Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de Diputados realizaron este lunes una reunión virtual informativa sobre violencia institucional. El plenario se realizó en el marco del debate del proyecto de ley integral contra la violencia institucional del oficialismo y expusieron representantes de asociaciones de trabajadores. 

Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, denunció “una tensión estructural continua entre prensa y la policía. A la policía no le gusta que la vean reprimir”. Además, aplaudió el capítulo del proyecto que pide que las denuncias sean realizadas por personas ajenas a las fuerzas policiales.

Por su lado, Victorio Paulon, Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, invitó a “insistir con la responsabilidad que tienen que asumir los funcionarios que en una gran cantidad de ocasiones se esconden y se niegan al diálogo con los que reclaman”. Pidió también que exista “una obligación mayor de los funcionarios” de generar respuestas para evitar la violencia. “La policía responde a las órdenes políticas de quienes los mandan en ese momento”, opinó, y agregó que la iniciativa es “un piso” sobre el cual seguir avanzando.

En representación de la Unión Personal Municipal de Berazategui, Mario Carlos Torroba puso en el foco la violencia de los funcionarios públicos, de la política. “Como si las fuerzas de seguridad tuvieran el monopolio de la violencia institucional en el país”, cuestionó. 

Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, relató experiencias en primera persona.  “No queda registro de los operativos violentos”, denunció, y siguió: “Nosotras mismas tenemos que registrarlos con nuestras cámaras”. Además, habló de un discurso policial “xenófobo”, “racista”, “selectivo” y “clasista”. 

“Desde el sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales apoyamos esta ley, creemos que hay que ponerle un freno a la violencia institucional y, que hay que ponerle un freno a las coimas policiales, a los discursos racistas y a la selectividad con la que operan las fuerzas de seguridad en nuestro país”, expuso Orellano.

Más adelante acusó que “una de las cosas que aumentó en esta crisis sanitaria es la violencia policial. Nosotras tenemos un registro propio, porque no hacemos la denuncia, porque la historia nuestra nos dijo que quienes quieran la denuncia, nuestras delegadas, nuestras referentes, han sido asesinadas por la policía”. “Los mismos policías estuvieron dos o tres meses sin salir a la calle pero estaban en la comisaría”. 

Miguel Aponte, secretario administrativo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, consideró: “Tenemos demasiadas víctimas de violencia institucional en la provincia -de Córdoba-” e instó a “dar pasos más concretos”. Además, se lamentó de que los casos de violencia son “tan recurrentes” que “están naturalizados”.

En representación de la Federación Gráfica Bonaerense  Rodrigo Loza opinó: “Esto por sí solo no resuelve el problema que aflige no sólo a nuestro país, ya que lo estamos viendo por ejemplo en Colombia, sino que debe haber un compromiso de todas las instituciones del Estado y de las organizaciones libres del pueblo para el cumplimiento de esta ley. Entonces celebramos que se pueda aprobar un marco legal para regular el accionar de las fuerzas de seguridad sin importar el Gobierno de turno”.

Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados y diputada nacional (Frente de Todos) resumió que el proyecto plantea la “capacitación y formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad”. En ese sentido, planteó la posibilidad de “ampliarlo para todos y todas”. 

La diputada Claudia Ormachea (Frente de Todos-Buenos Aires) destacó también la importancia de la capacitación y la formación. “Si vos en la capacitación y la formación les marcaste una línea de impunidad y les marcaste una línea de ‘enemigo el otro’ eso perdura después y es muy difícil modificarlo”, sostuvo. La formación, consideró, debe estar “en contacto y en presencia de otros integrantes de la sociedad: obreros, estudiantes…”.

El diputado Eduardo Valdés  (Frente de Todos-CABA) trajo a cuenta el “espionaje ilegal de periodistas” y pidió que se incluya dentro de la violencia institucional.

La diputada Mara Brawer (Frente de Todos-CABA) reclamó: “No tiene tanto que ver si existe o no violencia institucional. El eje central es la pregunta acerca de qué hacen los ejecutivos ante esta violencia si la aplauden o la combaten”.

Por su parte, la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos-Buenos Aires) criticó que “durante los cuatro años del Gobierno de Macri padecimos de fuerzas de seguridad que funcionaban de manera clandestina y que formaban parte de las movilizaciones y agitaban muchas veces situaciones de violencia. Lo digo por haber participado en esas movilizaciones. Identificar claramente que quienes motorizaban la violencia no éramos los que participábamos, sino fuerzas de seguridad encubiertas”.

El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales cerró la reunión al concluir: “Los que ya tienen poder, la ley esta no les va a quitar ni les va a agregar nada, en tal caso los va a limitar en el ejercicio del poder. Lo que necesitamos es el resguardo de los más débiles”. A continuación, consideró: “Ha sido muy esclarecedor y muy importante el esfuerzo de todos ustedes”.

El proyecto

El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La de este lunes fue la tercera reunión informativa que llevó a cabo el plenario sobre el proyecto impulsado por el oficialismo. Con anterioridad, habían expuesto representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de estos casos.

A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para expresar su “más profunda preocupación ante la falta de esclarecimiento” de la causa.

“El Estado es responsable ante cada desaparición en democracia, y debe responder frente a las víctimas y sus familiares”, señalaron en los fundamentos de la iniciativa, encabezada por la radical Karina Banfi.

Al respecto, la legisladora bonaerense expresó: “No queremos que se pierda en la memoria un asesinato que hasta hoy no sabemos por qué sucedió. No hay excusas ni se admiten dilaciones en esta materia. Los derechos humanos deben ser protegidos y mucho más en pandemia, con un contexto de fuertes restricciones a las libertades individuales”.

Además, se informó que “al 30 de abril del año pasado se habían registrado diez asesinatos en manos de la policía en todo el país, mientras que a diciembre de 2020 la cifra ascendía a 24 casos, de los cuales hoy se desconoce el proceso judicial”.

“El Estado es responsable y las autoridades deben emplear todos los resortes disponibles para esclarecer el caso de Facundo Astudillo Castro, así como el de tantos otros ciudadanos que han sufrido la violencia institucional en carne propia”, solicitó Banfi, quien el año pasado le reclamó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la “claridad en los mensajes e instrucciones a las fuerzas de seguridad para que en el marco de la pandemia protejan a todos los argentinos”.

Por último, Banfi resaltó que “ahora nos enfrentamos a las restricciones de la segunda ola. Estamos atentos de que las fuerzas de seguridad estén para cuidar y proteger a las personas y no atacarlas. Conciencia social y acompañamiento del Estado es lo que necesitamos. No represión y violencia”.

El proyecto contó con el acompañamiento de Silvia Lospennato, Brenda Austin, Marcela Campagnoli, Natalia Villa, Gabriela Lena, Mónica Frade, Sebastián Salvador, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky, José Luis Patiño, Gonzalo Del Cerro, Mariana Stilman, Estela Regidor Belledone, Graciela Ocaña, Alicia Tereda, Ximena García, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, Carmen Polledo, Juan Martín, María Luján Rey, Alberto Asseff, Claudia Najul, Alicia Fregonese, Aída Ayala, Waldo Wolff y Mercedes Joury.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, abogó por una ley contra la violencia institucional a la que puedan adherir todas las provincias, en medio de numerosos casos que se registraron durante los meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La funcionaria remarcó que los distritos “tienen autonomía y pueden adoptar o no nuestras recomendaciones”, en referencia a la vinculación de la cartera que conduce con los hechos de violencia policial en distintos puntos del país.

La ministra mencionó que “hay en danza un proyecto de ley contra violencia institucional que tiene la pretensión de avanzar en ese sentido, para que haya un compromiso de las provincias de adherir y ajustarse a ciertos protocolos y procedimientos de investigación y de sanción de estos hechos”.

Para Frederic, hace falta una norma porque “se ve una gran disparidad en la formación, capacitación y modo de conducción de las policías” provinciales.

“También hay realidades muy diferentes, ya que la de la provincia de Buenos Aires es una prioridad muy complicada porque es una Policía muy grande: tiene tantos efectivos como el total de las fuerzas federales (90 mil) y fue muy castigada, desfinanciada, precarizada y con mucha exigencia”, explicó.

En declaraciones a la radio Futurock, consideró que una ley “contribuiría a equiparar un poco más las condiciones de trabajo y servicio y, algo que creo que debe llegar en algún momento, el reconocimiento a la Policía que trabaja bien y la distinción de aquellos que no lo hacen”.

“En cada denuncia hicimos lo mismo: presentar una carta al gobernador y ministro del área para plantear la importancia de seguir con las investigaciones, retirar a los involucrados de la investigación y pasarlos a disponibilidad, pedir información y ofrecer transferir nuestro programa de uso racional de la fuerza para que lo tomen en consideración y lo utilicen en el futuro”, contó.

La funcionaria aseguró que ese proceso se llevó a cabo en Buenos Aires, Chubut, San Luis, Tucumán y Chaco y “también a través del Consejo de Seguridad Interior, con reuniones virtuales, pero hasta ahí es adonde podemos llegar porque no tenemos capacidad de incidir normativamente sobre las provincias”.

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, el radical Sebastián Salvador, acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio, manifestó su “preocupación al Poder Ejecutivo Nacional por los reiterados casos de violencia institucional que suceden en el territorio de la República Argentina”, al tiempo que exigió “respuestas por la desaparición de Facundo Astudillo Castro”.

Los legisladores enumeraron casos en varias provincias tales como el de Florencia Morales y Franco Maranguello en San Luis; el de Mauro Coronel en Santiago del Estero; la brutal golpiza y detención a una familia de la comunidad QOM en Chaco; el caso de Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; el de Alan Maidana y Adrián Barrios en la provincia de Buenos Aires; y el de Gabriel Fredes en Chubut, entre otros.

“Desde el comienzo de la cuarentena venimos denunciando el incremento de violencia policial y no nos escucharon. Hoy lamentamos que Facundo Astudillo siga sin aparecer desde el 30 de abril”, resaltó Salvador.

En la iniciativa, los diputados señalaron que “los casos citados se refieren a situaciones en la que la conducta coactiva de las fuerzas de seguridad refleja la inadmisible actitud de impunidad, que se acrecienta en momentos donde el funcionamiento institucional del Estado no encuentra el desenvolvimiento necesario y razonable de todas las instituciones que lo conforman”.

“Hemos visto varios casos en los cuales las actuaciones de las fuerzas de seguridad están impregnadas de irregularidades o, más gravemente, de intervenciones arbitrarias o ilegales que reflejan el peligroso comportamiento que puede promoverse desde las fuerzas de coacción estatal en momentos como el que vivimos”, sostuvieron.

El proyecto de declaración fue acompañado por Alfredo Cornejo, Silvia Lospennato, Mónica Frade, José Luis Patiño, Karina Banfi, Gabriela Lena, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Alejandro Cacace, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky y Brenda Austin.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) repudió “la falta de definiciones” del presidente Alberto Fernández sobre el crimen de Luis Espinoza, a manos de efectivos de la Policía tucumana.

“El silencio del presidente Alberto Fernández sobre el crimen de Luis Espinoza hace un ruido atronador. El kirchnerismo mantiene su doble vara para mirar la realidad y protege a los gobernadores amigos de su responsabilidad política”, sostuvo la radical.

La legisladora de Juntos por el Cambio exigió “el compromiso público del presidente y de su ministra de Seguridad (Sabina Frederic) para terminar con los abusos institucionales y la impunidad en todo el país”.

“Hay una velocidad notable para responder o cuestionar cuando se trata de temas que forman parte del relato oficial, pero cuando los hechos involucran o comprometen a quienes forman parte de su espacio político, miran para otro lado. Ese es el kirchnerismo en su máxima expresión”, disparó.

Además, Elías de Pérez consideró que el Ministerio de Seguridad de la Nación “debe pedir explicaciones a las autoridades tucumanas sobre lo sucedido y comprometerse en un debate de fondo sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Tucumán”.

“El crimen de Espinoza es la punta de un iceberg. Hay años de atrocidades e impunidad garantizada por el poder político. Eso no puede continuar”, enfatizó la senadora tucumana.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, sugirió al presidente Alberto Fernández que releve del cargo al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

“El atropello y la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas policiales debe ser condenado activamente desde el Estado nacional, que debe también plantear políticas activas para evitar que se propaguen estos hechos. No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios cuando están en juego los derechos humanos“, enfatizó el cordobés.

Para el legislador, “el compromiso y la responsabilidad de Pietragalla como funcionario del actual Gobierno han quedado totalmente desdibujados”. “La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como amicus curiae para pedir la liberación de personajes como Ricardo Jaime, pero no ha hecho nada en tres graves sucesos recientes de manifiesta violencia institucional”, apuntó el presidente de la bancada opositora.

Negri señaló que “el común denominador de estos tres hechos es que sucedieron durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la Policía actuó en todos los casos contra supuestos violadores de la cuarentena”.

“Hay abuso institucional manifiesto, por eso el rol de la Secretaría de Derechos Humanos no puede ser tibio. Argentina no puede tener un secretario de DD.HH. que sólo actúa cuando están en juego los derechos de los amigos del poder de turno o miembros de su partido político como Ricardo Jaime”, lanzó el diputado.

Además, cuestionó que el funcionario “apenas se expresó sobre la muerte de Luis Espinoza en Tucumán, quien fue asesinado a tiros por la espalda por la Policía tucumana para luego arrojarlo por un barranco”. Sobre este hecho, recordó que la UCR solicitó la intervención de la Secretaría de DD.HH., pero aseguró que no tuvieron respuesta de Pietragalla.

“En segundo lugar, tampoco se actuó para impedir la violencia policial e institucional en Chaco, que esta semana salió a la luz con los abusos y golpes sobre personas de la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Con emitir comunicados de repudio no alcanza para luchar contra la violencia institucional”, continuó.

Por último, el radical hizo referencia a la aparición de Florencia Magalí Morales ahorcada en una celda de una comisaría -el pasado 5 de abril- en la localidad de Santa Rosa de Conlara, San Luis. “¿Qué ha hecho Pietragalla en esta causa, que avanza muy lento y no tiene por ahora culpables de un hecho tan brutal?”, se preguntó Negri.

El atropello y la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas policiales debe ser condenado activamente. El Estado nacional debe plantear políticas activas para evitar que se propaguen estos hechos. No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 3, 2020

Solicitan la presencia de Horacio Pietragalla y Sabina Frederic en el Congreso

Ante los casos de abuso policial conocidos en los últimos días, diputados de la UCR reclamaron la “urgente presencia” de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para que brinden informes al respecto.

“Estamos muy preocupados con los hechos de violencia institucional que estamos viendo en las últimas semanas por parte de las policías provinciales, algunos de los cuales terminaron en muertes, como el caso de Luis Espinoza en Tucumán o Franco Maranguello y Magalí Morales en San Luis. Y en las últimas horas hemos visto el brutal accionar de la policía chaqueña contra integrantes de la comuniad Qom”, expresó Sebastián Salvador.

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos reiteró el pedido a Pietragalla para que concurra a informar “el trabajo que se está desarrollando y cuál va a ser el accionar de la Secretaría que conduce para terminar con estos aberrantes hechos”. “En la última reunión de Comisión el oficialismo se comprometió a convocar al funcionario a la brevedad. No ocurrió aún, esperamos que no se siga dilatando porque se trata de una situación alarmante”, remarcó.

Por su parte, Álvaro de Lamadrid enfatizó que “son graves los episodios que están ocurriendo en todo el territorio argentino. Inteligencia interna, ciberpatrullaje, denuncias clandestinas, excesos de las fuerzas de seguridad. Cuatro asesinatos en democracia sin respuesta. Con un silencio total del Gobierno, de los organismos de derechos humanos, donde pareciera que algunas muertes importan en la Argentina y otras no”.

El legislador explicó que pidió la interpelación a Frederic por “los graves hechos de violencia y abuso policial, que han terminado en crímenes aberrantes, en asesinatos de las fuerzas de seguridad, tanto en la provincia de San Luis, en Tucumán y en Santiago del Estero, hacen que deba informar sobre estos excesos”.

“Es imprescindible que se presente ante los legisladores, porque es la responsable política de toda esta situación, más teniendo en cuenta que está al frente del Consejo de Seguridad Interior, que articula todas las políticas de seguridad y le da directivas a las fuerzas policiales y a las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio”, agregó el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior.

Y concluyó: “Estos no son los únicos episodios graves de su cartera. También tenemos el espionaje interno y la inteligencia interna, que se produjo a trabajadores de una mina en Neuquén, y también a la empresa privada. Ni la cuarentena, ni ningún plan de ciberpatrullaje puede poner en emergencia la Constitución, ni puede dar superpoderes a las fuerzas de seguridad para alejarse de ella”.

La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro) repudió el accionar de un grupo de efectivos de la Policía de la provincia de Chaco, en la ciudad de Fontana, quienes atacaron violentamente a integrantes de la comunidad Qom en el marco de un operativo realizado durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia Covid-19.

“El pasado 30 de mayo trascendió un vídeo de un operativo policial realizado en la localidad de Fontana, provincia de Chaco, donde se observa cómo de forma violenta efectivos de la fuerza reprimieron a la familia Qom que se encontraba en el interior de una vivienda, propinándoles golpes de puño, arrastrándolos por el suelo y amenazándolos con las armas de fuego, todo esto ante la presencia de menores de edad”, señaló la legisladora.

Además, recordó que se conoció, “por el testimonio de las víctimas de estos hechos brutales, que una vez trasladados a la Comisaría, fueron torturados y rociados con alcohol”.

“Cuesta pensar que imágenes como la de estos vídeos estén sucediendo en plena democracia ya que las mismas nos remiten a una etapa oscura de la historia de nuestro país que, como sociedad, decidimos dejar atrás”, agregó en los fundamentos.

La iniciativa fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Karina Banfi, Mónica Frade, Sofía Brambilla, Soher El Sukaria, Federico Angelini, María Luján Rey, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Emiliano Yacobitti, Álvaro de Lamadrid, Fernando Iglesias, Federico Zamarbide, Mario Arce y Estela Regidor.