La Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados completó este jueves su conducción y asumió la presidencia la radical Natalia Sarapura, mientras que las tres secretarías pendientes quedaron en manos de Nancy Sand, Estela Neder y Constanza Alonso, en ese orden, todas legisladoras de Unión por la Patria.

Anteriormente ya se habían designado a Varinia Lis Marín de Unión por la Patria como vicepresidenta primera, y a Alejandro Vilca del Frente de Izquierda como vicepresidente segundo.

Al tomar la conducción, Sarapura reflexionó que “estamos ante un mundo que se moviliza, con hombres y mujeres que buscan mejores condiciones de vida. Estamos en un mundo que se mueve por la desigualdad, por los problemas del cambio climático, por la creciente de la violencia. En una América Latina con problemas por la migración”.

“En una Argentina de 45 millones, donde también se producen éxodos internos”, continuó y, en ese sentido, la jujeña consideró que “un Estado que no puede poner la mirada solo desde el equilibrio fiscal, sino de un rol de garantía de derechos, con una mirada de enfoque transversal”.

Para la radical, “la Argentina que tenemos nos interpela a generar consensos”. “Pretendo que este espacio sea de construcción colectiva”, agregó.

Hacia el final de la reunión, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso que la comisión pueda abordar en profundidad los resultados del Censo Nacional realizado en 2021, invitar a funcionarios del INDEC y también incorporar en ese análisis “los estudios del Censo con estudios demográficos que están haciendo institutos universitarios de todo el país” para así “poder legislar” sobre la materia.

 

 

Durante un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable este miércoles un proyecto de ley sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores, que fue consensuado entre la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) y el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT). 

Al exponer, Catalfamo explicó que se trata de “una ley de orden público” dirigida a “todas las personas mayores de 60 años”, a quienes “se garantizan sus derechos”, los cuales “lamentablemente millones de veces se ven vulnerados”. “Es una ley similar a la Ley de Protección de Mujeres”, señaló y enumeró las distintas modalidades de violencias que contempla, entre ellas la patrimonial, porque “hay personas dentro del seno familiar que se abusan de la situación de las personas mayores”; y la violencia en residencias gerontológicas, entre otras. 

Al enumerar algunos aspectos de la iniciativa, la senadora repasó que incluye “el fortalecimiento técnico de las distintas jurisdicciones”, campañas de difusión y capacitaciones y recomendaciones a los medios de “cómo deben dirigirse a este sector”. 

Cuando tomó la palabra, Doñate destacó la tarea del PAMI y la voluntad de su directora, Luana Volnovich, quien puso a disposición “los equipos técnicos que trabajan en ese organismo y nos dieron una perspectiva muy completa”. El senador subrayó que los derechos de las personas mayores muchas veces se ven afectados por “el propio desconocimiento, la falta de empatía, la falta de conciencia” de parte de organismos públicos y empresas.

El oficialista indicó que esta ley contempla los principios que “establecen los marcos normativos internacionales” y, entre otros puntos, ponderó la “creación de la Defensoría de las Personas Mayores, similar a la de Niñas, Niños y Adolescentes”, que “va a gozar de plena autonomía”, así como también un observatorio en el ámbito del INADI. 

Sobre esto último, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) recordó que “dentro de la Defensoría del Pueblo hay áreas específicas a adultos mayores”, por lo que preguntó “el impacto presupuestario de lo que eso significa” la creación de un nuevo organismo. 

“El impacto es muy menor”, dijo Doñate, que igualmente se mostró a favor en todo caso de pedir un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT) coincidió: “La incidencia presupuestaria de este proyecto es ínfima”. 

Las personas mayores y la campaña electoral 

Durante el encuentro, Catalfamo, quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aseveró que “en estos tiempos políticos que estamos atravesando, en donde escuchamos a un candidato presidencial (en alusión a Javier Milei) que dice que la igualdad de oportunidades es una aberración, creo que todos vamos a coincidir en poder garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales, incluidos -y con más razón- el de los adultos mayores. Es algo en lo que estamos completamente todos de acuerdos, al menos los que estamos sentados acá”.

“Tenemos que tratarlos con más respeto, hablan con un vocabulario que es vergonzoso”, cuestionó e insistió: “Creo que son los tiempos correctos para poder tratar una iniciativa en estos términos y marcar la clase de país que queremos”. 

En el debate, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC), una de las macristas a favor de Milei, remarcó que “la mayoría de los jubilados hoy están bajo la línea de la pobreza, no hay mayor violencia que esa, inclusive la ejerce el Estado Nacional, que hoy le damos un rol de cuidador”. “Este proyecto es fantástico para Disney, para la Argentina de hoy nosotros nos estamos resignando a vivir en una condición que roza lo infrahumano”, lanzó, aunque coincidió en que “los adultos mayores merecen todo nuestro respeto”.

Recogió el guante el senador Guerra, quien opinó: “Hablar de violencia de esa manera, desde el Estado, me parece un poco fuerte. Yo creo que sí es necesario recomponer los ingresos, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo cuando estamos cercanos a una definición electoral sumamente importante. Y hay un sector que claramente lo está proponiendo, mientras que del otro lado directamente se está proponiendo la desaparición de las cuestiones sociales”. 

El resto del temario 

Entre los temas que se despacharon favorablemente, uno fue el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”, con media sanción de Diputados, que establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Otra iniciativa que tuvo aval fue una impulsada por la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC), sobre la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.

“No solamente tiene que ver con la condición del espectro autista sino también con otras patologías”, aclaró la senadora, que dijo que se trata de “generar un espacio amigable, que tenga toda la ausencia de contaminación sonora y ambiental, para que las familias que tienen en su seno niños o adultos” con estas patologías puedan “ir al supermercado, a la juguetería y a un patio de comidas a comer una hamburguesa” sin que “las personas se desregulen en ambientes que le son nocivos”. 

Luego, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), lamentó que “para el común de la sociedad es más fácil señalar y no ponerse en el lugar del otro en estas situaciones”. 

Finalmente, se dictaminó un proyecto sobre campaña de concientización del cumplimiento de la cuota alimentaria, promovido por Catalfamo, quien reclamó que prontamente se trate en el recinto el proyecto de Registro Nacional de Deudores Morosos.

Las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado tratarán este miércoles, desde las 13, el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”.

La iniciativa, impulsada por la diputada cordobesa Natalia de la Sota, tuvo media sanción de la Cámara baja por unanimidad el pasado 10 de octubre. Establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

El temario incluye un proyecto de la senadora Edith Terenzi (CF-JxC), que propone la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.

Y, finalmente, un proyecto del senador Martín Doñate (UC-FdT) sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores.

Previo al plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará cuatro proyectos de comunicación, mientras que después del plenario, la Comisión de Población y Desarrollo Humano continuará con un temario propio. Entre las iniciativas se encuentra la ley para crear protocolos contra el abuso sexual infantil en ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes, que la Cámara baja devolvió con cambios al Senado.

Poco a poco la Cámara de Senadores va poniendo en marcha la actividad legislativa, ya que este miércoles ratificaron sus autoridades las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales. También fijaron días y horarios para el trabajo legislativo.

Con una demora de más de una hora del horario pautado para su inicio en el Salón Arturo Illia -ya que se estaba realizando la reunión de Acuerdos- la primera comisión en constituirse fue la de Población y Desarrollo Humano la cual ratificó a sus autoridades. Al frente de la misma continuará la senadora radical María Belén Tapia (Santa cruz), mientras que en la vicepresidencia fue ratificada la oficialista María Eugenia Duré.

Al postular a la presidenta de la comisión, la radical Stella Maris Olalla (Entre Ríos) destacó que “la comisión ha realizado un trabajo muy especial en el período anterior, en el seguimiento de todas las cuestiones y temas que concretamente tiene que llevar adelante con una responsabilidad y eficiencia que todo el grupo ha llevado adelante, atendiendo lo que ocurre en el país en este momento difícil. Por ello nuestro bloque propone a María Belén Tapia para la presidencia”.

En nombre del Frente de Todos habló el neuquino Oscar Parrilli quien propuso como vicepresidenta primera a María Eugenia Duré (Tierra del Fuego) para que “en nombre de nuestra Patagonia austral quede la comisión”.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la comisión expresó: “Espero que podamos trabajar como hicimos el año pasado y en años anteriores con temas que nos importan a todos y que son transversales”. Agradeció por el quórum y adelantó que en las siguientes reuniones fijarán los días y horarios de trabajo “en la medida que vayan suscitándose los temas”.

De forma breve, la fueguina Duré agradeció a los compañeros de su bloque por ratificarla y sostuvo que “es una comisión que hemos trabajado mucho. Lo último que trabajamos y se aprobó con consenso tiene que ver con la aprobación de la Ley de Lengua de Señas así que ha sido muy importante para toda la comunidad sorda”.

Luego fue el turno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de ratificar a sus autoridades. Por el oficialismo, habló la senadora santacruceña Ana María Ianni quien propuso para el cargo de la presidencia a Oscar Parrilli y para el cargo de la secretaría a la senadora Sandra Mendoza (Tucumán) “quienes han trabajado y prometen y se compromete su compromiso con la comisión para hacerlo en conjunto en función de los temas que nos interesan”.

En tanto, el senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) propuso ratificar como vicepresidenta a Beatriz Ávila. “Queda de esta manera constituida la Comisión de Justicia y Asuntos Penales”, expresó Parrilli.

Además, informó que “es intención de esta comisión el próximo jueves 8 de junio a las 11 comenzar con el tratamiento, en reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto que viene en revisión de Diputados que modifica el Código Penal sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un compromiso que tiene el Gobierno nacional con el Grupo de Acción Financiera Internacional y que está reclamando que le demos tratamiento para poder sancionarlo en ley”.

Al respecto, propuso a los bloques que si tienen propuesta de invitados “que no sean más de 2 o 3 por bloque” pueden hacerlo porque “la intención es que el jueves debatamos y saquemos despacho del proyecto”.

Por último, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable también ratificó a sus autoridades. Al tomar la palabra, la senadora María Belén Tapia propuso en nombre del interbloque de JxC como presidenta a Gladys González (Pro) para que “continúe llevando adelante la tarea de la presidencia de la comisión. Sabemos de su compromiso con todo lo que tiene que ver con las temáticas ambientales y estamos convencidos que durante este tiempo lo hizo de manera brillante. Siempre nos propuso trabajar en temas que llevaban de la mano, no solamente el cuidado del medio ambiente, sino también la producción y poder seguir trabajando en ese sentido”.

La vicejefa del bloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, propuso como vicepresidente al senador Antonio Rodas (Chaco) y como secretaria a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) “para que sigan en la conducción de la comisión”.

La titular de la comisión se expresó en nombre de Rodas -ausente por un problema de salud- que “quiere, por supuesto, asumir el compromiso de la vicepresidencia. Lo disculpo, sabemos que tiene algunos problemas que lamentablemente no lo dejan estar con nosotros. Espero que se recupere pronto para poder seguir trabajando en una amplia agenda que tenemos para lo que queda del año”.

Un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura de la Cámara alta, a cargo de las senadoras María Belén Tapia (UCR) y Cristina López Valverde (FNyP-FdT), respectivamente, emitió el dictamen favorable este martes del proyecto de ley de reconocimiento como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional a la Lengua de Señas Argentina.

La iniciativa tuvo un rápido tratamiento, debido a que hace menos de una semana obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En tal sentido, el proyecto reconoce a la Lengua de Señas Argentina como una lengua natural y originaria y garantiza la participación e inclusión plena de la comunidad sorda, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Así también, posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano y al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas.

La titular de la Comisión de Educación y Cultura, Cristina López Valverde, afirmó que la palabra “inclusión”, no era plena “sin poder comunicar”, y agregó que “es importantísimo llegar al punto de consenso obtenido por ambas cámaras”.

Además, sostuvo que este proyecto de ley “fomentará” el aprendizaje de toda la población. Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo María Belén Tapia añadió que “no se puede dilatar más este pedido del pueblo”.

Por otro lado, la senadora María Eugenia Catalfamo (UC-FdT) manifestó que “ha sido fundamental trabajar con el apoyo de dos grandes organizaciones”, y concluyó: “Tenemos que acompañar cuando hay consenso y apoyo de las organizaciones relacionadas al tema”.

Al término de las alocuciones, la senadora Tapia anunció el dictamen favorable por mayoría del proyecto que, además, legitimará a organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.

Durante un plenario de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y Presupuesto y Hacienda del Senado, recibió este jueves dictamen unánime el proyecto de ley de oncopediatría con media sanción de la Cámara baja.

Asimismo, las comisiones de Salud y Presupuesto avanzaron luego con el despacho favorable -también por unanimidad- del proyecto de la nueva ley de VIH, votado en Diputados en el 5 de mayo pasado.

Oncopediatría

Al abrir el encuentro realizado en el Salón Illia, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) manifestó que “esperábamos y, sobre todo la comunidad de familiares de niños con cáncer de toda la Argentina, que este proyecto se pudiera transformar en ley en el corto plazo”.

Al aportar cifras, el presidente de la Comisión de Salud detalló que “en 2020 hubo en Argentina cerca de 1.919 casos de cáncer infantil. Es un número que se repite lamentablemente todos los años”. Mientras que “578 niños mueren por año, entre 0 y 19 años” y “la prevalencia de casos -en cinco años, a 2020- es de casi 6.643”. No obstante, rescató que “más del 60% del cáncer infantil hoy tiene tratamiento y curación”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, María Belén Tapia (UCR), aseguró que se trata de “un tema que por su sensibilidad merecía que escuchemos a la sociedad y lo pongamos en pronto tratamiento”. “Es un tema que nos toca transversalmente, deja de lado las grietas, las diferencias ideológicas y partidarias”, agregó.

La santacruceña dijo que se trata de “darles herramientas concretas a las familias” y destacó que “esta iniciativa es fruto de la militancia de diferentes colectivos que se organizaron a lo ancho y largo del país”.
El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.
En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Nueva Ley de VIH

Durante la reunión, la senadora Silvina García Larraburu (FdT) recordó que “desde el año 2016 que he presentado la primera iniciativa que fue fruto del trabajo mancomunado con más de 50 organizaciones”. “Esta ley ya tenía 30 años de vigencia, se necesitaba la actualización”, consideró. La rionegrina sostuvo que “la ley siempre es perfectible y mejorable, pero luego de 30 años esta es muy superadora”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), ratificó el apoyo de todo el interbloque y celebró “la rapidez y celeridad con la que se ha tratado”. El radical apuntó que en el país “hay un 30% de un diagnóstico tardío” en el caso del VIH y “un 50% de subregistro de las hepatitis”. Por eso, remarcó la importancia que tendrá la “reglamentación e implementación” una vez sancionada la ley, para llevar a cabo “campañas de incentivo para que se pueda hacer la prevención necesaria”.

El proyecto con media sanción deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990. Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

El titular del INDEC, Marco Lavagna, informó este miércoles ante diputados que, a través del censo digital, ya se censaron 2.834.558 viviendas, lo que representa a aproximadamente 8 millones de personas. “Solo ayer tuvimos 130 mil viviendas cerradas en el día”, agregó.

Ante la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló que han visualizado “zonas donde tenemos mucho porcentaje de viviendas vacías, que no significa que estén vacías permanentemente”. En este sentido, negó que se vayan a “cruzar datos” como indican ciertas fake news.

Según los primeros datos, hay un promedio de “2.9 de personas por hogar”, mientras que se han detectado “2.038 encuestas cerradas que nosotros vimos que tenían inconsistencias”.

“El censo es anónimo”, afirmó el economista y, ante una consulta de la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) respondió por qué se solicita el DNI al completar el formulario digital. “Sirve para que nosotros podamos saber que sea una persona humana real y que es mayor de 14 años. Es lo mismo que hace un censista cuando va a una vivienda y ve que es una persona real y una persona mayor de 14 años. Eso que valida el censista, sin decirlo, nosotros de forma digital teníamos que hacerlo”, explicó y remarcó que “ese dato no queda grabado en ningún lado”.

En cuanto a los resultados, Lavagna estimó que en la “misma noche” del 18 de mayo “o el día siguiente” se tendrá “el número muy grosero de cuántos somos”.

“A los tres meses, o quizás un poco antes, las personas por sexo y lugar de residencia. A los ocho meses los primeros datos definitivos. Y al año y medio la totalidad de los datos”, precisó.

A dos semanas de la realización del Censo Nacional 2022, el titular del INDEC, Marco Lavagna, se presentó ante la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados para brindar detalles sobre la gran encuesta nacional del próximo 18 de mayo.

“El objetivo nuestro es tener un censo de mucha calidad, muy transparente”, afirmó y enfatizó que “los censos no tienen ideología, no tienen colores políticos, no tienen inclinaciones para un lado o para el otro, el censo es de absolutamente todas las personas que habitan el pueblo argentino”.

En la previa de responder preguntas sobre el Censo 2010, el último que se realizó en el país, el economista sostuvo: “La mejor forma que tengo para darles respuestas es teniendo un censo 2022 que sea muy exacto. A esta altura, 12 años después de ese censo, sin tener los materiales de su momento, es muy difícil que pueda dar una respuesta”.

Sobre la encuesta de este año, suspendida en 2020 y 2021 por la pandemia, ponderó que “pasa a ser un censo de derecho en lugar de un censo de hecho” y ese “es un salto de calidad muy grande”.

Además de hacerse con un formulario único, esta será “la primera vez que se hace un censo digital en Argentina, que se puede contestar a través de una página web segura, y que es lo que nos permitió optimizar el operativo”, señaló.

Apoyado en filminas, Lavagna precisó que a los censistas se los capacitó de manera online y presencial, y que todos saldrán con una aplicación en el celular que les permitirá ver “la evolución de cómo van censando”.

El censo se divide en “un módulo de viviendas y hogares” y “un módulo de población, donde va a los detalles desde el nivel educativo hasta la cuestión de identidad de género, una de las novedades de este censo, acceso a la salud, si son parte del mercado activo de trabajo o no”, enumeró el titular del INDEC.

Ante la comisión presidida por la macrista Camila Crescimbeni, el exdiputado resaltó “la importancia que tiene un censo que nos permite planificar hacia dónde vamos”.

En cuanto al formato digital, recordó que “empezó el 16 de marzo y va a estar abierto hasta el día 18 de mayo a las 8 de la mañana” que es “cuando empieza el operativo de campo”. No obstante, “una semana antes del censo empieza el operativo rural”, en zonas donde “las distancias entre vivienda y vivienda no nos permite hacerlo en un solo día”. Pero también reveló que el operativo ya comenzó en zonas patagónicas o de cordillera, por temas climatológicos.

En su exposición, el funcionario comparó que el censo presencial en una vivienda con cuatro personas durará para el censista alrededor de 20 minutos, mientras que si en esa casa ya lo realizaron de manera digital solo llevará 40 segundos.

Respecto a completar el formulario de manera digital, Lavagna subrayó que “el único lugar donde se puede completar es en censo.gob.ar. No hay llamados telefónicos, no hay mails, no hay visitas previas. Desde ya no cobramos nada”.

Asimismo, aseguró que “todos los datos los tenemos amparados dentro de la Ley 17.622” y “no podemos dar a conocer nunca datos particulares”. El servicio de infraestructura de almacenamiento y seguridad de la información es brindado por ARSAT, al tiempo que el INDEC cuenta con un comité de seguridad informática, dijo.

En la jornada del 18 de mayo habrá “aproximadamente 650 mil censistas”. “Todo lo hacemos en coordinación con las provincias, sería imposible desde un escritorio de Buenos Aires”, manifestó y explicó que es necesario porque “hay que tener conocimiento del territorio”.

Cada censista pasará, aproximadamente, por 32 viviendas -en zonas urbanas-, “en algunas provincias por 28, y otras 36; y en zonas en la provincia de Buenos Aires algunos por 46 viviendas, sobre todo en la costa, donde hay viviendas vacías porque son zonas de veraneo”, detalló.

Sobre los costos, el director del INDEC reveló que hubo “26 licitaciones públicas de contratación de servicios” y para la impresión y digitalización de los cuestionarios se presentaron cuatro interesados, adjudicándosele al proveedor de menor precio. En este sentido se estimaba un gasto de 6.000 millones pesos y resultó de 4.300 millones.

“Ya terminamos de imprimir todos los formularios y el 98% de los kits están repartidos. Nos falta en alguna zona de Capital Federal y una parte del conurbano”, agregó durante su presentación inicial.

Lavagna informó que el operativo tiene un presupuesto estimado de “14.000 millones de pesos”, lo cual no incluye la campaña de comunicación, y los costos se reparten: un 30% para la impresión y digitalización; un 38,6% para la estructura censal; y un 28,1 para logística (Correo)”.

El economista destacó que el costo promedio por persona en el mundo para realizar un censo es entre “3 y 5 dólares” y en este censo se gastará “3,1 dólar por persona censada”.

Finalmente, el funcionario enfatizó la intención de realizar el censo para “volver a reconocernos en nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad étnica, nuestra diversidad socioeconómica”. “Para nosotros era muy importante volver a tener ese mapa diverso de quienes somos”, cerró.

Se constituyó este jueves en la Cámara de Diputados la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que quedó en manos del bloque Pro, tras la designación como presidenta de la diputada Camila Crescimbeni.

En el encuentro se acordó citar lo más pronto posible al titular del INDEC, Marco Lavagna, quien la semana pasada asistió a informar sobre el Censo Nacional 2022 a un conjunto de jefes de bloques y legisladores de la Cámara baja. La encuesta nacional se realizará en todo el país el próximo 18 de mayo.

Tras resultar elegida, Crescimbeni anticipó un “trabajo muy intenso” para la comisión, “sobre todo en esta primera parte del año de cara al Censo 2022”. Allí reveló que Lavagna “se ha comprometido a venir apenas se constituyese la comisión, así que vamos a hacer ese pedido lo antes posible”.

La legisladora observó que es necesario “anticiparnos y prepararnos para el trabajo científico y técnico que se tiene que hacer” y al “desarrollo de la relevancia que tiene la configuración de los datos para la Argentina y todas las decisiones de políticas públicas que tenemos que tomar”.

La macrista abogó por que este año “nos encuentre trabajando lejos de la dinámica electoral”.

Nombrada como vicepresidenta primera, la oficialista Verónica Lía Caliva subrayó que “en esos números hay personas atrás y es fundamental que para el Gobierno y cada uno de los poderes contar con esa información científica para poder elaborar políticas públicas”. También destacó que aspira a que se traten los temas que hacen a “las comunidades indígenas, la agenda de discapacidad, y diversidad y género” para poder “estar a la altura de las demandas en pleno siglo XXI”.

Por su parte, la radical Pamela Verasay dijo que “el Censo 2022 es una herramienta que, una vez que podamos procesar datos, va a ser sumamente política, porque además de ver para dónde vamos nos va a mostrar dónde está el Estado, a dónde está llegando, y cuáles son los ciudadanos que están fuera del sistema”.

Como secretaria por la oposición fue designada la diputada de Evolución Radical Marcela Antola, quien transmitió la “preocupación” de su bloque por las denuncias sobre los datos del Censo 2010 en el municipio de La Matanza, al tiempo que aseguró que los pobladores de zonas rurales están detectando problemas para la inscripción en el censo digital, dos cuestiones con las que esperará a Lavagna.

Otra de las secretarías será ocupada por la oficialista Lis Varinia Marín.

En la reunión se ratificó que los días y hora de convocatoria de la comisión serán los miércoles a las 9.30.

Por el Frente de Todos forman parte de la comisión Walberto Allende, Fabián Borda, Verónica Lía Caliva, Guillermo Carnaghi, Rossana Chahla, Nelly Daldovo, Daniel Gollan, Jimena López, Mónica Macha, Lis Varinia Marín, Estela Neder, Graciela Parola, Eber Pérez Plaza, Nancy Sand y Paola Vessvessian.

Los miembros de Juntos por el Cambio son Marcela Antola, Gabriela Besana, Marcela Campagnoli, Gabriel Chumpitaz, Camila Crescimbeni, Alejandro Finocchiaro, Federico Frigerio, Jimena Latorre, Juan Martín, Emilio Monzó, Fabio Quetglas, Dina Rezinovsky, Sebastián Salvador, María Sotolano y Pamela Verasay.

Quien completa la integración de la comisión es el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal.

La Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable este jueves a un proyecto de ley que apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, impulsada por la presidenta de la comisión, la santacruceña María Belén Tapia (UCR), establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niños, niñas o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual”.

La legisladora señaló que con esta propuesta “se pretende brindar una herramienta para combatir este flagelo, que es muy terrible”. “Todas las acciones y medidas que podamos iniciar nunca están de más, son todas oportunas”, sostuvo, y consideró que “va a ser un gran avance para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Además, la radical detalló que “se le asignan a la Secretaría Nacional de Niñez y al Consejo Federal de Niñez algunas funciones de orientación y control a fin de poder dar efectivo cumplimiento”.

A su turno, la vicepresidenta de la comisión, la fueguina María Eugenia Duré (FdT), habló sobre un proyecto que presentó junto a su par María Eugenia Catalfamo (FdT) para instituir el 27 de septiembre de cada año como el Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Queremos institucionalizarlo porque este día ya se celebra”, manifestó y dijo que prevé “articular con el Poder Ejecutivo en diferentes acciones y medidas necesarias” para la visibilización y “promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, además de “se puedan adherir las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios”.

Autora del proyecto para instituir el 15 de junio de cada año como el Día Nacional de los Derechos de las Personas Mayores, la pampeana Norma Durango (FdT) consideró que “contar con un día nacional para reflexionar y promover el buen trato hacia las personas mayores es importante”, y explicó que el día fue elegido en sintonía con la fecha designada por la ONU para “la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez”.

Durango además se refirió a otra iniciativa de su autoría para modificar la ley que declaró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, de modo que “invite a considerar aquellos determinantes que actualmente perjudican la igualdad de acceso a las personas con discapacidad, a los derechos humanos y a promover mayores oportunidades para su inclusión social”.

En tanto, se despachó también un proyecto impulsado por la jujeña Silvia Giacoppo (UCR), que tiene como objetivo garantizar la asistencia presencial para las personas mayores en los organismos del Estado donde realicen sus trámites, como por ejemplo, la ANSeS.

Por otra parte, avanzó un proyecto que reforma la Ley 25.855 de Voluntariado Social, propuesto por el chaqueño Antonio Rodas (FdT), quien expresó que es necesario porque “los tiempos van cambiando y se van modificando las acciones”.

Al destacar que “el voluntariado está muy inserto dentro de la sociedad civil” en Argentina, el legislador apuntó que “el voluntariado no es solamente social, hoy ya es ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario”. Sobre la iniciativa dijo que se trata de “volver a recategorizar el voluntariado” y que “el Estado esté presente”, porque “si no hay un trabajo entre el Estado y las organizaciones estamos errando el camino”.

La comisión también pasó a la firma un paquete de proyectos de declaración, entre los que la senadora Duré destacó la iniciativa que declara de interés la película “Yo nena, yo princesa”, basada en el libro homónimo que cuenta la historia de Luana, la niña trans argentina que fue la primera en el mundo en obtener su DNI acorde a su autopercepción de género.

Las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado ratificaron este lunes a sus autoridades y definieron sus planes de trabajo para este año legislativo.

En Población y Desarrollo Humano fueron confirmadas la santacruceña María Belén Tapia (UCR) como presidenta, la fueguina Eugenia Duré (Frente de Todos) como vicepresidenta y la puntana Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) como secretaria.

“Esta comisión trata temas que tienen que ver con la ampliación de derechos de los más vulnerables, algo que es transversal a todos los bloques”, destacó Tapia.

En el mismo sentido, Duré pidió “dejar las diferencias coyunturales y políticas de lado para ampliar derechos” y recordó los proyectos en los que se avanzó el año pasado, como la ley de prevención del grooming.

A su vez, Catalfamo reclamó que se trate una iniciativa suya sobre “ley nacional de juventudes”, que busca promover el acceso de los jóvenes a la salud, la educación la vivienda y el trabajo.

En tanto, Clara Vega (Mediar) y el radical Víctor Zimmermann pidieron que, ante las últimas cifras de pobreza difundidas por el INDEC, concurra a la comisión el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

A continuación, en la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales fueron ratificados la catamarqueña Inés Blas (Frente de Todos) como presidenta y el riojano Julio Martínez (UCR) como vice.

Senadores de todos los bloques remarcaron la necesidad de que la Cámara de Diputados avance con proyectos de transferencias de inmuebles que son requeridos por intendentes y que ante la falta de tratamiento corren riesgo de perder estado parlamentario.

“Son bastantes los proyectos que tenemos y todos son muy interesantes, orientados a desempeñar una función social muy importante en cada uno de los territorios”, expresó Blas.

La Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, que preside la santacruceña María Belén Tapia (UCR), dictaminó este martes un conjunto de proyectos. Entre ellos, los senadores avalaron una iniciativa que instituye el 4 de enero de cada año como el Día Nacional del Braille, en adhesión al Día Mundial del Braille.

“El proyecto es muy simple pero creo que de mucha relevancia”, expresó su autor, el jujeño Mario Fiad (UCR), quien aseguró que se busca “crear mayor conciencia sobre la importancia que tiene el braille como medio de comunicación; y para que tenga una plena realización los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, que en nuestro país son alrededor de 900 mil personas”.

También se pasó a la firma un proyecto que dispone la creación del “Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes”, de entre 11 y 17 años, en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Su impulsora, la pampeana Norma Durango (FdT), recordó que había sido votado en la Cámara alta pero se cayó en Diputados.

“Todos hablamos de los problemas que aquejan a la niñez, sin embargo ellos no tienen lugares para expresarse públicamente”, señaló la legisladora y consideró que es necesario que “desde su visión pueden hacer sus aportes, dar su mirada e informarnos realmente de lo que está pasando”.

Asimismo, resaltó que en la provincia de La Pampa este Foro “ya funciona muy bien, porque los niños son escuchados y muchas de las políticas que se llevan adelante en el Ministerio de Desarrollo Social tienen que ver con las cosas que ellos y ellas proponen”.

Otra de las iniciativas que se aprobó es la que establece la adopción del símbolo de accesibilidad universal, presentado por la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (FdT), quien explicó que “hasta ahora en nuestro país este símbolo está reducido a una persona en silla de ruedas, pero las personas con discapacidades motoras representan el 10% del total de las discapacidades”.

Y detalló que “el departamento gráfico de Naciones Unidas hace años atrás, por la demanda de organismos internacionales” diseñó un nuevo modelo “que está aprobado en la mayoría de los países del mundo”.

Además, se despachó un proyecto referido a la obligación de los proveedores del Estado de declarar y mantener actualizada la información de la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean. “Es para que el Estado arbitre los medios para realizar el control pos licitación, para que realmente se cumpla el cupo laboral”, resumió la jujeña Silvia Giacoppo (UCR).

Pasó a la firma también un proyecto del sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) sobre la incorporación en los ascensores de organismos públicos de señalización en sistema braille y parlante; y otro de la catamarqueña Inés Blas (FdT), para disponer acciones en materia de difusión y concientización del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, establecido en la Ley 25.415.

El temario de los proyectos de ley aprobados se completó con uno presentado por el salteño Juan Carlos Romero (Parlamentario Federal), que indica que en tiempos de pandemia, todo personal, del ámbito público y privado, que trabaja de cara al público e interactúe con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas, deberá utilizar máscaras o barbijos transparente, a efectos de que se puedan leer los labios o ver la expresión facial de las personas con la que están comunicándose.

La comisión, además, avaló un paquete de pedidos de informes al Poder Ejecutivo y proyectos de declaración.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, afirmó este miércoles que el Censo Nacional podría realizarse en mayo o noviembre de 2021, y reveló que se encuentra en análisis la implementación por primera vez el E-Censo, de modo que la población pueda responder el cuestionario de forma digital.

Al exponer ante la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que preside el diputado Héctor “Toty” Flores (CC-ARI), el funcionario detalló todos los pasos del operativo, que presenta algunas tareas demoradas a causa de la pandemia de Covid-19 -motivo por el cual no se puede concretar este año el relevamiento-, y estimó un presupuesto de 14.500 millones de pesos.

Lavagna precisó que el organismo está evaluando la posibilidad de aplicar el cuestionario censal en línea, para que “los propios ciudadanos se puedan censar” a través de una página web o de una aplicación de celular. Con esta opción, podría ser alrededor del 15% de la población la que se cense, al menos dos semanas previas al operativo.

“No lo tenemos todavía 100% definido”, aclaró, al tiempo que señaló se harán previas pruebas piloto, pero destacó que sería “un puntapié para lo que tienden a ser los censos digitales en el mundo”, además de representar “una optimización de los recursos del Estado”.

También opinó que podría haber personas que “todavía no nos quieran abrir la puerta por el miedo de la pandemia” o “por cuestiones de seguridad” y, de esta forma, “lo que estamos haciendo es acercándole otras herramientas para que no se queden fuera” del Censo Nacional.

En su exposición, el director del INDEC ponderó el trabajo remoto que el organismo encaró a partir del aislamiento obligatorio y sostuvo que “el resultado fue muy bueno, los indicadores están todos en tiempo y forma”; además del refuerzo de la difusión de los datos y un mecanismo de preguntas y respuestas en la página web oficial.

Lavagna apuntó que el objetivo es “maximizar la cobertura del operativo censal, que toda la población conteste el censo, tener una baja tasa de rechazo y que la cantidad de datos que tengamos sea robusta para que nos permita desarrollar después los marcos muestrales de forma más eficiente y óptima”.

El Censo Nacional permitirá “las proyecciones de población, las estadísticas vitales y ver cuáles son las necesidades básicas insatisfechas (NBI)”, indicó, asimismo de “tener una realidad de todo el territorio argentino y dónde tienen que ser aplicadas algunas políticas públicas o mismo para el reparto de coparticipación”.

El economista habló de tres tipos de censos: el pre-censo de viviendas, “un producto novedoso para el instituto, que es la primera vez que lo vamos a hacer”, expresó; el censo experimental, y el censo de población, hogares y viviendas.

Sobre la fecha de la encuesta, el funcionario pronosticó que podría realizarse en mayo o noviembre del año que viene, pero que dependerá de la evolución de la pandemia. Lo que sí subrayó es que buscarán que no haya una superposición con el cronograma electoral, porque el Censo “requiere un grado de apoyo muy importante” por parte de todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

“La pandemia nos pega entre la elaboración del pre-censo de viviendas y el censo experimental”, manifestó y resaltó que “ya veníamos con tiempos muy justos” porque “parte del proceso electoral de 2019 generó unas demoras en las tareas pre-censales”.

Enfatizó que desde Naciones Unidas “recomendaron no cambiar la metodología de los censos que ya estaban más avanzados, sino postergar la fecha, que es lo que estamos haciendo”. Y, sobre la mora en tareas presenciales, destacó el trabajo con todas las provincias y los operativos con drones que se están haciendo en la provincia de Buenos Aires.

En otro tramo de su presentación, el exdiputado contó que la intención es actualizar el Censo Nacional Económico, ya que el último data de 2004, de modo de tener “una nueva foto de cómo es la actividad productiva y del país”. “Nos va a permitir aspirar a poder desarrollar un Producto Bruto regional, que es algo pendiente”, agregó.

Respecto a esta herramienta, aseguró que la primera etapa comenzará hacia fines de este mismo año, vía online, donde para el empadronamiento “las empresas van a tener que digitalmente poner sus datos básicos”. “La primera etapa va a durar seis meses. Vamos a empezar con las personas jurídicas para después pasar a las personas humanas”, explicó.

Al reiterar que hay “demoras” en las tareas de campo y, por ende, en las de laboratorio, el titular del INDEC amplió información sobre el pre-censo de viviendas, que consiste “tener relevadores que van haciendo un barrido de todo el territorio” para observar las “características generales de las viviendas vistas desde afuera”.

El Censo Nacional incluye el operativo de campo, en un solo día; operativos especiales, sobre viviendas colectivas, rurales o personas en situación de calle; el E-Censo, en evaluación; y la etapa de supervisión, sobre viviendas en las que no se han obtenido respuestas específicas.

Según los datos que brindó, el Censo requiere la intervención de 880 mil personas; 37 millones de cuestionarios y 10 millones de planillas; 440 millones de hojas a imprimir; y 1,2 millones de lápices, gomas, sacapuntas, tablas de apoyo, etc.

En tanto, la encuesta consiste en un cuestionario básico de 49 preguntas y uno ampliado, de 89. Y, por primera vez, habrá preguntas que incorporan algunas variables económicas.

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, vuelve esta semana a la Cámara de Diputados. Pero no como diputado, claro que no, sino como director del citado organismo para brindar un informe.

Será este miércoles 9 de septiembre a la Comisión de Población y Desarrollo Humano que preside el diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Toty” Flores.

Entre otros temas, se espera que sea interrogado en torno a la realización del Censo Nacional 2020 programado para el 28 de octubre. Los últimos días circularon versiones refiriendo la posibilidad de una postergación del mismo, debido a las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno nacional con motivo de la pandemia, que ya de por sí limitaron todos los preparativos para esa jornada que se realiza cada diez años. Consultado oportunamente sobre el tema, Lavagna admitió que están evaluando una postergación.

Se puso en marcha este viernes la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, que quedó presidida por la radical María Belén Tapia. En tanto, las oficialistas María Eugenia Duré y María Eugenia Catalfamo fueron designadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente.

Tapia pronosticó que la comisión tendrá por delante “una ardua tarea” ya que en ese ámbito se tratan temas “que tocan a sectores más vulnerables” de la sociedad. “Más allá de la diversidad de voces, va a ser un gran acto de grandeza que dejemos las diferencias de lado y salgan grandes cosas de esta comisión”, abogó la santacruceña.

Luego de su designación, la senadora Norma Durango propuso a las legisladoras del Frente de Todos para completar las autoridades y sostuvo: “Me da mucha alegría poder proponer dos mujeres, pero esencialmente dos mujeres jóvenes”.

“Los que ya estamos pasando los 60 largos tenemos que ir dejándole lugar a los jóvenes, para que ellos vayan dando su mirada y modificando todo lo que tenemos que trabajar en este país”, agregó la pampeana.

A su turno, Duré alentó trabajar en la comisión “por las mujeres, por nuestros adultos mayores y por el territorio de nuestras provincias”. La fueguina coincidió con Tapia en que la comisión “funcione” y se puedan “sacar los mejores proyectos”.

Por su parte, Catalfamo destacó que esta comisión debate, entre otros temas, sobre “las juventudes, y es particularmente un tema que me afecta y me preocupa muchísimo porque creo que, como senadores, tenemos que legislar en favor de las juventudes”.

La comisión quedó integrada por María Eugenia Duré, Norma Durango, Alfredo Luenzo, Inés Blas, Beatriz Mirkin, Ana María Ianni, María Eugenia Catalfamo, Carlos Caserio, Teresa González, Nancy González (Frente de Todos); Stella Olalla, Víctor Zimmermann, Mario Fiad (UCR); Guadalupe Tagliaferri, Laura Rodríguez Machado (Pro); y Clara Vega (Parlamentario Federal).