A días del inicio de un nuevo año parlamentario, la diputada del MST Cele Fierro participó de un mano a mano con parlamentario.com, en el que analizó la crisis habitacional que golpea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dio a conocer una propuesta que podría ayudar a disminuir esa situación.

Además, la legisladora porteña también adelantó las prioridades parlamentarias de su bloque para este nuevo año y volvió a pedir por el pase a la Carrera de Profesionales de la Salud a los enfermeros.

-¿Cuáles serán las prioridades legislativas del MST para este año en la Legislatura porteña?

-Desde diciembre, ni bien nos tocó asumir y en el contexto del nuevo Gobierno nacional y sus relaciones de sintonía, la visión estratégica y a la vez con contradicciones con el Gobierno de Jorge Macri, el bloque libertario y la propio implosión de Juntos por el Cambio en la Ciudad, definimos una serie de ejes y también planteamos la necesidad de que la Legislatura, frente al dramático escenario económico, social para las y los trabajadores, los sectores medios y las franjas sociales más pobres en la Ciudad a raíz de las políticas del Gobierno nacional. Se solicitará a Jorge Macri la convocatoria a sesiones extraordinarias para atender problemáticas urgentes e impostergables. Le hicimos este planteo al bloque de Unión por la Patria ya que la suma de las bancas de ese espacio, junto a las del Frente de Izquierda supera el tercio requerido reglamentariamente para que se convoque a extraordinarias. Hasta ahora, después de 20 días de plantear esa iniciativa, el espacio del peronismo porteño no respondió, lo cual vemos con preocupación porque vemos que se está desaprovechando una oportunidad de avanzar en encarar temas que afectan a las y los porteños, más postergados y golpeados: vivienda, alquileres, salarios, etc. Nuestros ejes son muy claros: los ingresos, precios y la realidad de miles de trabajadores municipales de la Ciudad que están al frente a la demonización de la derecha y para nosotros son esenciales, hay que asegurarle un salario igual a la canasta, ajustable con la inflación galopante, y a partir de ahí incentivar capacitaciones, derechos que tiene como fin mejorar el servicio público de todas las áreas del sistema municipal porteño. Por eso, proponemos una ley de “Salario Igual a la Canasta”, incluso como un mecanismo para resolver lo que la derecha insiste en intentar responder de forma represiva y negando el derecho a un salario digno. Nosotros creemos que este es el mecanismo para resolver la problemática del salario. A la vez, creemos que hace falta y la Ciudad tiene facultad para elaborar y aprobar una ley de “Alquiler Social Justo”. Creemos que la derogación de la Ley de Alquileres que pretende Javier Milei y aliados “amigables” es nefasto, ahora tal cual la Ley de Alquileres como está termina siendo una salida al problema al 45% de porteñas y porteños en la Ciudad y por eso necesitamos, otra ley, una realmente a favor de las y los inquilinos. Otra cosa que nos parece importante es abordar el tema de la Salud integralmente, no solo cumplir con la letras y espíritu de la ley de salud mental con presupuesto, con infraestructura y salario de los profesionales, atender la demanda de residentes y concurrentes. Y el sector que más se ha movilizado y que más se puso al hombro la pandemia y hoy en día sigue siendo el más postergado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, antes y ahora por el de Jorge Macri, es la enfermería. Vamos a presentar por enésima vez el proyecto de inclusión a la carrera profesional.

-Uno de los temas que más preocupa a los porteños es el de la vivienda, ¿qué se puede hacer para facilitar el acceso al alquiler?

-En la Capital Federal no hay problema de acceso a la vivienda derivado de una explosión de crecimiento poblacional o demográfico, o que hayan colapsado faraónicos planes de vivienda del gobierno de la Ciudad, ni de este, ni de los anteriores. En realidad, lo que hay es, por un lado, un proceso de gentrificación de las comunas residenciales y más céntricas hacia los márgenes de los asalariados y los sectores medios empobrecidos o, eventualmente, hacia el primer cordón del conurbano. En segundo lugar, lo que hay es un acaparamiento y apropiación del espacio público por grandes desarrolladoras inmobiliarias que lucran con la inversión en el sector como refugio de valor, por un lado, y por otro, como oferta de élite para el acceso a sectores pudientes y torres de lujo. Entonces, el fenómeno irracional, desde el punto de vista del derecho a la vivienda como una necesidad básica, es la existencia de gente sin casas y casas sin gente. Se calculan que son 200 mil las viviendas sin ocupar en la ciudad, con el 45% de la población alquilando en malas condiciones, y con barrios populares no urbanizados en las comunas del sur pobre. Por lo tanto, las medidas en relación al problema de la vivienda es un programa de fondo. Por un lado, hay que prohibir desalojos, congelar alquileres al valor previo a la devaluación de Luis Caputo, implementar una ley de Alquiler Social Justo, que le imponga el impuesto progresivo a la vivienda ociosa, que concentre en el Estado porteño la gestión inmobiliaria, anulando el lucro de la intermediación de las inmobiliarias y absorbiendo su personal como planta del Estado. También definiendo entre el 25 y el 30% como techo porcentual del valor del alquiler, tomando como referencia el ingreso del grupo familiar que alquila, en el camino de asegurar la vivienda propia, no sólo forzando a ofrecer en el mercado la vivienda ociosa con un impuesto progresivo, sino además con un plan real y a fondo de urbanización de villas y barrios populares. Ese combo es perfectamente posible. El impuesto a la vivienda ociosa no sólo empuja a las viviendas al mercado inmobiliario, sino que también implica la creación de un fondo de recursos que proponemos se destine a la urbanización de villas y barrios populares. Lo que se necesita es voluntad política: enfrentar a las corporaciones del desarrollismo inmobiliario especulativo, empezando por IRSA de Elsztain más Bernstein, que están orgánicamente vinculados a todas las fuerzas políticas tradicionales, al gobierno de la Ciudad y también nacional. De hecho, parte de los pactos son del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad que gestó con el gobierno nacional de Cristina Fernández, el famoso pacto Pro-K. Denunciado en la Legislatura por el entonces diputado porteño y nuestro compañero, Alejandro Bodart. Por lo tanto, es avanzar en cristalizar un derecho que hasta tiene rango constitucional que es el acceso a la vivienda. Para eso hay que destinar recursos, y esto implica, por ejemplo, una reforma impositiva que grave las grandes fortunas y destine ese dinero, no por única vez, sino como impuesto permanente a la gran facturación de monopolios y grandes corporaciones, que se destine un fondo social de vivienda justa, que se destine parte de los recursos que se fugan en concepto de pago de intereses y capital, de la fraudulenta deuda externa nunca auditada, nunca investigada y siempre denunciada en campaña electoral deuda externa y a partir de ahí, construir viviendas en todo el país. Que, además, es la mejor forma de llevar adelante un plan económico anticrisis, porque la industria de la construcción dinamiza múltiples industrias que están asociadas y por supuesto, pone en movimiento un círculo de la economía de un país con perspectiva independiente. También una política a partir de tomar medidas en el sentido de fortalecer el sistema bancario y financiero estatal, una política de crédito a tasa cero para la construcción de vivienda por fuera de los planes del Estado. En el gobierno de Milei con Caputo y toda su banda negacionista viajó a Washington hace pocas semanas y a Davos a mendigar el destrabe del desembolso de 4200 millones de dólares para el pago de los intereses de la deuda en los próximos 90 días. Con ese dinero se podría construir el doble de las viviendas que se construyeron en las dos ediciones del plan Procrear 1 y 2 en los últimos 10 años. Es voluntad política, estamos hablando de determinación para cortar el negocio del desarrollismo inmobiliario especulativo y volver a poner en el centro del debate público la vivienda como derecho social y no como privilegio de élite o aspiración utópica de los sectores populares.

-Más allá de esta situación, la izquierda se ha mostrado muy comprometida con la realidad de los enfermeros. ¿Cree que este año se podrá concretar su pase a la carrera de profesionales de la salud?

-El tema de enfermería es una injusticia social aberrante. De las aproximadamente 12 mil enfermeras y enfermeros que integran el plantel profesional de la Ciudad de Buenos Aires, ya alrededor del 60-65% se han ido profesionalizando, es decir, son enfermeras y enfermeros con título universitario, formación de posgrado. Y la otra porción tienen título técnico, o una pequeña porción ya de enfermeras y enfermeros de edad avanzada que son auxiliares de enfermería con una formación más bien empírica muy valiosa por otro lado. Es decir, hay un componente mayoritario de enfermería con formación equivalente al resto de profesionales incluidos en la carrera profesional regulada por la Ley 6035, es decir, con formación universitaria equivalente a un psicólogo, a un médico y al resto de las otras 24 profesiones que, a diferencia de enfermería, sí se las incluyó en la carrera profesional y que cobran más del doble del salario, trabajan menos horas, tienen licencias para capacitación en servicio, se los evalúa con un criterio distinto, es decir, hay una injusticia ilegal, legítima, aberrante, insostenible. El Gobierno de la Ciudad, además, tiene dos oportunidades para reparar de inmediato esta injusticia. Por un lado, el sindicato ALE, junto a otras organizaciones, judicializa esta demanda, que ya está en segunda instancia, con un fallo favorable, en primera instancia en la Justicia Porteña, con un fallo en segunda instancia en la Cámara de Apelaciones, en rechazo a un recurso interpuesto por el gobierno de Larreta. En pocos días caduca el plazo para que el gobierno de Jorge Macri vuelva a insistir con cuestionar el amparo favorable. Pero hay un fallo del tribunal superior que es impecable, que emplaza al Gobierno de la Ciudad en el periodo de no más de 90 días con retroactividad, al momento de la emisión del fallo, que es el mes de diciembre, a equiparar salarial y en condiciones laborales la situación de la enfermería profesional respecto al resto de los profesionales, hasta tanto se discuta la cuestión legal de fondo en la legislatura. Y la Ley 6035, y esta es la segunda oportunidad que tiene Jorge Macri, estipula en su artículo 8 que el Gobierno de la Ciudad, a sola consulta con el Ministerio de Salud, puede incorporar profesiones en la ley 6035 con un simple acto administrativo. Es decir, sobran razones sociales, legales, de legitimidad, de simpatía social, porque la enfermería encabezada por el sindicato independiente ALE ha hecho todo para ser reconocidas y reconocidos como profesionales, solo queda la voluntad política del gobierno de Jorge Macri para llevarlo adelante. De nuestra parte insistimos en volver a presentar por enésima vez un nuevo proyecto de inclusión en la carrera profesional.