Poco más de un día después de que con las asambleas barriales, agrupaciones sindicales, estudiantiles y los partidos de izquierda estuviéramos festejando en la calle la derrota de Ley Ómnibus ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de derogación de la Ley 27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde su aprobación en diciembre de 2020.

El proyecto mismo en términos legislativos es un verdadero mamarracho libertario, los mismos diputados y diputados de La Libertad Avanza pidieron retirar su firma ya que según ellos no habían dado el consentimiento. La realidad es que fue tan amplia la oposición a este ataque a las mujeres que tuvieron que salir a desdecirse porque saben que desde el poderoso movimiento de mujeres vamos a salir a las calles a defender nuestro derecho que se votó en el Congreso pero lo ganamos en las calles.

No por bochornoso deja de ser muy grave Como explicaron las compañeras de la Campaña nacional por el derecho al aborto, el proyecto no propone volver a la situación legal anterior al 2020, sino directamente a la legislación previa al Código Penal de 1921 que ya introducía la figura del aborto no punible en caso de que estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante o si el embarazo proviniera de una violación. “¡Esa manía libertaria por hacernos retroceder un siglo de un plumazo!”, expresó mi compañera Andrea D’Atri, fundadora Fundadora de nuestra agrupación Pan y Rosas.

Lo único que está claro de este proyecto nefasto es que, desde el Pro hasta el Frente de Izquierda, muchísimas figuras del ámbito político, expresaron su contundente rechazo. Lo mismo hicieron agrupaciones feministas, personalidades de la cultura, el periodismo, organizaciones sociales y de derechos humanos.

Tal como lo señaló la diputada Myriam Bregman, las huestes de Javier Milei pretendieron aglutinar tras la bandera patriarcal antiderechos a sus seguidores, golpeados por la reciente derrota política de la Ley Ómnibus, para correr el arco del debate mientras su Gobierno avanza con la motosierra de los tarifazos, los ajustes y una inflación desatada.

Este 8 de marzo necesitamos que movimiento de mujeres se convoque masivamente contra esta amenaza contra el derecho al aborto legal y el conjunto de plan motosierra de Milei que implica un ajuste brutal, tarifazos, los recortes de la asistencia social, el protocolo represivo de Patricia Bullrich. Un plan de hambre que afecta a las familias trabajadoras y el pueblo pobre, especialmente a las mujeres.

Contra las fuerzas del cielo tenemos que mostrar nuestra fuerza en las calles con las mujeres de las asambleas barriales que participaron de las jornadas de movilizaciones contra la Ley Ómnibus resistiendo la represión de Patricia Bullrich.

Por todos nuestros derechos y los de conjunto del pueblo trabajador este 8 de marzo tenemos una cita de honor.

Mucha repercusión tuvo el proyecto presentado los últimos días por la diputada santafesina Rocío Bonacci propiciando la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa se conoció públicamente el miércoles, un día después de caída la sesión por la ley de Bases, y fue presentada por muchos como “una iniciativa del Gobierno”.

En rigor, estaba claro que no se trataba de un proyecto del Poder Ejecutivo, sino de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza: Rocío Bonacci, Beltrán Benedit, Mariá Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque, Oscar Zago. Como es uso y costumbre, el primer nombre siempre corresponde al autor original y el resto son cofirmantes.

Sin embargo no tardaron en surgir las reacciones de parte de quienes precisamente figuraban como cofirmantes, negando haber suscripto tal iniciativa, por lo que la propia legisladora santafesina aclaró que el proyecto le correspondía a ella como autora y que los demás habían expresado su adhesión al mismo.

Entre esas firmas agregadas, la diputada Lilia Lemoine fue la más enfática al señalar que “pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar, pero que no era momento ahora, y me metió igual. Es muy dañino”.

Al verificarse que esa misma situación parecía corresponderle al resto de los que aparecían acompañando a Bonacci, se reconfiguró la autoría del proyecto, quedando solo la de su autora, quien ya por entonces había aclarado en las redes sociales que “no son firmas de puño y letra”, sino que se trataba de “acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhasApp y otros personalmente… Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”.

En definitiva, el proyecto denominado “Regulación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, quedó este viernes solo a nombre de Rocío Bonacci, y fue girada a las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública.

El proyecto modifica entre otras cosas el artículo 86 del Código Penal, estableciendo penas e inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena a médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticas “que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.

Se aclara allí, eso sí, que “el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

La norma reprime con prisión de uno a tres años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere  en que otro se lo causare.

En los fundamentos del proyecto, se califica a la denominación “Interrupción Voluntaria del Embarazo” como una “falsificación al llamar al acto que es, lisa e indubitablemente un aborto, por lo que fue claramente la intención la de confundir a partir de un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento por ley de un derecho al aborto, mientras que se está realmente ante el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer”.

Para los autores del proyecto, “se utiliza el argumento que la decisión de abortar forma parte de la autonomía de la mujer, en el marco del artículo 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe la intromisión del Estado en las ‘acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero’. Pero lo cierto es que, como hemos visto, desde el instante de la fertilización nos encontramos en presencia de un individuo de la especie humana, con carga genética propia y distinta a la de la madre. Resulta claro entonces que se trata de un ‘tercero’ en los términos del art. 19 Constitución Nacional”.

Bonacci propone volver a la redacción anterior del artículo 86 del Código Penal, modificando la cuestión de las causales de no punibilidad. En este sentido, proponen establecer la no punibilidad del aborto causado con el consentimiento de la madre, con el fin de evitar un peligro inminente contra su vida y siempre que éste no pueda ser evitado por otros medios.

Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidieron eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del Código Penal, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. “En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”, advierten los diputados libertarios.