Inician el tratamiento de un programa nacional sobre la cesárea

Se trata de una iniciativa de la diputada Mónica Fein, que alerta sobre el uso inadecuado de esa práctica. Se abordará en la Comisión de Salud este martes.

En un martes de mucha acción a nivel comisiones, la última en ser convocada el viernes fue la de Acción Social y Salud Pública, que encabeza la socialista Mónica Fein. La misma se reunirá a partir de las 13.30 y será para tratar la creación de un Programa nacional de uso adecuado de la cesárea (PNUAC), en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La reunión contará con la presencia de especialistas que expondrán sobre este proyecto que es impulsado por la propia Mónica Fein, y cuyo objetivo es promover y garantizar el parto seguro para todas las personas gestantes y sus hijas e hijos, promoviendo el modo de nacimiento más seguro y el seguimiento y monitoreo de datos vinculados a la práctica del nacimiento por cesárea en las instituciones proveedoras de servicios de salud.

Desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Así como existen aún en el mundo personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a los riesgos asociados a esta intervención, sostiene la impulsora de esta iniciativa.

El proyecto remarca que cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbi-mortalidad materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo hacen la morbimortalidad materna y perinatal. Este uso excesivo e innecesario de la cesárea en países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil.

En la indicación de cesáreas no justificadas, intervienen muchas veces factores no clínicos de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas gestantes y sus familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas injustificadas relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen intervenciones no clínicas efectivas y seguras.

Los objetivos de esta ley son:  

  • Implementar mecanismos de recopilación de datos para el monitoreo y evaluación de los diferentes modos de parto tanto en el ámbito público como privado de la atención de la salud en todo el territorio de la Nación.
  • Promover el acceso a la información basada en evidencia científica, sobre los perjuicios asociados al nacimiento por cesárea sin indicación médica para que las personas gestantes puedan tomar decisiones informadas.
  • Instalar en la agenda del sector salud y de la sociedad en general el debate acerca de las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las personas gestantes y los niños por nacer.

A los efectos de alcanzar el objetivo propuesto, el PNUAC tendrá las siguientes funciones:

  • Promover la capacitación y formación de las y los profesionales de la salud a los efectos de hacer efectivos los objetivos de la ley.
  • Llevar adelante, en coordinación con las jurisdicciones, el monitoreo de los diferentes modos de nacimiento, debiendo recabar datos sobre los nacimientos por cesárea en todo el territorio, confeccionar y brindar estadísticas en relación a las causas que motivan la realización de esta práctica. Específicamente se deberá realizar un seguimiento de los partos por cesárea practicados en población de bajo riesgo de nacimiento por cesárea, razones de su indicación, identificación y revisión de los casos en los que podrían haberse evitado la cesárea y la elaboración de recomendaciones y acciones para evitar futuras cesáreas en casos similares.
  • Confeccionar, publicar y difundir reportes e informes con los datos obtenidos acerca de la información obtenida como consecuencia de los procesos definidos en el inciso precedente.
  • Promover la implementación de protocolos de atención basados en la evidencia científica.

La Comisión de Salud avanzó con la figura del promotor comunitario de Salud

La norma obtuvo dictamen, como así también un régimen de acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV.

Diputados debatirán sobre el Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco

Será en le marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que contará con la disertación del especialista en factores de riesgo y enfermedades no transmisibles, Sebastián Laspiur. También analizarán dos proyectos sobre instrumentación quirúrgica.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública, a cargo de la diputada Mónica Fein, se reunirá el próximo martes 22 de agosto a las 14 a fin de debatir sobre el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.

El encuentro, que se llevará a cabo en la Sala 3 del 2° piso del Anexo “A”, contará con la presencia y disertación del doctor Sebastián Laspiur, consultor de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud en Argentina quien dará su opinión especializada sobre el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco – CMCT / OMS -, adoptado en la ciudad de Ginebra – Confederación Suiza – el 21 de mayo de 2003”.

Además, los diputados debatirán sobre dos proyectos -uno del oficialismo y otro de la oposición. que tienen por objeto la regulación y el control del ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica en todas sus modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud.

“Tengo la sensación de que el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán”

El senador Pablo Yedlin cuestiona a la Corte Suprema y advierte por “el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial”. A nivel nacional, asegura que para el Frente de Todos es fundamental “una fórmula competitiva”, sea que se defina por unidad o interna.

pablo yedlin senador sesion consejo de la magistratura

Por Melisa Jofré

En la previa de las elecciones en su provincia, previstas para el 11 de junio próximo luego del levantamiento de la suspensión por parte de la Corte Suprema, el senador nacional Pablo Yedlin confiesa tener la “sensación” de que “el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán”

Cabeza de la lista oficial de candidatos a legisladores provinciales, el tucumano revela en diálogo con parlamentario.com que, más allá de los resultados, no está definido si en diciembre dejará su banca o no en la Cámara alta. En caso de renunciar, lo reemplazaría Juan Manzur, el exgobernador que tuvo que bajarse del puesto de vice. 

En relación a la medida que tomó el pasado 9 de mayo el máximo tribunal, el legislador el Frente de Todos cuestiona que “hay una Corte Suprema de Justicia que ha perdido mucha legitimidad” y advierte: “Hay que tener mucho cuidado porque tenemos el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial”.

Por otro lado, en relación al plano nacional, el senador considera que, independientemente de que se defina por unidad o por una interna, “lo más importante es que el peronismo tenga una fórmula que sea competitiva contra la derecha argentina”, en alusión a Juntos por el Cambio. 

“El planteo de una economía de derecha, en la que cada uno se salve solo, es el planteo de Mauricio Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich. (Javier) Milei tiene una cosa mucho más descabellada y me parece que ni siquiera vale la pena pensar en lo que plantea porque es absolutamente irrealizable”, diferencia entre la principal coalición opositora y el líder de La Libertad Avanza.

-¿Cómo se retomó la campaña electoral en Tucumán después de lo que fue la suspensión dispuesta por la Corte y el paso al costado posterior de Juan Manzur?

Esa semana que estábamos encaminándonos a la elección, la población estaba en modo electoral; esos días los debates y la publicidad aumentan en intensidad, y ese martes (9 de mayo) estábamos en pleno apogeo y la gente pensando en la elección, cada uno con sus aspiraciones, voluntades y sueños. Por eso, la decisión de la Corte cayó como un baldazo de agua helada, fue una cosa muy rara, porque es como que de pronto el tiempo se detuvo. 

Al no dejarlo ser vicegobernador, (Juan) Manzur da un paso al costado y se produce la elección de Miguel Acevedo; ahí todo empezó lentamente a moverse de nuevo. Recién la otra semana supimos cuando iba a ser de nuevo la elección, cuando la Corte levantó la suspensión. Pero esos fueron días con una sensación de tiempo detenido. 

Ahora estamos en las últimas dos semanas y vuelve a tomar fuerza la campaña. En lo que va a pasar con los resultados electorales, no creo que haya mayores diferencias respecto de lo que podría haber pasado el 14 de mayo. La sensación que tengo es que el peronismo se dirige hacia un triunfo importante en Tucumán, con una diferencia importante de votos. Veremos sobre el sistema de acoples cómo se define la Legislatura, pero vaticino que el peronismo va a seguir teniendo mayoría. Y en cuanto a los municipios no creo que haya muchas sorpresas tampoco. 

-¿Qué expectativa tiene respecto a la capital de la provincia?

La discusión más que nada está dada en San Miguel de Tucumán, sí, con la esposa del actual intendente, la senadora Beatriz Ávila contra la doctora Rossana Chahla, que es diputada hoy y exministra de Salud de la provincia. Lo destacable es que por primera vez San Miguel va a tener una intendenta mujer en la historia. Chahla está con posibilidades de ganar, más allá de que sabemos que la capital es una jurisdicción compleja para el peronismo. 

-Ahora la oposición también ha cuestionado la nueva fecha de las elecciones 

Hay otro amparo pedido por la oposición acerca de que la elección no puede llevarse adelante en junio, sino que debe ser en agosto. A mí manera de ver no tiene mucho sentido el planteo, porque si bien es verdad que la Constitución del 2006 de Tucumán dice eso, de que deben ser 60 días antes de octubre, esos artículos han sido declarados inconstitucionales tiempo atrás por un fallo firme que no ha sido apelado y ya hubo elecciones en junio, las de 2019. Esto ahora está en manos de la Corte Suprema y habrá que estar con la incertidumbre en la boca hasta el día de la elección.

-El oficialismo en la Cámara de Diputados sumó la decisión de la Corte como una causal al juicio político que se lleva adelante, ¿qué opina?

Es una causal sin duda. Nosotros somos la cámara que juzgamos, así que no opinamos mucho hasta que esto esté resuelto en Diputados, pero la verdad es que hay varias cosas que se van descubriendo que son muy preocupantes, como lo que tiene que ver con manejos discrecionales de la obra social, y de contratos a determinados camaristas para que fallen a favor de juicios donde están involucrados los mismos tribunos. La verdad que son cosas muy complejas de una Corte Suprema de Justicia que ha perdido mucha legitimidad. Con lo del Consejo de la Magistratura, al volver a hacer funcionar una ley que estaba derogada, claramente eso no se puede hacer, la Corte no puede legislar. Además de meterse con la conformación de los bloques (del Senado). Y el tema de la coparticipación…son cosas en las que no ha estado a la altura de las circunstancias. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos el riesgo de que un país federal vaya a un país unitario judicial. Es un tema que preocupa a los argentinos o debería preocuparnos. 

-Yendo al plano nacional, ¿piensa que el Frente de Todos debe tener fórmula única o PASO en las presidenciales?

Para mí lo más importante es que el peronismo tenga una fórmula que sea competitiva contra la derecha argentina que es la que se va a presentar en las elecciones como modelo alternativo para la sociedad argentina. La fórmula puede surgir del acuerdo entre los compañeros que dirigen los partidos o puede surgir de las PASO, son dos posibilidades abiertas. Es difícil para mí pensar en un acuerdo total porque ya hay compañeros que han expresado su intención de participar, como (Daniel) Scioli, (Agustín) Rossi y (Juan) Grabois. Además entendemos que el compañero (Eduardo) “Wado” de Pedro tiene intenciones; no sé qué hará Sergio Massa y alguno de los gobernadores del Norte. Hay muchos candidatos posibles, pero creo que desde las PASO o desde ponerse de acuerdo, lo más importante es que sea competitiva y con propuestas claras de programa de gobierno que puedan ser comparables con lo que la derecha está ofreciendo, que es menos salud pública, menos educación pública, menos presencia del Estado para los que menos tienen y una cosa medio de que “se salve el que pueda o el que ha nacido con méritos”.

-¿Cómo se llega a la gente con propuestas de campaña cuando lo que más aqueja es la inflación creciente y los salarios bajos?

Obviamente que llegar a un proceso electoral con los niveles de inflación que tenemos y el atraso que los salarios e ingresos de la población tienen respecto a los precios es un desafío enorme, muy difícil de resolver. Lo que tenemos que hacer es indicarle (a la sociedad) que de este tema se va a salir. Ahora, se puede salir por un lado o por otro. Hay que mostrar las causales. Obviamente hay responsabilidad de este Gobierno, del cual formo parte, pero sin quitar eso, este Gobierno no apareció de la nada, de un día para el otro, tiene una deuda heredada enorme de la cual todavía no sabemos bien qué se hizo y que además está judicializada y va a haber responsables seguramente penales sobre la deuda con el FMI de los 47 mil millones de dólares.  También tenemos que pensar que tuvimos que pasar una pandemia, una situación totalmente excepcional para el mundo en el que hubo que cerrar la economía por un tiempo, hubo que comprar vacunas y solidificar un sistema de salud que estaba muy debilitado. Tuvimos una guerra con precios de combustibles enormemente elevados en todo el mundo que nos complicó también. Y la sequía. Toda esta historia existió, obviamente tenemos responsabilidad, pero el tema es hacia dónde salimos de esta crisis económica que tenemos. Si vamos a salir a un país que crea en que cada uno tiene que tener lo que se merece solamente en base a sus méritos y no entender que hay gente muy por detrás de la línea de partida y el Estado tiene que ayudarla a poder ponerse en algún nivel competitivo, en un Estado que asegure la educación pública con universidades gratuitas, con salud y vacunas gratuitas, o no. O creemos que el país liberado al mercado, abierto a las importaciones, con el flujo de ganancias de las empresas que pueda salir cuando quieran…todas estas ideas que ya probamos en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Mi opinión es que esa manera no es la salida. 

-¿Cómo ve la figura de Javier Milei?

El planteo de una economía de derecha, en la que cada uno se salve solo, es el planteo de Mauricio Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich. (Javier) Milei tiene una cosa mucho más descabellada y me parece que ni siquiera vale la pena pensar en lo que plantea porque es absolutamente irrealizable. Milei es un fenómeno social que tiene que ver mucho más con la antipolítica, con los jóvenes y esto de sentirse “libre”, pero que no tiene, a mi manera de ver, ninguna plausibilidad real de gobierno. 

Creo que el peronismo tiene que discutir con el programa de Macri, que es el programa de Patricia Bullrich, que es la que entiendo tiene mejores mediciones hoy y posibilidades de ganar en el espacio opositor. La discusión es un país manejado por Bullrich-Macri o por el peronismo, entendiendo que estamos en una situación compleja, pero también que acá se puede salir de varias maneras: se puede salir para pocos, sobre todo para los que viven cerca de la Ciudad de Buenos Aires, o se puede salir para todo el país, sobre todo para los que menos tienen y más necesitan. 

-Por otra parte, usted es médico y preside la Comisión de Salud del Senado. En estos últimos años han avanzado varias leyes en materia sanitaria, ¿qué balance hace?

Hemos trabajado mucho y hemos tenido buenos resultados. La ley de compra de vacunas de Covid, la ley de receta digital, la ley de resistencia antimicrobiana, la ley de enfermería, la ley de cardiopatías congénitas, la ley del certificado único de discapacidad, todas han sido leyes que han salido por grandes mayorías, no han sido mezquinas ni se ganaron por un voto o no. Eso ha tenido que ver con el trabajo de consenso donde yo siempre creo que el rol más importante, y que hay que destacar, es el de la oposición. Tanto en Diputados como en Senadores hemos encontrado una voluntad de entender -me parece que la pandemia ayudó también a tener una mirada distinta sobre la salud pública- que estos temas no son temas de grieta política y que, en definitiva, las leyes son de todos. 

-Además hay organizaciones y colectivos que se están movilizando cada vez más en reclamo de sus necesidades

Sí, hay una movilización social importante en temas de salud de colectivos que entienden que sus derechos no están alcanzados. Un ejemplo ha sido la ley de VIH. El gran desafío de nosotros como legisladores es encauzar estos movimientos e intentar no legislar por cada patología o por cada colectivo movilizado; muchas veces detrás de estos colectivos también está la industria. Se trata de hacer leyes estructurales que le den sostenibilidad en el tiempo al sistema sanitario argentino.

-Este año el oficialismo ha perdido, como interbloque, la condición de primera minoría en el Senado, ¿cómo cree que se trabajará con la oposición en medio de la campaña? 

 Un Senado sin mayoría es un Senado extraño para Argentina, la democracia argentina ha tenido siempre mayorías claras en el Senado y es la primera vez que esto no ocurre. Esto genera una obligación de consensos mucho más grande, de diálogo. Además, hacen falta oposiciones que sean constructivas, y eso se dificulta en un año electoral donde las mezquindades son permanentes. Un ejemplo ha sido la mezquindad de la oposición de no querer votar los acuerdos de los jueces que no sean de Santa Fe y Rosario en la sesión anterior, donde quedaron por fuera jueces de Salta, de Tucumán y de varios lugares, que ya tenían acuerdo. Algunos incluso llevan un proceso de más de cinco años. Nosotros no negamos la necesidad de que Santa Fe y Rosario necesiten jueces, pero hay que pensar en toda la Argentina. Considero que, en lo que resta de este año, tenemos que trabajar en encontrar los puntos medios que nos permitan competir electoralmente pero trabajar para todos los argentinos. 

Dictamen favorable a los proyectos de muerte perinatal y pubertad precoz en el Senado

Fue en un plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda. Ambas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados. El oficialista Antonio Rodas propuso modificaciones en la redacción de una de las normas.

Un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo de los oficialistas Pablo Yedlin (Tucumán) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, se reunieron este martes para emitir dictamen favorable y dejar listo para el recinto los proyectos de ley sobre muerte perinatal y pubertad precoz, ambas iniciativas que vienen con media sanción de Diputados.

Antes de comenzar con el tratamiento de los proyectos, Guerra procedió a leer los cambios que hubo en la comisión que preside: “Quiero informar que por decreto de Presidencia N° 13/23 en su artículo segundo menciona designase al senador Pablo Yedlin y a Lucía Corpacci en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del senador Carlos Linares y la senadora Silvia Sapag”.

Muerte Perinatal

A continuación, Yedlin explicó: “Tenemos para tratar dos medias sanciones que llegaron de Diputados”. Respecto a la primera iniciativa, sostuvo: “Tiene relación con un proyecto del senador Antonio Rodas acerca de la importancia de que el sistema de salud, sobre todo las maternidades, tengan previsto cómo tratar, cómo atender, cómo cuidas y acompañar a aquellas mujeres que, en momentos de dar a luz, tienen la muerte perinatal que es definida por la OMS desde la semana 22 de gestación hasta el nacimiento”.

“Esto tiene que ver con una situación de duelo, de mucha complejidad que en general no están atendidas correctamente en las maternidades que están previstas para otro tipo de tratamiento, entonces lo que la ley es importante que tiene por objeto, a través de la autoridad de aplicación, llevar adelante la capacitación, el adiestramiento, la infraestructura, el equipamiento, para la necesidad de estas mujeres y familias frente a esta situación dura que es la muerte perinatal”, precisó el tucumano.

En tanto, resaltó que el proyecto fue votado por unanimidad en Diputados y agregó: “Entiendo que deberíamos acompañar para poder transformarlo en ley y que este esfuerzo de mucho tiempo se concrete y podamos tener en las maternidades de la Argentina, del sector público y privado equipos preparados para esta eventualidad dramática que muchas madres viven y pueda ser superada con atenciones especiales”.

Pidió la palabra el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT) quien remarcó: “Por supuesto que es importante esta ley, la hemos trabajado con nuestros asesores. Hubo un consenso mayoritario, hemos tenido dos dictámenes que lamentablemente nunca llegaron al recinto y, por lógica, esta es una situación transversal que nos golpea a todos sin ninguna distinción de bandería política ni religiosas, estamos de acuerdo en que se le dé la celeridad necesaria”, pero cuestionó que envió a la presidencia de la comisión para que incorpore las distintas modificaciones que “son el resultado de una serie de entidades que han trabajado durante todo este tiempo los dos dictámenes”.

“Queremos ser justos de que no se detenga el proyecto, en este año difícil de conformación de las comisiones de llevarlas adelante y que, por supuesto, salgan los dictámenes para el recinto. Nosotros vamos a estar ansiosos esperando que esto sea tratado en la próxima sesión para que se pueda cristalizar y vamos a estar atentos para ver de qué manera se incluyen las modificaciones que en su gran mayoría son coincidentes con las modificaciones en lo que respecta a la redacción. Voy a acompañar la firma para que de esa manera no se detenga el proceso para seguir trabajando y esperando la incorporación que sugerimos”, adelantó Rodas.

Al respecto, Yedlin aclaró: “Cualquier modificación que se le haga al proyecto requiere que vuelva a la Cámara de Diputados, pero me parece bien que lo discutamos y coincide con Rodas porque las modificaciones no modifican tanto el fondo de la cuestión para devolverlo a Diputados al proyecto, es un tema a discutir”.

Luego hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), quien le preguntó a Rodas si “firma el proyecto y pasa al recinto para ver la posibilidad de modificarlo o vuelve a comisión para hacerle las modificaciones pertinentes”. A lo que el chaqueño aclaró: “Vamos a firmar el dictamen y, a su vez, vamos a darle la posibilidad sobre tablas, por supuesto, charlando con anterioridad con los distintos integrantes de la comisión porque entendí en la premuera del caso. Retroceder hace que tengamos una dilatación que creo que hoy por hoy lo que menos queremos los senadores de ambas bancas es frenar los procesos legislativos porque estamos expuestos a constantes agravios y nos marcan como que los senadores no proceden con cuestiones que son problemas de la gente y que la agenda es nuestra del Senado y son distintas a la de la gente”.

“Voy a ser guardián de que las modificaciones que hice entrar por la secretaría correspondiente sean realmente tenidas en cuenta y ejecutadas. Las modificaciones serán cumplidas evitando el retroceso y sigamos para adelante en el proceso legislativo que necesita el país”, cerró Rodas.

También hizo uso de la palabra la vicejefa del bloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien agradeció que en la primera reunión se hayan incorporado el proyecto que “fue trabajado por Rodas atendiendo las demandas de los diferentes colectivos y de familias que han tenido la terrible experiencia de pasar por una situación como la que estamos tratando”.

“Esta comisión como muchas otras se han hecho eco de las problemáticas que se vienen impulsando desde la sociedad y eso me parece fantástico tener un Senado así que no es el mismo desde cuando yo llegué porque es más abierto, de más escucha, de recepción de las demandas que tienen que ver con sectores que vienen luchando hace tiempo porque una ley les garantiza sus derechos”, reflexionó la oficialista.

Así, agradeció a Rodas por la labor realizada y por la convicción para que “esto se acelere y poder consensuar para el recinto lo que haga a una mejor ley siempre pensando en que también está la posibilidad de la reglamentación del Ejecutivo y también que en el recinto podamos ver las diferentes modificaciones y entendamos que hacen a una mejor norma”.

“Estas no son temáticas para especular, son temáticas para ir para adelante. Si estamos convencidos que es una ley importante para la Nación venga de donde venga tenemos que apoyarla”, remarcó Fernández Sagasti y sumó: “Sigamos el ejemplo de Rodas para que esta ley pueda tener dictamen y ojalá pronto tengamos sesión para llevarla al recinto”.

Además, consideró que “solo quien pasó por una situación así, sabe que se necesita un tratamiento específico, un trato humanizado a las familias que tienen que atravesar la tragedia”, y contó que le pasó de “una forma cercana” por lo que comprende que “en estos tiempos la humanización de todas las redes sociales, tenemos que tratar de indicar a través de las leyes cuál es el camino”.

Volvió a hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Salud quien explicó: “Ambos proyectos tuvieron consulta en la secretaría de presupuesto. Esta no tiene costos fiscales”. Así la iniciativa pasó a la firma.

El proyecto establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

Pubertad Precoz

Respecto del dicha iniciativa, Yedlin recordó que “es un proyecto que se trabajó mucho en Diputados. En alguna sesión se planteó la necesidad de una ley. En ese momento derivamos al colectivo que pedía sobre esta patología al Minsiterio de Salud y eso generó que se incorpore al DMO la medicación para este tratamiento, pero de todas maneras nos llega una ley con amplia mayoría”.

“Es una patología de causa desconocida en la mayoría de las veces por la cual los niños y niñas empiezan su proceso de pubertad en forma temprana, antes de lo normal. Es normal que una nena de 8 años empiece su proceso de pubertad que empieza con desarrollo mamario y dos años después con su primera menstruación, eso es lo más temprano como normal. SI esto empieza antes entonces se considera pubertad precoz. En los varones el signo es el aumento testicular”, explicó el tucumano.

En tanto, sumó: “Además de la importancia psicológica que tiene el desarrollo previo donde todos los demás compañeros no se han desarrollo y lo que ello implica, hay un tema de altura y talla final porque una vez que una niña tiene su menarca ya no crece mucho más, entonces se pierden años de crecimiento, y a partir de la aparición de determinados tratamientos que detienen la pubertad se puede permitir que estos chicos crezcan los centímetros que tiene que crecer y cuando llegan a la edad acorde a que la pubertad se desarrolle, se libera la pubertad y entonces el niño ha crecido 5 o 6 centímetros más”.

“Tiene un tema psicológico, social, de redes, familiar y un tema de talla final que no es menos importante. La ley prevé un programa nacional que garantice para todo el sistema de salud público el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la capacitación del equipo tratante y la difusión de esta enfermedad para su conocimiento para que se conozca, se diagnostique y se trate en tiempo y forma”, explayó Yedlin.

Además, afirmó que pasó por la oficina de presupuesto y “tiene un costo cerca de los $900 millones anuales. El costo total entre diagnóstico, tratamiento y divulgación. Es un costo pequeño para el sistema de salud frente al beneficio que genera. Es una enfermedad infrecuente 1 cada 5 mil casos”.

Hizo uso de la palabra Fiad quien aseguró: “Estamos todos de acuerdo con esto. Hay una resolución previa con el Ministerio de Salud”, y puso en valor que “pubertad precoz es una enfermedad poco frecuente de las 8 mil enfermedades poco frecuentes. Es una necesidad el tratamiento”.

“Hay un proyecto que presente sobre la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa de legislativa en salud. Creo que sería bueno tratarlo porque se podría evitar barreras administrativas que tiene las leyes. Pondría en valor cada norma sanitaria”, planteó el radical.

El segundo expediente establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril con 175 votos a favor.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Desde el Ministerio de Salud expusieron en la Cámara alta el informe sobre la Ley “Mil Días”

La disertación estuvo a cargo de la secretaria del ministerio, Sandra Marcela Tirado, quien informó que “en el 2021 Argentina tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja”. Previamente, la Comisión de Salud ratificó sus autoridades.

La Comisión de Salud del Senado se reunió este martes en el Salón Arturo Illia para tratar una serie de proyectos y también para ratificar a sus autoridades. Así, volvió a ser designado como presidente de la misma el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia al jujeño Mario Fiad (UCR-JxC), en la secretaría quedó Lucía Corpacci.

Al inicio de la reunión se oficializó un cambio en la comisión: la senadora María Teresa Margarita González (FNyP – Formosa) reemplazará a Guillermo Andrada (Catamarca)

Al hacer uso de la palabra para ratificar a las autoridades, al vicejefa del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que fue una comisión que en estos años “ha tenido mucha visibilidad, no solamente por la pandemia sino también por los consensos que se han en la comisión para sacar proyectos que son muy deseados y muchos han trabajado para ser tratados en el Senado. Confiamos en este tridente de conducción”.

Informe de la Ley “Mil Días”

Luego, la comisión recibió a Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, quien expuso para dar a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como “Mil Días”, que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020.

Tirado agradeció la invitación y la posibilidad de “dar la devolución del primer año de la implementación de la Ley”. Al inicio, hizo un repaso de los principales puntos de la norma, que establece un acompañamiento, protección y cuidado integral de la salud y de la vida de las personas gestantes y niñas y niños en los primeros 3 años de vida.

Según recordó la funcionaria, la Ley tiene como objetivo reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo, comprender la salud de manera integral y prevenir violencias.

Además, resaltó que la norma fue un “desafío que lo estamos pudiendo hacer desde la unidad coordinadora con el trabajo intersectorial, las diferentes políticas integrales y públicas, gestión federal de 1000 días. El trabajo intersectorial es una de las cuestiones más ricas y potentes que tiene la Ley”.

“Todas las políticas siguen la perspectiva de curso de vida es una forma de ver la salud e implementar la política pública de los diferentes cursos de vida teniendo en cuenta la prevención durante el embarazo, la niñez, adultos mayores, y no desde un enfoque de patologías sino desde un enfoque desde salud y prevención”, explicó.

Sobre los ejes de la Ley, detalló: “El foco está sobre disminuir la mortalidad infantil y materna, luego prosperar para lograr una salud integral y bienestar, y transformar desde la diversidad y la prevención de la violencia. Con este enfoque intersectorial de equidad, curso de vida y territorial”.

“El marco normativo tiene acuerdos internacionales en relación a los derechos de niños y niñas, también de mujeres, y todas aquellas leyes nacionales que de alguna manera están relacionadas a esta Ley y, a su vez, normativas provinciales en relación a todas las leyes que dieron origen a esta Ley 27.611. La Ley prevé que la autoridad de aplicación está en el Ministerio de Salud de la Nación que debe diseñar un modelo de atención y cuidado integral de salud específico y adecuado para la etapa de embarazo y hasta los 3 años y genera y crea la unidad coordinadora y forman parte todos los ministerios y organismos del Estado que están relacionados a la implementación de políticas públicas de esta ley y, también, con las provincias para el trabajo conjunto”, explayó.

Tirado precisó que el Ministerio de Salud cuenta con 3 secretarías. La secretaría de Acceso a la Salud donde se encuentra la sub secretaría de Estrategia Sanitaria y la dirección nacional de abordaje por curso de vida con la dirección de Salud perinatal y niñez como “grandes áreas relacionadas con la implementación de ‘Mil Días’, pero también la subsecretaría de medicamentos por la distribución de insumos y la dirección nacional de reproducción sexual”.

Sobre el período que tiene la Ley desde la gestación hasta los 3 años de vida manifestó: “Entendemos el entorno familiar y comunitario como estructuras que estarán siempre presentes en este curso de vida al igual que los servicios de salud y, después, diferentes áreas del Estado que tienen trabajo en diferentes momentos como ANSeS durante la gestación con la asignación por embarazo que pasó a ser de 9 meses, la asignación por nacimiento, por adopción y dentro de la AUH se incorpora la asignación por cuidado integral mediante ciertos parámetros de control de salud y vacunas. Los organismos de proyección en situaciones de vulnerabilidad para lograr el derecho a una vida libre de violencia”.

 “Desde que la Ley se reglamentó, poder definir las políticas públicas a trabajar en conjunto y poder que este peso que se le da a las políticas públicas tener esta Ley, que se votó por unanimidad en ambas cámaras, nos da un peso de política de Estado muy fuerte”, sostuvo la secretaria de Salud.

Por otro lado, destacó el capítulo sobre Nutrición que tiene la Ley y consideró que “la lactancia es fundamental para esa buena nutrición. El 97% de los niños y niñas inician la lactancia al nacer, pero solo el 44% tiene lactancia exclusiva hasta los 6 meses por eso lo tenemos como algo importante a mejorar, al igual que el acceso a centros de cuidados infantil o a una vida libre de violencia”.

Además, brindó distintos indicadores, siendo el primero de ellos sobre los nacimientos en todo el país: “Tenemos una tasa de natalidad que desde el 2015 tiene una disminución en lo que hace a la tasa de natalidad total, pero no a la tasa de nacidos prematuros que siguen manteniendo una tasa estable por lo cual también ha sido una definición desde la unidad coordinadora el trabajo en la prevención como en la atención”.

En lo que hace a la mortalidad infantil, Tirado aseguró que “en el 2021 Argentina tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja de 8 por 1000 y de ahí sus dos componentes, la tasa de mortalidad neonatal sigue siendo la más grande que es de 5,7 por 1000 y la de post neonatal de 2,3 por 1000. La prematurez es la principal causa de mortalidad infantil en el componente neonatal”.

Respecto a los indicadores de mortalidad materna afirmó que “suele presentar cambios de subir y bajar en diferentes años. En el 2021 tenemos un ascenso muy importante, siendo la razón de 7,4 por 10 mil y esto se debe a la gran mayoría por muerte por Covid-19”.

Políticas integrales e indicadores desde la implementación de la Ley

“Esta Ley se basa en derechos como la identidad, la seguridad social, la salud integral, a la información y capacitación. En cada uno de estos derechos se implementan políticas públicas”, precisó Tirado.

Al respecto, comentó que sobre las políticas de identidad: “Estamos con un trabajo de maternidades seguras donde se realizan los partos, proceso de identificación de recién nacido y gestantes a través de pulseras identificatorias con códigos QR. Se entregaron 400.000 en 2022”.

Sobre el cuidado integral, contó: “Todo lo relacionado a políticas integrales para la prematurez, lactancia y nutrición, desarrollo infantil, acceso a la salud y algunas estrategias específicas como sueño seguro, parto respetado y primera hora de vida, prevención de lesiones y embarazo adolescente”.

“Un indicador es la campaña de invierno porque durante el primer año de vida una de las causas de mortalidad infantil son las infecciones respiratorias, las bronquiolitis y por eso tenía que estar incluida en el informe. Un dato es el palivizumab que son ampollas anticuerpos para prevenir la bronquiolitis que se administran en prematuros de alto riesgo o en niños con cardiopatías congénitas”, explayó.

También detalló que se realizan la pesquisa neonatal de enfermedades congénitas con análisis garantizando el 100% de cobertura, intervenciones de cardiopatías congénitas “durante el año se realizaron 982 intervenciones de menores de 3 años”. Se incorporó la distribución de test de embarazos en el botiquín Remediar.

“Hicimos un convenio con el Sistema Penitenciario Federal para poder hacer las cunas. A su vez se hizo el manual por el cual tenemos la definición de lo que es una cuna segura junto con la Sociedad Argentina de Pediatría estamos en la distribución de los primeros 14 mil kits y se van a distribuir 54 mil kits posteriormente”, precisó y sumó: “También insumos obstétricos. Sobre trombofilia es algo que incorporó la Ley que no lo teníamos y es la primera ver que se compra tratamientos específicos para la trombofilia y se distribuyeron 547 tratamientos”.

Sobre la hipoacusia, la funcionaria informó: “Se recuperó el Programa de Hipoacusia y las compras de audífonos, de implantes cocleares y de vinchas osteointegradas. En el botiquín Remediar se hizo específico de Mil Días tanto con medicación para prevenir prematurez como trombofilia y medicación para los primeros 3 años de vida y se distribuyeron en los 8 mil centros de salud”.

En relación a nutrición y lactancia, la secretaria precisó que se está distribuyendo en todas las provincias el “Fierritas” para la prevención de anemia que es de “fácil” administración. También hay un kit de lactancia que “son un saca leche con termitos para mantener la lactancia”.

“Es la primera ver que desde el Ministerio de Salud se compra la cantidad necesaria para todo el país de leche de fórmula especiales de prematuros, para fenilcetonuria y fórmula de inicio”, indicó y detalló que se distribuyeron en neonatologías de todas las provincias 200 monitores de TA no invasivos, 20 monitores de Función Cerebral, 25 potenciadores evocados, 20 oftalmoscopios binoculares indirectos para ROP y 300 otoemisores.

En suma, contó que se desarrollaron guías para la atención del prematuro, para el control posparto, control prenatal, trombofilia, crianza y cuidado. “Todo esto tiene que tener una impronta federal y tiene que llegar a todas las provincias y para eso se hacen cursos de gestión territorial. Se capacitó a 650 personas de las 24 jurisdicciones que son sectores territoriales de los 1000 días”, planteó Tirado.

“Todo el presupuesto destinado a cada una de las políticas públicas de mil días está marcados como etiqueta de mil días y podemos decir tanto desde ANSeS como de Educación y SENAF el presupuesto con el crédito vigente ponderado de cada una de las políticas públicas que le da el soporte real. Nos da un crédito vigente ponderado de $314.127.372.475”, finalizó.

Hizo uso de la palabra la senadora Fernández Sagasti quien destacó la sanción de una Ley que “tiene que ver con la vida, con el cuidado, con la accesibilidad de medicamentos de tratamientos a personas que el sistema de salud no llega”.

Al respecto, le transmitió dos preocupaciones y le explicó: “En la provincia de Mendoza estamos teniendo un problema grave de profesionales de salud en general, pero con pediatría y neonatología en particular por los bajos salarios que tiene la provincia. Somos la segunda provincia con peores salarios del país. Los efectores del sistema de salud se están yendo a trabajar a otras provincias porque los salarios son más elevados”.

“¿Han tenido en cuenta esta crisis sobre todo en la pediatría, han incluido alguna estrategia para esta situación que es a nivel nacional? ¿Están pensando alguna línea para reforzar el tema de pediatría?”, preguntó la oficialista y en segundo lugar consultó: “El tema PROGRESAR que ha venido una iniciativa de Diputados para convertirlo en ley, lo cual me parece excelente, si se puede incluir el tema de salud como en la AUH para que puedan seguir con la prestación. Poner un ítem en el PREGRESAR de asistir a un centro de salud una vez por mes o al año para que se hagan chequeos y cruzarlo con el tema de salud mental, sería muy bueno que se incluya dentro del PROGRESAR el tema de los cuidados médicos”.

Al responderle, la secretaria de Salud afirmó que conocen la crisis que se está atravesando con la falta de profesionales de “varias especialidades”. “Venimos trabajando con la Secretaria de Calidad para poder estimular para que se presenten a las residencias, se hacen incentivos, pero a pesar de eso se presentan la mitad. También estamos capacitando para cuestiones específicas para poder hacer más eficiente el recurso humano”.

Sobre el PROGRESAR, aseguró que “tenemos salud mental que trabaja en la unidad coordinadora y ahí tenemos una experiencia que trabajamos con asesorías en clubes, escuelas. Hay que buscar dónde están los adolescentes y con las asesorías tuvimos buenos resultados. Incluir cierta obligatoriedad me parece bien”.

A continuación, Yedlin expresó: “La pandemia fue de tal impacto y de tanta potencia y tal cicatriz que nos dejó que hay muchas políticas públicas de tremendo efecto e impacto, de inversión y resultados que por ahí han pasado desapercibidas. Muy bueno el informe creo que es importante seguir trabajando. Si no hubiese sido por la pandemia, la mortalidad infantil más baja del país hubiera tenido un impacto distinto hoy pasa un poco desapercibido con la cantidad de mortalidades que hubo en pandemia. Es un mérito jurisdiccional”.

Luego habló el radical Fiad consideró que “tenemos que hacer un replanteo en particular de déficit general que se esta dando a nivel general sobre los profesionales. Hay que dar respuestas inmediatas. No solo es la cantidad sino la mala distribución por eso hay que incentivar las actividades y poder asistir las demandas que existen y pensar incentivos para erradicar profesionales del interior”.

Por último, pasaron a la firma una serie de proyectos de declaración y resolución.

El Senado tratará los proyectos de muerte perinatal y pubertad precoz

Será en las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda. También se recibirá un informe sobre la Ley “Mil Días”, con la exposición de una funcionaria.

En una semana donde se pondrán en marcha algunas comisiones del Senado, se realizará este martes un plenario de Salud y Presupuesto y Hacienda desde las 16 en el Salón Illia, con un temario que contiene dos proyectos de ley con media sanción de Diputados sobre muerte perinatal y pubertad precoz.

Como primer paso, deberán designarse las autoridades de Salud, que ha estado presidida desde el año pasado por el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia por el jujeño Mario Fiad (UCR-JxC).

En un primer tramo, Salud se abocará a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como “Mil Días”, que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020. Al respecto expondrá Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

Luego sí pasará al plenario junto a Presupuesto y Hacienda para tratar dos iniciativas. La primera de ellas es la referida a establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

El segundo expediente será el que establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

El Congreso aprobó una treintena de leyes en materia de salud en los últimos tres años y medio

Durante la gestión del Frente de Todos, marcada por la pandemia y un Parlamento polarizado, sobre todo a partir de la segunda etapa, los temas sanitarios fueron la llave de varios consensos. Beneficios para trabajadores, vacunas y aborto, entre los temas destacados.

Por Melisa Jofré

En un Congreso polarizado, sobre todo a partir de la segunda etapa del gobierno del Frente de Todos, los temas de salud se han ganado un lugar en la agenda de las sesiones y han sido, en distintas ocasiones, la llave de varios consensos. 

Mientras algunos proyectos en materia judicial han fracasado y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo se han aprobado con lo justo, las propuestas referidas a lo sanitario encontraron unanimidad u holgadas mayorías a favor. 

Es cierto además que, durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández, el ritmo de un Parlamento que trabajó por primera vez en su historia de manera telemática estuvo marcado por la realidad de la pandemia de Covid, que dejó la aprobación de un par de normas. 

A lo largo de estos tres años y medio, en el Congreso se sancionaron una treintena de leyes referidas a la salud, que nacieron en su mayoría de proyectos consensuados entre distintos bloques. Otras no tuvieron a la comisión homónima como cabecera, pero sí siendo parte de la discusión. Unas pocas no completaron su trámite y perdieron estado parlamentario. Cabe destacar que algunas declaraciones o instauración de días alusivos no se tomaron para este informe, pero también los hubo.

Una emergencia y la pandemia 

Si bien no pasó por la Comisión de Salud, el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que Alberto Fernández envió al Congreso al asumir en diciembre de 2019, incluía varias emergencias, entre ellas la sanitaria con un capítulo compuesto por 22 artículos. Por ese entonces, el oficialismo destacaba la decisión de volver a jerarquizar el Ministerio de Salud, al mando de Ginés González García, y cuando a los pocos meses sorprendió la pandemia, varios voceros se encargaban de recordar el asunto de la “emergencia sanitaria” en la que estábamos, y que posteriormente se extendería por decreto. 

En su primera sesión remota, el 13 de mayo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó de manera virtual la “Ley Silvio”, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus. La iniciativa, que establecía un programa de protección para el personal de salud, salió por unanimidad, al igual que una propuesta para eximir de Ganancias a los trabajadores esenciales. Ambos proyectos fueron ley a la semana siguiente en el Senado, donde también se sancionó una norma para actualizar el vínculo jurídico de la Cruz Roja -institución que cobraba relevancia en ese contexto- con el Estado Nacional, un tema que estaba con media sanción de Diputados desde 2018. 

El exdiputado Eduardo “Bali” Bucca, autor de la “Ley Silvio”, durante la sesión del 13 de mayo de 2020.

Otras leyes destacadas de ese primer año de pandemia fueron una que estableció la autorización de las recetas digitales y otra por la cual se creó una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid

Durante octubre de 2020, el oficialismo logró aprobar el proyecto que establecía condiciones excepcionales en los contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas. En Diputados salió por 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones, mientras que en el Senado consiguió 56 votos positivos y 11 negativos. 

Legalización del aborto, etiquetado frontal y nueva Ley de VIH

Incluido en su plataforma electoral, a un año de haber asumido, el Frente de Todos se alzó con la legalización y despenalización del aborto, en una discusión transversal a todos los bloques que transcurrió durante diciembre de 2020. No exenta de miradas sumamente contrapuestas, pero con un escenario de tendencia más favorable al anterior debate que se había dado en 2018, la norma se sancionó el 30 de diciembre en el Senado. Junto a ese proyecto se aprobó uno de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.

El recinto del Senado, con funcionarias en los palcos, en la sanción del aborto en diciembre de 2020.

Las comisiones de Salud de ambas cámaras tuvieron parte en una discusión de una ley que se demoró un año entre su aprobación en el Senado, en octubre de 2020, y su aprobación definitiva en Diputados, en octubre de 2021: la de etiquetado frontal de alimentos. Producto del fuerte lobby, la norma llevó tiempo pero se terminó sancionando por amplia mayoría, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en la Cámara baja. En la cámara de origen se había consensuado un proyecto entre la oficialista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos, que había cosechado 64 votos positivos y solo 3 negativos. 

Otro de los proyectos que se destaca en estos últimos años es la nueva ley de respuesta integral al VIH, sancionada en junio de 2022, que vino a reemplazar la 23.798 de 1990. En esta nueva norma se incorporó a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Algunas leyes que esperaron meses

En el listado de leyes en materia de salud sancionadas en estos tres años y medio, en julio de 2020 figura el proyecto sobre fibrosis quística, que había tenido media sanción de Diputados en noviembre de 2019. También con data de media sanción durante la gestión anterior, en octubre de 2020 el Senado aprobó finalmente una iniciativa para regular el ejercicio de fonoaudiología

En octubre de 2020, la Cámara alta aprobó y giró a Diputados la ley sobre cuidados paliativos, que recién se terminó de sancionar en julio de 2022. Dos casos demorados fueron también un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio la violencia de género, con fecha de noviembre de 2020 en la Cámara baja y sancionado definitivamente en octubre de 2022 en el Senado. En tanto, la iniciativa sobre digitalización de historias clínicas, que la Cámara de Senadores abordó en noviembre de 2020, primer año de la pandemia, terminó por aprobarse en Diputados en febrero de este año, justo un día antes de que cayera por el comienzo de un nuevo período ordinario. 

Una norma que esperó ocho meses, de octubre de 2021 a junio de 2022, fue la ley de oncopediatría, votada por unanimidad en ambas cámaras, con beneficios para las familias de niños y adolescentes con cáncer.

La media sanción de la Ley de Oncopediatría en el recinto de la Cámara de Diputados.

Entre los proyectos se registra la reforma de la ley de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad; la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana; y una reforma a la Ley de Sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). 

Aprobadas este año

En lo que va de 2023, el pasado 13 de abril, el Senado trató la ley de promoción y desarrollo de la enfermería, otra iniciativa que había nacido por la importancia de estos trabajadores de la salud durante la pandemia, y que se demoró casi dos años desde el comienzo de su discusión, en junio de 2021. La media sanción de Diputados había salido en septiembre de 2022. 

En esa misma jornada, la Cámara alta sancionó por unanimidad la ley para ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, por otro lado, devolvió con cambios a Diputados el proyecto para eximir de Ganancias al personal de salud por el concepto de guardias. Una semana después terminó de sancionarse en la cámara de origen. 

El 19 de abril, la Cámara baja aprobó la ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, que también esperó tiempo, ya que databa de diciembre de 2021 cuando salió del Senado.

Lo pendiente y lo que perdió estado parlamentario 

Actualmente, con media sanción de Diputados aguardan por ser tratados en el Senado un proyecto de ley sobre muerte perinatal y otro sobre pubertad precoz. En tanto, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja ya obtuvieron dictamen favorable una iniciativa sobre seguridad del paciente y otra para jerarquizar el ejercicio del acompañamiento terapéutico. 

Pese al avance de numerosos proyectos, hubo algunos casos que perdieron estado parlamentario, como una propuesta para crear un programa nacional de asistencia, acompañamiento y cuidado integral del personal de salud en situaciones de crisis y emergencias, que tuvo media sanción del Senado en mayo de 2021, cuando ya transcurría más de un año de la pandemia y los contagios y muertes por Covid eran mayores que en las de 2020, pero cayó en Diputados.

Tampoco tuvo trámite en la Cámara baja una iniciativa aprobada en octubre de 2020 en el Senado para regular los principios y alcances de la “telesalud”, incorporando a la atención médica el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs); otra sobre la figura de los facilitadores interculturales en la salud y una sobre la creación de un registro nacional de bancos de leche materna. 

Entre los proyectos que no prosperaron hubo uno muy criticado por la oposición, pero que el Frente de Todos con ayuda de aliados aprobó en mayo de 2021 en el Senado. Se trataba de una ley enviada por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores pudieran tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos. Cuando pasó a Diputados tuvo dictamen de comisión, pero nunca se trató en el recinto.

La Comisión de Salud emitió dictamen para dos proyectos de gran importancia

Las iniciativas sobre Acompañamiento Terapéutico y el Régimen de Seguridad Sanitaria y de los Pacientes avanzaron en la comisión presidida por Mónica Fein.

Se retomará en Diputados el debate sobre “Seguridad del Paciente” y “Evaluación de Tecnologías Sanitarias”

Será en una nueva reunión informativa de la Comisión de Salud, presidida por la socialista Mónica Fein.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, retomará el debate sobre “Seguridad del Paciente” y “Evaluación de Tecnologías Sanitarias”.

El encuentro, citado para el próximo martes 11 a las 17 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, será el tercero que se realice con la participación de invitados.

El año pasado se llevaron a cabo dos reuniones informativas con médicos, directores y autoridades de hospitales e instituciones médicas, representantes de prepagas y especialistas.

La primera de las jornadas tuvo lugar el 29 de noviembre, mientras que la segunda se realizó el 14 de diciembre. El objetivo es nutrirse de la información necesaria para trabajar luego en el consenso de los distintos proyectos de ley que hay presentados sobre ambos temas.

Senado: dictamen favorable al proyecto que jerarquiza el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas 

La Comisión de Salud dio visto bueno a la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados. Además, en reunión plenaria con la comisión Trabajo, se dio el puntapié inicial para debatir el proyecto sobre derechos laborales en las residencias.

La Comisión de Salud de la Cámara alta, presidida por el legislador del Frente de Todos Pablo Yedlin, firmó el dictamen del proyecto de ley, venido en revisión de la Cámara de Diputados, que avanza con el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas

Este proyecto propone jerarquizar con fuerza de ley, y ampliar este plan nacional que fue creado en el 2008, y desde el 2010 funciona en el Hospital Garraham, y busca la detección temprana de estas cardiopatías que afectan a alrededor de 7.000 niños, niñas y bebés. 

Estas afecciones se detectan generalmente cuando los niños muy pequeños, o en el estado de embarazo, y por eso también se contemplan los estudios dentro del Programa Médico Obligatorio entre las semanas 18 y 22, para poder realizar una evaluación cardíaca fetal, y en el caso de que se detecte una anomalía poder proseguir con los estudios correspondientes, y que todas las personas tengan la cobertura necesaria para poder detectar estas condiciones. 

Al respecto, Yedlin explicó que lo que se intenta es tratar de dar garantía por ley a que el plan que continúe, y establece una red de complejidad creciente en la Argentina para este tema. También, la sanción establece la obligatoriedad en las obras sociales y las prepagas, a través de la incorporación en el Programa Médico Obligatorio, de la detección y diagnóstico temprano de esta enfermedad. 

Por otra parte, en reunión plenaria entre las Comisiones de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, se dio inicio al debate sobre el proyecto de ley de la senadora Silvia Sapag sobre los derechos laborales en las residencias del equipo de salud. 

La iniciativa apunta a modificar el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Residencias de 1979 para asemejarla a la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo de permitir a los residentes a que puedan tener los beneficios de cualquier trabajador que se encuentre dentro del marco de la ley. 

Sobre el mismo, la autora Silvia Sapag indicó que este proyecto de ley “viene a traer el resguardo de los residentes, y viene a poner límite a los abusos de las clínicas sobre los residentes, con la excusa de que ellos les proveen de una capacitación, que de ninguna otra forma no la podrían obtener”. 

“En general nosotros vemos que, con las distintas modificaciones de la ley vigente, los residentes han tenido reconocimientos. Tienen casi todos los derechos de un trabajador, pero lo que está faltando es que tengan, por ejemplo, un seguro de mala praxis, que tengan un lugar dónde denunciar los abusos, y lo que está faltando es que haya un tope a sus guardias. Además, está faltando un contrato a plazo fijo”. 

A su turno, Pablo Yedlin consideró que se trata de “un proyecto muy interesante, con un tema de mucha actualidad y de mucha importancia. En realidad, los sistemas de salud son definitivamente recurso humano capacitado que atiende a la población enferma. El recurso humano es fundamental”.  

“Los residentes estatales tienen una relación contractual laboral con el Estado, con todas las garantías que las relaciones laborales tienen. Pero la ley que rige las residencias a nivel nacional, que es una ley firmada por Videla, es absolutamente antigua, y establece en su articulado que la relación contractual nacional con los residentes es de beca de formación. Y eso ha llevado a una serie de aprovechamientos, en dónde no se les paga como personal de trabajo sino como una beca que suele ser baja, que no tiene los derechos laborales que debiera tener un profesional ya recibido que trabaja en ese día a día”, explicó el legislador. 

Finalmente, sostuvo: “La verdad es que es una preocupación establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, y me parece que es un tema que debemos tratar. El proyecto me parece más que interesante para ponerlo en agenda y en el corto tiempo podamos tener una propuesta que tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y del Ministerio de Salud para darle garantía a los residentes en el futuro”. 

Por último, el senador Mario Fiad celebró la esta posibilidad de que se esté tratando un tema trascendente: “La residencia médica es un modelo de formación de posgrado y remunerativo, con la cual hacía falta una vuelta de rosca para generar derechos, y sin duda alguna la posibilidad de que esos derechos sean progresivos y que llegamos a tener la mejor ley posible en un tema crucial y de sostenimiento de los hospitales públicos”. 

Hoy uno de los grandes problemas que tiene el sector salud es justamente el tema de recursos humanos y debemos incentivar y reforzar para que tengamos el mejor talento humano en Salud. Por eso veo con muy buenos ojos que sigamos tratando el proyecto en comisión y que elaboramos la mejor ley posible”, concluyó el legislador. 

Se buscará en el Senado el dictamen de la ley sobre cardiopatías congénitas

La Comisión de Salud se reunirá este miércoles a las 15.30, en el Salón Illia, para avanzar con el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

La Comisión de Salud del Senado, a cargo del senador oficialista Pablo Yedlin, tratará este miércoles el proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa, que se debatirá desde las 15.30 en el Salón Illia, fue votada en la Cámara de Diputados el pasado 24 de noviembre, donde obtuvo una amplia mayoría con 209 votos a favor y solo 2 en contra, de los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel.

El proyecto tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

A través de la iniciativa se incorpora como “estudio de rutina obligatorio para todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes entre las semanas 18 y 24, como primer nivel de detección, la evaluación cardíaca fetal”. “Las personas gestantes que resulten con alguna sospecha de gestar un feto con una cardiopatía congénita deberán ser derivadas para la realización de la ecocardiografía fetal a cargo de un cardiólogo pediátrico, como segundo nivel de detección”, agrega y establece que este estudio deberá incorporarse al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Entre otros puntos, el proyecto crea un Consejo Asesor de Cardiopatías Congénitas, que será de carácter honorario y estará conformado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y sociedades científicas que aborden esta temática.

La Comisión de Salud del Senado emitió dictamen favorable del proyecto de ley de enfermería

Además, en la reunión realizada este miércoles se avanzó con una iniciativa para jerarquizar el Programa Remediar, y otro sobre reforma de la Ley de Parto Humanizado.

Durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado, presidida por Pablo Yedlin (FNyP-FdT), pasaron a la firma tres proyectos con consenso: la iniciativa para jerarquizar por ley el Programa Remediar; una modificación de la Ley de Parto Respetado, que adiciona protocolos de atención a las muertes gestacionales y perinatales; y la ley de promoción de la enfermería, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.

El primero en tratarse fue el impulsado por María Eugenia Catalfamo (UC-FdT), en conjunto con Yedlin, sobre el Programa Remediar, que garantiza la llegada de medicamentos esenciales a centros de asistencia primaria en todos los rincones del país y colabora con 33 programas del sistema de salud que dependen de su sistema logístico.

La senadora oficialista destacó que “si todo sale bien, tres programas como el Progresar, Conectar Igualdad y Remediar podrán ser parte de la ley y que los cambios de gobierno no los desfinancien”. Lo hizo en alusión a otros proyectos que se tratarán también este miércoles en comisiones. Además, le agradeció a Luis Juez (Pro-JxC) por apoyar la iniciativa.

El vicepresidente de la comisión, Mario Fiad (UCR-JxC), manifestó: “Apoyo con mi firma este proyecto, que seguramente tendrá dictamen y será tratado en el recinto”. “El Programa Remediar fue vital e importante post crisis del 2001 brindando el acceso a la medicación”, recordó.

Al momento de tratarse el proyecto de ley de enfermería, Yedlin, quien fue autor del proyecto original presentado en la Cámara baja, precisó que “el 70% de las prestaciones que recibe un paciente son obradas por enfermeros. Argentina tiene baja cantidad de enfermeros por cantidad de habitantes”.

“El objetivo es avanzar para que la enfermería se jerarquice con universitarios y técnicos. Es una deuda que tenemos con los enfermeros porque fueron la primera línea de batalla durante la pandemia”, resaltó el tucumano.

Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud

El proyecto contó también con el apoyo de Lucía Corpacci (FNyP-FdT)y María Eugenia Duré (UC-FdT), quienes coincidieron en que “es de suma importancia un incentivo para que enfermeros y enfermeras sean considerados profesionales de la salud”.

En tal sentido, Duré destacó: “Para promover formación de calidad es importante la difusión en medios públicos acerca de la profesionalización de la enfermería en universidades públicas y privadas para dar a conocer la importancia de la profesión, y que no queden solo en héroes y heroínas de la pandemia”.

Por su parte, la senadora Carmen Rivero (Pro-JxC) planteó que “hay universidades provinciales que otorgan títulos que no son reconocidos en universidades nacionales”. “Es necesaria la creación de una certificación única para todos los enfermeros de la Argentina”, consideró.

El tercer proyecto, que fue presentado por su autor, el senador Antonio Rodas (FNyP-FdT), propone una modificación de la Ley 25.929 sobre Parto Humanizado, para agregar protocolos de atención a las muertes gestacionales y perinatales.

El oficialista explicó que la iniciativa “tiene relación con el de formación y desarrollo de la enfermería ya que busca capacitar a profesionales de la salud en casos de muerte perinatal”. Además, afirmó que “la iniciativa busca el acompañamiento y asistencia con las progenitoras en esos momentos difíciles”.

“Nadie esta psicológicamente preparado para enfrentar una compleja y delicada situación, como lo es la pérdida de un bebé en la etapa prenatal, y este protocolo, simple, va a permitir resguardar a las familias, clínica y psicológicamente”, desarrolló Rodas.

En la reunión también se pasaron a la firma un conjunto de proyectos de declaración.

Yedlin aclaró que en Tucumán “no hay enfermedad nueva, pero no ha sido identificada”

El senador y presidente de la Comisión de Salud habló de los hechos sucedidos en Tucumán, tras el fallecimiento de dos personas por una enfermedad aun no detectada.

El senador nacional Pablo Yedlin (FdT – Tucumán) brindó tranquilidad acerca de los “seis casos de neumonía bilateral de origen desconocido” que afectaron a seis personas en la provincia de Tucumán: “No ha sido identificada, pero no hay enfermedad nueva ni desconocida”, remarcó.

El exministro de Salud de la provincia de Tucumán sostuvo: “Estoy siguiendo con mucha preocupación lo ocurrido con este tema, porque no conocemos de cuál bacteria se trata”, relató por Continental Tucumán. Sin embargo, el senador afirmó: “Para dar tranquilidad a la gente, todos los síntomas de esta patología son tratables”.

“Tenemos un cuadro infeccioso y respiratorio, claramente de origen bacteriano en un grupo de personas que compartieron un ambiente determinado. Por el momento sólo sabemos que todos los casos se contagiaron en el mismo lugar y que evolucionaron de forma paralela”, desarrolló Yedlin.

Respecto a las personas internadas en el sanatorio privado de la localidad de  San Miguel de Tucumán, el senador lamentó el fallecimiento de dos personas, y amplió que “en algunos pacientes, el cuadro ha sido muy grave, ya que tres personas continúan en terapia intensiva”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores explicó: “Hay una gran posibilidad de que se trate de una enfermedad producida por una bacteria acuática. Las cuales habitan, y son muy comunes, en duchas, jacuzzis y piscinas”.

Yedlin recordó que “se han visto brotes similares en Tucumán en el año 75, por lo que se debió controlar cañerías y sistemas de agua”. Finalmente, el legislador concluyó: “Esperemos que los pacientes más graves mejoren y que no haya más víctimas fatales”.

Diputados ya debaten sobre una reforma sanitaria

Fue en el marco de una reunión organizada por la Comisión de Acción Social y Salud Pública que se denominó “Desafíos actuales de la salud pública

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados recibió a especialistas en salud para debatir políticas de cara a una reforma sanitaria.

El encuentro fue encabezado por el exministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein; Mario Rovere, médico sanitarista especializado en salud internacional y exviceministro de Salud de la Nación; y Andrea Uboldi, exministra de Salud de la provincia de Santa Fe.

Como primer orador, Rubinstein mencionó los “ejes programáticos” para abordar una reforma sanitaria. “Hay un primer eje que tiene que ver con el serio problema que tiene la salud en cuanto la articulación y la integración en el sector público”, advirtió, antes de remarcar que es necesario determinar “cuál es el rol del ministerio de Salud de la Nación, cómo poder reforzarlo y cómo se articula la relación Nación-Provincias”.

“Otro de los ejes tiene que ver con la expansión de la salud pública universal y una estrategia de abordaje de atención primaria, con la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas y el mejoramiento de las prestaciones”, dijo.

El extitular de Salud de la Nación también se preguntó sobre el funcionamiento de las obras sociales y el PAMI y remarcó que, otro eje programático, implica resolver “qué vamos a hacer con los medicamentos de altos precios y los recursos humanos que necesita el país”.

Por su parte, Mario Rovere analizó el rol de la salud pública durante la pandemia: “El sistema de salud en Argentina tuvo un desempeño razonable si se lo compara con otros países de América Latina. Países de marcada orientación de derecha tuvieron que amenazar a su sector privado porque no querían atender pacientes Covid”.

Asimismo, Rovere llamó a “discutir si efectivamente hay mandato constitucional de que la salud sea provincial, resulta imprescindible discutir eso”. En este aspecto, dijo que “las reformas ya no van a ser una cuestión de sanitaristas, la discusión empieza a ser una discusión política, una discusión de ciudadanos”.

Andrea Uboldi, en tanto, coincidió en que “se necesita una reforma del sistema, para ello deberíamos comenzar por los puntos de consenso; pensar en una integralidad”. “El desafío es grande, debemos considerar hacia dónde vamos y con qué herramientas legislativas contamos”, dijo.

“Cuando legislamos por patologías volvemos atrás en esta discusión que estamos dando, de pensar a la salud como un sistema integral”, detalló.

En este sentido, Uboldi llamó a “empezar a trabajar en acuerdos y empezar a pensar sobre qué implican las herramientas legislativas, vinculadas con el presupuesto, para poder avanzar”.

De la reunión también participaron funcionarios de la cartera de salud de diferentes jurisdicciones, en representación de la Comisión de Legislación del Consejo Federal de Salud (COFESA).

Dictamen favorable en el Senado al proyecto de resistencia antimicrobiana

La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara baja, propicia el uso responsable de los antibióticos y regula cuestiones referidas al expendio de los medicamentos. También pasó a la firma el proyecto que instituye el 23 de junio como el Día Nacional de Dravet.

La Comisión de Salud del Senado, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para darle tratamiento a dos proyectos que cuentan con media sanción de la Cámara baja. Uno propone instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet para generar conciencia y prevención; y la otra iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana. Ambos proyectos pasaron a la firma.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

En primer lugar, dieron tratamiento al proyecto que busca instaurar cada 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet, del cual el titular de la Comisión bregó para que sea tratado y se convierta en ley en la próxima sesión de la Cámara. Asimismo, explicó que “es una enfermedad, una epilepsia refractaria, mioclónica de los niños, muy grave. Es una enfermedad que hoy lamentablemente no tiene un tratamiento curativo”, y sumó que el control de las convulsiones “cuesta mucho”.

“Además genera un retraso madurativo en los chicos con esta enfermedad y se ha estado intentando porque, es la enfermedad con mejor evidencia en cuanto al tratamiento con el cannabis medicinal, es la enfermedad en cuanto a bandera de la efectividad de esta medicación en el mundo y se está usando para eso”, explayó Yedlin a lo que informó que varios estudios muestran una “efectividad en la reducción de crisis”.

En ese contexto, contó que “había un Día Internacional que era este mismo día que proponemos”, motivo por el cual precisó que el proyecto busca instituir el 23 de junio como Día Nacional con el objetivo de “poner en jerarquía esta enfermedad e instituye, de alguna manera, la necesidad de la capacitación, el control, el tratamiento de estos chicos a lo largo y ancho de la Argentina”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión, el jujeño Mario Fiad, reforzó los conceptos que su predecesor dio sobre la patología agregando que “hay que poner en evidencia las campañas que van a promover la capacidad y el conocimiento de la difusión y de la prevención de muchas acciones que se deben tener”. También recalcó la eficacia del cannabis medicinal porque “hay experiencias que han reducido las posibilidades de su evolución”.

Foto: Juan Carlos Cárdenas/ Comunicación Senado

Concluido el primer tema de forma satisfactoria, pasaron a darle tratamiento a los expedientes sobre la prevención y control de la resistencia antimicrobiana. “Es un proyecto que cuesta un poco explicarlo”, sostuvo el tucumano y resaltó: “Tiene alguna complejidad técnica, pero es de suma importancia y estamos bregando para que esta ley se constituya”.

En ese sentido contó que la Organización Mundial de la Salud dentro de los 10 problemas más grandes de salud pública que enfrenta el mundo, antes de la pandemia, uno de ellos es la resistencia antimicrobiana que “no es otra cosa que las bacterias, los virus, los parásitos, los microorganismos en general que no se enferman van generando resistencia a los tratamientos que tenemos contra ellos”.

“La aparición de los antibióticos en la medicina es un fenómeno moderno de la post guerra. En estos años, a lo largo del tiempo los microorganismos, a pesar de la producción y variados antibióticos, antivirales y antiparasitarios, los microrganismos en general han ido generando resistencia. Esto nos pone en una situación tal que, ante determinadas infecciones, nos quedamos sin arsenal terapéutico contra estas infecciones”, explicó Yedlin.

A su vez, recordó que en la pandemia han tratado a personas en terapia intensiva en donde tenían “sobre infecciones bacterianas no teníamos antibióticos de la potencia o todo tipo suficiente para arle batalla”, e informó que en el mundo por año fallecen 700 mil personas por dicha enfermedad y advirtió que si no “batallamos” en los próximos años las muertes podrían ser millones.

“¿Cómo se hace para trabajar en la resistencia antimicrobiana?”, preguntó el titular de la Comisión de Salud a o que respondió: “Es un trabajo complejo, por eso la ley es relativamente extensa. Por un lado, requiere de la supervisión de las infecciones sobre todo las asociadas a las cuestiones de salud que son las que ocurren en las terapias intensivas, en hospitales. Por otro lado, el control, el Comité de Infecciosas, el uso juicioso de los antibióticos dentro de las instituciones de salud es una parte importante de esto”.

En esa línea, explicó que el proyecto prevé un plan nacional de control de enfermedades producidas por agentes resistentes y también que para la compra de un antimicrobiano en una farmacia no baste con una receta, sino que va a exigir una receta archivada como los psicotrópicos; el médico deberá incluir el diagnóstico en la receta.

 “Otro de los problemas es que se hacen tratamientos muy cortos, no se cumple con el ciclo del tratamiento y las bacterias generan resistencia. La ley exige a la industria farmacéutica la readecuación de los formatos de venta con el tratamiento completo”, precisó Yedlin y remarcó que la iniciativa “abarca la problemática de la antimicrobiana de manera integral. Esto es un avance importante”.

Tomó la palabra nuevamente Fiad quien manifestó: “Los proyectos tienen que ser en beneficio de la gente, independientemente de quienes lo presenten”, y reforzó: “El tema de fortalecer el control en la prescripción, en el tema del expendio y la adecuación de los envases. Es un poco de lo que cotidianamente tiene posibilidad de acceso a la farmacia porque cualquiera prescribe un antibiótico y eso ocurre sistemáticamente y esto frente a darle fin a esto y a darle un concepto científico con prevención futura con respecto a la expectativa de vida en el tiempo”.

Foto: Comunicación Senado

En el uso de la palabra, la secretaria de la Comisión, Lucía Corpacci (FdT – Catamarca), resaltó las palabras de su predecesor y señaló: “Estamos tratando un proyecto de ley que tiene que ver con una realidad del país que es la automedicación porque cualquiera va a la farmacia y vamos y lo compramos”.

“La automedicación existe con muchos medicamentos, el problema con los antibióticos, cuando uno se automedica y se los utiliza mal, el problema es que se genera resistencia porque cuando no se completa el tratamiento se destruyen un porcentaje de bacterias, pero las que perduran en el individuo son las que no han sido sensibles a ese antibiótico. Esa bacteria se multiplica y si se contagia a otra persona es con esa bacteria resistente, por eso es un problema de salud pública”, advirtió Corpacci y subrayó la necesidad de legislar para que el antibiótico “no se venda como si fuese una golosina en la farmacia”.

En su intervención la senadora puntana Eugenia Catalfamo destacó a las autoridades de la Comisión y preguntó por la cantidad de niños que en el país sufren del Síndrome de Dravet. Ante lo que Yedlin respondió que “se calcula 1 cada 16 mil. No hay un registro argentino claro”.

Una pregunta parecida, pero sobre la resistencia antimicrobiana, lanzó la senadora opositora Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y señaló que “esta ley dice que se cumpla la otra ley que ya tenemos que tiene que diagnóstico cualquier receta. Deberíamos hacer que las instituciones que controlan funcionen”. “Números generales no tenemos, podemos pedirle al Ministerio de Salud para la presentación en el recinto”, aclaró Yedlin.

A su turno, la vicejefa del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, compartió las palabras de Fiad y sumó: “Es importante que esto no solo se vea desde el ámbito de la política de salud sino lago integral que tenga que ver con la alimentación y la ambiental”, y celebró que “todos estemos de acuerdo con esto”, y destacó la implementación de la Ley del Etiquetado Frontal que “tiene un capítulo muy importante sobre el tema de la publicidad”.

El proyecto

La iniciativa busca la creación de un “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de una “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada’”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica”. La iniciativa viene con una modificación en el artículo 13 que reza: “Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativo de los medicamentos que incluyan Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), que tengan actividad antimicrobiana sistémica, solamente pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase”.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.

El Senado reinicia la actividad parlamentaria con una serie de comisiones

Este martes visitará la Cámara alta el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El kirchnerismo retomará la discusión sobre cambios a las leyes de consulta e iniciativa popular. Qué otros temas hay previstos tratar.

Luego de un receso invernal de tres semanas, el Senado reanudará la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisiones, que comenzará este martes a las 15 con la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima que preside el oficialista Matías Rodríguez. El encuentro será en el Salón Illia.

Tres horas más tarde, a las 18, fue citada la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, comandada por la senadora de JxC Beatriz Ávila, a fin de tratar proyectos sobre transferencia de inmuebles; cambios en el modo de selección de los miembros del directorio del ENARGAS y el ENRE; y la iniciativa con media sanción sobre instalación de señalética referida a las Islas Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas argentinas en el mundo.

En tanto, el miércoles a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda del miércoles corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, a las 14.30. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Se reactivan las comisiones: la agenda del Senado para la próxima semana

Luego del receso invernal, el próximo miércoles fueron convocadas distintas reuniones en la Cámara alta. El kirchnerismo retomará la discusión sobre modificaciones a la ley de consulta popular. Qué otros temas hay previstos tratar.

Tras el receso invernal en el Congreso, la próxima semana comenzará a reactivarse la labor parlamentaria de las comisiones y el Senado ya se anotó para el miércoles 3 de agosto un par de reuniones.

Entre ellas, a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda de la Cámara alta está previsto para las 14.30 y es el que corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Diputados avanzó en comisión con proyectos sobre cuidados paliativos y resistencia antimicrobiana

Ambas iniciativas recibieron despacho en la Comisión de Salud. El primero deberá completar su trámite en Presupuesto; mientras que el segundo recibirá cambios antes de su tratamiento en el recinto.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto de ley vinculado a los cuidados paliativos, que tiene media sanción del Senado y ahora resta que sea tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sobre la iniciativa, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), destacó que “viene con sanción unánime del Senado” y se trata de “un gran proyecto”. “Todos coincidimos que es un gran avance y espero que cuanto antes lo podamos aprobar”, dijo.

Por su parte, la diputada Mara Brawer (FdT) resaltó que “hace muchos años que venimos peleando en esta cámara para que este proyecto se haga realidad”. “El cuidado para aquellas personas que viven una enfermedad limitante o amenazante es un derecho, por lo tanto el Estado lo debe garantizar, y lo tiene que hacer teniendo en cuenta sus historias de vida, a sus familias y la red de cuidados que esa persona necesita”, sostuvo.

En tanto, la legisladora Sofía Brambilla (Pro), quien tenía un proyecto similar presentado, ponderó: “Que el Estado esté dando una respuesta en materia de formación y acompañamiento al personal de salud, a los profesionales, no solo para el paciente, sino también para las familias, es fundamental, y es un área que creo que hasta el momento no se había cubierto”.

Ante planteos de modificaciones planteados por el diputado Gustavo Bouhid (UCR), su par Rubén Manzi (CC-ARI) aclaró que “muchas provincias necesitarán adherir o generar su propia ley. No nos olvidemos que nuestro alcance está relativizado por lo federal del sistema de salud”.

Otro de los oradores fue el vicepresidente de la comisión, Daniel Gollan (FdT), quien analizó que “muchos de estos problemas de salud tendrían que tener respuesta desde los sistémico. Hay respuestas que deberían ser sistémicas, no necesitaríamos de leyes. Si está el problema de salud, el sistema debiera dar respuesta”.

En ese sentido, consideró que “es necesario rediscutir cuestiones de fondo” sobre “qué modelo de atención tenemos de la salud, qué modelo de gestión y qué modelo de financiamiento”.

El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En ese marco, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Resistencia antimicrobiana

Luego se pasó a tratar el proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Se trata de un texto similar al que había presentado el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin, y que había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. En mayo pasado, Fein, Gollan y Manzi presentaron nuevamente la iniciativa.

Fein resaltó que “la Organización Mundial de la Salud viene planteando desde hace mucho la importancia de tener esta ley”, que busca dar “jerarquía de ley a lo que ya existe”, como el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana.

En su intervención, Gollan aseguró que “es una ley muy importante” porque la situación “es grave: nos vamos a quedar sin antibióticos”, advirtió. “En el conjunto nacional, unas 10 personas de cada 1.000 ya presentan casos de resistencia bacteriana; y en Buenos Aires, 40. ¿Por qué? Porque hay más médicos prescribiendo”, informó.

“Los médicos con esto (señalando una lapicera) somos muy peligrosos”, expresó y agregó que “hacemos cosas muy buenas pero también hacemos cosas que generan este tipo de problemas”. “Nos estamos quedando sin una herramienta extraordinaria como son los antibióticos. Se nos está acabando la línea de antibióticos para determinados tipos de bacterias, y además cada vez más caros, pero además no aparecen sustitutos”, alertó.

Sobre ese concepto, Manzi manifestó que la automedicación de la población es una “batalla educativa, más que punitiva” que hay que dar, y opinó que en Buenos Aires el número es mayor “no solamente porque haya más médicos prescribiendo, sino también hay más gente con acceso de automedicarse”.

Al cuestionar uno de los artículos del proyecto, Bouhid se refirió a “la prohibición de las muestras gratis”. “La muestra gratis seguramente viene a ayudar a los que no tienen la posibilidad de comprar medicamentos”, señaló y opinó: “Me parece que es un error y va en contra de la profesión médica”.

El tema abrió un profundo debate, durante el cual la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) apoyó ese planteo y pidió pensar “una nueva redacción para este artículo”. “Ante poblaciones de vulnerabilidad socio-económica es una herramienta fundamental muchas veces esa muestra”, dijo.

A su turno, el diputado Luis Di Giacomo (JSRN) apuntó que “no estamos contemplando lo que significa en comunidades y pequeños lugares la muestra gratis”. El legislador explicó que el hecho de que “esté mal administrada es una cuestión que hay que combatir por otro lado” pero “no podemos prohibir la muestra médica”.

En nombre del oficialismo, la diputada Paola Vessvessian (FdT) propuso “hacer una mesa de trabajo así cuando llegamos al recinto está más trabajado y realmente refleja la realidad desde todas las visiones. Podemos consultar también al Ministerio de Salud y hacer una ronda para una nueva redacción” del artículo en cuestión. Así, se pasó a la firma, y la diputada Dina Rezinovsky (Pro) aclaró que su bancada acompañaba el dictamen de mayoría, pero con disidencias sobre ese punto.

El proyecto jerarquiza el “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de la “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada’”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica” y “las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial; muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa, de los medicamentos que incluyan IFA que tenga actividad antimicrobiana sistémica”, lo que generó la discusión este martes y será modificado de cara al recinto.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.

Además, en el encuentro de este martes se completaron las autoridades de la comisión, con la designación de las diputadas oficialistas María Luisa Montoto y Rossana Chahla como secretarias; y se despacharon proyectos de resolución y declaración.

Diputados avanzará en comisión con proyectos sobre cuidados paliativos y resistencia antimicrobiana

La Comisión de Salud, presidida por la socialista Mónica Fein, se reunirá este martes a las 13.30 en el Anexo de la Cámara baja.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein (interbloque Federal), realizará este martes a las 13.30 una reunión en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja.

El temario del encuentro incluye un proyecto por el cual se asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En ese marco, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Por otra parte, se pondrá en discusión un proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Un texto presentado por el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. En tanto, en mayo pasado, Mónica Fein también presentó una iniciativa en este sentido.

Según la propuesta impulsada por la presidenta de la comisión, se busca la creación de un “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de una “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada'”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica” y “las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial; muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa, de los medicamentos que incluyan IFA que tenga actividad antimicrobiana sistémica”.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.

Por unanimidad, recibieron dictamen en el Senado las leyes de oncopediatría y VIH

Ambos proyectos, con media sanción de Diputados, tuvieron despacho de las respectivas comisiones y quedaron listos para ser tratados en el recinto.

Durante un plenario de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y Presupuesto y Hacienda del Senado, recibió este jueves dictamen unánime el proyecto de ley de oncopediatría con media sanción de la Cámara baja.

Asimismo, las comisiones de Salud y Presupuesto avanzaron luego con el despacho favorable -también por unanimidad- del proyecto de la nueva ley de VIH, votado en Diputados en el 5 de mayo pasado.

Oncopediatría

Al abrir el encuentro realizado en el Salón Illia, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) manifestó que “esperábamos y, sobre todo la comunidad de familiares de niños con cáncer de toda la Argentina, que este proyecto se pudiera transformar en ley en el corto plazo”.

Al aportar cifras, el presidente de la Comisión de Salud detalló que “en 2020 hubo en Argentina cerca de 1.919 casos de cáncer infantil. Es un número que se repite lamentablemente todos los años”. Mientras que “578 niños mueren por año, entre 0 y 19 años” y “la prevalencia de casos -en cinco años, a 2020- es de casi 6.643”. No obstante, rescató que “más del 60% del cáncer infantil hoy tiene tratamiento y curación”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, María Belén Tapia (UCR), aseguró que se trata de “un tema que por su sensibilidad merecía que escuchemos a la sociedad y lo pongamos en pronto tratamiento”. “Es un tema que nos toca transversalmente, deja de lado las grietas, las diferencias ideológicas y partidarias”, agregó.

La santacruceña dijo que se trata de “darles herramientas concretas a las familias” y destacó que “esta iniciativa es fruto de la militancia de diferentes colectivos que se organizaron a lo ancho y largo del país”.
El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.
En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Nueva Ley de VIH

Durante la reunión, la senadora Silvina García Larraburu (FdT) recordó que “desde el año 2016 que he presentado la primera iniciativa que fue fruto del trabajo mancomunado con más de 50 organizaciones”. “Esta ley ya tenía 30 años de vigencia, se necesitaba la actualización”, consideró. La rionegrina sostuvo que “la ley siempre es perfectible y mejorable, pero luego de 30 años esta es muy superadora”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), ratificó el apoyo de todo el interbloque y celebró “la rapidez y celeridad con la que se ha tratado”. El radical apuntó que en el país “hay un 30% de un diagnóstico tardío” en el caso del VIH y “un 50% de subregistro de las hepatitis”. Por eso, remarcó la importancia que tendrá la “reglamentación e implementación” una vez sancionada la ley, para llevar a cabo “campañas de incentivo para que se pueda hacer la prevención necesaria”.

El proyecto con media sanción deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990. Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

Yedlin: “El problema no es la ley, sino que se ha invertido poco en salud mental”

El senador tucumano del Frente de Todos comandará la Comisión de Salud, desde donde espera trabajar en distintos temas. Cuáles son sus expectativas y qué proyectos se tratarán en el corto plazo.

Cuando resultó electo senador por Tucumán, en las elecciones del año pasado, Pablo Yedlin tenía todas las fichas para ser el próximo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta. Comisión que, hasta diciembre, estuvo en manos de la oposición. Finalmente, y tras varios meses de retraso, se constituirá este miércoles y quedará para el oficialismo.

Médico de profesión y exministro del área en su provincia, el legislador del Frente de Todos fue una de las caras visibles durante la pandemia, cuando estuvo al frente de la misma comisión, pero en la Cámara baja. Ahora, en la previa de asumir ese mismo cargo, pero del otro lado del Salón Pasos Perdidos, dialogó con parlamentario.com acerca del trabajo que viene.

En lo inmediato, el senador reveló que “hay mucho acuerdo para que salgan” y se sancionen en una próxima sesión los proyectos sobre nueva ley de VIH y ley de oncopediatría.

Por otro lado, el oficialista opinó que “el gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley” sino que “se ha invertido poco”.

Además, Yedlin habló sobre su intención de debatir “la integración del sistema de salud en la Argentina” y cómo se regula el precio de los medicamentos.

También destacó que en los temas de salud “no hay grieta” y hay que “tratar de que no se meta”, ya que “en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso”.

Luego de conformarse la Comisión de Salud, ¿con qué temas está previsto avanzar en el corto plazo?

Si se puede vamos a convocar para una reunión de la comisión este jueves, para esta misma semana dar despacho a dos proyectos de ley que tenemos hace bastante dando vuelta, y que me parece que hay mucho acuerdo para que salgan, así que para qué demorarlo. Y por ahí poder tenerlos en una próxima sesión ya. Son media sanciones de Diputados, la de la nueva ley de VIH y la ley de cáncer infantil. Ambos proyectos en los que participé (en el debate) en Diputados.

La nueva ley de VIH, que en realidad no es solo de VIH, sino también de enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y hepatitis virales, es un proyecto interesante que viene a modernizar la vieja ley de VIH, que es una ley que tiene muchos años, que es una ley que generó muchos derechos a los pacientes con enfermedades en la Argentina en ese momento, cuando casi nadie tenía leyes de este tipo. En Latinoamérica nadie y en el mundo muy pocos, y la verdad es que permitió que los pacientes con VIH en la Argentina accedieran a tratamientos en forma gratuita a lo largo de todos estos años. Pero se agregan otras necesidades de los colectivos, más allá de las otras enfermedades, se agrega, por ejemplo, unos beneficios de ANSeS para personas con VIH con más de diez años de diagnóstico, que tengan 20 años de aporte para poder jubilarse. O sea, no se les va a exigir los 30 años de aporte. Por otro lado, aquellas personas con VIH que tengan la enfermedad activa y tengan situaciones sociales muy complejas van a poder recibir una pensión también.

Básicamente también pensamos en algunos colectivos con VIH que son muy discriminados, que forman parte de los grupos LGBTIQ, y gente que se ve en alto riesgo de exposición, sobre quienes se genera una situación de enorme vulnerabilidad social, entonces el Estado de alguna manera los va a apoyar.
La iniciativa también prohíbe taxativamente estudios pre-laborales de VIH para no discriminar a personas que buscan trabajo.

Y oncopediatría es una ley que viene de Diputados, donde también se trabajó mucho, y basicamente lo que hace es, además de garantizar el tratamiento, que eso en la Argentina ya está, es darles algunas ayudas a las familias con chicos con cáncer que, cuando sobre todo son del interior y tienen que viajar a Buenos Aires a hacerse el tratamiento, les permitirá como tener un certificado de discapacidad transitorio por dos años mientras dure la enfermedad. Entonces podrán conseguir pasajes de forma más fácil o gratuita, lugares para estacionamiento reservado, entre otras cosas.

Por estos días hay un debate interesante en torno a la Ley de Salud Mental, ¿se va a abordar una discusión para modificarla?

La Ley de Salud Mental es una ley que tiene muchos años, viene de 2010. Es una ley a la que se la está criticando hoy, en las últimas épocas, pero para mí no es correcta la crítica respecto a las internaciones compulsivas que la ley impide. Justamente, el objetivo de esta ley, en sintonía con todas las leyes de salud mental del mundo moderno, evitan las internaciones compulsivas. Lo que pasa es que también hay que recordar es que la ley sí permite internaciones compulsivas en algunas situaciones en donde, a pedido de un médico que claramente estipule por qué ese paciente no puede voluntariamente internarse, porque su condición psiquiátrica se lo impide, o no se da cuenta de la realidad en la que vive, o es un paciente adicto que no tiene capacidad para poder tomar esta decisión, el médico o un profesional tratante puede pedir al juez que le habilite la internación compulsiva. Eso existe.

El gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley, el problema es, y ahí sí creo que hay bastante coincidencia, es que se ha invertido poco en salud mental en la Argentina. También acá quiero rescatar que, cuando se dice esto, en general se va a ver el Presupuesto de la Dirección de Salud Mental de la Nación para saber cuánto se invierte. Y en realidad, en un país como el nuestro, un país federal, hay que entender que cada una de las provincias son autónomas. Que las direcciones propias, y la inversión real en salud mental las hacen las provincias. ¿En qué? En hospitales multivalentes que tengan sala de salud mental, profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, disponibilidad de recursos, eso es responsabilidad de cada una de las provincias. No tiene que ver la Dirección Nacional, que sí es un órgano rector, consultor, coordinador. A veces ayuda en financiamiento, compra vacunas o insumos, pero de ninguna manera es responsable de la salud de las poblaciones, esto lo define cada una de las provincias, entonces es difícil querer cambiarlo a través de la Ley de Salud Mental. Lo que hay que hacer es cambiar cada una de las realidades provinciales, y hay provincias que han avanzado mucho. Tucumán, por ejemplo, es una provincia que, hace unos años atrás, antes de la ley, tenía solo dos hospitales monovalentes, o sea que eran solamente psiquiátricos, uno de mujeres y uno de varones. Hoy eso ya no existe, se transformaron en hospitales generales con salas de salud mental. No teníamos psicólogos en los centros de atención primaria, y hoy todos tienen uno.

Pero cada vez que se resuenan casos mediáticos se pone el foco en la letra de la ley…

No todo se soluciona con leyes. Y tampoco es verdad que la Ley de Salud Mental sea una mala ley. Yo no voy a acordar con eso. Para mí es una ley muy importante, que ha marcado muchos derechos para los pacientes con problemas psiquiátricos, y con problemas en el uso de sustancias, pero me parece que el problema no pasa por ahí. Entonces querer solucionar un problema, generándose otro, me parece que no es correcto.

También es verdad que ninguna ley es perfecta, y que toda ley puede ser perfectible. Yo estoy dispuesto a escuchar propuestas de modificación. Ahora, lo que no me parece es que le caigamos a la Ley de Salud Mental con la culpa de que determinada jurisdicción tenga mayor o menor capacidad de internación, tratamiento y acompañamiento de pacientes psiquiátricos. Por otro lado, hoy por hoy, la internación de pacientes con problemas de adicciones o con problemas psiquiátricos, es muy baja. La mayoría de estos pacientes se trata de forma ambulatoria.

¿Qué otras cuestiones tiene previsto llevar a la Comisión?

Me parece que el gran tema es la integración del sistema de salud en la Argentina, que no quiere decir unificar el sistema de salud en un sistema público único al estilo español o al estilo inglés. Esos son países que han unificado en un sistema único con financiamiento público. Yo no digo que ese sea el camino de la Argentina, pero sí creo que el sistema fraccionado y segmentado que tiene el sistema argentino, que somos federales, genera un fraccionamiento que debe de alguna manera tener un órgano rector claro, que es el Ministerio de Salud de la Nación, sin ninguna duda para mí, que debe existir y ser fuerte. Lo digo porque hay muchos comentarios de candidatos a presidentes que quieren que no haya ministerio, Patricia Bullrich, (Javier) Milei, y todos estos muchachos. Que no solo lo dicen, sino que lo hicieron, en 2018 nos dejaron sin Ministerio. Creo que la Argentina no puede darse el gusto nunca más de no tener Ministerio. Tres veces nos pasó: dos veces con gobiernos militares y una vez con Mauricio Macri.

Esto es necesario, pero también hay muchas normativas que hay que compatibilizar. Y eso lo está llevando adelante la ministra (Carla) Vizzoti, con los ministros de las provincias, en el COFESA (Consejo Federal de Salud).

Otro tema que me parece muy importante en la Argentina, que debemos considerar, es el tema del precio de los medicamentos. Argentina tiene un sistema de salud que se basa en un derecho constitucional y, por lo tanto, debe acceder a un bien social como es el medicamento. Entonces, la inflación de los medicamentos de alguna manera debe controlarse. No podemos tener en un sistema, insisto, en donde la salud es un derecho, y los medicamentos al arbitrio del mercado, sin ningún control. Eso no puede pasar. Esto para los medicamentos de precio normal, y después, para los medicamentos de muy alto precio, que hoy son un problema en todos los sistemas de salud, porque son tremendamente caros, un millón, dos millones, 500 mil dólares por año, durante muchos años, para eso hay que generar un seguro para altos costos, que sí me parece que es responsabilidad del Ministerio de la Nación trabajar en eso.

También debemos avanzar en institutos nacionales de calidad. Por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica, que sería un instituto autárquico, independiente, con su propio presupuesto. Esto permitiría decir qué medicamentos o tecnologías médicas el sistema solidario de salud argentino debe pagarles a los argentinos y cuáles no.

¿Cómo ve que pueda darse el trabajo con la oposición?

En los temas de salud hemos conseguido consenso generalmente. Mario Fiad (expresidente de la Comisión de Salud) es una persona amiga. Hemos trabajado mucho cuando yo estaba en Diputados y él acá (por el Senado). Creo que tenemos una mirada compartida en el sentido de que lo que tenemos que hacer, que es generar más salud para los argentinos. No hay grieta en estos temas, y tenemos que tratar de que no se meta; porque al final, en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso, entonces si se avanza con leyes en las que no hay consenso, no van a prosperar.

Designarán a Yedlin al frente de la Comisión de Salud del Senado

Se constituirá este miércoles a las 14.30. El tucumano ya había ocupado ese cargo en la Cámara baja.

Constituidas finalmente las comisiones de la Cámara baja, ahora es el turno del Senado, donde van conformándose todas las que restan. Entre ellas la de Salud, que se reunirá este miércoles a partir de las 14.30, para designar a sus autoridades.

Ya se sabe que la integrarán, por parte del oficialismo, los senadores Pablo Yedlin, Anabel Fernández Sagasti, Lucía Corpacci, Antonio Rodas, María Eugenia Duré, José Emilio Neder, María Eugenia Catalfamo, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada.

También estarán, por Juntos por el Cambio, Mario Fiad, Gladys González, Stella Maris Olalla, Beatriz Avila, María Belén Tapia y Carmen Alvarez Rivero, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba.

Según pudo saber parlamentario.com, el senador Pablo Yedlin será ungido al frente de la comisión, y ya ocupó el mismo cargo en la Cámara baja hasta el 10 de diciembre pasado, donde tuvo mucha centralidad con motivo de la pandemia.

Durante su gestión en el Congreso, el tucumano fue impulsor, entre otros, de proyectos como el de la receta electrónica o digital, y la Ley de Vacunas 27.491, como así también la nueva ley de Enfermería.

Mónica Fein fue designada al frente de la Comisión de Salud

Fue este jueves durante la reunión constitutiva en Diputados en la que solicitaron la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que explique sobre la estrategia de salud mental. Las vicepresidencias quedaron en manos de Daniel Gollan (FdT) y Rubén Manzi (CC).

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja llevó a cabo este jueves en el Anexo “A” la reunión para constituir ese cuerpo de trabajo que era presidida por el tucumano Pablo Yedlin y ahora será manejada por la santafesina Mónica Fein del interbloque Federal.

Las vicepresidencias quedaron en manos de Daniel Gollan (FdT) y de Rubén Manzi (CC). Durante la elección de autoridades, fueron designados secretarios Paola Vessvessian por el FdT, y Dina Rezinovsky y Gustavo Bouhid por JxC, mientras que quedaron dos cupos aún por nombrar.

“Es una comisión muy importante, agradezco la oportunidad de trabajar en ella. Trabajamos mucho durante la pandemia y vamos a continuar con eso”, expresó Fein y sumó: “Es un honor trabajar con personas con tanta trayectoria que han ocupado ministerios, que han llevado adelante políticas concretas, que tienen un compromiso claro con la salud que es un derecho humano que debe ser garantizado con equidad, universalidad, eficacia y eficiencia para todos”. Además, destacó la presencia de la “gran cantidad de mujeres” en la Comisión.

También, aclaró que harán “un recorte de algunos de los temas” y abogó por trabajar con otras comisiones porque hay muchos temas que se entrelazan con un concepto integral de salud.

Por otro lado, remarcó que se formó con sanitaristas que le “enseñaron el rol fundamental del Estado” porque “más allá de los errores, el Estado pudo articular una formidable acción de atención, vacunación con otras provincias y vuelve a poner en debate nuevos desafíos”.

“En este primer día de Comisión presencial hay que reconocer a los profesionales de la salud y trabajar en algunas propuestas que tiene que ver con las condiciones de los equipos de salud para fortalecer en el sistema estructural de salud. Venimos de un sistema fragmentado y la tecnología tiene un centro fundamental, tenemos que trabajar en la centralidad para que el derecho a la salud esté garantizado”, remarcó Fein.

En tanto, señaló: “Tenemos que trabajar para mejorar el sistema de salud, se han presentado muchos proyectos que seguro nos van a llevar a buenos resultados. Creo que hay algunos temas para ponerlos de acuerdo para priorizar y tener una agenda muy activa, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar la Comisión. Creo en el rol del Estado para intermediar, es fundamental, todos queremos un estado eficiente y transparente”.

“Esta pendiente tratar la ley de VIH que tuvo paso por esta Comisión y la de Presupuesto, que tuvo dictamen, pero en extraordinarias no se trató, debemos priorizar el tema”, recordó la presidenta.

Por su parte, su coterráneo Gollan manifestó: “Es una alegría estar como vicepresidente acompañando a Fein con quien hemos trabajado muchos temas. Va a ser muy provechosa y sobre todo en temas muy específicos que están en carpeta sobre todo la desorganización del sistema sanitario y poder hacer aportes desde la Cámara para que el pueblo tenga más y mejor salud”.

A su turno, Bouhid recordó que “desde 1983 la agenda de salud ocupó el centro de la mirada política. No lo elegimos nosotros, lo decidió la pandemia. Está en nosotros aprovechar el impulso que dio este beneficio secundario de la pandemia. Tenemos que seguir trabajando fuerte porque en Argentina subyace un debate profundo de cómo mejoramos el sistema de salud”.

“Dos temas que no fueron mencionados que están en carpeta son resistencia microbiana y carrera o profesionalización de enfermería, podemos avanzar rápido en eso. Hay temas en carpeta que nos darán motivos para vernos seguidos y trabajar”, indicó el jujeño.

Al tomar la palabra, la radical Carla Carrizo solicitó incorporar a la agenda de trabajo el tema de salud mental y niños, niñas y adolescentes porque “no están contemplados en la ley” y eso no se puede “peticionar en términos presupuestarios porque no están mencionados en la ley”. En tanto solicitó la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para que explique la estrategia que lanzó este lunes el Ejecutivo sobre salud mental.

“Sería inteligente citarla para poder posicionar todos los proyectos de salud mental que esperan en la comisión y quedaron congelados por la pandemia. Hay un expediente que está hace 6 años esperando que es el primer programa de salud mental para niños en dispositivos comunitarios, algo que no existe en el país y está estudiado, pero el Estado no lo nacionaliza. UNICEF ha declarado la emergencia en salud mental de adolescentes”, añadió la cordobesa.

Por el FdT forman parte los legisladores Juan Carlos Alderete, Mara Brawer, Nilda Carrizo, Rossana Chahla, Federico Fagioli, Daniel Ferreyra, Ana Carolina Gaillard, Daniel Gollan, Florencia Lampreabe, Jimena López, Mónica Macha, María Carolina Moisés, María Luisa Montoto, Cecilia Moreau, Estela Mary Neder y Paola Vessvessian.

Mientras que por JxC estarán Marcela Antola, Lidia Ascárate, Gustavo Bouhid, Sofía Brambilla, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Jimena Latorre, Silvia Lospennato, Rubén Manzi, Victoria Morales Gorleri, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Sebastián Nicolás Salvador y María Sotolano.

Completan la nómina el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y la electa presidenta Mónica Fein (Partido Socialista).

En lo que respecta a la agenda de trabajo, acordaron realizar las reuniones los días martes a las 13.30.

Salud: un derecho y una prioridad

Por Patricia Vischi. La presidenta de la Comisión de Salud en la Legislatura porteña repasó el trabajo legislativo que se realizó durante el 2021 en la misma.

La salud física y mental, las secuelas de una pandemia que no termina de cerrar su ciclo. Las nuevas mutaciones del virus. La preocupación internacional. La lenta y cuidadosa vuelta  a la “normalidad” tal como la conocemos. Los miedos y los cuidados que implica.  La importancia de lograr una inmunidad de rebaño. Las dudas y certezas acerca de las distintas vacunas, son parte de los temas que este 2021 marcaron la agenda pública y que no estuvieron ausentes en el trabajo cotidiano de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, que tengo el honor de presidir.

Entre las numerosas actividades y contenidos que debatimos, además de importantes avances en materia legislativa, quiero destacar el balance positivo, por el trabajo llevado adelante por los equipos de asesores y legisladores y por los consensos alcanzados.

Este año, la Comisión de Salud recibió la certificación de calidad IRAM ISO 9000:2015 por la calidad de la gestión realizada. El reconocimiento fue entregado por la Dirección General de Modernización, Sustentabilidad y Fortalecimiento Institucional de la Legislatura de la CABA.

Uno de los proyectos más importantes que facilitó y agilizó la prescripción de medicamentos para los vecinos porteños, es la Ley del Sistema de Receta digital. Fue muy esclarecedora la participación del Dr. Leandro Alassia, cuyos aportes en la Reunión de Asesores de la Comisión de Salud fueron significativos.

En la Comisión también se trabajó en generar iniciativas para promover la  concientización y prevención de enfermedades  como el cáncer de mama, el síndrome de Wolf  – Hirschhorn, el Alzheimer, la diabetes, el ACV, la esclerosis múltiple, la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), déficit de atención e hiperactividad, a través de la promoción de campañas públicas de distinta  índole.

La adhesión a la Ley Nacional 26281 de prevención y control del mal de Chagas fue otro importante avance. Cabe mencionar que esta enfermedad afecta a cerca de un millón y medio de personas de los cuales  250.000 son menores de 14 años, y una población en riesgo superior a los 7 millones de personas. Cada año nacen en Argentina unos 1.300 niños con Chagas que deben y pueden ser diagnosticados y tratados. Entre las personalidades que aportaron al debate de este tema estuvieron:  Lic. Marcelo Seijas, Periodista; Director Ejecutivo de la Fundación T.E.A.  Lic. Elida Cecconi, Lic. Trabajo Social UBA. Dra. Mariana Sanmartino – Bióloga (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

Una distinción especial tuvo la Iniciativa “Mandinga Tattoo por América” de la Fundación Mandinga Tattoo, es una organización sin fines de lucro que, desde el 2015 realiza la reconstrucción de areolas mamarias a mujeres que padecieron cáncer de mama, debiendo someterse a una mastectomía. De forma totalmente gratuita y bajo la dirección de Diego Staropoli, fundador y presidente de la Fundación, sus integrantes han transformado las vidas de más de mil doscientas mujeres mediante sus tatuajes, dado que hasta ahora no existe un implante o procedimiento médico disponible en ese sentido.

Entre los destacados médicos que participaron de encuentros y diversas actividades especiales, contamos con la presencia del Dr. Omar Tabacco, Pediatra Gastroenterólogo que abordó el tema de la Presencialidad Escolar.

Además, durante este año legislativo recibimos a diversos Funcionarios y Funcionarias de Salud de CABA quienes compartieron la planificación de cada área del Ministerio de Salud de esta Ciudad respecto a la Pandemia, haciendo el foco de la exposición exclusivamente en Salud (Situación Epidemiológica-Testeos-Plan de vacunación- UFUS-UFIS- Fortalecimiento del Sistema de Salud- La estrategia de este año-, entre otros temas) entre ellos estuvieron: Dr. Daniel Ferrante -Subsecretario Planificación Sanitaria de CABA-, la Dra. Laura Cordero -Subsecretaria de Atención Hospitalaria-, el Dr. Gabriel Armando Battistella -Subsecretario de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria-, la Dra. Paula Lorena Zingoni – Directora General de Planificación Operativa- y la Dra. Carolina Fitzpatrick -Directora General de Legal y Técnica-.

El Dr. Fabián Portnoy, Director en Coordinación Salud Sexual, VIH el ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, compartió sobre el trabajo de la Dirección que coordina, respecto a la nueva guía para la provisión de métodos anticonceptivos en el subsistema público de la CABA, explicando las incidencias y la forma de trabajo respecto a su función en las distintas Áreas (Cesacs, CIM, etc) en esta  pandemia.

Dra. Ángela Gentile, Jefa de Departamento de Epidemiología del HNRG Expuso sobre la situación actual de la Pandemia que estamos atravesando y todo lo referente a la Vacunación por Covid-19.

Una interesante Mesa de Diálogo expuso sobre “las secuelas del Covid 19 en Personas y su impacto en las Instituciones de Salud Públicas y Privadas”. Participaron: el Dr. Ricardo Allegri, Neurocientífico, Médico Neurólogo y Psiquiatra argentino. El Dr. Ignacio Previgliano, actual Director del Hospital General de Agudos J. A. Fernández. El Dr. Ariel Jaitovich, (M.D). Ex Jefe de residentes Hospital de Clínicas UBA, es Profesor Asociado y médico de planta de la división de Terapia Intensiva en Albany Medical Center, New York. El Lic. Diego Castagnaro, Kinesiólogo, Graduado UBA.. El Dr. Martin J. Etchevers, Dr. en Psicología – UBA Profesor Regular Facultad de Psicología UBA y el Dr. Cristian J. Garay, Dr. en Psicología – UBA.

Esta ajustada síntesis destaca algunas de las tantas actividades, seguimientos y recorridas que hicimos durante este año. La tarea que llevamos adelante en toda su dimensión fue posible gracias al aporte de las propuestas superadoras hechas por los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Salud, en función de un interés superior como es la salud para esta Ciudad tanto para quienes la habitan como para todos los que la necesitan sin distinciones de  ningún tipo. Al mismo tiempo destaco la disposición permanente del Ministerio de salud y sus autoridades para sus aportes.

En el Día Mundial de la Discapacidad tuvieron dictamen dos proyectos en el Senado

Una de las iniciativas busca darles un marco regulatorio a los actos de proyección en salud a las personas que padecen una discapacidad. El otro proyecto modifica la Ley 26.130 de régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica.

La Comisión de Legislación General del Senado, presidia por Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes), avaló dos proyectos de la senadora pampeana Norma Durango (FdT), uno sobre el régimen de proyección de los actos de autoprotección y de las directivas anticipadas en el Código Civil y Comercial, mientras que el otro fue tratado en un plenario con la Comisión de Salud, cuyo titular es el radical Mario Fiad, que propone armonizar las disposiciones del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica sancionado a través de la Ley 26.130 el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Es un acto de que las personas con discapacidad puedan ser reconocidos en su propio consentimiento en forma igualitaria y ejercicio igualitario de sus derechos”, señaló Almirón y explicó que “este expediente modifica normas del Código Civil y Comercial establece una regulación legal para todos los actos de autoprotección y de las directivas participadas concomitantes. Establece poder plasmar el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales de todas las personas más allá de las circunstancias y tener la decisión de su vida, diversidad y unicidad”.

A su vez, la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) remarcó “la importancia de poder avanzar en este proyecto. Tiene y contiene una profunda sensibilidad respecto de las personas vulnerables, yo diría que atiende a esos derechos humanos incorporados a la Constitución, a ese bloque constitucional, al que también forman parte los tratados internacionales. Les da un espacio en el derecho de autoprotección de forma acabada a todas las personas vulnerables que quizás no alcanzaban la protección en el actual código”.

“Hay una ampliación en la autonomía de la voluntad. Va más allá de lo sanitario esto, tiene que ver con el resto de la vida de las personas y que ayuda a clarificar los alcances de los instrumentos como el de poder dejar sentado cual es la voluntad de la persona a que sobrevenga algún tipo de incapacidad que impida expresar su voluntad”, agregó.

Y continuó: “También considero que contribuye a la uniformidad nacional del tema lo cual es importante porque garantiza que todas las personas tengan un pie de igualdad y un perfeccionamiento de lo que significa el acto de autoprotección. Tiene que ver con el profundo respeto de lo que consideramos como los derechos humanos. A veces se infantiliza a las personas que tienen un tipo de discapacidad y se toman decisiones que van en contra de lo que quieren hacer voluntariamente”.

“El proyecto de ley para las intervenciones de contracepción quirúrgica sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad viene con media sanción de Diputados”, remarcó la presidenta de la comisión de Legislación General y explicó que “tiene su antecedente en la Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica que garantiza a toda persona mayor de edad el derecho a acceder a las prácticas ligaduras de trompas, de Falopio, deferentes o vasectomía. El derecho a limitar la procreación es un derecho personalísimo para las personas con discapacidad, el respeto de la decisión personal”.

A continuación, el presidente de la Comisión de Salud Mario Fiad (UCR -Jujuy) manifestó de forma breve que “damos cuenta del valor que tiene el proyecto”. “Para darle un marco regulatorio y reconocer el ejercicio igualitario para todas las personas en los actos de proyección en salud, bienes o cualquier tipo de acción”, concluyó Almirón.

Aprueban la incorporación del sistema braille en los medicamentos

Además, la Comisión de Salud del Senado avanzó con otras cinco iniciativas de ley consensuadas y un paquete de proyectos de comunicación y declaración.

La Comisión de Salud del Senado dictaminó este martes un proyecto de ley que establece la incorporación del sistema braille en las cajas y los prospectos de todos los medicamentos, sean de industria nacional o extranjera.

La iniciativa se consensuó entre iniciativas presentadas por Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN).

Al explicar brevemente el proyecto, el presidente de la comisión, Mario Fiad (UCR), resaltó que cuenta con informes favorables por parte del Ministerio de Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Rosell.

Entre sus principales puntos indica que la información en braille deberá contener: el nombre genérico del medicamento; la marca del medicamento; el principio activo y concentración; la fecha de elaboración y vencimiento; y toda otra información que la autoridad de aplicación determine necesaria y pertinente.

“En los casos que, por las características particulares del envase del medicamento, no fuere posible incorporar alguno de los sistemas previstos en la presente ley, la autoridad de aplicación deberá determinar el procedimiento adecuado para su implementación”, aclara.

También, los medicamentos deberán tener un código QR que contenga esa misma información y “un soporte audiovisual con subtitulado en español y Lengua de Señas Argentina (LSA), y otros formatos comunicacionales que faciliten la comprensión de la información”, y “ser aplicado en sobre relieve a fines de facilitar su localización y escaneo”.

Además, se dispone que la ANMAT “aplicará las infracciones y sanciones correspondientes”, de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.463.

Por otra parte, se despachó un proyecto -con media sanción de la Cámara de Diputados- que busca instituir el 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet. “Es una encefalopatía epiléptica de grado muy severo y como enfermedad poco frecuente tiene poca visibilización”, explicó Fiad, al tiempo que señaló que padres de niños con esta enfermedad impulsan su aprobación.

Otra de las iniciativas que obtuvo dictamen fue una para modificar la Ley 26.279, sobre prevención de discapacidades en el recién nacido, con la intención de incorporar la práctica de la oximetría de pulso. “En la pesquisa neonatal es determinante encontrar patologías que puedan ser tempranamente detectadas”, expresó el presidente de la comisión, de profesión médico, y dijo que esta práctica “permite detección de algunas cardiopatías congénitas que requieren de un abordaje temprano, y para eso el diagnóstico precoz es muy importante”.

Asimismo, se avaló un proyecto para modificar la Ley 25.929 -de parto respetado-, de modo de incluir a los protocolos de atención las muertes gestacionales y perinatales. Autor del texto, el senador Antonio Rodas (FdT) afirmó que se trata de tener una norma que “permita contener y a su vez poder estar a la altura de las circunstancias” cuando “la ilusión de tener un hijo se ve truncada por un deceso”.

En la reunión se avanzó también con un proyecto consensuado entre propuestas de Julio Cobos (UCR) y Fiad que busca “asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada”.

En la iniciativa se señala que “la comunicación que realicen los profesionales y/o los equipos de salud” debe “realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad”.

Además, se deberá “asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas” y “ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos”.

Finalmente, tuvo dictamen una modificación de la Ley 22.990 -Ley de Sangre- respecto de informar a los donantes de sangre sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, de autoría de Matías Rodríguez (FdT). Y pasaron a la firma 49 proyectos de comunicación, 53 de declaración y uno de resolución.

Comienzo de las despedidas

Al considerar que la de este martes fue la última reunión de la Comisión de Salud -sacando la posibilidad de futuros plenarios-, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), que culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aprovechó para despedirse.

Al tener palabras de elogio para Fiad, a quien llamó “amigo”, la tucumana expresó: “Hemos tenido la posibilidad de debatir temas que a mí me han producido mucho dolor, y no obstante eso hacerlo con un respeto enorme, respetándonos entre nosotros en las disidencias, las miradas diferentes y tratando siempre de llegar a buen puerto”.

A quienes continúan en el Senado, les pidió “que sigan adelante, que sigan prestigiando esta casa, que nos cuidemos entre todos, porque es muy importante la labor que se desarrolla desde acá, es donde ponemos las leyes para toda la Argentina, y hay quienes a veces denostan nuestra tarea y nuestro quehacer diario. Que nunca sea por parte de uno de nosotros”.

Otra de las senadoras que se despide este año, la chubutense Nancy González (FdT) manifestó: “Fue un placer haber trabajado con ustedes. Debatimos temas de mucha controversia, que nos involucraban a favor o en contra, pero lo hicimos con total respeto”.

“Desde el lugar que me toque estar voy a estar colaborando para que este país siga progresando y salga adelante, todos unidos”, añadió.

La visita de Vizzotti que no fue

Durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad lamentó que la ministra no haya asistido en todo el año.

Durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad lamentó que durante todo el año no se haya podido concretar la visita de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Al comenzar el encuentro de este martes, el presidente de la comisión mencionó que hubo tres reuniones de senadores y 12 de asesores durante 2021, pero no pudo concretarse un intercambio con la funcionaria.

El jujeño recordó que la ministra fue invitada en reiteradas ocasiones, tanto formal como informalmente, en las fechas: 17 de marzo, 15 de abril, 23 de abril, 12 de mayo y 23 de junio.

“Muchas circunstancias políticas, electorales, han incidido, pero nos hubiera gustado tener su presencia”, expresó Fiad, y dijo que le hubiera gustado consultarla por “puntos álgidos” que había “en el plan de vacunación y la compra de vacunas”. “Hay cosas pendientes que quedaron de poder tratar con ella”, agregó.

Este año, Vizzotti asistió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 6 de abril; a un plenario de comisiones del Senado el 12 de mayo para defender el proyecto de ley de parámetros sanitarios para la pandemia -que nunca se pudo convertir en ley-; y el 6 de julio a la Bicameral de Trámite Legislativo para referirse a la modificación de la Ley de Vacunas por DNU.

Debatirán la incorporación del sistema braille en los medicamentos

Será durante una reunión de la Comisión de Salud del Senado, que se llevará a cabo el próximo martes a las 10.

medicamentos con sistema braille

La Comisión de Salud del Senado debatirá el próximo martes, desde las 10, proyectos vinculados a la incorporación del sistema braille en las cajas y los prospectos de todos los medicamentos. Las iniciativas fueron presentadas por Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Lucila Crexell (MN).

Además, el temario del encuentro -que se hará de manera remota- incluye iniciativas para modificar la Ley 26.279, sobre prevención de discapacidades en el recién nacido, con la intención de incorporar la práctica de la oximetría de pulso.

También se tratará una modificación a la Ley 25.929 -de parto respetado-, de modo de incluir a los protocolos de atención las muertes gestacionales y perinatales; y otro proyecto de ley sobre diagnóstico humanizado, impulsado por Julio Cobos (UCR) y Mario Fiad (UCR).

Asimismo, los senadores abordarán una iniciativa que propone una modificación de la Ley 22.990 -Ley de Sangre- respecto de informar a los donantes de sangre sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, de autoría de Matías Rodríguez (FdT).

Dentro del listado de proyectos a considerar se incluyó uno con media sanción de la Cámara de Diputados, que propone instituir el 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet.

Tuvo dictamen de la Comisión de Salud la ley de promoción y desarrollo de la enfermería

Diputados avanzaron con el proyecto impulsado por el tucumano Pablo Yedlin. Además, recibieron aval un conjunto de iniciativas relacionadas a oncopediatría, muerte perinatal y resistencia antimicrobiana.

pablo yedlin comision salud 6 octubre 2021

El proyecto de ley de promoción y desarrollo de la enfermería, impulsado por el diputado Pablo Yedlin (FdT) y presentado en Casa Rosada en junio pasado, avanzó este miércoles durante una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara baja. La iniciativa deberá ser analizada ahora por las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

En un encuentro que se realizó de manera presencial en la Sala 1 del Anexo de Diputados, la diputada Graciela Ocaña (Pro) expresó que comparte “totalmente el espíritu del proyecto”, pero “tiene algunos aspectos que considero que termine más como una cuestión de intenciones, como pasa con otros, pero sin llegar al fondo de la cuestión, que es resolver este tema de la falta de enfermeros”.

En ese sentido, la legisladora macrista explicó que en la iniciativa faltan partidas presupuestarias. “Una política pública sin fondos a veces es una gran frustración para todos”, sostuvo y resaltó que las becas que se otorguen a estudiantes de enfermería no pueden ser menores a un Salario Mínimo Vital y Móvil.

Yedlin, presidente de la comisión y autor del proyecto, expresó que la falta de enfermeros “es un tema histórico y estructural” y, por lo tanto, “lamentablemente no hay ninguna ley que sea mágica”. No obstante, ponderó que esta iniciativa va a generar la unificación de las currículas, porque actualmente están reguladas de forma distinta por cada jurisdicción, y apunta “a reconocer en la enfermería un agente profesional central del sistema de salud”.

“Argentina tiene un déficit histórico, estructural. Tenemos 4 enfermeros por cada 10 mil habitantes y un 16% de enfermeros universitarios. Necesitamos muchos más”, manifestó el tucumano oficialista.

El proyecto tiene como objetivo favorecer la formación de calidad de enfermeros y enfermeras, incrementar el número de estos y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional, para ello declara “de interés público nacional” la promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería.

De acuerdo a la propuesta, se prevé la creación en el ámbito de la autoridad de aplicación -que definirá el Poder Ejecutivo- de una “Comisión Nacional de formación y desarrollo de Enfermería” como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas, estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo de la fuerza de trabajo de enfermería cuyos integrantes actuarán ad honórem.

También, se crea en el marco del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación un organismo nacional de evaluación y acreditación de carreras superiores técnicas de enfermería. A su vez, se crea un “Programa Nacional de Formación de Enfermería” según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros y las enfermeras.

Entre otros aspectos, se establece el derecho de enfermeros y enfermeras a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.

Se fomentará la profesionalización de los y las auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado.

A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la formación, las universidades públicas y privadas, e instituciones superiores de enfermería nacionales y provinciales tenderán a avanzar en el diseño y aprobación de una currícula con lineamientos comunes de enfermería, que priorice contenidos teóricos y prácticos de la estrategia de atención primaria de la salud, en el marco de la Comisión Nacional de Formación y desarrollo de Enfermería.

Finalmente, establece que se deberán implementar sistemas de becas y un plan de aportes para la mejora de las instituciones formadoras de enfermeros.

Dictamen para un conjunto de iniciativas

En la reunión de este miércoles, la Comisión de Salud avanzó también con un dictamen consensuado sobre la creación de un “Programa Nacional de Cuidado Integral del niño, niña y adolescente con cáncer”, el cual tiene como objetivo reducir la morbimortalidad y garantizar los derechos de los menores que padecen esta enfermedad.

La iniciativa apunta a que el sistema público de salud, las obras sociales y la medicina prepaga brinden una cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos, traslados y prácticas de atención.

Además, el Estado Nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la AUH a madres y padres o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Esta asignación no se extenderá más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Al respecto, la diputada Carmen Polledo (Pro) reveló las reuniones que mantuvieron con padres de niños con cáncer y dijo que esta iniciativa se trata de que “tengan facilidades en términos de educación, de vivienda, una credencial, que los padres estén acompañados por el Estado transitando la enfermedad de sus hijos. No es fácil de llevar porque la enfermedad es dura y encima cuando hay falta de recursos la situación es más complicada”.

Por consiguiente, la legisladora Jimena López (FdT) manifestó que “toda enfermedad de un hijo es muy compleja pero cuando se cruza con otras instancias como pobreza, al problema de base se suma determinada angustia porque no pueden resolver el acceso a los tratamientos oncológicos”. “En Argentina 4 niños y niñas por día reciben el diagnóstico y pasan a ser pacientes oncológicos. Hay que trabajar en el diagnóstico precoz y capacitar a los médicos en la exploración temprana”, agregó la oficialista.

Otro de los temas que recibió despacho fue un proyecto sobre procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, impulsado por las exdiputadas Magdalena Sierra y Cristina Alvarez Rodríguez.

Al respecto, la diputada Paola Vessvessian (FdT) precisó que la iniciativa contempla el acompañamiento “en el período de la semana 22 de gestación y termina cuando se complementan los siete días después del nacimiento”. “Los objetivos principales son lindar la profesionalización de la salud en cuanto a establecer procedimientos que estandaricen la atención de personas gestantes que sufren una muerte perinatal. El sufrimiento y el padecer que se tiene ante estas situaciones muestra que no solo tiene que ver con una cuestión médica sino también psicológica, social y familiar”, indicó.

“Las mujeres que padecimos esto sabemos el sufrimiento que se padece. Por lo cual es fundamental estandarizar los procedimientos y cuál va a ser el protocolo de atención del equipo de salud, evaluar las acciones que se realizan en los centros de salud, buscar actividades para la sensibilización y difusión, programas de formación y capacitación de los recursos, que la muerte perinatal forme parte de la curricular superior de educación, programas de la prevención y un registro orientando a las causas y motivos frecuentes a la muerte perinatal”, enumeró.

Finalmente, también recibió dictamen un proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, el cual explicó Yedlin, autor de la iniciativa. “Es un tema que básicamente es una de las grandes preocupaciones de salud pública que hoy expresa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también el Ministerio de Salud de la Argentina. Es el hecho de que, por la influencia, el mal uso, el desuso o el uso inapropiado de antimicrobianos muchas de las bacterias han perdido sensibilidad a los mismos”, comenzó.

Y alertó que “el avance enorme que hizo la medicina a partir del descubrimiento y el avance de los antimicrobianos los últimos 100 años, corre el riesgo de perderse si no tomamos medidas urgentes para evitar que esta resistencia se propague”.

“Es una ley que tiene básicamente tres ejes. El primero tiene que ver con el manejo y la gestión de los pacientes en las instituciones de la salud en cuanto a sus infecciones, con comité de infecciones para el uso correcto de antimicrobianos en los pacientes internados”, detalló y, en segundo lugar, dijo que se trata de “la gestión y prescripción de antimicrobianos: la ley prevé que sea obligatorio en la Argentina poner el diagnóstico frente a la prescripción de los antimicrobianos y va a prever la necesidad de que sea por receta archivada, la idea es ponerle fuerza de ley a esa posibilidad de ir y comprarla en la farmacia sin receta”.

Por último, agregó: “El tercer eje es el uso inapropiado de antimicrobianos en agricultura y ganadería. Trabajamos con el objetivo que no se usen como factores de crecimiento; la ley prevé una disminución en su uso en estas áreas porque los antimicrobianos son la única herramienta para bacterias multirresistentes y no podemos exponerlos a un uso no apropiado”.

Avanza en comisiones el proyecto de una nueva Ley de SIDA

La Comisión de Salud emitió dictamen de la iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Presupuesto y Hacienda. Incluye además a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual.

carolina gaillard comision salud 6 octubre 2021

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el dictamen de un proyecto de una nueva Ley de SIDA, que se trata de derogar la vigente N°23.798, y asimismo incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, esta iniciativa incorpora nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades.

Al exponer sobre el proyecto, la diputada Carolina Gaillard (FdT) destacó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, y repasó los antecedentes de propuestas que se presentaron anteriormente.

Autora de uno de los textos, la entrerriana señaló que esta nueva ley tiene “un enfoque diferente a la Ley de SIDA que tiene nuestro país, que es una ley que tiene más de 20 años” y que, si bien fue un gran paso, posee “una mirada un tanto biologicista”.

Además, la legisladora enfatizó que la “novedad” es que se contemplará “a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual”, de modo de “atender de manera integral estas enfermedades”.

Entre los puntos destacados que mencionó, la oficialista expresó que en el proyecto se plantea que “las personas que padezcan estas enfermedades puedan jubilarse a los 50 años y que puedan acceder a las pensiones no contributivas cuando cobren por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Gaillard resaltó que el VIH es una enfermedad crónica y “estas poblaciones sufren muchos prejuicios y la estigmatización”, por eso “hay una alta informalidad, lo que impide que tengan la cobertura social para poder llevar adelante sus tratamientos”. “Se busca que el Estado tenga la obligatoriedad de garantizar los tratamientos”, agregó.

También enumeró que la iniciativa incluye que la prueba para el diagnóstico del SIDA esté acompañada de una consejería, y un fondo de fortalecimiento para financiar a las organizaciones que trabajan en la temática, entre otros aspectos.

Al concluir, la diputada explicó que se arribó a un consenso para mencionar en el proyecto “de manera genérica a las poblaciones de extrema vulnerabilidad” y no individualizarlas, como en el texto original figuraban, entre ellas, las/os trabajadoras/es sexuales o personas en situación de prostitución, porque “es un debate que todavía no ha sido saldado por el feminismo”. Sobre eso se expresaron luego sus pares Mara Brawer y Mónica Macha (FdT).

El proyecto declara de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo a la iniciativa, se garantiza la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc.-; se prohíbe la realización de la prueba diagnóstico de estas enfermedades en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral; y se aclara que “las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos”.

Entre otros puntos, indica que “todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tiene derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses”.

En lo referido a la prueba diagnóstico, ésta podrá ser: voluntaria, sólo puede efectuarse con el consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial, tanto la prueba como el resultado de la misma; universal, para toda persona que la solicite; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test, en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona diagnosticada con los sistemas de salud.

Avanza en la Legislatura el uso de receta médica electrónica

La iniciativa impulsada por la radical Inés Gorbea recibió dictamen favorable de las comisiones de Salud y de Presupuesto. Además establece el trabajo conjunto con otras jurisdicciones para facilitar la implementación de este tipo de tecnología.

A raíz de la nueva normalidad que instaló la pandemia del Covid 19, la Legislatura de la Ciudad avanzó con un proyecto de ley que busca regular la incorporación de firmas y recetas electrónicas o digitales para las prescripciones médicas de medicamentos, estudios o tratamientos.

La iniciativa fue debatida en una reunión conjunta de las Comisiones de Salud y Presupuesto,  presididas por la diputada María  Patricia Vischi (UCR-Ev) y el diputado Claudio Romero (VJ) respectivamente, donde obtuvo  despacho.

La normativa local en tratamiento se determinará “según lo regulado en la parte pertinente por la ley nacional 27.553” y será de aplicación “para toda receta, prescripción médica, odontológica o de otros profesionales de la salud legalmente facultados a prescribir, en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública o privada, que ejerzan su actividad dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El proyecto impulsado por María Inés Gorbea (UCR-Ev) busca definir las nuevas alternativas de prescripción electrónica, receta digital y receta electrónica, el proyecto ordena a la autoridad de aplicación metropolitana “articular con el Ministerio de Salud de la Nación y/o otras jurisdicciones un sistema de colaboración en red que posibilite y facilite el uso” de los nuevos procedimientos.

Al respecto del proyecto despachado, Vischi se refirió a la  “importancia de esta iniciativa que en el ámbito nacional fue aprobada en la Ley número 27.553” y remarcó que “de esta forma la Ciudad adhiere a la Ley Nacional y detalla a su vez las particularidades propias para la aplicación en la Ciudad”.

Asimismo indicó que “la incorporación de las nuevas tecnologías en el sentido del mejoramiento de la salud de la población y el uso más racional de los recursos destinados a los medicamentos así como la posibilidad de la interacción de los distintos integrantes de la cadena de la dispensación de los principios medicamentosos en beneficio de quienes lo  reciben  para su tratamiento” y sentenció que “la  receta electrónica se había implementado a partir de la pandemia y hoy muchas entidades de salud y obras sociales incluso el Pami ya autorizaron su uso; en su momento también impulsamos el proyecto de Historia Clínica Electrónica”.

Comienza el debate del proyecto sobre formación y desarrollo de la enfermería

Se realizará una reunión informativa en el marco de las comisiones de Salud y Educación de Diputados, este miércoles a las 18.

pablo yedlin

Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Educación de la Cámara de Diputados, presididas por los oficialistas Pablo Yedlin y Blanca Osuna, respectivamente, comenzarán con el tratamiento del proyecto de ley de formación y desarrollo de la enfermería.

La primera reunión informativa se realizará este miércoles, a las 18, con la participación de expositores invitados. La iniciativa fue presentada por el legislador Yedlin y anunciada días atrás durante un acto en Casa Rosada encabezado por el presidente Alberto Fernández.

Han sido invitados al plenario el coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería del Ministerio de Educación de la Nación, Gabriel Muntaabski; Diego Golombek, director ejecutivo del INET; Pedro Silberman, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur; María Donatila Gómez Marquisio, directora nacional de Enfermería, y Marcelo Morales, jefe del Departamento de Enfermería del Hospital Angel C. Padilla, de Tucumán.

También estarán, entre otros, Sergio Santa María, vicedecano a cago de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; Héctor Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Alejandro Fabián Miranda, presidente de la Asociación de Enfermería de Capital Federal; Nelson Giménez, integrante del equipo técnico de la Fundación Soberanía Sanitaria; y Carlos Regazzoni, extitular del PAMI.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras/os en su formación continua.

De acuerdo con la propuesta, se proveerá de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se dispondrán becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país.

Entre sus puntos principales, la propuesta establece el derecho de enfermeras/os a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión.

Se agregan líneas de becas destinadas a auxiliares de enfermería para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas, al tiempo que se incluyen capacitaciones de actualización para que cuenten con mejores herramientas.

Las universidades públicas y privadas, e instituciones superiores de enfermería nacionales y provinciales, tenderán a avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes.

La Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería será el organismo de asesoramiento técnico encargado de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias de formación.

Además, se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación.

El FdT tratará en forma exprés el proyecto de “ley pandemia” en comisión y luego habrá sesión

El oficialismo citó a un plenario de Asuntos Constitucionales y Salud este jueves a las 10. Horas más tarde intentará llevarlo al recinto, en una sesión que tendrá todos los ojos puestos en el quórum.

El Frente de Todos intentará avanzar con el proyecto de “ley pandemia”, que establece parámetros sanitarios y epidemiológicos que sirvan al Gobierno nacional y a las provincias para gestionar las restricciones, en una carrera contrarreloj, dado que el próximo viernes vence el último DNU emitido por el presidente Alberto Fernández.

El oficialismo convocó para este jueves, a partir de las 10, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, donde -sin obstáculos con los números- se alzaría con el dictamen de mayoría de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. La reunión será en el recinto.

Horas después, se estima que a las 15, el proyecto se lleve a la sesión, en la que el otro tema central será el proyecto para rebajar las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, incorporando varias localidades de distintas provincias al beneficio que ya tiene la Patagonia.

El tratamiento en la Cámara baja de la ley reclamada por el Poder Ejecutivo estuvo retrasado debido al alto rechazo de la oposición, esto es no solamente desde Juntos por el Cambio, sino también de Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de Izquierda, la tucumana Beatriz Ávila y la frecuente aliada del oficialismo Alma Sapag.

Por eso, todos los ojos estarán puestos a la hora del quórum, para el cual se necesitan 129 diputados y el Frente de Todos cuenta -con asistencia perfecta- con 117. Se sabe que tendrá el apoyo de los seis legisladores que conforman el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda el mendocino José Luis Ramón. Aún así le faltan seis. Pero también acompañarían el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, de Acción Federal.

La clave será lo que hagan los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca -quien anteriormente se manifestó a favor de una ley de estas características- y Andrés Zottos; y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Contigiani (Partido Socialista). Los cuatro son parte del Interbloque Federal, donde los tres lavagnistas y los cuatro cordobeses schiarettistas se oponen.

Cabe señalar que en el proyecto de ley de “zonas frías” se introdujeron modificaciones y se sumaron a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la “ley pandemia”.

Diputados retomará el debate de un proyecto de asistencia a personas en situación de calle

Las comisiones de Derechos Humanos y Salud mantendrán una reunión informativa, con la participación de especialistas, este miércoles a partir de las 15.

Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle.

El encuentro contará con la participación, según pudo averiguar Parlamentario.com, de Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza; Maximiliano Corach, subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de Ciudad de Buenos Aires; Maria Pía Chiacchio Cavana, ministra de Desarrollo Social de Chaco; Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social de Tucumán; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense.

La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Federico Fagioli en marzo pasado, y hace dos meses atrás se llevó atrás a cabo la primera reunión informativa en la que funcionarios -entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo- brindaron su respaldo al texto.

El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

Se prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Entre sus puntos principales, la propuesta contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.

Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.

La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.

Por casi cuatro horas, funcionarias defendieron el proyecto sobre las restricciones sanitarias

Vilma Ibarra y Carla Vizzotti participaron de un plenario de comisiones en el Senado en el que justificaron la iniciativa en un marco de “excepcionalidad”, y aseguraron que el texto es constitucional.

plenario asuntos constitucionales salud proyecto restricciones 12 mayo 2021

Por casi cuatro horas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendieron ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.

Ibarra aseguró que “no son muchas las delegaciones legislativas” que se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional, sino que se trata de que “el Congreso establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”.

“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, aseveró la funcionaria, que añadió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras”, ya que el Poder Ejecutivo Nacional tomará “medidas adicionales” solo en los casos de alarma epidemiológica y cuando, tras 21 días, las medidas tomadas por las provincias no hayan dado efecto.

Para Vizzotti, el proyecto apunta a “tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”. Sobre los criterios para clasificar cuatro situaciones sanitarias diferentes tienen “la mirada de un país federal”.

Al momento de las preguntas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, habló de la realidad en su provincia, Formosa, y luego cuestionó el modo en que se establece la clasificación de las situaciones sanitarias.

En ese sentido, el radical señaló: “Hay un cociente que ustedes lo definen entre los 14 días previos de la cantidad de contagiados y los 14 días previos de la cantidad, supuestamente, de lo que detecta el propio sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer esta categoría? ¿Por qué le pregunto ministra? Por ejemplo, ayer en la página web oficial de mi provincia se informó 731 casos positivos, pero ustedes, en el Ministerio de Salud de la Nación informan 373 casos”.

Vizzotti respondió que “hay provincias que utilizan sus propios sistemas de información y esos sistemas interoperan”, por lo que se registran “algunas horas o días de atraso”, pero lo importante es “el contacto permanente con las jurisdicciones” para saber de la actualización de los casos.

Sobre los centros de aislamiento, la ministra de Salud expresó que “el tema de los aislamientos extradomiciliarios y extrahospitalarios es una herramienta no solamente recomendada en Argentina”, y ejemplificó que en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un sistema similar con los aislamientos en hoteles. Se trata de “minimizar el contagio intradomiciliario y no cargar el sistema de salud internando a casos leves”, resaltó.

En defensa de la medida, la titular de la cartera de Salud dijo que estamos “claramente en una situación de emergencia y de excepción” que “requiere acciones excepcionales, extraordinarias e inéditas, no solo en Argentina sino en el mundo”.

“No es así como usted dice ministra. Una cosa es un centro de aislamiento extradomiciliario, cuando el paciente no está en condiciones de transitar la enfermedad en su domicilio. Usted me está diciendo que en Argentina rigen los centros de privación de la libertad como norma y no es así”, la cruzó Naidenoff, que denunció que en Formosa “a la gente con una orden judicial la están secuestrando”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad, opinó que el proyecto genera “una enorme preocupación” porque el Gobierno nacional “no parece hoy encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad”. “Aquí se habla mucho de la vida y de la salud de los habitantes de nuestro país como fundamento para habilitar cualquier medida que adopte el Ejecutivo”, consideró.

“La pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional, el respeto por la distribución de las competencias con las jurisdicciones y tampoco de las restricciones”, aseguró el legislador de la UCR.

En tanto, su par Silvia Giacoppo le reclamó a Vizzotti por “el vacunatorio VIP” y que todavía no se haya presentado ante la Comisión de Salud del Senado. Sobre la iniciativa, manifestó: “Este proyecto de ley de los superpoderes realmente desde donde se lo mire es algo que no podemos votar, sencillamente porque no se puede delegar lo que no se tiene. Y no es potestad de este Congreso, y menos aún del Poder Ejecutivo de dar facultades que fueron expresamente reservadas a los poderes provinciales”.

“Hasta nos mandan a bañar. O sea, yo puedo entender una medida sanitaria. Pero son reglas que del modo que están escritas son imperativas y no dan lugar a ninguna discusión. Estamos entrometiéndonos en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, agregó la jujeña.

plenario asuntos constitucionales salud proyecto restricciones 12 mayo 2021
Foto: Comunicación Senado

También realizó preguntas a las funcionarias la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien observó que el artículo 3 del proyecto “faculta al Ministerio de Salud a modificar los criterios (de clasificación) sin ningún tipo de consulta con el Congreso”.

Respecto a las clases presenciales, la macrista apuntó que “Alemania, un país que se ha citado, suspendió sus clases presenciales solamente 35 días y en Argentina las suspendimos por 180 días. Estamos dentro de los diez países que menos clases presenciales han tenido el año pasado”. Y consultó a Ibarra sobre el fallo de la Corte, que le dio la razón a la Ciudad de Buenos sobre su reclamo por el DNU 241/21: “¿Considera usted que una ley puede estar por encima de la Constitución Nacional?”.

Al momento de las respuestas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, justificó que la suspensión de las clases presenciales se prevé “en una situación de alarma, cerca del desborde sanitario”, con el objetivo de “bajar la curva y los niveles en los parámetros”.

Al hacer referencia al fallo de la Corte, subrayó que, en sus conclusiones, el voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda indica que “el Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias, estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas”. Para la funcionaria la palabra “normalmente” y los fundamentos posteriores de los jueces, argumentan a favor de los motivos “por los cuales el Poder Ejecutivo podría ingresar a regular una materia” que es competencia de las provincias.

Ibarra enfatizó que el proyecto se trata de que “el Congreso Nacional establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”, y contar con “un esquema de funcionamiento para poder garantizar cuanto antes el ejercicio más pleno de todos los derechos”.

“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, afirmó, al rechazar que la iniciativa sea inconstitucional, y agregó que no es un “proyecto de superpoderes” sino “una ley marco que tiene que tener razonablemente algunas flexibilidades para poder tomar medidas adicionales en el momento de mayor tensión del sistema de salud”. Y esas medidas son “muy escalonadas, muy razonables y muy vinculadas a los sistemas federales”.

Más tarde, insistió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras” que “pueden tomar las disposiciones” de sus competencias, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional “es adicional en caso de alto riesgo y si se ha observado que no fueron suficientes las medidas” tomadas por las provincias.

Respaldo oficialista

Durante la reunión, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, recordó el diálogo que existía el año pasado entre todas las fuerzas políticas mientras se veía con “asombro, alerta” como “dirigentes de la oposición que no tenían la responsabilidad de gobernar planteaban locuras extremas como llamar a movilizaciones y quemar barbijos”.

Entonces destacó a los gobernadores que “no comulgaban con esa locura de incentivar a que la gente no se cuide”, pero “en esta segunda ola eso cambió” y ” han entrado en una cuestión político-partidaria y no en una situación epidemiológica-sanitaria”, dijo la mendocina.

La legisladora celebró que el Gobierno “envíe un proyecto para que salgamos de esta locura que propone la oposición”, y dijo que la iniciativa es “un marco de coincidencias científicas e institucionales” para que podamos “salir lo mejor posible de esta segunda ola que va a ser larga, todavía no entramos al invierno”.

Finalmente, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, cargó nuevamente contra la oposición por el crecimiento de los casos de Covid en Formosa y criticó a Juntos por el Cambio por haber rechazado el proyecto incluso antes que ingrese a la Cámara.

Para el formoseño, el Gobierno nacional tiene una “estrategia” basada “en criterios científicos” y apoyada en el plan de vacunación, pero “está también la estrategia Bolsonaro, la que quiere aplicar la oposición, de cuanto peor mejor”. “¿Qué quieren, que lleguemos a 100 mil muertos para ver si pueden ganar las elecciones?”, disparó y pidió “racionalidad en este tema y dejar de lado la campaña política”.

Ibarra: “No son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Ejecutivo”

Así lo aseguró la funcionaria en referencia al proyecto de ley para regular las restricciones sanitarias según riesgo epidemiológico.

En una exposición ante el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado este miércoles, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, defendió el proyecto de ley del Ejecutivo para regular las medidas sanitarias durante la pandemia. Aseguró que todas las medidas se basan en una investigación de la experiencia internacional y argumentó que las delegaciones legislativas que se generarían para el Ejecutivo “no son muchas”.

La secretaria legal consideró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo nacional. La mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”.

En el mismo sentido, justificó el proyecto al opinar que “no se puede pensar que el Gobierno federal se quede mirando una situación donde se llega muy cerca del desborde del sistema de salud y con tan alto número de contagios que generan que debamos lamentar una cantidad de muertos importante”.

Ibarra insistió en la clasificación propuesta en la iniciativa entre regiones de riesgo epidemiológico bajo, medio y alto para explicar que el presidente sólo ejercería su potestad en el último caso. “Cuando ya se han tomado medidas por competencias propias de gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes”, entonces “nos parece totalmente razonable que el presidente de la nación adopte medidas adicionales a fin de evitar que en este lugar pase una situación de riesgo”, aseveró.

“Esta es una fundamentación basada en los principios más básicos que tenemos, que es el cuidado de la vida y la salud en el marco de una pandemia de las características de esta”, agregó la funcionaria, que insistió: “Consideramos más que razonable y justificado que el presidente de la nación pueda adoptar decisiones adicionales si es que no alcanzan o se considera que no alcanzan las que están funcionando en esta situación”.

La secretaria Legal y Técnica también se refirió al conflicto por las clases. Declaró: “Todos queremos tener clases presenciales. Creemos que es la mejor manera, la forma más plena de acceder al derecho a la educación. Y precisamente para poder garantizar ese derecho no queremos que se desborden los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma. Que de alto riesgo se baje a mediano riesgo”.

En cuanto a la actividad económica, reiteró una vez más que “todos y todas queremos volver a la normalidad” y prosiguió:  “Estamos teniendo que hacer frente a un desafío muy grande que es esta pandemia, y en este marco les proponemos una gestión de esta pandemia con respeto federal y con un esquema razonable, escalonado de responsabilidades compartidas”.

Por otro lado, agregó a la justificación del proyecto que “todas las medidas que se preveen en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el presidente de la nación, van a tener que estar sometidas a algo que nos parece muy interesante que es el chequeo de su eficacia“. Y explicó: “Se establece un máximo de 21 días para que  se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se”.

Nos hemos ocupado de ir a textos de algunos fallos de juzgados internacionales y de tribunales internacionales para ver frente a demandas de restricciones cuáles eran los argumentos. Y todos tienen los mismos debates que tenemos acá. Efectivamente estas situaciones son intensas, restringen derechos, que estamos acostumbrados a ejercer en forma amplia”, argumentó también.

Proyecto sobre restricciones sanitarias: expondrán abogados y médicos en el plenario del Senado

A partir de las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud recibirán los aportes de invitados propuestos por el oficialismo y la oposición.

plenario asuntos constitucionales salud proyecto restricciones 12 mayo 2021

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado retomará a las 14 el debate del proyecto del Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.

Tras la exposición de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se pasará a un cuarto intermedio y luego seguirá el debate con las exposiciones de abogados constitucionalistas y médicos.

Al comienzo de la reunión, la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), informó que el debate continuaría por la tarde dado que la oposición había requerido invitar a expositores.

La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) agradeció “la voluntad de que el tratamiento sea los más objetivo y criterioso posible”, pero enfatizó que “el proyecto ingresó hace 48 horas” y “recién ayer por la tarde tuvimos la posibilidad de que se puedan presentar oradores”, quienes “están todavía leyendo el proyecto”. Por eso, pidió continuar el jueves con el debate.

Sacnun recogió el guante: “No le voy a permitir que diga eso como si esto hubiera sido un desorden provocado por esta comisión”. “Nosotros tenemos la voluntad política de dictaminar en el día de hoy; luego se podrá incorporar algún tipo de modificación en el recinto”, sentenció.

“En la República Argentina hay 68 mil muertos, senadora, y esto merece que nosotros trabajemos con premura”, agregó la oficialista, y lanzó que los invitados “se supone que habían leído el proyecto al momento que los propusieron. No quiero pensar que propusieron expositores que no habían dado lectura al proyecto que nosotros vamos a analizar”.

A partir de las 14 expondrán los abogados Alejandro Fargosi, Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Mariano Bar, Domingo Rondinas y Félix Lonigro. En tanto, participarán también los médicos Rubén Arnaldo, Guillermo Durán, Roberto Debbag, Conrado Estol, José Ignacio López y Mirta Roses.

Vizzotti habló de la necesidad de “un marco legal” para proteger a la población todavía no vacunada

Al referirse al proyecto del Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por el Covid, la ministra de Salud aseguró que se requiere “fortalecer muchísimo las medidas de cuidado” y enfatizó que se apunta a la disminución de los casos.

carla vizzotti plenario senado 12 mayo 2021

Al exponer ante un plenario de comisiones del Senado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió que el proyecto del Gobierno para regular las restricciones sanitarias por la pandemia, se inscribe en la necesidad de “tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”.

En el comienzo, la funcionaria recordó que “estamos a más de un año de la declaración de la pandemia” y “hemos transitado diferentes momentos”, en los que “el Gobierno nacional y el Ministerio de la Salud hemos trabajado en conjunto con cada una de las jurisdicciones”.

La titular de la cartera de Salud defendió que la cuarentena adoptada la mayor parte del año pasado y las demás medidas “cada vez más específicas y acordes a minimizar el impacto” fueron “fundamentalmente para fortalecer el sistema de salud”. En ese sentido, destacó que se aumentó casi en un 50% el número de “camas de terapia intensiva, con respiradores y capital humano capacitado”.

Vizzotti repasó que en el verano se registró un aumento de casos que finalmente “se logró disminuir” y sostener el turismo, pero en las últimas semanas hay “una curva con un aumento exponencial, muy rápido y acelerado, especialmente en el AMBA”, y que posteriormente se replica en el resto del país.

La ministra señaló que este incremento “ha puesto en riesgo el sistema de salud”, registrándose “un pico de casos en la semana epidemiológica número 14” con “un ingreso de personas a terapia intensiva muy importante”.

No obstante, informó que en las semanas epidemiológicas 15 y 16 se vio “una disminución de ese crecimiento” y, en la número 17, que estamos transitando, “por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando la tendencia de dejar de aumentar los casos, todavía con tensión en el sistema de salud porque están ingresando las personas que se han infectado cuando teníamos el número de casos más alto”.

“Vamos a seguir teniendo un número de fallecimientos en las próximas semanas acorde a las personas que se fueron complicando”, pronosticó.

Al explicar los indicadores para definir las situaciones sanitarias en distintas zonas del país, la funcionaria detalló que la “alarma epidemiológica” se da frente a “una situación de riesgo muy especifica, donde involucra una incidencia en los últimos 14 días de 500 o más casos cada 100 mil habitantes y una ocupación de la terapia intensiva del 80%”. Ese momento es el que “requeriría que se tomen medidas bien intensificadas”.

Vizzotti defendió que los parámetros adoptados en el proyecto de ley están en línea con los aconsejados por “la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, las direcciones de epidemiología, con una mirada de adopción a nuestro país”, al tiempo que tienen “la mirada de un país federal”. “No hay ningún indicador que pueda incluir todas las situaciones epidemiológicas” que se presentan, aclaró.

En otro tramo, ponderó que ya se ha vacunado “al 70% de las personas entre 60 y 69 años; al 82,3% de las personas entre 70 y 79 años; y al 74,5% de las personas mayores de 80 años”, lo cual presentó “un impacto positivo en la distribución de la internación en la terapia intensiva y mortalidad en este grupo de edad”.

La ministra manifestó la “expectativa” por “el ingreso de un millón de dosis de la vacuna Sputnik V” en los próximos días y de cinco millones de vacunas de AstraZeneca antes del 31 de mayo.

“Tenemos la perspectiva de que, gracias al trabajo de las jurisdicciones, se pueda escalar muchísimo en la vacunación y ampliar la cobertura de esta población de riesgo. Por eso, necesitamos tener este marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación“, sostuvo.

Y concluyó: “Si se desborda el sistema de salud, sobre todo en algún aglomerado urbano importante, el aumento de la mortalidad es relevante y la posibilidad de prestar cuidado a otras patologías también se ve impactada”.

Vischi: “bajar la curva de contagios es una responsabilidad como sociedad”

Así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Salud, quien además se mostró sumamente preocupada por la crisis sanitaria que atraviesan los hospitales y clínicas de la Ciudad, en medio de la disparada de casos.

En el marco de un ciclo de consultas a especialistas en materia de salud, la presidenta de la Comisión de Salud y legisladora de la UCR-Evolución, María Patricia Vischi, expresó su preocupación por la disparada de casos positivos de Covid 19 y advirtió que “bajar la curva de contagios es una responsabilidad como sociedad”.

Durante el encuentro fue tema común y prioritario de los especialistas presentes, la alarmante situación de la ocupación de camas en terapia intensiva y en salas de internación, en las clínicas y hospitales del sector privado como público y la imperiosa necesidad de bajar la curva de contagios para evitar un próximo colapso del sistema sanitario en su conjunto. Como así también la falta de personal médico suficiente para afrontar una crisis de esa magnitud.

En ese sentido Vischi indicó que “la responsabilidad social de todos es fundamental para resolver esta situación” y remarcó que “no debemos agotar las campañas de concientización para evitar las aglomeraciones y las reuniones sociales, las fiestas y todo lo que implica la multiplicación de contagios, usar correctamente el tapabocas y mantener la distancia social”.

“Escuchar las voces directas de quienes trabajan en el territorio completa nuestra mirada. No es un tema político ni es momento de profundizar las grietas, es momento de tomar con seriedad y responsabilidad  y que el mensaje sea tomado de esta manera por los más jóvenes, que son actualmente los más contagiados en esta guerra contra el virus”, sentenció.

En la reunión que se realizó de manera virtual participaron los integrantes de la Lista 33 de Graduados de todas las profesiones la Facultad de Medicina de la UBA; profesionales independientes y representantes del Sector Privado de la Salud; el Dr. Mario Lugones, presidente de la  Fundación Sanatorio Güemes; el concejal de Escobar Diego Castagnaro; el Dr. Adrián Gindin; secretario de Tecnología Educativa de la facultad de Medicina (UBA) y los doctores Ariel Biain y Miguel Lafuente.

Recibió dictamen en el Senado el proyecto que actualiza el régimen antidopaje

Fue una de las seis iniciativas que avanzaron este martes en la Comisión de Salud. Busca adecuar la ley argentina al Código Mundial Antidopaje 2021.

La Comisión de Salud del Senado, que preside Mario Fiad, dictaminó este martes a favor de seis proyectos de ley, entre ellos uno que cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados para actualizar el régimen de prevención y control del dopaje en el deporte.

La iniciativa busca adecuar la ley argentina al nuevo Código Mundial Antidopaje 2021, y Argentina debería contar con esta norma sancionada antes del 12 de abril para poder participar de competencias internacionales como la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la comisión también avanzaron proyectos sobre creación del “banco de leche materna humana”; examen temprano oftalmológico obligatorio para niños; la creación de un programa de cuidados y acompañamientos del personal médico en pandemia y en emergencias; y la implementación de facilitadores culturales en el sistema de salud.

El programa de cuidados y acompañamiento al personal de salud fue producto de la unificación de dos iniciativas, una de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y otra de Silvia Elías de Pérez (UCR).

En tanto, la protección temprana de la salud oftalmológica fue una iniciativa del legislador oficialista Alfredo Luenzo, quien explicó que “la campaña tiene carácter obligatorio a partir de los 18 meses hasta los cuatro años”.

La propuesta de incorporar los facilitadores interculturales a los equipos de salud fue impulsada por Fiad, quien destacó que “el diálogo transversal entre los pueblos originarios y los equipos de salud es clave para que haya confianza entre la medicina tradicional y la que tiene una mirada propia de la medicina originaria”.

El titular de la comisión resaltó que la iniciativa está vigente en Salta y en Jujuy y que “contempla que los facilitadores surjan desde los pueblos originarios”.

Por otra parte, el “banco de leche materna humana” fue la unificación de proyectos presentados por Claudia Ledesma Abdala (Frente de Todos), Silvia Sapag (Frente de Todos) y Pedro Braillard Poccard (Pro).

La senadora Sapag señaló que “todos los días hay miles de mujeres que amamantan a sus niños. Estamos dando por sentado que la red nacional de leche humana existe. Hay miles de litros de leche humana que sobra y son necesitados por niños que han nacido prematuramente”.

La neuquina describió el proyecto y resaltó que “está prevista la gratuidad de la leche humana así como la libre circulación entre los estados federales”, y además se crea un registro nacional.

El último de los proyectos de ley analizado instituye el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional del Electrodependiente por Cuestiones de Salud. El senador Fiad resaltó que “esta iniciativa es una herramienta para que se puedan impulsar campañas de concientización y reflexión”.

Vizzotti: “No hemos recibido ni muchísimo menos rechazado una donación de vacunas”

La ministra de Salud negó ante Diputados que el Gobierno nacional haya desestimado una supuesta donación por parte de Estados Unidos.

Al responder preguntas de diputados este martes ante la Comisión de Salud, Carla Vizzotti negó que el Gobierno haya rechazado una donación de vacunas contra el Covid-19 por parte de Estados Unidos.

“Desde el Estado Nacional no hemos recibido ni muchísimo menos rechazado una donación de vacunas. No es cierto”, aclaró la ministra ante un planteo de la radical Claudia Najul.

Y agregó: “Cuando escuchamos esa información, mucho antes de que salga en los diarios, en relación a la posibilidad de que Estados Unidos tuviera disponible vacunas, nos contactamos por diferentes vías, a través de Cancillería y la asesora presidencial Cecilia Nicolini”.

“No hemos tenido ningún ofrecimiento ni muchísimo menos lo hemos rechazado. Lo que sale en los medios no es siempre lo que sucede”, dijo Vizzotti.

Antes, el propio presidente Alberto Fernández había desmentido la información. “En este mundo nadie regala vacunas que son el bien más preciado del presente. Vivimos en un país donde las fake news se escriben en portales y diarios. Jamás nadie nos ofreció semejante donación de vacunas. Nunca creí necesario explicar algo semejante”, sentenció por Twitter.

Vizzotti insistió en que las vacunaciones de privilegio fueron “una situación excepcional”

Lo dijo al participar de una reunión virtual de la Comisión de Salud de Diputados. Destacó que el Gobierno trabaja en forma “permanente” con distintos proveedores para “seguir recibiendo vacunas en forma sostenida”.

La ministra de Salud,  Carla Vizzotti, insistió este martes en que las vacunaciones de privilegio fueron “una situación excepcional” y advirtió: “Si sostienen la estrategia de seguir instalando que hay un ‘vacunatorio VIP’ y que sigue reproduciéndose en todos lados, vamos a tener un impacto importante en la población”.

“Cuando ustedes o los medios dicen ‘vacunatorio VIP’, la población puede pensar que era algo habitual de todos los días, y cuando yo digo que fue una situación excepcional es porque fue exactamente eso: un día, diez personas”, aclaró Vizzotti al exponer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Yedlin (Frente de Todos).

En la reunión virtual, la vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro), cargó las tintas contra las vacunaciones de funcionarios y dirigentes por fuera del protocolo. “Cayó como un balde de agua fría comprobar cómo se estaban repartiendo las vacunas entre algunos poderosos”, lanzó.

Tras advertir que esa modalidad “sigue existiendo en muchos lugares”, Polledo pidió saber con lujo de detalles sobre el mecanismo montado en el Ministerio de Salud y preguntó si se adoptarán sanciones en otras jurisdicciones.

Vizzotti respondió que el 18 de febrero, cuando se realizó el operativo, se encontraba en Paraná, no en el Ministerio de Salud, y destacó que toda la información fue aportada a la Justicia, fundamentalmente en la causa que lleva adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

En ese sentido, el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo -quien también participó de la videoconferencia- dio detalles de las actuaciones judiciales y subrayó que “el Ministerio está poniendo la mayor cantidad de información y de aportes para poder tipificar la conducta que se verificó y ver si se encuadra en el Código Penal”.

En otro pasaje de la reunión, Graciela Ocaña (Pro) apuntó a las 60 dosis de vacunas Sputnik V provenientes del Hospital Posadas que se trasladaron en un vuelo comercial a El Calafate, ante lo cual la ministra de Salud respondió que “está todo registrado y es una práctica habitual”.

Por otra parte, Polledo también lamentó “la orientación de una de las primeras medidas” de la gestión de Vizzotti, la resolución 710/21, “que vino a pretender ofrecer un marco de inmunidad para los funcionarios involucrados en el ‘vacunatorio VIP’, legitimando la vacunación de funcionarios en claro perjuicio de los adultos mayores y la población de riesgo”.

Ante ese planteo, Vizzotti explicó que “la definición de personal estratégico está vigente desde la campaña de vacunación antigripal hace tiempo” y enfatizó que es “todo lo contrario a blanquear algo” porque se trata de “generar un circuito transparente”, ya que antes la definición era “muchísimo más amplia” y ahora “se achicó”.

Al abrir el encuentro, la ministra sostuvo que “nuestro sistema de salud se ha fortalecido: tenemos un 50% más de camas, un 60% más de respiradores, y el equipo de salud ha cosechado muchísima experiencia en el manejo de casos”.

La funcionaria explicó que “en el inicio de esta segunda ola -o tercera ola, si consideramos que el rebrote de diciembre fue también una ola-, tenemos al 90% del equipo de salud con la primera dosis y poco más del 60% del equipo de salud con la segunda dosis”.

Asimismo, señaló que el Gobierno busca “atrasar lo más posible el aumento de casos para, en este escenario, poder minimizar la mortalidad”.

Al hacer referencia al contexto global, observó que las segundas olas de la pandemia tuvieron un impacto mayor en países donde la salud y la economía están “más robustas”.

“Argentina tiene la ventaja de haber empezado a vacunar, de haber sostenido la vacunación antes de que empiece la segunda ola. Esto no resuelve el problema, pero es una noticia alentadora”, consideró la titular de la cartera de Salud.

Además, resaltó que “el aumento de casos en la población general se está separando del aumento de casos del personal de salud, que está estable, inclusive con una pequeña tendencia al descenso”.

Al aportar cifras, puntualizó que más del 50% de las personas mayores de 80 años y el 41% de las personas de entre 70 y 79 años iniciaron el esquema de vacunación, e informó que Argentina recibió 7,3 millones de dosis.

Agregó que el Gobierno trabaja en forma “permanente” con distintos proveedores para “seguir recibiendo vacunas en forma sostenida”, aunque aclaró que “no se puede decir cuántas ni cuándo porque eso es algo muy dinámico en función de un engranaje muy complejo”.

“Si combinamos con medidas de cuidado específicas y logramos atrasar el aumento de casos, tenemos la inmensa oportunidad de tener un impacto positivo en la mortalidad y que no se tense tanto el sistema de salud como el año pasado”, afirmó.

Qué pasó con Pfizer

Monsalvo precisó en la reunión que hubo “dos problemas” con la compañía estadounidense, y el primero tuvo que ver con “excluir la negligencia no solo del contrato, sino de la ley”. Sin embargo, el subsecretario de Gestión Administrativa se excusó de responder por qué no se pidió al Congreso Nacional modificar la norma sancionada el año pasado, la 27.573.

El otro inconveniente, indicó el funcionario, tuvo que ver con los criterios de aceptación de garantía y contragarantía.

“No hay un cambio significativo en la relación con Pfizer”, dijo, y añadió que “otros países han firmado en contextos diferentes” y algunos han firmado “acuerdos bilaterales porque sus legislaciones se lo permiten independientemente de los grados de cumplimiento del proveedor”.

El riesgo de las PASO

Consultada sobre la posibilidad de posponer la fecha de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas originalmente para el 8 de agosto, debido al aumento de casos de Covid, Vizzotti aseguró que “dependerá de una decisión política” y “se definirá cerca de la fecha”.

“No podemos predecir la situación epidemiológica de agosto. Desde el punto de vista sanitario saber qué va a pasar en agosto es imposible”, sentenció la ministra.

Diputados del oficialismo apoyan restringir la circulación pública

Ante el aumento de casos de coronavirus y las “catastróficas consecuencias” que se observan en muchos países, los integrantes de la Comisión de Salud hicieron un llamado a la población.

comision salud 4 noviembre 2020

La pandemia de Covid-19 sigue asolando al mundo entero, que no logra detener el incesante incremento de los contagios. Ante esa convicción, los diputados nacionales del Frente de Todos que integran la Comisión de Acción Social y Salud Pública advirtieron que “será necesario avanzar con restricciones en la circulación pública y algunas actividades sociales y recreativas, protegiendo el empleo y el funcionamiento económico a la par de la salud”.

Esto ante la convicción de que “se yergue como amenaza cierta en numerosas localidades la posibilidad de que las capacidades sanitarias sean sobrepasadas de no mediar acciones que ralenticen la transmisión de las infecciones”.

Los legisladores son conscientes de que “la aceleración de propagación del virus y la difusión de nuevas cepas ha traído catastróficas consecuencias en muchos países, especialmente entre algunos de nuestros vecinos limítrofes”.

“Debemos evitar por todos los medios a nuestro alcance que esas desgracias se repitan en nuestra Patria”, sostienen los diputados oficiailstas Pablo Yedlin, Ana Carolina Gaillard, Paola Vessvessian, Florencia Lampreabe, María Luisa Montoto, Jimena López, Estela Neder, Mónica Macha, Juan Carlos Alderete, María Rosa Martínez, Mara Brawer y Cecilia Moreau, quienes a su vez instaron al conjunto de la población a extremar los cuidados individuales y colectivos, observando rigurosamente las orientaciones brindadas por las autoridades sanitarias.

Por otra parte expresaron su “más respetuoso reconocimiento a los equipos de salud de todos los ámbitos y niveles, como así también el incondicional apoy a las reparticiones sanitarias gubernamentales que irán determinando, en este marco de prioridad absoluta, las medidas más pertinentes para lograr atravesar con éxito la difícil situación actual”.

Vizzotti expondrá este martes ante la Comisión de Salud de Diputados

Tras un largo reclamo de la oposición y en medio de la llegada de la segunda ola de Covid-19, la ministra de Salud participará, por primera vez desde que asumió en ese cargo, de una reunión remota con legisladores.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, expondrá este martes a partir de las 16 ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Pablo Yedlin. La visita se produce en medio de la llegada de la segunda ola de casos de Covid-19 en todo el país, y tras un largo reclamo de la oposición.

Desde la salida de Ginés González García, legisladores de Juntos por el Cambio habían solicitado la presencia de Vizzotti, con el objetivo de interrogarla sobre el escándalo del “vacunatorio VIP”, el retraso en el arribo de vacunas, la marcha del plan de vacunación, y todas las medidas tomadas en lo que respecta a la pandemia.

El encuentro con los diputados se producirá un día después de la conversación que la ministra de Salud mantendrá con sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós, junto a los jefes de Gabinete Santiago Cafiero (Nación), Carlos Bianco (Bs.As.) y Felipe Miguel (Ciudad).

La cumbre de este lunes en Casa Rosada estará encabezada por Cafiero, dado que el presidente Alberto Fernández se encuentra con coronavirus, aislado en la Quinta de Olivos. El Gobierno nacional busca consensuar medidas entre ambos distritos, de modo de contener los contagios en el AMBA.

La exposición de Vizzotti de este martes será la primera que realice como ministra de Salud, dado que antes había concurrido a reuniones informativas con diputados, pero en su condición de secretaria de Acceso a la Salud, el cargo que poseía previamente.

En la primera sesión del año en la Cámara baja, y ante las críticas de la oposición, encabezadas por la macrista Carmen Polledo, Yedlin anunció que se citaría a la funcionaria en la brevedad y recordó que ni bien asumió “tuvo Covid”.

“Hay un intento de un grupo de la oposición de generar ruido permanentemente en todas las decisiones sanitarias que tienen que ver con la pandemia, con un objetivo absoluta y estrictamente electoral”, acusó el tucumano y pidió “dejar el tema de las vacunas por fuera de la grieta política” para “trabajar juntos para enfrentar la segunda ola”.

Debatirán un proyecto de asistencia a personas en situación de calle

La iniciativa presentada por el oficialista Federico Fagioli se tratará en un plenario de comisiones al que asistirán funcionarios.

Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que presiden los oficialistas Hugo Yasky y Pablo Yedlin, respectivamente, comenzarán este martes, a partir de las 18, con el tratamiento de un proyecto de asistencia a personas en situación de calle y familias sin techo.

La iniciativa, presentada por el legislador del Frente de Todos Federico Fagioli, se empezará a debatir con la participación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Inclusión Social de dicha cartera, Laura Alonso; y la titular de la Sedronar, Gabriela Torres.

El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

El texto prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Entre sus puntos principales, la iniciativa contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.

La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.

JxC reclamó tratar de forma “urgente” proyectos sobre vacunas y la presencia de funcionarios

Diputados de la oposición alzaron la voz para exigir que esta misma semana se ponga en agenda “la preocupación de los argentinos”.

comision salud diputados 17 marzo 2021

Durante un plenario de las comisiones de Salud y Deportes de la Cámara de Diputados, convocada para tratar un proyecto relacionado al dopaje, legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron el “urgente” tratamiento de proyectos vinculados a las vacunas, además de la presencia de funcionarios, entre ellos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que brinden explicaciones sobre la marcha lenta del plan de vacunación contra el Covid-19.

En la primera reunión que realizó la Comisión de Salud, iniciado el nuevo período ordinario, la macrista Carmen Polledo pidió que se convoque “en forma urgente” a tratar “cuatro proyectos, tres de ellos relacionados con los acontecimientos que derivaron en la salida” del ministro Ginés González García, en referencia a la vacunación “VIP”.

La vicepresidenta de la comisión enumeró un “pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el listado completo de las personas vacunadas contra el Covid-19”, una “ley de transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones contra el Covid-19” y la “creación de una comisión especial investigadora de control y monitoreo de la provisión de vacunas y de la campaña de vacunación”.

Sobre este punto, cuestionó que “extrañamente este expediente no tiene giro a la Comisión de Salud, y vamos a solicitar la ampliación de giro”.

Además, solicitó debatir una iniciativa sobre “la extensión y ampliación de la asignación estímulo para el personal de salud”. “Esta es la única oportunidad que tuvimos para plantearle cara a cara esta solicitud que estaremos enviando por nota”, agregó.

Luego continuó su par Silvia Lospennato, quien resaltó que “hace 17 días que no ingresa una vacuna a nuestro país”. “¿Por qué las diez millones de vacunas que se nos prometieron no están ni siquiera en Argentina? ¿Por qué estamos en un nivel tan bajo de inmunización?”, se preguntó la macrista y advirtió que “solamente 805 mil argentinos mayores de 80 años han recibido la vacuna, cuando sabemos que es el grupo que corre mayor riesgo de muerte”.

Al aflorar el tema de las vacunas, el presidente de la comisión, el oficialista Pablo Yedlin, expresó: “Entiendo el tema de vacunas y la tribuna que se genera a partir de la posibilidad que nos escuchen por Diputados TV. Mantengamos el tema de la reunión para la que fue convocada. Los pedidos están hechos, el protocolo está recién habilitado, vamos a trabajar en esto, nadie le quiere quitar la información de nada a nadie”.

Pero tuvo que pedir disculpas por sus dichos sobre la “tribuna”, después que le reclama otro tucumano, el radical Pablo Cano, quien además en su intervención recordó que “Vizzotti dijo que en marzo deberíamos tener 10 millones de personas vacunadas con dos dosis, o 20 millones con una sola, y nada de eso ocurrió”. “Este tema forma parte de la preocupación del interbloque y de los ciudadanos argentinos”, añadió.

Desde el Frente de Todos recogió el guante la diputada Cecilia Moreau, que sostuvo: “Es cierto que debemos hablar del tema de la vacunación en muchas provincias, hay provincias y lugares que a mí y a nosotros nos tienen muy preocupados”.

Pero replicó que sería bueno también convocar a la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien “tuvo que salir urgentemente a ver cómo hacía para remediar el drama que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había generado en el Hospital Español”. “También habría que rever que está pasando en la Ciudad, donde el ritmo de vacunación es uno de los más lentos junto con Mendoza”, cargó.

“Debemos ser muy responsables y no hacer poliquetería con esto. Convoquemos a una reunión con los que tengan que estar“, sumó la vicejefa de la bancada oficialista, que mencionó además al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

A su turno, la macrista Graciela Ocaña remarcó que Vizzotti debe “explicar cuál es la situación real de las vacunas” para poder “tener un informe real, y saber qué pasa con las otras negociaciones” con otras firmas además de Sputnik y Sinopharm.

La legisladora alertó que la población mayor “no está inmunizada” cuando “estamos ante una posibilidad de segunda ola”. Y, en respuesta a lo de Volnovich, Ocaña recordó que pidió su citación “en varias oportunidades” para que “venga a explicar el vacunatorio ‘VIP’ en el hospital de Mar del Plata” y “por qué PAMI inmuniza a jóvenes”.

“Necesitamos urgente tener certezas, después de la salida escandalosa que tuvo el ministro”, expresó la radical Claudia Najul, que apuntó que “todavía no sabemos la magnitud” que tuvo el “vacunatorio ‘VIP'”, y lamentó que “por ese hecho han quedado tantísimos adultos mayores sin vacunar”. En defensa de la campaña de vacunación en su provincia, la mendocina argumentó: “No vamos lento, lo que no tenemos es vacunas”.

Finalmente, Yedlin aclaró que no podía “asegurar” convocar a una reunión esta misma semana, “pero sí no tengan dudas que vamos a tener las invitaciones y lo que haga falta para que estos temas se traten; coincido son los que nos preocupan a los argentinos”, cerró.

Dictamen favorable al proyecto que propone adecuarse al Código Mundial Antidopaje 2021

Las comisiones de Salud y Deportes de la Cámara de Diputados avanzaron con el despacho de la iniciativa, que quedó habilitada para tratarse en la próxima sesión.

pablo yedlin comision salud dopaje

Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Deportes de la Cámara de Diputados avanzaron este miércoles con el dictamen favorable -unánime- de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que busca adecuar la Ley de Régimen de Prevención y Control del Dopaje en el Deporte al nuevo Código Mundial Antidopaje 2021.

Al abrir la reunión, el titular de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT), resaltó que este es un tema que “tiene una urgencia muy significativa”, al tiempo que agradeció la presencia de todos los bloques ante la rápida convocatoria y destacó que “el deporte olímpico y de alta competencia es un tema que nos une a todos los argentinos”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi (Pro), recordó la última modificación de la ley que se realizó a fines de 2017, pero señaló que ésta es una nueva reforma que “va a reforzar los objetivos de la Agencia Mundial Antidopaje”. “Hay que aggionarse a las exigencias”, afirmó.

Desde el Poder Ejecutivo, Inés Arrondo, secretaria de Deportes, enfatizó que “nos urgen los tiempos porque justamente el esquema mundial antidopaje tiene pautas de tiempo que hay que cumplir”.

La funcionaria subrayó que este 2021 es “un año olímpico, en el que nuestra delegación va a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio”, por lo cual “nos empieza a correr el calendario”.

Arrondo apuntó que la iniciativa consiste en “estar dentro de los parámetros del juego limpio” y que “el deporte de nuestro país esté libre del consumo de cualquier tipo de sustancias”. Por eso, insistió con que “se tenga la ley lo antes posible”.

Luego fue el turno de Diego Grippo, presidente de la Comisión Nacional Antidopaje, quien explicó que la ley necesita ser actualizada porque lo que se renovó fue el Código Mundial Antidopaje, con algunos “cambios sustantivos”.

El funcionario explicó que la norma, que “deberíamos haberla tenido aprobada el 1ro. de enero de 2021”, se trabajó junto a las entidades deportivas que “han colaborado, la han mirado y han mejorado la propuesta”.

Al igual que Arrondo, Grippo advirtió que no adoptar estas normas “puede poner en problemas al deporte argentino” e informó que “deberíamos tener esta acción correctiva completada para el 12 de abril”.

“Tenemos a favor que nuestra ley es un modelo para la Agencia Mundial Antidopaje”, ponderó, pero indicó que actualmente “estamos haciendo controles de dopaje con el régimen anterior”.

Entre uno de los principales cambios de la nueva normativa, el presidente de la Comisión Nacional Antidopaje explicó una modificación realizada sobre las sanciones por el uso de drogas de abuso, como cocaína o marihuana, que anteriormente podían “terminar con la carrera de un atleta”.

A partir del nuevo Código se establece que si se registra el doping positivo “en controles realizados fuera de competencia y sin la intención de lograr algún beneficio a partir de ese consumo”, las sanciones pueden ir de uno a tres meses.

Tras la intervención de los funcionarios, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo (Pro), confirmó el acompañamiento de Juntos por el Cambio a la iniciativa enviada por el Gobierno. Mencionó que se trata de una “ley muy compleja”, por eso valoró el trabajo de Baldassi y de los asesores, porque un estudio por parte de los diputados “hubiera requerido meses”. “Con el propósito de evitarle problemas al deporte argentino es que vamos a acompañar esta iniciativa”, agregó.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Deportes, Mario Leito (FdT), alertó que no contar con la ley podría “ocasionar la no participación de nuestros atletas en torneos internacionales”, y “la imposibilidad de poder llevar adelante la organización de eventos deportivos”. En ese sentido, recordó que este año “tenemos un evento muy importante que es la Copa América”.

El proyecto busca adaptar el régimen actual al Código Mundial Antidopaje 2021, que entró en vigor el 1ro. de enero luego de distintas enmiendas realizadas en 2009, 2015 y 2018.

Las modificaciones tienen que ver con los sujetos alcanzados por el régimen, la prueba de presencia de sustancias prohibidas, el incumplimiento de localización de los atletas y las sanciones, entre otros temas.

El régimen actual fue aprobado a través de la Ley 26.912 y tiene como objetivos “la prevención del dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio y la protección de la salud de los que participan en las competencias”.

Senadores se cruzaron por el “vacunatorio VIP” y la citación a Vizzotti

En una reunión de la Comisión de Salud se acordó convocar a la ministra para que informe sobre la vacunación, pero desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer un uso político del tema.

Senadores del oficialismo y la oposición se cruzaron este martes en la Comisión de Salud del Senado por el denominado “vacunatorio VIP” y el requerimiento para que la ministra del área, Carla Vizzotti, concurra a brindar informes y responder dudas de la oposición sobre el proceso de vacunación.

El intercambio se dio durante la reunión virtual convocada para ratificar a las autoridades de la comisión, donde fueron reelectos Mario Fiad (UCR-Jujuy) como presidente y José Neder (Frente de Todos-Santiago del Estero) como vice.

Tras el trámite formal, la radical Silvia Elías de Pérez pidió la palabra para pedir la presencia de Vizzotti en la comisión. “Hay muchas cosas que nos gustaría que nos informe, especialmente el tema vacunas. Queremos certidumbre, queremos entender qué está pasando realmente, cómo se están administrando las vacunas”, dijo.

Fiad confirmó que se citará a la funcionaria, pero entonces intervino el oficialista Alfredo Luenzo para aclarar que “la información que proporciona el Ministerio de Salud es cierta”, aunque “a veces se genera mucha confusión” debido a las fake news.

El chubutense apoyó la convocatoria a Vizzotti pero pidió evitar que “un tema tan sensible sea utilizado con otros objetivos que no son los que pretendemos en esta comisión”.

Al responder, Fiad insistió en que la funcionaria “nos puede brindar esa cuota de claridad y transparencia para que todos tengamos la misma versión”.

La discusión escaló cuando pidió la palabra Nancy González, del Frente de Todos. “Cada vez que hemos convocado a un ministro a una comisión, han estado horas y horas dando explicaciones. No creo que la ministra de Salud sea una excepción a eso”, arrancó.

Sin embargo, señaló que “está todo muy claro en la página del Ministerio de Salud” y que “Argentina no puede obtener más vacunas porque en el mercado no hay”.

“Dejemos de hacer circo con las vacunas y apoyemos lo que está haciendo el Gobierno para poder paliar la pandemia”, imploró.

A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck -quien fue ratificado como secretario de la comisión- sostuvo que “cuanta más información oficial se le dé a los argentinos, habrá mayor tranquilidad”, y pidió que la reunión informativa se realice “sin ningún tipo de prejuicios ni posiciones ya establecidas”.

Elías de Pérez volvió a pedir la palabra para contestarle a González. “Han calificado de circo, yo solamente quiero información. Nos guste o no nos guste, el presidente dice una cosa, en el Ministerio hay otros datos y hubo un problema que llevó a un cambio de ministro”, advirtió, y repitió: “No hay circo, no hay mala intención; solo queremos información porque es demasiado sensible el tema”.

A continuación, Luenzo intentó aclarar sus dichos. “No tenemos que reproducir en este ámbito de la Comisión de Salud lo que pasa en los medios”, consideró, y cuestionó que la vacunación “se haya transformado en un tema político y hasta ideológico”.

“El 10% de la población tiene el 90% de las vacunas, y el 90% restante de la población se las tiene que arreglar con el 10%. Ese es el verdadero vacunatorio VIP”, sentenció el senador del Frente de Todos, e insistió en “no entrar en el terreno de la especulación política o las fake news”.

Desde el Pro, Pedro Braillard Poccard se sumó al pedido de citación a Vizzotti. “La responsabilidad de la vacunación recae en las provincias, y nosotros en nuestros distritos estamos siendo objeto de preguntas por parte de la población que está angustiada”, comentó, y resumió: “Tenemos que ir a las fuentes, y ninguna fuente es más fidedigna que la palabra de la ministra de Salud”.

Finalmente, la oficialista Ana Almirón pidió que Vizzotti también brinde respuestas sobre lo sucedido en su provincia, Corrientes, donde el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, tuvo un accidente vial cuando transportaba en su vehículo particular 900 dosis de la vacuna Sputnik V de manera irregular.

Cinco comisiones del Senado ratificarán esta semana a sus autoridades

Serán las de Economía Nacional; Economías Regionales; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Salud; y Presupuesto y Hacienda.

Cinco comisiones del Senado se reunirán entre este martes y miércoles para ratificar a sus autoridades de cara al año legislativo y delimitar la agenda de trabajo.

La primera comisión en reunirse será la de Economía Nacional e Inversión, este martes a las 13.30, para ratificar a Silvia Elías de Pérez (UCR) como presidenta y Roberto Mirabella (Frente de Todos) como vice.

Además, la comisión tratará proyectos vinculados a planes de ahorro, créditos UVA y tarjetas de crédito, presentados por los senadores Julio Cobos, Oscar Parrilli y Mario Pais.

A las 15 será el turno de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, donde continuará como presidenta Nora del Valle Giménez (Frente de Todos).

Luego, a las 16.30, tendrá lugar otra reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde serán ratificados Gladys González (Pro) y Antonio Rodas (Frente de Todos) como presidenta y vice.

Finalmente, en la Comisión de Salud -convocada para las 18- se ratificará al radical Mario Fiad como presidente, y al oficialista José Neder como vicepresidente.

En tanto, el miércoles a las 13.30 se constituirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde seguirán como autoridades Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro).

Diputados reanudó el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos y se encamina al dictamen

Un plenario de cuatro comisiones recibió a expositores para continuar con las consultas sobre la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Acordaron realizar una última reunión informativa antes de firmar dictamen.

plenario etiquetado de alimentos diputados

En el marco de una nueva reunión informativa, un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que se encamina al dictamen favorable.

Por videoconferencia, los diputados escucharon este martes a más de diez especialistas a favor y en contra de la ley, y acordaron realizar una última audiencia con expertos -en fecha a definir- antes de llevar el tema al recinto.

La iniciativa, considerada dentro del temario de sesiones extraordinarias, se aprobó el 29 de octubre en la Cámara alta por amplia mayoría, y apunta a garantizar una alimentación saludable a través de sellos de advertencia en los empaques de productos que contengan exceso de azúcar, sal o grasas.

Elizabeth Kleiman, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reflexionó que la iniciativa se enmarca en “pensar cómo poder brindarle el bien común a la sociedad, garantizando los derechos humanos vinculados a la salud, al acceso a la alimentación, a la educación y a la información”.

“Si bien el rotulado y la información nutricional viene mejorando y avanzando”, señaló, la expositora remarcó que hay que seguir “mejorando la información para que los consumidores puedan decidir qué es lo que necesitan de una manera esencial”. “Es crucial generar y construir hábitos saludables desde la niñez”, agregó.

Por su parte, Mabel Vucko, representante de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), se mostró a favor de “poder informar y facilitar al consumidor la selección de alimentos más saludables”. “Estamos a favor y apoyando este rotulado”, afirmó, al tiempo que abogó por “una comercialización en igualdad de condiciones” para “poder armonizarlo con el Mercosur”.

En ese sentido, Vucko subrayó que el diseño del sello “sea armónico con la región”, de modo de evitar “trabas en la comercialización o costos de packaging”. Asimismo, pidió “la incorporación en el Código Alimentario Argentino de herramientas para poder reformular nuestros productos y cumplir con las exigencias”. También, que “las etapas de implementación sean escalonadas”, de modo que “la industria y, sobre todo las PyMEs, se puedan adaptar a la normativa”.

A su turno, Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, resaltó que “el objeto de la ley, que es advertir a los consumidores y consumidoras sobre excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz, no se cumplirá, pues esta capacidad de proveer información se verá objetada por un defecto en la selección de los parámetros del proyecto de ley”.

Con una explicación técnica, Socolovsky dijo que si se mantiene la redacción actual del artículo 6 de la iniciativa, “varios productos presentarán información falsa sobre el real contenido de nutrientes en el alimento o la bebida”. Por eso, apuntó que los parámetros establecidos deben ser “en gramos por 100 gramos o 100 mililitros”. “El rótulo frontal debe ser siempre coherente con la información que se brinda en la tabla nutricional”, añadió.

En cuanto al aspecto publicitario, el director ejecutivo de la ONG Sanar, Ignacio Porras, detalló que “los niños están expuestos a 60 publicidades de comida chatarra semanales; nueve de cada diez son alimentos de baja calidad nutricional; uno de cada tres promete regalos; y uno de cada cuatro muestra personas o personajes famosos”.

“La industria sigue utilizando la flexibilidad del Código Alimentario a su favor, el neuromarketing sigue reinando en la góndola, el sistema tiene una lógica supermercadista y se siguen subvencionando alimentos de baja calidad nutricional”, denunció, al tiempo que habló de “una falta de políticas que incentiven la producción de alimentos frescos” y una “utilización de sociedades científicas o asociaciones de prestigio y salud para vender ultraprocesados”.

Con varias propuestas de modificaciones al proyecto, Gabriela Marcello, directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, expresó: “Nos preocupa y nos ocupa el tema del etiquetado frontal y creemos que tiene que tener un abordaje no solo a nivel sanitario, sino a nivel productivo”.

La funcionaria provincial enfatizó que el sello en los productos “no debe causar temor, confusión, ni demonizar algunos tipos de alimentos”, porque “todos los alimentos pueden formar parte de una dieta, siempre que las cantidades y la frecuencia de ingesta de esos alimentos generen un equilibrio”.

Para Marcello, los parámetros a cumplir en los valores máximos no tendrían que ser los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino “con el criterio del Ministerio de Salud de la Nación” que defina “cuáles son los criterios adecuados para nuestra población”. En otro tramo, opinó que el octógono no debe decir “exceso en” sino “alto en”.

Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), su titular Ercole Felippa, consideró que “se debería aclarar” en el etiquetado “cuando son nutrientes agregados o nutrientes propios del alimento en sí”. Puntualmente sobre la prohibición, prevista en el artículo 10, de “resaltar las declaraciones nutricionales complementarias”, explicó que “esto no permitiría destacar el contenido de calcio y otros nutrientes en los productos lácteos”.

“Esta ley debe ser aprobada pero los productos lácteos deberían tener un tratamiento especial”, aseveró. También indicó que la OPS establece límites “exigentes” que hacen “imposible la reformulación” de los alimentos. “Los productos lácteos ya de por sí contienen naturalmente lactosa, grasas saturadas y algo de sodio. Las grasas saturadas que son propias de la leche son consideradas ‘buenas’ ya que no se las relaciona con efectos negativos como otras grasas saturadas”, sostuvo Felippa.

Por eso, el expositor aclaró que “la OPS recomienda no aplicar el perfil a las leches fluidas, leches en polvos y yogures, sin agregados. Pero este aspecto no está aclarado en este proyecto de ley”. “Si se aplicara, las leches tendrían hasta tres sellos, por eso entendemos que se debería cambiar la redacción”, sugirió.

Carlos Otrino, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas, advirtió que “los argentinos no consumimos ni la mitad de las frutas y verduras recomendadas por la OPS/OMS”, ya que “la mayoría no pasa de la unidad y media de consumo diario”.

“Esta realidad termina impactando en los sectores de menores ingresos”, lamentó Otrino, y agregó que “nuestros productos terminan llegando a las mesas de los consumidores muchas veces por descarte”.

Por su parte, Mijael Kaufman Falchuk, un joven de 22 años cofundador de Consciente Colectivo, remarcó ante los diputados: “A la hora de votar van a tener que pensar en el futuro y la salud de los millones de niños que habitan la Argentina”.

El estudiante exigió “no dilatar más” la sanción de esta ley sin modificaciones para que “el Congreso no se convierta en una burocracia constante”.

“Este proyecto es la puerta de entrada para generar miles de puestos de trabajo porque la alimentación saludable tiene que ser una política de Estado”, sostuvo.

En tanto, José Luis Londoño, jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, llamó la atención sobre el impacto de “medidas restrictivas” sobre las marcas.

“No es cierto que presentar en la parte frontal del empaque un sello u obligar a eliminar elementos que pueden considerarse marcas garantice la protección del consumidor”, consideró, y tras mostrar algunos ejemplos, insistió en que “regular para promover el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales”.

El último expositor fue Sebastián Laspiur, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien destacó que en la ley confluyan “el etiquetado de advertencia, la regulación de la publicidad y la protección de entornos escolares”.

Laspiur habló de “la experiencia internacional y regional que dan muestra de por qué estamos ante un proyecto con estas fortalezas”.

Resaltó a su vez que el proyecto en debate “ha aprovechado la mejor evidencia científica disponible hasta el momento y la experiencia internacional y regional”, dado que, entre otras cosas, el sistema gráfico del sello octogonal negro “es el que más evidencia arrojó”.

Asimismo, informó que en Chile, con una ley similar, se redujo un 25% el consumo de bebidas azucaradas y un 17% el de los postres envasados, y añadió que en México “en cinco años se ahorrarán casi 2.000 millones de dólares en costos asociados a la obesidad”.

“La ley no tiene ningún impedimento internacional ni riesgos para el comercio internacional ni generación de empleo”, enfatizó.

Por último, ante una consulta de la diputada Florencia Lampreabe (Frente de Todos), Laspiur explicó que el perfil de nutrientes de la OPS “se basa en recomendaciones de la OMS sobre las ingestas máximas permitidas para que no se ponga en riesgo la salud”, por ejemplo, con “información documentada de cuál es el porcentaje de ingesta de azúcar” que puede derivar en enfermedades como obesidad y diabetes.

González García estimó que “prácticamente vamos a tener a todos los argentinos vacunados”

El ministro de Salud se presentó ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas por más de tres horas. Destacó las negociaciones de Argentina con los diferentes proveedores y dijo que habrá alrededor de 62 millones de vacunas.

Por Melisa Jofré

En una reunión que se extendió por más de tres horas y transcurrió, mayormente, sin sobresaltos, el ministro de Salud, Ginés González García, respondió preguntas de los diputados de la Comisión de Salud sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 y afirmó que “prácticamente vamos a tener a todos los argentinos vacunados”.

En esa línea, ratificó que habrá dosis suficientes para inocular a “casi toda la población” y pronosticó que “después de julio se lograría una inmunidad de rebaño”.

Al comienzo de su exposición, el funcionario aseguró que desde el Gobierno “teníamos absoluta tranquilidad sobre la vacuna” Sputnik V, luego que la revista científica The Lancet destacara su efectividad en 91,6%.

Durante la reunión, que se realizó de manera virtual, el ministro resaltó que “ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista”, sino “por lo que presentan como documentación sistematizada” y, en ese sentido, “nosotros teníamos absoluta tranquilidad sobre la vacuna” rusa.

Para el titular de la cartera de Salud, la publicación “sirve para que los que tenían duda se reafirmen en creer en la vacuna”, que “recibió mucho ataque por su procedencia”.

En esa línea, González García consideró que el descreimiento sobre las vacunas ocurre por la “prolongación, dificultades, los ánimos desgastados, el cansancio y también la incertidumbre” que genera la pandemia, al tiempo que “además hay un sistema que antes no había: el de falsas noticias”.

Y lamentó tener que haber escuchado “que a uno lo acusen de asesino o que envenena a los argentinos, que por supuesto es una cosa descabellada” y “genera quiebres en el ánimo colectivo”.

“Nosotros obviamente debemos haber hecho cosas no demasiado correctas alguna vez, pero en el sentido general me siento muy conforme que en un país federal, difícil, fragmentado, confrontatorio, hayamos hecho una política común desde el primer día con todas las provincias”, expresó.

El ministro ponderó entonces que en Argentina “hemos actuado con anticipación” y repasó algunas de las primeras medidas tomadas hace casi un año atrás. “Se nos atacó porque faltaban test y la verdad es que nunca faltaron test”, afirmó.

“El 3 de febrero (de 2020) ya teníamos tres mil test en Argentina; 15 mil para el 13 de marzo y 42.500 el 21 de marzo”, especificó y dijo que desde el primer caso hasta la fecha se han realizado “6.292.000 test”.

González García remarcó que en julio del año pasado el país ya encaró “las tratativas para las vacunas”, algo que se trata de “una guerra fría”. Pero, pese a estar “lejos del primerísimo mundo”, en Argentina “no quedamos detrás del acceso a las vacunas”.

Al referirse a los contratos que Argentina ya firmó con diferentes firmas, el funcionario reveló que el país está en conversaciones con Janssen, que recién “va a tener vacunas para el segundo trimestre de este año”, pero tiene como ventaja que requiere de una “temperatura de heladera” y “es una sola dosis”, lo que mejoraría “el tema logístico”.

En cuanto a la vacuna de Sinopharm, aclaró que “el precio es para nosotros alto y necesitaríamos, en tiempo corto, un millón de dosis”. “China obviamente quiere que hagamos un contrato formal por muchas más dosis”, señaló, aunque “la negociación no está cerrada”, manifestó. Y añadió que también hay “carta de intención para tener” vacunas de CanSino, una alianza canadiense-china.

Con la Sputnik V, “tenemos asegurado stock hasta julio”, confirmó e insistió: “Hemos negociado con varios proveedores, tenemos la certeza de acceder a varias vacunas. Todas las vacunas son buenas y, sobre todo, son muy buenas, en algo que la prensa no se está diciendo. Hasta ahora una vacuna era efectiva si preveía que uno no tuviera esa enfermedad; pero son todas muy buenas para lo que realmente tienen que ser buenas, para evitar la mortalidad: reducen al 100% la mortalidad y reducen tremendamente la internación en terapia”.

Sobre la campaña nacional de vacunación, el ministro destacó el trabajo fuerte con las provincias y la “estrategia federal, coordinada, integral”, con un “enorme despliegue”. Sobre esto, detalló que “los equipos de vacunación son 116 mil integrantes” más “80 mil personas de apoyo”. “Hay 7.749 establecimientos preparados y acondicionados para vacunar en todo el país”, continuó.

González García informó que “la distribución de la segunda dosis de la Sputnik sale el lunes (próximo)” y evaluó que “todo este tiempo ha servido como un músculo para un gran desafío que va a ser vacunar a la gran población. Los grupos priorizados son 14 millones y medio de personas, solo eso ya es una magnitud terrible. Y todo esto luchando contra los antivacunas y los que dicen que está todo mal”.

El no acuerdo con Pfizer

Durante la presentación, el ministro explicó por qué no se llegó a un acuerdo con Pfizer y apuntó que “para el gobierno argentino, Pfizer se portó muy mal con nosotros y la verdad que no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que tuvimos: primero de hacer el ensayo clínico; la máxima apertura, el presidente involucrado; y la ley específica para adecuarnos a todas las exigencias, que no son solo de Pfizer, pero Pfizer es el que más duramente las hace”.

El titular de la cartera de Salud confesó haber tenido “una gran desilusión” con la firma y expresó: “Alguna vez dije que parecía que exigían tanto porque no tenían seguridad en su vacuna…otras veces dije que no podían, después de haber una ley, decir que quieren más cosas. No sé si no es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en todas partes del mundo que no han cumplido, o si existe otra razón”.

Más de 60 millones de dosis de vacunas

Al ser consultado por la oposición por el número exacto de vacunas con las que contará el país, González García precisó que hay “62 millones” negociadas, a partir de sumar “30 millones” de dosis de diferentes laboratorios ya compradas, más “las 20 millones de la Sputnik V”.

Además, dijo que hay pactadas “22.400 de la de AstraZeneca; más una negociación que estamos haciendo por 1.200 millones también de esa vacuna”; y sumó las “9 millones” por mecanismo COVAX.

“Si sacamos los 15 millones de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta la población argentina”, resaltó.

Chispazo con un diputado de Juntos por el Cambio

El momento quizás más controversial de la reunión fue la intervención del radical José Cano, quien lanzó: “Nosotros no somos antivacuna, tampoco hemos generado falsas expectativas en la gente, tampoco hemos dicho que entre enero y febrero iba a haber 5 millones de personas vacunadas”.

“No son dos semanas o una semana de retraso, estamos ya prácticamente a mediados de febrero y todavía no se llegó a vacunar ni al 0,3 o 0,4% de los argentinos”, reclamó y le preguntó entonces al ministro “cuáles son las proyecciones que usted tiene”, porque “hasta acá la verdad que muchas de esas proyecciones no se han concretado”. “El Gobierno tiene que tener prudencia a la hora de hacer los anuncios”, consideró.

Con chicana, el ministro de Salud le contestó: “Me encanta que el diputado Cano se preocupe tanto por las vacunas, hubiera sido bueno que lo dijera en su gobierno y hubieran andado mejor las cosas, y no hubieran quedado 12 millones en la Aduana y cuatro millones en un depósito sin usar (en referencia al hallazgo de vacunas vencidas compradas bajo la gestión Cambiemos)”.

“Usted dijo mediados de febrero, cuando hoy es 3 de febrero, no me parece que sean mediados, eso no hay que conocer mucho de epidemiología sino de matemáticas. De toda manera, quédese tranquilo que a mediados de febrero usted va a tener mejores noticias que las que tiene ahora”, completó González García.

Foto: HCDN

La apertura de Massa

En el inicio de la reunión, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, destacó que esta es “la quinta vez en el último año que el ministro viene a la Cámara de Diputados” y aseveró que conocer “los avances y la situación desde el punto de vista inmunológico y el plan de vacunación es muy importante”.

“El tema de la inmunización y la pelea contra el virus es una tarea que nos compromete a todos, que no tiene que tener banderías políticas ni mezquindades”, opinó y abogó por “transformar” el “desafío” de la vacunación en “una política de Estado”.

Massa valoró que en medio de “la pelea mundial alrededor de las vacunas”, el Gobierno tuvo “el acierto de negociar con todos los tenedores de vacunas”.

En la sede del Ministerio, González García estuvo acompañado por funcionarios de la cartera, entre ellos Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud; y Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa, quienes también respondieron preguntas. Asimismo, estuvieron conectados al encuentro para consultas Manuel Limeres, titular de la ANMAT; y Mirta Roses, directora de la CoNaIn.

El ministro de Salud aseguró que Argentina contará con “62 millones” de vacunas

Ginés González García precisó la cantidad de dosis que el país compró y recibirá. “Prácticamente vamos a tener a todos los argentinos vacunados”, destacó.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que Argentina contará con “62 millones” de dosis de vacunas contra el Covid-19.

“¿Cuántas vacunas van a llegar, cuáles y cuándo en el primer semestre?”, fue la pregunta de la radical mendocina Claudia Najul, a lo que el funcionario contestó que “el número que tenemos hoy, y que va a ampliarse, es bastante claro”.

El ministro señaló que ya están compradas “30 millones” de dosis de diferentes laboratorios, más “las 20 millones de la Sputnik V”. Además, dijo que hay pactadas “22.400 de la de AstraZeneca; más una negociación que estamos haciendo por 1.200 millones también de esa vacuna”.

Y sumó las “9 millones” por mecanismo COVAX. Al respecto, en otro tramo de su exposición, negó que el país vaya a recibir un número menor mediante este plan creado por la Organización Mundial de la Salud.

“No sé si por error hoy los medios dicen que nos bajaron de 9 millones de dosis a 2,2 y eso no es así. Esto lo primero que nos van a mandar”, aclaró.

Tras precisar los números, González García afirmó que Argentina recibirá “la suma total de 62 millones” y “si sacamos los 15 millones de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta la población argentina”.

“Lo que nos pueda faltar estamos en dos o tres negociaciones”, agregó y destacó: “Prácticamente vamos a tener a todos los argentinos vacunados”.

“Para el gobierno argentino, Pfizer se portó muy mal con nosotros”, dijo González García

El titular de la cartera de Salud explicó las dificultades en la negociación con la empresa que, aseguró, “no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que tuvimos”.

Ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Ginés González García, apuntó contra Pfizer al sostener que “se portó muy mal con nosotros” y no respondió a la “correspondencia” que el Gobierno argentino tuvo.

“Para el gobierno argentino, Pfizer se portó muy mal con nosotros y la verdad que no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que tuvimos: primero de hacer el ensayo clínico; la máxima apertura, el presidente involucrado; y la ley específica para adecuarnos a todas las exigencias, que no son solo de Pfizer, pero Pfizer es el que más duramente las hace”, subrayó.

Consultado por la diputada macrista Carmen Polledo sobre las trabas en la negociación con la firma, el funcionario recordó que “el 31 de julio del año pasado se firmó la prueba de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech”, para lo cual hubo 6.000 voluntarios y se trató del “estudio más grande que hicieron en algún país”.

No sé si no es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en todas partes del mundo que no han cumplido, o si existe otra razón”.

En tanto, “el 1 de septiembre establecimos los términos de contrato de compra” y “el 4 de septiembre empezamos a conversar sobre los compromisos de entrega, siendo lo más seductor de todo que nos hablaban del último trimestre del año pasado”, repasó.

Sin embargo, González García reveló que al momento de “remitir la nota para querer firmar el acuerdo”, Pfizer objetó la Ley 27.573 respecto de “la ejecución de la indemnidad” y el término “negligencia”. “No querían que estuviera esa palabra”, dijo.

A continuación, el ministro recordó que la de Pfizer fue “la primera vacuna que fue autorizada” en el país y, por eso, se siguió negociando “hasta la última instancia”.

“He tenido una gran desilusión…alguna vez dije que parecía que exigían tanto porque no tenían seguridad en su vacuna…otras veces dije que no podían, después de haber una ley, decir que quieren más cosas. No sé si no es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en todas partes del mundo que no han cumplido, o si existe otra razón”, sostuvo.

Por eso, insistió que “el proceder de esta empresa no ha sido correspondido a cómo se comportó Argentina con la empresa”.

“Hasta la semana pasada teníamos intención, la tuvimos siempre, queríamos adecuarnos a cualquier condición, pero a cualquiera que no significara resignar la soberanía y mucho menos cambiar las leyes. Pero la intolerancia fue tremenda”, agregó.

Y lamentó el funcionario que se haya ido “corriendo la fecha” del último trimestre del año pasado a “diciembre, después pasó a febrero y después empezaron a decir abril, mayo”, lo que le hace pensar que “no tenían la vacuna y esto ha sido toda una estrategia”.

“Nosotros teníamos absoluta tranquilidad sobre la vacuna”, sostuvo González García ante Diputados

El ministro de Salud se presenta ante la comision homonima de la Cámara de Diputados, donde responderá preguntas de los legisladores.

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que desde el Gobierno “teníamos absoluta tranquilidad sobre la vacuna” Sputnik V, luego que la revista científica The Lancet destacara su efectividad en 91,6%.

En una reunión virtual de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el funcionario resaltó que “ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista”, sino “por lo que presentan como documentación sistematizada” y, en ese sentido, “nosotros teníamos absoluta tranquilidad sobre la vacuna”.

Para el titular de la cartera de Salud, la publicación “sirve para que los que tenían duda se reafirmen en creer en la vacuna”, que “recibió mucho ataque por su procedencia”.

En esa línea, González García consideró que el descreimiento sobre las vacunas ocurre por la “prolongación, dificultades, los ánimos desgastados, el cansancio y también la incertidumbre” que genera la pandemia, al tiempo que “además hay un sistema que antes no había: el de falsas noticias”.

Y lamentó tener que haber escuchado “que a uno lo acusen de asesino o que envenena a los argentinos, que por supuesto es una cosa descabellada” y “genera quiebres en el ánimo colectivo”.

“Nosotros obviamente debemos haber hecho cosas no demasiado correctas alguna vez, pero en el sentido general me siento muy conforme que en un país federal, difícil, fragmentado, confrontatorio, hayamos hecho una política común desde el primer día con todas las provincias”, expresó.

El ministro ponderó entonces que en Argentina “hemos actuado con anticipación” y repasó algunas de las primeras medidas tomadas hace casi un año atrás. “Se nos atacó porque faltaban test y la verdad es que nunca faltaron test”, afirmó.

“El 3 de febrero (de 2020) ya teníamos tres mil test en Argentina; 15 mil para el 13 de marzo y 42.500 el 21 de marzo”, especificó y dijo que desde el primer caso hasta la fecha se han realizado “6.292.000 test”.

NOTA EN DESARROLLO

Ginés González García se presenta ante la Comisión de Salud

De manera remota, el ministro de Salud asiste a un encuentro con los legisladores, durante el que responderá preguntas centradas en la gestión de la pandemia y el plan de vacunación.

El ministro de Salud, Ginés González García, se presenta ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Pablo Yedlin. El encuentro inició pasadas las 17 y se realiza de manera remota.

Durante el encuentro se espera que el funcionario exponga sobre la gestión de la pandemia y el plan nacional de vacunación, al tiempo que recibirá preguntas de los legisladores.

La visita del titular de la cartera de Salud coincide con la publicación de los ensayos preliminares de la fase III de la Sputnik V, en la prestigiosa revista The Lancet, que concluyen que es una de las tres vacunas existentes contra el Covid-19 con una eficacia probada de 91,6%. Un hecho que el oficialismo salió a celebrar en las últimas horas.

En la reunión también participan Manuel Limeres, titular de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y Mirta Roses, directora de la CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones).

EN DESARROLLO

Ginés González expone este miércoles ante el Congreso

El ministro de Salud de la Nación participará de una reunión con los diputados de la Comisión de Salud. La presencia del funcionario era reclamada por JxC.

Finalmente el ministro de Salud, Ginés González García, se presentará este miércoles ante los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara baja, que preside el tucumano Pablo Yedlin. Será por videoconferencia, y esta vez contará con la presencia de los representantes de Juntos por el Cambio que no asistieron a la reunión del 19 de enero pasado, en protesta porque el encuentro se realizara en el Ministerio de Salud y a puertas cerradas.

En esa oportunidad solo asistieron Yedlin, sus pares oficialistas Carolina Moisés, Paola Vessvessian, María Luisa Montoto y Jimena López; y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), integrante del interbloque de José Luis Ramón.

El encuentro de hoy se había previsto originalmente para las 11, pero luego fue pospuesto para las 17.

Se realizará justo cuando el ministro tiene la posibilidad de contar con novedades positivas, como fue ayer la noticia de que la prestigiosa revista médica The Lancet publicara los ensayos preliminares de la fase III de la Sputnik V, concluyendo que es una de las tres vacunas existentes contra el Covid-19 con una eficacia probada superior al 90%. Además, confirmó que su efectividad aumenta en mayores de 60 años y destacó que no provoca efectos adversos graves.

En la reunión de enero participaron también funcionarios de la ANMAT encabezados por su titular, Manuel Limeres, dieron detalles sobre cómo es el proceso de autorización de las distintas vacunas.

En el encuentro de este miércoles también estará el mencionado Limeres y Mirta Roses, miembro de la CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones).

Ginés González expondrá esta semana ante el Congreso

El ministro de Salud de la Nación participará este miércoles de una reunión con los diputados de la Comisión de Salud. La presencia del funcionario era reclamada por JxC.

Arranca febrero y se reanuda formalmente la actividad en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados en particular. Será nada menos que con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien expondrá ante la Comisión de Salud que preside el tucumano Pablo Yedlin.

El funcionario asistirá, mas no de manera presencial, sino lo hará por videoconferencia. Será este miércoles, a partir de las 17.

El encuentro era largamente pedido por JxC para que el funcionario informara sobre la pandemia en general y el tema de las vacunas en particular. Hace dos semanas se había acordado un encuentro con el ministro, pero en el despacho del mismo, cosa que desde Juntos por el Cambio rechazaron, señalando que el ámbito al que debía concurrir -aunque fuera de manera virtual- era el Congreso de la Nación.

Con todo, esa audiencia privada se realizó el 19 de enero pasado y participaron del mismo Pablo Yedlin, sus pares oficialistas Carolina Moisés, Paola Vessvessian, María Luisa Montoto y Jimena López; y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), integrante del interbloque de José Luis Ramón.

González García expuso ante los presentes sobre los tiempos estimados para la llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el Covid y las tratativas con otros laboratorios.

Asimismo, funcionarios de la ANMAT encabezados por su titular, Manuel Limeres, dieron detalles sobre cómo es el proceso de autorización de las distintas vacunas.

En el encuentro de este miércoles también estará el mencionado Limeres y Mirta Roses, miembro de la CoNaIn -Comisión Nacional de Inmunizaciones-.

Ginés González expondrá finalmente ante la Comisión de Salud

Tal cual reclamaban desde la oposición, el ministro de Salud participará el próximo miércoles de una reunión con los diputados.

Tal cual había anticipado el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, el ministro de Salud de la Nación expondrá ante la misma, como reclamaban desde Juntos por el Cambio. Así se confirmó este miércoles, al informarse que el encuentro tendrá lugar el 3 de febrero a partir de las 11 y Ginés González García participará por videoconferencia.

El encuentro era largamente pedido por JxC para que el funcionario informara sobre la pandemia en general y el tema de las vacunas en particular. Hace dos semanas se había acordado un encuentro con el ministro, pero en el despacho del mismo, cosa que desde Juntos por el Cambio rechazaron, señalando que el ámbito al que debía concurrir -aunque fuera de manera virtual- era el Congreso de la Nación.

Con todo, esa audiencia privada se realizó el 19 de enero pasado y participaron del mismo Pablo Yedlin, sus pares oficialistas Carolina Moisés, Paola Vessvessian, María Luisa Montoto y Jimena López; y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), integrante del interbloque de José Luis Ramón.

González García expuso ante los presentes sobre los tiempos estimados para la llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el Covid y las tratativas con otros laboratorios.

Asimismo, funcionarios de la ANMAT encabezados por su titular, Manuel Limeres, dieron detalles sobre cómo es el proceso de autorización de las distintas vacunas.

Alertan sobre la disparada de casos de Covid 19 en la Ciudad

La presidenta de la Comisión de Salud, Patricia Vischi, se reunió con el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, para analizar la situación sanitaria que atraviesa el distrito en medio del recrudecimiento de la pandemia en todo el mundo.

Tras la disparada de casos que viene atravesando la Argentina, la presidenta de la Comisión de Salud y diputada de la UCR-Evolución, Patricia Vischi, se reunió virtualmente con el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad, Gabriel Battistella, para analizar la situación sanitaria del distrito capitalino y recibir información actualizada acerca del plan de vacunación contra el Covid 19, las medidas preventivas y el funcionamiento de la atención primaria de la salud.

Durante el encuentro, el funcionario alertó acerca del crecimiento de los casos, los cuales pasaron de 300 a picos de 1200 a 1500 diarios. “Todavía es prematuro analizar si es un rebrote por los contactos sociales de fin de año y una baja en los cuidados o bien se trata de una segunda ola, en la próxima semana podremos definir esta tendencia epidemiológicamente”, aseveró.

Al mismo tiempo que hizo especial hincapié en los tres cuidados básicos: el uso del tapaboca, el distanciamiento social y evitar los lugares cerrados, fomentando así las reuniones a cielo abierto pero respetando los protocolos.

Además consideró que “la vacunación masiva frena los contagios” y destacó que ya se aplicaron más de 19 mil dosis, por lo que esta semana se terminarán de aplicar las 23 mil vacunas que fueron entregadas. Asimismo detalló que la intención del Gobierno de la Ciudad es aplicar entre febrero y marzo la segunda dosis de Sputnik y entre abril y mayo AztraZeneca.

Es por ello que recordó que hay grupos prioritarios para la vacunación: en primer instancia se encuentra el personal de salud; en segundo término los mayores de 70 años y geriátricos; luego adultos mayores de 60; el personal estratégico, FFAA, policía, primera línea de contacto y personal de geriátricos, comedores y promotores de salud; y, finalmente, personas de riesgo de entre 18 y 60 años.

Sobre esa misma línea, insistió en que la Ciudad cuenta con las unidades de traslado correspondientes para garantizar la conservación, y los grupos electrógenos  adecuados en cada lugar de vacunación. A la vez que informó que se realizaron convenios con clubes deportivos y otras entidades para ampliar las postas de vacunación.

No obstante, aclaró que solo se vacuna contra el Covid 19 en hospitales, mientras que en los CeSACs se aplicarán las vacunas del calendario habitual y también se realizarán  teleconsultas,  seguimiento y entrega de medicamentos de enfermedades crónicas.

Un compromiso con la salud

Por María Patricia Vischi. La presidenta de la Comisión de Salud y diputada de la UCR-Evolución analizó el trabajo legislativo que se llevó a cabo en dicha comisiones y celebró la aprobación de la adhesión al protocolo ILE, la regulación de la marihuana medicinal, entre otras cuestiones.

El año 2020 comenzó con un desafío global sin precedentes en los tiempos modernos,  cambió los hábitos, los espacios sociales, la forma de establecer vínculos. La pandemia marcó el rumbo, las prioridades y el centro de la atención pública estuvo en la salud y todas las necesidades y urgencias, también dejó un nuevo aprendizaje en la manera de planificar el trabajo.

Este complejo escenario, no impidió el normal desarrollo de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, la cual tengo el honor de presidir y en este breve recorrido por las  principales leyes y contenidos que debatimos, el balance es muy positivo, avanzamos en  legislar sobre importantes temas desde una mirada integral de la salud, siguiendo con atención el progreso de la situación sanitaria. Trabajamos de manera virtual y presencial en la agenda de proyectos y reuniones informativas, con un amplio consenso y el enriquecedor aporte de todos los bloques, el acompañamiento y la buena predisposición del ministro de Salud porteño, de los funcionarios del gobierno porteño y de destacados profesionales especialistas en los temas abordados.

En distintas oportunidades asistieron para dar informes y evacuar dudas frente al Covid 19 y también sobre el dengue en la Ciudad de Buenos Aires: el Dr. Federico Etchenique (Coordinador del Protocolo aplicado en el SAME, Sistema de Atención Médica de Emergencias), el Dr. Sergio Auger, (Director General de Hospitales) y la Infectóloga Dra. Patricia Angeleri (Coordinadora Covid-19 de la Ciudad de Buenos Aires), Daniel Ferrante  (subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red), Julián Antman (Gerente Operativo de Epidemiología),  además de contar con la presencia del  Ministro de Salud porteño, Dr. Fernán Quirós.

El derecho al adiós, la Ley de donación de plasma, la Adhesión al protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el Parto Respetado, la Ley de Endometriosis (la declara una enfermedad crónica y abordaje integral con perspectiva de género), la adhesión a la Ley de Cannabis Medicinal, el merecido reconocimiento al Dr. Alberto Crescenti (Director de SAME), también  consideramos declarar “esencial” a la Atención Psicológica Clínica durante el ASPO, promover el desarrollo de la Fase III de investigación de las distintas vacunas para prevenir la enfermedad producida por la SARS-CoV-2. Realizar acciones para continuar con la atención de enfermedades no transmisibles que requieren control y tratamientos. Debatimos sobre la importancia de la Bioética y la ley de Telemedicina, entre los temas principales impulsados.

La adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE): Fue aprobado luego de una decisión transversal de todas las fuerzas políticas, con una articulación real con la sociedad civil y la académica. Luego de la Reunión Informativa impulsada desde nuestro bloque UCR Evolución, que contó con la presencia de Fabián Portnoy y Viviana Mazur, (especialistas de la Coordinación de Salud Sexual, Sida, ITS del Ministerio de Salud), quienes explicaron el estado de situación de la práctica ILE en el distrito con datos concretos que demuestran las condiciones sobradas para legitimar las prácticas que CABA desarrolla a través de la política de salud. La Legislatura logró dar un paso necesario para la salud y vida de las mujeres.

Este año tuvo especial  importancia la reunión del COFELESA (Consejo Federal Legislativo de Salud) es un ámbito deliberativo creado a partir de la Ley 27.054 la cual estuvo coordinada por el Senador Nacional Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud.  Este Consejo lo integra, para coordinar políticas públicas que afectan a todas las regiones de Argentina.

Se sancionó el Derecho al último adiós. La Ley dio legitimidad a una necesidad social que esta pandemia mostró con su cara más triste: la soledad ante la muerte. Contempla la creación de un Plan de acompañamiento a pacientes con COVID-19 en situación final de vida, por medio de una plataforma o de manera presencial de acuerdo a las circunstancias, por una persona de su entorno afectivo.

“La pandemia cambió el paradigma del cuidado centrado en la persona, para pasar a centrarse en la comunidad”, explicó el Dr. Ignacio Maglio en su disertación sobre “Bioética en Pandemia”, quien además hablo acerca de la importancia de establecer leyes y comités de bioética en hospitales.

“Atención integral post covid-19”, propone evaluar la apertura de un Centro de cuidados integrales para pacientes en recuperación de Covid 19, luego de la hospitalización, para dar tratamiento de forma interdisciplinaria a cualquier secuela del Covid 19, fue un proyecto de mi autoría.

“Neurociencia y Salud mental”, fue un webinar organizado por la Legislatura Porteña y Neurociencia Bs. As., donde se discutió el escenario Post Covid, patologías emergentes y los efectos en la salud mental luego de la pandemia. Participaron el  Ministro Fernán Quirós y destacados especialistas en el área: Dr. Aldo Caridi  (Director UPERICPSM), Dra. Adriana Tarulla, Dr. Ricardo Allegri, Dr. Alejandro Palma, Dr. Fabián Román – Neurociencia Bs. As, Dr. Leonardo Bartoloni, miembros de  “Neurociencia Bs. As”.

La Ley parto respetado  regula los mecanismos y las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las personas gestantes, antes, durante y después del parto al igual que un nacimiento digno. Su concepto trata sobre respetar la voluntad de la mujer en el parto evitando intervenciones invasivas e innecesarias. La Lic. en Obstetricia (UBA), Dra. Claudia Negri, explicó en la Comisión de forma pormenorizada  la importancia del Parto Respetado.

En la reunión informativa sobre la Ley de Telemedicina, participaron los médicos: Analía Judith Baum, Gabriel Barbagallo, Adrián Gindin, Esteban Lucas Figueroa, Marisa Aizenberg, quienes coincidieron en la regulación ordenada, orgánica y sistematizada la salud digital, como una herramienta centralizada y de teleasistencia, que tomó gran impulso durante la pandemia.

Cannabis medicinal: fue aprobada  la Ley a través de un texto consensuado sobre un marco regulatorio propio para la Ciudad de Buenos Aires, y la adhesión a la Ley nacional 27.350 que regula su uso. Distintos actores sociales, reunidos en la Comisión,  analizaron los efectos positivos del cannabis en el tratamiento de numerosas patologías y trastornos.  La comunidad científica demostró a través de años de investigaciones, sus múltiples beneficios. El marco regulatorio asegura la debida protección a quienes cultivan su propio remedio.

En temas como este es que  resultaba indispensable actualizar las políticas públicas y planificar las estrategias a largo plazo.

Participaron de la reunión informativa: el Dr. Carlos Alberto Magdalena (Jefe de Neurofisiología y Epilepsia del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) Rossana Nermi Zapia, (Presidenta de la Asociación Cultural Jardín del Unicornio. Socia y Cofundadora del Club de Cultivo Cannabico (experimental) jardín del Unicornio), el Dr. Adrián Gindin, Médico Pediatra. Especialista en Educación Sexual y Cuidados Paliativos. Valeria Salech, (Fundadora de la Asociación “Mama cultiva”), Lic. Guido Revale, (Psicólogo, Especialista en Drogadependencias (CONEAU) Subgerente Operativo de Atención Integral de Adicciones a Drogas y Alcohol en el Ministerio de Salud de la Ciudad y Profesor de la facultad de Psicología UBA); el Dr. Carlos Damín, (Jefe de Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, Profesor titular de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA. Secretario General de la Facultad de Medicina de la UBA. Fundador de FUNDARTOX), entre algunos de los profesionales más destacados por su experiencia en el tema y trayectoria.

El operativo DetectAr realizado en un tráiler en los distintas comunas porteñas de dependencias del Ministerio de Salud de CABA, fue una acción que acompañamos junto a nuestros vecinos. Así como los operativos de vacunación y donación de sangre. Estuvimos  presentes en el voluntariado de la UBA acompañando esa tarea comunitaria.

Esta es en síntesis la actividad que llevamos a cabo entendiendo la Salud como una cuestión de estado, apuntando a la mejor salud para todos; con los tres subsectores integrados para que un nuevo modelo sanitario se instale definitivamente en la CABA  posibilitando el acceso cuando sea necesario.

Es por esto que quiero agradecer a todos los que forman  parte de la Comisión de Salud, en las distintas aéreas de responsabilidad, por la tarea realizada en estas condiciones signadas por la pandemia.

Firmaron el dictamen del proyecto de aborto legal, en medio de un escenario incierto en el Senado

El conteo de votos se proyecta muy ajustado y hay un puñado de indefinidos. El rionegrino Alberto Weretilneck sugirió modificaciones al texto. Se trataría en el recinto el próximo 29 de diciembre.

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado cerraron este jueves el debate del proyecto de legalización del aborto y comenzó a circular el dictamen, que por la noche ya tenía las firmas necesarias, con muchos datos importantes para tener en cuenta de cara a una sesión a priori con pronóstico muy ajustado.

El más saliente es que Silvina García Larraburu estampó su firma en el dictamen de mayoría. La senadora rionegrina votó en contra de la legalización del aborto en 2018, siendo entonces la única miembro del por entonces bloque kirchnerista en pronunciarse de esa manera.

A su vez, dos senadoras que figuran como “indefinidas”, la entrerriana Stella Maris Olalla (JxC) y la neuquina Lucila Crexell, no suscribieron el dictamen.

El que sí lo hizo, pero “en disidencia”, fue el entrerriano Edgardo Kueider (FdT), otro de los senadores que están “indefinidos”. Lo cual podría interpretarse como que, a priori, no votaría en contra.

Quien hace dos años votó a favor, pero este jueves no firmó el dictamen es la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado. Lo cual abre un interrogante respecto de su voto el 29 de diciembre.

Tras la última ronda de exposiciones, la presidenta de la Banca de la Mujer, la pampeana Norma Durango (FdT), anunció que daría la palabra a los otros presidentes de las comisiones y se cerraría la reunión. Sin embargo, hubo varios senadores que hicieron uso de la palabra, e incluso el rionegrino Alberto Weretilneck propuso modificaciones al texto, por lo que se abrió el intercambio.

El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (FdT), admitió que este es un tema “muy rígido y álgido”, por eso “es muy loable que estemos discutiendo este tema, lo que no corresponde es que no lo tratemos”. “En este tema excede la cuestión jurídica, constitucional, internacional. Hay principios y convicciones que uno tiene”, señaló, pero remarcó que “lo importante es que vayamos avanzando en resolver este tema”.

Foto: Comunicación Senado

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), subrayó que “el debate no se va a agotar en el resto del país” porque “se trata del derecho humano, primario y fundamental”. “Hemos empezado por el final, y tendríamos que haber empezado por el principio, ocupándonos de lo que nuestro país tiene como pobreza estructural, de la educación, de la salud, de los derechos de todos”, afirmó el jujeño.

Y agregó: “Tenemos que seguir ocupándonos que ninguna mujer, ni ninguna niña, tenga hambre; que tengan educación, que tengan la información para la toma de decisiones, que tengan la oportunidad de salir de sus entornos violentos”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Banca de la Mujer, Guadalupe Tagliaferri (Pro), expresó que “lo que estamos acá defendiendo son convicciones, y a mí me genera mucho orgullo pertenecer en este momento a un Senado que está debatiendo con honestidad intelectual, donde cada uno de los senadores y senadoras están poniendo su compromiso con lo que creen”. “Independientemente de cómo termine el resultado de este dictamen, creo que estos días hemos sido ejemplo de un debate democrático”, consideró.

Referente en contra de la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) aseguró que además de su “convicción profunda de que la vida empieza desde la concepción”, el proyecto es “inconstitucional, inconvencional” y también “se lleva puesta la cláusula” referida a “la declaración interpretativa del tratado de la Convención de los Derechos Humanos”, la cual deberá “ser derogada” para avanzar con esta ley, apuntó.

A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck confirmó que su posición es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero propuso una serie de modificaciones al proyecto para que la ley “se pueda cumplir”.

El legislador -que al final no firmó el dictamen– comenzó diciendo que la decisión del aborto “no es un tema únicamente de la mujer, sino que es de la mujer y del hombre” y, en ese línea, reveló haberse hecho una vasectomía hace 16 años atrás.

Weretilneck recordó que, como gobernador de Río Negro, en 2012 se sancionó en la provincia el protocolo ILE, que se reglamentó en 2016. Al aportar cifras, detalló que en 2018 se practicaron 432 ILE, lo que representa el 0,20% de todas las mujeres de la provincia; en 2019 hubo 565, que representa el 0,30% de las mujeres; y este año se registraron 353 ILE, es decir, el 0,18%.

El senador advirtió que de 2016 a la fecha “el 73% de los tocoginecólogos de Río Negro son objetores de conciencia. Cuando empezamos con este protocolo eran solo el 20%”. Por eso, alertó: “Si la ley no contempla, no cuida y no protege a los equipos de salud, le puedo asegurar que en dos años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante”.

En contra del inciso “b” del artículo 4, que habilita el aborto más allá de la semana 14 si estuviera en peligro la vida o de la “salud integral” de la persona gestante, con lo cual opinó que “un problema psíquico” podría ser un motivo de interrupción del embarazo. “Este inciso es sumamente amplio y nos va a llevar a que esta ley termine en todos los tribunales del país y en la Corte”, además de que “todos los planteles médicos del país se transformen en objetores de conciencia”, pronosticó.

Otro de los puntos que observó fue “la no obligación de la denuncia cuando el embarazo es producto de una violación”. Si bien aseveró que “las menores de 13 años no deben tener la obligación de la denuncia”, diferenció que “todo embarazo producto de una violación tiene que tener una denuncia penal” porque si no se ataca la consecuencia y no la causa.

Foto: Comunicación Senado

El senador cordobés Ernesto Martínez (Pro) se alineó con la postura expuesta por su colega Alberto Weretilneck, en cuanto a los reparos en relación a algunos puntos del proyecto oficial. “En mi caso en el artículo 11 y el artículo 13, y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto que todavía no sé de qué modo se va a dar”, señaló, anticipando que firmaría el despacho con disidencias parciales.

“Es un tema muy profundo, que preocupa a la sociedad argentina, donde están divididas las posiciones”, destacó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien cuestionó el “tratamiento exprés” de la iniciativa, ratificando su firme posición en contra.

Y sorprendió el formoseño ponderando algo ocurrido durante la anterior gestión, mejor dicho sobre cuando se dio el debate del aborto en el Congreso. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”. Valoró entonces la intervención de Weretilneck, en el sentido de “demostrar las fallas que tiene este proyecto de ley que no está bien llevado adelante”.

Crítica de la ley, Silvia Giacoppo (UCR) coincidió con la postura del senador Mayans, al opinar que “no es un dictamen que, por tener un plazo prefijado, que no debatamos artículo por artículo, siendo que estamos discutiendo la vida de las personas por nacer”.

A continuación, el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) compartió las posturas de Weretilneck, Mayans y Giacoppo, “porque yo hubiese querido debatir algunos temas; tenemos diferencias con el proyecto en varias cosas. Entendemos que el oficialismo quiere sacar dictamen a la brevedad, obviamente no lo compartimos”, manifestó y añadió su deseo de poder introducir modificaciones durante el debate en el recinto.

A favor de la iniciativa, la correntina Ana Almirón (FdT) calificó de “muy enriquecedoras” las exposiciones brindadas durante el debate, y señaló que hay senadores que ya tenían una postura previa contraria a la ley, “así que pedir más días de exposición… Todos sabemos de qué se trata, creo que la sociedad ha dado un salto cualitativo enorme desde 2018, sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que esté de un lado u otro”. “No me quiero quedar con ese sabor amargo de que hicimos poco, hicimos muchísimo”, enfatizó.

Foto: Comunicación Senado

Su par María de los Angeles Sacnun (FdT) sostuvo por su parte que “el artículo 3 del proyecto de ley me exime de hacer cualquier tipo de planteo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que la despenalización del aborto, tal como llega en este proyecto, se adecua perfectamente a nuestra Constitución”.

“La democracia argentina merece que demos estos debates sobre lo que tenemos todavía una deuda enorme para poder ejercer plenamente los derechos fundamentalmente de las mujeres y las niñas en la Argentina”, agregó la santafesina.

En tanto, el chubutense oficialista Mario Pais (FdT) dijo tener la íntima convicción de que “es una ley constitucional, que no violenta la Constitución. Por supuesto que podríamos aspirar a una ley mejor, y seguramente ya la vamos a modificar. Yo no he mutado mi posición ya expresada en el año 2018”, cuando votó a favor de la norma.

Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, resaltó que “la discusión ha sido amplia, oportuna y ecuánime”.

“Escuché decir que hay temas más urgentes, pero este Senado ha tratado temas muy profundos para el país: la deuda pública, la reforma previsional, privilegios de jubilaciones del Poder Judicial, una ley para acceder a la vacuna… y esto también es una deuda que tiene el Congreso y tenemos que animarnos a debatirla con seriedad”, dijo.

La mendocina pidió: “Cuando lleguemos al recinto tenemos que esforzarnos por que el respeto reine y saber escucharnos para encontrar puntos de encuentro, que yo creo que los hay: no queremos más embarazos no deseados en Argentina, y tenemos el compromiso de llevar a nuestras provincias la ESI (Educación Sexual Integral)”.

“No hay salida: es con educación, con salud pública y con derechos donde las mujeres nos vamos a sentir protegidas en nuestra decisión de ser o no ser madres”, concluyó Fernández Sagasti.

De cara a la firma del dictamen, senadores debaten en comisión el proyecto de aborto legal

Tras escuchar a la última tanda de expositores, los legisladores de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud se abocan a la discusión de la iniciativa con media sanción de Diputados.

plenario debate aborto senado 17 diciembre 2020

Luego de recibir a la última tanda de expositores invitados, los senadores de las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado se abocan a la discusión del proyecto de aborto legal, con media sanción de Diputados.

La intención del sector “verde” es firmar el dictamen este jueves, y tratarlo en el recinto el próximo martes 29 de diciembre, luego de Navidad y antes de fin de año. La media sanción se aprobó el pasado 11 de diciembre en la Cámara baja con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.

El escenario en el Senado se plantea abierto, con números muy ajustados, y en el que no se descartan sorpresas en la votación. Por el momento, según un conteo realizado por parlamentario.com, el rechazo a la ley estaría dos votos arriba pero hay tres legisladores que aparecen como indefinidos y una incógnita sobre una senadora oficialista que podría dar vuelta su voto.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita será de diez días corridos. Una vez que se realice el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad.

Los profesionales de la salud tendrán derecho a la objeción de conciencia, pero no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o la salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”.

Según un agregado de la Cámara de Diputados, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación”.

Entre las modificaciones que se prevén al Código Penal, se autoriza en el artículo 86 la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Mientras que el artículo 88 mantiene la penalización la persona gestante que cause su propio aborto luego de la semana 14, por fuera de las causales habilitadas, aunque la pena se reduce: pasa de uno a cuatro años a tres meses a un año -excarcelable-.

Además, incorpora el artículo 85 bis por el cual se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

NOTA EN DESARROLLO

Con la voz de Belén, se cerraron las exposiciones sobre el aborto legal en el Senado

Ana Correa, autora de un libro que relata la historia de la joven condenada por un aborto espontáneo en Tucumán, pasó un audio de la protagonista. Dieron sus opiniones una docena de invitados.

plenario debate aborto senado 17 diciembre 2020

Las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado escucharon a los últimos 12 expositores invitados al debate por el proyecto del aborto legal, previo a la reunión en la que se discutirá para avanzar con la firma del dictamen.

Abrió la ronda este jueves el exjuez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, quien señaló que desde el derecho “hay vida humana desde la concepción” y “tal humanidad es reconocida por nuestro sistema jurídico”. “El Código Civil dice que el niño por nacer es persona”, agregó.

“La Constitución le otorga derechos subjetivos al niño por nacer. Sería raro que le demos al mismo niño derechos subjetivos para tener una política de asistencia social, pero que su madre al día siguiente pueda abortar”, expresó y consideró que esto “es una contradicción que ningún intérprete puede aceptar, salvo que el derecho permita la violación del sentido común”.

A su turno, Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, opinó que “estamos discutiendo si la mujer va hacia la dignidad” y observó que “si hay libertad para tener hijos, tiene que haberla para si no quiere tenerlos”.

“No puede quedar en una zona gris o en la nada que tuvimos más de 3.000 muertes en 37 años”, enfatizó y aseguró que las hospitalizaciones bajaron en los últimos años únicamente porque “en vez de ser quirúrgico, el aborto se ha transformado en un aborto farmacológico”. “El aborto es 14 veces menos inseguro que un embarazo o un puerperio”, sostuvo.

También a favor de la ley, Ana Correa, periodista y escritora, autora del libro “Somos Belén”, aseguró que en Argentina “se criminalizan los abortos espontáneos” y manifestó que legalizarlo hará poner fin a “la injusticia, tortura y violación de los derechos humanos”.

“Sabemos que hay muchos casos como el de Belén”, remarcó, al hacer referencia al caso de una joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, y luego absuelta, pero pasó tres años en prisión.

Correa recordó que “fue condenada por un aborto espontáneo y aunque se comprobó que fue inocente, ella sigue sufriendo las consecuencias de la clandestinidad”. “En Tucumán se siguen persiguiendo penalmente los abortos espontáneos”, denunció y le dijo a los senadores que “tienen la responsabilidad de dar un paso decisivo para que en Argentina no se promueva la tortura de niñas y mujeres”.

Al finalizar su exposición, la periodista feminista puso en reproducción un audio de Belén, entrevistada en radio Con Vos, el día después de la media sanción de la ley. La grabación no se pudo escuchar por completo, ya que Norma Durango, presidenta de la comisión, le advirtió que estaba “pasada de tiempo”. Pero lo saliente fue que senadores “celestes” cuestionaron que se pase el material.

“Me gustaría que lo pase completo, pero que nos dejen pasar a nosotros también material que es importante”, se lo escuchó a José Mayans, presidente del bloque Frente de Todos y referente del sector “celeste”. Más tarde, entonces, al momento de las preguntas, las oficialistas Eugenia Catalfamo y María de los Ángeles Sacnun pidieron que Correa vuelva a pasar el audio completo.

Catalfamo enfatizó: “No callemos más, ni silenciemos más a las voces de las protagonistas, y menos nosotros que somos legisladores de la Nación”.

En el audio de la entrevista, Belén considera que “sí va a haber ley, yo creo que sí, porque ahora está más a la vista cómo sufren las mujeres”. “Dejemos de lado un poco lo que es la política y nos enfoquemos un poco más en las mujeres”, agrega y advierte que “no hay solamente una Belén, hay casi 73 Belén que nadie sabe”.

plenario debate aborto senado 17 diciembre 2020
Foto: Comunicación Senado

Por el contrario, la psicóloga Carolina Paliva argumentó que “al ser un evento biológico, lo que se está generando con el aborto es la ruptura del primer vínculo social”. La expositora resaltó que se trata de “un ser humano, es el primer individuo en su edad gestacional más temprana”.

Por lo que, calificó al aborto como “un abuso de uso de poder, es exterminar la vida de un ser humano en el vientre materno”. “Cualquier mujer que pasó por esa situación sabe que la idea de muerte pasó por su mente y que está”, lanzó.

Paliva añadió que “el cerebro registra la impronta de muerte que en algún momento va a ser activada”, al hacer referencia a la idea de suicidio y, en esa línea, consideró que el Gobierno “tendrá que poner presupuesto al daño post-aborto para su rehabilitación”.

También expusieron en la jornada la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, abogada mexicana de la organización Alianza por la Vida; Estela Sacristán, doctora en Derecho; y Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina.

Asimismo participaron Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral; Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; Eduardo Menem, exsenador nacional; y Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Médicos y especialistas a favor y en contra del aborto legal participaron de la segunda jornada de debate en el Senado

La discusión de este martes estuvo centrada en el aspecto sanitario. Entre los expositores del primer turno estuvo Adolfo Rubinstein, exministro de Salud.

plenario debate aborto senado 16 diciembre 2020

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado reanudaron este martes el debate del proyecto de aborto legal, con la participación de 24 médicos y especialistas que se manifestaron a favor y en contra.

El plenario presidido por Norma Durango (Frente de Todos) pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, con la intención de escuchar a los últimos invitados y luego abrir el debate entre los senadores.

Abrió la ronda de exposiciones Stella Manzano, médica ginecóloga especialista en medicina legal, del Hospital Zonal de Trelew, quien sostuvo que “no se pueden salvar las dos vidas, porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto”. “Es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre”, señaló.

La doctora subrayó que “ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la de otro”, al tiempo que defendió que el aborto “salva a niñas que fueron embarazadas por violación, al evitar que lleguen al parto. Ellas triplican el riesgo al llegar a un parto”.

“Legalizarlo evita secuelas de por vida de complicaciones del embarazo y parto, y evita sufrimiento psíquico por haber sido forzadas a tener hijos contra su voluntad, sea que se los queden o lo den en adopción”, agregó Manzano, que consideró que “negar abortos por causales es tortura” y hay “muchos profesionales que no respetan la soberanía de niñas”.

Con un discurso enfático en contra de la ley, la doctora María de Urraza, especialista en tocoginecología del Hospital de Florencio Varela, dijo que el proyecto busca “promover el aborto eugenésico; legitimar lo que ya ocurre en los hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional; ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país; aumentar la cantidad de abortos; amedrentar a los médicos que todavía nos oponemos a actuar contra las leyes de la humanidad y en contra de nuestra conciencia; y garantizar el acceso al aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por la situación de internarse en hospitales públicos”.

“En los hospitales de la provincia de Buenos Aires el aborto es libre, es decir, accesible. Cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, se acerca a un centro de salud, firma una declaración jurada con alguna causal y aborta. Es gratuito porque se hace en hospitales públicos. Y es seguro, según el Ministerio de Salud, que directamente no se interesa en contabilizar las complicaciones existentes en los hospitales”, continuó, al tiempo que denunció que “en pandemia se guardaron camas para abortos”.

La médica aseveró que “con esta ley los médicos no podemos de ninguna manera tratar de disuadir a las pacientes de lo que por lo mínimo representa un suicidio emocional”. “Los médicos argentinos estamos en el ranking de los peores pagos del mundo, sin vacaciones, sin aumento. Tuvimos que enfrentar la pandemia, poniendo el cuerpo, vimos a colegas morir. ¿Y que en este contexto nos digan que es importante la ley del aborto? Es vergonzoso”, expresó.

Desde el Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, realizó su exposición centrada en la comparación de los “costos” entre la ilegalidad y la legalización de los abortos. De acuerdo a un estudio, aseguró que “del total de abortos que se realizan fuera del sistema” se estima que “aproximadamente un 75% tiene contacto igual con el sistema de salud”.

“Si bien la práctica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las complicaciones que requieren un aborto terminan siendo atendidas en el sistema de salud, sea para seguimiento, control o terminar un aborto incompleto”, indicó y apuntó que un caso de shock séptico “puede costar casi un millón de pesos, como máximo, y 548 mil pesos como mínimo”, mientras que un aborto incompleto “entre 36 mil y 85 mil pesos por cada caso”.

La funcionaria precisó que “en una estimación de 457.533 abortos”, el sistema de salud tiene un gasto de “51.900 millones de pesos al año”. “Hoy estamos gastando mucho más no hacer los abortos dentro del sistema legal, sino por fuera”, insistió y afirmó que se trata de “entre 2,6 y 10,2 veces más de lo que se gastaría si se decidiera avanzar en la legalización”. “El argumento del costo no debería ser un argumento para oponerse. Es falaz creer que nos va a costar más caro”, finalizó.

Al relatar su experiencia desde Uruguay, donde el aborto está legalizado desde 2012, María González Bernardi, médica ginecóloga-obstetra del Hospital Público de Montevideo, aseveró que “la legalización no ha modificado la mortalidad materna en Uruguay, porque ya venía descendiendo drásticamente”. Asimismo, resaltó que “no disminuye su práctica” y reveló que luego de su legalización “estábamos en una cifra de 7.000, y terminado el año anterior, en 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio”.

La doctora manifestó que en el país vecino “el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto debería ser cero”. “La legalización no eliminó la clandestinidad”, añadió, al sostener que “mujeres por fuera del plazo legal terminan en la clandestinidad” y “existe todavía un mercado negro de misoprostol”. Por otra parte, González Bernardi dijo que “no se respeta el derecho de objeción de conciencia, especialmente de los médicos ginecólogos” y se los “discrimina” en las instituciones.

plenario debate aborto senado 16 diciembre 2020
Como presidenta de la Banca de la Mujer, la pampeana Norma Durango condujo el debate. (Foto: Comunicación Senado).

También en contra, Gabriel Flores Ciani, médico especialista en neurociencia y pastor evangélico, explicó que “inmediatamente cuando el cigoto se forma envía señales al cerebro de la mujer” y “las neuronas registran que hay una nueva vida”. En ese sentido, señaló que la mujer “va a llevar por toda su vida la sensación, el recuerdo de que existió esa vida por nacer en su vientre”.

“La mente humana de la mamá, el sistema biológico y la genetica esta preparada para ser una persona gestante”, siguió y remarcó que “no hay una diferencia desde la neurociencia de un aborto legal o ilegal. Las consecuencias a nivel psicológico y de estructuración de la psquis de la mujer se van a ver dañadas de la misma manera”.

Además, argumentó que “el neurodesarrollo de un niño o de una púber, el cerebro, no está preparado para tomar una decisión de la magnitud de abortar. Es empujada por el entorno, esto es clarísimo”.

Al igual que lo hizo en 2018 cuando era ministro de Salud, Adolfo Rubinstein defendió la legalización del aborto al expresar que “el existía en 1921 cuando se hizo la reforma del Código Penal, hace casi un siglo. Existía en 2018 cuando el presidente Macri habilitó por primera vez el debate. Y sigue existiendo ahora que el presidente Fernández envió el proyecto de ley al Congreso”.

“El aborto ilegal sigue estando presente en la agenda social de nuestro país como una asignatura pendiente que debe ser de una vez por todas resuelta”, destacó y opinó que el Estado debe aparecer como “garante de un bien público que no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”.

El médico indicó que “las complicaciones del aborto inseguro son una cuestión de salud pública”. “Las estimaciones basadas en estudios bastante rigurosos arrojan aproximadamente 350 mil abortos ilegales por año, es decir, casi un aborto cada dos recién nacidos vivos”, informó y agregó que “si bien han disminuido en los últimos años por las políticas de educación sexual y reproductiva”, las hospitalizaciones por aborto inseguro “siguen rondando las 35 a 40 mil hospitalizaciones por año”.

“Si incluimos a los prestadores privados, estamos estimando aproximadamente 65 mil”, continuó y detalló que “las muertes maternas por aborto ilegal siguen rondando las 20 muertes anuales”, aunque “este número probablemente se mayor, porque no se registran adecuadamente por su condición de clandestinidad”.

Sean “muchas o pocas muertes”, Rubinstein enfatizó que “son todas muertes evitables y una sola importa”. En referencia a los países donde el aborto ya es legal, el exministro habló de una “evidencia contundente” de baja de abortos, mientras que en los países con restricciones “la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente”.

El aborto “es un problema de salud pública porque produce muertes, morbilidad evitable y serios problemas psicosociales en población joven y sana. Pero también es un problema de equidad, porque solamente afecta a las mujeres y adolescentes, y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres más pobres”, sostuvo.

El dirigente lamentó que en 2018, tanto “verdes” como “celestes” se “comprometieron a bregar por prevención del aborto, promoción de la educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente, ampliación de la anticoncepción, cumplimiento de la ILE en las causales tipificadas por el Código Penal en el marco del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Y lamentablemente nada de esto ocurrió”.

“No vivimos en un Estado confesional, vivimos en un Estado laico que debe legislar para todos”, sentenció.

Además expusieron, en el primer turno, Evelyn Rodríguez, docente y fundadora de 0800 provida; Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora de CEDES-CONICET; Analía Messina, médica integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro; Noelia Vera Ruiz-Herrera, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de España; Angélica Sarmiento, médica y especialista ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción; y Alejandro Barceló, médico y director del departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

Por la tarde fue el turno de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien a pesar de ser católica apoya la legalización del aborto y enfrenta una causa por homicidio agravado por practicar una ILE a una niña de 11 años que fue violada y tenía riesgo de vida.

“Yo creo que las creencias personales no pueden superar los derechos de las personas. No alcanza con la despenalización, ustedes tienen que legalizar el aborto. Los médicos, médicas y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del Estado”, dijo Ousset.

También disertaron, entre otros, María Cecilia Avila, especialista en obstetricia y ginecología; Gabriela Luchetti, especialista en ginecología; el doctor José Jalil Colomé; Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de La Revuelta; y Graciela Moya, médica genetista.

Abogados y especialistas protagonizaron la primera jornada de audiencias por el aborto legal en el Senado

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud arrancaron con las exposiciones de oradores a favor y en contra de la ley.

Con la participación de 19 abogados y especialistas, el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado comenzó este martes con las rondas de exposiciones sobre el proyecto de legalización del aborto, con media sanción de Diputados.

El debate continuará durante todo este miércoles y el jueves por la mañana con nuevas ponencias, mientras que por la tarde se firmaría dictamen, con la intención de sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.

Turno mañana

En primer lugar, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, consideró que el proyecto “tiene que superar el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional; el test de convencionalidad ante los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; y el test de congruencia entre el Código Civil Comercial y el Código Penal”.

“Todo nuestro orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto”, continuó el expositor, en contra del proyecto.

Sobre el argumento que “nos obligarían las recomendaciones u observaciones del Comité de los Derechos del Niño o del Comité de Derechos Humanos”, señaló que “las recomendaciones u observaciones se deben ordenar a algo que es previo, que son las obligaciones que surgen de la propia convención”.

Más adelante, en respuesta a preguntas que le hicieron senadores, Garat ratificó que “ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto, y muchos menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica”. “Ni siquiera por vía de interpretación. La Argentina no podría hacerlo porque se ha obligado en sentido contrario”, agregó.

Por el contrario, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra aseguró que “no hay ninguna regla constitucional y convencional que obligue a penalizar el aborto temprano”. “Todos los órganos, tanto la Corte Suprema, en el orden interno, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano”, apuntó.

El exministro de Justicia remarcó que “el desacuerdo” entre quienes están a favor y en contra de la ley “está sobre los alcances de la palabra vida”. En ese sentido, explicó que quienes se oponen “personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión” asemejándolo “con el ya nacido o con una persona” y “esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida“.

“El derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer”, enfatizó y añadió que “la vida que puede haber en un embrión o una semilla requiere un desarrollo para poder crecer, y este desarrollo no es autónomo, depende obviamente del cuerpo de la madre”.

Gil Lavedra expresó que “por supuesto que este proyecto de vida requiere tutela, pero esta no tiene por qué ser penal, criminalizando a una mujer”. Por eso, insistió en que “es una ficción sostener que un embrión es un chico”.

Para el abogado, hay dos creencias sobre si se despenaliza el aborto, una “que los abortos se van a multiplicar, que se van a utilizar como un método anticonceptivo” y la otra “cuál es la función de la mujer, sobre un viejo prejuicio”.

Al hacer referencia a los derechos de la mujer, el radical sostuvo que “no hay bebé si no hay madre, si no hay madre solo hay una persona gestante embarazada”. “La maternidad no puede ser forzada bajo amenazada de pena criminal. La mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar con un embarazo no deseado. La mujer tiene derecho a decidir libremente ser o no ser madre”, argumentó.

Finalmente, Gil Lavedra afirmó que “estamos frente a un proceso irreversible, indetenible” y “la recuperación de los derechos plenos de la mujer es un signo de los tiempos y esto va a suceder”. “Si no sale ahora, vamos a volver a estar acá, en la próxima renovación, pero lo que ocurre es que de 2018 a 2020 hubo abortos clandestinos, murieron mujeres por abortos clandestinos, y si esta ley no sale ahora van a seguir muriendo las mujeres”, completó.

A su turno, la abogada Úrsula Cristina Basset, especialista en derecho de familia, aseveró que “nuestra Constitución explícitamente, sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga al Estado a proteger literalmente, no a un proyecto de vida, sino al niño durante el embarazo”.

“Nos vienen a hablar de afuera y nos dicen como tenemos que legislar en nuestro país, de México, de Uruguay, de Chile, representando a organizaciones internacionales”, cuestionó, al tiempo que se preguntó: “¿Por qué no se le ofrecen opciones a la mujer que cursa un embarazo y tiene temor de no poder criar a ese niño en ese momento de su vida o de no poder educarlo?”.

Al relatar el testimonio de una mujer “humilde que fue a practicarse un aborto de su quinto hijo” en una provincia con protocolo ILE, Basset reveló que ante su consulta si podía dar en adopción al bebé, le respondieron que “imposible, o aborta o según las leyes argentinas tendrá que criarlo o será abandono de hijo”. Por ello, lamentó que “esta ley da derecho a abortar, no a decidir”.

“El derecho al aborto que crea este proyecto es radical, criminaliza a los médicos…tanto que nos dijeron que la criminalización no sirve”, siguió la abogada, y criticó que “obliga a toda la sociedad a pagar el derecho a abortar de cualquier mujer, no solo de la desesperada, de la que fue violada”.

Andrés Gil Domínguez, parte del comité de juristas que asesora al Poder Ejecutivo en temas judiciales, expresó su posición a favor (Foto: Comunicación Senado).

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez negó que exista incompatibilidad con la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que cuando Argentina ratificó la Convención “realizó una reserva y tres declaraciones interpretativas”.

En este punto, precisó que por una reserva, un Estado “con respecto a algunos de los artículos queda obligado o desvinculado jurídicamente de los otros Estados y no podrá ser demandado por incumplimiento”; mientras que por las declaraciones interpretativas “un Estado realiza una opción interpretativa entre varias, respecto a alguna de las normas de un tratado”.

Pero “en lo que no hay ningún tipo de diferencia entre ambas” es que “no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado”, algo que lo establece “la textualidad y los órganos que los interpretan y aplican”, dijo. Bajo esa postura, Gil Domínguez subrayó que el Comité de los Derechos del Niño “le ha dicho a Argentina” en 2010, 2016 y 2018, mediante informes, cuestiones relativas al “derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes de interrumpir su embarazo”.

“(El Comité) le ha dicho que debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto; que debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación penal; que debe garantizar el acceso al aborto de adolescentes sin riesgo“, enumeró el abogado.

Y reiteró: “No solamente no es incompatible (con el proyecto), sino que implica un cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado”.

Con un mensaje directo al peronismo, la magíster en Ciencias Políticas María Florencia Álvarez Travieso lanzó que “poner a la Argentina de pie es gobernar junto al pueblo, no desde arriba ni desde abajo. Acompañando, antes que imponiendo”. “Es salvar la mayor cantidad de vidas, como lo expresaron los gobernadores en octubre pasado”, manifestó y opinó que también es “concretar nuestra doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables”.

Para la expositora, “los pobres, los excluidos, los descartables son opciones de vida y vida digna, no proyectos de descarte”. “Todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino”, ponderó y mencionó que con la reforma de la Constitución “(Carlos) Menem resguardó el valor de la vida desde la concepción”.

En tanto, “Néstor Kirchner afirmó que siempre fue claro su rechazo al aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy estamos manteniendo” y “Cristina Fernández de Kirchner fue más lejos: incorporó el artículo 19 al Código Civil que protege la vida desde la concepción; otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación; y con la Asignación Universal por Embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los ya nacidos”.

“Durante los gobiernos peronistas la ampliación de derechos de los niños por nacer fue constante y progresiva, y fue en equilibrio con los derechos de la madre”, remarcó la especialista en políticas públicas de infancia.

Además, le pidió a los dirigentes peronistas que “escuchen, se tomen el tiempo de acercarse, no las invisibilicen” a las mujeres de los barrios vulnerables en cada provincia, para quienes “la muerte no es la última palabra de la historia”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuaje nuestra identidad. Los argentinos no somos objetos para descartar. Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo”, concluyó.

María Florencia Álvarez Travieso sostuvo que “todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino” (Foto: Comunicación Senado)

Otra de las expositoras a favor de la ley fue Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, quien mencionó que “la estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres” y “el derecho penal no puede modificar la voluntad de decidir sobre el propios cuerpo. No podría hacerlo, no lo hizo a lo largo de 100 años de criminalización, no lo hará nunca”.

“Hoy con esta política el Estado persigue y desampara, este es el verdadero proyecto de descarte”, consideró y aseguró que “la política de criminalización lo único que hace es reforzar y profundizar las desigualdades de género y sociales”.

De acuerdo a una investigación, realizada sobre 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, “entre 2012 y hoy se iniciaron 1.388 causas por abortos y 33 eventos obstétricos fueron criminalizados”, detalló. Asimismo, informó que “las mujeres alcanzadas por el derecho penal todas pertenecen a sectores sociales vulneralizados”.

“Si bien la amenaza existe para todas, únicamente se castiga a quienes carecen de recursos materiales para acceder a un aborto seguro y defenderse en la Justicia”, enfatizó.

También expusieron por la mañana Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en CIPPEC; María Elena Critto, socióloga especialista en temas de salud; Alberto Bianchi, abogado penalista; y Luciana Sánchez, abogada penalista del caso Diana Sacayán.

Los invitados respondieron preguntas de los senadores (Foto: Comunicación Senado)

Turno tarde

El primer expositor del segundo tramo fue Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida.

“Se ha difundido mucho que la salud de la mujer corre riesgos, pero se debe tener en cuenta que la salud se debe comprender en un todo, no solo la física sino la psíquica, que seguramente es la más dañada por un aborto, porque el daño físico no es tanto como el que se declama, pero en el daño psíquico, la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”, sostuvo Young.

Consideró que “la vida empieza desde la fertilización, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide”, y “no es persona todavía, pero es una persona en potencia, y como tal debe tener el mismo valor que una persona con algún tiempo de desarrollo”.

Luego fue el turno de Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.

“El derecho, a diferencia de la biología, tiene en su base casi un presupuesto, que es la noción de conflicto. Los derechos entran en conflicto unos con otros, por eso la regla es que no hay derechos absolutos, porque tienen restricciones cuando entran en conflicto entre sí”, explicó.

La jurista puntualizó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero al mismo tiempo hay otros principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Esto se llama autonomía”.

Por eso, observó que “la función del legislador es resolver este conflicto entre la autonomía, la vida y la salud de la persona gestante y la vida del feto, y tener en cuenta que ninguno de los dos derechos es absoluto”.

Aída Kemelmajer se destacó en 2018 y este martes volvió a participar del debate (Foto: Comunicación Senado)

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA, se pronunció contra la legalización y advirtió que “el proyecto se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden jurídico argentino”. “El derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto”, dijo, y agregó que del mismo modo “ningún tratado reconoce” ese derecho.

Por su parte, la abogada feminista Melisa García opinó que “que el aborto sea legal no solo responde a una deuda de la democracia y la eliminación de la desigualdad histórica de clase”, sino que además “no han disminuido los abortos clandestinos por su punibilidad”.

Suponer que las mujeres y personas gestantes saldrían corriendo a realizar esta práctica es estigmatizarlas nuevamente y perder de vista que el debate ronda en la clandestinidad del aborto”, planteó.

A su turno, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, sostuvo que “el punto de debate es la decisión de incorporar un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del sistema de salud. En esas 14 semanas, las razones son suyas, son nuestras, privadas, individuales, íntimas”.

También se refirió a ese aspecto -pero pronunciándose en contra- María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, quien dijo que “hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía, sino que hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar, de la autonomía absolutizada de la mujer”.

Del plenario de comisiones también participaron, en el segundo turno, Débora Rainieri, abogada e investigadora UCA-UBA; la antropóloga y escritora mexicana Marta Lamas Encabo; el abogado Santiago Alfonso; y Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad de La Pampa.

Aborto legal: el debate en el Senado arrancó con polémica por los giros

El catamarqueño del Frente de Todos Dalmacio Mera cuestionó que la comisión cabecera sea la Banca de la Mujer, y anunció que envió una nota a Presidencia. También se quejó el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud.

El debate del proyecto de aborto legal arrancó con polémica en el Senado, donde al comienzo del primer plenario, se planteó un contrapunto sobre el giro a comisiones que tuvo la iniciativa por parte de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner.

El reclamo vino nada más y nada menos que desde el propio Frente de Todos, en la voz del catamarqueño Dalmacio Mera -que figura entre los “celestes”-, quien reveló que envió una nota a la Presidencia reclamando por “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer” y “por la omisión” de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El senador señaló que desde hace “muchos años”, el feminismo ha luchado “para terminar con estereotipos de género y tantas conductas y ciertos patrones. Y, sumado a la realidad del tema que estamos tratando, tantos años mujeres han sido violentadas, muertas, se han tenido que ir de viaje más de un año para ocultar su embarazo, con una sociedad que le cargaba sobre los hombros y la espalda de la mujer toda la responsabilidad”.

En ese sentido, Mera señaló que los tratados internacionales hablan de la “no discriminación e igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres” y que ambos tienen los “mismos derechos y responsabilidades como progenitores”.

Por eso, consideró que “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer lo que hace es desresponsabilizar al varón de una situación tan delicada como la que estamos tratando y que tiene tantos años de lucha para que el varón se haga cargo como co-responsable de esta situación, más allá del voto final que tenga esto, salga como salga”.

El catamarqueño dijo entonces que “no” le parecía “un acierto” y “simbólicamente, un mensaje equivocado”. Pero además, el oficialista apuntó que hay “una omisión no pertinente” como es la de la Comisión de Asuntos Constitucionales -que él presidió en 2018 cuando el proyecto de IVE pasó por allí-, cuando el artículo 3 de la iniciativa “en su totalidad habla del marco constitucional”.

Recogió el guante su compañera de bloque, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, quien disintió con Mera. “En la Banca de la Mujer, si bien la integramos absolutamente todas las senadoras, en muchas oportunidades hemos tenido la presencia de senadores varones”, defendió.

La oficialista aseguró que esa comisión tiene “una perspectiva de absolutamente todas las políticas de Estado”, aunque admitió que en un futuro sería necesario “una reforma del reglamento, donde le demos no solamente otro nombre sino también otra composición”.

Sacnun calificó de “sumamente acertado que la Presidencia le haya dado la cabecera a la Banca de la Mujer” y, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, agregó: “La perspectiva constitucional de los proyectos a los que le vamos a dar tratamiento va a estar inserta en el dictamen”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales respaldó que “ha sido acertada la decisión”, porque “obviamente (la Banca de la Mujer) tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando”. “Lo más importante no es en definitiva quién es cabecera o quién no es cabecera, porque todos los senadores vamos a participar”, señaló.

El kirchnerista, a favor del proyecto al igual que Sacnun, opinó además que “si una comisión es cabecera o si participa o no participa, no va a tener influencia en el resultado general, ni en el debate”.

Finalmente, antes de dar paso a la presentación de los funcionarios, el presidente de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, remarcó: “Estamos reeditando un debate sobre un tema de enorme complejidad. La calle, la gente nos está mostrando que aquí no hay una sola mirada, que son múltiples y diversas las miradas y tenemos la responsabilidad de abordar este tema privilegiando el debate, los intercambios de opinión y no el apuro por sacar una ley”.

El jujeño, que se opone a la iniciativa, subrayó que “quienes están de acuerdo con la media sanción ponen siempre el argumento de la salud pública”. “Escuchamos que se dice que tiene que aprobarse el proyecto porque la salud es un derecho humano fundamental. Y comparto, la salud es un derecho humano fundamental, por supuesto. Pero la vida también es el principal derecho humano fundamental”, continuó.

Por ello, se quejó que “los giros de este proyecto nos muestran que la salud pública no es la primera de las razones por las cuales ponen en valor a esta media sanción”. En ese sentido, reclamó que Salud “debería haber sido la presidencia de cabecera como lo fue en 2018, y aquí somos tercer giro”.

“Los insto a un debate respetuoso, fundamentalmente permitiéndonos escuchar, y no pensando que termine rápido el expositor para pasar al próximo tema”, recomendó y completó: “Hay muchos derechos comprometidos, escuchémonos de verdad con apertura, buena predisposición, démonos el tiempo suficiente en la responsabilidad que tenemos como senadores”.

Más tarde, la tucumana radical Silvia Elías de Pérez, acérrima opositora al proyecto, aseveró que “no se trata de poner la comisión donde veamos que tenemos los números para dictaminar y en los tiempos que quieran”.

Por el contrario, la oficialista Beatriz Mirkin, también senadora por Tucumán pero a favor de la legalización del aborto, dijo estar “sumamente agradecida que la cabecera de este debate de comisiones esté en cabeza de la Banca de la Mujer”.

“La vez pasada dejaron a las mujeres sin participación en el debate, cuando somos las mujeres, todas las mujeres del Senado, las que participamos, aunque algunas no participen casi nunca, entonces plantean que lo llevemos a muchas comisiones para que (la ley) no salga nunca”, añadió.

En 2018, cuando el proyecto fue rechazado, fue girado a las comisiones de Salud, como cabecera; a Justicia y Asuntos Penales y a Asuntos Constitucionales. La exvicepresidenta Gabriela Michetti había incluido a Presupuesto y Hacienda, pero tras polémica y reclamos, se terminó eliminando ese giro.

Por unanimidad se dictaminó a favor del proyecto de “Programa de los Mil Días”

La iniciativa, que será debatida a la par del aborto legal, recibió luz verde en un breve plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

plenario diputados dictamen proyecto mil dias

En un breve plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición dieron dictamen favorable al proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”, que se debatirá este jueves en el recinto en conjunto con la iniciativa de legalización del aborto.

La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo, recibió una serie de modificaciones respecto del texto original. Así lo detalló al comienzo de la reunión el titular de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, que señaló que se enriqueció la redacción “a través de proyectos previos, concomitantes o ideas que han aportado al proyecto final”.

El legislador del Frente de Todos agradeció y valoró “la predisposición de todos los bloques políticos” que han tenido “muchas horas de trabajo durante este fin de semana largo”, y “en conjunto con el Poder Ejecutivo”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que se tratar de “un proyecto de gran transcendencia social” y “de bajísimo costo cuando uno lo mira en función de la relación costo-beneficio”.

El porteño precisó que, en cuanto a recursos, se trata de “5.700, 5.800 millones de pesos” por año. En ese sentido, justificó que gracias a la reestructuración de la deuda “podemos ahorrar dos puntos del PBI en intereses”, y “una pequeña porción de esos dos puntos” irá destinado a los gastos de esta ley, que significará “un un salto de calidad en la atención tanto de las madres como de los niños en sus primeros tres años de vida”.

Por su parte, el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, pidió que el debate del aborto legal “no debe quitarle valor a este proyecto”, porque “si hay un sector y un segmento en Argentina, y en particular en la provincia donde vivo, que la está pasando muy mal y que son los más desprotegidos, los que no tienen voz, los que más sufren la injusticia social y la pobreza, son los niños y las niñas”.

“Este sido un tema que en lo personal lo he trabajado durante toda mi gestión como intendente (de Bolívar)”, recordó y resaltó que se está ante la “enorme oportunidad de no solamente enunciarlo, sino de ver fundamentalmente que de una vez por todas se apliquen y se ejecuten de manera eficiente las políticas públicas para mejorar la vida de nuestros niños y niñas”.

El bonaerense reclamó que no se hayan contemplado aspectos de “leyes vigentes que no se aplican de manera eficiente”; al tiempo que señaló que le hubiese gustado que “se hubiera ido más al hueso respecto a un problema que es enorme, que tiene que ver con la malnutrición”, algo que “hay que revertirlo de manera urgente”.

Asimismo, Bucca consideró “una pérdida de oportunidad” que “no hable de niños que están enfrentando efectos tóxicos que le determinan su vida para siempre”.

Finalmente, en un salón del Anexo “C” casi vacío -por la reunión posterior para dictaminar sobre el aborto-, el diputado pidió que “no pase el día de mañana y lo dejemos en el olvido”, sino que “apostemos a que una vez siendo ley lo podamos seguir mejorando”.

Puntos centrales del proyecto

El objeto de “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

De acuerdo al texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.

En tanto, se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda semana de gestación.

En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.

“El Sistema se implementará a través de la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas”, agrega el articulado.

Asimismo, se indica que “el personal de salud, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto, que hubiere atendido el parto en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, deberá informar el hecho del nacimiento al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días corridos de ocurrido y del modo que dicha autoridad reglamente”.

La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.

“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, añade el proyecto.
Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.

En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.

También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.

Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.

En el dictamen se incorporó a la redacción original un artículo referido a los indicadores, el cual establece que el Ministerio de Salud deberá acordar con esta Unidad de Coordinación Administrativa “un listado de indicadores integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud, para aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos que afecten o pudieran afectar su salud integral”.

Y, asimismo, se “promoverá la capacitación en estos indicadores, búsqueda activa e incumbencias sobre protocolos a seguir en casos de vulneración de derechos que afecten la salud integral, a todos los integrantes de equipos de salud, desarrollo social, educación y de protección de las infancias, responsables del cuidado integral de la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños hasta los tres años de edad”.

Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.

Arranca el debate del proyecto “Programa de los 1.000 días” el próximo lunes

Habrá un plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda por la mañana, con la participación de funcionarios. El jueves 3 de diciembre se firmaría dictamen.

En paralelo a la discusión del proyecto de aborto legal, la Cámara de Diputados avanzará a paso rápido con la iniciativa del “Programa de los Mil días”, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El debate comenzará el próximo lunes 30 de noviembre, último día del período ordinario, con un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda que se realizará por la mañana -con horario a confirmar-.

Al encuentro asistirán a exponer funcionarios de la ANSeS y de los Ministerios de Interior; Salud; y Mujeres, Géneros y Diversidad. Luego habrá un cuarto intermedio y se llevará a cabo la presentación de la implementación “exitosa” que el mismo programa tuvo en el partido de San Miguel.

En tanto, el proyecto, sobre el cual hay un acuerdo generalizado, tendría dictamen el jueves 3 de diciembre, un día antes de la fecha prevista para el dictamen de la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de acuerdo a un cronograma que se conoció este jueves luego de una reunión entre el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y diputados que son autoridades de las comisiones competentes.

La propuesta del Poder Ejecutivo, enviada el pasado 17 de diciembre, tiene por objetivo “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

Entre sus puntos principales, prevé la creación de una nueva asignación, la provisión gratuita de insumos fundamentales y modelos de atención especial a grupos vulnerables.

Con la advertencia de Cancillería, funcionarios avalaron el etiquetado frontal de alimentos

En la primera reunión informativa de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del Ejecutivo expusieron sobre el proyecto con media sanción. Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, remarcó la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.

reunion comisiones diputados etiquetado de alimentos

Por Melisa Jofré

Se largó este viernes en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas, con una primera reunión informativa a la que asistieron funcionarios de distintos Ministerios.

Los representantes del Poder Ejecutivo coincidieron en avanzar con la ley, salvo la advertencia aportada desde Cancillería sobre la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.

Los diputados de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria, escucharon a los funcionarios y realizaron preguntas en un encuentro que duró más de dos horas.

El primero en exponer fue el representante de Cancillería, Jorge Neme, quien remarcó la necesidad de “tomar todos los recaudos necesarios para preservar” el “proceso de armonización de las normas” con el Mercosur y “evitar generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional.

El funcionario recordó que en diciembre Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, que en marzo del año que viene cumple 30 años. En ese sentido, apuntó que desde sus inicios se planteó “el compromiso de los socios de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.

Por ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales reveló que el país transmitió el pasado 6 de noviembre “la preocupación” por la norma de etiquetado que se aprobó en Brasil, y que va a comenzar a regir dentro de dos años.

Para Neme, el término “complementar” -que se utiliza en dos artículos de la iniciativa para referirse a este tema- “no la resuelve completamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos en este momento”. Al respecto, sugirió esperar que Argentina asuma la Presidencia Pro Tempore e impulse la necesidad de “alcanzar una norma totalmente armonizada” para el bloque.

Luego fue el turno de Victoria Tolosa Paz, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien centró su alocución en la cuestión de la mal nutrición infantil en la población más vulnerable y manifestó: “Debemos trabajar para igualar a todos los sectores en este tipo de alimentación”.

Victoria Tolosa Paz resaltó el “drama de la baja talla” en la que niños de 0 a 5 años.

La funcionaria dijo que tiene que haber “un Estado que, de manera inteligente, empiece a comprar alimentos que no dañen y no produzcan más daño en la curva de los indicadores de la mal nutrición en Argentina”. Asimismo, resaltó el “drama de la baja talla” en la que niños de 0 a 5 años tienen “la carencia más grande del consumo de frutas, verduras y lácteos”.

“Es una ley que busca ni más ni menos que hacernos cargo de algunos indicadores y dar respuesta a una población que necesita que el Estado garantice alimentos sanos”, agregó.

A su turno, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ponderó el “consenso” entre distintos Ministerios para avanzar con esta norma y habló de un “momento histórico”. También afirmó que existió “diálogo con todos los sectores”, pero “fue fundamental la voluntad del Ejecutivo”.

“El etiquetado es importante, pero es parte de una política integral”, sostuvo y enfatizó que “este proyecto no es en contra de nadie y no busca demonizar nada, es un proyecto a favor de todos”.

La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que se trata de que los consumidores puedan contar “con la información necesaria para poder tomar decisiones”, la cual debe ser “clara, precisa y simple”. “Es responsabilidad del Estado garantizar que la sociedad pueda tomar las decisiones con información”, insistió.

Por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós aclaró que la iniciativa se discutió teniendo en cuenta que “este proceso sea también cuidando al sector productivo, porque nosotros somos un país que produce alimentos; cuidando sobre todo a nuestras PyMEs, y a los productores de alimentos que vienen de la agricultura familiar”.

El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional expresó que la ley “es una necesidad para toda la población argentina en términos de cuidar la salud”, pero coincidió con Leme en que “hay que armonizarla con Mercosur”. “Si no hacemos ese proceso podríamos tener algún riesgo de barreras comerciales”, alertó.

Desde el Ministerio de Salud, Arnaldo Medina expresó el “beneplácito” con el proyecto y aseguró que “estamos ante una pandemia mundial que es la obesidad y el sobrepeso, una pandemia silenciosa que produce muchas más enfermedades y muertes que la de Covid-19”.

Sobre ello, el funcionario precisó que en Argentina hay un 60% de adultos con sobrepeso y un 30,6% de niños en edad escolar con sobrepeso. “En nuestro país se consume aproximadamente 11 gramos de sodio por habitante, por día. Estamos prácticamente en más del doble de lo que el organismo tolera y más de diez veces de las necesidades que tiene nuestro organismo”, señaló.

El secretario de Calidad en Salud advirtió que el sobrepeso y la obesidad producen “enfermedades cardiovasculares; metabólicas, como la diabetes; y el cáncer”. Además, indicó que “los patrones de consumo han empeorado” y más de un 50% de los adultos llevan una vida sedentaria.

Finalmente, destacó que “es la primera vez en la historia que en el Poder Ejecutivo hay un acuerdo entre los Ministerios” sobre el tema, y afirmó que la propuesta -similar a la que se votó en el Congreso- fue presentada ante la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos) y ante el Mercorsur. Durante su presentación estuvo acompañado por Mónica López, directora del Instituto Nacional de Alimentos, quien también respondió consultas de los legisladores.

La cuestión Mercosur

Al momento de las preguntas, el diputado Alejandro García, titular de la Comisión de Industria, señaló que no le había quedado “claro” la posibilidad de “supeditar o no” el tema, o “en qué términos avanzaríamos”, respecto al Mercosur. “¿Cómo sería la implementación (de la ley) si no hubiera un acuerdo en Mercosur?”, se preguntó.

En el mismo sentido, la diputada Brenda Austin dijo estar “un poco confundida con las intervenciones del Ejecutivo”, y consultó al funcionario de Cancillería si la intención es “posponer el debate, esperando que Mercosur defina y avance, o modificar la redacción”.

Jorge Neme respondió entonces que el acuerdo del bloque regional “no suprime la soberanía nacional” y “estamos en condiciones plenas de resolver sobre cada una de las cosas”. Pero la cuestión pasa por “si la política que prevalece es una decisión de construir una integración regional, o si cada país va decidiendo aisladamente cuáles son las normas que va a ejecutar”.

“No está en juego la capacidad del Gobierno argentino resolver sobre todos los hitos”, reiteró y subrayó que se trata de que “si esa capacidad no se pone en línea con la capacidad del resto de los países para tratar de resolver cuestiones conjuntas, se debilita absolutamente el proyecto y la política de integración”.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales mencionó que existen resoluciones del Mercosur relacionadas al etiquetado de alimentos, e incluso “desde el año pasado se viene discutiendo en el Mercosur la actualización del etiquetado”.

Sin embargo, “si vamos con una ley (propia), la discusión queda absolutamente coartada” y “si se tiene que ir a defender nuestra ley para que los demás países adhieran, eso crea un problema”, aseguró.

El funcionario explicó que el caso de Brasil se hizo a través de una resolución de un organismo competente, en la que se plantea un plazo de dos años y “expresamente que hay que ir hacia una armonización en el Mercosur”.

“El Mercosur en términos de regularizaciones de integración está muy pobre y nosotros necesitamos consolidar eso”, continuó y concluyó: “Tengamos las manos libres para, por lo menos intentar, durante la Presidencia Pro Tempore de la Argentina, que comienza el 16 de diciembre, la posibilidad de lograr una norma armonizada. Ese es el planteo de Cancillería”.

Dictaminaron un proyecto para garantizar el “último adiós” a familiares con Covid-19

La Comisión de Salud de Diputados avanzó con la iniciativa que apunta a proteger “el derecho a la salud en el sentido integral”.

comision salud 4 noviembre 2020

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dictaminó un proyecto de ley que establece un protocolo de acompañamiento en el final de la vida para pacientes con Covid-19.

La iniciativa tiene el objetivo de proteger y garantizar especialmente el derecho a la salud en sentido integral, a la autonomía de la libertad con respecto a su salud y la dignidad de la persona con Covid-19 en la etapa final de su vida, y el respeto de sus derechos de conformidad con la Ley 26.529 y tratados internacionales de derechos humanos.

El texto prevé que se deberá brindar la atención médica centrada en la persona y la familia, con absoluto respeto hacia su libertad, autodesarrollo y dignidad humana.

La mendocina Claudia Najul, una de las impulsoras del proyecto, celebró el dictamen unificado y expresó que “cuando nos centramos en las personas nunca vamos a errar la decisión, respetando el enfoque de derechos y de no discriminación, con dignidad”.

La legisladora señaló que se trata de “recibir de las instituciones y de los médicos información clara, para poder tomar decisiones, respetando autonomía del paciente, facilitando el contacto con su familia, teniendo en cuenta medidas de cuidado, y garantizar ese derecho a la despedida en el proceso del final de la vida. La atención debe centrarse en las personas”.

Por su parte, el radical José Cano puso el acento en los traslados interjurisdicicionales. “Este tema, de planteo recurrente, a todos nos conmovió. Tenemos que entender que en la redacción de la norma, cuando el tránsito sea interjurisdiccional, la ley no garantiza eso, solo habla de las instituciones”, advirtió.

“Hubo gestiones de cuestiones puntuales que uno va resolviendo, pero a esta altura de la pandemia hay cuestiones irracionales sin sustento para que se condicione la libertad de las personas”, cuestionó y remarcó que “no tiene que ver con quién gobierna; no puede haber ningún impedimento para estas circunstancias”.

En tanto, el diputado Gonzalo del Cerro pidió dejar aclarado que en esta ley “no se explican las políticas restrictivas por cuestiones de protocolo”. Entonces, sugirió dar tratamiento en el COFESA (Consejo Federal de Salud) para que “esta ley no sea de difícil instrumentación”.

También recibió dictamen un proyecto referido a que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su capacidad reproductiva -en relación a la anticoncepción quirúrgica-; y otra para regular el uso y la comercialización de pirotecnia, que deberá ser analizada además en las comisiones de Seguridad Interior e Industria.

La Legislatura porteña comenzó el debate por la regulación de la telemedicina

La Comisión de Salud analizó un proyecto de ley impulsado por Vamos Juntos, a través del cual buscará establecer lineamientos, principios y alcances de ese tipo de prestaciones.

Debido al crecimiento de esa atención de modalidad médica, la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev), se reunió con profesionales de la salud para comenzar el análisis de un proyecto de ley que propone regular y organizar los sistemas de consulta y asistencia médica por medios electrónicos, telemáticos, redes sociales y similares formas de conexión a distancia, lo que se denomina telemedicina.

La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia, a través de la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación emergentes (TICs), destinadas a la información, atención para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del estado de los pacientes, así como también a la investigación, educación, formación continuada y evaluación, realizada por  profesionales de salud, con la finalidad principal de facilitar y dinamizar el acceso a la salud, mejorar su calidad, eficiencia e incrementar su cobertura, impulsando con nuevos instrumentos estratégicos la Atención Primaria.

De esta manera, el texto establece que este servicio podrá “ser ofrecidos y prestados por todos los profesionales o equipos requeridos al paciente requirente en forma directa, o bien por medio de interpósita persona que represente al mismo, siempre que se cuente con la autorización expresa del paciente para ello” y prevé que en los “casos en que el tercero actúe por impedimento o incapacidad permanente o transitoria del paciente, sea por razones de edad o estado de salud o bien actúe como responsable en la situación, sin que a tal fin deba acreditar vínculo parental alguno no será necesario el consentimiento manifiesto o expreso del paciente”.

Para garantizar la seguridad de ambas partes -es decir, del profesional de la salud y del paciente- el proyecto exige que exista una “identificación recíproca”, para ello deberán utilizarse siempre herramientas que permitan acreditar fidedignamente la identidad de todas las partes participantes e intervinientes en la comunicación o conexión que garantice la seguridad de ambas partes.

Además plantea que debe “almacenarse la herramienta de información o comunicación utilizada en cada servicio de telemedicina prestado durante la comunicación o conexión y una vez concluida la misma” y sostiene que el profesional siempre deberá dejar almacenada y guardada toda la información relativa al paciente, así como toda su actuación, atención y servicio prestado, entendiendo incluidos los datos personales y clínicos completos, consentimientos informados y acciones.

En cuanto a la seguridad, el proyecto de ley establece que deben tomarse las máximas medidas de precaución técnicas para que la información resida en el repositorio de datos donde está almacenada en forma segura y  protegida de cualquier ataque externo, y asimismo se obtenga de manera rápida y accesible. Siempre debe encontrarse garantizada su integridad, autenticidad y confiabilidad y exactitud.

Sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales o equipos de salud establecidas en los incisos anteriores, se establece que en caso de existir dificultades, desperfectos tecnológicos o cualquier cuestión técnica o relativa a la conexión en la comunicación o sistema de información utilizado en la prestación, externo y ajeno al profesional, y que le impida según su exclusivo criterio desarrollar su tarea o mantener una comunicación acorde, este no incurrirá en responsabilidad profesional ni legal de ninguna índole por no dar curso o no proseguir con el proceso virtual.

La iniciativa en cuestión había sido impulsada meses atrás por la exministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez (VJ), en coautoría con Claudio Romero (VJ), presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.

De la reunión -que en parte fue virtual y en parte presencial- tomaron parte el Dr. Daniel Barbagallo, que es el titular de la Asociación Civil de Telemedicina (ACTRA), una entidad que nuclea a los principales sanatorios privados del país, y la directora general de Sistemas de Información Sanitaria y médica informática, Dra. Analía Baum.

Otos expositores fueron el Dr. Adrián Gindin, profesor de bioética y secretario de tecnología educativa de la Facultad de Medicina de la UBA; el Dr. Esteban Figueroa, docente de bioética de UBA y UCA e investigador en administración de laboratorios, y la Dra. Marisa Aizemberg, abogada especialista en derecho civil y graduada en administración y conducción de hospitales.

La Legislatura avanza con el debate por la reglamentación del cannabis medicinal

La Comisión de Salud se reunirá este miércoles a las 12 para continuar analizando un proyecto que buscan regular la utilización en investigación acerca de esa hierba que se utiliza con fines terapéuticos, al mismo tiempo que buscarán construir consensos para su sanción.

A un mes de que la Legislatura porteña abriera el debate, la Comisión de Salud –presidida por Patricia Vischi (VJ)- convocó a una nueva reunión para este miércoles a partir de las 12, a fin de que los diputados continúen con el análisis de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.

Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.

El proyecto en cuestión también legislaría sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.

Cabe destacar que el debate al respecto comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando la Comisión de Salud se reunió con el neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez, Carlos Magdalena; el pediatra del Hospital Durand y profesor universitario de bioética, Adrián Guindin; el psicólogo y funcionario del Ministerio de Salud porteño, Guido Ravale; representantes de una asociación de cultivadores, de “madres cultivadoras” agrupadas que usan el cannabis o sus derivados para las dolencias de sus hijos y otros portavoces de colectivos sociales.

Se realizó la primera jornada del VI Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas

Este año Argentina fue anfitriona. El senador radical Mario Fiad y el diputado oficialista Pablo Yedlin encabezaron el encuentro, que se realizó virtualmente.

congreso ops comisiones de salud

Organizado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), en conjunto con las Comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso de la Nación, se realizó de forma virtual el primer seminario del VI Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas. “La transformación digital para la mejora de decisiones en salud pública. Oportunidades y retos parlamentarios” fue el título de la jornada.

En esta ocasión, Argentina fue elegida como país anfitrión. Encabezado por los presidentes de las Comisiones de Salud, Mario Fiad (Senado) y Pablo Yedlin (Diputados), el primero de los tres seminarios se trató de “los principales retos y brechas en instrumentos jurídicos de la salud digital”.

Este Congreso, que se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 2015, surgió con la visión de generar un espacio de conocimiento, análisis e intercambio de experiencias permanente en temas de interés en materia de salud; identificar los aspectos críticos comunes que afectan la calidad de vida de la población del continente; y fortalecer las capacidades de los parlamentarios en la elaboración y aprobación de marcos jurídicos acordes con las políticas públicas que permitan el pleno ejercicio del derecho a la salud.

“Es un orgullo para nosotros ser anfitriones de este VI Congreso que congrega a todas las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas. Estos espacios son muy importantes para generar vínculos y conocer las realidades en los distintos países americanos”, destacó Fiad.

El panel de apertura contó con la presencia del Dr. Sebastián García Saiso, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia en Salud, OPS/OMS Oficinas Centrales; el Dr. Enrique Pérez, representante interino de la OPS/OMS de Argentina; Martín Sabignoso, secretario de Equidad del Ministerio de Salud de Argentina; y los anfitriones, Fiad y Yedlin.

Luego, la jornada se dividió en tres paneles temáticos. El primero estuvo abocado a la telesalud y el desafío de la equidad; el segundo panel consistió en la interoperabilidad de los registros médicos como eje fundamental de los servicios de salud; y el tercero estuvo referido a la inteligencia artificial. Los tres contaron con la presencia de especialistas en cada tema, tanto del área salud, como también del área legislativa y legal.

Al respecto, Fiad expresó: “La digitalización en salud es una herramienta de apoyo fundamental en el momento de tomar decisiones, dado que nos permite llevar adelante el monitoreo continuo nuestras acciones. Con su aplicación, podemos definir prioridades en la asignación de recursos y un uso más eficiente de los mismos”.

Los días 13 de noviembre y 4 de diciembre serán las próximas jornadas del Congreso, también con sede en Argentina, y donde se seguirá abordando la temática de salud digital.

Recibió dictamen en el Senado el proyecto de etiquetado frontal de alimentos

Se unificaron 15 iniciativas de distintos senadores. Solo las tucumanas Elías de Pérez y Mirkin se expresaron en contra, advirtiendo que la ley perjudicará a la industria azucarera. El tema se tratará en la próxima sesión.

El proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, que busca implementar el etiquetado y rotulado frontal de alimentos para combatir la malnutrición, recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado la semana próxima en sesión virtual.

La iniciativa fue despachada en una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio, encabezada por Mario Fiad (UCR), donde se unificaron nada menos que 15 proyectos referidos a la temática.

Se consensuaron así propuestas de los senadores Silvina García Larraburu, Lucila Crexell, Juan Carlos Marino, Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Gladys González, Anabel Fernández Sagasti, Julio Cobos, Silvia Sapag, Matías Rodríguez, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Antonio Rodas y Oscar Castillo.

La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, destacó el trabajo mancomunado entre los senadores y con el Poder Ejecutivo, y aclaró que “este proyecto no es contra nadie, sino a favor de los ciudadanos, y es una oportunidad para que la industria pueda mejorar los alimentos que ofrece”.

La oficialista sostuvo que “en los países donde se han aplicado etiquetados, la industria ha podido reconvertirse, ofrecer alimentos más saludables, y también se ha utilizado para el marketing”.

Foto: Comunicación Senado

El radical Julio Cobos también resaltó que “este es un claro ejemplo de cómo compatibilizar conflictos de intereses y escuchar a todas las voces. Cuando hay un objetivo claro y una vocación, nos despojamos de algunas pretensiones para arribar a una solución”.

El legislador enfatizó que “la industria debe colaborar en mejorar la calidad de nuestros alimentos” y advirtió que “el 70% de la población argentina tiene problemas de sobrepeso, de los cuales el 38% sufren obesidad”.

También aportó cifras Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), quien precisó que “según un informe de UNICEF, nuestro país ocupa el segundo lugar en la región con niños menores de cinco años que poseen sobrepeso u obesidad, y uno de cada tres niños en edad escolar posee estas enfermedades”.

Silvia Giacoppo (UCR) sostuvo que “no se ataca a ninguna producción sino al contenido excesivo en un producto”, ya que “como ciudadanos tenemos derecho a saber qué comemos, qué llevamos a la boca”.

Desde el Pro, Gladys González coincidió en que se trata de “un desafío de reconversión (de la industria), no de destrucción”, y afirmó que “el día que logremos que nuestros hijos lleven a la escuela una manzana en lugar de un paquete de galletitas llenas de azúcar habremos dado un gran paso en esta batalla de cambiar la forma en que alimentamos a nuestros hijos y a nosotros mismos”.

Tucumanas en contra

Las dos senadoras por Tucumán, Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin -el restante es José Alperovich, de licencia- fueron las únicas que se expresaron en contra de la ley, con argumentos en defensa de la industria azucarera.

“El azúcar es un producto natural y como tal es bueno para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza, es triste cuando se quiere desincentivar su consumo y darle lugar a otros productos. No puedo decir que estoy contenta con esta ley”, confesó Elías de Pérez (UCR).

Foto: Comunicación Senado

En tanto, Mirkin lamentó que la provincia “no haya sido consultada” y advirtió que “la situación de Tucumán va a ser muy difícil con esta ley”.

Vamos a votar negativamente este proyecto porque no le da margen a la provincia. No ven la situación provincial. La industria azucarera se ha reconvertido enormemente. Comparto el sentido de que se coma bien, pero se van a cerrar industrias”, manifestó la oficialista.

Asimismo, ironizó: “En el etiquetado que está planteado en el proyecto falta una calavera, como si el azúcar matara. Y el azúcar consumido en condiciones normales no produce ‘sobrealimentación’, al contrario”.

Cobos salió al cruce de las tucumanas y aclaró que “la ley no prohíbe el consumo de azúcar. No estamos aprobando ningún desincentivo, no hay una propaganda donde se demoniza, ni una calavera. No es como la propaganda del cigarrillo. Simplemente es información de advertencia”.

En el mismo sentido, Fernández Sagasti subrayó que “esto no es ‘salud versus trabajo’” y pidió “no entrar en una confrontación entre provincias”. “Yo nunca pediría que el vino se pueda vender a menores de 18 años y vengo de una provincia vitivinícola”, comparó.

Qué dice el dictamen

El proyecto dictaminado apunta a “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas”.

También se busca “advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz”.

El tercer y último objetivo es “promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Se establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente y comercializados en el país “en cuyo proceso de elaboración, o en el de alguno de sus ingredientes, se haya agregado sodio, azúcares o grasas, y en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos exceda los valores establecidos” en esta ley, “deberán incluir en la cara principal del envase un sello de advertencia” que “deberá indicar el exceso de los nutrientes críticos”.

Los valores máximos tomados en la ley son los estipulados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el dictamen se aclaró que los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevar el etiquetado de advertencia. El azúcar, los aceites vegetales y los frutos secos quedarán exceptuados de la obligación del rotulado.

Se otorgarán dos años para que las industrian bajen el nivel de exceso de estos nutrientes, “un plazo suficientemente amplio para que la industria se adecue”, consideró la senadora Silvia Sapag, encargada de exponer el dictamen.

Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Ejecutivo, y en el caso de las pymes, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.

Asimismo, se sugiere al Estado que priorice compras de alimentos que no lleven sellos de advertencia.

Pasó a la firma el dictamen del proyecto que establece condiciones en la compra de vacunas contra el Covid-19

Tras la visita de expositores, la Comisión de Salud del Senado avaló la iniciativa con media sanción de Diputados. Los miembros de Juntos por el Cambio anunciaron que plantearán disidencias parciales.

comision salud senado mauricio monsalvo 21 octubre 2020

La Comisión de Salud del Senado, que preside el radical Mario Fiad, pasó a la firma el dictamen del proyecto de ley, con media sanción de Diputados, que establece una serie de condiciones sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19 y fue requerido por el Ministerio de Salud.

Algunos senadores del interbloque Juntos por el Cambio manifestaron que acompañarán la iniciativa en general, pero plantearán algunas disidencias parciales. “Hay algunas cosas que se han explicitado y nos han dejado tranquilidad, pero hay otras que consideramos excesivas”, dijo la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR).

En tanto, la santacruceña María Belén Tapia (UCR) se manifestó en contra de la obligatoriedad de la vacuna que dispondrá el Ministerio de Salud y sostuvo: “Por mí lado tengo que seguir analizando varias cuestiones”. “En el mismo sentido hago una reserva de revisar uno o dos artículos, pero en general estaríamos acompañando”, expresó el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro).

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, resaltó “la importancia de tratarlo en forma inmediata” y debatir el proyecto la semana que viene en el recinto.

La reunión contó con la participación de invitados, y el primero en exponer fue el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, quien aseguró que la intención es “llegar a 11,2 millones de argentinos y argentinas inmunizados”. “Si logramos acuerdos ventajosos, la perspectiva podría estar en torno a las casi 20 millones de vacunas, es decir casi el 45% de la población”, señaló.

El funcionario precisó que “existen a la fecha 146 vacunas candidatas”, de las cuales “36 se encuentran en fase clínica”. “Las vacunas a las que hemos tenido acceso a información utilizan una gama de tecnología muy amplia y variada”, agregó.

Monsalvo subrayó que “estamos en un contexto de una gran demanda, con una fuerte concentración en el tiempo”, frente a “una oferta previsiblemente insuficiente”. En ese sentido, dijo que se estima que van a requerirse “15 mil millones de dosis” en el mundo, pero la producción es de “6 mil millones”.

Además, se prevé que serán necesarias dos dosis por persona, con lo cual “estamos hablando de 3 mil millones de personas” que podrán recibirla en un principio.

El subsecretario valoró que el Gobierno “viene trabajando en disponer marcos normativos de carácter excepcional que permitan abordar esta situación inédita”.

Con respecto al proyecto, el funcionario explicó que la Ley de Responsabilidad del Estado no “resulta suficiente” para poder suscribir los contratos, por eso la iniciativa “pretende un mecanismo de contratación específico para la vacuna, que incluya tres cláusulas extraordinarias en contratos de suministros”.

Sobre ello, y consultado por el senador radical Víctor Zimmermann, Monsalvo puntualizó “el mecanismo COVAX tiene dos modelos de contrato, nosotros utilizamos el opcional”, que “supone un anticipo financiero más caro, una garantía financiara más económica, pero le permite al Estado participante seleccionar la vacuna dentro de la canasta que el mecanismo COVAX disponga”.

Asimismo, es “alternativo y complementario” a los “acuerdos bilaterales que el país pueda celebrar con determinados proveedores de vacunas”. “Optamos por la opción que nos permite elegir la vacuna”, defendió.

El representante del Ministerio de Salud indicó que “la ley pretende que frente a alternativas contractuales de ofertas elaboradas por los laboratorios tengamos el margen de maniobra suficiente para poder optar por alguno que, eventualmente, podría incluir cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción, o confidencialidad en distinto grado”.

El subsecretario argumentó que este tipo de contratos son similares a los que firmaron varios países, como México, Estados Unidos, India, entre otros, e insistió: “La situación actual es poder negociar en un plazo inmediato que permita reserva de producción de esas vacunas”.

Y manifestó que el Gobierno pretende “disponer en el primer trimestre del año que viene” las vacunas, por eso advirtió que “conforme más tiempo esperemos, más a la cola vamos a quedar de la reserva de producción y más incierto va a ser el precio”.

“De ninguna manera es un cheque en blanco”, enfatizó el funcionario, ante la crítica de la senadora Elías de Pérez, y resaltó que la SIGEN y las comisiones de Salud del Congreso tendrán participación en el control.

Durante su alocución, Monsalvo confirmó que la cartera de Salud tiene la decisión de hacer obligatoria a la vacuna. Ante las inquietudes de los senadores Fiad y Tapia, el subsecretario confirmó: “El ingreso al calendario de vacunación no supone regularidad anual en el suministro, sino en el contexto de pandemia. Si la vacuna se adquiere y es inoculada a la población en el marco de la Ley de Vacunas, la aplicación en el contexto de pandemia sería obligatoria“.

También asistió Patricia Aprea, directora de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT, quien brindó una explicación técnica de todo el proceso de habilitación de las vacunas y reveló que “cualquier lote”, sean “los de producción local o importados tienen que pasar por un proceso de autorización extra que se llama liberación de lote” y consiste en “una evaluación documental” que lleva entre 24 y 72 horas.

La última invitada en exponer fue Perla Mordujovich-Buschiazzo, directora del Centro Universitario de Farmacología, que consideró que en el proyecto “habría que suprimir cláusulas que no pertenecen a la legislación argentina” y “la cláusula de confidencialidad”, además de “incorporar el precio de las vacunas”.

comision salud senado 21 octubre 2020
El radical Mario Fiad condujo la reunión en su carácter de presidente de la Comisión de Salud. (Foto: Comunicación Senado).

Qué dice el proyecto

El proyecto declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.

Una de las condiciones que se habilitan es “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.

Se aclara en el texto que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas”, quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

La iniciativa prevé que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.

Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

En tercer lugar, se podrán disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente.

Las vacunas contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

El proyecto exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.

Funcionarios y especialistas expusieron sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos

Tras más de cuatro horas, una gran cantidad de invitados opinaron sobre la iniciativa en un plenario de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado. Oficialismo y oposición trabajan en un dictamen único, que podría firmarse la semana próxima.

Por Melisa Jofré

Por más de cuatro horas, las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado recibieron a funcionarios y especialistas que expusieron sobre la iniciativa de etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover una alimentación saludable.

Senadores del oficialismo y la oposición trabajan en un dictamen único, al que se arribó luego de conversaciones con el Poder Ejecutivo y el análisis de una docena de propuestas que se habían presentado en ese sentido.

El titular de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, informó al final del encuentro que la próxima semana -tras reunión de asesores el lunes- se convocaría al plenario para avanzar con la firma del despacho.

De acuerdo al borrador del texto, al que accedió parlamentario.com, se propone el etiquetado en la cara principal de los productos compuestos por azúcares, grasas saturadas y sodio; se establecen modificaciones al Código Alimentario; y se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas que concentren azúcares, grasas y sal y estén dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes.

Además, en la iniciativa se contemplan los hábitos saludables en los ámbitos escolares y se estipulan una serie de sanciones para las empresas alimenticias que incumplan la ley, las cuales van desde apercibimientos hasta clausuras; entre otros puntos.

En primer lugar, en la reunión de este miércoles, expusieron funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Salud, Ginés González García, quien sostuvo que “la pandemia más silenciosa, y menos estridente, pero mucho más mortal y dura desde el punto de vista de los sistemas de salud, es el sobrepeso y la obesidad”.

El titular de la cartera de Salud destacó el trabajo conjunto y expresó que “el consenso nunca es fácil porque los intereses son diversos, porque tenemos que adecuar además nuestras normas a lo que se refiere al Mercosur, porque nuestra industria alimentaria es muy poderosa y también la queremos proteger, con lo cual en esa búsqueda de consenso hemos trabajado intensamente”.

Más tarde fue el turno del exministro de Salud, Adolfo Rubenstein, quien dijo que más allá de haber tenido la intención, “lamentablemente” no se pudo avanzar en una ley como ésta durante la gestión anterior.

El radical recordó que según encuestas del Ministerio de Salud, “entre 2005 y 2018 hubo un 75% de aumento de la obesidad” en el país, mientras que los datos de 2018 indican que “el 65% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad” y en niños, niñas y adolescentes es el 40%.

“Es un problema que constituye la principal amenaza a la salud pública de nuestro país”, afirmó. “Me siento muy contento de que hay un proyecto consensuado”, agregó Rubinstein y consideró “oportuno que Argentina tome un camino, que más allá de que este alineado a las políticas del Mercosur, desarrolle una política independiente y soberana en este sentido”.

Desde el sector empresario, Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), valoró el ámbito de diálogo con el Ejecutivo y aseguró que se comparten “los fines y propósitos”.

No obstante, discrepó “con la idea de que el modelo chileno es el modelo deseable; Chile no es productor de alimentos procesados”. También mencionó que “la plataforma Mercosur es central y estratégica, y mucho más después de la pandemia”.

“No nos oponemos al etiquetado frontal siempre y cuando no tenga la finalidad de la demonización”, advirtió y opinó que la ley debería ponerse en marcha una vez pasada la pandemia.

Daniel Funes de Rioja pidió no “demonizar” a los productos. (Foto: Comunicación Senado).

A su turno, el senador chileno Guido Girardi, autor de la ley de etiquetado en su país, reflexionó que “las personas cada vez están comiendo más, no alimentos, sino status, marcas”. De profesión médico, el legislador indicó que las enfermedades por la obesidad “son transmisibles” por medio de “la publicidad”, y a las futuras generaciones a través de los genes.

Los productos cargados de azúcar, grasa y sal “hemos definido que no son alimentos, no los queremos llamar alimentos”, aseveró y relató que “los resultados en Chile han sido muy exitosos” ya que “el 20% de la industria ha reformulado sus productos”.

Por la Organización Panamericana de la Salud, Sebastián Laspiur enfatizó que “es urgente y es imperioso hacerlo, sobre todo en contextos de pandemia donde el problema de la mal nutrición seguramente se vea agravado”. “En Argentina están muriendo 140 mil personas al año por problemas derivados de la mala alimentación, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres”, precisó.

Laspiur apuntó que “lo que hace a un etiquetado efectivo es que sea sencillo, simple, comprendido por todos, por niños, y que alerte a la población de los ingredientes críticos: azúcar, grasa y sal”, además de recomendar que sea de forma octogonal.

Andrea Graciano, representante de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, señaló que “solamente el 26% de la población lee la información nutricional, y de ellos solo el 13% comprende las etiquetas”. “Es urgente avanzar en un etiquetado frontal de advertencias”, manifestó y observó que esto “sería un acto de gobierno que permita proteger el bien común y, sin lugar a dudas, quienes resulten mayores beneficiarios sean la población más vulnerable y vulnerada”.

Otro expositor desde el sector empresario fue Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, quien apoyó la iniciativa y el hecho de “brindar información adecuada al consumidor”, pero alertó que “esa debida información debe ser sin estigmatizar o demonizar alimentos naturales, necesarios en la medida adecuada, que no son rechazados por autoridad competente alguna”. “Necesitamos considerar salud y producción”, indicó.

En tanto, Fernando Zingman, especialista en Salud de UNICEF Argentina, subrayó que “los niños y niñas son bombardeados y formateados en sus preferencias gustativas, de elección de sustancias de consumo alimenticio, y que son preferencias que van a continuar a lo largo de su vida. Tenemos que detener esta fábrica de consumidores”.

“Un etiquetado claro de advertencia está evidenciado que impacta en los niños y sus familias”, dijo el médico pediatra, que también afirmó que está comprobado “que la industria tiene la capacidad de reconfigurarse para ser más saludable”. Sobre el proyecto, pidió que “la ley no deje huecos que después obstaculicen su implementación”.

También expusieron Luciana Castronuovo, directora de área de la Fundación Interamericana del Corazón; Lorena Rodríguez, académica de la Universidad de Chile y miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe; Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos; María Quintana, del Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Conahue; e Ignacio Porras, de la Agrupación Argentina de Nutrición y Alimentos Reales; entre otros.

“La pandemia más silenciosa pero más mortal es el sobrepeso y la obesidad”, señaló González García

Ante un plenario de comisiones del Senado, el ministro de Salud destacó la iniciativa para avanzar con el etiquetado frontal de alimentos. También expusieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Desarrollo Productivo.

gines gonzalez garcia comision salud senado etiquetado alimentos

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó este miércoles que “la pandemia más silenciosa, y menos estridente, pero mucho más mortal y dura desde el punto de vista de los sistemas de salud, es el sobrepeso y la obesidad”.

Al abrir una reunión informativa de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado, el funcionario se refirió al proyecto que busca establecer el etiquetado frontal de alimentos, y destacó el acuerdo que existe para avanzar con una ley en este sentido. De hecho, senadores del oficialismo y la oposición consensuaron un único texto, puesto a consideración durante el encuentro.

El titular de la cartera de Salud aseguró que el tema del sobrepeso y la obesidad “preocupa desde muchos ángulos a los Estados modernos”, pero “no es fácil” porque “tiene componentes culturales”. “En el mundo gran parte de las personas han tenido problemas para acceder a los alimentos; se podría decir que es una victoria que hoy el acceso a los alimentos, sacando algunas regiones del mundo, esté más asegurado”, señaló.

Sin embargo, remarcó que “el exceso” genera “problemas”. “La especie humana está hoy moviéndose un 30% menos de lo que se movía hace 40 años. La actividad física y el desgaste energético es mucho menor. Otro factor es el sueño, hoy la especie humana está durmiendo dos horas menos de lo que dormía hace 40 años. Y si a eso le sumamos que hay un 30% más de ingreso calórico, claramente existe un cóctel que ya está impactando en el sistema público y la salud”, explicó.

González García expresó que la obesidad “es madre de muchas enfermedades” y “ninguna cultura del mundo ha logrado mejorarla sustantivamente”.

El ministro valoró el trabajo conjunto realizado entre los ministerios y las conversaciones con los distintos sectores y senadores. “El consenso nunca es fácil porque los intereses son diversos, porque tenemos que adecuar además nuestras normas a lo que se refiere al Mercosur, porque nuestra industria alimentaria es muy poderosa y también la queremos proteger, con lo cual en esa búsqueda de consenso hemos trabajado intensamente”, subrayó.

gines gonzalez garcia comision salud senado etiquetado alimentos
El ministro de Salud valoró el consenso entre distintos sectores para avanzar en el tema. (Foto: Comunicación Senado).

Además, consideró que “la publicidad y educación es central” en este camino, porque “en la medida que logremos armonizar mejor estas cosas” se obtendrán los resultados, “tal como pasó con el cigarrillo”, comparó.

Y recordó la campaña llevada a cabo en los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner, con la cual en el mediano plazo “hemos logrado que los argentinos fumen menos; pasamos del 30% al 20%”. “Es también lo que pretendemos respecto al sobrepeso y la obesidad”, agregó.

Finalmente, el ministro resaltó que “armonizar con el Mercosur no es poca tarea”, pero ponderó: “Estamos en un muy buen camino y es un avance después de tanto años de inacción”.

Por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós, celebró que “es la primera vez que los tres ministerios se han puesto de acuerdo en la necesidad del etiquetado frontal de alimentos”, más allá de que “no ha sido una tarea fácil”.

El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional manifestó que se tuvo en cuenta “la posibilidad de proteger a los pequeños y medianos empresarios y productores de alimentos”, al proponer “un plazo bastante prudencial para que cada una de las empresas pueda acomodar sus procesos productivos, si es que así lo tienen que hacer”.

Alós aspiró a que en “en el corto plazo” se pueda “sacar un proyecto consensuado, y consensuado también con las provincias”, al rescatar “el arduo trabajo que se ha hecho en la Comisión Nacional de Alimentos a través de la participación federal en la discusión de estos temas”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español destacó la amplitud de la convocatoria alrededor de la iniciativa y celebró “la importancia de la voluntad que tiene el Ejecutivo de avanzar con el tema”, sobre el cual “hay una deuda pendiente”.

La secretaria de Comercio abogó por la protección de los derechos de los consumidores y, en ese sentido, dijo que “es fundamental promover una información clara, verdadera, simple y precisa” y “darle las herramientas para poder tomar decisiones de manera informada y responsable”.

La funcionaria indicó que en el proyecto, además del etiquetado, se regula sobre “los entornos escolares y la publicidad y el sponsoreo”, porque son “los niños, niñas y adolescentes quienes están más expuestos a lo que tiene que ver con el exceso de publicidad y no tener un entorno cuidado”.

Español aseveró que avanzar con esta norma desde “el marco del Mercosur” es “importante para las empresas y para fortalecer un mercado que nosotros queremos profundizar y sostener en el tiempo”. “Nuestra política no es ni para penar al sector productivo, ni para salir del Mercosur”, ratificó.

Coincidiendo con lo expuesto por Ginés González García, Manuel Limeres, titular de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), informó que desde el organismo que dirige “y en nuestras vinculaciones con el Mercosur, venimos trabajando desde hace tiempo en el etiquetado de alimentos”, y muchos de los aspectos técnicos de la iniciativa “han sido desarrollados por nuestra institución”.

La secretaria de Comercio, Paula Español, expuso en representación del Ministerio de Desarrollo Productivo. (Foto: Comunicación Senado).

La oposición pidió interpelar a Quirós en la Comisión de Salud

Los diputados del FdT presentaron un proyecto de resolución mediante el cual buscarán citar al ministro de Salud para obtener mayores precisiones acerca del avance de la pandemia en la Ciudad.

A casi siete meses de haber iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución en el que pidieron que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, concurra a la Comisión de Salud a fin de dar respuestas respecto al abordaje, cobertura y sistematización en la carga de datos sobre casos y fallecidos por Covid 19 en el ámbito de nuestra jurisdicción.

En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “como es de público conocimiento, en la última semana la Provincia de Buenos Aires tomó medidas relacionadas a la carga de datos respecto del informe de coronavirus, unificando bases de datos” y explicaron que “la carga de datos en momentos como este es una dificultad, por la cantidad de pacientes diarios que representa, como es también un gran desafío para poder tomar decisiones acertadas y contar con información certera para esto”.

Sobre esa misma línea, recordaron que “el propio ministro de Salud de la Ciudad dijo, en su conferencia de prensa, que lo realizado por la cartera sanitaria de la provincia fue ‘una tarea de muy buena calidad y muy bien hecha’”.

“Por eso, y sabiendo que los retrasos en la carga de datos no son ajenos a la ciudad, es que solicitamos la interpelación al ministro a fin de conocer de primera mano todo lo relativo a la carga de datos y poder vislumbrar el detalle de los números con los afectados por la pandemia”, sentenciaron.

La medida es de autoría de Javier Andrade (FdT) y lleva la firma como co autores de los legisladores Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Manuel Socías y Laura Velasco (FdT).

Tiene dictamen el proyecto que establece reglas sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19

Tras la incorporación de modificaciones, los diputados de la Comisión de Salud avalaron por unanimidad el despacho. Que prevé la iniciativa.

comision salud 1 octubre 2020 dictamen vacunas covid

Por Melisa Jofré

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (Frente de Todos), firmó dictamen por unanimidad del proyecto de ley que establece reglas sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19 y fue solicitado desde el Ministerio de Salud de la Nación.

En el comienzo, Yedlin agradeció a todos los miembros y a funcionarios del Ministerio de Salud, al tiempo que dijo que los cambios “han enriquecido la propuesta inicial y realmente se ha convertido en un proyecto muy superador”.

El tucumano leyó entonces el texto, remarcando las modificaciones recibidas. La iniciativa declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.

Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, “a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas” cláusulas que establezcan “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.

Además, se incluyó, a instancias de la diputada Claudia Najul, que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas” quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

La iniciativa prevé que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana” no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.

Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

Las vacunas generadas a adquirir inmunidad contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn), a propuesta de las diputadas Carmen Polledo y Graciela Ocaña.

También, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Salud, podrá disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente, según aportó la diputada Cecilia Moreau.

El proyecto exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos”. Su envío a las comisiones del Congreso fue una propuesta del diputado José Cano.

Luego que Yedlin leyera el proyecto con las modificaciones, la vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro), manifestó la conformidad con la nueva redacción y agradeció al presidente por “la predisposición para escuchar nuestras propuestas”. “Es un tema muy importante para nuestro país y nuestros ciudadanos”, sostuvo.

En el mismo sentido, la mendocina Claudia Najul (UCR) destacó la “agilidad” y “buena voluntad” para aceptar cambios en el texto. “Es un proyecto que viene nada más y nada menos con cláusulas donde cedemos en favor de tribunales arbitrales extranjeros, donde renunciamos a oponernos a la defensa de inmunidad soberana, no son temas habituales en la compra de insumos”, señaló.

La radical valoró haber buscado “la mejor redacción porque entendemos que en el mundo el mercado de las vacunas tiene estas condiciones”.

En tanto, la santacruceña Paola Vessvessian (Frente de Todos) rescató el “gran esfuerzo” del “Ministerio de Salud y cada uno de los gobiernos provinciales”. “La incertidumbre de la pandemia nos obliga a poder darle herramientas al Ministerio de Salud para poder conseguir algo que es fundamental, que es la reserva de todas aquellas vacunas que nos permitan dar respuesta a nuestro pueblo y a nuestra gente”, expresó.

Al igual que todos los diputados que intervinieron, la tucumana Beatriz Ávila (Unidad Federal para el Desarrollo) ponderó el acuerdo alcanzado entre todos los bloques y resaltó que la iniciativa “está poniendo sobre la agenda lo que la gente está pidiendo”.

Después de haber expresado el voto a viva voz de cada uno de los diputados, Yedlin aseguró que intentarán que el proyecto se trate en la próxima sesión y abogó por que “esa urgencia que nos puso el Ejecutivo la pongamos ahora nosotros en las autoridades de la Cámara”. Además, pidió a los diputados que informen a sus pares sobre el tema de modo que vayan “a la sesión con el conocimiento acabado de un tema tan complejo”.

Por último, los diputados de JxC Claudia Najul, Graciela Ocaña y Gonzalo Del Cerro reclamaron avanzar en la próxima reunión de la comisión con un proyecto de ley para establecer un protocolo de “último adiós”, de modo que personas con estado terminal puedan estar acompañadas por sus familiares. “Si bien algunas provincias han avanzado, es un derecho que debemos garantizar a todos en Argentina”, dijo Najul.