes particulares” de las reformas implementadas.

Por eso, consideró que “este proyecto es un modesto avance” en ese sentido, aunque admitió que “sigue habiendo desigualdades”, algunas de las cuales están “justificadas” por la propia actividad de los beneficiarios.

El secretario de Seguridad Social calificó de “prudente” el proyecto

Luis Bulit Goñi aseguró que se han cuidado al elaborarlo de “no afectar garantías constitucionales y derechos adquiridos específicos”.

Al exponer ante el plenario de diputados, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, calificó de “prudente” el proyecto, y destacó que el mismo apunta a “la situación general del sistema previsional en su conjunto, atendiendo a los principios que hacen al sistema en su conjunto”. Aclaró también que “se ha cuidado mucho de no afectar garantías constitucionales y derechos adquiridos específicos”.

En ese sentido, destacó que se ha procurado respetar la “intangibilidad de las remuneraciones” que rige para los magistrados y recordó que “la jurisprudencia de la Corte ha señalado reiteradamente que esas garantías se extienden luego en lo que es el haber en pasividad”.

Bulit Goñi puntualizó que el proyecto mantiene la tasa de sustitución del 82% móvil, aunque modifica la base de cálculo. “Hoy es el 82% del último haber al momento que el funcionario cesa en sus funciones”, recordó el funcionario, precisando que el proyecto en discusión toma “120 remuneraciones hacia atrás para calcular el haber inicial”, y destacó que ese cálculo no hace más que aplicar a ese régimen principios vigentes en todo el mundo.

Para marcar que no hay ahora posturas extremas, el secretario sugirió retrotraerse a lo que fue el debate de las políticas previsionales durante la crisis de los años 2001 y 2002 en el Diálogo Argentino. “Había propuestas para ese régimen general para que se tomaran no solo los últimos 120 meses, sino toda la carrera del individuo”, recordó, asegurando que “no estamos innovando”.

También destacó que “no ha habido ninguna impugnación” planteada contra el proyecto presentado, y ante las críticas citó que se advirtió que podría quedar librado “al arbitrio del Poder Ejecutivo” la forma de calcular la movilidad hacia adelante. Lo descartó, mencionando que en ese sentido se presentó este miércoles una propuesta de modificación al proyecto -el artículo 17° inciso B- para aclarar que en el cálculo no habrá ninguna posibilidad de establecer una pauta que perjudique a los actuales o a los futuros magistrados.

Ante un pedido puntual posterior del diputado Pablo Tonelli, Bulit Goñi leyó la modificación, indicando que el cambio indica que “para los beneficios que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará el porcentaje fijado en el artículo 10 de la ley 24.018 y sus modificatorias, y en el artículo 4° de la Ley 22.731, respectivamente, sobre el promedio de las remuneraciones que allí se refieren, actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese. Igual criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes”.

Luego de aclarar que el 82% “en la Argentina es un régimen mágico que nunca ha estado vigente en la realidad”, dijo que “en ninguna parte del mundo existe una tasa de esa naturaleza”.

“Yo no recuerdo alguna otra crítica específica que se haga al proyecto, más que al haberse señalado que se afectan los derechos adquiridos de los magistrados en condiciones de jubilarse”, señaló Bulit Goñi en otro pasaje, recordando que hay innumerables casos de magistrados que al cumplir el período establecido por la ley han iniciado su trámite jubilatorio, pero lo han suspendido al momento del cese. Señaló que los que al día de hoy no han hecho el trámite, pero lo hagan hasta el día anterior de la promulgación de la ley, “conservarán sus derechos, no están afectados” a los alcances de la nueva ley.

Además, dijo que la modificación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años es una elevación de edades de jubilación que se aplica a todo el mundo y lo que se ha hecho aquí “no es más que adecuarlo a las pautas”. Por último dijo sobre la cuestión e género que “en la actual ley no hay diferenciación para jueces y  juezas”, y se ha resuelto no innovar en ese concepto.

“No estamos planteando eliminar los sistemas de protección de los jueces”, afirmó Moroni

El ministro de Trabajo abrió este miércoles el plenario de comisiones donde se debate el proyecto de jubilaciones de privilegio. Pidió a los legisladores que analicen “cuánta desigualdad a favor” de los magistrados “es necesaria”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este miércoles el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, en el marco del debate del proyecto para reformar los regímenes especiales de jubilaciones para jueces y diplomáticos.

“No estamos planteando eliminar los sistemas de protección de los jueces”, afirmó el funcionario ante una sala colmada de asistentes en el Anexo C de la Cámara baja. “El Poder Ejecutivo comparte que los jueces cumplen una tarea especial y deben tener protecciones especiales. Deben tener derechos desiguales con respecto al resto”, resaltó.

Sin embargo, Moroni dijo que lo que estaba en discusión es “cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo”. En ese sentido, remarcó que mientras “se pagan 15 mil pesos a los haberes mínimos, de esos mismos recursos tenemos que estar detrayendo 10 mil millones de pesos para solventar las jubilaciones de los jueces”.

“Nos parece bien que mantengan un régimen especial, pero lo que no nos parece bien es que hagamos redistribución inversa”, señaló y pidió entonces a los legisladores analizar “cuánto es el nivel de desigualdad que debe haber en la distribución de los recursos a favor de los jueces”.

En su exposición, el ministro expresó que cuando se evalúa como está funcionario el sistema previsional, “hay algunos principios” como la solidaridad “que no se están cumpliendo”. Sobre esto, graficó que “el 5% de los beneficios más altos consumen más del 20% de los recursos” y los regímenes del Poder Judicial y el Servicio Exterior son “los que tiene mayor diferencia respecto al resto”.

Además, el titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social especificó que el haber promedio en el caso de los jueces es de 290 mil pesos mensuales, mientras que en los diplomáticos alcanza los 320 mil pesos mensuales.

El ministro enfatizó que el régimen del Poder Judicial “tiene un déficit de caja, tomando la suma de aportes y contribuciones, de 9 mil y pico de millones de pesos”. Y apuntó que, en caso de aprobarse la ley, habría una reducción del déficit del 40 al 45% y del 70% al año 2040.

En relación a la iniciativa, Moroni explicó que se mantiene el 82% móvil para el cálculo del haber inicial, pero que se tomará en base al promedio de las remuneraciones de los últimos diez años.

También dijo: “Corregimos la edad jubilatoria, elevamos los valores a 65 (años) en un plazo gradual”. Pero en relación a esto último, reveló que se está analizando “mantener a las mujeres en 60 (años)”. Y, a continuación, destacó que la ley aplicará “a cargos estrictamente de magistrados y funcionarios”.  

De cara al futuro del sistema previsional, el funcionario consideró que “tenemos un problema que debemos afrontar” y es que hay “una población activa” de aproximadamente el 40% que al momento de jubilarse “no van a llegar a tener los 30 años de aportes”.

“La cuestión está en cómo aplicamos los recursos del Estado”, sostuvo y cerró: “Lo único que estamos planteando es que esa desigualdad sea un poco más chica de lo que en realidad es ahora”.

Referentes del oficialismo se reunieron en la previa del debate sobre jubilaciones de privilegio

Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Luis Gioja y Carlos Heller, entre otros, mantuvieron un encuentro. “Estamos trabajando por un sistema previsional más justo”, afirmó el presidente de la Cámara baja.

maximo massa gioja cristina alvarez casaretto heller

En la previa de la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, donde se debatirá el proyecto de ley para reformar los regímenes especiales de jubilaciones de jueces y diplomáticos, referentes del oficialismo mantuvieron un encuentro en las oficinas de la Presidencia.

Participaron de la reunión el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner; el vicepresidente segundo del cuerpo, José Luis Gioja; la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Cristina Alvarez Rodríguez; el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller; la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau y el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto.

“Estamos trabajando por un sistema previsional más justo. Esperando que cada uno de los que exponga en la comisión lo haga con la generosidad de entender el momento que vive la Argentina”, sostuvo Massa en declaraciones a la prensa acreditada.

Jubilaciones de privilegio: Juntos por el Cambio no dará quórum si no se incorpora una cláusula transitoria

El interbloque opositor se reunió en la previa del plenario de comisiones para dejar sentada su posición sobre el proyecto del Gobierno. También pedirán la eliminación de dos artículos.

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles en la previa del plenario de comisiones que tratará el proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio, y afirmaron que no aportarán quórum en la sesión de este jueves si el oficialismo no acepta incluir las modificaciones que propondrán.

La condición principal pasa por la posibilidad de incorporar una cláusula transitoria que especifique que aquellos jueces que estén en condiciones de jubilarse podrán acogerse al régimen actual, aunque continúen trabajando más años.

El argumento de la oposición es que esto evitaría un “éxodo” de magistrados, en sintonía con lo que planteó el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien advirtió que “entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley”.

Además, los legisladores del Pro, la UCR y la Coalición Cívica pedirán que se eliminen de la iniciativa los artículos 7 y 10, referidos a las pensiones por fallecimiento de jueces y diplomáticos, las cuales -a partir de esta norma- se asignarían de acuerdo al régimen general.

Estévez: “Todos los funcionarios judiciales y del servicio exterior seguirán percibiendo jubilaciones altas”

La diputada del Frente de Todos sostuvo que el proyecto busca traer “equilibrio y racionalidad”.

La diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Estévez defendió el proyecto que busca modificar el régimen de jubilaciones de privilegio señalando que el mismo cambia el cálculo de las jubilaciones de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de la categoría de mayor jerarquía  desempeñada en el Servicio Exterior. “En ambos casos cobrarán el 82% móvil sobre el promedio de los salarios de los últimos 10 años”, aclaró.

“Actualmente el cálculo se realiza sobre el último salario y en el caso del cuerpo diplomático se aplica el 85% móvil. Lo que se intenta hacer es equiparar todos los regímenes especiales y al mismo tiempo que el cálculo refleje con mayor justicia la trayectoria de cada funcionario”, explicó la legisladora cordobesa.

Estévez detalló que “todos los funcionarios judiciales y del servicio exterior seguirán percibiendo jubilaciones altas en comparación con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso algunos reclamos corporativos que se han escuchado estos últimos días son, por lo menos, exagerados”.

Para la legisladora camporista, “no hay vulneración de los derechos adquiridos porque se aplicará de manera progresiva y no afectará a quienes ya se han jubilado. Tampoco hay tal cosa como ataque a la división de poderes o a la independencia del Poder Judicial. Si todos los argentinos y las argentinas estamos haciendo un gran esfuerzo para salir de la crisis los funcionarios judiciales y diplomáticos también tienen que acompañar”.

Por el contrario, dijo, “se trata de traer equilibrio y racionalidad y terminar de una vez con los privilegios en nuestra democracia. Este es un reclamo de toda la sociedad y con consenso entre todos los sectores de la política”.

“Tampoco es una medida aislada. Viene de la mano de una reforma integral del sistema previsional en la que está trabajando el Gobierno. El objetivo es que nuestro sistema sea más justo. Por arriba estamos avanzando en eliminar los privilegios existentes. Y por abajo en mejorar los ingresos de los jubilados que están en la base de la pirámide. En este orden se inscriben los 10 mil pesos extra que cobraron los jubilados de la mínima en diciembre y enero y el aumento del 13% que se espera para marzo, por encima de lo que hubiesen cobrado con la fórmula del Gobierno anterior”, concluyó la diputada cordobesa.

Pablo Tonelli advirtió por un “éxodo” y “vaciamiento” en la Justicia

El diputado del Pro dijo que en caso que el proyecto sobre jubilaciones de privilegio se convierta en ley, sin modificaciones, “los jueces se van a jubilar de manera inmediata”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) advirtió por un “éxodo” y “vaciamiento” en la Justicia, en caso que avance el proyecto de ley enviado por el Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones de jueces y diplomáticos.

“En términos generales estamos de acuerdo que hay que hacer modificaciones en las jubilaciones de los jueces y diplomáticos, aunque no estamos de acuerdo con la totalidad de las modificaciones que propone el Ejecutivo”, señaló el legislador.

El macrista advirtió: “Nos preocupa que se genere un éxodo, un vaciamiento, y queden muchísimos cargos vacantes y que la Justicia entre en un modo de colapso”.

En ese sentido, el opositor propuso “incluir (a la iniciativa) una cláusula transitoria que diga que los magistrados que hoy reúnen las condiciones para jubilarse, según la ley vigente, pueden conservar la posibilidad de jubilarse bajo este régimen aunque se mantengan en el cargo unos años más”. Agregó además que este cambio “evitaría” la litigiosidad.

De modo contrario, pronosticó que “los jueces se van a jubilar de manera inmediata porque el nuevo régimen les disminuye sensiblemente la jubilación”.

Para Tonelli, esta ley “paralizaría juicios” y “olvidémonos de que avancen las causas de corrupción”. En declaraciones a radio La Red, el diputado analizó que este proyecto se da en medio de “el vídeo del presidente hablando del lawfare, que fue un espanto; el proyecto de ley para intervenir la justicia de Jujuy; el proyecto de ley para regular las prisiones preventivas si los medios de comunicación hacen referencia al caso; y la desarticulación de programa de testigos protegidos”.

“Yo no sé si detrás de todo esto hay una búsqueda de impunidad, respecto de sus propios funcionarios procesados y en algunos casos ya condenados. O una suerte de advertencia diciendo ‘no nos investiguen, quédense tranquilos, aquí mandamos nosotros’. A mí me preocupa el panorama general”, agregó.

“Respetar la independencia judicial no es garantizar privilegios”

El chubutense Alfredo Luenzo defendió la reforma de las jubilaciones y afirmó que se busca llevar “equilibrio a un régimen que tiene un pasivo enorme”.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo sostuvo que el proyecto para modificar el régimen especial en las jubilaciones de los jueces “no vulnera derechos ni causa perjuicio económicos concretos a los magistrados, que pese a la modificación seguirán teniendo las jubilaciones más elevadas del sistema”.

Por el contrario, indicó que la iniciativa busca “llevar un poco de equilibrio a un régimen que tiene un pasivo enorme”. “Lo que nos están diciendo los ministros es que el déficit previsto para las jubilaciones de los jueces es de 9.200 millones de pesos y que son casi 100 mil pesos extra por cada beneficiario que debe transferir el Tesoro para sostener este esquema”.

“Todos estos recursos millonarios que van hacía el régimen especial de los jueces son en detrimento de los más vulnerables”, agregó.

Respecto a las críticas vertidas por las asociaciones de magistrados a la iniciativa, Luenzo sostuvo que “la intangibilidad salarial del magistrado que fija la Constitución Nacional, no obliga al Estado a sostener un sistema desequilibrado” y, en ese sentido, subrayó que “respetar la independencia judicial no es garantizar privilegios”.

El chubutense lamentó “la visión meramente economicista de la independencia judicial que tienen algunos” que “para no pagar los tributos vigentes o en este caso para sostener un esquema especial jubilatorio se refieren a las instituciones” . “El concepto de intangibilidad salarial es otra cosa. Lo que hay acá es una Argentina en emergencia y una sociedad que está poniendo el hombro ¿Se sumará el Poder Judicial?”, cerró Luenzo.

Con la presencia del ministro Moroni, un plenario analizará las jubilaciones de privilegio

Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda se reunirán a partir de las 14, para emitir dictamen del proyecto que debatirán en el recinto este jueves.

Con el objetivo de emitir dictamen este miércoles y poder debatir al día siguiente el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio, se realizará un plenario de comisiones al que han sido invitados funcionarios, organizaciones y gremios para analizar la cuestión.

Las comisiones que se reunirán son las de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, y al plenario asistirán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli.

También han sido invitados la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN); miembros del Consejo de la Magistratura; la Federación Argentina de la Magistratura; el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); la Asociación de Profesionales del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior Nación (APSEN).

Estas convocatorias atienden un reclamo que parlamentario.com había adelantado que harían los diputados de Juntos por el Cambio, que no quieren un tratamiento exprés, y que pretendían que fueran citados funcionarios y las mencionadas organizaciones. En la lista sugerida por JxC figura también la titular de la cartera de Justicia, Marcela Losardo, que no estará.

Como sea, igual los diputados de JxC plantearán sus cuestionamientos durante la reunión de este miércoles. Así lo adelantó el jefe del bloque Coalición Cívica, Maxi Ferraro, que insistió en que “no podemos ir a un tratamiento y aprobación exprés”, y remarcó: “Nos oponemos a todo tipo de privilegios, siempre pedimos que los magistrados paguen ganancias como lo realiza cualquier otro  trabajador”.

Por otra parte, Ferraron sostuvo este martes que “en el debate de una ley hay que tener muy presente el contexto. Hoy nos preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la justicia y muchos de sus integrantes”, y adelantó que pedirán cifras: “Debemos saber cuántos funcionarios judiciales se estarían jubilando y cuántas nuevas vacantes se generarían. No podemos permitir el vaciamiento y/o toma del Poder Judicial”.

Otros proyectos

Luego de los invitados, será el turno de los diputados que tienen proyectos sobre el tema, que podrán exponer sobre los mismos. Así serán incluidos, además del proyecto oficial, uno del jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, que cuenta con la anuencia del gremio judicial que encabeza Julio Piumato,  y que propone incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de ampliar la base de aportantes, llevando ese aporte al 15% para todas las categorías.

También hay otro proyecto del radical Alejandro Cacace, acompañado por una decena de diputados de la UCR y el Pro. Se trata de una propuesta más agresiva que la del Poder Ejecutivo, pues propone terminar con los regímenes de privilegio y que todos sus beneficiarios -incluyendo al presidente, el vice y jueces de la Corte Suprema de Justicia- pasen a integrar el régimen general. La inclusión de ese proyecto en el temario es interpretada como el intento del oficialismo de correr por izquierda a Juntos por el Cambio.

La izquierda irá con un proyecto propio, que presenta este mismo miércoles a través de la diputada Romina Del Plá y que alcanza a los empleados judiciales de la Nación. El mismo excluye a los jueces de todas las instancias y a otros cargos del régimen de privilegio de la Ley 24018, pero incluye hasta los secretarios de juzgados de primera instancia que provengan de carrera judicial, un tema que ha sido motivo de luchas gremiales en los últimos años.

La reunión se hará a partir de las 14 en el 2º piso del Anexo C Cámara de Diputados, y media hora antes se realizará la reunión constitutiva de la Comisión de Previsión, que será presidida por el entrerriano Marcelo Pablo Casaretto, del Frente de Todos.

El oficialismo convocó a Diputados para debatir las jubilaciones de privilegio

En una semana corta como la que viene, el Frente de Todos llamó a una sesión especial para el próximo jueves para tratar el proyecto sobre jueces y diplomáticos. El miércoles, plenario de comisiones.

Este ha sido un verano infrecuente en el Congreso. No con tantas sesiones como había sugerido inicialmente el oficialismo, ni el tratamiento de tantos proyectos como deslizaron, pero sí con más reuniones que las que en definitiva se esperaban. Y sesionarán  hasta el último día, con la convocatoria ya oficializada en el Senado para el 28 de febrero, para tratar el proyecto de ley de góndolas. Pero un día antes ahora se ha convocado a sesionar también en la Cámara baja: para tratar el proyecto sobre jubilaciones de privilegio.

Toda una sorpresa, porque hay una regla no escrita que indica que en las semanas con feriados difícilmente se sesiona. Era poco probable entonces que en esta última semana de febrero, con los dos feriados de carnaval, y sobre todo con la obligación de los legisladores de asistir este 1° de marzo a la Asamblea Legislativa -los que vengan el miércoles deberán quedarse hasta el domingo-, se pudieran dar sendas sesiones en ambas cámaras. Pero así será, parece, según se ha convocado.

En el caso de la Cámara baja, se oficializó para el jueves 27 a las 12.15 la convocatoria a una sesión especial para debatir el proyecto sobre jubilaciones de privilegio del personal judicial y diplomático. Tres días antes del inicio del período ordinario.

Lea también: El Ejecutivo envió el proyecto que modifica el régimen previsional de jueces y diplomáticos

Este fin de semana se formalizó también el giro del proyecto a las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda. Esta última comisión, presidida por Carlos Heller; en el caso de Previsión y Seguridad Social, la comisión será constituida a las 13.30 y será presidida -según pudo saber parlamentario.com– por el entrerriano Marcelo Pablo Casaretto, del Frente de Todos. Se trata de  un contador de 52 años recibido en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Río, que se inició en la función pública durante la gestión del gobernador Jorge Busti y a fines de 2017 fue designado por Gustavo Bordet al frente del IAPV. No es un hombre ligado al kirchnerismo.

A las 14 arrancará el plenario que buscará emitir dictamen, y en ese ámbito Juntos por el Cambio expresará su rechazo al tratamiento exprés del proyecto. Por el contrario, pedirán formalmente sean citados al plenario los ministros Marcela Losardo (Justicia), Claudio Moroni (Trabajo); el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y representantes de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales y de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), el gremio que conduce Julio Piumato.

Además, el interbloque pedirá que en las comisiones se informe cuál es el diagnóstico actual, es decir, un detalle de la cantidad de jueces, fiscales y defensores oficiales que están en condiciones de jubilarse y de quedar alcanzados por la propuesta de ley, que entre otras cosas lleva a 65 años la edad jubilatoria; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años; y aumenta en un 7% los aportes adicionales.

En una postura similar se ha plantado el jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, autor de un proyecto en tándem con Piumato para incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de ampliar la base de aportantes, llevando ese aporte al 15% para todas las categorías.

Está claro que el oficialismo  no atenderá los requerimientos de la oposición. Lo cierto es que Ramón no descartó ante parlamentario.com que su interbloque aporte al quórum si se convoca a sesionar el jueves. “Tenemos que hacer un análisis de la viabilidad del sistema. Nuestro bloque quiere saber cómo se ve afectado el derecho de los trabajadores del Poder Judicial, que son el 80% del sistema”, expresó ante la consulta de este medio.

Como sea, al oficialismo no le será fácil avanzar con el proyecto del Ejecutivo sin conceder cambios, y tampoco podrá sesionar el jueves sin la ayuda de la oposición. Si Juntos por el Cambio resuelve no dar quórum, el Frente de Todos -con 118 propios- debería recurrir a los interbloques de Ramón o Eduardo “Bali” Bucca para asegurar el número. Y, por supuesto, tener asistencia perfecta… en una semana atípica.

El oficialismo convocó a Diputados para debatir las jubilaciones de privilegio

En una semana corta como la que viene, el Frente de Todos llamó a una sesión especial para el próximo jueves para tratar el proyecto sobre jueces y diplomáticos. El miércoles, plenario de comisiones.

Este ha sido un verano infrecuente en el Congreso. No con tantas sesiones como había sugerido inicialmente el oficialismo, ni el tratamiento de tantos proyectos como deslizaron, pero sí con más reuniones que las que en definitiva se esperaban. Y sesionarán  hasta el último día, con la convocatoria ya oficializada en el Senado para el 28 de febrero, para tratar el proyecto de ley de góndolas. Pero un día antes ahora se ha convocado a sesionar también en la Cámara baja: para tratar el proyecto sobre jubilaciones de privilegio.

Toda una sorpresa, porque hay una regla no escrita que indica que en las semanas con feriados difícilmente se sesiona. Era poco probable entonces que en esta última semana de febrero, con los dos feriados de carnaval, y sobre todo con la obligación de los legisladores de asistir este 1° de marzo a la Asamblea Legislativa -los que vengan el miércoles deberán quedarse hasta el domingo-, se pudieran dar sendas sesiones en ambas cámaras. Pero así será, parece, según se ha convocado.

En el caso de la Cámara baja, se oficializó para el jueves 27 a las 12.15 la convocatoria a una sesión especial para debatir el proyecto sobre jubilaciones de privilegio del personal judicial y diplomático. Tres días antes del inicio del período ordinario.

Este fin de semana se formalizó también el giro del proyecto a las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda. Esta última comisión, presidida por Carlos Heller; en el caso de Previsión y Seguridad Social, la comisión será constituida a las 13.30 y será presidida -según pudo saber parlamentario.com– por el entrerriano Marcelo Pablo Casaretto, del Frente de Todos. Se trata de  un contador de 52 años recibido en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Río, que se inició en la función pública durante la gestión del gobernador Jorge Busti y a fines de 2017 fue designado por Gustavo Bordet al frente del IAPV. No es un hombre ligado al kirchnerismo.

A las 14 arrancará el plenario que buscará emitir dictamen, y en ese ámbito Juntos por el Cambio expresará su rechazo al tratamiento exprés del proyecto. Por el contrario, pedirán formalmente sean citados al plenario los ministros Marcela Losardo (Justicia), Claudio Moroni (Trabajo); el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y representantes de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales y de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), el gremio que conduce Julio Piumato.

Además, el interbloque pedirá que en las comisiones se informe cuál es el diagnóstico actual, es decir, un detalle de la cantidad de jueces, fiscales y defensores oficiales que están en condiciones de jubilarse y de quedar alcanzados por la propuesta de ley, que entre otras cosas lleva a 65 años la edad jubilatoria; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años; y aumenta en un 7% los aportes adicionales.

En una postura similar se ha plantado el jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, autor de un proyecto en tándem con Piumato para incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de ampliar la base de aportantes, llevando ese aporte al 15% para todas las categorías.

Está claro que el oficialismo  no atenderá los requerimientos de la oposición. Lo cierto es que Ramón no descartó ante parlamentario.com que su interbloque aporte al quórum si se convoca a sesionar el jueves. “Tenemos que hacer un análisis de la viabilidad del sistema. Nuestro bloque quiere saber cómo se ve afectado el derecho de los trabajadores del Poder Judicial, que son el 80% del sistema”, expresó ante la consulta de este medio.

Como sea, al oficialismo no le será fácil avanzar con el proyecto del Ejecutivo sin conceder cambios, y tampoco podrá sesionar el jueves sin la ayuda de la oposición. Si Juntos por el Cambio resuelve no dar quórum, el Frente de Todos -con 118 propios- debería recurrir a los interbloques de Ramón o Eduardo “Bali” Bucca para asegurar el número. Y, por supuesto, tener asistencia perfecta… en una semana atípica.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley para reformar las jubilaciones de privilegio

Era un tema que el presidente Alberto Fernández había prometido tratar en sesiones extraordinarias, luego de la polémica durante la sanción de la ley de emergencia económica.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio que cobran jueces y diplomáticos, un tema que había prometido en diciembre pasado cuando se armó la polémica en medio de la sanción de la ley de emergencia económica.

Mediante la aprobación de la llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, se congeló por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria, aunque hubo regímenes especiales que quedaron exceptuados.

Este viernes al mediodía en Casa Rosada, funcionarios del Gobierno iban a dar a conocer cuál será el aumento en marzo -por decreto- para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Pero la conferencia se postergó para las 18.

Fuentes del oficialismo en la Cámara baja anticiparon a parlamentario.com que la iniciativa está próxima a ingresar, y podría comenzar a debatirse la semana que viene o, a más tardar, el miércoles 25 después de los feriados de Carnaval.

En la mañana del 20 de diciembre, durante la votación en particular de la ley de emergencia, la oposición salió a denunciar la exclusión del congelamiento en los haberes que cobran jueces, diplomáticos y expresidentes.

La polémica escaló durante las horas que pasaron entre la finalización de la sesión en Diputados y el comienzo de la sesión en el Senado. Fue así que, durante la tarde de ese viernes, la oficialista Anabel Fernández Sagasti se encargó de comunicar la decisión del presidente Alberto Fernández.

En el recinto, la mendocina hizo alusión al anuncio que por Twitter había publicado el mandatario. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, escribió esa ocasión Fernández.

Equidad en democracia

Por Dolores Martínez. La diputada de la UCR explica las razones que llevaron a un sistema previsional fragmentado y desigual, y se mete en la discusión sobre las jubilaciones de privilegio.

El sistema previsional argentino históricamente muestra una acumulación de malas decisiones. A principios de siglo XX, las cajas previsionales surgieron como una demanda de protección frente a la incertidumbre de la vejez y, en principio, se pensaron únicamente para los empleados públicos. Si bien esta situación se revertiría mediante la expansión gradual a nuevas ramas de actividad, muestra el nacimiento de un germen aún presente: la fragmentación del sistema previsional y la desigualdad en las condiciones de acceso, niveles de beneficios y mecanismos de financiamiento.

A mediados de siglo XX, y con el comienzo de nuestros vaivenes económicos, sumamos un segundo vicio recurrente: la tendencia a utilizar los fondos previsionales como mecanismo de financiamiento de un Estado deficitario. Desde ese entonces que siempre se les pide a los jubilados realizar el esfuerzo que permita mitigar los desequilibrios fiscales.

Ya caminando el siglo XXI, para no salirnos de nuestra (mala) tradición, y en el marco de un contexto de solidaridad, requerimos nuevamente de los fondos de los jubilados: ese oasis de activos financieros al que se le demanda que compre letras del tesoro (deuda estatal) y realice préstamos. La situación se agrava cuando tantos desmanejos impiden que esos fondos cumplan su razón de ser.

Alberto Fernández, a pocos días de asumir la presidencia, envió al Congreso Nacional la suspensión del índice de movilidad jubilatoria, aprobado hace apenas dos años; lo que generó nuevamente incertidumbre para los adultos mayores.

Con este congelamiento de actualización de haberes, el gobierno apeló a la solidaridad de aquellos jubilados que perciben un poco más de la mínima y excluyó aquellos que se rigen por sistemas diferenciales, como son el de funcionarios judiciales y el del Servicio Exterior. Inevitablemente, esto nos dirige a un debate y nos lleva a preguntarnos, ¿Por qué las jubilaciones se rigen por cálculos que los sujeta a los embates de una economía en permanente crisis? ¿Por qué nuestro sistema acepta jubilaciones de privilegio? ¿Por qué no tenemos un sistema jubilatorio equitativo?

Esto no es nuevo. Vale recordar que, apenas estalló la crisis del 2001, el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.688, en la cual se dejaba sin efecto no sólo los regímenes jubilatorios especiales del sector político, sino también aquellos que beneficiaban a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a los Obispos y a los funcionarios del Servicio Exterior. No obstante, en el 2002, el presidente Eduardo Duhalde vetó, casi en su totalidad, la eliminación de esas jubilaciones mediante el decreto 2322 y restituyó la vigencia de los privilegios para los Obispos de la Iglesia Católica, los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados, los funcionarios del Poder Judicial y los diplomáticos.

Como consecuencia, hoy existe un 3% que recibe el 9,7% del gasto destinado a jubilaciones. Hablamos de 8.000 jubilados que, en promedio, reciben entre $235.000 y $335.000 en concepto de haberes, de los cuales aproximadamente $100.000 son aportados por el Estado. En paralelo, hay 5.271.323 jubilados que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para quienes el ingreso promedio ronda los $21.000, según los últimos datos del ANSES.

Cuando nos referimos a debatir privilegios, hablamos de cuestionar las medidas que excluyeron a los privilegiados de ser solidarios. Pero también, de abordar el origen de esa desigualdad que nos aleja del espíritu del Art. 16 de nuestra Constitución Nacional.

Por eso, proponemos debatir una Ley que establezca en forma precisa y transparente la universalidad de requisitos y beneficios en las jubilaciones de los tres poderes del Estado, procurando que se garanticen las mismas condiciones que en el régimen general jubilatorio y así perfilarnos hacia un horizonte que nos permita construir una sociedad moderna y de iguales.

*Diputada nacional por CABA (UCR-Evolución)

Diputados de JxC presentaron un proyecto de ley para terminar con las jubilaciones de privilegio

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron el proyecto de Ley de Equidad Jubilatoria para el Sector Público, que busca terminar con los privilegios de los funcionarios que son beneficiarios de regímenes jubilatorios especiales. La iniciativa plantea la derogación de las jubilaciones y asignaciones de privilegio en la Argentina, con el objetivo de […]

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron el proyecto de Ley de Equidad Jubilatoria para el Sector Público, que busca terminar con los privilegios de los funcionarios que son beneficiarios de regímenes jubilatorios especiales. La iniciativa plantea la derogación de las jubilaciones y asignaciones de privilegio en la Argentina, con el objetivo de apuntalar el principio de igualdad y equidad en el sistema de jubilaciones y pensiones.

“Nuestra República se afirma en la idea de igualdad. Es lo que establece nuestra Constitución. Y por eso los funcionarios públicos, de los tres poderes del Estado, deben someterse al mismo régimen general jubilatorio de todos los ciudadanos, sin beneficios ni prerrogativas especiales” afirmó el diputado Alejandro Cacace (UCR), impulsor de este proyecto.

La presentación de este proyecto se da en el contexto de la Ley de Solidaridad aprobada en diciembre pasado, donde se suspendió la movilidad a los jubilados que pertenecen al régimen general, pero no modifica el régimen de los privilegiados del sector público, cuyo ingreso, en la mayoría de las veces, es notoriamente mayor.

“Gozan de movilidad del 82% y el 85% y poseen condiciones más favorables a la del resto de los jubilados con beneficios comunes que en la práctica cobran aproximadamente el 40% del salario de un trabajador en actividad. Es por esto que planteamos la derogación de las jubilaciones y asignaciones especiales que están contempladas en las leyes 22.731 y 24.018” explicó el diputado Cacace. La iniciativa cuenta, además, con el aval de los diputados: Ignacio Torres, Gustavo Menna, Lidia Ascarate, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Dina Rezinovsky, Claudia Najul y José Luis Riccardo, entre otros.