La Comisión de Salud del Senado se reunió este martes en el Salón Arturo Illia para tratar una serie de proyectos y también para ratificar a sus autoridades. Así, volvió a ser designado como presidente de la misma el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia al jujeño Mario Fiad (UCR-JxC), en la secretaría quedó Lucía Corpacci.

Al inicio de la reunión se oficializó un cambio en la comisión: la senadora María Teresa Margarita González (FNyP – Formosa) reemplazará a Guillermo Andrada (Catamarca)

Al hacer uso de la palabra para ratificar a las autoridades, al vicejefa del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que fue una comisión que en estos años “ha tenido mucha visibilidad, no solamente por la pandemia sino también por los consensos que se han en la comisión para sacar proyectos que son muy deseados y muchos han trabajado para ser tratados en el Senado. Confiamos en este tridente de conducción”.

Informe de la Ley “Mil Días”

Luego, la comisión recibió a Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, quien expuso para dar a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como “Mil Días”, que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020.

Tirado agradeció la invitación y la posibilidad de “dar la devolución del primer año de la implementación de la Ley”. Al inicio, hizo un repaso de los principales puntos de la norma, que establece un acompañamiento, protección y cuidado integral de la salud y de la vida de las personas gestantes y niñas y niños en los primeros 3 años de vida.

Según recordó la funcionaria, la Ley tiene como objetivo reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo, comprender la salud de manera integral y prevenir violencias.

Además, resaltó que la norma fue un “desafío que lo estamos pudiendo hacer desde la unidad coordinadora con el trabajo intersectorial, las diferentes políticas integrales y públicas, gestión federal de 1000 días. El trabajo intersectorial es una de las cuestiones más ricas y potentes que tiene la Ley”.

“Todas las políticas siguen la perspectiva de curso de vida es una forma de ver la salud e implementar la política pública de los diferentes cursos de vida teniendo en cuenta la prevención durante el embarazo, la niñez, adultos mayores, y no desde un enfoque de patologías sino desde un enfoque desde salud y prevención”, explicó.

Sobre los ejes de la Ley, detalló: “El foco está sobre disminuir la mortalidad infantil y materna, luego prosperar para lograr una salud integral y bienestar, y transformar desde la diversidad y la prevención de la violencia. Con este enfoque intersectorial de equidad, curso de vida y territorial”.

“El marco normativo tiene acuerdos internacionales en relación a los derechos de niños y niñas, también de mujeres, y todas aquellas leyes nacionales que de alguna manera están relacionadas a esta Ley y, a su vez, normativas provinciales en relación a todas las leyes que dieron origen a esta Ley 27.611. La Ley prevé que la autoridad de aplicación está en el Ministerio de Salud de la Nación que debe diseñar un modelo de atención y cuidado integral de salud específico y adecuado para la etapa de embarazo y hasta los 3 años y genera y crea la unidad coordinadora y forman parte todos los ministerios y organismos del Estado que están relacionados a la implementación de políticas públicas de esta ley y, también, con las provincias para el trabajo conjunto”, explayó.

Tirado precisó que el Ministerio de Salud cuenta con 3 secretarías. La secretaría de Acceso a la Salud donde se encuentra la sub secretaría de Estrategia Sanitaria y la dirección nacional de abordaje por curso de vida con la dirección de Salud perinatal y niñez como “grandes áreas relacionadas con la implementación de ‘Mil Días’, pero también la subsecretaría de medicamentos por la distribución de insumos y la dirección nacional de reproducción sexual”.

Sobre el período que tiene la Ley desde la gestación hasta los 3 años de vida manifestó: “Entendemos el entorno familiar y comunitario como estructuras que estarán siempre presentes en este curso de vida al igual que los servicios de salud y, después, diferentes áreas del Estado que tienen trabajo en diferentes momentos como ANSeS durante la gestación con la asignación por embarazo que pasó a ser de 9 meses, la asignación por nacimiento, por adopción y dentro de la AUH se incorpora la asignación por cuidado integral mediante ciertos parámetros de control de salud y vacunas. Los organismos de proyección en situaciones de vulnerabilidad para lograr el derecho a una vida libre de violencia”.

 “Desde que la Ley se reglamentó, poder definir las políticas públicas a trabajar en conjunto y poder que este peso que se le da a las políticas públicas tener esta Ley, que se votó por unanimidad en ambas cámaras, nos da un peso de política de Estado muy fuerte”, sostuvo la secretaria de Salud.

Por otro lado, destacó el capítulo sobre Nutrición que tiene la Ley y consideró que “la lactancia es fundamental para esa buena nutrición. El 97% de los niños y niñas inician la lactancia al nacer, pero solo el 44% tiene lactancia exclusiva hasta los 6 meses por eso lo tenemos como algo importante a mejorar, al igual que el acceso a centros de cuidados infantil o a una vida libre de violencia”.

Además, brindó distintos indicadores, siendo el primero de ellos sobre los nacimientos en todo el país: “Tenemos una tasa de natalidad que desde el 2015 tiene una disminución en lo que hace a la tasa de natalidad total, pero no a la tasa de nacidos prematuros que siguen manteniendo una tasa estable por lo cual también ha sido una definición desde la unidad coordinadora el trabajo en la prevención como en la atención”.

En lo que hace a la mortalidad infantil, Tirado aseguró que “en el 2021 Argentina tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja de 8 por 1000 y de ahí sus dos componentes, la tasa de mortalidad neonatal sigue siendo la más grande que es de 5,7 por 1000 y la de post neonatal de 2,3 por 1000. La prematurez es la principal causa de mortalidad infantil en el componente neonatal”.

Respecto a los indicadores de mortalidad materna afirmó que “suele presentar cambios de subir y bajar en diferentes años. En el 2021 tenemos un ascenso muy importante, siendo la razón de 7,4 por 10 mil y esto se debe a la gran mayoría por muerte por Covid-19”.

Políticas integrales e indicadores desde la implementación de la Ley

“Esta Ley se basa en derechos como la identidad, la seguridad social, la salud integral, a la información y capacitación. En cada uno de estos derechos se implementan políticas públicas”, precisó Tirado.

Al respecto, comentó que sobre las políticas de identidad: “Estamos con un trabajo de maternidades seguras donde se realizan los partos, proceso de identificación de recién nacido y gestantes a través de pulseras identificatorias con códigos QR. Se entregaron 400.000 en 2022”.

Sobre el cuidado integral, contó: “Todo lo relacionado a políticas integrales para la prematurez, lactancia y nutrición, desarrollo infantil, acceso a la salud y algunas estrategias específicas como sueño seguro, parto respetado y primera hora de vida, prevención de lesiones y embarazo adolescente”.

“Un indicador es la campaña de invierno porque durante el primer año de vida una de las causas de mortalidad infantil son las infecciones respiratorias, las bronquiolitis y por eso tenía que estar incluida en el informe. Un dato es el palivizumab que son ampollas anticuerpos para prevenir la bronquiolitis que se administran en prematuros de alto riesgo o en niños con cardiopatías congénitas”, explayó.

También detalló que se realizan la pesquisa neonatal de enfermedades congénitas con análisis garantizando el 100% de cobertura, intervenciones de cardiopatías congénitas “durante el año se realizaron 982 intervenciones de menores de 3 años”. Se incorporó la distribución de test de embarazos en el botiquín Remediar.

“Hicimos un convenio con el Sistema Penitenciario Federal para poder hacer las cunas. A su vez se hizo el manual por el cual tenemos la definición de lo que es una cuna segura junto con la Sociedad Argentina de Pediatría estamos en la distribución de los primeros 14 mil kits y se van a distribuir 54 mil kits posteriormente”, precisó y sumó: “También insumos obstétricos. Sobre trombofilia es algo que incorporó la Ley que no lo teníamos y es la primera ver que se compra tratamientos específicos para la trombofilia y se distribuyeron 547 tratamientos”.

Sobre la hipoacusia, la funcionaria informó: “Se recuperó el Programa de Hipoacusia y las compras de audífonos, de implantes cocleares y de vinchas osteointegradas. En el botiquín Remediar se hizo específico de Mil Días tanto con medicación para prevenir prematurez como trombofilia y medicación para los primeros 3 años de vida y se distribuyeron en los 8 mil centros de salud”.

En relación a nutrición y lactancia, la secretaria precisó que se está distribuyendo en todas las provincias el “Fierritas” para la prevención de anemia que es de “fácil” administración. También hay un kit de lactancia que “son un saca leche con termitos para mantener la lactancia”.

“Es la primera ver que desde el Ministerio de Salud se compra la cantidad necesaria para todo el país de leche de fórmula especiales de prematuros, para fenilcetonuria y fórmula de inicio”, indicó y detalló que se distribuyeron en neonatologías de todas las provincias 200 monitores de TA no invasivos, 20 monitores de Función Cerebral, 25 potenciadores evocados, 20 oftalmoscopios binoculares indirectos para ROP y 300 otoemisores.

En suma, contó que se desarrollaron guías para la atención del prematuro, para el control posparto, control prenatal, trombofilia, crianza y cuidado. “Todo esto tiene que tener una impronta federal y tiene que llegar a todas las provincias y para eso se hacen cursos de gestión territorial. Se capacitó a 650 personas de las 24 jurisdicciones que son sectores territoriales de los 1000 días”, planteó Tirado.

“Todo el presupuesto destinado a cada una de las políticas públicas de mil días está marcados como etiqueta de mil días y podemos decir tanto desde ANSeS como de Educación y SENAF el presupuesto con el crédito vigente ponderado de cada una de las políticas públicas que le da el soporte real. Nos da un crédito vigente ponderado de $314.127.372.475”, finalizó.

Hizo uso de la palabra la senadora Fernández Sagasti quien destacó la sanción de una Ley que “tiene que ver con la vida, con el cuidado, con la accesibilidad de medicamentos de tratamientos a personas que el sistema de salud no llega”.

Al respecto, le transmitió dos preocupaciones y le explicó: “En la provincia de Mendoza estamos teniendo un problema grave de profesionales de salud en general, pero con pediatría y neonatología en particular por los bajos salarios que tiene la provincia. Somos la segunda provincia con peores salarios del país. Los efectores del sistema de salud se están yendo a trabajar a otras provincias porque los salarios son más elevados”.

“¿Han tenido en cuenta esta crisis sobre todo en la pediatría, han incluido alguna estrategia para esta situación que es a nivel nacional? ¿Están pensando alguna línea para reforzar el tema de pediatría?”, preguntó la oficialista y en segundo lugar consultó: “El tema PROGRESAR que ha venido una iniciativa de Diputados para convertirlo en ley, lo cual me parece excelente, si se puede incluir el tema de salud como en la AUH para que puedan seguir con la prestación. Poner un ítem en el PREGRESAR de asistir a un centro de salud una vez por mes o al año para que se hagan chequeos y cruzarlo con el tema de salud mental, sería muy bueno que se incluya dentro del PROGRESAR el tema de los cuidados médicos”.

Al responderle, la secretaria de Salud afirmó que conocen la crisis que se está atravesando con la falta de profesionales de “varias especialidades”. “Venimos trabajando con la Secretaria de Calidad para poder estimular para que se presenten a las residencias, se hacen incentivos, pero a pesar de eso se presentan la mitad. También estamos capacitando para cuestiones específicas para poder hacer más eficiente el recurso humano”.

Sobre el PROGRESAR, aseguró que “tenemos salud mental que trabaja en la unidad coordinadora y ahí tenemos una experiencia que trabajamos con asesorías en clubes, escuelas. Hay que buscar dónde están los adolescentes y con las asesorías tuvimos buenos resultados. Incluir cierta obligatoriedad me parece bien”.

A continuación, Yedlin expresó: “La pandemia fue de tal impacto y de tanta potencia y tal cicatriz que nos dejó que hay muchas políticas públicas de tremendo efecto e impacto, de inversión y resultados que por ahí han pasado desapercibidas. Muy bueno el informe creo que es importante seguir trabajando. Si no hubiese sido por la pandemia, la mortalidad infantil más baja del país hubiera tenido un impacto distinto hoy pasa un poco desapercibido con la cantidad de mortalidades que hubo en pandemia. Es un mérito jurisdiccional”.

Luego habló el radical Fiad consideró que “tenemos que hacer un replanteo en particular de déficit general que se esta dando a nivel general sobre los profesionales. Hay que dar respuestas inmediatas. No solo es la cantidad sino la mala distribución por eso hay que incentivar las actividades y poder asistir las demandas que existen y pensar incentivos para erradicar profesionales del interior”.

Por último, pasaron a la firma una serie de proyectos de declaración y resolución.

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se presentó este martes ante la Comisión Bicameral homónima, presidida por la senadora riojana Clara Vega, para brindar su informe anual en el que detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%”.

Al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del edificio Alfredo Palacios de la Cámara alta, la titular de la Comisión Bicameral señaló que “con esto queremos cumplimentar lo que dice la Constitución. Es el trabajo de un año desde 2021 hasta abril de 2022”.

A su turno la vicepresidenta de la Comisión, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), expresó: “Esperábamos con ansiedad hace tiempo esta presentación porque estamos claramente atravesando una situación muy compleja como país y creo que el rol de esta institución es vital”.

La secretaría, la diputada Paola Vessvessian (FdT -Santa Cruz), sostuvo: “Nosotros que ya venimos en la Bicameral vemos los avances, los procesos”, pero remarcó que “el informe y el poco tiempo no permiten mostrar todo lo que uno hace y es fundamental sostener el diálogo porque el tema de las infancias y la niñez implica un vínculo permanente y continuo”.

“Desde la Comisión nosotros venimos a respaldar y garantizar que se apliquen y garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No somos intervencionistas y tampoco venimos a obstaculizar porque sabemos que trabajar con los niños siempre falta, pero lo importante es estar, tener presencia y sobre todo con una mirada federal”, cerró la santacruceña.

En su alocución, Graham celebró ser la primera presentación presencial y remarcó que “se nos junta casi un año de lo que tendríamos que informar el año que viene”, y precisó que el informe contiene un total de 800 páginas.

En primer lugar, describió: “Somos una Defensoría de Derechos Humanos independiente, autónomos, autárquico. Eso implica que no somos de ninguno de los tres poderes ni del Ministerio Público y por eso siempre nos confunden”.

A su vez recordó que se hicieron tres presentaciones: la primera en julio de 2020 que fue trimestral, la de julio de 2021 que fue por zoom y la actual. “Nosotros tenemos un tiempo límite para cumplir más allá de que se constituya o no la Bicameral por eso le enviamos el informe a la presidencia de Diputados y del Senado en tiempo y forma”, explicó Graham.

“Durante el año 2021 logramos una visibilidad en nuestra institución que no habíamos tenido el año anterior. La presencialidad nos ayudó a constituir equipo porque estuvimos trabajando un año conformando equipos que no se conocían personalmente y el conocimiento del personal y tener un espacio de trabajo permitió adquirir mayor potencia y coherencia y una instalación de nuestra estructura”, precisó la funcionaria y sumó: “No hay ninguna provincia que no haya tenido alguna intervención de la Defensoría, tanto en casos individuales como en casos colectivos”.

En esa línea informó que agregaron a la institución la secretaria Administrativa y Financiera, el área de Legal y Técnica y de Informática y una “potente” área de comunicación porque “la visibilidad de la institución también tiene que ver con la visibilidad e invisibilidad de un tercio de la población que son las personas hasta los 17 años de edad también es un grupo bastante invisibilizado atravesado por profundas desigualdades”. “Incorporamos personal en las tres áreas sustantivas Protagonismo y Participación de chicos, chicas, nenas y nenes es una actividad central porque sin ellos no podríamos abarcar todos los temas”, contó.

“También el área de redes con las organizaciones sociales, esto es muy importante, también organizaciones territoriales, tenemos un registro que al año pasado eran 2000 organizaciones porque no solo trabajamos con las de la Ciudad y el Área Metropolitana, sino que también trabajamos con organizaciones que están en todo el país porque son una polea de transmisión de lo que está pasando en el territorio más allá de los informes de las autoridades provinciales”, agregó Graham.

Por otro lado, destacó que la institución está compuesta por “muchos profesionales” de distintas áreas porque “el abordaje de los niños, niñas y adolescentes nos impone que la composición sea así”. Entre las herramientas con las que cuentan para la gestión, la funcionaria enumeró: “Pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; mesas de trabajo; aportes técnicos y convenios; herramientas defensoriales como pedidos de informes y acciones judiciales”.

Respecto a la dinámica de trabajo, contó: “En todas nuestras agendas dinámicas de trabajo sabíamos cuál era la agenda inacabable de niños, niñas y adolescentes, pero estos dos años y medio no solo confirmaron esa agenda sino que también la dinamizaron y, pasó algo que nosotros dimos a llamar de los casos a los temas y de los temas a los casos, teníamos un plan de trabajo que en el periodo anterior fue intervenido por la pandemia, teníamos los temas prioritarios que tuvimos que refocalizar como niñez indígena y abuso sexual infantil, pero se vieron fortalecidos y focalizados por la cantidad de enuncias en la Defensoría sobre vulneración de niñez indígena y también muchos casos de abuso sexual interfamiliar”.

“La Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Entre los temas relevantes Graham enumeró: “Además de la visibilidad y la invisibilidad sigue siendo la seguridad alimentaria, la continuidad educativa, los ingresos de las familias con niños. En segundo orden por la afectación de la pandemia es la justicia juvenil seguimos teniendo una Ley 22.278 que creemos que hay que derogar y sustituir por una adecuada a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, también tuvimos denuncias por trataos malos y degradantes en algunos lugares de encierro. El otro tema es la violencia institucional en los lugares de encierro, alojamiento de niños, niña y adolescentes por sobre todos aquellos lugares por algún padecimiento mental o problema de acción”.

“Adquirieron su derecho por la asignación universal por hijo 137.815 chicos y chicas, nenes y nenas cuyo derecho estaba suspendido, la eliminación del tope de 5 hijos y eso implicó que en 2021 se sumaran 23.015 chicos; la reducción de permanencia de chicos para tener la AUH, logramos bajarla a 2 años y eso implicó el ingreso de muchos niños migrantes a la asignación que fueron 8.204”, detalló y remarcó que “la Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa por lo cual debe universalizarse y no debe confundirse con otros programas. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Respecto a la Tarjeta Alimentar informó: “Solo cubría familias con niños hasta 6 años, logramos la aplicación hasta los 14 años. Eso tuvo un impacto importante sobre todo en los niveles de indigencia”, y señaló que “seguimos pidiéndole al Gobierno que extienda la Tarjeta Alimentar a familias con chicos hasta los 17 años”.

“Logramos bajar el piso del programa Progresar a los 16 y 17 años porque era absurdo ni razonable pensar que, si la deserción en la escuela es fundamentalmente de chicos de 16 y 17 que ellos no estuvieran incluidos en un programa específico de la escuela para retener a los chicos de esa edad”, ponderó Graham y observó que “hay una vacancia en políticas dirigidas en la franja que va desde los 14 a 17 años”.

Por otro lado, contó que desde la Defensoría hicieron aportes “importantes” en la redacción de la Ley de Etiquetado Frontal y que ahora tendrán un “trabajo importante” porque deberán controlar los alimentos etiquetados en los supermercados y escuelas. “Es algo que aparece entre las demandas de chicos y chicas”, expresó y advirtió que “en la República Argentina el sobrepeso y la obesidad es una epidemia, no significa que los niños están bien alimentados, están subalimentados”.

A su vez, informó que en el 2021 estuvieron “trabajando mucho en la vacunación para la vuelta a la escuela”, y consideró que “se pudo haber vuelto antes a la escuela. Si hubiese sido intermitente el regreso al colegio hubiese sido mejor para niños, niñas y adolescentes, pero vino la segunda oleada y se volvieron a cerrar las escuelas”. “Tenemos una campaña para que se cumpla con el calendario de vacunación obligatorio porque tenemos un problema allí”, sostuvo.

“La vuelta a la escuela tenía que ser una gesta patriótica porque todos tenemos que hacer que niños, niñas y adolescentes que dejaron la escuela por la pandemia o antes, porque la pandemia lo que hizo fue acentuar la deserción escolar y agravarla, tenemos que ir a buscarlos y analizar la situación, pero también tenemos que tener una escuela que los reciba y los retenga, que les de una proyección a futuro. Ahí tenemos el Plan ‘Volvé a la escuela’ y estamos haciendo un monitoreo de eso”, explayó la titular de la Defensoría de niños.

Al cierre de su ponencia, Graham habló sobre la niñez indígena y el chaco salteño: “Lo primero que hicimos poner mesas interministerial que funcionó un año y medio y entendemos que la situación es difícil y vienen pasando con todos los gobiernos, con el cambio climático, el desmonte que desertificó el suelo de Salta, hemos trabajado mucho en esa provincia, pero no podemos resolver el tema como hubiésemos querido, sino porque tenemos que evitar las muertes evitables por deshidratación y posterior desnutrición de un población que es la más discriminadas de todas, las más invisibilizadas. Otra de las mesas que aún funciona es la de identidad y hemos logrado una incidencia clara 3.342 niños wichis y criollos adquirieron su documento de identidad nacional”.

Facundo Hernández, defensor adjunto y especialista en Derecho Penal, informó que “la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40% son 441 casos que merecen la gestión nuestra, desde que empezamos son 756 casos. Hay 112 casos nuevos desde marzo de este año. Hay un grueso muy fuerte que tiene que ver con el procedimiento judicial y cuestiones de familia, otro 12% de vulneración de derechos”.

Otra de las integrantes de la Defensoría, precisó que “los chicos y las chicas son el 29% de la población, pero el total de población de pobres los chicos y las chicas son el 38% y cuando miramos el total de indigentes son el 45%. Hacemos relevamientos exhaustivos para no repetir lo hecho y poder asesorar y brindar conocimiento a partir de una mirada concreta y lo más desagregada del problema para aplicar la mejor política pública”.

“Construimos un sistema de monitorio de la defensoría que es convergente y toma el plan de trabajo de la defensora y hay una mirada amplia, igualitaria y abarcativo. Nos interesa el seguimiento de la situación socioeconómica de la niñez, un seguimiento de las políticas públicas”, comentó.

En una breve intervención, Graham sumó que “empezamos con un presupuesto de 22 millones de pesos y llevamos ejecutados 376 millones de pesos”.