Autora de buena parte del texto del proyecto que se debate en el Congreso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, expuso este lunes en el inicio del tratamiento del aborto en el Senado, haciendo una presentación legal no solo de ese proyecto, sino también el de los Mil Días.

Sobre ese tema habló al principio, calificándolo como “un proyecto muy robusto, muy consistente, que marca que el Estado quiere estar cerca porque valora y considera importante los proyectos de maternidad”, puntualizó, recordando que muchas veces las circunstancias de extrema pobreza generan momentos difíciles. El Estado quiere acompañar esas paternidades y por eso se presenta este proyecto de Mil Días, que incorpora una serie de beneficios, como una nueva asignación, la identificación temprana de niños y niñas recién nacidos.

Asimismo recordó que el proyecto en cuestión tuvo una aprobación “unánime” en Diputados, y remarcó que “marca una idea de plantear cuál es la mirada del Poder Ejecutivo respecto a este tema”.

Al pasar al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Vilma Ibarra recordó que esa fue una promesa que se hizo en la campaña electoral, por lo tanto los que votaron a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sabían que “esta era una propuesta que se planteaba y que se iba a presentar, y fue un trabajo que se hizo por indicación del presidente de la Nación, en el marco de una comisión interministerial integrada por el Ministerio de Salud y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, y yo coordinando el equipo”.

¿Cuál es la idea? “Nosotros pensamos que tenemos que hacernos cargo como sociedad desde el Estado de un gravísimo problema que afecta a las mujeres, que es el aborto clandestino. Presentamos el proyecto con la convicción de que solo no alcanza. Quiere evitar muertes evitables, abortar es un problema de salud pública; disminuir los embarazos no intencionales, la cantidad de abortos y prevención de violencias y abusos, sobre todo en niñas y adolescentes. Tiene que ser una política de Estado, que es absolutamente necesaria para reforzar estas políticas”, señaló la funcionaria.

Agregó Ibarra que “todo este conjunto de medidas tiene que llevar a disminuir los embarazos no intencionales y los abortos, que hoy se acercan a cifras muy preocupantes que nos interpelan”.

Recordó a continuación que la amenaza punitiva planteada desde el siglo XIX “ha fracasado como  política; primero porque no ha servido para disuadir los abortos; lo que ha sucedido es que las mujeres acuden a los abortos clandestinos. Para muchísimas mujeres, la maternidad forzada no es una opción, y yo no me siento capaz de juzgarlo”.

“Para esas mujeres que a veces están solas, angustiadas, jovencitas, niñas que ni siquiera advierten su situación de embarazo, se empieza a extender el embarazo, poniendo en riesgo su salud”, apuntó la secretaria de Legal y Técnica. Y agregó: “Sucede en la Argentina y a esas mujeres, el Estado hoy propone procesos penales, cárcel, riesgo de vida y de su salud. Queremos tratarlas con dignidad”.

Vilma Ibarra explicó que la interrupción voluntaria del embarazo se implementará a través de “métodos seguros no quirúrgicos ambulatorios, a través de fármacos”, además de suministrárseles información sobre salud reproductiva y salud sexual. “Esto nos permitiría disminuir el número de embarazos no deseados y el número de abortos”, precisó.

Ibarra recordó entonces que ella trabajó mucho tiempo sobre el proyecto de matrimonio igualitario, y en esos días decía que era un proyecto al que mucha gente estaba esperando que se sancionara para comenzar a ejercer esos derechos. En el caso de esta ley, en cambio, “se espera no porque alguna mujer esté esperando embarazarse para luego abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar”.

Señaló luego que “la clandestinidad genera también un negocio del aborto clandestino y todo esto creemos que ha llegado el momento que el Estado se haga cargo”, y agregó que el aborto legal existe en España, Francia, Italia, Suecia, Alemania, Canadá, Brasil, Uruguay y en muchísimos otros países. “Todos han tenido este debate”, admitió.

Concluyó su exposición señalando que “si este proyecto de ley se aprueba, nosotros no vamos a violentar las ideas, ni las creencias de nadie. Este proyecto no violenta las creencias de nadie, cualquier persona va a poder seguir viviendo según sus creencias, y va a poder seguir tomando sus decisiones según sus creencias. Sin embargo algo habrá cambiado: vamos a tener menos infecciones a causa de abortos clandestinos; menos perforaciones intrauterinas; menos sufrimiento de mujeres; menos afectaciones a la salud y menos muertes evitables. Nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales, que haya menos abortos, y lo vamos a conseguir con políticas sustantivas. Queremos más derechos reproductivos, más embarazos deseados, más salud, más familia y más vida”.