Por primera vez se reunieron en plenario las tres comisiones del Senado encargadas del debate de la ley de prevención de ludopatía infantil, que cuenta con media sanción de Diputados desde el año pasado. Hasta ahora, las reuniones informativas solo las había llevado adelante la Comisión de Salud, cabecera de la discusión.

Finalizado el encuentro, donde se escucharon voces a favor y en contra, Lucía Corpacci, titular de Salud, celebró que “estamos tratando la ley con la seriedad que se merece”. “Si tomamos de ambos sectores lo que nos parece más útil para nuestros niños y jóvenes, vamos a sacar una excelente ley”, expresó en relación a posibles modificaciones que ya se plantean para el texto venido en revisión.

Además, la catamarqueña de Unión por la Patria informó que los asesores trabajarán la próxima semana en unificar posturas dentro de los 28 proyectos de ley que hay presentados sobre el tema, además del texto de la media sanción; y que dentro de dos semanas volverá a haber plenario para ver si se avanza o no con dictamen.

Junto a Corpacci estuvieron en la cabecera de la mesa -de la reunión realizada en el Salón Azul este miércoles- los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales, los oficialistas Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto, respectivamente.

En el cierre de las exposiciones de los invitados, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero criticó que la ley venida de Diputados “fue aprobada entre gallos y medianoche, bastante extraña en el modo y los votos”. “Hecha la ley, hecha la trampa. Yo hubiera preferido que no haya ley”, confesó.

Por su parte, Abdala manifestó: “Me parece que desde el Senado tenemos que poder tener la capacidad de generar una ley que, yo creo, va a tener modificaciones y va a volver a Diputados”.

En tanto, la vicejefa de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, observó que “la ludopatía es una pandemia post pandémica” y “un tema muy preocupante para la ciudadanía”. “A los 12 años es el primer contacto con juegos online y a los 14, 15 estamos hablando de consumos problemáticos. Esto claramente es una cuestión de salud pública”, enfatizó.

La mendocina dijo que “cuando hay tantos proyectos es porque hay demanda de la sociedad”. “Toda ley es perfectible, vamos a tratar de que sea la mejor ley posible”, sostuvo y consideró que “el Senado quedaría muy mal si no tomamos una decisión al respecto de sancionar este proyecto o cambiarla y devolverla a Diputados” este mismo año.

Durante el encuentro, diferentes especialistas en salud, representantes de la Iglesia Católica y de entidades ligadas al deporte y al juego compartieron sus experiencias, posturas y conocimientos acerca de la problemática.

En esta oportunidad, los exponentes fueron: Javier Méndez Cartier, presidente del Club Atlético Excursionistas; Andrés Patón Urich, gerente de Legales de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA); Alberto Trimboli, médico y presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental; Munir Bracco, vicario de Pastoral y vocero del cardenal Rossi de Córdoba; Juan Espinosa, exdirector general de ordenación del juego de España y Tomás García Botta, secretario de la Cámara Argentina de Salas de Casinos.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por Lucía Corpacci (UP), se reunió este miércoles en el Salón Illia. El encuentro estuvo dividido en dos momentos: un extenso intercambio con especialistas sobre ludopatía infantil y otro en el que se recibió a representantes de la Fundación de Hemofilia, quienes trajeron su reclamo por el presupuesto destinado a la institución luego del recorte en un subsidio clave por parte del Ministerio de Salud.

Respecto al caso del fentanilo contaminado, Corpacci abogó por pronto tener un plenario con la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un pedido de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, y responsables de la ANMAT. "Esto es de una gravedad enorme que no podemos dejar pasar. Nada es más grave que la muerte de cien personas de las que nadie se hace responsable y nadie explica", dijo.

Asimismo, la catamarqueña informó que se envió una nota presentada por Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco y Martín Lousteau en la que se solicita a Lugones que concurra al Senado, al igual que el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, a raíz de las denuncias sobre los audios del exdirector de la ANDIS.

Especialistas expusieron sobre ludopatía infantil

Corpacci aclaró que la demora en el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía infantil -con media sanción de la Cámara de Diputados- tuvo que ver con la gran cantidad de iniciativas que hay sobre el tema y tenían giro a distintas comisiones.

"Hoy la mayoría tienen a Salud como cabecera", dijo, pero señaló que también deben tratarse en Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, ambas en manos del oficialismo. A esas comisiones se enviaron dos notas para que se convoque a un plenario, pero no se tuvo respuesta.

En primer término, Facundo Bianco, director de la consultora Bienestar Digital, manifestó que creen "fundamental" el proyecto de prevención de ludopatía infantil ante "las apuestas online que aparecieron masivamente hace dos, tres años" y son "un síntoma de época" sobre "la adolescentización de los niños" en "una era donde la tecnología coloniza las infancias".

Al aportar datos sobre diversos estudios realizados, indicó que "el 95% de los chicos escucharon hablar de apuestas" y "4 de cada 10 confirma que apuesta"; mientras que un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad revela que "1 de cada 4 chicos apuesta", de los cuales "el 13% admite que es muy difícil parar" y "el 28% confiesa que tuvo ansiedad o estrés al no poder realizar una apuesta".

"Aparece una gran crisis de salud mental que no tiene que ver solo con las apuestas y la era digitial, pero sí esto tienen mucho que ver", dijo Bianco y agregó cifras sobre otro estudio que habla de que "7 de 10 apostadores creen que su hábito puede convertirse en adicción", de los cuales "el 68% de los apostadores son varones, y el 44,3% considera apropiado regular la publicidad tanto en sitios de internet como lugares deportivos".

Luego, Guadalupe Fúnez, presidenta de la Red Nacional de Centro de Estudiantes, expresó: "No vamos a mirar para el costado mientras miles de pibes y pibas caen en la trampa de los casinos online. Sabemos que detrás de la supuesta diversión hay negocios millonarios que se enriquecen a costa de las juventudes, destruyendo familias, destruyendo vínculos".

"Tenemos que confrontar a aquellos que nos proponen libertad pero que lo único que terminan haciendo es generar una relación de dependencia de los pibes con una aplicación", planteó y sumó que " nuestro rol como generación tiene que ser el de poder confrontar y pelear por una Argentina más justa. No vamos a resignarnos a ser el blanco de intereses económicos".

Por su parte, María Cecilia García, psiquiatra y psicoanalista, presidenta del capítulo de juego patológico de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, explicó que la ludopatía "es una enfermedad de índole psiquiátrica" y "adictiva". "Si bien es una patología de baja prevalencia, es muy grave; la consultan poco y llegan pocos al acceso a tratamiento", advirtió.

"Se necesitan generar toda una serie de condiciones para que una persona enferme de esto. ¿Cuáles son esas condiciones? Lo social, el acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo el acceso al celular, la rapidez, el marketing cruzado, los algoritmos y toda la arquitectura del 'enganche' del sistema digital", sostuvo.

Fernando Barilatti, docente y secretario de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, se refirió a los distintos pronunciamientos que hubo desde la Iglesia Católica respecto de la ley para prevenir la ludopatía infantil. "Hubo un consenso unánime para pronunciarse dada la gravedad y el impacto de daño generalizado que las apuestas online tienen en todo el territorio. Este flagelo no se detiene y a costa del negocio de algunos inescrupulosos estamos generando una generación de ludópatas. La publicidad de los sitios de apuestas está fomentando esta adicción", alertó.

Al cuestionar que la ley apunta a "prohibiciones" para el juego legal y ya regulado, Ida López, del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, recordó que las provincias "ya han regulado" el juego para "proteger a los sectores vulnerables, sobre todo a los menores de 18 años; ya está prohibido que jueguen".

"Hoy el gran problema son las plataformas ilegales que no tienen regulación", apuntó y afirmó que "la lucha contra el juego ilegal, y en particular de los menores de edad, es algo que los entes reguladores de las provincias están atendiendo" mediante diferentes acciones.

Pedido de la Fundación de Hemofilia

Antes de dar la palabra a los invitados, Corpacci señaló que "el paciente hemofílico tiene algunas carencias de los factores de coagulación", los cuales necesitan "para llevar una vida un poco más normal" pero "son muy costosos". Por eso, "siempre el Estado Nacional se hizo cargo de gran parte de la Fundación de Hemofilia".

Sin embargo, la catamarqueña advirtió que desde diciembre de 2023 "el presupuesto se fue reduciendo notablemente". El último subsidio que recibieron fue de "400 millones de pesos, aunque figuran 190 más como reservados", pero "esto es muy insuficiente, no tiene nada que ver con la necesidad real de la Fundación" que necesitaría "1.300 millones al año".

A continuación, Daniela Beatriz Neme, directora médica de la Fundación de Hemofilia, explicó que "la hemofilia es una enfermedad congénita, es hereditaria y se caracteriza por la disminución de un factor de la coagulación", cuyo síntoma es la hemorragia.

"Hoy en día la Fundación cuenta con un stock que le permite el manejo de urgencias y emergencias. Los hospitales y clínicas no cuentan con esta medicación", resaltó. Además, en su intervención destacó el rol de la Fundación, que "siempre se hizo cargo de la educación a los pacientes y sus familias, a formar el recurso humano" y también "desde su creación ha asesorado al Estado en todas las decisiones de política que ha tomado que tienen que ver con la hemofilia".

Neme añadió: "Los pacientes con hemofilia tienen derecho a ser atendidos en un centro que tenga una condición médica especializada y tienen derecho también a recibir un tratamiento equitativo".

Lucas Figola, vicepresidente de la Fundación de Hemofilia, remarcó que "en todas las crisis del país si hay algo que siempre estuvo y permaneció fue la Fundación de Hemofilia". "En las últimas décadas el Estado la sostuvo porque se tradujo en una verdadera política de Estado", ponderó y valorizó a la institución mediante la cual "se salvan vidas y miles de familias argentinas que realmente necesitan nuestra ayuda".

Yendo a lo presupuestario, reclamó que "este año no se dio nada" y le pidió a los senadores que intercedan ante el Poder Ejecutivo y el ministro Lugones. "Piensen que el impacto en la ayuda que se da es 35 centavos por argentino al año para subsistir. Eso es lo que nos están negando. Nos están negando la vida y la salud y una política de Estado por décadas", aseveró.

También expusieron Diego Sossa Centurión, paciente con hemofilia A y miembro del Comité de Adultos con hemofilia, y María Cecilia Miserere, madre de paciente con hemofilia, portadora sintomática y miembro de los Comités de Mujeres y Padres Acompañantes de la FH.

Pese a presidir las comisiones cabeceras de los proyectos con media sanción sobre emergencia pediátrica (Garrahan) y financiamiento universitario, el interbloque de Unión por la Patria en el Senado tuvo que retroceder en su intención de forzar plenarios este mismo jueves con el objetivo de dictaminar ambas iniciativas.

Un grupo de senadores “dialoguistas” no se subieron a la jugada del kirchnerismo, sumado a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, manifestó la voluntad de que el debate sea el próximo martes.

Así, sin respaldo para acelerar el debate, pues UP quería sesionar el jueves 21, los proyectos se tratarán el martes 19 y, según a usos y costumbres del Senado, deberá esperarse una semana para llevarlos al recinto, esto será recién a fines de agosto.

Ante la convocatoria a los plenarios para este jueves, decidida unilateralmente por los presidentes de las comisiones de Salud, Lucía Corpacci, y de Educación y Cultura, Eduardo “Wado” de Pedro, Atauche envió una nota a los integrantes de Presupuesto en la que aseguró que no había sido consultado previamente, por ende, la comisión “no ha dado su consentimiento para tal citación”.

“Se les ha hecho saber a los presidentes de las comisiones de Salud, y Educación y Cultura, que esta comisión está dispuesta a citar a los plenarios pertinentes a partir del día martes próximo, inclusive, en el horario que los presidentes de las comisiones cabecera lo consideren y en coordinación con la Secretaría Parlamentaria de la Cámara”, rezaba el texto.

Además, el jefe del bloque de La Libertad Avanza informó en la misiva que le solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice los cálculos sobre el costo fiscal de ambas iniciativas. Sobre la emergencia pediátrica, la OPC ya había elaborado un informe.

“Conforme al reglamento de la Cámara y a la práctica parlamentaria, es improcedente la pretendida convocatoria a la comisión de Presupuesto y Hacienda comunicada unilateralmente por presidentes de otras comisiones sin el consentimiento previo del presidente de la misma. En función de ello, le solicito tenga a bien desestimarla, y quedar a la espera de la convocatoria formal a plenario, conforme lo dispone nuestro reglamento, a partir del día martes 19 de agosto”, completó Atauche.

Además de Salud y Presupuesto, el proyecto vinculado al Garrahan fue girado a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, también en manos de UP, presidida por Stefanía Cora.

Con la marcha atrás de UP en su intención de apurar la discusión de leyes resistidas por el Gobierno, los plenarios fueron convocados para el martes 19 a las 15, en el caso de emergencia pediátrica, y a las 16.30 para financiamiento universitario.

Envalentonado por la autoconvocatoria a comisiones y una sesión ordinaria que ejecutó el mes pasado, el kirchnerismo también quería esta misma semana tratar en el recinto los cinco decretos del Poder Ejecutivo que fueron rechazados por la Cámara de Diputados y no requieren dictamen. Pero, sin apoyo de senadores de otros bloques, el asunto deberá esperar. En caso de votarse en contra en la Cámara alta, cuatro delegados desregulatorios y un DNU sobre la marina mercante, quedarían sin efecto.

La Comisión de Salud del Senado, a cargo de la senadora Lucía Corpacci (UP), avanzó este miércoles con dictámenes sobre proyectos de ley vinculados a la prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país; y modificaciones a la Ley 27.716 sobre Diagnóstico Humanizado para ampliar la cobertura de derechos, entre otros.

Asimismo, se pasaron a la firma nueve proyectos de declaración y nueve de comunicación, entre los que se encuentra la solicitud de informes al Ministerio de Salud de la Nación sobre la exposición de pacientes a fentanilo contaminado que derivaron en la muerte de más de 90 personas. En la comisión homónima de la Cámara de Diputados se hizo lo propio.

En el inicio del encuentro se recibió a la doctora María Althabe, coordinadora de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan, quien expuso sobre el proyecto de emergencia pediátrica -con media sanción de Diputados- y aportó un panorama de la situación actual en el nosocomio.

“La institución está atravesando una situación crítica, las propias autoridades del hospital nos acusan de sostener una lucha que es ajena a su misión, minimizan una crisis que es evidente por el vaciamiento progresivo, el éxodo de profesionales y la desintegración de equipos interdisciplinarios", enfatizó.

Más tarde fueron presentadas y puestas a la firma iniciativas referidas a instituir el segundo sábado de octubre como el "Día Nacional de los Cuidados Paliativos"; modificaciones de la Ley 26.529 sobre el derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud; y la declaración del 29 de junio de cada año como el "Día Nacional de la Concientización y Difusión sobre la Esclerodermia".

Posteriormente, se inició el tratamiento del proyecto de ley sobre la enfermedad de la obesidad, presentado por los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de Misiones), y compartieron su testimonio tres pacientes ya tratados y a la espera de tratamiento, respecto del padecimiento de la misma, las necesidades que ésta acarrea y catalogaron a la enfermedad de "invalidante" para la persona que la tiene.

Por su parte, Arce señaló que "la legislación actual define a la obesidad como un trastorno alimentario y esto resta porque, en realidad, se trata de una enfermedad metabólica, multicausal y crónica que afecta gravemente a la salud pública. Esta ley es fundamental para disminuir esta enfermedad".

En cumplimiento con el emplazamiento realizado por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión especial del miércoles pasado, se procedió este miércoles a emitir dictamen del proyecto que crea un programa para luchar contra el Alzheimer y otras demencias.

El dictamen de mayoría cuenta con 37 firmas y se dio tiempo hasta las 17 para presentar los dictámenes de disidencias que habrá, pero el proyecto ya quedó listo para ser tratado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Según se encargó de explicar al defender el proyecto su autor, Facundo Manes, la iniciativa propone la creación del Programa Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras demencias, estableciendo un sistema de prevención e investigación básica y aplicada al diagnóstico temprano, tratamiento y apoyo al cuidador de los pacientes. “Esta ley propone un modelo de campañas nacionales de concientización, formación de profesionales de salud en todo el territorio nacional, y programas de apoyo y capacitación a cuidadores”, enumeró el diputado de Democracia para Siempre, además de destacar también la coordinación federal efectiva a través del COFESA.

En su exposición, Manes dijo que hablaría de economía. La economía, dijo, “es la capacidad de los países de generar valor, de generar conocimiento. Hoy los países que lideran son los que invierten en el desarrollo humano de su gente. Los países con recursos naturales que solo invierten en sacar extractivamente los recursos naturales sin generar valor, son pobres, y los países que no tienen recursos naturales pero invierten en su gente, son ricos. Así que estamos hablando de economía”.

El diputado de DpS informó que “el mundo está envejeciendo; la gente vive más y el principal factor de riesgo el Alzheimer es la edad. Así que ya hay una epidemia en el mundo, y gran parte de los casos están pasando en países de bajos y medios ingresos como la Argentina”.

En nuestro país, contó, esta enfermedad afecta hoy a casi medio millón de argentinos y todo su entorno familiar: es decir dos millones de personas. Según Manes, “Argentina gasta en no tener una estrategia para abordar el deterioro cognitivo y Alzheimer, según la Alzheimer Asociation, una organización de prestigio internacional, alrededor de 2.500 millones de dólares. Y repito: el 70% de los casos de Alzheimer en el mundo van a pasar en el futuro en países como el nuestro”.

Razón por la cual comparó la importancia del tema con dramas como el cambio climático, las migraciones, la desigualdad y las guerras. “Es un tema central, económico y enteramente humano”, enfatizó.

Además, sostuvo que estamos quedando atrás no solo del mundo, sino de los países vecinos, a pesar de haber sido la Argentina líder en la materia. “Hoy este tipo de planes ya lo tienen Chile, México, Brasil, Costa Rica”, contó.

Remarcó además Manes, quien es además de legislador un reconocido neurocientífico, “el 40% de los casos de Alzheimer o de demencia pueden ser prevenidos si actuamos desde la infancia; si nutrimos a los chicos bien; si les damos estímulo afectivo, cognitivo; si acompañamos en la adolescencia con lo mismo; si cuidamos en la edad mediana de la diabetes, la hipertensión arterial, del sobrepeso, el ejercicio físico”. Y destacó que “un Estado inteligente, moderno, que concientice, ahorraría muchísima plata al país y generaría ideas y creatividad en un país en donde lo que falta es pensar cómo prosperar en vez de discutir el pasado y pelearnos unos contra otros. Es una causa de humanidad, que nos define como nación”, cerró el legislador.

El diputado Christian Castillo anunció el acompañamiento de la izquierda, pero propuso algunas disidencias para introducir durante el debate al dictamen de mayoría. Eran cuatro, y la primera tenía que ver con el título del proyecto, que al hablar de luchar contra una enfermedad que el paciente no puede evitar puede verse como una estigmatización, dijo. Propuso entonces denominarlo “Programa nacional de detección temprana y abordaje integral de personas con enfermedad del Alzheimer y otras demencias”.

La segunda modificación propuesta apuntaba a incorporar una mención, junto al Consejo Federal de Salud, a los integrantes de universidades nacionales e investigadores del Conicet; como así también modificaciones tendientes a garantizar tanto la publicidad de la información recabada respecto de las enfermedades en cuestión, como el fomento a la investigación pública.

A continuación, la diputada de UP Mónica Macha hizo especial referencia a la situación del cuidado, “reconocido como un derecho humano por la CIDH”, y quiso resaltar especialmente la función de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el cuidado.

El mismo, señaló, “muchas veces está llevado adelante por mujeres externas a la familia y que están mal pagas, cobran 2.000 pesos por hora, con jornadas extendidísimas de trabajo”, poniendo de manifiesto la “precarización laboral” de lo que definió como la última línea del cuidado sanitario.

Finalmente el Congreso se metió de lleno este miércoles en la cuestión del escándalo generado por la contaminación de fentanilo en la Argentina, que al día de hoy ha causado por lo menos 96 muertes, dictaminando de manera unánime un pedido de informes sobre el tema.

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada de urgencia, en la que se unificaron todos los proyectos que hay sobre el tema y se avanzó con las firmas para dar presta respuesta a esta demanda. Sobre el final de la reunión, que comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió hasta las 10.30, se expresó que el dictamen llegaría directamente a la presidencia del Cuerpo para que se mandara rápidamente al organismo respectivo en busca de respuestas.

El texto firmado incluye 26 preguntas consensuadas por todos los bloques, según los expedientes unificados de diputados como Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin, entre otros. Las preguntas van dirigidas al Poder Ejecutivo, básicamente al ANMAT, y se indaga incluso sobre la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

“La historia de los organismos de control de medicamentos en el mundo habitualmente tiene que ver a partir de escándalos y situaciones gravísimas con medicamentos”, señaló en el inicio de la reunión el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, quien agregó que también ha sido así en la Argentina. Citó en ese sentido el caso del propóleo contaminado con un anticoagulante que generó muertes en la Argentina, sobre todo en niños. Por eso se creó justamente el ANMAT en el país, y comentó de paso que ese mismo contaminante fue el que generó una reacción similar en Estados Unidos casi un siglo antes, por el cual se creó la FED.

“Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT, por eso queremos que ese organismo nos de explicaciones”, expresó el diputado tucumano.

El primero en exponer fue el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien habló de la necesidad de mantener la trazabilidad y determinar quién aprobó los lotes contaminados. “Acá el punto está en aclarar que no es el ANMAT quien liberó la utilización de estos lotes”, remarcó, destacando que la cantidad de muertos que tiene este caso supera los de la tragedia de Once y el atentado a la AMIA.

Cuestionó en ese marco los dichos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que le apuntó al papel de la ANMAT y alertó sobre los riesgos de eliminar controles. “Por eso vamos a firmar este pedido de informes, porque no sabemos cuántos muertos más van a aparecer y tenemos que mandar un mensaje a los familiares. El silencio de este Congreso no puede ser atroz”, enfatizó.

La diputada santafesina Mónica Fein sugirió tener en cuenta los antecedentes del laboratorio involucrado, y citó el incidente que tuvo el laboratorio Apolo en su provincia, donde explotó una caldera y se fueron a otra provincia, donde pusieron otro laboratorio.

Destacó el papel de los laboratorios públicos y cuestionó que el intendente de Mar del Plata hablara mal de los mismos. “Hace muchos años que nuestra provincia los tiene y certifican los productos y tienen materia prima de primera calidad”. Señaló además que “le debemos a las familias una seria acción para ver si los mecanismos que tiene el Estado para actuar rápidamente ante una denuncia y generar controles de la sustancia ha sido el correcto”, señaló, aclarando que los problemas no vienen del último año, sino que “hay que mirar hacia atrás”.

“Esto nos tiene que hacer mejorar los mecanismos de control”, comentó, expresando su preocupación porque “la respuesta ante un problema donde el Estado puede tener deficiencias, sea que el Estado no debe participar”. Abogó en cambio porque “este mecanismo de participación nos permita ver si hubo fallas, si la trazabilidad que tuvo este medicamento fue el adecuado”, y adelantó su apoyo al pedido de informes y verificar cómo avanza el tema judicial, que “también será en paralelo el que esclarecerá este tema”.

Unificados P Informes FENTANILO

Su par Esteban Paulón hizo hincapié en la cantidad de muertos: 96, lo que le da una dimensión al caso. También cuestionó los dichos de Sturzenegger en función de eliminar los controles. “Lo que tenemos que hacer es pensar en mejores controles. Ojalá el Gobierno responda (el pedido de informes), porque son bastante perezosos en hacerlo y abran la posibilidad de crear una comisión investigadora”, comentó. Volvió sobre Sturzenegger al señalar sus expresiones en el sentido de que “uno no puede pensar en la mala fe de los empresarios, le escuchamos decir… Mire, mejor nos curamos en salud, ajustamos los controles y salimos del ejercicio de pereza intelectual de que lo que no funciona o funciona mal lo cerramos”. Por el contrario, reivindicó el trabajo de la ANMAT, y sostuvo que “el Congreso tiene que plantarse y defender el rol de las instituciones y organismos de control que durante tanto tiempo han funcionado bien, y ver hacia atrás si  hay responsabilidades políticas y mejorar controles hacia adelante”.

Autora de uno de los proyectos puestos a consideración y quien ya viene insistiendo con la investigación desde hace tiempo, la diputada del Pro Silvana Giudici agradeció la convocatoria a la comisión y pidió firmar el pedido de informes todos juntos, para que “conozcamos cada una de las incógnitas que vamos teniendo”. Señaló que el fentanilo es una de las drogas más controladas en la Argentina y destacó las fallas observadas en la elaboración del medicamento.

“Vamos a dejar de lado la cuestión política y las conexiones que surgen en la causa”, pidió. Comentó que el dueño del laboratorio del fentanilo mortal, HLB Pharma, Ariel García Furfaro, dijo que quiere ir al Congreso. “Sería bueno que vengan todos a contar cómo durante estos años ese laboratorio Apolo puede seguir funcionando. Hubo más de cien alertas del ANMAT… Cuando el juez (Ernesto) Kreplak manda la primer medida de allanamiento, descubre que había 5 kilos de fentanilo en polvo, y cuando llega no están. Y cuando preguntan, aparentemente ese laboratorio dice que habían sido incinerados”.

“No queremos que se hable de tragedia: es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos adulterados de la Argentina”, remarcó la diputada del Pro, que destacó que el pedido de informes buscará determinar la responsabilidad de las autoridades habilitantes y responderle a las familias de las víctimas porqué se les ocultó la información. No hablemos de comorbilidades, no hay que ampararse en la misma excusa que una institución médica puede decir”.

Giudici sostuvo también que “más allá de esta investigación, tenemos que contener, escuchar, presionar para que esta causa empiece a dar resultados concretos, y no negar la responsabilidad de este Congreso de ir más allá”. Y se preguntó “cómo puede ser que este laboratorio (en referencia a HLB Pharma) haya trabajado todos estos años sin responsable técnico”.

Pidió también investigar la conexión de la familia propietaria del laboratorio y sus testaferros con el narcotráfico, aunque aclaró que son causas paralelas que llevan adelante distintos jueces. Y enfatizó en saber “porqué este laboratorio trabaja desde hace 5 años con tanta impunidad”.

En tanto, el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda socialista) avaló las iniciativas: “Tenemos el objetivo de juzgar a los verdaderos responsables”.

Finalmente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli consideró necesario “convocar también a la ANMAT para que dé respuesta".

La Comisión de Salud del Senado, presidida por Lucía Corpacci (UP), mantuvo una extensa jornada este jueves en donde, tras pasar a la firma dos proyectos sobre donación de órganos e historia clínica ambiental, inició el debate con especialistas invitados sobre discapacidad y ludopatía. Cabe destacar que en una maratónica sesión la Cámara de Diputados aprobó y giró a la Cámara alta el proyecto que declara la emergencia hasta 2027 en materia de discapacidad.

Abrió la ronda de debate el Padre Pedro Molero, del FORO Permanente de Discapacidad, Promoción y Derechos, quien explicó que perder las prestaciones que reciben 250 mil personas “no es perder la prepaga y mañana ir y hacer la cola al hospital pública, significa quedarse sin atención directamente. No hay una atención de este tipo de prestaciones. No todas las personas con discapacidad necesitan este tipo de prestaciones, igual estamos cortos en cuántas personas deberían tenerla”.

Molero sostuvo que “el Estado no cuenta con hogares para personas con discapacidad, no tiene en lo público una respuesta. Las escuelas pueden ser un lugar de respuesta. El transporte también es un problema para trasladarse y acceder a una atención. Perder este tipo de prestaciones es quedarse en la nada por eso tenemos que darle respuestas a esas personas que necesitan atención”.

“Este Gobierno no ha buscado avanzar, pero no solo a nivel nación porque también hay responsabilidad de la provincia y son pocas las que invirtieron en tener centros de rehabilitación, atención temprana, son pocas las que armaron una red he invertido en esto”, cuestionó.

Así, indicó que “el Estado cubre la pensión que es casi un 25% de las personas que se atienden, pero lo demás sale de las obras sociales que pagan los trabajadores. Al PAMI le implica un 3% de su presupuesto estas prestaciones. Acá se juegan personas, no se puede discutir mucho”.

Además, precisó que la última actualización de las prestaciones fue en noviembre de 2024 donde se dio un 1% retroactivo a octubre, un 0,8% para noviembre y un 0,5% para diciembre, o sea entre todo un 2,3%. “No se cubría lo que fue inflación de octubre, todo fue para atrás y a, partir de diciembre, no se convocó más al directorio para tratar el tema”, denunció.

Luego expuso Celeste Fernández de la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia quien señaló que “es una discusión que nos tiene que interpelar como comunidad política. El año pasado se inició un proceso de auditorías en todo el país sobre las personas que son beneficiarias de las pensiones no contributivas y creemos que hay una serie de problemas sobre qué y cómo se está auditando”.

“Hay problemas graves en qué se está auditando y en el cómo. En septiembre del año pasado se modificaron los requisitos para acceder a las prestaciones. Hoy con la regulación actual se vuelve a evaluar si una persona tiene ‘invalidez laboral’ bajo determinados diagnósticos médicos. Un sistema obsoleto y un sistema de creencias y prácticas que jerarquizó los cuerpos de las personas y condenó a vivir a las personas con discapacidad a vivir vidas devaluadas”, criticó.

Fernández señaló que “la exclusión que enfrentan no depende de porcentajes definidos por médicos, la exclusión es sistémica, es estructural y depende de barreras sociales, de prejuicios que hacen que no haya políticas de inclusión social y laboral”.

“La pensión no llega a los 290 mil pesos y no alcanza a cubrir a una canasta básica total y tampoco al salario mínimo, vital y móvil. Dejó de importar que la mayoría de las personas con discapacidad empleadas, que son pocas, tienen baja remuneraciones. Se vuelve a evaluar si tienen familiares obligados a proporcionarle alimentos, esto viola directamente el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, indicó y comparó que “estos requisitos en 2023 se habían derogado, pero ahora se volvió a una regulación desde hace tres décadas”. Fernández indicó que “el proceso de auditorías está teniendo falencias gravísimas que violan el debido proceso administrativo”.

La doctora Elizabeth Aimar, presidente de la Red de Asistencia Legal y Social, sumó: “Está en crisis todo el sistema donde se apoyaban todos los derechos que Argentina ha ratificado. No podemos darnos el lujo de volver hacia atrás, no hay que regresar atrás en materia de derechos humanos”.

“Se está teniendo una mirada de un modelo que dejó de existir hace 60 años. Hay que legislar con medidas de acción positiva y no por humanidad: las personas con discapacidad y las familias no necesitan que los miren con humanidad o empatía, necesitan que se cumplan las leyes. Familias con discapacidad llegan diciendo que perdieron la prestación, no pueden ir a lugares porque el transportista no va, esa es la situación que viven esas personas. Tenemos que comprometernos todos al cambio de que las personas con discapacidad puedan disfrutar y ser incluidos en sociedad y al sistema laboral que le permita ser competitivo y les den el valor social que merecen para tener una vida independiente y tener lugares de esparcimiento”, reclamó Aimar.

El presidente de la Asociación Tiflológica Luis Braille de Mendoza e integrante del seleccionado argentino de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, Federico Accardi, expresó: “Todo el colectivo de las personas con discapacidad necesitamos que se declare la ley de discapacidad en emergencia porque estamos sufriendo, nos costó mucho poder llegar a acceder a nuestros derechos”.

Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos en ALAPA, reclamó: "Les pido que veamos la forma de reclamar un instrumento real de vigilancia: pongan ustedes, como comisión de Salud, una instancia a la que podamos acercarle los casos de los miles de personas que no están siendo cubiertas". En tanto, Eduardo Maidana del FORO permanente de Discapacidad sostuvo: “Estamos defendiendo la equidad, la transversalidad y la posibilidad de cada ciudadano, más allá de su condición, a tener acceso a la educación, a la salud y a todo aquello que necesite para ser un ciudadano derecho”.

Ludopatía

A continuación, la presidenta de la Comisión explicó: “Tuvimos respuesta de la secretaría parlamentaria sobre ludopatía que tenía pase a diversas comisiones, por lo que ahora todos los proyectos tienen giro a Salud, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales”.

Así, precisó que “son las mismas comisiones y tenemos 22 proyectos en relación a ludopatía más la media sanción de Diputados, quiero pedir que insistan ante los presidentes de las comisiones para poder hacer las plenarias y avanzar con ludopatía. Es un tema que nos preocupa enormemente a todos”.

De forma breve, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) pidió que se empiecen a trabajar los proyectos de forma tal de llegar a las plenarias con las iniciativas trabajadas conjuntamente con la media sanción de Diputados y poder consensuar porque “es un tema importante y no dilatarlo y consensuar modificaciones entre todos si es que se promueven para no tardar años en debatirlo”. Corpacci le aclaró que desde hace una semana se empezó a realizar ese trabajo para tener algo avanzado.

Hecha esas aclaraciones, la invitada Verónica Laplace, presidente del Consejo Consultivo Salud Mental y Adicciones, manifestó: “Venimos a expresar nuestro apoyo al proyecto de ley de prevención de la ludopatía que ya tuvo sanción en Diputados. Es un instrumento legal que propone una respuesta, un abordaje a una problemática de salud mental creciente que es el consumo problemático digital en adolescentes y jóvenes”.

“Es una respuesta a toda una variedad de acciones que implican el uso de las tecnologías y dentro de ello la apuestas en línea. Acciones que es preciso regular las apuestas en línea dado que afectan a las infancias, adolescencias y juventudes de un modo muy preocupante”, alertó.

Por último, Miguel Tollo, presidente del Foro de Infancias, planteó que “es sumamente necesario trabajar en la ley de ludopatía, los adolescentes perciben que el proyecto de vida es una cuestión azarosa, los adolescentes necesitan mucho de los adultos y de la protección comunitaria por eso es importante cuando plantea la necesidad que el sistema educativo se haga cargo dela situación. Hay que trabajar en la publicidad, en la virtualidad y la alfabetización digital”.

“Es una preocupación muy grande esto. El juego de apuestas lo caracteriza le vértigo a perder, no las ganas de ganar. El que apuesta va a perder. Entonces el adolescente tiene en eso un riesgo porque es fascinante para él. La publicidad les dice ‘no jueguen, esto es para adultos’, nada mejor para un adolescente eso”, explicó Mollo.

Así, agregó que “la problemática se suma dentro de lo que son los consumos problemáticos, no es solo una ludopatía, es algo interdisciplinario e intersectorial. No son patologías individuales, se necesitan distintos abordajes, y bregó que la ley salga porque “es muy importante el tema”.

Proyectos de declaración y comunicación

Por último, pasaron para la firma los proyectos de comunicación presentados por senadores y senadoras de diferentes bloques. Entre ellos, los referidos a la reestructuración del Hospital Nacional "Lic. Laura Bonaparte", el seguimiento del cáncer cervicouterino y del virus del papiloma humano, la implementación de la Ley 26.845 sobre concientización en donación de órganos, el aumento de los casos de sífilis, la cobertura de vacunación contra enfermedades como sarampión, rubéola y poliomielitis, y la distribución de insumos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. También se abordaron cuestiones vinculadas a la situación epidemiológica del dengue y la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, se pasaron a la firma siete proyectos de declaración, entre ellos la adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales y al Día Mundial de la Hipertensión, así como reconocimientos a eventos médicos de relevancia, como el Congreso Argentino sobre Rejuvenecimiento y Longevidad Saludable en Rosario, el Simposio sobre Lupus en el Senado, el 50° Congreso Argentino de Anestesiología en Buenos Aires, y el XXXIX Congreso de la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia en Posadas. También se expresó beneplácito por una exitosa intervención fetal gemelar realizada en Tucumán, y preocupación por el estancamiento de la tasa de donación de órganos y tejidos.

En medio del conflicto entre el Gobierno y los médicos y residentes del Hospital Garrahan, la Comisión de Salud del Senado, a cargo de la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), volverá a citar al ministro de la cartera, Mario Lugones, para que asista a una reunión y brinde un informe sobre la situación del país y la decisión del cierre de determinadas áreas.

Corpacci recordó que se había invitado al ministro de Salud para que asistiera a comisión y brinde un informe sobre la situación de la salud en el país que “era una preocupación y había sido planteada la semana anterior, no tuvimos ninguna respuesta y tampoco vino el ministro”.

“Vamos a volver a circular la nota, dado que no todos la habían podido firmar, para insistir con la presencia del ministro”, comentó.

Al pedir la palabra, la vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, apuntó: “Todas las semanas tenemos un martes 13 en el área de salud del Gobierno nacional, lo único que nos queda es interpelar, lamentablemente, aunque el oficialismo se enoje, pero nosotros queremos saber cuál es el plan que tiene el ministro con cierres de áreas tan caras a la salud como el Instituto Nacional del Cáncer, sistema de infectología, el conflicto del Garrahan”.

La Comisión de Salud del Senado, a cargo de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (UP), debatió y pasó a la firma un proyecto de ley que propone la incorporación de una historia clínica ambiental de los pacientes.

Corpacci explicó que el proyecto también fue tratado en asesores. “Es muy importante incorporar la historia clínica ambiental porque cuando se hace una historia clínica de una persona, no es lo mismo si vive en un barrio que tiene cloacas, agua potable, de aquella que no lo tiene. No es lo mismo la que vive en una zona de alta contaminación ambiental”, precisó.

“Hay una serie de patologías que está relacionada por las condiciones en donde vive la persona, del ambiente en el que viven y orienta a la pesquisa de ciertas patologías como pueden ser parásitos, hepatitis, afecciones pulmonares. Es muy importante que estén reflejadas en la historia clínica. Explorar el ambiente, las condiciones de vida de la persona estén incorporados en la historia clínica”, resumió.

La autora de la iniciativa, la neuquina Silvia Sapag comentó que impulsó el proyecto por una invitación de la Sociedad de Pediatría Argentina y relató una experiencia personal de vida: “Yo nací en mi casa en Neuquén al igual que mis hermanos porque no había hospital. En la ciudad si había un solo hospital, pero no en el resto de la provincia. Había cinco médicos en el resto de las provincias. El frío y la pobreza hizo que hubiera enfermedades endémicas como tuberculosis, brucelosis, el bocio, hubo que luchar”.

“En el 63’ la mortalidad infantil era de 165 por mil, o sea de mil chicos un total de 165 morían. Se empezó una campaña de vacunación, de construir hospitales, caminos, etc. Así se fue bajando la mortalidad infantil y en el año 70 era 125 por mil, y en el 73 era el 61 por mil. En 2025 tenemos el 6,13 por mil. No solo porque se insistió en tener mejor atención médica, sino por otras series de condiciones como construcción de viviendas”, detalló.

Sapag concluyó que “el ambiente incide en la salud de niños y grandes. Es el derecho que tiene el paciente a que se registren los factores ambientales en su historia clínica”.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), pasó a la firma un proyecto de ley que modifica la Ley Justina 27.447 respecto de la autorización para la donación de órganos de menores de edad post mortem por parte de los dos progenitores.

Corpacci contó que tuvieron una reunión con familiares de niños que esperan un trasplante quienes les comentaron su “dolorosa situación y concurrieron al Senado a solicitarnos su apoyo para fomentar la difusión de la importancia de la donación de órganos pediátricos y modificar la ley en cuanto la autorización para menores”.

“Esto proyecto se trabajó en dos oportunidades con asesores. Sufrió modificaciones y, en definitiva, se pide que los menores de 18 años tengan, para poder manifestar su voluntad de donación, la autorización de sus progenitores y, por supuesto, tienen que ser los dos progenitores quienes lo autoricen”, explicó y aclaró: “Todo el caso se habla de trasplantes de órganos post mortem, no estamos hablando de donantes vivos”.

Corpacci precisó que “es una necesidad imperiosa en el país porque hay 183 niños en espera de trasplante con una situación angustiante de la familia que no encuentran respuesta”.

Autor de la iniciativa, el senador Daniel Bensusán (UP) contó que el texto nació a raíz de entrevistas que tuvo con padres de niños que necesitan un trasplante respecto de la necesidad de manifestar la voluntad de los menores de 18 años, siempre se habla de situaciones post mortem. “En Argentina los únicos que pueden hacer trasplantes en vida son los mayores de 18 años y con ciertos requisitos de familiaridad”, aclaró.

“El caso de menores de 18 años que, lamentablemente fallecen, esa manifestación por lo general se produce en el momento de que pasó esa situación, con lo cual, obviamente, los papás o la mamá de ese niño o niña que acaba de fallecer no es el mejor momento para pensar de manera tranquila, clara y pensando en que puede salvar una vida, de que le va a autorizar la donación de los órganos de su hijo”, contextualizó el senador pampeano.

Bensusán informó que “hoy en Argentina hay más o menos 10.000 personas entre adultos y menores que esperan un trasplante”, y sumó: “Son menos de 200 a 180 y pico los menores de 18 años que necesitan un trasplante”. En ese sentido, remarcó que a partir de la sanción de la 27.477 la Ley Justina se han incrementado los porcentajes de donantes en la Argentina, pero señaló que “siempre ha sido mucho más bajo el porcentaje de donantes menores de 18 años porque, afortunadamente, en la Argentina la tasa de mortalidad infantil es baja”.

El senador de UP también remarcó la falta de información en situaciones de la vida normal y habitual de una familia. “Esta situación de permitir o facilitar de que los papás y las mamás puedan, en cualquier momento de la vida de sus hijos menores de 18 años, manifestar la voluntad o pensar en la posibilidad de que sus hijos puedan ser donantes y que pueden salvar una vida, que pueden ayudar a mejorar la vida de otros”.

“Este proyecto de ley que busca modificar la Ley Justina a este solo efecto de que los papás y las mamás de menores de 18 años, de acuerdo a nuestro Código Civil después de la reforma respecto a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes menores de 13 años, sí o sí necesita la autorización de ambos progenitores”, explicó.

Bensusán planteó que la ley “no va a hacer magia para que haya más donantes”, peor “podemos darle las herramientas para facilitar la manifestación, pensar y prever campañas de sensibilización, de concientización”. Así, contó que hay otro proyecto que propone modificar la Ley 26.845 que es de promoción de toma de conciencia de la donación de órganos de personas mayores y menores para que “se hable de la donación pediátrica y se entienda de qué se trata, de la ayuda que le podemos dar. Reforzando los canales de difusión, de concientización esta modificación en la normativa que, de hacerlo, vamos a lograr que la Argentina pueda tener una mayor cantidad de donantes menores de 18 años”.

A su turno, la vicejefe del bloque de UP, Anabel Fernández Sagasti, expresó: “Es una lucha de los padres para salvar la vida de sus hijos. Es una costumbre argentina más bonita, transformar el dolor en lucha”.

“El principal objetivo es la difusión para salvar vidas, para concientizar, para que la solidaridad vuelva a reinar en el país y se ponga de moda”, remarcó. La mendocina se emocionó al homenajear a Thiago Narváez un chico que falleció en Tunuyán el 30 de mayo: “Su mamá hizo una publicación linda porque decidieron donar los órganos de su hijo. El dolor más grande que puede sentir una persona es perder a un hijo”.

“Este chico donó cinco de sus órganos y pudo salvar la vida de otras personas. Hoy muchos padres pueden seguir respirando. Ojalá podamos llevar este excelente proyecto al recinto y dar la punta pie para cambiar el paradigma de la sociedad”, cerró.

A continuación, el misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) sugirió que “este proyecto vaya en paralelo con el del senador Andrada del día de concientización y difusión del 30 de mayo y poder avanzar con los dos dictámenes para que informe a la población”.

Arce señaló que “podemos tener un problema con los protocolos en centros de salud donde hay mucha asimetría en el país, incluyendo la Ley Justina, de los números de trasplante que tenemos. Este proyecto de ley puede servir, porque hay provincias que tiene números escasos de trasplantes. Ojalá esto empuje a la concientización de la donación y que haya protocolos de generación de trasplantes”. Esa iniciativa, será tratada en una reunión conjunta con la Comisión de Educación.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por la catamarqueña Lucía Corpacci (FNyP), se reunió este jueves para abordar la situación actual del sarampión, el VIH y las vacunas con la participación del director Ejecutivo de la Fundación Huésped quien alertó por la crisis del sistema sanitario y pidió que se refuerce el rol del Ministerio de Salud como “órgano rector de diferentes políticas”.

En el inicio del encuentro, fue designada como secretaria de la comisión la senadora radical Gabriela Valenzuela quien expresó: “Vamos a trabajar con mucha responsabilidad ratificando el compromiso en esta tarea que es una comisión que nos llena de trabajo y tenemos que estar a la altura de la demanda que tiene la sociedad con esta área”.

En su alocución, Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped, explicó que trabajan desde prevención, ciencia y derechos: “Es una organización que cumplió 35 años y nació del VIH y luego se fue ampliando hacia otras temáticas de salud”.

“Desarrollamos investigaciones financiadas por organismos de investigación y la industria farmacéutica e iniciativas del investigador. De allí nació una de las formas de administrar la terapia antiviral del VIH que hoy está en las principales guías de tratamiento internacionales y nos llena de orgullo”, contó.

Cahn alertó que “el sistema de salud argentino está en crisis desde hace muchos años. No hay nadie que trabaje vinculado a la salud y como paciente que no acordaría que es un sistema que esta fragmentado, desarticulado, que tiene una fragmentación vertical entre provincias y municipios, y horizontal entre sistema público y privado.  Es un país que invierte en salud a valores de países desarrollados y el acceso y los servicios y la calidad de la atención no se corresponde con esa inversión depende los momentos entre el 8 o 9% del PBI”.

“Ahí nos preguntamos cuáles son las reformas necesarias para el sistema de salud y entendemos que no da respuesta a esas genuinas dificultades que tiene el sistema de salud y genera nuevas inequidades, nuevos problemas para pensarnos como un sistema que implica un conjunto de factores, subsistemas que dan respuesta a la salud”, planteó.

El titular de la institución remarcó que “desde los 90’ la salud está descentralizada en las provincias, pero eso no nos tiene que llevar a tener 24 sistemas de salud porque los virus, bacterias o enfermedades no saben de fronteras, de gobiernos de signos políticos”. Así, señaló que “se necesita es reforzar el rol del Ministerio de Salud   como órgano rector y que realmente pueda articular las diferentes políticas para llevar adelante para poder tener una mejor salud. De eso se trata de ver la manera en que se puede garantizar un mejor acceso al cuidado de la salud con un fuerte trabajo en prevención”.

“Está comprobado en el mundo que cada dólar que no se invierte en prevención son al menos 3 dólares que luego hay que gastar en tratamiento”, ejemplificó.

Además, sostuvo que “esta suerte de ultra responsabilidad en las provincias genera inequidades en la calidad del acceso que depende del lugar en donde se está, el tipo de cobertura, pero desarticulado de algunas cuestiones que ej. la respuesta el VIH tiene mucho para mostrarle al sistema de salud, es el Estado nacional el garante último de la provisión de herramientas para prevención, cuidados y tratamiento. Es quien compra los antivirales y distribuye a las provincias a través de los programas provinciales. El Estado nacional es el mejor comprador del sistema. Argentina tiene uno de los programas de acceso universal a la terapia antiviral más exitosos de la región y del mundo por la antigüedad”.

“¿Qué implica darles tratamiento a las personas con VIH? Menos costo al sistema de salud, además de, el acceso y el derecho a la salud”, afirmó y agregó: “La ciencia demostró hace unos años que indetectable es igual a intransmisible, es decir, que una persona con VIH en tratamiento y con muy poca carga viral que no se puede cuantificar no transmite el virus por virus sexual. Así el mundo se plantea terminar con la epidemia de VIH en 10 años”.

Cahn planteó: “Si nosotros lográramos que el 95% de quienes viven con el virus no sepan, que el 95% de quienes saben que viven con el virus accedan a los tratamientos, y que el 95% de quienes acceden a los tratamientos logren tener carga viral indetectable, la cantidad de nuevas infecciones va prácticamente a desaparecer”.

“Entonces va a seguir habiendo millones de personas en el mundo viviendo con VIH que son quienes ya viven con el virus, pero las nuevas infecciones van a tender a desaparecer. En un país como Argentina, que tiene acceso gratuito a la prueba de VIH, acceso gratuito a los métodos de prevención y acceso gratuito a través de los distintos subsistemas, es decir, sin costo extra de bolsillo, sin embargo, el año pasado tuvimos 6400 nuevos casos de VIH contra 5000 del año anterior”, informó y sumó: “El 45% se diagnosticó tardíamente, estando internado o con el sistema inmunológico debilitado. Fallamos en la prevención y en la detección temprana”.

De esa manera, destacó la importancia de reforzar las acciones de prevención como eje fundamental para mejorar la salud pública. Asimismo, alertó sobre el riesgo del brote de sarampión, haciendo hincapié en la urgencia de incrementar las tasas de cobertura de vacunas y de fomentar una respuesta articulada entre todos los sectores del sistema. "La descentralización del sistema de salud en las provincias no debe ser un obstáculo para pensar en soluciones colectivas y coordinadas a nivel nacional", afirmó.

A continuación, se debatió y pasó para la firma del dictamen el proyecto de ley presentado por el senador Pablo Blanco (UCR), que propone instituir el 11 de abril como Día Nacional del Médico Geriatra, en reconocimiento a la labor de los profesionales dedicados al cuidado de personas mayores. Finalmente, se analizaron y pasaron a la firma diversos proyectos de declaración impulsados por senadoras y senadores de distintos bloques parlamentarios.

La Comisión de Salud de Diputados, presidida por el tucumano Pablo Yedlin (UP), se reunió este martes y emitió dictamen a un proyecto de ley que busca promover la salud cerebral y la creación de un programa nacional de lucha y prevención contra el Alzheimer y otras demencias. También pasaron a la firma iniciativas de resolución y pedidos de informes.

Al inicio del encuentro, Yedlin reclamó que “muchos de los proyectos que tienen dictamen esperan y duermen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda”. Así, explicó que el Reglamento de la Cámara en su artículo 102 que “si pasado un mes del dictamen y Presupuesto no dictamina, se pueden llevar al recinto directamente aclarando en la OD que no tienen dictamen de esa otra comisión”.

El diputado tucumano también informó que intentaron aplicar el artículo 109, pero “tampoco tuvimos respuesta. Si no vamos a tener que seguir con los emplazamientos”. “Si Presupuesto y Hacienda va a ser el derrotero habitual que esto va a quedar para siempre en esa comisión, no tiene sentido todo el esfuerzo que se hace para que esto termine”, lamentó.

Yedlin agregó: “El oficialismo cree que los proyectos generan gastos y por ese se resisten al debate, en vez de pensar en el dolor de argentinos que padecen enfermedades o necesitan adquirir medicamentos, en una palabra, no hay ministerio de Salud ejerciendo una rectoría, sino que es una delegación del ministro de Economía, Luis Caputo".

“La Cámara de Diputados tiene que tener sesiones ordinarias y no solo sesiones especiales, porque si no el numeroso trabajo de diputadas y diputados de todos los partidos políticos, nunca llega a tratarse ni a debatirse en el recinto", explicó Yedlin.

Hoy es un día muy importante porque la Comisión de Acción Social y Salud Pública de @DiputadosAR firmó el dictamen del proyecto que establece la promoción de la salud cerebral y crea un plan nacional para prevenir el #Alzheimer y otras demencias.

El mundo está envejeciendo,… pic.twitter.com/C7v3RSjGNa

— Facundo Manes (@ManesF) May 20, 2025

Sobre el proyecto de ley de promoción de la salud cerebral y Alzheimer y otras demencias, el autor de la iniciativa Facundo Manes explicó: “Este tema no es solo médico, es un tema económico, estratégico. El mundo está envejeciendo y las desigualdades ocurren en países de medianos y bajos ingresos como el nuestro”.

En esa línea, aseguró que "la Argentina tiene alrededor de medio millón de personas con la enfermedad de Alzheimer. Esto impacta a todo el entorno familiar y afecta a millones de personas que están sufriendo. Esto tiene un impacto transversal, económico, de derechos y de salud”.

“Esto no es un cheque en blanco, por cada dólar que se invierte se ahorra tres, es un ahorro invertir en esto. Este proyecto no implica una asignación automática ni limitada de recursos. Crea un marco estratégico nacional mientras el presupuesto se define cada año a través del Poder Ejecutivo y con la supervisión parlamentaria. Es orden, es estrategia, no es un gasto descontrolado”, explicó Manes.

Además, señaló: “No es una ley para una enfermedad, es una decisión política pública inteligente frente al envejecimiento de nuestro país y, para lo cual, no hay una estrategia. Apoyarla no es una cuestión solamente humana, es una cuestión de racionalidad económica y también de responsabilidad institucional”.

La norma busca “prevenir e investigar la detección temprana, el tratamiento y los cuidados adecuados de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias”, así como también, establecer “la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas”.

A continuación, el titular del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, resaltó que se trata de una iniciativa que fue acompañada por más de 160 diputados: “Lleva firmas que tiene prestigio, preocupadas que desnudan que la política, cuando se toca un tema tan sensible que está envuelto de tanta preocupación, se reúnen estos consensos. Es un proyecto que mira al futuro con tanta preocupación”.

Al respecto, la diputada Mónica Macha (UP) pidió que se regularice y valore la labor que llevan a cabo las cuidadoras domiciliarias y polivalentes porque “hacen un trabajo fundamental para este tipo de patologías”, y pidió mayor inversión en políticas de salud mental.

La diputada nacional Mónica Fein (PS) adelantó: “Apoyamos con mucha decisión, ya que la norma contempla una mirada federal y con el apoyo de distintos especialistas. Se trabajó mucho este proyecto”.

Declaración del rol del farmacéutico

En relación a la norma por la cual se expresa “reconocimiento al rol esencial del profesional farmacéutico en la protección del derecho a la salud”, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, señaló que “el medicamento no es una mercancía, sino un bien social intrínsecamente ligado al derecho, a la salud”, y en ese sentido, expresó: "El farmacéutico es parte esencial del sistema de salud”.

Pesenti sostuvo que “miles de profesionales farmacéuticos día a día con vocación, compromiso y responsabilidad construyen salud en cada rincón de nuestro país”. Así, afirmó: “Hoy no vengo solamente apoyar un proyecto de declaración, sino que vengo a agradecer una mirada, una decisión política y un gesto institucional que reconoce algo que, desde hace décadas, sostenemos los farmacéuticos que no somos comerciantes, que somos agentes sanitarios esenciales”.

“Una salud que no es un privilegio, sino un derecho humano básico que el Estado tiene el deber de garantizar. Esta declaración, también reconoce la función insustituible del farmacéutico como profesional calificado que garantiza el uso racional de los medicamentos, acompaña al paciente en sus tratamientos, educa a la comunidad y colabora activamente en el cuidado integral de la salud”, expresó.

El titular de la CAF recordó que “detrás de cada farmacia de barrio hay un farmacéutico que cumple turnos obligatorios, que atiende emergencia fuera de horario, que conoce el nombre y la historia clínica de sus pacientes y que, muchas veces, es el primer y único contacto que tiene con el sistema de salud, especialmente en zonas alejadas y rurales”.

“Un farmacéutico tiene un promedio entre 100 y 200 consultas diarias, muchas de ellas vinculadas con efectos adversos, interacciones de medicamentos, dudas, sobredosis, adherencias, cada una de estas intervenciones representa un acto profesional que cuida la salud, y muchas veces, evita una internación y una urgencia médica”, comentó. En esa línea, informó que “al menos un 10% de las intervenciones hospitalarias en nuestro país, se deben a errores o el mal uso de los medicamentos. Esta intervención oportuna del farmacéutico reduce significativamente ese riesgo y mejora en más de un 50% la adherencia en los tratamientos crónicos como hipertensión y diabetes”.

Además, recordó que, durante la pandemia cuando muchos servicios se vieron paralizados, las farmacias “estuvimos sin descanso, sosteniendo la cadena de acceso a los tratamientos, conteniendo emocionalmente a la población, mientras muchos servicios colapsaban o debían cerrar la farmacia permanecieron abiertas”.

“El 98% de las farmacias del país siguieron operando ininterrumpidamente en 2020 brindando contención, acceso a tratamientos y orientación sanitaria a toda la población argentina. Actuando como verdaderos centros de salud de cercanía”, destacó.

Pesenti señaló: “También debemos reconocer a los farmacéuticos hospitalarios que gestionan con precisión la terapéutica en pacientes internados, elaboran fórmulas magistrales, garantizan trazabilidad de tratamientos complejos y trabajan en equipos interdisciplinarios en terapias intensivas oncológicas y unidades especiales”.

“También no dejar de mencionar a los farmacéuticos que trabajan en la distribución que todos los días en posible que medicamentos críticos lleguen a tiempo a cada punto del país, aún en contextos de emergen. A los que se desempeñan en la industria farmacéutica aportando innovación, asegurando calidad de los productos y desarrollando nuevas formulaciones y cumpliendo rigurosos estándares internacionales”, ponderó.

El invitado alertó que “intentar desregular el ejercicio profesional, flexibilizar condiciones técnicas o permitir la venta de medicamentos fuera del ámbito farmacéutico, es poner en riesgo la seguridad de la población. Actuamos en defensa del interés sanitario de toda la sociedad y celebramos que la justicia haya reconocido la gravedad de ese intento de desprotección y haya otorgado a la medida cautelar solicitada”.

“La dispensación del medicamento es una actividad indisoluble del ejercicio profesional farmacéutico, no se trata de una transición. Somos imprescindibles para una argentina más justa más sana y solidaria”, cerró.

Con una serie de reuniones llevadas a cabo este martes en el Salón Illia, continuó en el Senado la conformación de distintas comisiones, en las cuales se ratificó la continuidad de sus titulares. Al igual que sucedió días atrás, los integrantes de Unión por la Patria no participaron de los encuentros, a excepción de una sola comisión (y con escaso envío de representantes), presidida justamente por una senadora de este interbloque.

La primera reunión fue la de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde el jefe del bloque Pro, Alfredo de Angeli, fue reelegido presidente. En tanto, el radical Daniel Kroneberger fue designado como secretario. El cargo de vicepresidente quedó reservado para UP.

De Angeli agradeció la confianza de sus pares por haber sido nuevamente elegido para presidir la comisión, y destacó la importancia de trabajar de manera articulada en los temas clave del sector.
Asimismo, se acordó que las reuniones se realizarán los días miércoles, con horario flexible a coordinar según la agenda parlamentaria.

Entre los temas prioritarios que integrarán la agenda de trabajo se encuentran: la iniciativa sobre trazabilidad de pesca, considerado fundamental para todas las provincias con actividad pesquera; un proyecto de comunicación que solicita informes sobre medidas adoptadas para evitar la explotación ilegal de los recursos naturales nacionales por parte de los buques extranjeros en el límite de la Zona Económica Exclusiva; la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa; la propuesta de derogación de la Ley de Manejo del Fuego; el desarrollo de biocombustibles, y diversos proyectos vinculados a la actividad minera y agropecuaria.

Minutos después se realizó la reunión constitutiva de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, para la cual la radical Mariana Juri propuso como presidente a su par Pablo Blanco. "Además de ser un senador altamente reconocido por sus pares, confiamos en que lo va a hacer muy bien. Y siendo senador de Tierra del Fuego, que es una de las provincias que sin dudas necesita de las actividades económicas", dijo la mendocina.

Al tomar la conducción, Blanco celebró haber logrado quórum para poner en marcha la comisión, luego de cuatro convocatorias anteriores que fracasaron. "Lamento la no conformación de esta comisión por parte de Unión por la Patria, que tiene muchos proyectos presentados", expresó.
El fueguino se refirió al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el "Súper IVA" y afirmó que espera que "en caso de ser ingresado este proyecto pueda ser girado a esta comisión".

Por otro lado, abogó por acordar con la Comisión de Presupuesto tratar la cuestión de los créditos UVA, "un tema que por sí o por no hay que encarar, porque hay mucha gente que está permanentemente reclamando".

En la comisión fue designada como secretaria la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta.

Finalmente, este martes fueron ratificadas las autoridades en la Comisión de Salud. Allí, la catamarqueña de UP Lucía Corpacci fue ungida presidenta. Antes, la propuso su par María Celeste Giménez Navarro, quien manifestó la propuesta "debido a su impecable trayectoria y a su compromiso para llevar adelante la comisión el año pasado". En tanto, el misionero del Frente Renovador de la Concordia Carlos Arce fue reelecto vicepresidente. Para la secretaría se propuso a la radical Gabriela Valenzuela, pero al estar ausente el cargo quedó vacante en lo formal.

Corpacci agradeció la confianza de sus pares y señaló que, a pesar que en 2024 la comisión se conformó avanzado el año, "aún así pudimos sacar algunos proyectos muy necesarios para la comunidad" y todavía quedan "otros pendientes de tratamiento en el recinto" que espera "podamos debatirlos y aprobarlos".

"Tenemos más de 200 proyectos en nuestra comisión, sólo 21 tienen paso únicamente por Salud", informó y afirmó que hay una "preocupación de todos por ludopatía, que tenemos pendiente la media sanción de Diputados y 16 proyectos de senadores". En ese sentido, planteó que "los asesores vayan comparando lo que viene de Diputados con los distintos proyectos presentados, para ver qué camino vamos a tomar. Todos estamos de acuerdo que es algo que tenemos que sacar rápidamente".

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por el tucumano Pablo Yedlin (UP), se reunirá para iniciar el debate sobre una serie de proyectos de ley que buscan la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET).

El encuentro está agendado para el próximo martes 15 de abril a las 12.30 en la Sala 6 del Anexo “A”. En el mismo, se recibirán especialistas vinculados a la temática que brindarán su opinión al respecto de los cinco proyectos de ley que fueron presentados por diferentes bancadas políticas.

Además, se tratará la regulación de medicamentos y tecnologías de alto precio y un proyecto de pedido de informes al Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el anuncio del vocero presidencial acerca de la creación de la agencia nacional de evaluación de financiamiento de tecnologías sanitarias (ANEFITS) con el objeto de "desregular el sistema sanitario".

La Comisión de Salud y Acción Social de Diputados, presidida por el tucumano de UP Pablo Yedlin, se reunió este martes para abordar diversas cuestiones relacionadas con las políticas sanitarias, la situación de los trabajadores del sector, despidos, desfinanciamiento de los hospitales y Direcciones Nacionales del área y el impacto de esta situación en su normal funcionamiento.

El encuentro de carácter informativo se llevó a cabo en la sala 6 del 3er piso del Anexo “A” y se extendió por más de tres horas. Al mismo asistieron los diputados Mónica Fein, María del Carmen Montoto, Luana Volnovich, Natalia Sarapura, Daniel Gollán, Mónica Macha, Natalia Zaracho, Carolina Gaillard, y Nicolás del Caño entre otros.  Cecilia Ibáñez (MID) fue la única diputada del oficialismo que participó. Tampoco asistieron los legisladores del Pro que son miembros de la comisión.

Al inicio de la reunión, Yedlin apuntó: “El tema de nuestra comisión han sido temas que han tenido varias novedades malas durante enero. Hoy nos encontramos acá porque podrán no venir a las comisiones cuando los citamos, podrán no responder los pedidos que hacemos, pero el vaciamiento que se está llevando adelante en tema de salud pública nacional en su teórica idea de transferencia a las jurisdicciones sin que digan que pueden hacerlo va a generar problemas al sistema de salud y seguramente va a generar muertes y habrá responsables. Entre los responsables serán el presidente Javier Milei y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones”.

“Fueron convocados agentes que vieron directamente afectada su actividad en el sistema de salud. Entendemos que más allá de determinada actividad o área, esto afecta al conjunto del sistema y, por lo tanto, cuando se afecta una parte todo el sistema queda afectado”, criticó y sumó: “Vimos con asombro algunos comentarios diciendo que no hay vaciamiento, que hay una eficientización del sistema, pero la verdad es que llama la atención esta manera y genera enorme preocupación lo que está pasando. Estamos frente a un sistema de salud nacional que ha decidido no hacerse cargo de los temas que por ley tiene adjudicado por ejemplo al VIH, hepatitis, tuberculosis, que los obliga como Estado nacional”.

Así, lamentó: “No hemos podido transformar en ley el programa REMEDIAR, pero es un programa que tiene media sanción del Senado y tiene dictamen de esta comisión. Lo único que necesita es un esfuerzo de los diputados de llevarlo al recinto y transformarlo en ley y por lo menos que este achicamiento del programa REMEDIAR tenga consecuencias legales para los funcionarios que lo decidan”.

El primero en disertar fue Fernández Camacho Leonardo abogado y delegado general de ATE quien planteó que el hospital Bonaparte es un centro nacional de referencia en la materia en salud mental y consumos problemáticos. Así criticó los argumentos sobre los despidos que se referían a los años de ingreso al nosocomio entre 2020 y 2023.

“Eso definieron las autoridades del Ministerio de Salud, de Mario Lugones, y la directora Nacional de Salud Mental, Liliana González, para ellos esa gente que ingresó es la que debía irse sin ningún tipo de análisis institucional sobre el funcionamiento del hospital. Eso nos dejó una institución inoperativa sin 200 profesionales que atienden a un sector vulnerable de la sociedad que cada vez se acercan más”, manifestó.

En esa línea, precisó: “No tuvimos conversaciones con las autoridades del Ministerio, están negadas a cualquier tipo de negociación en cuanto a reincorporaciones. En el área de niñeces se despidió al 50% del personal que atendían 700 consultas por mes, hubo reducciones al dispositivo de atención de demanda espontánea en un 30% se atiende alrededor de 500 consultas por mes; consultorios externos se vio afectado en un 40%, hospital de día en un 30%, la guardia tuvo 45 despidos lo que implica la pérdida del servicio como tal, la farmacia se vio afectada en un 60% de trabajadores; odontología en un 60%, clínica médica en un 40%, la línea de urgencia de atención de salud mental a nivel nacional se vio reducida en un 40% de despidos”.

“Pedimos que el ministro Lugones de alguna explicación de la decisión y a la directora porque nadie le conoce la cara y desconocemos el proyecto que se tiene sobre salud mental a nivel país y el proyecto institucional para con el hospital”, cerró.

María del Valle Juárez, de la dirección de control inmuno prevenibles encargada de compra y distribución de vacunas, planteó: “Han desarmado todo un equipo que funcionaba. Éramos 46 personas para cuidar a 46 millones de personas, suena bastante eficiente. Los despidos en nuestro caso fue sacar piezas fundamentales del engranaje. Sacaron las funciones precisas para que el equipo deje de funcionar”.

“Echaron a tres personas que hacían el soporte nominal de vacunación y es un ejemplo en el país porque muy pocos países tienen un sistema así. No hay un plan de reestructurar. Hace días no responden los emails a usuarios. En el área de compras echaron a dos personas que hacían las compras de vacunas que son muy complejas que llevan tiempo y necesitan tecnicismo, no cualquiera lo puede hacer y eran personas hace más de 10 años que hacían esas funciones”, relató y cerró: “No estamos peleando solo por los 14 puestos de trabajo, sacaron engranajes muy importantes, si no tienen un plan de contingencia esto se va a caer. Pedimos por mantener el equilibrio de poderes, ustedes son nuestros defensores acá”.

Yedlin acotó que “era un orgullo el calendario de vacunación del país mientras tanto el Estado nacional se hacía cargo de la compra y garantizado a que esto llegue a cabo”, al tiempo que señaló: “Argentina tiene hoy una cobertura de vacuna relativamente bajas la verdad que estamos cerca de un 70% en promedio de cobertura las vacunas debieron tener coberturas 95%. Hay un veinticinco por ciento un 30% de argentinos que no se están vacunando según lo que deberían la solución para eso no es comprar menos vacunas para que no sobren, si no justamente hacer que esas 25% de vacunas no colocadas se coloquen a través del programa de vacunación porque el objetivo que nos vacunemos todo no ahorrar plata bueno llamativamente Parece ser que acá el objetivo pasa por ahorrar”.

Fabio Núñez de la Comisión de VIH explicó que fueron despedidos de la Dirección y "personas especializadas, creadoras del programa VIH”, y agregó: “Están desmantelando y han despedido trabajadores de más de 20 años de trabajo”. En esa línea, denunció que previo a los despidos ya habían dejado de recibir respuestas y siguen sin tener la medicación oportunista y ejemplificó: “Hemos repartido solo el 5,3% de los preservativos que había para distribuir”.

Además, participaron representantes del Hospital Garraham, de la Fundación Huésped, de la Federación LGBTQ+; entre otras instituciones que están resistiendo despidos de profesionales; cierres y vaciamientos de programas que afectan a la atención de la Salud Pública.

Con testimonios muy emotivos, profesionales despedidos pidieron en algunos casos que bregar para que los periodistas y medios cuenten el vaciamiento que ocurre en la Salud Pública nacional.

La Comisión de Salud Pública y Acción Social de la Cámara de Diputados, presidida por el tucumano Pablo Yedlin, recibirá una vez más este martes a representantes de la salud pública, hospitales, programas nacionales que fueron despedidos y /o se produjo desfinanciamiento de áreas vitales en la atención pública.

La convocatoria es a partir de las 12. 30 a en el Anexo A, sala 6 piso 3 y tiene carácter informativo y se realiza en el marco del artículo 106, debido a cuestiones urgentes.

Dicha reunión había sido anunciada por el titular de la comisión en el primer encuentro del pasado 29 de enero, luego de escuchar decenas de testimonios del “desguace” y “destrucción” del sector.

En esa ocasión escucharon los testimonios de Leonardo Fernández Camacho, del Hospital Bonaparte, la doctora Serelena Cuaderno, profesionales de la Superintendencia de Salud; dedicados al autismo; a la diversidad, centros de farmacéuticos; prestadores de servicio del PAMI para ex combatientes de Malvinas cuyos medicamentos fueron cortados. También hicieron uso de la palabra agrupaciones de enfermeros, despedidos del Hospital Posadas y del Garraham.

Varios de los profesionales que hablaron pidieron el anonimato debido “a la persecución y amenazas de despidos que afrontamos en nuestros trabajos”.

Los diputados de UP que integran la comisión son el mencionado Yedlin, Luana Volnovich, Natalia Zaracho, Eugenia Alianiello, Jorge Neri Araujo, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Andrea Freites, Carolina Gaillard, Daniel Gollan, Mónica Macha, Cecilia Moreau, María Luisa Montoto, Estela Neder y Blanca Osuna.

El presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara baja, Pablo Yedlin, sostuvo este miércoles que “son las provincias quienes también deben resistir la destrucción de la Salud Pública a nivel nacional”. “Los gobernadores van a pagar este enorme costo político y social”, explicó.

Yedlin convocó a sesionar a la comisión “en forma urgente” el próximo martes, luego de escuchar decenas de testimonios del “desguace” y “destrucción” del sector.

Yedlin y el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a varios diputados se reunieron este miércoles con medio centenar de profesionales de la Salud Publica de diversos organismos nacionales y hospitales donde se produjeron despidos masivos y la paralización o cierre de programas y servicios.

Leonardo Fernández Camacho, del Hospital Bonaparte, explicó que de la planta de 400 profesionales entre el año pasado y los últimos despidos de la semana pasada, sólo quedó la mitad del personal que atiende en forma directa.

“Áreas como Internación, laboratorio, guardias psiquiátricas, han sido devastadas y ya no tenemos profesionales en la asistencia directa en territorio”, agregó.

La doctora Serelena Cuaderno dijo que fue despedida del hospital de día del Bonaparte, “y seguimos yendo al trabajo porque queremos derivar a nuestros pacientes aun cuando estamos en una situación de abandono total”.

También brindaron sus testimonios profesionales de la Superintendencia de Salud; dedicados al autismo; a la diversidad, centros de farmacéuticos; prestadores de servicio del PAMI para ex combatientes de Malvinas cuyos medicamentos fueron cortados.

También hicieron uso de la palabra agrupaciones de enfermeros, despedidos del Hospital Posadas y del Garraham.

Varios de los profesionales que hablaron pidieron el anonimato debido “a la persecusión y amenazas de despidos que afrontamos en nuestros trabajos”.

Junto a Yedlin, participaron los diputados Daniel Gollán, Cecilia Moreau, Luana Volnovich, Paula Penacca, Natalia Zaracho, Mónica Macha y Juan Martino, entre otros.

Diputados del bloque de Unión por la Patria que integran la Comisión de Salud, presidida por el tucumano Pablo Yedlin, recibirán este miércoles a las 12 a personal del área de salud para escuchar sus testimonios, ya que fueron afectados por las últimas medidas que tomó el Ministerio de Salud de la Nación.

Los diputados de UP que integran la comisión son el mencionado Yedlin, Luana Volnovich, Natalia Zaracho, Eugenia Alianiello, Jorge Neri Araujo, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Andrea Freites, Carolina Gaillard, Daniel Gollan, Mónica Macha, Cecilia Moreau, María Luisa Montoto, Estela Neder y Blanca Osuna.

A raíz de la decisión del Gobierno de cerrar el Hospital Bonaparte de Salud Mental, Yedlin acusó que “el sistema de Salud Pública en Argentina está en crisis, la falta de rectoría y regulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el desfinanciamiento, vaciamiento, cierre de efectores y de políticas públicas, solo vienen a profundizar esa crisis”.

El diputado presentó un pedido de informes para que se detalle la cantidad de trabajadores de esas áreas con la respectiva relación laboral de los mismos; razones de por qué no se renovaron los contratos que vencían el 31 de enero de 2025; si tienen planeado que dejen de funcionar estas direcciones; Información de las acciones llevadas adelante por dichos organismos en el año 2023 y 2024; y metas y acciones planificadas para este año 2025.

En tal sentido, señalaron que “es imperativo que el Ministerio de Salud de la Nación brinde respuestas claras y precisas a los puntos solicitados, garantizando el cumplimiento de las leyes mencionadas y el bienestar de la población de nuestro país”.

Además, los diputados de UP habían expresado su rechazo al cierre de la Coordinación de tuberculosis y lepra y de la Coordinación de hepatitis virales que funcionaban en el ámbito del Ministerio de Salud y exigieron su restablecimiento, la convocatoria de la Comisión Nacional de VIH, HV y TBC, reincorporación de los despedidos y cumplimiento de la Ley 27.675.

Convocada en pleno receso, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió la semana pasada para debatir sobre la resolución del PAMI que impuso restricciones en la cobertura al 100% de cinco medicamentos para aquellos jubilados y pensionados que ganen más de 390 mil pesos, lo que desató todo tipo de cuestionamientos.

Presidida por el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin, la comisión envió una citación al ministro de Salud, Mario Lugones, y al director del PAMI, Esteban Leguízamo, quienes, según supo parlamentario.com, no asistirán este martes a la reunión programada para las 12.30 en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja.

En el último encuentro, el diputado socialista Esteban Paulón pronosticó que Lugones iba a seguir "el mismo camino de Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano), que la esperamos un año y nunca apareció. Seguirá el camino del saliente Mario Russo, a quien nunca le conocimos la voz”.

Por el contrario, para la reunión está previsto que sí concurran otros de los invitados: el subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel; y el Defensor de la Tercera Edad de CABA, Eugenio Semino.

Días atrás, la obra social de los jubilados anunció el recorte a la cobertura al 100% de cinco medicamentos para los afiliados que ganen más de 390 mil pesos, al tiempo que impuso una serie de requisitos para que, quienes ganen por debajo de esa cifra, realicen un trámite para acceder al "subsidio social".

A partir de los cambios determinados por el PAMI, se puso fin así al plan "Vivir Mejor", creado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Extitular del PAMI en la gestión anterior, la camporista Luana Volnovich aseguró en la reunión de la Comisión de Salud de la semana pasada que se trata de "una decisión política, no es que no hay plata; es una decisión política de dejar morir a una generación que hoy necesita sus remedios. Nosotros como diputados tenemos que hacer cumplir la ley”.

A pesar de haber culminado el período ordinario y sin novedades respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias, En el marco del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara de Diputados se llevó a cabo este miércoles una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada por su presidente, Pablo Yedlin (UP), a fin de dialogar y buscar una solución al reciente recorte de medicamentos para jubilados del PAMI que anunció el Gobierno.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, Yedlin anunció que citarán para la próxima semana, precisamente el martes a las 12.30, a las autoridades del PAMI, Esteban Leguizamo, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para “ver cómo podemos resolver esta situación porque no podemos pasar el verano porque hay muchos pacientes que van a quedar sin tratamiento y poniendo en riesgo la vida de mucha gente”.

Además, el tucumano informó que elaboró un comunicado que lleva su firma a fin de elevarlo al titular de la Cámara, Martín Menem, para que lo envié a las autoridades correspondientes.

“Muchos diputados de distintos bloques hemos visto con mucha preocupación la normativa que tomó el PAMI a nivel nacional de decidir que aquellos jubilados que reciban por arriba de 309.000 pesos de haberes no van a poder recibir más medicamentos sin costos. Aquellos que perciban por debajo tienen un trámite bastante engorroso para poder acceder”, expresó Yedlin.

Así, cuestionó que “estas medidas se tomaron de un día para el otro de forma llamativa y millones de argentinos que, normalmente dependían de este tipo de cobertura para su medicación habitual, se quedaron sin su medicación o tenerla que pagar en un momento donde los haberes jubilatorios están por el piso histórico de estos valores. Por otro lado, el tema de los gastos que la tercera edad tiene en cuanto a medicamentos han aumentado muy por arriba de los alimentos, tarifas, transporte, alquileres, poniendo a millones de argentinos en riesgo sanitario absolutamente innecesario”.

“Los jubilados ya pagaron gran parte del ajuste en el país de forma innecesariamente quieren dejarlos sin medicamentos, me parece que por eso es importante que estemos acá”, criticó.

Al pedir la palabra, la diputada de Democracia para siempre Carla Carrizo aclaró que no están “en contra de los controles para garantizar la accesibilidad, estamos en contra de la arbitrariedad con la que se hace. Se hizo sin aviso, es una decisión súbita”.

“Hay jubilados en tratamiento y no avisar para que cada uno se prepare. El mecanismo de control para que el PAMI no gaste mal no es correcto, porque el Estado tiene la información para cruzar los datos porque el 80% de los beneficiarios de PAMI tiene la jubilación mínima de 260 mil pesos. La modalidad no está bien y la temporalidad sin aviso tampoco”, manifestó.

La ex titular del PAMI y diputada de UP Luana Volnovich recordó que le tocó llevar adelante el programa “Medicamentos gratis” y comentó que ha presentado un proyecto para convertirlo en ley que “incorpora el derecho universal el acceso a medicamentos gratis al vademécum vigente y no como un subsidio”.

“Cuando iniciamos el programa el 2019 con muchas dudas porque nos decían que ‘no lo íbamos a poder pagar’, ‘se va a descontrolar’, nada de eso sucedió por más que intenten hacer campañas de desprestigio para justificar el ajuste. La estimación era que el consumo de medicamentos estaba reprimido en un 30% y el consumo creció un 30% como estaba proyectado presupuestariamente”, contó.

Volnovich destacó que el programa convivía con la receta electrónica que “hace que uno tenga la conducta prescriptiva de los médicos a lo largo y ancho del país y que puedas tener información de lo que prescriben los médicos y lo que consumen los afiliados”, y el otro ítem del programa era “el uso racional de medicamentos que evaluaba la conducta y los consumos y determinaba topes”.

“El PAMI tiene 13 millones de recetas por mes. El volumen de información es la base de datos de salud más grande del país”, resaltó y desmintió que “los viejos se aprovechaban del programa. Si tenes ganas de controlar, controlas y no necesitas sacar el programa”, y sumó: “Es mentira que no es sustentable porque 4 millones consumieron sus medicamentos durante 4 años; es mentira que no se puede controlar”.

Volnovich informó que el programa se logró el dispositivo en articulación pública y privada con la industria farmacéutica que “pudo garantizar un derecho a la salud de forma controlada, sustentable y con precios accesible de los medicamentos. Ahora los medicamentos aumentaron el doble que las jubilaciones”.

“El subsidio tiene un trámite y las agencias están todas explotadas. El PAMI tiene un sistema de turnos que está colapsada y ves largas colas en las oficinas”, criticó y planteó: “El impuesto PAIS iba al PAMI y sin eso lo que hay es la decisión del Gobierno de beneficiar importadores mientras los viejos se cagan de hambre y encima ahora les quitan los medicamentos. Es una decisión política, no es que no hay plata. Es una decisión política de dejar morir a una generación que hoy necesitan sus remedios. Nosotros como diputados tenemos que hacer cumplir la ley”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño apuntó: “Este Gobierno tiene un nivel de crueldad y saña contra los adultos mayores es algo brutal porque el ajuste que ha llevado adelante lo han pagado los mayores con el ajuste al sistema previsional y tuvieron la caradurez de vetar una recomposición salarial”.

“Todos los miércoles se hace una marcha acá en la puerta de Congreso de adultos mayores y hacen un operativo millonario de policías que vienen a pegarle a personas que trabajaron toda su vida. Es una saña brutal del Gobierno y esta resolución que les hace hacer trámites a los jubilados y pasar por situaciones tremendas, mientras a los empresarios les dan desburocratización”, comparó Del Caño.

El diputado de izquierda sostuvo que “los jubilados están pagando el ajuste del Gobierno. Quitarle los medicamentos, que ya se venían restringiendo, han aumentado el doble de lo que aumentó la inflación y los haberes. Tenemos una situación muy grave”, y anunció que presentarán un proyecto de resolución para que se retrotraiga esta medida porque “no alcanza la plata para pagar los medicamentos”.

La socialista santafecina Mónica Frade calificó la medida de “inhumano” que “no podemos creer esta actitud inhumana ponga a tanta gente en una situación de que las personas no van a poder tener accesible sus medicamentos”.

“Los grandes laboratorios fijan las políticas de medicamentos hace mucho tiempo en el país lamentablemente. En los últimos tiempos vienen generando una serie de acciones como sacar a la venta libre ciertos remedios para que no tengan cobertura de la obra social.”, denunció y sumó: “Esto es un acto de crueldad y quieren hacer lo que dijo una ex canciller –por Diana Mondino- de ‘no darles créditos a los viejos porque se van a morir’”.

Su compañero de bloque Estaban Paulón agregó: “La medida que se puso en práctica es un nuevo capítulo de política de crueldad del Gobierno. Son los jubilados que van a tener que demostrar que 300 mil pesos no es una jubilación de hambre y miseria para poder seguir recibiendo sus medicamentos”.

“Esto es eliminar de cuajo un beneficio para que después esos jubilados tengan que peregrinar a las oficinas del PAMI, buscar alguna colaboración para llenar los formularios y poder acceder a los medicamentos”, criticó y expresó: “Me da vergüenza el formulario donde el jubilado que gana 300 mil pesos tenga que justificar si tiene aeronave o no. Es un chiste. Es cínico y cruel”.

“Se terminó la fiesta de la aspirina de los antidepresivos”, chicaneó Paulon por los dichos del diputado libertario Julio Moreno Ovalle que dijo: “No me parece que sea para tanto… a los jubilados los pueden ayudar los familiares. Se terminó la fiesta de medicamentos”.

Por último, avizoró que para la próxima semana Lugones va a seguir el “camino de Sandra Pettovello que la esperamos un año y nunca apareció. Seguirá el camino del saliente Mario Russo a quien nunca le conocimientos la voz”, y remató: “Solo se lo conoce por sus acciones que es recortar derechos y beneficiar al sector que representa dentro de un Gobierno de las corporaciones de la medicina privada”.

La diputada de izquierda Mónica Schlotthauer señaló que las medidas del oficialismo son un “gerontocidio” no solo por lo que les pagan que “no alcanza para comer, sino por la falta de medicamentos”. “Es repudiable esto. Solo queremos darles a los jubilados lo que han aportado durante años. Hay que devolverles a los jubilados lo que les robaron”, planteó y remató: “Tienen que ir presos los que fomentan este tipo de medidas”.

Con el anuncio del Gobierno nacional, a través del PAMI, respecto al recorte de la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $ 388.500, y que además deberán realizar un trámite de inscripción, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria- Tucumán) convocó a una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para este miércoles 4 de diciembre a las 11.

A pesar de haber culminado el período ordinario y sin novedades respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias, el pedido presentado por el legislador del principal bloque opositor es válido ya que se trata de una reunión informativa con el fin de debatir respecto a la medida del Gobierno nacional y el recorte a los medicamentos para jubilados y pensionados.

En el rol de presidente de la comisión, Yedlin, llamó como “medida inhumana” del PAMI, en donde además señaló que el fin del encuentro será para evaluar esta decisión que ha dejado sin medicamentos a millones de afiliados sin previo aviso. Del mismo modo, planteó: “Este plan de NO cobertura de medicamentos de PAMI es contra TODOS los Jubilados”.

En tal sentido, siguió: “Uno porque cobran ‘más de $390.000’ y los otros por someterlos a un trámite imposible e inesperado”, y aseveró: “Esto va a generar dolor, enfermedad y muerte. Los responsables son Javier Milei y socios”.

El anuncio fue confirmado en X, donde, además, el diputado de la oposición compartió la imagen de su par salteño de La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle, quien tuvo el infortunio de declarar al Destape Radio “no creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos”.

Este plan de NO cobertura de medicamentos de @PAMI_org_ar es contra TODOS los Jubilados,
un 1/2 porque cobran “mas de $390.000” y los otros por someterlos a un trámite imposible e inesperado.
Esto va a generar dolor, enfermedad y muerte.
Los responsables son @JMilei y socios. pic.twitter.com/KvaZADfjtu

— Pablo Yedlin (@pyedlin) December 3, 2024

La Comisión de Salud del Senado se reunió este miércoles para iniciar del debate sobre el proyecto de ley que establece el régimen para la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad en la República Argentina. Estuvieron presentes los médicos, Jorge Harraca, Mónica Katz y Alberto Cormillot.

La iniciativa fue impulsada por los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos de Frente Renovador de La Concordia Social. "Este proyecto de ley fue hecho por los expositores, lo que hicimos con la senadora es encuadrarlo para que esto tenga un trámite legislativo", explicaron en presencia de los invitados. Asimismo, agregaron que la obesidad debe ser considerada como una enfermedad crónica, con todos los enfoques preventivos, informativos y de tratamiento que debe tener una enfermedad crónica".

En primera instancia, el doctor Jorge Harraca destacó que “este proyecto aborda esta creciente epidemia mediante el abordaje de la prevención, el tratamiento y el control" y detalló que la obesidad "es una enfermedad multiplicadora”.

Después, Mónica Katz Añadió: “Declarar la obesidad como enfermedad crónica, inflamatoria, compleja y progresiva”, también habló de que es necesario la creación de un Observatorio Argentino de Obesidad, y sumó que “sería un consejo de asesores ad honorem”.

Finalmente, el doctor Alberto Cormillot informó que "de los diez elementos que tienen que ver con poder vivir más años y vivir mejor, hay cuatro que tienen que ver con el tema que estamos tratando: obesidad abdominal, sobrepeso y obesidad, consumo de sal y alimentación", y consideró que "a partir de aceptar que es una enfermedad ya el tratamiento es distinto".

En el cierre de la reunión informativa, obtuvo dictamen el proyecto de ley propone incorporar modificaciones a le Ley 25.929 (parto humanizado) sobre las consecuencias biológicas y psicofísicas del parto a fin de permitir un postparto respetado y los modos de recuperación; cuatro proyectos de declaración; y cinco proyectos de comunicación.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), se reunirá para la presentación del proyecto de ley que establece el régimen para la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad en la República Argentina que contará con la participación y disertación del doctor Alberto Cormillot.

El encuentro está agendado para el próximo miércoles 20 de noviembre desde las 11 en el Salón Arturo Illia. La iniciativa es de autoría de los misioneros Carlos Arce –vicepresidente de la comisión- y Sonia Rojas Decut que propone declarar de interés nacional la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad, definida como una enfermedad crónica, compleja, metabólica e inflamatoria, caracterizada por un tejido adiposo disfuncional, cuyo abordaje requiere un enfoque multidisciplinario y continúo debido a su naturaleza progresiva y su impacto en la salud pública.

Entre los objetivos, el proyecto busca establecer la obesidad como una enfermedad compleja y multifactorial, otorgándole la misma prioridad que otras enfermedades crónicas; prevenir la obesidad mediante la promoción de hábitos saludables en la población general, mejorando los niveles de bienestar y contribuyendo a la sustentabilidad del desarrollo nacional; educar sobre los riesgos asociados a la obesidad, así́ como promover y concientizar sobre los beneficios de la alimentación saludable y la actividad física regular.

También garantizar el acceso a un tratamiento temprano, integral y adecuado para quienes padecen de obesidad mediante la detección temprana en centros de salud y escuelas, con capacitación para profesionales y un enfoque multidisciplinario que incluya nutricionistas, psicólogos y medios; mejorar el acceso a servicios de atención médica acreditados con un seguimiento por equipos multidisciplinarios.

Asimismo, propone asegurar la cobertura de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y endoscópicos, y de la cirugía con intención metabólica en las políticas de salud pública, con programas de seguimiento y grupos de apoyo para pacientes; mejorar la infraestructura escolar, fomentar entornos saludables e incentivar una alimentación adecuada, la actividad física regular y la resiliencia emocional; combatir la percepción negativa de la obesidad y promover un enfoque positivo hacia la diversidad corporal.

Por otro lado, se retomará el debate sobre el proyecto de ley en revisión que regula el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico y la iniciativa sobre parto humanizado sobre las consecuencias biológicas y psicofísicas del parto a fin de permitir un postparto respetado y los modos de recuperación. También se tratarán además proyectos de declaración y de comunicación.

Durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado realizada este miércoles, legisladores debatieron en torno a un proyecto de ley que propone la provisión gratuita de protectores solares y repelentes de insectos, en la antesala de la llegada del verano y con él, los mosquitos. 

Al hablar sobre la iniciativa presentada por la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, la presidenta de la comisión, la catamarqueña Lucía Corpacci, señaló: “Todos tenemos en claro que dentro de muy poco vamos a empezar con los casos de dengue a lo largo y ancho de nuestro país, siendo algunas regiones como el noroeste y noreste, provincias consideradas endémicas”. 

La legisladora recordó que en el último verano “se triplicaron los casos” y por eso se busca dar una herramienta para “rápidamente tomar las decisiones que hay que tomar para prevenir la epidemia que se nos viene”.

La senadora, médica infectóloga, aseguró que la prevención del dengue “requiere esfuerzos compartidos de la Nación y las provincias, no puede ser que sólo las provincias se hagan cargo, porque el país funciona como un todo integral”. 

“A la gente el costo actual de un repelente se le está haciendo difícil para proveer a toda la familia; no es uno, son varios los que hay que comprar. La vacuna se está colocando en un sector de la población, pero es necesario reforzar con otras cosas”, agregó. 

Luego tomó la palabra la senadora del Pro Carmen Álvarez Rivero, quien opinó: “Deberíamos estar viendo cómo hay agua potable en todos lados; cómo logramos que haya higiene para que no haya mosquitos”. La aliada de La Libertad Avanza consideró que hay que “trabajar para descacharrar” y en “un plan de vacunación mucho más importante”. 

En sintonía, su compañera de bloque Guadalupe Tagliaferri expresó que “más allá de que la intención de la senadora Di Tullio es recontra noble y entendible, le puedo ver algún grado de dificultad en la aplicación”. “Claramente la vacunación a nivel nacional, con financiamiento para poder vacunar a toda la población, es algo que se podría evaluar”, dijo. 

Desde UP, la jujeña Carolina Moisés observó que “hay un círculo vicioso de negación de todo”, y apuntó -en relación a la pandemia de Covid- que la mirada del Gobierno nacional es que “no quieren que la gente se vacune”. “Si no hay prevención y no quieren poner las vacunas, bueno repartamos Off”, señaló y resaltó: “Para descacharrar hace falta contratar camiones, personal, pagar combustible, las medidas de seguridad e higiene y generar campañas masivas de difusión”. 

También aliada del oficialismo, la senadora del Pro Beatriz Ávila manifestó que “la intención del proyecto es muy loable, todos coincidimos esto”, pero “la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto cuesta? Si hay idea de cuánto vale esto”. “Sería bueno tener la opinión de la Oficina del Presupuesto y también escuchar qué dice el Poder Ejecutivo”, sumó la tucumana. 

Por el radicalismo, el catamarqueño Flavio Fama observó que “la discusión está en cuál es el rol que va a asumir el Estado nacional”, mientras que su par Pablo Blanco enfatizó: “Para algunos parece ser que el tema presupuestario es fundamental, y yo creo que la educación y la salud son más fundamentales que el déficit cero”. Si bien dijo que compartía la mirada del equilibrio fiscal, el fueguino apuntó que eso es “con un agregado, con la gente adentro”. “Es importante el déficit cero, pero más importante es la salud de la gente”, insistió. 

En la misma línea, Corpacci sostuvo que “efectivamente no se puede pedir solamente costos cuando hablamos de salud”. “El Estado nacional debe ejercer el poder de unificar, de dar posibilidades medianamente homogéneas a todo el país. Porque si no tendremos argentinos que por vivir en provincias con muchos recursos tienen una calidad de vida y argentinos que por vivir en provincias con menos recursos ni siquiera tienen acceso al sistema de salud, por eso existe el sistema nacional. Estamos hablando de muchos argentinos que no pueden acceder de otra manera si no está el Estado”, subrayó. 

El proyecto, al igual que el resto del temario, volvió a asesores. 

En la reunión también se trató una iniciativa sobre parto humanizado, presentada por la chaqueña de UP María Inés Pilatti Vergara, al que se refirió Moisés. Sobre el proyecto, explicó que busca “aportar el derecho a las personas puérperas a recibir la información por parte del cuerpo médico acerca de las consecuencias biológicas y psicofísicas que conlleva el post parto” y ser “una herramienta que contribuya a mejorar la salud femenina; una herramienta que contenga a las personas gestantes”. 

“La depresión post parto está comprobada científicamente, junto a otras situaciones que generan incomodidad y la sensación de vacío, de desprotección, que derivan en la carencia de herramientas para dar soluciones”, añadió. 

El vicepresidente de la comisión, el misionero Carlos Arce, afirmó que la modificación de la Ley 25.929 “es muy adecuada” porque en la norma no se tuvo en cuenta “lo que tiene que ver con el puerperio de nuestras mujeres”. Pero sugirió que “habría que diferenciar para no generalizar entre los distintos partos”, porque el parto “es normal y natural” y no hay que desalentarlo. Sobre esto, habló de “una catarata de cesáreas” que se registran en aumento, sobre todo en el sector privado. 

Otro de los puntos del temario fue en referencia a un proyecto que propone facilitadores interculturales en el sistema de salud, impulsado por el radical Eduardo Galaretto. Corpacci detalló que se trata que “haya en los sistemas de atención pública alguien que surja de nexo entre un paciente que provenga de pueblos originarios y los efectores de salud”. 

Álvarez Rivero opinó: “Siempre me hace algún ruido porque desde el Congreso disponemos leyes que las van a tener que aplicar las provincias”. Y pidió tener un informe presupuestario, porque consideró “tiene una dimensión que puede ser muy costosa”. 

Por último, respecto de un proyecto presentado por Gabriela Valenzuela para intensificar la campaña de prevención contra el cáncer de mama, a través de Geo Rosa, la entrerriana radical Stella Maris Olalla precisó que se trata de “una campaña que busca que el país completo conozca dónde están los centros de mamografía, para poder prevenir”, sobre todo para las mujeres que “no tienen obra social, que no tienen cómo hacerse el estudio”. 

De cara al verano, la Cámara de Senadores iniciará el debate sobre el proyecto de ley que crea el Programa Nacional Escudo de provisión gratuita de repelentes de insectos y protectores solares.

La iniciativa, de autoría de la bonaerense Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), será puesta a consideración en una reunión de la Comisión de Salud el miércoles 23 a las 11 en el Salón Arturo Illia.

Además, se tratará un proyecto de la senadora María Inés Pilatti Vergara que incorpora el inc. l) al art. 2° de su similar 25.929 (parto humanizado) sobre las consecuencias biológicas y psicofísicas del parto a fin de permitir un postparto respetado y los modos de recuperación.

También un proyecto del radical Eduardo Galaretto de facilitadores interculturales en el sistema de salud y otro de la correntina Gabriela Valenzuela que busca intensificar la campaña nacional de prevención del cáncer de mama, a través de Geo Rosa, durante el mes de octubre.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por la catamarqueña Lucía Corpacci (UP), se reunirá para iniciar el debate sobre el proyecto que propone incorporar a la Ley 26.276 Régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido la atrofia muscular espinal.

El encuentro se llevará a cabo en el Salón Arturo Illia el próximo miércoles 16 de octubre a las 10.30. La iniciativa es de autoría de la senadora chubutense Edith Terenzi quien había solicitado, cuando se conformó la comisión en septiembre, tratar a la brevedad su proyecto.

“A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas, sífilis y atrofia muscular espinal; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento”, propone.

Por otro lado, entre los proyectos de comunicación que se pondrán a consideración dos son pedidos de informes al Ejecutivo sobre la implementación de la Ley 27.351 relativas a garantizar los derechos de las personas electro dependientes. También, dos iniciativas que solicitan informes sobre cuestiones vinculadas a la prevención del suicidio.

Con un dramático relato del caso testigo, un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado iniciaron este miércoles el debate por el proyecto de calidad y seguridad sanitaria o también llamado “Ley Nicolás” que cuenta con media sanción de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci (UP), explicó que se trata de una ley que busca “generar las condiciones óptimas para brindar atención médica de calidad con respecto al paciente y a los familiares, brindando la información sobre la patología del mismo”.

“El espíritu de la ley es poder generar un sincero registro de hechos que, a veces, terminan complicando la salud o la vida en los distintos centros asistenciales. No apunta específicamente a la cuestión punitiva por los temas de mala praxis, sino a garantizar con un registro de elementos de fenómenos adversos para ver por qué se producen y cómo el sistema de salud debe dar respuesta a estos hechos”, cerró la catamarqueña.

El duro relato de la mamá de Nicolás

La primera oradora fue la presidenta de la Asociación Civil por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos, Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna quien tenía 24 años de edad cuando falleció cuyo caso fue el puntapié para impulsar el proyecto que lleva su nombre.

Covelli recordó que su hijo: “Tenía una salud impecable, era deportista”, y acotó: “Siempre he tenido devoción por la profesión médica porque en la vida siempre vas a necesitar de ellos y siempre fui respetuosa”.

La mamá de Nicolás contó lo que sucedió con su hijo entre lágrimas: “Un lunes 20 de octubre de 2017 comienza a tener un fuerte dolor de cabeza que nos llamó la atención. Llamé a un médico amigo en Pinamar y me sugirió que le tome la presión y la fiebre, pero estaba todo normal”.

A lo largo de los siguientes días, Covelli relató que el dolor empeoraba y se iba agravando la salud de su hijo, pero el médico le dio diferentes medicamentos e inyecciones, entre ellos diazepam y diclofenac, y “lo único que me decían es que era estrés, que estaba contracturado”, por lo que la derivó a un kinesiólogo.

Sin embargo, por insistencia, narró que le mandó a hacerse tomografías y análisis de sangre que “según él, estaba todo bien. Me dio como diagnóstico una contractura muscular y una angina de ‘la puta madre’. Le inyectó penicilina de un millón y me mandó a casa”.

“Nicolás empeoró, no se podía levantar y empezó a ver doble y se le hincharon los ojos. Llamé al médico y me dijo que podía ser alergia al ketorolac. Nicolás empezó a tener fiebre. Sus últimas palabras fueron ‘mamá me están cascoteando el barco, me siento mal’. Nicolás no podía moverse. Tenía una meningitis bacteriana”, describió entre lágrimas la mamá.

En otro tramo del relato, recordó: “La radióloga le dijo al médico que lo cruce al hospital y lo punce y él le dijo ‘sos una exagerada’. La radióloga anotó que ese paciente era de él porque seguramente iban a tener un problema. Para ellos era un problema, para mí la muerte de lo más amado. Ese médico no debería llamarse médico y mancha la profesión”.

“Nicolás terminó entrando al hospital de Pinamar. El jefe de UTI me dijo que no podía hacer nada por mi hijo. No entendía cómo pasamos de una contractura a un ‘no podemos hacer nada’. Con total paciencia y amor me sentó y me dijo ‘quiero que lo entiendas, me encantaría decirte otra cosa, pero tu hijo entró con daño cerebral irreversible y en coma’. Yo hice atender a mi hijo desde el primer día que le dolió la cabeza. Lo atendieron durante tres días y lo único que hizo fue quitarle los síntomas”, expresó.

Y siguió: “Después de la muerte de Nicolás estuvo nueve días en terapia intensiva. Nicolás nunca fue el paciente de la cama 5. Nicolás era ‘Nico’ para todos. El doctor me dijo ‘yo no puedo creer esto, lo que puedo hacer por vos es dejar la terapia intensiva abierta para que los días que Nicolás esté, ustedes puedan acompañarlo permanentemente”.

Covelli recordó: “Pensaron que iba a vivir cinco horas, pero Nico era tan fuerte que duró nueve días en donde hubo 100 personas sin moverse del hospital llorando por mi hijo. Abracé al doctor y le agradecí la humanidad, el haberme podido despedir de mi hijo, cómo todo ese equipo había trabajado queriéndolo porque vi a muchos médicos llorando”.

Así, sintió que “en la misma historia de dolor pude ver las dos caras de una misma moneda, por un lado, un profesional que no merece llamarse médico y muchos profesionales que muestran ser médicos de excelencia”, y agregó: “Cuando Nico murió el 2 de noviembre, inicié un juicio penal. La vida de mi hijo no tiene precio, tiene valor y no hay plata que me pague esta pérdida. Por eso empecé esta lucha. Busqué en internet y vi que había muchos casos”.

“El para qué de la ONG es para que no le vuelva a pasar a nadie. Para que ninguno sea atendido como a Nicolás y no le pase lo mismo. La medicina es tan importante, pero es imposible que el Estado no esté viendo lo que ocurre. No podemos negar que somos seres humanos y los títulos no nos hacen santos”, manifestó y planteó: “Es imprescindible y urgente tener un control de las capacidades psicofísicas de los médicos, de los errores que se producen en clínicas y hospitales, para poder salvar el error y tratar de enmendarlo. Esa es la idea de esta ley”.

La mamá de Nicolás indicó que en Buenos Aires existe un Decreto 5413 y dice que ‘los médicos deben preservar la vida y la salud de la población y controlar el apto médico’, y acotó: “Cuando pasó lo de mi hijo lo primero que hice fue recurrir al Colegio de Médicos a contarles lo que pasó porque no quería que el médico siga haciendo eso. Pero me dijeron que vaya a la justicia y no hicieron nada, siendo que el decreto establece que pueden iniciar sumarios. Estoy buscando no más muertes y daños que son evitables”.

Tras leer una carta que su hijo escribió el 20 de octubre de 2017, día que empezó con los dolores, expresó: “Les pido por favor, no hay derecho más importante en el mundo que el derecho a la vida y a la salud. Es el derecho humano constitucional más preciado y Argentina está unida a tratados internacionales”, y concluyó: “Les pido con el corazón que olviden diferencias políticas, que entiendan que les hablo del amor y me costó mucho trabajo. Mi hijo murió por mala praxis, tratemos de visibilizarlo y solucionarlo entre todos y tener el compromiso por la vida y salud. Les ruego que sea ley en nombre de Nicolás y todos los que representa para que no les vuelva a pasar”.

A continuación, disertó Viviana Rodríguez del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria quien expresó: “El ejercicio de la profesión me ha permitido observar muy de cerca el desafío que supone prevenir los efectos adversos como los que comentó Gabriela y algunos que son más leves que pasan desapercibido”.

“Este desafío requiere la aceptación de la complejidad de la atención sanitaria, la responsabilidad compartida que significa atender paciente, los diferentes roles que cumplimos en esos niveles de responsabilidad y todo lo que debemos cumplir en el proceso de atención. La mayoría de los eventos adversos son el resultado de una cadena de omisiones o de acciones equivocadas que solo son posibles en un sistema que no está diseñado para prevenirlas o mitigarlas”, señaló.

Rodríguez planteó que es “imperativo” asegurar que estos casos no pasen a medida que los sistemas de salud avanzan porque “un sistema que tiene fallas hoy se presiona con mayor volumen, tendrá más fallas”.

“Los incidentes de seguridad del paciente o eventos adversos provocan muerte, discapacidad que generan un costo para los pacientes, familias y sistemas de salud y sabemos que los presupuestos son finitos”, explicó y detalló que en los países de medianos y bajos ingresos hay el doble de infecciones asociadas a cuidados de la salud, ya que el 10% de los pacientes mueren por esas infecciones. En el cálculo bruto entre 7 y 15 pacientes de unidades críticos mueren por infecciones que “podrían se prevenibles entre un 50 y 70%”.

Rodríguez sostuvo que “la 'Ley Nicolás' plantea pautas de atención reconocidas en el mundo y por la OMS. Una de ellas es la implementación de protocolos de actuación para personal de salud tendientes a prevenir daños evitables; estandarizar cuidados y lograr la continuidad y comunicación efectiva con los profesionales. Esas tres pautas podrían hacer que el 60% de los eventos se produjeran en menor nivel”, y destacó la medición de resultados, auditorias, proceso de atención de instituciones son “otros puntos de la ley para la mejora continua y mejor desenlace para los pacientes”, y subrayó: “Asegurar el derecho a una asistencia sanitaria segura, efectiva, centrada en las personas y en las comunidades, requiere un marco jurídico e institucional urgente”.

Por su parte, el doctor Ariel Palacio, miembro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró: “En los momentos de mayor fragilidad, cada detalle cuenta, cada acierto médico cuenta, cada gramo de formación y vocación agrega valor, pero también cuenta cada pequeña falla, a veces, con desenlaces catastróficos”.

“Estamos trabajando en un sistema de salud lleno de agujeros, que está fragmentado, con problemas de cobertura, con sistemas de pago que favorecen el error, con profesionales cansados, sin capacitación, continúa reglada y sin comprobación de habilidades. Eso pone en riesgo a las personas”, expresó Palacio y detalló que la OMS indica que “por cada minuto que pasa fallecen al menos 5 personas en el mundo por condiciones médicas sanitarias poco seguras”.

A su turno, Fabián Vitolo, director de relaciones institucionales y servicios médicos, Noble Compañía de Seguros, explicó que “la mayoría de las víctimas de negligencias médicas no demandan, porque no se enteran, o porque se disfrazó el error como una complicación, o no tienen acceso a abogados o porque tienen muy buena relación con sus médicos".

Sobre el proyecto de ley indicó que “crea, además, un registro unificado de inhabilitaciones profesionales. Sepan que no era algo infrecuente que un médico inhabilitado en una jurisdicción apareciera trabajando en otra”.

También disertó el doctor Claudio Ortiz, Médico de la UBA y especialista en medicina general quien manifestó: “La calidad y la seguridad sanitaria atraviesa todo el sistema de salud y todos los equipos de salud en su conjunto. La mayoría de los pacientes resuelven sus problemas en el primer nivel de atención, pero ahí también se producen muchos errores de diagnóstico”.

“Es necesaria una ley para cuidar más a los pacientes, a sus familias y los equipos de salud porque la finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones de la práctica sanitaria y la protocolización y jerarquización de los procesos de atención”, afirmó Ortiz.

Al finalizar el plenario, la Comisión de Salud pasó a la firma el proyecto de ley en revisión que instituye al mes de mayo de cada año como "El Mes del Síndrome de Williams”, respecto de lo que Corpacci explicó: “El síndrome de Williams es una anomalía congénita que requiere una atención especializada que los padres no siempre encuentran y una protección del sistema de salud que la mayoría de las veces está ausente”.

Los ejes del proyecto ley Nicolás

La iniciativa es el resultado del consenso entre un proyecto de Fabio Quetglas y de Mónica Macha que tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

De acuerdo con la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley.

Estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”, entre otros puntos.

El proyecto fue aprobado en la Cámara baja en la sesión del 7 de diciembre de 2023, tres días antes del recambio legislativo. La iniciativa cosechó 149 votos afirmativos y 1 abstención de Ricardo López Murphy. Fue el último tema que esa composición de la Cámara alcanzó a aprobar en forma exprés y sin debate, debido a que se trataba de un proyecto muy consensuado.

Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.

Durante una breve reunión realizada en el Salón Illia del Senado este jueves, la senadora de Unión por la Patria Lucía Corpacci asumió como presidenta de la Comisión de Salud. Se trata de la segunda comisión que se pone en marcha en los últimos días y cuya conducción corresponde a la principal oposición, que durante estos meses mantuvo su disconformidad por la cantidad y los lugares asignados en las comisiones.

El encargado de proponer a Corpacci fue su par Antonio Rodas, quien la definió como "una prestigiosa senadora, profesional en salud" y "una persona de amplia trayectoria y conocimiento". "Para nosotros es muy importante poner en funcionamiento esta comisión. La salud y la educación son dos pilares del ejercicio de la democracia en Argentina. Hay muchos temas pendientes que atañen al funcionamiento de nuestro sistema sanitario", expresó.

En tanto, la misionera Sonia Rojas Decut propuso como vicepresidente a su compañero de bloque Carlos Arce, "por su impecable trayectoria en el área de salud"; y la radical Stella Maris Olalla hizo lo propio, para el cargo de secretaria, con Mercedes Valenzuela, quien "tiene sobrado conocimiento, dedicación e interés en este tema", dijo.

Al asumir la presidencia, Corpacci destacó que esta "es una de las comisiones que más consenso genera, porque la temática de salud nos atraviesa y sensibiliza a todos". "Es una comisión que genera un clima de camaradería más allá de los espacios políticos de pertenencia de cada uno", agregó la exgobernadora de Catamarca, quien es médica cirujana e infectóloga.

Por otra parte, adelantó que tendrán "una tarea ardua" porque hay pendiente de tratamiento 180 proyectos, que se resumen en "53 temas". Para ello, convocarán a asesores para definir una agenda.

A su turno, Arce resaltó que "los médicos y los profesionales de la salud tenemos que tener como norte el paciente" y abogó por trabajar sobre "políticas que realmente impacten sobre la salud". "El compromiso es trabajar con mucha responsabilidad porque creo que todos los argentinos necesitamos de esta comisión", expresó Valenzuela.

Durante el encuentro, la senadora chubutense Edith Terenzi pidió tratar en la brevedad la iniciativa que regula el ejercicio de los acompañantes terapéuticos y la llamada "Ley Nicolás" de seguridad del paciente, ambas con media sanción de la Cámara de Diputados. También planteó un proyecto de su autoría para incorporar la atrofia muscular espinal al Régimen para la Detección y Tratamiento de Patologías en el recién nacido (Ley 26.279).

Aunque no forma parte de la comisión, la senadora de Unión por la Patria por Formosa María Teresa González tomó la palabra y llamó a tratar la problemática en torno al dengue para "tener políticas públicas que contemplen no solamente las provincias endémicas sino a toda la Argentina".

Además de Corpacci, por Unión por la Patria integran la comisión Sandra Mendoza, Antonio Rodas, Guillermo Andrada, María Celeste Giménez Navarro, Carolina Moisés y Juan Manzur.

El resto de los miembros son Eduardo Galaretto, Stella Maris Olalla, Carolina Losada y Mercedes Valenzuela, por la UCR; Carmen Álvarez Rivero y Guadalupe Tagliaferri, por el Pro; Ivanna Arrascaeta, de La Libertad Avanza; Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia; Beatriz Ávila, del bloque Justicia Social; y Edith Terenzi, de Cambio Federal.

Según se definió, los días de reunión de la comisión serán los miércoles a las 10.30.

Bajo la temática “Evaluación de medidas para afrontar la realidad actual del sector privado del sistema de salud”, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), llevó a cabo un debate en la Legislatura de Tucumán, en vísperas del Día de la Independencia.

Además de los diputados nacionales, participaron funcionarios provinciales, legisladores tucumanos y representantes del sector público y privado de salud.

Previamente, la comitiva tuvo un encuentro con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el gobernador Osvaldo Jaldo, quien será el anfitrión del "Pacto de Mayo" que encabezará el presidente Javier Milei el próximo lunes.

En la mañana de hoy, junto al gobernador @OsvaldoJaldo, recibimos a diputados nacionales de la comisión de Salud, quienes llegaron a la provincia para llevar adelante una sesión informativa federal en la Legislatura tucumana, presidida por el diputado nacional Pablo Yedlin.… pic.twitter.com/9HwZnvBLCb

— Rossana Chahla (@RossanaChahla) July 5, 2024

Al dar la bienvenida en la reunión informativa de la comisión, el vicegobernador de Tucumán y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, se definió como un “ferviente defensor del federalismo” para destacar que la jornada se realice en ese territorio. Y expresó su anhelo por "un país grande en todos los sentidos, con todos los argentinos incluidos y con el equilibrio que se necesita”.

Luego, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, destacó la convivencia del sector público y privado. “No hay que competir sino complementarnos”, señaló e instó a que “la salud, la educación y la seguridad tengan prioridad en las decisiones”.

Por su parte, Yedlin se refirió al proyecto de ley de su autoría que busca prorrogar la emergencia sanitaria por un año. “El objetivo es evitar que las clínicas privadas y sanatorios que están con deudas previsionales o impositivas fueran puestas en situación de quiebra o sean juzgadas por la justicia como si fueran una empresa o industria habitual; una problemática que lleva más de veinte años”, explicó.

El presidente de la Comisión de Salud detalló que la iniciativa tiene como fin crear un régimen especial para el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no computable, del cual serán beneficiarios todos los establecimientos sanitarios del país del sector privado que se encuentran inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud, creado por la resolución 1070/09 del Ministerio de Salud de la Nación, o el registro que en su futuro lo reemplace.

Escuchamos al pte. de la UAS @HugoMagonza y a los diputados @manuelquintar, @DrDanielGollan @gerpmartinez @NataliaSarapura @NederEstela @montotomaria @RocioBonacci, @MarioKoltan entre otros referentes del sector privado. pic.twitter.com/BG8VhVgpWx

— Pablo Yedlin (@pyedlin) July 5, 2024

El vicepresidente de la comisión, Manuel Quintar (LLA), afirmó que desde el Gobierno nacional apuntan “a reestablecer la ecuación de la Argentina de los costos y los ingresos de las empresas de medicina en general”. En ese sentido, afirmó: “No podemos vivir de subsidios, de migajas y de parchando las ruedas, porque en algún momento se terminan de romper”.

Con respecto al proyecto de Yedlin, el oficialista aclaró que “es una buena iniciativa" pero "la vamos acompañar en la medida que los tiempos de la macroeconomía nos permitan". "La idea central es no parchar nada sino dar soluciones definitivas”, sentenció.

La diputada María Luisa Montoto (UP), coautora del proyecto, remarcó que “se está poniendo en valor algo muy importante que es la salud, que nos atraviesa a todos, nos iguala”. Al respecto, agregó: “Cuando pensamos en salud, que es lo más preciado de la vida, tenemos que buscar las coincidencias entre lo público y lo privado para el bien común”.

Otra de las intervenciones fue del presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Hugo Magonza, quien valoró el hecho “inédito” que por primera vez en 22 años haya “un clamor transformado en un documento que tiende a solucionar el sistema privado de salud”. En otro orden, sostuvo que “el problema más grave que tenemos es que la salud está invisibilizada, no está en la agenda de la gente”.

En esa línea, Magonza solicitó un plan nacional integral de salud con ciertos pilares: universalidad, solidaridad, equidad, acceso y, sobre todo, con un modelo de atención estructurado para que accedan todos los que están en nuestro país. Por último, subrayó que “no puede haber un sistema de salud que no sea una política de Estado”.

El diputado Daniel Gollán (UP) analizó que “hay que pensar en un sistema de salud nuevo, que no se hace en un día, es un proceso que hay que construirlo con todos los sectores”. Por su parte, la legisladora Cecilia Ibáñez (MID) solicitó una ley que “dé continuidad y futuro para todos”.

Desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina + Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (ADECRA+CEDIM), Marcelo Kaufman, especificó: “Nuestro problema no es el no pago de impuestos, nuestro problema son los pagos de miseria que tenemos en el sector salud”. “Abogamos por este diálogo, pero entendamos que todos tenemos responsabilidad para hacer este sector sustentable. Y, por supuesto, en una articulación público-privada porque así vamos a salir adelante”, recalcó.

También expusieron Mario Koltan, presidente de la Cámara Tucumana de Salud; Juan Carlos Tejerizo, subdirector médico del Hospital Italiano; Bernardo Silberstein, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán; Gabriel Yedlin, legislador de San Miguel de Tucumán; Silvia Jalil, de Salud Federal; y los diputados Natalia Sarapura (UCR) y Germán Martínez (UP).

La comitiva de la Comisión de Salud con el gobernador Osvaldo Jaldo

 

 

Por segunda semana consecutiva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistió a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, donde había sido invitada para responder sobre la polémica en el reparto de alimentos y el plan de política alimentaria que planea desde su cartera.

Al igual que la semana pasada, hubo cruces entre el oficialismo y la oposición por este tema. Además, desde Unión por la Patria reprocharon al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no haber hecho llegar la invitación.

En el arranque, el presidente de la comisión, el tucumano Pablo Yedlin, informó que una vez más no tuvieron respuesta "ni de la Presidencia formalmente, ni del Ministerio", al cual él mismo le cursó una invitación directa ante la negativa de Menem de enviarla.

El legislador recordó que en la cámara "hay pedidos de información e interpelación de forma compulsiva" hacia Pettovello, pero "eso requiere que tengamos dictámenes" para luego ser tratados en el recinto.

Lamentamos la ausencia de la ministra de @MindeCapitalH Sandra Pettovello por segunda vez.
👉Quiero aclarar que la invitación que desde la Comisión de Salud que presido tiene un camino procesal distinto a la citación o pedidos de informes que tienen su curso. Sigue 👇 pic.twitter.com/ByAKrWmwxY

— Pablo Yedlin (@pyedlin) June 18, 2024

"La invitación es voluntaria para que demostremos la voluntad de la comisión de recibir a la ministra, y que nos explique la situación, no solamente lo que pasó con los alimentos que estaban guardados sino cómo se está ejecutando esa distribución; y cuáles son los planes para la política alimentaria a futuro", señaló Yedlin, que recordó que "durante todo junio" esperarán a la funcionaria.

Luego habló el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien preguntó: "¿Tenemos constancia que la invitación que realizó esta comisión a la ministra haya llegado a través del vínculo formal, que es la Presidencia de la cámara?".

Yedlin respondió que no, porque Menem "sigue sosteniendo que las otras comisiones que tienen giro en el tema (Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda) se expidan en ese sentido antes de hacer la invitación formal".

"Hay una actitud manifiesta por parte de la Presidencia de la cámara de que la invitación no llegue a la ministra", se quejó entonces Martínez, y advirtió que "si hay una comisión que mayoritariamente lo pide" el presidente de la cámara "no la puede ni pisar, ni cajonear".

El santafesino enfatizó que "esto es malo para el funcionamiento de la cámara y la relación con el Poder Ejecutivo". "No puede haber un cercenamiento entre lo que decide la comisión y lo que se le tiene que hacer llegar al funcionario. Estamos pidiendo que venga a informar, y no puede haber un atajo a eso", insistió.

En el cierre, aseguró que "todas las semanas vamos a encontrar más elementos que hagan que venga" porque "cada vez la bola de desinformación es más grande" en torno a la distribución de los alimentos. "No hay que dejar de insistir con la presencia de la ministra", sostuvo.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá aseveró que la decisión de Pettovello de no asistir es "porque hay cosas que no puede responder", ya que "dijo que iba a eliminar a los intermediarios y eligió al peor intermediario (en alusión a Conin), y la leche está en venta en Marketplace". "No paran de atacar a las organizaciones", cuestionó, al tiempo que se refirió a los detenidos y la represión por la manifestación en contra de la ley Bases.

Al cruce le salió la oficialista Lilia Lemoine, quien comenzó: "Represión suena a militares, a desaparecidos, la verdad es que no se reprime a las personas cuando hay una manifestación pacífica, pero se debe detener a las personas que destruyen la propiedad privada".

Yendo al asunto, reveló que ella recibió "denuncias de venta de alimentos al por mayor en ferias populares, que no llegan a la gente primero" y "descubrimos también que hay organizaciones sociales que le dicen a la gente que si no van a las marchas o los piquetes no les entregan comida".

"Tenemos 20 denunciantes, dos de ellas están bajo amenazas por Jeremías Cantero (dirigente del Polo Obrero)", amplió la libertaria y reivindicó la idea del Ministerio de que "la intención es que la ayuda le llegue directamente a las personas sin intermediarios".

Lemoine dijo que, gracias a su visibilidad mediática, pidió que "si había quienes no recibieran ayuda", se comunicaran con ella, y así lo hizo "una organización no gubernamental que ayuda a 400 comedores", a quienes luego el Ministerio le hizo llegar la ayuda.

"Organizaciones sociales que obligan a mujeres con cáncer a cargar cajas a cambio de que si no lo hacen no van a recibir la bolsa de comida, a esa gente no la vamos a ayudar, porque son los que están haciendo que todo sea tan sucio y turbio", expresó y completó: "La finalidad del Ministerio no es seguir repartiendo comida, sino que la gente pueda comprar la propia".

En consecuencia, la diputada nacional Paula Penacca le contestó a la libertaria, e ironizó: “la diputada preopinante puede conmovernos, pero no resuelve los problemas de la Argentina porque miles de compatriotas pasan hambre”. Del mismo modo, lanzó que “que el presidente (Javier Milei) corra a su amiga Pettovello y ponga a Lemoine en el Ministerio”.

También, la legisladora camporista señaló que “se deben corroborar si esos 400 comedores hicieron eso”, con relación a las acusaciones de Lemoine. Minutos más tarde, la oficialista aclaró que no se refería a eso.

Por último, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados y lo acusó de “tener decisión arbitraria de decidir cuándo convocar a funcionarios y nosotros, los diputados, tenemos potestad”. “No tiene privilegios para decidir cuándo cursa una invitación y cuando no y lo mismo Pettovello, que cree que tiene privilegios y no asiste a dar informes ante la Justicia”, añadió.

La diputada nacional Natalia Zaracho también le contestó a Leomine y amplió que “entiendo el show para desviar la atención de que no vino la ministra”, pero advirtió: “No queremos que la ministra se vaya, sino que presente un plan de distribución de los alimentos que están en los galpones porque están por vencer”.

La agenda de la Comisión de Acción Social y Salud Pública continuará el próximo martes 25 de junio a las 13.30, con una reunión informativa a la que fueron invitados especialistas y referentes del todo el país para exponer sobre las experiencias políticas, buenas prácticas y balance del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Yedlin informó que convocaron también al ministro de Salud, Mario Russo, para que informe sobre qué continuidad se le dará. Hay proyectos que proponen jerarquizar a este programa por ley.

En tanto, el próximo 5 de julio, en la antesala del Día de la Independencia, la comisión buscará sesionar en la Legislatura de Tucumán, para tener una reunión informativa sobre "emergencia sanitaria, y el sistema en el sector público y privado", indicó Yedlin.

 

A raíz del brote de dengue que golpeó al país en los últimos meses, el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad, Gabriel Battistella, participó de una reunión de la Comisión de Salud junto a su equipo para dar detalles sobre la situación del dengue en el territorio porteño, donde graficó el retroceso de los contagios y aseguró que ya se han testeado más de 65 mil vecinos.

En ese contexto, el funcionario inició su exposición destacando un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud que describe la epidemia como un fenómeno “regional”, con 3.500.000 de casos registrados en Sudamérica, siendo Brasil (80%) el país más afectado seguido de Paraguay y Argentina. Asimismo, detalló que en nuestro país, las provincias del centro norte han sido las más afectadas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el tercio inferior en cuanto a la cantidad de casos.

Sobre esa misma línea, Battistella señaló que gran parte del equipo del Ministerio está trabajando junto hace ocho años y que en 2015 fue el primer brote importante de dengue, año en el cual se generó un Plan estratégico y operativo que involucra al Ministerio de Salud, el cual fue actualizado en 2022 y que se trabaja con acciones interministeriales.

En comparativa respecto al año pasado, el funcionario señaló que los casos por semana no fueron tan diferentes este año, pero lo que cambió fue el comienzo de los casos autóctonos, ya que se adelantó, ensanchando el tiempo de permanencia de la enfermedad.  “El pico de casos ya sucedió”, afirmó Battistella.

Al mismo tiempo que detalló que los casos en ese momento alcanzaron un máximo de entre dos mil y tres mil casos, y respecto a la situación actual afirmó que “hemos tenido un descenso en los sensores de ovipostura, es decir que el mosquito ha empezado a descender su presencia. Hemos tenido descenso tanto de consultas, como de internados. De todas maneras, es un quiebre inicial, por lo que aún tendremos casos las próximas semanas, pero siempre con una tendencia a la baja”.

Durante la reunión, la legisladora de Confianza Pública (CP) Graciela Ocaña cuestionó con dureza que el ministro de Salud, Fernán Quirós, no asistiera a la mencionada comisión. “Nos alarma la tasa de fallecidos cada 100.000 habitantes en la ciudad, que es muy alta frente a las que se dan en otras ciudades”, destacó.

Ocaña también indagó acerca de “cuáles han sido las contrataciones de personal para reforzar la atención durante la epidemia” y afirmó que “se había hablado de unas 30 personas, lo que a todas luces parece insuficiente”.

“Creo que la ciudad reaccionó tarde. A pesar de que una de las virtudes del ministro es la comunicación, las campañas comenzaron en septiembre del año pasado, se retomaron en enero del corriente y luego cuando ya estaba lanzada la epidemia en el mes de marzo”, sentenció.

En la reunión también estuvo presente la directora general de Legal y Técnica, Carolina Fitzpatrick; y los diputados Facundo Del Gaiso, Juan Pablo Arenaza, Paola Michelotto, Silvia Imas (VxM), Pablo Donati (FRL), Graciela Ocaña (CP), Lucio Lapeña, Francisco Loupias (UCR-Ev), Victoria Montenegro, Juan O´Dezaille, Delfina Velázquez, Alejandro Grillo, María Bielli, Victoria Freire, Claudio Ferreño (UP), Gabriel Solano y Cele Fierro (FIT).

En un martes de mucha acción a nivel comisiones, la última en ser convocada el viernes fue la de Acción Social y Salud Pública, que encabeza la socialista Mónica Fein. La misma se reunirá a partir de las 13.30 y será para tratar la creación de un Programa nacional de uso adecuado de la cesárea (PNUAC), en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La reunión contará con la presencia de especialistas que expondrán sobre este proyecto que es impulsado por la propia Mónica Fein, y cuyo objetivo es promover y garantizar el parto seguro para todas las personas gestantes y sus hijas e hijos, promoviendo el modo de nacimiento más seguro y el seguimiento y monitoreo de datos vinculados a la práctica del nacimiento por cesárea en las instituciones proveedoras de servicios de salud.

Desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Así como existen aún en el mundo personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a los riesgos asociados a esta intervención, sostiene la impulsora de esta iniciativa.

El proyecto remarca que cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbi-mortalidad materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo hacen la morbimortalidad materna y perinatal. Este uso excesivo e innecesario de la cesárea en países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil.

En la indicación de cesáreas no justificadas, intervienen muchas veces factores no clínicos de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas gestantes y sus familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas injustificadas relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen intervenciones no clínicas efectivas y seguras.

Los objetivos de esta ley son:  

• Implementar mecanismos de recopilación de datos para el monitoreo y evaluación de los diferentes modos de parto tanto en el ámbito público como privado de la atención de la salud en todo el territorio de la Nación.
• Promover el acceso a la información basada en evidencia científica, sobre los perjuicios asociados al nacimiento por cesárea sin indicación médica para que las personas gestantes puedan tomar decisiones informadas.
• Instalar en la agenda del sector salud y de la sociedad en general el debate acerca de las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las personas gestantes y los niños por nacer.

A los efectos de alcanzar el objetivo propuesto, el PNUAC tendrá las siguientes funciones:

• Promover la capacitación y formación de las y los profesionales de la salud a los efectos de hacer efectivos los objetivos de la ley.
• Llevar adelante, en coordinación con las jurisdicciones, el monitoreo de los diferentes modos de nacimiento, debiendo recabar datos sobre los nacimientos por cesárea en todo el territorio, confeccionar y brindar estadísticas en relación a las causas que motivan la realización de esta práctica. Específicamente se deberá realizar un seguimiento de los partos por cesárea practicados en población de bajo riesgo de nacimiento por cesárea, razones de su indicación, identificación y revisión de los casos en los que podrían haberse evitado la cesárea y la elaboración de recomendaciones y acciones para evitar futuras cesáreas en casos similares.
• Confeccionar, publicar y difundir reportes e informes con los datos obtenidos acerca de la información obtenida como consecuencia de los procesos definidos en el inciso precedente.
• Promover la implementación de protocolos de atención basados en la evidencia científica.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública, a cargo de la diputada Mónica Fein, se reunirá el próximo martes 22 de agosto a las 14 a fin de debatir sobre el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.

El encuentro, que se llevará a cabo en la Sala 3 del 2° piso del Anexo “A”, contará con la presencia y disertación del doctor Sebastián Laspiur, consultor de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud en Argentina quien dará su opinión especializada sobre el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco - CMCT / OMS -, adoptado en la ciudad de Ginebra - Confederación Suiza - el 21 de mayo de 2003”.

Además, los diputados debatirán sobre dos proyectos -uno del oficialismo y otro de la oposición. que tienen por objeto la regulación y el control del ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica en todas sus modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud.

Por Melisa Jofré

En la previa de las elecciones en su provincia, previstas para el 11 de junio próximo luego del levantamiento de la suspensión por parte de la Corte Suprema, el senador nacional Pablo Yedlin confiesa tener la “sensación” de que “el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán”. 

Cabeza de la lista oficial de candidatos a legisladores provinciales, el tucumano revela en diálogo con parlamentario.com que, más allá de los resultados, no está definido si en diciembre dejará su banca o no en la Cámara alta. En caso de renunciar, lo reemplazaría Juan Manzur, el exgobernador que tuvo que bajarse del puesto de vice. 

En relación a la medida que tomó el pasado 9 de mayo el máximo tribunal, el legislador el Frente de Todos cuestiona que “hay una Corte Suprema de Justicia que ha perdido mucha legitimidad” y advierte: “Hay que tener mucho cuidado porque tenemos el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial”.

Por otro lado, en relación al plano nacional, el senador considera que, independientemente de que se defina por unidad o por una interna, “lo más importante es que el peronismo tenga una fórmula que sea competitiva contra la derecha argentina”, en alusión a Juntos por el Cambio. 

“El planteo de una economía de derecha, en la que cada uno se salve solo, es el planteo de Mauricio Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich. (Javier) Milei tiene una cosa mucho más descabellada y me parece que ni siquiera vale la pena pensar en lo que plantea porque es absolutamente irrealizable”, diferencia entre la principal coalición opositora y el líder de La Libertad Avanza.

-¿Cómo se retomó la campaña electoral en Tucumán después de lo que fue la suspensión dispuesta por la Corte y el paso al costado posterior de Juan Manzur?

Esa semana que estábamos encaminándonos a la elección, la población estaba en modo electoral; esos días los debates y la publicidad aumentan en intensidad, y ese martes (9 de mayo) estábamos en pleno apogeo y la gente pensando en la elección, cada uno con sus aspiraciones, voluntades y sueños. Por eso, la decisión de la Corte cayó como un baldazo de agua helada, fue una cosa muy rara, porque es como que de pronto el tiempo se detuvo. 

Al no dejarlo ser vicegobernador, (Juan) Manzur da un paso al costado y se produce la elección de Miguel Acevedo; ahí todo empezó lentamente a moverse de nuevo. Recién la otra semana supimos cuando iba a ser de nuevo la elección, cuando la Corte levantó la suspensión. Pero esos fueron días con una sensación de tiempo detenido. 

Ahora estamos en las últimas dos semanas y vuelve a tomar fuerza la campaña. En lo que va a pasar con los resultados electorales, no creo que haya mayores diferencias respecto de lo que podría haber pasado el 14 de mayo. La sensación que tengo es que el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán, con una diferencia importante de votos. Veremos sobre el sistema de acoples cómo se define la Legislatura, pero vaticino que el peronismo va a seguir teniendo mayoría. Y en cuanto a los municipios no creo que haya muchas sorpresas tampoco. 

-¿Qué expectativa tiene respecto a la capital de la provincia?

La discusión más que nada está dada en San Miguel de Tucumán, sí, con la esposa del actual intendente, la senadora Beatriz Ávila contra la doctora Rossana Chahla, que es diputada hoy y exministra de Salud de la provincia. Lo destacable es que por primera vez San Miguel va a tener una intendenta mujer en la historia. Chahla está con posibilidades de ganar, más allá de que sabemos que la capital es una jurisdicción compleja para el peronismo. 

-Ahora la oposición también ha cuestionado la nueva fecha de las elecciones 

Hay otro amparo pedido por la oposición acerca de que la elección no puede llevarse adelante en junio, sino que debe ser en agosto. A mí manera de ver no tiene mucho sentido el planteo, porque si bien es verdad que la Constitución del 2006 de Tucumán dice eso, de que deben ser 60 días antes de octubre, esos artículos han sido declarados inconstitucionales tiempo atrás por un fallo firme que no ha sido apelado y ya hubo elecciones en junio, las de 2019. Esto ahora está en manos de la Corte Suprema y habrá que estar con la incertidumbre en la boca hasta el día de la elección.

-El oficialismo en la Cámara de Diputados sumó la decisión de la Corte como una causal al juicio político que se lleva adelante, ¿qué opina?

Es una causal sin duda. Nosotros somos la cámara que juzgamos, así que no opinamos mucho hasta que esto esté resuelto en Diputados, pero la verdad es que hay varias cosas que se van descubriendo que son muy preocupantes, como lo que tiene que ver con manejos discrecionales de la obra social, y de contratos a determinados camaristas para que fallen a favor de juicios donde están involucrados los mismos tribunos. La verdad que son cosas muy complejas de una Corte Suprema de Justicia que ha perdido mucha legitimidad. Con lo del Consejo de la Magistratura, al volver a hacer funcionar una ley que estaba derogada, claramente eso no se puede hacer, la Corte no puede legislar. Además de meterse con la conformación de los bloques (del Senado). Y el tema de la coparticipación…son cosas en las que no ha estado a la altura de las circunstancias. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial. Es un tema que preocupa a los argentinos o debería preocuparnos. 

-Yendo al plano nacional, ¿piensa que el Frente de Todos debe tener fórmula única o PASO en las presidenciales?

Para mí lo más importante es que el peronismo tenga una fórmula que sea competitiva contra la derecha argentina que es la que se va a presentar en las elecciones como modelo alternativo para la sociedad argentina. La fórmula puede surgir del acuerdo entre los compañeros que dirigen los partidos o puede surgir de las PASO, son dos posibilidades abiertas. Es difícil para mí pensar en un acuerdo total porque ya hay compañeros que han expresado su intención de participar, como (Daniel) Scioli, (Agustín) Rossi y (Juan) Grabois. Además entendemos que el compañero (Eduardo) “Wado” de Pedro tiene intenciones; no sé qué hará Sergio Massa y alguno de los gobernadores del Norte. Hay muchos candidatos posibles, pero creo que desde las PASO o desde ponerse de acuerdo, lo más importante es que sea competitiva y con propuestas claras de programa de gobierno que puedan ser comparables con lo que la derecha está ofreciendo, que es menos salud pública, menos educación pública, menos presencia del Estado para los que menos tienen y una cosa medio de que “se salve el que pueda o el que ha nacido con méritos”.

-¿Cómo se llega a la gente con propuestas de campaña cuando lo que más aqueja es la inflación creciente y los salarios bajos?

Obviamente que llegar a un proceso electoral con los niveles de inflación que tenemos y el atraso que los salarios e ingresos de la población tienen respecto a los precios es un desafío enorme, muy difícil de resolver. Lo que tenemos que hacer es indicarle (a la sociedad) que de este tema se va a salir. Ahora, se puede salir por un lado o por otro. Hay que mostrar las causales. Obviamente hay responsabilidad de este Gobierno, del cual formo parte, pero sin quitar eso, este Gobierno no apareció de la nada, de un día para el otro, tiene una deuda heredada enorme de la cual todavía no sabemos bien qué se hizo y que además está judicializada y va a haber responsables seguramente penales sobre la deuda con el FMI de los 47 mil millones de dólares.  También tenemos que pensar que tuvimos que pasar una pandemia, una situación totalmente excepcional para el mundo en el que hubo que cerrar la economía por un tiempo, hubo que comprar vacunas y solidificar un sistema de salud que estaba muy debilitado. Tuvimos una guerra con precios de combustibles enormemente elevados en todo el mundo que nos complicó también. Y la sequía. Toda esta historia existió, obviamente tenemos responsabilidad, pero el tema es hacia dónde salimos de esta crisis económica que tenemos. Si vamos a salir a un país que crea en que cada uno tiene que tener lo que se merece solamente en base a sus méritos y no entender que hay gente muy por detrás de la línea de partida y el Estado tiene que ayudarla a poder ponerse en algún nivel competitivo, en un Estado que asegure la educación pública con universidades gratuitas, con salud y vacunas gratuitas, o no. O creemos que el país liberado al mercado, abierto a las importaciones, con el flujo de ganancias de las empresas que pueda salir cuando quieran…todas estas ideas que ya probamos en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Mi opinión es que esa manera no es la salida. 

-¿Cómo ve la figura de Javier Milei?

El planteo de una economía de derecha, en la que cada uno se salve solo, es el planteo de Mauricio Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich. (Javier) Milei tiene una cosa mucho más descabellada y me parece que ni siquiera vale la pena pensar en lo que plantea porque es absolutamente irrealizable. Milei es un fenómeno social que tiene que ver mucho más con la antipolítica, con los jóvenes y esto de sentirse “libre”, pero que no tiene, a mi manera de ver, ninguna plausibilidad real de gobierno. 

Creo que el peronismo tiene que discutir con el programa de Macri, que es el programa de Patricia Bullrich, que es la que entiendo tiene mejores mediciones hoy y posibilidades de ganar en el espacio opositor. La discusión es un país manejado por Bullrich-Macri o por el peronismo, entendiendo que estamos en una situación compleja, pero también que acá se puede salir de varias maneras: se puede salir para pocos, sobre todo para los que viven cerca de la Ciudad de Buenos Aires, o se puede salir para todo el país, sobre todo para los que menos tienen y más necesitan. 

-Por otra parte, usted es médico y preside la Comisión de Salud del Senado. En estos últimos años han avanzado varias leyes en materia sanitaria, ¿qué balance hace?

Hemos trabajado mucho y hemos tenido buenos resultados. La ley de compra de vacunas de Covid, la ley de receta digital, la ley de resistencia antimicrobiana, la ley de enfermería, la ley de cardiopatías congénitas, la ley del certificado único de discapacidad, todas han sido leyes que han salido por grandes mayorías, no han sido mezquinas ni se ganaron por un voto o no. Eso ha tenido que ver con el trabajo de consenso donde yo siempre creo que el rol más importante, y que hay que destacar, es el de la oposición. Tanto en Diputados como en Senadores hemos encontrado una voluntad de entender -me parece que la pandemia ayudó también a tener una mirada distinta sobre la salud pública- que estos temas no son temas de grieta política y que, en definitiva, las leyes son de todos. 

-Además hay organizaciones y colectivos que se están movilizando cada vez más en reclamo de sus necesidades

Sí, hay una movilización social importante en temas de salud de colectivos que entienden que sus derechos no están alcanzados. Un ejemplo ha sido la ley de VIH. El gran desafío de nosotros como legisladores es encauzar estos movimientos e intentar no legislar por cada patología o por cada colectivo movilizado; muchas veces detrás de estos colectivos también está la industria. Se trata de hacer leyes estructurales que le den sostenibilidad en el tiempo al sistema sanitario argentino.

-Este año el oficialismo ha perdido, como interbloque, la condición de primera minoría en el Senado, ¿cómo cree que se trabajará con la oposición en medio de la campaña? 

 Un Senado sin mayoría es un Senado extraño para Argentina, la democracia argentina ha tenido siempre mayorías claras en el Senado y es la primera vez que esto no ocurre. Esto genera una obligación de consensos mucho más grande, de diálogo. Además, hacen falta oposiciones que sean constructivas, y eso se dificulta en un año electoral donde las mezquindades son permanentes. Un ejemplo ha sido la mezquindad de la oposición de no querer votar los acuerdos de los jueces que no sean de Santa Fe y Rosario en la sesión anterior, donde quedaron por fuera jueces de Salta, de Tucumán y de varios lugares, que ya tenían acuerdo. Algunos incluso llevan un proceso de más de cinco años. Nosotros no negamos la necesidad de que Santa Fe y Rosario necesiten jueces, pero hay que pensar en toda la Argentina. Considero que, en lo que resta de este año, tenemos que trabajar en encontrar los puntos medios que nos permitan competir electoralmente pero trabajar para todos los argentinos. 

Un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo de los oficialistas Pablo Yedlin (Tucumán) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, se reunieron este martes para emitir dictamen favorable y dejar listo para el recinto los proyectos de ley sobre muerte perinatal y pubertad precoz, ambas iniciativas que vienen con media sanción de Diputados.

Antes de comenzar con el tratamiento de los proyectos, Guerra procedió a leer los cambios que hubo en la comisión que preside: “Quiero informar que por decreto de Presidencia N° 13/23 en su artículo segundo menciona designase al senador Pablo Yedlin y a Lucía Corpacci en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del senador Carlos Linares y la senadora Silvia Sapag”.

Muerte Perinatal

A continuación, Yedlin explicó: “Tenemos para tratar dos medias sanciones que llegaron de Diputados”. Respecto a la primera iniciativa, sostuvo: “Tiene relación con un proyecto del senador Antonio Rodas acerca de la importancia de que el sistema de salud, sobre todo las maternidades, tengan previsto cómo tratar, cómo atender, cómo cuidas y acompañar a aquellas mujeres que, en momentos de dar a luz, tienen la muerte perinatal que es definida por la OMS desde la semana 22 de gestación hasta el nacimiento”.

“Esto tiene que ver con una situación de duelo, de mucha complejidad que en general no están atendidas correctamente en las maternidades que están previstas para otro tipo de tratamiento, entonces lo que la ley es importante que tiene por objeto, a través de la autoridad de aplicación, llevar adelante la capacitación, el adiestramiento, la infraestructura, el equipamiento, para la necesidad de estas mujeres y familias frente a esta situación dura que es la muerte perinatal”, precisó el tucumano.

En tanto, resaltó que el proyecto fue votado por unanimidad en Diputados y agregó: “Entiendo que deberíamos acompañar para poder transformarlo en ley y que este esfuerzo de mucho tiempo se concrete y podamos tener en las maternidades de la Argentina, del sector público y privado equipos preparados para esta eventualidad dramática que muchas madres viven y pueda ser superada con atenciones especiales”.

Pidió la palabra el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT) quien remarcó: “Por supuesto que es importante esta ley, la hemos trabajado con nuestros asesores. Hubo un consenso mayoritario, hemos tenido dos dictámenes que lamentablemente nunca llegaron al recinto y, por lógica, esta es una situación transversal que nos golpea a todos sin ninguna distinción de bandería política ni religiosas, estamos de acuerdo en que se le dé la celeridad necesaria”, pero cuestionó que envió a la presidencia de la comisión para que incorpore las distintas modificaciones que “son el resultado de una serie de entidades que han trabajado durante todo este tiempo los dos dictámenes”.

“Queremos ser justos de que no se detenga el proyecto, en este año difícil de conformación de las comisiones de llevarlas adelante y que, por supuesto, salgan los dictámenes para el recinto. Nosotros vamos a estar ansiosos esperando que esto sea tratado en la próxima sesión para que se pueda cristalizar y vamos a estar atentos para ver de qué manera se incluyen las modificaciones que en su gran mayoría son coincidentes con las modificaciones en lo que respecta a la redacción. Voy a acompañar la firma para que de esa manera no se detenga el proceso para seguir trabajando y esperando la incorporación que sugerimos”, adelantó Rodas.

Al respecto, Yedlin aclaró: “Cualquier modificación que se le haga al proyecto requiere que vuelva a la Cámara de Diputados, pero me parece bien que lo discutamos y coincide con Rodas porque las modificaciones no modifican tanto el fondo de la cuestión para devolverlo a Diputados al proyecto, es un tema a discutir”.

Luego hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), quien le preguntó a Rodas si “firma el proyecto y pasa al recinto para ver la posibilidad de modificarlo o vuelve a comisión para hacerle las modificaciones pertinentes”. A lo que el chaqueño aclaró: “Vamos a firmar el dictamen y, a su vez, vamos a darle la posibilidad sobre tablas, por supuesto, charlando con anterioridad con los distintos integrantes de la comisión porque entendí en la premuera del caso. Retroceder hace que tengamos una dilatación que creo que hoy por hoy lo que menos queremos los senadores de ambas bancas es frenar los procesos legislativos porque estamos expuestos a constantes agravios y nos marcan como que los senadores no proceden con cuestiones que son problemas de la gente y que la agenda es nuestra del Senado y son distintas a la de la gente”.

“Voy a ser guardián de que las modificaciones que hice entrar por la secretaría correspondiente sean realmente tenidas en cuenta y ejecutadas. Las modificaciones serán cumplidas evitando el retroceso y sigamos para adelante en el proceso legislativo que necesita el país”, cerró Rodas.

También hizo uso de la palabra la vicejefa del bloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien agradeció que en la primera reunión se hayan incorporado el proyecto que “fue trabajado por Rodas atendiendo las demandas de los diferentes colectivos y de familias que han tenido la terrible experiencia de pasar por una situación como la que estamos tratando”.

“Esta comisión como muchas otras se han hecho eco de las problemáticas que se vienen impulsando desde la sociedad y eso me parece fantástico tener un Senado así que no es el mismo desde cuando yo llegué porque es más abierto, de más escucha, de recepción de las demandas que tienen que ver con sectores que vienen luchando hace tiempo porque una ley les garantiza sus derechos”, reflexionó la oficialista.

Así, agradeció a Rodas por la labor realizada y por la convicción para que “esto se acelere y poder consensuar para el recinto lo que haga a una mejor ley siempre pensando en que también está la posibilidad de la reglamentación del Ejecutivo y también que en el recinto podamos ver las diferentes modificaciones y entendamos que hacen a una mejor norma”.

“Estas no son temáticas para especular, son temáticas para ir para adelante. Si estamos convencidos que es una ley importante para la Nación venga de donde venga tenemos que apoyarla”, remarcó Fernández Sagasti y sumó: “Sigamos el ejemplo de Rodas para que esta ley pueda tener dictamen y ojalá pronto tengamos sesión para llevarla al recinto”.

Además, consideró que “solo quien pasó por una situación así, sabe que se necesita un tratamiento específico, un trato humanizado a las familias que tienen que atravesar la tragedia”, y contó que le pasó de “una forma cercana” por lo que comprende que “en estos tiempos la humanización de todas las redes sociales, tenemos que tratar de indicar a través de las leyes cuál es el camino”.

Volvió a hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Salud quien explicó: “Ambos proyectos tuvieron consulta en la secretaría de presupuesto. Esta no tiene costos fiscales”. Así la iniciativa pasó a la firma.

El proyecto establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

Pubertad Precoz

Respecto del dicha iniciativa, Yedlin recordó que “es un proyecto que se trabajó mucho en Diputados. En alguna sesión se planteó la necesidad de una ley. En ese momento derivamos al colectivo que pedía sobre esta patología al Minsiterio de Salud y eso generó que se incorpore al DMO la medicación para este tratamiento, pero de todas maneras nos llega una ley con amplia mayoría”.

“Es una patología de causa desconocida en la mayoría de las veces por la cual los niños y niñas empiezan su proceso de pubertad en forma temprana, antes de lo normal. Es normal que una nena de 8 años empiece su proceso de pubertad que empieza con desarrollo mamario y dos años después con su primera menstruación, eso es lo más temprano como normal. SI esto empieza antes entonces se considera pubertad precoz. En los varones el signo es el aumento testicular”, explicó el tucumano.

En tanto, sumó: “Además de la importancia psicológica que tiene el desarrollo previo donde todos los demás compañeros no se han desarrollo y lo que ello implica, hay un tema de altura y talla final porque una vez que una niña tiene su menarca ya no crece mucho más, entonces se pierden años de crecimiento, y a partir de la aparición de determinados tratamientos que detienen la pubertad se puede permitir que estos chicos crezcan los centímetros que tiene que crecer y cuando llegan a la edad acorde a que la pubertad se desarrolle, se libera la pubertad y entonces el niño ha crecido 5 o 6 centímetros más”.

“Tiene un tema psicológico, social, de redes, familiar y un tema de talla final que no es menos importante. La ley prevé un programa nacional que garantice para todo el sistema de salud público el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la capacitación del equipo tratante y la difusión de esta enfermedad para su conocimiento para que se conozca, se diagnostique y se trate en tiempo y forma”, explayó Yedlin.

Además, afirmó que pasó por la oficina de presupuesto y “tiene un costo cerca de los $900 millones anuales. El costo total entre diagnóstico, tratamiento y divulgación. Es un costo pequeño para el sistema de salud frente al beneficio que genera. Es una enfermedad infrecuente 1 cada 5 mil casos”.

Hizo uso de la palabra Fiad quien aseguró: “Estamos todos de acuerdo con esto. Hay una resolución previa con el Ministerio de Salud”, y puso en valor que “pubertad precoz es una enfermedad poco frecuente de las 8 mil enfermedades poco frecuentes. Es una necesidad el tratamiento”.

“Hay un proyecto que presente sobre la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa de legislativa en salud. Creo que sería bueno tratarlo porque se podría evitar barreras administrativas que tiene las leyes. Pondría en valor cada norma sanitaria”, planteó el radical.

El segundo expediente establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril con 175 votos a favor.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

La Comisión de Salud del Senado se reunió este martes en el Salón Arturo Illia para tratar una serie de proyectos y también para ratificar a sus autoridades. Así, volvió a ser designado como presidente de la misma el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia al jujeño Mario Fiad (UCR-JxC), en la secretaría quedó Lucía Corpacci.

Al inicio de la reunión se oficializó un cambio en la comisión: la senadora María Teresa Margarita González (FNyP – Formosa) reemplazará a Guillermo Andrada (Catamarca)

Al hacer uso de la palabra para ratificar a las autoridades, al vicejefa del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que fue una comisión que en estos años “ha tenido mucha visibilidad, no solamente por la pandemia sino también por los consensos que se han en la comisión para sacar proyectos que son muy deseados y muchos han trabajado para ser tratados en el Senado. Confiamos en este tridente de conducción”.

Informe de la Ley “Mil Días”

Luego, la comisión recibió a Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, quien expuso para dar a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como “Mil Días”, que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020.

Tirado agradeció la invitación y la posibilidad de “dar la devolución del primer año de la implementación de la Ley”. Al inicio, hizo un repaso de los principales puntos de la norma, que establece un acompañamiento, protección y cuidado integral de la salud y de la vida de las personas gestantes y niñas y niños en los primeros 3 años de vida.

Según recordó la funcionaria, la Ley tiene como objetivo reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo, comprender la salud de manera integral y prevenir violencias.

Además, resaltó que la norma fue un “desafío que lo estamos pudiendo hacer desde la unidad coordinadora con el trabajo intersectorial, las diferentes políticas integrales y públicas, gestión federal de 1000 días. El trabajo intersectorial es una de las cuestiones más ricas y potentes que tiene la Ley”.

“Todas las políticas siguen la perspectiva de curso de vida es una forma de ver la salud e implementar la política pública de los diferentes cursos de vida teniendo en cuenta la prevención durante el embarazo, la niñez, adultos mayores, y no desde un enfoque de patologías sino desde un enfoque desde salud y prevención”, explicó.

Sobre los ejes de la Ley, detalló: “El foco está sobre disminuir la mortalidad infantil y materna, luego prosperar para lograr una salud integral y bienestar, y transformar desde la diversidad y la prevención de la violencia. Con este enfoque intersectorial de equidad, curso de vida y territorial”.

“El marco normativo tiene acuerdos internacionales en relación a los derechos de niños y niñas, también de mujeres, y todas aquellas leyes nacionales que de alguna manera están relacionadas a esta Ley y, a su vez, normativas provinciales en relación a todas las leyes que dieron origen a esta Ley 27.611. La Ley prevé que la autoridad de aplicación está en el Ministerio de Salud de la Nación que debe diseñar un modelo de atención y cuidado integral de salud específico y adecuado para la etapa de embarazo y hasta los 3 años y genera y crea la unidad coordinadora y forman parte todos los ministerios y organismos del Estado que están relacionados a la implementación de políticas públicas de esta ley y, también, con las provincias para el trabajo conjunto”, explayó.

Tirado precisó que el Ministerio de Salud cuenta con 3 secretarías. La secretaría de Acceso a la Salud donde se encuentra la sub secretaría de Estrategia Sanitaria y la dirección nacional de abordaje por curso de vida con la dirección de Salud perinatal y niñez como “grandes áreas relacionadas con la implementación de ‘Mil Días’, pero también la subsecretaría de medicamentos por la distribución de insumos y la dirección nacional de reproducción sexual”.

Sobre el período que tiene la Ley desde la gestación hasta los 3 años de vida manifestó: “Entendemos el entorno familiar y comunitario como estructuras que estarán siempre presentes en este curso de vida al igual que los servicios de salud y, después, diferentes áreas del Estado que tienen trabajo en diferentes momentos como ANSeS durante la gestación con la asignación por embarazo que pasó a ser de 9 meses, la asignación por nacimiento, por adopción y dentro de la AUH se incorpora la asignación por cuidado integral mediante ciertos parámetros de control de salud y vacunas. Los organismos de proyección en situaciones de vulnerabilidad para lograr el derecho a una vida libre de violencia”.

 “Desde que la Ley se reglamentó, poder definir las políticas públicas a trabajar en conjunto y poder que este peso que se le da a las políticas públicas tener esta Ley, que se votó por unanimidad en ambas cámaras, nos da un peso de política de Estado muy fuerte”, sostuvo la secretaria de Salud.

Por otro lado, destacó el capítulo sobre Nutrición que tiene la Ley y consideró que “la lactancia es fundamental para esa buena nutrición. El 97% de los niños y niñas inician la lactancia al nacer, pero solo el 44% tiene lactancia exclusiva hasta los 6 meses por eso lo tenemos como algo importante a mejorar, al igual que el acceso a centros de cuidados infantil o a una vida libre de violencia”.

Además, brindó distintos indicadores, siendo el primero de ellos sobre los nacimientos en todo el país: “Tenemos una tasa de natalidad que desde el 2015 tiene una disminución en lo que hace a la tasa de natalidad total, pero no a la tasa de nacidos prematuros que siguen manteniendo una tasa estable por lo cual también ha sido una definición desde la unidad coordinadora el trabajo en la prevención como en la atención”.

En lo que hace a la mortalidad infantil, Tirado aseguró que “en el 2021 Argentina tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja de 8 por 1000 y de ahí sus dos componentes, la tasa de mortalidad neonatal sigue siendo la más grande que es de 5,7 por 1000 y la de post neonatal de 2,3 por 1000. La prematurez es la principal causa de mortalidad infantil en el componente neonatal”.

Respecto a los indicadores de mortalidad materna afirmó que “suele presentar cambios de subir y bajar en diferentes años. En el 2021 tenemos un ascenso muy importante, siendo la razón de 7,4 por 10 mil y esto se debe a la gran mayoría por muerte por Covid-19”.

Políticas integrales e indicadores desde la implementación de la Ley

“Esta Ley se basa en derechos como la identidad, la seguridad social, la salud integral, a la información y capacitación. En cada uno de estos derechos se implementan políticas públicas”, precisó Tirado.

Al respecto, comentó que sobre las políticas de identidad: “Estamos con un trabajo de maternidades seguras donde se realizan los partos, proceso de identificación de recién nacido y gestantes a través de pulseras identificatorias con códigos QR. Se entregaron 400.000 en 2022”.

Sobre el cuidado integral, contó: “Todo lo relacionado a políticas integrales para la prematurez, lactancia y nutrición, desarrollo infantil, acceso a la salud y algunas estrategias específicas como sueño seguro, parto respetado y primera hora de vida, prevención de lesiones y embarazo adolescente”.

“Un indicador es la campaña de invierno porque durante el primer año de vida una de las causas de mortalidad infantil son las infecciones respiratorias, las bronquiolitis y por eso tenía que estar incluida en el informe. Un dato es el palivizumab que son ampollas anticuerpos para prevenir la bronquiolitis que se administran en prematuros de alto riesgo o en niños con cardiopatías congénitas”, explayó.

También detalló que se realizan la pesquisa neonatal de enfermedades congénitas con análisis garantizando el 100% de cobertura, intervenciones de cardiopatías congénitas “durante el año se realizaron 982 intervenciones de menores de 3 años”. Se incorporó la distribución de test de embarazos en el botiquín Remediar.

“Hicimos un convenio con el Sistema Penitenciario Federal para poder hacer las cunas. A su vez se hizo el manual por el cual tenemos la definición de lo que es una cuna segura junto con la Sociedad Argentina de Pediatría estamos en la distribución de los primeros 14 mil kits y se van a distribuir 54 mil kits posteriormente”, precisó y sumó: “También insumos obstétricos. Sobre trombofilia es algo que incorporó la Ley que no lo teníamos y es la primera ver que se compra tratamientos específicos para la trombofilia y se distribuyeron 547 tratamientos”.

Sobre la hipoacusia, la funcionaria informó: “Se recuperó el Programa de Hipoacusia y las compras de audífonos, de implantes cocleares y de vinchas osteointegradas. En el botiquín Remediar se hizo específico de Mil Días tanto con medicación para prevenir prematurez como trombofilia y medicación para los primeros 3 años de vida y se distribuyeron en los 8 mil centros de salud”.

En relación a nutrición y lactancia, la secretaria precisó que se está distribuyendo en todas las provincias el “Fierritas” para la prevención de anemia que es de “fácil” administración. También hay un kit de lactancia que “son un saca leche con termitos para mantener la lactancia”.

“Es la primera ver que desde el Ministerio de Salud se compra la cantidad necesaria para todo el país de leche de fórmula especiales de prematuros, para fenilcetonuria y fórmula de inicio”, indicó y detalló que se distribuyeron en neonatologías de todas las provincias 200 monitores de TA no invasivos, 20 monitores de Función Cerebral, 25 potenciadores evocados, 20 oftalmoscopios binoculares indirectos para ROP y 300 otoemisores.

En suma, contó que se desarrollaron guías para la atención del prematuro, para el control posparto, control prenatal, trombofilia, crianza y cuidado. “Todo esto tiene que tener una impronta federal y tiene que llegar a todas las provincias y para eso se hacen cursos de gestión territorial. Se capacitó a 650 personas de las 24 jurisdicciones que son sectores territoriales de los 1000 días”, planteó Tirado.

“Todo el presupuesto destinado a cada una de las políticas públicas de mil días está marcados como etiqueta de mil días y podemos decir tanto desde ANSeS como de Educación y SENAF el presupuesto con el crédito vigente ponderado de cada una de las políticas públicas que le da el soporte real. Nos da un crédito vigente ponderado de $314.127.372.475”, finalizó.

Hizo uso de la palabra la senadora Fernández Sagasti quien destacó la sanción de una Ley que “tiene que ver con la vida, con el cuidado, con la accesibilidad de medicamentos de tratamientos a personas que el sistema de salud no llega”.

Al respecto, le transmitió dos preocupaciones y le explicó: “En la provincia de Mendoza estamos teniendo un problema grave de profesionales de salud en general, pero con pediatría y neonatología en particular por los bajos salarios que tiene la provincia. Somos la segunda provincia con peores salarios del país. Los efectores del sistema de salud se están yendo a trabajar a otras provincias porque los salarios son más elevados”.

“¿Han tenido en cuenta esta crisis sobre todo en la pediatría, han incluido alguna estrategia para esta situación que es a nivel nacional? ¿Están pensando alguna línea para reforzar el tema de pediatría?”, preguntó la oficialista y en segundo lugar consultó: “El tema PROGRESAR que ha venido una iniciativa de Diputados para convertirlo en ley, lo cual me parece excelente, si se puede incluir el tema de salud como en la AUH para que puedan seguir con la prestación. Poner un ítem en el PREGRESAR de asistir a un centro de salud una vez por mes o al año para que se hagan chequeos y cruzarlo con el tema de salud mental, sería muy bueno que se incluya dentro del PROGRESAR el tema de los cuidados médicos”.

Al responderle, la secretaria de Salud afirmó que conocen la crisis que se está atravesando con la falta de profesionales de “varias especialidades”. “Venimos trabajando con la Secretaria de Calidad para poder estimular para que se presenten a las residencias, se hacen incentivos, pero a pesar de eso se presentan la mitad. También estamos capacitando para cuestiones específicas para poder hacer más eficiente el recurso humano”.

Sobre el PROGRESAR, aseguró que “tenemos salud mental que trabaja en la unidad coordinadora y ahí tenemos una experiencia que trabajamos con asesorías en clubes, escuelas. Hay que buscar dónde están los adolescentes y con las asesorías tuvimos buenos resultados. Incluir cierta obligatoriedad me parece bien”.

A continuación, Yedlin expresó: “La pandemia fue de tal impacto y de tanta potencia y tal cicatriz que nos dejó que hay muchas políticas públicas de tremendo efecto e impacto, de inversión y resultados que por ahí han pasado desapercibidas. Muy bueno el informe creo que es importante seguir trabajando. Si no hubiese sido por la pandemia, la mortalidad infantil más baja del país hubiera tenido un impacto distinto hoy pasa un poco desapercibido con la cantidad de mortalidades que hubo en pandemia. Es un mérito jurisdiccional”.

Luego habló el radical Fiad consideró que “tenemos que hacer un replanteo en particular de déficit general que se esta dando a nivel general sobre los profesionales. Hay que dar respuestas inmediatas. No solo es la cantidad sino la mala distribución por eso hay que incentivar las actividades y poder asistir las demandas que existen y pensar incentivos para erradicar profesionales del interior”.

Por último, pasaron a la firma una serie de proyectos de declaración y resolución.

En una semana donde se pondrán en marcha algunas comisiones del Senado, se realizará este martes un plenario de Salud y Presupuesto y Hacienda desde las 16 en el Salón Illia, con un temario que contiene dos proyectos de ley con media sanción de Diputados sobre muerte perinatal y pubertad precoz.

Como primer paso, deberán designarse las autoridades de Salud, que ha estado presidida desde el año pasado por el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia por el jujeño Mario Fiad (UCR-JxC).

En un primer tramo, Salud se abocará a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como "Mil Días", que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020. Al respecto expondrá Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

Luego sí pasará al plenario junto a Presupuesto y Hacienda para tratar dos iniciativas. La primera de ellas es la referida a establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

El segundo expediente será el que establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Por Melisa Jofré

En un Congreso polarizado, sobre todo a partir de la segunda etapa del gobierno del Frente de Todos, los temas de salud se han ganado un lugar en la agenda de las sesiones y han sido, en distintas ocasiones, la llave de varios consensos. 

Mientras algunos proyectos en materia judicial han fracasado y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo se han aprobado con lo justo, las propuestas referidas a lo sanitario encontraron unanimidad u holgadas mayorías a favor. 

Es cierto además que, durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández, el ritmo de un Parlamento que trabajó por primera vez en su historia de manera telemática estuvo marcado por la realidad de la pandemia de Covid, que dejó la aprobación de un par de normas. 

A lo largo de estos tres años y medio, en el Congreso se sancionaron una treintena de leyes referidas a la salud, que nacieron en su mayoría de proyectos consensuados entre distintos bloques. Otras no tuvieron a la comisión homónima como cabecera, pero sí siendo parte de la discusión. Unas pocas no completaron su trámite y perdieron estado parlamentario. Cabe destacar que algunas declaraciones o instauración de días alusivos no se tomaron para este informe, pero también los hubo.

Una emergencia y la pandemia 

Si bien no pasó por la Comisión de Salud, el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que Alberto Fernández envió al Congreso al asumir en diciembre de 2019, incluía varias emergencias, entre ellas la sanitaria con un capítulo compuesto por 22 artículos. Por ese entonces, el oficialismo destacaba la decisión de volver a jerarquizar el Ministerio de Salud, al mando de Ginés González García, y cuando a los pocos meses sorprendió la pandemia, varios voceros se encargaban de recordar el asunto de la “emergencia sanitaria” en la que estábamos, y que posteriormente se extendería por decreto. 

En su primera sesión remota, el 13 de mayo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó de manera virtual la “Ley Silvio”, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus. La iniciativa, que establecía un programa de protección para el personal de salud, salió por unanimidad, al igual que una propuesta para eximir de Ganancias a los trabajadores esenciales. Ambos proyectos fueron ley a la semana siguiente en el Senado, donde también se sancionó una norma para actualizar el vínculo jurídico de la Cruz Roja -institución que cobraba relevancia en ese contexto- con el Estado Nacional, un tema que estaba con media sanción de Diputados desde 2018. 

Otras leyes destacadas de ese primer año de pandemia fueron una que estableció la autorización de las recetas digitales y otra por la cual se creó una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid. 

Durante octubre de 2020, el oficialismo logró aprobar el proyecto que establecía condiciones excepcionales en los contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas. En Diputados salió por 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones, mientras que en el Senado consiguió 56 votos positivos y 11 negativos. 

Legalización del aborto, etiquetado frontal y nueva Ley de VIH

Incluido en su plataforma electoral, a un año de haber asumido, el Frente de Todos se alzó con la legalización y despenalización del aborto, en una discusión transversal a todos los bloques que transcurrió durante diciembre de 2020. No exenta de miradas sumamente contrapuestas, pero con un escenario de tendencia más favorable al anterior debate que se había dado en 2018, la norma se sancionó el 30 de diciembre en el Senado. Junto a ese proyecto se aprobó uno de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.

Las comisiones de Salud de ambas cámaras tuvieron parte en una discusión de una ley que se demoró un año entre su aprobación en el Senado, en octubre de 2020, y su aprobación definitiva en Diputados, en octubre de 2021: la de etiquetado frontal de alimentos. Producto del fuerte lobby, la norma llevó tiempo pero se terminó sancionando por amplia mayoría, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en la Cámara baja. En la cámara de origen se había consensuado un proyecto entre la oficialista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos, que había cosechado 64 votos positivos y solo 3 negativos. 

Otro de los proyectos que se destaca en estos últimos años es la nueva ley de respuesta integral al VIH, sancionada en junio de 2022, que vino a reemplazar la 23.798 de 1990. En esta nueva norma se incorporó a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Algunas leyes que esperaron meses

En el listado de leyes en materia de salud sancionadas en estos tres años y medio, en julio de 2020 figura el proyecto sobre fibrosis quística, que había tenido media sanción de Diputados en noviembre de 2019. También con data de media sanción durante la gestión anterior, en octubre de 2020 el Senado aprobó finalmente una iniciativa para regular el ejercicio de fonoaudiología. 

En octubre de 2020, la Cámara alta aprobó y giró a Diputados la ley sobre cuidados paliativos, que recién se terminó de sancionar en julio de 2022. Dos casos demorados fueron también un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio la violencia de género, con fecha de noviembre de 2020 en la Cámara baja y sancionado definitivamente en octubre de 2022 en el Senado. En tanto, la iniciativa sobre digitalización de historias clínicas, que la Cámara de Senadores abordó en noviembre de 2020, primer año de la pandemia, terminó por aprobarse en Diputados en febrero de este año, justo un día antes de que cayera por el comienzo de un nuevo período ordinario. 

Una norma que esperó ocho meses, de octubre de 2021 a junio de 2022, fue la ley de oncopediatría, votada por unanimidad en ambas cámaras, con beneficios para las familias de niños y adolescentes con cáncer.

Entre los proyectos se registra la reforma de la ley de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad; la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana; y una reforma a la Ley de Sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). 

Aprobadas este año

En lo que va de 2023, el pasado 13 de abril, el Senado trató la ley de promoción y desarrollo de la enfermería, otra iniciativa que había nacido por la importancia de estos trabajadores de la salud durante la pandemia, y que se demoró casi dos años desde el comienzo de su discusión, en junio de 2021. La media sanción de Diputados había salido en septiembre de 2022. 

En esa misma jornada, la Cámara alta sancionó por unanimidad la ley para ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, por otro lado, devolvió con cambios a Diputados el proyecto para eximir de Ganancias al personal de salud por el concepto de guardias. Una semana después terminó de sancionarse en la cámara de origen. 

El 19 de abril, la Cámara baja aprobó la ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, que también esperó tiempo, ya que databa de diciembre de 2021 cuando salió del Senado.

Lo pendiente y lo que perdió estado parlamentario 

Actualmente, con media sanción de Diputados aguardan por ser tratados en el Senado un proyecto de ley sobre muerte perinatal y otro sobre pubertad precoz. En tanto, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja ya obtuvieron dictamen favorable una iniciativa sobre seguridad del paciente y otra para jerarquizar el ejercicio del acompañamiento terapéutico. 

Pese al avance de numerosos proyectos, hubo algunos casos que perdieron estado parlamentario, como una propuesta para crear un programa nacional de asistencia, acompañamiento y cuidado integral del personal de salud en situaciones de crisis y emergencias, que tuvo media sanción del Senado en mayo de 2021, cuando ya transcurría más de un año de la pandemia y los contagios y muertes por Covid eran mayores que en las de 2020, pero cayó en Diputados.

Tampoco tuvo trámite en la Cámara baja una iniciativa aprobada en octubre de 2020 en el Senado para regular los principios y alcances de la “telesalud”, incorporando a la atención médica el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs); otra sobre la figura de los facilitadores interculturales en la salud y una sobre la creación de un registro nacional de bancos de leche materna. 

Entre los proyectos que no prosperaron hubo uno muy criticado por la oposición, pero que el Frente de Todos con ayuda de aliados aprobó en mayo de 2021 en el Senado. Se trataba de una ley enviada por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores pudieran tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos. Cuando pasó a Diputados tuvo dictamen de comisión, pero nunca se trató en el recinto.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, retomará el debate sobre "Seguridad del Paciente" y "Evaluación de Tecnologías Sanitarias".

El encuentro, citado para el próximo martes 11 a las 17 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja, será el tercero que se realice con la participación de invitados.

El año pasado se llevaron a cabo dos reuniones informativas con médicos, directores y autoridades de hospitales e instituciones médicas, representantes de prepagas y especialistas.

La primera de las jornadas tuvo lugar el 29 de noviembre, mientras que la segunda se realizó el 14 de diciembre. El objetivo es nutrirse de la información necesaria para trabajar luego en el consenso de los distintos proyectos de ley que hay presentados sobre ambos temas.

La Comisión de Salud de la Cámara alta, presidida por el legislador del Frente de Todos Pablo Yedlin, firmó el dictamen del proyecto de ley, venido en revisión de la Cámara de Diputados, que avanza con el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas. 

Este proyecto propone jerarquizar con fuerza de ley, y ampliar este plan nacional que fue creado en el 2008, y desde el 2010 funciona en el Hospital Garraham, y busca la detección temprana de estas cardiopatías que afectan a alrededor de 7.000 niños, niñas y bebés. 

Estas afecciones se detectan generalmente cuando los niños muy pequeños, o en el estado de embarazo, y por eso también se contemplan los estudios dentro del Programa Médico Obligatorio entre las semanas 18 y 22, para poder realizar una evaluación cardíaca fetal, y en el caso de que se detecte una anomalía poder proseguir con los estudios correspondientes, y que todas las personas tengan la cobertura necesaria para poder detectar estas condiciones. 

Al respecto, Yedlin explicó que lo que se intenta es tratar de dar garantía por ley a que el plan que continúe, y establece una red de complejidad creciente en la Argentina para este tema. También, la sanción establece la obligatoriedad en las obras sociales y las prepagas, a través de la incorporación en el Programa Médico Obligatorio, de la detección y diagnóstico temprano de esta enfermedad. 

Por otra parte, en reunión plenaria entre las Comisiones de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, se dio inicio al debate sobre el proyecto de ley de la senadora Silvia Sapag sobre los derechos laborales en las residencias del equipo de salud. 

La iniciativa apunta a modificar el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Residencias de 1979 para asemejarla a la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo de permitir a los residentes a que puedan tener los beneficios de cualquier trabajador que se encuentre dentro del marco de la ley. 

Sobre el mismo, la autora Silvia Sapag indicó que este proyecto de ley “viene a traer el resguardo de los residentes, y viene a poner límite a los abusos de las clínicas sobre los residentes, con la excusa de que ellos les proveen de una capacitación, que de ninguna otra forma no la podrían obtener”. 

“En general nosotros vemos que, con las distintas modificaciones de la ley vigente, los residentes han tenido reconocimientos. Tienen casi todos los derechos de un trabajador, pero lo que está faltando es que tengan, por ejemplo, un seguro de mala praxis, que tengan un lugar dónde denunciar los abusos, y lo que está faltando es que haya un tope a sus guardias. Además, está faltando un contrato a plazo fijo”. 

A su turno, Pablo Yedlin consideró que se trata de “un proyecto muy interesante, con un tema de mucha actualidad y de mucha importancia. En realidad, los sistemas de salud son definitivamente recurso humano capacitado que atiende a la población enferma. El recurso humano es fundamental”.  

“Los residentes estatales tienen una relación contractual laboral con el Estado, con todas las garantías que las relaciones laborales tienen. Pero la ley que rige las residencias a nivel nacional, que es una ley firmada por Videla, es absolutamente antigua, y establece en su articulado que la relación contractual nacional con los residentes es de beca de formación. Y eso ha llevado a una serie de aprovechamientos, en dónde no se les paga como personal de trabajo sino como una beca que suele ser baja, que no tiene los derechos laborales que debiera tener un profesional ya recibido que trabaja en ese día a día”, explicó el legislador. 

Finalmente, sostuvo: “La verdad es que es una preocupación establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, y me parece que es un tema que debemos tratar. El proyecto me parece más que interesante para ponerlo en agenda y en el corto tiempo podamos tener una propuesta que tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y del Ministerio de Salud para darle garantía a los residentes en el futuro”. 

Por último, el senador Mario Fiad celebró la esta posibilidad de que se esté tratando un tema trascendente: “La residencia médica es un modelo de formación de posgrado y remunerativo, con la cual hacía falta una vuelta de rosca para generar derechos, y sin duda alguna la posibilidad de que esos derechos sean progresivos y que llegamos a tener la mejor ley posible en un tema crucial y de sostenimiento de los hospitales públicos”. 

“Hoy uno de los grandes problemas que tiene el sector salud es justamente el tema de recursos humanos y debemos incentivar y reforzar para que tengamos el mejor talento humano en Salud. Por eso veo con muy buenos ojos que sigamos tratando el proyecto en comisión y que elaboramos la mejor ley posible”, concluyó el legislador. 

La Comisión de Salud del Senado, a cargo del senador oficialista Pablo Yedlin, tratará este miércoles el proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa, que se debatirá desde las 15.30 en el Salón Illia, fue votada en la Cámara de Diputados el pasado 24 de noviembre, donde obtuvo una amplia mayoría con 209 votos a favor y solo 2 en contra, de los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel.

El proyecto tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

A través de la iniciativa se incorpora como “estudio de rutina obligatorio para todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes entre las semanas 18 y 24, como primer nivel de detección, la evaluación cardíaca fetal”. “Las personas gestantes que resulten con alguna sospecha de gestar un feto con una cardiopatía congénita deberán ser derivadas para la realización de la ecocardiografía fetal a cargo de un cardiólogo pediátrico, como segundo nivel de detección”, agrega y establece que este estudio deberá incorporarse al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Entre otros puntos, el proyecto crea un Consejo Asesor de Cardiopatías Congénitas, que será de carácter honorario y estará conformado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y sociedades científicas que aborden esta temática.

Durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado, presidida por Pablo Yedlin (FNyP-FdT), pasaron a la firma tres proyectos con consenso: la iniciativa para jerarquizar por ley el Programa Remediar; una modificación de la Ley de Parto Respetado, que adiciona protocolos de atención a las muertes gestacionales y perinatales; y la ley de promoción de la enfermería, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.

El primero en tratarse fue el impulsado por María Eugenia Catalfamo (UC-FdT), en conjunto con Yedlin, sobre el Programa Remediar, que garantiza la llegada de medicamentos esenciales a centros de asistencia primaria en todos los rincones del país y colabora con 33 programas del sistema de salud que dependen de su sistema logístico.

La senadora oficialista destacó que “si todo sale bien, tres programas como el Progresar, Conectar Igualdad y Remediar podrán ser parte de la ley y que los cambios de gobierno no los desfinancien”. Lo hizo en alusión a otros proyectos que se tratarán también este miércoles en comisiones. Además, le agradeció a Luis Juez (Pro-JxC) por apoyar la iniciativa.

El vicepresidente de la comisión, Mario Fiad (UCR-JxC), manifestó: “Apoyo con mi firma este proyecto, que seguramente tendrá dictamen y será tratado en el recinto”. “El Programa Remediar fue vital e importante post crisis del 2001 brindando el acceso a la medicación”, recordó.

Al momento de tratarse el proyecto de ley de enfermería, Yedlin, quien fue autor del proyecto original presentado en la Cámara baja, precisó que "el 70% de las prestaciones que recibe un paciente son obradas por enfermeros. Argentina tiene baja cantidad de enfermeros por cantidad de habitantes”.

"El objetivo es avanzar para que la enfermería se jerarquice con universitarios y técnicos. Es una deuda que tenemos con los enfermeros porque fueron la primera línea de batalla durante la pandemia”, resaltó el tucumano.

El proyecto contó también con el apoyo de Lucía Corpacci (FNyP-FdT)y María Eugenia Duré (UC-FdT), quienes coincidieron en que “es de suma importancia un incentivo para que enfermeros y enfermeras sean considerados profesionales de la salud”.

En tal sentido, Duré destacó: “Para promover formación de calidad es importante la difusión en medios públicos acerca de la profesionalización de la enfermería en universidades públicas y privadas para dar a conocer la importancia de la profesión, y que no queden solo en héroes y heroínas de la pandemia”.

Por su parte, la senadora Carmen Rivero (Pro-JxC) planteó que “hay universidades provinciales que otorgan títulos que no son reconocidos en universidades nacionales”. “Es necesaria la creación de una certificación única para todos los enfermeros de la Argentina”, consideró.

El tercer proyecto, que fue presentado por su autor, el senador Antonio Rodas (FNyP-FdT), propone una modificación de la Ley 25.929 sobre Parto Humanizado, para agregar protocolos de atención a las muertes gestacionales y perinatales.

El oficialista explicó que la iniciativa "tiene relación con el de formación y desarrollo de la enfermería ya que busca capacitar a profesionales de la salud en casos de muerte perinatal”. Además, afirmó que “la iniciativa busca el acompañamiento y asistencia con las progenitoras en esos momentos difíciles”.

“Nadie esta psicológicamente preparado para enfrentar una compleja y delicada situación, como lo es la pérdida de un bebé en la etapa prenatal, y este protocolo, simple, va a permitir resguardar a las familias, clínica y psicológicamente”, desarrolló Rodas.

En la reunión también se pasaron a la firma un conjunto de proyectos de declaración.

El senador nacional Pablo Yedlin (FdT – Tucumán) brindó tranquilidad acerca de los “seis casos de neumonía bilateral de origen desconocido” que afectaron a seis personas en la provincia de Tucumán: “No ha sido identificada, pero no hay enfermedad nueva ni desconocida”, remarcó.

El exministro de Salud de la provincia de Tucumán sostuvo: “Estoy siguiendo con mucha preocupación lo ocurrido con este tema, porque no conocemos de cuál bacteria se trata”, relató por Continental Tucumán. Sin embargo, el senador afirmó: “Para dar tranquilidad a la gente, todos los síntomas de esta patología son tratables”.

“Tenemos un cuadro infeccioso y respiratorio, claramente de origen bacteriano en un grupo de personas que compartieron un ambiente determinado. Por el momento sólo sabemos que todos los casos se contagiaron en el mismo lugar y que evolucionaron de forma paralela”, desarrolló Yedlin.

Respecto a las personas internadas en el sanatorio privado de la localidad de  San Miguel de Tucumán, el senador lamentó el fallecimiento de dos personas, y amplió que “en algunos pacientes, el cuadro ha sido muy grave, ya que tres personas continúan en terapia intensiva”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores explicó: “Hay una gran posibilidad de que se trate de una enfermedad producida por una bacteria acuática. Las cuales habitan, y son muy comunes, en duchas, jacuzzis y piscinas”.

Yedlin recordó que “se han visto brotes similares en Tucumán en el año 75, por lo que se debió controlar cañerías y sistemas de agua”. Finalmente, el legislador concluyó: “Esperemos que los pacientes más graves mejoren y que no haya más víctimas fatales”.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados recibió a especialistas en salud para debatir políticas de cara a una reforma sanitaria.

El encuentro fue encabezado por el exministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein; Mario Rovere, médico sanitarista especializado en salud internacional y exviceministro de Salud de la Nación; y Andrea Uboldi, exministra de Salud de la provincia de Santa Fe.

Como primer orador, Rubinstein mencionó los “ejes programáticos” para abordar una reforma sanitaria. “Hay un primer eje que tiene que ver con el serio problema que tiene la salud en cuanto la articulación y la integración en el sector público”, advirtió, antes de remarcar que es necesario determinar “cuál es el rol del ministerio de Salud de la Nación, cómo poder reforzarlo y cómo se articula la relación Nación-Provincias”.

“Otro de los ejes tiene que ver con la expansión de la salud pública universal y una estrategia de abordaje de atención primaria, con la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas y el mejoramiento de las prestaciones”, dijo.

El extitular de Salud de la Nación también se preguntó sobre el funcionamiento de las obras sociales y el PAMI y remarcó que, otro eje programático, implica resolver “qué vamos a hacer con los medicamentos de altos precios y los recursos humanos que necesita el país”.

Por su parte, Mario Rovere analizó el rol de la salud pública durante la pandemia: “El sistema de salud en Argentina tuvo un desempeño razonable si se lo compara con otros países de América Latina. Países de marcada orientación de derecha tuvieron que amenazar a su sector privado porque no querían atender pacientes Covid”.

Asimismo, Rovere llamó a “discutir si efectivamente hay mandato constitucional de que la salud sea provincial, resulta imprescindible discutir eso”. En este aspecto, dijo que “las reformas ya no van a ser una cuestión de sanitaristas, la discusión empieza a ser una discusión política, una discusión de ciudadanos”.

Andrea Uboldi, en tanto, coincidió en que “se necesita una reforma del sistema, para ello deberíamos comenzar por los puntos de consenso; pensar en una integralidad”. “El desafío es grande, debemos considerar hacia dónde vamos y con qué herramientas legislativas contamos”, dijo.

“Cuando legislamos por patologías volvemos atrás en esta discusión que estamos dando, de pensar a la salud como un sistema integral”, detalló.

En este sentido, Uboldi llamó a “empezar a trabajar en acuerdos y empezar a pensar sobre qué implican las herramientas legislativas, vinculadas con el presupuesto, para poder avanzar”.

De la reunión también participaron funcionarios de la cartera de salud de diferentes jurisdicciones, en representación de la Comisión de Legislación del Consejo Federal de Salud (COFESA).

La Comisión de Salud del Senado, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para darle tratamiento a dos proyectos que cuentan con media sanción de la Cámara baja. Uno propone instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet para generar conciencia y prevención; y la otra iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana. Ambos proyectos pasaron a la firma.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

En primer lugar, dieron tratamiento al proyecto que busca instaurar cada 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet, del cual el titular de la Comisión bregó para que sea tratado y se convierta en ley en la próxima sesión de la Cámara. Asimismo, explicó que “es una enfermedad, una epilepsia refractaria, mioclónica de los niños, muy grave. Es una enfermedad que hoy lamentablemente no tiene un tratamiento curativo”, y sumó que el control de las convulsiones “cuesta mucho”.

“Además genera un retraso madurativo en los chicos con esta enfermedad y se ha estado intentando porque, es la enfermedad con mejor evidencia en cuanto al tratamiento con el cannabis medicinal, es la enfermedad en cuanto a bandera de la efectividad de esta medicación en el mundo y se está usando para eso”, explayó Yedlin a lo que informó que varios estudios muestran una “efectividad en la reducción de crisis”.

En ese contexto, contó que “había un Día Internacional que era este mismo día que proponemos”, motivo por el cual precisó que el proyecto busca instituir el 23 de junio como Día Nacional con el objetivo de “poner en jerarquía esta enfermedad e instituye, de alguna manera, la necesidad de la capacitación, el control, el tratamiento de estos chicos a lo largo y ancho de la Argentina”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión, el jujeño Mario Fiad, reforzó los conceptos que su predecesor dio sobre la patología agregando que “hay que poner en evidencia las campañas que van a promover la capacidad y el conocimiento de la difusión y de la prevención de muchas acciones que se deben tener”. También recalcó la eficacia del cannabis medicinal porque “hay experiencias que han reducido las posibilidades de su evolución”.

Concluido el primer tema de forma satisfactoria, pasaron a darle tratamiento a los expedientes sobre la prevención y control de la resistencia antimicrobiana. “Es un proyecto que cuesta un poco explicarlo”, sostuvo el tucumano y resaltó: “Tiene alguna complejidad técnica, pero es de suma importancia y estamos bregando para que esta ley se constituya”.

En ese sentido contó que la Organización Mundial de la Salud dentro de los 10 problemas más grandes de salud pública que enfrenta el mundo, antes de la pandemia, uno de ellos es la resistencia antimicrobiana que “no es otra cosa que las bacterias, los virus, los parásitos, los microorganismos en general que no se enferman van generando resistencia a los tratamientos que tenemos contra ellos”.

“La aparición de los antibióticos en la medicina es un fenómeno moderno de la post guerra. En estos años, a lo largo del tiempo los microorganismos, a pesar de la producción y variados antibióticos, antivirales y antiparasitarios, los microrganismos en general han ido generando resistencia. Esto nos pone en una situación tal que, ante determinadas infecciones, nos quedamos sin arsenal terapéutico contra estas infecciones”, explicó Yedlin.

A su vez, recordó que en la pandemia han tratado a personas en terapia intensiva en donde tenían “sobre infecciones bacterianas no teníamos antibióticos de la potencia o todo tipo suficiente para arle batalla”, e informó que en el mundo por año fallecen 700 mil personas por dicha enfermedad y advirtió que si no “batallamos” en los próximos años las muertes podrían ser millones.

“¿Cómo se hace para trabajar en la resistencia antimicrobiana?”, preguntó el titular de la Comisión de Salud a o que respondió: “Es un trabajo complejo, por eso la ley es relativamente extensa. Por un lado, requiere de la supervisión de las infecciones sobre todo las asociadas a las cuestiones de salud que son las que ocurren en las terapias intensivas, en hospitales. Por otro lado, el control, el Comité de Infecciosas, el uso juicioso de los antibióticos dentro de las instituciones de salud es una parte importante de esto”.

En esa línea, explicó que el proyecto prevé un plan nacional de control de enfermedades producidas por agentes resistentes y también que para la compra de un antimicrobiano en una farmacia no baste con una receta, sino que va a exigir una receta archivada como los psicotrópicos; el médico deberá incluir el diagnóstico en la receta.

 “Otro de los problemas es que se hacen tratamientos muy cortos, no se cumple con el ciclo del tratamiento y las bacterias generan resistencia. La ley exige a la industria farmacéutica la readecuación de los formatos de venta con el tratamiento completo”, precisó Yedlin y remarcó que la iniciativa “abarca la problemática de la antimicrobiana de manera integral. Esto es un avance importante”.

Tomó la palabra nuevamente Fiad quien manifestó: “Los proyectos tienen que ser en beneficio de la gente, independientemente de quienes lo presenten”, y reforzó: “El tema de fortalecer el control en la prescripción, en el tema del expendio y la adecuación de los envases. Es un poco de lo que cotidianamente tiene posibilidad de acceso a la farmacia porque cualquiera prescribe un antibiótico y eso ocurre sistemáticamente y esto frente a darle fin a esto y a darle un concepto científico con prevención futura con respecto a la expectativa de vida en el tiempo”.

En el uso de la palabra, la secretaria de la Comisión, Lucía Corpacci (FdT – Catamarca), resaltó las palabras de su predecesor y señaló: “Estamos tratando un proyecto de ley que tiene que ver con una realidad del país que es la automedicación porque cualquiera va a la farmacia y vamos y lo compramos”.

“La automedicación existe con muchos medicamentos, el problema con los antibióticos, cuando uno se automedica y se los utiliza mal, el problema es que se genera resistencia porque cuando no se completa el tratamiento se destruyen un porcentaje de bacterias, pero las que perduran en el individuo son las que no han sido sensibles a ese antibiótico. Esa bacteria se multiplica y si se contagia a otra persona es con esa bacteria resistente, por eso es un problema de salud pública”, advirtió Corpacci y subrayó la necesidad de legislar para que el antibiótico “no se venda como si fuese una golosina en la farmacia”.

En su intervención la senadora puntana Eugenia Catalfamo destacó a las autoridades de la Comisión y preguntó por la cantidad de niños que en el país sufren del Síndrome de Dravet. Ante lo que Yedlin respondió que “se calcula 1 cada 16 mil. No hay un registro argentino claro”.

Una pregunta parecida, pero sobre la resistencia antimicrobiana, lanzó la senadora opositora Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y señaló que “esta ley dice que se cumpla la otra ley que ya tenemos que tiene que diagnóstico cualquier receta. Deberíamos hacer que las instituciones que controlan funcionen”. “Números generales no tenemos, podemos pedirle al Ministerio de Salud para la presentación en el recinto”, aclaró Yedlin.

A su turno, la vicejefa del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, compartió las palabras de Fiad y sumó: “Es importante que esto no solo se vea desde el ámbito de la política de salud sino lago integral que tenga que ver con la alimentación y la ambiental”, y celebró que “todos estemos de acuerdo con esto”, y destacó la implementación de la Ley del Etiquetado Frontal que “tiene un capítulo muy importante sobre el tema de la publicidad”.

El proyecto

La iniciativa busca la creación de un “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de una “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada'”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica”. La iniciativa viene con una modificación en el artículo 13 que reza: “Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativo de los medicamentos que incluyan Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), que tengan actividad antimicrobiana sistémica, solamente pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase”.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.

Luego de un receso invernal de tres semanas, el Senado reanudará la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisiones, que comenzará este martes a las 15 con la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima que preside el oficialista Matías Rodríguez. El encuentro será en el Salón Illia.

Tres horas más tarde, a las 18, fue citada la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, comandada por la senadora de JxC Beatriz Ávila, a fin de tratar proyectos sobre transferencia de inmuebles; cambios en el modo de selección de los miembros del directorio del ENARGAS y el ENRE; y la iniciativa con media sanción sobre instalación de señalética referida a las Islas Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas argentinas en el mundo.

En tanto, el miércoles a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda del miércoles corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, a las 14.30. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Tras el receso invernal en el Congreso, la próxima semana comenzará a reactivarse la labor parlamentaria de las comisiones y el Senado ya se anotó para el miércoles 3 de agosto un par de reuniones.

Entre ellas, a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda de la Cámara alta está previsto para las 14.30 y es el que corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto de ley vinculado a los cuidados paliativos, que tiene media sanción del Senado y ahora resta que sea tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sobre la iniciativa, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), destacó que "viene con sanción unánime del Senado" y se trata de "un gran proyecto". "Todos coincidimos que es un gran avance y espero que cuanto antes lo podamos aprobar", dijo.

Por su parte, la diputada Mara Brawer (FdT) resaltó que "hace muchos años que venimos peleando en esta cámara para que este proyecto se haga realidad". "El cuidado para aquellas personas que viven una enfermedad limitante o amenazante es un derecho, por lo tanto el Estado lo debe garantizar, y lo tiene que hacer teniendo en cuenta sus historias de vida, a sus familias y la red de cuidados que esa persona necesita", sostuvo.

En tanto, la legisladora Sofía Brambilla (Pro), quien tenía un proyecto similar presentado, ponderó: "Que el Estado esté dando una respuesta en materia de formación y acompañamiento al personal de salud, a los profesionales, no solo para el paciente, sino también para las familias, es fundamental, y es un área que creo que hasta el momento no se había cubierto".

Ante planteos de modificaciones planteados por el diputado Gustavo Bouhid (UCR), su par Rubén Manzi (CC-ARI) aclaró que "muchas provincias necesitarán adherir o generar su propia ley. No nos olvidemos que nuestro alcance está relativizado por lo federal del sistema de salud".

Otro de los oradores fue el vicepresidente de la comisión, Daniel Gollan (FdT), quien analizó que "muchos de estos problemas de salud tendrían que tener respuesta desde los sistémico. Hay respuestas que deberían ser sistémicas, no necesitaríamos de leyes. Si está el problema de salud, el sistema debiera dar respuesta".

En ese sentido, consideró que "es necesario rediscutir cuestiones de fondo" sobre "qué modelo de atención tenemos de la salud, qué modelo de gestión y qué modelo de financiamiento".

El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En ese marco, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Resistencia antimicrobiana

Luego se pasó a tratar el proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Se trata de un texto similar al que había presentado el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin, y que había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. En mayo pasado, Fein, Gollan y Manzi presentaron nuevamente la iniciativa.

Fein resaltó que "la Organización Mundial de la Salud viene planteando desde hace mucho la importancia de tener esta ley", que busca dar "jerarquía de ley a lo que ya existe", como el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana.

En su intervención, Gollan aseguró que "es una ley muy importante" porque la situación "es grave: nos vamos a quedar sin antibióticos", advirtió. "En el conjunto nacional, unas 10 personas de cada 1.000 ya presentan casos de resistencia bacteriana; y en Buenos Aires, 40. ¿Por qué? Porque hay más médicos prescribiendo", informó.

"Los médicos con esto (señalando una lapicera) somos muy peligrosos", expresó y agregó que "hacemos cosas muy buenas pero también hacemos cosas que generan este tipo de problemas". "Nos estamos quedando sin una herramienta extraordinaria como son los antibióticos. Se nos está acabando la línea de antibióticos para determinados tipos de bacterias, y además cada vez más caros, pero además no aparecen sustitutos", alertó.

Sobre ese concepto, Manzi manifestó que la automedicación de la población es una "batalla educativa, más que punitiva" que hay que dar, y opinó que en Buenos Aires el número es mayor "no solamente porque haya más médicos prescribiendo, sino también hay más gente con acceso de automedicarse".

Al cuestionar uno de los artículos del proyecto, Bouhid se refirió a "la prohibición de las muestras gratis". "La muestra gratis seguramente viene a ayudar a los que no tienen la posibilidad de comprar medicamentos", señaló y opinó: "Me parece que es un error y va en contra de la profesión médica".

El tema abrió un profundo debate, durante el cual la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) apoyó ese planteo y pidió pensar "una nueva redacción para este artículo". "Ante poblaciones de vulnerabilidad socio-económica es una herramienta fundamental muchas veces esa muestra", dijo.

A su turno, el diputado Luis Di Giacomo (JSRN) apuntó que "no estamos contemplando lo que significa en comunidades y pequeños lugares la muestra gratis". El legislador explicó que el hecho de que "esté mal administrada es una cuestión que hay que combatir por otro lado" pero "no podemos prohibir la muestra médica".

En nombre del oficialismo, la diputada Paola Vessvessian (FdT) propuso "hacer una mesa de trabajo así cuando llegamos al recinto está más trabajado y realmente refleja la realidad desde todas las visiones. Podemos consultar también al Ministerio de Salud y hacer una ronda para una nueva redacción" del artículo en cuestión. Así, se pasó a la firma, y la diputada Dina Rezinovsky (Pro) aclaró que su bancada acompañaba el dictamen de mayoría, pero con disidencias sobre ese punto.

El proyecto jerarquiza el “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de la “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada'”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica” y “las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial; muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa, de los medicamentos que incluyan IFA que tenga actividad antimicrobiana sistémica”, lo que generó la discusión este martes y será modificado de cara al recinto.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.

Además, en el encuentro de este martes se completaron las autoridades de la comisión, con la designación de las diputadas oficialistas María Luisa Montoto y Rossana Chahla como secretarias; y se despacharon proyectos de resolución y declaración.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein (interbloque Federal), realizará este martes a las 13.30 una reunión en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja.

El temario del encuentro incluye un proyecto por el cual se asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En ese marco, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Por otra parte, se pondrá en discusión un proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Un texto presentado por el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. En tanto, en mayo pasado, Mónica Fein también presentó una iniciativa en este sentido.

Según la propuesta impulsada por la presidenta de la comisión, se busca la creación de un "Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud", y de una "Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)".

También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que "todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de 'venta bajo receta archivada'".

El proyecto prohíbe "toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica" y "las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial; muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa, de los medicamentos que incluyan IFA que tenga actividad antimicrobiana sistémica".

Asimismo, establece que "deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes" y que "se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano".

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.

Durante un plenario de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y Presupuesto y Hacienda del Senado, recibió este jueves dictamen unánime el proyecto de ley de oncopediatría con media sanción de la Cámara baja.

Asimismo, las comisiones de Salud y Presupuesto avanzaron luego con el despacho favorable -también por unanimidad- del proyecto de la nueva ley de VIH, votado en Diputados en el 5 de mayo pasado.

Oncopediatría

Al abrir el encuentro realizado en el Salón Illia, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) manifestó que "esperábamos y, sobre todo la comunidad de familiares de niños con cáncer de toda la Argentina, que este proyecto se pudiera transformar en ley en el corto plazo".

Al aportar cifras, el presidente de la Comisión de Salud detalló que "en 2020 hubo en Argentina cerca de 1.919 casos de cáncer infantil. Es un número que se repite lamentablemente todos los años". Mientras que "578 niños mueren por año, entre 0 y 19 años" y "la prevalencia de casos -en cinco años, a 2020- es de casi 6.643". No obstante, rescató que "más del 60% del cáncer infantil hoy tiene tratamiento y curación".

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, María Belén Tapia (UCR), aseguró que se trata de "un tema que por su sensibilidad merecía que escuchemos a la sociedad y lo pongamos en pronto tratamiento". "Es un tema que nos toca transversalmente, deja de lado las grietas, las diferencias ideológicas y partidarias", agregó.

La santacruceña dijo que se trata de "darles herramientas concretas a las familias" y destacó que "esta iniciativa es fruto de la militancia de diferentes colectivos que se organizaron a lo ancho y largo del país".
El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.
En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Nueva Ley de VIH

Durante la reunión, la senadora Silvina García Larraburu (FdT) recordó que "desde el año 2016 que he presentado la primera iniciativa que fue fruto del trabajo mancomunado con más de 50 organizaciones". "Esta ley ya tenía 30 años de vigencia, se necesitaba la actualización", consideró. La rionegrina sostuvo que "la ley siempre es perfectible y mejorable, pero luego de 30 años esta es muy superadora".

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), ratificó el apoyo de todo el interbloque y celebró "la rapidez y celeridad con la que se ha tratado". El radical apuntó que en el país "hay un 30% de un diagnóstico tardío" en el caso del VIH y "un 50% de subregistro de las hepatitis". Por eso, remarcó la importancia que tendrá la "reglamentación e implementación" una vez sancionada la ley, para llevar a cabo "campañas de incentivo para que se pueda hacer la prevención necesaria".

El proyecto con media sanción deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990. Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

Cuando resultó electo senador por Tucumán, en las elecciones del año pasado, Pablo Yedlin tenía todas las fichas para ser el próximo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta. Comisión que, hasta diciembre, estuvo en manos de la oposición. Finalmente, y tras varios meses de retraso, se constituirá este miércoles y quedará para el oficialismo.

Médico de profesión y exministro del área en su provincia, el legislador del Frente de Todos fue una de las caras visibles durante la pandemia, cuando estuvo al frente de la misma comisión, pero en la Cámara baja. Ahora, en la previa de asumir ese mismo cargo, pero del otro lado del Salón Pasos Perdidos, dialogó con parlamentario.com acerca del trabajo que viene.

En lo inmediato, el senador reveló que "hay mucho acuerdo para que salgan" y se sancionen en una próxima sesión los proyectos sobre nueva ley de VIH y ley de oncopediatría.

Por otro lado, el oficialista opinó que "el gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley" sino que "se ha invertido poco".

Además, Yedlin habló sobre su intención de debatir "la integración del sistema de salud en la Argentina" y cómo se regula el precio de los medicamentos.

También destacó que en los temas de salud "no hay grieta" y hay que "tratar de que no se meta", ya que "en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso".

Luego de conformarse la Comisión de Salud, ¿con qué temas está previsto avanzar en el corto plazo?

Si se puede vamos a convocar para una reunión de la comisión este jueves, para esta misma semana dar despacho a dos proyectos de ley que tenemos hace bastante dando vuelta, y que me parece que hay mucho acuerdo para que salgan, así que para qué demorarlo. Y por ahí poder tenerlos en una próxima sesión ya. Son media sanciones de Diputados, la de la nueva ley de VIH y la ley de cáncer infantil. Ambos proyectos en los que participé (en el debate) en Diputados.

La nueva ley de VIH, que en realidad no es solo de VIH, sino también de enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y hepatitis virales, es un proyecto interesante que viene a modernizar la vieja ley de VIH, que es una ley que tiene muchos años, que es una ley que generó muchos derechos a los pacientes con enfermedades en la Argentina en ese momento, cuando casi nadie tenía leyes de este tipo. En Latinoamérica nadie y en el mundo muy pocos, y la verdad es que permitió que los pacientes con VIH en la Argentina accedieran a tratamientos en forma gratuita a lo largo de todos estos años. Pero se agregan otras necesidades de los colectivos, más allá de las otras enfermedades, se agrega, por ejemplo, unos beneficios de ANSeS para personas con VIH con más de diez años de diagnóstico, que tengan 20 años de aporte para poder jubilarse. O sea, no se les va a exigir los 30 años de aporte. Por otro lado, aquellas personas con VIH que tengan la enfermedad activa y tengan situaciones sociales muy complejas van a poder recibir una pensión también.

Básicamente también pensamos en algunos colectivos con VIH que son muy discriminados, que forman parte de los grupos LGBTIQ, y gente que se ve en alto riesgo de exposición, sobre quienes se genera una situación de enorme vulnerabilidad social, entonces el Estado de alguna manera los va a apoyar.
La iniciativa también prohíbe taxativamente estudios pre-laborales de VIH para no discriminar a personas que buscan trabajo.

Y oncopediatría es una ley que viene de Diputados, donde también se trabajó mucho, y basicamente lo que hace es, además de garantizar el tratamiento, que eso en la Argentina ya está, es darles algunas ayudas a las familias con chicos con cáncer que, cuando sobre todo son del interior y tienen que viajar a Buenos Aires a hacerse el tratamiento, les permitirá como tener un certificado de discapacidad transitorio por dos años mientras dure la enfermedad. Entonces podrán conseguir pasajes de forma más fácil o gratuita, lugares para estacionamiento reservado, entre otras cosas.

Por estos días hay un debate interesante en torno a la Ley de Salud Mental, ¿se va a abordar una discusión para modificarla?

La Ley de Salud Mental es una ley que tiene muchos años, viene de 2010. Es una ley a la que se la está criticando hoy, en las últimas épocas, pero para mí no es correcta la crítica respecto a las internaciones compulsivas que la ley impide. Justamente, el objetivo de esta ley, en sintonía con todas las leyes de salud mental del mundo moderno, evitan las internaciones compulsivas. Lo que pasa es que también hay que recordar es que la ley sí permite internaciones compulsivas en algunas situaciones en donde, a pedido de un médico que claramente estipule por qué ese paciente no puede voluntariamente internarse, porque su condición psiquiátrica se lo impide, o no se da cuenta de la realidad en la que vive, o es un paciente adicto que no tiene capacidad para poder tomar esta decisión, el médico o un profesional tratante puede pedir al juez que le habilite la internación compulsiva. Eso existe.

El gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley, el problema es, y ahí sí creo que hay bastante coincidencia, es que se ha invertido poco en salud mental en la Argentina. También acá quiero rescatar que, cuando se dice esto, en general se va a ver el Presupuesto de la Dirección de Salud Mental de la Nación para saber cuánto se invierte. Y en realidad, en un país como el nuestro, un país federal, hay que entender que cada una de las provincias son autónomas. Que las direcciones propias, y la inversión real en salud mental las hacen las provincias. ¿En qué? En hospitales multivalentes que tengan sala de salud mental, profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, disponibilidad de recursos, eso es responsabilidad de cada una de las provincias. No tiene que ver la Dirección Nacional, que sí es un órgano rector, consultor, coordinador. A veces ayuda en financiamiento, compra vacunas o insumos, pero de ninguna manera es responsable de la salud de las poblaciones, esto lo define cada una de las provincias, entonces es difícil querer cambiarlo a través de la Ley de Salud Mental. Lo que hay que hacer es cambiar cada una de las realidades provinciales, y hay provincias que han avanzado mucho. Tucumán, por ejemplo, es una provincia que, hace unos años atrás, antes de la ley, tenía solo dos hospitales monovalentes, o sea que eran solamente psiquiátricos, uno de mujeres y uno de varones. Hoy eso ya no existe, se transformaron en hospitales generales con salas de salud mental. No teníamos psicólogos en los centros de atención primaria, y hoy todos tienen uno.

Pero cada vez que se resuenan casos mediáticos se pone el foco en la letra de la ley…

No todo se soluciona con leyes. Y tampoco es verdad que la Ley de Salud Mental sea una mala ley. Yo no voy a acordar con eso. Para mí es una ley muy importante, que ha marcado muchos derechos para los pacientes con problemas psiquiátricos, y con problemas en el uso de sustancias, pero me parece que el problema no pasa por ahí. Entonces querer solucionar un problema, generándose otro, me parece que no es correcto.

También es verdad que ninguna ley es perfecta, y que toda ley puede ser perfectible. Yo estoy dispuesto a escuchar propuestas de modificación. Ahora, lo que no me parece es que le caigamos a la Ley de Salud Mental con la culpa de que determinada jurisdicción tenga mayor o menor capacidad de internación, tratamiento y acompañamiento de pacientes psiquiátricos. Por otro lado, hoy por hoy, la internación de pacientes con problemas de adicciones o con problemas psiquiátricos, es muy baja. La mayoría de estos pacientes se trata de forma ambulatoria.

¿Qué otras cuestiones tiene previsto llevar a la Comisión?

Me parece que el gran tema es la integración del sistema de salud en la Argentina, que no quiere decir unificar el sistema de salud en un sistema público único al estilo español o al estilo inglés. Esos son países que han unificado en un sistema único con financiamiento público. Yo no digo que ese sea el camino de la Argentina, pero sí creo que el sistema fraccionado y segmentado que tiene el sistema argentino, que somos federales, genera un fraccionamiento que debe de alguna manera tener un órgano rector claro, que es el Ministerio de Salud de la Nación, sin ninguna duda para mí, que debe existir y ser fuerte. Lo digo porque hay muchos comentarios de candidatos a presidentes que quieren que no haya ministerio, Patricia Bullrich, (Javier) Milei, y todos estos muchachos. Que no solo lo dicen, sino que lo hicieron, en 2018 nos dejaron sin Ministerio. Creo que la Argentina no puede darse el gusto nunca más de no tener Ministerio. Tres veces nos pasó: dos veces con gobiernos militares y una vez con Mauricio Macri.

Esto es necesario, pero también hay muchas normativas que hay que compatibilizar. Y eso lo está llevando adelante la ministra (Carla) Vizzoti, con los ministros de las provincias, en el COFESA (Consejo Federal de Salud).

Otro tema que me parece muy importante en la Argentina, que debemos considerar, es el tema del precio de los medicamentos. Argentina tiene un sistema de salud que se basa en un derecho constitucional y, por lo tanto, debe acceder a un bien social como es el medicamento. Entonces, la inflación de los medicamentos de alguna manera debe controlarse. No podemos tener en un sistema, insisto, en donde la salud es un derecho, y los medicamentos al arbitrio del mercado, sin ningún control. Eso no puede pasar. Esto para los medicamentos de precio normal, y después, para los medicamentos de muy alto precio, que hoy son un problema en todos los sistemas de salud, porque son tremendamente caros, un millón, dos millones, 500 mil dólares por año, durante muchos años, para eso hay que generar un seguro para altos costos, que sí me parece que es responsabilidad del Ministerio de la Nación trabajar en eso.

También debemos avanzar en institutos nacionales de calidad. Por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica, que sería un instituto autárquico, independiente, con su propio presupuesto. Esto permitiría decir qué medicamentos o tecnologías médicas el sistema solidario de salud argentino debe pagarles a los argentinos y cuáles no.

¿Cómo ve que pueda darse el trabajo con la oposición?

En los temas de salud hemos conseguido consenso generalmente. Mario Fiad (expresidente de la Comisión de Salud) es una persona amiga. Hemos trabajado mucho cuando yo estaba en Diputados y él acá (por el Senado). Creo que tenemos una mirada compartida en el sentido de que lo que tenemos que hacer, que es generar más salud para los argentinos. No hay grieta en estos temas, y tenemos que tratar de que no se meta; porque al final, en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso, entonces si se avanza con leyes en las que no hay consenso, no van a prosperar.

Constituidas finalmente las comisiones de la Cámara baja, ahora es el turno del Senado, donde van conformándose todas las que restan. Entre ellas la de Salud, que se reunirá este miércoles a partir de las 14.30, para designar a sus autoridades.

Ya se sabe que la integrarán, por parte del oficialismo, los senadores Pablo Yedlin, Anabel Fernández Sagasti, Lucía Corpacci, Antonio Rodas, María Eugenia Duré, José Emilio Neder, María Eugenia Catalfamo, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada.

También estarán, por Juntos por el Cambio, Mario Fiad, Gladys González, Stella Maris Olalla, Beatriz Avila, María Belén Tapia y Carmen Alvarez Rivero, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba.

Según pudo saber parlamentario.com, el senador Pablo Yedlin será ungido al frente de la comisión, y ya ocupó el mismo cargo en la Cámara baja hasta el 10 de diciembre pasado, donde tuvo mucha centralidad con motivo de la pandemia.

Durante su gestión en el Congreso, el tucumano fue impulsor, entre otros, de proyectos como el de la receta electrónica o digital, y la Ley de Vacunas 27.491, como así también la nueva ley de Enfermería.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja llevó a cabo este jueves en el Anexo “A” la reunión para constituir ese cuerpo de trabajo que era presidida por el tucumano Pablo Yedlin y ahora será manejada por la santafesina Mónica Fein del interbloque Federal.

Las vicepresidencias quedaron en manos de Daniel Gollan (FdT) y de Rubén Manzi (CC). Durante la elección de autoridades, fueron designados secretarios Paola Vessvessian por el FdT, y Dina Rezinovsky y Gustavo Bouhid por JxC, mientras que quedaron dos cupos aún por nombrar.

“Es una comisión muy importante, agradezco la oportunidad de trabajar en ella. Trabajamos mucho durante la pandemia y vamos a continuar con eso”, expresó Fein y sumó: “Es un honor trabajar con personas con tanta trayectoria que han ocupado ministerios, que han llevado adelante políticas concretas, que tienen un compromiso claro con la salud que es un derecho humano que debe ser garantizado con equidad, universalidad, eficacia y eficiencia para todos”. Además, destacó la presencia de la “gran cantidad de mujeres” en la Comisión.

También, aclaró que harán “un recorte de algunos de los temas” y abogó por trabajar con otras comisiones porque hay muchos temas que se entrelazan con un concepto integral de salud.

Por otro lado, remarcó que se formó con sanitaristas que le “enseñaron el rol fundamental del Estado” porque “más allá de los errores, el Estado pudo articular una formidable acción de atención, vacunación con otras provincias y vuelve a poner en debate nuevos desafíos”.

“En este primer día de Comisión presencial hay que reconocer a los profesionales de la salud y trabajar en algunas propuestas que tiene que ver con las condiciones de los equipos de salud para fortalecer en el sistema estructural de salud. Venimos de un sistema fragmentado y la tecnología tiene un centro fundamental, tenemos que trabajar en la centralidad para que el derecho a la salud esté garantizado”, remarcó Fein.

En tanto, señaló: “Tenemos que trabajar para mejorar el sistema de salud, se han presentado muchos proyectos que seguro nos van a llevar a buenos resultados. Creo que hay algunos temas para ponerlos de acuerdo para priorizar y tener una agenda muy activa, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar la Comisión. Creo en el rol del Estado para intermediar, es fundamental, todos queremos un estado eficiente y transparente”.

“Esta pendiente tratar la ley de VIH que tuvo paso por esta Comisión y la de Presupuesto, que tuvo dictamen, pero en extraordinarias no se trató, debemos priorizar el tema”, recordó la presidenta.

Por su parte, su coterráneo Gollan manifestó: “Es una alegría estar como vicepresidente acompañando a Fein con quien hemos trabajado muchos temas. Va a ser muy provechosa y sobre todo en temas muy específicos que están en carpeta sobre todo la desorganización del sistema sanitario y poder hacer aportes desde la Cámara para que el pueblo tenga más y mejor salud”.

A su turno, Bouhid recordó que “desde 1983 la agenda de salud ocupó el centro de la mirada política. No lo elegimos nosotros, lo decidió la pandemia. Está en nosotros aprovechar el impulso que dio este beneficio secundario de la pandemia. Tenemos que seguir trabajando fuerte porque en Argentina subyace un debate profundo de cómo mejoramos el sistema de salud”.

“Dos temas que no fueron mencionados que están en carpeta son resistencia microbiana y carrera o profesionalización de enfermería, podemos avanzar rápido en eso. Hay temas en carpeta que nos darán motivos para vernos seguidos y trabajar”, indicó el jujeño.

Al tomar la palabra, la radical Carla Carrizo solicitó incorporar a la agenda de trabajo el tema de salud mental y niños, niñas y adolescentes porque “no están contemplados en la ley” y eso no se puede “peticionar en términos presupuestarios porque no están mencionados en la ley”. En tanto solicitó la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para que explique la estrategia que lanzó este lunes el Ejecutivo sobre salud mental.

“Sería inteligente citarla para poder posicionar todos los proyectos de salud mental que esperan en la comisión y quedaron congelados por la pandemia. Hay un expediente que está hace 6 años esperando que es el primer programa de salud mental para niños en dispositivos comunitarios, algo que no existe en el país y está estudiado, pero el Estado no lo nacionaliza. UNICEF ha declarado la emergencia en salud mental de adolescentes”, añadió la cordobesa.

Por el FdT forman parte los legisladores Juan Carlos Alderete, Mara Brawer, Nilda Carrizo, Rossana Chahla, Federico Fagioli, Daniel Ferreyra, Ana Carolina Gaillard, Daniel Gollan, Florencia Lampreabe, Jimena López, Mónica Macha, María Carolina Moisés, María Luisa Montoto, Cecilia Moreau, Estela Mary Neder y Paola Vessvessian.

Mientras que por JxC estarán Marcela Antola, Lidia Ascárate, Gustavo Bouhid, Sofía Brambilla, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Jimena Latorre, Silvia Lospennato, Rubén Manzi, Victoria Morales Gorleri, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Sebastián Nicolás Salvador y María Sotolano.

Completan la nómina el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y la electa presidenta Mónica Fein (Partido Socialista).

En lo que respecta a la agenda de trabajo, acordaron realizar las reuniones los días martes a las 13.30.

La salud física y mental, las secuelas de una pandemia que no termina de cerrar su ciclo. Las nuevas mutaciones del virus. La preocupación internacional. La lenta y cuidadosa vuelta  a la “normalidad” tal como la conocemos. Los miedos y los cuidados que implica.  La importancia de lograr una inmunidad de rebaño. Las dudas y certezas acerca de las distintas vacunas, son parte de los temas que este 2021 marcaron la agenda pública y que no estuvieron ausentes en el trabajo cotidiano de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, que tengo el honor de presidir.

Entre las numerosas actividades y contenidos que debatimos, además de importantes avances en materia legislativa, quiero destacar el balance positivo, por el trabajo llevado adelante por los equipos de asesores y legisladores y por los consensos alcanzados.

Este año, la Comisión de Salud recibió la certificación de calidad IRAM ISO 9000:2015 por la calidad de la gestión realizada. El reconocimiento fue entregado por la Dirección General de Modernización, Sustentabilidad y Fortalecimiento Institucional de la Legislatura de la CABA.

Uno de los proyectos más importantes que facilitó y agilizó la prescripción de medicamentos para los vecinos porteños, es la Ley del Sistema de Receta digital. Fue muy esclarecedora la participación del Dr. Leandro Alassia, cuyos aportes en la Reunión de Asesores de la Comisión de Salud fueron significativos.

En la Comisión también se trabajó en generar iniciativas para promover la  concientización y prevención de enfermedades  como el cáncer de mama, el síndrome de Wolf  - Hirschhorn, el Alzheimer, la diabetes, el ACV, la esclerosis múltiple, la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), déficit de atención e hiperactividad, a través de la promoción de campañas públicas de distinta  índole.

La adhesión a la Ley Nacional 26281 de prevención y control del mal de Chagas fue otro importante avance. Cabe mencionar que esta enfermedad afecta a cerca de un millón y medio de personas de los cuales  250.000 son menores de 14 años, y una población en riesgo superior a los 7 millones de personas. Cada año nacen en Argentina unos 1.300 niños con Chagas que deben y pueden ser diagnosticados y tratados. Entre las personalidades que aportaron al debate de este tema estuvieron:  Lic. Marcelo Seijas, Periodista; Director Ejecutivo de la Fundación T.E.A.  Lic. Elida Cecconi, Lic. Trabajo Social UBA. Dra. Mariana Sanmartino - Bióloga (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

Una distinción especial tuvo la Iniciativa “Mandinga Tattoo por América” de la Fundación Mandinga Tattoo, es una organización sin fines de lucro que, desde el 2015 realiza la reconstrucción de areolas mamarias a mujeres que padecieron cáncer de mama, debiendo someterse a una mastectomía. De forma totalmente gratuita y bajo la dirección de Diego Staropoli, fundador y presidente de la Fundación, sus integrantes han transformado las vidas de más de mil doscientas mujeres mediante sus tatuajes, dado que hasta ahora no existe un implante o procedimiento médico disponible en ese sentido.

Entre los destacados médicos que participaron de encuentros y diversas actividades especiales, contamos con la presencia del Dr. Omar Tabacco, Pediatra Gastroenterólogo que abordó el tema de la Presencialidad Escolar.

Además, durante este año legislativo recibimos a diversos Funcionarios y Funcionarias de Salud de CABA quienes compartieron la planificación de cada área del Ministerio de Salud de esta Ciudad respecto a la Pandemia, haciendo el foco de la exposición exclusivamente en Salud (Situación Epidemiológica-Testeos-Plan de vacunación- UFUS-UFIS- Fortalecimiento del Sistema de Salud- La estrategia de este año-, entre otros temas) entre ellos estuvieron: Dr. Daniel Ferrante -Subsecretario Planificación Sanitaria de CABA-, la Dra. Laura Cordero -Subsecretaria de Atención Hospitalaria-, el Dr. Gabriel Armando Battistella -Subsecretario de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria-, la Dra. Paula Lorena Zingoni - Directora General de Planificación Operativa- y la Dra. Carolina Fitzpatrick -Directora General de Legal y Técnica-.

El Dr. Fabián Portnoy, Director en Coordinación Salud Sexual, VIH el ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, compartió sobre el trabajo de la Dirección que coordina, respecto a la nueva guía para la provisión de métodos anticonceptivos en el subsistema público de la CABA, explicando las incidencias y la forma de trabajo respecto a su función en las distintas Áreas (Cesacs, CIM, etc) en esta  pandemia.

Dra. Ángela Gentile, Jefa de Departamento de Epidemiología del HNRG Expuso sobre la situación actual de la Pandemia que estamos atravesando y todo lo referente a la Vacunación por Covid-19.

Una interesante Mesa de Diálogo expuso sobre “las secuelas del Covid 19 en Personas y su impacto en las Instituciones de Salud Públicas y Privadas". Participaron: el Dr. Ricardo Allegri, Neurocientífico, Médico Neurólogo y Psiquiatra argentino. El Dr. Ignacio Previgliano, actual Director del Hospital General de Agudos J. A. Fernández. El Dr. Ariel Jaitovich, (M.D). Ex Jefe de residentes Hospital de Clínicas UBA, es Profesor Asociado y médico de planta de la división de Terapia Intensiva en Albany Medical Center, New York. El Lic. Diego Castagnaro, Kinesiólogo, Graduado UBA.. El Dr. Martin J. Etchevers, Dr. en Psicología - UBA Profesor Regular Facultad de Psicología UBA y el Dr. Cristian J. Garay, Dr. en Psicología – UBA.

Esta ajustada síntesis destaca algunas de las tantas actividades, seguimientos y recorridas que hicimos durante este año. La tarea que llevamos adelante en toda su dimensión fue posible gracias al aporte de las propuestas superadoras hechas por los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Salud, en función de un interés superior como es la salud para esta Ciudad tanto para quienes la habitan como para todos los que la necesitan sin distinciones de  ningún tipo. Al mismo tiempo destaco la disposición permanente del Ministerio de salud y sus autoridades para sus aportes.

La Comisión de Legislación General del Senado, presidia por Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes), avaló dos proyectos de la senadora pampeana Norma Durango (FdT), uno sobre el régimen de proyección de los actos de autoprotección y de las directivas anticipadas en el Código Civil y Comercial, mientras que el otro fue tratado en un plenario con la Comisión de Salud, cuyo titular es el radical Mario Fiad, que propone armonizar las disposiciones del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica sancionado a través de la Ley 26.130 el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Es un acto de que las personas con discapacidad puedan ser reconocidos en su propio consentimiento en forma igualitaria y ejercicio igualitario de sus derechos”, señaló Almirón y explicó que “este expediente modifica normas del Código Civil y Comercial establece una regulación legal para todos los actos de autoprotección y de las directivas participadas concomitantes. Establece poder plasmar el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales de todas las personas más allá de las circunstancias y tener la decisión de su vida, diversidad y unicidad”.

A su vez, la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) remarcó “la importancia de poder avanzar en este proyecto. Tiene y contiene una profunda sensibilidad respecto de las personas vulnerables, yo diría que atiende a esos derechos humanos incorporados a la Constitución, a ese bloque constitucional, al que también forman parte los tratados internacionales. Les da un espacio en el derecho de autoprotección de forma acabada a todas las personas vulnerables que quizás no alcanzaban la protección en el actual código”.

“Hay una ampliación en la autonomía de la voluntad. Va más allá de lo sanitario esto, tiene que ver con el resto de la vida de las personas y que ayuda a clarificar los alcances de los instrumentos como el de poder dejar sentado cual es la voluntad de la persona a que sobrevenga algún tipo de incapacidad que impida expresar su voluntad”, agregó.

Y continuó: “También considero que contribuye a la uniformidad nacional del tema lo cual es importante porque garantiza que todas las personas tengan un pie de igualdad y un perfeccionamiento de lo que significa el acto de autoprotección. Tiene que ver con el profundo respeto de lo que consideramos como los derechos humanos. A veces se infantiliza a las personas que tienen un tipo de discapacidad y se toman decisiones que van en contra de lo que quieren hacer voluntariamente”.

“El proyecto de ley para las intervenciones de contracepción quirúrgica sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad viene con media sanción de Diputados”, remarcó la presidenta de la comisión de Legislación General y explicó que “tiene su antecedente en la Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica que garantiza a toda persona mayor de edad el derecho a acceder a las prácticas ligaduras de trompas, de Falopio, deferentes o vasectomía. El derecho a limitar la procreación es un derecho personalísimo para las personas con discapacidad, el respeto de la decisión personal”.

A continuación, el presidente de la Comisión de Salud Mario Fiad (UCR -Jujuy) manifestó de forma breve que “damos cuenta del valor que tiene el proyecto”. “Para darle un marco regulatorio y reconocer el ejercicio igualitario para todas las personas en los actos de proyección en salud, bienes o cualquier tipo de acción”, concluyó Almirón.

La Comisión de Salud del Senado dictaminó este martes un proyecto de ley que establece la incorporación del sistema braille en las cajas y los prospectos de todos los medicamentos, sean de industria nacional o extranjera.

La iniciativa se consensuó entre iniciativas presentadas por Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN).

Al explicar brevemente el proyecto, el presidente de la comisión, Mario Fiad (UCR), resaltó que cuenta con informes favorables por parte del Ministerio de Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Rosell.

Entre sus principales puntos indica que la información en braille deberá contener: el nombre genérico del medicamento; la marca del medicamento; el principio activo y concentración; la fecha de elaboración y vencimiento; y toda otra información que la autoridad de aplicación determine necesaria y pertinente.

"En los casos que, por las características particulares del envase del medicamento, no fuere posible incorporar alguno de los sistemas previstos en la presente ley, la autoridad de aplicación deberá determinar el procedimiento adecuado para su implementación", aclara.

También, los medicamentos deberán tener un código QR que contenga esa misma información y "un soporte audiovisual con subtitulado en español y Lengua de Señas Argentina (LSA), y otros formatos comunicacionales que faciliten la comprensión de la información", y "ser aplicado en sobre relieve a fines de facilitar su localización y escaneo".

Además, se dispone que la ANMAT "aplicará las infracciones y sanciones correspondientes", de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.463.

Por otra parte, se despachó un proyecto -con media sanción de la Cámara de Diputados- que busca instituir el 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet. "Es una encefalopatía epiléptica de grado muy severo y como enfermedad poco frecuente tiene poca visibilización", explicó Fiad, al tiempo que señaló que padres de niños con esta enfermedad impulsan su aprobación.

Otra de las iniciativas que obtuvo dictamen fue una para modificar la Ley 26.279, sobre prevención de discapacidades en el recién nacido, con la intención de incorporar la práctica de la oximetría de pulso. "En la pesquisa neonatal es determinante encontrar patologías que puedan ser tempranamente detectadas", expresó el presidente de la comisión, de profesión médico, y dijo que esta práctica "permite detección de algunas cardiopatías congénitas que requieren de un abordaje temprano, y para eso el diagnóstico precoz es muy importante".

Asimismo, se avaló un proyecto para modificar la Ley 25.929 -de parto respetado-, de modo de incluir a los protocolos de atención las muertes gestacionales y perinatales. Autor del texto, el senador Antonio Rodas (FdT) afirmó que se trata de tener una norma que "permita contener y a su vez poder estar a la altura de las circunstancias" cuando "la ilusión de tener un hijo se ve truncada por un deceso".

En la reunión se avanzó también con un proyecto consensuado entre propuestas de Julio Cobos (UCR) y Fiad que busca "asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada".

En la iniciativa se señala que "la comunicación que realicen los profesionales y/o los equipos de salud" debe "realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad".

Además, se deberá "asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas" y "ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos".

Finalmente, tuvo dictamen una modificación de la Ley 22.990 -Ley de Sangre- respecto de informar a los donantes de sangre sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, de autoría de Matías Rodríguez (FdT). Y pasaron a la firma 49 proyectos de comunicación, 53 de declaración y uno de resolución.

Comienzo de las despedidas

Al considerar que la de este martes fue la última reunión de la Comisión de Salud -sacando la posibilidad de futuros plenarios-, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), que culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aprovechó para despedirse.

Al tener palabras de elogio para Fiad, a quien llamó "amigo", la tucumana expresó: "Hemos tenido la posibilidad de debatir temas que a mí me han producido mucho dolor, y no obstante eso hacerlo con un respeto enorme, respetándonos entre nosotros en las disidencias, las miradas diferentes y tratando siempre de llegar a buen puerto".

A quienes continúan en el Senado, les pidió "que sigan adelante, que sigan prestigiando esta casa, que nos cuidemos entre todos, porque es muy importante la labor que se desarrolla desde acá, es donde ponemos las leyes para toda la Argentina, y hay quienes a veces denostan nuestra tarea y nuestro quehacer diario. Que nunca sea por parte de uno de nosotros".

Otra de las senadoras que se despide este año, la chubutense Nancy González (FdT) manifestó: "Fue un placer haber trabajado con ustedes. Debatimos temas de mucha controversia, que nos involucraban a favor o en contra, pero lo hicimos con total respeto".

"Desde el lugar que me toque estar voy a estar colaborando para que este país siga progresando y salga adelante, todos unidos", añadió.

Durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad lamentó que durante todo el año no se haya podido concretar la visita de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Al comenzar el encuentro de este martes, el presidente de la comisión mencionó que hubo tres reuniones de senadores y 12 de asesores durante 2021, pero no pudo concretarse un intercambio con la funcionaria.

El jujeño recordó que la ministra fue invitada en reiteradas ocasiones, tanto formal como informalmente, en las fechas: 17 de marzo, 15 de abril, 23 de abril, 12 de mayo y 23 de junio.

"Muchas circunstancias políticas, electorales, han incidido, pero nos hubiera gustado tener su presencia", expresó Fiad, y dijo que le hubiera gustado consultarla por "puntos álgidos" que había "en el plan de vacunación y la compra de vacunas". "Hay cosas pendientes que quedaron de poder tratar con ella", agregó.

Este año, Vizzotti asistió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 6 de abril; a un plenario de comisiones del Senado el 12 de mayo para defender el proyecto de ley de parámetros sanitarios para la pandemia -que nunca se pudo convertir en ley-; y el 6 de julio a la Bicameral de Trámite Legislativo para referirse a la modificación de la Ley de Vacunas por DNU.

La Comisión de Salud del Senado debatirá el próximo martes, desde las 10, proyectos vinculados a la incorporación del sistema braille en las cajas y los prospectos de todos los medicamentos. Las iniciativas fueron presentadas por Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN).

Además, el temario del encuentro -que se hará de manera remota- incluye iniciativas para modificar la Ley 26.279, sobre prevención de discapacidades en el recién nacido, con la intención de incorporar la práctica de la oximetría de pulso.

También se tratará una modificación a la Ley 25.929 -de parto respetado-, de modo de incluir a los protocolos de atención las muertes gestacionales y perinatales; y otro proyecto de ley sobre diagnóstico humanizado, impulsado por Julio Cobos (UCR) y Mario Fiad (UCR).

Asimismo, los senadores abordarán una iniciativa que propone una modificación de la Ley 22.990 -Ley de Sangre- respecto de informar a los donantes de sangre sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, de autoría de Matías Rodríguez (FdT).

Dentro del listado de proyectos a considerar se incluyó uno con media sanción de la Cámara de Diputados, que propone instituir el 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet.

El proyecto de ley de promoción y desarrollo de la enfermería, impulsado por el diputado Pablo Yedlin (FdT) y presentado en Casa Rosada en junio pasado, avanzó este miércoles durante una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara baja. La iniciativa deberá ser analizada ahora por las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

En un encuentro que se realizó de manera presencial en la Sala 1 del Anexo de Diputados, la diputada Graciela Ocaña (Pro) expresó que comparte "totalmente el espíritu del proyecto", pero "tiene algunos aspectos que considero que termine más como una cuestión de intenciones, como pasa con otros, pero sin llegar al fondo de la cuestión, que es resolver este tema de la falta de enfermeros".

En ese sentido, la legisladora macrista explicó que en la iniciativa faltan partidas presupuestarias. "Una política pública sin fondos a veces es una gran frustración para todos", sostuvo y resaltó que las becas que se otorguen a estudiantes de enfermería no pueden ser menores a un Salario Mínimo Vital y Móvil.

Yedlin, presidente de la comisión y autor del proyecto, expresó que la falta de enfermeros "es un tema histórico y estructural" y, por lo tanto, "lamentablemente no hay ninguna ley que sea mágica". No obstante, ponderó que esta iniciativa va a generar la unificación de las currículas, porque actualmente están reguladas de forma distinta por cada jurisdicción, y apunta "a reconocer en la enfermería un agente profesional central del sistema de salud".

"Argentina tiene un déficit histórico, estructural. Tenemos 4 enfermeros por cada 10 mil habitantes y un 16% de enfermeros universitarios. Necesitamos muchos más", manifestó el tucumano oficialista.

El proyecto tiene como objetivo favorecer la formación de calidad de enfermeros y enfermeras, incrementar el número de estos y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional, para ello declara "de interés público nacional" la promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería.

De acuerdo a la propuesta, se prevé la creación en el ámbito de la autoridad de aplicación -que definirá el Poder Ejecutivo- de una "Comisión Nacional de formación y desarrollo de Enfermería" como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas, estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo de la fuerza de trabajo de enfermería cuyos integrantes actuarán ad honórem.

También, se crea en el marco del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación un organismo nacional de evaluación y acreditación de carreras superiores técnicas de enfermería. A su vez, se crea un "Programa Nacional de Formación de Enfermería" según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros y las enfermeras.

Entre otros aspectos, se establece el derecho de enfermeros y enfermeras a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.

Se fomentará la profesionalización de los y las auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado.

A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la formación, las universidades públicas y privadas, e instituciones superiores de enfermería nacionales y provinciales tenderán a avanzar en el diseño y aprobación de una currícula con lineamientos comunes de enfermería, que priorice contenidos teóricos y prácticos de la estrategia de atención primaria de la salud, en el marco de la Comisión Nacional de Formación y desarrollo de Enfermería.

Finalmente, establece que se deberán implementar sistemas de becas y un plan de aportes para la mejora de las instituciones formadoras de enfermeros.

Dictamen para un conjunto de iniciativas

En la reunión de este miércoles, la Comisión de Salud avanzó también con un dictamen consensuado sobre la creación de un "Programa Nacional de Cuidado Integral del niño, niña y adolescente con cáncer", el cual tiene como objetivo reducir la morbimortalidad y garantizar los derechos de los menores que padecen esta enfermedad.

La iniciativa apunta a que el sistema público de salud, las obras sociales y la medicina prepaga brinden una cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos, traslados y prácticas de atención.

Además, el Estado Nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la AUH a madres y padres o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Esta asignación no se extenderá más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Al respecto, la diputada Carmen Polledo (Pro) reveló las reuniones que mantuvieron con padres de niños con cáncer y dijo que esta iniciativa se trata de que "tengan facilidades en términos de educación, de vivienda, una credencial, que los padres estén acompañados por el Estado transitando la enfermedad de sus hijos. No es fácil de llevar porque la enfermedad es dura y encima cuando hay falta de recursos la situación es más complicada”.

Por consiguiente, la legisladora Jimena López (FdT) manifestó que “toda enfermedad de un hijo es muy compleja pero cuando se cruza con otras instancias como pobreza, al problema de base se suma determinada angustia porque no pueden resolver el acceso a los tratamientos oncológicos". “En Argentina 4 niños y niñas por día reciben el diagnóstico y pasan a ser pacientes oncológicos. Hay que trabajar en el diagnóstico precoz y capacitar a los médicos en la exploración temprana”, agregó la oficialista.

Otro de los temas que recibió despacho fue un proyecto sobre procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, impulsado por las exdiputadas Magdalena Sierra y Cristina Alvarez Rodríguez.

Al respecto, la diputada Paola Vessvessian (FdT) precisó que la iniciativa contempla el acompañamiento "en el período de la semana 22 de gestación y termina cuando se complementan los siete días después del nacimiento”. “Los objetivos principales son lindar la profesionalización de la salud en cuanto a establecer procedimientos que estandaricen la atención de personas gestantes que sufren una muerte perinatal. El sufrimiento y el padecer que se tiene ante estas situaciones muestra que no solo tiene que ver con una cuestión médica sino también psicológica, social y familiar”, indicó.

“Las mujeres que padecimos esto sabemos el sufrimiento que se padece. Por lo cual es fundamental estandarizar los procedimientos y cuál va a ser el protocolo de atención del equipo de salud, evaluar las acciones que se realizan en los centros de salud, buscar actividades para la sensibilización y difusión, programas de formación y capacitación de los recursos, que la muerte perinatal forme parte de la curricular superior de educación, programas de la prevención y un registro orientando a las causas y motivos frecuentes a la muerte perinatal”, enumeró.

Finalmente, también recibió dictamen un proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, el cual explicó Yedlin, autor de la iniciativa. "Es un tema que básicamente es una de las grandes preocupaciones de salud pública que hoy expresa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también el Ministerio de Salud de la Argentina. Es el hecho de que, por la influencia, el mal uso, el desuso o el uso inapropiado de antimicrobianos muchas de las bacterias han perdido sensibilidad a los mismos”, comenzó.

Y alertó que "el avance enorme que hizo la medicina a partir del descubrimiento y el avance de los antimicrobianos los últimos 100 años, corre el riesgo de perderse si no tomamos medidas urgentes para evitar que esta resistencia se propague”.

“Es una ley que tiene básicamente tres ejes. El primero tiene que ver con el manejo y la gestión de los pacientes en las instituciones de la salud en cuanto a sus infecciones, con comité de infecciones para el uso correcto de antimicrobianos en los pacientes internados”, detalló y, en segundo lugar, dijo que se trata de "la gestión y prescripción de antimicrobianos: la ley prevé que sea obligatorio en la Argentina poner el diagnóstico frente a la prescripción de los antimicrobianos y va a prever la necesidad de que sea por receta archivada, la idea es ponerle fuerza de ley a esa posibilidad de ir y comprarla en la farmacia sin receta".

Por último, agregó: “El tercer eje es el uso inapropiado de antimicrobianos en agricultura y ganadería. Trabajamos con el objetivo que no se usen como factores de crecimiento; la ley prevé una disminución en su uso en estas áreas porque los antimicrobianos son la única herramienta para bacterias multirresistentes y no podemos exponerlos a un uso no apropiado”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el dictamen de un proyecto de una nueva Ley de SIDA, que se trata de derogar la vigente N°23.798, y asimismo incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, esta iniciativa incorpora nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades.

Al exponer sobre el proyecto, la diputada Carolina Gaillard (FdT) destacó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, y repasó los antecedentes de propuestas que se presentaron anteriormente.

Autora de uno de los textos, la entrerriana señaló que esta nueva ley tiene "un enfoque diferente a la Ley de SIDA que tiene nuestro país, que es una ley que tiene más de 20 años" y que, si bien fue un gran paso, posee "una mirada un tanto biologicista".

Además, la legisladora enfatizó que la "novedad" es que se contemplará "a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual", de modo de "atender de manera integral estas enfermedades".

Entre los puntos destacados que mencionó, la oficialista expresó que en el proyecto se plantea que "las personas que padezcan estas enfermedades puedan jubilarse a los 50 años y que puedan acceder a las pensiones no contributivas cuando cobren por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil".

Gaillard resaltó que el VIH es una enfermedad crónica y "estas poblaciones sufren muchos prejuicios y la estigmatización", por eso "hay una alta informalidad, lo que impide que tengan la cobertura social para poder llevar adelante sus tratamientos". "Se busca que el Estado tenga la obligatoriedad de garantizar los tratamientos", agregó.

También enumeró que la iniciativa incluye que la prueba para el diagnóstico del SIDA esté acompañada de una consejería, y un fondo de fortalecimiento para financiar a las organizaciones que trabajan en la temática, entre otros aspectos.

Al concluir, la diputada explicó que se arribó a un consenso para mencionar en el proyecto "de manera genérica a las poblaciones de extrema vulnerabilidad" y no individualizarlas, como en el texto original figuraban, entre ellas, las/os trabajadoras/es sexuales o personas en situación de prostitución, porque "es un debate que todavía no ha sido saldado por el feminismo". Sobre eso se expresaron luego sus pares Mara Brawer y Mónica Macha (FdT).

El proyecto declara de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo a la iniciativa, se garantiza la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc.-; se prohíbe la realización de la prueba diagnóstico de estas enfermedades en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral; y se aclara que "las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos".

Entre otros puntos, indica que "todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tiene derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses".

En lo referido a la prueba diagnóstico, ésta podrá ser: voluntaria, sólo puede efectuarse con el consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial, tanto la prueba como el resultado de la misma; universal, para toda persona que la solicite; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test, en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona diagnosticada con los sistemas de salud.

A raíz de la nueva normalidad que instaló la pandemia del Covid 19, la Legislatura de la Ciudad avanzó con un proyecto de ley que busca regular la incorporación de firmas y recetas electrónicas o digitales para las prescripciones médicas de medicamentos, estudios o tratamientos.

La iniciativa fue debatida en una reunión conjunta de las Comisiones de Salud y Presupuesto,  presididas por la diputada María  Patricia Vischi (UCR-Ev) y el diputado Claudio Romero (VJ) respectivamente, donde obtuvo  despacho.

La normativa local en tratamiento se determinará “según lo regulado en la parte pertinente por la ley nacional 27.553” y será de aplicación “para toda receta, prescripción médica, odontológica o de otros profesionales de la salud legalmente facultados a prescribir, en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública o privada, que ejerzan su actividad dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El proyecto impulsado por María Inés Gorbea (UCR-Ev) busca definir las nuevas alternativas de prescripción electrónica, receta digital y receta electrónica, el proyecto ordena a la autoridad de aplicación metropolitana “articular con el Ministerio de Salud de la Nación y/o otras jurisdicciones un sistema de colaboración en red que posibilite y facilite el uso” de los nuevos procedimientos.

Al respecto del proyecto despachado, Vischi se refirió a la  “importancia de esta iniciativa que en el ámbito nacional fue aprobada en la Ley número 27.553” y remarcó que “de esta forma la Ciudad adhiere a la Ley Nacional y detalla a su vez las particularidades propias para la aplicación en la Ciudad”.

Asimismo indicó que “la incorporación de las nuevas tecnologías en el sentido del mejoramiento de la salud de la población y el uso más racional de los recursos destinados a los medicamentos así como la posibilidad de la interacción de los distintos integrantes de la cadena de la dispensación de los principios medicamentosos en beneficio de quienes lo  reciben  para su tratamiento” y sentenció que “la  receta electrónica se había implementado a partir de la pandemia y hoy muchas entidades de salud y obras sociales incluso el Pami ya autorizaron su uso; en su momento también impulsamos el proyecto de Historia Clínica Electrónica”.

Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Educación de la Cámara de Diputados, presididas por los oficialistas Pablo Yedlin y Blanca Osuna, respectivamente, comenzarán con el tratamiento del proyecto de ley de formación y desarrollo de la enfermería.

La primera reunión informativa se realizará este miércoles, a las 18, con la participación de expositores invitados. La iniciativa fue presentada por el legislador Yedlin y anunciada días atrás durante un acto en Casa Rosada encabezado por el presidente Alberto Fernández.

Han sido invitados al plenario el coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería del Ministerio de Educación de la Nación, Gabriel Muntaabski; Diego Golombek, director ejecutivo del INET; Pedro Silberman, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur; María Donatila Gómez Marquisio, directora nacional de Enfermería, y Marcelo Morales, jefe del Departamento de Enfermería del Hospital Angel C. Padilla, de Tucumán.

También estarán, entre otros, Sergio Santa María, vicedecano a cago de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; Héctor Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Alejandro Fabián Miranda, presidente de la Asociación de Enfermería de Capital Federal; Nelson Giménez, integrante del equipo técnico de la Fundación Soberanía Sanitaria; y Carlos Regazzoni, extitular del PAMI.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras/os en su formación continua.

De acuerdo con la propuesta, se proveerá de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se dispondrán becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país.

Entre sus puntos principales, la propuesta establece el derecho de enfermeras/os a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión.

Se agregan líneas de becas destinadas a auxiliares de enfermería para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas, al tiempo que se incluyen capacitaciones de actualización para que cuenten con mejores herramientas.

Las universidades públicas y privadas, e instituciones superiores de enfermería nacionales y provinciales, tenderán a avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes.

La Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería será el organismo de asesoramiento técnico encargado de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias de formación.

Además, se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación.

El Frente de Todos intentará avanzar con el proyecto de "ley pandemia", que establece parámetros sanitarios y epidemiológicos que sirvan al Gobierno nacional y a las provincias para gestionar las restricciones, en una carrera contrarreloj, dado que el próximo viernes vence el último DNU emitido por el presidente Alberto Fernández.

El oficialismo convocó para este jueves, a partir de las 10, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, donde -sin obstáculos con los números- se alzaría con el dictamen de mayoría de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. La reunión será en el recinto.

Horas después, se estima que a las 15, el proyecto se lleve a la sesión, en la que el otro tema central será el proyecto para rebajar las tarifas de gas en las denominadas "zonas frías", incorporando varias localidades de distintas provincias al beneficio que ya tiene la Patagonia.

El tratamiento en la Cámara baja de la ley reclamada por el Poder Ejecutivo estuvo retrasado debido al alto rechazo de la oposición, esto es no solamente desde Juntos por el Cambio, sino también de Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de Izquierda, la tucumana Beatriz Ávila y la frecuente aliada del oficialismo Alma Sapag.

Por eso, todos los ojos estarán puestos a la hora del quórum, para el cual se necesitan 129 diputados y el Frente de Todos cuenta -con asistencia perfecta- con 117. Se sabe que tendrá el apoyo de los seis legisladores que conforman el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda el mendocino José Luis Ramón. Aún así le faltan seis. Pero también acompañarían el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, de Acción Federal.

La clave será lo que hagan los justicialistas Eduardo "Bali" Bucca -quien anteriormente se manifestó a favor de una ley de estas características- y Andrés Zottos; y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Contigiani (Partido Socialista). Los cuatro son parte del Interbloque Federal, donde los tres lavagnistas y los cuatro cordobeses schiarettistas se oponen.

Cabe señalar que en el proyecto de ley de "zonas frías" se introdujeron modificaciones y se sumaron a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la "ley pandemia".

Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle.

El encuentro contará con la participación, según pudo averiguar Parlamentario.com, de Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza; Maximiliano Corach, subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de Ciudad de Buenos Aires; Maria Pía Chiacchio Cavana, ministra de Desarrollo Social de Chaco; Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social de Tucumán; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense.

La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Federico Fagioli en marzo pasado, y hace dos meses atrás se llevó atrás a cabo la primera reunión informativa en la que funcionarios -entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo- brindaron su respaldo al texto.

El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

Se prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Entre sus puntos principales, la propuesta contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.

Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.

La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.

Por casi cuatro horas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendieron ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.

Ibarra aseguró que "no son muchas las delegaciones legislativas" que se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional, sino que se trata de que "el Congreso establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional".

"El Gobierno considera que las medidas son constitucionales", aseveró la funcionaria, que añadió que "no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras", ya que el Poder Ejecutivo Nacional tomará "medidas adicionales" solo en los casos de alarma epidemiológica y cuando, tras 21 días, las medidas tomadas por las provincias no hayan dado efecto.

Para Vizzotti, el proyecto apunta a "tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”. Sobre los criterios para clasificar cuatro situaciones sanitarias diferentes tienen “la mirada de un país federal”.

Al momento de las preguntas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, habló de la realidad en su provincia, Formosa, y luego cuestionó el modo en que se establece la clasificación de las situaciones sanitarias.

En ese sentido, el radical señaló: "Hay un cociente que ustedes lo definen entre los 14 días previos de la cantidad de contagiados y los 14 días previos de la cantidad, supuestamente, de lo que detecta el propio sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer esta categoría? ¿Por qué le pregunto ministra? Por ejemplo, ayer en la página web oficial de mi provincia se informó 731 casos positivos, pero ustedes, en el Ministerio de Salud de la Nación informan 373 casos”.

Vizzotti respondió que "hay provincias que utilizan sus propios sistemas de información y esos sistemas interoperan", por lo que se registran "algunas horas o días de atraso", pero lo importante es "el contacto permanente con las jurisdicciones" para saber de la actualización de los casos.

Sobre los centros de aislamiento, la ministra de Salud expresó que "el tema de los aislamientos extradomiciliarios y extrahospitalarios es una herramienta no solamente recomendada en Argentina", y ejemplificó que en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un sistema similar con los aislamientos en hoteles. Se trata de "minimizar el contagio intradomiciliario y no cargar el sistema de salud internando a casos leves", resaltó.

En defensa de la medida, la titular de la cartera de Salud dijo que estamos "claramente en una situación de emergencia y de excepción" que "requiere acciones excepcionales, extraordinarias e inéditas, no solo en Argentina sino en el mundo".

"No es así como usted dice ministra. Una cosa es un centro de aislamiento extradomiciliario, cuando el paciente no está en condiciones de transitar la enfermedad en su domicilio. Usted me está diciendo que en Argentina rigen los centros de privación de la libertad como norma y no es así", la cruzó Naidenoff, que denunció que en Formosa "a la gente con una orden judicial la están secuestrando".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad, opinó que el proyecto genera “una enorme preocupación” porque el Gobierno nacional “no parece hoy encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad”. “Aquí se habla mucho de la vida y de la salud de los habitantes de nuestro país como fundamento para habilitar cualquier medida que adopte el Ejecutivo”, consideró.

“La pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional, el respeto por la distribución de las competencias con las jurisdicciones y tampoco de las restricciones”, aseguró el legislador de la UCR.

En tanto, su par Silvia Giacoppo le reclamó a Vizzotti por "el vacunatorio VIP" y que todavía no se haya presentado ante la Comisión de Salud del Senado. Sobre la iniciativa, manifestó: "Este proyecto de ley de los superpoderes realmente desde donde se lo mire es algo que no podemos votar, sencillamente porque no se puede delegar lo que no se tiene. Y no es potestad de este Congreso, y menos aún del Poder Ejecutivo de dar facultades que fueron expresamente reservadas a los poderes provinciales”.

“Hasta nos mandan a bañar. O sea, yo puedo entender una medida sanitaria. Pero son reglas que del modo que están escritas son imperativas y no dan lugar a ninguna discusión. Estamos entrometiéndonos en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, agregó la jujeña.

También realizó preguntas a las funcionarias la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien observó que el artículo 3 del proyecto "faculta al Ministerio de Salud a modificar los criterios (de clasificación) sin ningún tipo de consulta con el Congreso".

Respecto a las clases presenciales, la macrista apuntó que "Alemania, un país que se ha citado, suspendió sus clases presenciales solamente 35 días y en Argentina las suspendimos por 180 días. Estamos dentro de los diez países que menos clases presenciales han tenido el año pasado". Y consultó a Ibarra sobre el fallo de la Corte, que le dio la razón a la Ciudad de Buenos sobre su reclamo por el DNU 241/21: "¿Considera usted que una ley puede estar por encima de la Constitución Nacional?".

Al momento de las respuestas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, justificó que la suspensión de las clases presenciales se prevé "en una situación de alarma, cerca del desborde sanitario", con el objetivo de "bajar la curva y los niveles en los parámetros".

Al hacer referencia al fallo de la Corte, subrayó que, en sus conclusiones, el voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda indica que "el Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias, estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas". Para la funcionaria la palabra "normalmente" y los fundamentos posteriores de los jueces, argumentan a favor de los motivos "por los cuales el Poder Ejecutivo podría ingresar a regular una materia" que es competencia de las provincias.

Ibarra enfatizó que el proyecto se trata de que "el Congreso Nacional establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional", y contar con "un esquema de funcionamiento para poder garantizar cuanto antes el ejercicio más pleno de todos los derechos".

"El Gobierno considera que las medidas son constitucionales", afirmó, al rechazar que la iniciativa sea inconstitucional, y agregó que no es un "proyecto de superpoderes" sino "una ley marco que tiene que tener razonablemente algunas flexibilidades para poder tomar medidas adicionales en el momento de mayor tensión del sistema de salud". Y esas medidas son "muy escalonadas, muy razonables y muy vinculadas a los sistemas federales".

Más tarde, insistió que "no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras" que "pueden tomar las disposiciones" de sus competencias, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional "es adicional en caso de alto riesgo y si se ha observado que no fueron suficientes las medidas" tomadas por las provincias.

Respaldo oficialista

Durante la reunión, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, recordó el diálogo que existía el año pasado entre todas las fuerzas políticas mientras se veía con "asombro, alerta" como "dirigentes de la oposición que no tenían la responsabilidad de gobernar planteaban locuras extremas como llamar a movilizaciones y quemar barbijos".

Entonces destacó a los gobernadores que "no comulgaban con esa locura de incentivar a que la gente no se cuide", pero "en esta segunda ola eso cambió" y " han entrado en una cuestión político-partidaria y no en una situación epidemiológica-sanitaria", dijo la mendocina.

La legisladora celebró que el Gobierno "envíe un proyecto para que salgamos de esta locura que propone la oposición", y dijo que la iniciativa es "un marco de coincidencias científicas e institucionales" para que podamos "salir lo mejor posible de esta segunda ola que va a ser larga, todavía no entramos al invierno".

Finalmente, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, cargó nuevamente contra la oposición por el crecimiento de los casos de Covid en Formosa y criticó a Juntos por el Cambio por haber rechazado el proyecto incluso antes que ingrese a la Cámara.

Para el formoseño, el Gobierno nacional tiene una "estrategia" basada "en criterios científicos" y apoyada en el plan de vacunación, pero "está también la estrategia Bolsonaro, la que quiere aplicar la oposición, de cuanto peor mejor". "¿Qué quieren, que lleguemos a 100 mil muertos para ver si pueden ganar las elecciones?", disparó y pidió "racionalidad en este tema y dejar de lado la campaña política".

En una exposición ante el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado este miércoles, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, defendió el proyecto de ley del Ejecutivo para regular las medidas sanitarias durante la pandemia. Aseguró que todas las medidas se basan en una investigación de la experiencia internacional y argumentó que las delegaciones legislativas que se generarían para el Ejecutivo “no son muchas”.

La secretaria legal consideró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo nacional. La mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”.

En el mismo sentido, justificó el proyecto al opinar que “no se puede pensar que el Gobierno federal se quede mirando una situación donde se llega muy cerca del desborde del sistema de salud y con tan alto número de contagios que generan que debamos lamentar una cantidad de muertos importante”.

Ibarra insistió en la clasificación propuesta en la iniciativa entre regiones de riesgo epidemiológico bajo, medio y alto para explicar que el presidente sólo ejercería su potestad en el último caso. “Cuando ya se han tomado medidas por competencias propias de gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes", entonces "nos parece totalmente razonable que el presidente de la nación adopte medidas adicionales a fin de evitar que en este lugar pase una situación de riesgo”, aseveró.

“Esta es una fundamentación basada en los principios más básicos que tenemos, que es el cuidado de la vida y la salud en el marco de una pandemia de las características de esta”, agregó la funcionaria, que insistió: “Consideramos más que razonable y justificado que el presidente de la nación pueda adoptar decisiones adicionales si es que no alcanzan o se considera que no alcanzan las que están funcionando en esta situación”.

La secretaria Legal y Técnica también se refirió al conflicto por las clases. Declaró: “Todos queremos tener clases presenciales. Creemos que es la mejor manera, la forma más plena de acceder al derecho a la educación. Y precisamente para poder garantizar ese derecho no queremos que se desborden los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma. Que de alto riesgo se baje a mediano riesgo”.

En cuanto a la actividad económica, reiteró una vez más que "todos y todas queremos volver a la normalidad" y prosiguió:  "Estamos teniendo que hacer frente a un desafío muy grande que es esta pandemia, y en este marco les proponemos una gestión de esta pandemia con respeto federal y con un esquema razonable, escalonado de responsabilidades compartidas”.

Por otro lado, agregó a la justificación del proyecto que “todas las medidas que se preveen en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el presidente de la nación, van a tener que estar sometidas a algo que nos parece muy interesante que es el chequeo de su eficacia". Y explicó: "Se establece un máximo de 21 días para que  se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se”.

“Nos hemos ocupado de ir a textos de algunos fallos de juzgados internacionales y de tribunales internacionales para ver frente a demandas de restricciones cuáles eran los argumentos. Y todos tienen los mismos debates que tenemos acá. Efectivamente estas situaciones son intensas, restringen derechos, que estamos acostumbrados a ejercer en forma amplia”, argumentó también.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado retomará a las 14 el debate del proyecto del Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.

Tras la exposición de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se pasará a un cuarto intermedio y luego seguirá el debate con las exposiciones de abogados constitucionalistas y médicos.

Al comienzo de la reunión, la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), informó que el debate continuaría por la tarde dado que la oposición había requerido invitar a expositores.

La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) agradeció "la voluntad de que el tratamiento sea los más objetivo y criterioso posible", pero enfatizó que "el proyecto ingresó hace 48 horas" y "recién ayer por la tarde tuvimos la posibilidad de que se puedan presentar oradores", quienes "están todavía leyendo el proyecto". Por eso, pidió continuar el jueves con el debate.

Sacnun recogió el guante: "No le voy a permitir que diga eso como si esto hubiera sido un desorden provocado por esta comisión". "Nosotros tenemos la voluntad política de dictaminar en el día de hoy; luego se podrá incorporar algún tipo de modificación en el recinto", sentenció.

"En la República Argentina hay 68 mil muertos, senadora, y esto merece que nosotros trabajemos con premura", agregó la oficialista, y lanzó que los invitados "se supone que habían leído el proyecto al momento que los propusieron. No quiero pensar que propusieron expositores que no habían dado lectura al proyecto que nosotros vamos a analizar".

A partir de las 14 expondrán los abogados Alejandro Fargosi, Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Mariano Bar, Domingo Rondinas y Félix Lonigro. En tanto, participarán también los médicos Rubén Arnaldo, Guillermo Durán, Roberto Debbag, Conrado Estol, José Ignacio López y Mirta Roses.

Al exponer ante un plenario de comisiones del Senado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió que el proyecto del Gobierno para regular las restricciones sanitarias por la pandemia, se inscribe en la necesidad de "tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación".

En el comienzo, la funcionaria recordó que "estamos a más de un año de la declaración de la pandemia" y "hemos transitado diferentes momentos", en los que "el Gobierno nacional y el Ministerio de la Salud hemos trabajado en conjunto con cada una de las jurisdicciones".

La titular de la cartera de Salud defendió que la cuarentena adoptada la mayor parte del año pasado y las demás medidas "cada vez más específicas y acordes a minimizar el impacto" fueron "fundamentalmente para fortalecer el sistema de salud". En ese sentido, destacó que se aumentó casi en un 50% el número de "camas de terapia intensiva, con respiradores y capital humano capacitado".

Vizzotti repasó que en el verano se registró un aumento de casos que finalmente "se logró disminuir" y sostener el turismo, pero en las últimas semanas hay "una curva con un aumento exponencial, muy rápido y acelerado, especialmente en el AMBA", y que posteriormente se replica en el resto del país.

La ministra señaló que este incremento "ha puesto en riesgo el sistema de salud", registrándose "un pico de casos en la semana epidemiológica número 14" con "un ingreso de personas a terapia intensiva muy importante".

No obstante, informó que en las semanas epidemiológicas 15 y 16 se vio "una disminución de ese crecimiento" y, en la número 17, que estamos transitando, "por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando la tendencia de dejar de aumentar los casos, todavía con tensión en el sistema de salud porque están ingresando las personas que se han infectado cuando teníamos el número de casos más alto".

"Vamos a seguir teniendo un número de fallecimientos en las próximas semanas acorde a las personas que se fueron complicando", pronosticó.

Al explicar los indicadores para definir las situaciones sanitarias en distintas zonas del país, la funcionaria detalló que la "alarma epidemiológica" se da frente a "una situación de riesgo muy especifica, donde involucra una incidencia en los últimos 14 días de 500 o más casos cada 100 mil habitantes y una ocupación de la terapia intensiva del 80%". Ese momento es el que "requeriría que se tomen medidas bien intensificadas".

Vizzotti defendió que los parámetros adoptados en el proyecto de ley están en línea con los aconsejados por "la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, las direcciones de epidemiología, con una mirada de adopción a nuestro país", al tiempo que tienen "la mirada de un país federal". "No hay ningún indicador que pueda incluir todas las situaciones epidemiológicas" que se presentan, aclaró.

En otro tramo, ponderó que ya se ha vacunado "al 70% de las personas entre 60 y 69 años; al 82,3% de las personas entre 70 y 79 años; y al 74,5% de las personas mayores de 80 años", lo cual presentó "un impacto positivo en la distribución de la internación en la terapia intensiva y mortalidad en este grupo de edad".

La ministra manifestó la "expectativa" por "el ingreso de un millón de dosis de la vacuna Sputnik V" en los próximos días y de cinco millones de vacunas de AstraZeneca antes del 31 de mayo.

"Tenemos la perspectiva de que, gracias al trabajo de las jurisdicciones, se pueda escalar muchísimo en la vacunación y ampliar la cobertura de esta población de riesgo. Por eso, necesitamos tener este marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación", sostuvo.

Y concluyó: "Si se desborda el sistema de salud, sobre todo en algún aglomerado urbano importante, el aumento de la mortalidad es relevante y la posibilidad de prestar cuidado a otras patologías también se ve impactada".

En el marco de un ciclo de consultas a especialistas en materia de salud, la presidenta de la Comisión de Salud y legisladora de la UCR-Evolución, María Patricia Vischi, expresó su preocupación por la disparada de casos positivos de Covid 19 y advirtió que “bajar la curva de contagios es una responsabilidad como sociedad”.

Durante el encuentro fue tema común y prioritario de los especialistas presentes, la alarmante situación de la ocupación de camas en terapia intensiva y en salas de internación, en las clínicas y hospitales del sector privado como público y la imperiosa necesidad de bajar la curva de contagios para evitar un próximo colapso del sistema sanitario en su conjunto. Como así también la falta de personal médico suficiente para afrontar una crisis de esa magnitud.

En ese sentido Vischi indicó que “la responsabilidad social de todos es fundamental para resolver esta situación” y remarcó que “no debemos agotar las campañas de concientización para evitar las aglomeraciones y las reuniones sociales, las fiestas y todo lo que implica la multiplicación de contagios, usar correctamente el tapabocas y mantener la distancia social”.

“Escuchar las voces directas de quienes trabajan en el territorio completa nuestra mirada. No es un tema político ni es momento de profundizar las grietas, es momento de tomar con seriedad y responsabilidad  y que el mensaje sea tomado de esta manera por los más jóvenes, que son actualmente los más contagiados en esta guerra contra el virus”, sentenció.

En la reunión que se realizó de manera virtual participaron los integrantes de la Lista 33 de Graduados de todas las profesiones la Facultad de Medicina de la UBA; profesionales independientes y representantes del Sector Privado de la Salud; el Dr. Mario Lugones, presidente de la  Fundación Sanatorio Güemes; el concejal de Escobar Diego Castagnaro; el Dr. Adrián Gindin; secretario de Tecnología Educativa de la facultad de Medicina (UBA) y los doctores Ariel Biain y Miguel Lafuente.

La Comisión de Salud del Senado, que preside Mario Fiad, dictaminó este martes a favor de seis proyectos de ley, entre ellos uno que cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados para actualizar el régimen de prevención y control del dopaje en el deporte.

La iniciativa busca adecuar la ley argentina al nuevo Código Mundial Antidopaje 2021, y Argentina debería contar con esta norma sancionada antes del 12 de abril para poder participar de competencias internacionales como la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la comisión también avanzaron proyectos sobre creación del “banco de leche materna humana”; examen temprano oftalmológico obligatorio para niños; la creación de un programa de cuidados y acompañamientos del personal médico en pandemia y en emergencias; y la implementación de facilitadores culturales en el sistema de salud.

El programa de cuidados y acompañamiento al personal de salud fue producto de la unificación de dos iniciativas, una de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y otra de Silvia Elías de Pérez (UCR).

En tanto, la protección temprana de la salud oftalmológica fue una iniciativa del legislador oficialista Alfredo Luenzo, quien explicó que “la campaña tiene carácter obligatorio a partir de los 18 meses hasta los cuatro años”.

La propuesta de incorporar los facilitadores interculturales a los equipos de salud fue impulsada por Fiad, quien destacó que “el diálogo transversal entre los pueblos originarios y los equipos de salud es clave para que haya confianza entre la medicina tradicional y la que tiene una mirada propia de la medicina originaria”.

El titular de la comisión resaltó que la iniciativa está vigente en Salta y en Jujuy y que “contempla que los facilitadores surjan desde los pueblos originarios”.

Por otra parte, el “banco de leche materna humana” fue la unificación de proyectos presentados por Claudia Ledesma Abdala (Frente de Todos), Silvia Sapag (Frente de Todos) y Pedro Braillard Poccard (Pro).

La senadora Sapag señaló que “todos los días hay miles de mujeres que amamantan a sus niños. Estamos dando por sentado que la red nacional de leche humana existe. Hay miles de litros de leche humana que sobra y son necesitados por niños que han nacido prematuramente”.

La neuquina describió el proyecto y resaltó que “está prevista la gratuidad de la leche humana así como la libre circulación entre los estados federales”, y además se crea un registro nacional.

El último de los proyectos de ley analizado instituye el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional del Electrodependiente por Cuestiones de Salud. El senador Fiad resaltó que “esta iniciativa es una herramienta para que se puedan impulsar campañas de concientización y reflexión”.

Al responder preguntas de diputados este martes ante la Comisión de Salud, Carla Vizzotti negó que el Gobierno haya rechazado una donación de vacunas contra el Covid-19 por parte de Estados Unidos.

“Desde el Estado Nacional no hemos recibido ni muchísimo menos rechazado una donación de vacunas. No es cierto”, aclaró la ministra ante un planteo de la radical Claudia Najul.

Y agregó: “Cuando escuchamos esa información, mucho antes de que salga en los diarios, en relación a la posibilidad de que Estados Unidos tuviera disponible vacunas, nos contactamos por diferentes vías, a través de Cancillería y la asesora presidencial Cecilia Nicolini”.

“No hemos tenido ningún ofrecimiento ni muchísimo menos lo hemos rechazado. Lo que sale en los medios no es siempre lo que sucede”, dijo Vizzotti.

Antes, el propio presidente Alberto Fernández había desmentido la información. “En este mundo nadie regala vacunas que son el bien más preciado del presente. Vivimos en un país donde las fake news se escriben en portales y diarios. Jamás nadie nos ofreció semejante donación de vacunas. Nunca creí necesario explicar algo semejante”, sentenció por Twitter.

Querida @gabicerru. En este mundo nadie regala vacunas que son el bien más preciado del presente. Vivimos en un país donde las fake news se escriben en portales y diarios. Jamás NADIE nos ofreció semejante donación de vacunas. Nunca creí necesario explicar algo semejante. En fin. https://t.co/kazNgddHng

— Alberto Fernández (@alferdez) April 6, 2021

Gracias por la aclaración. Claramente se afirma aquí que nunca se dijo que “rechace” una donación de vacunas propiciada por los Estados Unidos de America. Basta de mentiras. https://t.co/KoOrU9P9hZ

— Alberto Fernández (@alferdez) April 6, 2021

La ministra de Salud,  Carla Vizzotti, insistió este martes en que las vacunaciones de privilegio fueron “una situación excepcional” y advirtió: “Si sostienen la estrategia de seguir instalando que hay un 'vacunatorio VIP' y que sigue reproduciéndose en todos lados, vamos a tener un impacto importante en la población”.

“Cuando ustedes o los medios dicen ‘vacunatorio VIP’, la población puede pensar que era algo habitual de todos los días, y cuando yo digo que fue una situación excepcional es porque fue exactamente eso: un día, diez personas”, aclaró Vizzotti al exponer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Yedlin (Frente de Todos).

En la reunión virtual, la vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro), cargó las tintas contra las vacunaciones de funcionarios y dirigentes por fuera del protocolo. “Cayó como un balde de agua fría comprobar cómo se estaban repartiendo las vacunas entre algunos poderosos”, lanzó.

Tras advertir que esa modalidad “sigue existiendo en muchos lugares”, Polledo pidió saber con lujo de detalles sobre el mecanismo montado en el Ministerio de Salud y preguntó si se adoptarán sanciones en otras jurisdicciones.

Vizzotti respondió que el 18 de febrero, cuando se realizó el operativo, se encontraba en Paraná, no en el Ministerio de Salud, y destacó que toda la información fue aportada a la Justicia, fundamentalmente en la causa que lleva adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

En ese sentido, el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo -quien también participó de la videoconferencia- dio detalles de las actuaciones judiciales y subrayó que “el Ministerio está poniendo la mayor cantidad de información y de aportes para poder tipificar la conducta que se verificó y ver si se encuadra en el Código Penal”.

En otro pasaje de la reunión, Graciela Ocaña (Pro) apuntó a las 60 dosis de vacunas Sputnik V provenientes del Hospital Posadas que se trasladaron en un vuelo comercial a El Calafate, ante lo cual la ministra de Salud respondió que “está todo registrado y es una práctica habitual”.

Por otra parte, Polledo también lamentó “la orientación de una de las primeras medidas” de la gestión de Vizzotti, la resolución 710/21, “que vino a pretender ofrecer un marco de inmunidad para los funcionarios involucrados en el 'vacunatorio VIP', legitimando la vacunación de funcionarios en claro perjuicio de los adultos mayores y la población de riesgo”.

Ante ese planteo, Vizzotti explicó que “la definición de personal estratégico está vigente desde la campaña de vacunación antigripal hace tiempo” y enfatizó que es “todo lo contrario a blanquear algo” porque se trata de “generar un circuito transparente”, ya que antes la definición era “muchísimo más amplia” y ahora “se achicó”.

Al abrir el encuentro, la ministra sostuvo que “nuestro sistema de salud se ha fortalecido: tenemos un 50% más de camas, un 60% más de respiradores, y el equipo de salud ha cosechado muchísima experiencia en el manejo de casos”.

La funcionaria explicó que “en el inicio de esta segunda ola -o tercera ola, si consideramos que el rebrote de diciembre fue también una ola-, tenemos al 90% del equipo de salud con la primera dosis y poco más del 60% del equipo de salud con la segunda dosis”.

Asimismo, señaló que el Gobierno busca “atrasar lo más posible el aumento de casos para, en este escenario, poder minimizar la mortalidad”.

Al hacer referencia al contexto global, observó que las segundas olas de la pandemia tuvieron un impacto mayor en países donde la salud y la economía están “más robustas”.

“Argentina tiene la ventaja de haber empezado a vacunar, de haber sostenido la vacunación antes de que empiece la segunda ola. Esto no resuelve el problema, pero es una noticia alentadora”, consideró la titular de la cartera de Salud.

Además, resaltó que “el aumento de casos en la población general se está separando del aumento de casos del personal de salud, que está estable, inclusive con una pequeña tendencia al descenso”.

Al aportar cifras, puntualizó que más del 50% de las personas mayores de 80 años y el 41% de las personas de entre 70 y 79 años iniciaron el esquema de vacunación, e informó que Argentina recibió 7,3 millones de dosis.

Agregó que el Gobierno trabaja en forma “permanente” con distintos proveedores para “seguir recibiendo vacunas en forma sostenida”, aunque aclaró que “no se puede decir cuántas ni cuándo porque eso es algo muy dinámico en función de un engranaje muy complejo”.

“Si combinamos con medidas de cuidado específicas y logramos atrasar el aumento de casos, tenemos la inmensa oportunidad de tener un impacto positivo en la mortalidad y que no se tense tanto el sistema de salud como el año pasado”, afirmó.

Qué pasó con Pfizer

Monsalvo precisó en la reunión que hubo “dos problemas” con la compañía estadounidense, y el primero tuvo que ver con “excluir la negligencia no solo del contrato, sino de la ley”. Sin embargo, el subsecretario de Gestión Administrativa se excusó de responder por qué no se pidió al Congreso Nacional modificar la norma sancionada el año pasado, la 27.573.

El otro inconveniente, indicó el funcionario, tuvo que ver con los criterios de aceptación de garantía y contragarantía.

“No hay un cambio significativo en la relación con Pfizer”, dijo, y añadió que “otros países han firmado en contextos diferentes” y algunos han firmado “acuerdos bilaterales porque sus legislaciones se lo permiten independientemente de los grados de cumplimiento del proveedor”.

El riesgo de las PASO

Consultada sobre la posibilidad de posponer la fecha de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas originalmente para el 8 de agosto, debido al aumento de casos de Covid, Vizzotti aseguró que “dependerá de una decisión política” y “se definirá cerca de la fecha”.

“No podemos predecir la situación epidemiológica de agosto. Desde el punto de vista sanitario saber qué va a pasar en agosto es imposible”, sentenció la ministra.

La pandemia de Covid-19 sigue asolando al mundo entero, que no logra detener el incesante incremento de los contagios. Ante esa convicción, los diputados nacionales del Frente de Todos que integran la Comisión de Acción Social y Salud Pública advirtieron que “será necesario avanzar con restricciones en la circulación pública y algunas actividades sociales y recreativas, protegiendo el empleo y el funcionamiento económico a la par de la salud”.

Esto ante la convicción de que “se yergue como amenaza cierta en numerosas localidades la posibilidad de que las capacidades sanitarias sean sobrepasadas de no mediar acciones que ralenticen la transmisión de las infecciones”.

Los legisladores son conscientes de que “la aceleración de propagación del virus y la difusión de nuevas cepas ha traído catastróficas consecuencias en muchos países, especialmente entre algunos de nuestros vecinos limítrofes”.

“Debemos evitar por todos los medios a nuestro alcance que esas desgracias se repitan en nuestra Patria”, sostienen los diputados oficiailstas Pablo Yedlin, Ana Carolina Gaillard, Paola Vessvessian, Florencia Lampreabe, María Luisa Montoto, Jimena López, Estela Neder, Mónica Macha, Juan Carlos Alderete, María Rosa Martínez, Mara Brawer y Cecilia Moreau, quienes a su vez instaron al conjunto de la población a extremar los cuidados individuales y colectivos, observando rigurosamente las orientaciones brindadas por las autoridades sanitarias.

Por otra parte expresaron su “más respetuoso reconocimiento a los equipos de salud de todos los ámbitos y niveles, como así también el incondicional apoy a las reparticiones sanitarias gubernamentales que irán determinando, en este marco de prioridad absoluta, las medidas más pertinentes para lograr atravesar con éxito la difícil situación actual”.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, expondrá este martes a partir de las 16 ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Pablo Yedlin. La visita se produce en medio de la llegada de la segunda ola de casos de Covid-19 en todo el país, y tras un largo reclamo de la oposición.

Desde la salida de Ginés González García, legisladores de Juntos por el Cambio habían solicitado la presencia de Vizzotti, con el objetivo de interrogarla sobre el escándalo del "vacunatorio VIP", el retraso en el arribo de vacunas, la marcha del plan de vacunación, y todas las medidas tomadas en lo que respecta a la pandemia.

El encuentro con los diputados se producirá un día después de la conversación que la ministra de Salud mantendrá con sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós, junto a los jefes de Gabinete Santiago Cafiero (Nación), Carlos Bianco (Bs.As.) y Felipe Miguel (Ciudad).

La cumbre de este lunes en Casa Rosada estará encabezada por Cafiero, dado que el presidente Alberto Fernández se encuentra con coronavirus, aislado en la Quinta de Olivos. El Gobierno nacional busca consensuar medidas entre ambos distritos, de modo de contener los contagios en el AMBA.

La exposición de Vizzotti de este martes será la primera que realice como ministra de Salud, dado que antes había concurrido a reuniones informativas con diputados, pero en su condición de secretaria de Acceso a la Salud, el cargo que poseía previamente.

En la primera sesión del año en la Cámara baja, y ante las críticas de la oposición, encabezadas por la macrista Carmen Polledo, Yedlin anunció que se citaría a la funcionaria en la brevedad y recordó que ni bien asumió "tuvo Covid".

“Hay un intento de un grupo de la oposición de generar ruido permanentemente en todas las decisiones sanitarias que tienen que ver con la pandemia, con un objetivo absoluta y estrictamente electoral”, acusó el tucumano y pidió “dejar el tema de las vacunas por fuera de la grieta política” para “trabajar juntos para enfrentar la segunda ola”.

Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que presiden los oficialistas Hugo Yasky y Pablo Yedlin, respectivamente, comenzarán este martes, a partir de las 18, con el tratamiento de un proyecto de asistencia a personas en situación de calle y familias sin techo.

La iniciativa, presentada por el legislador del Frente de Todos Federico Fagioli, se empezará a debatir con la participación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Inclusión Social de dicha cartera, Laura Alonso; y la titular de la Sedronar, Gabriela Torres.

El proyecto tiene como objetivo "garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina".

El texto prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un "espacio de articulación para coordinar la implementación" de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Entre sus puntos principales, la iniciativa contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.

La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.

Durante un plenario de las comisiones de Salud y Deportes de la Cámara de Diputados, convocada para tratar un proyecto relacionado al dopaje, legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron el "urgente" tratamiento de proyectos vinculados a las vacunas, además de la presencia de funcionarios, entre ellos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que brinden explicaciones sobre la marcha lenta del plan de vacunación contra el Covid-19.

En la primera reunión que realizó la Comisión de Salud, iniciado el nuevo período ordinario, la macrista Carmen Polledo pidió que se convoque "en forma urgente" a tratar "cuatro proyectos, tres de ellos relacionados con los acontecimientos que derivaron en la salida" del ministro Ginés González García, en referencia a la vacunación "VIP".

La vicepresidenta de la comisión enumeró un "pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el listado completo de las personas vacunadas contra el Covid-19", una "ley de transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones contra el Covid-19" y la "creación de una comisión especial investigadora de control y monitoreo de la provisión de vacunas y de la campaña de vacunación".

Sobre este punto, cuestionó que "extrañamente este expediente no tiene giro a la Comisión de Salud, y vamos a solicitar la ampliación de giro".

Además, solicitó debatir una iniciativa sobre "la extensión y ampliación de la asignación estímulo para el personal de salud". "Esta es la única oportunidad que tuvimos para plantearle cara a cara esta solicitud que estaremos enviando por nota", agregó.

Luego continuó su par Silvia Lospennato, quien resaltó que "hace 17 días que no ingresa una vacuna a nuestro país". "¿Por qué las diez millones de vacunas que se nos prometieron no están ni siquiera en Argentina? ¿Por qué estamos en un nivel tan bajo de inmunización?", se preguntó la macrista y advirtió que "solamente 805 mil argentinos mayores de 80 años han recibido la vacuna, cuando sabemos que es el grupo que corre mayor riesgo de muerte".

Al aflorar el tema de las vacunas, el presidente de la comisión, el oficialista Pablo Yedlin, expresó: "Entiendo el tema de vacunas y la tribuna que se genera a partir de la posibilidad que nos escuchen por Diputados TV. Mantengamos el tema de la reunión para la que fue convocada. Los pedidos están hechos, el protocolo está recién habilitado, vamos a trabajar en esto, nadie le quiere quitar la información de nada a nadie".

Pero tuvo que pedir disculpas por sus dichos sobre la "tribuna", después que le reclama otro tucumano, el radical Pablo Cano, quien además en su intervención recordó que "Vizzotti dijo que en marzo deberíamos tener 10 millones de personas vacunadas con dos dosis, o 20 millones con una sola, y nada de eso ocurrió". "Este tema forma parte de la preocupación del interbloque y de los ciudadanos argentinos", añadió.

Desde el Frente de Todos recogió el guante la diputada Cecilia Moreau, que sostuvo: "Es cierto que debemos hablar del tema de la vacunación en muchas provincias, hay provincias y lugares que a mí y a nosotros nos tienen muy preocupados".

Pero replicó que sería bueno también convocar a la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien "tuvo que salir urgentemente a ver cómo hacía para remediar el drama que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había generado en el Hospital Español". "También habría que rever que está pasando en la Ciudad, donde el ritmo de vacunación es uno de los más lentos junto con Mendoza", cargó.

"Debemos ser muy responsables y no hacer poliquetería con esto. Convoquemos a una reunión con los que tengan que estar", sumó la vicejefa de la bancada oficialista, que mencionó además al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

A su turno, la macrista Graciela Ocaña remarcó que Vizzotti debe "explicar cuál es la situación real de las vacunas" para poder "tener un informe real, y saber qué pasa con las otras negociaciones" con otras firmas además de Sputnik y Sinopharm.

La legisladora alertó que la población mayor "no está inmunizada" cuando "estamos ante una posibilidad de segunda ola". Y, en respuesta a lo de Volnovich, Ocaña recordó que pidió su citación "en varias oportunidades" para que "venga a explicar el vacunatorio 'VIP' en el hospital de Mar del Plata" y "por qué PAMI inmuniza a jóvenes".

"Necesitamos urgente tener certezas, después de la salida escandalosa que tuvo el ministro", expresó la radical Claudia Najul, que apuntó que "todavía no sabemos la magnitud" que tuvo el "vacunatorio 'VIP'", y lamentó que "por ese hecho han quedado tantísimos adultos mayores sin vacunar". En defensa de la campaña de vacunación en su provincia, la mendocina argumentó: "No vamos lento, lo que no tenemos es vacunas".

Finalmente, Yedlin aclaró que no podía "asegurar" convocar a una reunión esta misma semana, "pero sí no tengan dudas que vamos a tener las invitaciones y lo que haga falta para que estos temas se traten; coincido son los que nos preocupan a los argentinos", cerró.

Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Deportes de la Cámara de Diputados avanzaron este miércoles con el dictamen favorable -unánime- de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que busca adecuar la Ley de Régimen de Prevención y Control del Dopaje en el Deporte al nuevo Código Mundial Antidopaje 2021.

Al abrir la reunión, el titular de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT), resaltó que este es un tema que "tiene una urgencia muy significativa", al tiempo que agradeció la presencia de todos los bloques ante la rápida convocatoria y destacó que "el deporte olímpico y de alta competencia es un tema que nos une a todos los argentinos".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi (Pro), recordó la última modificación de la ley que se realizó a fines de 2017, pero señaló que ésta es una nueva reforma que "va a reforzar los objetivos de la Agencia Mundial Antidopaje". "Hay que aggionarse a las exigencias", afirmó.

Desde el Poder Ejecutivo, Inés Arrondo, secretaria de Deportes, enfatizó que "nos urgen los tiempos porque justamente el esquema mundial antidopaje tiene pautas de tiempo que hay que cumplir".

La funcionaria subrayó que este 2021 es "un año olímpico, en el que nuestra delegación va a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio", por lo cual "nos empieza a correr el calendario".

Arrondo apuntó que la iniciativa consiste en "estar dentro de los parámetros del juego limpio" y que "el deporte de nuestro país esté libre del consumo de cualquier tipo de sustancias". Por eso, insistió con que "se tenga la ley lo antes posible".

Luego fue el turno de Diego Grippo, presidente de la Comisión Nacional Antidopaje, quien explicó que la ley necesita ser actualizada porque lo que se renovó fue el Código Mundial Antidopaje, con algunos "cambios sustantivos".

El funcionario explicó que la norma, que "deberíamos haberla tenido aprobada el 1ro. de enero de 2021", se trabajó junto a las entidades deportivas que "han colaborado, la han mirado y han mejorado la propuesta".

Al igual que Arrondo, Grippo advirtió que no adoptar estas normas "puede poner en problemas al deporte argentino" e informó que "deberíamos tener esta acción correctiva completada para el 12 de abril".

"Tenemos a favor que nuestra ley es un modelo para la Agencia Mundial Antidopaje", ponderó, pero indicó que actualmente "estamos haciendo controles de dopaje con el régimen anterior".

Entre uno de los principales cambios de la nueva normativa, el presidente de la Comisión Nacional Antidopaje explicó una modificación realizada sobre las sanciones por el uso de drogas de abuso, como cocaína o marihuana, que anteriormente podían "terminar con la carrera de un atleta".

A partir del nuevo Código se establece que si se registra el doping positivo "en controles realizados fuera de competencia y sin la intención de lograr algún beneficio a partir de ese consumo", las sanciones pueden ir de uno a tres meses.

Tras la intervención de los funcionarios, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo (Pro), confirmó el acompañamiento de Juntos por el Cambio a la iniciativa enviada por el Gobierno. Mencionó que se trata de una "ley muy compleja", por eso valoró el trabajo de Baldassi y de los asesores, porque un estudio por parte de los diputados "hubiera requerido meses". "Con el propósito de evitarle problemas al deporte argentino es que vamos a acompañar esta iniciativa", agregó.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Deportes, Mario Leito (FdT), alertó que no contar con la ley podría "ocasionar la no participación de nuestros atletas en torneos internacionales", y "la imposibilidad de poder llevar adelante la organización de eventos deportivos". En ese sentido, recordó que este año "tenemos un evento muy importante que es la Copa América".

El proyecto busca adaptar el régimen actual al Código Mundial Antidopaje 2021, que entró en vigor el 1ro. de enero luego de distintas enmiendas realizadas en 2009, 2015 y 2018.

Las modificaciones tienen que ver con los sujetos alcanzados por el régimen, la prueba de presencia de sustancias prohibidas, el incumplimiento de localización de los atletas y las sanciones, entre otros temas.

El régimen actual fue aprobado a través de la Ley 26.912 y tiene como objetivos “la prevención del dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio y la protección de la salud de los que participan en las competencias”.

Senadores del oficialismo y la oposición se cruzaron este martes en la Comisión de Salud del Senado por el denominado “vacunatorio VIP” y el requerimiento para que la ministra del área, Carla Vizzotti, concurra a brindar informes y responder dudas de la oposición sobre el proceso de vacunación.

El intercambio se dio durante la reunión virtual convocada para ratificar a las autoridades de la comisión, donde fueron reelectos Mario Fiad (UCR-Jujuy) como presidente y José Neder (Frente de Todos-Santiago del Estero) como vice.

Tras el trámite formal, la radical Silvia Elías de Pérez pidió la palabra para pedir la presencia de Vizzotti en la comisión. “Hay muchas cosas que nos gustaría que nos informe, especialmente el tema vacunas. Queremos certidumbre, queremos entender qué está pasando realmente, cómo se están administrando las vacunas”, dijo.

Fiad confirmó que se citará a la funcionaria, pero entonces intervino el oficialista Alfredo Luenzo para aclarar que “la información que proporciona el Ministerio de Salud es cierta”, aunque “a veces se genera mucha confusión” debido a las fake news.

El chubutense apoyó la convocatoria a Vizzotti pero pidió evitar que “un tema tan sensible sea utilizado con otros objetivos que no son los que pretendemos en esta comisión”.

Al responder, Fiad insistió en que la funcionaria “nos puede brindar esa cuota de claridad y transparencia para que todos tengamos la misma versión”.

La discusión escaló cuando pidió la palabra Nancy González, del Frente de Todos. “Cada vez que hemos convocado a un ministro a una comisión, han estado horas y horas dando explicaciones. No creo que la ministra de Salud sea una excepción a eso”, arrancó.

Sin embargo, señaló que “está todo muy claro en la página del Ministerio de Salud” y que “Argentina no puede obtener más vacunas porque en el mercado no hay”.

“Dejemos de hacer circo con las vacunas y apoyemos lo que está haciendo el Gobierno para poder paliar la pandemia”, imploró.

A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck -quien fue ratificado como secretario de la comisión- sostuvo que “cuanta más información oficial se le dé a los argentinos, habrá mayor tranquilidad”, y pidió que la reunión informativa se realice “sin ningún tipo de prejuicios ni posiciones ya establecidas”.

Elías de Pérez volvió a pedir la palabra para contestarle a González. “Han calificado de circo, yo solamente quiero información. Nos guste o no nos guste, el presidente dice una cosa, en el Ministerio hay otros datos y hubo un problema que llevó a un cambio de ministro”, advirtió, y repitió: “No hay circo, no hay mala intención; solo queremos información porque es demasiado sensible el tema”.

A continuación, Luenzo intentó aclarar sus dichos. “No tenemos que reproducir en este ámbito de la Comisión de Salud lo que pasa en los medios”, consideró, y cuestionó que la vacunación “se haya transformado en un tema político y hasta ideológico”.

“El 10% de la población tiene el 90% de las vacunas, y el 90% restante de la población se las tiene que arreglar con el 10%. Ese es el verdadero vacunatorio VIP”, sentenció el senador del Frente de Todos, e insistió en “no entrar en el terreno de la especulación política o las fake news”.

Desde el Pro, Pedro Braillard Poccard se sumó al pedido de citación a Vizzotti. “La responsabilidad de la vacunación recae en las provincias, y nosotros en nuestros distritos estamos siendo objeto de preguntas por parte de la población que está angustiada”, comentó, y resumió: “Tenemos que ir a las fuentes, y ninguna fuente es más fidedigna que la palabra de la ministra de Salud”.

Finalmente, la oficialista Ana Almirón pidió que Vizzotti también brinde respuestas sobre lo sucedido en su provincia, Corrientes, donde el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, tuvo un accidente vial cuando transportaba en su vehículo particular 900 dosis de la vacuna Sputnik V de manera irregular.