Diputadas de lo que fue Juntos por el Cambio salieron al cruce de los dichos del exdiputado del Pro Francisco Sánchez
No solo se trajeron cola las expresiones del presidente Javier Milei en España, que la emprendió duramente contra el presidente del Gobierno español. También generaron reacciones en nuestro país los dichos de Francisco Sánchez, secretario de Culto que pasó también por la cumbre del ultraderechista Vox, donde cargó contra el divorcio, el matrimonio “homosexual” y el aborto, afirmando que “buscan pervertir a nuestros hijos y hacerle daño a la sociedad”.
La diputada del Pro Silvia Lospennato señaló en referencia a lo expresado por su excompañero de bancada que “en la ley de Bases original el Estado se retiraba de cualquier contrato y ahora el Gobierno se opone al divorcio y al matrimonio igualitario? Absolutamente anti liberal pensar que las personas no pueden ni siquiera acordar o disolver libremente el contrato matrimonial. El Estado sobre la voluntad de los individuos. Lamentables y muy peligrosas declaraciones de un funcionario de un gobierno liberal libertario”.
Le contestó a través de la red social X que “mis ideas y opiniones no son un peligro mas que para los progresistas que pretenden un pensamiento único. Peligro real son los que promovieron y aprobaron el asesinato de criaturas en el vientre materno, peligro es la cultura de la muerte y la cancelación”.
La diputada radical Karina Banfi expresó: “Francisco Sánchez es el secretario de Culto. Las leyes que menciona son del marco legal liberal de Argentina, que debe respetar. Incumplen con los votantes, que esperan el crecimiento del empleo privado. Mientras el gobierno está en una fiesta antiliberal. Atrasan”.
Francisco Sánchez es el Secretario de Culto. Las leyes que menciona son del marco legal liberal de Argentina, que debe respetar. Incumplen con los votantes, que esperan el crecimiento del empleo privado. Mientras el gobierno está en una fiesta antiliberal. Atrasan. https://t.co/WiXwuzM3mn
— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) May 19, 2024
A su vez, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) dijo que “los valores occidentales ligados a la libertad hoy están en crisis. Son los valores que nacieron a partir del liberalismo, a partir de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y que se fortalecieron con las luchas por los derechos políticos, sociales y civiles durante el siglo XX”.
“Esos valores hoy están siendo atacados por el fundamentalísimo islámico. Pero también pueden recibir ataques de otros lados, como cuando se cuestiona la existencia del Estado laico, la figura del divorcio o los derechos LGTBI”, agregó Ajmechet, que llamó a defender “Occidente y el liberalismo, ese es el camino del progreso, eso es lo que hizo a la Argentina grande y lo que nos hará grandes de nuevo. Trabajar con libertad, producir con libertad, vivir con libertad”.
Por su parte la legisladora porteña Graciela Ocaña le apuntó en cambio al presidente, que habló sobre los derechos de las mujeres: “¿Saben qué es lo mejor para un presidente? Dejar de perder el tiempo queriendo hacerse el vivo utilizando lenguaje de odio y ponerse a trabajar de verdad en los problemas económicos de los argentinos”.
¿Saben qué es lo mejor para un Presidente? Dejar de perder el tiempo queriendo hacerse el vivo utilizando lenguaje de odio y ponerse a trabajar de verdad en los problemas económicos de los argentinos. https://t.co/poF3pcj4VK
— Graciela Ocaña (@gracielaocana) May 19, 2024
Luego del revuelo generado en torno a la iniciativa para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por la reacción de sus propios compañeros de bloque, quedó sin cofirmantes.
Mucha repercusión tuvo el proyecto presentado los últimos días por la diputada santafesina Rocío Bonacci propiciando la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa se conoció públicamente el miércoles, un día después de caída la sesión por la ley de Bases, y fue presentada por muchos como “una iniciativa del Gobierno”.
En rigor, estaba claro que no se trataba de un proyecto del Poder Ejecutivo, sino de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza: Rocío Bonacci, Beltrán Benedit, Mariá Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque, Oscar Zago. Como es uso y costumbre, el primer nombre siempre corresponde al autor original y el resto son cofirmantes.
Sin embargo no tardaron en surgir las reacciones de parte de quienes precisamente figuraban como cofirmantes, negando haber suscripto tal iniciativa, por lo que la propia legisladora santafesina aclaró que el proyecto le correspondía a ella como autora y que los demás habían expresado su adhesión al mismo.
Entre esas firmas agregadas, la diputada Lilia Lemoine fue la más enfática al señalar que “pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar, pero que no era momento ahora, y me metió igual. Es muy dañino”.
Al verificarse que esa misma situación parecía corresponderle al resto de los que aparecían acompañando a Bonacci, se reconfiguró la autoría del proyecto, quedando solo la de su autora, quien ya por entonces había aclarado en las redes sociales que “no son firmas de puño y letra”, sino que se trataba de “acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhasApp y otros personalmente… Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”.
En definitiva, el proyecto denominado “Regulación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, quedó este viernes solo a nombre de Rocío Bonacci, y fue girada a las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública.
5172-D-2023 (1)El proyecto modifica entre otras cosas el artículo 86 del Código Penal, estableciendo penas e inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena a médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticas “que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
Se aclara allí, eso sí, que “el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.
La norma reprime con prisión de uno a tres años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.
En los fundamentos del proyecto, se califica a la denominación “Interrupción Voluntaria del Embarazo” como una “falsificación al llamar al acto que es, lisa e indubitablemente un aborto, por lo que fue claramente la intención la de confundir a partir de un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento por ley de un derecho al aborto, mientras que se está realmente ante el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer”.
Para los autores del proyecto, “se utiliza el argumento que la decisión de abortar forma parte de la autonomía de la mujer, en el marco del artículo 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe la intromisión del Estado en las ‘acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero’. Pero lo cierto es que, como hemos visto, desde el instante de la fertilización nos encontramos en presencia de un individuo de la especie humana, con carga genética propia y distinta a la de la madre. Resulta claro entonces que se trata de un ‘tercero’ en los términos del art. 19 Constitución Nacional”.
Bonacci propone volver a la redacción anterior del artículo 86 del Código Penal, modificando la cuestión de las causales de no punibilidad. En este sentido, proponen establecer la no punibilidad del aborto causado con el consentimiento de la madre, con el fin de evitar un peligro inminente contra su vida y siempre que éste no pueda ser evitado por otros medios.
Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidieron eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del Código Penal, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. “En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”, advierten los diputados libertarios.
Seis legisladores libertarios presentaron un proyecto de ley por el cual se deroga la Ley 27.610. Modifican a su vez artículos del Código Penal para que el que causare un aborto o quien se someta al mismo será objeto de punibilidad.
Seis diputados del oficialismo presentaron un proyecto para derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Se trata de un proyecto que tiene solo seis artículos, uno de los cuales modifica el artículo 85 del Código Penal de la Nación, que quedaría redactado de la siguiente manera: “El que causare un aborto será reprimido: 1°) Con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
2º) Con reclusión o prisión de uno (1) a cuatro (4) años, si obrare con consentimiento de la mujer.
El máximum de la pena se elevará a seis (6) años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”.
El proyecto está firmado por Rocío Bonacci, Beltrán Benedit, Mariá Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque, Oscar Zago.
La iniciativa, denominada “Regulación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, fue girada a las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública.
El proyecto modifica también el artículo 86 del Código Penal, estableciendo penas e inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena a médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticas “que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
Se aclara allí, eso sí, que “el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.
La norma reprime con prisión de uno a tres años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.
El presidente Alberto Fernández al promulgar la ley de IVE.
En los fundamentos del proyecto, se califica a la denominación “Interrupción Voluntaria del Embarazo” como una “falsificación al llamar al acto que es, lisa e indubitablemente un aborto, por lo que fue claramente la intención la de confundir a partir de un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento por ley de un derecho al aborto, mientras que se está realmente ante el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer”.
Para los autores del proyecto, “se utiliza el argumento que la decisión de abortar forma parte de la autonomía de la mujer, en el marco del artículo 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe la intromisión del Estado en las ‘acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero’. Pero lo cierto es que, como hemos visto, desde el instante de la fertilización nos encontramos en presencia de un individuo de la especie humana, con carga genética propia y distinta a la de la madre. Resulta claro entonces que se trata de un ‘tercero’ en los términos del art. 19 Constitución Nacional”.
Los diputados de La Libertad Avanza proponen volver a la redacción anterior del artículo 86 del Código Penal, modificando la cuestión de las causales de no punibilidad. En este sentido, proponen establecer la no punibilidad del aborto causado con el consentimiento de la madre, con el fin de evitar un peligro inminente contra su vida y siempre que éste no pueda ser evitado por otros medios.
Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidieron eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del Código Penal, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. “En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”, advierten los diputados libertarios.
De 27 años, Rocío Bonacci figura en primer lugar entre los autores del proyecto, y al sumarse a La Libertad Avanza aclaró que no está metida en política. “No es algo que me gusta”, reveló en una entrevista, donde aclaró que buscaba ser “la voz de los jóvenes trabajadores. Su padre es José Bonacci, apoderado del partido Unite, donde se desempeña Amalia Granata, reconocida militante de la causa celeste.
La legalización del aborto fue convertida en ley en el Senado el 30 de diciembre de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
5172-D-2023La legisladora de izquierda consideró “clave fortalecer un movimiento de mujeres y diversidades independiente que se plante por la separación de la Iglesia del Estado y reclame por la efectiva implementación de una ESI laica y científica”.
La diputada nacional y dirigente del Plenario de Trabajadoras Romina del Plá estuvo en San Miguel en el Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binaries del conurbano oeste y noroeste en el ex Colegio Nacional. En el mismo también estuvo Daiana Cabrera, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad.
Del Plá afirmó que “las mujeres y diversidades tenemos que retomar las calles y las movilizaciones para defender el aborto legal y contra el ajuste del gobierno y el FMI. Mientras crecen los discursos derechistas y anti derechos, nuestra respuesta tiene que ser la organización en las calles como lo hicimos el lunes pasado contra el acto negacionista de Victoria Villarruel en la Legislatura. Es clave fortalecer un movimiento de mujeres y diversidades independiente que se plante por la separación de la Iglesia del Estado y reclame por la efectiva implementación de una ESI laica y científica”.
Asimismo, Daiana Cabrera declaró: "Estamos poniendo de pie un encuentro regional en uno de los distritos más atravesados por las ligazones de la Iglesia con el Estado. El municipio de Jaime Méndez, discípulo de Joaquín de la Torre y aliado local de Patricia Bullrich, se ha convertido en un faro de políticas antiderechos en toda la provincia. Por su posicionamiento abiertamente antiderechos: votó la ‘celebración del niño por nacer’, se declaró como un municipio ‘pro vida’. Esto ha devenido en la persecución a profesionales que realizan intervenciones legales del embarazo y su prohibición total en el ámbito público (y por supuesto privado), y en la creación de consultorías y brigadas que captan mujeres embarazadas para convencerlas de no abortar”.
Ambas dirigentes llamaron a organizarse en defensa de las conquistas y para “copar” las calles el próximo 28 de septiembre en el día de lucha por el aborto legal en América Latina y el Caribe.
Por Ayelén Alancay. La precandidata a gobernadora bonaerense por Nueva Unión Celeste se basa en datos de un informe que cuantifica esa cifra en más de 240 mil.
Frente a los eternos debates filosóficos, o incluso ante las discusiones de orden ideológico, nada mejor que la frialdad de los números y las estadísticas, y más aún cuando se basan en datos oficiales.
Desde la legalización del aborto hace dos años y medio ya han muerto -y desaparecido- más de 240.000 argentinos. Según el informe del Ministerio de Salud, 265 argentinos pierden la vida cada día, a manos de un pequeño grupo de 1793 “efectores de salud”, de los cuales muchos ni siquiera son médicos.
Es que la realidad de la práctica es bien conocida por los galenos que estudiaron para salvar vidas, pero que además conocen de primera mano la dolorosa y peligrosa técnica, razón más que valedera para que la mayoría de ellos (al igual que en otros países donde aún es legal) se declare objetor, o simplemente se niegue a hacerlos.
Ello ubica a los abortos como la primera causa de muerte en la Argentina, con aproximadamente 120.000 abortos anuales, si sumamos a los 96.664 confesados en 2021 los abortos clandestinos y del sector privado, muy por encima de los 90.000 que mueren por enfermedades coronarias, y duplicando a los muertos por cáncer.
Incluso si sumamos todos los homicidios sobre personas nacidas, todos los decesos por accidentes de tránsito, y las víctimas de violencia, entre todos no alcanzaría ni al 10 % de los decesos prenatales por aborto.
Frente a la más cruda realidad, nada mejor que un camino de compromiso para resolver esa realidad. Desde el 2018 entendí con toda claridad que el problema del aborto es netamente político: son los políticos quienes lo trajeron por presiones extranjeras, mientras los argentinos de bien, que pagamos impuestos, recibimos esa bomba sin siquiera estar de acuerdo, ni parcialmente.
Por ello cambié el destino de mi vida, que ya se encontraba volcada a la vocación de servicio desde la Fundación Mas Vida, para sumar la solución en el barro político (que es donde empezó el problema), y fundamos el Partido Celeste Provida, el primero de su tipo en el mundo, y ejemplo para muchos países como Uruguay o Paraguay.
Hoy en la Conferencia de Prensa que tuvimos en el Hotel Savoy brindé todos los detalles de cómo desactivar esta bomba, y la necesidad de contar con un espacio político que nos represente, como es este año la Nueva Unión Celeste, que conformamos junto al NUC para dar una alternativa limpia a los electores.
Ya todos saben que el verdadero voto útil es aquel que es respetuoso de tus valores e ideales, más allá del resultado esperable. Porque de nada sirve votar con la nariz tapada, si de esa forma sos funcional a que otros 120.000 argentinos pierdan la vida de la forma más violenta e infame. De nada.
Si no empezamos a cambiar la política desde la esencia fundamental, estaremos condenados al fracaso de forma indefinida.
La vida empieza en la concepción, y la política en tu compromiso. El mío ya lo tenés.
Lo dijo el presidente en un tramo de su discurso en el que también resaltó un descenso en la tasa de fecundidad adolescente.
En un pasaje dedicado a la salud, el presidente Alberto Fernández sacó pecho por los resultados de la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo.
“Quiero hacer mención a otros datos que son huellas de lo que hemos hecho”, dijo, para afirmar a continuación que “en el 2021, logramos un descenso del 40% en la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Esto es consecuencia directa de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Y agregó: “También logramos un descenso en la tasa de fecundidad adolescente en 1,7 puntos porcentuales como consecuencia de las políticas implementadas en materia de Salud Sexual y Reproductiva”.
A continuación, el presidente habló de no olvidarse de médicos y enfermeros y de todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud. Al respecto, anunció que “en poco tiempo más elevaremos a consideración de este Honorable Congreso un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas”.
“Si el corazón del niño late, entonces hay vida”, expresa el diputado Alberto Asseff, autor del proyecto que lleva las firmas de otros legisladores de JxC.
El diputado nacional Alberto Asseff presentó un proyecto denominado de Detección de Latido Cardíaco Fetal, que fija como "requisito previo para realizar o inducir intencionalmente un aborto o interrupción de embarazo, la realización de un ultrasonido por personal capacitado e idóneo de conformidad con las prácticas médicas estándares, a los efectos de determinar la detección de latidos fetales".
La iniciativa del presidente del partido Unir e integrante de Juntos por el Cambio lleva también las firmas de otros miembros de ese interbloque: Pablo Torello, Carolina Castest, Jorge Enríquez, Lidia Ascarate, Héctor Stefani, Soher El Sukaira, Francisco Sánchez, Virginia Cornejo y Julio Sahad.
El proyecto explica que "los médicos, personal de salud y/o sistemas de salud no podrán realizar o inducir intencionalmente un aborto o interrupción del embarazo, si se detecta un latido cardíaco del/de los feto/s o niño/s en gestación, entendido el mismo como actividad cardíaca o contracción rítmica constante y repetitiva del corazón fetal, dentro del saco gestacional".
En caso de no detectarse latidos cardíacos fetales, deben repetir el estudio de ultrasonido a los efectos de confirmar el resultado negativo, con un intervalo mínimo de 72 horas entre el primer y el segundo ultrasonido. Luego, en caso de que se confirmara el diagnostico entonces se puede practicar el aborto.
Para ello debe llenarse un formulario que debe enviarse a la autoridad sanitaria, así como conservar una copia del formulario por el término de 10 años, dejar y asentado en la historia clínica de la mujer solicitante el nombre de los médicos, la institución y la persona que solicitó el aborto.
También se permite el aborto si "la continuidad del embarazo implica un grave riesgo de vida para la madre gestante", aunque previamente “los médicos deberá someter el caso a una interconsulta o junta médica, la que deberá resolver en forma inmediata y unánime sobre la necesidad de llevar a cabo la práctica, a los efectos de preservar la vida de la madre gestante".
"En todos los casos, el médico y el sistema de salud interviniente deberán suscribir un formulario que será remitido a la autoridad sanitaria en el que informarán por escrito la patología y el cuadro de salud de la madre que, en función del embarazo en curso, implica un grave riesgo para su vida, el que deberá incluir: Los fundamentos médicos por los que cree necesario un aborto para salvar su vida y la condición médica de la mujer embarazada que impidió el cumplimiento de esta ley", finaliza Asseff.
Se trata de la decisión del magistrado Alfredo Eugenio López, que ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El Estado nacional apelará inmediatamente la decisión del juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que decreta, en virtud de una medida cautelar, la inaplicabilidad de la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales.
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizarán todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de una ley votada por el Congreso de la Nación, que significa reducir las desigualdades que terminan en muertes, enfermedades y otros daños.
La Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, está en vigencia en todo el territorio nacional.
El pasado 28 de mayo, además, fue aprobado mediante la Resolución ministerial 1531/2021 el protocolo para la atención integral que ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, en el contexto del compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, específicamente, en la Constitución nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras.
Dalmacio Mera, que votó en contra del proyecto, habló de testimonios de médicos que se manifiestan desbordados en la aplicación de esa norma.
A tres meses de sancionada la despenalización y legalización del aborto, el senador nacional Dalmacio Mera (Frente de Todos) llevó al recinto el tema y pidió que una comisión legislativa investigue de qué manera se está dando el cumplimiento de la norma aprobada.
Fue en el marco de uno de los homenajes brindados al principio de la sesión del Senado de este jueves, en su caso para recordar el Día Internacional de la Salud, que se conmemoró este miércoles. Y a propósito de ello, se refirió a “esta pandemia que parece no querer terminar”.
Recordó a continuación que se cumplen en estos días tres meses desde que los senadores aprobaron la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “que ha modificado estructuralmente una visión sanitaria”. Contó que conoce “muchos testimonios de médicos que plantean una situación de desborde en algún caso, falta de sincronización en otros, en la aplicación de esta ley que hemos aprobado”.
El senador catamarqueño, que rechazó en su momento la ley de IVE, habló de “cosas difíciles de explicar”, como el caso de un médico llamado Rodríguez Lastra, “que ha sido condenado. No conozco los detalles del caso, pero hoy no puede ejercer la profesión porque tomó un embarazo que venía con un principio de aborto, y hoy el resultado es que esa mujer se encuentra viva y sana, y también su hijo”.
Mera consideró entonces “raro que se lo haya condenado (a Rodríguez Lastra) por ejercer la medicina; se lo podría tal vez haber condenado por su condición de funcionario público, pero hoy que necesitamos médicos, a uno que salvó dos vidas, no podemos contar con él, porque está con este proceso, en principio condenado”.
El senador oficialista agregó que “hay médicos que plantean que en muchos lugares se está tomando esto como una cuestión anticonceptiva, y hemos planteado los riesgos que podría traer eso por las enfermedades de transmisión sexual”.
“Creo que es oportuno que en este día, desde el Senado, tengamos una comisión, o la de Salud, que pueda hacer un seguimiento de cómo se está aplicando la ley, para saber en dónde faltan recursos, en dónde se están desatendiendo otras patologías, y dónde podemos ayudar de la mejor manera para que estas situaciones que algunos médicos denuncian por la aplicación de la ley, que se encuentran desbordados, eso no ocurra y pueda atenderse a todos los que necesitan, de la mejor manera”.
Más tarde, cuando se estaba debatiendo el proyecto sobre acoso sexual callejero, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, le contestó a Mera. “Sin ánimo de confrontar”, arrancó la senadora pampeana, dirigiéndose a su par catamarqueño y al resto de los senadores, aclaró que “estamos trabajando en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad para monitorear la aplicación de la ley IVE, y estamos teniendo información oficial de todas las provincias, por lo que cuando tenga todo el informe completo, se lo mandaré a él y a todo el que lo necesite”.
Fue presentada ante la justicia federal de esta capital por una ONG. En una conferencia de prensa darán precisiones.
Una nueva acción judicial fue presentada contra la ley del aborto. La misma es impulsada por el médico Gabriel Pedro Flores Ciani, en su carácter de presidente de la ONG Asociación Civil Centro de Desarrollo y Atención Social Amor en Acción, con el patrocinio letrado de Jorge Pablo Armentano.
El recurso de amparo fue presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Liliana Heiland, con el fin de “evitar un conjunto de actos que lesionan o amenazan derechos y garantías consagrados por nuestra Constitución Nacional con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”, según expresa la presentación.
“Nuestro requerimiento de medida cautelar es para tutelar el derecho a la vida y la objeción de conciencia médica”, señaló Flores Ciani.
El titular de la ONG brindará este miércoles una conferencia de prensa este miércoles a las 11 en el Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, para brindar detalles del amparo contra la legalización del aborto.
Se trata de la presentación de un grupo de antiabortistas -entre los que se encuentra la exsenadora Cristina Fiore- contra el protocolo ILE.
Luego de habilitar la feria judicial para resolver sobre el tema, el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio rechazó este jueves una medida cautelar que pretendía suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promulgada la semana pasada.
Se trata de una presentación impulsada, entre otros, por la exsenadora Cristina Fiore Viñuales, que apuntaba contra el Protocolo ILE del Ministerio de Salud y que más tarde fue ampliada tras la sanción de la ley, informó la agencia Noticias Argentinas.
El juez citó un fallo dictado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y determinó que la presentación antiabortista fue “improcedente”, aunque el planteo de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley sigue abierto a la espera de definiciones.
En la cautelar se señalaba que “el ser humano existe desde el momento de la concepción” y que el niño no nacido “tiene derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado”.
“Es claro que la Ley 27.610 no está al servicio de la mujer, ni al servicio de los niños argentinos; antes bien, parece estar motivada en concretar una política antinatalista propia de la agenda global y ajena a toda decisión soberana del pueblo argentino”, expresaron los demandantes.
Además, afirmaron que “la ley está permitiendo la privación de la vida de un ser humano que el Estado asumió el compromiso constitucional e internacional de proteger”.
El sanjuanino Marcelo Orrego, autor del proyecto, insistió en que la ley recientemente promulgada “es inconstitucional” y no descartó ir a la Justicia.
El diputado sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), autor de un proyecto para derogar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, sostuvo este lunes que el objetivo es “dejar en claro que no vamos a bajar los brazos ni un segundo”, y agregó que no descarta recurrir a la Justicia con un pedido de inconstitucionalidad.
“No solo vamos a ir por la derogación; vamos a acudir a todo tipo de vías. La vía judicial, por supuesto, es un camino”, aseguró el legislador integrante del interbloque Juntos por el Cambio en diálogo con Diputados TV.
Orrego explicó que “el núcleo” del proyecto es insistir en lo que ya se planteó el 10 y 11 de diciembre durante el debate en la Cámara de Diputados.
Recordó que el 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese sentido lamentó: “Cuando el primer derecho humano que existe es el derecho a la vida, nosotros estábamos legislando a favor del aborto”.
“Tanto nuestra Carta Magna como los tratados internacionales protegen el derecho a la vida”, enfatizó el sanjuanino, y agregó: “Es una lucha que no vamos a abandonar. Vamos a seguir la vía parlamentaria correspondiente, pero no vamos a dejar otras vías sin considerar”.
El diputado indicó: “Más allá de que el día de mañana la composición de la Cámara será distinta, esto no tiene absolutamente nada de antidemocrático, al contrario: soy de los que respetan las decisiones de la mayoría y respeto a quienes piensan distinto que nosotros. Pero nosotros tenemos una mirada de decir ‘no vamos a bajar los brazos’, ‘no vamos a tirar la toalla’”.
En tanto, advirtió que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo “se trató en un momento absolutamente inoportuno” y “lo único que hizo fue dividir a los argentinos”.
Además, señaló Orrego, “lo que hace es determinar que el aborto es un derecho absoluto, y la libertad de conciencia es un derecho condicionado, subordinado”.
“No desconozco el dolor por el que pasan muchas mujeres, pero definitivamente en ese momento de desesperación, el aborto no es el camino. La educación sexual tiene que ver mucho con esto. Hoy en Argentina, en el Programa Médico Obligatorio existen 11 métodos anticonceptivos gratuitos, donde están afectados 1.400 millones de pesos, y no ha tenido resultado”, apuntó.
Asimismo, aseguró que no conoce “a ningún juez que le haya puesto una pena a una mujer que haya abortado”, y consideró que “no se trata de los derechos de la mujer” sino de que “a la semana 14 está comprobado científicamente que hay vida”.
Es el sanjuanino Marcelo Orrego, uno de los que votaron en contra del proyecto. “El derecho a la vida debe ser considerado el primer derecho humano”, planteó.
A menos de 24 horas de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte del presidente Alberto Fernández, un diputado presentó un proyecto para derogarla. Se trata del sanjuanino Marcelo Orrego, quien ocupa el monobloque Producción y Trabajo dentro de Juntos por el Cambio.
La iniciativa consta de tan solo un artículo por el cual se deroga la Ley 27.610, que habilita el aborto voluntario hasta las catorce semanas de gestación y garantiza la cobertura de la práctica y sus tratamientos posteriores desde el sistema público de salud, las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Al fundamentar su proyecto, Orrego consideró que “el derecho a la vida debe ser considerado el primer derecho humano, puesto que es esencial y básico para la complacencia del resto de los derechos porque, de no haber vida, todos los demás carecerían de razón de ser”.
“Al permitir el derecho al aborto en cualquier momento de la gestación con el único requisito de la manifestación de la voluntad de la persona gestante, se desconocen normas consagradas y tuteladas en nuestra Constitución Nacional”, sostuvo el sanjuanino.
El legislador insistió en que “se debe amparar y proteger el básico y esencial derecho de todos los niños, que es el ejercicio de su derecho a la vida, cuestión que se verá avasallada no sólo por la simple y lisa voluntad de la persona gestante, sino porque también dicho cometido va a tener acción pública en su concreción, lo que no debe ser permitido”.
“La ley que se pretende derogar con el presente proyecto marcaría un antes y un después en nuestra cultura respecto del derecho a la vida”, enfatizó Orrego, que así replicó los argumentos esgrimidos durante el debate.
Cabe recordar que, de los seis diputados por la provincia de San Juan, solo uno (Francisco Guevara) votó a favor del proyecto, mientras que José Luis Gioja, Walberto Allende, Graciela Caselles y Orrego lo hicieron en contra, y Eduardo Cáceres estuvo ausente tras aprobarse su licencia.
Tras la firma del presidente en el acto en el Museo del Bicentenario, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor. A través de un decreto, el Ejecutivo quitó la palabra “integral” a continuación de “salud”.
Con la promulgación parcial que había sido prometida en el Senado, se publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de la firma estampada por el presidente Alberto Fernández en un acto en el Museo del Bicentenario.
De esta forma, la ley que habilita el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país entró en vigencia y solo resta su reglamentación, a cargo de las áreas técnicas de los ministerios involucrados.
Junto con la promulgación, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 14/21, por el cual se dictó una promulgación parcial, tal como había anunciado en la Cámara alta la senadora Norma Durango (Frente de Todos).
Según esta modificación -propuesta por el rionegrino Alberto Weretilneck- se quitó la palabra “integral” a continuación de “salud” en el inciso b) del artículo 4 y en el artículo 16, en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal que sustituye.
“Esta observación tiene como objeto dar claridad al texto del proyecto en su parte pertinente, es decir, mantener las causales de interrupción legal del embarazo tal cual han estado vigentes desde 1921 para que sigan rigiendo del mismo modo a partir de la promulgación de la presente ley, en el marco de los estándares normativos y jurisprudenciales actuales”, fundamentó el Ejecutivo.
Agregó que según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la normativa internacional y local vigente, “la salud no requiere calificativos para ser comprendida en su concepto”, y a su vez “el agregado de la palabra ‘integral’ no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso”.
Tras insistir en que “la salud como concepto es autosuficiente”, el Ejecutivo aclaró que esta modificación “no altera el espíritu ni la unidad” del texto.
Ahora, el decreto de promulgación parcial deberá ser avalado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri.
La ley promulgada habilita el aborto libre hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
Se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.
El sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.
En el Boletín Oficial también se publicó este viernes la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, complementaria a la de aborto.
A través de esta norma se creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.
En un acto en el Museo del Bicentenario, que contó con la participación de ministros, funcionarios, legisladores y militantes, el presidente puso en marcha la norma sancionada en el Congreso. “Cumplí mi palabra”, dijo. También se promulgó el Programa de los Mil Días.
En un acto que contó con la participación de ministros, funcionarios, legisladores y representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el presidente Alberto Fernández promulgó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y destacó que “hoy estamos haciendo una sociedad mejor”.
Con la firma de Fernández, la Ley 27.610 -sancionada en el Congreso el pasado 30 de diciembre - entró en vigor, como así también la Ley 27.611de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que fue promulgada paralelamente este jueves.
En el Museo del Bicentenario, donde volvieron a verse los pañuelos verdes, el presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
“Hoy es un día de felicidad para todos, porque estamos haciendo una sociedad un poco más igualitaria y más justa”, arrancó Fernández, y agregó: “Cumplí mi palabra: hice campaña diciendo que iba a proponer esto, y esto hoy es ley. Y en tiempos en que la palabra política parece despreciada, me parece importante el valor de la palabra empeñada”.
El jefe de Estado señaló que “hoy es, para muchas mujeres, la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito que obliga a las mujeres a exponerse a todos los riesgos que la clandestinidad conlleva”.
También mencionó cómo afecta esta problemática a los hombres y recordó una broma hecha por él a un grupo de mujeres durante una videoconferencia. “En el medio de todo esto (por la asunción del gobierno y luego la pandemia), a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado”.
“Esta ley, contrariamente a lo que muchos piensan, es una ley que iguala en la capacidad de decisión”, enfatizó el presidente, y dijo que junto con el Programa de los Mil Días, “se termina un dilema”.
Según indicó, “hoy todas las mujeres saben que, embarazadas, van a tener un Estado detrás de ellas”, y a su vez “las mujeres que no quieran seguir adelante con el embarazo pueden ponerle fina a ese embarazo y el Estado estará allí”. “Por lo tanto, lo que estamos ampliando es la capacidad de decidir”, resumió.
Por otra parte, consideró que “nos queda garantizar una educación sexual suficiente en todos lados para prevenir embarazos que no se quieran”.
Asimismo, llamó a “que dejen de existir los colores que dividen a las mujeres” y “que empecemos a ver la oportunidad de una sociedad mejor, porque la capacidad de decidir se amplía y porque hay un Estado preservando la salud de las mujeres y su decisión, cualquiera sea esta”.
Fernández agradeció a los legisladores de la oposición que acompañaron con su voto y tuvo una mención especial para el exdiputado nacional del Pro Daniel Lipovetzky, presente en el acto, por haber impulsado la ley en 2018.
“Hoy estamos haciendo una sociedad mejor”, insistió el presidente, aunque advirtió que “la batalla por la igualdad no terminó aquí” ya que restan por resolverse, por ejemplo, las desigualdades laborales entre hombres y mujeres.
Tras la proyección de un video, Gómez Alcorta abrió el acto y sostuvo que “desde el movimiento de mujeres y diversidades decimos que estamos haciendo historia, y sabemos que la lucha es el motor de la historia”. “A lo largo de los siglos, los derechos y libertades siempre se conquistaron con lucha”, insistió la ministra.
En este sentido, señaló que esta vez “se conjugaron las luchas” con “la decisión de un gobierno, de un presidente y una vicepresidenta, de seguir ampliando derechos”, y por eso consideró que “esta alquimia es imprescindible para seguir llevando adelante transformaciones”.
Tras mencionar distintos derechos adquiridos, como el voto femenino y la paridad de género en cargos públicos, sostuvo que “atrás de cada uno de estos derechos, de estas conquistas y estas leyes podemos ver perfectamente esta alquimia que se da en el entramado entre lucha y política”.
Gómez Alcorta valoró la militancia de referentes como Dora Barrancos, Marta Alanis, Nina Brugo, Dora Coledesky y Nelly Minyersky, y agregó que “no hubiese sido posible llegar hasta acá sin un trabajo de transversalidad política” que se plasmó en el Congreso.
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad también indicó que el debate de 2018 fue “un paso imprescindible para llegar a este momento”.
“Esta ley va a asegurar que una mujer nunca más muera producto de un aborto clandestino”, afirmó, y añadió que también permitirá “una enorme transformación cultural vinculada a la autonomía de los cuerpos”.
Por su parte, Ibarra subrayó que el Programa de los Mil Días refleja “la importancia que le damos a los proyectos de maternidad”, y el aborto legal “viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud que tenemos, que es el aborto clandestino”, donde “han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia”.
Visiblemente emocionada, la secretaria Legal y Técnica aseguró que “hasta hoy el Estado respondió con cárcel, amenaza de cárcel y clandestinidad”, y “a partir de ahora cambiamos este paradigma: el Estado va a recibir a las mujeres en su sistema de salud, tratándolas con dignidad y respeto, y esto nos pone en un nuevo lugar frente a la sociedad”.
La funcionaria valoró el trabajo conjunto con legisladores tanto oficialistas como opositores, y aseguró que “esta es una ley que no violenta las creencias de nadie”, ya que “nadie va a tener que vivir o tomar decisiones contra sus convicciones”.
La gran ausente en el acto fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero no fue la única: tampoco se vio a ninguna senadora. En contrapartida, se dieron cita el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y varias diputadas nacionales, todas del oficialismo: Mónica Macha, Cristina Álvarez Rodríguez, Carolina Gaillard y Cecilia Moreau, a quienes se sumaron Pablo Yedlin y Leonardo Grosso.
También se vio a dos exdiputadas nacionales que en sus mandatos impulsaron la ley, Juliana Di Tullio y Cecilia Merchán, quien es actualmente secretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Además de numerosos ministros y funcionarios del Gabinete nacional, hubo representación bonaerense con los ministros Daniel Gollán (Salud) y Estela Díaz (Mujeres), sumados a dos intendentas, Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno).
Por la Campaña por el Aborto Legal, asistieron Marta Alanis, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall, Julia Martino, Mónica Menini, Nelly Minyersky, Martha Rosemberg y Agustina Vadales Agüero. Y en nombre del coectivo Actrices Argentinas estuvieron Julieta Ortega, Dolores Fonzi, Laura Azcurra y Carolina Papaleo.
Del lado de las organizaciones civiles, participaron Mariela Belski (Amnistía Internacional), Florencia y Leandro Cahn (Fundación Huésped), Vanina Escales (CELS) y la abogada Soledad Deza.
Lo confirmó la senadora Norma Durango, titular de la Banca de la Mujer. La norma se sancionó el 30 de diciembre en una jornada histórica. También se promulgará el Programa de los Mil Días.
El aborto legal, seguro y gratuito ya tiene fecha para comenzar a regir en todo el país: el Poder Ejecutivo promulgará la ley -que lleva el número 27.610- este jueves con un acto en el Museo del Bicentenario.
La encargada de confirmarlo fue la senadora Norma Durango (Frente de Todos), titular de la Banca de la Mujer, la comisión que encabezó el debate en el Senado.
A través de su cuenta de Facebook, Durango reveló: “Acabo de recibir el llamado de la ministra de Mujeres, Diversidad y Genero, Elizabeth Gómez Alcorta, para invitarme al acto de promulgación de la Ley IVE el jueves en el Museo del Bicentenario”.
La pampeana adelantó que por cuestiones sanitarias no podrá concurrir: “Lamento no poder ir dado que soy persona de riesgo y me estoy cuidando, pero celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades”.
“Respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que es este un gran avance para la Argentina”, concluyó Durango.
La despenalización y legalización del aborto fue sancionada en una jornada histórica el 30 de diciembre en el Senado con 38 votos a favor, 29 en contra y una sola abstención, del jujeño Guillermo Snopek.
La ley habilita el aborto libre hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
Se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.
El sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.
En el acto previsto para este jueves también se promulgará la ley que creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.
A pesar de la emergencia sanitaria, el Parlamento no dejó de trabajar y lo hizo hasta último momento. El año legislativo transcurrió con temas consensuados y otros conflictivos, y grandes discusiones en torno a la virtualidad. Hubo vaivenes en la relación entre oficialismo y oposición. Un repaso mes a mes.
Por Carolina Ramos
El Congreso venía de sancionar, en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera del gobierno de Alberto Fernández, que declaró nueve emergencias en distintas áreas y delegó amplias facultades en el Poder Ejecutivo. Fue la herramienta que le permitió al presidente iniciar su gestión en un marco de excepcionalidad, aun sin haber comenzado la pandemia.
En su primera sesión del año, el 29 de enero, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda externa y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019, el pacto entre la Nación y los gobernadores por el cual se suspendieron hasta el 31 de diciembre algunos de los compromisos asumidos en los acuerdos de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.
En enero además juró como diputada Gisela Marziotta en reemplazo de Daniel Filmus, quien asumió como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Dos días antes de la apertura de sesiones, el Senado sancionó la denominada “ley de góndolas”, que había permanecido cajoneada tres meses. A pesar del apuro por tratar la norma en el período extraordinario, el Gobierno recién la reglamentó el 15 de diciembre para su entrada en vigencia.
En esa misma sesión, la Cámara alta saldó una deuda de 15 años y aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada recibió aval por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló la cuestión de la legalización del aborto.
Por otra parte, el oficialismo contó con un amplio respaldo de la oposición para sancionar, el 6 de febrero, la ley de sostenibilidad de la deuda externa regida por ley extranjera. Un gesto de apoyo institucional hacia las negociaciones que tenía por delante el ministro de Economía, Martín Guzmán, que días después se presentó ante la Cámara de Diputados. El funcionario asistió a una sesión informativa inédita en el recinto, con características similares a la presentación del jefe de Gabinete.
Pero una de las sesiones más recordadas en Diputados es la que se celebró el 27 de febrero, cuando se desató un escándalo en el recinto por la presencia de Daniel Scioli, avalado como embajador en Brasil. Juntos por el Cambio denunció una maniobra irregular del oficialismo para conseguir el quórum y tratar el proyecto que modificaba los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, sancionado finalmente el 12 de marzo en el Senado.
En la misma sesión de la polémica prestaron juramento dos nuevas diputadas: Liliana Schwindt, en reemplazo del canciller Felipe Solá; y Adriana Cáceres, en lugar de Guillermo Montenegro, electo intendente de Mar del Plata. Ambas asumieron tras librar sendas batallas en la Justicia por la Ley de Paridad de Género, que en sus casos no se aplicó.
Por otra parte, el Senado avaló las designaciones de los embajadores Rafael Bielsa (Chile), Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Sergio Urribarri (Israel), Carlos Raimundi (OEA) y también de Fernando “Pino” Solanas (Unesco), quien falleció ocho meses después en París.
El presidente Fernández inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias, en el marco de una movilización en la Plaza de los Dos Congresos. En un discurso de una hora y veinte, repasó los ejes de su gestión y anunció el envío de varios proyectos, como la reforma judicial -congelada desde septiembre en Diputados-, la legalización del aborto y la creación del Consejo Económico y Social.
Dos días después de la Asamblea Legislativa se conoció el primer caso de Covid-19 en Argentina y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, marcando un punto de inflexión en la historia del país y el mundo. El presidente decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 19 y el Congreso adhirió a la medida. En un gesto de colaboración, Diputados giró 32.700.000 pesos al sistema de salud, en concepto de subsidios y de pasajes no utilizados por las restricciones en la circulación.
Recién a fin de mes, tras una discusión sobre cómo mantener la actividad durante la emergencia sanitaria, se realizó la primera reunión virtual en la Cámara baja: la Comisión de Educación escuchó al ministro del área, Nicolás Trotta, convocado a raíz de la suspensión de clases presenciales. Fue el puntapié inicial para una seguidilla de reuniones informativas con funcionarios.
En otro orden, el Senado dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, que nunca fue tratado. El Frente de Todos dejó de lado su tratamiento al no contar con la mayoría de votos necesaria para la designación, y en cambio impulsó, tiempo después, una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La Cámara alta también discutió en comisión, justo antes del inicio de la pandemia, un proyecto de Guillermo Snopek (Frente de Todos) para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que finalmente no prosperó.
Fue un mes dominado por nuevos cruces entre oficialismo y oposición por la modalidad de funcionamiento de ambas cámaras. El 17 de abril, el presidente mantuvo una videoconferencia con los líderes parlamentarios, que ya habían respaldado el dictado de la cuarentena en una reunión en Casa Rosada.
En Diputados, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y se aprobó en comisión el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió al cuerpo, a través de sucesivas prórrogas, funcionar durante todo el año, con algunas modificaciones a medida que se relajó el aislamiento.
En cuanto al Senado, la Corte Suprema rechazó un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y evitó expedirse sobre la validez de sesiones remotas. El máximo tribunal consideró que la Cámara alta tiene facultad para fijar e interpretar su propio reglamento, y de esa forma dio vía libre al funcionamiento virtual.
Ya se empezaba a hablar, para ese entonces, del denominado “impuesto a la riqueza”, aunque llegaría al Congreso mucho tiempo después.
Diputados realizó el 6 de mayo la capacitación obligatoria de género de la Ley Micaela, con la presencia de la ministra de área, Elizabeth Gómez Alcorta. El encuentro se utilizó como simulacro para las sesiones virtuales y arrojó un resultado desalentador por fallas técnicas, sumadas a la falta de experiencia. Por el contrario, las primeras pruebas del Senado fueron exitosas.
Finalmente, el 13 de mayo se concretaron las primeras sesiones virtuales de la historia. El Senado avaló una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia vinculados a la pandemia -entre ellos, la prohibición de despidos y suspensiones- y Diputados aprobó la exención del pago del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y la denominada “Ley Silvio”.
En esa sesión también juraron como diputados José Luis Patiño, Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, en reemplazo de Elisa Carrió -renunció a su banca-, Daniel Scioli -asumió como embajador en Brasil- y Andrés “Cuervo” Larroque –fue nombrado ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense-.
Ambas cámaras volvieron a sesionar paralelamente el mismo día, el 21 de mayo. El Senado convirtió en ley los dos proyectos aprobados en Diputados y también una nueva regulación para la Cruz Roja, y la Cámara baja avanzó con la receta médica digital y la incorporación de la educación a distancia para casos excepcionales.
La armonía reinante comenzó a quebrarse a fin de mes, cuando el Frente de Todos avanzó con un dictamen de rechazo al DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri que transfirió las escuchas telefónicas desde la Procuración General a la Corte Suprema. También hubo chispazos en otra bicameral donde el oficialismo pidió informes sobre la toma de deuda y la fuga de capitales en el gobierno anterior.
El mes cerró con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y una sesión frustrada convocada por Juntos por el Cambio con el fin de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin control parlamentario. A la bancada presidida por Negri le faltaron cinco legisladores para el quórum.
El Frente de Todos empezó el mes aprobando en el Senado una nueva tanda de DNU, entre ellos el de los “superpoderes” del jefe de Gabinete. También avanzó con la anulación del decreto referido a las escuchas telefónicas. La relación con la oposición, que ya venía algo resentida, empeoró: Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal denunciaron que el bloque de José Mayans se desviaba del acuerdo original de tratar solo temas vinculados a la pandemia.
En ese clima caldeado el Senado volvió a sesionar y, tras la sanción de la ley de educación a distancia, la oposición se desconectó y dejó al oficialismo votando en soledad la ley de alquileres -retomada tras meses de cajoneo- y otro proyecto de Oscar Parrilli que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
Una semana después, la Cámara alta recibió por primera vez en el año a Santiago Cafiero, quien brindó su informe de gestión desde el recinto ante las autoridades presentes y la gran mayoría de los senadores conectados desde sus provincias.
En el Congreso también se coló, con voces a favor y en contra, el tema de la expropiación de Vicentin, anunciada por el presidente y luego descartada. Lo que sí avanzó, aunque a medias, fue la creación de una comisión bicameral para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación. El proyecto, de Oscar Parrilli, fue aprobado en el Senado y nunca más se volvió a hablar de él.
También en junio comenzaron a conocerse los primeros contagios de coronavirus en el mundo de la política. En el caso de Diputados, el sindicalista Walter Correa inauguró el listado, que luego se ampliaría con Carlos Selva, Federico Fagioli, Miguel Bazze y Julio Sahad, entre otros que transitaron la infección sin mayores complicaciones.
Fernández volvió a escuchar los planteos de la oposición parlamentaria en una nueva videoconferencia, aunque primero dialogó con el Pro y la UCR y luego con el resto de los bloques. La Coalición Cívica no participó de ninguno de los dos encuentros, que sirvieron para aflojar la tensión política justo antes de que el Gobierno anunciara una nueva fase de la cuarentena, con aperturas escalonadas.
El 22 de julio, Massa le tomó juramento a Miguel Pichetto como auditor general. El excompañero de fórmula de Macri fue elegido por Juntos por el Cambio para completar hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular de la AGN.
Al día siguiente, el Senado convirtió en ley la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19, un proyecto de Máximo Kirchner. Y se sancionó otra iniciativa reclamada por la primera dama, Fabiola Yáñez, y otras personalidades, para la atención de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y requiere un tratamiento de por vida. También se aprobaron en esa jornada la ley de receta digital y dos proyectos sobre promoción de ingreso a carreras estratégicas y penas para la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual o erótico.
A fin de mes, Cafiero tuvo su debut ante Diputados, donde volvió a defender las medidas tomadas durante la pandemia y habló de un “esfuerzo sin precedentes” desde el Estado. Paralelamente, el Senado sancionaba la ley de teletrabajo sin apoyo de la oposición.
La Cámara baja también avanzó con la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras; y la moratoria impositiva, previsional y aduanera para todos los contribuyentes con deudas vencidas al 31 de julio. Fue tras un debate picante donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para el empresario Cristóbal López.
El mes de julio tuvo otros dos datos salientes: Marisa Graham expuso por primera vez ante la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes; y el presidente anunció en Casa Rosada el esperado proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal, más conocido como reforma judicial, aunque luego Cristina Kirchner negó que lo fuera.
El mismo día que el Gobierno anunciaba un acuerdo con acreedores, Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la reestructuración de la deuda bajo legislación argentina. La Cámara baja también sancionó la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
El 13 de agosto, el Senado avaló la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España y convirtió en ley la moratoria universal, a la vez que dio media sanción a un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia. La Cámara alta sancionó además la ampliación presupuestaria por 1,9 billones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI- para afrontar gastos derivados de la emergencia sanitaria, como los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo).
La reforma judicial fue aprobada el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra, tras dos semanas de tratamiento en comisiones con la participación de funcionarios y especialistas y un fuerte debate en el recinto. El texto tuvo idas y vueltas y a último momento sufrió numerosos cambios que hicieron estallar a la oposición, entre ellos la creación de nuevos juzgados y cámaras federales. Parrilli tuvo que dar marcha atrás con una polémica cláusula que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los “poderes mediáticos”.
En la misma sesión, se renovó hasta el 31 de diciembre la licencia del tucumano José Alperovich, investigado por presunto abuso sexual.
El primer día del mes se vivió otra de las jornadas parlamentarias más calientes del año: Juntos por el Cambio congregó a la mayoría de sus diputados en Buenos Aires para sesionar presencialmente a pesar de la continuidad de la pandemia, mientras que el Frente de Todos y otros espacios de la oposición pretendían continuar con el funcionamiento virtual. Las negociaciones en Labor Parlamentaria se extendieron por siete horas y finalmente no hubo acuerdo: el interbloque conducido por Negri anunció que impugnaría la sesión por la supuesta invalidez del protocolo, que fue renovado sin su aval. Más de 90 diputados de ese espacio coparon el recinto y denunciaron que el quórum fue irregular. La discusión llevó otras seis horas de duros cruces. Finalmente, durante la madrugada, se aprobaron los dos proyectos del temario: el aumento de multas por pesca ilegal y la ley de reactivación del turismo.
En el Senado, el Frente de Todos convalidó el DNU 690/20, por el cual se declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. También se aprobó el decreto que dejó sin efecto la intervención de Vicentin.
La Cámara presidida por Cristina anuló en otra sesión los controvertidos traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior. Los pliegos impulsados por el macrismo fueron rechazados por unanimidad, ya que la oposición se había retirado, esgrimiendo argumentos reglamentarios contra una nueva prórroga del protocolo virtual. A principios de noviembre, la Corte puso fin al entuerto y dispuso que los jueces permanezcan en los cargos a los que habían sido trasladados hasta que se realice el concurso para designar a los ocupantes definitivos.
Tal como indica la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Fernández. El ministro Guzmán expuso los lineamientos el día 22 en el Salón de Pasos Perdidos, donde definió al proyecto como un “puente” hacia la estabilidad económica post-pandemia.
El 24 de septiembre asumió como diputado el neuquino Guillermo Carnaghi en reemplazo de Darío Martínez, designado como secretario de Energía. Aquella sesión tenía como tema principal el proyecto de protección de los activos del Fondo de Garantía De Sustentabilidad (FGS), pero un escándalo inesperado pasó a ocupar el primer plano: un diputado del Frente de Todos, el salteño Juan Ameri, fue sorprendido en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual, y tras haber sido suspendido de inmediato por Massa, finalmente ofreció su renuncia.
En esa misma sesión, Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre medioambiente. Otro proyecto sobre prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales también estaba listo para ser aprobado, pero cambios de último momento impulsados por Fernanda Vallejos provocaron su regreso a comisiones. La iniciativa volvió a recibir dictamen, pero no llegó al recinto.
En otro orden, obtuvo luz verde en el Senado la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas.
En su primera sesión del mes, el Senado introdujo cambios al proyecto de economía del conocimiento, que volvió a Diputados. También dio media sanción al recorte de la coparticipación de la Ciudad, en función de los gastos por el traspaso de la Policía Federal.
Juntos por el Cambio, que rechazó ese proyecto, además sufrió otro revés: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 1 rechazó el amparo presentado por el interbloque para declarar la invalidez de la sesión del 1 de septiembre en Diputados. Un fallo que convalidó el funcionamiento virtual de la Cámara, tal como había sucedido en el Senado meses atrás.
El 7 de septiembre, Diputados aprobó una resolución de repudio a la conducta del salteño Ameri y juró su reemplazante, Alcira Figueroa. Luego se aprobó el proyecto que fijó condiciones en los contratos para la adquisición de vacunas contra el Covid, y se sancionaron tres leyes: la prórroga de la emergencia citrícola en ocho provincias; la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología; y el régimen de economía del conocimiento, con las modificaciones impuestas en el Senado.
El mismo día, Cafiero volvió al Senado para brindar su tercer informe del año. La Cámara alta también aprobó, en otras sesiones, el etiquetado frontal de alimentos; la equidad de género en los medios de comunicación; la regulación de la “telesalud”; y una iniciativa sobre cuidados paliativos. Además, recibió aval el pliego de Roberto Carlés como embajador en Italia.
Otro hecho destacado fue la presentación de Miriam Lewin ante la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. La funcionaria defendió ante los legisladores la creación del Observatorio NODIO contra las fake news.
También recibió dictamen un polémico proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una bicameral para el tratamiento de un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El 28 de octubre, Diputados sesionó por primera vez con mayoría presencial desde el inicio de la pandemia, gracias a un acuerdo entre los bloques. Tras un debate de 17 horas, se aprobó el Presupuesto 2021 con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones -de Juntos por el Cambio-. El mes cerró con la sanción, en el Senado, del proyecto para proteger los activos del FGS, habilitando paralelamente a las provincias a renegociar sus deudas con la ANSeS.
Más allá de la agenda parlamentaria, ambas Cámaras aprobaron sendas resoluciones para prohibir a legisladores nacionales que compren dólares para atesoramiento.
Tampoco faltaron los movimientos políticos: el riojano Felipe Álvarez abandonó Juntos por el Cambio y conformó un bloque de dos junto al santacruceño Antonio Carambia. Días después, la tucumana Beatriz Ávila conformó un bloque unipersonal. Con ella y Carambia, el interbloque presidido por Ramón pasó de ocho a seis integrantes.
El candidato del Ejecutivo para completar la Cámara Nacional Electoral (CNE), Daniel Bejas, recibió el visto bueno en el Senado con los votos del oficialismo y el rechazo de buena parte de la oposición. En la misma sesión avanzaron otros proyectos acordados, entre ellos beneficios laborales y previsionales para trabajadores y contratistas de viñas, y una corrección sobre el pago del aguinaldo a empleadas domésticas.
En Diputados comenzaron a tratarse, por impulso de Juntos por el Cambio, los proyectos de “ficha limpia”, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos.
El 11 de noviembre, el interbloque comandado por Negri intentó sesionar para tratar diversos proyectos de su agenda -como la emergencia educativa y un protocolo nacional de circulación-, pero solo reunió 85 diputados presentes. Massa declaró fracasada la sesión y comenzó otra donde se votaron la declaración de 24 capitales alternas; la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito para comerciantes; una iniciativa contra la deserción escolar; y una campaña contra el grooming.
El mes de noviembre también estuvo marcado por un suceso inédito: en el Senado se descubrió que al proyecto de Presupuesto le faltaban planillas y tuvo que volver a Diputados para su sanción definitiva, el 17 de noviembre. Ese día también se aprobó el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, un tema del que se habló durante meses pero recién ingresó a la agenda parlamentaria hacia fin de año. El proyecto, que creó un gravamen por única vez sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, fue convertido en ley el 4 de diciembre.
Mientras Diputados trataba el aporte solidario, el presidente anunció, tras meses de incertidumbre y presión por parte del movimiento feminista, el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. El debate empezó al poco tiempo en las cuatro comisiones intervinientes con la participación de alrededor de 70 expositores, entre funcionarios y especialistas, muchos de los cuales ya habían desfilado por el Congreso en 2018.
A diferencia del Senado, donde el oficialismo no tuvo inconvenientes en extender el funcionamiento virtual hasta marzo, en Diputados Juntos por el Cambio opuso mayor resistencia: en una sesión caldeada, legisladores de ese espacio denunciaron una convocatoria irregular y pidieron un sinfín de cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. La razón que se escondía detrás de esa maniobra era la de dilatar el tratamiento del proyecto sobre la coparticipación porteña, que finalmente fue aprobado, aunque con cambios.
Otro de los temas picantes del mes fue la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El oficialismo logró aprobar el proyecto en el Senado con toda la oposición en contra, tras una serie de reuniones informativas en comisiones y en medio de un intento indisimulado por desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de distintas acciones en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. El Frente de Todos eligió tomar ese camino en lugar de avanzar con el pliego de Rafecas, que no reunía los dos tercios necesarios. Por ese motivo se estableció que el procurador podrá nombrarse con mayoría absoluta -la mitad más uno- y que su mandato ya no será vitalicio sino que durará cinco años. El debate continuará en sesiones extraordinarias.
La agenda medioambiental también estuvo presente: se sancionó la “Ley Yolanda” de capacitación a funcionarios de los tres poderes del Estado, así como la modificación de la Ley del Manejo del Fuego, y recibió dictamen favorable en Diputados la ley de humedales, aunque no llegó al recinto.
Finalmente, la muerte de Diego Maradona tuvo su eco en el Congreso: el Senado realizó una sesión exclusiva de homenaje y en Diputados también se recordó al ídolo futbolístico.
El último mes del año arrancó con la ratificación de Massa como presidente de Diputados y la renovación de las restantes autoridades, a excepción del vicepresidente primero, Álvaro González, que fue reemplazado por otro hombre del Pro, Omar De Marchi.
Horas después de la sesión preparatoria, se firmó el dictamen a favor de la legalización del aborto, en un plenario de comisiones que se realizó en el recinto para respetar el distanciamiento social. El texto del Ejecutivo recibió cambios y se trató al día siguiente, en un clima de expectativa por el voto de alrededor de una veintena de indefinidos. El debate, más calmo que el de 2018, duró 20 horas y media y fue seguido de cerca por varios funcionarios del Gobierno que se acercaron al Congreso para respaldar la ley. El final fue todo festejo “verde”: el proyecto se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, con una movilización en las calles a pesar de la pandemia. Acto seguido, recibió aval el “Programa de los Mil Días”, que establece distintas medidas de asistencia para acompañar a las mujeres con embarazos deseados y a sus hijos durante la primera infancia.
Mientras se desarrollaba en Diputados esa jornada histórica, el Senado sesionó en un segundo plano, aunque con un proyecto no menos importante: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que reemplaza a la que rigió en la gestión anterior y que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, sin contemplar la inflación.
En la última semana del año, el 29 de diciembre fue un “supermartes” en el que se invirtieron los debates en ambas cámaras: el Senado debatió el tema del aborto, mientras en Diputados el oficialismo convertía en ley la nueva fórmula jubilatoria. Fue en el marco de un debate de 10 horas, que concluyó con la aprobación por 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.
El debate sobre el aborto duró 12 horas y concluyó poco después de las 4 de la madrugada con la histórica aprobación por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. A continuación, en un breve debate se convirtió en ley el Plan de los Mil Días, iniciativa complementaria de la ley de IVE impulsada también por el Ejecutivo para acompañar el embarazo y la crianza de niños y niñas hasta los tres años.
Algunos legisladores participaron del encuentro de forma virtual. También asistieron ministros. Señal de unidad tras la votación del aborto legal en el Senado y un adelanto de los temas que se vienen.
El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles en la residencia de Olivos a 62 diputados del bloque oficialista para cerrar el año y mostrar una foto de unidad tras la votación del aborto legal durante la madrugada en el Senado.
El encuentro fue organizado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y los legisladores del interior que se encuentran en sus provincias participaron por videoconferencia.
A Olivos asistieron, además de Massa, el presidente del bloque, Máximo Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Mario Meoni (Transporte) y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, entre otros.
Durante el encuentro, Fernández le pidió a sus diputados que el año próximo trabajen en el proyecto de reforma judicial, que ya cuenta con media sanción del Senado pero está trabado en la Cámara baja.
Además, el presidente adelantó que enviará al Congreso más proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, en función del trabajo que realizó el Consejo Consultivo del Gobierno.
Así lo informó el diputado Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, quien ofició de vocero en una rueda de prensa.
Se realizó además un balance del año y, según destacó Tailhade, “la Cámara sesionó el doble de lo que lo hizo en 2018 y 2019”, aprobándose más de 60 leyes.
El Presidente alentó a los diputados “a seguir trabajando de esta manera, a no bajar los brazos”, y en el brindis “hubo un relevamiento logros y conquistas”.
En ese contexto, contó Tailhade, Fernández “habló de las 20 verdades que hoy publicó la prensa, que son 20 logros de gestión”.
Denunció que recibió “mensajes intimidatorios” de uno y otro lado y, aunque dijo que “abraza la causa celeste”, hizo un llamado de atención sobre “qué pasó en las últimas décadas” con los programas de educación sexual.
Una de las sorpresas de la votación de esta madrugada en el Senado fue la ausencia de la riojana Clara Vega (Mediar Argentina), quien habló en la sesión cerca de la medianoche pero no se conectó para el momento decisivo. Lo cierto es que en su discurso, la legisladora dejó señales ambiguas y, por otra parte, denunció que recibió “mensajes intimidatorios” de uno y otro lado.
“Desde el Congreso y desde el Ejecutivo debemos convocar a la ciudadanía, porque la aprobación o no de esta ley no va a cambiar grandes cosas para la Argentina, pero sí la decisión de cada uno, ya sean celestes o verdes, debe continuar porque es su convicción, porque es su lucha. Más allá de que se apruebe hoy la ley, la lucha de los celestes no termina, porque su convicción es acompañar a aquella mujer indecisa, a aquella persona que está en un momento difícil y que tiene que tomar esa gran decisión”, arrancó Vega.
Y agregó: “Es más, si se aprueba la ley, lo que debe hacer este gran movimiento (celeste) es que esa ley caiga en desuso y que ninguna mujer opte por abortar”.
Luego, Vega confesó: “Yo abrazo la causa celeste, porque mi provincia lo ha decidido así. Todo el norte argentino, en su mayoría, abraza la causa celeste. Pero eso no me hace estar ciega ni sorda sobre todos los casos de abusos que hay en el interior y en el interior del interior. En muchos casos, hay todo un manto de complicidad que obliga a esas pequeñas niñas, que no están preparadas ni física ni psicológicamente, a que sean madres, a que lleven ese embarazo no buscado, no deseado”.
“Por eso es necesario el trabajo del Estado en este sentido. Si bien es cierto que los casos de abuso no hacen ninguna diferencia de clases, es la responsabilidad del Estado estar a la par de los más vulnerables. Por eso, necesitan sí o sí del acompañamiento de todos los organismos, de todas las instituciones: nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo.
Tras señalar que “le costó mucho” definir su posición y su discurso, advirtió que el proyecto del Poder Ejecutivo, “lejos de acercar posiciones, ahondó aún más la grieta, y lo que tenemos que buscar son puntos de consenso”.
“En cuanto a la situación de cada uno de los senadores, les quiero decir que estoy con cada uno y cada una, porque sé que deben haber pasado la misma situación que pasé yo hasta hace momentos. En efecto, recibí mensajes de uno u otro lado. Pareciera que se viniera el fin del mundo de acuerdo con la decisión que tomemos”, lamentó.
Además, la senadora indicó que “están también los distintos sectores de poder que han puesto una espada de Damocles en la cabeza de cada uno de nosotros, haciéndonos creer que, de acuerdo con la decisión que tomemos, salvamos a la Argentina o no, salvamos al mundo o no. Y, en realidad, cada sector de poder se debe hacer cargo de las decisiones que toma”.
“Sin embargo, hubo ciudadanos de distintos puntos del país que se tomaron la licencia de enviarnos distintos mensajes, en muchos casos intimidatorios. Por ahí, a cualquier hora del día, tenían nuestros teléfonos, nuestros mails, atacándonos en las redes sociales, sin entender que nosotros, además de la representación, también cargamos con toda una mochila que tiene que ver con las creencias, con lo cultural y con lo que defiende la ciudadanía que representamos”, planteó.
La senadora del Interbloque Parlamentario Federal continuó: “Una de las cosas que no he visto durante el desarrollo del debate es interpelarnos qué pasó en estas dos últimas décadas con tantas leyes, con tantos programas que hacían referencia a la salud sexual y reproductiva, al tema de la profilaxis. ¿Qué pasó con todo eso que hoy estamos debatiendo una ley extrema? Esas son las interpelaciones que tenemos que realizarnos, más allá del resultado de esta noche”.
“Como defensora de los derechos de las mujeres, les digo que soy y seré siempre una defensora de ellos, y que no considero que el aborto legal y gratuito sea la última etapa –quizás, algunos consideren que es un escalón más–, porque la verdadera pelea que debemos dar las mujeres es por lograr la igualdad en los espacios de poder, en los lugares de toma de decisión”, consideró.
Por último, concluyó que “más allá del resultado de esta noche, creo que ningún sector se puede tomar la posibilidad de festejar, porque de uno u otro lado se habla de muerte”.
El detalle nombre por nombre, tras la jornada histórica donde se convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (Frente de Todos) – A favor
CATAMARCA
Inés Blas (Frente de Todos) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (Frente de Todos) – En contra
CHACO
María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) – A favor
Antonio Rodas (Frente de Todos) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra
CHUBUT
Nancy González (Frente de Todos) – A favor
Alfredo Luenzo (Frente de Todos) – A favor
Mario Pais (Frente de Todos) – A favor
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (Frente de Todos) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor
CÓRDOBA
Carlos Caserio (Frente de Todos) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor
CORRIENTES
Ana Almirón (Frente de Todos) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos) – En contra
ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (Frente de Todos) – A favor
Stella Maris Olalla (UCR) – A favor
FORMOSA
María Teresa González (Frente de Todos) – En contra
José Mayans (Frente de Todos) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor
JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (Frente de Todos) – Abstención
LA PAMPA
Norma Durango (Frente de Todos) – A favor
Daniel Lovera (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra
LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (Frente de Todos) – Ausente
Clara Vega (Mediar Argentina) – Ausente
MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor
MISIONES
Maurice Closs (Frente de Todos) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra
NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – A favor
Oscar Parrilli (Frente de Todos) – A favor
Silvia Sapag (Frente de Todos) – A favor
RÍO NEGRO
Martín Doñate (Frente de Todos) – A favor
Silvina García Larraburu (Frente de Todos) – A favor
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor
SALTA
Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) – A favor
Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra
SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (Frente de Todos) – En contra
Rubén Uñac (Frente de Todos) – En contra
SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) – Ausente
SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (Frente de Todos) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra
SANTA FE
Roberto Mirabella (Frente de Todos) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) – A favor
SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos) – En contra
Gerardo Montenegro (Frente de Todos) – En contra
José Neder (Frente de Todos) – En contra
TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (Frente de Todos) – A favor
Matías Rodríguez (Frente de Todos) – A favor
TUCUMÁN
José Alperovich (Frente de Todos) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (Frente de Todos) – A favor
Con un fuerte lobby del Gobierno, los “verdes” se alzaron con la victoria tras el rechazo del proyecto hace dos años. Las últimas incógnitas terminaron de develarse durante la noche y la votación resultó 38 a 29, con una abstención y cuatro ausencias. El Ejecutivo aplicará un veto parcial que fue consensuado con los senadores.
Por Carolina Ramos
Esta vez sí: el aborto en Argentina ya es legal. El Senado le puso el broche de oro a un debate reinstalado por el movimiento feminista y aprobó, por una diferencia de nueve votos, el proyecto que habilita a las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de gestación, de forma voluntaria y gratuita y con acompañamiento del Estado.
La victoria “verde”, enmarcada en una imponente movilización en las calles, fue finalmente por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, del jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos), que en 2018 había votado negativamente y fue una de las grandes sorpresas de la jornada.
Pero además, para ampliar la diferencia fueron claves las ausencias de dos “celestes”, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y la riojana Clara Vega (Mediar Argentina). Los otros senadores que no participaron de la votación fueron Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de licencia-.
Las incógnitas que había en la previa se terminaron de despejar durante la noche, con discursos a favor por parte de tres indefinidos: el oficialista Sergio “Oso” Leavy, de Salta; la radical Stella Maris Olalla, de Entre Ríos; y la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 había sido la única en abstenerse. Sumó también su voto favorable el entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos, que se había anotado en la lista de oradores pero luego se bajó.
Durante la jornada, varios funcionarios se mostraron en los palcos del recinto y en el Salón Azul, entre ellos las dos principales impulsoras de la ley: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con la sanción, el Gobierno pudo celebrar el cumplimiento de uno de los ejes de su campaña electoral.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, por su parte, se mostró poco. Asistió para abrir la sesión y luego, como suele hacer, se retiró para regresar al final, dejando la mayor parte de la conducción en manos de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, y el vicepresidente Martín Lousteau (UCR-Evolución). La posibilidad de un desempate, demasiado extrema, se esfumó enseguida.
Antes del inicio de la sesión, una de las referentes antiabortistas, la tucumana Silvia Elías de Pérez, realizó una conferencia de prensa y denunció “presiones nunca antes vistas” por parte del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley. Anunció que la discusión no se cerró este miércoles sino que continuará en la Justicia, donde plantearán la inconstitucionalidad.
Lo cierto es que desde la Casa Rosada participaron de forma activa en las negociaciones y así fue como se concedió un pedido clave a un senador de la oposición: el rionegrino Alberto Weretilneck. El Ejecutivo aplicará un veto parcial y de esa forma el exgobernador patagónico garantizó su voto favorable.
Se trata de una modificación que no altera el espíritu de la ley: según explicó la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, se vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo como hasta hoy las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), es decir, aquellas situaciones donde el aborto no es punible -violación o riesgo para la salud o la vida de la mujer-.
El debate fue una nueva muestra de una grieta insalvable. Se repitieron los argumentos a favor y en contra de la legalización: por un lado, la necesidad de que las mujeres puedan tener autonomía sobre sus cuerpos y no mueran en abortos clandestinos; y por otro, la defensa de la vida desde la concepción y la noción del aborto como un “fracaso” del Estado a la hora de prevenir embarazos no deseados.
Al abrir la discusión, que se extendió durante 12 horas, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”, y sostuvo a su vez que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.
La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.
Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango planteó: “Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”. Y, tras la pregunta retórica, insistió en que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.
Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.
Por el rechazo, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que la ley demuestra “un fracaso estrepitoso del Estado” y aludió al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que “la existencia de las personas humanas comienza con la concepción”. “Nosotros no titubeamos con las palabras, no buscamos eufemismos para referirnos a la vida”, reprochó.
Asimismo, explicó que “este proyecto deja solas a las mujeres, porque solo se les ofrece el aborto y nada más”, y negó que el Programa de los Mil Días brinde un acompañamiento, porque -consideró- “solo es declarativo y a tiempo futuro”.
“Aprobar este proyecto es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado: como no pudimos garantizarle la seguridad a las mujeres, como fuimos incapaces de evitar que niñas y adolescentes sean abusadas, como no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de salud de calidad, como no nos vamos a ocupar de garantizar las condiciones para que ninguna mujer muera por una hemorragia en una sala de partos… entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.
En el recinto se respetaron las medidas de distanciamiento social: como establece el protocolo de funcionamiento remoto, tuvieron sus lugares asegurados los vicepresidentes Lousteau y Laura Rodríguez Machado (Pro); dos senadores por el Frente de Todos; otros dos por Juntos por el Cambio; y uno por cada bloque minoritario.
Los legisladores se las arreglaron para turnarse en las bancas y de ese modo varios tuvieron su postal en el recinto. Oficialistas como María Inés Pilatti Vergara y Ana Almirón, ambas con discursos de alto voltaje, lucieron atuendos y pañuelos verdes. La puntana Eugenia Catalfamo -que en 2018 fue la única ausente por un embarazo- se tomó revancha y esta vez estuvo presente. Y dos fueguinos, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, viajaron desde Tierra del Fuego para participar físicamente de la sesión.
Vea también: La sesión por el aborto legal, en fotos
Por el Congreso pasaron, además, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; y referentes históricas de la lucha por el aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis. También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, que cruzó desde la Cámara de Diputados, donde presenció el debate sobre la nueva movilidad jubilatoria.
Al momento de los cierres, Weretilneck ratificó su voto a favor y el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) lo hizo en contra. Luego fue el turno de Elías de Pérez, que insistió en que “toda vida vale, sin discriminación entre deseados o no deseados, sin que importe el color de piel, la clase social, si es una persona del interior o de la capital. Por lo tanto, toda vida tiene que ser cuidada y protegida”.
La tucumana repitió que el aborto “significa que el Estado ha tirado la toalla” y que el proyecto enviado por el Ejecutivo “no trae nuevas libertades, tampoco nuevos derechos: lo que sí nos trae es la negación del acceso a la vida”.
A continuación, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff remarcó que la ley no alienta a las mujeres a abortar. “¡Se aborta en nuestras narices, ocurre, es un dato de la realidad!”, exclamó, y con ese mismo tono enérgico, aseveró: “¡Nadie quiere el aborto! ¡No lo quiere la ley! La ley protege las desigualdades, y el punto de partida son la clandestinidad y la pobreza”.
“Estamos hablando de un Estado cómplice que deja hacer”, advirtió el formoseño, y subrayó que “no es un tema menor garantizar a todas las mujeres argentinas el acceso a la salud pública”.
En el mismo sentido, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “lo que realmente molesta” al sector antiabortista “es la libertad de las mujeres” y el “poder de decidir”. “No tienen empatía con las miles de mujeres que toman la decisión de abortar”, lamentó.
Además, señaló que “no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, de las abuelas, de todas. Gracias al debate nos enteramos que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden decir”.
Fernández Sagasti también destacó que con la sanción de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías”.
De todos modos, la senadora coló la cuestión partidaria: “Soy feminista porque soy peronista, y que el Ejecutivo nacional peronista haya mandado esta ley hace la alquimia perfecta entre el feminismo y el peronismo”.
El último discurso quedó para el titular del bloque, José Mayans, que una vez más no ocultó su malestar por el tratamiento de este proyecto. Interpretó que para habilitar el aborto voluntario “hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a los tratados internacionales”, porque de lo contrario “es un país sin ley donde cada uno hace lo que quiere”.
“El presidente, los legisladores y los miembros del Poder Judicial están obligados a cumplir la Constitución”, aseguró, y continuó: “Estamos de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres, con la autonomía y las libertades, siempre y cuando no dañe a terceros, como dice el artículo 19 de la Constitución, porque en todo derecho hay un límite, que es donde empieza el derecho del otro”.
Mayans denunció que “hay distintos estatus: para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. Para el niño no deseado es la pena de muerte. El Estado no puede hacer eso, porque en Argentina no existe la pena de muerte”.
Con el correr de la noche, tres senadores indefinidos confirmaron su voto verde. La primera fue la radical Olalla, quien habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.
“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.
Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.
Poco tiempo después fue el turno de Crexell, que reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.
“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció la neuquina, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.
Al sumar razones a su voto positivo, coincidió con Olalla en que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.
Por su parte, el salteño Leavy manifestó: “Personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto. Ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.
Al comparar este debate con el de 2018, cuando votó en contra, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.
“Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”, sintetizó.
Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.
Entre los “tapados” estaba ni más ni menos que el jujeño Snopek, que si bien no acompañó el proyecto, decidió abstenerse y así facilitó la sanción de la ley. Una señal política que fue leída, en parte, como un contraste con el gobernador Gerardo Morales, decididamente “celeste”.
En un breve discurso, Snopek aclaró que sigue creyendo en que “la vida comienza desde la concepción”, pero reconoció que “en los últimos dos años no hicimos absolutamente nada” para resolver la cuestión. El senador advirtió que “Jujuy tiene uno de los niveles más altos de suicidios por embarazos adolescentes, por arriba de la media del país, y el gobierno provincial no trabaja para prevenirlo”.
El oficialista pidió, entonces, una consulta popular, y dejó un mensaje para Fernández: “Él tiene la responsabilidad, se apruebe o no, de que en el próximo proceso electoral sea el pueblo, a través del voto, el que decida si esta ley es legítima”.
La norma sancionada legaliza el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.
Lea también: Los puntos principales del proyecto de aborto que trata el Senado
Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
En el Salón de Pasos Perdidos se vio a muchos pendientes del desarrollo de la sesión en la Cámara alta, donde trataban la media sanción dada semanas atrás en la Cámara baja.
Más allá de la sesión importante que se desarrollaba en el recinto de la Cámara baja, muchos diputados y diputadas se instalaron durante largos pasajes en el Salón de Pasos Perdidos para seguir por TV el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Senadores.
Fotos: HCDN
La senadora anunció durante la sesión su voto verde y en su domicilio en Bariloche colocaron cruces con baberos.
La senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos) sufrió un fuerte escrache en su domicilio en Bariloche, Río Negro, luego de cambiar de postura y confirmar su voto a favor de la legalización del aborto.
En el frente de la casa de la senadora, manifestantes colocaron cruces rodeadas por baberos, y la postal se difundió en distintos medios patagónicos.
Al intervenir en la sesión, García Larraburu ratificó su acompañamiento al proyecto, a diferencia de 2018, cuando había votado en contra.
“Desde una fuerte base peronista, entiendo que debemos acompañar una ampliación de derechos. Estoy orgullosa de afirmar que hoy en la Argentina la mujer es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”, anunció.
Un repaso por los aspectos destacados de la iniciativa que se convirtió en ley en una sesión histórica.
La entrerriana Stella Maris Olalla intervino en la sesión y reveló que acompañará el proyecto. De esa forma, la proyección arroja 37 votos afirmativos, 32 negativos y solo uno sin confirmar.
Crece la diferencia a favor del aborto legal y la aprobación del proyecto en el Senado está prácticamente asegurada. Tres de los indefinidos -la entrerriana Stella Maris Olalla, la neuquina Lucila Crexell y el salteño Sergio "Oso" Leavy- , confirmaron por la noche su voto afirmativo y de ese modo hicieron crecer la tendencia “verde”.
Con las dudas despejadas acerca de Olalla, Crexell y Leavy, el conteo realizado por parlamentario.com arroja 37 votos afirmativos, 32 negativos y solo uno sin confirmar: el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos).
Minutos después de las 22.30, Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, confirmó que el senador -que se encuentra internado en grave estado- no podrá participar de la votación, lo que significa un voto "celeste" menos.
Tras permanecer en silencio en todo momento, Olalla pronunció un discurso donde sostuvo que con el aborto legal “se conquistaría una nueva causa”.
La senadora hizo referencia a la definición del concepto de salud acuñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “desde 1.948”, donde “puntualmente dice que la salud es un estado completo de bienestar, fundamentalmente físico, mental y social”.
Agregó que “los tratados internacionales firmados y comprometidos por la República Argentina ratifican lo expresado por la OMS más o menos en los mismos términos”.
Olalla habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados, “no solamente de la Capital Federal sino de las provincias”, y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.
“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.
Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.
Poco tiempo después fue el turno de Crexell, quien indicó que “a pesar del rechazo del proyecto que se puso a consideración” en 2018, “el debate siguió presente en la agenda social y política”.
“Reafirmo la necesidad de escuchar y respetar todos los argumentos, porque representan ideas presentes en nuestra sociedad y es correcto que el Congreso sea la caja de resonancia de todas esas miradas”, planteó.
La neuquina reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación, y dijo: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.
Crexell enfatizó que el tema “no admite posiciones absolutas ni respuestas obvias”, y añadió que “no es un debate fácil ni cómodo ni para quedar bien con nadie”.
“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.
Al sumar razones a su voto positivo, consideró al igual que Olalla que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.
Por su parte, Leavy manifestó: “La verdad es que personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto; ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.
“Hay mujeres que hacen un esfuerzo sobrehumano para ser mamás, pasan por tratamientos y muchas dejan parte de su vida, hacen de todo para ser mamás… hay otras mujeres que con la misma fuerza, contra viento y marea, deciden no ser madres e interrumpir su embarazo”, observó.
Al comparar este debate con el de 2018, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.
“Lo que me hizo tener esta mirada es la ley de los Mil Días, una ley completamente antiaborto con acompañamiento económico, de salud e información”, agregó.
Leavy sostuvo que “hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”.
Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.
Las imágenes de la histórica jornada en el Senado.
CRÉDITO DE LAS FOTOGRAFÍAS: COMUNICACIÓN SENADO
En un discurso sobre habló de patriarcado, de deconstrucción y de las futuras generaciones, la rionegrina confirmó que acompañará el proyecto, a diferencia de 2018.
“Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”. Con un discurso donde no pudo ocultar su emoción, la senadora Silvia García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro) confirmó que esta vez, a diferencia de 2018, acompañará el proyecto de legalización del aborto.
Conectada a la sesión desde su provincia, García Larraburu contó una historia en primera persona y señaló que “la maternidad siempre estuvo asociada, lamentablemente, a la condición de mujer”.
“Todas, en mayor o menos medida, fuimos víctimas de un sistema creado por y para hombres. Ahora lo vemos, le podemos nombre: esa normalidad es el patriarcado y ese proceso se llama deconstrucción”, observó.
La legisladora reconoció que “no es fácil deconstruirse” porque “tambalea las estructuras”.
“Estamos atravesando un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma lo lideran las luchas feministas y ambientales “, destacó.
Al referirse a su postura personal, expresó: “Aprendí que nada puede detener el avance de la historia, y la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”.
En ese sentido, recordó que “todas las leyes que ampliaron derechos en su momento fueron resistidas por algunos sectores”, y puso como ejemplos el voto femenino, el divorcio y el matrimonio igualitario.
“Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme, de analizarme, de involucrarme con los cambios de paradigma, con las luchas, con los anhelos de las nuevas generaciones, porque en definitiva, estamos legislando para el futuro”, manifestó García Larraburu.
Y agregó: “En este tiempo aprendí que más allá de mi postura personal o de mi sistema de creencias, estamos ante una problemática que requiere un abordaje de política pública”.
La senadora indicó que el proyecto de aborto legal enviado por el Poder Ejecutivo es una “propuesta integral, superadora, que dialoga con el Plan de los Mil Días, pensado para que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.
Finalmente, afirmó: “Soy la misma senadora que en este tiempo decidió seguir escuchando a todas las partes, analizando diferentes situaciones, recibiendo testimonios, pero sobre todo con un profundo respeto al que piensa distinto”.
“Desde una fuerte base peronista, entiendo que debemos acompañar una ampliación de derechos. Estoy orgullosa de afirmar que hoy en la Argentina la mujer es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”, concluyó.
Además, la senadora “celeste” anunció que si se sanciona la norma irá a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad. Lo dijo en una conferencia de prensa previa a la sesión.
La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) denunció “presiones nunca antes vistas” del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley de aborto, y anunció que si se aprueba, irá a la Justicia. Lo dijo al realizar una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, poco antes del comienzo de la sesión.
“Estamos a minutos de empezar a debatir y tenemos un final absolutamente abierto. La votación depende de que los senadores sigan sus convicciones, que han reiterado muchas veces a lo largo de este tiempo, o de que cedan a las presiones que nunca antes hemos visto en la persona del presidente de la Nación, Alberto Fernández”, advirtió.
La tucumana sostuvo que “lo que está haciendo el presidente Fernández ha superado todos los límites de lo tolerable. Está presionando él, personalmente, a distintos senadores y senadoras”.
Por otra parte, señaló que “hay un empecinamiento del presidente contra los más vulnerables: en Diputados van a aprobar una fórmula de movilidad jubilatoria que perjudicará a los abuelos y en el Senado directamente se va contra los más indefensos”.
Finalmente, Elías de Pérez anunció: “Salga lo que salga la votación esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad”.
Norma Durango anunció que el Poder Ejecutivo aplicará un veto parcial a la futura ley, con una modificación propuesta por el rionegrino, que de esta forma garantiza su apoyo.
El Poder Ejecutivo vetará parcialmente la ley de aborto, si es sancionada, contemplando una de las modificaciones que pedía el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que de esta forma garantizó su voto a favor del proyecto. Así lo anunció Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, al abrir el debate de este martes en la Cámara alta.
La pampeana recordó que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se había incorporado una pequeña modificación al artículo 86 del Código Penal vigente, que establece en sus incisos 1 y 2 las causales de no punibilidad del aborto. El objetivo fue adecuar la redacción que rige desde 1.921 a los estándares jurisprudenciales.
Sin embargo, anunció Durango, “dadas las inquietudes que ha generado esa actualización propuesta en la redacción, hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto de ley en caso de ser sancionado, a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta”.
De esta forma, el Ejecutivo vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) vigentes desde 1.921, “para que sigan como hasta hoy”.
Tras este anuncio, fuentes cercanas a Weretilneck confirmaron que el senador -que terminó hablando de madrugada, en los cierres- iba a votar a favor del proyecto, y otros legisladores podrían seguir sus pasos.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (Frente de Todos), aseguró al abrir el debate de este martes que “la alternativa es aborto legal o clandestino”, y sostuvo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”. Conectada desde su despacho, Durango destacó que “hoy es un día de […]
La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (Frente de Todos), aseguró al abrir el debate de este martes que “la alternativa es aborto legal o clandestino”, y sostuvo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.
Conectada desde su despacho, Durango destacó que “hoy es un día de esperanza” ya que el debate sobre el aborto coincide con el del Programa de los Mil Días y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19. “Los tres son para cuidar la vida y la salud de los argentinos. Esto es lo que llamamos justicia social”, resaltó.
La pampeana sostuvo que “una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
“Vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino”, proclamó.
La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.
Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”.
“Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”, se preguntó, y al detallar los puntos principales del proyecto, anunció que el Poder Ejecutivo aplicará un veto parcial a la ley, quitando el concepto de “integral” vinculado a la salud.
La senadora dijo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”, y agregó que a la mujer “nunca se la pone tan en el centro de la escena como en este tema”.
“Dejemos de ser hipócritas: dejemos que las mujeres decidamos sobre nuestras vidas”, subrayó, y añadió que la maternidad debe ser “un derecho y no una obligación”.
Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.
Por último, la pampeana señaló que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.
La histórica sesión empezó a las 16 y duraría unas 12 horas. Solo hay cuatro legisladores que no confirmaron su voto y, en principio, el conteo arroja 34 a favor y 33 en contra. También se trata el Programa de los Mil Días.
Comenzó una nueva jornada histórica: desde las 16, el Senado debate el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto y, a diferencia de 2018, el sondeo previo arroja un resultado afirmativo, con 34 votos a favor, 33 en contra y solo cuatro indefinidos. Cincuenta y nueve senadores se anotaron para hablar sobre el proyecto, que se de esa forma se votaría cerca de las 4 de la mañana del jueves.
Luego será el turno del debate del denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a la mujer durante todo el embarazo y la primera infancia del hijo. Para esta segunda iniciativa hay solo cuatro oradores, por lo que la sesión terminaría, según las estimaciones, cerca de las 5 de la mañana.
Con una imponente movilización en las calles a pesar de la pandemia del Covid-19, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara de Diputados tiene posibilidades de ser convertido en ley. A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación.
En el recinto de la Cámara alta se encuentran presentes, además de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro), sumados a dos representantes por cada bloque, según lo estipula el protocolo de funcionamiento remoto.
Lea también: En qué consiste en proyecto de legalización del aborto
Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización y 33 la rechazan, pero los “celestes” bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta en la votación, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.
Si bien había circulado la posibilidad de que el proyecto sufriera cambios para afianzar la ventaja “verde”, eso se evaluará en la reglamentación. El impulsor de las modificaciones fue el rionegrino Alberto Weretilneck, quien se encamina a votar favorablemente si el Gobierno atiende al menos algunos de sus pedidos.
Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto. Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR.
Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.
El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.
La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
En la previa del debate definitorio en el Senado, militantes antiabortistas se pronunciaron en las calles. También hubo marchas en el interior.
Con una gran convocatoria, a pocas horas del debate que podría poner fin o aprobar el proyecto de despenalización del aborto en la Cámara alta, las organizaciones coordinadas por Marcha por la Vida Argentina, junto a la presencia de todas las ONG celestes y algunos sindicatos y demás organizaciones que adhirieron a la misma, realizaron una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo y luego marcharon por Avenida de Mayo hasta el Congreso Nacional.
Allí mismo a bordo de un camión que hizo las veces de escenario móvil, los “celestes” realizaron un acto central conducido por Alejandro Geyer (coordinador de la Marcha por la Vida) y Ayelén Alancay, de la Fundación Más Vida (la mayor entre los antiaborto), que contó con diferentes voces celestes, entre las cuales se encontraban Agustín Laje, Viviana Canosa y Raúl Magnasco, del Partido Celeste.
La movilización también contó con la presencia de la Virgen de Luján, traída exclusivamente para la marcha y que se quedará hasta el final de la votación, que se estima tendrá lugar en la madrugada del miércoles. Asimismo se destacó la presencia de algunas organizaciones sindicales, veteranos de Malvinas, asociaciones Gauchas y tradicionalistas, y productores agropecuarios que se sumaron a la convocatoria. El acto se desarrolló hasta las 21, aproximadamente, y contó con gran cantidad de participantes, muchos de los cuales estimaban quedarse de vigilia hasta el día de la votación.
Raul Magnasco aseguró que a “la marcha representa el reclamo de la población sobre un intento infame de legislar contra la voluntad el pueblo que quiere Vida y no muerte, ya que el aborto representa un fracaso como sociedad y mucho más como Estado, lo que prueba porqué los pocos países que aún disponen de aborto legal están restringiendo las causales o simplemente aboliéndolo, como Estados Unidos”.
Respecto de las expectativas sobre el debate en el Senado, Ayelén Alancay informó que “nadie puede asegurar qué pasará; no obstante esperamos que los senadores representen la voluntad de su pueblo, y que no lo traicionen. No aceptaremos que voten aborto y luego se queden en Buenos Aires a la espera de que se apacigüen los ánimos en su provincia, como indicó infamemente un diputado. Esperamos no se repitan las mismas equivocaciones de diputados”.
Hubo también manifestaciones en grandes ciudades del interior, como la capital cordobesa y Bahía Blanca.
La jefa del bloque del Frente de Todos en Río Negro emitió un comunicado donde destacó el “coraje” y la “convicción” de la senadora nacional, que en 2018 había rechazado el proyecto.
Se confirmó finalmente que la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) votará este martes a favor de la legalización del aborto, luego de haber rechazado el proyecto en 2018, cuando fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana.
La sospecha del cambio de postura de García Larraburu se encendió cuando la legisladora estampó su firma en el dictamen, el pasado 17 de diciembre.
Si bien la barilochense no hizo declaraciones, quien terminó por confirmar su voto afirmativo fue la jefa del bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos, María Eugenia Martini, quien destacó el “coraje” y la “convicción” de García Larraburu.
“Celebro y felicito la firme actitud de los senadores del Frente de Todos y su apoyo decidido a esta ley”, expresó Martini, y en particular destacó “la convicción de nuestros senadores provinciales, Martín Doñate y Silvina García Larraburu (quienes ya adelantaron sus votos positivos), coherentes con la legislación de avanzada que tiene Río Negro”.
“Es un tema urgente de salud pública, es justicia social, y es una reivindicación que ya lleva más de cien años de marchas y contramarchas en la Argentina”, expresó la legisladora provincial.
A su vez, Martini señaló que “el proyecto de despenalización del aborto es una decisión que requiere debate y también coraje, como lo exigieron las leyes de divorcio y de matrimonio igualitario”, y reconoció que “no son pocas las presiones”.
Con el voto favorable de García Larraburu, hay una leve ventaja “verde” de 34 votos sobre 33, aunque la diferencia podría ser aun mayor si se considera la probable ausencia de Carlos Menem, quien se encuentra internado, más la definición de los indecisos.
Solo hay cuatro legisladores que no confirmaron su voto y, en principio, el resultado arroja 34 a favor y 33 en contra. La sesión duraría unas 12 horas. También se tratará el Programa de los Mil Días.
En un escenario completamente distinto al de 2018, con unos pocos indefinidos y un fuerte lobby del Gobierno, el Senado votará este martes el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que en principio cuenta con una leve ventaja “verde”.
La histórica sesión, que duraría unas 12 horas, comenzará a las 16 y también se tratará el denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a mujeres embarazadas durante toda la gestación y en la primera infancia del hijo.
Tanto ese proyecto como el de aborto legal son dos apuestas fuertes del gobierno de Alberto Fernández, que en los últimos días reforzó las gestiones con senadores para garantizar la sanción de ambas leyes, sobre todo la segunda, un reclamo urgente del movimiento feminista.
Los preparativos para la jornada comenzaron este lunes con el montaje de un escenario de cara a la Plaza de los Dos Congresos, donde se congregarán militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
Puertas adentro también se puso en marcha un operativo para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento, en un día donde también sesionará la Cámara de Diputados, desde las 11, con el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El protocolo de funcionamiento remoto del Senado solo autoriza la presencia de las autoridades en el recinto -la presidenta, Cristina Kirchner, los tres vices y los dos secretarios-, junto a dos representantes por cada bloque de la oposición.
Lea también: En qué consiste en proyecto de legalización del aborto
A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación, con al menos dos senadores que podrían cambiar su postura.
Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización, incluyendo a la rionegrina Silvina García Larraburu, que había votado en contra en 2018 -fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana, que entonces integraba Cristina Kirchner- pero esta vez acompañará.
Otro rionegrino, Alberto Weretilneck, sorprendió al pedir una serie de cambios al texto en revisión pero, según supo este medio, también se encamina a votar favorablemente si el Gobierno garantiza que incluirá algunas de las propuestas en la reglamentación.
En ese sentido, no solo senadores “verdes” del Frente de Todos se pusieron en contacto con el exgobernador, sino también representantes de la propia Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, para comenzar a delinear la letra chica.
Los “celestes” son 33, pero bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.
Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto.
Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo y hasta ahora evitó hacer declaraciones; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR, que también permanece en silencio.
Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.
El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.
La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
El rionegrino Alberto Weretilneck propuso una serie de modificaciones y condiciona su voto. En un escenario por demás ajustado, la iniciativa podría volver a Diputados.
Un nuevo escenario se abrió en las últimas horas en el Senado: ante la escasa diferencia de votos, legisladores oficialistas a favor de la legalización del aborto evalúan aceptar algunas de las modificaciones que pidió la semana pasada el rionegrino Alberto Weretilneck, lo que provocaría el regreso del proyecto a la Cámara de Diputados.
Desde el bloque oficialista podrían apelar a ese último recurso para ampliar y asegurar la ventaja a favor, sumando el voto de senadores que hasta ahora evitaron hacer declaraciones, tanto en Juntos por el Cambio como dentro del propio Frente de Todos.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, y sus pares María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli se comunicaron recientemente con Weretilneck y podría avanzar el pedido del exgobernador rionegrino, que a lo largo del año acompañó al Frente de Todos en la mayoría de las votaciones.
Así, ese sector del oficialismo aspira a garantizar definitivamente algunos votos “verdes” de senadores de Juntos por el Cambio y también del bloque propio, como el entrerriano Edgardo Kueider, que -según supo este medio- se mostró particularmente interesado en las sugerencias de Weretilneck.
Además de Kueider, siguen en duda Stella Maris Olalla (UCR), también de Entre Ríos; la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo; y la rionegrina Silvina García Larraburu, que hace dos años votó en contra y esta vez firmó el dictamen favorable y está más cerca de acompañar el proyecto, en un gesto de disciplina partidaria.
También se especula con el cambio de postura de otro senador “celeste”, el salteño Sergio “Oso” Leavy, que la semana pasada fue recibido por el propio Fernández en Casa Rosada.
“Hoy tenemos a un presidente trabajando codo a codo con los legisladores para que esto efectivamente sea ley”, deslizó este lunes una oficialista, Ana Almirón, dejando entrever un involucramiento activo de Fernández para que la ley salga este año.
Con ese horizonte, otra posibilidad que baraja el grupo pro-legalización es la promesa de que algunas modificaciones se introduzcan en la reglamentación para evitar que el proyecto vuelva a Diputados.
¿Cuáles son los cambios sugeridos por Weretilneck? El senador está de acuerdo con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana catorce de gestación, pero propone cambios en las causales para realizar el aborto superado ese plazo.
Por ejemplo, en caso de violación, pretende que para las mujeres mayores de 13 años se imponga un límite “hasta el momento de viabilidad fetal (22 semanas)”, y además pide incorporar el requisito de una declaración jurada y una denuncia penal previa.
Otra observación tiene que ver con el concepto de “salud integral”: el senador quiere reemplazarlo por el de “salud física”, y sostiene que “cuando exista peligro, pero no coloque en riesgo la vida (de la mujer), no resulta lógica la imposición de la exigencia de actuar” para los médicos que sean objetores de conciencia.
La emisión del dictamen, el jueves pasado, dio señales concretas, pero no terminó de despejar dudas. En el oficialismo toman como una derrota el eventual rechazo y actúan para que no suceda.
Por José Angel Di Mauro
El viernes pasado concluyó formalmente todo el proceso previo relacionado con el debate definitivo del aborto legal en el Congreso, con la emisión del dictamen del proyecto denominado “de los Mil Días”. Ese que el presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa en marzo, como acompañamiento y respaldo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para adosarle un elemento nuevo y compensatorio a la iniciativa que se debatió por primera vez en 2018, por entonces sin suerte para quienes promueven la legalización de esa práctica.
Un día antes se había estampado el dictamen del proyecto principal que se pondrá en consideración el martes 29 de diciembre, y a partir de entonces verdes y celestes comenzaron a “velar armas” -si se permite el término- de cara al debate en donde todo será “a cara o cruz”, y aquí sí parece más certera la definición.
Pero ello no implica que las partes se desactiven hasta el día de la sesión. Muy por el contrario, con bajo perfil los contactos para definir las posiciones siguen a toda marcha, sin estridencias pero muy presentes para llegar al recinto con un “poroteo” más o menos definido.
Claramente no será como en 2018, cuando todo estaba resuelto en el Senado al comenzar a sonar el timbre llamando a sesionar. Todos sabían entonces que la diferencia a favor del rechazo era irreversible y solo faltaba resolver el número definitivo, que al final fue 38 a 31, con una abstención. Siete de diferencia, demasiado de cara a un nuevo debate dos años después.
Por eso nadie se animaba a imaginar una suerte distinta para este 2020, pero el hecho de que fuera el Poder Ejecutivo el que esta vez se pusiera al hombro esta iniciativa encendía ilusiones en el sector “verde”.
Sin embargo el anuncio del Gobierno respecto del envío de la iniciativa en noviembre pasado -cuando se habían cansado de aclarar que la crisis sanitaria por la pandemia había obligado a postergar la consideración de este proyecto para el año siguiente- sorprendió a propios y extraños. Sobre todo a los primeros: léase Senado, y más precisamente a su presidenta.
Es que, siempre la Cámara alta fue la pieza difícil para la aprobación del proyecto, como quedó claro hace dos años. Y en el transcurso de este tiempo solo hubo una renovación parlamentaria, muy poco para revertir una diferencia de siete votos, como la de 2018. El anuncio del envío del proyecto pareció una respuesta del Ejecutivo a la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Esa en la que habló de “funcionarios que no funcionan” y citó a figuras puntuales, sin dar nombres, claro está. Precisamente una de esas figuras, Vilma Ibarra, fue la encargada de anunciar el envío inminente del proyecto. Pareció un mensaje dirigido al Instituto Patria. Más precisamente a la titular del Senado, a la que no le debe haber resultado simpático que muchos comenzaran a referirse al tema como el “proyecto Vilma”.
Pero necesariamente la molestia, si la hubo, pasó por esos detalles, o porque el proyecto fuera presentado formalmente el mismo día en el que se debatía en Diputados el aporte solidario y extraordinario impulsado por Máximo Kirchner. Lo que más inquietud debe haber generado fue la obligación de salir a conseguir los votos en un cuerpo donde a priori no estaba el número para aprobar el proyecto. “Un Ejecutivo nunca debe lanzar un proyecto sin la certeza de contar con los votos en las dos cámaras”, dice una sentencia no escrita pero siempre presente en el Congreso de la Nación. Y sino que le pregunten a la propia Cristina Fernández, que en 2008 vio cómo su propio vicepresidente le propinaba una derrota histórica desempatando en contra.
En ese marco llamó la atención José Mayans, un celeste confeso y enfático, que salió a cuestionar la oportunidad en la que se anunciaba este debate, en plena crisis por el coronavirus. Está claro que para los que están en contra siempre será inoportuno este tratamiento, pero que así se expresara nada menos que el titular del bloque oficialista hizo pensar por lo menos que debió contar con la anuencia de CFK. Sino en su oposición, al menos en que no era tiempo de impulsar este debate.
A priori, los números para la aprobación del proyecto en el Senado no estaban. A favor del oficialismo debía considerarse, sí, el hecho de que muchos votos celestes son propios y tal vez reversibles, aunque ya se sabe que este es un tema que deja marcas y en consecuencia a nadie le gustaría terminar siendo señalado en sus distritos. Como sea, no es uno de esos proyectos en los que hay que explorar en la oposición para sumar voluntades, sino en el interior del propio Frente de Todos. Y esa ya es una garantía. Incómoda, pero garantía al fin.
Por eso es que siempre se pensó que el oficialismo necesita dar vuelta dos votos para asegurarse la aprobación. Y como aquí hemos dicho, se pensó en dos senadores propios, uno del norte y otro del sur, un hombre y una mujer, que en 2018 votaron en contra.
Hablamos del senador salteño Sergio “Oso” Leavy, quien como diputado en 2018 se pronunció en contra. Muy kirchnerista, desde el Frente de Todos de su provincia le pidieron que repensara su postura. Por el momento en los conteos se lo considera “celeste”, y así será hasta tanto él mismo no se pronuncie en contrario, pero no dejó de llamar la atención el raid que realizó la última semana en Buenos Aires, justo en días en los que el Senado no se reunió. Raid que incluyó dos ministros -Jorge Ferraresi y Roberto Salvarezza-, pero que concluyó nada menos que con el presidente Alberto Fernández el jueves. Encuentro que el propio senador se encargó de difundir, detallando los temas propios a su provincia de los que habló, que obviamente no incluían la cuestión del aborto. Obviamente, decimos, porque nadie puede imaginar que se vaya a confirmar algo semejante. Como tampoco es imaginable que siendo Leavy un senador, no haya hablado con el presidente sobre qué es lo que hará en el debate principal que se realizará en pocos días y en el que Alberto Fernández ha puesto tantas expectativas.
El otro voto, el del sur, corresponde a la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en 2018 se pronunció en contra. Esa vez llamó la atención pues toda la bancada que integraba y lideraba la propia Cristina Fernández de Kirchner votó a favor, y así se habían pronunciado el mismo día de la media sanción en la Cámara baja, difundiendo una foto en la que aparecían todos los integrantes del bloque, incluida García Larraburu. Se le objetó a la rionegrina haber cambiado de postura, pero en rigor la foto en cuestión era de archivo. En efecto, al final, García Larraburu anunció su decisión a través de un reportaje que concedió un domingo al periodista Gonzalo Aziz por radio Mitre. En el libro Gobernar en minoría, de quien esto escribe, su compañera de bancada María de los Angeles Sacnun la justificó: “Es absolutamente respetable la posición que tomó, y en ningún momento se pidió una actitud o una conducta corporativa”, señaló. Por su parte, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez -activa militante celeste- contó en ese mismo libro que “en su corazón tenía la certeza de que esa senadora estaba con ellos, porque en tiempos anteriores había presentado una cantidad de proyectos que ‘iban en el sentido de la vida’. Las celestes no la habían sondeado, porque en realidad ella no estaba concurriendo a las comisiones y hasta había pedido que la relevaran de la Comisión de Salud. ‘Hasta que en los últimos días, ya cuando buscábamos los votos más pequeños, su voto fue uno de los decisivos. Ella y Rozas fueron los votos más festejados por el grupo’, aseguró la tucumana”.
García Larraburu dio una señal clave el jueves pasado, al firmar el dictamen del proyecto del IVE. Lo cual llevó a parlamentario.com a excluirla en el conteo del sector “celeste”, pero para ponerla entre los “indefinidos”. Y así estará hasta que no haya un pronunciamiento concreto como el que tuvo en 2018. Es que firmar el dictamen es una señal concreta, pero no definitiva. Puede hacerse para habilitar el debate, más no garantiza necesariamente el voto. Es el caso del senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez, quien si bien es considerado a favor del proyecto, anticipó disidencias que, dijo, expresará durante el debate. Y para habilitarlo, firmó el dictamen.
Es lo que sucedió también con otro de los senadores indefinidos, el entrerriano Edgardo Kueider. Este senador oficialista es uno de los que todavía no se han pronunciado, aunque cerca suyo se lo anticipaba votando en contra. Hombre muy cercano al gobernador Gustavo Bordet, de quien fue ministro de Gobierno, Kueider se cuidó especialmente de no abrir la boca en un sentido u otro, pero el jueves firmó -como integrante de la Comisión de Justicia- el dictamen “en disidencia”. Lo cual no implica que vaya a votar a favor. Podría abstenerse, conforme expresa su disidencia. Se verá.
Hay otras dos mujeres que figuran entre los indefinidos. Y el hecho de que se haya incluido a la Banca de la Mujer en este debate en comisión permitió verificar el comportamiento de todas las senadoras, pues todas integran esa comisión. Una de esas senadoras indefinidas es la neuquina Lucila Crexell, la única que en 2018 se abstuvo en el debate. En la previa de esta discusión dio señales que muchos interpretaron favorables a la aprobación, pues se pronunció por la despenalización, pero siempre mantuvo disidencias respecto de algunos artículos, particularmente en cuanto a las semanas de gestación. El tema es que al menos esa cuestión no fue tenida en cuenta, de ahí que nada garantice que vaya a cambiar la postura que expuso hace dos años. Y en la firma del dictamen mantuvo la incógnita, pues fue de las que no firmó.
La otra indefinida es la senadora entrerriana Stella Maris Olalla. Es de las que no estaba en el cuerpo en 2018, así que no registra antecedentes en este debate. Y no abrió la boca durante todo este tiempo. Olalla tampoco firmó el dictamen el jueves pasado. ¿Tendrá en cuenta la encuesta de Synopsis sobre el tema, precisamente en la provincia de Entre Ríos, que se conoció este fin de semana? Allí un 62,1% se pronunció en contra, y solo un 27,3 lo hizo a favor. De ese porcentaje, el 70,9 de las mujeres encuestadas se pronunciaron en contra. Miembro de la UCR, vale el detalle de que según ese sondeo el 79,5% de los entrerrianos votantes en 2019 de Mauricio Macri se manifestaron en contra de la legalización del aborto.
Si bien este es un debate transversal, propios y extraños reconocen que el Gobierno buscará sacar partido de una eventual aprobación. Por eso es que más de uno piense en si Juntos por el Cambio no debería proceder de manera tal de no propiciar la aprobación. Los verdes de esa bancada descartan enfáticamente que vaya a haber alguna movida en ese sentido. E incluso niegan que el expresidente Mauricio Macri haya llamado a votar en contra o abstenerse. “No lo hizo en 2018, no lo hará cuando ya no es presidente”, aseguró una fuente del Pro.
Pero lo cierto es que algunos sugieren atender las posturas de otros votos considerados verdes. Como el del catamarqueño Oscar Castillo. El radical votó a favor en 2018, pero ahora trascendió que pensaba abstenerse. Fuentes cercanas al senador dijeron no obstante a este medio que mantendría su postura original. El jueves no firmó el dictamen.
Otra que no firmó es la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado, que en 2018 votó a favor. Por entonces promovió modificaciones junto con sus pares cordobeses, pero al final terminó coordinando junto a sus pares María de los Angeles Sacnun y Pamela Verasay, que militaban abiertamente a favor. Según fuentes consultadas, la cordobesa no habría suscripto esta vez el dictamen para evitar presiones.
Un voto a favor que se daba por descartado es el del rionegrino Alberto Weretilneck, quien sin embargo el jueves propuso modificaciones, que a priori no fueron tenidas en cuenta. El senador advierte que la ley será “inviable” si no tiene algunos cambios, pero el oficialismo considera más inviable que el proyecto deba retornar a Diputados, por eso tratan de convencerlo de que vote a favor, y tenga confianza de que se atiendan esas prevenciones a la hora de la reglamentación.
Una promesa que se extenderá a todos los que tengan dudas, a la espera de garantizar el voto verde que finalmente imponga la ley antes de fin de año. Habrá que ver qué grado de confianza infunden.
Se trata de Sergio “Oso” Leavy, que como diputado votó en 2018 contra el aborto. Este jueves fue recibido por Alberto Fernández, aunque ese tema no estuvo entre los que dijo haber conversado.
Muy activo estuvo esta semana en Buenos Aires el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, quien mantuvo reuniones de muy alto nivel, al punto tal que se reunió este jueves con el presidente de la Nación Alberto Fernández.
Referente kirchnerista de la provincia de Salta, donde en las últimas elecciones fue candidato a gobernador, Leavy es uno de los apuntados por quienes piensan en “los propios” por si llegado el momento faltan votos para sacar la ley.
Por eso no pasó desapercibido que fuera recibido en la Casa Rosada, aunque según lo que el senador detalló, el tema del aborto no estuvo dentro de los que se tocaron durante el diálogo con Fernández.
Según informó Leavy, le manifestó al mandatario su preocupación por el fallecimiento de los dos niños wichis en el norte de Salta y “la necesidad de fortalecer acciones necesarias para contener la desnutrición y la falta de agua en esa zona, fundamentalmente en comunidades originarias”.
“Con el Presidente también repasamos las distintas obras de infraestructura que se van a realizar en la provincia, como el Ramal C15 y C16, las rutas Nacionales 40 y 51, la electrificación Yacuiba-Tartagal, que serán vitales para la recuperación de las economías regionales”, detalló el senador salteño, que agregó haber encontrado a Alberto Fernández “con dos grandes objetivos: el control de la inflación y de los precios que afectan en forma directa el bolsillo de las familias. El segundo, iniciar de manera urgente la vacunación contra el Covid-19, especialmente orientada para las personas de riesgo”.
Durante más de cincuenta minutos de reunión, el presidente y el senador salteño hablaron de la política nacional y provincial. Al finalizar Sergio Leavy manifestó su satisfacción por el encuentro e indicó: “lo felicité al presidente Alberto Fernández por la gestión respecto de la deuda y el control de los mercados financieros. Son fundamentales para la reconstrucción de nuestra Argentina”, dijo a través de una gacetilla al comunicar el encuentro.
Lo cierto es que, como dijimos, el senador nacional estuvo muy activo esta semana en Buenos Aires, pues esta misma semana mantuvo encuentros con el ministro de Desarrollo y Hábitat, Jorge Ferraresi, con el que dialogó sobre la situación habitacional de Salta y los programas de vivienda que se encuentran en agenda; y también mantuvo un encuentro con otro ministro, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, “para interiorizarme sobre la posibilidad de implementar en Salta proyectos de financiamiento para el mejoramiento y control de la calidad del agua”. Más allá de esas reuniones, hay que recordar que Leavy votó en 2018, como diputado nacional, en contra del proyecto del aborto legal. Recientemente el Frente de Todos de su provincia le pidió modificar su voto ahora en el Senado.
Las comisiones de Salud y de Presupuesto debatirán este viernes el proyecto con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud y del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia.
Tras pasarse a la firma el dictamen del proyecto de legalización del aborto, el Senado comenzará a tratar este viernes su lado complementario, el denominado “Programa de los Mil Días”, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.
Será en un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por Mario Fiad (UCR) y Carlos Caserio (Frente de Todos), convocado para las 11 en forma virtual.
Allí fueron citados el ministro de Salud, Ginés González García -aunque su presencia no está confirmada- y Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 196 votos a favor y cinco abstenciones, y la intención del oficialismo es tratarlo en la sesión del próximo martes 29 junto con el aborto legal, cuyo dictamen pasó a la firma este jueves.
A través del Programa de los Mil Días se crea una “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, esto, es, una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres por cada niño menor de tres años a su cargo, siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación.
Además, se amplía la Asignación Universal por Embarazo hasta nueve mensualidades; se establecen medidas para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidos; y se dispone la provisión gratuita de insumos para el embarazo y la primera infancia.
El jefe del bloque Frente de Todos del Senado advirtió que no se podía tratar el tema del aborto de manera “exprés”. “Esto no es como un impuesto, esto es irreversible”, remarcó.
El presidente del bloque oficialista, José Mayans, reiteró este jueves su crítica a lo que consideró un “tratamiento exprés” del proyecto siendo que a su juicio “lo que está en juego es el derecho a la vida”.
En principio, felicitó a la senadora Norma Durango, quien presidió el debate, destacando que “hace lo que puede en un marco prácticamente de urgencia. Porque acá estamos legislando sobre el derecho a la vida, de la madre y el niño”.
“Es un tema muy profundo, que preocupa a la sociedad argentina, donde están divididas las posiciones”, dijo, destacando la postura del senador Weretilneck, que había expresado reparos. Pero insistió luego sobre “un tratamiento exprés” del proyecto, “en un tema tan profundo”.
Y sorprendió el jefe del bloque oficialista ponderando algo ocurrido durante la anterior gestión, mejor dicho sobre cuando se dio el debate del aborto en el Congreso. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron 7 minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”, insistió el formoseño.
“Este es un tema muy profundo. Esto hace que ni siquiera nos escuchemos entre nosotros”, señaló, alertando sobre la supuesta “inconstitucionalidad” del proyecto al ser declarado “de orden público”. Agregó que “la menor de 13 años tiene que ir acompañada a lo mejor del que la está violando, para hacer un aborto… Estas fueron preocupaciones que yo he anotado, entre las varias que tiene esta ley”.
“Por eso, una ley de estas características no se la puede sacar de la noche a la mañana, como se está haciendo ahora”, cuestionó. Y tras admitir que este jueves saldría el despacho, ponderó nuevamente la intervención del rionegrino Weretilneck en el sentido de “demostrar las fallas que tiene este proyecto de ley que no está bien llevado adelante”.
Luego reconoció que en la Cámara de Diputados “se llegó a un acuerdo, para obtener unos votos más, respecto de la objeción de conciencia. Pero ese es otro de los problemas que tenemos en el país, una ley de esta naturaleza no la podemos tratar así, ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarla, este mes’, pero está en marcha. Y bueno, se hace lo que se puede en este marco que fijaron: tres días y chau”.
Y al concluir insistió en que “esto no es como un impuesto… esto es irreversible”.
Al concluir Mayans, la senadora Durango le aclaró que los 7 minutos establecidos habían sido un acuerdo de los presidentes de todas las comisiones intervinientes. “No fue una decisión mía. Y el ‘dale, dale, dale’, era cuando ya iban por 9, 10, 11 minutos… Así que no me lo diga de esa manera”, le expresó.
El presidente del bloque oficialista, José Mayans, reiteró este jueves su crítica a lo que consideró un “tratamiento exprés” del proyecto siendo que a su juicio “lo que está en juego es el derecho a la vida”.
En principio, felicitó a la senadora Norma Durango, quien presidió el debate, destacando que “hace lo que puede en un marco prácticamente de urgencia. Porque acá estamos legislando sobre el derecho a la vida, de la madre y el niño”.
“Es un tema muy profundo, que preocupa a la sociedad argentina, donde están divididas las posiciones”, dijo, destacando la postura del senador Weretilneck, que había expresado reparos. Pero insistió luego sobre “un tratamiento exprés” del proyecto, “en un tema tan profundo”.
Y sorprendió el jefe del bloque oficialista ponderando algo ocurrido durante la anterior gestión, mejor dicho sobre cuando se dio el debate del aborto en el Congreso. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron 7 minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”, insistió el formoseño.
“Este es un tema muy profundo. Esto hace que ni siquiera nos escuchemos entre nosotros”, señaló, alertando sobre la supuesta “inconstitucionalidad” del proyecto al ser declarado “de orden público”. Agregó que “la menor de 13 años tiene que ir acompañada a lo mejor del que la está violando, para hacer un aborto… Estas fueron preocupaciones que yo he anotado, entre las varias que tiene esta ley”.
“Por eso, una ley de estas características no se la puede sacar de la noche a la mañana, como se está haciendo ahora”, cuestionó. Y tras admitir que este jueves saldría el despacho, ponderó nuevamente la intervención del rionegrino Weretilneck en el sentido de “demostrar las fallas que tiene este proyecto de ley que no está bien llevado adelante”.
Luego reconoció que en la Cámara de Diputados “se llegó a un acuerdo, para obtener unos votos más, respecto de la objeción de conciencia. Pero ese es otro de los problemas que tenemos en el país, una ley de esta naturaleza no la podemos tratar así, ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarla, este mes’, pero está en marcha. Y bueno, se hace lo que se puede en este marco que fijaron: tres días y chau”.
Y al concluir insistió en que “esto no es como un impuesto… esto es irreversible”.
Al concluir Mayans, la senadora Durango le aclaró que los 7 minutos establecidos habían sido un acuerdo de los presidentes de todas las comisiones intervinientes. “No fue una decisión mía. Y el ‘dale, dale, dale’, era cuando ya iban por 9, 10, 11 minutos… Así que no me lo diga de esa manera”, le expresó.
El senafor rionegrino se expresó a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero advirtió que la ley será inviable si no sufre algunas modificaciones.
El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) sorprendió este jueves al proponer una serie de modificaciones al proyecto de despenalización y legalización del aborto que fue aprobado en la Cámara de Diputados.
A pesar de manifestarse a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y del derecho de las mujeres y personas gestantes a construir sus proyectos de vida, Weretilneck planteó cambios a la media sanción y evalúa su voto de cara a la sesión del martes 29.
Las propuestas fueron formalizadas a través de una nota presentada ante Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud, de la cual el rionegrino forma parte.
“Es conocida mi posición a favor de ampliar los derechos de las personas gestantes en relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como es sabida mi trayectoria como representante del Poder Ejecutivo en mi provincia y por ende mi conocimiento de la situación desde el punto de vista ejecutivo”, señaló el senador.
Y agregó: “Es por ello que las modificaciones que se proponen no cuestionan ese derecho sino, todo lo contrario, intentan afianzarlo y regularlo tal como refiere la Constitución Nacional: todos los derechos están sujetos a las normas que reglamentan su ejercicio, es decir, no existen los derechos absolutos”.
Weretilneck se mostró de acuerdo con el aborto legal hasta la semana catorce, pero consideró que por fuera de ese plazo las causales deben ser cuatro:
Además, en el supuesto de violación, el legislador sugirió que se requiera “firma de declaración jurada y constancia de inicio de denuncia penal”.
Por otra parte, cuestionó que los abortos se permitan sin plazo cuando existe un riesgo para la “salud integral” de la mujer: el senador interpretó que ese concepto es “demasiado amplio” y “termina erigiéndose como una regla y no como una excepción”.
Otras de las observaciones tienen que ver con ponderar el rol del personal sanitario, en “equilibrio” con la autonomía de la mujer; y mejorar la redacción del artículo que establece las penas para estos profesionales en ciertas situaciones.
Este jueves a las 9.30 se reanudará el plenario con las últimas 12 ponencias. Luego los senadores debatirán y finalmente firmarán dictamen.
El Senado cerrará este jueves la ronda de exposiciones sobre el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Doce especialistas fueron convocados a disertar desde las 9.30 en el plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presidido por Norma Durango (Frente de Todos).
Se estima que las ponencias durarán hasta las 13, y luego los senadores debatirán el proyecto aprobado en Diputados para finalmente firmar dictamen. La intención del sector “verde” se mantiene firme: la sesión será el martes 29 de diciembre, al filo de fin de año.
Para este jueves fueron convocados el exministro de la Corte Suprema y exministro de Justicia Rodolfo Barra; la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, de la organización Alianza por la Vida; y Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano.
La lista sigue con la psicóloga Carolina Pavia; la periodista y escritora Ana Correa; la doctora en Derecho Estela Sacristán; Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina; y Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral.
Los últimos en intervenir serán Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; el exsenador nacional Eduardo Menem; y el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Ernesto Pedernera Reyna.
Será a partir de las 13, en el marco del plenario de las comisiones Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud. Habrá 24 invitados, entre ellos el exministro de Salud Adolfo Rubinstein.
Se realizará este miércoles una nueva reunión de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, para continuar analizando el proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto.
Será la segunda ronda de exposiciones, con la presencia esta vez de 24 invitados, que tendrán 7 minutos cada uno para hablar. Según la dinámica establecida para estas audiencias, cada cinco expositores habrá un bloque de preguntas de senadores. El tiempo que disponen para responder es de 3 minutos.
Habrá dos bloques de exposiciones. Por la mañana, a partir de las 10 y hasta las 13 participarán la doctora Stella Manzano; la doctora María de Urraza; la licenciada Sonia Tarragona; la magister Evelyn Rodríguez; la doctora Mariana Romero; la doctora María Lourdes González Bernardi; la doctora Analía Messina; el doctor Gabriel Flores Ciani; Noelia Vera Ruiz-Herrera; la docotra Angelica Sarmiento; el doctor Adolfo Rubinstein; y el doctor Héctor A. Barceló.
Por la tarde, entre las 15 y las 18 participarán la doctora Cecilia Ousset; la doctora María Cecilia Ávila; la doctora Gabriela Luchetti; el doctor José Jalil Cosomel;la profesora Ruth Zurbriggen; la doctora Graciela Moya; la doctora Yolanda Bertazzo; el doctor José Luis Moussatche; el doctor Daniel Teppaz; la doctora María Angélica Gelli; la doctora Susana Chiarotti; y el doctor Nicolás Lafferriere.
Fue por incidentes registrados en el marco de la vigilia del tratamiento del aborto en el Congreso.
Las organizaciones en contra de la legalización del aborto denunciaron penalmente a la Policía de la Ciudad por "apremios ilegales, vejaciones y abuso de autoridad" durante la movilización al Congreso, en el marco de la votación del proyecto en la Cámara de Diputados.
La presentación fue radicada por siete de los damnificados y lesionados por el accionar policial, entre los cuales se encuentra el presidente de la Fundación Mas Vida, Raúl Magnasco, que cuenta con el patrocinio letrado de varios de los abogados de dicha ONG.
Desde ese sector hablaron de "una durísima represión policial volcada sobre un grupo de manifestantes antiabortistas que se encontraban armando un escenario en el sector designado por el gobierno para ellos, durante la noche previa a la votación del jueves".
"No hay argumento legal para prohibirnos a último momento armar nuestro escenario, solo porque querían subordinar a la causa provida a un capricho oficial, para silenciarnos. No podrán silenciar el reclamo del 80 % de los argentinos, ni aún enviando las balas y los bastones de la policía a amedrentarnos. Eso solo demuestra su cobardía y desesperación", expresó Magnasco al respecto.
Luego de la discusión de este lunes por la cantidad de invitados, el plenario de comisiones escuchará este martes a Ricardo Gil Lavedra, Aída Kemelmajer de Carlucci y Alberto Bianchi, entre otros.
Tras la discusión que se desató este lunes por la cantidad de expositores sobre la legalización del aborto, las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales del Senado escucharán este martes a veinte invitados, diez a favor de la ley y diez en contra.
El plenario se dividirá en dos turnos, uno de 10 a 13 y otro de 15 a 18, y este miércoles se repetiría el mismo esquema. La intención de los senadores “verdes” es firmar dictamen el jueves.
Así es como este martes expondrán, por la mañana, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat; el abogado y exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra; la abogada y profesora titular de Derecho de Familia Úrsula Basset; el docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa Alejandro Osio; y la politóloga María Florencia Álvarez Travieso.
Completarán la primera tanda Gala Díaz Langou, del CIPPEC; la socióloga María Elena Critto; la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky; el abogado penalista Alberto Bianchi; y la abogada penalista lesbiana Luciana Sánchez.
Por la tarde será el turno de Edgardo Young (miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida), Aída Kemelmajer de Carlucci (doctora en Derecho), Alfredo Vitolo (abogado constitucionalista), Melisa García (abogada feminista) y Débora Rainieri (abogada e investigadora UBA-UCA).
También disertarán Natalia Gherardi (directora ejecutiva de ELA), María Inés Franck (miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia), la mexicana Marta Lamas Encabo (antropóloga y catedrática feminista), Alfonso Santiago (doctor en Derecho) y Susana Chiarotti (abogada de trayectoria internacional).
El jefe del bloque oficialista, que rechaza la ley, consideró que “no fueron válidos” los argumentos de los funcionarios del Ejecutivo que asistieron al plenario. Y se cruzó con senadoras de su propio bloque que pidieron acotar la lista de expositores.
Por Carolina Ramos
Arrancó picante en el Senado el debate sobre el proyecto de legalización del aborto: luego de los planteos por el giro a comisiones, afloró la grieta entre “verdes” y “celestes” dentro del propio Frente de Todos, con un fuerte mensaje del jefe del bloque, José Mayans, quien no solo apuntó al Gobierno sino que se cruzó con senadoras oficialistas que pidieron acotar la lista de invitados.
Estas escenas se dieron al finalizar la exposición de los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en el plenario virtual de las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales.
Mayans pidió la palabra luego de que la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, anunciara que, por un acuerdo entre senadores de ambos sectores, el debate continuará este martes en dos tandas, de 10 a 13 y de 15 a 18, con la participación de veinte invitados, diez por cada posición.
“Esta es una discusión muy profunda, cada uno tiene su convicción y todos representan a sus provincias y son senadores y senadoras que tienen muy estudiado el tema”, introdujo Mayans, uno de los detractores más firmes del aborto legal.
“Yo escuché a los ministros y a la secretaria Legal y Técnica. Obviamente no compartimos ninguno de los argumentos que han dado. Para mi han sido argumentos no válidos”, lanzó el formoseño, al insistir en que “el derecho a la vida es desde la concepción”.
El senador siguió: “No estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones que ha dado el ministro, no estamos conformes con las explicaciones de la secretaria legal y técnica, no estamos conformes con las explicaciones de la ministra”.
“Que quede bien claro: no es que nosotros venimos a aceptar acá… los escuchamos, vamos a escuchar a los expositores, y después vamos a sacar las conclusiones de lo que ha dicho cada uno”, aclaró Mayans, y advirtió que “en Diputados hubo que hacer correcciones urgentes porque sino la ley no podía tener el resultado que tuvo”.
Otra senadora “celeste”, la radical María Belén Tapia, pidió que, a diferencia del formato adoptado en la Cámara baja, las preguntas de los senadores se puedan formular “a viva voz” sin mediar el sistema virtual. Durango ratificó que, en efecto, esa era su intención.
Pero luego reavivó la polémica la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos). “Estoy viendo que los que no están a favor de la ley quieren entorpecer que sea tratada este año…”, arrancó, pero Mayans no la dejó terminar: “No tratamos eso, no queremos entorpecer nada. No puede decir eso. ¿Cómo vamos a estar entorpeciendo?”.
Sapag continuó: “Yo no participé en 2018 porque no era legisladora, pero todos sabemos de qué se trata. La mayoría tiene posición tomada. No vamos a convencer a nadie trayendo cada vez más expositores”. Y finalmente pidió bajar la cantidad de expositores a cinco por cada sector.
La puntana Eugenia Catalfamo, también a favor del aborto legal, coincidió con Sapag en la necesidad de “bajar el número a la menor cantidad posible”. “Quienes no formaban parte de esta Cámara en 2018 seguramente alguna posición habrán tenido. La discusión está saldada no solo entre los legisladores sino también en las calles”, aseguró.
Con ánimo de poner paños fríos, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo tener “confianza” en los presidentes de las comisiones -Durango por la Banca de la Mujer, Mario Fiad por Salud y Oscar Parrilli por Justicia y Asuntos Penales- a la hora de definir la modalidad de trabajo.
Pero Mayans volvió a la carga. “Recibimos la información el viernes a la noche y el lunes estamos acordando la metodología de trabajo. En un tema tan profundo como este, hay tanta gente que quiere participar… obviamente vamos a hacer una reducción, pero esto es un tratamiento exprés”.
Sin nombrarla, criticó la propuesta de Sapag, al sostener que “sugerir cinco personas entre mil propuestas que vienen es un exceso”.
“Ya sabemos que cada uno tiene su visión del tema y que quieren un tratamiento exprés, pero sino hubiésemos ido directamente al recinto a tratarlo sobre tablas…”, ironizó, y concluyó que “el propósito de esto es que el pueblo argentino sepa de qué se trata, escuchar a los ministros y a otros sectores de la sociedad”.
Luego pidió la palabra la tucumana Beatriz Mirkin, del mismo bloque, para cuestionar a Mayans. “Me llama la atención la expresión de ‘debate exprés’. Es una expresión que normalmente utiliza la oposición. No es esta la situación”, afirmó, y manifestó: “Si quieren sesionar sábado y domingo, no tengo ningún inconveniente, pero hay que poner un límite adecuado”.
Hacia el final de la reunión, Fiad propuso que los expositores sean 20 este martes, 30 el miércoles -ambos días divididos en turno mañana y tarde- y 10 el jueves por la mañana, para dar lugar al debate entre senadores por la tarde. Durango se comprometió a evaluar ese esquema.
“Por supuesto que es vida el espermatozoide, el óvulo, pero la diferencia que hace la legislación mundial es qué es vida de lo que es persona”, aclaró el titular de la cartera de Salud.
Activa militante contra la legalización del aborto, la senadora radical Silvia Elías de Pérez fue la primera anotada para preguntar a los funcionarios del Poder Ejecutivo, y usó su tiempo para cuestionar al ministro de Salud, Ginés González García, por haber dicho en la Cámara de Diputados que el embrión es un “fenómeno”.
“Hablan de salud pública, hablan de mirada de humanidad y de justicia social, pero se han referido solo a la mujer. Los tres funcionarios se han olvidado de la otra persona, del otro ser humano que está en el vientre materno, al cual le negamos humanidad, le negamos justicia social, le negamos salud, le negamos la posibilidad de vivir”, planteó la tucumana en el plenario de comisiones de este lunes.
En ese contexto, le preguntó a González García “si sigue pensando que el otro ser humano que está en el vientre materno es un fenómeno, como ha dicho, y no un ser humano”.
También consultó “si está de acuerdo en las causales amplias que ponen, como ‘salud integral de la mujer’”; “si está de acuerdo con un aborto a los nueve meses de embarazo”; y “si no es una regresividad de los derechos humanos que una persona pueda terminar con la vida de otra persona”.
El funcionario aclaró: “Una cosa es lo que dicen las religiones, otra lo que dice la ciencia… por supuesto que es vida el espermatozoide, el óvulo, pero la diferencia que hace la legislación mundial es qué es vida de lo que es persona. Eso es lo que dije yo”.
“De ninguna manera intenté devaluar a nadie”, insistió, y repitió que si la discusión fuera en torno a la existencia o no de vida, “sería un tema catastrófico dada la magnitud”.
González García explicó que “las sociedades deciden cuándo es persona y cuando no es persona, yo no soy quien para decirlo”, y puso como ejemplo que “hay religiones que castigan la masturbación, porque piensan que es vida”.
Entonces tomó la palabra la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para reforzar la posición del Gobierno: “Que haya vida no quiere decir que haya persona humana a los fines civiles”, especificó.
Si bien reconoció que el artículo 19 del Código Civil y Comercial protege la vida “desde la concepción”, señaló que luego el artículo 21 “aclara que si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió”.
Por eso, para la ministra, “no significa que tenga el mismo nivel de protección estatal. No tiene la misma protección jurídica la vida de la persona nacida que la vida intrauterina; por eso es distinta la penalización para un homicidio que para un aborto, por eso no está penado un aborto culposo y sí un homicidio culposo, por eso no están penadas las lesiones culposas al feto y sí a la persona nacida”.
Lo dijo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta al participar del inicio del debate en el Senado. Aseguró que “no podemos seguir mirando para otro lado” y detalló las modificaciones al Código Penal.
“Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino”, aseguró este lunes la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al participar del inicio del debate en el Senado.
Gómez Alcorta expuso sobre el proyecto del Poder Ejecutivo acompañada por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, quienes también se habían presentado en la Cámara de Diputados.
“No tenemos dudas que el proyecto se encuadra en las previsiones de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos, y es acorde a toda la jurisprudencia internacional”, garantizó.
La funcionaria enfatizó: “Estamos convencidos de que el proyecto viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto. Lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado”.
Gómez Alcorta sostuvo que “existen sobradas evidencias de que la legalización disminuye la mortalidad materna y también disminuyen los abortos”, y añadió: “Existe un círculo virtuoso una vez que están legalizados los abortos en términos de mayor acceso a la información y a la anticoncepción”.
Además, explicó que “la legalización no implica una saturación para el sistema de salud, sino un ahorro en términos de costos para el Estado”.
Por otra parte, explicó que “en materia punitiva es un proyecto mixto, legalizando la práctica” hasta la semana 14 “y penalizándola después con ciertas excepciones basadas en el sistema de causales” establecidas desde 1.921 en el Código Penal: violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer.
La funcionaria agregó que se mantiene la penalización para quien causa el aborto, de tres a diez años de prisión si el profesional obra sin el consentimiento, y elevando esa pena a 15 años cuando el hecho es seguido de muerte.
Si el médico obra con consentimiento -después de la semana 14 y sin existencia de las causales-, la pena será de tres meses a un año, puntualizó Gómez Alcorta.
Por otra parte, el proyecto “prohíbe obstruir, dilatar o negar injustificadamente la posibilidad de acceder a la práctica en los casos legalmente autorizados”, con pena de prisión de tres meses a un año si se verifican esas conductas.
Por último, para la mujer que lleva adelante su propio aborto o da el consentimiento para que otro lo haga, “se baja la escala punitiva”, que será de tres meses a un año de prisión, y además se mantiene que la tentativa de la mujer “no es punible”.
En cuanto a la objeción de conciencia, la ministra indicó que “se reconoce este derecho personal y constitucional a no llevar adelante la práctica cuando las convicciones entran en juego, siempre y cuando no esté en juego la vida o la salud de la persona gestante”.
Además, señaló que habrá un plazo de diez días desde el requerimiento de la interrupción del embarazo hasta su realización.
El senador pampeano, que en 2018 votó en contra, se reunió este lunes con militantes “verdes” en La Pampa y luego hará lo propio con el sector antiabortista.
El senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) anunciará en los próximos días si mantiene su voto en contra del aborto legal, o si cambia su postura y se inclina a favor, de cara a la sesión que se realizaría el martes 29 en la Cámara alta.
Marino mantuvo este lunes, en Santa Rosa, una reunión con integrantes del colectivo feminista de su provincia que están a favor de la ley, y luego hará lo propio con representantes del sector “celeste”, para finalmente anunciar su voto antes de la sesión.
“No voy a esperar hasta último momento”, dijo Marino a Radio Textual de La Pampa, y comentó: “Estamos haciendo lo mismo que la otra vez: consultar, hablar con todos los que pueda. Cuanto más amplio sea el espectro que uno puede bucear, mejor. Son leyes que no son menores, que dividen la sociedad al medio”.
“No soy celeste ni verde. Aplico el sentido común, consulto, tengo una hija que es pañuelo verde y la otra más grande no tiene posición. Pero no me voy a guiar por lo que dice mi familia, me tengo que guiar por todo. Soy un hombre católico, creo en Dios, no soy militante. Tengo respeto por muchos curas y odio por otros, como los pedófilos”, aseveró.
Finalmente, el radical manifestó: “Trataré de poner todo en la balanza y de no equivocarme”.
Los puntos principales de la iniciativa sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo sobre el que ahora deberán decidir los senadores.
El proyecto de despenalización y legalización del aborto se aprobó el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados. A continuación, los puntos principales:
Partidaria del rechazo, la senadora jujeña admitió que, si el Gobierno ha puesto el tema en agenda “es porque tienen la certeza de que el tema sale”. Pero no pierde la esperanza.
La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR/JxC) destacó, en declaraciones radiales, que “es una contradicción importante que, siendo la postura de los favorables a la legalización del aborto que se trata de un tema de salud pública, la comisión cabecera para el inicio del debate en el Senado no sea la de Salud y sea la de la Banca de la Mujer. Esto tiene que ver que quien preside la Comisión de Salud es el doctor Mario Fiad, quien ya ha manifestado una postura contraria al proyecto de ley tal cual ha venido”.
Con respecto a lo que se espera del resultado de la sesión, la senadora indicó que “después de la votación en diputados, lo que se advierte en la Cámara alta es un empate técnico. Igual, no creo que deba desempatar la vicepresidenta”.
“Se ha decidido un tratamiento rápido que nos lleva, cumpliendo con los 7 días de plazo después de dictaminar, a votar este tema -según la agenda presentada- el día 29. Al menos no eligieron el día 28 de diciembre que es el Día de los Santos Inocentes”, agregó.
“En mi condición de abogada, siempre he ejercido el derecho de familia y siempre he bregado -desde la docencia- por una educación responsable. Y mantengo mi postura de defensa de la vida. Hoy se quiere, en un momento por demás inoportuno, resolver con la muerte una cuestión que se puede resolver con la prevención y el cuidado. Esto muestra de manera descarnada el fracaso de la política de nuestro país”, advirtió.
Giacoppo destacó que “la UCR, como parte del frente Juntos por el Cambio, dio absoluta libertad a sus legisladores a decidir y votar de acuerdo a las convicciones. No hay una postura orgánica como bloque. Así sucede, también con el resto de las fuerzas que integran el frente y los interbloques. Coincidimos, sí, con muchos legisladores, dirigentes e integrantes del frente en lo inoportuno del momento para el tratamiento de este tema”.
“En cambio -añadió- para el oficialismo, es más que oportuno poner este tema en agenda. Mientras esto se debate, se le recortan ingresos a la Ciudad de Buenos Aires y, también, a nuestros jubilados con la nueva movilidad. Tapar con un tema conflictivo la persecución a un distrito opositor y el ajuste a nuestros mayores”.
“Yo creo que va a ser muy complicado que no se apruebe. Se ve una voluntad del oficialismo por que salga y, si lo han puesto en agenda, es porque tienen la certeza de que el tema sale. No van a exponer al Poder Ejecutivo a un fracaso de tanta repercusión. Igual, la votación puede deparar sorpresas”, concluyó Giacoppo.
Tras una semana corta pero muy intensa, las expectativas están puestas ahora en ver si el Senado vuelve a ponerle freno a la ley, como en 2018. Lo que se juega el gobierno con esta apuesta, y otros debates que avanzan paralelamente. A pesar de todo, la tensión extrema con la Corte es una novedad.
Por José Angel Di Mauro
Pasadas las 5 de la mañana, el debate sobre el aborto transitaba su última parte y uno de los oficialistas presentes en el recinto sorprendió con su discurso. Era uno de los 24 diputados que permanecieron hasta último momento indefinidos en el “poroteo” previo, de ahí la importancia de lo que fuera a decir, pues si se había anotado para hablar, adelantaría su voto. Y el tono de su discurso no hacía más que anticipar un voto positivo más.
Héctor “Cacho” Bárbaro es el presidente del Partido Agrario y Social de la provincia de Misiones, un aliado del Frente de Todos. Pero no formó un monobloque al asumir, porque la consigna establecida por el kirchnerismo en ambas cámaras fue no armar un interbloque, sino alinear a todos dentro de una misma bancada, cuestión de mostrar homogeneidad, más allá de la extrema diversidad del Frente de Todos. Sobre todo hacerlo en la Cámara baja, para reforzar el poder del flamante presidente de ese bloque, Máximo Kirchner.
“Cacho” Bárbaro es un duro y lo exhibió en ese discurso, donde se ensañó especialmente con el expresidente Mauricio Macri y sus promesas de campaña “incumplidas”. “Prometió que no vamos a devaluar y devaluó; vamos a terminar con la pobreza y aumentó; iba a venir la lluvia de inversiones y vino la sequía de inversiones”, dijo en un pasaje. Como contrapartida, se deshizo en elogios hacia Alberto Fernández, quien cumplió en cambio con su promesa de mandar el proyecto para legalizar el aborto, resaltó.
Pero sobre el final de su discurso recordó que él en campaña le había dicho al electorado misionero que no iba a votar a favor del aborto. E iba a honrar su palabra, “como lo hizo el Presidente de la Nación”, anticipó. Y él mismo graficó la situación generada al cerrar su mensaje felicitando “la fuerza” de las mujeres del Frente de Todos, “que por ahí me miran heladas”.
Un voto más y uno menos no era poca cosa en esta votación sobre el aborto legal que siempre estuvo ganada en esa Cámara, pero por eso el oficialismo se había puesto como premisa hacer una gran diferencia, o al menos superar ampliamente los 129 votos que la aprobación tuvo allí hace dos años. No es que se propusieran llegar a 140 -tampoco tanto optimismo-, pero sí quedar bien cerca. Sobre todo cuando en la previa aparecían 123 a favor, con 24 indefinidos. Con solo 6 de esos votos ya ganaban, pero estaban convencidos de que más de la mitad de esos 24 votarían a favor y esa era la apuesta.
Por eso las 131 voluntades que cosechó la aprobación del aborto lució cuanto menos exigua. Y abre interrogantes de cara al debate decisivo en el Senado, donde a priori arrancan en desventaja. Porque si bien han circulado sondeos optimistas de los “verdes”, los “poroteos” más serios basados en la votación de hace dos años y lo expresado por los propios protagonistas anticipa en principio un resultado 35 a 33 a favor del rechazo. Hay 3 indefinidos, de los cuales al menos uno votaría en contra, y si los 35 citados se mantienen irreductibles, con eso la ley volvería a fracasar en la Cámara alta. Con un senador de licencia -José Alperovich, que en 2018 votó en contra-, 36 es el número que le dará el triunfo a verdes o celestes.
Con todo, a diferencia de 2018, se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo, y ningún gobierno “se tira a la pileta” sin tener la convicción previa de que no perderá. Máxime en una Cámara como el Senado, donde Cristina Kirchner ha demostrado tener la capacidad de imponer todo lo que desee y no requiera los 2/3.
Pero el del aborto es un debate bien distinto, transversal, donde los mandatos partidarios no cuentan y hay libertad de conciencia. Así y todo, los operadores del oficialismo tratarán de modificar algunas posturas originales de los propios, que necesitarán argumentos convincentes para justificar un eventual cambio. A priori, se presume que operarán muy especialmente sobre dos legisladores propios que en 2018 votaron en contra: uno del norte y otro del sur; un varón y una mujer; ambos muy K. Con dos voluntades al oficialismo le alcanzaría para alzarse con la ley. Parece poco, pero no es sencillo.
Vale aquí también el ejemplo reciente de Diputados, donde hubo 6 legisladores que cambiaron su voto respecto de 2018. El dato tampoco es auspicioso para los “verdes”. De los seis, solo uno (una) fue del rechazo a la aprobación: Flavia Morales, del Frente de la Concordia de Misiones -partido aliado del oficialismo nacional-, quien dijo haber “reflexionado” respecto de su postura anterior. Cuatro diputados pasaron de “verdes” a “celestes”, todos de Juntos por el Cambio. Y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Schiaretti, que en 2018 fue la única abstención, ahora votó en contra, junto al resto de su bancada.
El bloque oficialista fue el que más votos aportó para la aprobación: 82 sobre 131, el 62,5%. Pero 32 diputados del Frente de Todos votaron en contra. Hay que sumar 3 abstenciones oficialistas. Así, casi el 30% de la bancada que conduce Máximo Kirchner se diferenció de los deseos de su gobierno.
Será el último tema importante a tratar por el Senado al cabo de un año intenso, en el que sesionó ya 32 veces a pesar de la pandemia, como se encargó de remarcar su titular al difundir esta semana un balance del cuerpo. Tanto se trabajó en esa Cámara, que hasta se reunió el jueves, mientras en Diputados se desarrollaba el histórico debate sobre el aborto. En esa sesión, los senadores le dieron media sanción al proyecto que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Paradójicamente la calle volvió a ser protagonista mientras en el Congreso se votaba una reforma previsional, pero esta vez nadie de los que allí estaban se interesaba por ese tema. Esta vez no hubo 14 toneladas de piedras como hace tres años, remarcaban desde Juntos por el Cambio.
También se trató -y ya es ley- el proyecto que reduce drásticamente los fondos de la coparticipación que percibía hasta ahora la Ciudad de Buenos Aires: pasa de 3,5 puntos a 1,4. La medida supone complicaciones serias para la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene por delante tres años en los que deberá ser austero para revertir tamaña merma. No la tendrá fácil, como ya anticiparon los camioneros, cuya rama Recolección de Residuos se declaró el viernes en estado de alerta y movilización, ante “el intento del gobierno porteño de recortar la jornada laboral”, lo que redundaría -dijo Pablo Moyano- en una merma de entre 20 y 25 mil pesos en los salarios de sus afiliados. El gremio de los Moyano no se perderá esta oportunidad de ser protagonista en la pelea del gobierno nacional con Larreta. Toda una señal en este contexto la dará la presencia de Alberto Fernández este martes en el cierre del congreso anual del gremio camionero que se celebrará en la sede de la federación. Estará también el gobernador Axel Kicillof. Toda una demostración de fuerza a las que Hugo Moyano es tan afecto.
El Presidente, que abandonó definitivamente su reclusión pandémica en Olivos, volvió a aparecer la última semana en un acto público junto a Cristina Kirchner después de varios meses. La imagen no alcanzó a revertir la sensación imperante desde hace tiempo, pues en la exESMA Alberto parecía ser el invitado y no al revés.
Ella volvió a tener protagonismo, pero no porque se le volviera a escuchar la voz más allá del Senado, sino a través de un nuevo pronunciamiento epistolar, esta vez con su balance hecho al cabo del primer año del gobierno del Frente de Todos, en el que dedica un 22% del texto a la labor en la Cámara que conduce, cuatro párrafos al Poder Ejecutivo (9,5%), elogiosos mas sin mencionar al Presidente, y el resto al Poder Judicial, “representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribió. Un 68% de la nota lo dedica al Tribunal Supremo, con el que es lapidaria: “la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare”, afirma CFK, en una nota en la que recuerda cómo en 2003, con apenas el 22% de los votos, dieron inicio a “un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”.
En esa misma nota desgrana críticas contra los integrantes actuales del tribunal, uno por uno, con nombre y apellido. El Presidente, como de costumbre, avaló esas críticas, generando inquietud ante lo que se vislumbra como un eventual choque de poderes. El texto de Cristina remite claramente al deseo de recrear un proceso similar de renovación del tribunal, aunque con una diferencia clave: no están los votos en el Congreso para acompañar los juicios políticos que emprendieron en 2003. Si bien el oficialismo tiene hoy mucho más que ese 22% al que siempre hace referencia el kirchnerismo, tiene límites, como se ve incluso en un debate transversal como el del aborto.
“Usaron como insulto una y otra vez la palabra ‘gorda’”, se quejó Dina Rezinovsky, que replicó: “Se llenan la boca de ‘defensa a las mujeres’”, pero le dijeron todo tipo de calificativos por pensar “distinto”.
Su discurso contra el aborto fue uno de los más enfáticos. Desafiante, dijo que la “marea verde” es “un simple charquito”, y fue más allá al denunciar que “con la billetera están comprando diputados oficialistas”. Pero su encendida postura le valió críticas severas en las redes sociales, que fueron más allá de su postura frente al tema del aborto, pues la atacaron con dureza por su condición física.
Integrante de la comunidad evangélica, Dina Rezinovsky publicó este sábado una serie de tuits en los que planteó con crudeza la manera como fue atacada en los últimos días por su postura en el debate sobre el aborto, y dijo “BASTA”.
“Es muy difícil para mí hacer este posteo. Son más de 20 años de luchar contra una realidad por la que pasan más de 2,5 millones de argentinos: la obesidad”, arrancó la legisladora del Pro, señalando que “en estos días en los que por decir mis verdades (y las de millones en todo el país) tuve mayor exposición en los medios y las redes, una palabra que usaron como insulto y que se repitió una y otra vez fue la palabra: GORDA.
Rezinovsky expresó entonces: “Se llenan la boca de ‘defensa a las mujeres’, ‘sororidad con las compañeras’, ‘#NiUnaMenos’, pero a la que piensa distinto: dinAsaurio, gorda, obesa y otros insultos que no puedo reproducir por ser crueles”.
“Yo necesito y tengo que ponerme en el lugar de las adolescentes y niñas que pasan por lo que yo pasé. Que quizás nunca tengan que exponerse públicamente como yo, pero a las que si me afectan cuando las llaman así a diario”, expresó la diputada evangelista, que sostuvo a continuación que “como sociedad tenemos que dejar de caratular al otro por su condición, menos con una enfermedad como lo es la obesidad. Y sobre todo, por las consecuencias trágicas que puede traer en las personas que lo sufren”.
La diputada de Juntos por el Cambio continuó: “Gracias a Dios yo tengo un entorno que me rodea de amor y pude tolerar los ataques de estos días porque sé que no me definen, pero además porque sé quién soy y la lucha que llevo”, y agregó: “Ojalá nunca más una persona tenga que sufrir un insulto por ser gordo. Ojalá quienes insultan maduren y eleven su discurso a debatir ideas y no insultar personas”.
Dina Rezinovsky concluyó advirtiendo que “a un par de ellos los denunciaré ante el @inadi. Espero tener suerte”.
“No voy a votar libremente. A la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas”, dijo Daniel Ferreyra, del Frente de Todos, quien se disponía a votar a favor.
Era cerca de las 4.30 de la madrugada cuando un diputado por Jujuy, Daniel Ferreyra (Frente de Todos) reveló su decisión de abstenerse en la votación del aborto legal a causa de “amenazas” que llegaron hasta “la puerta de la casa de su hija”. “No voy a votar libremente”, confesó.
“No es un buen día para mi. Lamentablemente, si bien vivimos en democracia, parece que no todos entienden lo que significa la palabra democracia, que es el respeto por el otro. El que piensa diferente no es un enemigo, simplemente piensa diferente”, arrancó.
Y siguió: “Yo estoy recibiendo todo tipo de amenazas. En lo personal no me preocupa, pero las amenazas han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy”.
“No me arrepiento de lo que dije. Esta mañana en un reportaje dije que no se podía ser demasiado duro, a pesar de estar a favor de la vida, con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto. Hablé de esas mujeres que tienen hijos, que tienen maridos borrachos que les pegan, las violan y las embarazan, y que no les queda mucha alternativa y tienen que recurrir a un aborto”, comentó Ferreyra.
Luego afirmó: “He sido siempre absolutamente respetuoso de las mujeres y no voy a cambiar. Siempre evité faltarle el respeto a las mujeres”.
El diputado destacó que “el Gobierno ha tenido hoy el coraje de sacar de debajo de la alfombra este proyecto y mandarlo para el debate”, y reconoció que en ese contexto “hubiera sido lindo estar liberado de las presiones para poder opinar libremente”.
Sostuvo entonces que “el derecho a la vida no lo podemos negar. Hay vida a partir de la concepción, y eso es indiscutible. Pero en la semana en que nos pasamos hablando con personas idóneas, hubo abogados que hablaron a favor y en contra de la ley, especialistas de un lado y del otro. O sea, este es un tema donde la controversia no se puede evitar”.
Sin nombrarla, dijo que “una periodista cotizada no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley. No sé si ella alguna vez vendió algo por plata. A mi en la vida y en muchos años nunca me pudieron comprar”.
Finalmente, y en un clima de preocupación, anunció: “No voy a votar libremente. A la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas”.
La iniciativa comenzó a ser discutido cerca de las 7.30 de la mañana, tras más de 20 horas de iniciada la sesión y se aprobó por 196 votos afirmativos y 5 abstenciones
Inmediatamente después de votado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, los diputados se abocaron al debate del proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.
Fue aprobado por 196 votos a favor y 5 abstenciones a las 8.48, tras casi 22 horas de debate, luego de que a instancias del diputado Facundo Suárez Lastra se accediera a un acortamiento de la lista de oradores para no extender más aún la sesión.
Las abstenciones correspondieron todas al bloque Pro, y fueron de Jorge Enríquez, Alicia Fregonese, José Luis Patiño, Francisco Sánchez y Héctor “Tito” Stefani.
El objeto del proyecto es “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.
Fue miembro informante del proyecto el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, quien dio detalles del mismo, destacando la “unanimidad” que había obtenido en las comisiones.
“Es un proyecto de ampliación de derechos para aquel binomio que es la mamá con el niño, que entendemos que en esta situación de crisis que hoy vive la Argentina requieren una protección particular. Y el Estado argentino ha decidido priorizar los recursos que tiene para generar la máxima protección al binomio madre e hijo a lo largo de esta situación”.
Desde la oposición, la diputada Carmen Polledo (Pro) señaló que se trata de “un proyecto que está principalmente enfocado en el establecimiento de un nuevo subsidio adicional denominado asignación por cuidado de salud integral. Por eso que más allá de que una cosa no compense ni tape a la otra, es que el subsidio nos parece una herramienta necesaria”.
Con todo, advirtió que “con un subsidio más no alcanza y deben instrumentarse políticas más activas para llegar al objetivo deseado”. A su juicio, no alcanza “porque por experiencia sabemos que el subsidio no es suficiente para modificar las condiciones estructurales de pobreza”.
Lamentó entonces no haber podido incorporar modificaciones que hubieran mejorado la iniciativa, pero rescató “la buena predisposición del presidente de la comisión, que sé que hizo lo imposible. Lamentablemente el Poder Ejecutivo nacional no accedió a incorporar nuestras propuestas en el proyecto”.
El diputado pampeano Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) consideró que tanto este proyecto como el del aborto “muestran la mirada integral que nuestro Gobierno tiene respecto de este tema. Por eso considero que son proyectos complementarios”.
Señaló que el proyecto de los mil días “tiene objetivos muy claros: reducir la mortalidad, terminar con la desnutrición y la malnutrición, acompañar a nuestras mujeres y poner en un pie de igualdad a nuestros niños y niñas que nacen en nuestro país”.
Planteando una diferenciación con los defensores de “la vida del niño por nacer”, la diputada oficialista Claudia Bernazza dijo respecto de “los chicos que están entre nosotros, a las vidas reales que nos ocupan, todo esfuerzo legal que hagamos por cuidarlos, siempre va a ser insuficiente, porque aquí también se libra una enorme batalla cultural. Porque los chicos y chicas de nuestros barrios sufren mucho, lo mismo que sus mamás a la hora de las crianzas. Y ese sufrimiento no tiene que ver nada más que con carencias materiales”.
Criticó luego una nota del diario La Nación, donde se hizo referencia a las orquestas que interpretaban en el recinto de Diputados el Himno Nacional. “Y de hecho puso particular atención a cómo interpretó el Himno la orquesta juvenil del barrio Villa Hidalgo. Una orquesta juvenil que durante toda la pandemia estuvo practicando con orgullo, con amor, eso formó parte de su educación… Pero parece ser que hay ciertos himnos y ciertos himnos… Hay ciertas culturas que valen y otras que no. ¿Sabemos el daño que hacemos cada vez que estigmatizamos? Cada vez que creemos que hay chicos que pueden perdonarse algún tuit que hicieron a los 12 o 18 años porque eran jóvenes e irreverentes, y chicos a los que no se les perdona una…”.
“Esto es un problema de clases, porque hay pibes y pibes, y esta situación la tiene que resolver el Estado y sus leyes, porque las leyes fundan formas de vivir, y forma. Y esta es una ley que forma criterios referidos a la crianza de nuestros pibes y pibas, sobre todo los que nacen en peores condiciones”, afirmó.
Por su parte, el diputado Eduardo “Bali” Bucca se quejó por la ausencia de diputados presentes a la hora de tratar esa ley. “Es una falta de respeto a los niños y las niñas de la Argentina”, apuntó. “En la Argentina hoy el 60% de los niños son pobres; muchos de ellos tienen inseguridad alimentaria, malnutrición, sobrepeso y se encuentran en extrema marginalidad”, señaló, para lamentar luego que el tema del aborto le quitaba valor a este que estaban tratando, “que tiene absoluta prioridad e importancia”.
“Los primeros años de vida determinan la vida, el desarrollo humano, y hoy están en peligro. La principal deuda que tiene la dirigencia política es con los niños; los más pobres y los más indefensos de la Argentina son los niños y las niñas, que además no tienen voz y no votan. Y este proyecto de ley tiene la visión y el objeto de tratar estas desigualdades que hoy atraviesan a la Argentina”, enfatizó el diputado oriundo de Bolívar, que de todos modos reconoció que “resulta insuficiente el proyecto, hay que seguir trabajándolo”.
De acuerdo con el texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.
En tanto, se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda semana de gestación.
En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.
“El Sistema se implementará a través de la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas”, agrega el articulado.
Asimismo, se indica que “el personal de salud, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto, que hubiere atendido el parto en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, deberá informar el hecho del nacimiento al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días corridos de ocurrido y del modo que dicha autoridad reglamente”.
La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.
“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, añade el proyecto.
Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.
En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.
También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.
Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.
En el dictamen se incorporó a la redacción original un artículo referido a los indicadores, el cual establece que el Ministerio de Salud deberá acordar con esta Unidad de Coordinación Administrativa “un listado de indicadores integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud, para aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos que afecten o pudieran afectar su salud integral”.
Y, asimismo, se “promoverá la capacitación en estos indicadores, búsqueda activa e incumbencias sobre protocolos a seguir en casos de vulneración de derechos que afecten la salud integral, a todos los integrantes de equipos de salud, desarrollo social, educación y de protección de las infancias, responsables del cuidado integral de la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños hasta los tres años de edad”.
Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.
La votación del proyecto en la madrugada de este viernes mostró el cambio de postura de legisladores que ya habían participado del debate hace dos años.
Por Carolina Ramos
Entre las sorpresas que dejó la votación del aborto legal en la mañana de este viernes, cinco diputadas y un diputado que en 2018 se habían pronunciado de una manera, en esta oportunidad lo hicieron de otra. Algunos fundamentaron su cambio de postura en el debate y otros, simplemente, se llamaron a silencio.
¿Quiénes pasaron de “verdes” a “celestes”? Fueron en total tres mujeres y un hombre: Sofía Brambilla (Pro-Corrientes), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Aída Ayala (UCR-Chaco) y Héctor “Tito” Stefani (Pro-Tierra del Fuego).
A diferencia de los casos de Brambilla y Ayala, quienes ya habían adelantado su decisión en los días previos a la sesión, llamó la atención el giro de Reyes, quien no participó del debate por una tragedia familiar reciente -sufrió la pérdida de uno de sus hijos- y tuvo que pedir autorización a la Cámara para poder votar.
Por su parte, el fueguino Stefani habló cerca de las 23.30. “¿Quién tiene la potestad de decidir cuándo empieza y cuándo termina la vida?”, se preguntó, y agregó: “El aborto es un tema que polariza a la sociedad. Los argentinos no aprendemos a trabajar entre antagónicos de manera complementaria”.
“Tratar este tema sin un debate profundo, en extraordinarias y en una sesión exprés, algo dice. No habla de seguir profundizando sobre el tema para encontrar una solución” para “salvar las dos vidas”, consideró.
A la inversa, hubo un solo voto negativo que se transformó en afirmativo, el de Flavia Morales (Frente de la Concordia-Misiones), ahora la única “verde” de su bloque, ya que sus pares Ricardo Wellbach y Diego Sartori se opusieron al proyecto.
“Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental”, aseguró Morales.
Y añadió: “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia. He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”.
Por último, Alejandra Vigo, de Córdoba Federal, pasó de ser la única abstención en 2018 a votar esta vez en contra, y si bien se expresó a favor de la despenalización, negó que el aborto sea un “derecho”.
“El aborto no es el ejercicio del derecho de la mujer sobre su cuerpo”, subrayó, y tras reiterar que “hacer libre el aborto en cualquier situación no es la respuesta”, concluyó: “Las mujeres ponemos el cuerpo y el alma, pero las palabras ‘aborto’ y ‘libertad’ no van bien en la misma frase”.
El proyecto recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, tras un debate de 20 horas y media, mucho más sereno que el de 2018. La Cámara alta tendrá el veredicto final.
Por Carolina Ramos
El proyecto de despenalización y legalización del aborto volvió a quedar a tan solo un paso de ser convertido en ley. Con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y ahora el Senado tendrá la última palabra, con expectativa de una votación antes de fin de año y un pronóstico verdaderamente abierto.
La votación se produjo a las 7.30, al cabo de un debate de 20 horas y media que levantó temperatura recién al final, con los discursos de cierre. A nivel general, la sesión transcurrió en calma y estuvo muy lejos del clima beligerante que dominó hace dos años, cuando la discusión atravesó por primera vez las puertas del Congreso.
A diferencia de aquel momento, la postura a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo llegó con ventaja numérica y el impulso del presidente Alberto Fernández, que este jueves celebró un año de gestión y cumplió su promesa de enviar el proyecto.
De todos modos, los votos a favor casi no aumentaron con respecto a 2018, cuando la aprobación fue por 129 a 125. Aunque esta vez sí se amplió la diferencia -fue de 14 votos- y sobresalió una mayor cantidad de abstenciones que facilitaron la media sanción, ya que hicieron reducir la base de cálculo para la mayoría.
Las seis abstenciones fueron de Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos-Misiones), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Daniel Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy), José Luis Patiño (PRO-CABA), Romina Uhrig (Frente de Todos-Buenos Aires) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica-CABA).
En la votación hubo asistencia perfecta: solo faltaron los dos diputados que están de licencia, José Ignacio De Mendiguren -por su cargo en un banco público- y Eduardo Cáceres -por una causa por violencia de género que avanza en la Justicia-.
Con atuendos y pañuelos verdes, los diputados a favor del proyecto estallaron de euforia y se fundieron en abrazos cuando el tablero marcó el resultado, en una postal de la transversalidad política con la que, una vez más, se desarrolló la discusión.
Fue el fin de una jornada donde volvieron a escucharse, casi intactos, los mismos argumentos a favor y en contra, aunque en esta oportunidad los “celestes” hicieron foco en la oportunidad para tratar la ley, en medio de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica y social que trajo como consecuencia.
A lo largo de la sesión se fueron definiendo los legisladores en duda: se confirmó el voto a favor de Francisco Guevara -el único sanjuanino “verde”- y también el de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, que apareció en su banca con el pañuelo de la Campaña por el Aborto y entrada la noche fundamentó su decisión.
Pero además, sorprendió la revelación de una diputada misionera, Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), que en 2018 se había opuesto al proyecto y ahora, tras una reflexión personal y cierto trabajo de persuasión desde el Frente de Todos, acompañó con su voto.
Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo informó, bien temprano, la oposición de los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, que defendieron un proyecto alternativo.
Durante la madrugada fueron varios los diputados que dieron a conocer su voto a favor, entre ellos la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos), que había tenido algunas manifestaciones en contra: “Me costó mucho tomar esta decisión. Soy una mujer que practica la fe católica y he iniciado un proceso de construcción que continúa”, argumentó.
En sentido contrario, Nancy Sand, del mismo bloque, se convirtió en la segunda correntina en pasar de “verde” a “celeste”. Y el jujeño Jorge Rizotti (UCR), hombre del gobernador Gerardo Morales, anunció su voto favorable. “Hoy voy a acompañar la ley contra el aborto inseguro y clandestino”, dijo, y se escuchó algún aplauso.
Cuando se acercaba el final, los diputados autorizaron que Roxana Reyes pudiera votar desde Santa Cruz a pesar de no haber participado de la sesión. La radical sufrió la pérdida de uno de sus hijos el fin de semana pero se comunicó con las autoridades para pedir permiso para votar, y a diferencia de 2018 esta vez votó en contra.
La sesión arrancó a las 11.12 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota, esto es, 150 en total. Al inicio, prestó juramento Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en lugar de Romina Del Plá (PO), en función de la rotación de bancas acordada en el Frente de Izquierda.
La apertura del debate estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones intervinientes: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y Diversidad) y Carolina Gaillard (Legislación Penal). En tanto, el dictamen de rechazo fue defendido por Carmen Polledo (Pro) y Marcela Campagnoli (Frente de Todos).
“Este debate ha sido puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y por las miles y miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afuera del Congreso”, destacó Moreau.
La titular de la comisión cabecera recordó que este jueves se cumplieron 37 años desde el retorno a la democracia y resaltó que la fecha “es simbólica para conquistar un nuevo derecho”.
Por su parte, Polledo advirtió que “la legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres, sino de grupos militantes que han quedado atrapados en consignas del pasado”.
“Es realmente increíble que en lugar de discutir cómo vamos a solucionar los problemas urgentes y dramáticos que hoy nos apremian, estemos aquí tratando la legalización del aborto”, se quejó la vicepresidenta de la Comisión de Salud.
Al inicio, hubo dos intentos de la Coalición Cívica para postergar el debate: primero, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año; luego, el bonaerense Javier Campos pidió discutir la convocatoria a una consulta popular. Ninguna de las dos mociones prosperó, porque se necesitaban dos tercios de los votos, que no se reunieron.
A lo largo de la tarde hubo varios pasajes salientes. Uno de ellos fue el discurso de una “celeste” del bloque oficialista, Vanesa Massetani, quien advirtió: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”.
Massetani pronunció esas palabras en la cara del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto. Sin nombrarlo, lo cuestionó por calificar al embrión como un “fenómeno” y hasta se ganó aplausos: “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”.
También sobresalió la confesión de una diputada “verde”, Adriana Cáceres, embarazada de 19 semanas. “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”, reveló, y lanzó un contundente “la maternidad será deseada o no será”.
Otro testimonio en primera persona fue el de la bonaerense Alicia Aparicio, del Frente de Todos, quien, al borde de las lágrimas, le dedicó la media sanción a su abuela fallecida en un aborto clandestino.
También se vivió un momento emotivo con la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero igual intervino en el debate para defender el proyecto.
Osuna, de 70 años, se encuentra en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto. “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”, dijo.
Los últimos discursos comenzaron a las 5 de la mañana. “Esto está muy lejos de las necesidades de la gente. No sabemos escuchar las demandas sociales. El principal problema es la falta de credibilidad del presidente de la Nación y de sus políticas públicas”, advirtió la cordobesa Soher El Sukaria (Pro).
En la misma postura, la jujeña Gabriela Burgos afirmó que siempre estará “a favor de las dos vidas”. “Soy defensora de los derechos de las mujeres. No porque no acepte el aborto no defiendo a las mujeres. Voy a seguir militando por los derechos de las mujeres. Sí significaron un avance la patria potestad compartida, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, la paridad”, enumeró.
Luego fue el turno de Brenda Austin, quien destacó, como radical, que la sesión se haya realizado en el aniversario de la recuperación democrática. “Se nos ha dicho que este no es el momento, pero ¿cuándo es el momento?”, se preguntó, y resaltó el papel de la Campaña por el Aborto pidiendo al Congreso el tratamiento de esta ley “hace 13 años”.
Silvia Lospennato volvió a ser una de las más aplaudidas. “Estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal y pleno de la autonomía de las mujeres, y lo estamos haciendo tan juntas que ninguna grieta pudo separarnos”, arrancó, y agradeció al presidente por “cumplir su palabra y enviar este proyecto”.
Tras reivindicar también a Mauricio Macri por haber habilitado el debate durante su gestión, explicó que “si fuera inconstitucional el aborto, la Corte tendría que haber dicho lo contrario a lo que dicho en el fallo FAL” de 2012, cuando se ratificó que los abortos producto de violación no son punibles.
Conectada desde su casa, Graciela Camaño profundizó su rechazo. “Lo que se está haciendo es transformar al feto en lo que los romanos llamaban res, cosa. Argentina abandonó este concepto en la Asamblea de 1813 cuando decidió la libertad de vientres. El hijo en el vientre de la mujer dejó de ser una cosa”.
“Hoy retrocedemos 207 años con esta ley, ¿en serio creemos que estamos ampliando derechos, en una Argentina empobrecida, agonizante?”, se preguntó, y además cuestionó que con la ley “el aborto podrá ser legal, pero jamás será justo”.
Hacia el final, la cordobesa Graciela Estévez destacó que “hoy vamos a lograr que ese lema que tenemos desde hace tantos años sea una realidad: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para que las pibas, los pibes y les pibis puedan tener su proyecto de vida sin limitaciones”.
El cierre estuvo a cargo de Gabriela Cerruti, quien habló de “los cruces virtuosos, cuando se cruzan las demandas colectivas con las decisiones de los Estados”.
“El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. El mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un modelo de explotación de las mujeres y la naturaleza. Necesitamos un mundo con menos hipocresías, con menos dobles discursos”, afirmó, y pidió la ley “por las pibas que están en la calle, por las pioneras y las ancestras”.
A lo largo del jueves y viernes, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).
También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la responsable de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini.
Si bien circuló la versión de que el propio presidente Alberto Fernández podía pasar por el Congreso en algún momento de la noche para renovar el impulso a la ley de aborto, finalmente no asistió. Su presencia hubiese sido un arma de doble filo en una votación que atraviesa a los partidos políticos.
Por su parte, Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, continúa aislado y no habló en la sesión, aunque siempre se mantuvo activo en busca de afianzar los votos.
La iniciativa comenzó a ser discutido cerca de las 7.30 de la mañana, tras más de 20 horas de iniciada la sesión.
Inmediatamente después de votado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, los diputados se abocaron al debate del proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.
El objeto del proyecto es “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.
De acuerdo con el texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.
En tanto, se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda semana de gestación.
En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.
“El Sistema se implementará a través de la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas”, agrega el articulado.
Asimismo, se indica que “el personal de salud, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto, que hubiere atendido el parto en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, deberá informar el hecho del nacimiento al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días corridos de ocurrido y del modo que dicha autoridad reglamente”.
La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.
“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, añade el proyecto.
Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.
En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.
También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.
Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.
En el dictamen se incorporó a la redacción original un artículo referido a los indicadores, el cual establece que el Ministerio de Salud deberá acordar con esta Unidad de Coordinación Administrativa “un listado de indicadores integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud, para aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos que afecten o pudieran afectar su salud integral”.
Y, asimismo, se “promoverá la capacitación en estos indicadores, búsqueda activa e incumbencias sobre protocolos a seguir en casos de vulneración de derechos que afecten la salud integral, a todos los integrantes de equipos de salud, desarrollo social, educación y de protección de las infancias, responsables del cuidado integral de la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños hasta los tres años de edad”.
Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.
Ponderó al presidente Alberto Fernández por cumplir con su palabra, fustigó a Macri por hacer lo contrario y él quiso honrar su promesa de campaña.
El diputado misionero Héctor “Cacho” Bárbaro era a priori uno de los diputados indefinidos. Hizo uso de la palabra pasadas las 5 de la mañana y lo hizo con un encendido tono oficialista en el que cargó duramente contra el presidente anterior, despertando airadas reacciones desde las bancas de Juntos por el Cambio.
Con todo, arrancó diciendo que “mi viejo siempre nos decía que la palabra es un documento y tenemos que honrarla. Durante la campaña electoral los candidatos proponen, se comprometen con el electorado y muchos cuando llegan a su cargo no cumplen los compromisos asumidos. Y tenemos un claro ejemplo, el expresidente Mauricio Macri”.
En ese sentido señaló que durante la campaña electoral Macri “prometió que no vamos a devaluar y devaluó; vamos a terminar con la pobreza y aumentó; no vamos a pedirle plata al FMI y pidió... Dijo que iba a venir la lluvia de inversiones y vino la sequía de inversiones; dijo vamos a generar trabajo y cerró las empresas”.
Según Bárbaro, cuando asumió como presidente “salió a decir que él tenía que mentir para poder ganar las elecciones. Esa es la palabra con un presidente como el que tenemos, Alberto Fernández, que cumple la palabra.
En agosto, en plena campaña electoral, dijo ‘tengo la decisión política de legalizar el aborto’. En marzo vino a este recinto y ratificó en su discurso que iba a mandar una ley para legalizar el aborto. En noviembre mandó la ley”.
“Estamos orgullos de un presidente que honra a su palabra, que cumple el compromiso de la campaña electoral, no como el otro... Mandó la ley, le guste o no a muchos de nosotros, pero cumplió su palabra”, enfatizó.
“En mi caso personal, soy presidente de un partido que es el Agrario y Social de la provincia de Misiones, donde tenemos 4 diputados provinciales, tres intendentes y varios concejales. Si nos destacamos algo en la provincia de Misiones es porque le damos valor a la palabra”, puntualizó.
Recordó entonces que en campaña él le dijo al electorado misionero que no iba a votar a favor del aborto. “Y en realidad lo que quiero hacer es cumplir, es honrar a la palabra cuando uno está en campaña electoral, como lo hizo el presidente de la Nación”, especificó, para anunciar luego: “Yo me voy a abstener de votar esta ley porque quiero cumplir el compromiso de la palabra que le di al electorado misionero. Y quiero decirles a las mujeres del Frente de Todo, que por ahí me miran heladas, que las felicito por la fuerza de ustedes, fuerza”.
Lo dijo Dina Rezinovsky (Pro), integrante de la comunidad evangélica. Consideró que la “marea verde” es “un simple charquito”.
La diputada del Pro Dina Rezinovsky calentó el debate del proyecto de aborto legal en la Cámara baja y advirtió que el oficialismo “está comprando” votos a favor “con la billetera”.
“Con la billetera están comprando diputados oficialistas. Me frustra saber que están dando vuelta diputados”, resaltó la legisladora macrista.
En el recinto, Rezinovsky apuntó a los legisladores que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y lanzó: “Cínicos son ustedes en decirles a las mujeres que la única salida es el aborto”.
“Lamentablemente, están hablando de un derecho a decidir y muchas mujeres no tienen derecho a decidir, porque cuando va a la salita le preguntan ‘¿Lo querés tener?’, y la están empujando al aborto”, consideró la diputada.
A su entender, “el aborto no es un derecho; derecho es tener un trabajo, derecho es que la inflación no te ahogue los sueños”.
“Esa marea (verde) de la que hablan es un simple charquito”, enfatizó, al cuestionar a los militantes a favor del aborto.
Integrante de la comunidad evangélica, Rezinovsky agregó: “Yo no voy a hablar desde la religión, aunque bien podría hacerlo, pero si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución”.
La diputada Alicia Aparicio contó su historia al borde de las lágrimas y defendió la legalización del aborto.
La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos-Buenos Aires) defendió este jueves la legalización del aborto y, al borde de las lágrimas, evocó a su abuela, muerta en un aborto clandestino.
“Quiero reivindicar la vida de mi abuelita Eufemia Rosa, que falleció tan solo con 22 años producto de un aborto clandestino, dejando solos a dos pequeños niños, uno de dos y uno de cinco. Ellos no pudieron disfrutar a su mamá, con todo lo que eso significa”, expresó.
Aparicio explicó que “el Estado no puede desentenderse y poner en cabeza de particulares la violencia a la que se somete a las mujeres ante esta decisión. Debemos acompañar con políticas públicas de salud. Y si no es así, el reclamo de Ni Una Menos seguirá siendo una quimera para miles de mujeres que seguirán muriendo, porque el Estado te confina al aborto en la clandestinidad, ejerce una violencia encarnizada contra las mujeres en la batalla por el control de la vida y de su cuerpo”.
“Lo que hoy votamos no se trata de nuestras creencias: se trata de correr el velo y entender que no es ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, porque año a año los abortos se llevan vidas. Es ‘aborto clandestino’ o ‘aborto legal, seguro y gratuito’”, enfatizó la legisladora.
A su vez, indicó que “hay un sistema patriarcal que condiciona y criminaliza a la mujer por el solo hecho de decidir sobre su cuerpo, sus deseos y su futuro”.
“Otra fue la época donde las mujeres no teníamos derechos, solo obligaciones: no votábamos, no podíamos trabajar ni estudiar. Fueron años de lucha para romper esos moldes que limitan a la mujer a los trabajos domésticos y a los cuidados”, recordó.
Finalmente, al ratificar su voto a favor, resumió: “Por mi abuela, por todas las que perdieron su vida, por las mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y así hasta el fin de los tiempos, pido educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.
La oficialista Blanca Osuna pronunció su discurso desde el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, en defensa del aborto legal. En el recinto la aplaudieron de pie.
Uno de los momentos más emotivos de la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados fue la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero aun así intervino en el debate para defender el proyecto.
Osuna, de 70 años, se encuentra desde hace algunos días en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto.
“Estamos hablando de una cuestión de salud pública, pero también es una apuesta muy fuerte a la igualdad y la no discriminación. Pero sobre todas las cosas, es una esperada reivindicación a una batalla que tiene muchos años”, subrayó.
La diputada del Frente de Todos destacó que el presidente Alberto Fernández “asume plenamente esta iniciativa para saldar una deuda”.
“Tengo el orgullo de pertenecer a un gobierno popular. Vamos dejando marca en esta historia, que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario: es una apuesta al amor, a la justicia”, sostuvo Osuna.
También señaló “la potencia que da la conjunción entre los feminismos y un gobierno que escucha, que atiende, que conjuga en esta ley una respuesta hacia adelante”.
Finalmente, con su pañuelo verde en alto, manifestó: “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”.
Continúa en Diputados el debate sobre el proyecto, que se votaría cerca de las 5 de la mañana del viernes. Discursos salientes, presencia de funcionarios y un clima sereno en el recinto.
Por Carolina Ramos
Con una serenidad muy lejana al clima de confrontación que se vivió hace dos años, la Cámara de Diputados continúa el debate sobre la despenalización y legalización del aborto. En un recinto bicolor, con pañuelos verdes y celestes, el proyecto se encamina a la aprobación cerca de las 5 de la mañana del viernes, con una mayoría no demasiado holgada.
La iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recibiría, según los cálculos del oficialismo, entre 130 y 131 votos a favor y al menos 117 en contra. La novedad es que habría más abstenciones que en 2018, cuando solo se plantó en esa posición la cordobesa Alejandra Vigo, que ahora irá por el rechazo.
A lo largo de la jornada, se definieron algunos de los legisladores en duda: se confirmó el voto a favor de Francisco Guevara -el único sanjuanino “verde”- y también el de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, que apareció en su banca con el pañuelo de la Campaña por el Aborto.
Pero además, sorprendió la revelación de una diputada misionera, Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), que en 2018 se había opuesto al proyecto y ahora, tras una reflexión personal y cierto trabajo de persuasión del Frente de Todos, acompañará con su voto.
Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo informó el voto en contra de los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, donde se especulaba con alguna abstención. Los “verdes” tampoco contarán con el voto de una radical, Roxana Reyes, que hace pocos días sufrió la pérdida de uno de sus hijos.
Durante la madrugada fueron varios los diputados indefinidos que confirmaron su voto, entre ellos la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos): “Me costó mucho tomar esta decisión. Soy una mujer que practica la fe católica y he iniciado un proceso de construcción que continúa”, argumentó.
En sentido contrario, Nancy Sand, del mismo bloque, se convirtió en la segunda correntina en pasar de “verde” a “celeste”. Y, finalmente, el jujeño Jorge Rizotti (UCR), hombre del gobernador Gerardo Morales, anunció su voto favorable. “Hoy voy a acompañar la ley contra el aborto inseguro y clandestino”, dijo, y se escuchó algún aplauso.
De todos modos, varios diputados mantienen la incógnita, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo -podría abstenerse-; Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica; y el “lavagnista” Jorge Sarghini.
La sesión arrancó a las 11.12 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota, esto es, 150 en total. Antes del debate, prestó juramento Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en lugar de Romina Del Plá (PO), en función de la rotación de bancas acordada en el Frente de Izquierda.
La apertura del debate sobre el aborto legal estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones intervinientes: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y Diversidad) y Carolina Gaillard (Legislación Penal). En tanto, el dictamen de rechazo fue defendido por Carmen Polledo (Pro) y Marcela Campagnoli (Frente de Todos).
Al inicio, hubo dos intentos de la Coalición Cívica para postergar el debate: primero, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero de 2021, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año; y luego, el bonaerense Javier Campos pidió discutir la convocatoria a una consulta popular. Ninguna de las dos mociones prosperó, porque necesitaban dos tercios de los votos, que no se reunieron.
A lo largo de la tarde hubo varios pasajes salientes. Uno de ellos fue el discurso de una “celeste” del bloque oficialista, Vanesa Massetani, quien advirtió: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”.
Massetani pronunció esas palabras en la cara del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto. Sin nombrarlo, lo cuestionó por calificar al embrión como un “fenómeno” y hasta se ganó aplausos: “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”.
También sobresalió la confesión de una diputada “verde”, Adriana Cáceres, embarazada de 19 semanas. “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”, reveló, y lanzó un contundente “la maternidad será deseada o no será”.
Otro de los momentos emotivos de la sesión fue la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero aun así intervino en el debate para defender el proyecto.
Osuna, de 70 años, se encuentra en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto. “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”, dijo.
Por un acuerdo de Labor Parlamentaria, esta vez no habrá cierres de bloque, para acortar los tiempos. Más allá de esta decisión, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, no se anotó en la lista de oradores, a diferencia de otros titulares de bancadas que ya intervinieron o lo harán en el transcurso de la noche.
A lo largo de la jornada, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).
También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la responsable de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini.
Si bien circuló la versión de que el propio presidente Alberto Fernández podía pasar por el Congreso en algún momento de la noche para renovar el impulso a la ley de aborto, distintas fuentes oficiales confirmaron que finalmente no asistirá.
Adriana Cáceres (Pro), a favor de la ley, reveló en el recinto que está en la dulce espera, y remarcó que el suyo fue un embarazo “sumamente deseado”, tras pasar por “abortos naturales”.
En el medio de la sesión por el proyecto de aborto legal y el del programa de los “Mil Días”, una diputada conmovió al recinto con la noticia de que será madre. Adriana Cáceres (Pro) reveló en su discurso que está en la dulce espera, y remarcó que su embarazo fue “sumamente deseado” tras haber pasado por “abortos naturales”.
“No puedo dejar de ver el tema del aborto legal, seguro y gratuito como un avance en los derechos de las mujeres. El aborto existe hace décadas, siglos, y va a seguir existiendo, y es nuestra labor como diputados trabajar para ampliar y conquistar nuevos derechos”, expresó Cáceres.
Fue entonces cuando confesó: “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”.
“Si hay algo difícil para las mujeres -aseguró- es ver cómo se transforman nuestros cuerpos y pasar por momentos dolorosos donde una no decide, no elige estar en esa situación”.
Por eso, consideró que “el común denominador” de los embarazos debe ser “que sean acompañados”, y finalizó con un contundente “la maternidad será deseada o no será”.
La votación se adelantaría para cerca de las 2.30 de la madrugada. Ministros y secretarios se reunieron con Massa y siguieron el debate desde el recinto.
Con funcionarios nacionales de cuerpo presente en el Congreso en señal de respaldo al proyecto, continúa en la Cámara de Diputados el debate sobre la legalización del aborto.
La iniciativa se encamina a la aprobación por alrededor de 130 votos, según los cálculos del sector “verde”, mientras que el rechazo reuniría 117 y habría más abstenciones que en 2018, cuando se registró solo una.
La sesión comenzó a las 11 y, en función de que se acortó la lista de oradores, la votación se adelantaría para las 2.30 de la madrugada del viernes.
A lo largo de la jornada, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).
También participaron la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, que había votado el proyecto en 2018.
Durante la reunión con Massa, se habló de la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández concurra a escuchar una parte del debate durante la noche.
NOTA EN DESARROLLO
Es Flavia Morales, del Frente de la Concordia Misionero. “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia”, analizó.
Una verdadera sorpresa vino de la mano de una diputada que en 2018 rechazó la legalización del aborto y esta vez votará a favor: se trata de Flavia Morales, del Frente de la Concordia Misionero, que anunció su decisión durante el debate en el recinto.
“Hoy decido acompañar y votar a favor de la regularización. Espero que en sus resultados pueda evitar y hacer que nuestras mujeres mejoren su calidad de vida”, reveló Morales.
La legisladora indicó: “Estamos ante un tema complejo. Me toca hablar como legisladora y como mujer. Hay una necesidad de una regulación en este sentido”.
“Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“, aseguró.
Morales siguió: “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia. He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”.
“La legalización ha contribuido a disminuir la realización de estas prácticas. Esperemos que esto ocurra aquí también. La penalización no evitó que estas prácticas ocurrieran”, planteó la misionera.
A su vez, expresó: “No creo que a ninguna mujer le guste tener que tomar la decisión de abortar. Nadie quiere matar a nadie. A mi me gusta la vida y estoy a favor de ella”.
Por otra parte, celebró el proyecto de los “mil días”, al considerar que “es un acompañamiento a las mujeres que deciden llevar adelante su embarazo”.
Al expresar su enfático rechazo a la legalización del aborto, advirtió que “no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”.
La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli completó el tiempo correspondiente al dictamen de minoría, arrancando con una réplica a la diputada Cecilia Moreau, que al cerrar el plenario de comisiones había calificado de “generoso” al presidente al señalar que había enviado un proyecto de ley sobre el tema del aborto cuando podría haberlo sacado por decreto. “Le recuerdo a la presidenta de Legislación General que el presidente tiene vedado legislar en materia penal. Y lejos de ser generoso, envió un proyecto que nos divide, cuando él dijo que venía a unirnos. Y además lo envía en medio de una pandemia”.
“Una pandemia que dejó 40 mil argentinos muertos; una pandemia que dejó a niños sin clases; una pandemia que dejó a mujeres sin poder asistir a sus controles médicos; una pandemia que dejó PyMEs cerradas y mujeres sin trabajo… ¿Con qué cara, con 44% de pobres, vamos a decir que esta es una prioridad para las mujeres?”, se preguntó, para luego criticar que ese hubiera sido un “debate exprés”, en el que se está debatiendo “un cambio fundamental de nuestro sistema jurídico y del país que queremos ser”.
Señaló en ese sentido que muchos juristas destacaron durante el debate que “nuestro sistema jurídico es robusto, valorando, protegiendo y defendiendo la vida desde la concepción”, ante lo cual se preguntó si “este va a ser el único tema en el que logremos cierto consenso transversal entre los distintos partidos políticos”.
“Hemos perdido otro año las mujeres diputadas donde podríamos estar representando a las niñas y las mujeres, deberíamos habernos podido pararnos en las coincidencias que tenemos, que son muchas, para poder legislar en pos de la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, destacó.
Habló en ese sentido en la necesidad de avanzar en la implementación de “una ley sexual integral universal; en la implementación de reformas que avancen y garantizar el acceso de mujeres y varones a anticonceptivos y métodos de reproducción sexual segura y sana”.
“Me comprometo a un debate serio, pero tenemos que pararnos en las coincidencias, no podemos seguir dividiéndonos con estos temas”, señaló, para preguntarse luego si creían que realmente con estos proyectos “vamos a poder parar la mortalidad materna, que se reduce con educación, con control obstétrico, con control prenatal, con agua potable, controlando la desnutrición… ¿Realmente creen que con un 44% de pobres que tenemos vamos a poder garantizar estas necesidades que son prioridades para nuestras mujeres?”.
Tras dejar claro su voto negativo, Campagnoli concluyó señalando que “este es un hecho político, estamos ante la urgencia que tiene el Gobierno de mostrar alguna gestión contundente en algo, y por eso envía este proyecto, pero estamos banalizando también con esto las normas. Porque se atropella el derecho, vamos rápido atropellando sin tener en cuenta nuestro ordenamiento político”.
En un enfático discurso, Carmen Polledo, miembro informante del dictamen de minoría, no anduvo con medias tintas al señalar que la ley en discusión “no sirve”.
Miembro informante del dictamen por el rechazo, la diputada del Pro Carmen Polledo arrancó manifestando su sorpresa porque se encare este debate en “un año terrible para la humanidad”, marcado por “una peste que se extendió por todo el planeta”, ante lo cual “la Argentina está afectando una gran crisis que no es solo sanitaria -dijo-, sino que producto de la pandemia, el aislamiento y las pésimas expectativas que despierta este gobierno, ha afectado gravemente al aparato productivo, la educación, las relaciones familiares, la salud física y psíquica”.
En ese marco, dijo, “la prioridad de este Gobierno es ofrecerles la legalización del aborto a los colectivos feministas… Y digo bien, porque la legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres, sino de grupos militantes que han quedado atrapados en consignas del pasado”.
“Es realmente increíble que en lugar de discutir cómo vamos a solucionar los problemas urgentes y dramáticos que hoy nos apremian, estemos aquí tratando la legalización del aborto”, se quejó, e invocó al padre Pepe, que expresó también su “sorpresa y cierta indignación” por el apuro para sancionar rápidamente la legalización del aborto”. Y usando las palabras del religioso, preguntó “ante quién se comprometió” el presidente en campaña para aprobar esa ley. “¿Al pueblo? Seguramente no, decía el padre Pepe; ¿al pueblo de la villa? Menos, y tampoco al de las provincias del interior”, concluyó.
Polledo recordó que este proyecto fue rechazado en el Senado en 2018, y se preguntó entonces “qué es lo que cambió desde 2018 hasta hoy”. Por el contrario, la diputada del Pro consideró que “son una abrumadora mayoría los jóvenes que consideran que el aborto no es una solución”.
Observó entonces que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no tiene modificaciones sustanciales respecto de 2018, y destacó que “estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno. Allí hay vida”.
“Se dice que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y por supuesto que es así; a nadie se le ocurriría pensar lo contrario en este siglo XXI, y gracias al trabajo en pos de los derechos de las mujeres hemos sancionado cantidad de leyes que nos protegen de la violencia, de la discriminación, y de todas las formas de desigualdad que hemos venido padeciendo a lo largo de la historia. Pero como hemos visto, ni el aborto es un derecho que se ejerce sobre un fenómeno inanimado, ni existe equivalencia entre dos derechos en tensión”, remarcó la vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
En otro pasaje, Polledo sostuvo que “el aborto es algo que debemos evitar, no legalizar”, advirtiendo que “reconocer el drama de las mujeres que pasaron por un aborto y empatizar con su dolor no nos debe conducir a legalizarlo”.
La diputada cerró su discurso diciendo que “nosotros nos la jugamos, no somos tibios, defendemos lo que queremos: defendemos la vida. No hay un fenómeno en el vientre materno, hay una vida, por eso hablamos de las dos vidas, y la prueba más contundente no es jurídica, ni científica, ni siquiera ética: la prueba más contundente es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro. Señores diputados, señoras diputadas, muchachas, muchachos, esta ley no sirve”.
Para el diputado mendocino, un tema tan importante no puede quedar librado a “una mayoría circunstancial”.
En 2018, José Luis Ramón modificó su postura inicial respecto del aborto y el tema le valió ser excluido del interbloque que conformaba entonces con los diputados Martín Lousteau y Ana Carla Carrizo. Esa vez dijo que había reconsiderado su postura atento a lo que había expresado en campaña. Este jueves reafirmó esa postura.
A su juicio, pensar el tema desde el punto de vista “personal y desde nuestra conciencia, creo que produce una colisión que no le da legitimación a la decisión que tomemos en el Congreso”.
El mendocino recordó que en 2018 “tuvimos la oportunidad de transcurrir por meses, en donde cada una de las decisiones, por el sí o por el no, marcaba su posición. Pero créanme que no hubo debate”. A su juicio, “el debate fue con especialistas, profesionales, ocurrió y ocurre hoy con nuestras familias, amigos, profesionales, pero cada uno marca su posición, hay una colusión de derechos y hay una falta total de poder llegar al consenso en las bancas que ocupamos. Porque lo que votamos nosotros tiene que ver con una cuestión de conciencia, mientras que lo que piensa toda la comunidad en la Argentina no se va a ver reflejado en la votación que hagamos muy pronto con lo que ocurre en las grandes urbes de la Argentina”.
“Hay un mundo enorme que tiene toda una concepción filosófica de vida, y sobre todo con un tema que hace a la concepción de la vida”, enfatizó el legislador, que advirtió a continuación que “hay un tema social que hace a las comunidades que no están siendo escuchadas. Yo provengo de una familia donde la consideración por el que está enfrente es muy grande, y más allá de mi consideración personal, reconozco que enfrente existe alguien que está discutiendo por la libertad, la posibilidad de tomar decisión, la necesidad que tienen las mujeres de salir de ese retraso y la necesidades de que las mujeres recuperen sus derechos”.
“Pero este debate transversal no puede ser resuelto por aquellas mayorías circunstanciales que ocupamos hoy las bancas en el Congreso”, aclaró Ramón. Para el diputado mendocino, no se está logrando así un “debate profundo”, y “ese debate tiene derecho a hacerlo cada familia, cada persona que vive a lo largo y ancho de la Argentina”.
“Por eso creo que más allá de lo que pensemos nosotros, creo que este debate va a continuar”, auguró, sugiriendo entonces la necesidad de apelar al proyecto que presentó en su momento para someter el tema a un plebiscito. A su juicio, “muy productivo al debate hubiera sido que sometiéramos desde el Congreso de la Nación que cada argentino pudiera emitir su voto por el sí o por el no, y después de un largo debate”.
Por último, recordó el primer proyecto que presentó en 2017, tras asumir en su banca, para “penalizar a todo aquel que hace una promesa en campaña y después resuelve de cualquier manera mientras está en funciones. De manera tal que siguiendo mi promesa de campaña hecha en 2017, voy a reafirmar mi voto negativo al proyecto que estamos tratando en este momento”.
Se presentaron en el inicio del debate en Diputados sendas mociones de orden con distintos motivos para que la discusión del aborto se diera más adelante.
En el inicio del debate sobre el aborto, justo cuando estaba por arrancar el discurso de la miembro informante del dictamen de mayoría, hubo un intento de la Coalición Cívica por aplazar el debate. Fue algo simbólico, pues estaba claro que no tenía ninguna posibilidad de prosperar el intento de conseguir los dos tercios para la moción de orden que presentó la diputada santafesina Lucila Lehmann.
Fue para que el debate de la interrupción voluntaria del embarazo se postergara hasta después del 6 de enero de 2021. “El motivo de la moción, aunque es obvio me veo en la necesidad de aclararlo -dijo-. Represento a los ciudadanos del pueblo de la Nación, pero una gran cantidad de esos ciudadanos son católicos. Estamos viviendo un momento muy especial en el año los católicos, que justamente está vinculado con la concepción y con la vida”.
“Es por eso que la decisión de tratar este proyecto en estos tiempos es una ofensa para el culto católico y el culto cristiano en general”, enfatizó.
Y como prolongaba su argumentación, el presidente de la Cámara la interrumpió para aclararle que las mociones no debían ser fundamentadas, solo pedidas. “Que se aplace la moción para después del mes de enero”, sintetizó entonces, e insistió en que le parecía “un disparate que en las vísperas de Navidad estemos debatiendo el aborto… Es un atropello para el culto católico y cristiano en general”.
Pero antes de que se votara su pedido, intervino otro diputado de su bloque, Javier Campos, quien pidió “si no podríamos hacer un esfuerzo para tratar previamente un proyecto de ley de consulta popular” sobre el tema del aborto, presentado oportunamente por el diputado José Luis Ramón. La moción era entonces “acordar tratar este tema en una consulta popular”.
Previsiblemente las mociones no prosperaron. Se votaron a mano alzada y ni siquiera fue necesario contar las manos dispuestas a aplazar el debate.
A continuación, sí arrancó el histórico debate.
Con singular expectativa por las características de los temas a tratar y un escenario externo dividido y muy atento a lo que sucede en el recinto, la Cámara de Diputados debate la interrupción voluntaria del embarazo y luego avanzará con el proyecto de los “mil días”.
A partir de las 11.12, y con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota -esto es, un quórum dado por 150 legisladores-, se inició este jueves la que se espera será otra maratónica sesión, marcada por la singularidad y polémica que despierta la cuestión a debatir: la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Se espera que el debate demande alrededor de 20 horas, y, según las estimaciones del sector "verde", el proyecto sería aprobado con alrededor de 130 votos -hay un piso de 125 a favor-, cerca de las 4 de la mañana del viernes.
Luego será el turno de debatir el otro proyecto en discusión, el que crea el “Programa de los Mil Días”, el cual brinda acompañamiento e incentivos a aquellas mujeres que desean continuar con su embarazo.
En el recinto se encuentran presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; su par de provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y Dora Barrancos, asesora presidencial.
Más allá de los discursos de los miembros informantes, previstos para 20 minutos cada uno, este debate tiene la característica de que no hay tiempos de bloque, sino que se pasará directamente a oradores individuales de cinco minutos cada uno, y finalmente tampoco habrá cierres, sino que sobrevendrá la votación.
La sesión tiene como marco, una vez más, la movilización de la Campaña por el Aborto Legal y de las agrupaciones que rechazan la ley. Los “verdes” se ubicaron del lado de Avenida Rivadavia, mientras que los “celestes” lo hicieron sobre Hipólito Yrigoyen.
El texto de la interrupción voluntaria del embarazo contó con modificaciones de último momento introducidas en el dictamen para sumar votos: en primer lugar, se incorporó un artículo que indica que la paciente deberá ser derivada de inmediato a otro establecimiento de salud cuando el requerimiento se realice en uno donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
En segundo término, se ajustó la redacción para los casos de mujeres menores de 16 años: el proyecto ahora remite al artículo 26 del Código Civil, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”.
A diferencia del proyecto de aborto legal, donde hubo dos dictámenes -el de mayoría recibió 77 firmas y el de rechazo, 30-, el “Programa de los Mil Días” recibió unanimidad y se espera una votación por amplia mayoría. De ser aprobados, los dos proyectos serán girados al Senado, que tendrá la última palabra.
La sesión empezará a las 11. Hay mayoría a favor del proyecto de legalización del aborto, aunque los indefinidos serán clave. Cada diputado tendrá cinco minutos para hablar. El proyecto de IVE se votaría cerca de las 4 de la mañana del viernes.
Por Carolina Ramos
En una sesión que durará menos de lo previsto -unas 20 horas-, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que, en principio, cuenta con los votos para ser aprobado y girado al Senado, donde se presenta un escenario todavía incierto.
A continuación, se debatirá el proyecto que crea el “Programa de los Mil Días”, el cual brinda acompañamiento e incentivos a aquellas mujeres que desean continuar con su embarazo.
Si bien el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, había informado que las iniciativas se debatirían en conjunto, en Labor Parlamentaria el Pro reclamó que se hicieran dos debates separados y triunfó esa postura.
En primer lugar, como marca el reglamento, los miembros informantes tendrán 20 minutos cada uno para defender los dictámenes: Cecilia Moreau (Frente de Todos) por el de mayoría y Carmen Polledo (Pro) por el de rechazo.
Luego no habrá tiempos de bloque, sino que se pasará directamente a oradores individuales de cinco minutos cada uno, y finalmente tampoco habrá cierres, sino que sobrevendrá la votación.
Para el proyecto de aborto legal, se calcula que habrá unos 170 diputados anotados para hablar, con lo que la votación sería cerca de las 4 de la mañana del viernes, y luego la sesión continuará con el proyecto de los “Mil Días”, para el cual habría unos 50 oradores.
La sesión tendrá como marco, una vez más, la movilización y posterior vigilia de la Campaña por el Aborto Legal y de las agrupaciones que rechazan la ley. Los “verdes” se ubicarán del lado de Avenida Rivadavia, mientras que los “celestes” lo harán sobre Hipólito Yrigoyen.
Pero además, en el recinto habrá un desfile de funcionarios: ya está confirmada la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, y también participarían desde los palcos Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Los diputados a favor del aborto legal se ilusionaban hasta anoche con la presencia del presidente Alberto Fernández, aun no confirmada.
El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuenta, según el sondeo de parlamentario.com, con un piso de 124 diputados, mientras que los rechazos son 109. La Cámara se completa con 23 legisladores indefinidos, algunos de los cuales guardarán en secreto su decisión hasta el final.
El texto recibió dictamen favorable este miércoles en el plenario de comisiones con dos modificaciones clave para sumar votos: en primer lugar, se incorporó un artículo que indica que la paciente deberá ser derivada de inmediato a otro establecimiento de salud cuando el requerimiento se realice en uno donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
En segundo término, se ajustó la redacción para los casos de mujeres menores de 16 años: el proyecto ahora remite al artículo 26 del Código Civil, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”.
A diferencia del proyecto de aborto legal, donde hubo dos dictámenes -el de mayoría recibió 77 firmas y el de rechazo, 30-, el “Programa de los Mil Días” recibió unanimidad y se espera una votación por amplia mayoría. De ser aprobados, los dos proyectos serán girados al Senado, que tendrá la última palabra.
Los puntos principales de la iniciativa sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo que recibió dictamen favorable y se votará en el recinto.
El proyecto de despenalización y legalización del aborto se votará en la sesión convocada para este jueves a las 11 en la Cámara de Diputados. A continuación, los puntos principales:
En el plenario de comisiones, la iniciativa sufrió modificaciones que le permitirían al sector “verde” ampliar la diferencia a favor. El dictamen de mayoría reunió 77 firmas, y el de rechazo, 30. Hubo cuatro abstenciones.
Por Carolina Ramos
Con dos modificaciones clave que le permitirían al sector “verde” ampliar la diferencia a favor, el proyecto de despenalización y legalización del aborto recibió dictamen favorable y será tratado este jueves en la Cámara de Diputados con la presencia de casi la mitad de los legisladores y una nueva movilización en las calles, bajo la mirada atenta de los senadores, que tendrán el veredicto final.
El proyecto del Poder Ejecutivo fue despachado en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, que se reunió en el recinto -un escenario atípico- para poder cumplir el distanciamiento social entre los diputados.
El dictamen a favor obtuvo 77 firmas, mientras que el de rechazo recibió 30. A la hora de las firmas, se mantuvieron al menos tres incógnitas: las oficialistas Graciela Parola (Formosa) y María Luisa Montoto (Santiago del Estero), ambas conectadas desde sus provincias, se abstuvieron de firmar dictamen, con lo que mantendrán su decisión en secreto hasta último momento. La tercera abstención fue del puntano Karim Alumé Sbodio -él sí presente en el recinto-, quien en 2018 votó en contra, pero en esta oportunidad no suscribió ninguno de los dictámenes, lo cual sorprendió y abre interrogantes respecto a la postura que mantendrá esa vez.
En primer lugar, se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”.
Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.
El segundo cambio que sufrió el texto tiene que ver con las personas gestantes menores de 16 años que requieran un aborto. En esos casos, se establecía originalmente que “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”.
Ahora, el proyecto se remite fundamentalmente al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.
Además, indica el Código, “se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Por otra parte, aunque se especulaba con que pudiera acotarse el plazo para la realización del aborto -de diez a cinco días desde la fecha de su requerimiento-, se mantuvo el plazo original de diez días.
La discusión arrancó con Carmen Polledo, una de las abanderadas del sector “celeste”, quien fundamentó el dictamen de rechazo. “El proyecto resulta extremadamente inoportuno por el contexto sanitario producto de la pandemia. Nos parece realmente un escándalo estar tratando la legalización del aborto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando”, planteó.
Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, insistió en que el aborto “no está en la agenda de nuestras mujeres” y agregó: “La solución no pasa por la legalización, sino por una adecuada implementación de la educación sexual integral y de las políticas públicas para la prevención de embarazos no intencionales”.
La porteña sostuvo que el aborto legal es “incompatible con nuestro ordenamiento jurídico”, y alertó: “Se debate como si existiera una tensión entre el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida del niño por nacer. Estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser vivo que se está gestando en el vientre materno”.
La diputada del Pro reconoció que “no corresponde mantener la punición de la mujer”, pero consideró que “una cosa muy diferente es legalizar el aborto. Es algo que hay que erradicar, no legalizar”.
En defensa del aborto legal, Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, enfatizó qie “claramente es un tema de salud pública”.
“No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Seguramente todos estamos en contra. Lo que tenemos que hacer para que no haya abortos es trabajar para que no haya embarazos no deseados”, sugirió el tucumano.
A su vez, dijo que la despenalización es “un mensaje claro a todas las provincias y a los sistemas judiciales”, y finalmente, sentenció: “El aborto lamentablemente ocurre. No verlo es falso. Miles de mujeres en Argentina a lo largo de estos 100 años de Código Penal han interrumpido embarazos en la clandestinidad”.
El puntano José Riccardo (UCR), quien votará a favor, volvió a plantear lo mismo que hace dos años: la necesidad de reforzar la educación sexual integral. “Tanto en el debate de 2018 como en este, hubo una palabra que se repitió en las miles de alocuciones de todos: educación sexual integral”, advirtió, y recordó que hay un proyecto pendiente de tratamiento en ese sentido.
Romina Del Plá (PO) pronunció su último discurso como diputada y afirmó que el avance del proyecto es “el resultado de la enorme marea verde que recorre todo el país”, aunque criticó el derecho a la objeción de conciencia, por considerar que se trata de un “obstáculo” para la realización de la práctica.
“La ley que se va a votar habilita la objeción por ideario institucional al no establecer la obligación de los centros de salud a garantizar la práctica. Es una prerrogativa inadmisible que permite que clínicas e instituciones de salud vulneren la ley en nombre de la objeción de conciencia. Un bloqueo de hecho al acceso a la práctica y una concesión enorme a los agentes del clero que tienen colonizado buena parte del sistema de salud público y privado en todo el territorio nacional”, cuestionó.
En contra del proyecto, Jorge Enriquez (Pro) negó que se trate de un “clamor popular”. “Encuestas recientes han dicho que así como había una paridad en 2018, hoy hay un 70% de la gente en todo el país (la Ciudad y el AMBA no somos el ombligo de la Nación) que se opone”, reveló, aunque sin citar la fuente.
Enriquez sostuvo que “la embriología y la genética nos indican que hay vida desde la concepción y que esa vida no se puede suprimir por la decisión unilateral de una persona. Estaría disponiendo sobre un cuerpo que no es el propio, sino sobre otra vida”.
Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), otra de las opositoras a la ley, aclaró que “jamás utilizó argumentos religiosos”, sino jurídicos. “No tengo nada contra las mujeres, pero no puedo callarme ante el milagro de la vida. Nadie quiere criminalizar a la mujer, Que una sola mujer vaya presa o que tenga que transitar por el sistema penal, nadie lo quiere. Pero poder pensar que una persona puede decidir a libre arbitrio o capricho sobre otra…”.
Quien cerró la discusión fue Graciela Camaño, otra “celeste”, quien advirtió que “la sociedad que modelamos con esta legislación es una donde claramente el individuo se despoja de responsabilidades por sus acciones voluntarias que fueron asumidas libremente, incluso a costa de la vida ajena. Si es así, la ley solo va a servir como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos, los intereses individuales, y eso es el fracaso de la comunidad organizada”.
“Este proyecto claramente lesiona el derecho a la vida por nacer”, insistó la diputada de Consenso Federal, y remató: “Si se sanciona el aborto va a ser legal, pero jamás va a ser justo”.
La ministra de las Mujeres, Genero y Diversidad de la Nación destacó que “estamos trabajando para que sea ley”.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que, a diferencia de 2018 donde “se habilitó” la discusión sobre el aborto, ahora “se busca que la norma se apruebe”.
En declaraciones a Radio Provincia destacó que “se espera una sesión muy larga” pero tenemos “muchas expectativas” porque “nos estamos ocupando” para que se apruebe”.
Gómez Alcorta señaló que, a pesar de que hay un clima de tensión en las calles, “todas las reuniones de comisión estuvieron muy a la altura” porque “el debate es un debate de ideas”.
“Nos preocupan los escraches para que una persona cambie su voto” destacó la Ministra y agregó que se está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Seguridad de Nación y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para organizar “la seguridad en la calle”.
Por otra parte, Alvarez Alcorta señaló que también preocupa el cuidado sanitario de los manifestantes y por ello “habrá postas sanitarias y presencia de los cascos blancos”.
Finalmente, Gómez Alcorta pidió “que los que se movilicen lo hagan con mucho cuidado, respeto y que no respondan ninguna provocación; para poder sostener una jornada democrática, sean cual sean los resultados”.
Por Jorge Enríquez. El diputado del Pro cuestiona la reedición de eta cuestión “sin debate” y advierte sobre una “extorsión” hacia los legisladores “celestes”.
La legalización del aborto sería una grave claudicación ética. Cuesta creer que haya personas que celebren la posibilidad de que el Estado permita la supresión de la vida de seres humanos. Pero aún si se tienen otros criterios éticos, existe una valla constitucional infranqueable.
En efecto, si bien el derecho a la vida no fue expresamente reconocido por la Constitución Nacional, ha sido siempre considerado uno de los derechos implícitos a que se refiere el artículo 33. Pero la reforma constitucional de 1994 despejó cualquier incertidumbre. Dispuso en el artículo 75, inciso 23 que el Congreso debía dictar un régimen de seguridad social que protegiera al niño desde el embarazo. Como no distingue etapas, es claro que rige desde la concepción. Asimismo, el artículo 75, inc. 22 les otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. La primera establece en el artículo 4.1: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
Respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño, al momento de su ratificación la República Argentina formuló algunas reservas, entre ellas la siguiente: "Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad".
Al abortar no se ejerce el derecho a la intimidad (la disposición sobre el propio cuerpo), que tutela el artículo 19, CN, porque el niño por nacer no es un órgano de su madre, sino una persona distinta. Que los abortos suceden tampoco parece un argumento plausible para que se los legalice. Los homicidios, las violaciones, los robos también suceden y nadie en su sano juicio sostiene que se los deba despenalizar.
Con ese criterio, el Código Penal sería un cuerpo legal sobreabundante: ninguna conducta que ocurriera podría ser penada.
La sociedad debatió extensamente este tema hace dos años. Sus representantes rechazaron la legalización del aborto. Ahora se reedita la cuestión, pero sin debate, como si fuera una emergencia que debe tratarse con la mayor celeridad. Y el Poder Ejecutivo presiona indebidamente a los legisladores con el uso indebido de los recursos del gobierno central. ¿Cuál es la urgencia? Lanzar una cortina de humo que oculte por un tiempo el salvaje ajuste que pesa sobre los jubilados y la clase media.
¿Dónde quedó el discurso del diálogo y la convivencia que el presidente pronunció al asumir el cargo?
¿Tiene algún significado que no sea meramente retórico su apelación a que termine la grieta? ¿Es una contribución a ese objetivo sostener que quienes están en contra del aborto son hipócritas?
Espero que los legisladores que están a favor de las dos vidas no cedan a la extorsión. La dignidad de los seres humanos no es una mercancía que se pueda ceder en una mesa de negociaciones.
Los datos son muy contundentes y atribuidos por la consultora que realizó el trabajo, Giacobbe & Asociados, a que el tema “se partidizó”.
En vísperas del tratamiento en Diputados del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, una encuesta realizada por Giacobbe & Asociados arroja resultados sorprendentes: un 60% manifestó que no quiere que la ley sea aprobada, mientras que apenas un 26,7% expresó lo contrario.
El trabajo corresponde a una encuesta de opinión pública realizada por esa consultora en la que se interrogó sobre la posición de los entrevistados respecto de numerosos temas, incluyéndose una pregunta puntual respecto de la Ley de Aborto.
Jorge Daniel Giacobbe, director de la consultora, admitió que “los números que aparecen ahora nos han dejado perplejos”. Y recuerda que cuando se debatió el tema por primera vez, en 2018, “evidentemente el clima era rotundamente distinto”.
“Hubo, todo este tiempo, un proceso social cursando que, si bien podemos intuir, ahora resulta sorprendente mensurar”, señala Giacobbe, que resalta que en la primera ronda del debate, “los verdes irrumpieron con entusiasmo y fuerza en la sociedad y controlaron el debate, en cuyo marco los celestes “se vieron apichonados y contra las cuerdas. La aprobación en Diputados (pese al rechazo en Senadores) para los verdes significó un triunfo. Saben muy bien que en la mayoría de los países donde la ley fue aprobada, el movimiento no lo logró a la primera arremetida. De modo tal que media sanción en la primera intentona no estaba nada mal. Eso los envalentonó al pensar que el triunfo estaba en la próxima ronda, y quizás el exitismo sea el germen de que el entusiasmo del sector torciera hacia un discurso más irritante y violento”.
Giacobbe reconoce que “los celestes salieron de entre las cuerdas, como los boxeadores, pegando. Dieron el debate y florecieron múltiples figuras de alto voltaje mediático, muchas de ellas con el mismo estilo irritante que las de enfrente”.
“Y finalmente se partidizó la discusión”, advierte el consultor, que agrega: “Una de las facciones políticas que conforman la grieta, que para colmo transita un momento durísimo en términos de prestigio, se la apropió”.
Para Giacobbe, “la soberbia y la grieta torcieron el clima social respecto de la ley de despenalización del aborto. Ahora, el 26,7% se encuentra a favor, y 60% en contra”, mientras que el 12,9% no se define. El director de Giacobbe & Asociados usa la figura de “vuelta de campana”.
Entre las mujeres, el debate está más polarizado que entre los hombres: a favor, 28,1% y en contra 62,8%. Por edades, los jóvenes de entre 16 y 30 años están levemente más a favor. Por estudios existe una relación absolutamente lineal, más a favor cuantos más estudios y viceversa. Por ingresos familiares, sucede exactamente lo mismo que por estudios, añade la consultora.
En síntesis, “el corazón del público a favor de la despenalización es hoy la mujer joven de buenos ingresos y estudios. El resto del público ha revisado su posición y no quiere la ley tal como está planteada hoy, en contenido legal y en contenido simbólico”, sostiene Giacobbe, quien considera que lo interesante del resultado de este análisis es “entender que los ciudadanos pueden cambiar de opinión silenciosamente” sobre el aborto, y pueden también “quedarse estáticos en sus consideraciones aunque afuera acontezca una guerra nuclear” sobre los candidatos.
En ese sentido el trabajo establece que el presidente Alberto Fernández cayó casi dos puntos de imagen positiva, que se sumaron a su negativa. Cristina Kirchner perdió poco más de uno y Axel Kicillof se encuentra estable. Por la oposición, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta aparecen bajando unas centésimas, registrando este último valores de imagen positiva muy similares a las de Patricia Bullrich (34,7%).
Frente a las elecciones legislativas de 2021, el 27,9% quiere que gane el Frente de Todos, mientras que un 50,4% manifestó su deseo de que pierda. A un 20,6% le da lo mismo.
Otra consulta tiene que ver con la reelección indefinida de los intendentes. Solo un 9,9% se manifestó de acuerdo, mientras que un 66,3% lo hizo en desacuerdo. Un 22,9% no tiene una posición tomada al respecto.
Del relevamiento realizado por parlamentario.com surge que hay, en principio, 123 votos a favor, 109 en contra y 24 indefinidos. El miércoles se firmará el dictamen y el jueves se tratará en el recinto.
Por Carolina Ramos
Eran cerca de las 8 de la mañana del 14 de junio de 2018 cuando un tuit cambió la historia. El diputado pampeano Sergio Ziliotto -luego electo gobernador- anunciaba el voto a favor de sus dos compañeros de bloque y se daba vuelta el resultado, que finalmente quedó sellado con el apoyo de un fueguino. Tras una madrugada para el infarto, se aprobaba en la Cámara de Diputados el proyecto de despenalización y legalización del aborto.
Dos años después, con una renovación de bancas de por medio, un presidente que impulsa la ley, el debate ya maduro y el movimiento feminista nuevamente en las calles, los diputados y diputadas “verdes” llegan a la sesión más confiados: tendrían garantizada la mayoría para volver a lograr la media sanción y girarla al Senado, donde están puestas todas las miradas.
La posición pro-aborto legal está muy cerca de alcanzar los 129 votos, si bien sigue habiendo un grupo de diputados entre signos de interrogación. Según el relevamiento que realizó parlamentario.com, hay 123 a favor del proyecto, 109 en contra y 24 indefinidos. El diputado número 257 es José Ignacio De Mendiguren, que está de licencia por su cargo en un banco público.
La mayoría de los diputados electos en 2019 dieron a conocer su postura públicamente, y otros la confirmaron a este medio, pero la mantienen bajo reserva hasta el día de la sesión. Asimismo, entre los que ya votaron en 2018 hay dos mujeres que lo hicieron a favor y ahora irán por el rechazo: la chaqueña Aída Ayala (UCR) y la correntina Sofía Brambilla (Pro).
Entre los legisladores que no se pronunciaron figura ni más ni menos que Sergio Massa. A diferencia de hace dos años, cuando la posibilidad de un desempate de Emilio Monzó despertó todo tipo de especulaciones, esta vez es impensado que el presidente de la Cámara tenga que intervenir en la votación.
Por otra parte, el bloque Córdoba Federal -que fue clave para la aprobación del recorte de la coparticipación porteña- presentó en los últimos días un proyecto alternativo de despenalización del aborto. Pero lo cierto es que, lejos de acercar posiciones, dos de los cuatro integrantes votarán en contra de la iniciativa del Ejecutivo: Paulo Cassinerio (ya lo hizo en 2018) y Claudia Márquez, la mujer que asumió en lugar del intendente de la capital, Martín Llaryora.
“Mi voto es en contra. Tengo esta posición desde los años ’90, cuando era estudiante de Derecho, y no ha variado, por el contrario: a través del principio de progresividad de los derechos, se fue consolidando la protección de los derechos tanto de las mujeres como de los niños, y se dio carácter de niño al concebido cuando se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Mi postura personal es a favor de la vida”, ratificó Márquez ante la consulta de parlamentario.com.
Por lo tanto, resta conocer qué harán el jefe de la bancada “schiarettista”, Carlos Gutiérrez, que en campaña propuso convocar a una consulta popular; y Alejandra Vigo, esposa del gobernador, la única que se abstuvo hace dos años. Ambos guardan su definición bajo siete llaves.
Otros diputados que evitaron expresarse hasta ahora son Mariana Zuvic (Coalición Cívica-CABA), Jorge Sarghini (Consenso Federal-Buenos Aires) y Lucía Corpacci (Frente de Todos-Catamarca). En la misma situación están Sebastián García de Luca (PRO-Buenos Aires) y Martín Berhongaray (UCR-La Pampa), quienes votarían a favor.
Tampoco confirmó su posición el propio titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que en campaña propuso una consulta popular. Jimena Latorre, quien le siguió en la lista de diputados, también se había inclinado por esa propuesta, pero hace pocos días confirmó que acompañará, y lo mismo haría otro mendocino, Alejandro Bermejo (Frente de Todos).
La lista de indecisos se completa con el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti (UCR), quien responde al gobernador Gerardo Morales; el chaqueño Gerardo Cipolini, también del radicalismo; y nada menos que 15 diputados del bloque oficialista, entre los que se encuentran la mencionada Corpacci; Carlos Ponce, exvicegobernador de San Luis; y el massista Ramiro Gutiérrez.
Desde luego, Máximo Kirchner apoyará, e incluso tendrá a su cargo el cierre del debate como jefe del bloque, si es que no resuelve dejarle el lugar a alguna mujer del Frente de Todos. Como está aislado porque mantuvo contacto estrecho con una persona con Covid positivo, es difícil imaginar un discurso final de un tema tan trascendente pronunciado desde una pantalla.
Entre las autoridades de Juntos por el Cambio, solo Cristian Ritondo (Pro) está en contra de la legalización. Mario Negri, jefe del interbloque, volverá a votar a favor, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) siempre fue activo militante de la causa. En 2018 el bloque tuvo un solo “verde” (Juan Manuel López) y ahora se suman con su voto, además de Ferraro, Mónica Frade y Mariana Stilman.
José Luis Ramón, titular de Unidad Federal para el Desarrollo, volvería a votar en contra. En el anterior debate se había expresado a favor, pero a los pocos días cambió su postura, lo que le valió la expulsión del bloque que entonces compartía con el porteño Martín Lousteau. Recientemente, el mendocino propuso un plebiscito.
Hay dos bloques enteros que rechazan la Interrupción Voluntaria del Embarazo: el Frente de la Concordia misionero y Acción Federal. En Consenso Federal hay dos votos en contra -Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez- y un indeciso, el mencionado Sarghini. Eduardo “Bali” Bucca, titular del interbloque habitado por los “lavagnistas”, ya votó a favor.
Entre los “verdes” también figuran el representante del Partido Socialista, Enrique Estévez; el rionegrino Luis Di Giácomo; y por supuesto, Nicolás Del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda. Por último, hay dos bloques unipersonales en contra: Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social).
El horizonte más inmediato es el de la definición en comisiones y el sector pro-abortista lleva ventaja para alzarse, sin inconvenientes, con el dictamen favorable. Tiene mayoría en las comisiones de Legislación General, Salud y Mujeres y Diversidad, mientras que Legislación Penal es la más peleada. En las cuatro comisiones hay tan solo cinco indefinidos.
El proyecto de IVE fue debatido en cuatro jornadas con la participación de unos 70 expositores de ambos bandos. El plan es firmar dictamen el próximo miércoles a las 17, con la mayoría de los diputados ya en Buenos Aires. Es que, según acordaron jefes de bloque, a partir de ahora la virtualidad será la excepción: quienes participen de modo remoto deberán acreditar sus motivos ante una subcomisión que evaluará cada caso.
Con este nuevo esquema es que Diputados tratará, el próximo jueves, los proyectos de aborto legal y del Programa de los Mil Días, que también será dictaminado el miércoles, a las 14. Las autoridades de la Cámara trabajan desde el viernes para la puesta a punto del recinto, las galerías y los salones aledaños, donde habrá que guardar distanciamiento.
Esta vez fue el turno de un legislador del Pro que en 2018 votó a favor de la legalización de la interrupción del embarazo. El hecho sucedió en el barrio de Agronomía.
En una nueva escalada de violencia en torno al debate impulsado por el debate de la despenalización del aborto antes de fin de año, los grupos celestes se movilizaron nuevamente al domicilio de otro diputado que votó previamente -en el debate de 2018- en favor del aborto.
El “escrache” en un domicilio particular, esta vez le tocó al diputado nacional Alejandro García, quien vive en el barrio porteño de Agronomía. El tranquilo vecindario resultó convulsionado con la presencia de los militantes “celestes” que fueron arribando al domicilio del legislador pasadas las 16 de este sábado, y a poco de llegar montaron un ruidoso reclamo, con cerca de una docena de bombos y redoblantes que sonaban junto a diversos cánticos en contra del aborto. Algunos subidos de tono en los que se referían al diputado como “genocida”.
En alerta por la convocatoria, la Policía de la Ciudad dispuso la presencia de una veintena de guardias de infantería que custodiaban la vivienda del diputado -un elegante chalet a la calle- y en tareas de prevención. En la vereda de enfrente, los manifestantes que ya habían cortado la angosta calle con su presencia, fijaron un pasacalles que decían: “Alejando García Genocida - escucha al pueblo y defendé la vida”.
No faltaron los ya tradicionales volantes que reparten en esas situaciones a todos los vecinos y transeúntes de la zona con la imagen del rostro del diputado junto a una otra de impacto y mal gusto: la de un bebé abortado. Alertando allí sobre el apoyo que García dio en 2018 al proyecto de ley votado entonces, similar al que actualmente está por ser debatido en Diputados.
Si bien no hubo que lamentar destrozos ni heridos, el momento de tensión se dio cuando una supuesta vecina se acercó con una tijera en la mano amenazando a una de las manifestantes, por lo que la policía tuvo que intervenir y llevarla detenida a la Fiscalía 7°, en una causa labrada por portación de arma punzante, a la que se agregó la denuncia radicada por uno de los manifestantes por amenazas.
La movilización motivó, por otra parte, un fuerte repudio de una docena de diputados que se solidarizaron a través de las redes sociales, y que definen a la misma como un acto de violencia, algo que generó a su vez repudio de parte de muchos usuarios antiabortistas que aseguran que “la violencia no radica en una manifestación -amparada por la Constitución Nacional- sino en el pretendido aborto que termina con la vida de un argentino inocente”, entre otros tantos reclamos.
Será este miércoles, a partir de las 13, en la previa de dos plenarios de comisiones para definir el tema del aborto y el proyecto de los mil días. Cómo sigue la semana.
Un miércoles intenso se espera esta semana, en la reanudación del trabajo legislativo tras el feriado puente. Un miércoles muy agitado, como previa de una semana corta que no le irá en zaga.
A partir de las 13 se abrirán las puertas del recinto para la vuelta a la presencialidad de la mayoría de los diputados, que participarán de la sesión preparatoria. La misma fue convocada el pasado viernes a fin de elegir a las autoridades de la Cámara baja para el período comprendido entre el 10 de diciembre del presente año y el 9 de diciembre de 2021.
Se espera que se ratifiquen a las actuales autoridades: su presidente, Sergio Tomás Massa; Alvaro González como vicepresidente primero; José Luis Gioja, vicepresidente segundo; y Alfredo Cornejo, vice tercero. También a su secretario general, Juan Manuel Cheppi; Eduardo Cergnul, como secretario Parlamentario; Marta Luchetta, prosecretaria Parlamentaria; Rodrigo Rodríguez, secretario Administrativo; Luis Samyn
prosecretario Administrativo; Luis Borsani secretario de Coordinación Operativa; y Pedro Pretto prosecretario de Coordinación Operativa.
Será un breve trámite y para las 14 está prevista una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, para dictaminar sobre el proyecto de los mil días; y a las 16.30, plenario de
Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, Salud por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. A las 19 se prevé la reunión de Labor Parlamentaria, de la que tomarán parte autoridades de los bloques, para definir la modalidad de la sesión especial del jueves, en horario a determinar, en la que se debatirán los proyectos de mil días e IVE.
La diputada nacional que preside el debate en comisión en la Cámara baja cerró este viernes la jornada contando la experiencia que le tocó vivir a los 16 años.
Luego de una semana intensa de debates en la Cámara de Diputados, en vísperas de dictaminar después del feriado largo y luego dar el debate en el recinto, la presidenta de la Comisión de Legislación General que justamente encabeza el debate, Cecilia Moreau, brindó un testimonio personal conmovedor. Habló del aborto en primera persona.
Fue al cierre de la jornada en la que numerosos diputados y diputadas expusieron su parecer en torno al tema, a favor y en contra. Ella señaló en un discurso pausado, lejos de la virulencia que suele tener la discusión política, que la discusión sobre el aborto “no la abrió la política. Porque muchas veces creemos que dar estos debates en definitiva es contraproducente. Porque como decía una diputada preopinante, tenés la biblioteca para un lado y para el otro”.
En ese marco, reconoció, la política “prefiere no tomar partido y hacer de cuenta que no pasa, porque tomar partido, para unos y para otros, en algún sentido implica pagar costos políticos”.
Luego manifestó su orgullo por llevar adelante este debate, “porque estamos haciéndonos cargo de nuestra función como legisladores”.
Se remontó a 2018 a continuación, para señalar que por fin entonces el debate se dio abiertamente en el Congreso de la Nación, “en términos mucho más violentos que como yo sentí que esta vez se dio. Con un grado por ahí de conflictividad que yo hoy siento que no existe. Porque podemos asumir todas y todos que estamos hablando de una realidad que está en la Argentina. Creo además que aprendimos a respetarnos”.
Recordó cuando el entonces presidente Mauricio Macri habilitó ese debate en la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo de 2018. Y esa situación permitió que en las elecciones posteriores ese debate fuera parte de la agenda y los candidatos tomaran posición. “Algunos en contra y otros a favor. Señaló que en su espacio, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner “se la jugaron, no evitaron tomar posición, y se la jugó el presidente cuando toma la decisión de habilitar este debate en este año tan difícil”.
“No reconocer que en la Argentina hay, hubo y seguirán habiendo abortos clandestinos es creer que el sol no existe, porque todas partimos de la base de reconocer que en la Argentina hay abortos, tengamos la posición que tengamos”, señaló Cecilia Moreau. E insistió: “Nadie toma el aborto como un tema anticonceptivo, nadie quiere llegar a un aborto… ¿Pero saben qué pasa? Pasa. Esta mujer que está hoy presidiendo este debate, a los 16 años le pasó”.
Y allí la diputada, comenzó a hablar en primera persona: “Me falló el método anticonceptivo. Una relación de afecto, 15, 16 años, yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo, y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo. Yo era una nena que quería tener una vida en aquel momento, soñaba con ser médica, con militar, con viajar, con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido, y tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá, sin miedo y que con mi decisión, consciente y responsable, mi mamá me acompañase en esa decisión”.
Nadie toma el aborto como un tema anticonceptivo, nadie quiere llegar a un aborto… ¿Pero saben qué pasa? Pasa. Esta mujer que está hoy presidiendo este debate, a los 16 años le pasó”.
“Pero también tuve la suerte de que tenía los medios económicos y los métodos como para llegar a un consultorio en un barrio en Recoleta, un sábado en la mañana… En aquel momento no había Misoprostol, hoy el 93% de los abortos son medicamentosos, y había un médico, había un anestesista, había un lugar seguro, tenía la plata -30 mil pesos creo que era en ese momento, una barbairdad-. Y también me pasó que en mi colegio en el Nacional de San Isidro, he vivido situaciones de compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro”.
Y esas compañeras, agregó, “tuvieron que vivir situaciones traumáticas: no murieron, algunas de ellas sí perdió la fertilidad y la posibilidad de ser madre más adelante. A mí, yo tengo una hija, que es lo que más amo en la vida y cuando tomé la decisión de maternar, fue también a conciencia y la decisión que más feliz me hizo en la vida”.
Cecilia Moreau continuó: “A mí no me pesa el embarazo que interrumpí. A mí al día de hoy lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad, el miedo que sentí siendo una nena, sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido, sintiendo que podía ir presa por algo que estaba haciendo… Porque en definitiva estaba tomando una decisión sobre mi propia vida también. Y las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones”.
Despojada ya de esa confesión, la diputada volvió a retomar el papel formal que encarnaba y expresó que creía que “lo que tenemos que hacer es pensar que a las próximas generaciones, a nuestras hijas, a las hijas de todos y cada uno de nosotros, le puede pasar, y en el caso que les pase lo que me pasó a mí, a muchas, tienen que tener la certeza que no tienen que tener miedo, miedo a hablar, miedo a poder decidir qué hacer, a charlarlo con nosotros sus padres, miedo en definitiva a tomar una decisión que te puede llevar a que si no lo hacés, contenida, acompañada, cuidada por el Estado, por tu familia, se puede sacar la vida”.