El legislador porteño del Partido Obrero cuestionó duramente la decisión de los bloques oficialistas de no dar quórum en la sesión especial que debía realizarse este viernes, a fin de tratar un proyecto que buscaba interpelar a Felipe Miguel. “Está confirmado que el Gobierno de Larreta sabía de este hecho ilegal por lo menos hace varios meses”, aseguró.
Luego de que fracasara la sesión especial en la que debatirían un proyecto que buscaba citar al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, para ser interpelado acerca de la reubicación de “efectivos dependientes de la Policía de la Ciudad en los servicios de inteligencia” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2018, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó duramente la decisión del oficialismo de no dar quórum.
En ese sentido, el trotskista manifestó que “la ausencia del bloque oficialista y del jefe de Gabinete Felipe Miguel en la sesión de hoy habla por sí misma del involucramiento del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires con las tareas de inteligencia ilegal a gran escala, usado para perseguir opositores y oficialistas, e incluso infiltración en fuerzas de izquierda y eventos de las luchas populares que han sido reveladas”.
Asimismo consideró que “ha quedado demostrado que es mentira que estos cinco policías que pasaron a la AFI en 2016 y 2018 trabajaron como custodios como informó Felipe Miguel” y recordó que “entre otras tareas, se sabe que realizaron espionaje y hackeo de información, que organizaban y entregaban en Casa Rosada a la coordinadora de Documentación Presidencial”.
Al mismo tiempo que señaló que “está confirmado que el Gobierno de Larreta sabía de este hecho ilegal por lo menos hace varios meses y también que sucedía bajo el amparo del Poder Ejecutivo, dado que la policía debe ser autorizada por el Ministerio de Seguridad para realizar tareas que no se encuentran en su competencia” y precisó que “estas revelaciones que involucran al Gobierno de la Ciudad en otro capítulo de la guerra por el control de los servicios de inteligencia muestra solo una parte de un aparato de espionaje ilegal para el control social y la persecución política que se vincula al poder judicial y a las fuerzas de seguridad”.
“En enero del 2018, cuando se realizaba también parte de este traspaso, desde las altas esferas del gobierno nacional y amparado públicamente por la ministra de seguridad en ese momento, Patricia Bullrich, se hacía espionaje y perseguía a manifestantes que habían participado de la movilización contra la reforma previsional y sufrido la represión policial y persecución judicial”, manifestó y concluyó señalando: “no podemos dejar de recordar las declaraciones de Silvina Frederic semanas atrás, que demuestran que tanto oficialismo como oposición apelan al espionaje y ciberpatrullaje”.