A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para expresar su “más profunda preocupación ante la falta de esclarecimiento” de la causa.

“El Estado es responsable ante cada desaparición en democracia, y debe responder frente a las víctimas y sus familiares”, señalaron en los fundamentos de la iniciativa, encabezada por la radical Karina Banfi.

Al respecto, la legisladora bonaerense expresó: “No queremos que se pierda en la memoria un asesinato que hasta hoy no sabemos por qué sucedió. No hay excusas ni se admiten dilaciones en esta materia. Los derechos humanos deben ser protegidos y mucho más en pandemia, con un contexto de fuertes restricciones a las libertades individuales”.

Además, se informó que “al 30 de abril del año pasado se habían registrado diez asesinatos en manos de la policía en todo el país, mientras que a diciembre de 2020 la cifra ascendía a 24 casos, de los cuales hoy se desconoce el proceso judicial”.

“El Estado es responsable y las autoridades deben emplear todos los resortes disponibles para esclarecer el caso de Facundo Astudillo Castro, así como el de tantos otros ciudadanos que han sufrido la violencia institucional en carne propia”, solicitó Banfi, quien el año pasado le reclamó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la “claridad en los mensajes e instrucciones a las fuerzas de seguridad para que en el marco de la pandemia protejan a todos los argentinos”.

Por último, Banfi resaltó que “ahora nos enfrentamos a las restricciones de la segunda ola. Estamos atentos de que las fuerzas de seguridad estén para cuidar y proteger a las personas y no atacarlas. Conciencia social y acompañamiento del Estado es lo que necesitamos. No represión y violencia”.

El proyecto contó con el acompañamiento de Silvia Lospennato, Brenda Austin, Marcela Campagnoli, Natalia Villa, Gabriela Lena, Mónica Frade, Sebastián Salvador, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky, José Luis Patiño, Gonzalo Del Cerro, Mariana Stilman, Estela Regidor Belledone, Graciela Ocaña, Alicia Tereda, Ximena García, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, Carmen Polledo, Juan Martín, María Luján Rey, Alberto Asseff, Claudia Najul, Alicia Fregonese, Aída Ayala, Waldo Wolff y Mercedes Joury.

Durante la sesión ordinaria de este jueves y luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmara que los restos hallados en Villarino Viejo son los de Facundo Astudillo Castro, la Legislatura porteña expresó su profundo pesar por el fallecimiento del joven, tras más de 120 días de búsqueda.

En el texto de declaración recientemente aprobado, los legisladores también manifestaron su “solidaridad con la familia y allegados y solicita a las autoridades competentes que arbitren todas las medidas necesarias para esclarecer este gravísimo hecho e impartir justicia”.

En los fundamentos del proyecto, el cuerpo parlamentario consideró que el día en el que se hallaron los restos de Astudillo Castro fue “sumamente triste para los tiempos de democracia que corren en nuestra Ciudad y en la República Argentina” y aseveraron que “resulta imprescindible esclarecer los hechos que motivaron su desaparición, y más aún, aquellos que produjeron su deceso. El imperio de la ley, la institucionalidad y la justicia deben estar más presentes que nunca en este momento; no solamente por las instituciones en sí, sino para que la familia de Facundo encuentre paz en este contexto tan trágico”.

“La desaparición física de una persona no implica el cese de la búsqueda de justicia. Facundo tenía 22 años, y toda una vida por delante”, concluyeron.

La medida aprobada contó con las firmas de Lucía Romano, Ana María Bou Pérez, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Claudio Romero (VJ), Leandro Halperín, Manuela Thourte (UCR-Ev), Laura Velasco, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Victoria Montenegro, Claudio Ferreño, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Manuel Socías, María Bielli, María Rosa Muiños, Santiago Roberto, Cecilia Segura y Juan Manuel Valdés (FdT).

Luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmara que los restos hallados en Villarino Viejo son los de Facundo Astudillo Castro, los diputados de Vamos Juntos y la UCR-Evolución impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscan expresar su pesar por el fallecimiento del joven, tras más de ciento veinte días de búsqueda.

Al mismo tiempo que prevén manifestar “su solidaridad con la familia y allegados y solicita a las autoridades competentes que arbitren todas las medidas necesarias para esclarecer este gravísimo hecho e impartir justicia”.

En los fundamentos del texto, los oficialistas consideraron que el miércoles –día en que se confirmó la noticia- fue “sumamente triste para los tiempos de democracia que corren en nuestra Ciudad y en la República Argentina” y aseveraron que “resulta imprescindible esclarecer los hechos que motivaron su desaparición, y más aún, aquellos que produjeron su deceso. El imperio de la ley, la institucionalidad y la justicia deben estar más presentes que nunca en este momento; no solamente por las instituciones en sí, sino para que la familia de Facundo encuentre paz en este contexto tan trágico”.

“La desaparición física de una persona no implica el cese de la búsqueda de justicia. Facundo tenía 22 años, y toda una vida por delante”, concluyeron.

La iniciativa lleva la firma de los legisladores Lucía Romano, Ana María Bou Pérez, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Claudio Romero (VJ), Leandro Halperín y Manuela Thourte (UCR-Ev).

Tras la confirmación de que el cuerpo encontrado el pasado 15 de agosto en Villarino Viejo, provincia de Buenos Aires, corresponde a Facundo Astudillo Castro -el joven que estuvo desaparecido por más de 100 días-, legisladores del oficialismo y la oposición se expresaron en las redes sociales.

“Yo sabía…”, escribió, breve, el diputado oficialista Leonardo Grosso, que compartió además una imagen en blanco y negro que reclama “Justicia por Facundo”.

En tanto, también desde el Frente de Todos, la diputada Gabriela Cerruti sostuvo: “Ahora se necesita conocer absolutamente toda la verdad. Abrazamos a Cristina, a su familia y exigimos Verdad y Justicia”. Mientras que su compañero de bloque Itaí Hagman dijo que “ante el inmenso dolor solo queda gritar bien fuerte: justicia y verdad por Facundo”.

“Triste noticia. Lamentablemente se confirmó que el cuerpo hallado es el de Facundo Astudillo. Mi solidaridad con su madre y familia que han llevado adelante una enorme lucha. A ellos, y a Facundo, les debemos que el Estado este presente en el esclarecimiento de los sucedido”, publicó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

El formoseño agregó que “construir democracia es brindar respuestas y hacer todo lo posible para que el Nunca Más a la violencia institucional sea un hecho”.

Por su parte, el diputado radical Alfredo Cornejo manifestó: “Se confirmó la más terrible noticia, el cuerpo encontrado el pasado 15 de agosto es el de Facundo. En estas horas de dolor abrazo a la madre y amigos en la búsqueda de la verdad y justicia”.

“Lamento profundamente la confirmación de que es Facundo Astudillo Castro. Mi corazón está junto a su madre y amigos acompañándolos en este difícil momento que les toca vivir. Pedimos justicia por Facundo. No están solos”, fue el mensaje de la diputada de la UCR Karina Banfi.

Desde el Pro, la diputada Victoria Morales Gorleri dijo que “con mucho dolor acompaño a la madre de Facundo en este momento tan difícil. Deseo que desterremos la violencia institucional/policial creciente en nuestro país de una vez por todas. Que se sepa la verdad. Justicia para él, su familia y amigos”.

El diputado Nicolas Del Caño, del Frente de Izquierda, pidió la renuncia del ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni. “Más que nunca con @Cristin96056904, mamá de Facundo. Verdad y justicia! Castigo a los culpables! Fuera Berni ya!”, reclamó.

Después de que Máximo Kirchner manifestara que el caso de Facundo Castro no podría ser equiparado con el de Santiago Maldonado, el trotskista Gabriel Solano (PO) participó de una movilización frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y le respondió al diputado nacional. Al mismo tiempo exigió que el ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sea removido de su cargo.

Es así que en relación a la desaparición de Castro, Solano manifestó que “todas las pruebas apuntan a la bonaerense: las fotos, las pertenencias de Facundo, las declaraciones, los mensajes en sus celulares” e insistió en que “lo que está claro para todo el país es negado por el ministro Berni, el gobernador de la provincia Axel Kicillof y el Gobierno nacional”.

Asimismo indicó que “la represión que llevó a la desaparición de Facundo es una represión muy sutil. Los gobiernos nacional y provinciales le dijeron a la policía que tenían que usar la represión como contención social frente al crecimiento de la pobreza que no pueden parar” y consideró que “por eso tenemos 29 personas asesinadas en la Provincia de Buenos Aires y más de 80 en todo el país en lo que va de la cuarentena”.

“Usar las fuerzas represivas como método de control social los hace responsables de su accionar. Le reclamamos a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof que Berni se tiene que ir”, explicó.

Sobre esa misma línea, Solano polemizó con Máximo Kirchner al precisar que “si comparamos el caso de Santiago con el de Facundo. Del mismo modo que en la desaparición forzada de Santiago, hay una responsabilidad de una fuerza de seguridad del Estado” y concluyó señalando que “en ambos casos, los que se evidencian como responsables son encubiertos por sus autoridades políticas”.

Consultado sobre el caso Facundo Astudillo Castro, el presidente del bloque Frente de Todos de Diputados, Máximo Kirchner, diferenció esta desaparición con la de Santiago Maldonado en 2017.

“Deja un sabor amargo que algunos sectores quieran equiparar una cosa con otra, más cuando lo de Santiago ocurrió en medio de una represión en la Patagonia y todos sabemos cuál fue la reacción del Gobierno y de los grandes medios. Primero tratar de ocultarlo, y después cuando no pudieron ocultarlo, mancillar la vida de Santiago”, expresó.

Entrevistado en AM750, el diputado nacional expresó su confianza en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Lo conozco, sé cómo piensa, sé cómo actúa, sé de su decisión y creo que las palabras de él bastan para entender que este tipo de situaciones, gobierne quien gobierne, no deben suceder”.

Y agregó: “Se ha articulado todo para una búsqueda que se pueda dar de la manera más inteligente posible para tener justicia para sus familiares, para su madre. Dolores que uno no puede ni siquiera imaginar. Hay que tener mucho respeto”.

Al exponer este viernes ante las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara baja, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que “el compromiso que teníamos cuando éramos oposición, también lo tenemos hoy en la búsqueda de erradicar la violencia institucional en democracia, porque esto no tiene color ni bandería política es un problema de la democracia: tenemos que ser muy claros con los  mensajes que desde el Ejecutivo se dan para erradicar esta problemática”.

“No hay gobierno que no haya tenido casos de violencia institucional”, señaló el funcionario, aclarando que con ello no pretendía justificar nada. “Yo fui opositor hace poquito, cuando era diputado nacional, llevábamos adelante una denuncia activa en los casos de violencia institucional, y apenas asumí, pensamos en potenciar la Dirección de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos”, señaló durante una participación en la que previsiblemente el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro estuvo sobrevolando permanentemente.

En ese marco, el secretario brindó un Informe de Gestión de Violencia Institucional y recordó que si bien pretendían lanzar una campaña fuerte en el tema la misma se vio interferida por la irrupción de la pandemia de Covid-19. “Nos tuvimos que readaptar”, reconoció, y admitió que prontamente entendieron que la pandemia “iba a traer más casos, porque había un control social por la epidemia”.

Detalló cómo funciona el Centro de Atención de Denuncias y en ese marco consideró que el asesoramiento jurídico “es fundamental, porque la mayoría de las familias nunca tuvieron un acercamiento con la justicia”. Tras destacar que “el rol de la justicia es fundamental”, destacó que también es clave la “sanción política”. Puso este orden: “Sanción política y después sanción judicial, porque cuando hay sanción política le da un mensaje claro a la justicia para que avance en una sanción”.

A continuación, por primera vez en su intervención Pietragalla se refirió a la gestión anterior al señalar que cuando concluyó la administración de Cristina Kirchner, esa secretaría contaba con 40 trabajadores; al asumir Cambiemos tenían 26, en 2017 bajaron a 12 y en 2018 llegaron a 10 trabajadores. “Cuando llegamos nosotros había 5 nomás”, advirtió el secretario, enfatizando que con esa cantidad mínima “en un área tan importante para resolver los casos y acompañar a las familias, la verdad que era muy poco lo que se podía hacer”.

“A partir del 10 de diciembre queremos empoderar esta área”, afirmó, anticipando que gradualmente irán reincorporando personal, y potenciando áreas estratégicas. “Hoy contamos con 12 trabajadores, que están trabajando desde sus casas y la secretaría”, agregó.

Admitió luego que luego de declararse la pandemia, las denuncias y los casos subieron mucho más, y mostrando un gráfico lo ejemplificó: 71 denuncias entre el 10 de diciembre y el mes de marzo, contra 531 denuncias después del ASPO.

Para Pietragalla, “resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de quién gobierne”. Y señaló en ese sentido que “celebramos esta sensibilidad con el tema de parte de la oposición, porque ojalá esto hubiera pasado años atrás. Serían muchas las vidas que no estaríamos lamentando; en esto no hay que jugar con oportunismo político, necesitamos que se generen herramientas. Cada caso de violencia institucional termina siendo un problema para todo el Estado argentino a través de las sanciones que reciben por parte de las organizaciones de derechos humanos”.

En ese marco el secretario de DDHH deslizó la existencia de una iniciativa del Frente de Todos para llevar adelante un proyecto de ley, que está esperando el acompañamiento de otros bloques, pero que “para nosotros es de suma importancia tener herramientas para tener celeridad en la resolución de los casos de violencia institucional”. Y en el mismo sentido señaló que “queremos que cada vez que haya un caso de violación de los derechos humanos, no se lo mire al Estado, que podamos mirar al individuo que comete hechos y generar las herramientas para que cuando haya violencia institucional, sea un individuo el que viole, y no el Estado argentino”.

Al hacer referencia específicamente al caso de la desaparición de Facundo Astudillo, lamentó que no se hubiera podido actuar rápidamente. “Sabemos que la primera denuncia llega los primeros días de junio, y era por búsqueda de paradero; no había ninguna asociación de desaparición forzada”, comentó, agregando que recién el 8 de junio llegó la primera denuncia por desaparición forzada. “Ahí nos pusimos en contacto y a disposición”, señaló.

Destacó el “compromiso muy grande” en esa causa, aunque reconoció como “muy limitada nuestra participación en la investigación”, y contó que hicieron una presentación al juzgado por la información que se filtraba a los medios desde el juzgado de Bahía Blanca.

Fue a continuación cuando Pietragalla modificó su postura contemporizadora, aunque sin variar el tono, al deslizar que “jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda a su víctima; no vamos a revictimizar a las víctimas; a mandar a los servicios a escuchar a las víctimas; a decir que Facundo está en una ciudad, o en otra…”.

“¡Cortala, Pietragalla!”, le gritaron diputados de la oposición, y sin alterarse el funcionario señaló que “no hay que ser especuladores”.

Para concluir, remarcó la preocupación del gobernador Axel Kicillof, quien se comunicó con la familia de Facundo, lo mismo que el presidente Alberto Fernández, y hasta el de la vicepresidenta de la Nación. “Cristina Fernández de Kirchner todo el tiempo me está llamando para ver cómo está la madre, cómo está la investigación”, reveló.

“Nosotros tenemos una sensibilidad con este tema que siempre tuvimos cuando éramos opositores y hoy que somos oficialistas. Queremos sanción, no queremos un Estado que sea acusado de violar los derechos humanos, sí queremos demostrar que hay miembros de las fuerzas de seguridad que los violan”, concluyó.

“Para el Estado Nacional, para la Argentina en su conjunto, es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo Astudillo Castro”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

La funcionaria recordó que este viernes “se cumplen 100 días” sin saber el paradero del joven -oriundo de la localidad bonaerense de Pedro Luro- y resaltó: “Para nosotros es absolutamente importante describir todo lo que ha hecho el Estado, el Poder Ejecutivo, para dar con su paradero, que para nosotros es central”.

En ese sentido, Frederic brindó un repaso cronológico de la intervención que las cuatro fuerzas federales (Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria) tuvieron durante estos meses en la búsqueda de Astudillo Castro.

Además, resaltó que los recursos del Ministerio “han estado, están y seguirán estando para la búsqueda realizada a raíz de su posible desaparición forzada”.

La ministra señaló que la cartera que conduce “no lleva adelante la investigación del caso que, por otra parte, se encuentra bajo sumario”, sino que “interviene a pedido de la justicia federal de Bahía Blanca”.

Frederic insistió que entre los “muchos de los recursos que ya se han puesto en acción”, el caso del joven “fue cargado en el sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas para dar intervención a todas las juridiscciones del país”.

La funcionaria recordó que Astudillo Castro “fue visto por última vez el día 30 de abril”, cuando camino a la casa de su novia fue detenido por la Policía Bonaerense. “El 5 de junio su madre realizó la denuncia y comenzó a intervenir la unidad fiscal de Bahía Blanca”, continuó.

Luego detalló que el 25 de junio el Ministerio toma parte “ante la hipótesis de gravedad institucional que se denunciaba” poniéndose “a disposición de la justicia provincial”, y la causa se retransmitió a nivel nacional. “El 8 de julio la causa pasó al fuero federal, bajo la caratula de desaparición forzada”, indicó.

La ministra agregó que “entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto se realizaron diversas pericias en torno al teléfono” del joven, y “hasta el día de hoy continúan las tareas de rastrillaje en lugares específicos que surgen de la investigación judicial”.

Hacia el final, ratificó “el compromiso del Estado Nacional con los organismos internacionales”, entre ellos “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos exigió hace casi un mes un informe de las acciones realizadas”.

Y añadió que se trabaja para que el Banco Nacional de Datos Genéticos “es también de utilidad para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas”, o bien, se realice la creación de un banco de cotejo genético para estos casos.

La senadora nacional radical Silvia Giacoppo presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional -a través del organismo que corresponda- informe sobre las medidas adoptadas a fin de cumplir con la Resolución 43/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de la medida cautelar presentada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto F. Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, instando a la Comisión que “requiera a la República Argentina que proteja los derechos de Facundo José Astudillo Castro, quien se encuentra desaparecido desde el 30 de abril de 2020, cuando se trasladaba a otra ciudad y fue detenido por agentes policiales por violar la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid 19”. 

Detalla la senadora, al fundamentar su pedido, que “el caso de Facundo José Astudillo Castro, denunciado a partir del 30 de abril de 2020 nos interpela, puesto que como sociedad no podemos naturalizar ni permitir la desaparición de personas, y mucho menos bajo la presunción de que fue a causa de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia”.

“No podemos desconocer la triste y grave rémora que conlleva para nuestro pueblo la palabra ‘desaparecido’ lo cual obliga por sí solo al Estado, más allá, incluso de sus ineludibles obligaciones legales, a adoptar todas las medidas que estén a su alcance para ponerle fin a estos hechos aberrantes, y que de una vez por todas el ‘Nunca más’ no se transforme en un concepto a alcanzar, sino en una realidad, sin excepciones”, agrega Giacoppo. 

El pasado 20 de julio de 2020, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto F. Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares instando a que requiera a la República Argentina que proteja los derechos de Facundo José Astudillo Castro.  

La CIDH solicitó información al Estado argentino sobre la desaparición de Facundo José Astudillo Castro, y en función a las respuestas recibidas dictó la Resolución 47/2020, por la que entendió que, en principio, se reunían en este caso los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. 

Por tal razón le solicitó al Estado de Argentina que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Facundo José Astudillo Castro, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión insta al Estado a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales efectos; b) concierte las medidas a adoptarse con los familiares y representantes del beneficiario; y c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición. 34. La Comisión solicita al Estado de Argentina que informe, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica. 35. La Comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. 

Destaca Giacoppo que para llegar a tal conclusión la CIDH entendió que “…, teniendo en cuenta las características específicas del presente asunto, y a la luz del criterio de apreciación prima facie del mecanismo de medidas cautelares, la Comisión considera que los derechos a la vida e integridad personal de Facundo José Astudillo Castro se encuentran en una situación de grave riesgo, en la medida que no se conoce su destino o paradero hasta la fecha; que respecto al requisito de la urgencia entiende que más de tres meses de la desaparición (del propuesto beneficiario) y alrededor de dos meses de investigaciones, la Comisión observa que no se contaría con información sustancial en la actualidad sobre su destino o paradero”. 

Y, además, señala que “en cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, en la medida que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”. 

“En vista de lo anterior la Comisión considera pertinente reiterar que el Estado tiene la obligación de determinar el paradero del joven Astudillo Castro, así como de esclarecer las causas de su alegada desaparición y procesar y sancionar a todas las personas que sean responsables”, indica. 

“Señalado todo ello y en virtud de la responsabilidad asumida por el Estado argentino en materia de derechos humanos, el Congreso debe contribuir a garantizar el cumplimiento efectivo de los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22, de allí es que entendemos es nuestra obligación de verificar el cumplimiento a las requisitorias de la CIDH, y conocer las acciones que se llevan a cabo con el objeto de garantizar los derechos humanos de sus habitantes”, concluye Giacoppo. 

Al cabo de la sesión de la Cámara de Diputados, ya cerca de medianoche, la diputada radical Karina Banfi pidió un apartamiento del reglamento para emitir un pronunciamiento para declarar “la más sentida preocupación por los tres meses de desaparición que lleva Facundo Astudillo Castro, y citar al Congreso al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para conocer las medidas adoptadas por las autoridades en este tema.

El pedido de Banfi generó un debate con el oficialismo, en el que Juntos por el Cambio reclamó un compromiso para que los funcionarios citados concurran al Parlamento habida cuenta de que “siete veces los citaron y no entendemos por qué no se ha puesto este tema en consideración de este cuerpo”.

Ofició como vocera del oficialismo la diputada Paula Penacca, quien si bien aclaró que tenían conocimiento de un proyecto de declaración sobre el joven desaparecido, ninguno de los funcionarios había sido formalmente citados. Pero amén de eso aclaró que como Cámara de Diputados tendrían que coincidir en un texto de consenso sobre el tema.

Intervino entonces la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien aclaró desafiante que “si hay algo en lo que tenemos ningún problema y que nos hemos caracterizado desde que este gobierno asumió, es que los ministros han venido todos y van a seguir viniendo. Me hubiese gustado que hiciesen el mismo reclamo por Rafael Nahuel, al que mataron por la espalda”.

El mendocino José Luis Ramón apoyó la moción de aprobar un texto de consenso y cuando se enfrascaban  en un debate sobre qué resolución tomar en definitiva, tomó la palabra Mario Negri para pedir que esa misma noche se resolviera hacer una invitación a la ministra de Seguridad con fecha para la semana que viene. “No para interpelarla, no queremos hacer escándalo”, aclaró, explicando que querían hablar sobre la inseguridad, porque “el delito está superando al virus”. Dijo que querían conversar y ver qué pasaba con esa desaparición. “Pero mientras se trabaja en un hermoso documento que no tengo ninguna duda que va a salir esta noche, querríamos irnos con la confirmación de que la ministra va a venir a reunirse con nosotros”, solicitó.

La respuesta estuvo a cargo de Máximo Kirchner, quien aclaró que había escuchado la palabra “miedo” y se preguntó fastidiado “por qué tendríamos que tener miedo. No tuvimos miedo nunca”. Por último sugirió hacer un exto y ver después cuándo concurrían los funcionarios al Congreso.

Al cabo de un cuarto intermedio, se votó el siguiente proyecto de declaración: “La Honorable Cámara de Diputados declara manifestar su más sentida preocupación por los tres meses cumplidos de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, quien fue visto por última vez hace 90 días en un retén policial de control en la localidad de Mayor Buratovich, provincia de Buenos Aires.

“Expresar solidaridad con la familia de Facundo y acompañar el reclamo por su aparición inmediato. Exigir que se investigue y se establezcan las responsabilidades en el caso judicial caratulado ‘desaparición forzada’”.

Ante un planteo de la diputada de la UCR Karina Banfi sobre la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro hace tres meses en provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, garantizó: “No vamos a avalar ni encubrir a ningún policía”.

“Estamos todos buscando a Facundo y queremos se haga justicia”, aseguró Cafiero, y agregó que “la Policía Federal sigue actuando producto de las quejas de la madre y de organizaciones de Derechos Humanos”.

“Nosotros practicamos los Derechos Humanos. Este gobierno no va a recibir a ningún policía que mate por la espalda”, aseguró Cafiero

“En este gobierno no vamos a avalar ni encubrir a ningún policía que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición de Facundo”, remarcó el funcionario.

Asimismo, aprovechó para citar el caso del policía Luis Chocobar y el trato que recibió de parte del anterior gobierno: “Nosotros practicamos los Derechos Humanos. Este gobierno no va a recibir a ningún policía que mate por la espalda”.

Desde el recinto, Banfi le reclamó a Cafiero “un mensaje claro para las fuerzas de seguridad ante tanto mensaje contradictorio”, y advirtió que estas fuerzas “están sin conducción”.

“Hubo diez muertes en todo el territorio nacional en manos de las fuerzas de seguridad”, advirtió Banfi

La radical habló de “diez muertes en todo el territorio nacional en manos de las fuerzas de seguridad”, y agregó que la CORREPI relevó “71 casos”, mientras que el CELS denunció “torturas y hasta ejecuciones” durante la cuarentena, tras lo cual mencionó los casos de Luis Espinoza en Tucumán y Magalí Morales en San Luis.

Banfi también criticó el “ciberpatrullaje para medir el humor social o para ver si hay venta de medicamentos truchos en las redes sociales”, y puso como ejemplo que “en Santiago del Estero a un cantautor lo metieron preso por hacer manifestaciones en sus redes sociales en contra del gobernador”.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentó un proyecto de resolución en el cual solicita la presencia de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en la Cámara de Diputados. El requerimiento de Negri es para que la ministra dé cuenta de toda la información obrante en el caso de la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro y de otros casos de violencia institucional en los que estarían involucrados, a lo largo y ancho del país, efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, desde que comenzó la cuarentena el 20 de marzo.

“Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años, fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, donde vivía, hacia la ciudad de Bahía Blanca. Hasta hoy solo se sabe de él que los últimos con quien interactuó fueron policías, según declararon varios testigos.  A la desesperación de su madre y de su familia, se suma el estupor de toda la sociedad quien, a pesar de parecer inmersa en el problema diario de la supervivencia ante los avatares de la pandemia, no deja de reclamar explicaciones y la aparición de Facundo”, plantea Negri en su proyecto de resolución.

“En épocas democráticas es inconcebible que pueda “esfumarse” un ciudadano y que nada ni nadie pueda dar explicaciones”, agrega Negri.

El diputado radical no sólo pretende que Frederic responda sobre la desaparición de Astudillo Castro. También hace referencia a otros hechos resonantes y altamente preocupantes como violentas represiones en Chubut, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Chaco (a la comunidad Qom), Santa Cruz, Tucumán (el caso de Luis Espinoza), Córdoba, San Luis (dos jóvenes murieron en comisarías luego de ser detenidos por violar la cuarentena) y Santa Fe.

“Ante lo relatado, sería fundamental saber si el Consejo Federal de Seguridad, donde se reúnen los que arbitran las políticas de seguridad provinciales y federales, están tomado medidas a corto, mediano y largo plazo respecto del control del funcionamiento de las fuerzas de seguridad durante el aislamiento en todo el territorio nacional”, plantea Negri en su proyecto de resolución por el cual se cita a la ministra Frederic a la Cámara baja.

“En un todo de acuerdo con que nuestra sociedad ya ha dicho, de manera firme y contundente ‘Nunca Más’ a la violencia estatal, es que solicitamos la presencia de la Ministra de Seguridad de la Nación ante esta H. Cámara, para que brinde explicaciones sobre lo hecho para investigar la desaparición del joven Astudillo Castro, para sancionar aquellas actividades ilegales perpetradas por uniformados y también las estrategias a futuro para que lo descripto, exacerbado por la pandemia pero existente sin ella, no vuelva a suceder”.