Los bloques dialoguistas firmaron con disidencias en algunos temas. La intención de La Libertad Avanza es tratar el proyecto en sesión junto al paquete fiscal la semana próxima. Larga discusión y quejas de las bancadas que quedaron fuera de las negociaciones.
Foto: HCDN
Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, el oficialismo cumplió con su objetivo en la Cámara de Diputados de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscará llevar al recinto la semana próxima junto al paquete fiscal, ambas cuestiones centrales de cara al “Pacto de Mayo” propuesto por el Gobierno. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.
Se trata de una versión acotada y renovada de la iniciativa que fracasó en el verano. El texto se negoció durante todo abril entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas, que este jueves acompañaron pero con disidencias en algunos temas.
Lo último en incorporarse, previo al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, fue el capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasó de 60 artículos -por los que pujaban fuerte los radicales- a solamente 17.
Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica, algo de lo que se quejaron fuertemente en la reunión. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
El nuevo texto, que quedó en 232 artículos, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, se agrega y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.
Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.
En cuanto a las privatizaciones, el Banco Nación se quitó de la lista. En tanto, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.
“El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.
Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.
“El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a 30 días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación.
El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones RIGI, que incluye una serie de beneficios para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.
El Ejecutivo había quitado de la nueva versión la cuestión de los impuestos internos al tabaco, pero desde los bloques de la oposición plantearon su incorporación en las disidencias.
Por otra parte, el capítulo sobre defensa de la competencia se eliminó porque había “visiones encontradas entre los bloques” y “quedará para tratar en otro momento”, afirmó una de las fuentes que participó de las negociaciones. También se sacó lo referido a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Aunque la UCR proponía una reforma laboral mucho más amplia, de modo de que todas las partes queden conformes, se redujo. Entre los cambios consensuados aparece la eliminación de multas por trabajo en negro, seis meses de período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Las modificaciones involucradas al sindicalismo no ingresaron, por eso los radicales lo plantearon en sus disidencias.
El dictamen de mayoría
Las firmas sin disidencia fueron 42, y correspondieron a los diputados de LLA (17) Santiago Santurio, José Luis Espert, Nicolás Mayoraz, Alberto Benegas Lynch, Lorena Villaverde, Beltrán Benedit, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, María Celeste Ponce, César Treffinger y Carlos Zapata; del MID (3) Eduardo Falcone, María Cecilia Ibáñez y Oscar Zago; del Pro (17) María Eugenia Vidal, Germana Figueroa Casas, Damián Arabia, Silvia Lospennato, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli y María Sotolano; Innovación Federal (3) Agustín Domingo, Carlos Fernández y Yamila Ruiz; Producción y Trabajo (1) Nancy Picón Martínez; y CREO (1) Paula Omodeo.
En disidencia parcial hubo 19 firmas. De la UCR (14) Carla Carrizo, Karina Banfi, Leandro Nieri, Martín Arjol, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Martín Tetaz y Vallejos; Hacemos Coalición Federal (4) Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge y Nicolás Massot, y por Innovación Federal Yolanda Vega.
Los diputados Fernando Carbajal y Pablo Juliano decidieron no firmar ningún dictamen como hicieron en enero pasado. El formoseño lo explicó así: “No voy a acompañar, como otros colegas de mi bancada este dictamen, ni siquiera en disidencia. Por razones políticas y administrativas. No hubo ni una sola reunión en la que se discuta este dictamen en este plenario. En realidad, se inició una nueva metodología de trabajo legislativo que discurre por Rivadavia, continúa por Avenida de Mayo, y llega a Casa de Gobierno. Hay diputados que van y vienen negociando las leyes y esta no es la metodología”.
El debate
Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de “darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere”. Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.
“Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos”, señaló.
Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que “no es lo mismo una inversion hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales”. Por eso, desde su espacio propondrán “tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares”. Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era “más ambiciosa” y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.
Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que “es necesario y revelevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa”. Y habló de “una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos”. “Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria”, agregó.
La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: “No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.
Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: “Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen”. Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que “lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión”.
“Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso”, defendió y recordó que “este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo”. “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.
Para la bonaerense, el nuevo texto “recoge lo esencial del proyecto de ley Bases”, también “pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina” y “hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones”. “Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda”, pidió a la oposición más dura.
En su intervención, Juan Manuel López alertó sobre los cuatro meses que lleva el Gobierno y no ha sancionado aún ninguna ley. “Saquemos algún producto decente lo antes posible, ya sea con la ley Bases, ya sea en el Senado de la Nación, con leyes que están pendientes ahí”, reclamó y expresó: “Porque que no salga una ley, me parece que es hacerle el juego a un presidente que ya ayer dijo que tiremos la ley, porque juega con su autoboicot o su incapacidad tal vez de gobernar cuando tenga sus instrumentos”.
Dentro del bloque HCF, el diputado anunció que el sector de la Coalición Cívica presentaría su propio dictamen, y detalló a continuación coincidencias y modificaciones que proponían. Su dictamen, dijo, declara emergencia en las materias que el oficialismo ha pedido, pero no votarían las delegaciones que quedan en la norma. “Es mucho poder para un presidente que negó su propia firma”, advirtió, en referencia al decreto por el cual se aumentaban los sueldos de los funcionarios de alto rango.
Sí avisó que acompañarán el capítulo de empleo público, pero darían un marco regulatorio para los fondos fiduciarios. Proponen también privatizaciones y un principio de buen gobierno, como así también remarcó que “queremos una modernización laboral con básicamente las cosas que contuvo el DNU”.
Agregó que quieren el impuesto al tabaco que había propuesto el oficialismo inicialmente: “Que esté presente con una redacción seria”. También quieren subir el impuesto al juego y que el Gobierno diga qué gasto tributario va a reducir.
En una extensa intervención, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los dialoguistas: “Entiendo la vocación de acompañar, pero ¿cómo hacen los bloques que van a firmar el dictamen oficialista sin tener en cuenta que lo que ahora aparece y se complementa con las emergencias y facultades que el presidente se autocedió con el DNU 70/23? No es un proyecto licuado, hay que leerlo complementariamente al DNU”.
“Están firmando un dictamen que es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en enero y febrero. ¿Y qué pasa con la reforma administrativa? Es igual de dañina y perversa, con otro ‘engaña pichanga’, que armaron una lista en el artículo 3 donde dice que el PEN no va a poder disponer las disoluciones en algunos organismos”, observó. A su juicio, eso no es real y advirtió que por ejemplo que el CONICET no está a salvo. “Solo está a salvo de una disolución, pero se lo pueden llevar puesto”, afirmó.
Al hablar especialmente de la inclusión del capítulo laboral, el santafesino pidió tener memoria y recordó cómo se gestó en tiempos de Fernando De la Rúa la reforma laboral de entonces, a partir del 27 de abril del año 2000, cuando con su ministro de Trabajo Alberto Flamarique logró aprobarla. Hasta que llegaron las denuncias y la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez. “Miren, ni Flamarique se animó a tanto como lo que están haciendo hoy”, enfatizó, advirtiendo que “los que estaban detrás de Flamarique están detrás de esta ley. Guarda con las próximas 72 horas. Se puede estar gestando una situación de lobby nunca vista en la democracia argentina”.
Entre los numerosos oradores, en el encuentro habló el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien recordó el trabajo del verano y celebró: “Creemos que le vamos a dar las herramientas necesarias al presidente Javier Milei para que de una vez y para siempre la Argentina despegue”.
“Han venido trabajando muchos diputados de distintos bloques para que este dictamen esté hoy acá y brevemente en el recinto”, ponderó. Sobre la ley, opinó que “le va a dar más libertad a los argentinos” y “es una ley que la están pidiendo los argentinos y nosotros como Poder Legislativo tenemos que acompañar al Poder Ejecutivo”.
El cordobés subrayó que la norma plantea “una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos; se va a terminar con organismos y entes que no cumplan las funciones relevantes y que solo generan gastos”.
Tras un mes de negociaciones con los bloques dialoguistas, el oficialismo buscará el despacho para poder llevar el proyecto del Ejecutivo al recinto la semana próxima, junto también al paquete fiscal.
Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, se reúne desde las 12.42 el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados para tratar la versión acotada y renovada de la ley ómnibus que fracasó en el verano.
Durante todo el mes, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas llevaron adelante las negociaciones que culminaron este miércoles por la noche, tras una jornada que por momentos pareció volver a empantanar los acuerdos.
No obstante, la última tarea que tenían los legisladores por delante, antes del plenario, era analizar la contrapropuesta del capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos -que pujaban fuerte los radicales- a solamente 16.
Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
De manera exprés, el objetivo de La Libertad Avanza es avanzar este jueves con el dictamen tanto de la ley de Bases como, más tarde, con el paquete fiscal, de modo de llevar ambos proyectos al recinto el lunes y martes de la semana próxima, en la previa de la marcha del 1ro. de mayo por el Día del Trabajador.
Según el borrador del dictamen que circuló previo al plenario, en la nueva ley de Bases se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, agrega y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.
Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.
El debate
Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de “darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere”. Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.
“Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos”, señaló.
Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que “no es lo mismo una inversión hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales”. Por eso, desde su espacio propondrán “tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares”. Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era “más ambiciosa” y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.
Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que “es necesario y relevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa”. Y habló de “una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos”. “Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria”, agregó.
La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: “No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.
Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: “Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen”. Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que “lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión”.
“Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso”, defendió y recordó que “este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo”. “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.
Para la bonaerense, el nuevo texto “recoge lo esencial del proyecto de ley Bases”, también “pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina” y “hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones”. “Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda”, pidió a la oposición más dura.
NOTICIA EN DESARROLLO
El cambio tuvo que ver con la nueva responsabilidad del cordobés al frente del bloque oficialista. El flamante presidente de la comisión fue jefe de despacho de Milei.
En la previa del plenario de comisiones para el tratamiento de la ley de Bases, el libertario Santiago Santurio asumió como en reemplazo de Gabriel Bornoroni al frente de la Comisión de Legislación General.
Vicepresidenta primera de la comisión, Carla Carrizo, destacó en el comienzo que “hemos transitado un ciclo muy intenso desde el cambio de gobierno” y le agradeció a Bornoroni, quien “no tenía mucha experiencia legislativa y pudimos hacer grandes desafíos”.
“Fue muy grato trabajar en equipo”, dijo la radical y ponderó “la amabilidad, el respeto y el liderazgo con muchísima humildad” que el oficialista tuvo durante el debate por la ley ómnibus en el verano.
Bornoroni, quien ahora es jefe de La Libertad Avanza, le agradeció a Carrizo y propuso: “Nosotros en el bloque hemos consensuado de manera unánime al diputado Santiago Santurio”.
“Es una persona de mucha experiencia, que va a representarnos y sabemos que va a llevar el equipo como nos gusta a nosotros, tratando de buscar consensos”, sostuvo sobre el exjefe de despacho de Javier Milei durante su paso por la Cámara de Diputados.
Al sentarse en la mesa principal, Santurio expresó: “Muchísimas gracias por la confianza, espero estar a la altura de las circunstancias e intentar seguir en el camino que dejó mi jefe de bloque. Fue un orgullo, nos representó bien en una tarea que no fue fácil, como debutar con la ley de Bases”.
Además, en la reunión, Unión por la Patria definió a sus autoridades: se designó como vicepresidenta segunda a Mónica Litza y como secretaria segunda a Constanza Alonso. También hubo un cambio entre diputados del Pro, ya que Damián Arabia asumió como secretario primero en reemplazo de Florencia De Sensi.
La misma iba a conformarse la semana pasada y quedaría al frente de su conducción el liberal Bartolomé Abdala, pero se suspendió tras conocerse la noticia del fallecimiento de la esposa del senador.
A fin de comenzar a activar la labor legislativa, la Cámara de Senadores volvió a convocar a la Comisión de Legislación General para su conformación para este miércoles 20 de marzo a las 17 en el Salón Arturo Illia.
La misma estaba en agenda para constituirse la semana pasada y, según pudo saber parlamentario.com, al frente de la misma será designado para su presidencia el puntano Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza). Sin embargo, al darse a conocer la noticia del fallecimiento de la esposa del senador liberal, el encuentro fue suspendido.
Durante la reunión también se determinarán los días y horarios para que la comisión se reúna a trabajar y proponer un plan legislativo de cara al año.
El último encuentro que mantuvo la comisión fue en septiembre de 2023 y en ese entonces su presidencia estaba a cargo del pampeano Daniel Bensusán (Unión por la Patria).
Serán dos las comisiones que se constituirán este miércoles: Asuntos Administrativos y Municipales, y la de Acuerdos. Unión por la Patria no presidirá ninguna de ellas.
A casi dos semanas que el período ordinario fue inaugurado y a fin de comenzar a mover la actividad legislativa, la presidenta del Senado Victoria Villarruel convocó a tres comisiones para su constitución, aunque finalmente serán dos.
Se trata de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Acuerdos, cuya conformación se llevará a cabo en el Salón Illia el miércoles 13 de marzo.
La primera en reunirse será la de Asuntos Administrativos y Municipales desde las 11, cuya presidencia estaba a cargo de la tucumana Beatriz Ávila y no se reúne desde octubre de 2022. Según pudo saber parlamentario.com fuentes cercanas del oficialismo confirmaron que el encargado de presidir la misma será el pampeano radical Daniel Kroneberger.
La siguiente comisión a reunirse estaba prevista para las 12, la Comisión de Legislación General que, hasta el año pasado, conducía el senador de UP Daniel Bensusán. Sin embargo esa reunión fue suspendida. Según pudo saber este medio, la comisión pasará a estar en manos del libertario puntano Bartolomé Abdala quien también ocupa el cargo de presidente provisional del Senado. El último encuentro que mantuvo la comisión fue en septiembre de 2023.
La jornada se cerrará con la reunión de una de las comisiones más importantes, la de Acuerdos a las 17. La misma se encarga dictaminar sobre los acuerdos pedidos por el Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de funcionarios públicos y, hasta el año pasado, la presidencia era de la vicejefa del bloque UP -en ese momento Frente de Todos- Anabel Fernández Sagasti. Las fuentes consultadas por palamentario.com afirmaron que la comisión será presidida por la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro).
De concretarse esto, el bloque de Unión por la Patria no estará al frente de ninguna de las tres, solo tendrá cargos de vice o secretaría.
El plenario de comisiones recibe a representantes de las industrias de biocombustibles, pesca y turismo. Además, habrá oradores por ciencia, cultura, farmacéuticos y jubilados. Abuelas de Plaza de Mayo también figura en el cronograma.
Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión cabecera (Foto: HCDN)
Luego de tres extensas reuniones por la que desfilaron varios funcionarios, se retomó este lunes el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por el debate de la ley ómnibus, llamada formalmente ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
A pedido de la oposición, en la jornada se escucharán a distintos invitados de la sociedad civil, representantes de sectores involucrados en el mega proyecto que el gobierno de Javier Milei aspira a aprobar en sesiones extraordinarias, más precisamente antes que termine enero.
La de este lunes se trata de una reunión informativa a la que han sido invitadas entidades, empresas, agrupaciones, ONG’s y demás sectores que han pedido participar. El modo de participación será con alocuciones de 5 minutos, alternando entre exposiciones virtuales y presenciales, para poder incorporar entidades de todas las provincias de la República Argentina que quieran manifestarse.
A los expositores se les permitirá el ingreso de una persona por entidad, máxima dos en caso de que la entidad exprese a varios sectores, empresa o agrupación, a la sala de reuniones. Cada entidad, empresa o agrupación tendrá la posibilidad de entregar o enviar documentación respaldatoria a su exposición al finalizar la misma.
Según el cronograma, participarán representantes de CARBIO (biocombustibles); la Asociación de Emprendedores de Argentina Laboral; Coninagro; la UIPBA; Complejo Nucleoeléctrica; Fresprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina); la Agrupación Pan y Rosas; y CSIRA.
El orden de presentación de las entidades es por orden alfabético y tras la presentación de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, será el turno de PEP Agrupación de Pymes, emprendedores y productoras para el crecimiento argentino y Caicha; la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras; Intercámara de la Industria Pesquera de la Argentina; CAPAC (Productores audiovisuales); Coalición por la Educación; Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba; Café Martínez, y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
Estarán también la Asociación de Emprendedores; FAEVYT (Federación de Agencias de Viajes y Turismo); Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA); Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe; y CAPEDYME Pymes.
Luego estará la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC); FAIM (Molineros); Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores: Consumidores Libres; la Cámara Argentina de la Alfalfa; el Movimiento Empresarial anti bloqueo (MEAB) Bloqueos sindicales; Red de Bancos de Alimentos.
Hay un espacio reservado para el área Deportes, y luego el turno de un jurista especializado en derecho de familia. Campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro.
Habrá un representante de la ciencia, como así también la Cámara de Libreros Independientes y CEMUPRO; la Asociación Civil Acción Colectiva en Salud Mental comunitaria; el rector de la Universidad de Quilmes; la CGT; CGERA; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; el presidente del Centro Azucarero; CTA Autónoma; SAGAI; Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); Actrices argentinas; CTA de los Trabajadores.
Estarán también la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina; UTEP; farmacéuticos; jubilados, la Cámara Inmobiliaria Argentinas; Bodegas Argentinas; Jóvenes Argentinas; Jóvenes por el Clima; la Federación de Inquilinos Nacional e Inquilinos Agrupados; YMAD; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; el Instituto Nacional de la Yerba Mate; Organizaciones de los Chicos del Pueblo, Abuelas de Plaza de Mayo; CAPGEN (medicamentos genéricos).
Y se completa con el CIPPEC; la Cámara de malteras y cebadas; FACA; la Cámara Argentina de Fintech; y la Cámara Argentina de Empresas.
El plenario de tres comisiones comenzó a las 14.28. El proyecto contiene 664 artículos y aborda numerosos temas, entre modificaciones tributarias, electorales y del Estado.
Se puso en marcha la primera reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como ley ómnibus, enviado por el Gobierno nacional. La ambiciosa iniciativa contiene 664 artículos e introduce reformas de las más variadas, entre modificaciones tributarias, electorales y del Estado.
El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde está previsto que el trabajo se extienda hasta las 20.
Los funcionarios que asistirán este martes serán el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre reforma del Estado. Luego será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero además, este mediodía se conoció que también estará el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
En tanto, entre este miércoles y jueves se esperan la visita de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Sandra Pettovello (Capital Humano). No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley.
En la previa del plenario, a los diputados se les pidió enviar consultas por escrito, un mecanismo que se utiliza en general para los informes de gestión del jefe de Gabinete.
El presidente Javier Milei y distintos referentes del oficialismo, como el presidente de Diputados, Martín Menem, han asegurado en la previa del comienzo del debate que el contenido de la ley “no se negocia”, aunque sí se mostraron abiertos a aceptar sugerencias que “mejoren” la iniciativa.
Desde Unión por la Patria hubo reclamos por la cantidad de comisiones que quedaron fuera del giro que tuvo el proyecto, el cual abarca numerosos temas. Además, exigieron la presencia de todos los ministros.
Los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio se han mostrado más dispuestos a dar la discusión de las reformas que planea La Libertad Avanza. No obstante, anticiparon su rechazo a ciertos artículos. Incluso, en la UCR diseñaron una guía “semáforo” que establece puntos en los que están en contra (rojo), otros que podrían aceptar con cambios (amarillo) y los que acompañarían (verde). Pero igualmente aclaran que no le darán un “cheque en blanco” al Gobierno.
Por otra parte, en reuniones que se llevaron adelante en Casa Rosada entre funcionarios nacionales y representantes de provincias involucradas, el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar modificaciones sobre lo que se proponía respecto de desregulación del régimen de pesca y la normativa de biocombustibles.
Puntos del extenso proyecto
En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.
Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.
Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.
Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.
Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.
Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.
Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (aumento de retenciones).
También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.
En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.
En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.
Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.
También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.
En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.
El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.
Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.
Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.
Con las autoridades ya designadas, las tres comisiones designadas se reunirán martes y miércoles para iniciar finalmente el tratamiento del proyecto de ley enviado por el presidente Milei.
El presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni (LLA), convocó para este martes 9 de enero a las 14 a un plenario de esa comisión, con la de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, y Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz, para dar inicio al tratamiento del proyecto de ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos.
La convocatoria, además, contempla una segunda reunión para el miércoles 10 de enero de 9 a 20 en la Sala 2 del Anexo “C”. En ambas fechas, concurrirán miembros del Poder Ejecutivo (presencial o virtualmente) para explicar diferentes aristas del texto enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei.
Asimismo, la convocatoria incluye una dirección de correo electrónico (clgeneral@hcdn.gob.ar) donde los diputados podrán enviar inquietudes y preguntas hasta el lunes 8 a las 20.
En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).
En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.
Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.
Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.
Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.
Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.
Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.
Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (retenciones).
También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.
En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.
En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.
Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.
También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.
En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.
El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.
Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.
Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.
Tras un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el oficialismo avaló las modificaciones, mientras que la oposición defendió la media sanción que había salido en agosto pasado.
El oficialismo en la Cámara de Diputados se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto.
El Frente de Todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.
A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. Se sabe que, a favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones.
En la previa de la sesión, que se estima se convocará para la próxima semana y podría incluir el tema, en el FdT admiten que la oposición estaría en condiciones nuevamente de imponer su mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente una modificación que devuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS). Cabe recordar que en la sesión de agosto a la bancada liderada por Germán Martínez le faltaron 13 integrantes, que podrían haber hecho empatar la votación, pese a que algunos estiman que en ese caso no se hubieran abstenido los dos socialistas. Igualmente, es historia.
Aunque en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck votó junto al oficialismo, sus dos diputados estarían más cerca de mantenerse a favor de la versión original. Eso contribuye a los números de Juntos por el Cambio, que este miércoles salió a reclamarle a esos legisladores que mantengan su postura, lo que despertó rechazo en la reunión.
Por su parte, el texto que salió del Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Al comienzo de la reunión, que terminó con los ánimos alterados y una fuerte discusión entre la oficialista Paula Penacca y la radical Karina Banfi, el primer orador fue el diputado Pablo Tonelli, que defendió la media sanción de Diputados.
“La Ley 27.551 no dio los resultados esperados y produjo una alteración dramática en el mercado de los alquileres”, afirmó y mencionó que al momento de su sanción -a mediados de 2020- en la Ciudad de Buenos Aires había “una oferta de unos 7.000 inmuebles” y “hoy en día hay menos de 1.000”. Dijo que a la ley se sumaron “factores externos” como la alta inflación que hace que los alquileres requieran “aumentos constantes”.
El legislador del Pro cuestionó que a partir de la Ley de Alquileres “los locadores perdieron rentabilidad, estímulo, aliciente y retiraron del mercado” las propiedades. Para el macrista, puede ser “una actitud comprensible” querer “proteger a los inquilinos, pero ya está probado que esa protección excesiva no ha dado buenos resultados”. “Tenemos que encontrar un equilibrio que respete razonablemente los intereses de las dos partes”, añadió y ratificó: “Creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra cámara”.
También a favor de la reforma salida de Diputados, el puntano Alejandro Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea.
Entre los oradores, desde el oficialismo el porteño Itaí Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551.
Según el diputado del FdT, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”.
“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”.
Un final caliente
A medida que avanzó la reunión, el debate fue subiendo de tono. Tras cuestionar la ley actual y la reforma del Senado, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mencionó que en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck -gobernador electo- votó junto al FdT, pero lanzó: “Espero que los diputados acá puedan tener independencia de la posición del senador Weretilneck”.
También resaltó que el bloque de Milei votó en contra de los dos dictámenes en agosto pasado, para manifestar que “si hoy el bloque del diputado Milei y del gobernador Weretilneck acompañan la media sanción que pudimos obtener en agosto en Diputados, vamos a tener una mejor Ley de Alquileres”.
“Es una vergüenza que un diputado pida la palabra para apretar a colegas públicamente”, se quejó visiblemente molesto Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista.
Vino después la intervención del diputado del FdT Eduardo Toniolli, quien disparó contra López: “Le queda mejor el papel de defensor de (Horacio) Rosatti que de apretador”. Lo hizo en alusión al presidente de la Corte Suprema y el rol de López en la Comisión de Juicio Político. Pero después siguió y expresó que entre los “problemas de la Argentina” uno es “la oposición pedorra que tiene este Gobierno”.
El santafesino consideró la ley que defiende la oposición “la escribió el señor Barriga” (personaje del Chavo del 8) y enfatizó que “hay una falta de sensibilidad en algunas intervenciones que son alarmantes”.
“Más pedorro será el diputado que acaba de hablar”, devolvió la radical Karina Banfi, que calificó al texto venido del Senado como “una medida populista”. “La única idea que tienen es más intervención, más congelamiento, más subsidio, más maquinita y más inflación. Esto ya lo conocemos, ya lo hizo (Hugo) Chávez en Venezuela”, exclamó.
Además, chicaneó al oficialismo: “Van terceros y no entran al balotaje”. “Este problema de la ley lo ocasionó el gobierno de (Alberto) Fernández, terminemos con el cuento de (Daniel) Lipovetzky, que les digo, nos echó una maldición, eh”, aseveró y también apuntó a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, al sostener que si acompañan al oficialismo “seguramente quedará en la conciencia del senador Weretilneck y de los rionegrinos, que seguro deben ser todos propietarios”.
En el cierre, Federico Fagioli, diputado referenciado en Juan Grabois, habló de “juntos por la desregulación o juntos por el mercado” y los acusó de que “odian profundamente” a los inquilinos y “lo que quieren hacer es tirarlos a la fosa”. “ El único objetivo que ustedes tienen es enriquecer a las inmobiliarias”, criticó y sumó: “Sus proyectos son solo de odio. Hay una vocación de Juntos por el Cambio de querer arruinarle la vida 10 millones de inquilinos”.
Los últimos discursos despertaron un ida y vuelta de respuestas fuera de micrófono que, cuando se dio por cerrado el plenario, continuó muy fuerte entre Banfi y Penacca. Luego de que de un lado hubieran chicaneado con el escándalo Martín Insaurralde y del otro respondieran citando a Gerardo Milman -que estuvo en la reunión-, las diputadas se cruzaron a los gritos con duras acusaciones.
Se convocó a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General para tratar este miércoles 4 de octubre a las 12.30 la modificación de la Ley de Alquileres que regresa con cambios de la Cámara alta.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), y la de Legislación General, presidida por Lucas Godoy (FdT), convocaron a un plenario para este miércoles 4 de octubre a las 12.30 para tratar la modificación de la Ley de Alquileres que vuelve del Senado con cambios.
El 23 de agosto pasado, la oposición unida -excepto la izquierda y los libertarios- obtuvo la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados.
En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que había salido de la Cámara baja consistían en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.
La iniciativa aprobada establecía que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Además, el proyecto volvía a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.
Sin embargo, el jueves pasado en la sesión especial del Senado, el Frente de Todos, aliados con Clara Vega, Alberto Weretilneck y 4 senadores de Unidad Federal, impuso su dictamen de mayoría con modificaciones y el proyecto vuelve a la Cámara baja.
La modificación que el oficialismo impuso mantiene un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años; y para los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis meses.
En cuanto al índice de actualización, en vez de aplicar por partes iguales el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), dispone que se aplicará el coeficiente Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Las publicidades, a través de cualquier medio o plataforma, que incluya precios de locaciones de inmuebles deben realizarse en moneda nacional y para el cálculo de las indemnizaciones deberá tomarse como base el valor del mes de alquiler en el momento en que se entrega el inmueble. También, en la parte que expresa que no corresponde indemnización si la notificación al locador se hace con un mínimo de tres meses de anticipación, añade que el preaviso debe operar sus efectos luego de haberse cumplido seis meses de contrato.
Del mismo modo, la Secretaría de la Vivienda para garantizar el “Programa Nacional de Alquiler Social” deberá relevar y difundir información estadística sobre la situación de las locaciones con fin habitacional en la Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y, sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento.
Sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sostiene que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considera una sola unidad de explotación. También agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo.
Establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos en cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con locaciones de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados.
Dispone que las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.
Durante un nuevo plenario de comisiones, los representantes de quienes alquilan dijeron que la reforma de la ley no tiene “ningún beneficio” para ellos. Especialistas enfatizaron en el rol del Estado y la regulación.
Avanzó este jueves el debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres con la participación de representantes de inquilinos, quienes reclamaron no retroceder en derechos y cuestionaron el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados.
Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.
En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción que salió de Diputados, mientras que el oficialismo anticipó que presentará modificaciones y, con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, negocia esos cambios con sus excompañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.
Al cierre del encuentro, y tras escuchar a los diferentes expositores, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR) propuso: “Tenemos que darle la mayor previsibilidad y celeridad al tratamiento de la media sanción, fundamentalmente porque todos coincidimos en que la presente ley perjudica a propietarios como inquilinos. Por eso, nosotros pedimos que hoy firmemos dictamen“.
En contraposición, la secretaria de la comisión la senadora Juliana Di Tullio (FdT) sostuvo: “La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen y le pido que hagamos un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder acercar posiciones tanto en nuestro interbloque como otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto”.
“Vamos a hacer un cuarto intermedio para trabajar hasta el miércoles y poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”, cerró Daniel Bensusán (FdT) titular de la Comisión de Legislación General.
Las exposiciones
En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.
“Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar”, cuestionó Muñoz y criticó: “Me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido, ¿no tiene nada para decir? lo único que se dice es que la vivienda es un sueño, nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido que tienen 10 o 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando”.
También enfatizó contra el encuentro de ayer en donde “vinieron todos empresarios, ningún propietario. Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”. “Ayer dijeron que había millones de rentistas, pero el Estado no sabe cuántos hay”, apuntó y brindó datos oficiales de la situación de la vivienda en el país.
Así detalló que “en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. 2001 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010 casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena”. También precisó que el nivel de viviendas del mercado privado de 1991-2001 creció un 37%, mientras que la población creció un 18%; del 2001-2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, del 2010-2022 creció casi un 30% la cantidad de viviendas. “La cantidad de viviendas creció un 108%”, afirmó.
“No faltan viviendas en el país. Cuando se votó la ley empezó la campaña en contra en todos los medios. Si hubiese habido una campaña tan feroz contra la vivienda dolarizada la situación sería otra en un país donde no hay dólares”, cuestionó y agregó: “Nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no que ley si nadie se cree que el problema del alquiler sean los plazos. El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja”.
Muñoz apuntó: “La Ley de Alquileres plantea la obligación de registrar los contratos en AFIP y según el jefe de Gabinete en 3 años de vigencia de la norma se registraron 140 mil nada más y los que no registran ayer vinieron a pedir no pagar impuestos y a que los incentiven, algo que le dan todos los años, todos los gobiernos”.
“Hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen. Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley”, afirmó.
Y cerró: “Tienen que dar una señal clara y rápida sobre esto porque quien está gobernando y decidiendo es el mercado inmobiliario. La media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos, los contratos, los pagos adelantados, sacaron la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos, es una barbaridad, actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales”.
El siguiente en exponer fue Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, quien consideró que la reforma de la ley es “un nuevo ataque del lobby inmobiliario, que evidentemente permea a una parte de la clase política argentina”. “Es una reforma pro-mercado, pro-rentistas, que apunta a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley”, señaló.
En ese sentido, explicó que “achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional”, además de aumentar los costos inmobiliarios; en lo que respecta a “pasar de un ajuste anual a cuatrimestral, o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios”; y, finalmente, sobre los índices para que las partes acuerden, dijo que “compara dos partes que son incomparables”.
Tras enumerar situaciones de abusos por parte de inmobiliarias (contratos por un año, comisiones indebidas, etc.), Arrizabalaga alertó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”. Finalmente, en un mensaje a los legisladores del peronismo, les pidió: “Es momento de defender a los que hay que defender, a los 10 millones de inquilinos que tiene la Patria”.
A su turno, Luna Miguens del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recomendó “mirar la película un poco más amplia” ya que “vivimos en una Argentina, pero también en un mundo, donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda” sino “que tiene cada vez más que ver con la rentabilidad”. “Hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”, observó y ejemplificó que “vemos crisis de alquileres en Barcelona, Lisboa, New York”.
“En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda”, enfatizó y expresó que se necesita “un Estado que pueda poner límites al uso económico de la vivienda”. “La media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado”, indicó sobre el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó: “No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance”.
Miguens precisó luego datos de una encuesta telefónica realizada por el CELS junto al CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras instituciones, en la cual “el 63% de los inquilinos respondió que tiene deudas y más del 60% respondió que tomó deudas para poder pagar el alquiler”. Sobre el aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos, en 2021 “el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”, mientras que “en 2022 esa proporción aumentó el 32%”. “En todas estas encuestas los hogares sostenidos por mujeres están un poco peor”, subrayó y agregó que “el 35% respondió que alquila una habitación” y no una vivienda entera.
Otro de los expositores de la jornada fue Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, quien arrancó: “Estamos con la esperanza y expectativa de que muchos legisladores realmente nos escuchen. En la Cámara de Diputados estuvimos (el año pasado) tres semanas discutiendo, y las propuestas y planteos, por lo menos en el proyecto con media sanción, no fueron tomados”.
Sobre la iniciativa, sostuvo que no encuentra “un beneficio para el inquilino”. “Al plantear igualdad de partes entramos en un desconocimiento total de lo que sucede” en la realidad, remarcó y se preguntó que “si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios”.
Avanzado el encuentro, Florencia Labiano, socióloga y becaria doctoral del CONICET, aseveró que “en los últimos 20 años en Argentina, y en los grandes centros urbanos, estamos atravesando un proceso de inquilinización, de modo similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo. Cada vez más hogares se vuelcan al mercado de alquileres privado para recurrir a una vivienda”. Al hacer hincapié en lo privado, explicó que en otros países hay combinación de sector privado y público, o incluso cooperativas o sindicatos que tienen viviendas propias puestas al alquiler.
“Que la política de viviendas sea un mercado es una decisión política”, resaltó y criticó que “en materia de alquileres, el Estado delega en privados una responsabilidad pública, a la vez que genera directa o indirectamente las condiciones para que la vivienda se concentre cada vez más”. “La vulnerabilidad aumenta en los grupos etarios más jóvenes, pero también en los más viejos. Hay jubilados entre los inquilinos y eso también es preocupante”, continuó.
Labiano advirtió que “hoy por hoy la vivienda está afectando al mercado laboral” en lo que respecta a “la cantidad de horas que trabajamos, el patrimonio al que accedemos, el tipo de crédito y el tipo de alquiler”. “El alquiler afecta cada vez más a más personas en situaciones más desiguales, no legislar, no reglamentar o no generar las capacidades estatales para poner en práctica las leyes, no significa no regular, significa entregar el control del mercado a sus agentes más poderosos, es decir los más concentrados”, enfatizó.
Al hacer referencia a la encuesta de la que habló Miguens, la socióloga indicó que “el 76% de los hogares de inquilinos que se habían mudado en los últimos cinco años habían tenido problemas para acceder porque no cumplían con requisitos que proponía el mercado, esos mismos hogares tienen contratos que no están adecuados a la Ley de Alquileres. Es decir que el mercado define quién accede y quién no accede”.
“Hay que distinguir entre los propietarios, pero para eso hace falta conocerlos, y esos datos los tiene el Estado”, aseguró y dijo que “no faltan viviendas, falta la voluntad de ponerlas en oferta, y es algo que no creo que vaya a modificarse con esta ley”. “Lo que pido es que no retrocedan en los derechos conquistados para los hogares inquilinos para congraciarse con la supuesta oferta de un supuesto mercado que desconocemos por completo”, sumó y, en ese sentido, recordó que “solo el 10% de los contratos están registrados en AFIP”.
Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expuso Pablo Vitale planteó que no se está tomando a la población inquilina en barrios populares y en expansión que “viene creciendo en el país y de los cuales no se tienen datos”, y señaló que “es un mercado que se viene precarizando hace años”.
“La ley da respuestas a una sola parte del problema de acceso a la vivienda que es complejo. El contexto de aplicación de la ley también fue particular porque a lo único que le atribuimos la situación del mercado es a una sola ley. ‘Una ley nos modifica la realidad’, eso ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir del cual dar una discusión en términos fácticos y si a eso nos resignamos estamos condenados a que la situación solo dependa de relaciones de fuerza en la que se favorezca a la parte más poderosa”, señaló a modo de llamado de atención.
También indicó que “desde que se sancionó esta ley se está planteando que va a ser modificada, qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que no sea retrayéndose si se plantea que es inminente la mejora de la ley para generar rentabilidad. Esto no existe, no se generan mecanismos de control para el mercado extorsivo porque depende de la parte propietaria las condiciones bajo las cuales se alquila”.
“No se ha generado situaciones para que ocurra algo diferente a lo que pasa actualmente con la ley y es atribuible a los recursos estatales destinados para que se cumpla y excede el ámbito legislativo. La ley debe garantizar derechos porque el 50% de los alquileres se hace sin contratos”, remató Vitale y pidió que se legisle en base a datos y “hacer un diagnóstico adecuado respecto de cuáles son las mejores vías de solución posibles. La propuesta de reforma de la ley va en detrimento de los derechos adquiridos en la modificación y de la situación preexistente y deja a la situación inquilina en una situación peor”.
Un contrato de cinco años para los comercios
Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), habló en representación de los comercios de barrio y manifestó que “el valor inmobiliario y aporte que nosotros reproducimos muchas veces se nos vuelve en contra al momento de renovar el alquiler”. Sobre la actualización del precio, opinó que “es necesario que haya un índice oficial conocido” porque “hoy parece que el índice es el diario, y una economía normal, armónica, desarrollada, no puede bailar al ritmo de las operaciones mediáticas”.
“El precio del alquiler es determinante para nuestro flujo de gastos y para los costos fijos con los cuales determinamos precios y rentabilidades”, explicó y advirtió que “hoy infinita cantidad de contratos están dolarizados a tipos de cambio caprichosos”.
Respecto al plazo de los contratos, Bilanski apuntó que hoy es de tres años para los comercios, “cuando recién el recupero de la inversión no tardamos menos de dos años en realizarla, por eso no lo vemos largo (al contrato), lo vemos corto. Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años”.
Sobre ese punto, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri resaltó que tanto la ley anterior, como la vigente, establece que “cualquiera sea el destino, si no está especificado, no inhabilita a que sea mayor”. En ese sentido, aseguró que la norma “no impediría que firmen un contrato por cinco años”. Pero el presidente de ENAC le respondió que eso debe quedar explícitamente escrito, porque “hay muchos que no cumplen la ley”.
A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, se quejó que en el proyecto aprobado en la Cámara baja “se hizo un recorte, no sabemos si consciente o inconsciente, yo tiendo a pensar mal siempre. La ley anterior, no la vigente, establecía dos años para vivienda y tres para comercio. Pero en la media sanción se le metió también un hachazo a los comerciantes”.
“Nos quieren hacer creer que estamos legislando para un tipo de contrato en donde todos son buenos, amables, donde las partes son iguales y pueden tomarse un café en un lugar hermoso y pactar las condiciones de un contrato de locación”, ironizó la mendocina.
Y se mostró de acuerdo en “no solamente volver a los tres años (de contrato), sino de extenderlo a cinco años. Que sea de tres años con la posibilidad de extenderlo por dos más” para el caso de los comercios.
También expusieron en la reunión Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad; Diego Fernández, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas; Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario; Federico Prior, de Inquilinos Neuquén; Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz; Lucía Cavallero, de Ni Una Menos.
En un plenario de comisiones, los expositores hicieron hincapié en que la media sanción de Diputados “generó incertidumbre e imprevisibilidad” en el mercado. Indicaron que un 47% de inmuebles fueron retirados. Este jueves continuará el debate con la presencia de inquilinos.
Luego del cuarto intermedio, la Cámara de Senadores reanudó este miércoles el debate por la modificación de la Ley de Alquileres en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.
Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, asistieron representantes que engloban a inmobiliarias y propietarios quienes hicieron hincapié en la “celeridad y urgencia” para sacar una ley y cuestionaron que la media sanción de Diputados y la mora en el tratamiento “generó incertidumbre e imprevisibilidad en el mercado”.
“Mañana invitaremos a los correspondientes inquilinos”, anunció el pampeano Bensusán refiriéndose a la reunión agendada para este jueves a las 11 donde retomarán el debate.
Previo a escuchar a los expositores, Guerra procedió a leer notas y emails que les han llegado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, la Comunidad Federal Inquilina y no propietaria, el movimiento ‘La Ciudad es de quienes la habitamos’. “Es para que sepan que son tenidos en cuenta”, aclaró el riojano.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann UCR), agradeció a los expositores y pareció su presencia para “enriquecer el debate” y bregó tener una “buena jornada para sacar la mejor ley”.
Se pusieron sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.
La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
La palabra desde el sector inmobiliario
En representación del COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios) expuso Virginia Manzotti quien sostuvo que desde el 2016 vienen trabajando “queriendo aportar lo mejor desde el sector para tener leyes justas y que toda la ciudadanía se vea beneficiada por las leyes”.
“Venimos a exponer una situación que ustedes ya la conocen, que es problemática y lo más importante, que creemos desde el Consejo, es llegar a una solución o por lo menos intentar una solución que beneficie a los inquilinos y a los propietarios”, remarcó y sumó: “Sabemos que no es una tarea fácil porque cuando nos ponemos a trabajar surgen inconvenientes o algunos derechos que ambas partes tienen”.
En esa línea, planteó que como corredores inmobiliarios “estamos en el medio de estas circunstancias donde recibimos a inquilinos y propietarios”. “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”, alertó.
“Como dijeron que la ley se iba a derogar muchos propietarios frenaron los contratos y dijeron que iban a esperar. Eso pasó e hicieron contratos a 36 meses y desde que se puso otra vez en discusión la Ley de Alquileres hemos tenido un retiro muy importante de propietarios que están esperando la resolución del Senado”, manifestó y expresó la preocupación del sector por la situación.
Así, planteó que “todas las provincias quieren que sea una ley justa. Apelamos a la celeridad para que pronto tengamos una solución por sí o por no porque estamos con un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando, saquen los inmuebles y esto se sigue agravando aún más. Desde el 2021 el aumento de los alquileres ha sido del 232%, algo ocurrió con la ley. Creemos y nos ponemos a disposición para colaborar para que la ley salga y lleguemos a darle solución a la gente”. “Esta Ley 27.551, tal como lo anticipamos en el 2016, fue caótica”, cerró.
Por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina se expresó Emilio Caravaca Pazos quien indicó que “la situación en la que estamos desde que salió la media sanción en Diputados, es importante decir, que generó una situación de total incertidumbre en inquilinos que están en vísperas de firmar un contrato para poder alquilar”.
“Quiero hacer un llamado a la celeridad y a la urgencia que requiere el tema, ya que el Senado y Diputados son la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, interpretar esa necesidad de una resolución de la cuestión”, reclamó y advirtió que “esta paralización que ya se había dado con diferentes trascendidos que hablan de alguna posible suspensión de la ley o derogación o modificación, generan una paralización que realmente no colabora ni con propietarios ni con inquilinos”.
Además, aclaró que el mercado inmobiliario no es un oligopolio porque se compone entre propietarios e inquilinos que buscan acuerdos y necesitan respuestas por parte de la Legislatura y lograr “una ley meridiana, que cubra y contemple las necesidades e las partes y tenga en cuenta lo que generó esta ley actual y si cada 12 meses tenemos que hablar de esta ley es porque evidentemente algo está pasando y que está generando un perjuicio en gran parte de la sociedad. Hay que dar respuestas urgentes en este momento de incertidumbre”.
A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), coincidió en que la media sanción de Diputados trajo mucha incertidumbre y es necesario de forma urgente la ley. Al respecto, le consultó si están de acuerdo con esa media sanción, con cobrar alquileres adelantados a los inquilinos y si el retiro de inmuebles del mercado no tiene que ver con los alquileres temporarios que “no están regulados”.
En respuesta, Caravaca Pazos se refirió a los alquileres temporarios y sostuvo que “según un relevamiento que hicimos representan un porcentaje muy pequeño. Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales. No es nuestro expertiz el tema de los alquileres temporarios”.
Respecto al pago adelantado, planteó que “está contemplado como posibilidad y no como exigencia. Si eso es justo o no lo tienen que hacer los legisladores, no es algo de exigencia no es un requisito necesario”. La mendocina le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado “no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar. ¿Esto les parece justo y equitativo?”.
El expositor, comentó que han presentado dos observaciones, uno sobre la periodicidad de los ajustes “en un contexto de espiral inflacionario donde los 12 meses terminan siendo prejuicios para los valores iniciales y para el desfasaje de los años de contrato”, y también habían planteado el tema de la durabilidad de los contratos. “La ley no lo exige, pero con la modificación sobre esos dos puntos y un debate sobre los demás, podríamos a llegar a tener una mejoría del mercado o un camino hacia el equilibrio en un mercado que está totalmente desequilibrado. Sería un paliativo a corto plazo”, opinó.
“Lo que ocurre es que a medida que hay menor oferta las condiciones para alquilar un inmueble son peores y eso presiona”, completó, pero ante la insistencia de la senadora oficialista el expositor afirmó: “No me parece bien que se pague adelantado, pero no es lo que la ley dice, no lo plantea como requisito de ingreso al alquiler o como exigencia, yo no lo veo así, habla como una facultad y quita una prohibición”.
Pidió la palabra el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) quien cuestionó las “respuestas vacías o ir al tecnicismo no es el camino” porque “intentamos construir una mejor ley”. “Hemos escuchado colegas que hablan de la igualdad y que esté equilibrado el inquilino con el propietario cosa que me parece una zoncera y necesitamos que sean sinceros con las exposiciones”, reclamó y preguntó sobre la posición de la entidad de la cantidad de inmobiliarias en redes con precios en moneda extranjera.
El representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina le remarcó que en ese sentido la ley “es clara y tiene que ser actualizado por ICL los costos. Ese no es un fenómeno que no se da en todo el país, no es algo que se da en todas las provincias”. También resaltó que los corredores inmobiliarios tienen que trabajar “respetando la ley vigente”.
Pidió la palabra el jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó a Rodríguez y señaló que “las asociaciones fueron invitados para escucharlos y hay que dar un debate en la comisión. Interpelar ante una posición que me puede o no agradar no corresponde, vivimos a escuchar”. “Si estamos tratando una ley que es mala para las partes, es porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó y porque la ley fracasó porque tomaba como proceso de actualización un contrato de 3 años a los procesos inflacionarios”, señaló al pedir calma y que se escuchen a todos.
El riojano Julio Martínez (UCR) ratificó los dichos de Naidenoff e indicó que “el sistema de alquileres es un desastre y 8 millones de personas están en problemas. Las leyes son de acuerdo al momento. Esta ley que hoy tenemos, en un país normal sin inflación sería ideal. No en el país este que ustedes están gobernando y que nos llevan al 150% de inflación, no se puede”.
“Hay que actualizarla en este momento, quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a 3 años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. El 80% de los contratos son en dólares. No le podemos poner ideología y populismo a esto, es sentido común”, cerró.
Fue Fernández Sagasti quien le salió a responderles a ambos senadores de JxC quien pidió “no alarmarse” porque el debate será “largo” y recordó que consensuaron hacer un “debate rápido y expeditivo, pero con toda la responsabilidad que conlleva”. “No pongan opiniones para los medios, sino que hay un problema clave a trabajar y por eso preguntamos para tomar la mejor decisión en el dictamen”, agregó y retrucó: “Preguntar por los alquileres temporarios en la provincia que represento y para la cual trabajo no es interpelar”.
El próximo expositor fue Damián Tabakman en representación de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional que, según explicó, se “encargan de adquirir terrenos, hacer edificios y vender los departamentos”. “Nosotros al tener demasiada incertidumbre sobre la ley de alquileres, la problemática que tenemos es que no se están comprando departamentos en pozo y no nos compran quienes en algún momento fueron un porcentaje muy significativo de nuestra clientela”, alertó.
“Si no me compran, no voy a fabricar y no construyo. Quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún”, advirtió Tabakman y sumó que eso “impacta sobre el nivel de actividad de la economía, sobre el nivel de inversión, de empleo, sobre un montón de cosas que hacen a nuestro día a día cotidiano”.
Además, lamentó que “clientes que nos compraban en pozo, buscaron oportunidades afuera, expulsamos un volumen estructural en nuestra industria. Fuimos un espacio para resguardar el ahorro del argentino. Ahora nadie compra un departamento en pozo con semejante incertidumbre, es un problemón para nosotros, pero para la sociedad también porque a futuro no va a haber propiedades y en la actualidad la industria privada esta frenada”.
Ante la consulta de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre qué necesita el sector para recuperar inversores, el expositor contó: “Uno de los históricos reclamos son los incentivos fiscales porque se paga la misma carga impositiva si haces un trabajo o proyecto para el sector alto que para los bajos, no es justo y es un desincentivo y se tendría que trabajar, pero lo prioritario son las normas claras y reglas jurídicas”.
En su presentación, el licenciado Leonardo Rodríguez Nader de la Asociación Empresaria de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Argentina resaltó la importancia de que se resuelva el tema de la ley en el marco de “incertidumbre e imprevisibilidad y en un contexto tan difícil” donde “no vemos una relación de fuerzas extremadamente inequitativa. Hay muchos argentinos que refugian sus ahorros y su valor en bienes raíces, y a partir de eso aspiran a tener una renta en una moneda que no se les devalúe”.
“Las cifras con las que contamos nos marcan que hay un déficit habitacional por arriba del millón de viviendas y eso repercute directamente en los sectores medios y bajos. Son viviendas de calidad. En el mercado privado se construyen 100 mil viviendas al año y necesitaríamos duplicar o triplicar para cubrir ese déficit por durante al menos una década. Es necesaria un apolítica de Estado, un plan y una ley que contemple beneficios, un marco jurídico previsible para las partes y que tenga al Estado como principal actor”, señaló.
Puntualmente sobre la Ley de Alquileres, sostuvo que pedían la derogación y propuso: “Más vale una solución rápida a un problema grave que se arrastra de una mala ley que no prosperó, que la mejor solución ideal”.
En tanto, el licenciado Alejandro Hadrowa presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba, expresó: “Creemos que quizás esta no sea la mejor ley, pero necesitamos una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado. Si dejamos la actualización cada 4 meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual”.
“La situación es realmente problemática. Tenemos un 37% de retiros en Córdoba, es una problemática muy fuerte. Esta ley no funcionó y no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta”, cuestionó sumó: “Todo el sector está de acuerdo que la problemática, para solucionar hoy, es la modificación de dos artículos para dar certidumbre a la gente. Desde la media sanción ningún propietario quiere firmar un contrato”.
Así, enumeró: “Tenemos una fuerte problemática de déficit habitacional, de créditos hipotecarios, eso hizo en el tiempo que existan más inquilinos”. Al respecto, precisó que “es necesario volver al plazo de 2 años y buscar un acuerdo entre las partes para las actualizaciones de los contratos”.
Por su parte, Eduardo Awad presidente de la Asociación de Propietarios pidió a “los senadores y senadoras que mejoren lo que viene de Diputados de alguna manera. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación. Si mejorar es derogar la nefasta Ley de Alquileres que está rigiendo hoy en día, bienvenida la derogación”.
Marta Liotto, en representación del Colegio único de Corredores Inmobiliarios de CABA, planteó: “Esta ley que tenemos hoy es la peor que pueden haber tenido los inquilinos porque no hay inmuebles en oferta. El mercado de alquileres funciona cuando hay comunicación entre las partes. Creemos que la media sanción es un buen escenario para volver a empezar”.
“Esta ley fue nefasta y traumática para la ciudadanía por la falta de oferta y propuestas de inmuebles que hay en el mercado. El retiro de oferta alcanzó el 45% se han volcado a la venta, los propietarios decidieron que no les resultaba esta ley por la falta de confianza e incertidumbre y cuestiones que en este escenario no se dan”, criticó y resaltó que los contratos de 3 años es el principal problema porque “a los propietarios se les hace eterno”.
A su turno, Lillian Ledain en representación a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires subrayó: “Escucho que dicen que ‘hoy se reúne una parte’. Nosotros los inmobiliarios no somos parte, somos intermediarios y acercamos a las partes para que ninguna de las dos se vea afectadas”.
Jorge Pighin secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina remarcó que “podemos sacar la mejor ley del mundo, pero con un 140% de inflación no hay ley que soporte este flagelo. La ley actual nos hizo retroceder 123 años porque hoy en día las pensiones están abarrotadas”.
La vicepresidenta de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, María del Carmen Linkoniene, dijo: “Siento dolor que no puedan resolver este tema: es una cuestión de plazos y actualización, nada más que eso. La anterior Ley de Alquileres era previsible, aunque sé que con esta inflación no podemos hacer mucho”.
Al final, Claudio Vodanovich secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, señaló que “hoy el mercado inmobiliario está paralizado porque no hay una definición. Si me preguntan si esta sanción que viene de Diputados soluciona la situación inmediata de las familias argentinas, les digo que sí. Y no digo que es la mejor ley, se puede perfeccionar”.
La iniciativa establece la creación de un registro y determina obligaciones para las plataformas digitales, que deberán ofrecer los precios en pesos argentinos.
En medio de las diferencias respecto a la reforma de la Ley de Alquileres, oficialismo y oposición en el Senado coincidieron en acordar un proyecto para regular los alquileres temporarios, una modalidad que ha crecido de manera exponencial provocando no sólo menor oferta de viviendas para uso permanente, sino también competencia desigual con el sector hotelero.
En un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo, que se realizó este jueves, se firmó favorablemente un dictamen unificado a través de propuestas presentadas por Ana María Ianni (UC-FdT) -en marzo pasado- y Mariana Juri (UCR-JxC) -el 25 de agosto último-.
Al tomar la palabra, Ianni señaló que este es “un problema a nivel mundial” y celebró que “todos identificamos que el problema lo tenemos”. “Voy a poner en valor al Estado como promotor, fiscalizador, habilitante y sobre todo como un socio estratégico de aquellos que invierten y dan trabajo”, ponderó al defender la implementación de un marco regulatorio.
La santacruceña explicó que “dentro de los servicios turísticos el alojamiento es una de las actividades más fuertes” y “todo esto está regulado, no se hace por qué sí o como cada uno quiera llevarlo adelante, y es lo mismo que propendemos para los alquileres temporarios”.
“Hace meses venimos conversando y pensando cómo frenamos esta situación en el buen sentido, dándole un marco regulatorio, no es algo prohibitivo. Nosotros no buscamos ni desestimar este tipo de oferta, ni tampoco a las que quizás son hoy las vedette de este mercado, que son las plataformas digitales, que son las que están ofreciendo y comercializando este tipo de alojamientos”, dijo.
En ese sentido, la oficialista expresó que se trata de “poder dar fin a una competencia desleal que se ocasiona porque no hay normativa” y “proteger a aquel que invierte y da trabajo”, ya que esta modalidad “perjudica mucho” al sector hotelero; a la vez que “no sólo en la competencia de formación de precios, sino sacando del mercado viviendas para el alquiler permanente”.
Por su parte, Juri sostuvo que “el turismo crece y va a seguir creciendo y hoy nuestro desafío no es solamente hacer crecer la cantidad de turistas y empleo, sino que sean sustentables los destinos. Y los destinos no son sustentables solamente cuando cuidamos lo ambiental, sino cuando los convertimos en seguros y haciendo que no empiece a colisionar el interés de los turistas con el de los residentes”.
La mendocina resaltó que estos contratos “al no estar incluidos en nuestro Código Civil y Comercial” pueden generar que “los turistas se instalen con menores en esos departamentos y no se vayan nunca”, o, en el caso opuesto, que huéspedes vivan situaciones inseguras. Sobre eso ejemplificó: “Se han presentado problemas de seguridad porque nadie controla las cuestiones de gas o electricidad, porque se trata de propiedades privadas”.
“Este Senado se está poniendo al frente de uno de los grandes problemas que aquejan hoy al turismo. No pretendemos con este proyecto ser tan intervencionistas que dificultemos el mercado, al contrario, creo que con esto estamos dando beneficios a todas las partes”, manifestó la opositora y añadió que “no podemos ser ajenos a que el alquiler temporario está agregándole una dificultad más a lo que es el alquiler tradicional de las viviendas”.
Como conductor del debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Bensusán (FNyP-FdT), destacó: “Es importante demostrar que podemos trabajar en conjunto y sacar la mejor normativa. Este tema está enmarcado en la problemática que tenemos con la Ley de Alquileres. Esta es la manera en que debemos seguir trabajando para avanzar en una problemática que hoy tienen todos los argentinos”.
Durante el plenario, la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) consideró como “bueno” que “se puedan regular porque hoy vivimos una situación donde siempre se quiere estar por encima del sistema, y quizás tiene que ver con cuestiones económicas que atraviesa nuestro país”.
Para la senadora, lo que se busca es que “no se castigue al sector turístico, donde más del 90% de quienes tienen hoteles generan puestos de trabajo y se hace fundamental proteger a ese sector”. No obstante, advirtió que “es fundamental la fiscalización que se vaya a hacer al respecto” y opinó que “ las sanciones (previstas) podrían haber sido más duras”.
A su turno, la fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT) puso como ejemplo que, según datos oficiales, en Tierra del Fuego, a febrero del 2022, había “391 unidades habitacionales” para alquileres temporarios registradas, pero “si vamos a las páginas web de los alojamientos temporales, por ejemplo Airbnb, para la ciudad de Ushuaia lanza más de 800 unidades habitacionales entre casas y departamentos”.
La rionegrina Silvina García Larraburu (UC-FdT) remarcó que el sector turístico después de la pandemia se ha vuelto una “industria arrolladora” y “hoy todas las provincias de la Argentina tienen un público”. “Hoy en Bariloche no hay baja temporada, estamos de enero a enero con ocupaciones que superan el 60% casi permanentemente”, destacó la barilochense. Y, sobre casos de alquileres temporarios informales que no cumplen con lo prometido, la legisladora apuntó que “ante un exceso que se comete con alguno de los acuerdos, después es el Estado, casi siempre el municipal primero, pero también el provincial y el nacional, quienes tienen que salir a resolver las situaciones”.
Otro de los que habló fue el catamarqueño Guillermo Andrada (FNyP-FdT), quien dijo que “en las provincias que hemos tenido una avalancha de turismo pos pandemia no tenemos estructura hotelera formal y se recurre a estas plataformas”. Por eso, “para salvaguardar la generación de empleo es muy importante que tengamos una legislación nacional. Aquellas provincias que estamos con crecimiento de turismo la necesitamos”, afirmó.
En el cierre, el senador Mariano Recalde (UC-FdT) expresó: “Este es un gran proyecto, que ataca distintas situaciones. Desde el punto de vista del turismo, fundamental regular. Pero fundamentalmente tiene una importancia en lo que respecta en el acceso a la vivienda, en aquellos millones de argentinos que no tienen todavía su casa propia”.
“Este fenómeno ha impactado tremendamente en el mercado inmobiliario, en la oferta y en el precio”, subrayó el porteño y aseguró que “resolver el problema de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, no se resuelve solamente con una Ley de Alquileres, requiere planes de vivienda, del rol del Estado en el control, y de regular un mercado que está apareciendo, como es este de alquileres temporarios”.
En su alocución, el camporista recordó que en la Ciudad de Buenos Aires hace cuatro años se sancionó con consenso una ley para regular este sistema, que fue iniciativa del Gobierno porteño. “Lamentablemente dos años después ya se han presentado proyectos de ley de los libertarios pidiendo la derogación del registro que existe en la Ciudad”, cuestionó.
Y completó: “No basta con tirar una ley y expresar un deseo, sino que hace falta que el Estado tenga un rol activo en el control y en el cumplimiento de esta ley. En la Ciudad de Buenos Aires existe este registro hace cuatro años y hay 26 mil unidades ofrecidas por las plataformas y sólo 583 están registradas”.
Qué prevé el proyecto consensuado
De acuerdo a la iniciativa, por la ley estarán alcanzados aquellos “propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”.
Se entiende por contrato de alquiler temporario turístico al “servicio de alojamiento en viviendas con fines turísticos utilizadas total o parcialmente por un período mínimo de un día que incluya al menos una pernoctación y un máximo de 90 días”.
“En el caso en que un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal se destine más de un 60% de las unidades funcionales con destino habitacional a la actividad objeto de la presente y pertenezcan a un mismo propietario, se encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca, no será de aplicación la presente ley y deberán contar con la habilitación, registro y categorización que corresponda según la Ley N° 18.828 (Ley Nacional de Hotelería) o la que en el futuro la reemplace”, se establece.
El proyecto dispone la creación en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación del “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario” y establece una serie de funciones que tendrá la autoridad de aplicación, entre ellas podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con municipios y provincias.
En cuanto a las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, éstas deberán: habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler; y utilizar la moneda nacional pesos argentinos para los anuncios y/u ofertas de unidades habitacionales que surjan como resultado de las búsquedas realizadas desde el territorio nacional; y para el procesamiento de pagos.
En cuanto a las obligaciones del propietario o el administrador, éste deberá “entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y en los términos pactados; tener vigente la habilitación, registro y autorización de uso turístico de la vivienda correspondiente; contratar seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros”, entre otras obligaciones.
Respecto a las sanciones para propietarios y administradores se contempla el apercibimiento, la suspensión del registro y la baja del registro, mientras que en caso de incumplimiento por parte de las plataformas, las mismas serán pasibles de: apercibimiento; multas a determinar por la autoridad competente; suspensión de operar en el país; y cese definitivo de actividades en el país.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación General del Senado. La iniciativa del fueguino Matías Rodríguez perdió estado parlamentario este año.
Luego de emitir dictamen favorable al proyecto para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, la Comisión de Legislación General del Senado, a cargo del pampeano oficialista Daniel Bensusán, también pasó a la firma este martes un proyecto presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial.
La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual o la vida de terceros.
Desde el Salón Illia, Bensusán recordó que es un proyecto que ya habían emitido dictamen el año pasado que modifica el Código Civil de la Nación y que “perdió el estado parlamentario este año y la idea era ponerlo a consideración nuevamente para ver si se puede aprobar”.
Pidió la palabra el titular del bloque Unidad Federal, Guillermo Snopek, quien remarcó la importancia de que esté presente el senador Rodríguez -autor del proyecto- para “tener su exposición” y sugirió tratarlo en una próxima reunión de comisión.
A su turno, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, en su carácter de coautora de la iniciativa pidió ponerse “en los zapatos de las personas que son víctimas de abuso sexual o que sus progenitores son victimarios de estas personas y que tengan la posibilidad de cambiar el nombre o prenombre por obvias razones”.
“Sabemos que el 57% de los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes se produce dentro del seno familiar y, por lo tanto, el Código Civil no contempla dentro del artículo 69 el cambio de nombre y el pronombre y apellido sin intervención judicial. Lo que se propone es agregar el artículo 69 bis en lo que se propone como causas justas y una de las causas es ser víctima de delito contra la integridad sexual cometido por algunos de los progenitores o ascendientes y la otra causa es ser descendente en línea recta hasta el primer grado de personas que hayan cometido delitos contra la vida contra la integridad sexual de terceros”, explayó Fernández Sagasti.
En esa línea, la mendocina remarcó que “el título del artículo bis propuesto me parece más que convenientes poder cambiar el apellido cumpliendo la mayoría de edad de quien hizo o contrajo violencia sexual contra tur persona y no tener que llevar toda la vida el mismo apellido. Es solucionarle y darle integridad, una reparación integral a las víctimas de abuso sexual”.
Por el lado de JxC, hizo uso de la palabra el chaqueño Víctor Zimmermann quien se diferenció de Snopek y adelantó que desde el interbloque “no le vemos inconvenientes y la coautora ha explicado suficiente, por lo tanto, no tenemos inconveniente en acompañar”.
Luego de pasar a la firma el proyecto, Bensusán agradeció la ratificación al frente de la comisión y bregó “poder avanzar en varios proyectos en lo que resta del año”. Fijó como días de reunión los martes.
La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados y tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional.
La Comisión de Legislación General del Senado emitió dictamen favorable este martes al proyecto que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.
Previo al tratamiento de la iniciativa, la comisión procedió a la elección de sus autoridades, días, horarios y un plan de trabajo para lo que resta del año. Así, fue que desde el bloque oficialista ratificaron al pampeano Daniel Bensusán y como secretaria a María Pilatti Vergara. En tanto JxC dejó vacante la vicepresidencia para la próxima reunión.
Al comienzo, Bensusán explicó que se pusieron a la vista proyectos que ingresaron sobre el tema por la Cámara alta de los senadores nacionales Silvina García Larraburu (UC – Río Negro), Daniel Kroneberger (UCR – La Pampa) y uno de su autoría.
Tras explicar los puntos centrales de la iniciativa, hizo uso de la palabra la vicejefa del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, quien resaltó la similitud de todos los proyectos puestos a consideración y consideró que “si los autores de los proyectos están de acuerdo deberíamos proceder con rapidez a poder darle media sanción que es un intento más para que los progenitores se hagan cargo de los niños que no pueden cobrar su cuota alimentaria. A algo que es de común aberración para la sociedad, le tenemos que dar herramientas a la justicia y al Estado para poder cobrar los alimentos que este registro intenta hacer”.
A su turno, el senador radical Pablo Blanco adelantó el acompañamiento del interbloque de JxC al proyecto y explicó: “Es un proyecto similar al que años anteriores aprobó el Senado por unanimidad y giró a Diputados donde perdió estado parlamentario. Ahora viene con la media sanción así que vamos a acompañar”.
“Como autor de uno de los proyectos estamos de acuerdo en unificar los textos”, cerró Bensusán para pasar a la firma el dictamen.
Los aspectos del proyecto
Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.
La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el juez o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.
Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.
También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
En la reunión de Comisión de Legislación General se avanzó con el dictamen de una batería de proyectos. Tampoco estuvo presente Máximo Kirchner, autor del proyecto sobre AA.
La Comisión de Legislación General, presidida por Lucas Godoy (FdT – Salta) se reunió este martes para avanzar con el dictamen de la modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial (26.466) que busca proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización y “garantizar” que en el futuro siga siendo una empresa pública.
El proyecto fue impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner -quien no es miembro de la comisión, pero tampoco estuvo en la reunión-, y la principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
Las asperezas entre la oposición y el oficialismo no tardaron en exponerse. Fue a partir de la intervención de la diputada nacional Carla Carrizo: “Con el tratamiento de este proyecto se rompen las prácticas, ya que, mínimo, debe debatirse en tres comisiones. ¿Cómo puede ser que haya un ‘no debate’?”, cuestionó la legisladora de Evolución Radical.
De tal modo, agregó que “no estamos de acuerdo en el modo”, y aseveró que desde el bloque del Frente de Todos “vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas”.
En tal sentido, el jurista del Pro, Pablo Tonelli, expresó que “la conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”. Con relación a la modificación impulsada por Máximo Kirchner consideró que “parece poco democrática y poco republicana”.
“Solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada (que dos tercios de ambas cámaras aprueben un proyecto). Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior”, señaló Tonelli.
Del mismo modo, el diputado del Pro planteó que “la limitación es antidemocrática y antirrepublicana”; “no tiene sentido y carece de efectos prácticos”, y agregó que es “otra muestra del espíritu -que debería reinar en la Cámara- de no hacernos participes del debate cuando traen expositores”.
Finalizadas ambas intervenciones, los 14 diputados que integran la Comisión de Legislación General se retiraron de la Sala Nº 2 del piso 2º del Anexo “A”.
Ya sin legisladores de JxC en la reunión, el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, tomó la palabra y le respondió a Tonelli: “Tampoco es democrático no quedarse a escuchar los argumentos, pero a ustedes no les preocupa la vocación de diálogo ni los expositores, les preocupa no proteger a Aerolíneas Argentinas”.
Además, añadió: “Es llamativo lo que acaban de hacer en una comisión asesora ¿qué hubiera pasado si la presidenta de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau) les decía que el pedido de sesión de este miércoles estaba mal presentado?”, ironizó.
Por último, apuntó contra todos los integrantes de Juntos por el Cambio y señaló que “están en contra del espíritu de este proyecto porque ni siquiera hicieron planteos legítimos que hubiésemos escuchado”. “Esta postura me deja en claro la idea de la oposición”, cerró Germán Martínez.
El texto impulsado por el líder de La Cámpora establece que “se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara”. Es decir que, ante una eventual idea de re-privatización, ésta deberá ser aprobada por mayoría absoluta tanto en Diputados como en el Senado.
La redacción se basa en una similar que tiene el artículo 10 de la Ley 26.741, de expropiación de YPF en 2012. En los argumentos del proyecto se señaló que “si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley -o el espíritu o finalidad-”.
Además, Kirchner recordó en los fundamentos que el “proceso de reestatización de Aerolíneas fue un camino largo, que implicó la decisión política de Cristina Kirchner de volver a poner de pie a una compañía que habían dejado quebrada, vaciada y sin aviones”.
Cuando se presentó el proyecto, en julio pasado, el diputado -que busca renovar su banca en estas elecciones- apuntó que “en el contexto actual, donde los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza hablan de privatizar empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, resulta prioritario garantizar su protección”.
Carlos Figueroa, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, expuso que “la inversión que viene realizando el Estado es virtuosa”, y añadió que “es una compañía aérea con aviones de carga al servicio de la industria nacional que conecta 39 ciudades con la Ciudad de Buenos Aires”.
Del mismo modo, la diputada nacional Carolina Yutrovic (FdT – Tierra del Fuego) defendió a “la aerolínea de bandera” y expresó: “Estamos discutiendo una decisión política. En nuestro caso, somos una provincia insular y sin la Aerolínea quedaríamos desconectados porque para nosotros significa, comercio y conectividad”.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio rechazaron (a través de los jefes de bloque) el dictamen por mayoría del proyecto impulsado por Máximo Kirchner y expresaron que “no es posible entonces dentro del sistema jurídico argentino modificar o extender por vía legal las mayorías agravadas consignadas expresamente por la Constitución Nacional”.
“En el proyecto de ley bajo análisis, lo que a primera vista parece una simple jugada política para condicionar al próximo gobierno es en realidad una nueva afrenta al sistema republicano, un paso más en dirección contraria a la normalidad institucional, las reglas de juego claras y el Estado de derecho. Por ello y por todo lo expuesto, rechazamos el proyecto”, enfatizaron desde la oposición.
Por otra parte, la comisión dio aval a un proyecto de la diputada nacional Victoria Morales Gorleri sobre un régimen de protección patrimonial de las prestaciones dirigidas a la promoción, protección y/o restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y a las asociaciones sin fines de lucro que tengan por finalidad el desarrollo de tales actividades.
También, avanzaron las iniciativas que proponen instituir el 30 de marzo de cada año como Día Nacional del Turismo Rural y un conjunto de transferencias de inmuebles desde el Estado nacional a las provincias; y las transferencias de una Chacra (propiedad del Estado Nacional) a Título Gratuito a la Municipalidad de Viedma en Rio Negro, un inmueble (también del Estado) a la provincia de Salta y otro a la Municipalidad de Viale en Entre Ríos.
La iniciativa que busca proteger a la aerolínea de bandera de una eventual privatización será tratada este martes, desde las 14, en la Comisión de Legislación General.
Luego de las elecciones PASO, se reactiva la actividad de comisiones en la Cámara de Diputados y el oficialismo pone en marcha el debate de un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner para proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización.
La iniciativa será el principal tema de una reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por el salteño Lucas Godoy (FdT), que se realizará este martes a las 14 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja.
Allí el oficialismo cuenta con mayoría, por lo que se espera que el trámite sea expeditivo. Además, fue la única comisión a la que el texto recibió giro.
El proyecto solo posee tres artículos, dos de ellos de forma. La principal modificación es la que propone la incorporación de un párrafo al artículo 1ro. de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
La iniciativa del líder de La Cámpora establece que “se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara“. Es decir que, ante una eventual idea de re-privatización, ésta deberá ser aprobada por mayoría absoluta tanto en Diputados como en el Senado.
La redacción se basa en una similar que tiene el artículo 10 de la Ley 26.741, de expropiación de YPF en 2012.
En los argumentos del proyecto se señaló que “si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley -o el espíritu o finalidad-”.
Además, Kirchner recordó que el “proceso de reestatización de Aerolíneas fue un camino largo, que implicó la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de volver a poner de pie a una compañía que habían dejado quebrada, vaciada y sin aviones”.
Cuando se presentó el proyecto, en julio pasado, el diputado -que busca renovar su banca en estas elecciones- apuntó que “en el contexto actual, donde los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza hablan de privatizar empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, resulta prioritario garantizar su protección”.
El resto del temario
Por otra parte, la comisión tratará un proyecto de la diputada Victoria Morales Gorleri sobre un régimen de protección patrimonial de las prestaciones dirigidas a la promoción, protección y/o restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y a las asociaciones sin fines de lucro que tengan por finalidad el desarrollo de tales actividades.
También una iniciativa que propone instituir el 30 de marzo de cada año como Día Nacional del Turismo Rural y un conjunto de transferencias de inmuebles desde el Estado nacional a las provincias.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue defendido por la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena. Desde la oposición consideraron que la iniciativa debe aprobarse por la nueva composición parlamentaria.
Un plenario de las comisiones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados arrancó este miércoles con el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el pasado 30 de junio, para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales.
En la reunión, que duró dos horas, expuso la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien remarcó que “es importante actualizar la ley; pensemos en el celular que teníamos en el año 2000 y el celular que tenemos hoy. A más de 20 años el contexto nos marca la necesidad de adecuar y robustecer nuestra normativa”.
En ese sentido, mencionó a Internet, las redes sociales y el Big Data que “han crecido de una manera exponencial”. “Los datos personales son recolectados, almacenados y procesados por diferentes actores, con diversas finalidades y en distintos lugares del mundo”, expresó la funcionaria y sumó que “tenemos un procesamiento masivo de datos y un avance de la inteligencia artificial”.
“Hoy los datos son un activo, en muchos casos el insumo principal de muchos procesos productivos”, señaló y agregó que “los datos sensibles requieren una protección mayor”.
Al referirse a la iniciativa, dijo que se busca “compatibilizar la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos”, además de que se cambia el paradigma del “derecho de proteger el dato” para pasar al “derecho de las personas a proteger sus datos personales y a la autodeterminación informativa”.
Anchorena precisó que, en la región, Brasil y Ecuador tienen “las leyes más recientes y avanzadas”, mientras que en Chile hay una iniciativa con media sanción, y en Costa Rica y Paraguay hay proyectos en marcha. “Uruguay tiene una ley de 2008 que la actualizan permanentemente. Perú, Colombia y México tienen leyes razonablemente actuales. Y Guatemala y Bolivia recién están empezando a discutir sus proyectos”, detalló.
“Argentina fue el primer país en tener una Ley de Protección de Datos Personales en el año 2000 y es considerada pionera”, destacó la directora de la AAIP, y enfatizó que “este proyecto no nace de un repollo, sino de una trayectoria de Argentina (en la materia) y de una trayectoria que es muy respetada en la región”.
Yendo a la iniciativa, la funcionaria explicó que “el proyecto brinda un marco para el desarrollo de instrumentos concretos que fortalezcan la capacidad regulatoria por parte del Estado” y está basado en “tres pilares” que son “el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa; la innovación tecnológica -basada en principios éticos- que promueva un desarrollo económico inclusivo; y la construcción de confianza a través de reglas de juego claras”.
Además, está redactado en “un lenguaje técnicamente neutro, que permite pensar en una ley que no nos quede vieja a los dos años” y “está centrada en las personas”. “Concilia el derecho a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión e información y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia frente a crímenes de lesa humanidad”, enumeró en su exposición.
Al repasar algunos puntos centrales, se refirió a la aplicación extraterritorial, que es “un eje clave que la ley vigente no lo contempla”. “Esto nos permite fiscalizar el tratamiento de datos de la ciudadanía argentina realizado por empresas transnacionales”, señaló y apuntó que “es la respuesta que han encontrado la mayoría de los Estados para abordar la globalización del tratamiento de los datos. Esto refuerza la soberanía nacional”.
Sobre los principios nuevos que se incorporan, habló de neutralidad tecnológica, responsabilidad proactiva y demostrada y el de preeminencia, que establece que “ante dudas interpretativas en la aplicación de la ley, va a prevalecer la interpretación más favorable a la persona titular de los datos”. “Esto refuerza una mirada de garantizar derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”, resaltó.
También ponderó cuestiones relativas a las transferencias internacionales de datos; la incorporación del tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes; los nuevos derechos oposición, decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, revisión humana, portabilidad y limitación; y las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos. “Cuando el responsable no tiene domicilio en Argentina, nosotros estamos proponiendo que tenga un representante”, indicó.
En otro tramo, Anchorena se refirió a los cambios en las multas, que hoy van de 1.000 a 100.000 pesos. Se establecerán “unidades móviles que irán desde 5 hasta un millón, actualizables con el IPC, con un monto inicial de 10 mil pesos cada UM”; además de “un monto de 2% a 4% de facturación total anual global del ejercicio financiero anterior” para quienes violen la ley.
La directora de la AAIP remarcó que este proyecto nació de un proceso que comenzó hace un año atrás, con 11 mesas de diálogo integradas por distintos actores y contó: “En agosto del año pasado se presentó el anteproyecto y luego se abrió el proceso de consulta pública” donde “se recibieron 173 aportes y consultas” de diferentes sectores públicos y privados.
“El proyecto original tenía 76 artículos y 43 fueron mejorados y pulidos”, valoró y sostuvo que “este proyecto de ley es producto del debate de ideas sobre las necesidades y la realidad argentina, incorpora estándares internacionales, pero tiene una mirada situada y soberana”. “La protección de datos personales es transversal a todos los campos de la política pública y a todos los sectores productivos; es la base para desplegar otras políticas públicas”, subrayó y cerró: “Si queremos tener un proyecto de regulación de inteligencia artificial, tenemos que modernizar nuestra Ley de Protección de Datos Personales”.
Cuestionamientos desde la oposición a la gestión de la AAIP
Al tomar la palabra para las consultas, la diputada Karina Banfi (UCR) arrancó recordándole a la funcionaria que ella, junto a su par Dolores Martínez y organizaciones civiles, impugnó su designación. “Creo que ha aprendido, creo que tiene que aprender más”, lanzó y consideró que la AAIP “es un organismo pilar que hemos podido sostener como una política de Estado, más allá de los gobiernos que van sucediendo”, por lo cual “debemos poner al frente de los organismos gente que cumpla los requisitos como lo dice y lo impone la propia ley”.
“Estamos convencidos que es necesaria una actualización de esta ley y principalmente poder tener una ley adecuada a la dinámica que tiene la información y la circulación de datos en el mundo”, afirmó sobre el tema de protección de datos, pero pidió que “ haya un extensivo cronograma de audiencias públicas” con invitados para iniciar el debate, pero “concluirlo con la composición que viene”.
Al resaltar que sobre el tema solo hay “tres proyectos” de legisladores, la radical opinó que si se avanzara rápido “vamos a estar votando algo que es muy importante para la ciudadanía sin entender qué es lo que se va a votar”.
Por otra parte, Banfi cuestionó la pasividad de la AAIP a la hora de sancionar a los organismos del Estado que incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, tema en el cual es especialista. “Veo una proliferación de empresas cuestionadas, sobre todo las de telefonía, por incumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, pero no veo ninguna repartición del Estado multada, y hemos tenido casos, por ejemplo, el Renaper y el Senado de la Nación”, señaló.
“En la lista de incumplidores del acceso a la información pública hay un crecimiento de las dependencias públicas. El problema es que nos llevan a la Justicia. Yo pregunté por las actividades institucionales de una persona (Fabiola Yáñez) y me dijeron que eran datos personales. Me respondieron a medias. Tuve que ir a la Justicia. Cuando gané en primera instancia, la Secretaría General de la Presidencia apeló, con abogados del Estado. Eso es plata de los argentinos”, expresó.
En tal sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio cuestionó que “la Secretaría General de Presidencia ranquea como incumplidora, pero sin embargo se la premia con la Dirección Nacional Electoral, ¿cómo vamos a tener seguridad de que cumplirá con la protección de datos de los electores?”.
Luego, yendo puntualmente al proyecto del Gobierno sobre protección de datos personales, Banfi explicó: “Nada es gratis, por eso las redes sociales nos piden nuestros datos personales para poder usarlas. No es lo mismo entregar datos a una empresa controlada por el Estado, que entregarlos a una empresa que es del Estado como Tik-Tok. Nos pasó esto con las vacunas. Ni China ni Rusia nos respondieron, en cambio AstraZeneca y Pfizer tuvieron que hacerlo. Hay que ver bien cuál es la protección de datos, hay que advertir cómo el Estado -sea China, o Rusia o nuestro país- viola la Ley de Protección de Datos”.
“¿Saben por qué José Vitobello (secretario General de la Presidencia) aportó la información sobre la primera dama? Porque la Justicia le dijo que la multa tenía que pagarla de su bolsillo. Hoy hay un ¡viva la pepa! No se sanciona a las dependencias del Estado que violan la Ley de Acceso a la Información Pública”, insistió.
A su turno, la diputada Dolores Martínez (Evolución Radical) aseguró que este “es un proyecto que esperábamos hace mucho tiempo tratar” porque “todos coincidimos en la necesidad de reformar la ley”. Sin embargo, pidió “contextualizar” la situación y, en tal sentido, cuestionó qué es lo que se está haciendo con “las filtraciones de datos” ya que “es exponencial como han aumentado los casos y yo creo que no tenemos respuestas por parte del Estado”.
“¿Cómo cree que esta ley va a responder frente a la vulnerabilidad total en la cual se encuentra la administración pública?”, consultó a la funcionaria y apuntó que “no solamente es el cómo, sino con qué. Porque vamos a necesitar cientos de ingenieros electrónicos, a lo que hoy en Argentina no los podemos atraer ni tampoco retener”.
Para la porteña, este “es un proyecto no sólo urgente, sino trascendente, una política de Estado” y como tal “amerita el trabajo basado en los consensos”. Pero observó que “es muy difícil tratar esta ley” con un recambio legislativo próximo y además con las “situaciones tensas que vivimos” en el Congreso, al remarcar las diferencias entre oficialismo y oposición.
“No es mala predisposición, pero quiero que entienda que no es el mejor tema para tratar en este contexto”, aclaró, y solicitó que en caso de hacerlo “sea con la máxima responsabilidad”.
En alusión a los datos de niñas, niños y adolescentes, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que “la actual ley no los menciona” cuando hoy “son los que más los usan, los más vulnerables y los menos protegidos”. “No nos conforma un solo artículo”, señaló y anticipó que buscarán dar “un debate específico” sobre este punto, al considerar que “la autoridad de aplicación de todo lo que es la protección de privacidad de niñas, niños y adolescentes sea la Defensoría” y no la AAIP.
En el cierre, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (FdT) informó: “Seguiremos en las próximas semanas con este tratamiento. Les solicitamos a las bancadas que nos hagan saber a quiénes proponen como expositores. No tenemos ningún apuro en el tratamiento. Sabedores de que se viene un recambio en la cámara, veremos si la oportunidad, el mérito y la conveniencia nos permiten que esto sea tratado este año o en ejercicios venideros”.
Será en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad que tendrá lugar este miércoles a las 14. El borrador tuvo modificaciones en su redacción.
A casi un mes de su último tratamiento y tras el receso invernal, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado con representantes gremiales y especialistas invitados a exponer, siendo el segundo encuentro de carácter informativo, y un nuevo paso hacia el dictamen del texto consensuado.
El tratamiento se dará en el seno de una reunión plenaria de las comisiones Legislación General y de Mujeres y Diversidad, presididas por las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha respectivamente, este miércoles a las 14 en la Sala 2.
El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Sin embargo, en los últimos días la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.
Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es: la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.
Según el borrador del proyecto, al que accedió parlamentario.com, además de modificaciones a la Ley de Contrato de Contrato de Trabajo (20.744), también se proponen reformas, para garantizar las licencias, a la Ley 26.844, de Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y a la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario. Asimismo, en la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares.
Algunos de los principales puntos de la propuesta de dictamen:
-La licencia por matrimonio se extiende de 10 a 12 días y se incorpora la unión convivencial.
-La licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo afín o hija afín será de 10 días.
-Por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto será de 3 días.
-Para el cuidado por enfermedad de un o una miembro del grupo familiar, persona a cargo, o referente afectivo/a habrá un máximo de 20 días, que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua. Esta licencia podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.
-Para el cuidado, atención o acompañamiento de un o una miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, ya sea por causas congénitas o sobrevinientes, será de 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.
-Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, será de 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.
-Por interrupción del embarazo, será de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental. La persona trabajadora deberá presentar certificación médica que acredite dicha situación.
-Para la asistencia a audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, de 2 días corridos con un máximo de 12 días anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.
-Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), conforme lo establecido en la Ley N° 26.862, será de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.
-Por encontrarse atravesando una situación de violencia de género, será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.
-Por cuidado de niño, niña o adolescente como medida excepcional de protección, de 15 días corridos a partir del primer día hábil posterior a la fecha de la recepción.
-Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico uterino o prostático, 1 día por año calendario, mediante la presentación del certificado médico expedido por el o la profesional o centro de salud interviniente.
-Por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo, hasta 15 horas por año calendario. En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.
Personas gestantes, no gestantes y adoptantes
-Las mujeres o personas gestantes tendrán licencia 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Con autorización médica, se podrá extender hasta 126 días.
-Los varones o personas no gestantes “podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior al nacimiento y completar los 30 días restantes, en forma continua o discontinua, dentro de los 180 días posteriores al nacimiento o 15 días anteriores a la fecha probable de parto”.
-En ambos casos los días pueden extenderse por nacimiento múltiple.
-Queda prohibido el trabajo de la persona adoptante por 90 días corridos. La prohibición computará a partir de la fecha en que se notifica la resolución judicial por la que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente. La persona adoptante podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior a la fecha de notificación de guarda y completar los 75 días restantes dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha.
Monotributistas y autónomos
Otro de los artículos establece la “creación de asignación parental gestante, parental no gestante y adopción para monotributistas y autónomos”.
En este sentido, se incorpora el artículo 11 bis a la Ley 24.714, de modo de estipular que “las trabajadoras y los trabajadores inscriptos en el Régimen General de Autónomos, las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y aquellas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social podrán solicitar las asignaciones parentales para personas gestantes, no gestantes y adoptantes”.
Para el goce de las asignaciones, “se requerirá que tengan efectivamente abonadas las imposiciones mensuales correspondientes al sistema de seguridad social, con una antigüedad mínima y continuada en el régimen no inferior a 18 meses previos a la solicitud”.
El monto mensual de la asignación “será equivalente al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil neto, vigente en cada período”, agrega.
El proyecto, que ya cuenta con aval de Salud, será debatido este miércoles a las 12. Qué otras iniciativas hay en el temario de la reunión.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por el salteño Lucas Godoy (FdT), tratará este miércoles el proyecto de “Ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente. La iniciativa ya recibió aval de la Comisión de Salud y, tras este segundo trámite, le restará pasar por Presupuesto y Hacienda.
El texto, consensuado entre propuestas de Fabio Quetglas (UCR) y Mónica Macha (FdT), tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
De acuerdo al proyecto, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.
También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.
“A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria”, estipula otro de los artículos.
La iniciativa determina que “el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe”.
Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.
La propuesta recibió el nombre de “Ley Nicolás” en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad padecía una meningitis bacteriana.
Por otra parte, en la reunión que se realizará desde las 12 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, se debatirá un proyecto del diputado Hernán Lombardi (Pro), que busca establecer un régimen de patrimonio cultural inmaterial, con el objeto de “constituirse en un mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales inmateriales que hay en todo el territorio nacional, con fines de salvaguardia, conservación, difusión y la creación de un registro de carácter público, en los términos de la Ley 26.118”.
Además, el temario incluye una iniciativa sobre transferencia de un inmueble a la provincia de Salta; y otra para declarar Capital Nacional de la piedra “Rosa del Inca” -Rodocrosita- al departamento Andagalá de la provincia de Catamarca.
Los otros proyectos serán los que proponen la instauración de distintos días: 4 de agosto de cada año como el Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental; 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional de Concientización sobre la Perdida y el Desperdicio de Alimentos; y el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y la reforma.
Legislación General comenzó el debate del Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas, con la presencia de nueve invitados.
Fue durante un encuentro en la Comisión de Legislación General de Diputados. El juez de la Corte Suprema santafesina sugirió imponer más controles y fiscalización. Por su parte, representantes de emprendedores reclamaron “no arruinar” esta herramienta.
En una reunión en la que quedaron plasmadas una vez más diferencias entre el oficialismo y la oposición, en este caso en torno a una norma sancionada durante la gestión macrista, arrancó en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados el debate en torno a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), figura creada mediante la Ley 27.349 -de Apoyo al Capital Emprendedor-.
Con una extensa lista de invitados, el primero en hablar fue Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en virtud de una investigación que se desarrolló en la provincia sobre el uso que se hizo de estas sociedades para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Precisamente sobre este aspecto es que el Frente de Todos impulsa una reforma de las SAS.
El juez aclaró que las SAS “no son un problema en sí mismo, son una herramienta verdaderamente apta con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor; el problema no es el instrumento. No es que las SAS sean un instrumento que puedan en sí mismo identificarse como una actividad ilícita”, pero requieren de “un régimen de transparencia”.
“Hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de nuestra Ley de Sociedades”, observó y sugirió que “en algún momento habrá que repensarla”.
Sobre la investigación llevada a cabo en Santa Fe, el magistrado apuntó que “se comprobó que en una actividad vinculada al narcotráfico, que involucraba a personas vinculadas a la organización conocida como ‘Los Monos’, tenían constituidas cerca de 40 SAS en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todas las personas pertenecían a una organización con domicilio en la ciudad de Rosario”. Para Erbetta, esta situación “tiene que ver con el problema de falta de fiscalización que tenemos en nuestro país”.
El presidente del máximo tribunal santafesino consideró que “hay un problema metodológico” en las SAS y es que “fue un tipo regulado por fuera de la Ley de Sociedades”. “Son un tipo societario que tiene la flexibilidad de la estructura orgánica de una S.R.L., y tiene la facilidad de la transferencia de las partes de capital de las S.A., tiene lo mejor de las dos cosas”, pero “todo, en este mundo que vivimos, se tiende a simplificar, a desregular, pero nosotros precisamente por desregular el mercado interno de droga en la ciudad de Rosario tuvimos una tasa de homicidios de 26.8 cada 100 mil habitantes”, ejemplificó.
“Los controles a veces son necesarios y las fiscalizaciones también”, dijo Erbetta y cuestionó que en la ley “se hizo una regulación laxa” porque las SAS “tienen un capital mínimo, escasos controles y fiscalización, con responsabilidad limitada, el objeto puede ser plural y amplio, pudiendo en alguna medida las actividades que lo componen guardar relación entre sí”.
Sobre las SAS investigadas, explicó que es posible que “se hayan constituido en la Ciudad de Buenos Aires y no en Santa Fe porque en Santa Fe la Inspección General de las Personas Jurídicas tiene una reglamentación un poco más exigente respecto de las SAS”.
“Existe una necesidad de proyectar algunas exigencias de mayor fiscalización o control”, insistió y recomendó “generar alguna línea de unificación en el territorio nacional” con “fuerte articulación entre los organismos de control del Estado” porque “el problema es que no hay controles efectivos”. No obstante, dejó en claro que las SAS “no son la única herramienta legal que permite canalizar el dinero que proviene de actividades ilícitas” como puede suceder también con asociaciones mutuales e incluso, en menor medida, con fideicomisos.
Seguidamente, Walter Rodríguez, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, quien llevó a cabo la investigación relató cómo nació la causa, en febrero de 2020, a partir de una avioneta que trasladó droga desde Paraguay a Santa Fe, y a partir de ese hecho se descubrió “la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí”. “Las características más sobresalientes es que todas estaban inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.
“Se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700 mil millones de pesos”, precisó y agregó que “se emitieron falsamente más de 8.500 facturas”. Estas SAS, no duraban más de entre tres y cuatro meses, porque “las personas que integraban esta asociación ilícita tributaria lo que hacían era trabajar, trabajar entre comillas, fingiendo las actividades comerciales de una sociedad, y a los tres o cuatro meses, cuando percibían un contralor por parte de la AFIP abandonaban el funcionamiento de estas sociedades y constituían una nueva”.
A favor de modificar la ley, fue el turno luego del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien aseguró: “La IGJ quiere que las sociedades se constituyan, quiere que la gente se asocie para ganar dinero, dentro del concepto de lo que es el derecho societario”, pero “todas las sociedades tienen que tener un sistema de control”. En ese sentido, cuestionó que las SAS nacieron “como una sociedad sin controles” y particularmente hizo hincapié en la fecha de sanción de la ley, en marzo de 2017, luego que en 2016 hubiera estallado el escándalo de los Panamá Papers.
“El emprendedor tiene que ser apoyado en sus iniciativas, pero con determinado límite. No se apoya al emprendedor diciéndole que puede hacer una sociedad para cualquier cosa, no se apoya al emprendedor diciéndole que puede empezar su actividad con patrimonio neto negativo, no se lo protege diciéndole que no debe presentar sus estados contables ante la IGJ”, sostuvo.
Al afirmar que hay que sostener las SAS dentro de la legislación, apuntó que lo que tiene que haber es “control estatal”. “Creo que debió salir la ley, y es buena en muchas partes la 27.349, pero ese capítulo de sociedades peca de un error garrafal, que es que no les da transparencia”, continuó para luego decir que entre “2017 a 2020 se inscribieron 20.004 SAS sin control ninguno” y “prácticamente ninguna tenía domicilio real”. “No tienen nada de emprendedores los que hacen las SAS”, lanzó.
Desde la Unidad de Información Financiera, el jefe de Gabinete de Asesores, Nicolás Vergara, presentó un documento elaborado entre 2020 y 2022, en el que se evalúa los riesgos de lavado de activos, con el fin de identificar y minimizar los mismos. A la hora de analizar las vulnerabilidades de los vehículos legales de mayor riesgo, las principales resultaron ser las empresas extranjeras y las SAS, indicó.
“Las sociedades anónimas, mutuales y cooperativas, SRL y fideicomisos, tienen un riesgo medio respecto de actividades delictivas”, aseguró. “¿Esto quiere decir que hay que eliminar las SAS?”, se preguntó, aclarando que “no” pero “tienen un riesgo alto de lavado de activos”, ante lo cual reclamó “mayores controles”.
Participó también el subdirector general de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, quien dio una serie de números según datos del organismo recaudador. Habló de 53.800 sociedades inscriptas, de las cuales 8.900 no pueden operar como tales. “No tienen una explicación”, manifestó. Precisó que la Ciudad de Buenos Aires tiene 10.000 SAS, la provincia de Buenos Aires 6.000 y Córdoba es la que más tiene: 15.000.
Hizo hincapié en el tema de las maniobras de facturación apócrifas, y al respecto abundó: “La persistente magnitud de este delito tributario se vio incrementada significativamente durante los años previos a la pandemia, como consecuencia de la creación en 2017 de la figura Sociedad por Acciones Simplificadas, un nuevo tipo societario que se transformó en el medio más utilizado para generar créditos fiscales ficticios, representando un tercio de las empresas generadores de crédito apócrifo, en 2018, y superando el 70% en el año 2019”.
La voz de los emprendedores, a favor de las SAS
Durante la reunión, Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina), destacó la investigación del fiscal Rodríguez, pero remarcó: “Han usado todos los tipos societarios ‘Los Monos’ para lavar, incluso sindicatos tenemos. Es imposible ejercer el poder de policía a todas las sociedades”.
“La mayoría de las PyMEs y de los emprendedores que constituyeron SAS tienen negocios reales y están generando empleo, versus el resto de los tipos societarios”, defendió y explicó que las SAS, por su sistema digital, “no permiten adulterar los libros. Tal es así que el propio Consejo de Ciencias Económicas nos vino a atacar diciendo ‘este tipo societario no sirve, porque no podés enjuagar los libros’ -reveló-. Qué curioso, nos corrían por demasiado transparentes, y ahora nos corren por falta de transparencia”.
Además, reclamó que todos los tipos societarios deben ser digitales, ya que “el papel es adulterable”. Y, en contra de las resoluciones que dictó la IGJ, sobre las que ASEA presentó un amparo, aseveró que “estas sociedades ya están muertas en la Ciudad”.
“Vamos a seguir defendiendo este vehículo porque es el vehículo que usan hoy los emprendedores y lo eligen”, afirmó Tanoira, que desafió que le hubiera gustado “escuchar la voz del gobernador Omar Perotti”, quien votó como senador a favor de ley y “dijo esta es una ley peronista”.
Muy enfático, Alejandro Ramírez, abogado en Derecho Societario, arrancó: “Yo lo que siento es un deja vú, yo vine seis veces por esta ley al Congreso y lo más gracioso es que con diputados que están acá nos juntamos 500 emprendedores en el Salón de los Pasos Perdidos a festejar esta ley”.
Para el expositor, las modificaciones que se proponen darían “inseguridad jurídica”. Asimismo, resaltó que “en Naciones Unidas se aprobó el proyecto modelo de ley de SAS, no es algo inventado por Argentina o el gobierno anterior”. Y, al hablar del “impacto positivo” que tienen las SAS en Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia, sobre éste último país relató: “Me decían Pablo Escobar nunca necesitó las SAS para lavar dinero. Existió 10 años antes de las SAS y lavó todo el dinero del mundo”.
También al valorar la investigación contra el narcotráfico del fiscal santafesino, Ramírez subrayó que esas 40 SAS dedicadas al lavado del narco, “representan el 0,08% de las 50 mil SAS que existen, ¿Vamos a prohibir todas las SAS por esto?”, se preguntó. Sobre el proyecto oficialista, criticó que “se mete con facultades no delegadas de las provincias” y “es retroactivo”. “Estamos atacando a todas las PyMEs del país”, se quejó.
Finalmente, aportó datos sobre el empleo creado por las SAS, con 115 mil empleados registrados: “De 2019 a 2020 creció un 108%; de 2020 a 2021, 26% y de 2021 a 2022, 40%. Es el único tipo societario que creció en empleo formal durante la pandemia”. “Los emprendedores están eligiendo esta herramienta, no la arruinen”, cerró.
Una vez que concluyó Martínez, desde la IGJ Darío De León salió al cruce de los abogados que plantearon colocar en igualdad a todos los tipos societarios: “¿De qué sirve tener un sistema de blockchain si después no se cumple?”. Al respaldar la obligatoriedad impuesta a las SAS de presentar su documentación, señaló que “si los tienen, ¿qué tan grave es que los presenten?”. No obstante, admitió que hay otras composiciones societarias que necesitan ser transparentadas.
Otro de los oradores a favor de que no se cambie la ley, fue el doctor Rafael Manovil, especialista en Derecho Comercial, quien sugirió “no aprobar” el proyecto en debate. “Estamos tratando la materia de regulación de sociedades; no estamos hablando de combatir el delito, combatir el narcotráfico, donde suscribiría cualquier proyecto que haya para sacarnos este tema de encima”, dijo.
Recordó el nacimiento de la idea de las SAS, que ubicó en Francia, en busca de apartarse de la rigidez de las normas vigentes, y por entonces se dijo que eso solo lo podrían utilizar las grandes empresas. Con el tiempo, no fue así, y en nuestro medio se destinó sobre todo al emprendedurismo, pero cuestionó: “No veo por qué una empresa gigantesca no pueda utilizar este tipo social si le conviene a sus intereses. Es como si fuéramos adoradores de lo chico y enemigos de lo grande”.
El último orador de la jornada fue José Pablo Sala Mercado, un abogado especialista en Derecho Societario, que manifestó de entrada su desacuerdo con el proyecto oficialista que se debatía. Fue muy enfático en remarcar que “se está nacionalizando una cuestión jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires”, advirtiendo que por ejemplo en su provincia, Córdoba, no existía el problema porteño. Allí, más de 7.000 sociedades se habían constituido, “de las cuales 6.300 han sido SAS y funcionan. En su gran mayoría son sociedaes absolutamente legítimas”.
Aclaró que no quería valerse de prejuicios con el proyecto, pero arrancó advirtiendo que debía cambiársele el título, pues las SRL están dentro de la iniciativa, arrastradas por las SAS, y no se las menciona. “Este proyecto, en efecto, no suprime las SAS, pero las desalienta totalmente”, aseguró, remarcando que “más regulación no es más seguridad”, e ironizó: “Argentina es un país inflacionario en muchos aspectos, pero sobre todo legislativos”.
“Se legisla desde la patología, y no debemos legislar nada así”, enfatizó el abogado, convencido de que “tenemos demasiados problemas como para crearnos un problema nuevo. El sistema del Derecho resuelve todos los problemas planteados”. Y concluyó advirtiendo que “acá se está desfederalizando por un problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires; Córdoba, Mendoza, Corrientes, no los tienen. No nos traigan un problema que no tenemos”.
Un pedido en particular
Tras la exposición del juez Erbetta, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó sus reparos respecto de que esta iniciativa constituyera “una nueva embestida contra los pequeños emprendedores”, pero puntualmente pidió que no hubiera durante el debate “intimidación u obstáculos”, por cuanto en el debate anterior del proyecto proveniente del Senado, y que terminó perdiendo estado parlamentario, él recibió una demanda por daños y perjuicios que afectaba directamente lo que eran sus fueros parlamentarios. Aclaró que la justicia en primera instancia había rechazado la intención del inspector general de Justicia, que le había iniciado la demanda.
Por eso pidió “que podamos garantizar la libertad del debate, para tener una deliberación pública lógica y acorde a lo que es el debate y la sanción de leyes en este Parlamento”.
El presidente de la comisión, Lucas Godoy, le respondió que estaba “sumamente garantizada la libertad de expresión de cada expositor”, y también la de quienes pudieran llegar a sentirse afectados y desearan accionar. Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró: “Venimos con la mejor predisposición a este debate. Cada uno de nosotros somos libres de decir lo que queramos”, tras lo cual adelantó que no sería esa la única reunión informativa, sino que habría al menos otra.
El proyecto impulsado desde el Frente de Todos se tratará desde las 12 en la Comisión de Legislación General, con la participación de invitados.
Con la participación de invitados, arrancará este martes en la Cámara de Diputados, a partir del mediodía, el debate del proyecto impulsado por el oficialismo sobre la figura de las Sociedades por Acciones Simplificada, figura creada a través de la Ley 27.349 -de Apoyo al Capital Emprendedor-.
Aprobado durante la gestión macrista, el régimen de SAS estableció la posibilidad de crear sociedades de manera digital en muy pocas horas. Lo que advierte el Frente de Todos es la falta de control que existe sobre de estas firmas y denuncia que muchas de ellas se abrieron con el objetivo de lavar dinero producto del narcotráfico.
El Senado llegó a aprobar en su momento un proyecto del senador Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días, pero perdió estado parlamentario en Diputados, donde el 9 de junio de 2021 había alcanzado a tener dictamen. Esa iniciativa establecía que las SAS deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, como así también suspendía por seis meses la constitución e inscripción de SAS.
Ahora la Cámara baja comenzará a tratar un proyecto de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. El titular de la bancada oficialista ya había adelantado el pasado 20 de abril que “en unas semanas” se iba a arrancar con la discusión sobre “un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal, ya que ‘Los Monos’ lavaron en 36 sociedades anónimas 1.200 millones de pesos. Lo dice el fiscal federal N°2 de Santa Fe”.
Y precisamente el fiscal Walter Alberto Rodríguez será uno de los invitados que participará del encuentro, donde también fue convocado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, Daniel Aníbal Erbetta.
Asimismo, concurrirán funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Asimismo, concurrirán Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia; Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la Unidad de Investigación Financiera; y José Bianchi, subdirector general de Recaudación de la Administracion Federal de Ingresos Públicos.
La lista de expositores se completa con Alejandro Ramírez, abogado especialista en Derecho Societario; Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina); José Pablo Sala Mercado, abogado especialista en Derecho Societario; y Rafael Manovil, abogado especialista en Derecho Comercial.
El tema se intentará debatir en la sesión de este miércoles. Con disidencias, el Pro firmó junto al FdT. La CC-ARI, los radicales y el interbloque Federal, otro.
Pese a los meses de trabajo en busca de consensos y a las modificaciones que se aceptaron incorporar al texto original enviado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, no hubo este martes un solo dictamen sobre el proyecto que busca reformar la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos.
Se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Al concluir el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, el dictamen de mayoría se alcanzó con las firmas del oficialismo y de los legisladores del Pro, que lo hicieron con disidencias. Por su parte, la CC-ARI y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios, que finalmente concluyeron en uno solo, que también fue acompañado por la UCR y Evolución Radical.
En el comienzo de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (FdT), destacó que se esté avanzando en “un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados”, los cuales “requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales”.
La oficialista valoró el “trabajo que se hizo desde hace muchos meses con aportes valiosísimos de los distintos bloques” y “el diálogo y la apertura” que hubo por parte de los legisladores. Luego, leyó una amplia cantidad de modificaciones que se hicieron a la versión original enviada por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado.
Tras informarse todos los cambios, el diputado Pablo Tonelli (Pro-JxC) ponderó: “Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface. Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas”. Sin embargo, aclaró que tanto en el plenario como en la sesión iban a “insistir” con “dos o tres puntos respecto de los cuales tenemos disidencias”.
“Nos parece que esta es una buena oportunidad para mejorar la ubicación institucional de la UIF y dotarla de una autonomía que al día de hoy, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló y apuntó también que sería favorable avanzar en “modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente”.
En esa línea, el macrista expresó: “Nos parece que le daría al organismo una jerarquía y una independencia que aseguraría de manera mucho más efectiva la calidad de la tarea que el organismo debe realizar”. “Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo”, dijo sobre otro de los cambios reclamados. Con todo, afirmó que “estamos de acuerdo con el proyecto y lo vamos a acompañar”.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) reconoció “el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo”, no obstante lo cual adelantó que iba a presentar un dictamen de minoría por diferencias en la redacción de algunos artículos.
“Estamos en presencia de un organismo que resultó novedoso hace 20 años en Argentina cuando propiciamos su creación. El tema de la autonomía no es un tema nuevo”, recordó, pero resaltó que “desde el primer momento del debate algunos sostuvimos que debería ser una Unidad que tuviera la suficiente libertad”. “Voy a seguir reclamando la autonomía, me parece que este organismo tiene que funcionar con autonomía no solamente por las cuestiones de los delitos, sino por la experiencia recogida. Y en esa experiencia recogida, no estoy de acuerdo cómo se plantea la cuestión de la denuncia frente a la Procuración; creo que la acción tiene que estar en manos de la Procuración”, enfatizó.
Para la legisladora bonaerense, “debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa”, apuntó en alusión a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
También al anunciar un dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) destacó “el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho”, pero “para nosotros esas poquitas diferencias son ‘las’ diferencias”, subrayó, para cuestionar luego que la UIF “se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI”.
“Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos, y al que joda, que joda; hoy será a ustedes, mañana será a nosotros y al gobierno que venga”, manifestó y continuó: “Esta es una política pública que nosotros la deberíamos pensar seriamente y seriamente colocarnos en materia de autonomía en las líneas internacionales, porque esto nos va a llevar a elevar la calidad institucional”.
La cívica observó que “el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora”. “No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice”, agregó.
Visiblemente molesto con la postura inflexible de un sector de la oposición, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, mencionó que “se ha trabajado muchísimo este proyecto” que va en pos de contribuir a las evaluaciones que tendrá el país, las cuales “no le hacen al Gobierno, le hacen al Estado argentino”. Haciendo un repaso del trámite, recordó que el FdT esperaba poder tratarlo en diciembre del año pasado, pero no se pudo, al igual que durante extraordinarias.
“No es que no estuvimos dentro de esos meses trabajando para intentar avanzar en este tema. A los cambios que ya teníamos consolidados en noviembre le hemos agregado otros cambios”, reveló y afirmó que “prácticamente no hay tema que el Ejecutivo haya planteado en su proyecto original que hoy sea tema de controversia. Sí lo que hay son cosas que no se incluyeron en el texto original del Ejecutivo y que hay diputados y diputadas que consideran se podrían haber incorporado”. A continuación, aclaró: “Nosotros no tenemos ninguna observación del GAFI respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”.
El santafesino se preguntó “¿por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”. “¡A veces da la sensación de que el trabajo de consenso no sirve para nada! Que siempre prevalece la lógica de la diferenciación”, se quejó.
“Le pido que consideren los bloques que estando tan cerca están planteando solamente las diferencias que tengan también la actitud que tenemos nosotros: no hay que mezclar los temas”, pidió, haciendo alusión a qué hubiera pasado si el oficialismo hubiera buscado agregar a la iniciativa el tema de las SAS (Sociedades de Acción Simplificada).
Para el presidente de la bancada oficialista, “nadie de los que está acá tiene dudas que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente. No hay ningún retroceso, solamente hay avances”. “¿A quién favorece que esta ley no salga? ¿A quién favorece la posibilidad que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen, porque la política no se pone de acuerdo?”, señaló y pese al compromiso de “seguir conversando” para acercar posiciones de cara a la sesión, dejó una advertencia: “Sinceramente las actitudes que yo estoy viendo en esta comisión hacen peligrar su aprobación mañana”.
Modificaciones al proyecto
Mónica Litza fue la encargada de enumerar todos los cambios que se hicieron al proyecto del Poder Ejecutivo. Entre ellos mencionó el que se refiere a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica. “Ello, a los fines de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurídico protegido”, dijo la diputada.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”, explicó.
Sobre la UIF, “se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades”, apuntó entre los cambios que enumeró.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, “no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación”.
“Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas”, subrayó Litza.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
Y prevé también la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión.
Fue citado un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas este martes a las 14. Previo a los quiebres en las sesiones fallidas, el FdT y JxC avanzaban en un consenso.
En el último día para dictaminar, pues las sesiones ordinarias se extendieron hasta el 30 de diciembre, pero la firma de los despachos culmina 10 días antes, el oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para este martes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con el objetivo de alcanzar dictamen sobre el proyecto de ley que busca actualizar la normativa vinculada al lavado de activos.
Antes del quiebre en las relaciones entre los bloques, en las sesiones fallidas del pasado 1ro. de diciembre, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio avanzaban encaminados hacia un texto de consenso de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que resulta clave para el país pues es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en septiembre del año próximo.
Así, en la previa de lo que sería una posible sesión antes de fin de año, el tema volvió a instalarse en la agenda, tal vez como uno de los proyectos acordados que puedan ser llevados al recinto para el cierre del 2022.
La iniciativa busca reformar la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
En los considerandos, el Poder Ejecutivo mencionó que GAFI se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.
Entre las modificaciones, se busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.
Presente en las dos reuniones informativas que se realizaron durante el mes pasado, el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, anunció en la última ocasión -30 de noviembre- una serie de cambios que se iban a incorporar “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, dijo.
Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.
También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.
Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.
En una breve reunión de dos comisiones de la Cámara de Diputados, el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, informó sobre las modificaciones que se aceptaron al texto. Hubo nuevos planteos.
Oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados avanzaron hacia un eventual consenso sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.
Tras una extensa primera reunión informativa, en la que expusieron varios oradores, las comisiones de Legislación General y Finanzas se congregaron este miércoles para escuchar las propuestas de la oposición que fueron aceptadas desde la Unidad de Información Financiera.
En ese sentido, se lo escuchó al titular del organismo, Juan Carlos Otero, quien enumeró los cambios aceptados a la redacción del texto “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”.
“Cuanto antes lo aprobemos vamos a poder trabajar en la efectividad. Evalúan a un país, no a un Gobierno, y tanto el sector público como privado van a ser evaluados”, agregó.
Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.
También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.
Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli (Pro) destacó: “Hemos avanzado bastante, buena parte de las recomendaciones que hemos hecho desde la oposición han sido receptadas por la UIF y el oficialismo. Estamos más cerca de llegar a un acuerdo final”.
Sobre los “puntos que nos faltarían acordar”, el legislador pidió que “en la ley conste de manera expresa la facultad que tiene la UIF de querellar, que hoy en día está prevista no en la ley sino en un decreto”. A su vez, que “la UIF cuente con la posibilidad de intercambiar información no solo con las personas públicas sino también con las personas privadas”.
“En el tema de los abogados, que es un tema extremadamente delicado, la prohibición ha sido mejorada. Tenemos una sugerencia mínima para hacer que no va a impedir que nos pongamos de acuerdo”, sumó y consideró que “a la sanción de apercibimiento habría que agregar las acciones correctivas”.
Por su parte, la diputada Mariana Stilman (CC-ARI) aseguró que “lo que faltaría y es imprescindible para nosotros es trabajar sobre la designación y la efectiva independencia de la UIF”.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) arrancó: “Entendemos la necesidad de ir acoplando el andar de nuestro sistema del control de lavado de dinero a los parámetros y requerimientos internacionales, lo entendemos perfectamente”.
“Me alegro que se haya avanzado con todas las modificaciones que se produjeron”, celebró, pero remarcó que sigue “reclamando, como el primer momento, que la nominación del funcionario a cargo sea una nominación que esté vinculada con la aplicación de saberes e idoneidad, que tenga que ver con concursos”. “No soy de las que cree que esa nominación tenga que depender del Congreso de la Nación”, aclaró, al recordar la falencia desde hace años respecto de designar a un Defensor del Pueblo. “Pero sí tiene que haber un perfecto orden en la nominación que no tenga que ver con la preferencia política del gobierno de turno y con estabilidad en el cargo”, subrayó. Luego realizó distintas consultas sobre puntos del proyecto, que más tarde le respondió Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la UIF.
Finalmente, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, lamentó que no haya convocatoria de la Comisión de Legislación Penal, la otra comisión competente que falta y es presidida por María Luján Rey (Pro), por lo que le pidió al titular de Legislación General, Lucas Godoy (FdT) “acomodar eso para poder ordenar el tratamiento”. “Están los elementos sobre la mesa, tenemos un segundo borrador”, destacó y concluyó: “Han quedado los planteos de los puntos donde todavía tenemos que trabajar, sabiendo que el consenso pleno nunca existe pero sí que tenemos que arrimar lo que más podamos”.
El proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes se despachó este martes. Por otra parte, se avanzó con una modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, sobre incorporación de abogados en la sindicatura.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano avanzó con el dictamen del proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy, y más conocida como “Ley Lucio”, aunque formalmente no llevará ese nombre.
La iniciativa, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Además, estarán incluidos los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Bensusán (FNyP-FdT), explicó que “el objetivo del proyecto es generar un compromiso social en aquellos agentes del Estado para que puedan determinar los casos en los que se ven vulnerados los derechos de las infancias y adolescencias”. Esa capacitación se basa en “saber cuál es el procedimiento de denuncias, y ante qué organismos, para que esa vulneración sea abordada de la manera más rápida y urgente”.
“Quienes tenemos responsabilidad de legislar tenemos que dar una respuesta efectiva y concreta ante este flagelo que estamos viviendo” con situaciones de “abuso sexual, violencia, abandono familiar”, subrayó el pampeano. Para el legislador, con esta norma se podrá “estar evitando que sucedan estos hechos lamentables y repudiables desde todo punto de vista”, aunque enfatizó que “con las leyes solo no alcanza, con el Estado solo no alcanza, es necesario la concientización de la sociedad y que se comprometa”.
También desde La Pampa, la senadora Victoria Huala (Pro) agradeció por “haberle dado tan pronto tratamiento a este proyecto que es importantísimo”. “Como adultos y legisladores es nuestra responsabilidad generar las condiciones para cuidar a la niñez y adolescencia”, sostuvo, y recordó que hace unos pocos días se cumplió un año de la muerte de Lucio Dupuy, a quien “se le vulneraron los derechos y no solo por las asesinas, sino por todo un sistema que falló”. Además, destacó que “temas como estos nos atraviesan; en estos temas no tenemos grieta”.
Por su parte, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) lamentó “todos aquellos menores que han sufrido el abandono del Estado” y mencionó un caso que “no tuvo trascendencia mediática” como el de Lucio y que fue el crimen de Zoe en La Rioja, quien “fue asesinada el 14 de noviembre de 2021, fue encontrada calcinada” y la autopsia reveló que “anteriormente había sido golpeada brutalmente”. “Hay dos personas que están detenidas por esta causa”, apuntó, una de ellas la madre de la niña, cuando hacía mucho tiempo que su padre luchaba para que se le reconozca la tenencia y “nunca fue escuchado”.
La sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) celebró estar tratando la iniciativa, pero expresó que “es muy triste que estos temas nos estén convocando”. “Algo está fallando”, advirtió y opinó que esta ley “nos activa, nos está interpelando como Estado y también como sociedad”. Entre sus aspectos, ponderó que “protege la identidad del denunciante, eso es crucial. Esperemos que la sociedad se anime y que también el Estado actúe en forma rápida”.
A su turno, la puntana Eugenia Catalfamo (UC-FdT) afirmó que “tenemos vastas y sobradas pruebas de que este tipo de legislación ha dado resultados en otros temas”, como por ejemplo la Ley Micaela, sobre violencia de género, y Ley Yolanda, sobre cuestión ambiental. Los niños, niñas y adolescentes “son nuestro sector de la población más vulnerable y al que más tenemos que cuidar”, sostuvo y, al recordar que las acusadas del asesinato de Lucio están presas en su provincia, manifestó: “Estas cosas angustian un montón como madre, como personas que trabajan con los niños en los barrios, atendiendo necesidades básicas que no están satisfechas”.
También habló en el debate la santacruceña María Belén Tapia (UCR), que consideró que esta es “una media sanción que viene siendo tan necesitada y tan trabajada en la Cámara de Diputados”. La radical alertó por las “falencias” en las dependencias dedicadas a la niñez en cada una de las provincias y señaló que “si nos los dotamos de recursos, más allá de la capacitación, la verdad que todo el esfuerzo cae en saco roto”.
“En estos casos, para estos niños, lamentablemente llegamos tarde”, lamentó el catamarqueño Guillermo Andrada (FNyP-FdT), quien aclaró que “un niño no es adulto pequeño” y “tenemos que tener hipersensibilidad para detectar estos casos a tiempo”. “Estos niños dan muchas veces una alerta que es silenciosa y por eso nos tenemos que capacitar”, explicó el legislador de profesión médico.
Finalmente, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) aseguró que este “es un tema que es urgente, que siempre debería estar en la agenda” y resaltó que, más allá de la media sanción de Diputados, en el Senado había también diferentes proyectos de senadores de distintos bloques, lo que habla de “un pedido de la sociedad de que quienes somos sus representantes nos hagamos cargo y actuemos”. Sobre la ley, subrayó que “es muy importante que las provincias adhieran”.
Modificación Ley de Concursos y Quiebras
A continuación de esa reunión, Legislación General mantuvo un plenario con la Comisión de Banca de la Mujer, donde se acordó unificar un solo texto entre proyectos presentados por los senadores Guillermo Snopek (UC-FdT) y Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) respecto de modificar la Ley 24.522, de concursos y quiebras, respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales, y que esa participación tenga además paridad de género.
Snopek recordó que esta iniciativa “la venimos trabajando desde el año 2018” y se volvió a presentar el año pasado con el aporte del Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores. Se trata de que “de acuerdo a la gravedad o complejidad de la quiebra la participación sea mixta, exclusiva o excluyente”, explicó y sumó que “lo que se busca es la introducción de los matriculados, que son los que llevan adelante la acción judicial, y que también puedan tener intervención sin la necesidad del desarrollo de un profesional de Ciencias Económicas”.
En tanto, Rodríguez Saá mencionó que “originalmente el síndico de la quiebra lo ejercían los comerciantes” pero “esto no dio buen resultado”. “Con el tiempo se incorporaron los contadores, por otra norma se incorporaron los abogados, y existe la polémica si deben ser contadores, abogados o ambos los que participen como síndicos de la quiebra”, señaló.
“En el proyecto nuestro además incorporamos la paridad de género. En el siglo XXI es un tema que nos obliga a incorporarlo, defenderlo, de que en este caso las mujeres profesionales tengan los mismos derechos”, destacó.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT) ponderó a su comprovinciano por incorporar la paridad en cada uno de sus proyectos, pero hizo énfasis en arribar a una redacción que “garantice la paridad”. En ese sentido, propuso “intercalar en las listas varón-mujer”, pero que también la paridad se respete a la hora de los sorteos.
Himno Nacional en eventos deportivos de carácter internacional
Finalmente, la Comisión de Legislación General avanzó con el dictamen del proyecto que establece la obligatoriedad de la ejecución del Himno Nacional en cada encuentro deportivo de carácter internacional, con media sanción de Diputados. La presidenta de la Comisión de Deportes, Gabriela González Riollo (Pro), destacó haber tratado durante la jornada “temas transversales que nos unen” y, en ese marco, “no hay nada más representativo a los argentinos que el Himno”, dijo.
Restitución de niños entre provincias
Por otra parte, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), expuso sobre un proyecto de su autoría referido al procedimiento interprovincial de restitución de niños, niñas y adolescentes, que será trabajado en asesores. “Hay una situación en Argentina que cuando hay traslados ilícitos de niños, niñas o adolescentes de una jurisdicción a otra de nuestro país es muy difícil y muy compleja la restitución al centro de vida”, arrancó la mendocina, y apuntó que esto se debe a las diferentes legislaciones en las jurisdicciones sobre “quiénes son los jueces competentes”.
La vicejefa del interbloque oficialista sostuvo que “el problema que tenemos es que pasan años y años donde las jurisdicciones no se ponen de acuerdo, tanto judicial como administrativamente, de quién es el juzgado competente”, al punto que “hoy en Argentina es mucho más fácil restituir un niño, niña o adolescente que han trasladado ilícitamente al exterior que entre nuestras propias provincias”.
Al poner un ejemplo, la senadora relató que puede pasar que “una mamá traslada sin permiso del otro progenitor a un niño a San Luis e impone una denuncia de violencia de género en San Luis”, pero a su vez “el progenitor acusado hace la denuncia en la provincia de Mendoza diciendo que se ha trasladado ilícitamente a su hijo y se lo han llevado de su centro de vida sin permiso”. “Ahí empieza la peregrinación de ambos padres sobre quién es el juez o jueza que tiene que intervenir en las dos causas”, continuó y afirmó que esta es una de las situación “de las más cotidianas que pasa entre las diferentes jurisdicciones”.
Respecto de si alguien puede pensar que el proyecto “va en contra del sistema federal de la República Argentina”, Fernández Sagasti aclaró que “proponemos que las provincias se adhieran” y que “el juez competente sea el de centro de vida del niño, niña, adolescente”.
Lo que se busca es “empezar a simplificar y terminar con la disputa de jurisdicciones”, expresó la senadora, que reveló haber trabajado mucho el proyecto, incluso con el aporte de jueces de familia. “Puede seguir enriqueciéndose y sumando ideas vamos a poder resolver un problema que es de legislación y consensos”, cerró.
Será este martes a las 12 en el Salón Illia. El proyecto recibió media sanción en Diputados días atrás. A continuación, Legislación General tratará otros proyectos.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado se reunirá este martes, a partir de las 12, para tratar el proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy, y más conocida como “Ley Lucio”, aunque formalmente no llevará ese nombre.
La iniciativa, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Además, estarán incluidos los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; y promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, los niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de menores en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Luego del plenario, la comisión de Legislación General continuará un encuentro propio, que tiene en el temario tres proyectos. El primero de ellos propone una modificación a la Ley 24.522, de concursos y quiebras, respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales, presentado por el jujeño Guillermo Snopek (UC-FdT).
El segundo punto es una iniciativa de Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) sobre el procedimiento de restitución interprovincial de niñas, niños y adolescentes. Y, por último, el tercero es el proyecto que establece la obligatoriedad de la ejecución del Himno Nacional en cada encuentro deportivo de carácter internacional, con media sanción de Diputados.
Una vez concluida esa reunión, habrá una tercera, un plenario entre Legislación General y Banca de la Mujer, para tratar también un proyecto que busca modificar la Ley 24.522, de concursos y quiebras, en este caso respecto de garantizar la igualdad de género y oportunidades para acceder a la sindicatura, presentado por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT).
Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa también reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para debatir un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C”, el titular de Legislación General, Lucas Godoy (Salta – FdT), agradeció la presencia de funcionarios e invitados en el tema.
El primero en disertar fue el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, quien remarcó que hace 11 años no se modifica el sistema de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, consideró que es “importante” la reforma porque “nos va a permitir mejorar la persecución de los delitos y lavado de activos”.
“En septiembre de 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional”, adelantó y sumó: “El GAFI va a evaluar tanto al sector público en los tres poderes, como también al sector privado, para el cumplimiento técnico y la efectividad. Es muy importante este proyecto de ley para poder cumplir con los requerimientos”.
En esa línea, sostuvo que es necesario “arribar a consensos para aprobar lo antes posible este proyecto de ley para poder tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan al país, no al Gobierno”.
A continuación, Otero destacó que la realización del proyecto fue un proceso “muy participativo” en el que trabajaron desde el Ejecutivo, miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial, el BCRA, entre otros y contó que “se dieron discusiones interesantes”. “Esto sigue acorde con políticas de Estado que venimos desarrollando por las cuales hicimos la primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que se aprobó a través del decreto 653 y, a su vez, actualizamos la evaluación nacional de riesgo y financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“A través de las evaluaciones se ven las amenazas y vulnerabilidades, muchas de esas están siendo mitigadas en este proyecto de ley al igual que las vulnerabilidades en materia de regulación”, explicó Otero.
Además, resaltó tres ejes centrales del proyecto. Respecto al primer eje, planteó: “En el artículo 303 respecto del lavado de activos se incorporan dos verbos típicos ‘poseer’ y ‘adquirir’”, y aclaró que “esto es acorde con la recomendación 3 del GAFI y las Convenciones de Viena y Palermo”. Asimismo, explicó: “Con respecto al monto de la actualización que actualmente es de 300 mil pesos, se decidió no modificarlo porque puede afectar las causas que están en trámite, pero hay que encarar una discusión de actualización automática teniendo en cuenta el bien jurídico protegido”.
Sobre el artículo 306 el tipo penal de financiamiento de terrorismo, informó que “se incorpora la figura de los ‘combatientes de terroristas extranjeros y se incorporan los conceptos de ‘fondos y otros activos’. Esto acorde a la recomendación cinco del GAFI y a la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas”.
Respecto al segundo eje sobre la Reforma a la Ley 25.246, el funcionario contó que “se incorporan conceptos relevantes para el sistema de ALA/CFT, tales como enfoque basado en riesgo, activos virtuales, proveedores de activos virtuales, clientes, beneficiario final”. En suma, la UIF profundiza la autarquía funcional y económica, y sobre las facultades, amplia los casos en los que los sujetos obligados no pueden oponer el secreto; incorpora el enfoque basado en riesgos en las supervisiones del sistema preventivo; celebra acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Por otro lado, se sube al carácter de ley las sanciones: “Congelamiento administrativo de fondo u otros activos, mediante una resolución fundada y comunicación inmediata con el Ministerio Público Fiscal o a un juez competente, vinculado a la financiación del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“También se incorporar medidas de mitigación de riesgos a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo”, agregó Otero y explicó que se garantiza el secreto de identidad de los sujetos reportantes de operaciones sospechosas, aún luego de formulada la denuncia al Ministerio Publico Fiscal y ponderó que “estas herramientas le dan más confianza y resguarda más la información”.
Sobre la incorporación de “nuevos sujetos obligados”, detalló: “Proveedores de servicios de activos virtuales; aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo; abogados que, en nombre de sus clientes, llevan a cabo la compra/venta de inmuebles, administración de valores, dinero y cuentas bancarias, creación y administración de personas y estructuras jurídicas, compra/venta de participación social; proveedores de servicios societarios y fiduciarios; no financieros de crédito; de servicios de pagos”.
A su vez, indicó que en “la supresión de sujetos obligados” se dejó de lado a las organizaciones sin fines de lucro; el Tribunal Nacional de Defensa y, con respecto a los intermediarios de seguros “dejan de ser sujeto obligado los peritos, los liquidadores de seguros, los productores asesores de seguros”. “Se incorpora un capítulo referido a las personas jurídicas sin fines de lucro que, aunque dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abusos para la FT y deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados”, sumó.
Por último, explicó el tercer eje sobre la creación de un Registro de beneficiarios final que será un registro centralizado de personas y estructuras jurídicas con información “adecuada, precisa y actualizada”, cuya autoridad de aplicación será la AFIP levantándose el secreto fiscal.
De forma breve, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, dejó constancia de “la labor llevada adelante desde que se inició el proyecto hasta hoy ha sido el fruto de un trabajo ampliamente generoso, democrático y participativo, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo, corregir, adaptar, adecuar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales. Sin perder el eje del proyecto, hubo un debate muy rico con diputados y diputadas y asesores que nos permitió poder actualizar el texto original y llegar al que explicó detalladamente el doctor Otero”.
A su turno, el director del BCRA, Zenón Biagosch, puntualizó en algunos aspectos de la ley que “son medulares” en relación al rol del Banco Central en el sistema integral y preventivo de lavado de activos.
“Es un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada, que requiere una reforma estructural en lo que hace a la relación de las temáticas atendidas por el Banco Central, no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación de servicios financieros”, resaltó.
Y siguió: “Hay una realidad objetiva que ha emergido y se vio fortalecida por la pandemia donde los mecanismos de ofertas han mutado y son distintos, por ende, los controles que tenemos que aplicar, de alguna manera tienen que ajironarse a estas nuevas realidades”. Asimismo, destacó tres aspectos de la reforma: “La actualización del artículo 20 sobre los sujetos obligados en formar operaciones sospechosas, es importante que se incorpore a los actores proveedores de servicios proveedores de cobros y pagos, los otros proveedores no financieros de créditos y los de servicios virtuales”.
“Esta es una realidad objetiva en la cual hoy tenemos en el mercado en la Argentina una cantidad de actores que brindan este tipo de servicio con una cantidad de cuentas abiertas en cabeza de residentes locales que tranzan con este tipo de activo financiero que está totalmente desregulado”, planteó Biagosch y propuso rever el régimen sancionador administrativo por parte de la UIF sobre el artículo 20 sobre sujetos obligados que hay organismos públicos que se encuentra el BCRA y se haga una salvedad que “no todo el marco sancionador es aplicable a todos los sujetos obligados, en tanto sean organismos públicos”.
Como tercer aspecto, destacó la creación del registro de beneficiarios finales “es un tema pendiente y central que hace a al trasparencia y funcionamiento del sistema. Esto es un gran avance en la reformulación de la ley. La adecuación del marco normativo es muy oportuna”.
La directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, Verónica Grondona, brindó las características del registro actual que lleva a cabo su institución a cargo y lo que propone el proyecto. En principio sostuvo que el concepto de beneficiario final consiste en “una verificación en cascada” controlando y requiriendo informes tanto a beneficiarios finales que sean por titularidad de acciones o a través de otros medios indirectos.
En esa línea, destacó la importancia y la necesidad de identificarlos porque “permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos que lo requieran”. En suma, se refirió a la creación del registro que permitirá “tener acceso en tiempo real a la información y mejorar la calidad y supervisión de la misma”. En tanto, comentó que a nivel mundial se están implementando distintos tipos de registros y en Latinoamérica hay registros de beneficiarios finales en muchos más países de la región como Chile, Ecuador, México, Brasil.
Sobre el registro de AFIP contó que eran de “participación accionaria” y manifestó que “son extremadamente útiles porque sirve para la verificación de la efectiva declaración de los activos y sobre ganancias y bienes personales”. También informó que Argentina desde el 2017 participa del intercambio de informaciones de cuentas financieras.
“El registro de beneficiarios finales busca centralizar los registros e información existentes que pueden estar en otras sedes”, resaltó Grondona y añadió: “Los registros tienden a ser de difícil verificación y necesitamos de un trabajo colaborativo entre todos los organismos públicos. Se pretende una serie de accesos diferenciados”.
El último orador en presentar el proyecto fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, manifestó que “quedaba pendiente por cumplir la recomendación 15 del GAFI sobre los proveedores de servicios virtuales que incluye la preocupación de que sean sujetos obligados, sino también, que exista un registro de estos actores”.
“El modelo elegido parte del análisis de qué están haciendo los países medianos de la región, así que quedó plasmado en el artículo 35 y 37, no solo contempla la preocupación sobre el lavado de dinero, sino que incluye cuestiones vinculadas con la trazabilidad, las operaciones entre el destinatario y originante, cuestiones sobre protección los inversores y datos personales”, precisó Negri.
En esta etapa de la reunión, abrió el debate el presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón, criticó la forma en el que país “viene encarando” el tema en materia de derecho penal porque “por su carácter permanente es una muestra de que, con más derecho penal, no se pone coto a la criminalidad organizada”.
Sobre la reforma de lavado de activos, se refirió a la pretensión de conversión de los abogados en sujetos informantes a la UIF sobre operaciones sospechosas y destacó la inclusión en el artículo 303 inciso 3 “de la posesión o ‘auto receptación’ para incluir a quien posea activos provenientes de un delito para aplicarlos a una operación de lavado sin haberlos recibido de otra persona o sin que se pueda probar que así haya sido”.
“Aquel proyecto a advertido una laguna de imponibilidad y en ese afán de castigar todo tampoco quiere dejar esta conducta fuera para el caso de que no se pueda probar de que los bienes poseídos fueron recibidos o entregados por algo. Este frenesí penal que no se detiene ha convertido al delito de lavado de activos en otra cosa diferente a un encubrimiento”, cuestionó Díaz Cantón y comparó que “hoy es punible cualquier tipo de lavado y a cualquier monto”, pero cuestionó que en la iniciativa “no se actualizan los montos para ingresar en la figura gravada que hoy debería ser, no de 300 mil pesos, sino de 9 millones de pesos. Todo para sumar punición y restringir libertad”.
En el mismo sentido se manifestó la expresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, sobre la “innecesaridad de trocar la extensión del tipo penal de acuerdo a cierta terminología que usa el estándar internacional, pero que a nuestra práctica judicial sería muy inconveniente. Tocarlo ahora sería un error”, y cuestionó: “Hay un verbo que se introduce que es ‘poseyere bienes’, poseer no tiene la lesividad necesaria que requiere ese tipo penal”.
También compartió con el orador preopinante la necesidad de “elevar el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos y el crimen organizado que afectan el orden económico y financiero tiene que tener una envergadura mucha más grande”.
Además, observó un error en el inciso 3 del artículo 2 que “utiliza la terminología vieja” y propuso modificarlo. En suma, expresó preocupación por la redacción del artículo 6.
En su presentación, el abogado Gustavo Juana recordó que la legislación vigente es del año 2011 y opinó que las modificaciones propuestas por la UFI “están alineadas con los cambios que ha habido en las mejores prácticas internacionales”, y ponderó: “Los activos virtuales; la inclusión de proveedores de servicios digitales como sujetos obligados. El GAFI publicó en 2021 un documento recomendando la regulación de todas las actividades vinculadas con los activos virtuales. Se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos. Es necesario un marco regulador específico”.
“El segundo punto son los abogados o estudios jurídicos como sujetos obligados. Van a ser sujetos obligados solo aquellos que brindan servicios de creación de empresas, o administran fondos de terceros”, destacó y sumó: “La ampliación a otro tipo de sanciones, la diferenciación de las multas y la actualización de las mismas. La creación de un registro se inscribe dentro de una de las mejores prácticas”.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró que “en este tema como en otros, es importante que los órganos de prevención y persecución penal puedan ejercer eficazmente su tarea. La falta de actualización de la condición objetiva de punibilidad de los 300 mil pesos es un absurdo porque la cantidad de hechos son enormes”.
“Esto es lisa y llanamente un absurdo. Esto no es prevenir ni castigar el lavado de dinero, de esta manera vamos a inundar la UIF de cosas inservibles”, lanzó y siguió: “La cuestión de los cambios de tipo penal me hace ruido la incorporación del término ‘poseyere’ y la incorporación del ‘adquiriere’”.
Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación: “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”.
“Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”, explicó y manifestó: “Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico, pero también la efectividad”.
Por último, sostuvo: “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”.
Será en un plenario de comisiones de Legislación General y Finanzas. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en junio.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados tratará este miércoles un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales. La reunión será a partir de las 15 en el segundo piso del Anexo “C”.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.
“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”, indicó el Gobierno en los fundamentos.
En los considerandos, se mencionó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.
“Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones internacionales. Si bien las citadas Recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo”, se señaló.
En virtud de los avances, el Poder Ejecutivo fundamentó que “el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.
Entre las modificaciones, la iniciativa también busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.
Y, a su vez, se explica que se prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, “si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI”.
Por último, en consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP, garantizando a las autoridades competentes el pleno acceso a dicho registro, agrega.
En Legislación General, nominaron el Día de la Cantora nacional, del Médico Endocrinólogo y de la Lengua de Señas, entre otras.
Al cabo de la reunión de las comisiones de Legislación General; de Familias, Niñez y Juventudes, y de Justicia de la Cámara baja que debatió este miércoles la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el salteño Lucas Godoy, que encabezó el plenario, pidió a los diputados de su comisión no retirarse. La idea era que inmediatamente después de que se reordenaran pudieran iniciar la reunión de la Comisión de Legislación General.
Y así fue, pero la reunión se extendió no más de 5 minutos. Alcanzó para que se leyera el listado de proyectos que tenían a consideración y que pasarían a la firma, pues no había discursos ni objeciones.
De esta manera, pasaron a la firma las siguientes iniciativas: proyecto de ley por el cual se instituye el 31 de enero de cada año como Día de la Cantora nacional, en homenaje a Mercedes Sosa y su debut en el Festival de Folklore de Cosquín; transferencia gratuita a la Universidad nacional del Comahue, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la calle Lavalle 571/3/5 – Planta Baja, pisos 1° y 2°, Unidad Funcional N° 3, Comuna 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También avanzaron proyectos para instituir el 16 de abril de cada año como Día nacional del Médico Endocrinólogo, en todo el territorio de la República Argentina; el 23 de septiembre de cada año como Día nacional de la Lengua de Señas, incorporación dentro de contenidos curriculares en el Nivel Inicial de Educación; el 13 de noviembre como Día del Navegante de Rally; el 16 de abril de cada año como Día nacional por el Derecho al Medicamento como bien social; y el 19 de agosto como Día de las Luchas de las personas en situación de calle.
Además, un proyecto para declarar a la ciudad de Amstrong, provincia de Santa Fe, como Capital nacional del Atletismo; y otro a la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, como Ciudad Cuna de la Organización Nacional.
La iniciativa, consensuada entre distintas propuestas, fue despachada este miércoles tras un plenario de tres comisiones.
Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia de la Cámara de Diputados avanzó con la firma de un dictamen consensuado que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).
Dicho registro tendrá por objeto “la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales”.
A su vez, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; y solicitud de licencia para conducir o su renovación”, entre otros.
También, en la iniciativa que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El texto se elaboró en base a proyectos que presentaron Cecilia Moreau -presidenta de la Cámara-, Julio Cobos, Roxana Reyes, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Jimena López y el exdiputado Marcelo Koening.
Durante el debate, la diputada Carolina Yutrovic (FdT) sostuvo que este tema “es una deuda que tenemos con las infancias y las adolescencias de nuestro país”, que debe analizarse sobre “un concepto profundo de convertirnos en una mejor sociedad, en una sociedad del cuidado”. “Tenemos un alto índice de deudores alimentarios que aún con sentencias, con acuerdos homologados, incumplen el pago de la cuota alimentaria y le niegan a hijos e hijas el desarrollo integral”, continuó.
La fueguina señaló que este incumplimiento es “una de las formas de violencia económica contra las mujeres”, mientras que resaltó que con este registro “los jueces van a tener un marco para poder hacer efectivas sus medidas judiciales”, al tiempo que se busca “generar una conciencia amplia en todo el país” sobre “la efectividad” que tuvieron los registros provinciales.
En su intervención, la legisladora detalló que “según estudios en la provincia de Buenos Aires dicen que el 66% de las madres no recibe ningún aporte económico por parte de los progenitores”. En tanto, “un informe de CIPPEC señala que el 78% de las mujeres de entre 35 y 45 años convive al menos con un hijo; el 97% de esos chicos conviven con sus madres; y 3 de cada 10 mujeres que no conviven con el padre de sus hijos son las más afectadas”, indicó.
Yutrovic añadió que “esto no le pasa solo a las personas de menores ingresos, donde la gravedad es mayor”, sino que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales”.
Por su parte, el diputado Julio Cobos (UCR) enfatizó que “más que un flagelo es un delito incumplir con la cuota alimentaria, porque estamos afectando generalmente a la mujer, hay algunas excepciones donde es el hombre”, pero sobre todo “se afectan los derechos del niño”.
El radical celebró que “se logró enriquecer el proyecto”. “Sé que todavía quedan algunas dudas, bienvenidas todas las sugerencias”, dijo, pero insistió: “Los asesores llevan hace más de dos meses la discusión para la integración de los proyectos”. Por eso, pidió a sus pares “que acompañen aunque sea con alguna disidencia” y “en el trayecto a la sesión logremos acordar definitivamente el proyecto”.
Uno de los que señaló diferencias con algunos puntos de la redacción fue el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que este registro “debería ser algo parecido a una base de datos o a un buzón al que llegue la información de las provincias” y “no crear un organismo nuevo, sino algo muy mínimo que funcione online” para que “las altas, las bajas y las modificaciones las decidan los jueces en las provincias”.
“La obligación de consultar si determinada persona figura o no en el Registro de Deudores Alimentarios es del organismo, el ente o la entidad a la que esa persona se dirige a hacer un trámite. Tiene que estar bien claro que no le podemos imponer a todos los habitantes la obligación de tramitar un certificado de no deudor”, reclamó, al tiempo que observó que no se prevén sanciones para los organismos o entidades que no consultan al registro antes de otorgar las distintas solicitudes.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) opinó que “lo que estamos haciendo es correcto”. “De lo que estamos hablando es de cómo hacemos en un país con una economía tan informal para hacer que el deudor cumpla la sentencia”, expresó y defendió que se trata de “una ley interesante, relajada, que no tiene ninguna cuestión que uno pueda tildar de inconstitucional”. “El proyecto no dice que nadie tenga que ir a buscar un certificado a ningún lado”, aclaró.
La diputada Paula Oliveto (CC-ARI) rescató que “todos los autores cedieron para poder construir un consenso”. “Si tenemos que seguir hablando para seguir modificando cosas” de modo que la Cámara de Diputados establezca que “no va a tolerar en su legislación que una persona cometa el delito y el horror de dejar a un niño sin su alimento, seguiremos trabajando para llegar al recinto con el mayor consenso posible”, subrayó. Y agregó: “La señal tiene que ser de manera contundente y clara de que nos estamos ocupando de esto en un momento en el que más del 50% de niños y adolescentes tienen necesidades”.
Otra legisladora que objetó aspectos del texto fue Paula Omodeo (CREO), quien señaló que “algunos incisos podrían ser problemáticos a la hora de generar una fuente de trabajo al deudor para que después pueda cumplir”, como por ejemplo el que plantea impedimentos para “la habilitación para la apertura de comercio o industria”.
“Un padre o una madre debe porque no tiene trabajo, quiere abrir un pequeño almacén o algún comercio para poder pagar esa deuda alimentaria y no puede obtener la habilitación”, argumentó la tucumana, que sumó: “Hay que pensar muy bien que podemos tener muy buenas intenciones pero después podemos generar verdaderos problemas”.
En la recta final de la reunión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) anticipó que buscará cambiar cosas de la redacción que tiene “un sesgo adulto-céntrico” y “recién en el artículo 15” nombra a los niños. “La primera concientización es nombrarlo, no solo sufren las mujeres, sufren los niños”, sostuvo.
La porteña afirmó que con este registro nacional “no estamos innovando en nada, en todas las democracias del mundo tienen mecanismos” de este tipo, es decir que “llegamos tarde, no es que llegamos rápido”. También pidió no tener “ningún temor, porque no hay ningún derecho vulnerado”. Acá lo que queremos hacer costoso es violar el derecho a la alimentación de un niño, es muy distinto que prohibir”.
“No hay ninguna tensión constitucional”, aseguró y explicó que el proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto “porque no pedimos dinero, no creamos ninguna burocracia”. “El Ministerio de Justicia tendrá que reasignar partidas y crear esta función, no es un organismo”, aclaró.
Presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), manifestó que “sin dudas el interés superior protegido es el de niños, niñas y adolescentes y es lo que nosotros estamos buscando”. “Cualquier decisión garantista del deudor alimentario debe ser suprimida de este proyecto. Creo que nosotros no debemos proteger al que debe”, sentenció la santacruceña.
El proyecto fue presentado por el pampeano Daniel Bensusán quien destacó: “Es un programa que achica la brecha digital y social del país”. El tratamiento se dio en el marco de un plenario de comisiones del Senado.
En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Educación y Cultura del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Cristina López Valverde (San Juna) respectivamente, el FdT logró este miércoles el dictamen del proyecto que propone crear por ley el Programa “Conectar Igualdad” que apunta a proveer de una computadora a los estudiantes y docentes de escuelas secundarias estatales.
Al inicito del encuentro, que se realizó en el Salón Illia, el senador pampeano procedió a explicar el proyecto de su autoría y recordó que el Programa Conectar Igualdad se creó en el 2010 que consta de la entrega de notbooks y material tecnológico educativo a los alumnos de escuelas secundarias de gestión pública de todo el país que tuvo “innumerables beneficios para todos los alumnos que han recibido los dispositivos”.
“Creemos en la necesidad de que sea una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno que pasen, que se mantenga en el tiempo. Es un Programa que achica la brecha digital y social del país y, uno de los fundamentos del Programa, es una política de inclusión tanto digital, tecnológica y social sobre todo para alumnos que no pueden acceder a la adquisición de estas computadoras y para los docentes de las escuelas”, explayó Bensusán.
Por otro lado, comentó que el proyecto se trató en varias reuniones de asesores en las que se “tomaron varias observaciones y se hicieron modificaciones al proyecto original. Creo que hemos llegado a una redacción final del proyecto de ley en el que los asesores que participaron estuvieron todos de acuerdo”.
A su vez, remarcó que “desde el primer momento estuvimos en contacto con el Ministerio de Educación y ellos también dieron el visto bueno para que este Programa pase a ser ley”. También informo que, según datos del Ministerio de Educación, se llevó conectividad a 2000 escuelas y se estima que “para fin de año 9 de cada 10 alumnos puedan tener internet en sus aulas y estaríamos en los índices más altos de América y de la región en ese sentido”.
En el uso de la palabra, la titular de la Comisión de Educación y Cultura expresó: “Tenemos una gran satisfacción por como hemos trabajado y ampliando el universo del proyecto y es importante que se contemple la educación especial porque hablamos de inclusión, no solo en el sentido de llegar con la computadora un elemento tan necesario para la alfabetización sin descuidar la otra, sino también tener en cuenta a las personas con discapacidad”. Además, dejó abierta la posibilidad de que se incorporen al proyecto otros niveles educativos o ciertas medidas.
La puntana Eugenia Catalfamo (FdT) destacó el tratamiento de tres proyectos en un “día tan especial” -haciendo alusión al Día del Estudiante- porque “dan cuenta de un Gobierno Nacional y popular presente, que siempre se ocupó de llegar a los lugares vulnerables”.
En ese sentido, felicitó a su par de bancada por la iniciativa porque “elimina desigualdades cuando tratamos de que estos dispositivos electrónicos y las computadoras puedan llegar a chicos que no tienen recursos y el acceso directo para poder estudiar y poder formarse”.
En el mismo sentido se expresó la senadora formoseña María Teresa González (FdT) quien sostuvo: “Es una política de Estado inclusiva en todos sus aspectos y también es un quiebre y rotura de barreras territoriales porque en paralelo a este Programa, todas las provincias han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a los tendidos de redes fibra ópticas. Este proyecto suma, incluye y amplia fronteras”.
En su intervención, el santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) adelantó su acompañamiento y señaló que “no es solamente un dispositivo, sino que es incluir o no en la educación, es la conectividad”. A su vez, destacó que hay varias provincias que trabajan en el tendido de fibra óptica y consideró que “debe ser impulsado, promovido y profundizado” porque “cuando se recorren las necesidades laborales, se ve que la informativa y la robótica son una especialidad que incluye y excluye de un trabajo”.
En su alocución, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) destacó que “no solo es el acceso para los alumnos, sino que fue el primer dispositivo que tuvieron en la casa. Eso produjo una gran revolución y es lograr que aquellas pequeñas localidades puedan tener el acceso a internet”, y agregó: “Lo demostró la pandemia de que aquel que no esta conectado de esa manera esta alejado del mundo”.
La vicejefa del interbloque oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, remarcó: “Esto es muy importante a nivel nacional”, y recordó que “es un programa que se inició en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Un programa visionario entendiendo que la brecha digital iba a ser uno de los ítems que iba a estar cuantificado en la accesibilidad y en la igualdad para educarse, para trabajar, para hacer un trámite que se aceleró en pandemia”.
“Los datos muestran que en el 2015 llegamos a una brecha digital cero en las secundarias públicas de todo el país es decir que todos tenían una netbook que se fabricaba en Tierra del Fuego, que generaba trabajo, que era el 20% de la industria y que era un programa virtuoso”, ponderó Fernández Sagasti y apuntó contra la oposición: “Todos en pandemia nos dimos cuenta de qué diferente hubiese sido si ese programa no hubiese sido discontinuado por el gobierno anterior”.
A su vez, consideró que “esto también tiene que ser una política de Estado de cada provincia”, y disparó contra el gobernador de su provincia: “Mendoza es la menos conectada de Cuyo. Estamos muy lejos en el ranking de conectividad en el país solo el 37% tiene conectividad. Esto tiene que ser una política de Estado porque las desigualdades pasan por la accesibilidad y la conectividad”.
Y cerró: “Este es un programa que debe unirnos porque está el presente y el futuro en esta ley. tenemos que pensar en la educación digital”.
Luego de la reunión conjunta, Legislación General pasó a la firma un proyecto del senador Ricardo Guerra (FNyP-FdT) sobre autoprotección y poderes preventivos en materia de derechos humanos, y otro del senador Matías Rodríguez (UC-FdT) que modifica el artículo 69 del Código Civil y Comercial, respecto de las causales de cambio de nombre sin intervención judicial.
Se dio en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación General. Además, se aprobó la norma que establece el “día nacional de la prevención del suicidio”, y fueron respaldadas otras iniciativas parlamentarias.
La Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Lucas Godoy (FdT), dictaminó a favor de la iniciativa que tiene como objetivo instituir el día 22 de mayo de cada año como el “Día Nacional de concientización sobre la Preeclampsia”. Se trata de una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y proteinuria (pérdida de proteínas en la orina), y se presenta generalmente luego de las 20 semanas de gestación.
Según los fundamentos de la norma, la importancia de concientizar sobre la Preeclampsia, “radica en la gravedad que conlleva de no ser detectada a tiempo, ya que pone en riesgo la salud y la vida de la persona gestante y del feto”.
Desde el Frente de Todos, la diputada Carolina Yutrovic señaló que esta enfermedad “afecta al 5 por ciento de los embarazos a nivel mundial”, y en ese sentido, aseguró que el objetivo del proyecto es “generar las campañas y programas de detección temprana de la preeclampsia”.
Por otra parte, la diputada Graciela Camaño (Identidad bonaerense) se refirió al proyecto sobre transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la provincia de Córdoba, al explicar: “Se trata de la superficie de un terreno donde funciona el Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos, ex CCD ‘La Perla’, declarado como lugar histórico nacional por el Poder Ejecutivo Nacional”.
En tanto, la diputada Dina Rezinovsky (Pro) hizo referencia a la iniciativa que busca declarar el 10 de septiembre como “Día Nacional de la Prevención del Suicidio”, al fundamentar que “se trata de la segunda causa de muerte no natural, de jóvenes y adolescentes”.
Además, obtuvieron respaldo distintas iniciativas: Instituir el 16 de agosto de cada año como Día Nacional del Inmigrante Piamontes y establecer el 5 de abril de cada año como Día de las Radios Universitarias Argentinas.
La iniciativa, impulsada por el senador pampeano Daniel Bensusán, se tratará durante un plenario de comisiones que se realizará este martes.
En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Educación y Cultura del Senado, el oficialismo buscará el dictamen de un proyecto que propone crear por el ley el Programa “Conectar Igualdad”. El encuentro se realizará este martes a las 17 en el Salón Illia.
La iniciativa, que apunta a proveer de una computadora a los estudiantes y docentes de escuelas secundarias estatales, es impulsada por el pampeano Daniel Bensusán (FNyP-FdT).
Luego de la reunión conjunta, Legislación General abordará su propio temario, que contempla un proyecto del senador Ricardo Guerra (FNyP-FdT) sobre autoprotección y poderes preventivos en materia de derechos humanos.
También se tratará una iniciativa del senador Matías Rodríguez (UC-FdT) que modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial, respecto de las causales de cambio de nombre sin intervención judicial.
El diputado salteño asumió en reemplazo de Cecilia Moreau, quien dejó cargo ese lugar al asumir como presidenta de la Cámara baja.
En una breve reunión, que duró apenas 10 minutos, el diputado oficialista Lucas Godoy fue designado este miércoles como el nuevo presidente de la Comisión de Legislación General, tal como lo adelantó parlamentario.com.
El salteño, que hasta ahora había sido vicepresidente segundo, asumió en reemplazo de Cecilia Moreau, quien dejó ese cargo vacante al convertirse en presidenta de la Cámara de Diputados.
La encargada de proponer a Godoy fue la diputada formoseña Graciela Parola, quien primero tuvo palabras para con Moreau, a quien felicitó “por esta nueva responsabilidad que asume”. “Es un honor para nosotras como pertenecientes a este espacio político y también como mujeres este nombramiento”, dijo la legisladora del Frente de Todos.
Asimismo, le agradeció su trabajo en la comisión, el cual consideró fue “fructífero”. “Esta es una de las comisiones que más trabajó durante la pandemia”, resaltó y agregó: “Nos deja la vara muy alta para su reemplazo”.
Al proponer a Godoy, Parola lo definió como “un compañero que consideramos reúne todas las capacidades para presidirla” y que “tiene muchísima experiencia legislativa y una pasión por la técnica legislativa que va a permitir un trabajo de excelencia en esta comisión”.
“Es una persona que va a lograr los consensos que se necesitan para que avancen las leyes importantes, pero también va a defender con uñas y dientes aquellos proyectos que consideramos que realmente nuestro pueblo necesita”, sumó y valoró que también “es del interior y eso va a teñir de federalismo esta comisión”.
Al asumir la conducción, Godoy agradeció “por las palabras que me honran y espero estar a la altura de satisfacerlas”. También a sus compañeros de bloque y a Moreau “por la confianza brindada” y “a los legisladores de la oposición por respetar la decisión de la primera minoría”.
El legislador coincidió en que “se hizo un gran laburo en pandemia, a distancia y también de manera presencial” en base “a acuerdos y donde se respetó el disenso”. Por eso, aseguró que buscará “continuar con esta mecánica de trabajo, donde se busquen las concordancias que permitan avanzar en dictámenes de leyes que resuelvan problemas de los argentinos, respetando las regiones y fortaleciendo el federalismo”.
En tanto, para la vicepresidencia segunda el oficialista propuso a la fueguina Carolina Yutrovic, quien manifestó sentir “orgullo y gran responsabilidad” y prometió “acompañar a mi compañero Lucas en su presidencia”. Además, abogó por “tratar de colaborar en la construcción de consensos” y que “rápidamente se pueda retomar la agenda legislativa de la comisión” a fin de “lograr las mejores herramientas desde esta comisión para nuestro pueblo”.
Finalmente, a solicitud de la secretaria de la comisión, la radical Karina Banfi, se reincorporó en una de las secretarías el oficialista santiagueño Bernardo José Herrera.
Según pudo saber parlamentario.com, el diputado salteño será propuesto para ocupar la presidencia de esa comisión, de la cual hasta ahora fue vicepresidente segundo.
Al asumir Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados, dos cargos que ocupaba quedaron por resolver para el Frente de Todos: la vicejefatura del bloque y la presidencia de la Comisión de Legislación General. Precisamente esta última se definirá en una reunión que fue citada para este miércoles a las 12.
En el encuentro, que se realizará en el Anexo “C” de la Cámara baja, el oficialismo propondría en reemplazo de Moreau al diputado salteño Lucas Godoy, según pudo saber parlamentario.com.
Godoy, con mandato hasta diciembre de 2023, fue hasta ahora vicepresidente segundo de Legislación General, una de las comisiones más importantes dentro de la Cámara y donde el Frente de Todos cuenta con la mitad más uno de la composición.
En caso de que el legislador sea designado al frente de la presidencia, el oficialismo también deberá proponer a alguien para la vicepresidencia segunda -la vicepresidencia primera está en manos de Carla Carrizo (Evolución Radical)-, al tiempo que deberá sumarse un integrante nuevo ante la salida de Moreau.
En un breve encuentro, la comisión que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau dictaminó diversas iniciativas, algunas de las cuales fueron defendidas por sus impulsores.
En una breve reunión, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, avanzó con el dictamen de un paquete de proyectos consensuados que establecen distintos días nacionales. También se avalaron iniciativas vinculadas a transferencias de inmuebles.
Para defender su propuesta de declarar al partido de San Fernando como “Capital Nacional de la Náutica”, la diputada Alicia Aparicio (FdT) señaló que “son numerosas las características de la zona que ameritan esta distinción”. El distrito cuenta con “23 kilómetros cuadrados continental densamente poblados” y “924 kilómetros de territorio en delta, que es tres veces la Capital Federal”, destacó.
En cuanto a la náutica, la legisladora indicó que “es una de las actividades más notables del distrito, con gran presencia de astilleros, clubes náuticos. Hemos recibido y hemos tenido grandes deportistas que han obtenido títulos importantes. Además hay una actividad canalera, comercial y de madera”.
Aparicio, madre del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, mencionó también que el partido cuenta con la sede de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL). “Los vecinos de San Fernando sentimos una gran identidad con el río y con la actividad náutica”, aseguró y recordó que “el 27 de octubre se cumplen 50 años de haber sido declarada por la Secretaría de Turismo de la Nación como capital Nacional de la Náutica”. “Este proyecto va a permitir el reconocimiento pero también el desarrollo de la región de manera sustentable”, finalizó.
A favor de un proyecto que transfiere inmuebles desde el Estado Nacional a la Municipalidad de Paraná, Entre Ríos, la diputada Carolina Gaillard (FdT) explicó que se trata de un conjunto de terrenos ubicados en el Puerto “para que puedan reutilizarse y ponerse en valor”. “Están en un estado de obsolescencia donde se coloca chatarra graficó, y argumentó que se busca que “se transforme en un espacio cultural” para el “desarrollo del borde costero”.
Autora de una iniciativa para declarar el 22 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Biodiversidad, la legisladora Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) sostuvo que “la biodiversidad nos ofrece múltiples posibilidades, implica una serie de valores no solamente de orden ecológico y genético, sino también sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos, estéticos” que “implican una serie de obligaciones para su defensa y su conservación”. “Es un tema que lo hemos incorporado en la Ley de Educación Ambiental y como un tema fundamental a partir de la adhesión al Acuerdo de Escazú”, añadió.
A su turno, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) destacó el consenso entre su proyecto y otro similar presentado por diputados del oficialismo para que se declare el 17 de junio de cada año como el Día Nacional de los Trabajadores Caídos y Desaparecidos en el Mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del Buque Repunte y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades laborales embarcados.
La bonaerense expresó que la iniciativa “ha sido a pedido de los familiares” para “poder tener esta fecha en función de concientizar sobre la situación que viven los trabajadores embarcados”. “Es de apoyo y de abrazo a todas aquellas familias que siguen peleando por los derechos de sus familiares que han caído en condiciones de trabajo y de navegación que no eran las que correspondían y que no fueron debidamente controladas las medidas por los organismos que debían realizarlo”, resumió.
Luego, la diputada Vanesa Siley (FdT) ponderó el proyecto para instituir el día 23 de agosto como el Día de la Militancia Sindical en honor a Felipe Vallese, un delegado metalúrgico que “es considerado el primer desaparecido en la República Argentina” el 23 de agosto de 1962. “Es un reconocimiento, una reparación, una reivindicación a un joven de 22 años como era Felipe Vallese”, dijo.
Por su parte, la diputada Dina Rezinovsky (Pro) se refirió al proyecto que instituye a la primera semana del mes de marzo como “Semana Nacional de Lucha Contra la Discriminación por Obesidad o Sobrepeso”. “El tema de la obesidad es un tema muy difícil para quienes lo padecemos, sobre todo el tema de la discriminación, el bullying al que muchas veces somos sometidos”, reveló.
En ese sentido, la diputada “celeste” recordó que “después de la media sanción del aborto fue noticia nacional lamentablemente” los agravios que recibió por su postura en torno al tema, haciendo hincapié en su condición corporal. “El insulto mucha veces es el recurso que se tiene cuando no se puede rebatir una idea”, reflexionó, y abogó por tratar también proyectos vinculados a “la alimentación saludable en las escuelas” y “un empleo digno para que la gente pueda tener ingresos” que le permitan acceder a alimentos saludables.
Durante el encuentro, en el que se firmaron el paquete de proyectos, también fue designado como secretario de la comisión el diputado oficialista Federico Fagioli.
La iniciativa con media sanción del Senado obtuvo aval en un plenario de comisiones. Hubo además otros dos dictámenes de la oposición.
Tras el debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con el despacho del proyecto para la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, que fue aprobado en mayo pasado en el Senado.
Con el acompañamiento del misionero Diego Sartori, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría -que reproduce la media sanción- con 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de rechazo, con 36 firmas. Por su parte, la diputada Graciela Camaño del interbloque Federal presentará este jueves por la mañana su propio despacho.
Según el proyecto, impulsado por el kirchnerismo, este Fondo se constituirá por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.
Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
Por más de media hora, defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien explicó que la iniciativa “pone en el centro la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el Fondo”.
“El objetivo es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población”, resaltó y precisó que debería verse como una “doble expresión, porque en la negociación de la deuda heredada se obtuvo un amplio plazo que hace que hasta el 2026 esta deuda no genere erogaciones, por lo cual tendremos bastante tiempo, una vez sancionada la ley, para que los mecanismos allí dispuestos vayan generando resultado que permitan acumular recursos para que cuando lleguen los vencimientos podamos hacerlo sin afectar la políticas de crecimiento, de desarrollo”.
A su vez, el oficialista remarcó que “lo interesante del proyecto es que lo hace a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas del país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las mandaron al exterior”.
“La oposición podría muy bien acompañar este proyecto sin entrar en contradicción con su postulado de no crear nuevos impuestos ni aumentar alícuotas, porque no se habla de eso, sino de que cumplan con las obligaciones contraídas y con la plata que ganaron bajo leyes vigentes, porque la que se llevaron afuera primero la ganaron acá”, enfatizó el porteño.
Y agregó: “Se la llevaron sin declarar y entran en todas las variantes de contrabando, fuga, todos los ilícitos que queramos imaginar y que permitieron que esos fondos estén en otros destinos habiendo eludido cumplir con las leyes vigentes en la Argentina”.
Tras leer el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante la gestión anterior, el diputado insistió que se trata de “cobrarle a quienes fugaron dólares, no crearle ningún nuevo cargo, para quienes se han beneficiado con políticas de endeudamiento contribuyan a cancelar los montos adeudados con el FMI sin que lo pague el pueblo”.
Desde la oposición, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró que el proyecto debía ser girado a la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias -que él preside-, porque “es una cuestión de incumplimiento de normas tributarias”.
“Si entendemos que el dinero es fungible nos vamos a ahorrar un montón de discusiones. No tiene mucho sentido el destino de los fondos”, opinó y se preguntó: “¿Por qué no recuperamos el dinero de todos los evasores como los locales? ¿A esos no los vamos a buscar o su dinero no sería útil? ¿Por qué solo a los fugadores que se la llevaron a una cuenta off-shore y no a los que la tienen en cajas de seguridad?”.
En esa línea, el economista lanzó que “no se entiende por qué hay fugadores buenos y malos”, y reiteró que “no tiene sentido que queramos usar la plata depositada en una cuenta afuera y no queramos usar la plata de una caja de seguridad local”.
Cargando contra la gestión anterior, el oficialista Sergio Palazzo aseguró que el préstamo tomado por Mauricio Macri con el FMI “fue una gran estafa en la Argentina”. Por eso, expresó su apoyo “firmemente” al proyecto, ya que “pone en clave de justicia el interrogante más grande sobre quiénes tienen que pagar la deuda; y para nosotros la tienen que pagar los evasores”.
“(La deuda) no se la tenemos que hacer pagar a los trabajadores y a los sectores productivos, sino a los evasores. Y mucho menos me quedó con el discurso de que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde porque nos prestó la plata, en todo caso los argentinos nos enamoramos de Yrigoyen, Belgrano, Moreno, Alfonsín, Illia, Perón, Evita, Kirchner y Cristina”, agregó.
En contra del proyecto, desde el interbloque Federal, la legisladora Graciela Camaño señaló que “por supuesto que no se puede estar en desacuerdo en perseguir a los evasores”. “El Estado debe poner todos los esfuerzos en esa persecución y que esa persecución sea eficaz, algo que evidentemente no está ocurriendo desde hace muchos años”, resaltó, al tiempo que explicó: “No advierto que con este proyecto de ley vaya a ocurrir. Se le está pidiendo a un texto una función que no la va a poder cumplir”.
“Estamos frente a un impuesto”, afirmó y aclaró que “en tanto norma impositiva, debió haber ingresado por la Cámara de Diputados”. Al subrayar que la iniciativa “es absolutamente inconstitucional” y también “vulnera el Pacto de San José de Costa Rica”, la bonaerense dijo: “Estamos dejando abierta una ventana para una objeción que pueda hacer la Justicia”.
En un plenario de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el Frente de Todos avanzó con el despacho de mayoría que reivindica la ley actual, mientras que Juntos por el Cambio y bloques federales suscribieron uno de minoría que modifica la norma. Qué proponen.
Por Melisa Jofré
Tras un largo camino, que comenzó a principios de abril con un acuerdo parlamentario para debatir una reforma en 30 días hábiles -plazo que claramente no se cumplió-, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con los dictámenes sobre la reforma de la Ley de Alquileres (N°27.551).
Con 40 firmas, el Frente de Todos se alzó con el despacho de mayoría, mientras que el de Juntos por el Cambio y los bloques federales alcanzó 39. Sin embargo, el escenario de cara al recinto aparece adverso para el oficialismo, dado que la oposición lo superaría en número para imponer su texto. Podrían pedir incluso sesión para debatir el tema en los primeros días de julio.
Igualmente, resta definir la postura que tendrán, por ejemplo, los cuatro diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos en comisión, el dictamen de minoría contaría con 116 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.
Luego de varias jornadas informativas, por las que pasaron más de cien expositores de todos los sectores, y habiéndose sumado a la discusión la Comisión de Presupuesto, no hubo luz verde para un consenso. Aunque sí ambos proyectos avanzan en beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades.
El dictamen del Frente de Todos revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
Durante el plenario, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) reveló: “Desde la última reunión hemos continuado trabajando con los interbloques con los que teníamos una mirada parecida respecto de cuáles eran los cambios que había que hacerse en la Ley de Alquileres y de los incentivos fiscales. Viendo los dictámenes que habíamos sacado de Legislación General, nos pusimos de acuerdo en unificar un solo proyecto”.
Al explicar los aspectos de esa iniciativa, el legislador argumentó que se modifica de tres a dos años el plazo de los contratos, porque ese cambio que se dio con la ley sancionada en 2020 “generó un impactó negativo en la oferta”. Además, ahora buscan que haya “una mayor libertad entre las partes” para la actualización del precio de los alquileres.
A continuación, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace destacó el “diálogo fructífero entre distintos bloques”. “La intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”, argumentó ya sobre el proyecto.
Y señaló que la ley sancionada en 2020 “ha generado consecuencias no deseadas”. Si bien se aprobó con “un pretendido objetivo de ayudar a los inquilinos”, el puntano analizó que su implementación falló en un contexto de “economía de alta incertidumbre y con alta inflación también”. En esa línea, explicó que es lógico que los propietarios “busquen cubrirse de ese riesgo con la única variable que sí controlan, que es la del precio inicial”, por eso el aumento de los alquileres.
Desde el oficialismo, el salteño Lucas Godoy lamentó que los legisladores de la oposición “hayan soslayado completamente la voz de unos de los actores fundamentales de la relación, que son los inquilinos”, de quienes “no he escuchado a ninguno de ellos que hay que retornar a un plazo mínimo de dos años, a una actualización semestral o que no tenga ningún tipo de regulación”. También resaltó que “es incomprobable” que los precios “hayan aumentado producto de esta ley”.
En tanto, su par Susana Landriscini cargó: “No respetan nada de lo que han pedido y solicitado fuertemente los inquilinos, las mujeres cabeza de familia, los sectores vulnerables, los representantes del interior, los jóvenes”. “La palabra ‘libremente’ en los pactos entre oferentes y demandantes surge de la doctrina liberal económica, que cree que uno y uno de las partes son iguales, cuando no lo son”, fustigó y agregó que la iniciativa de la oposición se trata de “una legislación que solo beneficia a propietarios e inmobiliarias”.
En la misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja consideró que “está claro quién va a ganar, está claro quién va a imponer. Esto es como poner a un zorro con una gallina”. “El sector más perjudicado son los inquilinos. Como legisladores lo que tenemos que hacer mínimamente es defender los derechos de los inquilinos. ¡Acá hasta escuchamos llorar a una mujer!”, enfatizó. Y, más tarde, completó: “¡Vamos a hacer que rija la ley del gallinero, el de arriba caga al de abajo! Y así no debería ser”.
Desde el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “los salarios de los trabajadores están en paritaria permanentemente” porque “el gravísimo problema que tenemos es el problema de la inflación”. Entonces, cuestionó hacer discursos como si se creyera que “sí se escucha, cuando en realidad no se está viendo cuál es el problema que tiene nuestro país”.
“El problema que tenemos es que no hay oferta para alquilar”, sostuvo, al tiempo que admitió que “desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario hace muchísimos años”. “Este problema es mucho más importante, más profundo”, dijo.
Avanzada la discusión, el diputado del Pro Luciano Laspina cuestionó que “este Gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a los anteriores, a echarse la culpa entre ellos, a patear los problemas para adelante y nunca resolverlos. Este es un ejemplo más, de negar la realidad, como niegan la inflación”.
“Hay un problema estructural en lo macroeconómico que esta ley no va a solucionar”, apuntó el macrista, que expresó que hay “una caída muy grande del salario medido en dólares o en metro cuadrado en el mercado inmobiliario”. Para el santafesino, con este proyecto “vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019”, ante “un colapso de la oferta de propiedades”. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.
En el tramo final, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó el trayecto que tuvo la ley -que se votó por amplia mayoría en Diputados en noviembre de 2019- y rechazó que “le hemos cargado casi toda la responsabilidad de los problemas que existen” a esa norma, que “entró en vigencia aproximadamente hace un año y dos meses”.
“Razón, convicción y también corazón hacen falta cada vez que aprobamos las leyes”, manifestó y planteó a continuación: “No venimos con una superioridad moral, pero tampoco queremos dejar instalada la idea de que acá hay algunos que tienen superioridad intelectual respecto a los proyectos que se tratan de impulsar”.
Luego leyó noticias sobre aumento de alquileres en otros puntos del mundo, como en New York o Barcelona. “Esta situación (internacional) que se está dando la tenemos que tener en cuenta. Inclusive aquellas economías más estables y que les dan mayor certidumbre a los mercados están teniendo problemas en los alquileres”, señaló. Finalmente, en su discurso, coincidió que “el camino va por los incentivos”, pero alertó que “no por reducir derechos de los inquilinos”.
Juntos por el Cambio y el interbloque Federal buscarán fusionar sus propuestas en el debate que se retomará este miércoles, desde las 13, en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
Por Melisa Jofré
Luego de más de un mes de parálisis sobre el tema, las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados retomarán el debate de reforma de la Ley de Alquileres. Será este miércoles, desde las 13, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.
A principios de mayo pasado, se habían firmado tres dictámenes en la Comisión de Legislación General, de los cuales dos establecían beneficios impositivos -con el objetivo de promover la oferta de inmuebles-, cuestión que derivó en que las iniciativas fueran giradas a Presupuesto.
El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para las garantías de los inquilinos.
En el capítulo de incentivos fiscales, el oficialismo propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorporar al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción a los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y eximir del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades que cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
En tanto, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal -cuya propuesta tiene detrás como autor al diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo– trabajan desde hace días en arrimar posiciones para arribar a un dictamen consensuado. Es que, en lo que hace a las modificaciones a la Ley de Alquileres, los despachos de ambos espacios eran muy similares.
De esta manera, se estima que la iniciativa proponga regresar al plazo de dos años para la duración de los contratos, y que los aumentos sean semestrales y acordados “libremente” por las partes.
También, en base al texto del interbloque Federal, se contemplarán beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades, en aspectos similares a lo que propone el Frente de Todos en cuanto a monotributo y Bienes Personales.
En lo que hace a la cantidad de firmas para los dictámenes, el Frente de Todos cuenta con mayoría en ambas comisiones, llegando a 40 entre ambas, pero sí toda la oposición se une también alcanza ese mismo número.
Si bien se estima que Juntos por el Cambio y el interbloque Federal se unirán bajo el mismo texto, habrá que ver qué postura toma el diputado Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, dentro del interbloque Provincias Unidas, quien, por ejemplo, en el caso de boleta única de papel se diferenció de sus pares de Juntos Somos Río Negro.
De acuerdo pudo saber parlamentario.com, Sartori se encuentra “analizando” su postura, que definirá este miércoles antes de la reunión de comisiones, cuando participe de un encuentro con su interbloque.
En caso que el misionero se acople a las otras bancadas de la oposición, ambos dictámenes -con asistencia perfecta- quedarían en la misma cantidad de firmas. Pero, en ese caso, según el artículo 112 del reglamento: “Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen de la mayoría será el que lleva la firma del presidente de la comisión o de quien presida el pleno de las comisiones”. En ese caso, se trata de la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, que conduce Legislación General.
Creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI
En la reunión también se tratará el proyecto que crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, que tiene media sanción del Senado. Pese que estaba en agenda recibir una segunda tanda de especialistas, fuentes del oficialismo confirmaron a parlamentario.com que no habrá expositores durante el plenario.
La iniciativa prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.
Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
La primera ronda contó con la participación de seis especialistas en el tema que dividieron voces a favor y en contra. El debate continuará la próxima semana.
Con media sanción del Senado tras ser aprobado por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados que fue impulsado por el neuquino Oscar Parrilli.
La reunión se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara alta y contó con la disertación de los especialistas Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro, Andrés Edelstein y Guido Lorenzo.
Abrió la ronda de expositores el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien se refrió al preámbulo de la Constitución Nacional que expresa “promover el bienestar general” porque “una Nación que ostenta, como la Argentina, una deuda externa de una magnitud equivalente al PBI evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general de la Nación”.
Por otro lado, hizo alusión al artículo 75 de la norma superior que refiere a las actividades del Congreso y recordó el inciso 4 que “faculta al Poder Legislativo a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y más específico su inciso 7 establece el proceder a arreglar el pago de la deuda interior y exterior”.
“Recalco esto porque es menester que en la Convención Constituyente del año 94’ no es que estos incisos fueron intocados, sino que fueron revalidados. Las fuerzas políticas mayoritarias y otras apoyaron mantener en cabeza del Poder Legislativo de la Nación esas facultades”, explicó.
También señaló que dicha invocación sirve para “desmantelar algunas propuestas semánticas que expresaron en el Senado que buscaron bautizar esta norma como de ‘blanqueo’, o que es una norma penal o tributaria, creo que la norma no tiene otro nombre de la de su finalidad que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley”, respaldó Barcesat.
En suma, remarcó que dichas facultades “son indelegables conforme lo establece el artículo 76 de la C.N dado que la materia de administración puede provocar delegación y corresponden como tarea central a este Congreso proceder a ese arreglo de la deuda externa”.
Respecto del proyecto, cuestionó el artículo 25 que sostiene “que el ministro de Economía disponga respecto de la deuda externa, es decir contraer empréstitos”, y señaló que “esto es un error porque no esta facultado para contraer nada, los que disponen son ustedes, el Congreso a través de la Comisión Bicameral, pero la competencia constitucional es de este Congreso de la Nación, el ministro de Economía es un empleado del Poder Ejecutivo y está sujeto a las decisiones que tome el Congreso de la Nación”.
Sobre los fundamentos, consideró que “la mención más valiosa es la de los artículos 1 y 2 de ambos Pactos Internacionales de Naciones Unidas que tienen la particularidad de iniciar con la misma cláusula” porque “es expresión de la conciencia jurídica de la humanidad de buscar que el derecho de la auto libre determinación de la independencia económica de los estados y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales adquiera un énfasis o relieve particular, de manera que, todo aquello que provenga de la explotación de riquezas y recursos naturales, debe atender a esta designación que hace la norma del derecho internacional de los derechos humanos, que la titularidad es de los pueblos y de ahí los derechos de poder gravar, de poder exigir, el derecho de poder regular respecto de lo que resulta de esa explotación de riqueza de titularidad de los pueblos”.
“La Argentina ha ratificado tanto a nivel nacional e internacional los protocolos facultativos de los Pactos Internacionales que son las normas de mayor jerarquía de los derechos internacionales de los derechos humanos y son vinculantes para la órbita de los 124 estados que forman Nacionales Unidas, frente a esta normativa es difícil que se pueda imponer otra norma”, agregó el constitucionalista.
Entre los protocolos facultativos de la Convención Interamericana, resaltó la resolución que “establece dos recomendaciones: una de ellas refiere a la deuda externa donde los expertos aconsejan suspender los pagos de la deuda externa en tanto la vigencia de la pandemia y buscar aliviar el peso para poder atender la crisis que provocó la pandemia y se acrecienta con un conflicto bélico que tiene impacto en la humanidad toda”.
“Cuidar el tema de los pagos de la deuda externa subordinarnos a superar la situación de excepcionalidad, primero por la pandemia que prosigue y segundo por la situación de conflicto bélico que afecta a la humanidad y lo estamos padeciendo. Esto no puede escapar de la premisa del preámbulo”, señaló Barcesat y sumó: “Poner contribuciones excepcionales que duren el tiempo de la necesidad para que pueda atenderse a estos valores supremos de la vida, la salud y la integridad personal”.
Por último, informó que hay proyectos para crear una Convención Internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales que calificó como “crimen económico contra la humanidad de jurisdicción universal e imprescriptible. Es una iniciativa poder impulsar una Convención para prevenir esa sangría de la riqueza de los pueblos del continente en beneficio de ese capitalismo financiero que financia los peores crímenes de la humanidad”, y resaltó que el proyecto oficialista está respaldado por los Pactos Internacionales.
A su turno el contador público y especialista en finanzas, Andrés Edelstein, respecto al proyecto en general consideró que “la finalidad que tiene es evidentemente una decisión de ámbito político”, y precisó que “algunos de sus lineamientos tienen que ver con los medios elegidos de dotar de recursos a este Fondo que se pretende crear y esos medios elegidos es lo que se denomina ‘pago’ en el proyecto, ‘aporte especial’ en el proyecto original”, y opinó que “no es más que un régimen de exteriorización o de normalización a un blanqueo, más allá que el término no suene bien o tenga alguna connotación negativa, ese mecanismo genera los principales reparos”.
Además, indicó que “una medida de estas características puede tener cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia y tiene sentido ser analizados”. En cuanto a la oportunidad, explicó que “tratándose de un régimen de exteriorización especial, normalmente se dan estos regímenes cuando se dan circunstancias extraordinarias que se dan por un deseo de generar inversiones que no pueden realizarse por existir una masa de recursos no declarados, o la otra es cuando la percepción del riesgo de quienes tienen bienes no declarados es tan levada que tiene sentido un régimen de estas características porque va a permitir una adhesión de estas características porque va a permitir una adhesión masiva, pero no es lo que está ocurriendo en el contexto actual en cuanto a la oportunidad de estas características”.
Sobre el mérito, señaló que “si tiene en cuenta la dimensión de la deuda con el FMI a la luz de lo que se permitió exteriorizar, cualquiera de los regímenes anteriores de exteriorización ve que es una tarea titánica y por ende duda bastante de la eficacia de este mecanismo para cancelar la deuda con el Fondo”.
En cuanto a la conveniencia de la figura, Edelstein precisó que “es una relación de costo- beneficio en ese caso este régimen de exteriorización sería el quinto registro de estas características que se crea en los últimos 14 años. Es un desincentivo más para los contribuyentes cumplidores dada la recurrencia de este tipo de regímenes excepcionales”.
Sobre aspectos puntuales de la iniciativa, destacó las adecuaciones que fueron introducidas al texto que cuenta con media sanción que “dieron alguna precisión adicional”, pero “sigue siendo susceptible de mejoras porque tiene imprecisiones importantes”.
“El primer punto tiene que ver con el articulo 7 que establece el pago sobre los bienes no declarados por parte de los sujetos residentes en el país, bienes no declarados que se detecten o localicen desde la entrada en vigencia de esta ley. Es a partir de ese momento están sujetos a este pago. El tema es que, tratándose de un régimen extraordinario de exteriorización, el hecho de no tener una fecha de corte preciso, sumado a que el Fondo esta previsto que dure en tanto se mantenga la deuda con el FMI, esto le da una característica de régimen extraordinario permanente de regularización, lo cual va a en contra de todo principio básico de un régimen de estas características”, explayó el economista e hizo hincapié en que “es un desincentivo a quienes pagan sus impuestos correctamente. Es el aspecto central y más relevante”.
Además, cuestionó: “Para aquellos que no adhieran a este esquema se estima que estarán sujetos a la regla general en materia tributaria y penal, pero se agrega que además de todo eso y las sanciones van a tener que ingresar un pago que empieza con el 20%, pero dado que no esta precisada la naturaleza jurídica de este pago que es un impuesto especial, podría cuestionarse que es una doble sanción”.
“El tercer tema tiene que ver con el Tribunal Fiscal de la Nación en el artículo 15 que modifica el efecto suspensivo y se transforma en efecto devolutivo”, enumero. Por último sobre la figura del colaborador remarcó que es “novedosa” porque en el derecho tributario no está contemplada, pero si en otros países si aparece como una figura privada, informantes, con una recompensa, que colabore, aunque advirtió que “puede tener efectos colaterales y perjudiciales, porque el régimen de un colaborador que recibe recompensas necesita un marco institucional adecuado y un funcionamiento de la justicia con celeridad no estamos en condiciones de eso y los efectos pueden ser preocupantes, da pie a que la litigiosidad aumenten”.
A continuación, el licenciado en economía Horacio Rovelli resaltó que es “importante e imprescindible” que se haga ley el proyecto porque “es necesario que funcione la Bicameral de Seguimiento de contratos y pagos de la deuda”. En ese sentido, recordó que la apertura de sesiones ordinarias el presidente de la Nación le solicitó al Banco Central un informe de la deuda contraída por la gestión anterior que fue de “más de 100 mil millones de dólares que 24 mil millones se usaron para pagar deuda vieja, entre ellos los Fondos Buitres”.
“Sospechamos que los bancos no cumplieron con la Ley 25.246 de lavados y encubrimiento de activos que exige a los bancos, que cuando compran dólares, deben brindar la procedencia de los fondos y no se hizo porque hay una incoherencia entre las compras y los estados contables de las empresas. Esto hay que investigarlo. No que el pueblo pague una deuda que no lo benefició”, cerró.
La economista e investigadora del CONICET Noemi Brenta respaldó la iniciativa, aunque indicó que aún “tiene cuestiones para tocar desde el punto de vista técnico” para que sea “factible, inobjetable y aplicable y que cumpla la función para saldar la deuda con el FMI que es enorme y que nos va a condicionar muchos años porque estamos con el Fondo hasta 2036 por lo menos si es que los desembolsos y los pagos se dan todos bien”.
En ese sentido, remarcó la necesidad de que la ley sea aprobada para que “la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella y se comportaron de una manera ilícita porque los pagos salen de los ajustes presupuestarios”. A su vez propuso darle un nombre al Fondo como “Fondo de reparación o de resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobreendeudamiento”.
“Esta norma es necesaria para construir un país libre de los condicionamientos del Fondo y con una base imponible acorde a la capacidad contributiva de los argentinos y no achicada por el ocultamiento de activos fuera del país”, cerró Brenta.
En su exposición, el economista Guido Lorenzo hizo un repaso de algunos puntos en cuanto al diseño del proyecto: “La mala práctica e inequidad del proyecto, hay un montón de contribuyentes que están en regla y este proyecto plantea una alícuota diferencial muy baja que perdonaría para un montón de dinero que se pretende recaudar para el pago de la deuda. Eso es generar desincentivos y por lo general no es aconsejado y más aún hacerlo de manera sistemática”.
“Tampoco hay un incentivo de intercambio de información de países que ya existe por lo cual no hay más allá de una generosidad del blanqueo. Otro punto es la contrariedad del acuerdo con el Fondo Monetario porque en el último plan, este Congreso dijo que no se iba a hacer otra amnistía fiscal, por lo cual de la manera en que le quieren pagar al FMI es contrario a lo que se votó”, agregó.
Y continuó: “La inconsistencia entre los bienes interiores y exteriores. ¿Por qué alguien que tiene bienes en el exterior tiene que pagar una alícuota menor que el que tiene justamente bienes no declarados al interior del país? Eso incentiva llevar bienes al exterior no declararlos y pagar menos. Es ilógico”.
El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”, apuntó Lorenzo.
“Hay una falta de justicia con las provincias a favor del Tesoro Nacional. ¿Por qué está subordinada la deuda de las provincias a la del Fondo Monetario? no tiene sentido”, apuntó y sumó: “Quinto punto es la deuda con privados porque puede traer contingencias a futuro, no tiene sentido práctico”.
Otra de las críticas que hizo Lorenzo fue: “Si el pago se hace en dólares, ¿qué pasa si se detectan inmuebles y no tiene los dólares para pagarlo?, ¿quién me lo va a dar si el Banco Central no tiene reservas?”. Sobre l figura del colaborador, cuestionó: “¿Qué sentido tiene que alguien residente, que delata, reciba dólares que sabemos que hay escaseo, por ese delate? A tal punto que esta mal diseñado que le quita recursos al propio fondo”.
“El proyecto tiene plazo indeterminado para el pago. ¿No estaba resuelto el tema del pago con el Fondo? tenemos previstos pagos de desembolsos. ¿Por qué insisten en que es ilegal la compra de dólares?, una cosa es la compra que lo permite el Banco Central y otra es la fuga y dinero negro no exteriorizado”, preguntó y finalizó: “El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”.
A su turno, el investigador Pablo Manzanelli se basó en los fundamentos económicos del proyecto que busca resolver “el problema de una deuda histórica contraída por el gobierno anterior” que no fue “emitida en moneda local para financiar déficit fiscal, sino que fue emitida en moneda extranjera lo cual agrava los términos de solvencia financiera”. “Se pasó de una economía con baja deuda a una economía con deuda insostenible”, disparó Manzanelli y finalizó: “Quien plantee con artilugios técnicos que esta iniciativa no es correcta sin proponer una alternativa, pide ajuste y devaluación para solucionar el tema de la deuda y, por ende, más pobreza e indigencia en la economía argentina”.
Cerró la ronda de expositores la exfuncionaria en materia económica, Mercedes Dalessandro, que ponderó la iniciativa al sostener que “tenemos un gran problema que es una deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito que se otorgó al país no fue materializado en escuelas, ni en hospitales, ni en la mejora de la calidad de vida del pueblo y eso es lo que se ha empezado a tratar de resolver”.
“Este problema no está resuelto, lo que hicimos fue comprar cuotas de tiempo para ver cómo reconstruimos una economía pujante, una calidad de producción, es decir estamos tratando de resolver en el presente un problema que viene del pasado y que nos lleva al futuro generando limitaciones en términos de lo que podemos o no hacer”, explayó.
En tanto, cuestionó el acuerdo al que se llegó con el Fondo porque “viene con metas fiscales, con metas monetarias, con metas de recebas, tenemos que seguir un rumbo para cumplir esas metas que tiene ciertas cuestiones que no van a permitir que el país se desarrolle libremente porque tenemos que ajustar el camino al cumplimiento de ciertos hitos”.
“Argentina no es el único país con problemas de endeudamiento, estamos en un contexto que venimos de dos años con una pandemia y ahora una guerra que repercute en la economía de los demás países”, indicó la economista y reiteró que “el problema del endeudamiento es un tema que atraviesa la economía mundial” y ponderó el proyecto porque “dará herramientas para buscar el dinero fugado, que se blanquee”, y opinó que se “debería buscar todos los incentivos para que el dinero no se siga fugando”.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y comienza a ser tratada este miércoles con la presencia de invitados.
Aprobado en la Cámara alta por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, comenzarán a discutir esta semana en Diputados el proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados.
En efecto, es la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, la que ha sido convocada para este miércoles para comenzar a discutir el proyecto impulsado en la Cámara alta por el neuquino Oscar Parrilli.
El debate sobre el proyecto el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional arrancará con la presencia de especialistas que han sido invitados a exponer. Según el listado al que accedió parlamentario.com, visitarán la Comisión de Legislación General a partir de las 13.30 Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro y Andrés Edelstein.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda -la otra que participará de este debate- no ha sido convocada para este miércoles, pero los diputados de la misma que lo deseen pueden asistir. Adelantaron también que ya convocarán a otra reunión informativa con Legislación General.
En una carta enviada al presidente de la Cámara baja, diputados de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal reclamaron completar el trámite en breve.
En una carta dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal reclamaron que “en el menor tiempo posible” se convoque a un plenario de comisiones para completar el trámite referido a la Ley de Alquileres.
Sucede que en los primeros días de mayo la Comisión de Legislación General emitió los distintos dictámenes -hubo tres- para modificar la actual norma, pero dos de esos despachos incluyeron beneficios impositivos, materia en la cual esa comisión no tenía competencia para dictaminar.
Además, aunque Juntos por el Cambio no incluyó un capítulo en ese sentido, sí hay legisladores de ese espacio que han presentado proyectos por separado para establecer beneficios fiscales para los propietarios de viviendas, los cuales también estarán en debate.
Así, el trámite quedó sin completar, dado que debe intervenir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que todavía no fue citada para abordar el tema, y de esta manera ya se ha excedido el tiempo del acuerdo parlamentario alcanzado hace dos meses, que tenía como objetivo resolver el tema en 30 días hábiles.
Incluso, Juntos por el Cambio había advertido que si no se alcanzaba un consenso iban a insistir con una sesión especial para derogar la ley.
En la nota dirigida a Massa, los diputados pidieron que “en miras a poder observar y cumplir con el tiempo acabadamente con los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres, arbitre y disponga todos los medios necesarios y conducentes para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General” de modo de “completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema”.
La misiva lleva las firmas, por Juntos por el Cambio, de Juan Manuel López, Carla Carrizo, Alejandro Cacace, Karina Banfi, Pablo Torello y Pablo Tonelli; mientras que por el interbloque Federal suscribieron Graciela Camaño e Ignacio García Aresca.
Las iniciativas se debatirán en una reunión de la Comisión de Legislación General de Diputados que se realizará este martes a las 16.30.
La Comisión de Legislación General de la Cámara baja, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, se reunirá este martes a partir de las 16.30 en la Sala 3 del Anexo de Diputados.
El temario del encuentro incluye el proyecto impulsado por la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño, y que cuenta con el respaldo del Frente de Todos, que propone la creación del área marina protegida “Agujero Azul”.
Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su heroica tripulación.
El año pasado el proyecto se debatió en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional, pero nunca obtuvo dictamen.
También se intentó, sin éxito, que fuera tratado sobre tablas en la sesión del 26 de octubre de 2021 en la Cámara baja.
Tras volver a ser presentado en marzo de este año, desde la Presidencia de la Cámara baja se le cambió el giro y fue enviado solamente a la Comisión de Legislación General para su análisis.
Por otra parte, se tratará el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y busca la creación del Parque Nacional y Reserva Natural Islote Lobos. Este área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con el resguardo de esta zona se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
Otro de los proyectos será el que propone la creación de una Reserva Natural sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) y de un Parque Nacional sobre el sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas), en la provincia de Córdoba.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
Finalmente, el temario incluye una iniciativa mediante la que el Estado Nacional acepta una cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de ampliar el Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante.
El dictamen de mayoría corresponde al FdT, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC busca reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El restante despacho pertenece al interbloque Federal. Se definirá en el recinto, pero aún no hay fecha.
Cumplido el plazo de 30 días hábiles que habían puesto oficialismo y oposición para dictaminar reformas a la Ley de Alquileres, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, realizó su última reunión este miércoles -que se extendió por más de tres horas-, respecto al debate en torno a la actual norma, pero al no arribar a un acuerdo entre oficialismo y oposición, irán al recinto -aún sin fecha programada- con tres dictámenes diferentes.
Luego de las tres reuniones informativas realizadas de manera mixta -en las que participaron 132 expositores-, en las que se escucharon las posturas de inquilinos, corredores inmobiliarios, ONGs y especialistas en la materia, entre otros, la intención entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio era arribar a un dictamen consensuado, pero no sucedió debido a que difirieron en dos puntos: los plazos de los contratos y la fórmula de actualización.
Por un lado, el oficialismo apunta a respetar el “espíritu de la ley” original para “proteger a los inquilinos”. De esta manera, propone mantener el plazo de 3 años en los contratos, el índice para la actualización de los alquileres (fórmula que combina IPC y RIPTE) y facilidades para las garantías de los inquilinos, tres puntos centrales que fueron defendidos por los representantes de inquilinos.
En la vereda de enfrente, el dictamen de Juntos por el Cambio establece que los plazos de los contratos y la fórmula de actualización son los dos puntos que son cuestionados. Por el contrario, la oposición propone volver al plazo de 2 años en los contratos, actualizaciones anuales y semestrales -según acuerden las partes-, sin índice fijo de actualización, sino que se usará el índice “que le resulte conveniente a las partes” propone que sean cada 6 meses “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales, o los que las partes acuerden”.
El dictamen del interbloque Federal plantea volver al plazo de 2 años en los contratos; eliminar que el locador debe aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario; que las actualizaciones se negociarán “libremente” entre las partes. Los aumentos deberán ser escalonados. Los incrementos tendrán un tope para que no superen la inflación; la posibilidad del inquilino de realizar pagos anticipados y la ampliación de los contratos temporarios.
Los dictámenes de FdT y el del interbloque Federal presentan un capítulo sobre incentivos fiscales, no así en el de JxC.
Desde el Anexo “A” a las 15.30 se inició la reunión que, antes de abocarse al tema, el bloque de Juntos por el Cambio designó a Victoria Morales Gorleri (Pro) en el cargo de secretaría que habían dejado vacante.
Sin ser miembro de la Comisión, pero al ser autor de uno de los proyectos, el diputado del Pro Álvaro González destacó el trabajo que se llevó a cabo porque “hemos llegado a dos dictámenes que condensan la opinión de la mayoría de los diputados”.
Al referirse al proyecto, señaló que “tiene cinco artículos, dos son consideraciones que hizo entendiendo en función del requerimiento que le hicieron actores del mercado inmobiliario. Tanto el plazo como los índices son temas centrales que, la mayoría de los que expusieron, han hecho mención a eso sin querer desmerecer otra cuestión”. En tanto, bregó por “llegar a una solución de un problema que atraviesa a muchísimos argentinos. Hay casi 2 millones que están con esta problemática y hay mucha expectativa y están esperando cómo sale la ley”.
En uso de la palabra, el rionegrino Agustín Domingo remarcó que “todos estamos de acuerdo en que estamos debatiendo la problemática habitacional que ataña al país. Nosotros desde el bloque presentamos un proyecto y queremos dejar de manifiesto que el rol del Estado es muy importante, pero no es la forma de abordarlo modificando la ley”.
En ese sentido, siguió apuntando contra el Ejecutivo que debe “atacar la problemática macroeconómica para garantizar el acceso a créditos hipotecarios y solucionar el problema de fondo. Esta es nuestra postura”.
Respecto a la Ley de Alquileres señaló que generó “inconvenientes en todos aquellos que prevén soluciones habitaciones, contribuyen a las ofertas de alquileres. Terminó estigmatizando la actividad en vez de incentivarla, le puso más trabas, más requisitos impositivos”. Por ese motivo, adelantó que unificarían el proyecto en el dictamen de la diputada Graciela Camaño que “incluyen medidas que tienden a corregir lo que creemos que son verdaderas trabas y desincentivo. También una serie de medidas para incentivar fiscalmente la actividad, pero de ninguna manera una mayor intervención del Estado”.
A su vez, detalló que proponen “volver al plazo de dos años”, sobre el artículo de garantías precisó que es “muy voluntarista, pero en la práctica no tiene efecto”. Y continuó: “Que el ajuste en el precio las partes negocien libremente incrementos escalonados, pero con un tope que no superen el índice de evolución de precios. Darle la posibilidad de hacer pagos anticipados por parte del inquilino. Ampliar el objeto de los contratos temporarios para darle mayor atractivo al alquiler”. Además, precisó modificaciones en la redacción: “La definición de los arreglos urgentes”, y propusieron que se defina “urgente como aquello que por su gravedad impidan u obstaculicen el goce sobre el inmueble”.
Por último, aclaró que sobre el índice de incentivos fiscales irá en dos dictámenes porque “en nuestro proyecto propinamos para los monotributistas porque se plantea una inequidad, y fomentar la formalización en los contratos e incorporamos la desgravación en bienes personales para inmuebles por debajo de los 30 millones”.
En su intervención, Pablo Tonelli (Pro) remarcó que el tema de los alquileres es un “tema difícil y delicado en todo el mundo, porque es difícil encontrar un adecuado y término medio que contemple de forma adecuada y razonable los derechos de inquilinos y de los locadores o propietarios”, y explicó: “En la medida en que se exagere proteger los derechos de unos o de otros, en la medida en que se pierda ese equilibrio, el resultado es malo porque empiezan a escasear las viviendas o se encarecen o la oferta termina siendo alta y el rendimiento desaparece”.
A continuación, opinó que en el 2019 “no me pareció que el proyecto, que concluyó con la sanción, fuese equilibrado por eso no lo acompañé y la práctica demostró que hubo exceso, particularmente en prohibiciones”, en lo que respaldó lo dicho anteriormente por Domingo respecto a los plazos de la locación y al procedimiento de actualización de alquileres, por lo que coincidió en que los “tres años y con actualizaciones anuales y un solo índice prestablecido resultaron una decisión no acertada porque hizo que se retrajera la oferta de vivienda en alquileres”.
“Proponemos volver a esa materia en lo que era el plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean anuales y semestrales, no con un índice fijo sino con cualquier índice que a las partes les resulten adecuados respectos sus realidades”, explicó Tonelli y sostuvo que el problema más grande que afecta el alquiler es el referido al “rendimiento económico que tiene la inversión. El rendimiento se redujo muchísimo, a tal punto que muchos decidieron no poner sus viviendas en alquiler”. “El plazo de dos años fue el original y ha sido el plazo que tradicionalmente ha sido el plazo mínimo de locaciones urbanas y también dar mas libertad a las partes para que acuerden entre ellas el modo de actualización del alquiler”, remarcó Tonelli.
En tanto reconoció que personalmente “hubiera derogado el artículo 16 de denunciar ante la AFIP los contratos de alquiler, me parece una cláusula fascista. ¿Qué tiene que hacer la AFIP en los desalojos?”, y consideró que “con estas modificaciones el mercado debe mejorar, pero con esto no alcanza”.
En su intervención, la legisladora de la Coalición Cívica Mariana Stilman remarcó que “la ley nació con buenas intenciones”, pero “puso ciertos límites y parámetros cuya receta fue malísima”. En ese sentido, reconoció que “se había dado una única respuesta para un montón de situaciones disímiles, para diferentes pueblos, se aniquiló la autonomía de la voluntad con una fórmula que no funcionó. Era necesario obtener una respuesta”.
Sobre el proyecto de JxC, señaló que “habiéndose planteado todos los sectores que la principal discusión estaba en el plazo que generaba incertidumbre, era necesario volver a un esquema en que el plazo atento a las circunstancias del país les diera más seguridad a ambas partes”. En tanto, advirtió que esto es una “corrección de un error legislativo”, pero “no va a resolver todos los problemas, y planteó la necesidad de realizar incentivos en la oferta.
Su par Marcela Campagnoli hizo alusión a un proyecto de alquileres que presentó que “viene a cerrar un vacío legal que quedó cuando entró en vigencia e Código Civil en 2015 y se derogó la Ley 21342 en su artículo 47 comprendía los convenios de desocupación que respetan la voluntad de las partes y acuerdan plazos diferentes de lo que se pactó originalmente, una fecha para finalizar el contrato de alquiler. Este vacío legal muchos jueces no lo tienen en cuenta, es importante volver a los convenios de desocupación porque da certidumbre al propietario. Es un proyecto que pude beneficiar a las partes y al mercado inmobiliario”.
Al comienzo de su exposición, la oficialista Gisela Marzziota lamentó la ausencia de autoridades del Estado para escuchar sus posturas. Acto seguido, cuestionó la Ley de Alquileres que se sancionó en el 2020 por “el mal que ha hecho al mercado inmobiliario y cómo a partir de la ley se quitaron propiedades”.
En esa línea, subrayó que “acceder a una vivienda es un derecho humano que tenemos garantizado por la Constitución Nacional, provinciales y Pactos a nivel Internacional, por lo que tenemos que hablar del rol del Estado para este cumplimiento y no dejarlo librado a la famosa mano invisible desde 1976 con la Dictadura Militar que desregulo el mercado inmobiliario”.
Sin embargo, reivindicó: “Esa ley, que ustedes dicen que le hizo tanto mal al mercado inmobiliario y que por eso faltan propiedades, por empezar es falso porque la ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, y pidió disculpas a los inquilinos por ser parte del oficialismo que debe hacer cumplir la ley que “no se esta cumpliendo”.
A su vez, destacó que “tiene artículos que son extraordinariamente muy buenos para los inquilinos y quienes tienen necesidades de acceder a la vivienda, pero que tampoco fueron reglamentados”, y reiteró sus disculpas porque “es el Estado nacional que debe hacerse cargo de reglamentar la ley”.
La ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, reconoció Marzziota.
“Esa ley es muy buena, y no se cumple. Lo que no se cumple es todo lo que ustedes quieren ahora que sea parte de lo que sería la nueva ley porque los contratos son absolutamente ilegales, de dos años con suerte, con precios dolarizados. Ese es el escenario”, apuntó Marzziota y sumó: “Propiedades hay, el tema es el abuso que hace el mercado inmobiliario y el propietario respecto a una necesidad”.
Sobre su proyecto, destacó que es “recuperar una política que se llevó a cabo adelante desde 1943 cuando se creó la Cámara Nacional de Alquileres que existió hasta 1976. Fue la dictadura que desregularizó y dolarizó el mercado. Hay que recuperar y volver a ese punto que se perdió. Recrear esa Cámara donde todas las partes están representadas, debería controlar los contratos con una duración de tres años porque es un tiempo lógico. Establecería este equilibrio, congelar los alquileres hasta que se ponga en función la Cámara y sea ella quien establezca los precios, salir de la dolarización de los alquileres por lo que proponemos multas a quienes incumplen la ley; pagar el deposito hasta en seis cuotas”.
A su turno, Alberto Asseff (Pro) apuntó contra el discurso de quien lo precedió porque “es pura ideología. Lamentablemente con esa ideología logamos que nuestro rico país se haya venido abajo que cada vez es más arcaico y la queremos traer de nuevo como si fuese modernidad”.
“Acá hay que entender que la complejidad de la cuestión radica en dos factores: el primero es la crisis habitacional y de viviendas urbanas que tiene una larga data un déficit de viviendas de 3 millones. El segundo tema es la tradicional proverbial y lastimosa situación de la macroeconomía con una inflación que vuelve a ser peligrosamente alta y tiene una idea del dibujo del serrucho, pero tiene tendencia a desequilibrar el sistema económico argentino y el mercado inmobiliario que no pude ser ajeno y que nadie puede refutar”, explayó.
Y siguió: “Tenemos un problema de déficit de oferta en materia de viviendas urbanas. Eso ocurrió por la gran incertidumbre de propietarios, baja de ingresos de quienes trabajan, congelamiento es lo más nefasto que se puede decir porque va a generar más crisis en el mercado. Hay que amparar a las dos partes, si hay autonomía de voluntad ellos se van a entender”.
En su exposición, el sanjuanino y autor de dos proyectos José Luis Gioja contradijo a su par propinante porque “cualquier proyecto que tiene que ver con la vivienda tiene que mejorar el acceso y las condiciones de los inquilinos. Es mentira eso de la regla del mercado, el que esta arriba se va a imponer al de abajo. Por eso el Estado tiene que estar presente para proteger al que menos tiene”.
“Solucionar los problemas de las viviendas es una de las mejoras banderas de justicia social. Hay que solucionar problemas de vivienda, es grave el problema”, resaltó el diputado del FdT y aclaró que “se están construyendo viviendas en el país. El año pasado hemos crecido más del 10% en el PBI”, y criticó: “Esta ley se sancionó cuando el oficialismo era Juntos por el Cambio en el 2019 en esta Cámara y quien la defendió fue Lipovesky porque defendía a los inquilinos que son a quienes tenemos que defender. Hay que defender a los que menos tienen, hay que darles derechos. Esta Ley fue injustamente castigada que, por distintos motivos, la criticaron”. A continuación, reivindicó: “Esta ley sirve, pero no se ha aplicado, reglamentémosla y va a andar bien”.
En el mismo sentido se pronunció su par Federico Fagioli quien destacó que la actual ley es “la mejor que existe en Latinoamérica y solo regula dos cosas los años de los contratos y las actualizaciones de los alquileres”. En tanto, apuntó a la oposición por “defender al mercado” al decir que “la ley es mala”, y señaló que lo que hay que modificar es “aumentar la cantidad de artículos que defienda al inquilino porque están en desigualdad con el mercado”.
La secretaria de la Comisión, Karina Banfi, recordó que “la Ley 27.551 de 2019 tuvo un objetivo bien intencionado, pero sin embargo al momento de su implementación no alcanzó su objetivo, principalmente porque quedó fuera de la realidad. Con la ley que sancionamos en 2019 vinimos a reparar algunos sistemas de abuso, y por eso en el marco de las distintas audiencias informativas que tuvimos pudimos llegar a un punto en común, que es que no hay que derogar la ley, porque tiene cosas positivas. Entonces coincidimos en que lo mejor era trabajar sobre los artículos que producen una sensibilidad particular y sobre los cuales hay una demanda social que nos pide que lo resolvamos. Y eso venimos a resolver”.
“Algunos hablan de poner topes y límites al mercado. Ese mercado que algunos dicen combatir puede ser un propietario jubilado que ahorró toda su vida, que es de clase media, que se compró un departamento y lo pone en alquiler. Debemos aprender entonces qué tipo de mercado queremos y dejar de confundir el mercado de la construcción para la vivienda con el mercado de alquileres, que en Argentina tiene un diseño que poco se parece a la realidad que algunos pretenden enfrentar”, agregó.
En este sentido, señaló que “el mercado de alquileres en Argentina es absolutamente fragmentado, cuentapropista, que nada tiene que ver con los grandes mercados oligopólicos como sucede en otros países. Entonces lo que debemos buscar es incentivar el mercado de alquileres, porque no existe. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y que la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otro sector que es parte de una contratación”.
Banfi se refirió también al rol del Estado en el mercado de los alquileres: “Nadie puede oponerse a la garantía constitucional del derecho a la vivienda, pero eso lo debe hacer el Estado con una política macroeconómica que efectivamente baje la inflación, que hoy es exorbitante, porque el salario no vale nada, no existe el crédito hipotecario, todos los programas que están desarrollados para la vivienda excluyen a los de clase media”.
Por el lado de los libertarios, tomó la palabra Carolina Píparo (Avanza Libertad) quien sostuvo que la postura era derogar la ley porque “el Estado se metió donde nadie lo llamó”. “Apoyaremos en el recinto los artículos que son los más problemáticos para los inquilinos, que es el plazo y e ajuste porque hizo que haya menos oferta, en provincia en peor la oferta”.
“Siento enorme vergüenza”, lanzó y apuntó contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: “Pensé que en nuestra primera sesión abuso a estar derogando la ley, había sido promesa de campaña de muchos, me encuentro en un debate donde hay un bloque que ha presentado el proyecto, reconoce el error y que ha fallado, otro bloque que defiende la ley del otro y hablando de que se ‘instaló que es una mala ley’ si solo fue eso no estaríamos debatiendo el tema”.
Y continuó: “Es una mala ley, lo muestra el inquilino”, y los invitó a sus pares a que “salgan a escuchar a la gente”, y adelantó el acompañamiento en dos puntos del dictamen de JxC que permita replantear los plazos. Sin embargo, avizoró que “sería una vergüenza no llegar al recinto con un acuerdo que solucione el problema de millones de argentinos. El Estado se metió donde nadie lo llamó. Vayamos a sesionar para resolver el problema”.
Por Santa Fe, habló el diputado oficialista Eduardo Toniolli que señaló: “Hay una crisis habitacional y en el mercado de alquileres”, por lo que “se impuso la idea de que es culpa de la Ley”. Por consiguiente, resaltó que la ley entró en vigencia en plena pandemia, en un proceso inflacionario, pero en algunos de sus aspectos “porque no están siendo aplicados” y es una ley que “no llegó a cumplir el período de un contrato en una Argentina donde la renta de inmuebles es en dólares”.
Al igual que Píparo, el santafesino también recordó que “hicieron campaña con la derogación de la ley”, que “tiene aspectos positivos, algunos negativos y algunos que no se cumplen”. También, remarcó la necesidad de incentivos fiscales.
Esta semana avanzará el debate en el seno de la Comisión de Legislación General, pero todavía no se emitirá dictamen.
A través de una sesión especial que no llegó a concretarse, la oposición obligó a principios de abril al oficialismo a tratar una reforma de la Ley de Alquileres. Así, se conformó la Comisión de Legislación General, que delineó un cronograma de audiencias al cabo de las cuales los diputados se abocarán a la elaboración del dictamen a llevar al recinto.
Concluidas las reuniones informativas que se realizaron de manera mixta y convocaron a 132 expositores, ahora es el turno de los diputados para trabajar el dictamen correspondiente. Al filo del tiempo acordado con la oposición para ir al recinto. Según esos tiempos establecidos, esta semana debería haberse dado la sesión correspondiente.
Pero no es fácil lograr un dictamen. En diálogo con varios legisladores, parlamentario.com pudo corroborar que hay quienes piensan que no podrá llegarse al recinto con un dictamen único. La vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, Carla Carrizo, admitió que podría haber dos dictámenes; otro diputado del oficialismo fue más crudo al no descartar que haya “varios dictámenes”.
Con este panorama para un tema que no es para nada sencillo y que no terminará conformando a todas las partes, se llega al momento de llevar la cuestión al recinto con muchas dudas, y entre ellas la de cuándo será su tratamiento. Pues se esperaba que esta semana se emitiera dictamen, pero Legislación General se reunirá este martes, mas no para tratar alquileres, sino tratar el proyecto de prórroga por el termino de 90 días la vigencia del artículo 6° del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. Será este martes a las 15.
Al día siguiente se reunirá la comisión nuevamente, pero está acordado que ese día expondrán todos los que tienen proyectos propios, de modo tal que recién en una reunión posterior se debería llegar a el o los dictámenes. Debería ser la segunda semana de mayo, que es la única que queda libre, pues los dos miércoles posteriores serán feriados.
El primero, 18 de mayo, dedicado al Censo Nacional; el segundo, 25 de Mayo. Y con la vuelta de la presencialidad, se complica para los diputados estar presentes en Buenos Aires si existe un feriado justo a mitad de semana.
Lo más conveniente entonces sería que la sesión fuera el 11 o 12 de mayo, luego de que la Comisión de Legislación General dictaminara el martes 10. De lo contrario, el tratamiento en el recinto debería pasar para el mes de junio.
Fueron 20 los oradores en representación a las distintas partes involucradas en la temática que expusieron ante la Comisión de Legislación General en el Anexo “C” de la Cámara baja. La próxima semana será el turno de los diputados.
Luego de haber escuchado a más de 130 invitados en representación a las distintas partes involucradas por la Ley de Alquileres (27.551), la Comisión de Legislación General de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, finalizó la última jornada con expositores que se llevó a cabo este martes en el Anexo “C” de la Cámara baja.
La próxima semana comenzará el tratamiento legislativo por parte de los diputados para obtener el dictamen. En ese sentido, la presidenta de la comisión aclaró que invitarán a exponer a los legisladores que han presentado proyectos sobre el tema, pero remarcó que “no todos los proyectos presentados sobre la temática tienen giro a la comisión”. Además, invitó a los diputados que “no son parte de la comisión, pero que quieran participar pueden hacerlo”.
Las distintas posturas en torno a cómo resolver la problemática estiran los tiempos, mientras que desde la oposición hay voces que reclaman avanzar rápidamente. Es que, en el mes de marzo, Juntos por el Cambio tenía prevista una sesión para derogar la actual ley, pero tras acordarse el cronograma de tratamiento decidieron desactivarla, aunque con el aviso de que si pasado el plazo de 30 días no se alcanzaba un consenso, iban a insistir con esa sesión.
En torno a derogar o modificar la ley, sancionada hace menos de dos años por el Congreso, se presentaron numerosos proyectos.
Las visiones contrapuestas que han mostrado a lo largo de las jornadas desde el sector de los inquilinos y de los propietarios/inmobiliarias solo acrecientan la incertidumbre sobre cómo se podrá resolver una reforma a la norma que conforme a todos. No parece nada fácil, sobre todo en dos puntos centrales.
A lo largo de las reuniones informativas, desde las asociaciones de inquilinos reclamaron que no se elimine el índice previsto para los ajustes anuales -que combina IPC y RIPTE-, al tiempo que muchos de ellos reivindicaron el plazo del contrato de 3 años.
Desde la otra vereda, los argumentos dados desde el sector inmobiliario se basaron, fundamentalmente, en eliminar de la norma el índice de ajuste anual, dejando librado el acuerdo entre las partes; y volver al contrato de 2 años.
Las exposiciones
Abrió la ronda de expositores este martes la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Josefina del Río, quien denunció que “una gran cantidad de contratos se están celebrando en condiciones informales y no se registran ante la AFIP”, algo que estableció la ley. “Hoy en Rosario el 20% de la población alquila”, detalló y mencionó que “entre los años 2020 y 2021 recibimos 14 mil consultas vinculadas al tema de alquileres”.
En cuanto a la norma, la funcionaria defendió que los plazos de duración de los contratos “más largos suponen mayor estabilidad”. “El problema no son los tres años, el problema es la seguridad jurídica, y eso alcanza a las dos partes del contrato”, observó.
“Discutir el precio supone discutir el mercado. Hablar de mercado inmobiliario es hablar de suelo. Y en las ciudades que tienen que ser compactas y sostenibles hay que gravar la vivienda ociosa. Pero la escasez de inmuebles no se resuelve solo en base a una sanción, también es fundamental generar un régimen de beneficios y promoción impositiva para que más propietarios se inclinen a volcar sus viviendas al alquiler”, sostuvo Del Río.
Y resumió: “No se trata de derogar la ley, se trata cumplir aquello que ya se regula y de modificar lo que demostró no funcionar”.
Luego fue el turno de la exdiputada de la UCR Josefina Mendoza, quien habló en representación de la Fundación Haciendo, y propuso que en el marco del debate de la ley se piense en “un régimen de alquileres específico para estudiantes de nivel superior”, propuesta que había presentado a través de iniciativas en 2018 y 2021.
La bonaerense recordó que la actual ley se aprobó “con la mejor de las voluntades, pero efectivamente en el día a día ha traído distintas consecuencias”. Centrada en su propuesta, resaltó que este régimen busca “generar incentivos” ya que el alquiler es “un limitante económico que desincentiva a los estudiantes” a poder llevar adelante su carrera.
Por la Asociación de Inquilinos de San Juan, Renzo Quero, subrayó que es “fundamental” ver a la vivienda “desde los derechos humanos”, porque “si la entendemos como un bien comercial, la verdad que todas las garantías se pierden, no tenemos garantía de protección estatal”.
“Venimos a defender que no se derogue” la norma, expresó y señaló que los inquilinos son “la parte más débil (en la relación contractual); sí o sí necesita la intervención del Estado”. “Esta ley vino a reconocer derechos y no podemos retroceder”, insistió.
Desde el colectivo de Hipotecados UVA autoconvocados, Claudia Pilo remarcó que “muchas veces los inquilinos al no contar con las exigencias requeridas por las inmobiliarias y los propietarios deben vivir en lugares en condiciones inadecuadas, precarias y a un costo altísimo”. “El lobby del sector inmobiliario y el mercado no pueden decidir qué calidad de vida tienen que tener las personas, es necesario que el Estado intervenga”, manifestó y agregó: “Los hipotecados UVA pasamos por ese infierno, por eso nos solidarizamos con todos ellos”.
Sobre la realidad de este sector, lamentó que “ahora somos inquilinos de los bancos”. “Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri se instrumentó y creó la estafa UVA, una demanda de los principales agentes del sector inmobiliario y de los bancos para impulsar el crédito hipotecario y así obtener ganancias extraordinarias. De esta forma se entregó la política pública de acceso a la vivienda al sector financiero. Hoy, por causa de esa política, están en vilo más de 115 mil familias en todo el país”, enfatizó.
Tras precisar que el valor promedio de una cuota, que se ajusta por inflación, “supera los 70 mil pesos”, Pilo indicó que “la UVA desde su creación en abril de 2016 aumentó un 700%”.
También con críticas a la gestión actual, la expositora dijo que “lo único que tenemos hoy por parte del Gobierno es el relato sobre el fracaso de los créditos UVA. Para relato estamos nosotros, que sufrimos el destrato constante a pesar de las promesas de campaña del actual presidente”.
“Es urgente la decisión política que demuestre firmemente que, entre los bancos y la gente, se elige a la gente. Al igual que los inquilinos necesitamos que nuestros legisladores aborden urgente nuestra problemática”, reclamó.
Sergio Chouza, de la Consultora Sarandí, realizó un aporte vinculado al aspecto macroeconómico y financiero de la legislación actual señalando tres indicadores y explicó: “Cómo funciona la fórmula actual de actualizaciones para dar referencias objetivas vinculado a la convulsión de los precios. La formula actual suaviza las variaciones y el componente atado a laos salarios le dio la dinámica a la baja. Hay que tener referencias de actualizaciones, es lo importante a la hora de hacer los contratos”.
“El segundo factor, según los datos objetivos del INDEC, indica que en los últimos años los alquileres se abarataron en términos relativos, tanto en relación a la inflación como respecto de los salarios. Por lo que la carga de los contratos de alquileres no se ha incrementado, todo es producto de un problema macroeconómico que es el proceso inflacionario”, sumó y cerró: “El problema más grave es el esquema de actualizaciones anuales y semestrales, porque se incrementa el 10,6% la carga financiara para el inquilino como consecuencia de bajar las actualizaciones anuales, hay que ver quién se perjudica en esto”. “Me preocupa que no este el Ministerio de Economía sobre los riesgos al actualizar la ley porque tenemos problemas graves con el aumento de los procesos inflacionarios”, concluyó Chouza.
A su turno, Vanesa Falcón de la Red de DDHH de Corrientes sostuvo que “es imprescindible la intervención del Estado para regular el sector”, pero remarcó que la intervención debe ser “efectiva” no como sucede “con la Ley de Alquileres vigente que no cumplió ni cumple desde su promulgación y que a pesar de la pandemia tuvimos que atravesar situaciones de aumentos y desalojos, siendo que en la normativa lo prohíbe”.
“En Corrientes alquilar significa destinar el 50% del salario para garantizar el acceso a un techo digno, aquí no se cumple la Ley de Alquileres. Una ley que no tiene dos años de vigencia y ya están buscando modificarla. Comprenden el descontento que generó establecer un índice anual y la extensión de dos a tres años, porque son los puntos que más molestan al sector inmobiliario un sector que durante décadas supo manejarse sin intervención estatal”, denunció y defendió los tres años de contratos.
Por la Secretaría General ADEMYS se expresó Mariana Scayola: “Cualquier debate sobre esta ley es insuficiente si no hay una discusión y política de fondo que resuelva el problema del derecho al acceso a la vivienda que no lo ha resuelto ningún gobierno hasta ahora, por el contrario, han apoyado la privatización del espacio público”.
En ese sentido, subrayó que “los alquileres aumentaron más que la inflación mientras nuestros salarios se pulverizaron. La falta del derecho a la vivienda es un problema mortal. Las prioridades deben cambiar, el primer punto de discusión debe ser el derecho al acceso a la vivienda digna. Solo de esa manera se va a resolver el problema de fondo”.
Por su parte, la concejala de Rosario, Norma López, indicó que “los ajustes que se deben hacer a la Ley deben ser muy precisos para no caer en riesgos jurídicos y seguir aportando al eslabón menos protegido”.
“Esta Ley nos permitió una herramienta para salir de la emergencia, pero son necesarias las modificaciones que deben ser muy precisas”, señaló y recordó que ha presentado varias propuestas en torno al tema porque el acceso a la vivienda en Rosario “está hackeado” y bregó por “más y mejores políticas públicas de los tres niveles de Estado para abordar los temas y ejercer controles para acompañar a las familias argentinas”, y cerró: “Tenemos que trabajar mucho mejor el alquiler social”.
En representación de la Secretaría General CTA Capital habló Juan Manuel Sueiro quien planteó: “Cada vez que la vivienda sea considerada como un activo financiero va a ser difícil que podamos discutir en torno a la vivienda como un derecho social”, y coincidió en “la mirada federal que hay que tener de la normativa” teniendo en cuenta los valores de la economía y remarcó que hay que sostener “las actualizaciones anuales, los contratos por tres años, el impacto psicosocial las familias migrando, es muy complejo y son variables que hay que tener en cuenta”.
Además, consideró que “el impacto de la aplicación de la Ley no es negativo como se señaló en jornadas anteriores, por el contrario, garantizó y afianzó a cierta estabilidad del mercado que sin lugar a dudas en este contexto vuelve a mostrar su tensión sobre los ingresos en el conjunto de los ciudadanos”, y señaló que “la vivienda es un derecho social” y pidió a los legisladores que “no solo reflexionen y modifiquen, sino que legislen en ese sentido para el mundo del trabajo”
Desde la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un techo digno, su presidenta Glenda Gómez, remarcó la importancia del acceso a la vivienda digna y solicitó a los legisladores que “piensen qué sueldos pueden soportar bajar los contratos a dos años”, y defendió: “La Ley no se toca, es en defensa de nuestros derechos, tenemos que ponerles un tope a las renovaciones y poner como referencia el salario vital y móvil”.
“Los inquilinos somos esclavos, entregamos nuestro sueldo sin derecho a poder decidir qué poder hacer con ello y salimos a trabajar todos los días. Que no nos mientan con planes PROCREAR porque nunca podemos acceder a ello, queremos pagar nuestras propias casas”, cerró.
Otro de los expositores fue Patricia Nari de la Facultad de Ciencia Política de Rosario quien señaló: “La discusión de la Ley expresa la disputa de poderes a intereses de manera que los actores que están en juego despliegan estrategas para mejorar su posición en una puja. Es impresionable la intervención del Estado. El mercado inmobiliario esta distorsionado que tata a la vivienda como una mercancía. Existen una situación heterogénea a nivel nacional y al interior de cada provincia”.
“La ley debe sostener los tres años de contrato no para reducir la situación económica, sino también el estrés y la angustia de las personas que deben salir a buscar otra vivienda”, remarcó y sugirió la creación de un registro de inquilinos para generar un sistema de datos transparentes en cada provincia.
Por el Instituto de Investigaciones para el desarrollo territorial y del hábitat humano habló María del Rosario Olmedo indicó que en 2010 se duplicó la cantidad de inquilinos por lo que consideró que “la población inquilina no esta bien, pero tampoco lo estaba antes de la ley, no fue la ley el problema sino lo que el Estado dejó sin regular y sin controlar, de eso debe hacerse. La ley implicó grandes avances, debe mejorarse hacia adelante nunca hacia atrás”.
“Ninguna ley va a resolver la problemática habitacional, mucho menos en la actual coyuntura económica”, comenzó Roberto Fabiano arquitecto y corredor público y agregó: “Con los actuales índices inflacionarios se debe autorizar el aumento semestral o cuatrimestral incluso favorece al locatario”. Por otro lado, se refirió a los contratos de tres años lo cual “hace que los contratos se depriman y queden lejos de la realidad”.
El corredor inmobiliario Luis Chej Muse opinó que “pasados los dos años de que entró en vigencia la Ley, los resultados no fueron buenos, y perjudicaron a las dos partes tanto inquilinos y propietarios”.
En tanto, consideró que “es muy simple revertir la situación hay que modificar dos artículos de la Ley: el artículo 3 del título uno que habla del plazo locativo, en este contexto de incertidumbre un plazo de 36 meses es terrible. El segundo punto a tratar es modificar el artículo 14 que refiere al ajuste del monto locativo porque no es posible ajustar cada 12 meses un valor del mercado”.
La Comisión de Legislación General retomará este martes el debate de la norma con una nueva lista de invitados. Luego vendrán las dos jornadas de discusión de los legisladores.
Tras escuchar a más de 100 expositores, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, realizará este martes a partir de las 13.30 una nueva reunión informativa en torno a la Ley de Alquileres 27.551, con la participación de representantes de las partes involucradas.
Según el cronograma que se había fijado a principios de abril, este martes 26 y miércoles 27 los legisladores se abocarían a la discusión de la letra chica de las distintas iniciativas presentadas, con el objetivo de alcanzar dictamen. Pero eso se postergará para la próxima semana, confiaron a parlamentario.com fuentes del oficialismo y la oposición.
Los legisladores tendrán dos jornadas de debate antes de emitir despacho. La primera reunión sería este miércoles -día en el que está programada también una seguidilla de reuniones para constituir otras comisiones–, mientras que la segunda quedará para la otra semana.
A lo largo de las reuniones informativas, por la que pasaron representantes de asociaciones de inquilinos, propietarios, colegios de corredores públicos y martilleros, y distintos especialistas, hubo miradas contrapuestas entre las partes.
Desde el sector de los inquilinos reclamaron que no se elimine el índice previsto para los ajustes anuales -que combina IPC y RIPTE-, al tiempo que muchos de ellos reivindicaron el plazo del contrato de 3 años.
También aseguraron que el Estado debe intervenir en el mercado en defensa de la parte débil de la relación contractual, y advirtieron que la actual ley no se está cumpliendo correctamente.
Por otra parte, los argumentos dados desde el sector inmobiliario se basaron, fundamentalmente, en eliminar de la norma el índice de ajuste anual, dejando librado el acuerdo entre las partes; y volver al contrato de 2 años.
Asimismo, enfatizaron que la Ley 27.551 profundizó la escasez de oferta y propusieron incentivos impositivos para que los propietarios pongan las viviendas en alquiler.
La Comisión de Legislación General recibió durante más de tres horas a representantes de los distintos sectores en el Anexo “C” de la Cámara baja.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau (FdT), retomó este martes las audiencias en torno al debate de la Ley de Alquileres, con la participación de invitados que representan a los distintos sectores involucrados. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, con la mayoría de los oradores de manera presencial.
En esta ocasión fueron convocados 30 expositores, de los cuales la mitad representan a los inquilinos. En la primera reunión, realizada la semana pasada, predominaron los referentes de colegios inmobiliarios y martilleros. Además, durante ese encuentro, hablaron ante los legisladores invitados de casi todas las provincias del país, bajo la modalidad virtual.
La discusión en torno a la Ley 27.551 continuará este miércoles, mientras que se espera que la semana próxima -los días 26 y 27- los diputados se aboquen al debate de la letra de los proyectos, con el objetivo de alcanzar dictamen.
En la primera jornada, las voces de los inquilinos se manifestaron a favor de la norma y alertaron que no se cumple correctamente, mientras que los representantes de propietarios e inmobiliarias pusieron el ojo sobre los dos puntos más cuestionados: la extensión de los contratos y el índice que se utiliza para los ajustes anuales.
En primer lugar, Federico Prior, de Inquilinos Neuquén, apuntó que la problemática de alquileres “es nacional” pero “en regiones y en provincias adquiere distintas características”. Al describir puntualmente su provincia, “tierra de Vaca Muerta, de grandes riquezas, de turismo internacional”, el expositor subrayó que se da la situación de “contratos cortos, en dólares, que lo que hace es expulsar a familias inquilinas del lugar”.
El representante de los inquilinos consideró que el único que puede ser “garante” en la relación asimétrica que existe entre ambas partes es el Estado. “Quien debe equilibrar la relación es el Estado”, insistió, y recordó que la Ley de Alquileres sancionada hace menos de dos años fue “un piso, una base de regulación para un mercado totalmente desregulado”. Asimismo, afirmó que sería un “retroceso total” volver a los contratos de dos años y quitar un índice para los reajustes anuales.
A su turno, Laura Ceroli, investigadora y docente universitaria, detalló que “cerca del 16% de los hogares argentinos es inquilino y en las grandes ciudades este porcentaje asciende al 30%”, además “según la última Encuesta Permanente de Hogares, el porcentaje llega al 50% en jóvenes, mayores, mujeres jefas de hogar y disidencias”.
“La población inquilina destina en promedio el 45% de sus ingresos al pago del alquiler; en jóvenes llega a un 77%; y en mujeres jefas de hogar trepa a un 49%”, precisó. En su intervención, Ceroli sostuvo que “la actual ley es perfectible”, pero debe mantener al inquilino “como actor vulnerable frente a la avanzada financiarización del suelo por parte del sector inmobiliario, el cual impone a la vivienda como un bien especulativo”.
Por su parte, Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, expresó que “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, a eso tiene que dar respuesta el Estado” y “la vivienda tendría que ser una política de Estado”. Al hacer un repaso histórico, el expositor lamentó que desde 2001 en adelante “no hay crédito hipotecario sostenible que permita que el inquilino se transforme en propietario”, lo que generó “cada vez mayor demanda”.
Sobre ese punto, agregó que en el año 2012 se dio “un boom de la construcción”, lo que permitió mantener la oferta, pero en los últimos años ésta última “comenzó a mermar, y después de la ley, más”. Grandinetti también observó que la Ley de Alquileres “no tuvo un buen diagnóstico”.
Desde Inquilinos Córdoba, Maximiliano Vittar cuestionó el “latiguillo de que la Ley de Alquileres no funcionó”, porque en realidad “lo que no se están analizando son las causas. No se analiza el incumplimiento de la ley”. “No tenemos un órgano de control que garantice el cumplimiento” de la norma, resaltó y, en otro tramo, negó que falten viviendas para alquiler, sino que “lo que falta es una mejor redistribución y una presencia mejor del Estado”.
Luego fue el turno de Andrés Gariboldi, en representación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, quien opinó que “la reforma de la Ley de Alquileres no soluciona en forma integral la problemática de la vivienda en nuestro país”, pero hay que “poner en marcha medidas de corto plazo”.
En ese sentido, abogó por la “reducción del plazo del contrato de 36 a 24 meses” y “un escalonamiento dentro de las locaciones; no hay ningún producto ni ningún servicio en la República Argentina que se actualice una sola vez al año”. Entre otros puntos, habló de “incentivos para que haya inversiones en inmuebles para que ingresen al mercado locativo”, que podrían ser beneficios sobre el impuesto a los Bienes Personales o “un blanqueo de capitales por el término de 180 días”.
Durante su exposición, el director del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Fernando Muñoz, realizó un recorrido histórico sobre los alquileres, durante el que destacó que “el peronismo generó la mayor cantidad de propietarios, de inquilinos que pudieron comprar viviendas” y que durante las presidencias de Juan Domingo Perón se triplicaron la cantidad de propietarios.
El exlegislador porteño continuó: “(Juan Carlos) Onganía decidió terminar con la protección del alquiler para el trabajo. En el ’68 y ’69 se vio la mayor cantidad de desalojos comerciales, porque también estaba protegido el comercio”. En su alocución, lamentó que durante la dictadura se dolarizó este mercado, pero valoró “la ley alfonsinista en el ’84 que pesificó los alquileres”.
Muñoz enfatizó que en el país “no solo la vivienda se mercantilizó, se mercantilizó el alquiler” y “no existen más las cámaras de propietarios; nadie sabe realmente quiénes son los que tienen muchas viviendas y cuántas viviendas tienen”. “Contratos más cortos, comisionistas felices e inquilinos más pobres. Frecuencias más cortas para pagar los aumentos, comisionistas felices e inquilinos más pobres. Toda reforma en este contexto sería para que los inquilinos paguen más y los comisionistas hagan más negocios”, cerró.
En la voz de los asentamientos populares, Lucas Stevani, militante del Polo Obrero La Plata, remarcó que los trabajadores precarizados tienen “vedado un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda”. “Esto es un problema explosivo en nuestro país, porque hay un déficit habitacional de más de 2 millones de viviendas solo en la provincia de Buenos Aires”, expresó.
En esa línea, consideró que es “necesaria una solución de fondo” y propuso “la creación de un banco de tierras, de un plan de viviendas populares y dejar de amparar a los especuladores”, al tiempo de que se avance con “la urbanización de los barrios populares” y se genere “un impuesto a la vivienda ociosa”.
En nombre de la Asamblea de Inquilinos de Tandil habló Juan Arrizabalaga, quien es además concejal del Frente de Todos en Tandil. “Si hay algo que el mercado no cumple son las leyes, y si hay algo que el mercado inmobiliario no cumple son las leyes. No cumplía la anterior, no cumple esta y no va a cumplir ninguna que venga si el Estado sigue estando ausente en el acceso a la vivienda por alquiler”, sostuvo. En un muy duro discurso, afirmó que “esa posición a la ofensiva, apoyada por los medios hegemónicos y un sector de la política de la derecha en la Argentina, parecía que era todo un carnaval. Hasta que se empieza a transformar en una posición defensiva que es venir a decir ante todo el país qué es lo que quieren. Y ahí es donde la discusión se hace mucho más rica, porque lo que dicen es: ‘los dos artículos que queremos derogar, los queremos modificar porque no nos permiten aumentar más los precios’. Por eso el mercado se apuró a decir no por favor, a la política que los expresa como voceros, no hablemos de suspender, no hablemos de derogar, nosotros queremos modificar. ¿Qué es lo que queremos modificar? Achicar los plazos de contrato, no solo porque nos cobran comisiones ilegales. Estos señores de la evasión y la ilegalidad, ahora tienen que expresar, estando en la ofensiva, lo que no es tan sencillo para los diputados votar”.
A su turno, Carolina Gonzalez Contador, representante deInquilinos Entre Ríos, sostuvo que “las inmobiliarias no son simples intermediarias entre locadores y locatarios; ellas en primer lugar responden a sus propios intereses, y en segundo lugar, responden a los intereses de los propietarios de los inmuebles, que son los que los contratan”. Se quejó luego del “fuerte lobby inmobiliario” por el cual “hoy tenemos que estar acá discutiendo ágilmente su modificación en 30 días, siendo que la discusión de la ley se ha dado durante años”. Además, consideró “innegociable” el plazo mínimo de 3 años para los contratos.
Exequiel Vergara, de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, criticó la cuestión de los plazos de los contratos, que “en la práctica lo que hace es que se retiren viviendas”, al tiempo que reprochó: “En la economía más inflacionaria del mundo no sé a quién se le puede ocurrir atarlo a índices”.
Julián Corvaglia, de la Federación Nacional de Inquilinos, negó que la ley hubiera fracasado. Reivindicó el plazo de tres años, por cuanto “les dá a los inquilinos seguridad jurídica”, como así también “se anula la sobreestimación de la inflación”. Asimismo reivindicó la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa, alertando que “la importancia de las viviendas vacías es tal que Francia lanzó el año pasado el plan nacional de lucha contra las viviendas vacantes, que se propone movilizar las viviendas ociosas, con sanciones o estímulos”.
Virginia Manzotti habló en nombre del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentina, quien habló de “una caída extrema de los puestos de trabajo que tienen que ver con la construcción”. Advirtió además que por la ley vigente se han retirado más del 35% de los inmuebles residenciales en la oferta inmobiliaria.
Por la Asociación de Defensa del Inquilino, José Griselli rechazó que existan “organizaciones con fines espúrios”, y en ese sentido se refirió a corredores inmobiliarios y a inquilinos. “Entiendo que son parte de un engranaje social; unos en busca del trabajo y otros en busca de un lugar asequible donde vivir. Me parece que el camino es el del consenso”, señaló en tren contemporizador.
Advirtió no obstante que desde la sanción de esta ley se ha aumentado el alquiler en un 180%, y se han retirado las unidades de alquiler en un 40%.
En nombre de la Fundación de Estudios para Desarrollo Inmobiliarios, Claudio Vodánovich señaló que “estamos en un contexto altamente inflacionario, sino no estaríamos hablando del índice de alquileres”, advirtiendo que “para que exista un inquilino tiene que haber una capacidad de ahorro con la cual decida a invertir en el ladrillo, la vivienda. Si desalentamos que esa familia invierta, no va a poder haber inquilinos. Lo que tenemos que hacer es alentar a quien tiene esa función”.
A continuación, Guadalupe Granero Realini del Centro de Estudios Metropolitanos, señaló que la discusión estructural es respecto a cómo revertir procesos tan complejo, y expresó que la premisa debe ser siempre “no retroceder y avanzar todo lo posible en los derechos que mejoran el acceso a la vivienda, extender el periodo de los contratos lo máximo posible para dar estabilidad, establecer los precios iniciales y pautas de aumento lo más cercano posible a los ingresos de los hogares”.
En este sentido, advirtió que “la vivienda como un vehículo de inversión es incompatible con la vivienda como un derecho”.
Finalmente, Andrés Brody, de la Cámara Empresaria del Desarrollo Urbano – CEDU consideró que la falta de oferta “está dada porque el sector hoy no tiene renta, de hecho la renta es negativa. Lo que hay que hacer es volver a seducir a los propietarios, para que quieran volver a poner sus propiedades en alquiler, y en definitiva los únicos beneficiarios de ese procesos van a ser los inquilinos, porque van a tener más oferta, más posibilidad de elección, y siempre que la oferta es excesiva los precios tienden a la baja”, concluyó.
Fue en la reunión informativa de la Comisión de Legislación General de Diputados en donde participación expositores de casi todas las provincias. Martilleros e inquilinos dejaron expuestas sus diferencias respecto la ley.
Más de 40 representantes de inquilinos y corredores inmobiliarios -en su mayoría- expusieron ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados este martes, en el marco del debate para reformar la Ley de Alquileres (27.551).
La reunión informativa, que se extendió por más de cuatro horas de manera mixta, es decir, con modalidad presencial y remota, se realizó en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Del encuentro asistieron expositores de casi todas las provincias argentinas: Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, La Pampa, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Chaco.
De los 42 oradores, un poco más de la mitad correspondían a colegios de martilleros, quienes coincidieron en que “ninguna modificación va a terminar solucionando el problema de los alquileres mientras haya tanta inflación. La inflación es el problema”. Además, estuvieron de acuerdo con la modificación de la ley, puntualmente en bajar de tres a dos años los contratos y que las actualizaciones sean de forma semestral.
Por otro lado, hubo 9 de asociaciones de inquilinos que respaldaron la Ley de Alquileres quienes pidieron que los contratos continúen siendo de tres años porque “sí da previsibilidad” y que las actualizaciones sean cada un año. Además, solicitaron que no se derogue la ley y que los diputados “se tomen su tiempo antes de resolver el tema y no actuar de manera acelerada”.
Las jornadas con invitados continuarán la próxima semana, los días martes 19 y miércoles 20 de este mes. Mientras que los días 26 y 27 de abril, los legisladores se abocarán a la discusión de los proyectos, con el objetivo de sacar dictamen.
En Diputados, el oficialismo y la oposición acordaron un plazo de 30 días hábiles para aprobar un nuevo proyecto. Si bien algunos apuntan a un dictamen de consenso para modificar los puntos más conflictivos de la norma -extensión de los contratos y fórmula de ajuste-, se presentaron más de una veintena de iniciativas no solo para cambiar la ley sino para introducir otros aspectos referidos a la temática.
Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, señaló que “salvo algunos puntos acertados o clarificadores” la norma “no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso a la locación, a la continuidad de las relaciones locativas en forma ordenada”, sino que por el contrario “profundizó la escasez de oferta, disparó los valores iniciales, y tornó menos previsibles y menos flexibles las condiciones contractuales para ambas partes”.
El expositor defendió que el plazo de dos años en los contratos, como era anteriormente, “acusaba menos dificultades para encontrar un equilibrio entre las partes” y observó que “el aumento único y anual”, determinado por la ley votada el año pasado, “impide una gradualidad que acompañe incrementos salariales”.
Por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de San Luis, Fernando Olcese dijo: “No es culpa nuestra todo este faltante de vivienda que existe hoy”. “Yo creo que es todo solucionable; la nueva Ley de Alquileres tiene artículos que son muy buenos”. En cuanto a los que no lo son, hizo referencia a modificar el plazo de los contratos y también la cuestión de “las actualizaciones de los montos locativos” que “hoy por hoy es favorable al propietario”. “Este mes tocó un aumento de 55%. Es una locura, nunca hemos trabajado con esos montos, pero es lo que la ley nos manda”, añadió.
Por su parte, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, detalló que en 2021 se recibieron “1.181 denuncias provenientes de inquilinos e inquilinas de nuestra ciudad”, dentro de las cuales “5 de cada 10 relatan incumplimiento a la Ley de Alquileres vigente”. En esa línea, apuntó que habría que preguntarse “si es que la ley fracasó, no funciona; o que la ley no se está cumpliendo y hay sectores que están haciendo lo posible para que esto no se cumpla”.
Entre las denuncias, los inquilinos hablan de “cobros indebidos a la discriminación de expensas que la ley estipula”, también la firma de contratos por un plazo menor y el “incumplimiento sobre el artículo de las reparaciones urgentes”, precisó Salinas. Asimismo, señaló que “las inmobiliarias les piden indexaciones” y, además, “lo de la no registración es permanente”. Finalmente, el orador pidió gravar a la vivienda ociosa, al tiempo de promover fiscalmente a los propietarios que ponen en alquiler.
En sintonía con los expositores anteriores, sobre los dos puntos más conflictivos de la ley, Gabriela Ortiz de Urbina, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, sostuvo que la norma “afectó principalmente por el tema del plazo y el incremento”. “Los 36 meses en nuestra economía, en la economía argentina, es demasiado tiempo”, argumentó sobre el plazo de los contratos, mientras que remarcó que “no existe ningún otro producto o servicio que se ajuste una sola vez al año” con la inflación que hay en el país.
La invitada reclamó entonces por volver a “los contratos con vigencia de 24 meses” y “las actualizaciones escalonadas”, al tiempo que planteó otras propuestas, entre ellas “la desgravación impositiva a la construcción de nuevas viviendas” y “una ley de blanqueo que permita la compra de lo usado con obligación de ocho años en alquiler”.
Daniela Gargantini, del Centro Experimental de la Vivienda Económica de Córdoba, aclaró que lo que se está legislando es “un derecho humano constitucional, como es el derecho al hábitat”, y destacó que desde 2001 y 2010, la población inquilina pasó de un 11 a un 16%, cifra que anticipó que el próximo censo dará más alta.
Desde el Colegio de Corredores Públicos de Misiones, María Bower, resaltó que la ley tiene “algunos aspectos positivos en los que hay que pensar” y ejemplificó que uno de esos es “la posibilidad de constituir un domicilio electrónico porque hay que acompañar la vida con la virtualidad”.
“Las expensas las paga el locatario y las extraordinarias los propietarios, eso estuvo bueno incluirlo en la ley”, sumó y bregó por “la derogación de la posibilidad de indexar teniendo en cuenta la inflación que esta ley afectó severamente”. Sobre los plazos y el sistema de indexación remarcó que “produjo una retracción en el alquiler de inmuebles. La Ley de Alquiler debe ser modificada porque existen cuestiones que afectó el mercado como el plazo de contrato, si bien permitió la posibilidad de indexar, pero colocó un índice por fuera de lo que el bolsillo permite porque no todas las realidades de las provincias son iguales”.
En nombre de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, habló su presidente, Pablo Daviña, quien hizo hincapié en la cuestión de los tres años de contrato, que ha generado a su juicio “un crecimiento del mercado informal” en un mercado que “ha perdido la previsibilidad”. Antes, dijo, “los inquilinos podían prever cuál sería el importe a abonar durante los dos años de contrato, los ajustes”.
Asimismo, consideró un error “ajustar a todo el país por el mismo índice”. Daviña confió que le parecía “razonable” que se ajuste por inflación y crecimiento de loso salarios, pero aclaró que” hay provincias que no alcanzan” el índice RIPTE “y otras que la superan”.
Mauricio Turell, de la Cámara de la Construcción Inmobiliaria de San Juan, habló de acordar “puntos básicos” en una nueva norma, que comprendieran reducir el plazo de contratos de 3 a 2 años, “y el que quiera hacerlo a 3, pueda hacerlo”, como así también que las actualizaciones sean “semestrales, pactadas entre las partes”.
En su exposición, José Armandola, del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios Entre Ríos, coincidió en que hay que modificar la cuestión de los plazos de contratos y forma de determinar los incrementos. “El resto de la ley tiene cosas muy buenas”, aclaró. Observó en ese sentido que hay contratos que históricamente se extienden de manera indeterminada “cuando la relación es buena”, más allá de lo que establece la ley vigente. “Estamos pasando por la rentabilidad más baja de la historia”, acotó.
En tanto, desde el Colegio Profesional Inmobiliario de Córdoba, su vicepresidente Alejandro Hadrowe, coincidió con sus pares en que el problema “es la falta de viviendas, de créditos hipotecarios y la inflación del país”. En ese sentido, consideró no derogar la ley sino “únicamente la modificación de dos artículos: volver al plazo de 2 años y hacer un cambio en ajustes de precios que sea de forma semestral escalonados o acuerdo entre las partes”.
“Apoyamos la no derogación y si la modificación”, comenzó en su intervención Fernando Esteban Guzmán, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, y enumeró los tres puntos que se deben cambiar en la ley: “La revisión del plazo de tres a dos años, como era anteriormente, porque estamos en una provincia de mayores impuestos. También, que bajo el contexto inflacionario es imposible no actualizar cada 6 meses, proponemos que sea cada un año. Por último, que se tengan distintas características de coeficiente de actualización”.
Por otro lado, desde la Cámara de Propietarios de Neuquén, Oseroff Claudio, expresó: “Estamos tratando un problema socio económico del país, somos propietarios e inquilinos por lo que conocemos la situación de lo que sufren en cada contratación. No es un problema nuevo sino estructural que tiene el país desde hace muchos, pasa que en la coyuntura actual la situación es cada vez peor producto de mala legislación
Sobre la Ley de Alquileres criticó que “ha perjudicado al mercado inmobiliario, lo ha deteriorado”. Por el contrario, resaltó que hay que lograr “consensos” para “lograr algo que nos sirva porque no vamos a poder terminar con este problema”.
En su exposición, Marcelo López Ortiz, de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, recordó que antes de la ley había contratos anuales que no pasaban del 30% es una ley que “no benefició a ninguna parte inclusive a la que se quería proteger que eran los inquilinos porque ahora los contratos son del 80% y propuso, al igual que la mayoría de sus antecesores, un cambio en el plazo del contrato de tres a dos años, y la actualización anual que se modifique y que sea semestralmente porque los propietarios suben el valor”.
A su turno, Roberto Irrera señaló en nombre de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, que preside, que en su provincia desde hace años “el mercado de los alquileres cambió su paradigma”. Antes alquilaba la persona que se casaba, y sino vivía con su padre. Ahora el que se casa, el que se ‘descasa’, el que se va a vivir solo, el estudiante… El mercado se ha visto avasallado por tanta demanda”.
Aclaró que compartía las preocupaciones de los inquilinos, porque también lo había sido y porque lo es actualmente en sus oficinas. Y aclaró que “cada provincia tiene su realidad”, poniendo como ejemplo el planteo que le hizo una empleada pública de su provincia que le preguntó cómo iba a pagar el 55% de aumento, si a ella le pagaban el 42% en tres veces”. El empresario concluyó advirtiendo que ninguna modificación va a solucionar la situación, pues “el problema mayor es la inflación, porque va corrida con el salario”.
Por otro lado, en representación de la Agrupación de Inmobiliarias Argentinas habló Santiago Debé quien manifestó que los resultados de la ley “fueron deplorables” y culpó al contexto inflacionario de la situación, por lo que consideró que ni los inquilinos ni los propietarios “son los culpables” sino “la inestabilidad económica y la ineficiencia en la administración pública que genera falta de armonía en un vínculo contractual”.
A su vez, el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, Felipe Biella, sostuvo que “el mercado formal tiene una cobranza del 95% y la situación conflictiva se da en el mercado informal porque muchos trabajadores no pueden presentar un recibo y capaz terminan pagando 15 mil pesos por un cuarto”.
“Esta ley enmarcada en una macroeconomía elevada ya ha hecho que se retiren el 10% de los inmuebles que estaban, es necesario acciones que recuperen la confianza de que el propietario va a poder cobrar y el inquilino va a poder pagar. Hay que bajar los plazos de actualizaciones a dos años para generar confianza”, aunque reconoció que “también es complicado actualizar anualmente si y solo si la inflación es baja”, por lo que sugirió que “las partes puedan negociar lo que les convengan”.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizará, a partir de las 13, la primera reunión informativa en el marco de la discusión para reformar la norma que se sancionó hace menos de dos años.
Con la participación de invitados, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau (FdT), comenzará este martes con la ronda de reuniones informativas en el marco del debate para modificar la Ley de Alquileres (27.551), sancionada hace menos de dos años en el Congreso.
La jornada se realizará en el segundo piso del Anexo “C”, a partir de las 13. Según se definió la semana pasada, el encuentro tendrá como prioridad escuchar a expositores del interior del país, quienes podrán incluso hablar ante los legisladores de manera remota. El temario que se conoció este lunes por la tarde anticipa la presencia de 43 invitados.
EXPOSITORES-MARTES-12-DE-ABRILLas próximas dos reuniones informativas, en la que también estarán representantes de inquilinos, propietarios e inmobiliarias, se llevarán a cabo el martes 19 y miércoles 20 de abril. Mientras que los días 26 y 27 de este mes, los legisladores se abocarán a la discusión de los proyectos, con el objetivo de sacar dictamen.
El cronograma se fijó luego que oficialismo y oposición llegaran a un acuerdo para buscar, en un plazo de 30 días, aprobar un nuevo proyecto. No obstante, Juntos por el Cambio advirtió que de no llegar en ese tiempo a los consensos necesarios, insistirá con una sesión especial para derogar la norma.
En torno a derogar, suspender o modificar la Ley de Alquileres se presentaron más de una veintena de proyectos por legisladores de distintos bloques.
Mientras algunos rescatan puntos favorables que tuvo la norma, hay dos cuestiones que son observadas tanto desde el oficialismo como desde la oposición para introducir cambios.
Una tiene que ver con el artículo que extendió el plazo de los contratos de dos a tres años. Muchos diputados sostienen que hay que volver a los dos años.
El otro artículo en discusión es el que estableció que los ajustes deberían ser anuales por una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).
Pero también hay proyectos que introducen otros temas, como el que presentó José Luis Gioja (FdT) y habla de gravar un impuesto a la vivienda ociosa, entre otros puntos. Por el contrario, una iniciativa de Alberto Asseff (Pro) impulsa la creación de un régimen de promoción e incentivos para las locaciones con destino habitacional.
Otra propuesta que generó polémica fue la que presentó Gisela Marziotta (FdT), quien busca suspender los aumentos y crear una Cámara Nacional de Alquileres, con participación de funcionarios. Por su parte, Agustín Domingo (JSRN) apunta a dejar en manos de las partes la elección del ajuste de precios.
Habrá tres reuniones informativas, para la cual se armarán listas con expositores de todo el país. A fin de mes, los diputados se abocarán a la discusión de los proyectos.
Tras constituirse, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados definió este martes el cronograma de tratamiento de la reforma de la Ley de Alquileres, a partir del acuerdo al que arribaron oficialismo y oposición de debatir dentro de un plazo de 30 días un nuevo proyecto.
En el arranque, la presidenta de la comisión, la oficialista Cecilia Moreau, recordó que “muchos de nosotros acompañamos” la Ley 27.551, sancionada el año pasado, pero la norma en la actualidad “tiene requerimientos muy importantes por parte de inquilinos y propietarios que no podemos dejar de escuchar”.
Además de apostar por un abordaje “federal” de la temática, la diputada abogó por que más adelante se pueda dar el debate sobre la cuestión del derecho a la vivienda digna. “Ahora, en principio tenemos que resolver esto y abocarnos a esta discusión”, expresó.
Según acordaron los integrantes de la comisión, el debate arrancará el próximo martes 12 a las 13 horas -hasta las 17- con la invitación -principalmente- a expositores del interior del país, bajo la modalidad mixta, es decir, de manera remota y presencial. Se adoptó ese formato, sobre todo, por las complicaciones que podrían resultar de los vuelos, dado que será Semana Santa.
Las otras dos reuniones informativas serán el martes 19 y miércoles 20 de abril, en el mismo horario. Y, finalmente, en la última semana del mes, los días 26 y 27, de forma exclusivamente presencial, los diputados se abocarán a la discusión de los proyectos, bajo la intención de dictaminar.
Durante el encuentro, la radical Karina Banfi resaltó que esta discusión se trata de “resolverle a los argentinos la problemática habitacional”, ya que la actual ley “no condice con la situación económica que está viviendo la Argentina”. Además, dejó en claro que la modalidad mixta “es parte de una excepción” y en el marco del plazo de 30 días que se fijó para tratar la ley.
Por su parte, la oficialista Carolina Gaillard mencionó que la Ley de Alquileres “fue buena, costó mucho y tuvo un buen propósito de defender a los inquilinos”, pero finalmente en la práctica tuvo dificultades y ahora se busca “tener un dictamen que dé una solución” y “certezas”.
En otro momento intervino el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró: “Que nosotros estemos trabajando en esta comisión con este tema, con este nivel de prioridad, no significa que no podamos tratar otros temas. No es un tema único”.
Así también lo reiteró Moreau, quien señaló que el desarrollo de este debate, “no implica que en el transcurso de este mes no tengamos reuniones en el día y horario habituales por otro tema”.
Uno de los diputados que aprovechó la puesta en marcha de la comisión para reclamar por un tema a tratar este año fue el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que llamó a empezar “a trabajar en asesores una nueva Ley de Antidiscriminación”.
En torno a derogar, suspender o modificar la Ley de Alquileres hay más de una veintena de proyectos presentados por legisladores de distintos bloques. Pero en lo que sí pareciera existir coincidencias -por distintas declaraciones públicas- entre las principales fuerzas es en las dificultades que han tenido dos artículos en particular: el que extendió los contratos de dos a tres años; y el que estableció que los ajustes deberían ser anuales por una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).
En la previa del debate de la Ley de Alquileres, se avanzó con la constitución de ese cuerpo de trabajo, que quedará presidido por la oficialista Cecilia Moreau.
Antes de adentrarse en el debate de la reforma de la Ley de Alquileres, se constituyó este martes la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
Tal como se preveía, resultó designada presidenta la diputada -y vicejefa de la bancada oficialista- Cecilia Moreau, quien iniciará así su tercer año al frente esta importante comisión.
En tanto, la diputada de Evolución Carla Carrizo fue reelecta vicepresidenta, mientras que el oficialista Lucas Godoy asumió como vicepresidente segundo. Los secretarios quedaron pendientes de designación.
Legislación General estará integrada por 16 diputados del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y uno del interbloque Federal.
Por el oficialismo son miembros Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Federico Fagioli, Carolina Gaillard, Lucas Godoy, Bernardo Herrera, Mónica Litza, Varinia Lis Marín, Carolina Moisés, Cecilia Moreau, Graciela Parola, Paula Penacca, Vanesa Siley, Eduardo Toniolli, Liliana Yambrún y Carolina Yutrovic.
Mientras que por Juntos por el Cambio fueron designados Karina Banfi, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Omar De Marchi, Maximiliano Ferraro, Ingrid Jetter, Jimena Latorre, Francisco Monti, Victoria Morales Gorleri, María Sotolano, Mariana Stilman, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli y María Eugenia Vidal.
Por el interbloque Federal completa la nómina la diputada Graciela Camaño.
En el encuentro se acordó que las reuniones se realizarán los martes a las 17.
A partir del acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición, se constituirá la Comisión de Legislación General, por donde pasarán las partes afectadas y se buscará arribar a un nuevo proyecto.
Luego del acuerdo alcanzado la semana pasada entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados, en torno a la Ley de Alquileres, este martes comenzará el tratamiento del tema, en la búsqueda de poder arribar consensos en un plazo de 30 días para aprobar un nuevo proyecto.
El primer paso será, a partir de las 15, constituir la Comisión de Legislación General, que continuará al mando del oficialismo de la mano de la diputada Cecilia Moreau. El encuentro se realizará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Esta será la única comisión que aborde el tema, con el objetivo de acelerar el trámite.
La intención es fijar un cronograma de trabajo, que consistirá en la invitación de todas las partes afectadas -inquilinos, propietarios e inmobiliarias-, con el fin de receptar sugerencias y, sobre todo, testimonios de cómo ha impactado la norma que se sancionó en junio de 2020 y trajo dificultades para todos los sectores.
A partir de este acuerdo, el interbloque Juntos por el Cambio decidió desactivar la sesión especial que había solicitado para este martes, bajo el aviso de que, si pasados los 30 días hábiles no se llegan a los consensos necesarios, volverá a insistir con la derogación de la actual Ley 27.551.
En torno a derogar, suspender o modificar la Ley de Alquileres hay casi una veintena de proyectos presentados por legisladores de distintos bloques.
Pero en lo que sí pareciera existir coincidencias -por distintas declaraciones públicas- entre las principales fuerzas es en las dificultades que han tenido dos artículos en particular: el que extendió los contratos de dos a tres años; y el que estableció que los ajustes deberían ser anuales por una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).
La actual Ley de Alquileres tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019, en el tramo final del gobierno de Cambiemos. En ese momento, la norma fue impulsada con fuerza por el exdiputado del Pro Daniel Lipovetzky -hoy legislador provincial- y cosechó un amplio acompañamiento, con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones -dentro de las que hubo macristas y cívicos-.
La sanción final de la ley llegó en junio de 2020, ya bajo la gestión del Frente de Todos y en un contexto de pandemia donde los precios de los alquileres estaban congelados por DNU. En ese momento, la oposición de Juntos por el Cambio se diferenció y estuvo ausente al momento de la votación. Así, la norma fue sancionada en el Senado por unanimidad, con 41 votos positivos del oficialismo y aliados.
Hay acuerdo parlamentario para arrancar este martes el debate de la polémica norma. Ese día a partir de las 15 se elegirán las autoridades de la comisión constituida para analizar las modificaciones.
La presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación confirmó este viernes que el martes que viene a partir de las 15 se constituirá la Comisión de Legislación General que se ocupará de tratar los expedientes referidos a locaciones urbanas.
Esto surge del acuerdo alcanzado esta semana entre el oficialismo y la oposición, a partir del cual se resolvió avanzar con el debate de las modificaciones a la Ley de Alquileres, para lo cual se conformará la citada comisión, que tendrá 30 días para trabajar en el tema y emitir un dictamen para llevar al recinto.
La integración de la Comisión de Legislación General fue a propuesta de los bloques políticos que integran la Cámara de Diputados.
Según informó la Presidencia de la Cámara baja, la comisión estará integrada por 16 diputados oficialistas; 14 de Juntos por el Cambio y una del interbloque Federal.
Frente de Todos: Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Federico Fagioli, Carolina Gaillard, Lucas Godoy, Bernardo Herrera, Mónica Litza, Varinia Lis Marín, María Carolina Moisés, Cecilia Moreau, Graciela Parola, Paula Penacca, Vanesa Siley, Eduardo Toniolli, Liliana Yambrún y Carolina Yutrovic.
Juntos por el Cambio: Karina Banfi, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Omar De Marchi, Maximiliano Ferraro, Ingrid Jetter, Jimena Latorre, Francisco Monti, Victoria Morales Gorleri, María Sotolano, Mariana Stilman, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli y María Eugenia Vidal.
Interbloque Federal: Graciela Camaño.
Se espera que el martes la citada comisión se reúna para elegir a sus autoridades y establecer un cronograma de trabajo para el tratamiento de la Ley de Alquileres, con la presencia de los diversos actores que podrán expresar su parecer respecto de las modificaciones deseadas para la norma.
Según ha trascendido, la oficialista Cecilia Moreau será confirmada al frente de la Comisión de Legislación General, en tanto que Ana Carla Carrizo sería la vicepresidenta.
Se constituyeron este jueves en una seguidilla de reuniones que se realizaron en el Salón Illia. Quiénes son las autoridades designadas.
El Senado avanzó este jueves con la puesta en marcha de cuatro comisiones y el Frente de Todos conservó la presidencia en ellas, al igual que la mayoría dentro de los integrantes que las componen, tal como sucedió en los últimos dos años.
Si bien al comienzo del año Juntos por el Cambio reclamaba más lugares, tanto en presidencias como en la proporcionalidad de los miembros, por haber incrementado el número de su interbloque, la postura del oficialismo que, junto a aliados construyó mayoría, prevaleció.
Así, el Frente de Todos continuará al mando de Legislación General; Economías Regionales, Economía Social y MiPyMEs; Defensa Nacional; y Educación y Cultura.
Legislación General
En la primera reunión constitutiva que se realizó este jueves en el Salón Illia, se conformó la Comisión de Legislación General, que próximamente tendrá el debate del proyecto del Frente de Todos para crear un “Fondo Nacional” para el pago de la deuda con el FMI, a partir de establecer un aporte a quienes hayan evadido y tengan bienes no declarados en el exterior.
Al frente de la comisión resultó elegido el pampeano Daniel Bensusán (FdT), quien agradeció “la confianza depositada” por sus pares “para desarrollar la presidencia de esta comisión. Creo que tenemos que armar una agenda de cara a los intereses de los argentinos y argentinas, y en esta comisión hay proyectos de vital importancia para debatir y tratar de llevar al recinto”.
Además, prometió que “trabajaremos todos los consensos necesarios” porque “la situación del país lo amerita y seguramente estaremos a la altura de las circunstancias”.
En tanto, a propuesta de Juntos por el Cambio la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) fue designada vicepresidenta; mientras que la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (FdT) será la secretaria de la comisión.
Por el oficialismo conforman Legislación General Daniel Bensusán, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Sergio “Oso” Leavy, María Eugenia Catalfamo, Anabel Fernández Sagasti, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos “Camau” Espínola.
Mientras que por Juntos por el Cambio la integran Silvia Giacoppo, Beatriz Ávila, Pablo Blanco, Lucila Crexell, María Belén Tapia, Gabriela González Riollo y Martín Lousteau. Y completa la lista la misionera monobloquista Magdalena Solari Quintana.
Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs
El segundo turno le tocó a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs, donde fue reelecta como presidenta la salteña Nora del Valle Giménez (FdT). Mientras Juntos por el Cambio se reservó la propuesta de vicepresidencia, la monobloquista riojana Clara Vega fue avalada como secretaria.
Giménez agradeció la “confianza depositada” y ponderó que la comisión “ha funcionado con mucho sentido de equipo y si hay algo que tiene que seguir prevaleciendo es esta disponibilidad al diálogo y el debate de los proyectos. Es una comisión donde hay mucho para hacer”.
“Sin duda uno de los más grandes desafíos para poder tener capacidad de respuesta frente a la situación económica y social viene de la mano de las economías regionales, de la mano de las PyMEs, de la economía asociativa, del funcionamiento de las cooperativas. Está probado que el 80% del empleo que se genera en el país no es generado por las grandes empresas, sino generado justamente por esta cadena de PyMEs distribuida a lo largo y ancho del país”, agregó.
Los senadores oficialistas designados para la comisión son Nora del Valle Giménez, Silvina García Larraburu, Edgardo Kueider, Cristina López Valverde, José Mayans, Carlos Linares, Matías Rodríguez, Juliana Di Tullio y Gerardo Montenegro.
Por su parte, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, Silvia Giacoppo, Alfredo De Angeli, Flavio Fama, María Victoria Huala y Mariana Juri son los legisladores de Juntos por el Cambio que la integran. Y se suma la monobloquista Clara Vega.
Defensa Nacional
Al mediodía se constituyó la Comisión de Defensa Nacional donde fueron designados el salteño Sergio “Oso”Leavy (FdT) como presidente; el riojano Julio Martínez (UCR) como vicepresidente; y el correntino Carlos “Camau” Espínola (FdT) como secretario.
Al tomar la palabra, Leavy enfatizó sobre la “relevancia” de esta comisión y destacó la aprobación del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) durante 2020, dada la “necesidad” que se tiene en el “reequipamiento de todas nuestras fuerzas” para combatir, entre otras cosas, la pesca ilegal y el narcotráfico.
Además, anunció que habrá “mucho trabajo” ya que “hay 64 proyectos trabajándose dentro del Ministerio de Defensa”. “Nos van a pasar toda la información con total reserva. Me gustaría que este año podamos tener un reglamento” sobre reserva de la información, señaló.
Martínez, por su parte, resaltó que los temas de defensa se han tratado “la mayoría de las veces al margen de la grieta, han sido cuestiones de Estado” y “se han aprobado por unanimidad cuando han llegado”.
En la antesala del 40° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el exministro de Defensa durante la gestión Cambiemos anuncio que la semana próxima se realizará un evento para “homenajear a algunos veteranos de los más destacados, y otros no tan conocidos”. También, “más allá de las grietas y las divisiones” la idea es “invitar a ese evento a todos los ministros de Defensa que están vivos y al actual (Jorge Taiana)”, comentó.
En la comisión fueron designados como miembros Sergio “Oso” Leavy, Rubén Uñac, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Carlos “Camau” Espínola, Adolfo Rodríguez Saá, Oscar Parrilli, Matías Rodríguez, José Neder y Lucía Corpacci, por el oficialismo; y Julio Martínez, Luis Juez, José María Torello, Mariana Juri, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco, Humberto Schiavoni y Alfredo Cornejo, por Juntos por el Cambio.
Educación y Cultura
La seguidilla de reuniones culminó con la conformación de Educación y Cultura, donde fue reelegida presidenta la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT). También continuará como vicepresidenta la entrerriana Stella Maris Olalla (UCR), mientras que la fueguina María Eugenia Duré (FdT) asumió como secretaria.
Tras agradecer a su bloque, López Valverde reivindicó la figura de Domingo Faustino Sarmiento, quien “constituyó un hito, el de la educación, entre muchas otras cosas que hizo”. “El país grande, que a veces añoramos, el país que iba de la mano del progreso, tuvo como un pilar fundamental la educación”, agregó la sanjuanina.
Sobre una realidad que impuso la pandemia, como es la educación a través de la virtualidad, la legisladora llamó a seguir trabajando en la cuestión de la conectividad “porque el mundo así lo exige, ni que hablar el mundo de mañana”. “Se está trabajando en ello y ojalá se acelere rápidamente”, continuó.
“Hay que llegar a la equidad y justicia educativa, en cuanto a que el chico que está en el último rincón del país tenga las mismas oportunidades que el que vive en zonas urbanas o proviene de familias con cierto sustento económico para darle más posibilidades”, sostuvo.
López Valverde sumó que “la agenda es amplísima, es una comisión que requiere de mucha vocación”.
Los senadores que integran la comisión por el Frente de Todos son Cristina López Valverde, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni, Teresa González, María Eugenia Catalfamo, Guillermo Andrada, Ricardo Guerra y Marcelo Lewandowski.
En tanto, por Juntos por el Cambio la integran Stella Maris Olalla, Carmen Álvarez Rivero, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, María Belén Tapia, María Victoria Huala y Flavio Fama. La monobloquista Clara Vega completa la nómina.
La iniciativa fue tratada en la Comisión de Legislación General y tiene como objetivo que dicha actividad sea de interés nacional antes que pierda estado parlamentario.
Este viernes la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por la correntina Ana Claudia Almirón (FdT), obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley que busca declarar al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y socio recreativo en todo el territorio nacional.
Respecto del mismo, Almirón precisó que “regula a través de espacios específicos el desarrollo de la actividad y establece la interacción con el Estado a través de instituciones reconocidos como personería jurídica que realizan la actividad. Establece el tratamiento de emergencia y creación de un cuerpo especializado para urgencias o emergencias”.
Por su parte, la senadora Silvina García Larraburu (FdT – Río Negro) expresó: “Hay mucho nerviosismo del sector de que pierda estado parlamentario. Es una iniciativa muy completa que fue elaborado con Carlos Castañeto un gran deportista. Los movimientos de andinistas participaron mucho en el proyecto”, y agregó que “tenemos que legislar para todos los movimientos”.
“Valora la importancia y el aporte que tiene el montañismo en tareas de exploración científica, medioambientales, educativas, desarrollo humano”, precisó la senadora rionegrina y agregó que “con la pandemia la gente se ha volcado al contacto con la naturaleza, antes sólo lo hacían los muy expertos. Hoy vemos que mucha gente lo hace y es fundamental que el proyecto pueda tratarse”. “La relación con la madre tierra es la llave del dolor que trajo la pandemia”, cerró.
María Eugenia Catalfamo (FdT – San Luis) adelantó su voto positivo y destacó el “trabajo realizado en la Comisión a lo largo del año y de cada autoridad”. Asimismo, señaló que “el proyecto es una necesidad de las asociaciones de montañismo, de fomento a la actividad”, y recordó que “en San Luis hay una Ley similar que funciona desde el 2019, pero es sumamente valorar la actividad y hay que tenerlo presente”.
En el mismo sentido, el senador salteño Sergio Leavy (FdT) sostuvo que “el montañismo es una actividad que está creciendo muchísimo, no solo de profesionales, sino que mucha gente se volvo al contacto con la naturaleza y nada mejor que darle un marco regulatorio. Le estamos dando un marco jurídico a una actividad que está en crecimiento. Es en beneficio de un colectivo que esta en contacto con la naturaleza”.
“No solo va a ser un proyecto para el desarrollo del turismo sino para las provincias”, concluyó la presidenta de la comisión.
La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara baja y obtuvo el aval en un plenario. Tiene entre los objetivos crear una red nacional de centros de integración social y brindar el derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público.
El Senado cerró su semana de actividades con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías que mantuvo un encuentro de forma virtual en donde obtuvo dictamen el proyecto de ley que garantiza los la protección y los derechos de las personas en riesgo de situación de calle y familias sin techo, el cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 191 votos a favor.
“Esta media sanción busca garantizar los derechos de las personas que se encuentra en situación de calle o aquellos que están en riesgo de estar en tal situación”, comenzó la titular de la comisión de Legislación General Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes) y agregó que “también trata los derechos y la interrelación que tiene con los distintos estratos nacionales, provincial y municipal para garantizar los derechos fundamentales. Hay una interrelación que realizan con asociaciones, con sindicatos, con universidades, entre otros”.
En otro sentido, sumó que el proyecto contempla: “Las personas en situación de calle o con riesgo a eso, que residan en establecimientos públicos o privados y no cuenten con vivienda, las personas notificadas de un desalojo, personas que habiten en asentimientos precarios, sin acceso a servicios públicos y en condiciones de hacinamiento”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Julio Martínez (UCR – La Rioja) consideró que “es un tema complejo, importante y necesario que requiere un tratamiento más intenso, creo que hay que tener invitados y no se puede agotar en el día de hoy. Necesitamos lo mismo que en Diputados porque hay advertidas inconsistencias, incompatibilidades. Puede mejorarse para lograr una buena ley”, y ratificó que “es un tema necesario”. En ese contexto, manifestó la “molestia” del bloque por “por el cambio de giro que hubo injustificado, puede ser por una cuestión política, ha sido algo desprolijo y necesitamos una explicación. Se necesita también el impacto económico y la opinión de la Comisión de Presupuesto”.
Por consiguiente, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) manifestó: “La satisfacción de poder avanzar en este tipo de normativas que son importantes. La situación de calle de tantos argentinos requiere del debate en el Parlamento. En este caso entiendo que hay que darle la premura del caso, más allá de que hay que estar abierto a mejorar la normativa”, y agregó: “Comprendo las palabras del senador Martínez, pero debemos avanzar en que tengamos una normativa concreta que regule la situación que padecen tantos argentinos. Hay una necesidad de involucramiento del Congreso y entre los distritos organismos del Estado nacional”.
Por su parte, Silvina García Larraburu (FdT – Río Negro) precisó que “es un día importante porque reconocer los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo amerita premura y que lo pongamos en tratamiento. Es un proyecto que se trabajó con organizaciones muy importantes en materia de derechos”.
“Después de cuatro años de un ajuste más dos de la pandemia que ha puesto en jaque a todo el planeta, sin duda debemos desde el ámbito legislativo atender este problema. Es un día muy importante para darle dictamen”, concluyó la senadora rionegrina.
También hizo uso de la palabra la senadora Cristina López Valverde (FdT – San Juan) quien destacó: “Si bien los derechos de las personas en situación de calle son los mismos que los de todos, no está demás focalizar en estos grupos. Rescato esos aspectos que hacen a la operatividad y abren la posibilidad de programas”.
Lo que el proyecto propone:
Fue durante la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja. También se trató una serie de iniciativas para instituir días conmemorativos.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, cuya presidenta es Cecilia Moreau (FdT), se reunió este martes y dio dictamen al proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Islotes Lobos y el Parque Nacional Ansenuza. Por otro lado, se dio tratamiento a la instauración de días conmemorativos como el Día Nacional de la juventud comprometida, en homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón.
La diputada Brenda Austin (UCR – Córdoba) manifestó: “Estamos tratando un tema importante para la provincia de Córdoba que tienen acuerdo de los tres espacios mayoritarios. Muchos de los territorios que fue necesario delimitar, están bajo agua por las características que tiene la laguna de Mar Chiquita, donde tiene un 66% de aves migratorias, hay especies de flamencos, la potencialidad que tiene en términos ecosistémicos, ameritaba en dar este paso de convertirse en patrimonio y en parque”.
“En Córdoba en gran parte de la zona oeste y norte es una zona que se practica la ganadería y una zona de poco desarrollo en términos laborales, hoy la creación de ese parque nacional va a ser una gran oportunidad de crecimiento. Trabajar para expandir las tierras protegidas”, resaltó la legisladora radical.
En el mismo sentido, Gabriela Estévez (FdT – Córdoba) recalcó “el consenso que tiene en Córdoba la creación del Parque Nacional de Ansenuza que obtuvo el verdadero compromiso por parte del Ejecutivo Nacional. Son proyectos importantes que tienen el consenso de los espacios y el respaldo de la sociedad”, y concluyó: “No solo genera turismo, sino condiciones de trabajo que mucho necesitan los trabajadores del norte de la provincia”.
“La creación de áreas protegidas es fundamental para preservar los recursos naturales. Además, brinda una serie de servicios ecosistémico para la sociedad. Contribuyen a la preservación de las cuencas hidrográficas, a los suelos, a la mitigación de las consecuencias del cambio climático, ayudan a prevenir plagas, son un lugar propicio a para investigaciones, se pueden desarrollar actividades turísticas, hemos planteado como objetivo la ampliación de parques nacionales”, afirmó el director general de Parques Nacionales.
Mediante el proyecto de ley de la creación del Parque Nacional Islote Lobos, que cuenta con media sanción del Senado, se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
De acuerdo a la iniciativa, el Estado Nacional deberá registrar los respectivos planos dentro del plazo de dos años; y radicar la Intendencia del futuro Parque Nacional y un centro de informes en la ciudad de Sierra Grande y de un segundo centro de informes en la localidad de Playas Doradas.
Además, tendrá la obligación de conservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, evitando la pérdida y su deterioro; y de realizar las gestiones necesarias para evitar el ingreso de animales domésticos y promover la gradual erradicación de especies de flora y fauna exóticas en toda el área protegida.
Con la creación de este parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
En parte, el proyecto de creación del Parque Nacional Ansenuza se unificó entre iniciativas presentadas por las diputadas cordobesas Brenda Austin (UCR) y Gabriela Estévez (FDT). Establece que se acepte la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Además, existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
También pasó a la firma el proyecto de ley para instaurar el Día Nacional de la juventud comprometida, del cual la diputada Paula Penacca (FdT) destacó: “Reafirmar la importancia de poder dictaminar el proyecto es un reconocimiento a la juventud comprometida, es la tragedia de Cromañón fue una marca, un suceso trágico que se llevó la vida de 194 jóvenes y creemos que agregarlo a la curricular escolar es reparador para generar ese proceso de memoria y de conciencia colectiva”.
“Tiene que tener un efecto reparador a la juventud que es estigmatizada. Habla de los valores que tiene la juventud que en ese momento muchos se ayudaron entre sí, los jóvenes son el efecto dinamizador. Ese día de la tragedia muchos perdieron su vida al ingresar para poder ayudar y salvar la vida de otros. Es importante poder dejarlo instituido, nos permite construir esa memoria colectiva para que el Estado no lleve más estos momentos de desidia y debe cuidar la vida y la salud de la población”, determinó Penacca, mientras que Victoria Morales Gorleri agregó que “este proyecto que sea una reflexión en el ámbito escolar”.
También se pasó a la firma el proyecto de ley para instituir el Día Nacional del Turismo cada 30 de marzo, el Día del Amor Maternal en conmemoración a la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.
Se trató en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja la creación de un Fondo Fiduciario destinado a impulsar la agricultura familiar como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, se reunió de forma presencial y dictaminó este martes el proyecto de ley de acceso a la tierra que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.
“Dictaminamos el proyecto de ley de acceso a la tierra, que impulsa la Unión de Trabajadores de la Tierra, que establece un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. Ampliar derechos e impartir justicia para el campo que nos alimenta. Son familias que viven de la agricultura, es un medio financiamiento que les va a dar una mano”, señaló la diputada nacional y presidenta de la Comisión.
En ese sentido, agregó: “El punto en cuestión es garantizar la estabilidad de las familias, va a traer beneficios a los circuitos de comercialización y en términos de salud también es algo básico. La democratización de los alimentos es clave, necesitamos que los productores puedan trabajar sus propias tierras. Un 75% no son prioritarios. También es necesario que se generan condiciones de manera sustentable y tener políticas que defiendan el desarrollo”.
Por su parte, Carla Carrizo (UCR) manifestó que “el tema es importante, apoyamos a la idea de iniciar el acceso a la tierra para las unidades productivas”, y comparó el presente proyecto con el del diputado Oscar Schiavoni y sugirió “trabajar de otro modo y terminar con la idea de dos proyectos muy distintos y hacer un enfoque complementario”.
“El fondo fiduciario trabaja sobre un punto que es el acceso a la tierra a través de tierras fiscales y el punto débil es que tiene un enfoque asistencialista y la idea es construir autonomía y que los créditos sean para garantizar sustentabilidad en el mercado. Segundo hay una tensión con la Ley Nacional 27.118 del 2014 de Agricultura Familiar que tiene cinco artículos no reglamentados y uno de esos el Banco de tierras fiscales. Creamos organismos que compiten entre sí y tratan los mismos temas”, cuestionó la legisladora radical.
En tanto, Claudia Bernazza (FdT) destacó: “El fondo fiduciario pueda también reunir tierras privadas”, y aclaró que “este proyecto tiene como objetivo un modelo de agricultura, un tipo de agricultura y el Estado nacional lo va a garantizar y tiene un montón de elementos que desde el sector privado no se puede dar”.
En suma, el diputado Lucas Godoy (FdT) reiteró que “no hace hincapié en tierras fiscales. Los productores rurales no tienen accesibilidad a las tierras, ni a créditos, ni financiamientos de las tierras que trabajan hace décadas”.
“El 60% de los alimentos vienen de la agricultura familiar y todo lo que implica eso. En este proyecto es complementario a la ley del 2014 y es algo fundamental permitir el acceso a créditos hipotecarios. Además, es imprescindible para la resolución habitacional. El otorgamiento de tierras es una solución. Hay un montón de tierras del Estado en el NOA que pueden estar destinadas a lograr esos programas de fortalecimiento de agricultura familiar, la posibilidad de acceder a créditos y financiamiento y la posibilidad de compra de tierras y que el Estado puede resolver el problema”, detalló Godoy.
Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social – Santa Fe) ratificó su compromiso con el proyecto al cual consideró como una “importante iniciativa” porque es “una herramienta para la agricultura familiar”. “Hay que entender el contexto que operar este fondo, donde la Argentina por un lado puede duplicar las producciones, pero la contracara es una desestructuración agraria que le hace mal que es el desarraigo rural, ahí perdemos todos”, agregó.
“Este instrumento viene a reforzar otros. Es muy necesario para la diversidad productiva. Hay un contexto de concentración de la tenencia que opera de forma negativa al igual que tampoco hay políticas de economías regionales. Esto contribuye a remediar este contexto de las agriculturas familiares, tener conectividad y luz, agua, grandes demandas que están insatisfechas”, cerró Contigiani.
Por último, Ramiro Gutiérrez (FdT) precisó que “el proyecto no es solo de agricultura familiar, sino de economías regionales que operan como un género donde la agricultura familiar es el principal vector”
“La ley está dirigida a 3 sectores puntuales: los territorios peri urbanos, los oasis y valles productores. Los primeros conforman las zonas de transición y falta panificación estratégica ahí, tenemos que ayudar a ese desarrollo planificado. Es importante no solo por el acceso a la vivienda o a la tierra, sino también el acceso a infraestructuras y obras porque son corredores para poder exportar y tener mercados concentradores de productos como miel, leche, entre otros. Es muy importante el financiamiento para galpones, sistemas de riego, la canalización, fertilización”, finalizó Gutiérrez.
El Fondo Fiduciario está destinado a impulsar la agricultura familiar como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social. tiene como objeto facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.
El fiduciante será el Estado nacional, mientras que el fiduciario será el Banco Nación, como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable a los beneficiarios de la norma.
El beneficiario será el agricultor familiar que no sea titular de bienes inmuebles y esté debidamente registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). Además, debe tener como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.
En esta misma línea, se trató y pasó a la firma el proyecto de ley para crear el programa nacional marcha al campo, el cual la diputada María Rosa Martínez (FdT) explicó que “se trata de un reordenamiento de tierras fiscales y repoblamiento que posibiliten desarrollar el interior del país y localidades abandonadas para promover planificación de desarrollo regional, movilización de fuerza de trabajo, mejoramiento de caminos rurales, asegurar salud y educación, industrialización en origen, es una gran posibilidad de incentivar soberanía alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la rurabilidad y conservación ambiental”.
“Es importante que las personas con o sin experiencia tengan acceso a la formación por parte del Estado u organizaciones. Las obligaciones es recibir las tierras otorgadas, trabajarlas y explotar la tierra asignada, mantener el predio, y que las personas puedan acceder a subsidios, y no pueden desprenderse de ello”, aclaró la legisladora oficialista y agregó: “Junto con la rurabilidad, debe haber acceso a la educación, salud y conectividad porque es un desafío para que las familias puedan afianzarse en esos lugares teniendo en cuenta los niveles de concentración urbana”.
La agenda de comisiones con un martes intenso y reuniones también para el día siguiente. Los temas previstos.
La Cámara baja tuvo una labor bastante menguada a lo largo del año, que se reactivó con la sesión maratónica del último 26 de octubre. Pasadas las elecciones generales de este domingo, el oficialismo parece querer reactivar la actividad plenamente en las comisiones y ya anunció una batería de reuniones bastante amplia para este martes y miércoles.
Sobre todo para el martes, cuando tiene programada nada menos que seis reuniones, como en los viejos tiempos pre-pandemia. Que conforme lo establecido ya oportunamente serán enteramente presenciales, de modo tal que la actividad se retomará a pleno a partir de la próxima semana.
Muestra el oficialismo las cartas con antelación en Diputados: adelantándose a lo que se perfila como una nueva conformación de la Cámara donde puede llegar a tener un número menor de miembros, trata de aprovechar el tiempo que queda hasta el 10 de diciembre activando la agenda legislativa.
Arrancará así este martes a partir de las 13 con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Justicia, para analizar el proyecto sobre neumáticos fuera de uso. Se trata de una iniciativa que prevé establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los mismos.
A partir de las 14, Recursos Naturales -comisión que preside el oficialista Leonardo Grosso– continuará con el trabajo analizando una serie de proyectos que incluyen la actualización del monto para las sanciones por residuos peligrosos; y comenzará a analizar el proyecto sobre gestión integral de envases y reciclado inclusivo, entre otros temas.
Para las 15 ha convocado Cecilia Moreau a una reunión de la Comisión de Legislación General que ella preside para tratar la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar; y una serie de iniciativas como la institución del Día nacional del Turismo Rural; el Día del Amor Maternal, en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo; el Día nacional de la Adopción; Día nacional del Lenguaje de Señas; Día nacional de la Juventud (en homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón), y el establecimiento del 17 de agosto como feriado nacional no trasladable.
Para una hora después ha sido citada una reunión informativa de la Comisión de Mercosur, que tendrá que ver con las relaciones entre ese organismo regional y la Unión Europea, y para las 17 está convocada la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
En ese encuentro se analizará la creación del programa nacional “Pancitas llenas”; una campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina; y la creación del Día nacional del Médico Endocrinólogo, entre otros temas.
La intensa jornada se cierra con una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a partir de las 19 tratará un proyecto de ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. También se tratará un proyecto sobre agricultura familiar y la creación de un fondo fiduciario para el mismo.
Para el miércoles hay previstas por ahora dos reuniones de comisión. La de Turismo analizará establecer con carácter de Fiesta nacional del Veranador, a la festividad que anualmente se desarrolla en la localidad de Andacollo, provincia de Neuquén, y otros proyectos similares, en tanto que para las 13 ha sido convocada una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para analizar entre otros temas el proyecto de gestión integral de envases y reciclado inclusivo; el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial; y la prórroga de la emergencia de tierras indígenas, entre otros múltiples temas.
Se trata de una herramienta que había sido creada durante el gobierno de Macri. La iniciativa tiene media sanción del Senado. Se debatirá en comisión este miércoles desde las 19.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados discutirá este miércoles, a partir de las 19, el proyecto de ley con media sanción del Senado que suspende por 180 días la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa, impulsada en la Cámara alta por el senador kirchnerista Oscar Parrilli, establece que las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (Sepyme).
De acuerdo al proyecto, se suspende por seis meses la constitución e inscripción de las SAS, una herramienta que fue creada durante el gobierno de Mauricio Macri, de modo de facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.
Durante este lapso de 180 días, las inscripciones se efectuarán exclusivamente en soporte papel, conforme las disposiciones y procedimientos previstos que al efecto dicte cada registro público.
En su articulado, la iniciativa establece que, para su inscripción, todas SAS deberán ser constituidas únicamente por los emprendedores a que hace mención el Título I de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, previamente inscriptos en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE).
También determina que el RICE deberá exportar electrónicamente su base completa de datos a la Inspección General de Justicia de la Nación y a los demás Registros Públicos de cada jurisdicción dentro del plazo máximo de 10 días hábiles administrativos desde la vigencia de la ley.
Lo mismo deberá efectuarse con toda inscripción que se produzca en el RICE en forma sobreviniente, dentro del plazo de dos días hábiles administrativos, de modo que los registros públicos correspondientes puedan efectuar el debido control de legalidad.
Los legisladores se abocaron a la discusión de la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Hubo un mayoritario respaldo al texto y algunos pedidos de incorporaciones. Se pasó a un cuarto intermedio.
Diputados de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara baja se abocaron este lunes a la discusión del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que cuenta con media sanción del Senado.
Tras cuatro jornadas con invitados de todos los sectores, los legisladores arrancaron con la discusión de la letra chica de la iniciativa. A lo largo de las intervenciones, hubo un respaldo mayoritario al texto y algunos pedidos de incorporaciones.
Al comienzo del encuentro, la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau, afirmó que este es un tema “trascendental y muy importante para todos los argentinos”, por eso “necesita de la búsqueda de consensos y de debate”. “El dictamen no va a ocurrir de manera sorpresiva ni de manera impuesta por ningún espacio”, resaltó, al tiempo que dijo que es un tema que “atraviesa a los bloques”.
Además, informó que se tendrán a la vista otro cuatro proyectos, que tienen giro a las cuatro comisiones competentes -de los diputados Julio Ferreyra, Francisco Sánchez, Graciela Camaño y Gisela Scaglia-, pero en realidad existen otras 19 iniciativas sobre la misma temática, algunos de ellos reclamados por sus autores para ser incluidos.
Con la lista de oradores arrancó la radical Brenda Austin, que destacó el trabajo realizado a lo largo de las reuniones informativas y señaló que el proyecto apunta a garantizar el “derecho de acceso a la salud”. “Argentina no escapa a un problema que tiene el mundo entero, que es la obesidad”, dijo y agregó que en nuestro país, “seis de cada diez personas adultas tienen sobrepeso u obesidad. Y cuatro de cada diez niños o adolescentes, también”.
Para la cordobesa, la iniciativa “es un aliciente, una herramienta muy importante”; y ponderó que “dirige una parte de su articulado a la regulación de lo que se vende en los entornos escolares”, al tiempo que establece reglas para que los niños “no sean carne de cañón de estrategia publicitaria”.
También valoró “la posibilidad de que el Estado adecue sus programas alimentarios a alimentación saludable”. Austin remarcó que se trata de un proyecto para que “podamos tener al alcance de la mano información sobre lo que estamos comiendo. No es un proyecto que atenta contra la industria, que busca dejar sin fuentes de trabajo”. Finalmente, aclaró que “más allá de las regulaciones que pueda establecer Mercosur, es una facultad de cada país” regular este tema.
Luego, el oficialista Julio Ferreyra, autor de un proyecto propio, manifestó su posición a favor de otro sistema de etiquetas. “Somos todos conscientes de que muchas veces la gente no lee, como pasa con la letra chica de los contratos”, sostuvo el jujeño, y defendió la aplicación del “semáforo”, el modelo Nutri-Score utilizado en Europa, en lugar de los octógonos negros.
El legislador consideró que la señalización con colores “a simple vista va a llamar la atención” y “permitiría que la persona, al ver los colores, se molestaría para ver el por qué”.
A su turno, el radical Federico Zamarbide resaltó que “no existe libertad de mercado si no existen consumidores correctamente informados”. A favor de la etiqueta negra en forma de octógono, el mendocino opinó que “claramente es el camino por el que debemos ir”. Durante su intervención, pidió que “la miel y los frutos deshidratados” estén dentro de las exenciones contempladas en el artículo 7 del proyecto, ya que “son alimentos cuyo consumo tenemos que incentivar, no desincentivar”.
En defensa de la media sanción del Senado, la oficialista Daniela Vilar solicitó “no dilatar más el proceso” y aprobar el texto, que apunta a “generar el acceso a la información de manera clara y transparente”.
Al hablar de “cifras alarmantes” en Argentina, la legisladora detalló que “el 46% de niños y niñas de entre 2 y 7 años consumen al menos una vez por día alimentos no recomendados” y “niños en contexto de pobreza tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso o mal nutrición”. “Los octógonos son necesarios y oportunos” para que “quienes brindan asistencia alimentaria en nuestros barrios populares puedan acceder a información oportuna”, opinó.
Por su parte, el radical Alejandro Cacace subrayó que “no hay prohibiciones sobre la producción o sobre el consumo, lo que se está dando es la información sobre los nutrientes de los productos, para que pueda haber un mejor consumo”.
Además, el puntano indicó que según un estudio experimental del propio Ministerio de Salud, la etiqueta negra logra “capturar mejor la atención”; y explicó que los que no sean alimentos procesados y ultraprocesados no quedarán “bajo el perfil de nutrientes críticos” establecido por la OPS (Organización Panamericana de la Salud).
Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño expresó que el rotulado actual de los productos “no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar”. “Tenemos la necesidad de cambiar la ley”, afirmó y reforzó: “Es indispensable que promovamos una ley en defensa del interés público y la salud”. Asimismo, recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional sobre la protección “del derecho de los usuarios de bienes y servicios”.
Como miembro de la Comisión de Industria, el oficialista Eduardo Fernández propuso que, además del plazo de un año de adecuación -a diferencia de los 180 días que se estipulan para las grandes industrias-, las MicroPyMEs, las cooperativas y la agricultura familiar puedan ser acompañadas con “colaboraciones técnicas” por parte del Estado y, si fuera necesario, “con apoyo crediticio” para poder cumplir con la norma.
En tanto, el radical Atilio Benedetti aseguró su apoyo rotundo a la ley, que definió como “una norma trascendente”, pero advirtió que “esto no va a ser neutro, las reconversiones no son gratis”. El entrerriano enfatizó que “el momento que están pasando las industrias de Argentina no son comparables con otros países”, producto no solo de la pandemia, sino de “una presión impositiva totalmente exagerada” y la “obligación de mantener los precios máximos”.
En ese sentido, el diputado apuntó que existiría “un corsé de dificultades para adaptarse” a una ley de este tipo, y consideró que 180 días es un plazo “absolutamente escaso”. Además, anunció que, en el marco del debate del impuesto a las Ganancias para sociedades, planteará que “todas las reinversiones tengan una consideración en particular a lo que refiere a Ganancias”.
Referente en temas de defensa del consumidor, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, enfatizó que “la demanda de los usuarios y consumidores es un derecho constitucional”. El mendocino fustigó que, a lo largo del tiempo, los oferentes “han cometido abusos que son tremendos”, y esta ley viene a proteger y garantizar “la disposición constitucional de la demanda”.
Ramón opinó que “más allá de sus preocupaciones (en alusión a las empresas) por los 180 días o los 12 meses, créanme que una imprenta de ninguna manera va a aumentar los costos por el etiquetado negro”. “Señor oferente, puede seguir ofreciendo basura”, lanzó, pero remarcó que con esta norma el usuario podrá elegir qué comprar.
Por último, pidió votar el proyecto sin modificaciones ya que, a su criterio, no se altera “la capacidad económica de las empresas, que puedan seguir haciendo trampa, o la comercialización de los productos en el Mercosur”.
Entre los oradores, la oficialista Liliana Schwindt celebró que en esta temática “nunca llegamos tan lejos en el tratamiento y en estar a punto de dictaminar”. “Tenemos una obligación con la ciudadanía de brindarle esta herramienta que facilita la información de los productos que van a consumir”, sostuvo.
La diputada reiteró que se trata de un “derecho consagrado en la Constitución”, por lo tanto “es poner en lo más alto el derecho de los consumidores y consumidoras que desde hace años ven impedido el acceso a la información clara, ordenada y práctica para hacer sus compras, para elegir qué van a llevar a su mesa, qué le van a dar de comer a sus hijos y nietos”.
Para Schwindt, el proyecto “significa una ventaja para la industria alimentaria también” porque ” permite que se oriente hacia una producción saludable sin generar grandes costos”; al tiempo que es “una iniciativa de salud pública, que tanta falta nos hace en este momento”.
El proyecto busca que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -calorías, sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.
Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.
Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 12 meses, también prorrogables.
Además indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.
Tras las reuniones informativas con especialistas, los legisladores que integran cuatro comisiones se abocan a la discusión de la letra chica de la iniciativa.
Un plenario de las comisiones de Legislación General; Salud; Defensa del Consumidor; e Industria de la Cámara de Diputados se reúne de manera remota para debatir sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos.
Tras cuatro jornadas con invitados de todos los sectores -dos realizadas en noviembre pasado y dos este año-, los legisladores se abocan a la discusión de la letra chica de la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado.
Según informó la semana pasada la presidenta de Legislación General, la oficialista Cecilia Moreau, se llevarán a cabo dos plenarios y luego se avanzará con la firma del dictamen.
El proyecto tiene como objetivo promover la alimentación saludable a través de la incorporación de octógonos negros de advertencia en los envases de productos que contengan exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio.
A lo largo de las exposiciones se escucharon las voces de funcionarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, especialistas en nutrición, y hasta invitados internacionales, procedentes de países donde rigen leyes en este sentido.
A partir del reclamo de distintos referentes de la industria, el texto podría sufrir cambios que provoquen su vuelta a la Cámara alta.
Un plenario de cuatro comisiones cerró las rondas de consultas a especialistas. Todavía no tiene fecha el debate para el dictamen. La iniciativa fue aprobada en el Senado en octubre del año pasado.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados realizó este martes la última reunión informativa, con la participación de especialistas, sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.
Durante el encuentro, llevado a cabo de manera remota, expusieron más de una docena de invitados de diferentes sectores. De esta manera culminaron las rondas de consultas, que comenzaron en noviembre del año pasado. Sin embargo, todavía no se sabe la fecha en que los legisladores se abocarán a la discusión del dictamen.
La iniciativa recibió media sanción del Senado el 29 de octubre pasado por una amplia mayoría, al cosechar 64 votos a favor y 3 en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), y la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).
El proyecto cuenta con aval de numerosas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a la defensa del consumidor, además de asociaciones médicas, que ponen el énfasis en la importancia de la promoción de la alimentación saludable que plantea la propuesta.
Por su parte, a lo largo de las reuniones informativas, el sector industrial expresó sus reparos a la redacción del texto. Incluso, desde el Poder Ejecutivo, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, remarcó la necesidad de “tomar todos los recaudos necesarios para preservar” el “proceso de armonización de las normas” con el Mercosur y “evitar generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional.
La opinión de los expositores
La jornada comenzó con la participación de Philip Pérez, presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes, quien aclaró que “la industria está dispuesta a reducir la comunicación dirigida a niños de productos que no cumplan con ciertos criterios nutricionales”. No obstante, planteó que el proyecto debe hacer una distinción entre “niños” y “adolescentes”.
Para el expositor, la iniciativa “entra en conflicto con muchas otras normativas legales relativas al adolescente”, además que “existen restricciones para adultos”. En ese sentido, Pérez explicó que con la redacción actual “hay algunas comunicaciones dirigidas a adultos que no vamos a poder hacer más” como “ofertas, recetas, tutoriales, degustación, eventos deportivos, donaciones”. Y siguiendo con la línea de la publicidad, pronosticó que “puede afectar a la artística”. “¿Qué pasa con los programas gastronómicos culinarios dirigidos a adultos?”, se preguntó.
Por su parte, Guillermina Gulo Tieri, secretaria de la Asociación Civil Justicia Colectiva, remarcó que en el caso de los adolescentes “no porque sean sujetos en formación y por la capacidad progresiva que les reconoce el derecho, se les puede dar menor protección”.
“Están en etapa de formación, entre otras cosas, del gusto”, señaló y sobre ello dijo que el gusto “es una cuestión completamente cultural y aprehensible, es decir que mientras más expuestos a determinadas imágenes y prácticas estemos, más vamos a estar predispuestos a determinar alguna predilección”.
Gulo Tieri destacó que la iniciativa plantea “un sistema de protección”, porque “no se trata solo de una limitación al incentivo de consumo a través de la regulación de la publicidad, que es importantísimo, fundamental y clave”, sino que “esto se complementa con la educación alimentaria y el saneamiento de los entornos escolares”.
A su turno, Alejandro Díaz, CEO de AmCHAm Argentina, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, afirmó el acompañamiento a los objetivos del proyecto, pero subrayó que debe evitarse “la generación de obstáculos al comercio, a la producción y especialmente a las economías regionales”. De mantenerse la redacción actual, “se impone un sistema de advertencia rígido, que se convierte en un modelo punitivo”, opinó.
También hizo hincapié en “la armonización regulatoria con el Mercosur”, y sugirió aprobar “una norma similar a la brasileña” o “una ley que prevea su adecuación a la norma futura” del bloque regional.
En otro tramo, el expositor consideró que deberían definirse “los umbrales para la colocación de sellos, sin imponer límites extremadamente exigentes” porque “no se plantea gradualidad en la aplicación de los sellos”. “Los sellos negros no permiten conocer la cantidad concreta de nutrientes del producto en cuestión”, subrayó y propuso que se podría considerar el modelo Nutri-Score utilizado en Europa.
Entre los oradores que expusieron, el presidente de la Unión de Industriales Fideeros, Juan Manuel Airoldes, aseguró que “nuestros productos en ninguna parte del mundo tiene sellos”, mientras que ahora “podrían quedar alcanzados por este régimen de etiquetado”. “Nosotros no tenemos ningún nutriente crítico en nuestra formulación”, defendió.
Por eso, pidió que se contemple “el criterio de calorías que se utilizó en las legislaciones de Chile y México”. “El pedido de nuestra industria es muy clara, revisar esto, prestar atención a la situación que se puede generar y hacer un agregado (al proyecto) para darle coherencia al sistema”, resumió.
Miryam Gorban, nutricionista, directora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, manifestó que “acá se trata de dos caminos, o defendemos la salud o defendemos los negocios”.
“Tengo la preocupación que en los últimos tiempos el derecho a la alimentación, uno de los derechos básicos del planeta, no se está cumpliendo, porque hay un proceso inflacionario que reduce el acceso a la alimentación a los sectores más vulnerables; hay un modelo productivo hegemónico que hace que el producto final sea un alimento que está en forma contaminada”, sostuvo.
Asimismo, la nutricionista advirtió por la violación del “derecho a la información pública, porque no sabemos lo que comemos”. “Hay una publicidad engañosa que lamentablemente no está regulada por el Estado, que es el que tiene que hacer estos controles”, completó.
La experiencia internacional
Autor de la ley de etiquetado chilena, el senador por la Región Metropolitana de Santiago en Chile, Guido Girardi, enfatizó que “se está proponiendo como modelo para enfrentar algo que es dramático. No puede ser que los alimentos sean los principales causantes de enfermedades hoy día en el planeta”.
Al respecto, apuntó que “en este escenario pandémico aumenta el doble el riesgo de morir solo por ser obeso”, mientras que “la hipertensión y la diabetes agravan esto”. “En nuestros países la principal causa de muerte es consecuencia de lo que comemos y la manera de caminar por la vida”, continuó.
“Las marcas son universales y están promovidas por un modelo global de consumo”, indicó, al tiempo que reveló que en su país “los principales opositores a la ley fueron nuestro propio gobierno, nuestro ministro de Economía, la Hacienda se oponía. Yo tuve que amenazar con renunciar”.
Girardi, de profesión médico, aseveró que “los alimentos que son altos en sal, grasa y azúcar son aditivos, matan, destruyen la vida”, por lo que “no se puede hacer publicidad engañosa ni a los niños, ni a los adultos, cuando sabemos que no son alimentos”.
El senador chileno alertó que “la autorregulación” por parte de la industria “no existe”. Y ponderó que la ley buscar establecer “un derecho humano, el derecho a saber”. “Hay un incentivo gigantesco para que la mala industria se convierta a buena industria”, añadió, al tiempo que expresó que “si no regulamos la publicidad no vamos a lograr ningún efecto”.
De la reunión participaron además Oscar Cabrera, del Instituto O’Neill para la Legislación de Salud Nacional e Internacional de la Universidad de Georgetown; Eduardo Hodel, de la Sociedad Argentina de Apicultores; Jorge Terrazas, director de ANPRAC (Cámara de Bebidas mexicana) y presidente de ICBA (International Council of Beverages Associations); entre otros.
Un plenario de cuatro comisiones recibió a expositores para continuar con las consultas sobre la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Acordaron realizar una última reunión informativa antes de firmar dictamen.
En el marco de una nueva reunión informativa, un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que se encamina al dictamen favorable.
Por videoconferencia, los diputados escucharon este martes a más de diez especialistas a favor y en contra de la ley, y acordaron realizar una última audiencia con expertos -en fecha a definir- antes de llevar el tema al recinto.
La iniciativa, considerada dentro del temario de sesiones extraordinarias, se aprobó el 29 de octubre en la Cámara alta por amplia mayoría, y apunta a garantizar una alimentación saludable a través de sellos de advertencia en los empaques de productos que contengan exceso de azúcar, sal o grasas.
Elizabeth Kleiman, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reflexionó que la iniciativa se enmarca en “pensar cómo poder brindarle el bien común a la sociedad, garantizando los derechos humanos vinculados a la salud, al acceso a la alimentación, a la educación y a la información”.
“Si bien el rotulado y la información nutricional viene mejorando y avanzando”, señaló, la expositora remarcó que hay que seguir “mejorando la información para que los consumidores puedan decidir qué es lo que necesitan de una manera esencial”. “Es crucial generar y construir hábitos saludables desde la niñez”, agregó.
Por su parte, Mabel Vucko, representante de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), se mostró a favor de “poder informar y facilitar al consumidor la selección de alimentos más saludables”. “Estamos a favor y apoyando este rotulado”, afirmó, al tiempo que abogó por “una comercialización en igualdad de condiciones” para “poder armonizarlo con el Mercosur”.
En ese sentido, Vucko subrayó que el diseño del sello “sea armónico con la región”, de modo de evitar “trabas en la comercialización o costos de packaging”. Asimismo, pidió “la incorporación en el Código Alimentario Argentino de herramientas para poder reformular nuestros productos y cumplir con las exigencias”. También, que “las etapas de implementación sean escalonadas”, de modo que “la industria y, sobre todo las PyMEs, se puedan adaptar a la normativa”.
A su turno, Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, resaltó que “el objeto de la ley, que es advertir a los consumidores y consumidoras sobre excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz, no se cumplirá, pues esta capacidad de proveer información se verá objetada por un defecto en la selección de los parámetros del proyecto de ley”.
Con una explicación técnica, Socolovsky dijo que si se mantiene la redacción actual del artículo 6 de la iniciativa, “varios productos presentarán información falsa sobre el real contenido de nutrientes en el alimento o la bebida”. Por eso, apuntó que los parámetros establecidos deben ser “en gramos por 100 gramos o 100 mililitros”. “El rótulo frontal debe ser siempre coherente con la información que se brinda en la tabla nutricional”, añadió.
En cuanto al aspecto publicitario, el director ejecutivo de la ONG Sanar, Ignacio Porras, detalló que “los niños están expuestos a 60 publicidades de comida chatarra semanales; nueve de cada diez son alimentos de baja calidad nutricional; uno de cada tres promete regalos; y uno de cada cuatro muestra personas o personajes famosos”.
“La industria sigue utilizando la flexibilidad del Código Alimentario a su favor, el neuromarketing sigue reinando en la góndola, el sistema tiene una lógica supermercadista y se siguen subvencionando alimentos de baja calidad nutricional”, denunció, al tiempo que habló de “una falta de políticas que incentiven la producción de alimentos frescos” y una “utilización de sociedades científicas o asociaciones de prestigio y salud para vender ultraprocesados”.
Con varias propuestas de modificaciones al proyecto, Gabriela Marcello, directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, expresó: “Nos preocupa y nos ocupa el tema del etiquetado frontal y creemos que tiene que tener un abordaje no solo a nivel sanitario, sino a nivel productivo”.
La funcionaria provincial enfatizó que el sello en los productos “no debe causar temor, confusión, ni demonizar algunos tipos de alimentos”, porque “todos los alimentos pueden formar parte de una dieta, siempre que las cantidades y la frecuencia de ingesta de esos alimentos generen un equilibrio”.
Para Marcello, los parámetros a cumplir en los valores máximos no tendrían que ser los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino “con el criterio del Ministerio de Salud de la Nación” que defina “cuáles son los criterios adecuados para nuestra población”. En otro tramo, opinó que el octógono no debe decir “exceso en” sino “alto en”.
Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), su titular Ercole Felippa, consideró que “se debería aclarar” en el etiquetado “cuando son nutrientes agregados o nutrientes propios del alimento en sí”. Puntualmente sobre la prohibición, prevista en el artículo 10, de “resaltar las declaraciones nutricionales complementarias”, explicó que “esto no permitiría destacar el contenido de calcio y otros nutrientes en los productos lácteos”.
“Esta ley debe ser aprobada pero los productos lácteos deberían tener un tratamiento especial”, aseveró. También indicó que la OPS establece límites “exigentes” que hacen “imposible la reformulación” de los alimentos. “Los productos lácteos ya de por sí contienen naturalmente lactosa, grasas saturadas y algo de sodio. Las grasas saturadas que son propias de la leche son consideradas ‘buenas’ ya que no se las relaciona con efectos negativos como otras grasas saturadas”, sostuvo Felippa.
Por eso, el expositor aclaró que “la OPS recomienda no aplicar el perfil a las leches fluidas, leches en polvos y yogures, sin agregados. Pero este aspecto no está aclarado en este proyecto de ley”. “Si se aplicara, las leches tendrían hasta tres sellos, por eso entendemos que se debería cambiar la redacción”, sugirió.
Carlos Otrino, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas, advirtió que “los argentinos no consumimos ni la mitad de las frutas y verduras recomendadas por la OPS/OMS”, ya que “la mayoría no pasa de la unidad y media de consumo diario”.
“Esta realidad termina impactando en los sectores de menores ingresos”, lamentó Otrino, y agregó que “nuestros productos terminan llegando a las mesas de los consumidores muchas veces por descarte”.
Por su parte, Mijael Kaufman Falchuk, un joven de 22 años cofundador de Consciente Colectivo, remarcó ante los diputados: “A la hora de votar van a tener que pensar en el futuro y la salud de los millones de niños que habitan la Argentina”.
El estudiante exigió “no dilatar más” la sanción de esta ley sin modificaciones para que “el Congreso no se convierta en una burocracia constante”.
“Este proyecto es la puerta de entrada para generar miles de puestos de trabajo porque la alimentación saludable tiene que ser una política de Estado”, sostuvo.
En tanto, José Luis Londoño, jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, llamó la atención sobre el impacto de “medidas restrictivas” sobre las marcas.
“No es cierto que presentar en la parte frontal del empaque un sello u obligar a eliminar elementos que pueden considerarse marcas garantice la protección del consumidor”, consideró, y tras mostrar algunos ejemplos, insistió en que “regular para promover el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales”.
El último expositor fue Sebastián Laspiur, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien destacó que en la ley confluyan “el etiquetado de advertencia, la regulación de la publicidad y la protección de entornos escolares”.
Laspiur habló de “la experiencia internacional y regional que dan muestra de por qué estamos ante un proyecto con estas fortalezas”.
Resaltó a su vez que el proyecto en debate “ha aprovechado la mejor evidencia científica disponible hasta el momento y la experiencia internacional y regional”, dado que, entre otras cosas, el sistema gráfico del sello octogonal negro “es el que más evidencia arrojó”.
Asimismo, informó que en Chile, con una ley similar, se redujo un 25% el consumo de bebidas azucaradas y un 17% el de los postres envasados, y añadió que en México “en cinco años se ahorrarán casi 2.000 millones de dólares en costos asociados a la obesidad”.
“La ley no tiene ningún impedimento internacional ni riesgos para el comercio internacional ni generación de empleo”, enfatizó.
Por último, ante una consulta de la diputada Florencia Lampreabe (Frente de Todos), Laspiur explicó que el perfil de nutrientes de la OPS “se basa en recomendaciones de la OMS sobre las ingestas máximas permitidas para que no se ponga en riesgo la salud”, por ejemplo, con “información documentada de cuál es el porcentaje de ingesta de azúcar” que puede derivar en enfermedades como obesidad y diabetes.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, y especialistas en el tema expusieron ante la Comisión de Legislación General sobre el proyecto que busca suspender por seis meses la inscripción online de empresas.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, recibió este lunes al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, especialistas y representantes del sector para debatir en torno al proyecto de ley que propone suspender por seis meses la constitución e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas.
La iniciativa, de autoría del senador Oscar Parrilli, cuenta con media sanción de la Cámara alta y apunta a suspender el sistema de control electrónico, creado por ley durante la gestión de Cambiemos.
En primer término, Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral, cuestionó que la iniciativa establezca que para poder constituir una SAS se tenga que “estar en un registro de emprendedores, algo que no existe en ningún lugar del mundo. Esto incorpora una burocracia que es inaceptable”.
“Este proyecto promueve la informalidad”, afirmó y criticó que “Argentina sería el único lugar del mundo que vuelve de lo digital al papel”. Además, Ramírez resaltó que las modificaciones sobre la presentación de los estados contables ponen a las SAS “en peor lugar que a las SRL” y con “una sanción 20 veces más grande que a las SA”. “Esta ley quita seguridad jurídica y aniquila a las PyMEs”, completó.
También en contra de la iniciativa, Francisco Reyes Villamizar, doctor en Derecho de la Universidad de Tilburg, Holanda, destacó el “éxito de estas sociedades en América Latina” y expresó que “no es verdad que son para el delito”. “Las SAS no son propicias para el fraude ni han servido para el lavado de activos”, sostuvo, sino que, todo lo contrario, son “un instrumento maravilloso para la formalización laboral”.
“Sería muy lamentable que un instrumento que tiene semejante importancia terminara teniendo una partida de defunción, sería muy triste para los emprendedores de Argentina”, agregó.
En tanto, Alejandro David, especialista en prevención de lavado de activos, señaló que “la forma de prevenir el lavado de activos no está en intervenir el momento constitutivo de las sociedades”, sino en “la fuente de circulación en mercado”. “No son los registros públicos los organismos destinados a cumplir este rol”, explicó, e indicó que para ello están “la AFIP, los registros inmobiliarios, la supervisión del sistema financiero, donde tienen que estar las alertas de actividades sospechosas”.
Por su parte, el abogado Fernando Pérez Hualde subrayó que “el régimen de la ley invade el régimen federal” y “es de una gran dificultad, no tiene ningún sentido la creación de este registro (de emprendedores)”. “Las SAS no son lo mismo que las SA y las SRL”, enfatizó, al tiempo que dijo que las SAS no son “un invento argentino” y que hace tiempo “cambió la modalidad de hacer negocios en el mundo”.
A favor de la iniciativa, Leopoldo Burghini, abogado especialista en derecho societario, recordó que “se buscó potenciar a los emprendedores pero la Ley no estableció requisitos para constituir una SAS”, con lo cual “quedó abierta la puerta” a que alguien pueda “constituirse con 1.500 millones de pesos de capital y pueda colarse por la ventana de las SAS y no tenga ningún tipo de control interno o externo por parte del Estado porque no tiene responsabilidad de presentar su contabilidad”. Asimismo, aseguró que con este proyecto “no van a verse perjudicadas todas las SAS que ya están constituidas”.
Titular de la SAS Sierra Tech Solutions, César Guereta, consideró que “si queremos que sea un instrumento para el desarrollo de Argentina se utilice para tal fin y no para fines espurios, como hemos visto que se ha utilizado” por parte de personas que “además de cometer delitos desprestigian nuestra actividad empresarial, actividad central para el progreso de nuestro país”. “Apoyamos que las SAS vuelvan al ámbito de control de la IGJ y de las jurisdicciones que le correspondan”, sumó.
Otra invitada que se manifestó a favor del proyecto fue María Eugenia Marano, abogada diplomada en Criminalidad Económica, que apuntó que los requisitos de las SAS “las hacen muy permeables” y es necesario “tomar todos los recaudos posibles para que estas figuras no sean mal utilizadas para la realización del delito de lavado de activos”.
“Que el Estado conozca quienes son las SAS y conozca sus movimientos le permite también proteger a todos los terceros que van a operar con esas SAS, y a los emprendedores de buena fe, porque es una gran herramienta para ellos”, añadió.
Finalmente, el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, aclaró que “no estamos discutiendo eliminar a las SAS”, sino que “las SAS sean exclusivamente para aquellas personas para las que está destinada la ley”, en referencia a los emprendedores. Sobre ello, opinó que “no debería discutirse el registro”.
“Es inverosímil que personas que no son emprendedores se hayan adherido a este sistema”, dijo y afirmó “un gran número de SAS se constituyeron para un negocio determinado” pero “a los pocos días se dieron importantísimas operaciones inmobiliarias con cientos de miles de dólares”, y mencionó algunas de ellas.
El funcionario precisó que “se constituyen con un capital absolutamente irrisorio y a los cinco días, diez días, veinte días, están invirtiendo millones de dólares con la posibilidad de contar con una suma de dinero que no lo pudieron aportar al momento de constituir la SAS”.
“Esto, señores, es simple y llanamente fraude, es utilización espuria y fraude a la ley y no lo podemos consentir”, enfatizó Nissen, al tiempo que negó que sea un fenómeno único de la Ciudad de Buenos Aires y lanzó que “las SAS aparecen después de los Panamá Papers y los Paradise Papers”.
