Poco a poco la Cámara de Senadores va poniendo en marcha la actividad legislativa, ya que este miércoles ratificaron sus autoridades las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales. También fijaron días y horarios para el trabajo legislativo.

Con una demora de más de una hora del horario pautado para su inicio en el Salón Arturo Illia -ya que se estaba realizando la reunión de Acuerdos- la primera comisión en constituirse fue la de Población y Desarrollo Humano la cual ratificó a sus autoridades. Al frente de la misma continuará la senadora radical María Belén Tapia (Santa cruz), mientras que en la vicepresidencia fue ratificada la oficialista María Eugenia Duré.

Al postular a la presidenta de la comisión, la radical Stella Maris Olalla (Entre Ríos) destacó que “la comisión ha realizado un trabajo muy especial en el período anterior, en el seguimiento de todas las cuestiones y temas que concretamente tiene que llevar adelante con una responsabilidad y eficiencia que todo el grupo ha llevado adelante, atendiendo lo que ocurre en el país en este momento difícil. Por ello nuestro bloque propone a María Belén Tapia para la presidencia”.

En nombre del Frente de Todos habló el neuquino Oscar Parrilli quien propuso como vicepresidenta primera a María Eugenia Duré (Tierra del Fuego) para que “en nombre de nuestra Patagonia austral quede la comisión”.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la comisión expresó: “Espero que podamos trabajar como hicimos el año pasado y en años anteriores con temas que nos importan a todos y que son transversales”. Agradeció por el quórum y adelantó que en las siguientes reuniones fijarán los días y horarios de trabajo “en la medida que vayan suscitándose los temas”.

De forma breve, la fueguina Duré agradeció a los compañeros de su bloque por ratificarla y sostuvo que “es una comisión que hemos trabajado mucho. Lo último que trabajamos y se aprobó con consenso tiene que ver con la aprobación de la Ley de Lengua de Señas así que ha sido muy importante para toda la comunidad sorda”.

Luego fue el turno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de ratificar a sus autoridades. Por el oficialismo, habló la senadora santacruceña Ana María Ianni quien propuso para el cargo de la presidencia a Oscar Parrilli y para el cargo de la secretaría a la senadora Sandra Mendoza (Tucumán) “quienes han trabajado y prometen y se compromete su compromiso con la comisión para hacerlo en conjunto en función de los temas que nos interesan”.

En tanto, el senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) propuso ratificar como vicepresidenta a Beatriz Ávila. “Queda de esta manera constituida la Comisión de Justicia y Asuntos Penales”, expresó Parrilli.

Además, informó que “es intención de esta comisión el próximo jueves 8 de junio a las 11 comenzar con el tratamiento, en reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto que viene en revisión de Diputados que modifica el Código Penal sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un compromiso que tiene el Gobierno nacional con el Grupo de Acción Financiera Internacional y que está reclamando que le demos tratamiento para poder sancionarlo en ley”.

Al respecto, propuso a los bloques que si tienen propuesta de invitados “que no sean más de 2 o 3 por bloque” pueden hacerlo porque “la intención es que el jueves debatamos y saquemos despacho del proyecto”.

Por último, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable también ratificó a sus autoridades. Al tomar la palabra, la senadora María Belén Tapia propuso en nombre del interbloque de JxC como presidenta a Gladys González (Pro) para que “continúe llevando adelante la tarea de la presidencia de la comisión. Sabemos de su compromiso con todo lo que tiene que ver con las temáticas ambientales y estamos convencidos que durante este tiempo lo hizo de manera brillante. Siempre nos propuso trabajar en temas que llevaban de la mano, no solamente el cuidado del medio ambiente, sino también la producción y poder seguir trabajando en ese sentido”.

La vicejefa del bloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, propuso como vicepresidente al senador Antonio Rodas (Chaco) y como secretaria a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) “para que sigan en la conducción de la comisión”.

La titular de la comisión se expresó en nombre de Rodas -ausente por un problema de salud- que “quiere, por supuesto, asumir el compromiso de la vicepresidencia. Lo disculpo, sabemos que tiene algunos problemas que lamentablemente no lo dejan estar con nosotros. Espero que se recupere pronto para poder seguir trabajando en una amplia agenda que tenemos para lo que queda del año”.

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados aceleró un proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal. 

Un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal dieron dictamen este miércoles a una iniciativa que fue consensuada entre los distintos representantes de la provincia, y que se había presentado en mayo de 2022, es decir, hace 10 meses. Solo en noviembre pasado se había realizado una reunión informativa.

El texto, que prevé la creación de cargos de fiscales, defensores y jueces (de garantías, revisión y ejecución) en distintas localidades, deberá ser tratado ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Durante la discusión, que se extendió por tres horas, uno de los puntos que más se escuchó fue el reclamo para que se conforme la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que se reunió por última vez en febrero de 2021. Actualmente, el Senado todavía no designó a sus representantes, por eso, hubo críticas varias a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. 

También, al reconocer que esta medida tendrá un impacto en el mediano y largo plazo, se puso el eje en la demora de designaciones judiciales pendientes y en el postergado nombramiento de un procurador general de la Nación. 

Autor del proyecto que se presentó en mayo del año pasado con la firma de 18 de los 19 diputados por la provincia de Santa Fe, el diputado Roberto Mirabella (FdT) recordó que este fue “un tema que lo empezamos a tener en la agenda a fines de 2021” tras una reunión con el gobernador Omar Perotti, en la que trabajaron “varios meses en una mesa donde estaban representados todos los bloques” para “poder llegar a un punto de acuerdo y un texto unificado”. 

La iniciativa “va en la perspectiva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que rige desde 2014” y hasta ahora “solo se implementó en las jurisdicciones de Salta y Jujuy”, dijo. “Estamos ansiosos de que (el Código) se ponga en marcha en mi provincia”, expresó. 

El oficialista detalló que “viene a crear fiscalías federales, que van a tener en cabeza la investigación y persecución criminal, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución”. 

“Todo el mundo está en conocimiento de la situación delicada que tenemos en mi provincia, y en particular en la ciudad de Rosario, con el avance del narcotráfico y la narcocriminalidad; por la cantidad de homicidios que se producen, cuadriplica la media argentina; porque el 80% de esos homicidios están producidos por bandas narcos; y además porque en los últimos meses se han producido con mayor frecuencia actos que generan terror en la población”, señaló el santafesino. 

Mirabella precisó que “según la PROCUNAR, en Rosario se tramitan de cinco a diez veces más causas por drogas que en cualquier provincia argentina. De hecho, el 20% de las causas se tramitan en Rosario”.  “Todos sabemos que con este proyecto no va a venir la solución mágica, ni se va a implementar mañana”, reconoció, pero afirmó que ante la situación actual hay que tomar medidas “y realizarlas todas a la vez, porque todas son importantes”. 

A su turno, el diputado Juan Martín (UCR) lamentó que “Santa Fe duplica la media nacional de homicidios, y en conglomerados como Rosario la triplica y cuadriplica”. “Llegamos tarde a este momento. En este momento parece que estamos corriendo detrás de la pelota. Parece una respuesta espasmódica, pero aspiro a que sea un antes y un después”, manifestó. 

En esa línea, el radical aclaró que el proyecto tendrá un impacto en el “mediano y largo plazo”, mientras que “en lo inmediato hace falta decisión política, con mayores recursos, mayores efectivos federales y un plan para ayudar a pacificar la provincia, que por supuesto también tiene que hacer su aporte”. 

El santafesino remarcó que hay cargos vacantes en tribunales de Rosario y mencionó el retraso en la conformación de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. “Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer cuanto antes”, consideró y pidió que  la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúna “y cuanto antes llevarlo al recinto” para poder “mostrar que estamos haciendo un pequeño aporte”. 

Otro santafesino que habló, desde el oficialismo, fue Marcos Cleri (FdT), quien opinó que este puede ser “un proyecto de muy buen ejemplo para trabajar en el resto de las provincias y regiones”. A partir de la iniciativa, se crean 27 fiscalías, 9 cargos de defensores y cargos de jueces en Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto. 

“Es muy valioso y muy importante porque viene a atender una necesidad que estamos teniendo. Y más valioso y más importante es el compromiso de todos los actores políticos de nuestra provincia para poder lograrlo”, destacó. 

También, el camporista reclamó al Senado el avance de pliegos al solicitar que “en marzo se puedan terminar de designar dos jueces que están ya con el proceso finalizado en la Comisión de Acuerdos, y que también el Senado sesione y le pueda dar ingreso (a los pliegos) de una fiscal, un defensor y un juez, atento que pasaron el proceso del Consejo de la Magistratura y fueron enviados por el Poder Ejecutivo”. 

En una crítica indirecta a algunos dirigentes de la oposición, Cleri sostuvo: “Nosotros que vivimos en la ciudad de Rosario padecemos estos hechos de inseguridad, como lo padecen todos los rosarinos y rosarinas, y el turismo electoral político es un carancheo que solicitamos que dejen de hacer. Porque con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días contra el crimen organizado”. 

Además, el legislador apuntó que “uno observa que tenemos que tener un Estado presente, cercano, que resuelve los conflictos, para lo cual se necesitan muchas veces recursos y cuando hay modelos neoliberales, o modelos económicos que retiran el Estado del rol donde tiene que estar, lo que avanza es el crimen organizado”. 

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) subrayó que “no solo deberíamos instar la implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, sino en todo el país”. “Estamos atrasados con el cronograma que originariamente se había marcado”, recordó. 

Si bien ponderó el proyecto, el porteño aclaró que “con esto no alcanza” ya que, por ejemplo, “hay 10 vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe” de las cuales “solo tres están tramitando el concurso en el Consejo de la Magistratura. Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o el Senado”. 

“Para tratar de resolver de manera definitiva y efectiva no solo es necesaria nuestra tarea, sino que también es necesario que el Poder Ejecutivo asuma las responsabilidades que le corresponden”, observó e insistió: “Es un buen proyecto, debemos dictaminarlo hoy mismo, pero tengamos conciencia que falta mucho más, de parte de nosotros, del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema”. 

En su intervención, el diputado Eduardo Toniolli (FdT) remarcó que “para evitar generar falsas expectativas, está claro que este proyecto no aborda la emergencia, sino que en todo caso sienta las bases para, como dice el título, fortalecer la justicia federal”. “Y si hay que fortalecerla es porque tiene un grado de debilidad. Hace 40 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario”, graficó el santafesino. 

Avanzado el debate, el diputado Fernando Carbajal (UCR) expresó que “la urgencia y la emergencia” de la situación aceleró el tratamiento, pero ponderó que “si ha habido consenso en esto es porque ha habido actores políticos que han estado dispuestos a hacer concesiones de sus propias posturas”. En esa línea, opinó que los consensos son “el camino que tenemos que empezar a recorrer para llegar a acuerdos sobre políticas de Estado”. 

Si bien, “es una ley que no sirve para resolver ni la emergencia ni la urgencia, tiene importancia simbólica sin ninguna duda”, señaló el formoseño y, en sintonía con lo dicho durante la reunión, aseguró: “Todos somos perfectamente concientes que hasta que se concrete el armado de esta estructura van a pasar, siendo optimistas, muchos meses, y siendo más realistas, muchos años”. 

Al igual que sus pares de JxC, reclamó que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal porque “si no entendemos que la desburocratización de la investigación penal es el único camino para luchar contra el crimen organizado vamos a, como dijo el ministro (Aníbal Fernánez), perder la batalla”. Por eso, solicitó que en “10 o 15 días” se pueda reunir a la comisión bicameral encargada de la implementación del Código y también que se designe de una vez al procurador general de la Nación. 

“Si bien es positivo que hoy estemos tratando esto acá, si las instituciones funcionarán como corresponde, no deberíamos estar acá tratando este proyecto”, sostuvo el diputado Enrique Estévez (PS), quien cuestionó la parálisis de la comisión bicameral y cargó: “Esto es responsabilidad de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, porque la Cámara de Diputados designó a sus representantes”. 

Por eso, el santafesino exigió “tener una explicación de por qué no se constituye esa comisión y tener una explicación pública de por qué no se elige al procurador general de la Nación”. “No vamos a poder combatir el narcotráfico si nuestras instituciones no son transparentes, y si quienes tenemos responsabilidades concretas no las cumplimos”, enfatizó.  

Sobre la situación en su provincia, el socialista aseveró que “lo que pasa en la ciudad de Rosario tiene explicaciones, pero no es el único lugar del país en el que esto sucede. Todavía en Rosario y la provincia de Santa Fe no hubo enfrentamiento entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, cosa que sí ocurrió por ejemplo en Buenos Aires”. 

Estévez mencionó que “el 33% de cargos en la justicia federal de Santa Fe están vacantes” y lleva “más de 30 años con exactamente la misma infraestructura”. Sobre ello, planteó que habría que replantearse las formas sobre cómo se designan las vacantes de manera de agilizarlas. Además, apuntó el bajo presupuesto nacional en seguridad asignado para Santa Fe y que, pese a los barrios vulnerables que tiene, “la ciudad de Rosario es la número 44” en el reparto de los recursos del Fondo de Integración Socio-Urbana. 

Partícipe de la reunión, se le dio la palabra al senador Dionisio Scarpin (UCR), quien felicitó a la Cámara baja por la rápida convocatoria y manifestó: “No hay dudas que es importantísimo este proyecto para el futuro de la seguridad y el servicio de justicia. No es la solución inmediata del problema, pero es una señal política muy importante para la sociedad santafesina, para el Senado de la Nación y también para los poderes ejecutivo nacional y provincial”. 

Al valorar los consensos que se alcanzaron, el santafesino consideró que esta metodología “tiene que ser una vuelta de página para todos” ya que “a los ciudadanos no les interesan los partidos políticos, las campañas electorales, sino vivir bien”. Asimismo, advirtió que “si no nos tomamos en serio este tema, esto se va ir agravando día a día”. 

En la reunión también habló la diputada Graciela Camaño (IB), quien observó que “no estamos hablando de inseguridad, pese a que probablemente la hora nos lleva a inclinarnos por el discurso de la inseguridad”. En su discurso, afirmó que entre la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández y esta iniciativa “hay una diferencia abismal”, sobre todo porque “este proyecto viene trabajado por el Poder Judicial”. 

En alusión al retraso en la aplicación del sistema acusatorio, la legisladora recordó que el expresidente Mauricio Macri a los pocos días de asumir suspendió por decreto “la implementación del Código Procesal Penal y se comete una sobrevaloración muy grande del Poder Legislativo. Nos pasan la responsabilidad al Poder Legislativo, que tiene el drama existencial de la falta de diálogo”, en referencia a fijar el cronograma de implementación en las distintas provincias.  

“Nosotros no estamos pudiendo dialogar en torno a los intereses de nuestro pueblo hace muchos años. Hace 20 años nos falta el defensor del pueblo, no nos hemos puesto de acuerdo en algo tan significativo”, subrayó, dando por descontado que por eso era tan complicado ser efectivos entonces en la monitorear la implementación del Código.

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (Pro) se preguntó: “¿Estaríamos acá hoy si no hubieran baleado el supermercado de la familia (Lionel) Messi? La respuesta sincera es que no”. “El año pasado Rosario registró 288 homicidios y ninguno de esos homicidios conmovió a este Congreso lo suficiente para que se sancionara este proyecto”, reprochó. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la macrista detalló que de esos 288 homicidios, “hay 33 homicidios que fueron de niños menores de 14 años, que claramente nada tienen que ver con el narcotráfico. Y además 64 de esos homicidios fueron mujeres”. “Las estadísticas desde 2014 hasta ahora indican que se duplicaron los homicidios de mujeres”, añadió. 

Uno de los últimos oradores fue el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), quien recordó el historial de episodios de balaceras en la última década y señaló: “Lo que nos está pasando en Rosario no admite chicanas no ahora, desde hace 10 años”. “Tenemos una oportunidad renovada”, dijo al celebrar que se pueda avanzar con el proyecto, más allá de todo lo que no se hizo en los últimos meses y algunos remarcaron.  

“Como militantes políticos nosotros no podemos, no solo dejar de creer, sino de trabajar para que las cosas cambien”, expresó el santafesino, que relató que “en realidad el espíritu de derrota alrededor de este tema en la ciudad de Rosario es muy fuerte, pero hay una amplia cantidad de rosarinos y rosarinas que no se quieren dejar vencer”. 

“Si nosotros no queremos que esto sea parte de esfuerzos que parece que aparecen con fuerza y después se desvanecen rápido, creo que nosotros tenemos que seguir afinando el diagnóstico de lo que está pasando en la provincia”, sumó. 

Lo que propone el proyecto: 

-La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

-La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. 

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

-Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. 

-Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”. 

Gran repercusión trajo la amenaza narco al jugador de la selección argentina, Lionel Messi, tras el ataque a un local perteneciente a la familia de su esposa en Rosario. Tal es así que se comenzará a debatir en la Cámara baja el proyecto de Fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe.

Fue el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien lo confirmó en redes pese a que aún no se oficializó la convocatoria en la agenda de Diputados de la reunión conjunta de las comisiones de Justicia, presidida por el oficialista Rodolfo Tailhade, y de Legislación Penal a cargo de la opositora María Luján Rey (Pro).

El plenario se realizará el próximo miércoles 8 a las 11 en la Sala 1 del 2° piso del Anexo A con el objetivo de tratar el proyecto presentado por el oficialismo, encabezado por Roberto Mirabella.

La iniciativa fue una propuesta por todos los diputados de esa provincia, salvo uno de la CC. El proyecto busca crear 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales. También crea 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados convocó para el miércoles 8 de marzo a reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Legislación Penal para tratar el proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe. pic.twitter.com/gEpo1brBmP

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) March 2, 2023

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia de la Cámara de Diputados avanzó con la firma de un dictamen consensuado que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM). 

Dicho registro tendrá por objeto “la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales”. 

A su vez, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”. 

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; y solicitud de licencia para conducir o su renovación”, entre otros. 

También, en la iniciativa que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego. 

El texto se elaboró en base a proyectos que presentaron Cecilia Moreau -presidenta de la Cámara-, Julio Cobos, Roxana Reyes, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Jimena López y el exdiputado Marcelo Koening. 

Durante el debate, la diputada Carolina Yutrovic (FdT) sostuvo que este tema “es una deuda que tenemos con las infancias y las adolescencias de nuestro país”, que debe analizarse sobre “un concepto profundo de convertirnos en una mejor sociedad, en una sociedad del cuidado”. “Tenemos un alto índice de deudores alimentarios que aún con sentencias, con acuerdos homologados, incumplen el pago de la cuota alimentaria y le niegan a hijos e hijas el desarrollo integral”, continuó. 

La fueguina señaló que este incumplimiento es “una de las formas de violencia económica contra las mujeres”, mientras que resaltó que con este registro “los jueces van a tener un marco para poder hacer efectivas sus medidas judiciales”, al tiempo que se busca “generar una conciencia amplia en todo el país” sobre “la efectividad” que tuvieron los registros provinciales. 

En su intervención, la legisladora detalló que “según estudios en la provincia de Buenos Aires dicen que el 66% de las madres no recibe ningún aporte económico por parte de los progenitores”. En tanto, “un informe de CIPPEC señala que el 78% de las mujeres de entre 35 y 45 años convive al menos con un hijo; el 97% de esos chicos conviven con sus madres; y 3 de cada 10 mujeres que no conviven con el padre de sus hijos son las más afectadas”, indicó. 

Yutrovic añadió que “esto no le pasa solo a las personas de menores ingresos, donde la gravedad es mayor”, sino que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales”. 

Por su parte, el diputado Julio Cobos (UCR) enfatizó que “más que un flagelo es un delito incumplir con la cuota alimentaria, porque estamos afectando generalmente a la mujer, hay algunas excepciones donde es el hombre”, pero sobre todo “se afectan los derechos del niño”.

El radical celebró que “se logró enriquecer el proyecto”. “Sé que todavía quedan algunas dudas, bienvenidas todas las sugerencias”, dijo, pero insistió: “Los asesores llevan hace más de dos meses la discusión para la integración de los proyectos”. Por eso, pidió a sus pares “que acompañen aunque sea con alguna disidencia” y “en el trayecto a la sesión logremos acordar definitivamente el proyecto”. 

Uno de los que señaló diferencias con algunos puntos de la redacción fue el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que este registro “debería ser algo parecido a una base de datos o a un buzón al que llegue la información de las provincias” y “no crear un organismo nuevo, sino algo muy mínimo que funcione online” para que “las altas, las bajas y las modificaciones las decidan los jueces en las provincias”. 

“La obligación de consultar si determinada persona figura o no en el Registro de Deudores Alimentarios es del organismo, el ente o la entidad a la que esa persona se dirige a hacer un trámite. Tiene que estar bien claro que no le podemos imponer a todos los habitantes la obligación de tramitar  un certificado de no deudor”, reclamó, al tiempo que observó que no se prevén sanciones para los organismos o entidades que no consultan al registro antes de otorgar las distintas solicitudes.  

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) opinó que “lo que estamos haciendo es correcto”. “De lo que estamos hablando es de cómo hacemos en un país con una economía tan informal para hacer que el deudor cumpla la sentencia”, expresó y defendió que se trata de “una ley interesante, relajada, que no tiene ninguna cuestión que uno pueda tildar de inconstitucional”. “El proyecto no dice que nadie tenga que ir a buscar un certificado a ningún lado”, aclaró. 

La diputada Paula Oliveto (CC-ARI) rescató que “todos los autores cedieron para poder construir un consenso”. “Si tenemos que seguir hablando para seguir modificando cosas” de modo que la Cámara de Diputados establezca que “no va a tolerar en su legislación que una persona cometa el delito y el horror de dejar a un niño sin su alimento, seguiremos trabajando para llegar al recinto con el mayor consenso posible”, subrayó. Y agregó: “La señal tiene que ser de manera contundente y clara de que nos estamos ocupando de esto en un momento en el que más del 50% de niños y adolescentes tienen necesidades”. 

Otra legisladora que objetó aspectos del texto fue Paula Omodeo (CREO), quien señaló que “algunos incisos podrían ser problemáticos a la hora de generar una fuente de trabajo al deudor para que después pueda cumplir”, como por ejemplo el que plantea impedimentos para “la habilitación para la apertura de comercio o industria”. 

“Un padre o una madre debe porque no tiene trabajo, quiere abrir un pequeño almacén o algún comercio para poder pagar esa deuda alimentaria y no puede obtener la habilitación”, argumentó la tucumana, que sumó: “Hay que pensar muy bien que podemos tener muy buenas intenciones pero después podemos generar verdaderos problemas”. 

En la recta final de la reunión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) anticipó que buscará cambiar cosas de la redacción que tiene “un sesgo adulto-céntrico” y “recién en el artículo 15” nombra a los niños. “La primera concientización es nombrarlo, no solo sufren las mujeres, sufren los niños”, sostuvo. 

La porteña afirmó que con este registro nacional “no estamos innovando en nada, en todas las democracias del mundo tienen mecanismos” de este tipo, es decir que “llegamos tarde, no es que llegamos rápido”. También pidió no tener “ningún temor, porque no hay ningún derecho vulnerado”. Acá lo que queremos hacer costoso es violar el derecho a la alimentación de un niño, es muy distinto que prohibir”. 

“No hay ninguna tensión constitucional”, aseguró y explicó que el proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto “porque no pedimos dinero, no creamos ninguna burocracia”. “El Ministerio de Justicia tendrá que reasignar partidas y crear esta función, no es un organismo”, aclaró. 

Presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), manifestó que “sin dudas el interés superior protegido es el de niños, niñas y adolescentes y es lo que nosotros estamos buscando”. “Cualquier decisión garantista del deudor alimentario debe ser suprimida de este proyecto. Creo que nosotros no debemos proteger al que debe”, sentenció la santacruceña. 

En una extensa exposición, a la que le siguieron varias preguntas de legisladores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este miércoles ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con media sanción del Senado.

Tal como se esperaba, el funcionario abundó en críticas a la Corte Suprema, al denunciar una “intervención política” en el Consejo, al cual “se metió por la ventana” a través de un fallo en el que “atentaron contra la división de poderes”. “Es absolutamente necesario que avancemos en sancionar una ley y ponerle fin a este entuerto”, señaló.

Al recordar su exposición el 22 de marzo pasado en el Senado, mencionó que en ese momento “faltaban apenas tres semanas para que operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte Suprema” que vencía el 15 de abril y “había fijado 120 días para la sanción de una nueva ley”.

Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021 representó “una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de la Nación se viese obligado a legislar bajo presión”.

“Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.

Además, el titular de la cartera de Justicia consideró que la sentencia “más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial”. Y que “al devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso, sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes”.

Asimismo, esa decisión “socava y atenta también contra las facultades constitucionales” del Poder Legislativo, y esto “no lo dice solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta”, sino que “lo dice uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.

Así, en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, citó textual lo dicho por el juez: “Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho”. Y, sobre la decisión de sus colegas, Lorenzetti señaló que “contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por ninguno de sus magistrados”.

En su presentación en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, el ministro opinó que en este contexto “sancionar una ley que reestablezca el normal funcionamiento de un órgano constitucional es fundamental”.

“Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido. Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley”, continuó.

Tras definir al fallo de la Corte como “de facto”, el rionegrino expresó que “el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución, pero también así mismo”.

“Seguramente a algún diputado o diputada no le agrade que yo diga que un fallo de la Corte no es una sentencia judicial, sino más bien un fallo político”, reconoció, pero argumentó: “Si no coinciden con la gravedad no tienen por qué creerme a mí, pero basta con ver los hechos”.

Entonces, repasó que la demanda del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires contra la Ley 26.080, sancionada en 2006, se inició ese mismo año y llegó a la Corte en agosto de 2017. “Precisamente por eso, el Gobierno anterior, en diciembre de 2017, presenta en el Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos analizando”, apuntó.

Y agregó que, en abril de 2018, la Corte le pidió al procurador interino, Eduardo Casal, que dictamine en la causa del Consejo. Sin embargo, el 16 de ese mes, “en una extraña reunión”, la Corte recibió al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Justicia, Germán Garavano. Y, tras ese encuentro, “de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro. No sabemos en qué cajón de esta Corte, ese expediente durmió el justo sueño”.

Más adelante en el tiempo, apoyado en noticias periodísticas que mostró en pantalla, Soria señaló que el 3 de diciembre de 2021, cuando el oficialismo se aprestaba a cubrir las vacantes de Leopoldo Buglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, “el Consejo de la Magistratura se aprestaba a cumplir con la Constitución, para reemplazar a esos dos camaristas, que entre tantos otros habían sido trasladados a dedo, y de golpe, por arte de magia, unos días más tarde la Corte vuelve a desempolvar, vuelve a encontrar en un mágico cajón, la causa del Consejo. ¿Qué extraño no?”.

El ministro cuestionó que la Corte tuvo el expediente por 1.710 días, pero al Congreso “le exigen una ley en 120 días”. Tras ello, mencionó que luego que se restituyera la ley de 1997, el 15 de abril pasado, “pasaron 50 días sin que el Consejo se reuniera”. “Esta parálisis no es gratuita, no es inocua”, sumó.

“La interferencia que hizo la Corte en su fallo creo que no puede dejar de conmover a los diputados y diputadas de todos los bloques”, insistió y llamó a debatir por “un Consejo que sea más democrático, funcione más equilibradamente y sea menos corporativo”. “O si por el contrario algunos quieren volver a concentrar todo el poder en pocas personas”, lanzó.

Sobre la iniciativa con media sanción, el funcionario afirmó que “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo”. “Es inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional e incorpora varias modificaciones que venían de muchos años atrás”, ponderó.

Mientras que diferenció que el modelo de 1997 restituido “es un modelo inconstitucional, ineficiente, pero también totalmente antidemocrático a estos tiempos actuales”. “Se aprobó, fracasó y por eso fue superado con la ley de 2006”, enfatizó y enrostró a la oposición que “esto no es algo que lo digamos nosotros, lo dijeron ustedes mismos en el 2017”.

Así, al repasar los fundamentos del proyecto presentado por la gestión de Cambiemos, indicó que ese texto “tampoco hablaba de que la presidencia del Consejo de la Magistratura la iba a ejercer de facto el presidente de la Corte”. “Sostenían que el mejor equilibrio constitucional se logra sin la Corte Suprema”, recordó y disparó: “Por eso llama la atención que cuatro años más tarde quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.

El exdiputado, que estuvo acompañado a su lado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, añadió que en ese momento el Frente para la Victoria no lo acompañó porque “el proyecto planteaba la modificación de las mayorías para el quórum. Eso en aquel momento nos parecía grave”.

Al cerrar su exposición, Soria remarcó que “esta Cámara tiene la enorme responsabilidad de legislar sobre una ley que viene a completar lo que el constituyente de 1994 pudo establecer a medias”.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados realizó este martes una nueva reunión informativa, con la participación de especialistas, sobre el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura.

Como a lo largo de las jornadas previas, en esta ocasión los invitados también pidieron aprovechar la discusión para aprobar una modificación más integral, que no tenga que ver solo con la conformación del órgano judicial, sino con su funcionamiento.

Entre los expositores estuvo el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien señaló que “institucionalmente no podemos funcionar con un Consejo de la Magistratura que proviene del restablecimiento de la vigencia de una ley anterior por un fallo de la Corte. Esto lo tiene que decidir la política, lo tiene que decidir el Congreso de la Nación”.

En ese sentido, enfatizó: “Pero no decidirlo de cualquier manera, debemos aspirar en esta oportunidad a hacer una ley duradera. No podemos estar cada dos o tres años discutiendo nuevamente”.

Para eso, el flamante presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal consideró que se requiere de “un acuerdo generoso, sólido y verdadero entre las fuerzas políticas”, y no de conseguir sancionar la ley por uno o dos votos de diferencia. “Eso no sirve”, subrayó.

“Hago votos para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso” y “todos los argentinos puedan tener una institución que funcione adecuadamente para el régimen democrático”, sostuvo.

Durante su intervención, el exlegislador y exconvencional constituyente recordó que este se trata de un “tema manido” ya que “pocas instituciones han tenido una discusión parlamentaria como el Consejo de la Magistratura”. En esa línea, dijo que esta es la cuarta ley que se debate en torno a “una institución que es compleja”, pero sobre la cual “la intención del constituyente fue muy clara: no eliminar la política, pero sí restringir esta discrecionalidad para darle una base de idoneidad técnica”.

El abogado constitucionalista defendió que “la ley (de 1997) vigente por la decisión de la Corte fue seguramente la ley que obtuvo mayor consenso; fue votada prácticamente por unanimidad en las dos cámaras” y fue la que “inaugura la mejor etapa que tuvo el Consejo”.

Además, remarcó que todas las otras leyes “fueron sancionadas con minorías apretadas y esto no es bueno, y es lo que hace que el tema vuelva a recurrir”.

El Consejo “no ha funcionado lo bien que se ha querido, ha habido bloqueos permanentes, exceso de partidización, atraso en las designaciones”, enumeró Gil Lavedra, que consideró que “la llave para poder encontrar alguna salida para este exceso de partidización es diferente a discutir tanto el equilibrio, que por supuesto es importante” sino más bien centrarse en “aumentar el empoderamiento técnico del Consejo”.

Sobre si la Corte Suprema debe ser parte del Consejo, o incluso presidirlo, el exministro de Justicia reconoció que “hay buenas razones de ambos lados”, pero deslizó que cuando la Corte estuvo presente “le ha dado una mayor contención, y ha funcionado mejor el Consejo”. “Pero es el punto espinoso que queda librado al debate político”, expresó.

Yendo al proyecto con media sanción del Senado, el exdiputado opinó que los académicos “tendrían que no ser elegidos de manera indirecta”, sino por sus pares o por región.

Si bien vio con buenos ojos que se cree una comisión federal, manifestó: “No entiendo por qué tiene que estar integrada solamente por senadores”. Y propuso que también se sumen a abogados y jueces de las regiones, ya que son cargos ad honorem.

Consideró que deberían incluirse los concursos anticipados para que “las vacantes sean cubiertas rápidamente”; que hacen falta “más pautas respecto de los concursos”, ya que en la cuestión de los antecedentes “debe haber una evaluación objetiva”; y que las impugnaciones no deben ser resueltas por la comisión, sino por un jurado técnico.

El abogado también recomendó que en la ley quede establecido que “al menos uno de los integrantes de las ternas sea mujer”; que se hagan cambios respecto a las entrevistas personales, donde advirtió “se cambian los órdenes de mérito”; y que “los antecedentes judiciales no sean sopesados con mayor intensidad que los de los abogados y abogadas”.

Para Gil Lavedra, respecto a la escuela judicial, “no tiene que ser para cursos ocasionales y discrecionales”, sino que debe haber “cursos permanentes de actualización a los jueces”.

Tampoco se “pueden tener los procesos disciplinarios abiertos indefinidamente”, alertó y completó: “No hay nada en la media sanción sobre la evaluación del desempeño de la justicia. El Consejo tiene que tener estadísticas confiables, que evalúen el desempeño judicial, y auditorías, justamente para poder ejercer su función disciplinaria”.

Más expositores

A su turno, Alejandro Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles, no se refirió a la composición del Consejo de la Magistratura, sino a dar sugerencias sobre aspectos en el proceso de selección de magistrados que deberían cambiarse o incluirse en la ley, para dar a esa instancia una “mayor eficiencia y rapidez”.

En ese sentido, explicó que habría que “contener plazos perentorios en todo lo que son procesos anteriores a la etapa de oposición” y sanciones “si no se siguen esos plazos”. Por ejemplo, recomendó poner límites de tiempo para la toma de exámenes y para dar las calificaciones. También opinó que la entrevista personal a los candidatos debería ser “directamente ante el plenario” y no en comisión; y mencionó que la evaluación de las impugnaciones “lleva mucho tiempo”.

En su exposición, Segarra planteó que habría que establecer “lineamientos generales un poco más específicos” para la selección de los magistrados respecto de su “formación, experiencia laboral, docencia” e incluso la perspectiva de género, y “cómo se puntúan este tipo de antecedentes”.

Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Sebastián Pilo apuntó que el proyecto que se sancione “tiene que ser constitucional” y tener un “equilibrio de estamentos”, el cual consideró que la iniciativa con media sanción sí “cumple ese estándar” que reclamó la Corte Suprema en su fallo de diciembre pasado.

Pero también advirtió por el “equilibrio en las fuerzas políticas” y, en esa línea, reivindicó que la ley de 1997 contempla en definitiva una “mayor pluralidad en la representación política”, mientras que el proyecto en tratamiento “quita las segundas minorías”. Por eso, solicitó “generar mecanismos que representen la diversidad de la conformación del Congreso de un modo genuino”, al considerar que debería tomarse el concepto de interbloques para elegir a los representantes por el Poder Legislativo.

“Necesitamos que el proyecto atienda a los problemas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no son solamente sus equilibrios o desequilibrios en los estamentos, y este proyecto no atiende esos problemas”, señaló.

Pilo enumeró que entre esos problemas, “tenemos un sistema pésimo, muy malo, de selección de magistrados; uno todavía peor en materia de procesos disciplinarios; niveles de transparencia y de acceso a la información muy debilitados; e instancias de participación ciudadana nulas”.

En su intervención, el expositor remarcó que “necesitamos un proyecto que no se revierta en dos años, necesitamos un diseño para el Consejo de la Magistratura que pueda pensarse en el mediano plazo”, en alusión a que se necesita un respaldo mayoritario a la hora de su sanción.

Por su parte, Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, se mostró a favor de la “búsqueda del mejor modelo constitucional posible”, pero recordó que, en su origen, el Consejo se creó “hasta donde llegó el consenso” -en la reforma constitucional de 1994- y se trata de “una figura extraña”. Por lo tanto, “no podemos diseñar una mejor ley posible si no sabemos que ese Consejo no se parece a los Consejos del sistema comparado”, expresó.

Sobre el proyecto con media sanción, la abogada observó “un problema de sobrerepresentación del Senado” ya que los senadores “tienen una segunda intervención” en el proceso en el proceso de selección de los magistrados, al participar de las audiencias públicas que se realizan en la Cámara alta y el tratamiento de los pliegos.

También opinó que en la quinta comisión que se crea, de representación federal, hay “un problema de subrepresentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por el traspaso de las competencias pendiente.

González Tocci se manifestó a favor del plazo de cuatro años con una reelección para los consejeros; mientras que, por otro lado, consideró que en una nueva ley hay que “reducir el peso de la entrevista” para los candidatos y “hacer hincapié en la formación y capacidad”. También sostuvo que sobre el tema de las vacantes, uno de los “más graves que tiene el Consejo”, debería haber “concursos preliminares o anticipados”.

Finalmente, aunque reconoció un “avance claro en casi todos los aspectos” en el proyecto sobre la cuestión de género, resaltó que “lo mira en una única dirección” respecto de la integración, pero la paridad debe estar contemplada también para las ternas en la selección de magistrados.

Sobre la conformación del Consejo, el abogado Sebastián Guidi aseveró que “la discusión más urgente no es si vamos a agregar un abogado más o dos jueces más, porque si esos jueces o abogados están igual de politizados que los diputados y senadores no resolvemos el problema”.

Así, opinó que deberían plantearse como “requisitos para ser representantes de los jueces o abogados, no haber ocupado cargos públicos o haber sido candidatos”.

En alusión a los académicos, el letrado los consideró “veedores, por lo cual se puede pensar en mecanismos no electorales para su designación” tales como “un sorteo, un concurso” ya que “no tienen por qué ser representantes”.

Y llamó a establecer que “la elección de los políticos en estas cámaras sea menos conflictiva” y no “hacer depender la elección de los bloques, de cómo se autoperciben, si como bloque, como mayoría y demás; eso es problemático”. Guidi propuso entonces una “solución ancestral y sabia” que es que los representantes se elijan con “los dos tercios de la Asamblea Legislativa”. “Esto soluciona este problema, obliga al diálogo político y además permite enviar representantes full time, ya que estamos”, añadió.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade recibieron a casi una veintena de expositores, en su mayoría abogados, que plantearon sus argumentos en favor o en contra de las distintas iniciativas, puntualmente la que ya cuenta con media sanción del Senado, que proponen modificar la composición del Consejo de la Magistratura. 

El abogado penalista Francisco Marull abrió la ronda de expositores para compartir una reflexión con el fin de que “ayuden a construir una ley trascendente y necesario. Trascendente porque puede que se trata de una de las reformas vinculadas a la Justicia más importante de los últimos años, y necesaria porque nos encontramos en una coyuntura ante la vigencia de una ley, que todos coincidiremos, no refleja ni las representaciones ni las realidades, ni mucho menos de las necesidades de nuestros tiempos si no aquellas de hace más de 25 años”.

“Vengo a hablar de la representación de los ámbitos académicos en el Consejo. Necesitamos un Consejo que se estructura de una forma efectivamente federal. Esto es importante no solo porque la Justicia Federal tiene juzgados y Cámaras en todos los rincones del país y es importante atender a las necesidades de funcionamiento de estos organismos; pero hay otra razón más importante que tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía toda. Los asuntos que trata la Justicia Federal son asuntos que interesan y afectan a todos los habitantes de nuestro país”, resaltó Marull.

Y cerró: “Entiendo que el proyecto que ya cuenta con media sanción, considera esta perspectiva federal y resuelve satisfactoriamente la cuestión. El camino que la ley puede y debe confirmar es el camino de una representación federal real, y no formal”.

A su turno, María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, manifestó que “hay un tema que debemos profundizar y es el tema de género”, y destacó: “El proyecto que viene con media sanción me parece clara en la composición de paridad, es una positiva propuesta de integración paritaria. Y tal como está redactada, señala que esta paridad es un piso y no un techo”.

“Pero analizando las posibilidades que puede tener esta reforma creo que hay que profundizar este tema”, cuestionó y propuso “contemplar en la ley diversas acciones positivas como en el proceso de selección de magistrados para que se presentan las ternas conformadas por lo menos por una mujer. Además, propongo que cuando la vacante a cubrir correspondiera a un fuero en el cual las magistradas mujeres estén subrepresentadas, las vacantes sean cubiertas por candidatas mujeres”, entre otros.

Por otro lado, Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial, adelantó: “Lo que vengo a exponer son los resultados de mi investigación respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura en las últimas dos décadas”.

“Cuando en el 2006 el oficialismo explicaba los objetivos de su reforma, estos no se cumplieron. Porque el Consejo no fue más ágil, no fue más eficaz en los procesos de selección, de sanción y de remoción de los jueces. A partir la Ley 26.080 se da un escenario de mayor participación de los estamentos partidarios, y del oficialismo en particular”, relató.

En ese contexto, opinó: “Creo que se puede hablar de equilibrio cuando no hay un poder hegemónico. Y creo que después de 25 años aproximadamente, podríamos coincidir en que la reforma constitucional y la redacción del artículo 114 tal vez se quedaron cortos en algunos aspectos, que podrían habernos evitado al menos 15 años donde esta cuestión de fondo que atañe al Consejo de la Magistratura fue judicializada y no tuvo respuesta”.

En tanto, recomendó que “hay consejos en el mundo que cuando entran en situación de parálisis tienen mecanismos para destrabarlos”, por lo que hay que “dotar de opinión no vinculante en los temas de modificación del Poder Judicial y administración de Justicia. Es muy importante establecer los criterios de gestión”.

En su intervención, el abogado Joaquín Da Rocha ponderó: “De la lectura que he hecho del texto del proyecto, diría que satisface las características mínimas que yo creo que debe tener una reforma para ser adecuada, y sobre todo útil. De estudios pasados yo creo que muchos de los defectos de otras reformas tienen que ver con los números. Yo creo que en este proyecto están bien en la integración”.

“Me adelanto a decir que cuando el presidente de la Corte era el presidente del Consejo no fue una buena experiencia”, cuestionó y sumó: “Si bien facilitó el encuentro con el más alto tribunal del país, por otra parte, también se sintió la presencia del presidente que ejercía ambos cargos en ambas entidades. Cuando salió el presidente de la Corte nos manejábamos con mayor igualdad”.

Su par Andrés Gil Domínguez celebró que “sea el ámbito del Congreso mediante la sanción de una nueva ley el órgano que dé respuesta a la exportación dictada por la Corte Suprema de Justicia”, porque “es la respuesta más racional, democrática y adecuada al fallo, y bajo ningún punto de vista puede serlo el restablecimiento permanente de una ley que fue derogada en 2006 por los severos y graves problemas que trajo esa ley para un funcionamiento eficaz del Consejo de la Magistratura”.

“En segundo lugar, la Corte Suprema estableció un estándar muy claro al interpretar por equilibrio entre los cuatro estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura se entendía la imposibilidad que, en el número determinado por la ley, un estamento tuviera una posición hegemónica formal con respecto a los otros estamentos”, enumeró.

En tanto, precisó que, para evitar futuros planteos de inconstitucional, “hay dos posibilidades de desarrollar este estándar: una primera, el equilibrio por igualdad. Esto es que todos los estamentos tengan la misma cantidad de integrantes. Y la otra forma, es el equilibrio por imposibilidad de hegemonía estamental”, y siguió: “Desde mi punto de vista, la que tiene mayor intensidad democrática es aquella a la que otorga a todos los estamentos la misma cantidad de miembros”.

En suma, consideró: “El proyecto que ha recibido la sanción por la Cámara de Senadores responde al estándar establecido por la Corte Suprema. En términos que el número 17 y como está distribuido desde mi punto de vista impide que ningún estamento tenga una postura hegemónica respecto al resto de los estamentos”.

“Finalmente, desde mi punto de vista la situación de que el presidente de la Corte presida al Consejo de la Magistratura por imposición legal, esta situación es inconstitucional. Establecer en una ley que el presidente de la Corte es a priori y para siempre el presidente del Consejo sin ser electo por sus pares parlamentarios del plenario implica una quiebre del equilibrio de los estamentos que establece la Constitución y que la Corte ha impuesto para declarar la inconstitucionalidad de una ley”, criticó.

A su turno, César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal, señaló que “la finalidad mínima que tiene que tener esta ley es que sea constitucional, es decir que pase el filtro posterior del Poder Judicial. Y la segunda finalidad es que sea una mejora de la ley actual”.

“El tema esencial que divide las aguas en los trece proyectos presentados, aparte del que ya tiene media sanción, es la incorporación o no del miembro de la Corte”, indicó.

Respecto a este tema, manifestó que “la Constitución no previó el carácter contra mayoritario del Consejo como órgano porque previó precisamente un equilibrio estamentario. Y lo segundo es que la Constitución lo que quiso es garantizar la independencia de los jueces, y esta independencia tiene un doble sentido, horizontal, respecto al Ejecutivo, y vertical, de la Corte”. 

Por otro lado, Grau precisó que “más de la mitad de los proyectos presentados contemplan la incorporación de la Corte en el Consejo”, y se preguntó: “¿Es posible esta incorporación? Sí, en el mundo hay modelos repartidos en este aspecto”.

“Podrían incorporarse ciertos contrapesos que hagan al equilibrio constitucional. En primer lugar, la duración del miembro de la Corte Suprema sea de un año, que sea rotativo. Por otra parte, podría retrotraerse la participación de los jueces a tres, más el de la Corte. Esto es un principio básico”, consideró.

En su exposición, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo sostuvo: “Hoy estamos acá porque una ley de 2006 fue controvertida y dictada inconstitucional”, pero señaló que “además de inconstitucional, era una ley débil porque había sido aprobada en el Congreso por estrictas mayorías partidarias, y no es un dato menor que una ley de esta naturaleza deba tener consenso fuerte”.

En ese sentido, subrayó que “en un tema como este se necesita una ley que tenga fuertes consensos democráticos que superen las limitaciones partidarias”, y opinó: “Creo que es una gran oportunidad para que nos tomemos el tiempo para que la ley sea la mejor ley posible, que tenga los fuertes consensos democráticos y supere cualquier cambio de gobierno”.

“La propuesta que viene del Senado solamente se acomodó a un legislador para incorporar algunos temas y conseguir el voto que faltaba, pero no es producto de un consenso. Ustedes tienen la posibilidad hoy de salir a buscar consensos fuertes”, cuestionó Vítolo.

Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales de Catamarca, destacó la importancia que en el ámbito del Congreso “se analiza y se resuelva la determinación de la configuración y funcionamiento de un órgano de origen constitucional”.  

“En mi provincia funciona la comisión evaluadora, con competencia para sustanciar los procesos de selección de los magistrados del Poder Judicial que requieren acuerdo del Senado. El nuestro es un diseño académico, jurídico y técnico más que político. Ya que queda mayormente el espacio de la política reservado para la etapa del gobernador y el Senado que decidirán si aprueban o no el pliego en cada caso”, contó.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de género: “Con relación a la perspectiva de género, en nuestro reglamento se incluyen normas que contemplan expresamente en el proceso de selección de jurados se hacen preguntas de género y derechos humanos. Y existe una norma que dispone expresamente que se observara a lo largo de todo el proceso de selección el principio de equidad entre el hombre y la mujer, asegurando en todas sus etapas la efectiva aplicación de este paradigma rector”.

Por consiguiente, ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, donde se reconoce el importante rol de las mujeres en la construcción de nuestras instituciones. Es una medida de acción positiva que asegura un piso mínimo de participación”.

Al tener la palabra la abogada y profesora de Derecho, Natalia Volosin, sobre el proyecto que tiene media sanción del Senado señaló como aspectos positivos que “la integración que plantea supera el estándar que planteó la Corte y que no haya ningún estamento, ningún sector que tenga predominio uno sobre el otro. Esto no ocurre con la integración que se propone, sobre todo si pensamos en el quórum”.

“Si veo un problema en la eliminación de la segunda minoría, que ya se había hecho en el 2006, y en el 2003 e insiste de nuevo en esto que es inaceptable”, cuestionó y solicitó volver a la ley del 1997 que planteaba “que haya un Consejo de la Magistratura integrado por el sector político de una manera más plural. Tal vez les puede servir en el futuro, piénsenlo de esa manera”.

Otro de los aspectos que destacó es la paridad de género, pero señaló: “La integración en el caso del Poder Ejecutivo porque hay una mala concepción en lo que es en materia de género respecto a que sea por mandatos. Las acciones afirmativas tienen por objetivo reparar o corregir una situación de desigualdad histórica y estructural que tenemos las mujeres para acceder al Poder Judicial”, señaló que esto debe avanzar en la integración de los jurados, de las comisiones.

“Sería inaceptable que si sale esta ley nueva no establece al menos un cupo femenino con la integración de las ternas algo que no se respeta dentro del Consejo y que se tuvo que judicializar”, precisó y, en tercer lugar, ponderó la federalización que plantea el proyecto.

Respecto a las cuestiones negativas, enumeró: “La cuestión de la escuela judicial que son jueces y juezas que dan clases y cobran un segundo salario. Sostener esto es un papelón; eliminamos el principio de igualdad de trato y no de discriminación a los efectos de los concursos de quienes hicieron carrera judicial o en otro lado; la eliminación de los diputados del jurado de enjuiciamiento, no los pueden borrar de un plumazo; el tema del procedimiento de remoción porque se elimina el proceso de remoción por mal desempeño a quienes sean integrantes del sector político, parece un chiste”.

A su turno, el profesor de derecho constitucional e integrante de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, Pedro Caminos, señaló que lo importante cuando pensamos reformas institucionales es que “estamos, precisamente diseñando instituciones. Estamos tratando de crear, o de reformar instituciones para que perduren en el tiempo”.  

Respecto a la necesidad de construcción de consenso consideró que hay que agregarle una perspectiva adicional: “Que es que en una democracia que funciona razonablemente bien, mayorías y minorías se alternan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que tratar de pensar la mejor reforma institucional posible para cualquiera de los lugares del mostrador que nos toque estar. Este tiene que ser el baremo para pensar una reforma institucional”. 

Finalmente, sobre la discusión sobre la presencia de la Corte en el Consejo sostuvo que “debemos pensarla pragmáticamente, si no queremos que la ley sea nuevamente judicializada de forma predecible, entonces debemos incluir a la Corte Suprema de alguna manera en el Concejo”. 

José Luis Lasalle, presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás, y actual presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, destacó que, efectivamente, la intención de los convencionales del 94’ “fue de pasar de la partidización de un proceso de elección de magistrados, para pasar a un proceso de selección sobre la base de concursos públicos”. 

Por esto, manifestó estar convencido “de que todo el tiempo que perdamos en debatir y en generar un consenso tan necesario para lograr una ley perdurable en el tiempo, se va a ganar en el futuro evitándose cuestionamientos, judicializaciones y diferencias que en nada contribuirán en ese objetivo fundamntal que es garantizar la independencia de la Justicia y fundamentalmente generar ante la sociedad civil una credibilidad hoy perdida en un gran porcentaje”. 

A continuación, Gustavo Arballo, profesor de derecho en la Universidad Nacional de La Pampa advirtió la urgencia de resolver la situación en la que la Corte Suprema resolvió “resucitar una ley”; y respecto a la nueva composición propuesta por el proyecto del oficialismo consideró “que está balanceada, y que tiene un uso razonable de las mayorías agravadas, bien calibradas para que no haya sorpresa y no haya predominio. E incorpora una demanda que no puede ser soslayada, que es tomarse muy en serio la participación de igualdad de género”. 

Leandro Halperín, abogado y docente se refirió a las funciones originales del Consejo: “La Justicia es el sistema que debiera resolver conflictos cuando requieren del arbitraje estatal de manera eficaz. Interpretar si la Justicia funciona o no de esa manera es lo que motivó al constituyente en 1994 a crear el Consejo de la Magistratura, porque lo se consideraba era que la Justicia era ineficaz, lenta, cara, que su lenguaje era incomprensible, etc. y que los resultados eran escasos y frágiles. Varios años más tarde el diagnóstico de entonces no se aleja mucho en la actualidad”. 

Respecto al proyecto con media sanción, lo primero que señaló es que “se distorsiona la representación popular. Porque si efectivamente se aprobase la nueva composición, el oficialismo pasaría a tener un 71% de la representación política, cuando en realidad la voluntad popular le da apenas por encima del 40, y en el Congreso también. Creo que debiera revisarse esta política”. 

Y el segundo aspecto que cuestionó es “la politización del estamento de los académicos. Considero que no corresponde que sean los decanos quienes elijan los representantes de los profesores. Creo que la interpretación correcta de la representación de sus pares es si ellos elijen”. 

Seguidamente, la politóloga y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano, señaló que para ellos es especialmente importante este debate: “Es uno de los pocos proyectos que nos entusiasma. Y creemos que estamos ahora sí ante un proyecto que puede realmente tener impacto en la calidad del sistema de Justicia penal, algo que nos preocupa y ocupa hace más de 30 años en la Argentina”. 

En este sentido, profundizó: “Creemos que estamos ante una posibilidad única de mejorar la media sanción que viene del Senado, y encontrar un proyecto posible que pueda converger en una reforma que tenga impacto real en la calidad institucional. Si nos quedamos solamente en la conformación, para nosotros es una reforma insuficiente. El Congreso tiene que dar un mensaje claro para evitar tergiversaciones a la norma sobre dos aspectos claves: uno los concursos. Y el otro el tema de la administración”. 

Martín Hevia, decano y profesor de derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, remarcó que el fallo de la Corte Suprema “hizo que el debate público se concentrara en lo que hace a la integración del Consejo. Pero creo que también es una gran oportunidad para debatir sobre otras dimensiones relevantes”. 

Y señaló que “uno de los grandes avances ha sido el sistema de concursos. En términos de la transparencia para el funcionamiento de la Justicia. Con el sistema de concursos disminuyó la discrecionalidad en la selección de magistrados, y eso creo que ha sido un gran avance” 

“La Constitución cuando hace referencia al Consejo de la Magistratura menciona las funciones, entre otras cosas centrales es la selección de magistrados. Un siguiente salto de calidad podría ser un acuerdo o un consenso acerca de la discrecionalidad y del mérito basado en antecedentes de los candidatos. Creo que esta es una pregunta muy importante, cómo organizamos los concursos, y cuál es el papel que le vamos a dar en esa evaluación a la entrevista con candidatos, y cuánto pesa el examen”, concluyó 

Finalmente, Martín Casares, magíster en Derecho Penal y consultor en Política Criminal y Justicia Penal, señaló que, en primer lugar, es “muy importante destacar la necesidad de una ley que sea con amplio consenso, para tener una ley duradera y que no estemos discutiendo una de las leyes institucionales más importantes del Poder Judicial cada cinco o seis años”. 

“El fallo de la Corte destacó el equilibrio como tema central en el Consejo de la Magistratura por las funciones de seleccionar jueces, de administrar el Poder Judicial, y también de aplicar sanciones y de impulsar los procesos de remoción”, agregó, al tiempo que advitió que el Consejo de la Magistratura “es clave en la función de garantizar la independencia judicial, y volver un poco al objetivo que tuvo el constituyente a la ahora de incorporar a la Constitución esta figura”. 

“En cuanto al proyecto, si bien puede ser que sea equilibrado en la cantidad de integrantes en los términos que definió el fallo de la Corte, me parece que el estamento político sigue siendo el de mayor tamaño, a su vez esto tiene la debilidad que deja de lado la tercera posición, la tercera mayoría. Yo me inclino por un modelo donde los tres estamentos tengan la misma cantidad de integrantes”, cerró el expositor. 

Más de una veintena de invitados pasaron este martes por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analizan los proyectos de boleta única de papel. De acuerdo al cronograma votado en el emplazamiento impulsado por la oposición, la próxima semana se dará el debate propiamente dicho entre los legisladores de cara al dictamen.

El rechazo del Poder Ejecutivo

La jornada, que duró más de cuatro horas, arrancó picante con la participación de la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien dejó sentado el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.

“El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”, continuó y enumeró las desventajas que considera de la boleta única.

Además, en alusión a su posible implementación en 2023, advirtió que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”.

Cerró las exposiciones el actual director nacional Electoral, Marcos Schiavi, quien expresó que tenía “más dudas que certezas” respecto de lo escuchado, por cuanto encontraba contradicciones entre las propias exposicioines.
A su juicio, “estamos en una discusión apresurada, exprés. Me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar, diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral, que es cómo se vincula el ciudadano con el voto”. Así las cosas, estimó que discutir este tema en menos de un mes le parecía “complejo”. Recordó que el sistema vigente es centenario, por lo que insistió: “Resolverlo parlamentariamente en un mes, me parece complejo”.

“La discusión tiene que ser más informada”, resumió, enfatizando que “no es una reforma más, estamos hablando de una discusión central para el sistema, porque impacta en el sistema de partidos, la logística, la elección”.
“Me parece que perdimos la oportunidad de ver qué boleta única estamos hablando”, insistió Schiavi, preocupado por “la cuestión de la previsibilidad. Nos genera ruido, porque ya empezamos el proceso administrativo de la elección del año que viene. Para nosotros es importante pensar cómo es el equilibrio entre los tiempos parlamentarios necesarios para que la discusión sea madura y tiempos administrativos de implementación”.
Asimismo consideró que en la discusión faltaron algunos actores importantes, destacando que existen 700 partidos y este martes estuvieron solo 2 o 3 apoderados. “Es una reforma que impacta directo sobre ellos”, destacó, por lo que estimó que “una presencia de apoderados hubiese sido importante”. Aclaró que también hubieran tenido que estar “otros sectores importantes fundamentales, como son el Poder Judicial” y las provincias.
Además, sostuvo que “no es una discusión que genere una demanda social, no creo que esté en la agenda de la gente”, y advirtió que hubiera sido necesario llegar a consensos, pero “estamos discutiendo con consensos fracturados”.

La opinión de exlegisladores

Autor de uno de los tantos proyectos presentados sobre boleta única, el radical Gustavo Menna, diputado nacional hasta diciembre pasado, consideró que a la discusión “hay que abordarla desde una perspectiva de derechos; acá lo que está en juego es un derecho humano central que es el derecho de elegir y ser elegido, pero sobre todo el de elegir”.

El chubutense reconoció que sobre el faltante de boletas no hay estadísticas, y se ha dicho que “no afecta el resultado electoral”, pero observó que “hay elecciones donde una cantidad pequeña de votos puede dirimir un escaño”. En ese sentido, recordó que en 2011 en su provincia “estuvimos tres meses sin saber quién era el gobernador” y “hubo mesas en las que hubo que votar de nuevo”.

Sobre el diseño de la boleta única, más precisamente cuando se pone el foco en que no estarán presentes todos los candidatos, como puede pasar para la categoría de diputados nacionales, Menna señaló que “en el 84% de los 24 distritos electorales esto no es un problema” ya que se eligen poca cantidad de legisladores, “y en los otros cuatro restantes es un problema hasta por ahí no más, porque son muy pocos los que van a quedar fuera de la boleta y, como contrapartida, van a estar en los afiches de difusión en cada centro de votación”, completó.

Desde Córdoba, el exdiputado Paulo Cassinerio defendió que en su provincia el cambio en el sistema electoral “nos ha dado calidad institucional, la posibilidad de contar con el sistema electoral más utilizado en el mundo, y que además la opinión de los expertos sobre sus ventajas es contundente”.

El actual ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba opinó que el cambio “permitiría ahorrar varios miles de millones de pesos” al Estado nacional, además de que “otorga transparencia, la posibilidad de generar una mejor fiscalización, que tiene que ver con los tiempos, pero también con la igualdad de oportunidades que deben tener los partidos más chicos, que a veces no tienen la posibilidad de poner fiscales”.

También desde la provincia mediterránea, Antonio Hernández, exdiputado nacional y exconvencional constituyente, recordó que en la elección a gobernador de 2007 “para el nivel de gobernador había 9 candidaturas, pero 32 boletas electorales por el tema de las colectoras”.

“¿Quién puede decir que el sistema de boletas múltiple, que posibilita decenas de boletas, realmente posibilita un ejercicio serio de la oferta electoral y de la posibilidad de que el pueblo pueda elegir?”, se preguntó el dirigente, que formó parte de la comisión consultiva de la reforma electoral en Córdoba.

Al enumerar los beneficios de la boleta única, habló de una “disminución del gasto electoral”, al tiempo que “la justicia electoral se convierte en garante de que la sociedad pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa”. “No hay posibilidad de listas colectoras y se pone fin a la distribución previa de boletas”, sumó.

La voz de la izquierda

En representación del Partido de los Trabajadores Socialistas, Christian Castillo cuestionó que en las elecciones provinciales “no hay financiamiento” para los partidos más chicos, al tiempo que los sistemas de colectoras, acoples o ley de lemas son “claramente fraudulentos”. También mencionó que el reparto en espacios de publicidad y los porcentajes de los pisos para pasar a las elecciones generales son otros temas que deberían “debatirse primero”.

Yendo a la boleta única, el dirigente reconoció que “tiene una ventaja en cuanto a que esté la boleta” en el cuarto oscuro, pero argumentó que será “complicado identificar a la lista” porque la cuestión de la “visibilidad” no está “para nada resuelta en los modelos que se presentan”. “La fiscalización se hace más compleja”, añadió y alertó que “podés tener la boleta y que después no te puedan votar”.

Por su parte, desde el Partido Obrero, Gabriel Solano criticó que “no estamos discutiendo una verdadera democratización del sistema electoral. Los recursos económicos que se derivan del uso del Estado y la relación con las distintas empresas privadas condiciona de manera directa el proceso electoral y eso acá no se está discutiendo”, denunció.

Si bien aclaró que “no defendemos el régimen actual”, el legislador porteño dijo que con la boleta única “se le sustrae al electorado un derecho a saber a quién está votando” ya que “al no presentar a todos los candidatos” se trata de “una manipulación al electorado”. Además, opinó que “la identificación de los partidos o los frentes tiene que estar nítida, no puede llevarse el sistema electoral a un sistema de personas”.

Más opiniones a favor y en contra

Extitular de la Dirección Nacional Electoral hasta marzo pasado, una de las últimas oradoras en hablar fue Diana Quiodo, quien afirmó que el proceso electoral de 2021 “fue muy bueno” y “en ningún momento las fuerzas políticas han planteado como un problema la falta de boletas”.

Apoyada en filminas, la politóloga basó su exposición en torno a los costos, una de las aristas que atraviesa el debate, ya que los impulsores de la boleta única sostienen que se ahorraría dinero. Al explicar cómo se calcula el aporte del Estado por boleta, de acuerdo a las leyes vigentes, la actual secretaria de la embajada argentina en Chile precisó que en las PASO del año pasado se gastaron $827 mil millones, con una liquidación complementaria de $290 mil millones; y en las elecciones generales $929 mil millones.

Esos cálculos se realizaron en base a lo que implicó la impresión de dos boletas y media por elector, a partir de la reforma de 2019. Pero Quiodo enfatizó que se podría haber tenido incluso un ahorro del 33% si se imprimiera una boleta y media por elector registrado, como era antes de esa reforma.

Al exponer los gastos en la provincia de Santa Fe, donde hay boleta única, la exdirectora nacional Electoral detalló que en las elecciones locales hubo un costo por elector de $169,30, mientras que en las elecciones nacionales el costo por elector fue de $119,70, e incluso hubiera bajado a $59,85 si se volviera al 1,5 elector para la impresión.

Otro exdirector nacional Electoral que se presentó fue Alejandro Tullio, quien en su caso enfatizó que “este es el momento de hacer una reforma”. “Esta reforma es oportuna, estamos en un año no electoral. En la primera mitad del año electoral hay tiempo para las adaptaciones, para darle espacio a los operadores del sistema”, consideró y citó en ese sentido a “la Justicia Electoral, la Dirección Nacional Electoral, todos los que tienen que participar en el diseño y la implementación de este tipo de cambio”.

“Estamos en tiempo de hacer esto y para explicarle a la ciudadanía cómo se vota. Porque, con mucho respeto, disiento de los que dicen que la boleta es un instrumento de los partidos políticos: la boleta es un instrumento de los ciudadanos para manifestar su opinión”, aseveró.

Entre los más de veinte expositores que se presentaron este martes, Eduardo López, apoderado del PJ bonaerense, se manifestó en contra del cambio: “Nosotros adherimos a la boleta partidaria porque ha sido el elemento que ha permitido el desarrollo de un sistema democrático, prácticamente desde la Ley Sáenz Peña, y ha dado muy buenos resultados”.

“No es que los que estemos a favor de la boleta partidaria seamos fraudulentos o mantengamos el status quo“, aclaró y defendió el sistema actual diciendo que “podrá ser anticuado pero ha sido muy efectivo y garantiza el resultado de la voluntad popular”. “Es confiable, transparente y gana el que mayor ascendencia tiene en la ciudadanía”, insistió.

A su turno, Víctor Ibáñez Rosaz, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, donde se aprobó en la Legislatura la boleta única en marzo pasado, se mostró a favor de “la ventaja respecto a la equidad de la competencia electoral para todas las fuerzas políticas; la disminución del gasto electoral; la eliminación de prácticas distorsivas electorales; y la mayor libertad del elector”.

El funcionario admitió que este cambio “no soluciona todos los problemas” en cuanto a lo electoral, pero “es un debate sobre una herramienta electoral, que nos lleva necesariamente al debate sobre el sistema electoral y el régimen electoral”. “Los cambios institucionales sí mejoran las prácticas cotidianas y sí resultan positivos para los ciudadanos”, agregó.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente, retomarán este martes las audiencias en torno al tema del Consejo de la Magistratura.

El encuentro se realizará desde las 14, posteriormente a la reunión informativa por boleta única, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja y contará con la participación de invitados, en su mayoría abogados.

Por el bloque del Frente de Todos fueron convocados Fernando Ávila, asesor del Gobierno de Catamarca y presidente de la Asociación Pensamiento Penal; Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca; César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal; Francisco Marull, abogado penalista; y Marcos Aldazabal, abogado y profesor UBA.

En tanto, según supo parlamentario.com, desde el interbloque Juntos por el Cambio propusieron a Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial; Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista; Pedro Caminos, abogado y miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales; Natalia Volosin, master y doctora en Derecho Universidad de Yale; y Gustavo Arballo, abogado con especialidad en Derecho Público.

También, a instancias de la oposición, estarán Andrea Castagnola, politóloga, docente e investigadora del Centre on Law & Social Transformation; Martín Hevia, abogado con doctorado en Derecho de la Universidad de Toronto; Leandro Halperín, abogado y exlegislador porteño de Evolución; Martín Casares, abogado y magíster en Derecho Penal; y Miguel Berri, decano de la Facultad de Derecho de la UNLP.

Por pedido del diputado Enrique Estévez, del interbloque Federal, asistirá María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Entre los distintos proyectos que hay presentados, el oficialismo impulsa la aprobación de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y busca ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros. Ese texto tiene el rechazo absoluto de Juntos por el Cambio por no incluir a un representante de la Corte Suprema.

Ese proyecto fue votado por la Cámara alta al filo del vencimiento del plazo que el máximo tribunal le dio al Congreso en diciembre de 2021 para dictar una nueva ley, tras declarar inconstitucional la de 2006.

En abril pasado, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 y su presidente, Horacio Rosatti, asumió también la conducción del Consejo.

Tras varias idas y venidas, con presentaciones judiciales mediante, el Consejo se completó la semana pasada con la jura de los dos legisladores que fueron designados: el senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes.

El oficialismo aseguró que está abierto a introducir modificaciones en el proyecto, con el objetivo de sumar apoyos, sobre todo de los bloques federales, donde por ejemplo hay una propuesta de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) para garantizar la presencia de la Corte en el Consejo, pero no presidiéndolo.

Igualmente, el Frente de Todos requiere de 129 votos para la aprobación de la iniciativa que, de tener cambios volvería al Senado, y allí es donde Juntos por el Cambio advierte que sin un apoyo mayoritario en la Cámara baja, el oficialismo en la cámara de origen podría insistir con la redacción original.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, debatió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con cuatro invitados a exponer de los cuales, tres de ellos respaldaron la propuesta y destacaron los ejes de paridad de género y federalización, mientras que el otro expositor criticó la iniciativa. La próxima semana continuarán el debate con más expositores.

Este martes los miembros de las comisiones presididas por Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade escucharon a Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz; a la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz; a Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza; y al abogado Miguel Piedecasas, quienes opinaron sobre la norma que tuvo media sanción del Senado el pasado 7 de abril.

Abrió la ronda de expositores Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, destacable, que reconoce el rol de las mujeres en la construcción de las instituciones. Habla de igualdad, estoy convencido que la presencia de mujeres en el Consejo va a permear, con perspectiva de género, todas las decisiones que se tomen. Por eso es tan importante que la ley se sancione para tener una sociedad y una justicia más justa”.

“También vería de modo positivo si la cantidad de mujeres por estamento aumentara, para que tengan mayor participación que los varones”, sumó Kusinsky porque el mundo del derecho es “bastante machista”.

Respecto a la conformación que contempla el proyecto, consideró que “mantiene los niveles y mejora la participación de los distintos estamentos”. Asimismo, agregó: “Quita dos representantes del Legislativo tanto en su composición y comisiones de esquema de mayoría requeridas para la toma de decisiones”. Por otro lado, celebró que sea “el propio Consejo quien elija a sus autoridades y no que venga determinado por la ley”.

“No resulta admisible contemplar la integración de la Corte Suprema o al menos, si lo integran, que no necesariamente venga determinado por el proyecto de ley que ocupen sus miembros la presidencia del Consejo de la Magistratura, que tendría que ser elegido en el ceno del propio órgano. La decisión de incluir a la Corte como miembro era una decisión privativa del constituyente del 94 que no lo incluyó en el texto del 114”, expresó el rector y cerró remarcando que “es importante que sea el Consejo quien elija a su presidente y traería el formato que hay en las universidades donde los órganos de cogobiernos están integrados por representantes de cada claustro o estamentos que se eligen en el seno de un debate”.

A su turno, la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, subrayó que el proyecto “es tan importante para los argentinos”. En primer lugar, explicó que dentro de la federación representan a las 23 provincias argentinas y a CABA, cuyo objetivo es “la defensa de la independencia del Poder Judicial y esa independencia comienza con los mecanismos de selección de los magistrados porque cuando se habla de la justicia, en lo bueno y en lo malo no se incluye”.

A su vez, hizo referencia a tres ejes que se “resaltan y son positivos dentro del proyecto”, y enumeró: “La paridad de género, la federalización y la regionalización”. Respecto al punto sobre género, opinó: “Si bien ha habido avances en materia de género todavía hay estereotipos que están muy arraigados culturalmente. Las mujeres tenemos barreras invisibles para acceder a lugares de tomas de decisiones y acceden a diferentes cargos. Siempre planteo que cuando miramos la pirámide judicial que en los estratos más bajos o de mero jerarquía hay muchas más mujeres que varones, pero al llegar al vértice un 29% de mujeres acceden a los cargos de ministros. Si analizamos quiénes presiden, solamente un 8% presiden los Tribunales Superiores. Se trata de una desigualdad estructural”.

En ese sentido se preguntó: “¿Cómo combatimos esa desigualdad? a través de políticas diferenciadas que tengan en cuenta a esos sectores que han sido postergados dentro de l cual se encuentran las mujeres. Tenemos que hacer acciones positivas del Estado”.

“todos queremos una democracia paritaria, pero para eso es importante necesario e imprescindible tener igualdad de género porque si no nunca se van a ver las instituciones con clave de género y eso necesitamos porque las mujeres aportan miradas y voces importantes para el fortalecimiento de sistemas judiciales y legitimidad que tiene la justicia en la sociedad”, explayó Ruiz.

Respecto a la composición aseguró que “cumple con las mantas constitucionales”, y también ponderó “el lenguaje” con el que está redactado el proyecto. Otro de los puntos que resaltó fue el de la federalización y apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional y criticó que “se pregona mucho el federalismo, pero cuesta. Todos soñamos y proyectamos en clave unitaria”, por lo que destacó el proyecto: “Esto es muy acertado que se hayan incluido en el artículo 8 que el Consejo va a sesionar cada 3 meses en algún asiento de Cámara Federal del territorio argentino con el objetivo de analizar las necesidades o problemáticas que aquejan a ese lugar”.

“La sociedad exige una justicia cercana y eso comienza con el Consejo e la Magistratura que elige a los magistrados”, apuntó y cerró con su opinión respecto a la regionalización y sugirió que “la representación de los abogados debe responder a cada una de esas regiones”.

Durante su intervención, Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza, subrayó la importancia de “resolver en el ámbito del Congreso la determinación y la configuración y funcionamiento de un órgano de categoría constitucional como es el Consejo”. Por consiguiente, resaltó cinco condiciones: “Porque no es sino una ley del Congreso de la Nación la que asegura la pluralidad de voces que legitima el mandato de origen que ustedes tienen”.

“Una ley del Congreso de la Nación otorga mejor seguridad jurídica que una decisión adoptada por el organismo que tiene el mayor déficit de legitimación democrático de nuestra organización del Estado que se autorregula. En tercer lugar, porque es una ley a través de Congreso mediante lo cual se puede hacer efectivo el ideal de republicanismo que nos impera en la nación que tiene que ver con el control ciudadano de las órbitas de ejercicio de poder”, describió.

En cuarto lugar, explicó que “es a través de la emisión de una ley de este Congreso que va a dar cumplimiento efectivamente a la sanción de la Corte porque la Corte reconoce que es en la órbita de este Congreso donde tiene que emerger la disposición normativa, la ley, que regule el funcionamiento”.

Y por último manifestó que “intuitivamente nos parece costoso que hoy nos esté regulando una ley que ha sido derogada hace 16 años y ha sido dictada en el contexto de hace 25 años”, y señaló: “Es operativo la necesidad de una reglamentación emanada de este Congreso”.

Además, Noli ponderó el eje de perspectiva de género que es una “medida de acción positiva”, pero cuestionó que “no establece un piso porque habla de ‘al menos’”; la federal ya que “la composición de la sociedad de cada provincia no es igual una a la otra”; la interdisciplinaria porque “supone una mejor ampliación en cuanto al reconocimiento de derechos y ampliación de miradas”; y la de derechos humanos.

“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente”, apuntó Piedecasas.

Por su parte, el jurista Miguel Piedecasas aseguró que el ámbito del Consejo de la Magistratura es “plural y democrático”, y señaló que en el mundo hay modelos del órgano de “todo tipo y clase” por lo que el debate “debe estar acotado al artículo 114 de la Constitución Nacional”.

“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente“, apuntó el abogado y explicó críticamente que “es una oportunidad histórica, institucional de suma importancia para conformar una nueva ley en su integridad sobre el Consejo y no seguir debatiendo sobre parches que atienden más a la coyuntura que a la definición institucional que necesitamos que proyecte un marco jurídico para el tiempo de lo que viene, superando la coyuntura política, sectorial, mezquina que lleva a apreciaciones y a modelos que no se corresponden con la definición constituyente”.

En ese marco, precisó que “no tiene unanimidad ni siquiera al interior de los bloques como lo demuestran los distintos proyectos que presentaron”, en ese punto hizo hincapié respecto a la Corte Suprema: “Es absolutamente cierto que en la convención constituyente se discutió si era conveniente o no que la Corte integrara el Consejo, pero también es cierto que no hubo ninguna definición concluyente y si se afirmó que el Consejo era un órgano que perseguía el auto gobierno del Poder Judicial en un momento donde la sociedad tenían una visión crítica del Poder Judicial”.

En tanto opinó que “no queda ninguna duda que la Corte debe integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación porque la Constitución ha colocado a este órgano dentro del Poder Judicial y porque esta ley, que viene aprobado del Senado, es una modificación, pero no modifica el artículo primero que el Consejo es un órgano permanente del Poder Judicial, de manera tal que la Corte debe integrarlo”. “Hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura porque es un órgano virtuoso”, apuntó.

Tal como se acordó la semana pasada, este martes arrancaron en la Cámara de Diputados las reuniones informativas, con la participación de invitados, para debatir sobre la implementación de la boleta única de papel a nivel nacional, aunque el formato permite las exposiciones sin intercambio de preguntas con los legisladores.

El encuentro de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda se dio en el marco del cronograma que la misma oposición impulsó, al lograr emplazar a las comisiones a partir de una votación que se realizó en el recinto el pasado 5 de mayo, y contó con los votos a favor de Juntos por el Cambio, bloques federales y los libertarios.

La primera expositora que habló en la jornada -de tres horas- fue Julia Pomares, jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad, quien consideró que la boleta única “les asegura a los votantes que al momento de votar pueden tener todas las opciones” y así “el mismo derecho a votar esté en un cuarto oscuro en Balvanera, Trelew o González Catán”.

Asimismo, “garantiza que todos los partidos y alianzas estén en igualdad de condiciones” y se respete “el derecho a elegir y ser elegido”. “El sistema actual de boletas partidarias no lo garantiza y eso es lo que viene a garantizar la boleta única”, ratificó su posición.

Pomares advirtió que el cambio “hay que hacerlo bien” y “diseñar bien el instrumento”, pero resaltó que “más de 180 países pudieron hacer esta transición”. En referencia al modelo de la provincia de Córdoba, señaló que “permite que una persona pueda votar de manera más fácil para un mismo partido por todos los cargos”. “Tenemos una oportunidad inmensa de subirle la vara a la democracia”, agregó.

Luego fue el turno del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien observó que “en Occidente estamos atravesando una muy fuerte crisis en nuestro sistema representativo”. En ese marco, “esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo, que está francamente en crisis, para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros”. Aunque reconoció que una eventual ley de boleta única de papel “no es la única solución al problema”, sí subrayó que se trata de “un avance”.

Exsecretario de Asuntos Políticos durante la gestión de Cambiemos, y quien fue uno de los impulsores del proyecto de reforma electoral en esos años, Adrián Pérez defendió el cambio del instrumento de votación, aunque admitió que “hay que encontrarle una vuelta” en el caso de simultaneidad de elecciones nacionales con provinciales, dado que los distritos tienen sus propios sistemas.

“Ahí lo que yo creo es que hay que dividir la lista por orden. Dividir una boleta única para los cargos nacionales y una boleta única para los cargos provinciales, desde mi punto de vista, es la mejor opción”, sostuvo. Además, en el final de su exposición, enfatizó que “el instrumento de votación nuestro es arcaico, viejo, no va más en el mundo y tenemos que cambiarlo”.

A su turno, Alejandra Pericola, del Observatorio Electoral UBA, resaltó que la boleta única ya se utiliza para que voten quienes están privados de la libertad y los argentinos que residen en el exterior. “Desde el año 2007 la Cámara Nacional Electoral ha reiterado en varias oportunidades la necesidad de abrir el debate”, recordó, y añadió que “en algunos fallos y varias acordadas” se ha referido a “la multiplicidad de candidatas y candidatos que se proponen para cada elección” y “la inconmensurable cantidad de boletas que se oficializan”.

Para la expositora, el sistema actual trae “inconvenientes y problemas no solo durante la campaña electoral”, sino también en “la tarea de las autoridades de mesas” y “la fiscalización de los partidos políticos”.

Pericola defendió que la boleta única de papel “elimina el robo de boletas; disminuye el gasto electoral; se reduce el consumo de papel; fortalece la transparencia de los procesos electorales; esperamos que pueda eliminar algunas prácticas clientelares”, al tiempo que se puede implementar la plantilla en braille y agiliza las tareas de escrutinio.

También a favor de los proyectos, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recordó que “en Argentina ha habido famosos haciendo política desde mucho antes” de que se implemente la boleta única. Para refutar a quienes argumentan que este sistema permite la “farandulización” de la política, el jefe comunal señaló que “el fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto. Es otra discusión que tenemos que dar quienes hacemos política en relación a cómo logramos asegurarnos la representación popular”.

Desde el CIPPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Carolina Tchintian expresó que la boleta única “lo que hace es permitir al votante traducir su preferencia en un voto de manera fácil y fiel”, mientras que “asegura que la experiencia de votar sea uniforme, consistente a través de los distritos entre votantes” y “equipara y nivela la cancha entre partidos políticos”.

De acuerdo a encuestas realizadas por la organización que representa, en la provincia de Santa Fe, donde ya se utiliza este sistema, “9 de cada 10 votantes lo calificó como un instrumento bueno o muy bueno” y “6 de cada 10 dijeron que es más fácil que la boleta partidaria”. “Solamente el 5,5% de todos los votantes encuestados consideraron que es más fácil la partidaria”, agregó.

De los 20 expositores que se presentaron este martes, también hubo quienes hablaron en contra del cambio del sistema electoral. Uno de ellos fue el politólogo Andy Tow, quien consideró que la boleta partidaria permite “construir de coaliciones multinivel” y “unir y sumar fuerzas de diversos niveles de gobierno mediante una oferta unificada”.

“Las ofertas electorales multinivel fortalecen los partidos políticos”, señaló y opinó que “las trampas son más difíciles cuando en las elecciones hay cargos diversos y enlazados en juego; y cuando hay presencia de autoridades federales y provinciales”.

Para Tow, el cambio en el instrumento de votación alentará que “las provincias y la Ciudad de Buenos Aires hagan sus elecciones separadas de las nacionales”, lo que “consolida la tendencia de desdoblar” que tiene “como consecuencia un calendario extenso que fastidia y confunde al electorado”.

Por su parte, Dolores Gandulfo, de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe), negó que la boleta única “no requiera la fiscalización”. “Los partidos políticos aún con boleta única requieren de una fiscalización constante durante el proceso electoral y especialmente en el recuento”, apuntó.

Entre varios puntos, manifestó que este instrumento “presenta riesgos en la gobernabilidad” y exige de un “proceso de capacitación electoral” amplio. “No contamos con evidencia que muestre las virtudes de este instrumento para poner en riesgo un sistema legitimado por todos los actores y el pueblo argentino”, completó.

Facundo Cruz, de la UBA y UTDT, dijo que “las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o cuando se quiere mejorar algo. Actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación”. Y consideró que, de acuerdo a las iniciativas presentadas, “algunas cosas puede que comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha”.

“Los actores, la ciudadanía y la justicia tienen confianza en el sistema”, continuó y aseveró que “se tiene que discutir una reforma política-partidaria más integral” si se quiere cambiar el sistema, porque “vamos a estar tal vez cambiando una sola parte de un auto y vamos a estar generando problemas en el motor”.

Finalmente, Tomás Aguirre, de la Agencia de Comunicación Monteagudo, defendió que “tenemos un sistema electoral confiable en Argentina”, donde ha habido “elecciones libres, limpias, transparentes y sobre todo legítimas” y “hay mucha evidencia al respecto”.

“En los últimos 15 años hicimos ocho elecciones de las cuales nada menos que cinco, con este sistema electoral, con este instrumento de votación, la ganó una fuerza opositora al oficialismo de ese momento, lo cual debería darnos una idea de que el sistema de votación funciona, es transparente y es competitivo”, argumentó.

También sugirió que, si se quisiera cambiar el sistema se puede “usar la elección del año que viene para plantear un estudio serio, sistemático, hecho por el Estado, que nos diga dónde está en problema y en qué distritos”.

En una breve reunión, que comenzó luego del plenario por boleta única, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados acordaron citar a especialistas para dar el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. 

El presidente de Asuntos Constitucionales, el oficialista Hernán Pérez Araujo, señaló que se pondrán en consideración los distintos proyectos presentados y la media sanción del Senado -aprobada el pasado 7 de abril-. “La idea es fijar un cronograma de trabajo y tener la posibilidad de escuchar a expertos en la materia”, dijo el pampeano. 

Por su parte, el titular de Justicia, Rodolfo Tailahde, reveló que la intención es realizar “dos o tres reuniones informativas” y que “los bloques nos hagan llegar sus propuestas” para los invitados.

La intención del Frente de Todos es dar la discusión por el Consejo de la Magistratura los mismos días en que también se debatirán, más temprano, los proyectos de boleta única, por impulso de la oposición. Por eso, desde Juntos por el Cambio, el diputado Juan Manuel López pidió que “no se acote el tratamiento de boleta única, que no se le ponga un plazo”.

Y aclaró que una vez agotado ese primer plenario -que también incluye a la Comisión de Presupuesto- desde la oposición están dispuestos a “quedarnos con todo el tiempo del mundo y hasta que sea necesario”. “No es nuestra falta que no se haya debatido antes”, lanzó el jefe de la Coalición Cívica. 

En una mínima lista de oradores, la diputada Graciela Camaño enfatizó que esta “es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año”. “Poder ordenar el Consejo es absolutamente necesario”, sostuvo la consejera. 

En esa línea, aseguró que “las carencias presupuestarias, edilicias y tecnológicas que existen en el Poder Judicial” ameritan que “abordemos el tema”. 

Ubicada en el medio de ambas bancadas mayoritarias, tanto en esas comisiones como en el Consejo de la Magistratura, la bonaerense aclaró: “Defino mi voto de acuerdo a mi leal saber y entender”. 

Y, tras opinar que los constituyentes de 1994 cometieron “un error” al dejar el artículo 114 de la Constitución Nacional a “los vaivenes de la política”, Camaño abogó por que se tenga “la inteligencia de hacer una ley que interprete el 114”. 

En tanto, el diputado Fernando Carbajal alertó que “si no tenemos la capacidad de discutir y consensuar una ley, para el mes de noviembre vamos a estar viviendo nuevamente un proceso de elección de los miembros, siguiendo la lógica del viejo Consejo corporativo, que a mí sigue sin gustarme, como no me gustaba en el ‘97”.

Al recordar que la media sanción del Senado no contó con el consenso de la principal oposición, el legislador de la UCR expresó: “Tenemos el enorme desafío de ver si logramos un consenso que supere los dos tercios”.

También convocó a “buscar un Consejo que satisfaga a todos” porque “en estos años ha funcionado muy mal”. “No nos quedemos en la discusión solamente de la conformación y de las representaciones estamentarias”, sugirió, sino “demos una discusión real sobre cómo establecemos mecanismos que aseguren la eficacia en el Consejo”.

En el final, Pérez Araujo pidió que “nadie vea nada raro, que nadie se asuste” sobre el tratamiento de ambos temas. “Vamos a tratar los dos temas en los dos plenarios”, garantizó y sumó que “estamos con predisposición para escuchar a todas las voces”.

El proyecto para ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros fue votado en el Senado en el filo del vencimiento del fallo de la Corte Suprema. Sin chances de tratar en cuatro días la iniciativa, y tampoco sin los votos necesarios, la Cámara de Diputados nunca arrancó el tratamiento del tema hasta este miércoles. 

Por su parte, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 -ya que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006- y el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumió la conducción del Consejo. Hasta ahora está conformado por 18 miembros, pues los representantes por el Poder Legislativo todavía no asumieron. 

En una agitada agenda, la Cámara de Diputados avanzó con la conformación de dos comisiones clave: Asuntos Constitucionales y Justicia, ya que son dos de las tres comisiones que se abocarán al debate de los proyectos de boleta única de papel.

Primero fue el turno de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde el oficialista pampeano Hernán Pérez Araujo fue designado como presidente. En el cargo de vicepresidente primero quedó el radical Miguel Nanni (Salta) y en la vicepresidencia segunda fue elegida la formoseña María Parola (FdT).

En tanto, las secretarías quedaron en manos de Silvia Lospennato (Pro) y Pamela Calletti (FdT). Quedaron vacantes dos secretarias que serán cubiertas con posterioridad.

Luego de agradecer la designación al mando de la Comisión, Pérez Araujo adelantó: “No voy a caer en la frase de prometer que vamos a hacer lo que no hicimos en la gestión anterior, pero confío en que podamos trabajar como lo hicimos en el año anterior en búsqueda de consensos desde las diferencias, con cuestiones que han exaltado las pasiones, pero siempre hemos tratado de que prime le respeto y el buen trato entre pares”.

Por su parte, tras ser elegido como vicepresidente el salteño agradeció a sus pares y expresó: “Acá tenemos lucha vocación de trabajo. Tenemos esta agenda de boleta única y en mi provincia están avanzando con eliminar las PAOS, es un gran honor de estar en el cargo”.

Respecto a la reunión conjunta que se realizará este miércoles a las 10 para comenzar a analizar los proyectos de boleta única, el electo presidente aclaró: “Mantendré una reunión con los presidentes de las otras comisiones, estarán recibiendo la citación”.

A su turno, tomó la palabra la diputada Lospennato quien primero felicitó a Pérez Araujo por la reelección y destacó: “Hemos trabajado muy bien los dos años anteriores”, y pasó a referirse al plenario de este miércoles: “Son ocho proyectos, se facultó a que se incorpore cualquier otro proyecto que versare sobre el tema y no estuviese en el momento que se hizo el emplazamiento”.

En tanto, remarcó que “son proyectos de casi todas las fuerzas políticas que sin duda el debate será muy rico”, y pidió que se lleve la propuesta de las invitaciones “amplias, que escuchemos a la sociedad. Hay una enorme cantidad especialistas que vamos a proponer para el tratamiento que ha decidiendo el Cuerpo de la Cámara y queremos que sea participativo posible”.

Además, remarcó que seguirán insistiendo en el tratamiento de ficha limpia, el voto por correo a quienes estén en el extranjero, el voto comando para las fuerzas “que deben cuidar las urnas en los días de e elecciones”. “Es un año importante para tratar temas electorales”, cerró la legisladora del Pro.

La Comisión de Asuntos Constitucionales estableció como agenda de trabajo que las reuniones serán los martes a las 14.

Por el oficialismo componen la Comisión 17 diputados: Rosana Bertone, Pamela Calletti, Marcos Cleri, Ricardo Daives, Silvana Ginocchio, Godoy Lucas, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, Vanesa Massetani, Leopoldo Moreau, María Parola, Hernán Pérez Araujo, Agustina Propato, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, María Uceda y Matyi Vargas.

Mientras que por la oposición también son 17 integrantes: Karina Banfi, Martín Berhongaray, Alejandro Cacace, Ximena García, Mercedes Joury, Juan Manuel López, Silvia Lospennato, Álvaro Martínez, Miguel Nanni, Mario Negri, Paula Oliveto, Graciela Ocaña, Humberto Orrego, Laura Rodríguez Machado, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli y María Eugenia Vidal.

Completan la nómina Graciela Camaño por el interbloque Federal.

Una hora más tarde, se reunió la Comisión de Justicia donde fue ratificado el camporista Rodolfo Tailhade. La vicepresidencia primera quedó en manos de la oposición siendo elegido Pablo Tonelli (Frente Pro), mientras que en la vicepresidencia segunda fue designado Ricardo Daives (Santiago del Estero).

Las secretarías quedaron para el radical Fernando Carbajal (Formosa), Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) y la oficialista Ana Fabiola Aubone (San Juan).

“Confío en que en este ámbito tengamos la capacidad de superar estas diferencias y empecemos a pensar cómo construimos poderes judiciales que estén en condiciones de responder los requerimientos de la sociedad”, sostuvo Carbajal y se comprometió a “superar las diferencias para construir mejores poderes judiciales en el país”.

A su turno, Yacobitti agradeció a sus pares la designación y remarcó que “hace falta llevar adelante discusiones si es para tener una Justicia mejor y que resuelva los problemas de la gente Hace falta más diálogo y consenso”.

Provisoriamente quedó establecido que las reuniones se llevarán a cabo los martes a las 16.

Son miembros de la Comisión por el oficialismo 15 diputados: Ana Fabiola Aubone, Pamela Calletti, Ricardo Daives, Federico Fagioli, Lucas Godoy, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, Varinia Marín Lis, Leopoldo Moreau, María Parola, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda y Eduardo Valdés.

Por la oposición también son 15 los miembros: Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Álvaro González, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, María Luján Rey, Laura Rodríguez Machado, Mariana Stilman, Pablo Tonelli y Emiliano Yacobitti.

Completa la nómina la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño.

Por Melisa Jofré

El oficialismo volvió a sufrir un revés en la Cámara de Diputados la semana pasada cuando casi toda la oposición se unió y aprobó el emplazamiento de tres comisiones para comenzar con el tratamiento de los proyectos referidos a la boleta única de papel.

De las tres comisiones que deberán intervenir en ese debate, la única conformada hasta ahora es la de Presupuesto y Hacienda, donde el Frente de Todos cuenta con 24 miembros, Juntos por el Cambio con 23, el interbloque Federal con uno y el interbloque Provincias Unidas con uno también, con el dato a resaltar -ya veremos por qué- de que ese lugar lo ocupa el Frente de la Concordia Misionero.

La encargada de pedir el emplazamiento, y también el cronograma que deberá tener la discusión, fue la macrista Silvia Lospennato, quien además el jueves pasado detalló en el recinto cuántos miembros le corresponden a los interbloques en cada comisión según “los acuerdos parlamentarios alcanzados”.

Así, la secretaria parlamentaria de la bancada opositora aseguró que en Asuntos Constitucionales el oficialismo tendría 17, JxC también 17, y el interbloque Federal, 1; mientras que en Justicia, al FdT le corresponden 15, a JxC también 15, y al interbloque Federal, 1.

De acuerdo a esos números -que se confirmaron este lunes por la tarde-, el oficialismo podría perder por uno el dictamen de mayoría en el plenario de las tres comisiones, en caso de que JxC y el interbloque Federal vayan con un dictamen único, pues en ese caso sumarían 58 firmas; en tanto, el oficialismo llegaría a 57 si tan solo contara con el respaldo del misionero Diego Sartori, integrante de Presupuesto y Hacienda, quien está dentro del sector de Provincias Unidas que no acompaña el tema, ya que en ese interbloque los dos legisladores de Juntos Somos Río Negro sí están a favor.

En realidad, durante la sesión del jueves pasado, en la votación del emplazamiento, Sartori estuvo ausente, pero su compañero de bloque Eduardo Fernández fue uno de los pocos opositores que votó en contra, junto al FdT.

La discusión por el reparto de los lugares en las comisiones llevaron un largo tiempo en Diputados, y aún no terminan de conformarse todas. Incluso, las que ya se han puesto en marcha muestran la paridad de integrantes entre las principales bancadas.

La importancia del dictamen de mayoría es que es el primero que se somete a votación en la sesión.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales ratificó este miércoles por unanimidad al senador neuquino Oscar Parrilli presidente y a la senadora tucumana Sandra Mendoza como secretaria.

En una reunión celebrada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, el senador formoseño José Mayans, en su condición de titular del bloque oficialista, propuso a Parrilli y Mendoza, para ejercer la presidencia y la secretaría de la comisión.

En tanto, se acordó que la vicepresidencia quedará en reserva para un miembro del interbloque de Juntos para el Cambio, cuyo nombre se definirá en el seno de la principal bancada de oposición, según informó el presidente del bloque Pro Humberto Schiavoni.

Además se acordó que la comisión tendrá como días de funcionamiento los miércoles a las 18.

Tras ser confirmado al frente de la Comisión, el senador Parrilli recordó que el año pasado fue secundado por el ahora exsenador cordobés Ernesto Martínez “con el que trabajamos muy bien, con un trabajo muy racional y muy lógico” y destacó que la tarea realizada tuvo “la participación de todos los sectores”.

A su turno Mendoza, que llegó al Senado en diciembre pasado, anticipó que desde su lugar en la secretaría de la comisión “vamos a trabajar uniendo criterios para brindar lo mejor de cada uno para que los proyectos sean consensuados y puedan ser ley para beneficio de todos los argentinos”.

Antes de finalizar el encuentro Mayans recordó que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales “tiene el tema del Consejo de la Magistratura y creo que estamos cerca de ese tratamiento” lo cual será “un desafío muy importante tanto para esta comisión como para la de Asuntos Constitucionales”.

Un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Justicia de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley, con media sanción del Senado, sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso.

Antes de pasar a la firma el despacho, se escuchó a un grupo de invitados, entre los que expuso la jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Candela Nassi, quien sostuvo que “es un proyecto sumamente importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social”.

“La incorrecta o inadecuada disposición de los neumáticos genera la proliferación de mosquitos vectores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya”, mencionó.

En su exposición, destacó que se contempla “el principio de responsabilidad extendida del productor” y “ahora los fabricantes y productores van a responder integralmente no solamente por la puesta en venta en el mercado del neumático, sino también por la posgestión, en la instancia del posconsumo”.

Nassi señaló que la iniciativa incorpora a “todos los actores de la cadena” y la posibilidad de “responsabilizar legal y financieramente a los productores”. “La ley viene a dar solución a la problemática de las más de 200 toneladas que anualmente se generan en materia de neumáticos”, agregó.

Por su parte, Ricardo Girolami, de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, expresó que “la industria del cemento celebra enormemente el tratamiento de esta ley”, ya que “somos una parte importante en la cadena de solución” de este problema. “Estamos alineados con esta política”, dijo y aseguró que este “es un elemento probado, un elemento que funciona y que no genera mayor contaminación, al contrario”.

También expuso brevemente Karina Potarsky, directora técnica del INTI Caucho.

Durante la intervención de los legisladores, la cordobesa Brenda Austin (UCR) ponderó que el proyecto es “un fiel reflejo de una iniciativa que se trata de manera concienzuda”, y celebró que así sea “sobre todo en un tema tan complejo”.

En tanto, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) apuntó que “no es un gran proyecto, pero el artículo 9 lo vale. Lo vale en un país que durante muchos años se acostumbró y se usó importar gomas semiusadas de países poderosos”.

“Es interesante tener una herramienta mínima”, manifestó, y explicó que es “mínima” porque “no hay incentivos para hacer nada”. “De las 130 mil toneladas de neumáticos fuera de uso que tenemos los argentinos, y que aproximadamente el 80% no se recupera, con la prohibición de importación, la prohibición de arrojarlo de cualquier manera como residuo domiciliario, creo que sirve, creo que vale”, remarcó.

Luego, el diputado Eduardo Fernández (FdT) destacó que el proyecto apunta “a la generación de empleo, la economía circular”. “Estamos abordando una problemática ambiental pero también la estamos convirtiendo en la oportunidad de generar empleo”, sostuvo y enfatizó que “es un proyecto virtuoso” que “genera un impacto positivo en términos económicos”.

Los aspectos centrales de la iniciativa

El proyecto busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU), en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el marco de la promoción de la economía circular.

Tiene como objetivos promover el compromiso de los consumidores; reducir la disposición final de los NFU para disminuir el impacto sobre el ambiente; y promover emprendimientos para la gestión integral de los NFU, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida.

La ley excluye a neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas
Se prohíbe la importación de NFU, el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación no previsto en la ley.

Los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU, constituidos en asociaciones sin fines de lucro.

Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado de gestión en su carácter de generador.
A su vez, los generadores de NFU serán responsables de entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado.

Entre otros puntos, la iniciativa establece una serie de sanciones (apercibimiento; multas; suspensiones; clausuras).

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 365 días para reglamentar la ley, desde la fecha de su promulgación.

Un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomará este viernes, a partir de las 14, el debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.

La reunión -de carácter informativo- contará con la participación de Alberto Binder, abogado, doctor en derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP; Mariela Labozzetta, abogada y fiscal de la UFEM; Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; y José Fabián Asís, juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba.

El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.

Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.

El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

El ministro de Justicia, Martín Soria, se presentó este lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para tratar la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus cambios con respecto al procurador general de la Nación.

En su “debut” en el Congreso en este nuevo rol, el funcionario comenzó expresando sus condolencias por el fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni, cuyo deceso se produjo en un accidente automovilístico mientras iba a visitar a su familia en Junín. A sus condolencias también se sumó el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, y el resto de los legisladores presentes en la reunión virtual.

Sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, Soria la definió como “una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, y recordó que “desde un primer momento, en la campaña electoral de 2019 Alberto Fernández incluyó entre sus promesas contribuir a recuperar una justicia que funcione, que recupere su independencia, su imparcialidad… una justicia en definitiva que logre solucionarles las demandas en tiempo y forma a todos los argentinos”.

“Es una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, aseguró Soria

Al mismo tiempo que señaló que debido a esto “se han enviado una serie de proyectos para ser tratados por el Congreso de la Nación. Proyectos que permitan una vez sancionados que la justicia Argentina salga de la crisis de legitimidad en la que lamentablemente hoy se encuentra y que pueda recuperar el prestigio que estaba llamada a tener”, y precisó que el proyecto en cuestión ya tiene media sanción por parte del Senado.

“El proyecto legislativo es una iniciativa que surge del Senado de la Nación, fue recolectando aspectos e ideas de varios proyectos que fueron presentando los bloques oficialistas y opositores a lo largo de los años, más concretamente es el resultado de más de cuatro proyectos que le dan origen a esta media sanción que nos llega. Por un lado, dos proyectos de la senadora (Lucila) Crexell, uno del senador (Alberto) Weretilneck y otro del senador (Martín) Lousteau, así como las propuestas y las recomendaciones del consejo consultivo de expertos que creó al inicio de la gestión nuestro propio Gobierno”, aseveró.

Sobre esa misma línea, el titular de la cartera de Justicia consideró que todos los presentes en el encuentro virtual comparten “el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra. Crisis de legitimidad que, como vengo diciendo desde el mismo día que asumí como ministro de Justicia de la Nación, se genera entre otras cosas, por cuestiones no menores por cierto, una muy singular particularidad que es el interino”, en alusión a Eduardo Casal. “Es el interinato del procurador general de la Nación más largo de la historia de la que se tenga registro”, cargó.

Además, apuntó que “esa vacancia en el cargo del procurador general, que derivó en ese interinato y que ya se prolonga por más de tres años, sin dudas generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el resto del organismo, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y sobre todo el sistema de justicia”.

“Resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica que es un cargo vitalicio, tan ajeno a toda lógica republicana”, fundamentó, y observó que se necesita “una alternancia en el cargo del jefe de los fiscales”, que es quien está a cargo de la política de persecución penal.

Entonces, Soria volvió a defender que “este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, e insistió en que “no debe tenerlos, porque no se trata solamente de resolver un interinato, una vacancia, no se trata de resolver una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro del Ministerio Público de la Defensa, no se trata de hacer simples ‘parches’ por decirlo de alguna manera y volver a caer en una crisis de legitimidad o volver a caer en una nueva parálisis institucional dentro de algunos años más adelante”.

“Este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, argumentó el ministro de Justicia.

“Queremos y debemos sentar las bases de una institucionalidad sólida y perdurable, ese debe ser el objetivo que tenemos que perseguir con esta ley de reforma de los ministerios Público de la Defensa y el ministerio Público Fiscal”, destacó.

Y prosiguió: “El problema es que pese al diagnóstico común, pese al diagnóstico compartido, nunca se logró encontrar el consenso acerca de las soluciones. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo puede ser que todos estemos de acuerdo en que la situación institucional de la Procuración General es verdaderamente una anomalía, y que todos estemos de acuerdo en algunos puntos centrales de la Ley Orgánica, y que no podamos llegar a un consenso para modificarla?”.

En su exposición, el rionegrino aprovechó para cuestionar con dureza la posición de Juntos por el Cambio, que decidió no formar parte del plenario de comisiones. “Tal vez la solución era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención, yo lo lamento, lo tengo que decir, que los mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando, los mismos que querían modificar esta ley allá en el Gobierno anterior, en los años 2016 y 2017, hoy no quieran participar de esta reunión”, lanzó.

Asimismo, cuestionó que “sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente”.

“La falta de un procurador legitimado por la elección del presidente con el acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo”, alertó.

“No se puede tener un procurador interino que les guste o no les guste, nadie eligió y no tuvo el acuerdo del Senado, no tuvo el aval de la participación popular, de la gente, de esa casa del pueblo que es el Senado de la Nación”, advirtió Soria sobre el cargo de Casal.

En lo que respecta a la posibilidad de establecer cuál es la mayoría que se requiere para la aprobación de la designación del jefe de los fiscales, Soria aseguró que “en esto fueron coincidentes los dos presidentes de las asociaciones de fiscales y de magistrados con los que tuve oportunidad de reunirme, tanto el doctor Carlos Rívolo como el doctor Marcelo Gallo Tagle”.

Sobre este último, reveló que “decía al finalizar la reunión que la temporalidad y las mayorías necesarias para designar al procurador son decisiones de la política, que debe resolver el Congreso de la Nación. El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la otra asociación, la AFFUN, por su parte decía al término de ese encuentro que es una decisión que debe tomar la política, la mayoría y el plazo de mandato para el procurador general de la Nación. Casi las mismas palabras fíjense”.

“En la mayoría del continente hay una tendencia muy clara, cuando el mandato es largo, se agrava esa mayoría para su designación. Ahora, cuando el mandato del procurador general es más corto, como en Brasil, como en Paraguay, ahí la mayoría para la designación, para prestar el acuerdo, ya no es una mayoría agravada de los dos tercios y se baja esa mayoría a una mayoría absoluta, es decir a la mitad más uno de los miembros presentes”, sentenció.

De qué se trata el proyecto de reforma

El “corazón” del proyecto consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras cuestiones, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso. Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.

Quizás te interese leer: Designación con menos votos y mandato acotado: de qué trata la reforma del Ministerio Público

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

En lo que se interpreta como una nueva avanzada del kirchnerismo que apunta al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, el presidente de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, convocó este jueves a una reunión de esa comisión con el objeto de tratar una serie de proyectos relacionadas con la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. La misma será este viernes a partir d las 16.30.

Es público y notorio el interés del oficialismo por encontrar la manera de sortear el impedimento que hoy  por hoy se le plantea para elegir al procurador general, pues el pliego de Daniel Rafecas, enviado oportunamente por el presidente Alberto Fernández al Senado, está parado en el Senado ya que no están los dos tercios necesarios para habilitar su aprobación.

Precisamente por eso es que Oscar Parrilli convocó a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar una serie de proyectos que precisamente plantean analizar la ley en cuestión. En un hábil maniobra, se pondrán a consideración tres proyectos que son precisamente de legisladores que conforman esos 29 votos que impiden hoy al Frente de Todos acceder a los dos tercios. Las tres iniciativas fueron presentadas en 2019 y vienen justo para habilitar el debate que quiere  dar el Frente de Todos.

Dos son de la neuquina Lucila Crexell, quien fue reelecta el año pasado en el Senado a través de las listas de Juntos por el Cambio, pero se peleó con este sector porque quisieron bloquear su ingreso a la Cámara, aunque finalmente terminó alineándose con la principal oposición. Los dos imprimen modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y uno de ellos sugiere establecer una duración específica en el cargo y modifica el mecanismo de remoción del defensor General de la Nación.

El tercero corresponde al radical Martín Lousteau y modifica también la Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto al tiempo de duración en el cargo. En la actualidad, el cargo es vitalicio.

El debate promete ser de sumo interés pues en el mismo se rehabilitará la discusión en torno al actual procurador, Eduardo Casal, quien está a cargo de manera provisoria desde fines de 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Dicho sea de paso, cuando el gobierno de Mauricio Macri impulsó para el cargo a Inés Weinberg de Roca, tampoco contó con los dos tercios para nombrarla. 

Casal ha sido sometido a lo largo del año a un intenso bombardeo de denuncias en el seno de la Bicameral de Control del Ministerio Público. El kirchnerismo quiere desplazarlo para nombrar allí a reemplazante más afín.

Hoy necesita los dos tercios de los senadores presentes para aprobar a un nuevo procurador, y un sector del oficialismo sugiere cambiar la ley para llevar ese número a una mayoría simple.

Un discusión reglamentaria en la Comisión de Justicia de Diputados, presidida por Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), impidió el dictamen de un proyecto que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, en el marco de la crisis desatada por la pandemia.

Ante el planteo de Juntos por el Cambio de que correspondía tratar la iniciativa en Legislación General, y con el pedido de una serie de modificaciones para avalar la propuesta y aportar los votos para los dos tercios, el oficialismo aceptó los cambios. También habían sugerido incorporaciones los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).

Tras un cuarto intermedio, en el que se abrió un proceso de diálogo entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bloques, la comisión arribó a una redacción consensuada que se pondrá a consideración en el recinto.

Al comienzo de la reunión, la diputada Silvia Lospennato (Pro) sostuvo que el tema “tiene una competencia definida, que es la Comisión de Legislación General”, donde se trata lo referido a materia civil y comercial. Tras leer las competencias de cada comisión, la macrista enfatizó que “el reglamento no permite la exclusión de la Comisión de Legislación General”.

Y recordó que otros proyectos “presentados por compañeros de mi bloque”, como por ejemplo Ezequiel Fernández Langan, fueron girados por la Presidencia de la Cámara a Legislación General. Por lo tanto, pidió que se convoque a un plenario y “respetemos el reglamento”.

A continuación, Graciela Camaño (Consenso Federal) alertó: “Sabemos todos que tenemos un problema muy serio. El día lunes se termina de abrir, de alguna manera, la justicia comercial y todos sabemos que vamos a tener un problema, vamos a tener muchas presentaciones de quiebras, de cheques rechazados”.

UNIFICACION-CPyQ_31jul2020_14.05-1

La diputada remarcó que este es un tema “que venimos charlando entre todas las fuerzas” y afirmó que “jamás” se “prestaría a vulnerar el reglamento”, pero “la realidad es que estamos en un problema serio”. “Creo que podemos salvar la cuestión reglamentaria y dar una señal muy clara de que queremos suspender los plazos”, agregó.

Por su parte, el legislador Juan Manuel López (Coalición Cívica) pidió convocar a un plenario para la semana que viene ya que, aunque se trate esta tarde en sesión, el proyecto “no va a ser ley, el Senado no va a sesionar mañana ni el domingo”. “Es un tema muy técnico, requiere estudio”, señaló y ratificó su postura de evitar que se le brinde “ningún beneficio a ninguna empresa que esté con procesos penales”, como OIL Combustibles de Cristóbal López.

Intervino entonces nuevamente Lospennato para solicitar que, “atendiendo la situación de emergencia”, se pueda “llegar a un acuerdo virtuoso” sin “violentar nuestra regla básica de convivencia”.

Tailhade justificó el giro a la Comisión de Justicia al decir que “es cierto y comparto que el ámbito natural de modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras es la Comisión de Legislación General”, pero argumentó que “todos los otros proyectos plantean reformas de fondo a la ley”, mientras que esta iniciativa en particular “aspira a ser una respuesta a una coyuntura muy compleja”.

“Pero es una respuesta sistemática desde el punto de vista del sistema de administración de justicia, más allá de que es la política la que está dando este paso”, añadió.

El autor del proyecto en cuestión, Carlos Selva (Frente de Todos) resaltó que la intención era aprobar este tema junto al proyecto de moratoria y manifestó que “claramente el mensaje tiene que estar dado a la sociedad”.

Desde JxC, el diputado Pablo Tonelli (Pro) fue el encargado de proponer los cambios y, sobre todo, habló de una “modificación sustancial” que tiene que ver con “la necesidad de que queden claramente excluidos los procesos en los cuales la quiebra ya está decretada y esa quiebra ha quedado firme”.

En el mismo sentido, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “el espíritu de la ley siempre fue salvar a los vivos” y “lo que nunca estuvo en discusión fue salvar o discutir mejoras en los procedimientos de las empresas fallidas o quebradas, ni tampoco de los acreedores”.

Tras retomar la reunión, Tailhade leyó el proyecto y aclaró: “En función del acuerdo político vamos con un texto unificado (a la sesión) para con los dos tercios incorporar su tratamiento al orden del día”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales debatió dos iniciativas legislativas tendientes a penalizar la difusión sin consentimiento de imágenes sexuales. Un proyecto de la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR) fue unificado con otro impulsado por la senadora por Santiago del Estero Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La iniciativa modifica el artículo 155 del Código Penal.

La senadora Abdala de Zamora citó un estudio de la Universidad de Michigan que sostiene que “en el 90 por ciento de las casos de pornovenganza la víctima es una mujer”. Consideró que se estaba ante un posible delito contemplado en la violencia de género.

También destacó un informe de una Organización No Gubernamental, “Bulling sin fronteras” en el que se señalaba que en la Provincia de Buenos Aires “mensualmente hay 120 casos de pornografía difundida sin consentimiento”. Subrayó que esta práctica denominada “sexting, en mi provincia suele darse mayoritariamente entre jóvenes”.

A propuesta del senador por Córdoba Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio), los miembros de la comisión presidida por el neuquino Oscar Parrilli (FdT) manifestaron su acuerdo con las iniciativas y decidieron que  “los asesores de la comisión junto con las autoras de los proyectos en debate, senadora Ledesma y senadora Elías de Pérez, más el senador Mario País (FdT-Chubut) y el senador Martínez realizarán una redacción del nuevo artículo 155” para que el tipo delictivo esté claramente estipulado y para que las penalidades contempladas mantengan el equilibrio dentro las penas previstas en el Código.

El senador Martínez resaltó que “se trataba de aggiornar el Código Penal”. Señaló que “no se trataba de una falta al honor sino a la violación del secreto. Esta figura de la violación del secreto cubre una infinidad de cuestiones. Mi propuesta es proteger la intimidad y la privacidad de las personas. Estamos frente a un delito contra libertad. No puedo ejercer mi libertad sexual ante el riesgo de que alguien lo difunda. Es un delito grave. No es un juego subir imágenes de otra persona. No soy un punitivista, pero si busco un castigo condigno”.

Los integrantes de la comisión adelantaron que comparten la idea de darle despacho al proyecto. Lo que se concretaría en la próxima reunión, luego de que se hubiera formulado una nueva redacción de lo que sería el futuro artículo 155 del Código Penal.