Alquileres: el dictamen del FdT tendrá que pasar por la Comisión de Presupuesto

El despacho de mayoría impulsado por el oficialismo incluye un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General. Lo confirmó Carlos Heller este jueves.

carlos heller

Durante un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, que debatió sobre el proyecto de Compre Argentino, el diputado Alejandro Cacace aprovechó para reclamar que el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo para modificar la Ley de Alquileres -firmado el día anterior- debe pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Luego que en la Comisión de Legislación General se plantearan tres despachos -uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio y el restante del interbloque Federal-, el puntano explicó que el texto del oficialismo se refiere en uno de sus capítulos a “incentivos a la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional”.

En ese sentido, en sus artículos 11, 12 y 13 “modifica leyes tributarias sobre lo que no tiene competencia” Legislación General, apuntó el legislador de Evolución Radical, y planteó que “deben ser dictaminados por la Comisión de Presupuesto”.

“Se dictaminó sobre un tema que no era competencia de la Comisión de Legislación General”, insistió y solicitó que “esto se subsane y que los diputados de la Comisión de Presupuesto podamos tener la oportunidad de discutir sobre este proyecto”.

Tomó entonces la palabra Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, quien le recordó a Cacace que, como le había explicado en privado, tras emitirse ese dictamen le envió una nota al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para que gire el proyecto a Presupuesto.

Y luego que alguien le soplara que el giro ya estaba confirmado, Heller confirmó: “Convocaremos a la Comisión de Presupuesto. Mi idea es convocar a un plenario”.

Cabe destacar que en la reunión de Legislación General todos los sectores se manifestaron a favor de otorgar incentivos fiscales para garantizar la oferta de propiedades, pero solo los incluyeron en sus dictámenes el Frente de Todos y Graciela Camaño, del interbloque Federal.

Antes de la firma del dictamen, especialistas expusieron sobre la reforma del Consejo de la Magistratura

Seis invitados convocados por el oficialismo y la oposición participaron del plenario este miércoles.

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El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras recibir a funcionarios este martes, quienes dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores recibieron a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.

Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.

En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.

Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.

“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.

Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.

Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.

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Luego fue el turno del abogado Daniel Sabsay, quien en su intervención criticó fuerte al ministro de Justicia, Martín Soria, y consideró que debería haber renunciado por sus cuestionamientos hacia la Corte Suprema. Habitué de este tipo de exposiciones, el constitucionalista arrancó comparando el sistema argentino con el de Estados Unidos, del que reivindicó que no tiene la partidización que sí hay en la Argentina en la designación y remoción de jueces. “Porque rápidamente se introdujo (en EE.UU.) un proceso participativo en la designación del juez, es lo que impidió esa politización y partidización”, dijo.

Sobre la composición del órgano judicial, se manifestó en contra de la presencia de legisladores en el Consejo y afirmó -ante preguntas de los senadores- que no deberían ser los legisladores los que ocupen un doble rol interviniendo en el Poder Legislativo y el Judicial, sino que deberían hacerlo a través de representantes no legisladores.

“Es un problema de separación de poderes -expresó-. Los legisladores integran el Poder Judicial y el Legislativo, eso es monstruoso y me extraña que no haya sido revertido”, apuntó y diferenció de la presencia del presidente de la Corte en el Consejo, pues se trata de “un juez, no es un legislador, no ejerce dos poderes”.

El abogado resaltó el fallo de la Corte, que consideró “abiertamente inconstitucional” la ley vigente, porque no incorpora al presidente de la Corte, y dijo que la Constitución es muy clara en eses sentido. “¿Por qué digo que es abiertamente inconstitucional? Porque aparece también la representación de los profesores”, señaló, quejándose de la manera como se elige a través del CIN a los integrantes de ese estamento. Puntualmente se quejó que sean los decanos los únicos que lo hagan, “desconociendo que las organizaciones de las universidades tienen también división de poderes. Esa es una violación de los poderes intra universitarios. Siempre me sorprendió que son los propios directivos de universidades lo que lo avalan”.

Sabsay también rechazó las consideraciones dadas el día anterior por el ministro Soria respecto de la Corte Suprema. Sostuvo en ese sentido que el Tribunal Supremo “no extorsionó, no hizo un golpe de Estado… Volvió las cosas a su sano juicio. Que lo haga tarde no quiere decir que no sea válido”.

En otro pasaje advirtió que “la degradación de la justicia proviene en gran parte de esta ley, que capturó en manos del oficialismo la justicia y que le brindó al oficialismo de turno una capacidad de veto que es absolutamente contraria a lo que dijo el constituyente cuando hizo el Consejo de la Magistratura”.

Poniendo énfasis en la cuestión presupuestaria, Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, admitió que el punto sobre si el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, “no lo tengo del todo zanjado”, pero la posibilidad de que sea así “presenta ante todo una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas”.

El consejero exclamó que el Poder Judicial enfrenta “una gran crisis en materia de infraestructura, tecnología, recursos” que “no es de ahora, es de mucho antes y se va agravando cada vez más”. En esa línea, mencionó que en muchas provincias hay “enormes falencias”, e incluso en algunas “muchos juzgados funcionan en casas de familias que fueron más o menos condicionadas”.

Marías señaló que el hecho de que el presidente de la Corte encabece el Consejo “podría asegurarnos una mejor administración de los recursos que hoy tenemos”, de los cuales “el 98,5% se destina a pagar los sueldos de todo el Poder Judicial, y para lo que tiene que ver con cuentas de inversión no queda nada. Dependemos de lo que nos da el Poder Ejecutivo, o cómo nos lo da, o lo que la Corte a veces aporta de manera extraordinaria”.

“La Corte maneja una caja superavitaria y el Consejo es absolutamente pobre, o sea, este sistema no funciona”, aseveró y agregó que existe “una caja rica para administrar muy poco y una caja prácticamente inexistente para administrar todo”. “Tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial, producto que hay dos cajas, dos órganos en la cima del Poder Judicial que se comunican poco y muy mal, con una descoordinación que es absoluta”, insistió.

Consultado por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti sobre “los fondos reservados de la Corte”, Marías informó que “la Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60 mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan estupendos dividendos todos los meses”.

También expusieron el abogado constitucionalista Alberto Spota y la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez.

El mensaje en las redes de Cristina Kirchner por el aniversario de la muerte de su marido

La vicepresidenta compartió este martes, día en que se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el vídeo realizado por La Cámpora y otro por la Municipalidad de Río Gallegos.

Durante la mañana de este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en su cuenta de Twitter dos vídeos de homenaje a Néstor Kirchner, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de su marido.

“Acá empezó todo”, recordó la presidenta del Senado, al compartir el vídeo realizado por la Municipalidad de Río Gallegos, localidad donde nació el exmandatario y de la que fue intendente entre 1987 y 1991.

Y luego compartió en otro tweet el vídeo realizado por la agrupación La Cámpora con el mensaje: “Y acá sigue… con todos y todas”.

Este lunes, en vísperas de cumplirse una década del deceso del expresidente, Cristina compartió una carta en la que anticipó que no iba a asistir al acto de homenaje en el CCK, donde se emplazará la estatua de Néstor Kirchner que estaba antes en la sede de UNASUR.

Cabandié celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que el tratado es “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de la sanción en la Cámara de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, enfatizó.

El tratado fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en el país. La presente validación representa una garantía más del Estado Nacional hacia la ciudadanía en relación a la adopción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental.

En tal sentido, Cabandié afirmó: “Es de suma importancia la ratificación de este acuerdo regional porque se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la justicia ante determinadas circunstancias”.

El funcionario consideró al acuerdo como “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento. “Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, dijo.

Con la aprobación Argentina se suma a los países que ya lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.

Bullrich sostuvo que la quita de coparticipación a la Ciudad está vinculado con “el sentimiento de venganza” de CFK

El senador macrista aseguró que con esta decisión hubo “un quiebre de confianza” entre Nación y el gobierno porteño, además de señalar que la medida “no resuelve el problema de fondo”.

El senador nacional Esteban Bullrich (Pro) se refirió este jueves a la quita de un punto de la Coparticipación Federal a la Ciudad de Buenos Aires, anunciada por el presidente Alberto Fernández, y vinculó la decisión con un “sentimiento de venganza” por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No tengo ninguna duda de que en algunos dirigentes del kirchnerismo hay un sentimiento de venganza. Cristina Kirchner tiene un rencor basado en devolverles a algunos dirigentes sentimientos que tiene ella muy negativos”, expresó.

En declaraciones a radio La Red, el legislador de Juntos por el Cambio afirmó que con la medida hubo “un quiebre de confianza” entre el Gobierno nacional y el porteño, además de señalar que “esto no se puede hacer por decreto”.

“No lo esperábamos”, dijo el bonaerense, que opinó que la decisión “no resuelve el problema de fondo” y enfatizó que “enfrentar a bonaerenses y porteños no es el camino”. “Esta nueva improvisación del Gobierno genera una pérdida de confianza, que se había ido construyendo contra todo, porque había mucha resistencia a la vocación de diálogo de Horacio Rodríguez Larreta” por parte de algunos dirigentes, resaltó.

Sobre el reclamo de la Policía Bonaerense, Bullrich mencionó que “durante los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal no hubo conflicto con la Policía” porque “se los convocaba, había diálogo”.

“No diría que se rompió la relación (entre Fernández y Larreta)”, expresó, pero subrayó que la confianza “hay que recuperarla con vocación cierta”. “Tenemos la convicción de que los problemas se resuelven con diálogo”, agregó.

Además, negó que el tema se venga “hablando” desde enero pasado, y se preguntó entonces “qué va a pasar” con la quita de recursos “cuando entonces reclamen los docentes, los médicos, las enfermeras”.

Se posterga el inicio de la sesión, en medio de un clima caldeado en Labor Parlamentaria

Los jefes de bloques y Sergio Massa se reúnen en el Salón Delia Parodi para intentar destrabar la modalidad en que se realizará la sesión. Juntos por el Cambio insiste con la presencialidad.

labor parlamentaria diputados 1 septiembre 2020

El inicio de la sesión citada para este martes por el oficialismo se retrasó, debido al áspero clima que reina en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde las deliberaciones se extendieron más allá de lo previsto.

Las negociaciones comenzaron a las 11.40 en el Salón Delia Parodi. Primero la sesión se postergó de las 13 a las 15, posteriormente pasó a las 16.30, luego a las 17.30, y finalmente a las 18.30.

Los jefes de bloques, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se encuentran tratando de encontrar un acuerdo sobre la modalidad en que se realizará la sesión.

Desde el interbloque Juntos por el Cambio insistieron en que el debate debía realizarse de manera presencial, ya que se encuentra vencido el protocolo de trabajo remoto. En medio de la discusión, habrían propuesto renovar el protocolo para la sesión de hoy, y seguir acordando de cara a debates futuros.

Por su parte, el Frente de Todos, el Interbloque Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo coinciden en que la sesión debe hacerse de manera virtual, teniendo en cuenta la situación sanitaria.

Juntos por el Cambio decidió, al conocerse la convocatoria, que sus integrantes vendrían desde sus provincias hasta el Congreso. Incluso, desde Presidencia prepararon este lunes el recinto -habilitando los palcos- para todos los legisladores que quieran concurrir.

Sin embargo, la principal fuerza de la oposición advirtió que sin un nuevo protocolo, y aunque se sienten en las bancas, cuestionarían la validez de la sesión.

A esto se sumó el rechazo de los gremios legislativos, quienes aseguraron que los empleados se retirarán de la sesión en caso que no se respeten las condiciones pertinentes.

De la reunión de Labor Parlamentaria participan por el oficialismo, además de Massa, Máximo Kirchner -jefe del bloque FdT-, Cecilia Moreau y Cristina Alvarez Rodríguez.

También se encuentran los presidentes de las bancadas de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI). Además están Álvaro González y Silvia Lospennato (Pro), Brenda Austin (UCR), Juan Manuel López (CC-ARI).

Se encuentran también Eduardo “Bali” Bucca, jefe del Interbloque Federal; José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; Nicolás del Caño y Romina del Plá, del FIT.

De manera remota están conectados los diputados Alma Sapag (MPN), Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y Ricardo Wellbach (Frente Renovador de la Concordia).

El temario de la sesión incluye un proyecto de asistencia a la actividad turística y otra iniciativa para aumentar multas a la pesca ilegal. Ambos temas tienen consenso, pero Juntos por el Cambio alerta que el protocolo de sesiones virtuales solo debe renovarse para proyectos puntuales y no para iniciativas “conflictivas”, como lo es la reforma judicial ya aprobada en el Senado.

Aporte solidario extraordinario: Heller dijo que el FdT buscará “ir lo más rápido posible”

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda estimó que habrá una reunión informativa sobre el proyecto y otra para dictaminar esta misma semana.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aseguró que el Frente de Todos buscará “ir lo más rápido posible” con el proyecto de ley de aporte solidario extraordinario y “avanzar esta misma semana en comisión”.

El oficialista estimó que habrá una reunión informativa y otra para dictaminar la iniciativa, presentada el viernes pasado. “La idea es impulsarlo rápidamente, pero hay que compatibilizarlo con el conjunto de las prioridades”, señaló en diálogo con AM 990.

El legislador defendió que el proyecto “está orientado a encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor potencial de ingresos posible”.

Heller, quien trabajó en la iniciativa a pedido del jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, explicó que la iniciativa “toma un punto de partida de 200 millones de pesos como bienes declarados al 31 de diciembre de 2019 por cada una de las personas humanas que resulten alcanzadas por este aporte extraordinario”.

Asimismo, el titular de la Comisión de Presupuesto precisó que el proyecto establece que “aquella porción de bienes que esas personas humanas tengan declarados en el exterior tiene un recargo del 50 por ciento” y aclaró que si la persona repatría el 30 por ciento de sus tenencias financieras “en el exterior, el diferencial desaparece y paga por todo como si tuviera todo en el país”.

“No tenemos nombres y apellidos, ni datos actuales. Se ha construido sobre la última base de datos conocida que es de diciembre de 2018. Suponemos que durante 2109 no varió demasiado la cantidad de millonarios”, añadió.

Un plenario de comisiones del Senado tratará el proyecto de ley de fibrosis quística

La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados. Será debatida este martes, a partir de las 17. Cuáles son los puntos centrales de la iniciativa.

Un plenario de las comisiones de Salud; Trabajo y Previsión Social; y Presupuesto y Hacienda del Senado tratará este martes, a partir de las 17, el proyecto de ley que garantiza una cobertura integral para pacientes con fibrosis quística.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece normas para la provisión de medicamentos e insumos, de modo que la cobertura de las prestaciones que sean indicadas por los médicos sea total.

En ese sentido, incluye suplementos dietarios y nutricionales, equipos médicos, kit de tratamientos y terapias de rehabilitación, entre otros.
Además, dispone la cobertura de estudios de diagnósticos, tratamiento y control; tratamiento de los órganos que vayan siendo afectados por el avance de la enfermedad; tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

El proyecto también indica que una vez confirmado el diagnóstico, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) será de por vida. En cuanto a la regulación laboral, determina que la fibrosis no será causal de impedimento para el ingreso laboral.

Mediante el texto, se establece que la pesquisa neonatal deberá implementarse como práctica obligatoria. Asimismo, todas las instituciones públicas o privadas deberán llevar un registro de personas con fibrosis quística, y se creará un banco único de drogas para estos pacientes, al tiempo de regular las compras en el exterior.

Otro de los puntos es que plantea la implementación de un programa educativo y formativo sobre la problemática.

En la previa del plenario, un grupo de senadores celebró el tratamiento del proyecto, detrás del cual hay un reclamo activo de distintas asociaciones de pacientes y familiares de personas con esta enfermedad.

Elizabeth Gómez Alcorta expondrá este lunes ante un plenario de Diputados

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad participará desde las 15 de una reunión virtual de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, participará este lunes desde las 15 de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de una nueva reunión informativa sobre proyectos de justicia penal y género.

Será durante el cuarto encuentro -de carácter remoto- que llevarán a cabo en conjunto las comisiones de Legislación Penal, que preside la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), y de Mujeres y Diversidad, que conduce la bonaerense Mónica Macha (FdT).

Previo a la reunión de este lunes, los diputados y las diputadas escucharon las exposiciones de varias funcionarias y especialistas en la temática, quienes opinaron sobre las iniciativas para prevenir la violencia por motivos de género hacia mujeres y personas LGBT.

Negri sugirió a Alberto Fernández que le pida la renuncia a Horacio Pietragalla

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados criticó la “inacción” de la Secretaría de Derechos Humanos ante los casos de violencia policial ocurridos en San Luis, Tucumán y Chaco.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, sugirió al presidente Alberto Fernández que releve del cargo al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

“El atropello y la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas policiales debe ser condenado activamente desde el Estado nacional, que debe también plantear políticas activas para evitar que se propaguen estos hechos. No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios cuando están en juego los derechos humanos“, enfatizó el cordobés.

Para el legislador, “el compromiso y la responsabilidad de Pietragalla como funcionario del actual Gobierno han quedado totalmente desdibujados”. “La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como amicus curiae para pedir la liberación de personajes como Ricardo Jaime, pero no ha hecho nada en tres graves sucesos recientes de manifiesta violencia institucional”, apuntó el presidente de la bancada opositora.

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos.

Negri señaló que “el común denominador de estos tres hechos es que sucedieron durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la Policía actuó en todos los casos contra supuestos violadores de la cuarentena”.

“Hay abuso institucional manifiesto, por eso el rol de la Secretaría de Derechos Humanos no puede ser tibio. Argentina no puede tener un secretario de DD.HH. que sólo actúa cuando están en juego los derechos de los amigos del poder de turno o miembros de su partido político como Ricardo Jaime”, lanzó el diputado.

Además, cuestionó que el funcionario “apenas se expresó sobre la muerte de Luis Espinoza en Tucumán, quien fue asesinado a tiros por la espalda por la Policía tucumana para luego arrojarlo por un barranco”. Sobre este hecho, recordó que la UCR solicitó la intervención de la Secretaría de DD.HH., pero aseguró que no tuvieron respuesta de Pietragalla.

“En segundo lugar, tampoco se actuó para impedir la violencia policial e institucional en Chaco, que esta semana salió a la luz con los abusos y golpes sobre personas de la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Con emitir comunicados de repudio no alcanza para luchar contra la violencia institucional”, continuó.

Por último, el radical hizo referencia a la aparición de Florencia Magalí Morales ahorcada en una celda de una comisaría -el pasado 5 de abril- en la localidad de Santa Rosa de Conlara, San Luis. “¿Qué ha hecho Pietragalla en esta causa, que avanza muy lento y no tiene por ahora culpables de un hecho tan brutal?”, se preguntó Negri.

Solicitan la presencia de Horacio Pietragalla y Sabina Frederic en el Congreso

Ante los casos de abuso policial conocidos en los últimos días, diputados de la UCR reclamaron la “urgente presencia” de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para que brinden informes al respecto.

“Estamos muy preocupados con los hechos de violencia institucional que estamos viendo en las últimas semanas por parte de las policías provinciales, algunos de los cuales terminaron en muertes, como el caso de Luis Espinoza en Tucumán o Franco Maranguello y Magalí Morales en San Luis. Y en las últimas horas hemos visto el brutal accionar de la policía chaqueña contra integrantes de la comuniad Qom”, expresó Sebastián Salvador.

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos reiteró el pedido a Pietragalla para que concurra a informar “el trabajo que se está desarrollando y cuál va a ser el accionar de la Secretaría que conduce para terminar con estos aberrantes hechos”. “En la última reunión de Comisión el oficialismo se comprometió a convocar al funcionario a la brevedad. No ocurrió aún, esperamos que no se siga dilatando porque se trata de una situación alarmante”, remarcó.

Por su parte, Álvaro de Lamadrid enfatizó que “son graves los episodios que están ocurriendo en todo el territorio argentino. Inteligencia interna, ciberpatrullaje, denuncias clandestinas, excesos de las fuerzas de seguridad. Cuatro asesinatos en democracia sin respuesta. Con un silencio total del Gobierno, de los organismos de derechos humanos, donde pareciera que algunas muertes importan en la Argentina y otras no”.

El legislador explicó que pidió la interpelación a Frederic por “los graves hechos de violencia y abuso policial, que han terminado en crímenes aberrantes, en asesinatos de las fuerzas de seguridad, tanto en la provincia de San Luis, en Tucumán y en Santiago del Estero, hacen que deba informar sobre estos excesos”.

“Es imprescindible que se presente ante los legisladores, porque es la responsable política de toda esta situación, más teniendo en cuenta que está al frente del Consejo de Seguridad Interior, que articula todas las políticas de seguridad y le da directivas a las fuerzas policiales y a las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio”, agregó el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior.

Y concluyó: “Estos no son los únicos episodios graves de su cartera. También tenemos el espionaje interno y la inteligencia interna, que se produjo a trabajadores de una mina en Neuquén, y también a la empresa privada. Ni la cuarentena, ni ningún plan de ciberpatrullaje puede poner en emergencia la Constitución, ni puede dar superpoderes a las fuerzas de seguridad para alejarse de ella”.

Tras un intenso debate, el Senado sancionó la exención del pago de Ganancias para trabajadores esenciales

La ley se aprobó por unanimidad, pero senadores del interbloque Juntos por el Cambio enfatizaron que un gran porcentaje quedará fuera del beneficio. Apoyo pleno para la pensión graciable a familiares de servidores que, en ejercicio de su labor, hayan muerto por coronavirus.

Por Melisa Jofré

Tras un intenso debate, el Senado de la Nación sancionó -de forma virtual- la ley que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para trabajadores de actividades esenciales durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Además, la norma establece una pensión graciable para aquellas personas que hayan perdido familiares que, en ejercicio de su labor, contrajeron coronavirus y fallecieron. Los senadores manifestaron su pleno apoyo a este aspecto del proyecto.

La iniciativa, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados hace una semana atrás, recibió el aval unánime del cuerpo, pero desde el interbloque Juntos por el Cambio hubo varias críticas sobre el alcance de este beneficio a los trabajadores.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), destacó que “el trabajo del personal de salud, seguridad y actividades esenciales es gigante; emociona y contagia su ejemplo de solidaridad y esfuerzo. Son héroes”.

Incluso, el cordobés dijo que, una vez pasada la pandemia, “estos mártires que dejaron su vida en este combate contra un invisible”, como es el Covid-19, tienen que ser “honrados en este Senado y pasar a ser héroes de nuestra patria”.

Luego de explicar los alcances del proyecto, el oficialista respondió a las críticas sobre “el falso dilema de la economía o la salud” y señaló que “la economía de los países que no hicieron cuarentena va muy mal y encima lloran a miles de muertos”. Y concluyó manifestando su apoyo a las medidas del Gobierno.

A continuación, Martín Lousteau (UCR) cuestionó al Frente de Todos por no haber aceptado introducir cambios que mejoraran el proyecto, al cual calificó de “muy economicista y poco solidario”. En este sentido, el porteño enfatizó que la ley “entraña algunas desigualdades, injusticias e inclusive discriminaciones”.

Recogió el guante el chubutense Mario Pais (Frente de Todos), quien afirmó que “todos los trabajadores están incluidos”. Enfatizó que “es mentira” que se excluye a los trabajadores con menos ingresos: “A los que menos ganan se los incluye y se los incluye especialmente para que, en el caso pasen a ganar un poco más, no tributen por esa diferencia”.

La ley fue sancionada por unanimidad. (Foto: Comunicación Senado).

A su turno, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) remarcó que “no son todos los que van a recibir este beneficio”. Y cargó contra el oficialismo al sostener que durante el debate en la Comisión de Prespuesto y Hacienda “no se permitió corregir que este beneficio alcance también a los que menos ganan”.

“Nosotros como oposición damos los dos tercios que ustedes requieren, pero ustedes tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a tratar las leyes de manera colegiada, porque para eso está el Congreso”, lanzó.

También, la macrista denunció que el martes pasado en la comisión -donde hubo una fuerte discusión entre Carlos Caserio y Martín Lousteau-, los senadores Esteban Bullrich y Martín Lousteau “no solo no fueron escuchados, sino que fueron maltratados por decir su opinión”. “No empecemos con ese totalitarismo, no empecemos con esa percepción de que solo de ese lado está la razón”, añadió.

En línea con Pais, el misionero Maurice Closs subrayó que “eximir al que no está alcanzado es imposible”. El senador señaló que hay trabajadores que “no pagan el impuesto a las Ganancias, infelizmente porque su salario es muy bajo. Podrían ser alcanzados sí, a través de otro beneficio que se puede discutir”.

“Esta ley busca que cuando trabajen más, por el concepto que sea, por sumar ingresos no le provoquen el salto de categoría”, explicó.

En contraposición, el legislador Esteban Bullrich (Pro) consideró que “la suma fija era un mejor camino” y sostuvo que “es cierto lo que dijo Pais, pero desde lo legal; no es correcto desde lo económico y financiero”.

“Se les está dando más beneficios a aquellos que más ganan porque se los exime de más impuestos”, expresó y ejemplificó: “Si tomamos a una enfermera que gana 35 mil pesos y gana 35 mil pesos de horas extra, y un médico que gana 140 mil pesos y hace 35 mil pesos de horas extra. Como el médico pagaba una tasa superior a la enfermera, porque la enfermera no pagaba Ganancias, la enfermera va a ser eximida en 750 pesos y el médico en 12.250 pesos. A eso nos referimos, esa es la discriminación que estamos diciendo”.

El recinto con la pantalla gigante que muestra a los senadores conectados. (Foto: Comunicación Senado).

Durante los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseguró que con la ley “nos quedamos a mitad de camino” y que la misma “pone al descubierto las enormes asimetrías que existen en materia salarial”.

“Genera una desigualdad y una profunda discriminación, no porque la ley quiera sino porque desnuda la propia realidad”, reflexionó y habló de un “sabor amargo” por estar “brindando una respuesta para una Argentina que nos marca una enorme desigualdad”.

Y completó: “Independientemente del acompañamiento, los sectores que menos ganan y que están en la trinchera, no tienen ningún tipo de beneficio”. Por eso, pidió dar un “debate serio y maduro” para perfeccionar la norma posteriormente.

“No hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver”, disparó el jefe del Frente de Todos, José Mayans, y sostuvo que “no se lo puede exceptuar a quien ya está exceptuado”. “Esto es un aporte, no es definitivo ni una solución”, dijo.

El formoseño le respondió a JxC que su posición era “una falta de respeto a sus colegas diputados” que lo votaron por unanimidad, y aclaró que “esto es urgente” pero “hay proyectos que vamos a seguir trabajando en la comisión”.

Qué establece la ley

La ley abarca a “los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; y bomberos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria”.

La exención se aplicará sobre “las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19”.

La exención regirá desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, pero ese período podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.

En tanto, la pensión graciable y vitalicia será otorgada a cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas por coronavirus en el ejercicio de sus actividades, y será “una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, al que se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias”.

En su primera sesión virtual, el Senado avaló veinte DNU relacionados con la emergencia por coronavirus

La Cámara alta aprobó el paquete de decretos emitidos por el Gobierno en el marco de la pandemia. Juntos por el Cambio rechazó la prohibición para que argentinos ingresen al territorio nacional y, además, votó dividido sobre la prohibición de despidos y suspensiones.

Por Melisa Jofré

Con algunos inconvenientes de sonido por momentos y varios minutos para efectuar el proceso de votación, el Senado de la Nación realizó este miércoles su primera sesión virtual para avalar una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia dictados en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

A lo largo de más de cinco horas, la Cámara alta debatió un conjunto de medidas que el Poder Ejecutivo tomó desde que se estableció el aislamiento obligatorio en todo el país. La mayoría de ellos se aprobaron por unanimidad, pero hubo dos que no fueron avalados por todo el pleno.

El paquete de DNU se votó -electrónicamente- en forma positiva, pero la aclaración sobre quiénes rechazaron o se abstuvieron a algunos de los decretos se aclaró con la lectura que el prosecretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi, realizó al repasar senador por senador.

Uno de los DNU que tuvo el rechazo del interbloque Juntos por el Cambio con 22 votos en contra y tres abstenciones -de los macristas Esteban Bullrich, Gladys González y Guadalupe Tagliaferri- fue el N° 313/20, por el cual se prohibió el ingreso de argentinos al territorio nacional. También se opusieron Lucila Crexell, Juan Carlos Romero y Clara Vega, del Interbloque Federal.

En tanto, en el caso del DNU 329/20, que prohíbe los despidos y suspensiones por 60 días, hubo 13 abstenciones de Juntos por el Cambio y un voto en contra de Esteban Bullrich. También optaron por la abstención Lucila Crexell, Juan Carlos Romero y Clara Vega, del Interbloque Federal.

Los rostros de los senadores en la pantalla gigante instalada en el recinto. Foto: Prensa Cristina Fernández de Kirchner.

Miembro informante del oficialismo, abrió el debate la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que destacó todos los DNU en tratamiento y afirmó que las medidas tomadas por el Gobierno nacional se dictaron “con liderazgo, sensatez y rapidez”.

Además, la vicepresidenta del bloque Frente de Todos defendió que el Poder Ejecutivo haya implementado el aislamiento obligatorio y comparó con cifras la diferencia en muertes respecto a otros países que no avanzaron en este sentido.

La senadora también le disparó a la oposición, respecto a la necesidad de reactivar la economía, y dijo que este tema es “una falacia” que intentar instalar en el debate público. “Ningún país del mundo que haya declarado o no el aislamiento va a salvarse del desatre económico que va a producir la pandemia”, advirtió.

A continuación, la radical Silvia Giacoppo mencionó los decretos que desde Juntos por el Cambio avalarían por considerar “atinados”, pero adelantó el rechazo de la bancada al DNU 313/20 que prohibió el ingreso al país de argentinos.

La jujeña sostuvo que el decreto “es inconstitucional” porque plantea un “exceso liso y llano de las potestades del Poder Ejecutivo” con “la incorporación de argentinos, con residencia en nuestro país o en el extranjero, dentro de las prohibiciones para ingresar al territorio nacional”.

“Ni siquiera en un estado de guerra se le prohíbe a un argentino volver a su país”, resaltó y explicó que esta medida se trata de “suspender un derecho constitucional, como es el de ingresar, transitar y permanecer en el territorio nacional”.

Por otra parte, Giacoppo anticipó que en Juntos por el Cambio iba a haber voto dividido sobre el DNU 329/20, referido a la prohibición de despidos y suspensión de personal por 60 días. “Hay un grupo que se va abstener y otro va a votar favorablemente”, manifestó.

A su turno, el pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos) enfatizó sobre el “principio de solidaridad” del DNU que prohíbe los despidos y las suspensiones, al asegurar que “esta pandemia no solo mata sino que arrasa con los derechos más preciados que tenemos como personas, y entre ellos está el trabajo”.

“Por suerte tenemos un Estado presente, un gobierno que está creando herramientas necesarias para hacer frente a esta crisis generada por el Covid-19”, ponderó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y criticó que haya senadores que no acompañen este decreto.

El oficialista consideró que los despidos de trabajadores “resultan inadmisibles” y, aunque abogó por que “este instrumento excepcional deje de ser necesario”, advirtió que “hasta que eso no suceda no nos podemos olvidar que el trabajo es un derecho humano fundamental”.

Martín Lousteau, vicepresidente, y Maurice Closs, vicepresidente primero, participaron desde el recinto. Foto: Prensa Cristina Fernández de Kirchner.

Haciendo hincapié en el aspecto económico, Martín Lousteau (UCR-Evolución) analizó que “el sector medio” integrado por “cuentrapropistas, independientes, empresas sin créditos” es “el gran abandonado” en las medidas implementadas por el Gobierno.

“Construimos un gran mecanismo de seguridad social con millones de beneficiarios pero a los del medio nadie los mira, nadie los ve, están en una suerte de agujero negro. Y este es el desafío monumental que tenemos ahora”, consideró.

El opositor realizó un llamado a “pensar y actuar de manera colectiva” para “pensar un mejor Estado, no solamente más Estado; ahí nos van a encontrar, el presidente dijo que veía una oposición predispuesta a estas discusiones”.

A favor del paquete de decretos, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) expresó que “nunca ocurrió que quedara todo parado” en el mundo y habló de “una crisis humana, social y económica de transcendencia enorme”, en la cual “Argentina, ante el problema nunca visto, está actuando muy inteligentemente y resolviendo los problemas que se plantean”.

Desde el bloque Pro, Esteban Bullrich justificó que el DNU que prohíbe despidos y suspensiones “no resuelve el problema del empleo en Argentina”. Si bien coincidió con Lovera en que “hay que tratar de que no se disuelvan las relaciones laborales”, dijo que “también para eso es fundamental que no se disuelvan las empresas”.

El macrista precisó que “más de 100 mil empresas no han accedido” a ningún beneficio por parte del Gobierno, por lo cual “tienen un problema y tenemos que atender ese problema. Vemos un vacío en esa atención”.

Durante los cierres, el rionegrino Alberto Weretilneck expresó su voto a favor de “la totalidad de los DNU” porque “son válidos, fueron necesarios y eran urgentes”. Pero además dijo que lo haría “desde el punto de vista político” porque “la lucha contra el coronavirus tiene algo de ideología”.

“Los gobiernos que no han puesto al ser humano, a la persona en el centro, son los gobiernos que están teniendo los peores resultados“, señaló y ejemplificó con Brasil, Estados Unidos y Chile. En cambio, resaltó: “Argentina es uno de los gobiernos que optó, con la decisión del presidente y su equipo, los gobernadores e intendentes, cuidar a las personas”.

Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero, jefe del Interbloque Federal, sostuvo que “la pandemia es un hecho grave que puede justificar DNU” pero cuestionó la ” preocupante concentración de poder de la cual somos testigos” con el reciente DNU 457/20, que le otorgó más facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias vinculadas para gastos vinculados con la pandemia.

“Al kirchnerismo le gustan las facultades extraordinarias mientras gobiernan ellos”, lanzó el legislador y consideró que con un Poder Legislativo y un Poder Judicial con un trabajo bajo, “es comodísimo para el Gobierno poder gobernar”.

Por el interbloque Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff pidió volver “a la normalidad institucional” y que el Congreso “discuta leyes”. El formoseño se refirió a la necesidad del funcionamiento pleno de los tres poderes, a casi 60 días de la cuarentena general, y habló también de la importancia de convocar a un comité de expertos en economía donde se escuchen “a todas las voces”.

Finalmente, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, elogió las acciones del Poder Ejecutivo y habló de una “visión humanista” por parte de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la hora de atender la pandemia en el país. “El Senado sostiene el acompañamiento a estas medidas”, aseguró sobre los decretos y enfatizó que desde el oficialismo tienen “la plena conciencia de que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Gobierno”.

LOS DNU APROBADOS

1) DNU 260/2020 Declaración de la emergencia sanitaria por el plazo de un año en relación con el coronavirus Covid 19.

2) DNU 274/2020 Prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras por el plazo de 15 días.

3) DNU 287/2020 Modificación del DNU 260/2020 para facilitar la compra de insumos.

4) DNU 297/2020 Declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio.

5) DNU 311/2020 Suspensión de corte en caso de mora o falta de pago de los servicios.

6) DNU 312/2020 Suspensión de cierre de cuentas bancarias.

7) DNU 313/2020 Ampliación de los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

8) DNU 316/2020 Prórroga del plazo para acogerse al Régimen de Regularización de Deudas.

9) DNU 319/2020 Congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios.

10) DNU 320/2020 Congelamiento de los alquileres en virtud de la emergencia pública.

11) DNU 325/2020 Extensión hasta el 12 de abril del aislamiento social preventivo y obligatorio.

12) DNU 326/2020 Creación de un Fondo de Afectación Específica con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMEs.

13) DNU 329/2020 Prohibición de despidos y suspensión de personal por 60 días.

14) DNU 331/2020 Prórroga hasta el 12 de abril inclusive de la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país.

15) DNU 332/2020 Creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

16) DNU 347/2020 Creación del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

17) DNU 355/2020 Prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

18) DNU 365/2020 Cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

19) DNU 367/2020 Establece que el Covid-19 es una enfermedad de carácter profesional no listada.

20) DNU 376/2020 Ampliación de los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

La Comisión de Peticiones avaló el protocolo de funcionamiento virtual

Había sido aprobado previamente en la Comisión de Modernización, que estuvo a cargo de su elaboración. Tuvo un apoyo unánime. Deberá ser votado por las 3/4 partes de los miembros en la primera sesión virtual que se realice.

comision de peticiones 29 abril 2020

Por Melisa Jofré

Sentados a metros de distancia y cada uno con sus barbijos, los diputados de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se reunieron este miércoles de manera presencial en el Anexo de la Cámara baja y avalaron por unanimidad el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, que servirá para poner en marcha las sesiones virtuales en el tiempo que dure la situación de excepcionalidad por la pandemia del coronavirus.

Al comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión, Mayda Cresto (FdT), pidió un aplauso para los miembros de la Comisión de Modernización por su celeridad en la elaboración del documento, aprobado por unanimidad un hora antes. La entrerriana consideró que era un elemento “muy importante que nos estaba faltando”, por eso celebró: “Hemos dado un gran paso y hemos estado a la altura de las circunstancias”.

Al tomar la palabra, la macrista Silvia Lospennato resaltó que, en comparación con otros Parlamentos del mundo que avanzaron mucho más rápido en el trabajo virtual a raíz de la pandemia, el Congreso Nacional “tenía todos los sistemas presenciales”.

En ese sentido, recordó que la firma digital rige desde 2013, “sin embargo ningún legislador había registrado la firma” hasta ahora, y expresó que ella misma hacía un “mea culpa” sobre ese tema.

La diputada de JxC -vicepresidenta de la Comisión de Modernización- aclaró que se trata de un “protocolo temporal” que se someterá a votación “en la primera sesión que sea convocada de manera virtual y se lo va a hacer con las 3/4 partes” del cuerpo, para que no haya ninguna inseguridad jurídica de que “la voluntad de la mayoría fue expresada” a favor de este sistema.

Por último, destacó que el protocolo “es fruto de un acuerdo político muy amplio” que se dio en la reunión de Labor Parlamentaria el lunes pasado.

Posteriormente, la presidenta de la Comisión de Modernización, Daniela Vilar ponderó el “espíritu colaborativo” con el que se trabajó en la redacción del texto entre el oficialismo y la oposición, y sostuvo que “esta situación excepcional requería medidas excepcionales”.

“Es lógico que desde una mirada analógica lo digital dé temor”, expresó la legisladora del Frente de Todos, que agregó: “Así como los docentes, los estudiantes, los trabajadores de la salud se aggiornaron, es absolutamente necesario que nosotros también”.

La oficialista aclaró que no se reguló sobre sesiones mixtas, sino que “lo que se regula es el trabajo desde una plataforma telemática”. “No tocamos el reglamento de la Cámara”, ratificó y destacó que se realizarán “instancias de simulacro que van a servir también de instancias pedagógicas”.

A su turno, el mendocino José Luis Ramón calificó al protocolo como un “trabajo espectacular”, pero dijo que la metodología virtual “no está bien en el futuro”, porque es el “relacionamiento físico” el que “permite que el ser humano pueda discutir sobre un tema y la sangre que circula por nuestro cuerpo se la pueda transmitir a alguien” cara a cara. “Este sistema es para esta emergencia, es temporal”, agregó el titular del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo.

En coincidencia, la oficialista Mara Brawer sostuvo: “La virtualidad en la pandemia, después, a poner el cuerpo”. Además, cuestionó a diputados que “dijeron que el Congreso estaba cerrado”, porque “eso es faltarnos el respeto a todos”. “Recorrer los canales de televisión para negar el trabajo de los colegas no le hace bien a la democracia”, añadió y reivindicó “el trabajo invisible que no implica únicamente entrar al despacho”.

Por su parte, la radical Soledad Carrizo habló de “un antes y un después” y subrayó también que este sistema debe aplicarse “en tiempos excepcionales”. La cordobesa lamentó que no se hayan incorporado “materias vedadas” para el tratamiento en una sesión virtual, así como que no se aclarara que “la sesión informativa del jefe de Gabinete” se puede realizar de esta manera. “Sin embargo celebro que se haya podido llegar a un acuerdo”, dijo.

El socialista Enrique Estévez manifestó que “estamos en una situación sin precedentes” en la que “muchos nos sentimos por primera vez vulnerables”, pero “nosotros somos servidores públicos, que estamos acá porque tenemos que cumplir un rol, nos pagan para eso y tenemos que representar a un pueblo que nos elige”.

Señaló que ante las “respuestas insuficientes” que “le está dando el Estado” a la sociedad, los diputados necesitan “intentar estar a la altura de las circunstancias y tenemos que trabajar incansablemente dando el ejemplo”.

La radical Dolores Martínez aseguró que lo digital “para nada va a reemplazar” el trabajo presencial, “pero sí hay que entender que la tecnología es algo que nos va a hacer funcionar mejor”. Y ponderó que esto no hubiera sido posible sin el consenso político: “Fue clave el acuerdo en Labor Parlamentaria”.

En tanto, el oficialista Germán Martínez afirmó que “tenemos un muy buen protocolo” en el cual, para su redacción, “hubo mucho más diálogo que persuación e imposición”. “Es obvio que es perfectible, que iremos mejorando, que no termina acá”, agregó.

En la reunión también participó el secretario general de la Cámara baja, Juan Manuel Cheppi, que complementó las explicaciones del protocolo con las exposiciones de Vilar y Lospennato.

La Comisión de Modernización aprobó por unanimidad el protocolo para sesiones remotas

Con el voto afirmativo de todos sus miembros, la comisión avanzó con el documento que establece las pautas para el funcionamiento legislativo telemático. Contempla que en las sesiones podrá haber legisladores en el recinto, de acuerdo a cómo se decida en Labor Parlamentaria.

Por Melisa Jofré

En un trabajo a contrarreloj, la Comisión de Modernización Parlamentaria, que preside la oficialista Daniela Vilar, aprobó por unanimidad el protocolo que contiene las pautas para el funcionamiento remoto de comisiones y la realización de sesiones de forma telemática, mientras dure el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

La reunión de este miércoles comenzó con dos horas de retraso -estaba citada para las 11 pero arrancó a las 13-, producto del trabajo contrarreloj para terminar el documento. Después de más de cuatro horas, el protocolo fue aprobado por unanimidad con 15 votos positivos.

En el comienzo, Vilar explicó que la comisión iba a dictaminar sobre “un protocolo de actuación para el uso de la plataforma telemática” y “un manual de uso con el plan de contingencia”, para “poder limpiar al protocolo de temas muy técnicos” como, por ejemplo, la forma de “encender la cámara”.

“No es un protocolo para sesiones mixtas, sino para el funcionamiento del trabajo parlamentario remoto. No estamos modificando el reglamento eso tiene que quedar claro”, enfatizó la diputada del Frente de Todos.

Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) reiteró que “no estamos modificando el reglamento” sino que “en el marco de la salvedad” que hace el artículo 14 del mismo, “estamos proponiendo una metodología, mirando las características de la fuerza mayor que en este momento tenemos”.

En ese sentido, pidió a sus pares tener “la inteligencia de darnos cuenta que no estamos en el ojo del huracán” respecto a la pandemia. “A más tardar en un mes, un mes y medio, dos meses, ese va a ser el momento en que probablemente muchos de nosotros estemos preocupados”, pronosticó, fundamentando la necesidad de contar con este protocolo.

La legisladora consideró que “hay que dejar abierta la posibilidad de que la fuerza mayor sea interpretada cada vez que el Parlamento esté en peligro. Nosotros consideramos que es este momento”.

Sergio Massa supervisó la reunión de comisión (Foto: @danyvilar)

A su turno, el macrista Pablo Tonelli (Pro) expresó que este protocolo “es una buena muestra de que podemos sesionar de otra manera, podemos evitar la parálisis del Congreso y cumplir con el rol que la Constitución nos asigna de una manera distinta”.

No obstante, advirtió que “es un protocolo para la emergencia; nuestro modo normal tiene que seguir siendo, en cuanto las circunstancias lo permitan, la manera presencial”. Y solicitó que haya temas que estén excluidos de ser tratados en una sesión virtual, puntualmente aquellos para los cuales la Constitución requiere la mayoría absoluta -como reforma constitucional, cuestiones electorales, entre otros-. Sin embargo, su pedido no fue aceptado en la redacción final.

En tanto, la diputada Silvia Lospennato (Pro) propuso que “los acuerdos de Labor Parlamentaria” en cuanto a la presencia de los jefes de bloques en el recinto “tienen que quedar plasmados en algún lugar”.

En esa línea, la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio reivindicó el “esfuerzo” del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y apuntó: “Nuestro trabajo tiene que reflejar esos acuerdos políticos, sea en el texto del protocolo o una recomendación de la Comisión de Peticiones”.

La radical Dolores Martínez insistió con la necesidad de realizar, previo a una sesión remota, un simulacro, y Vilar reveló que “es algo que está considerado por el equipo técnico” y se llevará a cabo. También coincidió con su par Lospennato de que “a veces con lo técnico no alcanza”, con lo cual el acuerdo político sobre la presencia de algunos miembros del cuerpo en el recinto debe quedar plasmado.

Respecto de lo planteado por Tonelli, Camaño subrayó que se “estaría yendo en contra de esa propia Constitución” que les da “plenos poderes siempre, en cada momento y en cada instante”. “No comparto”, ratificó y consideró que sería “dejar el precedente de que nos autoimponemos restricciones”.

Durante la reunión, la secretaria de la comisión leyó el borrador del protocolo y luego se pasó a la discusión de la letra chica. Más tarde, se pasó a un cuarto intermedio de una hora para volver a redactar el texto con los cambios.

El documento aclara que se utilizará este sistema en lo que dure el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia de Covid-19, aunque podrá ser prorrogable por 30 días más si así se acuerda por consenso en Labor Parlamentaria.

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Puntos principales del protocolo

Además de la presentación de proyectos -sobre cualquier materia- de forma digital, el protocolo regula el trabajo remoto de las comisiones y las tareas que tendrán los secretarios de comisión.

En lo que respecta a las sesiones, se establece que se ingresará a través de una red telemática y una aplicación interna de la Cámara baja, con correspondiente usuario y contraseña, que será una primera verificación de identidad.

La segunda verificación se hará con una toma de fotografía con tres variantes: rostro neutral, rostro con mueca y rostro con ojos cerrados.

En el “recinto virtual” se podrá ver al resto de los asistentes, que se tomarán como presentes al tener su cámara encendida. Una vez conectados “el número suficiente de diputados para conformar quórum legal” (129), el presidente declarará abierta la sesión.

Al ingresar a la sesión, todos los legisladores verificarán sus micrófonos, luego serán silenciados y solo serán habilitados cuando el presidente les conceda el uso de la palabra.

Las sesiones remotas se transmitirán en vivo y luego quedarán grabadas en los canales oficiales de difusión.

“En el caso de existir desperfectos técnicos generalizados, el presidente tendrá la potestad de llamar a cuarto intermedio hasta que se resuelvan las dificultades”, reza uno de los puntos del protocolo, y aclara que todas las resoluciones que se hayan debatido hasta ese momento serán válidas. También se regula sobre las votaciones (los votos podrán ser reafirmados a viva voz) y se prevé la incorporación de los taquígrafos.

Atendiendo al pedido de Juntos por el Cambio, el documento indica que para cada sesión “en la comisión de Labor Parlamentaria se decidirá la cantidad de legisladores y autoridades que podrán acceder a la plataforma telemática desde el recinto”, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias.

“Teniendo en cuenta el tiempo y el contexto vale destacar un trabajo exhaustivo de todos los diputados que componemos esta comisión y que, obviamente, cada uno aportó a la elaboración de este protocolo para dar solución a lo que la situación actual nos está demandando”, destacó Vilar.

Trotta reiteró que no se sabe la fecha de la vuelta a las aulas y enfatizó que será “cuando no haya riesgo para nadie”

El ministro de Educación sostuvo, al exponer virtualmente ante senadores, que “no necesariamente la modificación del calendario escolar resuelve el desafío que tenemos por delante”. Anticipó que evalúan un programa especial para los alumnos del último año de secundaria.

nicolas trotta comision educacion senado videoconferencia

Por Melisa Jofré

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró este miércoles que no está definida la fecha en la que se reanudarán las clases y enfatizó que será “cuando no haya riesgo para nadie”. “No tenemos escenario posible”, dijo el funcionario y mencionó que se han analizado los meses de “junio, julio, agosto” e incluso “septiembre”.

Al exponer por videoconferencia ante la Comisión de Educación del Senado -que preside la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT)-, el titular de la cartera educativa sostuvo que no se tiene “certeza” sobre el regreso a la escuela, así como “no la tiene el mundo”. En ese sentido, puso el ejemplo de Francia, donde se anunció para el 11 de mayo y “no fue una decisión bien recibida”.

Trotta aseguró que la definición requerirá de “mucho compromiso y trabajo articulado entre toda la dirigencia política, social y sindical”, además del “consenso” entre Nación y todas las provincias. Agregó que así como la suspensión de las clases fue una “decisión epidemiológica”, la vuelta a las aulas “también debe ser una respuesta epidemiológica”.

Durante una participación de tres horas, en las que trató de responder la mayoría de las 150 preguntas que le hicieron llegar por escrito los legisladores -además de las consultas en el encuentro virtual-, el ministro destacó que desde el Estado la “principal responsabilidad es lograr detener los procesos de profundización de la desigualdad educativa en el marco de la pandemia”.

Sobre esto, señaló que “la realidad de cada hogar es muy diferente”, sea por el acompañamiento de los padres o su formación educativa y el acceso a las herramientas necesarias por parte del alumno, con lo cual “sabemos que al momento de regresar a las aulas vamos a encontrar aulas más heterogéneas”, admitió.

“Nuestro sistema educativo está sufriendo una realidad de mucho estrés, como lo está sufriendo la sociedad”, expresó el funcionario, que calificó como “un desafío impensado y único” poner en marcha la enseñanza a distancia en el marco de desigualdades.

También resaltó: “La pandemia nos sorprende con la Argentina inmersa en un proceso de desinversión educativa”. Y remarcó entonces que los últimos cuatro años fueron “muy complejos en términos económicos y sociales para Argentina” donde el presupuesto en educación “cayó del 6,1% al 4,8% del PBI”.

Además, Trotta anticipó que en 2021 la “obligación primaria” por parte del Ministerio serán los estudiantes que, en este 2020, estén en el último año de la secundaria. En esta línea, informó que está en análisis un “programa específico” para “convocarlos, retenerlos y darles las herramientas necesarias” con el objetivo de quitar el “estigma” que muchas veces pesa sobre los jóvenes a la hora de pasar a la educación terciaria o universitaria.

“Podríamos llegar a trabajar un módulo específico: enero, febrero, marzo y abril, para que se puedan intensificar los contenidos”, explicó y añadió que se coordinaría “con las universidades que las clases comiencen excepcionalmente en el mes de mayo” el año que viene, pero aclaró este es “un elemento en estudio”.

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El equipo técnico de Senado TV supervisó la videoconferencia de la comisión. (Foto: Comunicación Senado).

A lo largo de su exposición, el funcionario destacó las medidas puestas en marcha como la plataforma “Seguimos educando”, de acceso gratuito; las horas de programas en televisión y radio donde “se intenta recrear el trabajo del aula”; y la distribución de cuadernillos con material pedagógico en los lugares con mayor vulnerabilidad.

Por otro lado, habló sobre el “desafío” de alcanzar conectividad al 100% en el sistema educativo en estos cuatro años y detalló que se han readecuado “casi 150 mil computadoras, algunas que son del año 2015, abandonadas en los hangares del Correo”. Y agregó que a partir de este viernes se comenzará con la distribución de 135 mil computadoras y tablets “en diez provincias del norte grande y los distritos del conurbano bonaerense”.

Aunque aclaró que no se tiene certeza sobre la fecha en que se reanudarán las clases, el ministro subrayó que “no necesariamente la modificación del calendario escolar es lo que resuelve el desafío que tenemos por delante”, por eso manifestó que “cuando Argentina logre pasar este momento de estrés que genera la incertidumbre, se va a necesitar un respiro”.

En este sentido, el titular de la cartera educativa apuntó que “no estamos de vacaciones” por lo que “no hay que imaginar que hay que eliminar las vacaciones de invierno o verano”. Tras una consulta de la mendocina Pamela Verasay (UCR), sobre “qué tipo de diagnóstico habilita” esta decisión, Trotta aseveró que no es una definición que hará el Ministerio, sino un acuerdo entre todas las jurisdicciones.

En tanto, amplió que “a partir de discusiones con especialistas, con muchos ministros de provincias e incluso de otros países, todos creemos que transitar este momento de enorme trauma va a implicar un respiro para la sociedad”. “Nuestros maestros, profesores, familias y estudiantes, en esta Argentina profundamente desigual, están haciendo un enorme esfuerzo para transitar esta continuidad pedagógica. Es contradictorio con nuestros docentes, a quienes tenemos palabras de tanto reconocimiento, decirles que cuando vengan las vacaciones van a tener que trabajar”, continuó.

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Foto: Comunicación Senado.

En cuanto a la educación de gestión privada, el ministro destacó que se estableció “diferir los pagos de aquellas familias que no están en condiciones” de pagar las cuotas, sin que esto “tenga ningún impacto” en la continuidad de la enseñanza. Además mencionó la decisión de “retrotraer los aumentos de marzo” y “la eliminación de gastos extraescolares”, porque “no vamos a tolerar ningún tipo de abuso”.

Sin embargo, el funcionario reconoció que varias instituciones privadas reclamaron que “a partir de la mora no están pudiendo hacer frente al pago de salarios” del personal, con lo cual este tema se abordó en una reunión con el equipo económico, de modo que este sector pueda recurrir al programa de salario complementario lanzado por el Gobierno mediante DNU.

Ante la consulta de la santacruceña María Belén Tapia (UCR), que planteó el tema de capacitación a los padres, el ministro enfatizó: “No pueden asumir los padres el rol del docente, no es lo que corresponde”. “En el marco del Consejo Federal de Educación se están trabajando en recomendaciones para que desde los establecimientos educativos no haya una sobrecarga de tareas, muchas veces frenética, en las familias sobre todo de gestión privada”, sostuvo.

En el encuentro, Trotta habló también de una reunión que mantuvo con la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, en torno a la “preocupación que existe sobre la merma en denuncias de violencia contra niños y adolescentes”, y que esto se debe a “la mediación tan presente y necesaria de nuestros maestros” en estos casos. Por eso buscarán “sumar distintas herramientas que permitan las denuncias” en este marco.

Hacia el final, el ministro de Educación dijo que “la pandemia todavía no ha llegado al hemisferio sur y tenemos que estar preparados” en el sistema educativo, al tiempo que, una vez que pase esta situación, “tendremos que ir a buscar desesperados a cada niño o adolescente que haya abandonado la escuela”.

Moroni dijo que en el futuro habrá que dar “protecciones adecuadas” al sector con formalidad leve o informalidad

El titular de la cartera laboral aseguró que se trata de un universo de trabajadores muy “heterogéneo” que hasta el momento estaba “poco identificado”. “Es uno de los temas que nos vamos a tener que ocupar” cuando pase la emergencia por el coronavirus, sostuvo el ministro ante diputados.

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Por Melisa Jofré

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó este miércoles que, una vez que pase la emergencia sanitaria por el coronavirus, habrá que dar “protecciones adecuadas” a un universo de trabajadores con “formalidad leve o informalidad absoluta” que hasta el momento estaba “poco identificado”.

Durante su exposición virtual ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados -presidida por la oficialista Vanesa Siley-, el funcionario señaló que cerca de 8 millones de personas accederán al Ingreso Familiar de Emergencia, lo que reveló la gran cantidad de personas para las cuales “no había ningún esquema de acercamiento de asistencia”.

“Es un sector bastante plástico y difícil”, señaló el titular de la cartera laboral y enfatizó que en el futuro cercano “uno de los temas que nos vamos a tener que ocupar es de este sector” que “tiene una formalidad leve o una informalidad absoluta, y la verdad no posee las protecciones adecuadas. Es de los más heterogéneos”.

Moroni explicó que se trata de “cuentapropistas, que a veces son más formales o informales, monotributistas de las bajas categorías” y un conjunto de trabajadores que realizan distintas actividades, a los que diferenció del sector formal y de aquellos beneficiarios de planes sociales. “El objetivo es atender a ese sector, no es solamente darles el IFE, el IFE es una herramienta y de ser necesario se complementará con otras”, reiteró.

Al exponer por videoconferencia, el ministro remarcó que todas las medidas que se han tomado en el marco de la emergencia “son previsionales”, con lo cual “si no funcionan” se aplicarán otras. Destacó que los objetivos del Gobierno nacional son “proteger la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores”, y en esa línea fueron “todas las normas que dictamos”.

El funcionario eligió no hablar de “teletrabajo” para referirse al impulso del trabajo a distancia, porque esta es una modalidad que necesita de una regularización y “en algún momento lo deberíamos hacer desde el Congreso” a través de una ley.

Moroni repasó este miércoles las medidas que se tomaron sobre el área y resaltó el decreto de prohibición de despidos y suspensiones por 60 días; el programa de asistencia a empresas -sobre ello afirmó que asistirán “aproximadamente a 200 mil empresas”-; y la reciente incorporación del coronavirus como “enfermedad profesional”, de modo que las ART brinden cobertura a los trabajadores que contraigan el virus.

Además, insistió que “no” se está “viendo hasta la fecha un movimiento significativo en la baja de los trabajadores respecto a lo que hubo en marzo de 2019” y aclaró que las “45 mil desvinculaciones” que mencionó ante senadores el pasado lunes, incluyen despidos, renuncias y jubilaciones.

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El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, participó de la apertura de la reunión virtual. (Foto: Comunicación Senado).

Al momento de responder preguntas, el ministro aseguró que cuando se retorne a la actividad “el virus va a seguir estando”, con lo cual va a haber que definir nuevas “jornadas y horarios” para “evitar las concentraciones en los medios de transporte”, algo que “a lo mejor va a requerir de nuevas regulaciones”.

Por otra parte informó que la suspensión con compensación económica prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, “es una figura probable que empiece a aparecer” pero “prevé la participación sindical, necesita de la homologación de la autoridad administrativa, y permite mantener el vínculo, que es lo que queremos”.

Ante una consulta del diputado Hugo Yasky (Frente de Todos) sobre las cooperativas que no pueden ampararse en el programa de asistencia porque “no tienen el estándar de una PyME”, el titular de la cartera laboral indicó que, efectivamente, “hay cooperativas que van a poder entrar y algunas no”. “Una vez que procesemos la información de los inscriptos tomaremos decisiones”, prometió.

En respuesta a la legisladora Blanca Osuna (Frente de Todos), quien planteó la preocupación por el sector del turismo y la hotelería, el funcionario manifestó que “evidentemente va a tener una afectación bastante mayor que otros sectores. Eso lo tenemos absolutamente claro, pero todavía no están diseñadas las herramientas” de ayuda.

Y agregó que, ante el futuro “fracaso de la temporada invernal”, se acordó con los ministros de Trabajo de las provincias “donde mayormente hay turismo invernal” crear “grupos de trabajo” que “analicen soluciones específicas” para brindar a este sector.

En otro tramo de su exposición, Moroni se refirió a los despidos en organismos públicos, un tema planteado por los macristas Martín Medina y Alejandro García, y dijo: “Hasta donde yo sé no hemos tenido denuncias masivas. Voy a consultar”.

En el cierre, el ministro resaltó que la Organización Internacional del Trabajo “está calculando millones y millones de pérdidas de puesto de trabajo” en el mundo. En ese sentido, enfatizó que “no” tiene “pensado cuál va a ser” el futuro del escenario laboral, porque aún no se sabe “cuál va a ser la situación fáctica en la que vamos a quedar”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, destacó que la Confederación Sindical Internacional “ha colocado a nuestro país” dentro de “los 12 países que han protegido el salario” con las políticas aplicadas en medio de la pandemia. “Seguramente que falta, pero que nuestro país haya decidido tener como principal política a la vida, la salud y el trabajo es algo que nos enorgullece”, expresó.

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Moroni: “No estamos viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria”

Así lo aseguró el ministro de Trabajo al exponer virtualmente ante la comisión homónima del Senado. No descartó que el Ingreso Familiar de Emergencia pueda pagarse más de una vez y anunció un DNU para que las ART cubran los costos de casos por coronavirus.

Por Melisa Jofré

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó este lunes que, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, desde el Gobierno no están “viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria”. En ese sentido, detalló que se registraron “45 mil desvinculaciones” desde mediados de marzo hasta los primeros días de abril, un número “similar a lo que pasó en el mismo período en 2019”.

Al exponer, de forma virtual, ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social -que preside el pampeano Daniel Lovera-, el funcionario subrayó que el nivel de desempleo que pueda provocar el parate de la actividad económica, producto del aislamiento obligatorio, “no es fácil de proyectar”. Pero resaltó que todas las medidas tomadas apuntan a “evitar” un aumento de despidos.

El titular de la cartera laboral defendió, al comienzo de su intervención, que todas las acciones implementadas por el Gobierno “tienen como principal objetivo mantener la salud de la población”, además de “proteger el nivel de empleo y el ingreso de los trabajadores”.

Entre los aspectos que repasó, Moroni destacó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -para atender a sectores informales-, el impulso del teletrabajo y el decreto que prohibió por 60 días los despidos y suspensiones, un tema que “ante la prolongación (de la cuarentena) nos pareció prudente”.

“Estamos tratando de impedir la disolución de vínculos”, enfatizó y precisó que hay 200 casos de suspensiones con compensación monetaria y acordadas con los sindicatos, de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta fue la segunda reunión que el Senado realizó bajo esta modalidad.

Al ser consultado en varias oportunidades por el alcance del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el ministro remarcó que “no hay cupo” y “no hay límites”, sino que “toda empresa que cumpla con los requisitos podrá acceder” a los beneficios de postergación y/o reducción del pago de contribuciones patronales y asistencia para el pago de salarios. Hasta el momento, informó, hubo “más de 400 mil inscriptos”.

Además, el funcionario resaltó la habilitación de líneas de crédito y apuntó que el Fondo de Garantías Argentino ya otorgó “garantías por más de 34 mil millones de pesos” y “ha desembolsado ya casi 30 mil millones de pesos en el sector PyME”.

En otro tramo de su exposición, Moroni anunció un DNU por el cual se establecerá que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo no podrán rechazar la cobertura de los casos de coronavirus de aquellos trabajadores exceptuados que durante el aislamiento contraigan la enfermedad.

También, el ministro se refirió al IFE y no descartó que se pague más de un mes. “Si los hechos ameritan que tengamos que mantener este beneficio más tiempo, lo haremos”, dijo y aunque aclaró que no está previsto que “alcance a categorías más altas del monotributo”, eso es algo “que estamos analizando”.

Al momento de las preguntas, la macrista Laura Rodríguez Machado consultó si hay “reuniones entre los gremios y las empresas para ver qué medidas se pueden tomar después de la salida de la cuarentena para evitar la pérdida del empleo”. “Nos reunimos permanentemente con los sindicatos y están haciendo todo lo necesario”, aseguró el funcionario, que agregó: “Si todo esto no llega a ser suficiente probaremos otras medidas”.

Por su parte, la senadora Gladys González (Pro) preguntó sobre la regulación del teletrabajo, ante la eventual extensión de esta modalidad, y Moroni sostuvo que es algo “que requiere de una regulación bastante más detallada de lo que hicimos hasta ahora”. “A esta modalidad la vamos a tener que reglamentar mejor”, indicó.

En tanto, sobre los trabajadores de plataformas de envíos a domicilio -exceptuados del aislamiento-, el ministro reveló que había una iniciativa en carpeta y consideró: “Deberíamos mandar el proyecto y que el Congreso ya empiece a discutirlo, porque es un proyecto muy razonable, en donde los incorporamos como trabajadores dependientes, pero con un estatuto específico que respeta determinadas condiciones y da derechos básicos que hoy no están teniendo”.

Consultado por varios temas, el titular de la cartera laboral confirmó que “la obra pública claramente está entre los sectores que se van a ir habilitando paulatinamente”. Además, reconoció que todavía no se pensaron respuestas para los trabajadores de temporada de invierno -ante una pregunta de la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT)-; y se comprometió a conversar con los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sabina Frederic (Seguridad) sobre el regreso a sus hogares de trabajadores itinerantes, ante un planteo de la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Al momento de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió ejecutar medidas “en un plazo de 90 o 180 días” para dar “certidumbre” a todos los sectores, al tiempo que esos en esos planes “el Estado esté presente de una forma mucho más integrada”. El radical consideró que “para garantizar el empleo”, el Gobierno deberá sí o sí “pensar de acá hasta junio, julio”.

A su turno, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, destacó el “trabajo incansable del presidente y su equipo” y cada una de las medidas que se tomaron. “Estamos yendo por un buen camino en comparación con otros países que han perdido el control”, agregó y afirmó que desde el Congreso van a “garantizar el acompañamiento” de los DNU que se dictaron durante la emergencia.

El presidente de la comisión, Daniel Lovera, ponderó los esfuerzos para sostener los empleos y reflexionó que pos cuarentena “se va a liberar una renovada pelea con las corporaciones mundiales”, con lo cual el Estado, los empresarios, los trabjadores y las PyMEs “deberemos estar todos juntos” para la lograr reactivación económica.

Para finalizar, Moroni expresó: “Es muy difícil pensar cómo queda el futuro después de esta pandemia, cómo queda la economía del mundo y la economía de Argentina, pero creo que vamos a encontrar el rumbo para tener una economía más justa que la que estuvimos teniendo en todos estos años”.

Ginés González afirmó que la “estrategia” ante el coronavirus es “ganar tiempo para prepararnos mejor”

El ministro de Salud aseguró ante diputados que hay “suficientes” reactivos y que los respirados no son “una cosa que falte”. Dijo que con las medidas tomadas se busca “regular la transmisión comunitaria” y adelantó que saldrá un DNU que declarará de interés público todos los recursos sanitarios.

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Por Melisa Jofré

En el día 13 de la cuarentena obligatoria, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la “estrategia” del Gobierno ante el avance del coronavirus es “ganar tiempo para prepararnos mejor”, en referencia al equipamiento del sistema de salud.

Por videoconferencia, el funcionario respondió preguntas de los diputados de la Comisión de Salud -que preside el tucumano Pablo Yedlin- y aseguró que hay “suficientes” reactivos y los respiradores no son “una cosa que falte”. Además, adelantó que en la brevedad saldrá un DNU que declarará de interés público “todos los recursos sanitarios” del país. “Podrá ser estatal o privado pero creemos que tenemos que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, amplió.

“Estoy orgulloso de cómo estamos trabajando”, enfatizó y aclaró que es “inexorable” que “haya transmisión comunitaria (del virus); esto va a pasar” pero la idea es que “se regule, no pase de golpe y no afecte a los más vulnerables”.

Sobre el fin del aislamiento preventivo, estimado para el próximo 13 de abril, el titular de la cartera de Salud ratificó que “no va a ser una salida abrupta, va a ser gradual”, y partirá de una decisión “compartida no solo con la comunidad científica, sino también con todos los gobernadores”.

González García sostuvo que actualmente nos encontramos “por debajo de la más optimista” proyección, aunque advirtió que “la curva (de contagios) todavía no va aplanarse” sino que “seguramente va a seguir subiendo” pero “menos”. “Los casos reales son más de los que hay -en referencia a las cifras oficiales-, eso seguro, eso pasa en todos los países del mundo”, manifestó.

“La ventaja que hemos tenido es que el virus llegó después que a otros países”, señaló, y resaltó que eso “nos permitió aprender de las cosas que no se habían hecho bien” en otros puntos del planeta, al tiempo que dijo que el Covid 19 “se expandió a una velocidad inaudita”.

La videoconferencia con Ginés González García es la tercera reunión de comisión realizada bajo esta nueva modalidad.

En referencia a los reactivos, una cuestión muy recurrente en las preguntas que realizaron los legisladores, el ministro enfatizó que “cada día están llegando más”. En primer lugar, explicó que cuando apareció este nuevo virus “no había reactivos específicos” para detectarlo, pero que en enero pasado el país compró “todo lo que tenía que ser comprado” y “felizmente siempre hemos tenido reactivos”.

“Hoy tenemos muchos reactivos y vamos a seguir teniendo porque el próximo pedido es de medio millón”, informó y agregó que “se van distribuyendo” entre las diferentes provincias “a medida que ingresan”. Destacó que el fin de semana pasado se repartieron 35 mil y subrayó que no ha tenido “ningún tipo de problema de financiamiento” para adquirirlos, solo que al principio “había poco stock”. Dijo que actualmente hay 8.000 y llegarán 60 mil esta semana.

Por otra parte, el funcionario remarcó que “Argentina tiene respiradores, no son una cosa que falte, aunque puede ser que necesitemos más”. En ese sentido, precisó que en el país hay “8.500 camas que tienen equipo de terapia intensiva con respirador” y, al momento, están ocupadas la mitad. Además, González García reveló que se proyecta elevar ese número a 1.500 o 2.000 camas más.

Detalló que el próximo fin de semana se distribuirán 140 respiradores y defendió la decisión de que Nación centralice la compra de los mismos, porque había “un solo proveedor” con mucha demanda. El ministro señaló que se reparten de acuerdo a “la cantidad de recursos que tenga la provincia, la cantidad de habitantes en vulnerabilidad y el grado de casos”.

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La reunión con los legisladores fue televisada por Diputados TV.

“No hay nada prohibido que no puedan comprar las provincias”, continuó e insistió que “el que quiera comprar (en el exterior) tiene toda la potestad de hacerlo”, e incluso reveló que se analiza “eliminar los impuestos aduaneros a este tipo de insumos críticos”.

En su exposición, González García comparó la diferencia de las medidas adoptadas en Argentina y en otros países del mundo -los más castigados por la pandemia-, como por ejemplo que la suspensión de clases arrancó al día 13 desde que se conoció el primer caso, mientras que en China eso se produjo a los 27 días, en Italia a los 35 y en Francia recién a los 51.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó de la apertura de la reunión agradeciéndole al ministro por el “enorme esfuerzo personal e institucional que está haciendo”. También ponderó que “todas las jurisdicciones, sin importar color político, están trabajando absolutamente juntos y en equipo”.

Por su parte, Yedlin, de profesión médico, afirmó que los argentinos tienen “una enorme confianza” en el ministro. “Sabemos que vienen épocas difíciles, que nos estamos preparando”, expresó el oficialista y se comprometió: “Vamos a estar trabajando para lo que haga falta”.

“Las medidas que tomó Alberto tienen que ser acompañadas con absoluta responsabilidad y conciencia social”

La senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun destacó la actitud del presidente frente a la pandemia del coronavirus. Además celebró que el Gobierno vaya a aplicar una medida sobre la garantía de los servicios públicos.

Por Melisa Jofré

Aislada en su casa, cumpliendo con la cuarentena nacional que se dispuso para intentar frenar los contagios de coronavirus en el país, la senadora María de los Ángeles Sacnun enfatizó que las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández “tienen que ser acompañadas con absoluta responsabilidad y conciencia social”.

La legisladora del Frente de Todos consideró que el aislamiento preventivo y obligatorio es “justamente lo correcto” y se esperanzó con que sirva “para achatar la curva” de casos. Además, sostuvo que la cuarentena “tiene una enorme legitimidad” porque fue consensuada con todas las fuerzas políticas y destacó que la oposición ha tenido “una conducta ejemplar de acompañamiento”.

En diálogo con parlamentario.com, la santafesina explicó su proyecto para que se prohíban los cortes de servicios públicos por falta de pago y, ante el inminente anuncio por parte del Gobierno sobre este tema, celebró que “tomar una medida de estas características va en consonancia con la mirada de un Estado presente”.

Los servicios públicos son también garantizadores de la salud y se avecinan meses complicados, los de otoño e invierno, donde debemos garantizar que las familias argentinas estén a salvo en sus viviendas”, señaló, al tiempo que advirtió que “la ralentización de la economía, sin lugar a dudas, va ser parte de las consecuencias” de esta pandemia y sus efectos en Argentina.

– ¿Cómo analiza este hecho histórico de aislamiento preventivo y obligatorio que atraviesa Argentina, a la raíz de la pandemia del coronavirus?

– La verdad es que esta situación nueva, esta situación de excepcionalidad que se está dando no sólo en Argentina sino en todo el mundo, nos encuentra con un presidente que se ha puesto al hombro la situación, que nos ha llevado a todos los argentinos y argentinas la máxima tranquilidad; nos encuentra con un Estado que ha recuperado su Ministerio de Salud, que ha recuperado su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y hay también una conducta y actitud de máxima responsabilidad de parte del Congreso de la Nación, tanto del oficialismo como de la oposición, desde la cual ha habido una conducta ejemplar de acompañamiento frente a esta pandemia que asola al mundo y que requiere que pongamos de los mayores de los esfuerzos, fundamentalmente de parte de aquellos que tenemos responsabilidades dirigenciales.

– Destacó la figura del presidente, ¿cómo vivió el discurso que brindó anunciando la cuarentena general?

– El discurso del presidente llamando al aislamiento obligatorio ha sido consensuado por todas las fuerzas políticas y por eso tiene una enorme legitimidad. Este aislamiento llega en el momento justo, porque tenemos que desafiar esa curva que se generó en Europa por no realizar un aislamiento oportuno de la comunidad. Sus palabras fueron realmente tranquilizadoras, porque el Gobierno está atendiendo la demanda de todos los sectores: la producción, el trabajo, los monotributistas. Espero que estas medidas que ha tomado Alberto, con apoyo de todo el arco político, sea acompañado con absoluta responsabilidad y conciencia social por parte de los ciudadanos y las ciudadanas.

Este aislamiento llega en el momento justo, porque tenemos que desafiar esa curva que se generó en Europa por no realizar un aislamiento oportuno de la comunidad”.

– Usted propuso que se suspendan los cortes de servicios públicos por falta de pagos, ¿a quiénes abarca y en qué consiste ese proyecto?

– La iniciativa legislativa tiene como objeto garantizar la provisión de servicios públicos a todos los hogares de la Argentina, a las pequeñas y medianas industrias, a las coopeativas y empresas recuperadas, a los centros de salud tanto públicos como privados, a las entidades de bien público que se dedican a producir, elaborar y distribuir alimentos. Los servicios públicos son también garantizadores de la salud. Se avecinan meses complicados, los de otoño e invierno, y debemos garantizar que las familias argentinas estén a salvo en sus viviendas.

Por otra parte estoy planteando una suspensión de desalojos, en el caso de las viviendas tanto urbanas como rurales. Si desde el Estado estamos planteando que la comunidad debe acompañar con este aislamiento forzoso, debemos garantizar el derecho de acceso a la vivienda.

– El Gobierno evalúa instrumentar por DNU una medida en este sentido, ¿usted ha conversado la propuesta con el Ejecutivo?

– Sí, por supuesto, la hemos elevado al Ejecutivo porque va en consonancia con todas y cada una de las medidas que se fueron tomando todos estos días, tanto la decisión de inyectar 350 mil millones de pesos en el sector productivo, la necesidad de amparar a los monotributistas y a aquellos sectores más desprotegidos de la comunidad, a través por ejemplo del fortalecimiento de las jubilaciones mínimas y de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Tomar una medida de estas características va en consonancia con la mirada de un Estado presente, que acompaña, que protege a la sociedad frente a un hecho absolutamente desconocido, respecto del cual tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar. La ralentización de la economía, sin lugar a dudas, va ser parte de las consecuencias o de los efectos colaterales, además del daño a la salud de las personas. Yo creo que esta iniciativa será tomada por el Poder Ejecutivo para dar solución a esta complejidad que se presente en el devenir de esta pandemia.

¿Hay acuerdo en el Senado para reunirse en caso que el Gobierno requiera una ley de urgencia?

– Cuando los miembros de la oposición acompañaron al presidente de la Nación en la Casa Rosada, claramente al manifestar su apoyo plantearon la disposición de llevar adelante, en el caso que existiera la necesidad, una sesión de emergencia. Además, en el Senado hay una disposición por parte de la Secretaría Administrativa que plantea que seremos convocados ante la posibilidad de alguna sesión.

En la Cámara de Diputados se otorgó a cada legislador un subsidio de 100 mil pesos para contribuir a la prevención del coronavirus, ¿hay una medida similar adoptada en el Senado?

– No, en el Senado no tuvimos ninguna notificación de que los senadores percibieramos ninguna suma en esta emergencia. No hay ninguna medida de ese tenor.

¿Cómo es la situación de su provincia durante estos primeros días de cuarentena?

– El gobernador Omar Perotti, al igual que el presidente, se ha puesto al frente junto a su ministro de Salud. Estamos evaluando el nivel de acatamiento a este llamado de aislamiento obligatorio. La verdad es que esto es nuevo para todos, hay que instrumentarlo correctamente, pero se han tomado absolutamente todas las medidas de recaudo y entiendo que en Santa Fe se están haciendo muy bien las cosas.

¿Cómo atraviesa este aislamiento y qué expectativa tiene para cuando finalice?

– Lo estoy transitando en mi casa, obviamente, obedeciendo todas las directivas que hemos recibido. Tengo una enorme expectativa de que esto es justamente lo correcto y que va a servir para achatar la curva de contagios. En estos momentos tan difíciles es donde surje lo peor y lo mejor del ser humano. Me parece que lo mejor es justamente la predisposición que han tenido los distintos ministerios, Aerolíneas Argentinas -al repatriar argentinos varados-; oficialismo y oposición trabajando mancomunadamente y la sociedad civil. No paro de recibir mensajes de distintos sectores de la industria, de las organizaciones no gubernamentales, todos poniéndose a disposición de trabajar en esta prevención. Así que apelo a la conciencia social, a que acompañemos estas decisiones políticas conjuntamente con una actitud de cuidarnos a nosotros mismos y a todos y todas, para podamos salir bien parados de esta situación.

Comisiones virtuales y restricciones en el recinto: cómo sería una sesión en caso de emergencia

Referentes del oficialismo y la oposición acordaron la manera en que funcionará la Cámara de Diputados mientras duren las medidas por el coronavirus y en caso de tener que tratar una ley que pida el Gobierno.

Por Melisa Jofré

Referentes del oficialismo y la oposición en Diputados acordaron la manera en que funcionará la Cámara baja mientras duren las medidas preventivas por el coronavirus, y cómo sería la mecánica de trabajo en caso de que el Gobierno requiera de una ley sobre el tema.

Por lo pronto, hasta el 31 de marzo, si tuvieran que realizarse reuniones de comisiones, las mismas se llevarán a cabo de manera virtual en alguna de las cuatro salas robóticas con las que cuenta el Anexo de Diputados.

En tanto, los dictámenes se aprobarían dentro del recinto -al constituir la Cámara en comisión-. También, autoridades de la Cámara evalúan la implementación del sistema token de firma electrónica, para la presentación de notas y proyectos.

Si hubiera que realizar una sesión, estiman aplicar todas las restricciones sanitarias, como por ejemplo el uso de barbijos por parte de los diputados. Además, los legisladores deberían estar separados, excepto al momento de la votación, por una banca de por medio y se prohibiría el ingreso de más personas al recinto.

De todos modos, fuentes parlamentarias aclararon que habría sesión solo si el presidente Fernández lo requiere, y sobre aspectos que no hayan sido contemplados en la Ley de Emergencia; o bien sobre medidas en materia tributaria y penal, que son las que no pueden implementarse a través de un DNU, es decir, que deben ser instrumentadas por ley.

El Congreso sigue abierto y funcionando, entendiendo que las decisiones de las autoridades políticas y sanitarias son las que mandan frente a la pandemia”, aclaró una encumbrada fuente ante este medio, y reiteró que “oficialismo y oposición trabajan unidos para brindar las herramientas necesarias para paliar esta situación”.

Coronavirus: oficialismo y oposición acordaron sesionar en caso que el Gobierno lo requiera

Autoridades y jefes de bloques de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión este martes con el ministro de Salud, Ginés González García. Cómo continuará la actividad parlamentaria hasta el 31 de marzo.

Por Melisa Jofré

Sentados a un metro de distancia entre cada uno, autoridades y jefes de bloques de la Cámara de Diputados se reunieron este martes durante dos horas con Ginés González García. El ministro de Salud les brindó un informe técnico sobre el avance del coronavirus en Argentina y, tras su participación, oficialismo y oposición ratificaron que hay disposición y acuerdo para sesionar en caso que el Gobierno requiera una ley urgente para atender la pandemia.

Comunicados constantemente en torno a las medidas que minuto a minuto salen desde el Ejecutivo, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y los líderes parlamentarios definieron cómo continuará la actividad legislativa que, inevitablemente, se verá paralizada y estará enfocada -al menos hasta el 31 de marzo- únicamente en este tema.

Este miércoles, referentes de la Cámara de Diputados y el Senado serán recibidos por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada a las 17. Allí, se espera que lleven un conjunto de propuestas, que van en línea con la batería de proyectos relacionados al coronavirus que se presentaron desde que se desató la emergencia.

Durante el encuentro realizado en el Salón de Honor, se confirmaron las medidas preventivas que se adoptarán para el funcionamiento de la Cámara. Por ejemplo, los diputados podrán seguir desarrollando sus funciones en sus despachos, pero se les pidió expresamente que solo permanezcan con un asesor o secretario.

La idea central es que al personal se lo mantenga al resguardo, por ello se implementó el teletrabajo para todos los empleados que puedan continuar con sus tareas bajo esa modalidad. También se continuará con las licencias excepcionales -que alcanzan las 1.486- para personas que hayan viajado al exterior, las contempladas en grupos de riesgos y embarazadas.

En lo que respecta al futuro trabajo en comisiones, se prevé que se utilizarán las salas robóticas con las que cuenta el Anexo de la Cámara baja y, en caso de sesionar, se extremarán todas las indicaciones que recomiendan las autoridades sanitarias.

Además, según supo parlamentario.com, la constitución de las comisiones que sea necesario conformar se realizará “por única vez y de forma extraordinaria” bajo resolución, luego que los jefes de bloques comuniquen a las autoridades quiénes son los integrantes designados para ese determinado grupo de trabajo.

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Los asistentes a la reunión en el Salón de Honor, sentados a un metro de distancia.

En la reunión estuvieron Máximo Kirchner, Cristina Alvarez Rodríguez y Cecilia Moreau (Frente de Todos); Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Álvaro González, Silvia Lospennato, Brenda Austin y Juan Manuel López (Juntos por el Cambio); José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo); Eduardo Bucca (Interbloque Federal); Nicolás del Caño (PTS-FIT) y Romina del Plá (PO-FIT).

Tras el encuentro, el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que la exposición de González García “fue muy importante” y durante la misma el ministro “hizo un informe exhaustivo de lo que proyectaba”. En ese sentido, el legislador señaló que “la idea es el achatamiento (de casos), por eso las medidas son más fuertes. Va a haber todas las medidas que sean necesarias”.

El radical afirmó que “si el Ejecutivo necesita que haya una sesión con urgencia, obviamente tendrá que encontrarse el mecanismo para que se dé, tomando todas las garantías”. “Hay que tener un comando unificado institucionalmente, que lo lidera el Gobierno obviamente, pero el Congreso no puede estar ausente de eso”, agregó en declaraciones a la prensa acreditada.

También resaltó que “la cohesión es lo más importante” por eso “hay que evitar la dispersión en las iniciativas”. Y enfatizó que por delante “no tenemos agenda legislativa, tenemos la agenda de la emergencia”. “Hay un orden de prioridades que se ha entablado en Argentina que supera los partidos políticos y tiene que ver con la gente”, completó.

Coronavirus: suspenden los eventos en el Senado y restringen la presencia de asesores en reuniones

Se dispuso en una resolución de la Secretaría Administrativa que no habrá actividades de interés general durante todo marzo. Además, en las sesiones solo podrá haber un colaborador por legislador.

A través de una resolución, el Senado suspendió durante todo marzo la realización de eventos y restringió la presencia de asesores en reuniones y sesiones, con motivo de la decretada pandemia del coronavirus.

Mientras transcurría la sesión de este jueves, se conoció una medida firmada por la secretaria administrativa, María Luz Alonso, en la que se cancelan “provisoriamente” todas las actividades de interés general que estaban programadas para este mes en la Cámara alta.

Además, se establece que “solo los señores senadores y señoras senadoras de la Nación podrán asistir a las reuniones de comisión, en tanto los colaboradores y/o asesores de los mismos podrán realizar el seguimiento a través del canal interno o vía web”.

En lo que respecta a las sesiones, en la resolución 451/20 se indica que “solo se permitirá un asesor por senador o senadora con presencia en el hemiciclo”.

En los considerandos de la resolución, se argumentó que “observando las recomendaciones de los organismos internacionales y las medidas preventivas recomendadas por las Autoridades Sanitarias, corresponde reducir al máximo la aglomeración de personas”.

“Por la labor propia de este Honorable Cuerpo, existe un contacto directo entre los señores senadores y señoras senadoras y sus asesores con las distintas provincias”, se remarcó, con lo cual se consideró “pertinente tomar recaudos en relación con la labor legislativa”.

Morales llevó datos a los senadores de JxC y acusó al “ultrakirchnerismo” de querer “liberar a Milagro Sala”

En la antesala del debate del proyecto para intervenir la justicia jujeña, el gobernador se reunió con radicales y macristas. Cómo actuarán este martes los legisladores opositores en la reunión de comisión.

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En la previa del debate en comisión del proyecto que propone la intervención del Poder Judicial de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales trasmitió a los senadores de Juntos por el Cambio información sobre las causas de Milagro Sala y acusó al “ultrakirchnerismo” de estar detrás de la iniciativa, con el “objetivo” de lograr la libertad de la dirigente social.

El mandatario provincial mantuvo un encuentro de dos horas con legisladores radicales y macristas, en las oficinas del bloque de la UCR ubicadas en el segundo piso de la Cámara alta. Antes de ingresar a la reunión, aseguró que con el proyecto presentado por el oficialista Guillermo Snopek “lo que buscan es liberar a Milagro Sala, todo lo demás es humo”.

El gobernador remarcó que en las causas contra Sala “han intervenido jueces independientes”. “Intervinieron 26 jueces, de los cuales yo designé cuatro por concurso de antecedentes y oposición”, explicó y agregó que “la Justicia en Jujuy se conformó en 32 años de peronismo”.

“Dicen que soy el armador de causas contra Milagro Sala y no es verdad. Lucas Arias es una causa que empieza en 2007, iniciada por la familia de Arias”, señaló el radical en diálogo con la prensa acreditada del Congreso.

Para Morales, “no hay dudas que el ultrakirchnerismo está impulsando esto” y mencionó nuevamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli.

En ese sentido, reveló que conversó con el presidente el lunes pasado “y me dijo que el Gobierno no está en esto”. “Obviamente tienen preocupación por la situación de Milagro Sala, y con el presidente tenemos una diferencia en este punto que yo respeto, y él respeta de mí”, continuó.

Además, enfatizó que en la provincia “hay jueces buenos y malos como en todos lados, pero bajo ningún punto de vista voy a admitir que hay algún tipo de presión sobre la justicia jujeña”.

Para el mandatario jujueño, “sería muy bueno que la Corte Suprema se meta a fondo y revise” las causas contra Sala.

Qué plantearán los senadores

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este martes, presidida por la oficialista María de los Ángeles Sacnun, los senadores de Juntos por el Cambio pedirán el retiro del proyecto, además de expresar su negativa a que avance un eventual dictamen.

“Vamos a dar a una discusión con las pruebas y los fundamentos que estamos trayendo; tenemos material, así como también testigos para informar sobre lo ocurrido en Jujuy”, adelantó la macrista Laura Rodríguez Machado, quien se reunirá horas antes con Sacnun para acordar la mecánica de la reunión.

La legisladora destacó que Morales los abasteció de “las explicaciones, los antecedentes, las pruebas y los datos” para refutar uno por uno los fundamentos de Snopek en el proyecto.

También informó que los miembros de Juntos por el Cambio evalúan solicitarle “una audiencia al presidente Alberto Fernández para que nos dé su opinión al respecto”.

“El motivo de la intervención es un motivo político, porque las instituciones judiciales en la provincia de Jujuy funcionan perfectamente. El objetivo político es la liberación de Milagro Sala, eso lo tenemos todos muy claro”, subrayó la cordobesa.

En tanto, recordó que el antecedente de Néstor Kirchner en 2004 cuando intervino Santiago del Estero: “Esa vez se intervino toda la provincia, pero esta sería la primera vez que se intervendría un solo poder y esperemos que no pase”.

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Alfredo Cornejo, Mario Negri, Gerardo Morales y Patricia Bullrich.

De la reunión participó también la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien calificó como “gravísima” la situación de “poner en debate acá en el Senado la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Esto viola todos los principios constitucionales. Estamos acá apoyando al gobernador Morales ante este atropello que es un atropello a toda la Justicia argentina”.

Además, estuvo el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien manifestó: “Esto es un avasallamiento al federalismo. La intervención es una institución que hace muchísimo que no se usa, y mucha más sobre un solo poder del Estado”.

“Pero no queremos quedarnos con eso, acá hay un velo que hay que correr: todo esto es para liberar a Milagro Sala, en un contexto de atropello al sistema republicano, que se viene insinuando, como ya pasó con los anteriores gobiernos kirchneristas”, sostuvo.

El mendocino agregó que “esto se evitaría con una declaración categórica del presidente Alberto Fernández, instruyendo al bloque de senadores del Frente de Todos para que no se avance con este proyecto”.

“(Guillermo) Snopek solo no va ni a la esquina. Está claro que el kirchnerismo, en menos de 90 días de un nuevo gobierno, conduce al peronismo porque vuelve sobre la vía institucional, busca la concentración de poder, sin ningún tipo de pudor. El presidente de la Nación debe ser claro y contundente porque el nivel de tensión institucional no resiste un día más”, dijo por su parte Mario Negri, jefe del interbloque JxC en Diputados.

Con la presencia de la ministra Gómez Alcorta, senadores recibieron la capacitación de la Ley Micaela

En el Salón Azul, legisladores del oficialismo y la oposición participaron del primer encuentro sobre formación en género y violencia contra las mujeres.

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Senadores tanto del oficialismo como de la oposición, junto a autoridades de la Cámara alta, participaron este miércoles de la primera etapa de capacitación sobre la Ley Micaela, que dispone la formación en género y violencia contra las mujeres para todos miembros de los tres poderes del Estado.

La reunión, que comenzó pasado el mediodía en el Salón Azul, estuvo a cargo de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la socióloga e investigadora Dora Barrancos.

Tras el encuentro -realizado a puertas cerradas-, la oficialista María de los Ángeles Sacnun destacó el formato con el que se desarrolló la actividad.

“Dora Barrancos realizó un racconto histórico del patriarcado como construcción social y cultural. Mientras que Elizabeth Gómez Alcorta hizo eje en todo lo que ha significado la situación jurídica, es decir, cómo el derecho ha ido acompañando la construcción del patriarcado y, también, esta etapa de deconstrucción, que mucho tiene que ver con el movimiento de mujeres, con el feminismo y con un cambio realmente notable a partir del advenimiento del Ni Una Menos”, explicó.

En declaraciones a la prensa acreditada, la santafesina consideró que se dio “un gran paso” ya que “necesitamos legisladoras y legisladores, gobernantes y gobernantas, jueces y juezas, que tomen la necesidad de la perspectiva de género y de la diversidad a la hora de ejecutar acciones de gobierno, de sancionar o redactar leyes, y a través de sentencias y procedimientos que sean inclusivos hacerlas más justas”.

“A nuestros compañeros varones los vi con una muy buena predisposición de poder participar”, celebró y reflexionó que la sociedad “está mostrando que claramente hay un cambio”. “El siglo XXI, sin lugar a dudas, va a tener a las mujeres y a las diversidades como grandes actores políticos y hay que estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Por su parte, la radical Pamela Verasay resaltó que este fue “el puntapié, ojalá sea la primera (reunión) de varias”. “Estuvo bueno el análisis histórico de los conceptos que han generado la Ley Micaela; la explicación de Dora sobre el patriarcado, de dónde el origen de las conductas machistas, un poco lo que está naturalizado y cuesta decodificar”, señaló.

La mendocina puso énfasis en que lo “imprescindible” es “ver el seguimiento de la aplicación de la ley”. “Con la realidad que nos atraviesa habría que monitorear efectivamente la parte práctica de nuestra legislación”, indicó en diálogo con la prensa.

Y completó: “Espero que el próximo encuentro sea más dinámico, con ejemplos concretos de cuestiones que vivimos en la coyuntura, y dejar un poquito la cuestión teórica. Porque me parece que no hay mejor aprendizaje para todos nosotros que mostrar el ejemplo práctico”.

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Foto: Comunicación Senado

A través de un comunicado, la ministra Gómez Alcorta remarcó que “esta actividad en el Senado de la Nación es un paso más hacia el cumplimiento efectivo de la ley, pero también prueba del compromiso que ha asumido el presidente de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de promover un Estado con perspectiva de género, como dijimos en otras ocasiones, empezando por la formación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado como manifestación de ese compromiso”.

“En los próximos días estaremos implementando la Ley Micaela en la Cámara de Diputados de la Nación. Entendemos que esta formación para todas las funcionarias y funcionarios y trabajadores y trabajadoras de la administración pública es clave en nuestro objetivo de reducir las brechas de desigualdad entre los géneros y así promover una vida libre de violencias por motivos de género”, añadió.

La ley 27.499, sancionada en 2018, adoptó el nombre de Micaela García en homenaje a la joven de 21 años asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

La noticia del crimen generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita.

Entre los senadores presentes estuvieron José Mayans, Jorge Taiana, Carlos Caserio, María De los Ángeles Sacnun, María Inés Pilatti Vergara, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Rubén Uñac (Frente de Todos); Luis Naidenoff, Esteban Bullrich, Martín Lousteau, Gladys González, Pamela Verasay, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), entre otros. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no participó.

También formaron parte el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, y la secretaria administrativa, María Luz Alonso, entre otras autoridades.

Polémica por el quórum: cómo consiguió los 129 el Frente de Todos

El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, la izquierda y la neuquina Alma Sapag se sentaron en sus bancas. El Interbloque Federal se dividió, ya que los cuatro cordobeses colaboraron con el oficialismo. Fuerte polémica por Daniel Scioli.

Por Melisa Jofré

Hasta el último minuto el Frente de Todos tuvo que esperar para alcanzar el quórum en la sesión extraordinaria de este jueves, en la que se debate la reforma de los regímenes especiales de jubilaciones de jueces y diplomáticos.

La reunión había sido convocada para las 12.15, pero a las 12.45 la oficialista Cecilia Moreau pidió media hora más de prórroga. Se sentó en el ala de enfrente el radical Ricardo Buryaile, quien solicitó que sean solo 15 minutos más de espera. Desde el estrado, Sergio Massa aceptó. Mientras tanto, con risas e ironías, los diputados del Frente de Todos le hacían gestos al formoseño para que se quede en su banca.

Cuando las caras de José Cano, Diego Mestre y Juan Manuel López, entre otros legisladores de JxC se asomaban por las cortinas, arribó a las 12.49 el porteño Eduardo Valdés. El 128 llegó a las 12.52 y fue el puntano Carlos Ponce. “Vamos a regalarle un reloj”, bromeó Massa.

A las 12.59, con carpeta bajo el brazo, llegó a las corridas la fueguina Mabel Caparrós (FdT), y el tablero marcó los 129 legisladores presentes, número reglamentario para comenzar con la reunión. En medio de festejos, el presidente de la Cámara abrió la sesión.

El oficialismo tuvo 114 diputados, ya que le faltaron tres: el sanjuanino Walberto Allende -por problemas de salud-; y las bonaerenses Magdalena Sierra -de viaje- y Liliana Yambrun -por una complicación familiar-. Liliana Schwindt juró una vez iniciada la sesión, por lo que no aportó al quórum.

Quienes facilitaron el número fueron los ocho miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por el mendocino José Luis Ramón; los legisladores de la izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá; y la monobloquista Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

Pero además colaboraron con el Frente de Todos los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal: Carlos Gutiérrez, Pablo Cassinerio, Claudia Marquéz y Alejandra Vigo. De esta manera, el Interbloque Federal comandado por Eduardo “Bali” Bucca se dividió.

Es que por ese espacio no bajaron al recinto los justicialistas Bucca y Andrés Zottos; Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal; y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (PS).

Una vez abierta la sesión, el jefe de Juntos por el Cambio, Mario Negri, planteó una cuestión de privilegio para cuestionar que el quórum se había logrado con la presencia de Daniel Scioli, quien ya fue votado por el Senado como embajador en Brasil, lo cual representaba una “anormalidad” y era un procedimiento “inválido”. En medio de gritos, luego que Massa y el propio Scioli no dieran atención al reclamo, la bancada opositora abandonó el recinto.

Aborto legal: la tendencia por el “no” persiste en el Senado, pero el margen se achicó

Los “celestes” estarían dos votos arriba para imponer nuevamente el rechazo a la ley. Cómo están los números, según un conteo realizado por parlamentario.com y qué pasaría en caso de empate.

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Por Melisa Jofré

Con un fuerte impulso por parte de Alberto Fernández -será la primera vez que un gobierno envíe un proyecto de ley sobre el tema- la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volverá al centro de la escena en este año parlamentario.

A partir de los anuncios del presidente, tanto legisladores del sector “verde” como del “celeste” aceleraron sus movimientos para vislumbrar cómo resultaría la votación de la iniciativa. “En Diputados pasa por una veintena de votos”, pronosticó ante parlamentario.com una legisladora que sigue de cerca el llamado “poroteo”.

Según un conteo realizado por este medio, los defensores de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llevan ventaja en la Cámara baja. ¿Pero que podría pasar en el Senado? Allí, en agosto de 2018, la iniciativa resultó rechazada por 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones.

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Los peronistas José Mayans, Teresa García y la radical Silvia Elías de Pérez en la madrugada que la ley resultó rechazada. Foto: Comunicación Senado.

De acuerdo a un relevamiento de parlamentario.com, dentro de la composición que debutó el pasado 10 de diciembre, hay 34 senadores en contra y 32 a favor. Es decir que el margen de diferencia se achicó.

En tanto, hay dos que aún no se pronunciaron y otros dos que no adoptaron posición alguna. Un caso es el de la radical Stella Maris Olalla. Desde el entorno de la entrerriana confirmaron a parlamentario.com que la senadora esperará a saber cuál es la letra chica del proyecto para tomar una decisión.  

De los senadores restantes, la neuquina Lucila Crexell se abstuvo en la votación de hace casi dos años. El otro es el tucumano José Alperovich, de licencia hasta fines de mayo por la grave denuncia de abuso sexual en su contra. El exgobernador se opuso a la legalización del aborto en aquella jornada histórica.

Entre los “verdes”, la mayoría de los senadores son del bloque del Frente de Todos. Pero dado la fusión que el PJ y el Frente para la Victoria -como figuraban las bancadas en 2018- alcanzaron en el Senado, existe ahora un número importante de legisladores del oficialismo que se oponen a la iniciativa.

Leé también: “Aborto legal: los “verdes” llevan ventaja pero hay 40 diputados sin definición”.

Un caso emblemático es el de José Mayans. Férreo opositor a la IVE, el formoseño es hoy jefe del bloque FdT y, por ende, encargado de defender los proyectos del Gobierno. También se encuentran en esa lista la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y el misionero Maurice Closs, presidenta provisional y vicepresidente de la Cámara, respectivamente.

Con esta muy leve tendencia en contra, el aborto legal podría ser nuevamente rechazado en la Cámara alta. Pero la balanza se terminará de inclinar una vez que ese grupo de cuatro confirme su voto. No obstante, de cara a un nuevo debate, deberá verse también si las posiciones de los senadores que participaron de la anterior discusión se mantienen intactas.

¿Y en caso de empate? A diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa estaría lejos de tener que intervenir con el botón, una igualdad en la votación del Senado se resolverá con la participación de Cristina Fernández de Kirchner. 

A pesar de no haber motorizado el tema durante sus ocho años de gobierno, la vicepresidenta votó a favor de la ley en agosto de 2018, cuando ocupaba una banca como senadora por la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad afirmó que la habían hecho cambiar de opinión “las miles y miles de chicas que se volcaron a las calles”.

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Fuente: parlamentario.com

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley para reformar las jubilaciones de privilegio

Era un tema que el presidente Alberto Fernández había prometido tratar en sesiones extraordinarias, luego de la polémica durante la sanción de la ley de emergencia económica.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio que cobran jueces y diplomáticos, un tema que había prometido en diciembre pasado cuando se armó la polémica en medio de la sanción de la ley de emergencia económica.

Mediante la aprobación de la llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, se congeló por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria, aunque hubo regímenes especiales que quedaron exceptuados.

Este viernes al mediodía en Casa Rosada, funcionarios del Gobierno iban a dar a conocer cuál será el aumento en marzo -por decreto- para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Pero la conferencia se postergó para las 18.

Fuentes del oficialismo en la Cámara baja anticiparon a parlamentario.com que la iniciativa está próxima a ingresar, y podría comenzar a debatirse la semana que viene o, a más tardar, el miércoles 25 después de los feriados de Carnaval.

En la mañana del 20 de diciembre, durante la votación en particular de la ley de emergencia, la oposición salió a denunciar la exclusión del congelamiento en los haberes que cobran jueces, diplomáticos y expresidentes.

La polémica escaló durante las horas que pasaron entre la finalización de la sesión en Diputados y el comienzo de la sesión en el Senado. Fue así que, durante la tarde de ese viernes, la oficialista Anabel Fernández Sagasti se encargó de comunicar la decisión del presidente Alberto Fernández.

En el recinto, la mendocina hizo alusión al anuncio que por Twitter había publicado el mandatario. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, escribió esa ocasión Fernández.

Con apoyo de la oposición, se firmó dictamen favorable en el Senado del proyecto sobre deuda externa

Con apoyo de la oposición, el Frente de Todos consiguió este martes el dictamen favorable del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que será votado este miércoles en el recinto del Senado y se encamina a obtener un amplio respaldo. La iniciativa, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados […]

Con apoyo de la oposición, el Frente de Todos consiguió este martes el dictamen favorable del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que será votado este miércoles en el recinto del Senado y se encamina a obtener un amplio respaldo.

La iniciativa, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, se debatió durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se constituyó al comienzo y quedó -como se preveía- a cargo del cordobés Carlos Caserio.

Desde Juntos por el Cambio reclamaron precisiones sobre la fecha en que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2020 y también cuestionaron la falta de respuestas a una serie de preguntas que solicitaron a los funcionarios que asistieron, el subsecretario legal del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane; y el subsecretario de Relaciones Institucionales de esa cartera, Rodrigo Ruete.

En una breve exposición, Dellepiane destacó que desde un principio la intención del Poder Ejecutivo fue “contar con este instrumento a la hora de comenzar con las negociaciones” por la reestructuración de la deuda.

“Se buscaba el consenso y la publicidad que está teniendo este proyecto para, de cara a una negociación, tener la norma con mayor rango legal posible. Y que en la negociación se encuentre con esta herramienta jurídica que es sumamente importante, como un respaldo y una muestra para una política de Estado más que una mera política de gobierno”, agregó.

El primero en tomar la palabra fue el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien aseguró: “Estamos acá desde nuestro interbloque como hicimos en Diputados para avalar, como gesto político que necesita la Argentina en este momento, el acompañamiento a la iniciativa”.

No obstante, el radical sostuvo que el proyecto “posee facultades de delegaciones excesivas” porque “queda todo en manos del Ejecutivo y el Ministerio de Economía”. En ese sentido, señaló que en la reestructuración de 2016, bajo la gestión macrista, el Congreso tomó conocimiento del tema.

Naidenoff consultó sobre “cuál es el programa macroeconómico del Gobierno”, porque es necesario conocer “algunos lineamientos”; también “qué plazo se ha fijado el Poder Ejecutivo para el envío del proyecto del Presupuesto” porque eso “es central para la negociación de los propios acreedores” y “cuáles son los montos nominales que se pretenden involucrar en la renegociación”.

Recogió el guante el misionero Maurice Closs, quien enfatizó que en 2016 “estábamos hablando de un problema 10 veces menor”, ya que “la magnitud del saldo de la deuda ahora es de 150 mil millones de dólares” y se tomó “en un período de tiempo muy breve”.

“El saldo de la deuda de moneda extranjera pasó de 15 mil millones de dólares a 150 mil millones”, continuó y agregó: “No le estamos pidiendo al Gobierno que acomode un saldo, como fue el caso de los holdouts, sino que acomode toda la deuda. Estamos en una situación de terapia intensiva”.

Foto: Senado

A su turno, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, expresó que “estamos realmente en una emergencia, y en ese marco estamos trabajando”. “La situación es compleja, por eso me agrada la actitud de que la bancada opositora va a acompañar”, dijo.

El formoseño defendió que todavía no haya precisiones sobre el envío del Presupuesto 2020, al argumentar que “una cosa es un Presupuesto en condiciones de economía estable y otra cosa dictar un Presupuesto en condiciones volátiles, por eso ya tuvimos problema con el Presupuesto 2018 y 2019”.

“En este momento la certeza que necesita el país es saber cuántos bonistas que están bajo legislación extranjera están dispuestos a canjear su bono”, resaltó, al tiempo que coincidió con la “preocupación” por la deuda de las provincias y anticipó un “fuerte debate” para la sesión de este miércoles.

Hacia el cierre, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) subrayó: “Creemos que la previsibilidad se da cuando uno sabe hacia dónde va, cuáles son las variables macroeconómicas básicas que tienen el presidente y el Ministerio de Economía, cuál es el rumbo, ya que no tenemos un presupuesto”.

“Esperábamos que quienes vinieran nos saquen las dudas, no que vengan a leer el proyecto”, se quejó y pidió que el Senado “tenga su representación” en la mesa de trabajo conformada en Diputados para abordar el tema de las deudas provinciales, ya que es la Cámara alta “la que justamente representa a las provincias”.

Finalmente, Naidenoff opinó que “en una reunión de comisión estas características no es bueno la presencia de funcionarios que tengan limitantes o prácticamente ausencia absoluta para dar respuestas”.

Tras la reunión, fuentes del oficialismo confirmaron a la prensa acreditada que dentro de dos semanas se prevé que el ministro de Economía, Martín Guzmán, asista a la Bicameral de Deuda -que previamente deberá constituirse y podría quedar nuevamente en manos José Mayans- para explicar los detalles de las negociaciones.

La Comisión de Presupuesto quedó dominada por el oficialismo, con 10 miembros sobre 17. Por el Frente de Todos la integran -además de Caserio- Jorge Taiana, Maurice Closs, Beatriz Mirkin, Antonio Rodas, Edgardo Kueider, Teresa González, Ana María Ianni, Roberto Mirabella y Rubén Uñac.

En tanto, por Juntos por el Cambio se encuentran Esteban Bullrich -elegido vicepresidente-, Pamela Verasay, Víctor Zimmerman, Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez y los aliados al interbloque Claudio Poggi y Juan Carlos Romero.

El proyecto

La iniciativa que declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa abarca puntualmente los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, y también los títulos públicos emitidos a partir de 2016, la mayoría bajo ley de Nueva York.

El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.

Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.

De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.

FOTOS: Prensa Senado